Establece las competencias de la Corte Suprema, con excepción de la adjudicación y revisión de la legislación. Tales ´poderes pueden incluir la supervisión de las elecciones, el juicio político del ejecutivo, la revisión de los tratados u otras funciones especificadas.
En todos los asuntos:
i. que surjan en virtud de cualquier tratado;
ii. que afecten a cónsules u otros representantes de otros países;
iii. en el que el Commonwealth, o una persona que demande o sea demandado en nombre del Commonwealth, sea parte;
iv. entre Estados o entre residentes de diferentes Estados, o entre un Estado y un residente de otro Estado;
v. en la que se solicita un mandamiento de Mandamus o una prohibición o una orden judicial contra un funcionario del Commonwealth;
el Tribunal Superior tendrá competencia original.
El Parlamento podrá promulgar leyes que confieran competencia original al Tribunal Superior en cualquier asunto:
i. que surjan en virtud de esta Constitución, o que impliquen su interpretación;
ii. que surjan de conformidad con cualesquiera leyes dictadas por el Parlamento;
iii. de Almirantazgo y jurisdicción marítima;
iv. relativas a la misma materia reclamada en virtud de las leyes de los distintos Estados.
Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75; y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.
Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las señaladas por la ley:
1. Actuar como tribunal de casación y conocer recursos de nulidad en los casos expresamente señalados por la ley.
2. Dirimir conflictos de competencias suscitados entre los tribunales departamentales de justicia.
3. Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición.
4. Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento.
5. Designar, de las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, a los vocales de los tribunales departamentales de justicia.
6. Preparar proyectos de leyes judiciales y presentarlos a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
7. Conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia.
Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
1. Actuar como tribunal de casación.
2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 1 75 numerales 2 y 3.
3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.
4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen
5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional.
6. Darse su propio reglamento.
7. Las demás atribuciones que señale la ley.
Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.
Con sujeción a lo dispuesto en la presente Constitución, el Tribunal Supremo, con exclusión de cualquier otro tribunal, tendrá jurisdicción original en todo litigio,
a. entre el Gobierno de la India y uno o más Estados; o
b. entre el Gobierno de la India y cualquier Estado o Estados de una parte y uno o más Estados por la otra; o
c. entre dos o más Estados,
en la medida en que la controversia entrañe una cuestión (ya sea de derecho o de hecho) de la que dependa la existencia o el alcance de un derecho jurídico:
Siempre que dicha jurisdicción no se extenderá a una controversia derivada de un tratado, acuerdo, pacto, compromiso, sanad u otro instrumento similar que, habiendo sido concertado o ejecutado antes de la entrada en vigor de la presente Constitución, continúe en vigor después de dicha apertura, o que dispone que dicha jurisdicción no se extenderá a tal controversia.
Hasta que el Parlamento disponga otra cosa, el Tribunal Supremo también tendrá competencia y facultades respecto de cualquier asunto a que no se apliquen las disposiciones del artículo 133 o del artículo 134 si la jurisdicción y las atribuciones en relación con ese asunto fueran ejercidas por el Tribunal Federal inmediatamente antes del el inicio de esta Constitución en virtud de cualquier ley vigente.
1. No obstante lo dispuesto en el presente Capítulo, el Tribunal Supremo podrá, a su discreción, conceder autorización especial para apelar de cualquier fallo, decreto, decisión, sentencia u orden en cualquier causa o asunto dictado o dictado por cualquier tribunal o tribunal en el territorio de la India.
2. Nada de lo dispuesto en la cláusula (1) se aplicará a ninguna sentencia, determinación, sentencia u orden dictada o dictada por cualquier tribunal o tribunal constituido por o en virtud de cualquier ley relativa a las Fuerzas Armadas.
A reserva de lo dispuesto en cualquier ley dictada por el Parlamento o de cualquier norma dictada en virtud del artículo 145, el Tribunal Supremo estará facultado para revisar cualquier fallo pronunciado u orden dictado por éste.
1. El Tribunal Supremo tendrá la jurisdicción y facultades adicionales respecto de cualquiera de los asuntos de la Lista de la Unión que el Parlamento confiera por ley.
2. El Tribunal Supremo tendrá la jurisdicción y facultades adicionales respecto de cualquier asunto que el Gobierno de la India y el Gobierno de cualquier Estado puedan conferir mediante acuerdo especial; si el Parlamento dispone por ley el ejercicio de esa jurisdicción y atribuciones por el Tribunal Supremo.
Por ley, el Parlamento puede conferir al Tribunal Supremo la facultad de dictar instrucciones, órdenes o mandamientos, incluidos los de hábeas corpus, mandamus, prohibición, quo warranto y certiorari, o cualquiera de ellos, para cualquier fin distinto de los mencionados en el párrafo 2) del artículo 32.
El Parlamento puede, por ley, disponer que se confieran al Tribunal Supremo las facultades complementarias que no sean incompatibles con ninguna de las disposiciones de la presente Constitución que parezcan necesarias o convenientes para que la Corte pueda ejercer más eficazmente la competencia que le confiere o en virtud de esta Constitución.
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.
Son derechos del ciudadano:
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:
Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores.
De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas, en los términos de la fracción I del artículo 105 de esta Constitución.
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.
Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.
De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.
El Supremo Tribunal Federal tiene la responsabilidad primordial de salvaguardar la Constitución, con el poder de:
I. tratar y decidir, como materias de jurisdicción original:
II. decidir, en apelación ordinaria:
III. decidir sobre recurso extraordinario, casos resueltos en exclusiva o última instancia, cuando la decisión apelada:
§1°. La alegación de desobediencia de un precepto fundamental derivado de esta Constitución será oída por el Tribunal Supremo Federal, según lo dispuesto por ley.
§2°. Las decisiones definitivas del Tribunal Federal Supremo sobre los méritos en acciones directas de inconstitucionalidad y en acciones declarativas de constitucionalidad tendrán efectos erga omnes y serán vinculantes con respecto al resto del Poder Judicial y la administración pública federal, estatal y del condado, tanto Directos e indirectos.
§3°. Para que el Tribunal examine la admisibilidad de un recurso extraordinario, que sólo puede ser rechazado por la manifestación de dos tercios de sus miembros, el recurrente debe demostrar las repercusiones generales de las cuestiones constitucionales discutidas en el caso, como provisto por ley.
3. El Tribunal Supremo:
a. tendrá jurisdicción exclusiva para tramitar y juzgar los conflictos relativos a las elecciones del cargo de presidente de Kenia, conforme al artículo 140, y
b. tendrá jurisdicción por apelación para tramitar y juzgar apelaciones, sujeto a los apartados 4 y 5, de los siguientes tribunales:
5. Una certificación del Tribunal de Apelaciones, de conformidad con el apartado 4.b, puede ser revisada por el Tribunal Supremo, que la sancionará, modificará o revocará.
6. El Tribunal Supremo podrá ofrecer su opinión consultiva a petición del Gobierno nacional, cualquier órgano del Estado o cualquier gobierno condal con respecto a cualquier asunto relativo al gobierno de un condado.
Las competencias de la Corte federal suprema son las siguientes:
El Tribunal Supremo del país se constituirá de acuerdo con las reglas que establezca el presidente del Poder Judicial con el fin de vigilar la correcta aplicación de las leyes en los tribunales, de unificar la actuación judicial y el cumplimiento de las responsabilidades que les confiere la ley.
La Corte Suprema de Justicia, tendrá las atribuciones siguientes:
1. Dirigir el Poder Judicial en la potestad de impartir justicia;
2. Conocer los procesos incoados a los mas altos funcionarios del Estado y los Diputados;
3. Conocer en Segunda Instancia de los asuntos que las Cortes de Apelaciones hayan conocido en primera instancia;
4. Conocer de las causa de extradición y de las demás que deban juzgarse conforme a Derecho Internacional;
5. Conocer de los recursos de Habeas Corpus, Habeas Data, Casación, Amparo, Revisión e Inconstitucionalidad de conformidad con la Constitución y la Ley.
6. Autorizar al ejercicio del Notariado a quienes hayan obtenido el titulo de Abogado.
7. Conocer en primera instancia del Antejuicio contra los Magistrados de las Cortes de Apelaciones;
8. Emitir su reglamento Interior y los otros que sean necesarios para el cumplimento de sus funciones;
9. Las demás que le confieran la Constitución y las leyes.
10. Elaborar el proyecto del presupuesto del Poder Judicial conjuntamente con el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, y enviarlo por medio del Presidente al Congreso Nacional;
11. Fijar la división del territorio para efectos jurisdiccionales; y
12. Crear, suprimir, fusionar o trasladar los Juzgados, Cortes de Apelaciones y demás dependencias previo dictamen favorable del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
La Corte Suprema de Justicia, está organizada en salas, una de las cuales es la de lo Constitucional, integrada por cinco (5) Magistrados, cuando, cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se deben proferir en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tienen el carácter de definitivas. Cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la sala, no deben integrar el pleno.
La Sala de lo Constitucional tiene las atribuciones siguientes:
1. Conocer, de conformidad con esta Constitución y la Ley, de los recursos de Habeas Corpus o Exhibición Personal, Habeas Data, Amparo, Inconstitucionalidad y Revisión ;y
2. Dirimir los conflictos entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo Electoral, así como entre las demás entidades u órganos que indique la ley; las sentencias en que se declara la inconstitucionalidad de una norma son de ejecución inmediata y tienen efectos genérales; y por tanto derogan la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial la Gaceta. El Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de las Salas.
El Tribunal de Casación se pronuncia sobre los conflictos de atribuciones, en la forma establecida por la ley.
El Tribunal Supremo tendrá los poderes siguientes:
1. Ejercer la jurisdicción original sobre las causas que afectan a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, y sobre peticiones para certiorari, prohibición, mandamus, quo warranto y habeas corpus.
2. Revisar, repasar, anular, modificar o afirmar en apelación o certiorari, como disponga la ley o las Reglas del Tribunal, sentencias firmes y órdenes de Tribunales inferiores en:
3. Destinar temporalmente Jueces de Tribunales inferiores a otros destinos según exija el interés público. Estos destinos temporales no serán superiores a seis meses sin el consentimiento del Juez interesado.
4. Ordenar un cambio de sede o lugar de juicio para evitar un error judicial.
5. Promulgar reglas sobre la protección y ejecución de los derechos constitucionales, alegaciones, práctica y procedimiento en todos los Tribunales, la admisión al ejercicio de la abogacía, el Colegio profesional integrado y la asistencia judicial por pobreza. Estas reglas proporcionarán un procedimiento simplificado y económico para la solución rápida de las causas, serán uniformes para todos los Tribunales del mismo grado y no disminuirán, aumentarán ni modificarán los derechos sustantivos. Las reglas de procedimiento de Tribunales especiales y organismos cuasi-judiciales permanecerán en vigor mientras no sean anuladas por el Tribunal Supremo.
6. Nombrar a todos los funcionarios y empleados de la Judicicatura de acuerdo con la Ley de Funcionariado.
El Tribunal Supremo de la Federación de Rusia será el máximo órgano judicial para los casos civiles, solución de controversias económicas, asuntos penales, administrativos y otros, bajo la jurisdicción de los tribunales formado de acuerdo con la ley constitucional federal; ejercerá la supervisión judicial de sus actividades en las formas procesales previstas por la ley federal y proporcionará interpretación sobre asuntos de procedimientos de corte
3. Las competencias y el procedimiento para la formación y actividad del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y otros tribunales federales establecido por la ley constitucional.
Tienen exclusivamente iniciativa de ley:
3. La Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio del Notariado y de la Abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales;
La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el artículo 138 y las causas mencionadas en la atribución 7a del artículo 182 de esta Constitución.
La Sala de lo Constitucional estará integrada por cinco Magistrados designados por la Asamblea Legislativa. Su Presidente será elegido por la misma en cada ocasión en que le corresponda elegir Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el cual será Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial.
Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
1. Conocer de los procesos de amparo;
2. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de cualquier fuero y naturaleza;
3. Conocer de las causas de presas y de aquellas que no estén reservadas a otra autoridad; ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y mandar a cumplimentar los que procedan de otros países, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados; y conceder la extradición;
4. Conceder, conforme a la ley y cuando fuere necesario, el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros;
5. Vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias;
6. Conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por las leyes;
7. Conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía en los casos comprendidos en los ordinales 2o. y 4o. del artículo 74 y en los ordinales 1o., 3o., 4o. y 5o. del artículo 75 de esta Constitución, así como de la rehabilitación correspondiente;
8. Emitir informe y dictamen en las solicitudes de indulto o de conmutación de pena;
9. Nombrar a los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz de las ternas que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura; a los Médicos Forenses y a los empleados de las dependencias de la misma; removerlos, conocer de sus renuncias y concederles licencias.(1)
10. Nombrar conjueces en los casos determinados por la ley;
11. Recibir, por sí o por medio de los funcionarios que designe, la protesta constitucional a los funcionarios de su nombramiento;
12. Practicar recibimientos de abogados y autorizarlos para el ejercicio de su profesión; suspenderlos por incumplimiento de sus obligaciones profesionales, por negligencia o ignorancia graves, por mala conducta profesional, o por conducta privada notoriamente inmoral; inhabilitarlos por venalidad, cohecho, fraude, falsedad y otro motivos que establezca la ley y rehabilitarlos por causa legal. En los casos de suspensión e inhabilitación procederá en la forma que la ley establezca, y resolverá con sólo robustez moral de prueba. Las mismas facultades ejercerá respecto de los notarios;
13. Elaborar el proyecto de presupuesto de los sueldos y gastos de la administración de justicia y remitirlo al Órgano Ejecutivo para su inclusión sin modificaciones en el proyecto del Presupuesto General del Estado. Los ajustes presupuestarios que la Asamblea Legislativa considere necesario hacer a dicho proyecto, se harán en consulta con la Corte Suprema de Justicia;
14. Las demás que determine esta Constitución y la ley.
El Tribunal de Casación tiene jurisdicción sobre la validez de la membresía a la Cámara de Representantes. Los recursos se presentarán ante el tribunal dentro de un periodo que no exceda los 30 días desde el anuncio de los resultados de las elecciones finales y el veredicto debe aprobarse en los 60 días siguientes desde la fecha de recepción de la objeción.
La iniciativa de las leyes compete:
g. al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administración de justicia;
11. Un partido político podrá disolverse únicamente mediante declaración del Tribunal Supremo:
a. Si los objetivos o las actividades del partido son contrarios a las normas de esta Constitución.
b. Si ha recibido dinero o asistencia de fuentes extranjeras.
c. Por otras razones especificadas por el Parlamento o en una ley vigente.
d. Por violación de las leyes electorales.
8. Cuando surja una cuestión de derecho o de hecho que por su naturaleza e importancia pública requiera una opinión expedita del Tribunal Supremo, el Druk Gyalpo puede remitir la cuestión al Tribunal Supremo para su estudio, y este atenderá el caso y entregará su concepto al Druk Gyalpo.
Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.
A la Suprema Corte de Justicia corresponde:
1º. Juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna; sobre delitos contra Derecho de Gentes y causas de Almirantazgo; en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados; conocer en las causas de los diplomáticos acreditados en la República, en los casos previstos por el Derecho Internacional.
Para los asuntos enunciados y para todo otro en que se atribuye a la Suprema Corte jurisdicción originaria será la ley la que disponga sobre las instancias que haya de haber en los juicios, que de cualquier modo serán públicos y tendrán su sentencia definitiva motivada con referencias expresas a la ley que se aplique.
2º. Ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial.
3º. Formular los proyectos de presupuestos del Poder Judicial, y remitirlos en su oportunidad al Poder Ejecutivo para que éste los incorpore a los proyectos de presupuesto respectivos, acompañados de las modificaciones que estime pertinentes.
4º. Con aprobación de la Cámara de Senadores o en su receso con la de la Comisión Permanente, nombrar los ciudadanos que han de componer los Tribunales de Apelaciones, ciñendo su designación a los siguientes requisitos:
5º. Nombrar a los Jueces Letrados de todos los grados y denominaciones, necesitándose, en cada caso, la mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte.
Estos nombramientos tendrán carácter de definitivos desde el momento en que se produzcan, cuando recaigan sobre ciudadanos que ya pertenecían, con antigüedad de dos años, a la Judicatura, al Ministerio Público y Fiscal o a la Justicia de Paz, en destinos que deban ser desempeñados por abogados.
Si los mismos funcionarios tuviesen menor antigüedad en sus respectivos cargos serán considerados con carácter de Jueces Letrados interinos, por un período de dos años, a contar desde la fecha de nombramiento, y por el mismo tiempo tendrán ese carácter los ciudadanos que recién ingresen a la Magistratura.
Durante el período de interinato, la Suprema Corte podrá remover en cualquier momento al Juez Letrado interino, por mayoría absoluta del total de sus miembros. Vencido el término del interinato, el nombramiento se considerará confirmado de pleno derecho.
6º. Nombrar a los Defensores de Oficio permanentes y a los Jueces de Paz por mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte de Justicia.
7º. Nombrar, promover y destituir por sí, mediante el voto conforme de cuatro de sus componentes, los empleados del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en los Artículos 58 a 66, en lo que corresponda.
8º. Cumplir los demás cometidos que le señale la ley.
a. El Tribunal Supremo de Apelación puede decidir apelaciones en cualquier asunto que surja del Tribunal Superior de Sudáfrica o un tribunal de un estado similar al Tribunal Superior de Sudáfrica, excepto en lo que respecta a asuntos laborales o de competencia en la medida que lo determine el una Ley del Parlamento.
b. El Tribunal Supremo de Apelaciones puede decidir únicamente sobre:
Las formas mediante las cuales el Tribunal Supremo aprueba la lista de candidatos al cargo de senador, sus requisitos y su elección serán establecidas por la ley orgánica que regule las elecciones.
El Presidente de la República cesa en el cargo si recibe sentencia definitiva condenatoria del Tribunal Supremo por traición o violación grave y deliberada de la Constitución.
La decisión que autorice presentar una acusación contra el Presidente de la República ante el Tribunal Supremo se tomará por el voto mayoritario de dos tercios (2/3) de los miembros de cada Cámara del Parlamento en una sesión conjunta.
El proceso contra el Presidente de la República lo lleva el Fiscal General, el Vicefiscal o ambos.
Si el Presidente de la República es condenado por los delitos mencionados en el primer párrafo de este artículo, o si muere, dimite o queda permanentemente incapacitado, el Presidente del Tribunal Supremo declara vacante el cargo de Presidente de la República.
El Presidente de la República es en consecuencia reemplazado como Presidente encargado por el presidente del Senado y de estar este ausente, por el Presidente de la Cámara de Diputados, y en ausencia de ambos por el Primer Ministro.
La incapacidad permanente a la que se refiere el párrafo cuarto de este artículo se certifica por tres (3) doctores médicos nombrado por el ministro a cargo de la Salud a petición del Presidente del Tribunal Supremo.
El Presidente de la República encargado al que se refiere este artículo no podrá nombrar funcionarios, convocar un referendo, iniciar modificaciones de la Constitución, conceder perdones o declarar la guerra.
En caso de que el cargo de Presidente de la República quede vacante antes de la finalización de su mandato, las elecciones para reemplazarle se organizarán en los noventa (90) días siguientes. Su sucesor es elegido por el periodo especificado en el artículo 101 de esta Constitución.
Cuando el Presidente de la República esté fuera del país o enfermo, o sea incapaz de desempeñar sus deberes, el Primer Ministro queda como Presidente encargado.
1. La Cámara de los Diputados y el Senado podrán decidir sobre la acusación del Presidente de Rumania por alta traición, en una sesión conjunta, con los votos de al lo menos dos tercios del número de diputados y de senadores.
2. La propuesta de acusación se podrá iniciar por una mayoría de diputados y de senadores y, sin demora, será notificada al Presidente de Rumania, de modo que pueda dar explicaciones sobre los hechos que le están siendo imputados.
3. A partir de la fecha de la acusación y hasta la fecha de la dimisión, el Presidente estará suspendido de derecho.
4. La competencia para juzgar tales casos pertenecerá al Tribunal Superior de la Casación y de la Justicia. El Presidente será destituido de derecho en la fecha en que sea firme el decreto del Tribunal que lo juzgue.
Tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes:
3. La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales;
Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley:
1. Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados; jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional; ministros y viceministros; Procurador General de la República, jueces y procuradores generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales superiores de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral; al Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior; miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria;
2. Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley;
3. Conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes;
4. Designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, los jueces de las cortes de apelación o sus equivalentes, de los juzgados de primera instancia o sus equivalentes, los jueces de la instrucción, los jueces de paz y sus suplentes, los jueces de cualesquier otros tribunales del Poder Judicial creados por la Constitución y las leyes.
1. El Tribunal Supremo controlará la validez de las elecciones a la Cámara de los Diputados y Senado.
2. Todo elector tiene el derecho de dirigir quejas al Tribunal Supremo sobre la validez de las elecciones de acuerdo con las normas previstas por la ley.
4. La validez de un referéndum de ámbito nacional y del referéndum mencionado en el artículo 235, párrafo 6, se controlará por el Tribunal Supremo.
1. El Tribunal Supremo controlará la validez de la elección del Presidente de la República.
1. El Tribunal Supremo ejercerá la supervisión de las decisiones de los Tribunales ordinarios y militares.
Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
1. ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y decidir, en instancia única, los conflictos de jurisdicción y de competencia, conforme con la ley;
2. dictar su propio reglamento interno. Presentar anualmente, una memoria sobre las gestiones realizadas, el Estado, y las necesidades de la justicia nacional a los Poderes Ejecutivo y Legislativo;
3. conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine;
4. conocer y resolver, en instancia original, los hábeas corpus, sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales;
5. conocer y resolver sobre inconstitucionalidad;
6. conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que establezca la ley;
7. suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso;
8. supervisar los institutos de detención y reclusión;
9. entender en las contiendas de competencias entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre éstos y los municipios, y
10. los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes.
En los Tribunales y juzgados que la Ley establezca, los Magistrados serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia y los Jueces por su superior jerárquico. El personal subalterno será nombrado por el Tribunal o juez respectivo. Todos estos nombramientos serán hechos con arreglo a la Carrera Judicial, según los dispuesto en el Título XI.
1. La Corte Suprema tendrá jurisdicción original, con exclusión de cualquier otro tribunal, en cualquier conflicto entre la Federación y un estado, o entre estados si el conflicto se refiere a cualquier asunto (sea de derecho o de hecho) del que depende la existencia o el alcance de un derecho legal.
2. Además de la jurisdicción conferida conforme a la subsección 1) de esta sección, la Corte Suprema tendrá la jurisdicción original que le confiera una ley de la Asamblea Nacional,
siempre que no se le confiera jurisdicción original a la Corte Suprema con respecto a cualquier asunto penal.
1. La Corte Suprema tendrá jurisdicción, con exclusión de cualquier otro tribunal en Nigeria, para conocer y decidir apelaciones de decisiones del Tribunal de Apelaciones.
2. Se reconoce el derecho de apelar las decisiones del Tribunal de Apelaciones ante la Corte Suprema en los siguientes casos:
En los casos de privación de la inmunidad por causas penales contra el Presidente o el Vicepresidente de la República, una vez privados de ella, es competente para procesarlos la Corte Suprema de Justicia en pleno.
Tienen iniciativa de ley:
3. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los Consejos Regionales Autónomos y los Concejos Municipales, en materias propias de su competencia.
Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
1. Organizar y dirigir la administración de justicia.
2. Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los Tribunales de Justicia de la República, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.
3. Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en la Constitución, de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional.
4. Conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley.
5. Nombrar y destituir con el voto favorable del sesenta por ciento de sus miembros a los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones, de conformidad a la Ley de Carrera Judicial, así como nombrar a los miembros de Tribunales Militares conforme la Ley Orgánica de Tribunales Militares.
6. Resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países y denegar las de los nacionales.
7. Nombrar y destituir al Secretario de la Corte Suprema de Justicia, a los Defensores Públicos y Jueces de todo el país, de conformidad con la Constitución y la Ley de Carrera Judicial.
8. Conceder autorización para la ejecución de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros.
9. Conocer y resolver, como última instancia, los conflictos administrativos surgidos entre los organismos de la administración pública y entre éstos y los particulares.
10. Conocer y resolver, como última instancia, los conflictos que surjan entre los municipios o entre éstos y los organismos del Gobierno Central.
11. Dictar su reglamento interno.
12. Las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes.
Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:
9. Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento;
El Tribunal Supremo puede conocer y resolver un recurso de apelación interpuesto por una parte en un procedimiento civil ante el Tribunal de Apelación contra cualquier decisión adoptada en el procedimiento,
a. una disposición que no sea la presente Ley establece que no hay derecho de apelación contra la decisión; o
b. la decisión es una negativa a conceder permiso o una autorización especial para apelar ante el Tribunal de Apelación.
El Tribunal Supremo puede conocer y resolver un recurso de apelación interpuesto por una parte en un procedimiento civil ante el Tribunal Superior contra cualquier decisión adoptada en el procedimiento, a menos que...
a. una disposición que no sea la presente Ley establece que no hay derecho de apelación contra la decisión; o
b. la decisión es una negativa a conceder autorización o autorización especial para apelar ante el Tribunal Superior o el Tribunal de Apelación; o
c. la decisión se adoptó sobre una solicitud interlocutoria.
El Tribunal Supremo puede conocer y resolver un recurso de apelación contra una decisión adoptada en un procedimiento civil ante un tribunal neozelandés distinto del Tribunal de Apelación o el Tribunal Superior en la medida en que una disposición distinta de la presente Ley prevea la interposición de un recurso contra la decisión ante el Tribunal Supremo.
La Corte Suprema puede conocer y resolver las apelaciones autorizadas por...
a. Parte 6 de la Ley de procedimiento penal de 2011; o
b. los artículos 10 ó 10A de la Ley de apelación de los tribunales marciales de 1953.
1. El Tribunal Supremo no debe conceder autorización para apelar ante él a menos que esté convencido de que es necesario, en interés de la justicia, que el Tribunal se pronuncie sobre el recurso propuesto.
2. En interés de la justicia, es necesario que el Tribunal Supremo oiga y resuelva una propuesta de apelación si...
a. el recurso se refiere a una cuestión de importancia general o pública, o
b. puede haber ocurrido un error judicial sustancial, o puede producirse a menos que se haya oído la apelación; o
c. el recurso entraña una cuestión de importancia comercial general.
3. A los efectos del párrafo 2), una cuestión importante relacionada con el Tratado de Waitangi es una cuestión de importancia general o pública.
4. El Tribunal Supremo no debe conceder autorización para apelar contra una orden dictada por el Tribunal de Apelación sobre una solicitud interlocutoria a menos que esté convencido de que, en interés de la justicia, es necesario que el Tribunal Supremo oiga y resuelva el recurso propuesto antes de que concluya el procedimiento de que se trate.
5. El párrafo 2) no limita la generalidad de la subsección 1); y el párrafo 3) no limita la generalidad de la subsección 2) a).
2. Ni las partes ni sus representantes tienen derecho a comparecer ante el Tribunal de Justicia sobre la demanda, pero el Tribunal, si lo considera apropiado,
a. autorizar a las partes, a sus representantes o a ambos a comparecer:
b. excluir de cualquier autoridad para comparecer a una parte que sea un apelante en detención preventiva.
1. En un recurso de apelación en un procedimiento que se ha visto en un tribunal de Nueva Zelandia, el Tribunal Supremo...
a. puede dictar cualquier orden, o conceder cualquier medida cautelar, que pudiera haber sido dictada o concedida por ese tribunal; y
b. aun cuando el procedimiento no haya sido oído en el Tribunal de Apelación, tiene todas las facultades que tendría el Tribunal de Apelación si conociera la apelación.
2. En cualquier procedimiento, el Tribunal Supremo puede dictar las órdenes auxiliares o interlocutorias (incluidas las órdenes de costas) que considere conveniente.
El Tribunal Supremo también puede remitir un procedimiento iniciado en un tribunal neozelandés a cualquier tribunal neozelandés que tenga competencia para conocer de él.
El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia.
Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173º.
En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141º sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte.
Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar.
Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley, las siguientes:
1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley.
2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración.
3. Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen de fuero.
4. Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia.
8. Los procesos que estén sustanciándose por miembros de la Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que estén en conocimiento de las cortes policial y militar, pasarán a conocimiento y resolución de la Corte Nacional de Justicia.
El mandato de los diputados del Riigikogu terminará anticipadamente:
4. si el Tribunal Supremo decide que es incapaz de desempeñar sus funciones indefinidamente;
Si el Presidente de la República estuviera incapacitado para desempeñar sus funciones de forma indefinida por decisión del Tribunal Supremo, o si no pudiera desempeñarlas temporalmente en los casos previstos por la ley, o si sus facultades se extinguieran anticipadamente, sus funciones serán transferidas temporalmente al Presidente del Riigikogu.
Durante el tiempo que el Presidente del Riigikogu desempeñe las funciones de Presidente de la República, quedarán suspendidas sus facultades como diputado del Riigikogu.
El Presidente del Riigikogu, actuando como Presidente de la República, no tendrá derecho a convocar elecciones extraordinarias al Riigikogu ni a negarse a promulgar leyes sin el consentimiento del Tribunal Supremo.
Si el Presidente de la República no pudiera desempeñar sus funciones durante más de tres meses consecutivos o si sus facultades se extinguieran antes del fin de su mandato, el Riigikogu elegirá a un nuevo Presidente de la República en un plazo de catorce días de conformidad con el artículo 79 de la Constitución.
Únicamente el Tribunal Supremo, con el consenso del Presidente de la República, podrá presentar cargos penales contra jueces y magistrados en activo.
3. En el caso de los delitos no cometidos durante el ejercicio de su cargo, el Presidente de la República responderá ante el Tribunal Supremo cinco años después de que finalice su mandato.
3. El Tribunal Supremo será responsable de conocer y pronunciarse sobre los procedimientos penales a que se refieren las letras a), b) y e) del punto 1 del presente artículo que se instiguen contra el Presidente de la República.
1. Los Ministros de Estado, los Ministros, los Secretarios de Estado y los Viceministros responderán ante el Tribunal Supremo de los delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones o fuera de ellos.
2. Los Ministros de Estado, Ministros, Secretarios de Estado y Viceministros sólo podrán ser encarcelados después de haber sido acusados cuando la infracción sea punible con una pena de prisión de más de dos años, salvo en el caso de delito flagrante, por un delito grave punible con una pena de prisión de más de dos años.
5. La organización, las responsabilidades y el funcionamiento del Tribunal Supremo se establecerán por ley.
El Tribunal Supremo será el órgano que regula la actividad de los juzgados y tribunales.
La organización, funcionamiento y otros poderes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales se determinarán por ley orgánica.
A petición del Gobierno o de los tribunales, el Tribunal Supremo revisará las leyes, los decretos legislativos, los tratados internacionales y los pactos internacionales para que se ajusten a la Constitución y su interpretación de conformidad con la ley.
La Corte Suprema de la República es la máxima autoridad judicial. La ley especificará la forma en que puede formarse, aclarar sus funciones y los procedimientos que deben seguirse ante ella. Se comprometerá a hacer lo siguiente:
a. Juzgar en casos y alegaciones de que las leyes, reglamentos, estatutos y decisiones no son constitucionales.
b. Jueces disputas por conflicto de jurisdicción.
c. Investigar y emitir dictámenes sobre las apelaciones remitidas por la Cámara de Representantes en relación con su composición.
d. Reglamentación sobre las apelaciones de sentencias definitivas en litigios civiles, comerciales, penales, personales y administrativos y asuntos disciplinarios conforme a la ley.
e. Para juzgar al Presidente de la República, al Vicepresidente, al Primer Ministro, a sus diputados, a los ministros y a sus diputados de conformidad con la ley.
2. El Tribunal Supremo Popular supervisa y dirige la labor judicial de otros tribunales, salvo en los casos previstos por la ley.
1. Este artículo se aplica a un miembro del Parlamento si el diputado, que ha sido candidato a un partido político y elegido miembro del Parlamento dimite o deja de apoyarlo.
2. Si el dirigente del partido político notifica por escrito al Presidente que el miembro ha dimitido del partido político o ha dejado de apoyarlo, el Presidente, en la siguiente sesión del Parlamento después de haber sido informado de ello al Presidente, hará una declaración de que el miembro ha dimitido o ha dejado de apoyarlo, partido político.
3. Si, dentro de un plazo de siete días a partir de la declaración del Presidente, el miembro no interpone un procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo para impugnar la alegación de que ha renunciado al partido político o ha dejado de apoyarlo, el miembro deberá desalojar su escaño al término de dicho plazo.
4. Si, dentro de los siete días siguientes a la declaración del Presidente, el miembro entabla un procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo para impugnar la alegación de que ha renunciado al partido político o ha dejado de apoyarlo, el miembro no desocupará su escaño a menos que:
a. el procedimiento se determina finalmente por una decisión en la que se confirme la alegación de que el miembro ha renunciado al partido político o ha dejado de apoyarlo, siendo una decisión respecto de la cual ha expirado el plazo previsto para la apelación sin que se haya interpuesto un recurso; o
b. se retira el procedimiento.
5. El presente artículo no se aplicará durante el período en que el Parlamento pueda presentar una moción de desconfianza en el Primer Ministro.
6. El presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 de la presente Constitución.
7. Si:
a. un diputado que haya sido candidato a un partido político para las elecciones generales celebradas el 6 de julio de 2004, deje de apoyar al partido político o renuncie a él antes de la entrada en vigor del presente artículo; y
b. al comienzo de este artículo, el miembro no haya reanudado su apoyo al partido político ni se haya reincorporado a él;
en un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente artículo, el miembro deberá notificar por escrito al Presidente del Parlamento si es miembro de otro partido político o apoya a otro partido político, o si es un miembro independiente del Parlamento que apoya al Gobierno o a la oposición o a ninguno de ellos.
8. Si el miembro no da la notificación requerida en virtud del párrafo 7), a los efectos de la aplicación del presente artículo al miembro, se considerará que inmediatamente después de la entrada en vigor del presente artículo ha dejado de apoyar o renunciar a él al partido político para el que se constituyó como candidato a las elecciones generales celebradas el 6 de julio de 2004.
1. El presente artículo se aplica a un miembro del Parlamento si el miembro que ha sido candidato independiente y elegido al Parlamento, está afiliado al Gobierno o a la Oposición, y luego deja de apoyar al Gobierno o a la oposición (lo que sea aplicable).
2. Si el Primer Ministro o el Líder de la Oposición notifica por escrito al Presidente que el miembro es un candidato independiente elegido al Parlamento y afiliado al Gobierno o a la Oposición, pero que ha dejado de apoyar al Gobierno o a la oposición, el Presidente, en la sesión siguiente del Parlamento, después de haber sido informado de ello al Presidente, formulará una declaración con arreglo al párrafo 3) a) o b).
3. La declaración del Presidente es que el miembro,
a. sea un candidato independiente que haya sido elegido al Parlamento y afiliado al Gobierno, pero que haya dejado de prestar apoyo al Gobierno; o
b. es un candidato independiente que fue elegido al Parlamento y afiliado a la oposición, pero que ha dejado de apoyar a la oposición.
4. Si, dentro de un plazo de siete días a partir de la declaración del Presidente, el miembro no interpone procedimientos judiciales ante el Tribunal Supremo para impugnar la alegación de que es un candidato independiente elegido al Parlamento y afiliado al Gobierno o a la oposición, pero que ha dejado de apoyar el Gobierno o la oposición, el puesto del miembro quedará vacante al final de ese período.
5. Si, dentro de los siete días siguientes a la declaración del Presidente, el miembro entabla una acción judicial ante el Tribunal Supremo para impugnar la alegación a que se refiere el párrafo 4), la sede del miembro no se considerará vacante a menos que:
a. el procedimiento se determina finalmente por una decisión que confirme la alegación, siendo una decisión respecto de la cual ha expirado el plazo previsto para el recurso sin que se haya interpuesto un recurso, o
b. se retira el procedimiento.
6. El presente artículo no se aplicará durante el período en que el Parlamento pueda presentar una moción de desconfianza en el Primer Ministro.
7. El presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 de la presente Constitución.
3. El Presidente de la República puede remitir al Tribunal Supremo cualquier reglamento que considere incompatible con la Constitución.
1. Toda persona que considere que se ha infringido una disposición de la Constitución en relación con él puede, sin perjuicio de cualquier otro recurso jurídico de que disponga, solicitar reparación al Tribunal Supremo.
2. El Tribunal Supremo tiene competencia para resolver el asunto y dictar las órdenes que considere apropiadas para hacer cumplir las disposiciones de la Constitución.
3. Cuando se plantee una cuestión relativa a la interpretación de la Constitución ante un tribunal subordinado, y el tribunal considere que la cuestión se refiere a un punto fundamental del derecho, el tribunal someterá la cuestión al Tribunal Supremo para su decisión.
La competencia para conocer y resolver cualquier cuestión relativa a si una persona ha sido elegida válidamente como miembro del Parlamento, el Consejo de Jefes de Malvatumauri y un Consejo de Gobierno Provincial, o si ha dejado de ocupar su escaño o ha quedado inhabilitado para ocupar el cargo incumbirá al Tribunal Supremo.
Todo ciudadano agraviado por los reglamentos dictados por el Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 69 podrá presentar una reclamación ante el Tribunal Supremo, que será competente para determinar la validez de todas o cualquiera de esas normas.
El Tribunal Supremo de la República de Uzbekistán será el órgano judicial supremo de los procedimientos civiles, penales y administrativos.
Las leyes que se adopten serán definitivas y vinculantes en todo el territorio de la República de Uzbekistán.
El Tribunal Supremo de la República de Uzbekistán tendrá derecho a supervisar la administración de justicia de los tribunales supremos de la República de Karakalpakstán y los tribunales regionales, municipales, interdistritales, de distrito y de guerra.
1. El Fiscal General de Irlanda del Norte puede someter al Tribunal Supremo la cuestión de si una disposición de un proyecto de ley entraría dentro de la competencia legislativa de la Asamblea para que decidiera.
4. Si el Tribunal Supremo decide que cualquier disposición de un proyecto de ley entraría dentro de la competencia legislativa de la Asamblea, se considerará que su decisión se aplica también a esa disposición si figura en la ley cuando se promulga.
1. El párrafo 2) se aplica en todo procedimiento en que un tribunal determine si una disposición de la legislación primaria es compatible con un derecho de la Convención.
2. Si el tribunal considera que la disposición es incompatible con un derecho de la Convención, podrá declarar esa incompatibilidad.
3. El párrafo 4) se aplica en todo procedimiento en que un tribunal determine si una disposición de la legislación subordinada, hecha en ejercicio de una facultad conferida por la legislación primaria, es compatible con un derecho de la Convención.
4. Si el tribunal está satisfecho...
a. que la disposición es incompatible con un derecho de la Convención, y
b. que (sin tener en cuenta toda posibilidad de revocación) la legislación primaria de que se trate impida la supresión de la incompatibilidad, podrá declarar dicha incompatibilidad.
5. En esta sección «corte» significa...
a. el Tribunal Supremo;
b. el Comité Judicial del Consejo Privado;
c. el Tribunal de Apelación del Tribunal Marcial;
d. en Escocia, el Tribunal Superior de Justicia que no sea un tribunal de primera instancia o el Tribunal de Sesión;
e. en Inglaterra y Gales o Irlanda del Norte, el Tribunal Superior o el Tribunal de Apelación.
f. el Tribunal de Protección, en cualquier asunto de que se trate el Presidente de la Sala de la Familia, el Canciller del Tribunal Superior o un juez puisne del Tribunal Superior.
6. Una declaración en virtud de esta sección («una declaración de incompatibilidad») —
a. no afecte a la validez, la continuación del funcionamiento o la ejecución de la disposición respecto de la cual se haya dado; y
b. no es vinculante para las partes en el procedimiento en que se realiza.
1. El Tribunal Supremo es un tribunal superior de registro.
2. El Tribunal de Apelación puede apelar de cualquier orden o fallo del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales en procedimientos civiles.
3. Se recurre al Tribunal contra cualquier orden o fallo de un tribunal de Escocia si la apelación de ese tribunal se presenta ante la Cámara de los Lores en el momento de la entrada en vigor del presente artículo o inmediatamente antes de él.
4. Programación 9—
a. transfiere otras competencias de la Cámara de los Lores a la Corte,
b. transfiere la competencia de devolución del Comité Judicial del Consejo Privado a la Corte, y
c. introduce otras modificaciones relativas a la jurisdicción.
5. El Tribunal está facultado para resolver cualquier cuestión que deba resolverse a efectos de hacer justicia en un recurso de apelación que se le interpone en virtud de cualquier ley.
6. La apelación en virtud del párrafo 2) sólo se basa en la autorización del Tribunal de Apelación o del Tribunal Supremo, pero esto está sujeto a disposición de cualquier otra ley que restrinja esa apelación.
El anexo 10 contiene una disposición transitoria relativa a los procedimientos bajo jurisdicción que se transfieren al Tribunal Supremo en virtud de esta ley por la Cámara de los Lores o el Comité Judicial del Consejo Privado.
El Tribunal Supremo Federal tiene las siguientes facultades:
1. Decidir sobre los diferentes litigios entre los Emirates miembros de los Emiratos Árabes Unidos, o entre uno o varios Emirates y el gobierno federal en caso de que la controversia sea remitida al Tribunal a petición de cualquiera de las partes interesadas.
2. Considerar la constitucionalidad de una ley federal si es impugnada por uno o varios Emiratos alegando que está en conflicto con la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos. El Tribunal también está facultado para examinar la constitucionalidad de una legislación promulgada por un Emirato si es impugnada por una autoridad federal por estar en conflicto con la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos o con las leyes federales.
3. Considerar la constitucionalidad de las leyes, legislaciones y reglamentos en general si así lo solicita cualquier tribunal del país durante la audiencia de un caso pertinente. El tribunal de que se trate deberá acatar la decisión del Tribunal Supremo Federal dictada al respecto.
4. Interpretar las disposiciones de la Constitución, si así lo solicita cualquier autoridad federal o el Gobierno de cualquier emirato. Cualquier interpretación de este tipo es vinculante para todos.
5. Tener en cuenta a los ministros y altos funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos designados por decreto para su actuación en el desempeño de sus funciones oficiales a petición del Consejo Supremo y de conformidad con la ley pertinente.
6. Decidir sobre los delitos que afectan directamente a los intereses de los Emiratos Árabes Unidos, tales como los delitos relacionados con la seguridad interna o externa de los Emiratos Árabes Unidos, la falsificación de registros oficiales o sellos de una autoridad federal y la falsificación de moneda.
7. Escuchar los casos de conflicto de jurisdicción entre un tribunal federal y un tribunal local en un Emirato.
8. Escuchar los casos de conflicto de competencia entre un tribunal de un Emirato y un tribunal de otro Emirato. Las normas que rigen estos casos están reguladas por una ley federal.
9. Cualquier otra facultad prevista en la Constitución o que pueda conferirse al Tribunal Supremo Federal en virtud de una ley federal.
Antes de la celebración de cualquier tratado o convenio internacional que pueda afectar al estatuto de un Emirato, las autoridades federales competentes consultarán con antelación a dicho Emirato. En caso de desacuerdo, el asunto se somete al Tribunal Supremo Federal para que se pronuncie sobre dicha controversia.
La incapacidad del Presidente de Ucrania para ejercer su autoridad por razones de salud se determinará en una reunión de la Rada Suprema de Ucrania y confirmada por una decisión adoptada por la mayoría de su composición constitucional sobre la base de una petición del Tribunal Supremo - en la apelación de la Rada Suprema de Ucrania, y una opinión médica.
El Presidente de Ucrania puede ser destituido por la Rada Suprema de Ucrania mediante el procedimiento de destitución, en caso de que cometa traición estatal u otro delito.
La cuestión de la destitución del Presidente de Ucrania por el procedimiento de destitución es iniciada por la mayoría de la composición constitucional de la Rada Suprema de Ucrania.
Para llevar a cabo la investigación, la Rada Suprema de Ucrania establece una comisión especial de investigación temporal cuya composición incluye un fiscal especial e investigadores especiales.
Las conclusiones y propuestas de la comisión de investigación temporal se examinan en una reunión de la Rada Suprema de Ucrania.
Por causa, la Rada Suprema de Ucrania, por no menos de dos tercios de su composición constitucional, adopta una decisión sobre la acusación del Presidente de Ucrania.
La decisión sobre la destitución del Presidente de Ucrania por el procedimiento de destitución es adoptada por la Rada Suprema de Ucrania por no menos de tres cuartas partes de su composición constitucional, después de la revisión del caso por el Tribunal Constitucional de Ucrania y la recepción de su opinión sobre la observancia del procedimiento constitucional de investigación y examen del caso de destitución y la recepción de la opinión del Tribunal Supremo de que los actos, de los que se acusa al Presidente de Ucrania, contienen elementos de traición estatal u otro delito.
1. Con sujeción a lo dispuesto en este artículo, todo candidato agraviado podrá solicitar al Tribunal Supremo que se decrete que un candidato declarado por la Comisión Electoral elegido Presidente no haya sido elegido válidamente.
2. La petición prevista en el párrafo 1 del presente artículo se presentará en la Secretaría del Tribunal Supremo dentro de los quince días siguientes a la declaración de los resultados de las elecciones.
3. El Tribunal Supremo investigará y resolverá la petición con prontitud y declarará sus conclusiones y razones a más tardar cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la petición.
4. Cuando no se presente ninguna petición dentro del plazo prescrito en el párrafo 2) del presente artículo, o cuando el Tribunal Supremo desestime una petición, se considerará que el candidato declarado elegido ha sido debidamente elegido Presidente.
5. Tras la debida investigación en virtud del párrafo 3 de este artículo, el Tribunal Supremo puede,
a. desestimar la petición; o
b. declarar qué candidato ha sido elegido válidamente; o
c. anular la elección.
6. En caso de anulación de una elección, se celebrará una nueva elección dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de anulación.
7. Si después de una nueva elección celebrada en virtud del párrafo 6) del presente artículo hay otra petición que tenga éxito, se aplazará la elección presidencial; y al expirar el mandato del Presidente en ejercicio, el Presidente desempeñará las funciones del cargo de Presidente hasta que un nuevo Presidente elegido y asume el cargo.
8. A los efectos del presente artículo, no se aplicará la cláusula 4) del artículo 98 de la presente Constitución.
9. El Parlamento promulgará las leyes que sean necesarias a los efectos del presente artículo, incluidas las leyes relativas a los motivos de anulación y las normas de procedimiento.
El derecho de iniciativa legislativa corresponde al Presidente de Turkmenistán, a los diputados del Mejlis de Turkmenistán, al Consejo de Ministros de Turkmenistán y al Tribunal Supremo de Turkmenistán.
La Sala Judicial del Tribunal Supremo tiene competencia para conocer:
de los pourvois [peticiones] en casación constituidas contra las decisiones dictadas en último recurso por las jurisdicciones civil, mercantil, social y penal.
de las prises à partie [actuaciones contra un juez] contra los magistrados del Tribunal de Apelación con arreglo a las condiciones establecidas por el Código de Procedimiento Civil.
de los procesos penales contra los magistrados del Tribunal de Apelación con arreglo a las condiciones establecidas por el Código de Procedimiento Penal.
de las demandas de revisión [revisión] y de reglamentación judicial.
La Sala Administrativa del Tribunal Supremo tiene competencia para tomar conocimiento de lo siguiente:
de los recursos constituidos contra las decisiones dictadas en materia contencioso-administrativa.
de los recursos por abuso de poder constituidos contra actos administrativos;
de los desafíos a que se enfrentan las elecciones locales;
de los recursos de casación contra las decisiones de los órganos que deciden en materia disciplinaria.
1. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de justicia y garante de una aplicación uniforme de la ley, y tiene jurisdicción en todo el territorio nacional.
2. Incumbe asimismo a la Corte Suprema de Justicia administrar justicia en asuntos de carácter jurídico, constitucional y electoral.
1. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, en el ámbito de las cuestiones jurídico-constitucionales:
a. examinar y declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad de los proyectos normativos y legislativos de los órganos del Estado;
b. verificar anticipadamente la legalidad y constitucionalidad de los proyectos de ley y referendos;
c. verificar los casos de inconstitucionalidad por comisión;
d. verificar los casos de inconstitucionalidad por omisión;
e. verificar la legalidad del establecimiento de partidos políticos y sus coaliciones y ordenar su inscripción o disolución, de conformidad con la Constitución y la ley;
f. para ejercer todas las demás competencias previstas por la Constitución o la ley.
2. En el ámbito específico de las elecciones, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia:
a. verificar los requisitos legales de los candidatos al cargo de Presidente de la República;
b. certificar en última instancia la regularidad y validez de los actos del proceso electoral, de conformidad con la legislación respectiva;
c. para validar y proclamar los resultados del proceso electoral.
Un proyecto de ley orgánica sólo puede ser presentado por:
1. el Consejo de Ministros, por recomendación del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o de un órgano independiente pertinente;
En el Tribunal Supremo habrá una Sala Penal para las Personas que ocupan cargos políticos, cuya sala estará integrada por al menos cinco pero no más de nueve jueces del Tribunal Supremo que desempeñen un cargo no inferior al de Magistrado del Tribunal Supremo o jueces superiores que hayan desempeñado un cargo no inferior al de Magistrado del Tribunal Supremo que el Juez de la Corte Suprema, que son elegidos, caso por caso, en sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimiento Penal de las Personas con Cargos Políticos.
La Sala Penal de las Personas que ocupan cargos políticos del Tribunal Supremo está facultada para juzgar y resolver todos los casos previstos en la Constitución.
El procedimiento penal de las personas que ocupan cargos políticos se ajustará a la Ley Orgánica de Procedimiento Penal de las Personas que Ocupan Cargos Políticos.
El recurso de apelación contra una sentencia de la Sala Penal de Personas con Cargos Políticos del Tribunal Supremo puede presentarse ante la sesión plenaria del Tribunal Supremo en un plazo de treinta días a partir de la fecha del fallo de la Sala Penal de las Personas que ocupan cargos políticos del Tribunal Supremo.
El examen de la apelación de la sesión plenaria de la Corte Suprema de conformidad con el párrafo 4 será llevado a cabo por un grupo de magistrados del Tribunal Supremo integrado por nueve magistrados del Tribunal Supremo que desempeñen un cargo no inferior al Presidente del Tribunal Supremo o a jueces superiores que hayan ocupado un cargo no inferior al Presidente de la Corte Suprema que nunca ha examinado el caso y que haya sido seleccionado en la sesión plenaria del Tribunal Supremo caso por caso, y cuando el tribunal de jueces haya adoptado una decisión, esta decisión se considerará decisión de apelación del plenario reunión de la Corte Suprema.
En el caso de que la Sala Penal de Personas que ocupan cargos políticos de la Corte Suprema haya dictado una sentencia para destituir a una persona del cargo, o esa sentencia tenga por efecto destituir a una persona del cargo, independientemente de que exista o no un recurso en virtud del párrafo 4, esa persona deberá a partir de la fecha de la sentencia de la Sala Penal de las Personas que ocupan cargos políticos del Tribunal Supremo.
Las normas y procedimientos de apelación previstos en el párrafo 4, y el examen de la apelación en virtud del párrafo 5, se ajustarán a la Ley Orgánica de Procedimiento Penal de las Personas con Cargos Políticos.
La Comisión Electoral está integrada por siete comisionados nombrados por el Rey, con el asesoramiento del Senado, de las siguientes personas:
2. dos personas seleccionadas por la sesión plenaria del Tribunal Supremo de entre personas que tienen conocimientos, conocimientos especializados y experiencia en la esfera del derecho, tienen una integridad evidente y han ocupado un cargo no inferior al de Presidente del Tribunal Supremo o un cargo no inferior al de Director General de un Departamento del Fiscal del Estado durante un período de no menos de cinco años.
Cuando se inicien procedimientos previstos en el artículo 225, o después de anunciar el resultado de una elección o selección, si parece haber pruebas para creer razonablemente que un candidato de la elección o selección ha cometido un acto deshonesto en la elección o selección o ha connicionado con ese acto de otras personas, el La Comisión Electoral presentará una petición al Tribunal Supremo para que se ordene que se revoque el derecho a presentarse a las elecciones o el derecho de voto de esa persona.
El examen del Tribunal Supremo con arreglo al párrafo 1 se basará en el expediente de la investigación o investigación de la Comisión Electoral y, en interés de la justicia, la Corte estará facultada para ordenar una investigación de hechos o pruebas adicionales.
En el caso de que el Tribunal Supremo haya dictado una sentencia en la que se decida que la persona a que se refiere el párrafo 1 ha cometido un delito solicitado, el Tribunal Supremo ordenará la revocación del derecho a presentarse a la elección o del derecho de voto de esa persona por un período de diez años, de conformidad con el Ley Orgánica de Elección de Miembros de la Cámara de Representantes o Ley Orgánica de Instalación de Senadores, según el caso.
Cuando el Tribunal Supremo haya ordenado aceptar la petición para su examen, si el acusado es miembro de la Cámara de Representantes o Senador, esa persona cesará en el desempeño de sus funciones hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia que decida que no ha cometido un delito. Una vez condenada por sentencia del Tribunal Supremo, la pertenencia a la Cámara de Representantes o al Senado de esa persona terminará a partir de la fecha en que cesen sus funciones.
Los miembros de la Cámara de Representantes o Senadores que cesen en el desempeño de las funciones previstas en el párrafo 4 no se incluirán en el número total de miembros existentes de la Cámara de Representantes o del Senado, según sea el caso.
Esta sección también se aplicará mutatis mutandis a la elección de los miembros de la asamblea local o de un administrador local. Sin embargo, la facultad del Tribunal Supremo recaerá en el Tribunal de Apelación, y la orden o sentencia del Tribunal de Apelación será definitiva.
El juicio y el fallo del Tribunal Supremo o del Tribunal de Apelación con arreglo al presente artículo se ajustarán a las normas de la sesión plenaria del Tribunal Supremo, que adoptará el sistema inquisitorial, y se llevará a cabo de manera expeditiva.
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 236, en el caso en que haya motivos razonables para sospechar o exista una acusación de que una persona que ocupa determinados cargos políticos previstos en la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, juez del Tribunal Constitucional, persona que ocupa un cargo en un Órgano Independiente o Auditor, el Secretario General interviene en las circunstancias previstas en el párrafo 1 del artículo 234, la Comisión Nacional Anticorrupción investigará los hechos; si la resolución de que esa persona ha participado en las circunstancias o ha cometido el delito presentado por la investigación se aprueba por votos de no menos de la mitad de los número total de comisionados existentes que hay motivos en la acusación, se procederá a las siguientes actuaciones:
1. en caso de infracción grave o incumplimiento de las normas éticas, el asunto se someterá al Tribunal Supremo para que adopte una decisión, y las disposiciones del párrafo 7 del artículo 226 se aplicarán mutatis mutandis al juicio y fallo del Tribunal Supremo;
2. en el caso distinto del 1), el expediente de investigación se remitirá al Fiscal General de la República para que incoe acciones judiciales en la Sala Penal de Personas con Cargos Políticos de la Corte Suprema o para proceder de otra manera de conformidad con la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción.
Al realizar una investigación y aprobar una resolución en virtud del párrafo 1, la Comisión Nacional Anticorrupción completará el procedimiento dentro del plazo prescrito por la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción.
Cuando la Corte Suprema o la Sala Penal de las Personas con Cargos Políticos de la Corte Suprema hayan aceptado el caso, el acusado dejará de desempeñar sus funciones hasta que se dicte sentencia, a menos que el Tribunal Supremo o la Sala Penal de Personas que ocupan cargos políticos de la Corte Suprema ordenado de otro modo. En caso de que el Tribunal Supremo o la Sala Penal de las Personas con Cargos Políticos de la Corte Suprema haya dictado una sentencia en la que se decida que el acusado está implicado en las circunstancias o ha cometido el delito como acusado, según el caso, el condenado desocupará el cargo del la fecha en que la persona deja de desempeñar sus funciones, y la Corte revocará el derecho a solicitar su candidatura en una elección de esa persona y podrá revocar o no su derecho de voto por un período no superior a diez años.
Toda persona cuyo derecho a solicitar candidatura en una elección haya sido revocado en cualquier caso permanentemente no tendrá derecho a solicitar candidatura en una elección o selección de miembros de la Cámara de Representantes, Senadores, miembros de una asamblea local o administrador local, y no tendrá derecho a cualquier posición política.
En el caso en que la Sala Penal de Personas que ocupan cargos políticos del Tribunal Supremo haya dictado una sentencia condenatoria a la persona por un delito de riqueza inusitada o corrupción, detendrá los bienes de esa persona que hayan sido adquiridos por la comisión del delito, incluidos todos los bienes y cualquier otros beneficios adquiridos en lugar de esos bienes, que serán conferidos al Estado.
El examen del Tribunal Supremo y de la Sala Penal de las Personas que ocupan cargos políticos del Tribunal Supremo se basará en el expediente de investigación de la Comisión Nacional Anticorrupción y, en interés de la justicia, el Tribunal tendrá facultades para llevar a cabo una investigación para obtener hechos adicionales y pruebas.
El presente artículo se aplicará mutatis mutandis a las personas contempladas en el párrafo 3 del artículo 234 que deliberadamente no presenten una cuenta en la que figuren activos y pasivos o lo presenten intencionalmente con declaraciones falsas u oculte hechos que deban revelarse, y esté implicado en circunstancias en que pueda ser cree razonablemente que la persona no ha revelado intencionalmente el origen de los activos o pasivos mutatis mutandis.
Una vez concluida la investigación, el grupo de inquisidentes independientes procederá de la siguiente manera:
1. si considera que la acusación carece de fundamento prima facie, la acusación quedará caducada y la orden será definitiva;
2. si considera que el acusado ha infringido gravemente o no ha cumplido las normas éticas, el asunto se remitirá al Tribunal Supremo para que adopte una decisión y se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones de los párrafos 3, 4 y 6 del artículo 235;
3. si considera que el acusado está implicado en las circunstancias como acusado y no es el caso previsto en el párrafo 2), el expediente de la investigación se enviará al Fiscal General para que incoe el enjuiciamiento ante la Sala Penal de Personas que ocupan cargos políticos del Tribunal Supremo, y las disposiciones de la sección 235 Los apartados tres, cuatro y cinco serán aplicables mutatis mutandis.
A partir del séptimo yuan legislativo, el Yuan Legislativo tendrá 113 miembros, que desempeñarán un mandato de cuatro años, que será renovable después de la reelección. La elección de los miembros del Yuan Legislativo se completará dentro de los tres meses anteriores a la expiración de cada mandato, de conformidad con las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las restricciones previstas en los artículos 64 y 65 de la Constitución:
1. Setenta y tres miembros serán elegidos de los Municipios Especiales, condados y ciudades de la zona libre. Se elegirá al menos un miembro de cada condado y ciudad.
2. Tres miembros serán elegidos entre los aborígenes de las tierras bajas y de las tierras altas de la zona libre.
3. Se elegirán 34 miembros de la circunscripción nacional y entre los ciudadanos residentes en el extranjero.
Los miembros para los escaños indicados en el párrafo 1 del párrafo anterior serán elegidos en proporción a la población de cada Municipio Especial, condado o ciudad, que se dividirá en circunscripciones electorales iguales en número al número de miembros que hayan de ser elegidos. Los miembros para los escaños indicados en el apartado 3 serán elegidos de entre las listas de partidos políticos en proporción al número de votos obtenidos por cada partido que obtenga al menos el 5% del total de votos, y el número de mujeres elegidas en la lista de cada partido no será inferior a la mitad de los número total.
Cuando el Yuan Legislativo se reúne cada año, puede escuchar un informe del presidente sobre el estado de la nación.
Tras la disolución del Yuan Legislativo por el presidente y antes de la toma de posesión de sus nuevos miembros, el Yuan Legislativo será considerado como en receso.
El territorio de la República de China, definido por sus fronteras nacionales existentes, no se modificará a menos que se inicie a propuesta de una cuarta parte del total de miembros del Yuan Legislativo, aprobada por al menos tres cuartas partes de los miembros presentes en una reunión a la que asistan al menos tres cuartas partes de la miembros totales del Yuan Legislativo, y sancionados por los electores en la zona libre de la República de China en un referéndum celebrado al expirar un período de seis meses de anuncio público de la propuesta, en el que el número de votos válidos a favor supera la mitad del número total de electores.
En caso de que el presidente emita un decreto de emergencia después de disolver el Yuan Legislativo, el Yuan Legislativo se reunirá por iniciativa propia dentro de tres días para votar sobre la ratificación del decreto dentro de los siete días siguientes al comienzo de la sesión. Sin embargo, si el decreto de emergencia se emitiera después de la elección de nuevos miembros del Yuan Legislativo, los nuevos miembros votarán sobre la ratificación del decreto después de su inauguración. En caso de que el Yuan Legislativo retenga la ratificación, el decreto de emergencia será inmediatamente nulo.
La destitución del presidente o del vicepresidente por el Yuan Legislativo se iniciará a propuesta de más de la mitad de los miembros totales del Yuan Legislativo y será aprobada por más de dos tercios de los miembros totales del Yuan Legislativo, después de lo cual será presentado a los grandes jueces del Yuan Judicial para su fallo. No se aplicarán las disposiciones de los artículos 90 y 100 de la Constitución y del párrafo 1 del artículo 7 de los artículos adicionales de la Constitución.
Ningún miembro del Yuan Legislativo podrá ser detenido o detenido sin el permiso del Yuan Legislativo, cuando ese órgano esté en sesión, salvo en caso de flagrante delito. Las disposiciones del artículo 74 de la Constitución dejarán de aplicarse.
El Yuan Judicial tendrá 15 grandes jueces. Los 15 grandes jueces, incluidos un presidente y un vicepresidente del Yuan Judicial que serán seleccionados entre ellos, serán nombrados y, con el consentimiento del Yuan Legislativo, serán nombrados por el Presidente de la República. Esto entrará en vigor a partir del año 2003 y no se aplicarán las disposiciones del artículo 79 de la Constitución. Las disposiciones del artículo 81 de la Constitución y los reglamentos pertinentes sobre el ejercicio de funciones vitalicias y el pago del sueldo no se aplican a los grandes magistrados que no hayan sido trasladados del cargo de juez.
Cada gran juez del Yuan Judicial cumplirá un mandato de ocho años, independientemente de la orden de nombramiento para el cargo, y no cumplirá un mandato consecutivo. Los grandes jueces que ejercen la presidencia y vicepresidente del Yuan Judicial no gozarán de la garantía de un mandato de ocho años.
Entre los grandes magistrados nombrados por el presidente en el año 2003, ocho miembros, incluidos el presidente y el vicepresidente del Yuan Judicial, desempeñarán sus funciones durante cuatro años. Los magistrados restantes ejercerán sus funciones durante ocho años. No se aplicarán las disposiciones del párrafo anterior relativas al mandato.
Los grandes magistrados del Yuan Judicial, además de desempeñar sus funciones de conformidad con el artículo 78 de la Constitución, constituirán un Tribunal Constitucional para resolver asuntos relacionados con la destitución del presidente o el vicepresidente y la disolución de partidos políticos inconstitucionales.
Un partido político se considerará inconstitucional si sus objetivos o actividades ponen en peligro la existencia de la República de China o el orden constitucional libre y democrático de la nación.
El proyecto de presupuesto presentado anualmente por el Yuan Judicial no puede ser eliminado o reducido por el Yuan Ejecutivo; sin embargo, el Yuan Ejecutivo puede indicar sus opiniones sobre el presupuesto e incluirlo en el proyecto de ley presupuestario propuesto por el gobierno central para su presentación al Yuan Legislativo para su deliberación.
1. La Corte Suprema Federal se entera de litigios relativos a violaciones de:
a. la legislación federal;
b. derecho internacional;
c. derecho intercantonal;
d. derechos constitucionales cantonales;
e. la autonomía de las comunas y otras garantías cantonales en favor de las sociedades de derecho público;
f. federales y cantonales sobre derechos políticos.
[Este párrafo en su versión del Decreto Federal de 4 de octubre de 2002 nunca entró en vigor.]
2. Se oye de controversias entre la Confederación y los cantones o entre cantones.
3. La jurisdicción del Tribunal Supremo Federal puede ampliarse por ley.
4. Las leyes de la Asamblea Federal o del Consejo Federal no pueden ser impugnadas ante el Tribunal Federal Supremo. La ley puede prever excepciones.
2. El Tribunal Supremo ejercerá las siguientes competencias:
1. El cargo de Presidente quedará vacante,
f. si el Tribunal Supremo, en el ejercicio de las facultades que le confiere el apartado a) del artículo 130, determina que su elección como Presidente fue nula y no determina que ninguna otra persona haya sido debidamente elegida como Presidente.
a. Todo diputado del Parlamento podrá, mediante escrito dirigido al Presidente del Parlamento, notificar una resolución en la que se alega que el Presidente es permanentemente incapaz de desempeñar las funciones de su cargo debido a una enfermedad mental o física o que el Presidente ha sido culpable de —
b. El Presidente del Parlamento no admitirá ninguna notificación de dicha resolución ni se incluirá en el documento de orden del Parlamento a menos que cumpla lo dispuesto en el apartado a) y —
c. Cuando la resolución sea aprobada por no menos de dos tercios del número total de Miembros (incluidos los que no están presentes) que voten a su favor, la denuncia o alegaciones contenidas en dicha resolución será remitida por el Presidente al Tribunal Supremo para su investigación e informe.
d. El Tribunal Supremo, tras la debida investigación en la que el Presidente tendrá derecho a comparecer y a ser oído, en persona o por un abogado, presentará al Parlamento un informe de su decisión junto con las razones de ello.
e. Cuando el Tribunal Supremo informe al Parlamento de que, a su juicio, el Presidente está permanentemente incapacitado para desempeñar las funciones de su cargo debido a una enfermedad mental o física o que el Presidente ha sido culpable de cualquiera de las demás alegaciones contenidas en dicha resolución, según el caso, El Parlamento, mediante una resolución aprobada por no menos de dos tercios del número total de diputados (incluidos los que no están presentes) que voten a su favor, podrá destituir al Presidente del cargo.
El Tribunal Supremo de la República de Sri Lanka será el tribunal superior más alto y definitivo de la República y estará sujeto a las disposiciones de la Constitución,
a. jurisdicción en materia constitucional;
b. jurisdicción para la protección de los derechos fundamentales;
c. jurisdicción final de apelación;
d. jurisdicción consultiva;
e. jurisdicción en las peticiones electorales;
f. jurisdicción respecto de cualquier violación de los privilegios del Parlamento; y
g. jurisdicción respecto de otras cuestiones que el Parlamento pueda ejercer o ordenar por ley.
El Tribunal Supremo estará facultado de conformidad con la ley para conocer y castigar a cualquier persona por violación de los privilegios del Parlamento.
1. El Tribunal Superior tendrá competencia para conocer y resolver cualquier cuestión si...
a. toda persona haya sido elegida válidamente como miembro del Parlamento; o
b. cualquier miembro del Parlamento haya dejado su escaño o, en virtud del artículo 51 de la presente Constitución, esté obligado a dejar de desempeñar sus funciones como miembro.
2. Ninguna decisión del Tribunal Superior en el procedimiento previsto en el párrafo anterior no podrá apelarse.
El Tribunal Supremo es el tribunal más alto del estado.
Decide los recursos jurídicos ordinarios y extraordinarios y desempeña otras funciones previstas por la ley.
1. Todas las actuaciones relativas a la elección del Presidente serán oídas y decididas por el Presidente del Tribunal Supremo o por un magistrado del Tribunal Supremo designado por el Presidente del Tribunal Supremo a tal efecto (al que se hace referencia en la presente Constitución como Juez Electoral).
2. El Juez Electoral estará facultado para oír, dictar y dictar las órdenes previstas por la ley sobre los procedimientos relativos a la elección del Presidente, y la decisión del Juez Electoral en cualquiera de esos procedimientos será definitiva.
3. El procedimiento y la práctica en los procedimientos relativos a la elección del Presidente se regirán por las normas que podrá dictar el Comité de Reglas constituido y nombrado de conformidad con el artículo 80 de la Ley del Tribunal Supremo de la Judicatura (cap. 322).
1. El Presidente podrá remitir a un tribunal compuesto por no menos de tres jueces del Tribunal Supremo para que emita su opinión sobre los efectos de cualquier disposición de la presente Constitución que haya surgido o le parezca probable que se plantee.
2. Cuando se haga referencia a un tribunal en virtud de la cláusula 1), el tribunal tendrá la obligación de examinar y responder a la cuestión planteada tan pronto como sea posible y, en todo caso, no más de sesenta días después de la fecha de dicha remisión, y el tribunal certificará al Presidente, para su información, su dictamen sobre la cuestión que se le plantea en virtud del párrafo 1), con los motivos de su respuesta, y todo juez del tribunal que difiera de la opinión de la mayoría certificará de la misma manera su opinión y sus razones.
3. La opinión de la mayoría de los Jueces del Tribunal será, a efectos del presente artículo, la opinión del tribunal, y cada opinión del tribunal se pronunciará en audiencia pública.
4. Ningún tribunal tendrá competencia para cuestionar la opinión de un tribunal o la validez de una ley, o de cualquier disposición en ella, cuyo proyecto de ley haya sido objeto de una referencia a un tribunal por el Presidente en virtud del presente artículo.
2. Cualquier pregunta que pueda surgir sobre si...
será remitida y decidida por el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo tendrá competencia de supervisión sobre todos los demás tribunales de Sierra Leona y sobre cualquier autoridad judicial; y en ejercicio de su jurisdicción de supervisión estará facultado para dictar esas instrucciones, órdenes o mandamientos, incluidos los autos de hábeas corpus, órdenes de certiorari, mandamus y prohibición que considere apropiada a los efectos de hacer cumplir o garantizar el cumplimiento de sus facultades de supervisión.
1. Habrá un Tribunal de Apelación que, con sujeción a lo dispuesto en la presente Constitución, tendrá competencia para conocer y resolver las apelaciones de una sentencia, orden, decisión, declaración, decreto, auto u orden del Tribunal Supremo y cualquier otra jurisdicción de apelación que confiera al Tribunal de Apelación por este Constitución y por ley o en virtud de ella.
Las leyes orgánicas determinan las demás competencias del Consejo Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas [,], así como su organización, las normas de nombramiento de sus miembros y el procedimiento [a seguir] ante ellos.
1. Por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, el Presidente de la República rendirá cuentas ante el Tribunal Supremo.
2. La iniciativa de incoar un proceso penal recae en la Asamblea Nacional a propuesta de una quinta parte de sus miembros y de una resolución aprobada por mayoría de dos tercios de sus miembros.
3. Una sentencia penal dará lugar a la destitución del cargo y la imposibilidad de reelección.
4. En el caso de los delitos cometidos fuera del ejercicio de sus funciones, el Presidente de la República responderá ante la acción interpuesta ante los tribunales ordinarios una vez concluido su mandato.
1. Toda persona podrá recurrir al Tribunal Supremo, mediante los procedimientos apropiados, para hacer valer los derechos conferidos en virtud de las disposiciones de la presente parte.
2. El Tribunal Supremo estará facultado para dictar todas las órdenes que sean necesarias y apropiadas para garantizar al demandante el disfrute de cualquiera de los derechos conferidos en virtud de las disposiciones de esta parte.
2. La Corte Suprema,
a. es el último tribunal de apelación; y
b. tiene la facultad inherente de revisar todos los actos judiciales del Tribunal Nacional; y
c. tiene cualquier otra jurisdicción y facultades que le confiere la presente Constitución o cualquier otra ley.
2. Los procedimientos y decisiones de la Comisión no pueden ser objeto de revisión alguna, salvo por el Tribunal Supremo o el Tribunal Nacional por exceder su competencia.
El Tribunal Supremo promulgará normas que rijan la administración de los tribunales, las profesiones jurídicas y judiciales y la práctica y el procedimiento en materia civil y penal.
5. Toda parte agraviada por la decisión de la Comisión Electoral podrá, en un plazo de treinta días, preferir un recurso ante el Tribunal Supremo, que decidirá el asunto dentro de los noventa días contados a partir de la fecha de presentación del recurso.
1. La Corte Suprema, con exclusión de cualquier otro tribunal, tendrá jurisdicción original en cualquier controversia entre dos o más gobiernos cualesquiera.
Explicación. -En esta cláusula, por «gobiernos» se entiende el Gobierno Federal y los Gobiernos Provinciales.
2. En el ejercicio de la competencia que le confiere el párrafo 1), el Tribunal Supremo dictará sentencias declaratorias únicamente.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 199, el Tribunal Supremo, si considera que se trata de una cuestión de importancia pública en relación con el ejercicio de cualquiera de los Derechos Fundamentales conferidos por el Capítulo 1 de la Parte II, estará facultado para dictar una orden de la naturaleza mencionada en el citado Artículo.
1. Si, en cualquier momento, el Presidente considera conveniente obtener la opinión del Tribunal Supremo sobre cualquier cuestión de derecho que considere de importancia pública, podrá remitir la cuestión al Tribunal Supremo para su examen.
2. El Tribunal Supremo examinará la cuestión planteada y comunicará su opinión al Presidente.
El Tribunal Supremo, si lo considera oportuno en interés de la justicia, podrá remitir cualquier caso, apelación u otro procedimiento pendiente ante cualquier Tribunal Superior a cualquier otro Tribunal Superior.
El Tribunal Supremo y el Tribunal Federal de Shariat, con la aprobación del Presidente y del Tribunal Superior, con la aprobación del Gobernador interesado, podrán dictar normas que prevean el nombramiento por el Tribunal de funcionarios y funcionarios del Tribunal y sus condiciones de empleo.
Si se plantea la cuestión de si un miembro del Parlamento está inhabilitado o ha dejado de poseer alguno de los requisitos establecidos en el artículo 91, la decisión definitiva será adoptada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.
3. El Tribunal Supremo puede inspeccionar, supervisar y dar las instrucciones necesarias a los tribunales y otras instituciones judiciales que sean de su competencia en materia de administración o gestión judicial.
2. El Tribunal Supremo, para el ejercicio de los derechos fundamentales conferidos por la presente Constitución, deberá ejercer cualquier otro derecho legal respecto del cual no se haya previsto ningún otro recurso o para el cual el recurso, aun cuando sea previsto, parezca inadecuado o ineficaz, o para la solución de cualquier constitucionales o jurídicas que se planteen en cualquier controversia de interés público o interés público, tengan facultades extraordinarias para dictar las órdenes necesarias y apropiadas para hacer valer esos derechos o resolver la controversia.
2. Si surgen circunstancias especiales en las que pueda plantearse una cuestión sobre la imparcialidad judicial en la vista de un caso en un Tribunal Superior, el Tribunal Supremo puede ordenar, de conformidad con la ley, aclarando la razón y el fundamento de trasladar la vista de la causa de un Tribunal Superior a otro Tribunal Superior.
2. Además de las peticiones presentadas de conformidad con la cláusula (1) del artículo 133, el tribunal examinará y decidirá sobre los siguientes casos:
a. En relación con las controversias sobre la jurisdicción entre la Federación y la Provincia, entre provincias, entre una provincia y nivel local y entre los niveles locales (de gobierno),
b. Relacionado con controversias relativas a la elección de miembros del Parlamento Federal o de la Asamblea Provincial y la inelegibilidad del miembro del Parlamento Federal o de la Asamblea Provincial.
Si se plantea la cuestión de si un miembro de la Asamblea Provincial está inhabilitado o ha dejado de poseer alguno de los requisitos exigidos por el artículo 178, la decisión definitiva será adoptada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.
1. Un derecho o libertad conferido por esta parte es ejecutable por el Tribunal Supremo en caso de una persona que tenga interés en hacer valer ese derecho o libertad.
2. El Tribunal Supremo podrá dictar todas las órdenes y declaraciones que sean necesarias y apropiadas a los efectos de la cláusula 1.) del presente artículo.
Toda cuestión que se plantee en relación con el derecho de una persona a ser miembro del Parlamento o a permanecer en el Parlamento será remitida y decidida por el Tribunal Supremo.
2. El Tribunal Supremo estará presidido por el Presidente del Tribunal Supremo y conocerá y resolverá las apelaciones que emanen del Tribunal Superior, incluidas las apelaciones relativas a la interpretación, aplicación y defensa de la presente Constitución y de los derechos y libertades fundamentales garantizados por ella. El Tribunal Supremo también se ocupará de los asuntos que le sean remitidos para que el Fiscal General decida en virtud de la presente Constitución, así como de los demás asuntos que autorice la Ley del Parlamento.
a. Sólo el Tribunal Supremo de la Unión tiene la siguiente jurisdicción original:
296. La Corte Suprema de la Unión:
a. tiene el poder de emitir los siguientes writs:
b. Las solicitudes de expedición de los recursos se suspenderán en las zonas en las que se declare el estado de excepción.
304. Los deberes, atribuciones y derechos del Presidente del Tribunal Supremo de la Unión y de los jueces del Tribunal Supremo de la Unión estarán establecidos por la ley.
1. Por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, el Presidente de la República será juzgado ante el Tribunal Supremo.
1. El Tribunal Supremo será el órgano supremo dentro de la jerarquía de los tribunales de justicia.
2. El Tribunal Supremo velará por la aplicación uniforme de la ley en su ámbito de competencia, en interés del pueblo mozambiqueño.
A. En materia constitucional, el Tribunal Supremo dictamina de manera soberana sobre:
1. Cumplimiento del reglamento de los Consejos Nacionales con las disposiciones constitucionales y, en caso necesario, legislativas en las condiciones prescritas en el artículo 61
2. Los recursos de apelación sobre las peticiones de anulación, las peticiones de revisión de la validez y las acciones de indemnización derivadas de violaciones de esos derechos y libertades establecidos en el capítulo III de la Constitución, y que no se mencionan en la subsección B del presente artículo
B. En materia administrativa, el Tribunal Supremo dictamina de manera soberana sobre:
1. Procedimiento de anulación de decisiones ultra vires adoptadas por diversas autoridades administrativas o ordenanzas soberanas para hacer cumplir las leyes, y la concesión de daños y perjuicios conexos
2. Apelaciones mediante la anulación de decisiones de último recurso adoptadas por jurisdicciones administrativas
3. Apelaciones de interpretación y peticiones para revisar la validez de las decisiones de diversas autoridades administrativas o de ordenanzas soberanas para hacer cumplir las leyes
C. El Tribunal Supremo dictamina sobre los conflictos de jurisdicción.
El Tribunal Supremo delibera ya sea en sesión plenaria integrada por cinco miembros o en una sección administrativa integrada por tres miembros.
Se sienta y delibera en sesión plenaria:
1. En materia constitucional
2. Como juez de conflictos de jurisdicción
3. En materia administrativa sobre referencias ordenadas por el Presidente del Tribunal Supremo o resueltas por la sección administrativa
Se sienta y delibera en la sección administrativa en todos los demás casos.
3. Sobre la base de la mayoría de al menos dos tercios de los votos emitidos por sus miembros, el Parlamento podrá decidir inculpar al Presidente de la República de Moldova, en caso de que éste cometa un delito. La Corte Suprema de Justicia estará facultada para enjuiciar conforme a la ley. El Presidente será destituido legalmente de su cargo en la fecha en que se dicte la sentencia judicial.
La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo puede examinar los casos examinados en los tribunales nacionales y los casos en los tribunales estatales o locales si requieren interpretación de la presente Constitución, de la legislación nacional o de un tratado. Si una constitución estatal lo permite, la sala de apelaciones del Tribunal Supremo puede examinar otros casos en apelación ante el tribunal estatal más alto en que se haya dictado una decisión.
Cuando un caso en un tribunal estatal o local entrañe una cuestión sustancial que requiera la interpretación de la Constitución, la legislación nacional o un tratado, a petición de una de las partes o de oficio, el tribunal certificará la cuestión ante la sala de apelaciones del Tribunal Supremo. La sala de apelaciones del Tribunal Supremo puede decidir sobre el caso o detenerlo para su ulterior procedimiento.
1. El Tribunal Supremo será competente para conocer y resolver cualquier cuestión de si
a. toda persona ha sido elegida válidamente como miembro de la Asamblea;
b. toda persona que haya sido elegida como Presidente o Vicepresidente haya sido calificada para ser elegida o haya dejado sin cargo el cargo de Presidente o Vicepresidente, según sea el caso; o
c. cualquier miembro de la Asamblea haya abandonado su puesto o esté obligado, en virtud de la sección 36, a dejar de desempeñar sus funciones como miembro de la Asamblea.
a. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados b) y c), cuando el Presidente esté obligado por la presente Constitución a actuar de conformidad con el consejo de cualquier persona o autoridad o previa consulta con ella, la cuestión de si en realidad ha actuado de esa manera no será cuestionada ante ningún tribunal de justicia.
b. Cuando el Presidente disuelva el Parlamento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57, el Primer Ministro podrá, por moción, pedir al Tribunal Supremo que investiga la decisión.
c. Tras la vista de una moción prevista en el apartado b), el Tribunal Supremo determinará si el Presidente ha actuado o no de conformidad con el consejo del Primer Ministro y si el Tribunal Supremo declara que el Presidente no ha actuado de conformidad con ese consejo la disolución del Parlamento sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 57, no surtirá efecto alguno.
El Presidente de la República sólo es responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones en caso de alta traición.
No puede ser destituido salvo por las dos Asambleas que decidan con voto idéntico en votación pública y por mayoría absoluta de los miembros que las componen; es juzgado por el Tribunal Superior de Justicia.
El Primer Ministro y los miembros del Gobierno son penalmente responsables de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones y calificados como delitos o faltas en el momento de su comisión. El procedimiento descrito más arriba es aplicable tanto a ellos como a sus cómplices en el caso de conspiración contra la seguridad del Estado. En el caso especificado en el presente párrafo, el Tribunal Superior de Justicia está obligado por la definición de delitos y faltas, así como por la determinación de las penas que se derivan de las leyes penales vigentes en el momento en que se cometieron los hechos.
El Tribunal Supremo, reunido en sesión, tendrá jurisdicción única y definitiva para resolver todas las controversias relativas a la calificación o inhabilitación, elección, condición jurídica, candidato presidencial o compañero de candidatura o destitución del Presidente por el Majlis Popular.
1. El Tribunal Federal, con exclusión de cualquier otro tribunal, tendrá competencia para determinar, de conformidad con las normas de los tribunales que regulen el ejercicio de dicha jurisdicción,
a. toda cuestión de si una ley promulgada por el Parlamento o por la Legislatura de un Estado es inválida porque contiene disposiciones respecto de una cuestión respecto de la cual el Parlamento o, en su caso, la legislatura del Estado no está facultado para dictar leyes; y
b. controversias sobre cualquier otra cuestión entre Estados o entre la Federación y cualquier Estado.
2. Sin perjuicio de cualquier competencia de apelación del Tribunal Federal, cuando en cualquier procedimiento ante otro tribunal se plantee una cuestión relativa a los efectos de alguna disposición de la presente Constitución, el Tribunal Federal tendrá competencia (sujeto a las normas de los tribunales que regulen el ejercicio de dicha competencia) para determinar la cuestión y remitir el caso al otro tribunal para que se resuelva de conformidad con la decisión.
3. La competencia del Tribunal Federal para conocer de las apelaciones del Tribunal de Apelación, de un Tribunal Superior o de un juez de los mismos serán las que dispongan las leyes federales.
El Yang di-Pertuan Agong puede remitir al Tribunal Federal, para que emita su opinión, cualquier cuestión relativa al efecto de cualquier disposición de la presente Constitución que haya surgido o parezca que pueda surgir, y el Tribunal Federal pronunciará en audiencia pública su opinión sobre cualquier cuestión que se le remita.
Además de las cuestiones que le plantean otros artículos de la Constitución, de una ley orgánica se desprenden las siguientes cuestiones:
5°. la organización, la composición, el funcionamiento y las atribuciones de la Corte Suprema y de los tres Tribunales que la componen, los relativos al nombramiento de sus miembros y los relativos al procedimiento aplicable ante ellos;
Además de las atribuciones que le confieren las leyes particulares, el Tribunal Supremo dictamina sobre los conflictos de competencia entre dos jurisdicciones de orden diferente.
El Tribunal de Casación se ocupa de la aplicación de la ley por las jurisdicciones de la orden judicial.
Además de las competencias que le reconocen determinadas leyes, decide sobre las peticiones de casación constituidas contra las decisiones dictadas en último recurso por esas jurisdicciones.
Sin perjuicio de las competencias especiales especificadas por la ley, el Consejo del Estado controla la regularidad de los actos de la Administración y vela por la aplicación de la ley por las jurisdicciones de la orden administrativa.
El Consejo de Estado, en las condiciones establecidas por una ley orgánica:
1°. juzga los recursos de anulación de los actos de las autoridades administrativas centrales, los recursos de plena jurisdicción para los actos perjudiciales causados por las actividades de la Administración y las reclamaciones contenciosas en materia fiscal;
2°. toma conocimiento, en apelación, del control de la legalidad de los actos de las autoridades de las Colectividades Territoriales Descentralizadas;
3°. decide, en apelación o en casación, sobre las decisiones dictadas por los tribunales administrativos o jurisdicciones administrativas especializadas.
Es el juez de ciertas disputas electorales.
Puede ser consultado por el Primer Ministro y los miembros del Gobierno para emitir su opinión sobre los proyectos de ley o textos reglamentarios o sobre la interpretación de una disposición legislativa o reglamentaria.
Puede proceder, a petición del Primer Ministro, a estudios sobre los textos de las leyes, sobre la organización, el funcionamiento y las misiones de los servicios públicos.
El Tribunal de Cuentas:
1°. juzga las cuentas de los contadores públicos;
2°. controla la ejecución de las leyes financieras y de los presupuestos de los órganos públicos;
3°. controla las cuentas y la administración de las empresas públicas;
4°. decide, en apelación, sobre las sentencias dictadas en materia financiera por las jurisdicciones o los órganos administrativos de carácter jurisdiccional;
5°. ayuda al Parlamento y al Gobierno en el control de la ejecución de las leyes financieras.
El poder de preparar un proyecto de ley de destitución corresponde exclusivamente a la Cámara de Representantes, y el poder de juzgar todas las acusaciones incumbe exclusivamente al Senado. Cuando el Presidente, el Vicepresidente o un Juez Asociado sean juzgados, presidirá el Presidente del Tribunal Supremo; cuando se juzgue al Presidente del Tribunal Supremo o a un juez de un tribunal subordinado, presidirá el Presidente del Senado. Ninguna persona será destituida sino con el consentimiento de dos tercios del total de miembros del Senado. Las sentencias en tales casos no van más allá de la destitución y la inhabilitación para ocupar cargos públicos en la República, pero la parte puede ser juzgada por la ley por el mismo delito. El poder legislativo prescribirá el procedimiento para los procedimientos de destitución que se ajustará a los requisitos de las debidas garantías procesales.
Ninguna asociación, cualquiera que sea su nombre, funcionará como partido político, ni ningún ciudadano podrá ser candidato independiente para la elección de cargos públicos, a menos que:
a. la asociación o el candidato independiente y su organización cumplen los requisitos mínimos de inscripción establecidos por la Comisión Electoral y están inscritos en ella. Los requisitos de inscripción incluirán la presentación ante la Comisión Electoral de una copia de la constitución de la asociación y de las directrices del candidato independiente y de su organización, una declaración detallada de los nombres y direcciones de la asociación y sus funcionarios o del candidato independiente y el los funcionarios de su organización y el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados b, c, d ye del presente documento. La inscripción por la Comisión Electoral de cualquier asociación o candidato independiente y su organización confiere a la entidad o candidato y a su organización una personalidad jurídica registrada, con capacidad para poseer bienes, bienes inmuebles, personales o mixtos, para demandar y ser demandados y mantener cuentas. La denegación de la inscripción o el hecho de que la Comisión Electoral no haya inscrito a un solicitante puede ser impugnado por el solicitante ante el Tribunal Supremo;
5. El Tribunal Supremo Popular;
1. La Sala Constitucional de la Corte Suprema será un órgano que ejercerá la supervisión constitucional.
6. La Sala Constitucional de la Corte Suprema:
1. declarará inconstitucionales las leyes y otros instrumentos jurídicos normativos en caso de que contradigan la Constitución;
2. concertarán sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales que no hayan entrado en vigor y en los que la República Kirguisa sea parte;
3. concluirá el proyecto de ley de modificación de la presente Constitución.
b. La decisión del Comité Electoral Central de que se impide a un candidato participar en las elecciones requiere la afirmación del Tribunal Supremo de Israel.
b. El Tribunal Supremo conocerá los recursos contra las sentencias y otras decisiones de los tribunales de distrito.
c. El Tribunal Supremo actuará también como Tribunal Superior de Justicia. En su sesión, entenderá los asuntos en los que considere necesario conceder medidas cautelares en aras de la justicia y que no sean de la competencia de otro tribunal (beit mishpat o beit din).
d. Sin perjuicio de la generalidad de lo dispuesto en el apartado c), el Tribunal Supremo, constituida en Tribunal Superior de Justicia, será competente,
1. dictar órdenes de liberación de las personas detenidas o encarceladas ilegalmente.
2. ordenar a las autoridades estatales y locales y a sus funcionarios y órganos, así como a otras personas que desempeñen funciones públicas con arreglo a la ley, que realicen o se abstengan de realizar cualquier acto en el ejercicio legítimo de sus funciones o, si han sido elegidas o nombradas indebidamente, que se abstengan de actuar;
3. ordenar a los tribunales (batei mishpat y batei din) y a los órganos y personas con facultades judiciales o cuasijudiciales en virtud de la ley, distintos de los tribunales regulados por la presente Ley y que no sean los tribunales religiosos (batei din), que oigan, se abstengan de escuchar o seguir escuchando un asunto determinado o anulen indebidamente un procedimiento tomada o una decisión indebidamente adoptada;
4. ordenar a los tribunales religiosos (batei din) que conozcan un asunto determinado dentro de su jurisdicción o que se abstengan de examinar o seguir escuchando un asunto concreto que no esté dentro de su jurisdicción, siempre que el tribunal no examinará una solicitud con arreglo al presente párrafo si el demandante no planteó la cuestión de su competencia lo antes posible; y si no tenía ninguna oportunidad razonable de plantear la cuestión de la competencia hasta que un tribunal religioso hubiera dictado una decisión (beit din), el tribunal puede anular un procedimiento adoptado o una decisión dictada por el tribunal religioso (beit din) sin autoridad.
2. Los tribunales decidirán sobre:
a. asuntos penales, litigios civiles y otros asuntos especificados en una ley;
b. la legalidad de las decisiones administrativas;
c. el conflicto de decretos de gobierno local con cualquier otra reglamentación legal, y sobre su anulación;
d. el establecimiento del incumplimiento por parte de un gobierno local de su obligación basada en una ley de legislar.
4. El Tribunal de Apelación tendrá competencia exclusiva para conocer y resolver cualquier cuestión relativa a la validez de la elección de un Presidente, en la medida en que esa cuestión dependa de las condiciones de una persona para ser elegida o de la interpretación de la presente Constitución; y cualquier decisión de ese Tribunal en virtud de la presente el párrafo será definitivo.
1. El Presidente de la República responde ante el Tribunal Supremo de Justicia por los delitos cometidos durante el ejercicio del cargo.
2. Es responsabilidad de la Asamblea Nacional Popular exigir al Procurador General de la República que promueva el enjuiciamiento del Presidente de la República, previa propuesta de un tercio y una aprobación de dos tercios de los miembros del Congreso en ejercicio.
3. La condena del Presidente de la República implica la destitución del cargo y la imposibilidad de solicitar la reelección.
4. Para los delitos cometidos fuera de sus funciones, el Presidente de la República responde ante los tribunales ordinarios, una vez finalizado su mandato.
La ley regulará la organización, competencia y funcionamiento de los órganos encargados de administrar justicia.
La Corte Suprema es la más alta jurisdicción del Estado en materia administrativa y judicial.
El Tribunal Supremo es juez en primer y último recurso de la legalidad de los textos reglamentarios y de los actos del poder ejecutivo.
Toma conocimiento de las decisiones del Tribunal de Cuentas mediante recurso de casación.
Toma conocimiento, mediante recurso de casación o anulación, de las decisiones de los Juzgados y Tribunales relativas a los demás litigios administrativos.
En todos los demás asuntos, el Tribunal Supremo decide, mediante recurso de casación o de anulación, las sentencias dictadas en último recurso por las jurisdicciones inferiores [juridictions inférieures].
El Tribunal Supremo es consultado por los poderes ejecutivo y legislativo en todas las cuestiones administrativas y jurisdiccionales.
Una ley orgánica determina las demás competencias de la Corte Suprema, no especificadas por la Constitución, y el procedimiento seguido ante ella.
1. Con sujeción a la competencia del Tribunal Superior en la aplicación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la presente Constitución,
a. todas las cuestiones relativas a la aplicación o interpretación de la presente Constitución; y
b. todas las cuestiones relativas a si la promulgación fue promulgada por encima de las facultades conferidas al Parlamento oa cualquier otra autoridad o persona por la ley o en virtud de la presente Constitución.
El Tribunal Supremo tendrá jurisdicción supervisora sobre todos los tribunales y sobre cualquier autoridad judicial y podrá, en el ejercicio de esa jurisdicción de supervisión, dictar órdenes e instrucciones con el fin de hacer cumplir o asegurar el cumplimiento de su poder de supervisión.
7. El Tribunal Supremo puede decidir sobre la validez de...
a. una declaración de estado de emergencia pública;
b. toda prórroga de la declaración de estado de emergencia pública, y
c. toda ley promulgada o cualquier otra medida adoptada como consecuencia de la declaración del estado de emergencia pública.
1. Un partido político inscrito o un candidato independiente que haya participado en una elección presidencial podrá solicitar al Tribunal Supremo que determine la validez de la elección de un Presidente presentando una petición dentro de los diez días siguientes a la declaración de los resultados de la elección.
2. El Tribunal Supremo, dentro de los catorce días siguientes a la presentación de una petición en virtud del párrafo 1) o, si se ha presentado más de una petición, dentro de los catorce días contados a partir de la fecha de la última petición presentada, escuchará y resolverá la petición o peticiones, y la decisión del Tribunal Supremo será definitiva.
3. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4), la presentación de una petición en virtud del párrafo 1) no será un elemento que impida la toma de juramento de un ganador de una elección para el Presidente.
4. Si el Tribunal Supremo determina que la elección de Presidente es inválida, la Comisión Independiente de Límites y Elecciones llevará a cabo nuevas elecciones para el Presidente dentro de los noventa días siguientes a la determinación.
3. El Tribunal Supremo, al recibir una solicitud de conformidad con el párrafo 2)
a. determinar si la situación de emergencia contenida en la solicitud es de tal naturaleza que justifique el aplazamiento de las elecciones generales; y
b. fijar una nueva fecha para la celebración de las elecciones generales, si considera que se justifica el aplazamiento de las elecciones generales.
1. Cuando se plantee la cuestión de si una persona ha sido elegida válidamente como miembro de la Asamblea Nacional o si ha quedado vacante un puesto de miembro, la cuestión se resolverá mediante petición al Tribunal Supremo.
1. El Tribunal Supremo tiene jurisdicción supervisora sobre todos los demás tribunales superiores y, en el ejercicio de esa jurisdicción de supervisión, puede dictar órdenes e instrucciones con el fin de hacer cumplir o garantizar el cumplimiento de sus facultades de supervisión.
1. La Corte Suprema tiene jurisdicción original exclusiva...
c. sobre cualquier cuestión relativa a si una persona ha sido elegida válidamente para el cargo de Presidente o si ha sido elegida válidamente para la Asamblea Nacional o si ha dejado de ocupar su escaño en la Asamblea Nacional.
1. Una apelación será ante la Corte Suprema de derecho...
a. de cualquier fallo del Tribunal de Apelación sobre una apelación de cualquier causa o asunto civil o penal originado por una sentencia del Tribunal Superior o del Tribunal Supremo de la Sharia;
b. de cualquier fallo del Tribunal de Apelación sobre un recurso de apelación en un asunto derivado de una sentencia de un tribunal de guerra;
c. de cualquier fallo del Tribunal de Apelación sobre una petición relativa a si una persona ha sido elegida válidamente en una elección del Gobierno Local.
d. de cualquier fallo del Tribunal de Apelación sobre un recurso contra una conclusión adversa de una comisión de investigación; y
e. en cualquier otro caso que prescriba una ley de la Asamblea Nacional.
Una ley orgánica fija la organización, la composición, las competencias y la función del Tribunal Supremo, los Tribunales de Apelación y los tribunales de primera instancia encargados de asuntos y peticiones civiles, comerciales, sociales y penales.
2. El Tribunal Supremo tendrá:
b. la única jurisdicción para conocer y juzgar los cargos contra un Presidente que haya sido destituido por la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 6 del artículo 41 del presente documento; y
El Tribunal Superior de Justicia es competente para juzgar al Presidente de la República ya los ministros acusados ante él por la Asamblea Nacional.
3. El Tribunal Superior determinará, con exclusión de cualquier otro tribunal, la composición del tribunal que debe juzgar una causa civil en la que el demandante y el demandado pertenezcan a comunidades diferentes y del tribunal que debe juzgar una causa penal en la que el acusado y la parte perjudicada pertenezcan a diferentes Comunidades. Dicho tribunal estará compuesto por jueces pertenecientes a las comunidades griega y turca.
4. El Tribunal Superior tendrá competencia exclusiva para dictar órdenes de hábeas corpus, mandamus, prohibición, quo warranto y certiorari.
Los siguientes delitos en primera instancia serán juzgados por un tribunal compuesto por los jueces pertenecientes a ambas comunidades que el Tribunal Superior determine presidido por el Presidente del Tribunal Superior:
a. traición y otros delitos contra la seguridad de la República;
b. delitos contra la Constitución y el orden constitucional:
Siempre que, en el recurso de apelación contra cualquier decisión de dicho tribunal, el Tribunal Superior esté presidido por el Presidente del Tribunal Constitucional Supremo en lugar del Presidente del Tribunal Superior y, en tal caso, el Presidente del Tribunal Constitucional Supremo tendrá todas las atribuciones conferidas a la Presidente del Tribunal Superior.
1. El órgano jurisdiccional que ejerza competencia civil en un caso en que el demandante y el demandado pertenezcan a la misma Comunidad estará compuesto únicamente por un juez o jueces pertenecientes a dicha Comunidad.
2. El órgano jurisdiccional que ejerza jurisdicción penal en un caso en que el acusado y el perjudicado pertenezcan a la misma Comunidad, o cuando no haya ninguna persona lesionada, estará compuesto por un juez o jueces pertenecientes a dicha Comunidad.
3. Cuando, en un caso civil, el demandante y el demandado pertenezcan a comunidades diferentes, el tribunal estará compuesto por los jueces pertenecientes a ambas Comunidades que determine el Tribunal Superior.
4. Cuando en una causa penal el acusado y el agraviado pertenezcan a comunidades diferentes, el tribunal estará integrado por los jueces pertenecientes a ambas comunidades que determine el Tribunal Superior.
5. La investigación del forense cuando el fallecido pertenezca a la Comunidad griega será realizada por un forense griego y cuando el fallecido pertenezca a la Comunidad Turca será realizada por un forense turco. En caso de que haya más de un fallecido perteneciente a comunidades diferentes, la investigación será llevada a cabo por el forense que el Tribunal Superior ordene.
6. La ejecución de cualquier sentencia u orden de un tribunal que ejerza la jurisdicción civil o penal, si el tribunal está compuesto por un juez griego o jueces griegos, se llevará a cabo por conducto de funcionarios griegos del tribunal, si el tribunal está compuesto por un juez turco o jueces turcos se llevará a cabo por conducto de funcionarios del tribunal y, en cualquier otro caso, la ejecución será llevada a cabo por los funcionarios que ordene el tribunal de primera instancia.
Las ordenanzas se adoptan en el Consejo de Ministros, previa opinión del Tribunal Supremo. Entran en vigor a partir de su publicación, pero caducan si el proyecto de ley de ratificación no se presenta al Parlamento antes de la fecha establecida por la ley habilitante.
Se instituye una orden judicial, integrada por los tribunales civiles y militares que están bajo el control del Tribunal de Casación.
Sin perjuicio de las demás competencias que le asignen esta Constitución o por las leyes de la República, el Tribunal de Casación toma conocimiento de los recursos de casación interpuestos contra las órdenes y sentencias dictadas en último recurso por los tribunales civiles y militares.
En las condiciones establecidas por la Constitución y las leyes de la República, el Tribunal de Casación decide en primer y último recurso las infracciones cometidas por:
1. los miembros de la Asamblea Nacional y el Senado;
2. los miembros del Gobierno que no sean el Primer Ministro;
3. los miembros del Tribunal Constitucional;
4. los magistrados del Tribunal de Casación y los miembros de la fiscalía ante dicho Tribunal;
5. los miembros del Consejo de Estado y los miembros de la fiscalía ante ese Consejo;
6. los miembros del Tribunal de Cuentas y los miembros de la fiscalía ante esa Oficina;
7. los primeros Presidentes de los Tribunales de Apelación, así como los Procuradores Generales de esos tribunales;
8. los primeros Presidentes de los Tribunales Administrativos de Apelación y los Procuradores Generales de estos tribunales;
9. los Gobernadores y los Vicegobernadores de la Provincia y los Ministros Provinciales.
10. los Presidentes de las Asambleas Provinciales.
Las Cortes y Tribunales civiles y militares aplican los tratados internacionales debidamente ratificados, las leyes [y] los actos reglamentarios, siempre que sean conformes a las leyes y al derecho consuetudinario, salvo que este último sea contrario al orden público o a la moral.
La organización, el funcionamiento y las competencias de las jurisdicciones del orden judicial están determinados por una ley orgánica.
Si el Tribunal Supremo, remitido al asunto por el Presidente de la Unión, por el Presidente de la Asamblea de la Unión o por los Gobernadores de las Islas, declara que un compromiso internacional incluye una cláusula contraria a la Constitución, la autorización para ratificarlo o aprobarlo sólo podrá producirse después de Revisión constitucional.
Cuando las instituciones constitucionales, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o la ejecución de sus compromisos internacionales se ven amenazadas de manera seria e inmediata y se interrumpe el funcionamiento regular de las instituciones constitucionales, el Presidente de la Unión, después de consulta oficial con el Consejo de Ministros, del Presidente de la Asamblea de la Unión y del Tribunal Supremo, se adoptan las medidas excepcionales requeridas por las circunstancias.
Estas medidas deben estar motivadas por la voluntad de proporcionar a las instituciones constitucionales, con la menor demora, los medios para cumplir su misión.
En caso de vacante o deterioro permanente del Presidente, que se produzca dentro de los novecientos días siguientes a la fecha de investidura de su mandato y declarada por el Tribunal Supremo en relación con la cuestión por el Gobierno, procede a la elección de un nuevo Presidente, dentro de un plazo de sesenta días .
La labor interina está a cargo del Primer Ministro, en el marco del acto de nombramiento de los Ministros y otros miembros del Gobierno. Durante ese período, no puede cambiar de gobierno.
Si la vacante o el deterioro permanente se produce más allá de novecientos días, el Gobernador de la isla que ejerce la presidencia de la Unión termina el mandato.
En este caso, las funciones del Gobernador están aseguradas por el Secretario General de la Gobernación de que se trate.
El Tribunal Supremo es la jurisdicción suprema de la Unión en materia judicial, administrativa, constitucional y de contabilidad.
Juga al Presidente de la Unión en caso de alta traición.
Las decisiones de la Corte Suprema no son susceptibles de recurso alguno y se imponen al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, así como a todas las jurisdicciones del territorio nacional.
Las modalidades de aplicación de este artículo están establecidas por una ley orgánica.
Las candidaturas a la Presidencia de la República se depositan ante la Corte Suprema por lo menos cuarenta (40) días claros y como máximo sesenta (60) días claros antes de la primera vuelta de la votación.
Treinta (30) días antes de la primera vuelta de la votación, el Tribunal Supremo decide aceptar candidaturas y publica la lista de candidatos.
En caso de fallecimiento o incapacidad de uno de los dos (2) candidatos más favorecidos en la primera vuelta, antes de cualquier posible retiro, la Corte Suprema, tras la conclusión, ordena que debe proceder nuevamente con la totalidad de las operaciones electorales; es lo mismo en caso de fallecimiento o incapacidad de uno de los dos los candidatos restantes para la segunda ronda.
El Tribunal Supremo vela por la exactitud de la papeleta y declara los resultados.
Si uno de los candidatos no presenta objeciones respecto de la regularidad de las operaciones electorales ante el Tribunal Supremo dentro de los cinco (5) días siguientes a la proclamación provisional, el Tribunal Supremo declara elegido definitivamente al Presidente de la República.
En caso de objeción, el Tribunal Supremo debe decidir dentro de los quince (15) días contados a partir de la proclamación provisional; su decisión da lugar a la proclamación definitiva o anulación de las elecciones.
Si no se plantean objeciones en el plazo de cinco (5) días y si el Tribunal Supremo considera que la elección no se vio empañada por ninguna irregularidad de naturaleza que haya provocado su anulación, proclama la elección del Presidente de la República en los diez (10) días siguientes a la votación.
En caso de anulación, procede a una nueva ronda de votación dentro de los veintiún (21) días siguientes a la decisión.
En caso de vacante de la Presidencia de la República por cualquier causa, o de incapacidad definida declarada por la Corte Suprema, mencionada por el Gobierno, y decidiendo por mayoría absoluta de sus miembros, las funciones del Presidente de la República, con excepción de las atribuciones especificadas en los artículos 85, 88, 95 y 96, son ejercidos provisionalmente por el Presidente de la Asamblea Nacional y, en caso de incapacidad de ésta, por el Vicepresidente Primero.
En todos los casos, procede a nuevas elecciones presidenciales por lo menos cuarenta y cinco (45) días y noventa (90) días como máximo después de la apertura de la vacante.
El Presidente de la República puede, para la ejecución de su programa, exigir a la Asamblea Nacional la autorización para adoptar mediante ordenanza, por un período limitado, las medidas que normalmente corresponden al ámbito de la ley.
El objeto de la autorización debe ser enumerado y fundamentado en la solicitud dirigida a la Asamblea Nacional.
Las ordenanzas se adoptan en el Consejo de Ministros previa opinión del Tribunal Supremo.
Entran en vigor en el momento de su publicación, pero caducan si el proyecto de ley de ratificación no se presenta ante la Asamblea Nacional antes de la fecha establecida por la ley de autorización.
Al expirar el plazo mencionado en el párrafo primero de este artículo, las ordenanzas sólo podrán ser modificadas por la ley en los asuntos que sean de ámbito legislativo.
El Tribunal Supremo presta asistencia al Gobierno y a la Asamblea Nacional en la aplicación de las leyes financieras.
El Tribunal Supremo es la jurisdicción suprema del Chad en materia judicial, administrativa, constitucional y de contabilidad.
Asiste a elecciones presidenciales, legislativas y locales disputadas. Se ocupa de la regularidad de las operaciones del referéndum y proclama los resultados de ellas.
El Comité decide sobre los alegatos de inconstitucionalidad planteados por cualquier ciudadano ante una jurisdicción en un asunto que le concierne.
En este caso, la jurisdicción se aplaza para decidir y remitir el asunto a la Corte Suprema, que debe tomar una decisión dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días.
El Tribunal Supremo también es competente para juzgar al Presidente de la República y a los miembros del Gobierno, así como a sus cómplices en caso de alta traición.
Todo acto que atente contra la forma republicana, la singularidad y laicidad del Estado, la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional, constituye un delito de alta traición.
Las violaciones graves y características de los Derechos del Hombre, el narcotráfico y la introducción de desechos tóxicos o peligrosos, en relación con su tránsito, depósito o almacenamiento en el territorio nacional, son entendidas como alta traición.
El Tribunal Supremo está integrado por cinco salas:
una (1) sala judicial;
una (1) sala administrativa;
una (1) sala constitucional;
una (1) cámara de cuentas;
una sala no permanente integrada por siete (7) diputados y cuatro magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sus pares y responsables de los casos de alta traición a la patria.
El Tribunal Supremo decide en último recurso y sus decisiones carecen de recurso.
Si el Tribunal Supremo, remitido al asunto por el Presidente de la República o por el Presidente de la Asamblea Nacional, ha declarado que un compromiso internacional contiene una cláusula contraria a la Constitución, la autorización de ratificación sólo podrá surtir efecto después de la revisión constitucional.
La Corte Suprema de Justicia, en sesión plenaria, tendrá las siguientes funciones:
a. Considerar la constitucionalidad de los reglamentos y resoluciones en sus directrices generales o efectos concretos;
b. Considerar la legalidad de las resoluciones en sus directrices generales o efectos concretos;
c. Verificar la muerte o declarar la discapacidad física o mental permanente del Presidente de la República y declarar incapacidad temporal en el ejercicio de sus funciones;
d. Verificar la destitución del Presidente de la República en caso de ausencia del territorio nacional sin consentimiento y condena por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones;
e. Verificar el fallecimiento y declarar la incapacidad para el cargo presidencial de cualquier candidato a la Presidencia de la República con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 119;
f. Ejercer otras funciones que le atribuyen la Constitución y la ley.
La Corte Suprema de Justicia también tendrá las siguientes funciones:
a. - Recibir y admitir candidatos a la Presidencia de la República;
b. - juzgar las apelaciones en los casos de protesta y quejas presentadas durante la verificación de los resultados electorales para la Presidencia de la República;
c. - juzgar las apelaciones en materia de candidaturas y elecciones impugnadas para la Asamblea Nacional y los órganos locales;
d. Aceptar las solicitudes de inscripción de partidos políticos, coaliciones y asociaciones en el registro creado especialmente para este fin en la Corte, y llevar registros de esos partidos según lo exija la ley, y anular las inscripciones por cancelación o disolución;
e. Considerar la legalidad de los nombres y símbolos de partidos políticos, coaliciones y asociaciones y su similitud con otros partidos y coaliciones ya registrados;
f. Declarar la ilegalidad de las organizaciones políticas y partidistas que no puedan constituirse y decretar su abolición.
El Tribunal Supremo será consultado por el Gobierno en general en todas las cuestiones administrativas y jurisdiccionales.
A petición del Jefe de Estado, podrá encargarse de redactar y modificar todos los textos legislativos y reglamentarios antes de su examen por la Asamblea Nacional.
5. Cuando, en virtud del párrafo 3, se haya declarado que una persona ha dejado de ser miembro de la Cámara de Representantes por renuncia o cruzando el piso, esa persona፦
a. podrá, dentro de los veintiún días siguientes a la declaración, apelar contra la declaración ante el Tribunal Supremo, cuya decisión sobre el asunto será definitiva;
b. dejará de desempeñar sus funciones como miembro de la Cámara pero, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 6), no desocupará su escaño hasta que el Tribunal Supremo haya resuelto su apelación.
6. Si, al decidir un recurso interpuesto en virtud del apartado a) del párrafo 5), el Tribunal Supremo determina que la persona renunció al partido político o cruzó la palabra, según sea el caso, o si el plazo para interponer un recurso previsto en el apartado a) del párrafo 5 expira antes de que la persona interponga una apelación, inmediatamente desocupará su asiento.
1. Cualquier pregunta si—
a. toda persona ha sido elegida válidamente como miembro de la Cámara de Representantes o nombrada válidamente senadora;
b. cualquier miembro de la Cámara de Representantes o Senador haya abandonado su escaño o esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 59 o en el párrafo 3 del artículo 64 de la presente Constitución, a dejar de ejercer cualquiera de sus funciones como miembro de la Cámara de Representantes o como Senador; o
c. toda persona haya sido elegida válidamente como Presidente de la Cámara de Representantes o Presidente del Senado entre personas que no sean miembros de la Cámara de Representantes o Senadores, o, habiendo sido elegida así, haya dejado de ocupar el cargo de Presidente o Presidente,
será determinada por el Tribunal Supremo de conformidad con las disposiciones de cualquier ley.
2. El procedimiento para resolver cualquier cuestión a que se refiere el párrafo anterior no podrá iniciarse salvo con autorización de un juez del Tribunal Supremo.
3. La decisión de un juez de la Corte Suprema de Justicia de conceder o denegar la autorización para iniciar actuaciones de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior no podrá apelarse.
El Rey no podrá indultar a un ministro o a un miembro de un gobierno comunitario o regional condenado por el Tribunal Supremo, salvo a petición de la Cámara de Representantes o del Parlamento interesado.
El Tribunal Supremo adopta decisiones en los conflictos de poderes en la forma prevista por la ley.
El Tribunal de Casación será competente para pronunciarse sobre las impugnaciones relativas a las elecciones a las Cámaras de Diputados, de conformidad con la ley pertinente.
1. La Sala del Tribunal Superior, a petición de cualquier persona agraviada, podrá dar las instrucciones u órdenes a cualquier persona o autoridad, incluida cualquier persona que desempeñe alguna función en relación con los asuntos de la República, que sean apropiadas para el ejercicio de cualesquiera derechos fundamentales conferidos por la Parte III de esta Constitución.
2. La Sala del Tribunal Superior podrá, si está convencida de que no existe otro recurso igualmente eficaz en virtud de la ley,
3. No obstante lo dispuesto en las cláusulas anteriores, la Sala del Tribunal Superior no estará facultada en virtud del presente artículo para dictar ninguna orden provisional o de otra índole en relación con cualquier ley a la que se aplique el artículo 47.
4. En el caso de que una solicitud presentada en virtud de la cláusula 1) o la subcláusula a) de la cláusula 2), se solicita una orden cautelar y es probable que esa orden cautelar tenga el efecto de:
5. En el presente artículo, a menos que el contexto exija otra cosa, por «persona» se entiende por «persona» una autoridad pública legal y cualquier tribunal o tribunal que no sea un tribunal establecido en virtud de una ley relativa a los servicios de defensa de Bangladesh o cualquier fuerza disciplinaria o tribunal al que se aplique el artículo 117.
Si en algún momento el Presidente considera que se ha planteado, o puede surgir, una cuestión de derecho de tal naturaleza y de importancia pública tal que sea conveniente obtener la opinión del Tribunal Supremo al respecto, podrá someter la cuestión a la Sala de Apelaciones para que la examine y la división podrá, después de la audiencia que considere conveniente, comunicar su opinión al Presidente al respecto.
46. 1. Cualquier pregunta si
a. cualquier persona ha sido designada válidamente como senador; o
b. toda persona ha dejado de ocupar su puesto de senador o, en virtud de lo dispuesto en el párrafo a) del párrafo 3 del artículo 39, se le exige que deje de desempeñar sus funciones de senador,
será determinada por el Tribunal Superior, cuya decisión será definitiva.
I. El derecho a promulgar leyes (el derecho a someter proyectos de ley y otras cuestiones al debate del Milli Majlis de la República de Azerbaiyán) en el Milli Majlis de la República de Azerbaiyán pertenece a los miembros del Milli Majlis de la República de Azerbaiyán, el Presidente de la República de Azerbaiyán Azerbaiyán, el Tribunal Supremo de la República de Azerbaiyán, 40.000 ciudadanos de la República de Azerbaiyán con sufragio, la Fiscalía de la República de Azerbaiyán y el Ali Majlis de la República Autónoma de Najicheván.
I. La cuestión de la destitución del Presidente de la República de Azerbaiyán de su cargo cuando el Presidente de la República de Azerbaiyán haya cometido un delito grave puede ser presentada ante el Milli Majlis de la República de Azerbaiyán por iniciativa del Tribunal Constitucional de la República de Azerbaiyán República de Azerbaiyán sobre la base de una decisión adoptada por el Tribunal Supremo de la República de Azerbaiyán en un plazo de 30 días.
En todo caso, la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento.
La Corte Suprema, en pleno especialmente convocado al efecto y por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar, fundadamente, el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría.
La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales.
El Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.
Los Consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.