Establece las circunstancias bajo las cuales los derechos de algunos individuos y/o grupos pueden verse restringidos.
I. Constituye zona de seguridad fronteriza los cincuenta kilómetros a partir de la línea de frontera. Ninguna persona extranjera, individualmente o en sociedad, podrá adquirir propiedad en este espacio, directa o indirectamente, ni poseer por ningún título aguas, suelo ni subsuelo; excepto en el caso de necesidad estatal declarada por ley expresa aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La propiedad o la posesión afectadas en caso de incumplimiento de esta prohibición pasarán a beneficio del Estado, sin ninguna indemnización.
II. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado.
Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.
Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.
Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital.
La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.
Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.
El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.
Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.
§2°. Extranjeros no pueden registrarse para votar, tampoco reclutados durante su periodo de servicio militar obligatorio.
La ley regulará y limitará la adquisición o arrendamiento de tierras rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras y determinará qué casos requerirán autorización del Congreso Nacional.
5. Pese a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, una norma legislativa puede limitar la aplicación de los derechos o libertades fundamentales con respecto a las siguientes normas para los miembros de las Fuerzas de Defensa de Kenia o el Servicio de Policía Nacional:
a. Artículo 31. Derecho a la intimidad.
b. Artículo 36. Libertad de asociación.
c. Artículo 37. Asamblea, manifestación, formación de piquetes y derecho de petición.
d. Artículo 41. Relaciones laborales.
e. Artículo 43. Derechos económicos y sociales.
f. Artículo 49. Derechos de las personas arrestadas.
Los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles de los hondureños con las restricciones que por razones calificadas de orden público, seguridad, interés o conveniencia social establecen las leyes.
Los extranjeros no podrán desarrollar en el país actividades políticas de carácter nacional ni internacional, bajo pena de ser sancionados de conformidad con la Ley.
Los extranjeros no podrán hacer reclamaciones ni exigir indemnización alguna del Estado sino en la forma y en los casos en que pudieren hacerlo los hondureños.
No podrán recurrir a la vía diplomática sino en los casos de denegación de justicia. Para este efecto no se entenderá por denegación de justicia que un fallo sea desfavorable al reclamante. Los que contravinieren esta disposición perderán el derecho de habitar en el país.
Los terrenos del Estado, ejidales, comunales o de propiedad privada situados en la zona limítrofe a los estados vecinos, o en el litoral de ambos mares, en una extensión de (40) cuarenta kilómetros hacia el interior del país, y los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, solo podrán ser adquiridos o poseídos o tenidos a cualquier título por hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños y por las instituciones del Estado, bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato.
A condición de reciprocidad y del modo previsto por el Tratado de la Unión Europea del 7 de febrero de 1992, solo podrá concederse derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión residentes en Francia, quienes no podrán ejercer las funciones de alcalde o teniente de alcalde ni participar en la designación de electores senatoriales ni en la elección de senadores. Se determinarán por ley orgánica votada en ambos términos por las dos Cámaras las condiciones de aplicación del presente artículo.
Extranjeros y extranjeras tienen en la República Dominicana los mismos derechos y deberes que los nacionales, con las excepciones y limitaciones que establecen esta Constitución y las leyes; en consecuencia:
1. No pueden participar en actividades políticas en el territorio nacional, salvo para el ejercicio del derecho al sufragio de su país de origen;
2. Tienen la obligación de registrarse en el Libro de Extranjería, de acuerdo con la ley;
3. Podrán recurrir a la protección diplomática después de haber agotado los recursos y procedimientos ante la jurisdicción nacional, salvo lo que dispongan los convenios internacionales.
1. Todo el que esté bajo la autoridad del Estado polaco, gozará de las libertades y de los derechos asegurados por la Constitución.
2. Las excepciones a este principio con respecto a los extranjeros se establecerán por ley.
Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los derechos políticos y los que establezcan las leyes; no pueden intervenir en los asuntos políticos del país.
Con el objeto de conseguir el aprovechamiento racional del suelo y de establecer relaciones sociales equitativas, la ley impondrá obligaciones y vínculos a la propiedad privada de la tierra, fijará límites a su extensión según las regiones y las zonas agrarias, promoverá e impondrá el saneamiento de los terrenos, la transformación del latifundio y el restablecimiento de las unidades de producción; ayudará a la pequeña y mediana propiedad.
La ley dispondrá medidas a favor de las zonas de montaña.
XIII. Los miembros y los descendientes de la Casa de Saboya no serán electores y no podrán ocupar cargos públicos ni puestos electivos.
Se prohíbe la entrada y la permanencia en el territorio nacional a los otrora reyes de la Casa de Saboya, a sus consortes y a sus descendientes varones.
Los bienes existentes en el territorio nacional de los otrora reyes de la Casa de Saboya, de sus consortes y de sus descendientes varones pasarán a ser propiedad del Estado. Serán nulas las transferencias y las constituciones de derechos reales sobre dichos bienes que hayan tenido lugar con posterioridad al 2 de junio de 1946.
(*)El artículo único de la Ley Constitucional de 23 octubre de 2002, n. 1 («Ley Constitucional de cese de los efectos de los párrafos primero y segundo de la XIII Disposición Transitoria y Final de la Constitución»), (Boletín Oficial del Estado [Gazzetta Ufficiale] n. 252, de 26 de octubre de 2002), establece que: «Los párrafos primero y segundo de la XIII Disposición Transitoria y Final de la Constitución dejarán de tener efecto a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley Constitucional».
6. Los extranjeros y los apátridas no gozarán del derecho de propiedad sobre la tierra, salvo en los casos previstos por la ley.
2. Sólo los ciudadanos de Vanuatu serán nombrados para ocupar cargos públicos. La Comisión de la Administración Pública determinará otros requisitos para el nombramiento en la administración pública.
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75, las transacciones de tierras entre un ciudadano indígena y un ciudadano no indígena o un no ciudadano sólo se permitirán con el consentimiento del Gobierno.
2. El consentimiento exigido en virtud del párrafo 1) se concederá a menos que la transacción sea perjudicial para los intereses de:
a. el propietario de la aduana o los propietarios de la tierra;
b. el ciudadano indígena cuando no sea el dueño de la costumbre;
c. la comunidad en cuya localidad esté situada la tierra, o
d. la República de Vanuatu.
Los derechos y libertades fundamentales de los extranjeros pueden estar restringidos por una ley compatible con el derecho internacional.
Todo extranjero después de haber residido en el Reino durante un plazo de cinco años o más puede, con el consentimiento del Rey, prestar juramento de lealtad y obtener certificados de naturalización y todos los sujetos naturalizados tendrán los mismos derechos y privilegios que los súbditos nativos de Tonga con el con excepción de que no tendrán derecho a los derechos de adjudicaciones fiscales hereditarias o de habilitaciones municipales.
2. La ley establecerá qué bienes, distintos de los especificados en el artículo 4 de la presente Constitución, necesarios para garantizar las necesidades de la sociedad, la autosuficiencia alimentaria nacional, el desarrollo de la economía nacional y el interés público, sólo podrán ser propiedad del Estado, municipio o personas designadas o personas jurídicas. La ley también puede establecer que determinadas cosas sólo pueden ser propiedad de ciudadanos o personas jurídicas residentes en la República Eslovaca.
2. El ejercicio del cargo público sólo se permitirá a los extranjeros siempre que tenga un carácter predominantemente técnico, salvo la presencia de un convenio o convención internacional.
1. Una ley orgánica establecerá
c. prohibir a los no ciudadanos afiliarse a cualquiera de esas partes u organizaciones y contribuir a sus fondos; y
2. La persona detenida tendrá derecho a consultar a un abogado de su elección y a ser defendida desde el momento de la detención. Las consultas que se celebren con el jurista y el asesoramiento prestado al respecto serán confidenciales.
Siempre que esta cláusula no se aplique a un ciudadano de un Estado enemigo.
Explicación: Para el uso de esta cláusula, se entenderá por «abogado» toda persona que tenga el derecho legal de representar a cualquier persona en cualquier tribunal u oficina.
3. Toda persona detenida será llevada ante una autoridad judicial en un plazo de veinticuatro horas después de dicha detención, excluyendo el tiempo necesario para el viaje desde el momento y el lugar de la detención hasta dicha autoridad, y el detenido no será detenido más allá de dicho período salvo por orden de dicha autoridad.
Siempre que esta cláusula no se aplique a una persona en detención preventiva ni a un ciudadano de un Estado enemigo.
2. El miembro de la familia o pariente cercano de la persona en prisión preventiva de conformidad con el párrafo 1) deberá ser informado inmediatamente de su estado, según lo previsto por la ley.
Siempre que esta cláusula no sea aplicable a un ciudadano de un Estado enemigo.
392. Las siguientes personas no tendrán derecho de voto:
a. los miembros de las órdenes religiosas;
b. las personas que cumplen penas de prisión;
c. las personas que hayan sido consideradas insólidas y estén declaradas así por un tribunal competente;
d. las personas que aún no hayan sido declaradas libres de insolventes;
e. personas descalificadas por la ley electoral.
1. Los ciudadanos con nacionalidad adquirida no podrán ser diputados ni miembros del Gobierno ni podrán acceder a una carrera diplomática o militar.
2. La ley definirá las condiciones en que los ciudadanos que hayan adquirido la nacionalidad mozambiqueña pueden desempeñar funciones públicas o obligaciones privadas de interés público.
3. La titularidad de la tierra o cualquier derecho sobre la tierra en la República de las Islas Marshall sólo puede ser poseída por un ciudadano de la República, una sociedad de propiedad total de ciudadanos de la República, el Gobierno de la República o un gobierno local, o una sociedad pública u otra autoridad estatutaria constituida con arreglo a la ley de la República.
d. A pesar de lo dispuesto en el artículo a), un no musulmán no puede ser ciudadano de Maldivas.
Toda persona elegida como Presidente tendrá las siguientes calificaciones:
b. ser musulmán y seguidor de una escuela sunita del Islam;
a. Toda persona estará calificada para ser miembro del Gabinete si:
3. es musulmán y seguidor de una escuela sunita del Islam;
b. Además de las condiciones especificadas en el apartado a) del artículo, el magistrado deberá reunir las siguientes condiciones፦
1. ser musulmán y seguidor de una escuela sunita del Islam;
6. Las personas privadas de derechos por un tribunal por un delito penal o capacidad mental limitada no tendrán derecho a votar ni a ser votadas. Los ciudadanos de otro Estado miembro de la Unión Europea con residencia en Hungría no tendrán derecho a ser votados si han sido excluidos del ejercicio de este derecho en su país en virtud de un reglamento legal, una decisión judicial o una decisión de autoridad de su Estado de ciudadanía.
1. Los extranjeros, basados en la reciprocidad, y los expatriados que residen o se encuentran en Guinea-Bissau gozan de los mismos derechos y están sujetos a los mismos deberes que los nacionales, con excepción de los derechos políticos, el ejercicio de cargos públicos y otros derechos y deberes que las leyes asignan expresamente a los ciudadanos nacionales.
2. La posesión de cargos públicos sólo puede concederse a extranjeros si es de carácter técnico, salvo cuando así lo exigen los tratados o acuerdos internacionales.
1. No se creará ningún interés o derecho sobre la tierra en Gambia que confiera a una persona que no sea ciudadana de Gambia, un derecho de propiedad absoluta en ninguna tierra de Gambia.
2. Si, antes o después de la entrada en vigor de la presente Constitución, una persona que no sea ciudadano de Gambia tiene -
a. un título de propiedad libre en cualquier tierra de Gambia, que el título de propiedad libre se considerará un interés de arrendamiento por un período de noventa y nueve años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución; y
b. un título sobre la tierra bajo la tenencia consuetudinaria, se considerará que ese título sobre la tierra constituye un interés de arrendamiento por un período de cincuenta años a partir de la entrada en vigor de la presente Constitución.
3. Toda persona que no sea ciudadana de Gambia puede adquirir y poseer tierras únicamente sobre la base de la tenencia de arrendamiento, y cualquiera que sea su concesión, no excederá de 50 años.
4. Si, antes o después de la entrada en vigor de la presente Constitución, cualquier acuerdo, escritura, transmisión o documento de cualquier naturaleza confiere o pretenda conferir a una persona que no sea ciudadano de Gambia un interés en tierras superiores a 50 años de arrendamiento, se considerará que la disposición confiere a la persona un interés de arrendamiento de cincuenta años.
5. Una persona que no sea ciudadana de Gambia y que posea un bien arrendado no podrá disponer de los bienes en modo alguno, a menos que los bienes sean enajenados a una persona que:
a. un ciudadano de Gambia; o
b. no ciudadano de Gambia, con la aprobación del Gabinete.
6. Cuando una persona que no sea ciudadana de Gambia tiene un derecho de arrendamiento en tierras que se utilizarán para un proyecto o un propósito determinado,
a. no se conviertan para su uso con otro fin, y
b. volver al Estado si ya no se utiliza para el proyecto o propósito especificado.
7. El Estado puede, sobre la base de la reciprocidad, transmitir a un gobierno extranjero tierras que se utilizarán perpetuamente para sus actividades diplomáticas y esas tierras,
a. no serán transferidos ni transmitidos de otro modo a ninguna otra persona o autoridad, ni se utilizarán para ningún otro fin, salvo con el consentimiento expreso del Gobierno; y
b. podrá recurrir al Estado en caso de cesación de las relaciones diplomáticas.
8. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 7), cuando se ponga fin a un interés arrendado de una persona que no sea ciudadano de Gambia, los bienes arrendados podrán renovarse con la aprobación del Gabinete.
9. Una persona que no sea ciudadano de Gambia no podrá, directa o indirectamente, participar en la compra y venta de tierras.
10. A los efectos de esta sección—
a. una sociedad corporativa sólo se considerará ciudadano si la sociedad es propiedad total de uno o más ciudadanos de Gambia; y
b. los bienes en fideicomiso se considerarán en posesión de un ciudadano de Gambia únicamente si todos los intereses beneficiosos del fideicomiso lo tienen personas que sean ciudadanos de Gambia.
11. La Asamblea Nacional promulgará leyes para:
a. velar por que las inversiones en tierras con fines comerciales o institucionales beneficien a las comunidades locales ya sus economías;
b. reglamentar la realización de los negocios inmobiliarios, teniendo en cuenta la obligación del Estado en virtud del párrafo 3 del artículo 255 y la necesidad de preservar y proteger las tierras de pastoreo para los animales; y
c. prever sanciones contra toda persona que viole la prohibición enunciada en el párrafo 9).
Sólo el Estado, las comunidades públicas y las personas naturales de Côte d'Ivoire tienen derecho a poseer tierras rurales. Los derechos adquiridos están garantizados.
4. El párrafo 1 del presente artículo no se aplicará a ninguna ley en la medida en que dicha ley disponga...
b. con respecto a las personas que no son ciudadanos de Botswana;
a. Los empleos públicos son un servicio nacional confiado a sus titulares, y los empleados del Estado tendrán presente el interés público en el desempeño de sus funciones. No se confiarán a los extranjeros cargos públicos, salvo en los casos previstos por la ley.