Describe la relación entre el Estado y los medios de comunicación. Esto puede dar al Estado el control sobre todos los medios de comunicación, permitir al Estado operar algunos medios de comunicación, o prohibir al Estado dichas actividades.
I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados.
II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.
III. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios.
IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades.
El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley.
Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.
§5°. Los medios de comunicación social no pueden estar directa o indirectamente sujetos a monopolio u oligopolio.
El Poder Ejecutivo tiene facultad para otorgar y renovar concesiones, permisos y autorizaciones para los servicios de emisión de sonidos e imágenes con sonidos, observando el principio de las funciones complementarias de los sistemas privados, públicos y estatales.
§1°. El Congreso Nacional considerará tales actos dentro del plazo del art. 64, §2° y §4°, a partir de la fecha de recepción del mensaje.
§2°. La no renovación de concesiones o permisos requiere la aprobación de por lo menos dos quintos del voto nominal del Congreso Nacional.
§3°. Las subvenciones o renovaciones sólo tendrán efecto legal después de su examen por el Congreso Nacional, de conformidad con los párrafos anteriores.
§4°. La cancelación de una concesión o permiso antes de su fecha de vencimiento requiere una decisión judicial.
§5°. La duración de una concesión o permiso será de diez años para las estaciones de radio y de quince años para las estaciones de televisión.
No podrán monopolizar los medios de comunicación el Estado, los partidos políticos, las organizaciones públicas y políticas ni otras instituciones o personas.
4. Todos los medios de comunicación deberán:
a. tener libertad para determinar de forma independiente el contenido editorial de sus emisiones u otras comunicaciones,
b. ser imparciales, y
c. dar oportunidades equitativas para la presentación de perspectivas divergentes y opiniones enfrentadas.
Para alcanzar los objetivos mencionados en el principio segundo, el Gobierno de la República Islámica tiene la responsabilidad de poner en funcionamiento todos los medios a su alcance para conseguir los siguientes fines:
2. Elevar el nivel general de conocimientos en todos los campos, utilizando sabiamente la prensa, los medios de comunicación de masas, entre otros.
El sector estatal (o público) abarca todas las grandes industrias, las industrias básicas, el comercio exterior, los grandes yacimientos, la banca, el seguro, la energía, las presas, las grandes redes de distribución de agua, la radio y la televisión, el correo, el telégrafo y el teléfono, la aviación, la navegación marítima, la red de carreteras y el ferrocarril, y otros sectores similares. Todo ello corresponde al sector público y debe estar bajo control del Estado.
En la Radio y la Televisión de la República Islámica de Irán debe asegurarse la libertad de expresión y difusión de ideas de acuerdo con los preceptos del Islam y los intereses de la nación.
El Líder es el encargado del nombramiento y destitución del presidente de Radio y Televisión de la República Islámica de Irán, y será un consejo integrado por representantes del Presidente de la República, el presidente del Poder Judicial y la Asamblea Consultiva Islámica (dos personas cada uno) el que supervisará este organismo.
Las líneas y la manera de administrar el organismo y de supervisarlo se harán conforme a la ley.
No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información.
Los medios de comunicación social del Estado se hallan al servicio de la educación y la cultura. Los medios de comunicación privados están obligados a coadyuvar para la consecución de dichos fines.
1. Son recursos y servicios reservados al sector público:
2. El Estado puede delegar, conceder o asociarse a la iniciativa privada para el desarrollo de cualquiera de las actividades o servicios antes mencionados, en la forma y casos que la ley establece.
2. La radiofonía y la televisión quedan bajo el control directo del Estado. El control y la imposición de sanciones administrativas corresponden exclusivamente al Consejo Nacional de Radio y Televisión, que es una autoridad independiente regulada por ley. El control directo del Estado, que puede también asumir la forma de permiso, tendrán como objeto la difusión objetiva y en términos igualitarios de informaciones y de noticias, así como de obras de literatura o de arte, debiendo en todo caso garantizarse la calidad de las emisiones, en consideración de su misión social y del desarrollo cultural del país, así como el respeto del valor del ser humano y la protección de la infancia y la juventud.
La ley regulará las emisiones de las sesiones del Parlamento y sus comisiones, así como los mensajes de los partidos políticos durante la campaña electoral por radio y televisión.
1. La propiedad y administración de los medios de comunicación de masas se limitará a ciudadanos de las Filipinas, o a sociedades, cooperativas o asociaciones propiedad total de esos ciudadanos y administrados por ellos.
El Congreso regulará o bien prohibirá los monopolios en los medios de comunicación de masas de carácter comercial cuando así lo exija el interés público. No se permitirán colusiones restrictivas de la competencia, ni la competencia desleal entre aquéllos.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
La Organización Nacional de Prensa es una organización independiente que administra y desarrolla las instituciones de prensa estatales y sus bienes. Asegura su modernización, independencia y neutralidad, así como la observancia de buenos estándares profesionales, administrativos y económicos.
La Organización Nacional de Medios es una organización independiente que maneja y desarrolla las emisiones de audio y de medios digitales de propiedad del Estado así como sus activos. Asegura su desarrolla, independencia, neutralidad, y la observancia de buenos estándares profesionales, administrativos y económicos.
Se reconoce a las personas la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad.
Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad.
El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social.
Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.
No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.
Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.
4. Los medios de información social, públicos y privados, tienen la obligación de asegurar la información correcta de la opinión pública.
4. El Estado asegurará la libertad e independencia de los Medios de los poderes políticos y económicos, imponiendo el principio de especialización en empresas que sean dueñas de Medios de información general, apoyándoles de forma no discriminatoria y previniendo su concentración, especialmente por medio de múltiples intereses trabados.
5. El Estado asegurará la existencia y funcionamiento del servicio de radio y televisión pública.
7. La radio y las compañías de televisión operan mediante licencias concedidas tras convocatoria y oferta pública, en los términos que establezca la ley.
1. Un órgano administrativo independiente asegurara en los Medios lo siguiente:
b. La no concentración de la propiedad de los Medios
El empleo de los medios de comunicación es de interés público; en consecuencia, no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento.
No se admitirá la prensa carente de dirección responsable.
Se prohíbe toda práctica discriminatoria en la provisión de insumos para la prensa, así como interferir las frecuencias radioeléctricas y obstruir, de la manera que fuese, la libre circulación, la distribución y la venta de periódicos, libros, revistas o demás publicaciones con dirección o autoría responsable.
Se garantiza el pluralismo informativo.
La ley regulará la publicidad a los efectos de la mejor protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer.
Los medios de comunicación, dentro de su función social, deberán contribuir al desarrollo de la nación.
Los nicaragüenses tienen derecho de acceso a los medios de comunicación social y al ejercicio de aclaración cuando sean afectados en sus derechos y garantías.
El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo. La ley regulará esta materia.
La importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas, estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales. Las leyes tributarias regularán la materia.
Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento.
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.
Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto:
1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.
3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.
La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.
La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios.
El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana.
El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana.
El Estado puede crear medios de comunicación social. De conformidad con los principios de participación y pluralismo, una ley regulará su organización y control por parte del Consejo General.
2. El Estado garantizará la expresión plural, imponiendo diferentes propietarios y diversidad editorial en los medios de comunicación.
3. El Estado garantizará la existencia y el funcionamiento independiente y cualitativamente competitivo de un servicio público de radio y televisión.
1. Durante las elecciones generales y locales y los referendos, los candidatos tendrán derecho a emitir tiempo en las emisoras de radio y televisión estatales de conformidad con el alcance de las elecciones o referéndum, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley.
2. Se garantizará la libertad de prensa, radio, televisión y otros medios de información. El Estado garantizará las actividades de una televisión y radio públicas independientes que ofrezcan una diversidad de programas informativos, educativos, culturales y de entretenimiento.
2. La Comisión de Televisión y Radio asignará las frecuencias aéreas por procedimiento público y competitivo.
La libertad de prensa, ya sea escrita, audiovisual o en redes de medios de comunicación, estará garantizada por igual a todos los medios de comunicación públicos y privados. No se limitará a ninguna forma de censura previa.
La libertad de prensa incluirá, en particular, lo siguiente:
libertad de expresión y creatividad de periodistas y colaboradores de los medios
el derecho del periodista a acceder a fuentes de información en el marco del respeto de las leyes vigentes
el derecho a la protección del periodista y su confidencialidad profesional
el derecho a publicar e investigar una vez obtenida un permiso para hacerlo
el derecho a establecer canales de televisión y radio y sitios web y periódicos en las condiciones establecidas por la ley
el derecho a publicar noticias, ideas, fotos y opiniones dentro del marco jurídico, respetando al mismo tiempo el patrimonio de la comunidad y los valores religiosos, sociales y culturales
Esta libertad no se explotará para atentar contra la dignidad, la libertad y los derechos de los demás.
Queda prohibida la publicación de expresiones discriminatorias de incitación al odio.
Los delitos de prensa no serán condenados a penas privativas de libertad.
La libertad de expresión será inviolable. Todo afgano tendrá derecho a expresar sus pensamientos mediante el discurso, la escritura, las ilustraciones y otros medios, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución. Todo afgano tendrá derecho, de conformidad con las disposiciones de la ley, a imprimir y publicar temas sin someterlos previamente a las autoridades estatales. Las directivas relativas a la prensa, la radio y la televisión, así como a las publicaciones y otros medios de comunicación se regularán por ley.
4. Todos los medios de comunicación estatales deben...
a. ser libre de determinar independientemente el contenido editorial de sus emisiones u otras comunicaciones;
b. ser imparcial, y
c. ofrecen oportunidades equitativas para la presentación de opiniones divergentes y opiniones disidentes.
2. A ningún candidato en una elección se le denegará el acceso razonable y el uso de los medios de comunicación de propiedad estatal.
3. Todos los candidatos presidenciales tendrán el mismo tiempo y espacio en los medios de comunicación estatales para presentar sus programas a la población.
Los instrumentos jurídicos normativos se promulgarán en los medios de comunicación estatales o se harán públicos por otros medios previstos por la ley. Los actos jurídicos normativos que afecten a los derechos y libertades de una persona y de un ciudadano, si no se hacen públicos, serán inválidos desde el momento de su adopción.
Las personas y los partidos políticos tienen derecho a utilizar los medios de comunicación y medios de comunicación distintos de la prensa propiedad de las empresas públicas. Las condiciones y procedimientos para dicho uso estarán regulados por la ley.
La ley no impondrá restricciones que impidan al público recibir información o acceder a ideas y opiniones a través de esos medios, ni impedir que la opinión pública se forme libremente, por motivos distintos de la seguridad nacional, el orden público o la protección de la moral y la salud públicas.
La institución única de radio y televisión establecida por el Estado como organismo público de la sociedad pública y las agencias de noticias que reciban ayuda de entidades públicas serán autónomas y sus emisiones serán imparciales.
La Alta Autoridad del Audiovisual y de la Comunicación tiene por misión garantizar y garantizar la libertad y la protección de la prensa y de los demás medios de comunicación masiva.
Se ocupa del respeto de la ética en materia de información, comunicación y acceso equitativo de los partidos políticos y de las asociaciones a los medios oficiales de información y comunicación.
La Alta Autoridad de Audiovisual y de Comunicación es competente para autorizar la instalación de nuevos canales privados de televisión y radio.
El Estado mantendrá las frecuencias de transmisión y el derecho a acceder a una órbita satelital, que son tesoros nacionales, a fin de utilizarlas en beneficio del país y de la población.
El régimen de utilización de las frecuencias de transmisión contemplado en el apartado 1, independientemente de si se trata de radiodifusión, radiodifusión televisiva y telecomunicaciones o para cualquier otro fin, redundará en el mayor beneficio de la población, la seguridad del Estado, el interés público y la participación de las personas en la utilización de la frecuencia de transmisión, según lo dispuesto por la ley.
El Estado establecerá una organización estatal independiente en el desempeño de funciones de responsabilidad y supervisará a las empresas en relación con las frecuencias de transmisión previstas en el apartado 2. A este respecto, dicha organización velará por que existan medidas para impedir la explotación injusta de los consumidores o la imposición de cargas innecesarias a los consumidores, para evitar la interferencia de las frecuencias de transmisión, así como para impedir que se produzca un acto que obstruya la libertad de las personas para conocer o impedir que las personas conozcan datos o información verdaderos y precisos, e impedir que cualquier persona o grupo de personas utilice las frecuencias de transmisión sin tener en cuenta los derechos del público en general. Esto incluirá la prescripción de una proporción mínima que deberá realizar, por interés público, una persona que utilice las frecuencias de transmisión previstas por la ley.
2. La radio y la televisión contribuirán a la educación y al desarrollo cultural, a la libre formación de la opinión y al entretenimiento. Tendrán en cuenta las particularidades del país y las necesidades de los cantones. Presentarán los acontecimientos con exactitud y permitirán que se exprese adecuadamente una diversidad de opiniones.
3. Se garantiza la independencia de la radio y la televisión, así como su autonomía para decidir sobre la programación.
b. El Presidente de la Sri Lanka Broadcasting Corporation, el Presidente de la Sri Lanka Rupavahini Corporation y el Presidente de la Red Independiente de Televisión y el Director General de todas las demás empresas de radiodifusión o teledifusión propiedad del Estado o controladas por éste tendrán la obligación de todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las directrices que se les dicten en virtud del apartado a).
2. Toda persona tiene derecho a expresar sus opiniones en palabras, escritos, impresos, imágenes u otros medios, así como el derecho a buscar, recibir y difundir libremente ideas e información sin tener en cuenta las fronteras estatales.
La emisión de prensa no está sujeta a procedimientos de aprobación. La empresa en los campos de la radio y la televisión puede estar sujeta a la concesión de una aprobación del Estado. Las condiciones se establecerán por ley.
A condición de que ninguna persona que no sea el Gobierno o cualquier persona u organismo autorizado por el Presidente será propietaria, establecerá o explotará una estación de televisión o de radiodifusión inalámbrica para cualquier fin.
1. El Estado velará por que todos los medios de radiodifusión que posea o controle o que reciban una contribución del fondo público estén constituidos y gestionados de manera que puedan funcionar independientemente del Estado y de la influencia política o de otra índole de otros órganos, personas o partidos políticos.
2. A los efectos de la cláusula 1), los medios de radiodifusión mencionados en dicha cláusula ofrecerán, con sujeción a la presente Constitución y a cualquier otra ley, oportunidades y facilidades para la presentación de opiniones divergentes.
2. El Estado garantiza una prensa de servicio público independiente de los intereses de los grupos económicos y políticos.
El Consejo tiene como misión garantizar y garantizar la libertad y la independencia de los medios de comunicación audiovisual, de la prensa escrita y electrónica, dentro del respeto de la ley.
Como tal [à ce titre], se encarga de:
el respeto de la misión de servicio público conferida a los medios de comunicación del Estado;
el respeto de la ética [déontologie] en materia de información y comunicación:
el respeto del acceso equitativo y efectivo de los ciudadanos, las asociaciones y los partidos políticos a los medios públicos de información y comunicación;
el respeto de las normas vigentes en materia de comunicación y explotación;
el respeto de los estatutos de los profesionales de la comunicación;
el respeto de la pluralidad de opiniones en los medios de comunicación públicos y privados;
la promoción y el desarrollo de la tecnología de la información y de las comunicaciones;
la capacitación del personal, su profesionalización y el fortalecimiento de sus capacidades;
el control del contenido y las modalidades de programación de las emisiones de publicidad difundidas por las redes públicas, privadas, comunitarias y asociativas de radio y televisión;
la protección de la infancia y la adolescencia en la programación de las emisiones difundidas por las empresas públicas y privadas de comunicación audiovisual;
la promoción del deporte y la cultura nigeriana en la programación de las emisiones difundidas por las empresas públicas y privadas de comunicación audiovisual.
Las comunicaciones audiovisuales, escritas [y] electrónicas, así como la impresión y difusión, son libres, con sujeción al respeto del orden público, de la libertad y de la dignidad de los ciudadanos.
Los medios de comunicación del Estado son los servicios públicos a los que se garantiza el acceso, de manera equitativa y efectiva a todos en las condiciones establecidas por la ley.
Tienen la obligación de favorecer el debate democrático y promover los derechos humanos fundamentales, las lenguas y los productos deportivos y culturales nacionales, la unidad nacional, la tolerancia y la solidaridad, la paz y la seguridad, entre las diferentes comunidades, así como la lucha contra todas las formas de discriminación.
El estatuto de los medios de comunicación del Estado está establecido por una ley que garantiza la objetividad, la imparcialidad y el pluralismo de opiniones en el tratamiento y difusión de la información.
Los medios privados son medios de utilidad pública. Como tales, se someten a las mismas obligaciones que los medios de comunicación del Estado que se especifican en el párrafo 3 del presente artículo.
4. En los medios de comunicación del sector público, se garantizará la expresión y confrontación de ideas procedentes de todas las corrientes de opinión.
5. El Estado garantizará la imparcialidad de los medios de comunicación del sector público, así como la independencia de los periodistas respecto del Gobierno, la Administración y otros poderes políticos.
Garantiza, en particular, a la oposición los siguientes derechos:
la participación efectiva en el control de la labor gubernamental, en particular a través de las mociones de censura y la interpelación del Gobierno, [y] las preguntas orales dirigidas al Gobierno y a las comisiones parlamentarias de investigación;
La ley define las normas que garantizan el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y el pleno ejercicio de las libertades y de los derechos fundamentales vinculados a las campañas electorales y al funcionamiento del voto. Las autoridades encargadas de la organización de las elecciones se encargan de la aplicación de estas normas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución, la Alta Autoridad de Radiodifusión [Haute autorite de la communication audiovisuelle] vela por el respeto de este pluralismo.
La Alta Autoridad de Radiodifusión [Haute autorite de la communication audiovisuelle] está encargada de velar por el respeto de la expresión pluralista de las corrientes de opinión y de pensamiento y del derecho a la información, dentro del ámbito de la radiodifusión y esto, dentro del respeto de los valores fundamentales de la civilización y las leyes del Reino.
La igualdad de acceso de todos a los medios de comunicación del Estado estará garantizada por un órgano independiente, cuya reglamentación se establecerá en virtud de una ley orgánica.
Todos los ciudadanos tienen los siguientes derechos en virtud de esta Constitución, y el Estado se compromete a lograr la realización progresiva de estos derechos mediante medidas razonables dentro de sus posibilidades y recursos:
e. la igualdad de acceso a los medios de comunicación, los medios de comunicación del Estado, las instalaciones de transporte y los recursos naturales del país;
El Estado garantizará la libertad, pluralidad e independencia de la prensa y los medios de comunicación. Los ciudadanos tendrán derecho a la propiedad de la prensa y los medios de comunicación. Estarán regulados de manera que concuerden con los fundamentos de una sociedad democrática y de carácter libio. La prensa y los medios de comunicación no pueden ser prohibidos salvo por orden judicial y disueltos salvo por decisión judicial. No se permitirá la prisión preventiva en casos de periodismo.
d. El acceso a los medios de comunicación estatales no será denegado debido a cualquier desacuerdo o disgusto con las ideas expresadas. La denegación de dicho acceso podrá impugnarse ante un tribunal de jurisdicción competente.
2. No se reconocerán las licencias ni la censura del discurso y la prensa, ni la concesión de licencias de reunión y asociación.
3. El Estado establecerá un servicio de prensa, radio y televisión, independiente de los intereses económicos y políticos, que garantice la expresión y el enfrentamiento de las distintas ramas de la opinión pública.
6. Todo medio de difusión de información al público que publique una declaración sobre o en contra de una persona estará obligado a publicar una dúplica, en su caso, de la persona respecto de la cual se haya realizado la publicación.
Todos los medios de comunicación estatales ofrecerán oportunidades y facilidades justas para la presentación de opiniones divergentes y opiniones disidentes.
1. Se protegerá la libertad de opinión y de expresión de opiniones. Nadie será perseguido por su opinión o por expresar su opinión.
2. Toda persona tiene derecho a recibir y difundir información libremente.
3. Los medios de comunicación de masas serán libres. La censura será inadmisible. Ni el Estado ni los particulares tendrán derecho a monopolizar los medios de comunicación de masas ni los medios de difusión de información.
4. Toda persona tiene derecho a acceder a Internet ya utilizarla libremente.
5. La restricción de estos derechos sólo podrá permitirse de conformidad con la ley, en la medida en que sea necesaria en una sociedad democrática para garantizar la seguridad nacional, la seguridad pública o la integridad territorial, para la protección de los derechos de los demás, para impedir la divulgación de información reconocida como confidencial o para garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial.
6. La ley garantizará la independencia del organismo público de radiodifusión respecto de los organismos estatales y su libre influencia política y comercial sustancial.
7. La independencia institucional y financiera del órgano regulador nacional - establecido para proteger el pluralismo de los medios de comunicación y el ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación de masas, prevenir el monopolio de los medios de difusión de información y proteger los derechos de los consumidores y empresarios de la esfera de la radiodifusión y las comunicaciones electrónicas, estará garantizada por la ley.
4. Todos los medios de comunicación estatales...
a. ser libre de determinar independientemente el contenido editorial de sus emisiones u otras comunicaciones;
b. ser imparcial, y
c. ofrecen oportunidades equitativas para la presentación de opiniones divergentes y opiniones disidentes.
A tal efecto, se instituye el Consejo Nacional de Comunicación para velar por:
El respeto de la expresión de la democracia y de la libertad de prensa en todo el territorio;
El acceso de los ciudadanos a la libre comunicación;
El trato equitativo de todos los partidos y asociaciones políticos;
El respeto de las normas relativas a las condiciones de producción, programación y difusión de las comunicaciones relacionadas con las campañas electorales;
El control de los programas y la reglamentación actual de los materiales de comunicación, así como las normas que rigen su utilización;
El respeto de las normas que rigen los profesionales en el ámbito de la comunicación;
La armonización de los programas entre los canales de radio y televisión públicas;
Las políticas que rigen la producción de obras audiovisuales y cinematográficas;
La promoción y el desarrollo de técnicas de comunicación y la capacitación del personal sobre el terreno;
El respeto de las cuotas y los programas gaboneses difundidos por canales de radio y televisión públicos y privados;
El control del contenido y el funcionamiento de la publicidad difusa en los canales de radio y televisión públicos y privados;
El reconocimiento de los acuerdos contractuales concertados por empresas públicas y privadas;
La protección de los niños, niñas y adolescentes frente a determinadas programaciones por parte de empresas públicas y privadas de comunicaciones audiovisuales;
La defensa y la ilustración de la cultura gabonesa;
El respeto y la dignidad de los derechos humanos por parte de los órganos de información y comunicación.
5. Los medios de comunicación financiados por el Estado o bajo su control se gestionarán de manera que se garantice su capacidad para albergar la diversidad en la expresión de la opinión.
1. En la radiodifusión sonora y de visión habrá programas tanto para las Comunidades griega como turca.
2. El tiempo asignado a los programas de la Comunidad Turca en radiodifusión sonora no será inferior a setenta y cinco horas en una semana de siete días, distribuidos a todos los días de dicha semana en períodos normales diarios de transmisión:
Siempre y cuando el período total de transmisiones deba reducirse de manera que el tiempo asignado a los programas de la Comunidad griega sea inferior a setenta y cinco horas en una semana de siete días, el tiempo asignado a los programas de la Comunidad Turca en cualquiera de esas semanas debería reducirse en el mismo número de horas, ya que el tiempo asignado a los programas de la Comunidad griega se reduzca por debajo de dichas horas;
Siempre que, si el tiempo asignado a los programas de la Comunidad griega se incremente por encima de ciento cuarenta horas en una semana de siete días, el tiempo asignado a los programas para la Comunidad turca se incrementará en una proporción de tres horas para la Comunidad turca y cada siete horas para el Comunidad griega.
3. En la radiodifusión por visión se asignarán tres días de transmisión a los programas de la Comunidad turca por cada diez días de transmisión consecutivos y el tiempo total asignado a los programas para la Comunidad turca en dichos diez días de transmisión será de tres horas a siete horas asignados a programas para la Comunidad griega en estos diez días de transmisión.
4. Todas las emisiones oficiales en sonido y visión se realizarán tanto en griego como en turco y no se tendrán en cuenta a efectos del cálculo del tiempo previsto en el presente artículo.
Los medios audiovisuales y escritos del Estado son servicios públicos cuyo acceso está garantizado de manera equitativa a todos los movimientos políticos y sociales. La condición jurídica de los medios de comunicación del Estado está establecida por la ley que garantiza la objetividad, la imparcialidad y el pluralismo de opinión en el tratamiento y difusión de la información.
El ejercicio de esta libertad y la igualdad de acceso de todos a los medios de comunicación del Estado están garantizados por un órgano independiente, dotado de facultades de regulación y decisión [,] cuyo estatuto está establecido por la ley.
7. La creación o fundación de emisoras de radio o televisión se realizará mediante una licencia otorgada por concurso público conforme a lo dispuesto por la ley.
Los ciudadanos jemeres gozarán de libertad de expresión de sus ideas, libertad de información, libertad de publicación y libertad de reunión. Nadie ejercerá estos derechos para atentar contra el honor de los demás, ni para afectar las buenas costumbres de la sociedad, el orden público y la seguridad nacional.
El régimen de los medios de comunicación estará determinado por la ley.
Nadie será obligado a expresar sus creencias ni a negarlas. No se permitirá la monopolización de los medios de comunicación por el Estado, las asociaciones públicas o los ciudadanos individuales ni la censura.
La Constitución asegura a todas las personas:
La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social.
El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.