El poder del gobierno central para revisar la legislación aprobada por los gobiernos de las unidades subnacionales. Esa revisión puede llevarse a cabo por un tribunal de jurisdicción nacional u otro organismo del gobierno central.
1. La Corte Constitucional Federal decide:
2. en caso de controversias o dudas relativas a la compatibilidad formal y material de la normativa federal o de los Länder con la presente Ley Fundamental, o la compatibilidad del derecho de los Länder con otras normas del Derecho federal, a petición del Gobierno Federal, del Gobierno de un Land o de un cuarto de los miembros del Bundestag;
4b. sobre los recursos de amparo interpuestos por municipios y mancomunidades de municipios por violación a través de una ley, del derecho de autonomía municipal establecido en el Artículo 28, exceptuándose, sin embargo, aquellos casos de violación por leyes de los Länder en los que quepa recurso ante la Corte Constitucional del respectivo Land;
Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver:
1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, sólo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas.
El Supremo Tribunal Federal tiene la responsabilidad primordial de salvaguardar la Constitución, con el poder de:
I. tratar y decidir, como materias de jurisdicción original:
III. decidir sobre recurso extraordinario, casos resueltos en exclusiva o última instancia, cuando la decisión apelada:
El Tribunal Superior de Justicia tiene el poder de:
III. decidir sobre casos de apelación especial decididos en exclusiva o en última instancia por los Tribunales Regionales Federales o por Tribunales de los Estados, Distrito Federal y Territorios, cuando se dicte la apelación:
3. El Consejo establece anualmente el presupuesto del municipio y dispone las cuentas. Dicta los reglamentos municipales, salvo en caso de urgencia. Puede establecer impuestos municipales, con la aprobación del Gran Duque. El Gran Duque tiene el derecho de disolver el Consejo.
5. Los tribunales, cuando analicen un conflicto evidente entre la legislación de diferentes niveles de gobierno, preferirá una interpretación razonable de la legislación que evite la existencia del conflicto sobre aquellas interpretaciones alternativas que den lugar a la existencia de un conflicto.
6. La decisión de un tribunal en el sentido de que una norma legislativa de un nivel de gobierno prevale sobre una norma legislativa de otro nivel no invalida la otra norma, pero esa otra norma es ineficaz en la medida en que sea incompatible.
Las competencias de la Corte federal suprema son las siguientes:
Cuarto. Resolver los litigios que surgen entre el gobierno federal y los gobiernos de las regiones, provincias, ayuntamientos y administraciones locales.
3. Los órganos estatales desconcentrados tienen sobre los asuntos de su circunscripción una competencia general de decisión; los servicios centrales, además de las competencias especiales, dan las directrices generales, aseguran la coordinación y ejercen el control sobre los órganos desconcentrados, según lo previsto por la ley.
2. El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, a petición del Presidente de la Federación, el Consejo de Federación, la Duma Estatal, una quinta parte de los miembros del Consejo de la Federación o de los diputados de la Duma Estatal, el Gobierno de la Federación de Rusia, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y los órganos de poder legislativo y ejecutivo de las entidades de la Federación Rusa, decidirá los casos de conformidad con la Constitución de la Federación de Rusia sobre:
B. Las Constituciones de las Repúblicas, los estatutos, así como las leyes y otras actas normativas de los sujetos de la Federación Rusa emitidas para cuestiones que atañen a incumbencia de los organismos del poder estatal de la Federación Rusa y a la incumbencia conjunta de los organismos de poder estatal de la Federación Rusa y de los organismos de poder estatal de los sujetos de la Federación Rusa.
Sin el Consentimiento del Congreso, ningún estado podrá imponer Gravámenes o Derechos sobre Importaciones o Exportaciones, salvo cuando esto sea absolutamente necesario para el cumplimiento de sus respectivas Leyes de inspección. El Producto de cualesquiera Derechos y Gravámenes impuestos por un Estado sobre las Importaciones o Exportaciones se pondrá a disposición de la Tesorería de los Estados Unidos; además, todas esas Leyes estarán sujetas a la Revisión y Control del Congreso.
Corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular:
h. revocar total o parcialmente los acuerdos o disposiciones de las asambleas municipales del Poder Popular que contravengan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones dictadas por órganos competentes, o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del país;
Corresponde al Consejo de Estado:
i. suspender los acuerdos y disposiciones de las asambleas municipales del Poder Popular que no se ajusten a la Constitución o a las leyes, los decretos-leyes, los decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones dictadas por órganos competentes; o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del país, dando cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la primera sesión que celebre después de acordada dicha suspensión;
j. revocar o modificar los acuerdos y demás disposiciones de los gobernadores y consejos provinciales que contravengan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía, o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del país;
Corresponde al Consejo de Ministros:
p. proponer al Consejo de Estado la suspensión de los acuerdos de las asambleas municipales del Poder Popular que contravengan las leyes y demás disposiciones vigentes, o que afecten los intereses de otras comunidades o los generales del país;
q. suspender los acuerdos y demás disposiciones de los consejos provinciales y de los consejos de la administración municipal que no se ajusten a la Constitución, las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones de los órganos superiores, o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del país, dando cuenta al Consejo de Estado o a la Asamblea Municipal del Poder Popular, a los efectos que proceda según corresponda;
r. revocar total o parcialmente las disposiciones que emitan los gobernadores provinciales, cuando contravengan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones dictadas por órganos competentes, o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del país;
Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta.
2. Si, después de la reconsideración, un proyecto de ley despejase totalmente las reservas del Presidente, el Presidente debe prestar asentimiento y firmarlo; si no, el Presidente debe:
b. remitirlo al Tribunal Constitucional para que decida sobre la constitucionalidad.
1. Los miembros del órgano legislativo provincial pueden solicitar al Tribunal Constitucional una decisión declarando que toda o parte de una Ley provincial es inconstitucional.
2. Una solicitud:
a. debe ser apoyada por al menos el 20 por ciento de los miembros del órgano legislativo; y
b. debe ser hecha dentro de los 30 días de la fecha en que el Presidente preste asentimiento y firme la Ley.
3. El Tribunal Constitucional puede ordenar que toda o parte de una Ley que esté sujeta a una solicitud en las condiciones de la subsección (1) no obliga hasta que el Tribunal haya decidido la petición si:
a. los intereses de la justicia requieren esto; y
b. la petición tiene una perspectiva razonable de éxito.
4. Si una petición es desestimada, y no tenía una perspectiva razonable de éxito, el Tribunal Constitucional puede ordenar que los peticionarios paguen los costos.
1. Si un órgano legislativo provincial ha aprobado o enmendado una constitución, el presidente del órgano legislativo debe presentar el texto de la constitución o de la enmienda constitucional al Tribunal Constitucional para certificación.
2. Ningún texto de una constitución provincial o enmienda constitucional deviene Ley hasta que el Tribunal Constitucional haya certificado:
a. que el texto ha sido aprobado de acuerdo con la sección 142; y
b. que el texto completo se ajusta a la sección 143.
Compete a la Asamblea de la República:
b. Aprobar los Estatutos político-administrativos y las leyes relativas a la elección de los Diputados de las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas;
1. Los proyectos de estatutos político-administrativos y las leyes que relativas a la elección de diputados a las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas serán preparados por éstas y presentados para su discusión y aprobación a la Asamblea de la República.
2. Si la Asamblea de la República rechazara el proyecto de enmiendas al mismo, remitirlo a la Asamblea Legislativa para su consideración y dictamen.
3. Elaborado el dictámen, la Asamblea de la República procederá al debate y la deliberación final.
4. El régimen previsto en los apartados anteriores será aplicable a los cambios de estatutos político-administrativos y de las leyes relativas la elección de diputados a las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas.
1. La legalidad de las acciones del Gobierno autónomo local estará sujeta a revisión.
2. Los órganos que pueden llevar a cabo la supervisión sobre la actividad de los órganos del Gobierno autónomo local serán: el Primer Ministro y los Delegados del Gobierno, y en lo que afecta a materias financieras, la Cámara Regional de Cuentas.
3. A propuesta del Primer Ministro, la Cámara de los Diputados puede disolver un órgano ejecutivo del Gobierno autónomo local que haya violado de forma flagrante la Constitución o la ley.
La Corte Suprema Administrativa y los Tribunales administrativos ejercerán, dentro de los límites establecidos en la ley, el control sobre el funcionamiento de la Administración pública. Tal control también se extenderá al juicio de legalidad de las resoluciones de los órganos del Gobierno autónomo local y de los actos normativos de los órganos territoriales de la Administración del Estado.
1. La Corte Suprema tendrá jurisdicción original, con exclusión de cualquier otro tribunal, en cualquier conflicto entre la Federación y un estado, o entre estados si el conflicto se refiere a cualquier asunto (sea de derecho o de hecho) del que depende la existencia o el alcance de un derecho legal.
El Canciller de Justicia es un funcionario que, de forma independiente, comprueba la constitucionalidad y legalidad de las normas aprobadas por el poder legislativo, el poder ejecutivo y los gobiernos locales.
Si el Canciller de Justicia considera que una norma aprobada por el poder legislativo o ejecutivo o por un gobierno local es contraria a la Constitución o a la ley, hará una propuesta al órgano que aprobó dicha norma de adecuarla a la Constitución o a la ley en un plazo de veinte días.
Si, en el plazo de veinte días, la norma no se ha adecuado a la Constitución o a la ley, el Canciller de Justicia propondrá a el Tribunal Supremo que declare la invalidez de la misma.
Cuando el Gobierno estimara que una ley regional excede de las competencias de la Región, podrá plantear la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en el plazo de sesenta días a partir de su publicación.
Cuando una Región estimara que una ley o un acto con fuerza de ley del Estado o de otra Región menoscaba su ámbito de competencia, podrá plantear la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en el plazo de sesenta días a partir de la publicación de la ley o del acto con fuerza de ley.
1. La validez de las leyes y de los diversos actos del Estado, de la administración pública y de las autoridades locales dependerá de su conformidad con la Constitución.
1. El Tribunal Constitucional decide lo siguiente:
c. compatibilidad de los actos normativos de los órganos centrales y locales con la Constitución y los acuerdos internacionales;
El Primer Ministro tiene las siguientes funciones y facultades:
4. Suspender o anular las decisiones, directrices y circulares de los ministros del Gabinete y otros miembros del Gobierno, las decisiones y directivas de los consejos populares y los presidentes de los comités populares de provincias y ciudades bajo régimen central directo que contravengan la Constitución, la ley y otros documentos oficiales documentos de órganos superiores del Estado; suspender la ejecución de las resoluciones de los Consejos Populares de provincias y ciudades bajo régimen central directo que contravengan la Constitución, la ley y las órdenes formales escritas de los órganos superiores del Estado; al mismo tiempo proponer al Comité Permanente de la Montaje para anularlos.
1. Los gobiernos locales organizan y velan por la aplicación de la Constitución y las leyes en las zonas locales; se ocupan de las cuestiones locales previstas en la ley y están sujetas al examen y supervisión de los órganos superiores del Estado.
El Tribunal Constitucional de la República de Uzbekistán:
1. definir el cumplimiento de la Constitución de la República de Uzbekistán, las leyes de la República de Uzbekistán y las resoluciones de las cámaras del Oliy Majlis de la República de Uzbekistán, los decretos del Presidente de la República de Uzbekistán, las leyes del Gobierno y los órganos locales de la autoridad estatal, los tratados interestatales y otras obligaciones de la República de Uzbekistán;
2. ajustarse a la Constitución de la República de Karakalpakstán a la Constitución de la República de Uzbekistán, las leyes de la República de Karakalpakstán, a las leyes de la República de Uzbekistán;
1. Si una legislación subordinada dictada, confirmada o aprobada por un ministro o un departamento de Irlanda del Norte contiene una disposición relativa a un asunto exceptuado o reservado, el Secretario de Estado podrá revocar la legislación mediante orden.
2. Las órdenes dictadas en virtud del párrafo 1) deberán citar los motivos de revocación de la legislación y podrán adoptar disposiciones que tengan efecto retroactivo.
1. Si el Secretario de Estado considera que cualquier medida que se proponga adoptar un Ministro o un departamento de Irlanda del Norte sería incompatible con cualquier obligación internacional, con los intereses de la defensa o de la seguridad nacional o con la protección de la seguridad pública o el orden público, podrá ordenar que no se adoptarán las medidas propuestas.
2. Si el Secretario de Estado considera que cualquier medida que pueda ser adoptada por un Ministro o un departamento de Irlanda del Norte es necesaria para cumplir cualquier obligación internacional, salvaguardar los intereses de defensa o seguridad nacional o proteger la seguridad pública o el orden público, podrá ordenar por orden que se adopte la medida.
3. En los párrafos 1) y 2), la «acción» incluye la elaboración, confirmación o aprobación de leyes subordinadas y, en el párrafo 2), la presentación de un proyecto de ley en la Asamblea.
4. Si una legislación subordinada dictada, confirmada o aprobada por un Ministro o departamento de Irlanda del Norte contiene una disposición que el Secretario de Estado considera,
a. sean incompatibles con cualesquiera obligaciones internacionales, con los intereses de la defensa o la seguridad nacional o con la protección de la seguridad pública o el orden público; o
b. tendría un efecto negativo en el funcionamiento del mercado único de bienes y servicios en el Reino Unido, el Secretario de Estado podrá revocar la legislación mediante orden.
5. Una orden en virtud de esta sección deberá citar los motivos de la orden y podrá incluir disposiciones que tengan efecto retroactivo.
3. En esta sección «autoridad pública» significa...
d. cualquier otra persona designada a los efectos del presente artículo por orden dictada por el Secretario de Estado.
1. El Secretario de Estado podrá, mediante orden, adoptar las disposiciones que considere necesarias o convenientes como consecuencia de:
a. cualquier disposición de un Acta de la Asamblea que no esté, o pueda no estar, dentro de la competencia legislativa de la Asamblea; o
b. todo supuesto ejercicio por un Ministro o departamento de Irlanda del Norte de sus funciones que no sea, o no pueda ser, un ejercicio válido de esas funciones.
2. Una orden bajo esta sección puede...
a. prever disposiciones que tengan efecto retroactivo;
b. adoptar disposiciones consecuentes o complementarias, incluida la enmienda o derogación de cualquier legislación de Irlanda del Norte o cualquier instrumento adoptado en virtud de dicha legislación;
c. hacer provisiones transitorias o de ahorro.
1. En este Anexo, «cuestión de devolución» significa...
a. la cuestión de si alguna disposición de un Acta de la Asamblea es de la competencia legislativa de la Asamblea;
b. la cuestión de si un ejercicio pretendido o propuesto de una función por un ministro o un departamento de Irlanda del Norte no es, o sería, inválido en virtud del artículo 24;
c. la cuestión de si un ministro o un departamento de Irlanda del Norte no ha cumplido alguno de los derechos de la Convención, alguna obligación en virtud de la legislación de la UE o cualquier orden en virtud del artículo 27 en lo que respecta a dicha obligación; o
d. cualquier cuestión que surja en virtud de la presente Ley sobre asuntos exceptuados o reservados.
2. No se considerará que una cuestión de devolución se plantee en ningún procedimiento por el mero hecho de que una de las partes en el procedimiento parezca frívola o vexatiza ante el tribunal ante el que tenga lugar el procedimiento.
3. Esta parte del presente anexo se aplica a las cuestiones relativas a la devolución de competencias en procedimientos en Irlanda del Norte.
1. El Fiscal General o el Fiscal General de Irlanda del Norte pueden entablar o defenderse un procedimiento para determinar una cuestión de devolución.
2. El Primer Ministro y el Primer Ministro adjunto, actuando conjuntamente, podrán defender cualquier procedimiento de este tipo.
3. El presente párrafo se entenderá sin perjuicio de cualquier facultad de incoar o defender un procedimiento que pueda ejercerse aparte del presente párrafo por cualquier persona.
5. Los tribunales o tribunales ordenarán que se notifique al Fiscal General, al Fiscal General para Irlanda del Norte, al Primer Ministro y al Primer Ministro Adjunto (a menos que la persona a la que se enviará la notificación sea parte en el procedimientos).
6. Toda persona a la que se haya notificado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 o, cuando se notifique al Primer Ministro y al Primer Ministro Adjunto, los ministros que actúen conjuntamente podrán participar como parte en el procedimiento, en la medida en que se refieran a una cuestión de devolución de competencias.
7. Un tribunal, distinto del Tribunal Supremo o el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte, puede remitir al Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte cualquier cuestión de devolución que se plantee en cualquier procedimiento que se le presente.
8. El tribunal del que no haya recurso de apelación remitirá al Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte toda cuestión de devolución que se plantee en cualquier procedimiento ante él; y cualquier otro tribunal podrá hacer tal referencia.
9. El Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte puede remitir al Tribunal Supremo cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento ante él (salvo en relación con una remisión prevista en los párrafos 7 u 8).
10. La apelación contra una decisión sobre una cuestión de devolución presentada por el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte en relación con una remisión prevista en los párrafos 7 u 8 será competencia del Tribunal Supremo, pero únicamente con autorización del Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte o, en su defecto, con autorización del Tribunal Supremo.
11. Esta parte de esta lista se aplica a las cuestiones relativas a la devolución de competencias en procedimientos en Inglaterra y Gales.
1. El Fiscal General podrá entablar o defenderse un procedimiento para determinar una cuestión de devolución.
2. El Fiscal General de Irlanda del Norte o el Primer Ministro y el Viceprimer Ministro actuando conjuntamente podrán defender cualquier procedimiento de este tipo.
3. El presente párrafo se entenderá sin perjuicio de cualquier facultad de incoar o defender un procedimiento que pueda ejercerse aparte del presente párrafo por cualquier persona.
13. Los tribunales o tribunales ordenarán que se notifique al Fiscal General, al Fiscal General para Irlanda del Norte, al Primer Ministro y al Primer Ministro Adjunto (a menos que la persona a la que se enviará la notificación sea parte en el procedimientos).
14. Toda persona a la que se haya notificado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 13 o, cuando se notifique al Primer Ministro y al Primer Ministro Adjunto, los ministros que actúen conjuntamente podrán participar como parte en el procedimiento, en la medida en que se refieran a una cuestión de devolución de competencias.
15. Los tribunales de primera instancia pueden remitir al Tribunal Superior cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento (distinto del procedimiento penal) ante él.
1. Un tribunal puede remitir al Tribunal de Apelación cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento (distinto del procedimiento penal) ante él.
2. El apartado 1) no se aplicará a:
17. El tribunal del que no haya recurso de apelación remitirá al Tribunal de Apelación toda cuestión de devolución que se plantee en los procedimientos ante él; y cualquier otro tribunal podrá hacer tal referencia.
18. Un tribunal, distinto del Tribunal Supremo o el Tribunal de Apelación, puede remitir cualquier cuestión de devolución que se plantee en un proceso penal ante él a:
a. el Tribunal Superior (si el procedimiento es sumario); o
b. el Tribunal de Apelación (si se trata de un procedimiento de acusación).
19. El Tribunal de Apelación podrá remitir al Tribunal Supremo toda cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento ante él (salvo en relación con las referencias previstas en los párrafos 16, 17 ó 18).
20. La apelación contra una decisión sobre una cuestión de devolución presentada por el Tribunal Superior o el Tribunal de Apelación respecto de una remisión prevista en los párrafos 15, 16, 17 ó 18 recaerá ante el Tribunal Supremo, pero únicamente con autorización del Tribunal Superior o del Tribunal de Apelación o, en su defecto, con la autorización del Tribunal Supremo.
21. Esta parte del presente anexo se aplica a las cuestiones relativas a la devolución de competencias en procedimientos en Escocia.
22. 1. El Abogado General de Escocia podrá incoar o defenderse un procedimiento para la determinación de una cuestión de devolución.
2. El Fiscal General de Irlanda del Norte o el Primer Ministro y el Viceprimer Ministro actuando conjuntamente podrán defender cualquier procedimiento de este tipo.
3. El presente párrafo se entenderá sin perjuicio de cualquier facultad de incoar o defender un procedimiento que pueda ejercerse aparte del presente párrafo por cualquier persona.
23. Toda cuestión de devolución que surja en cualquier procedimiento ante un tribunal o tribunal se dará a conocer al Abogado General de Escocia, al Fiscal General de Irlanda del Norte, al Primer Ministro y al Primer Ministro Adjunto (a menos que la persona a la que se dé la insinuación sea parte en el procedimientos).
24. Toda persona a la que se dé una declaración de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 23 o, cuando se dé esa insinuación al Primer Ministro y al Viceprimer Ministro, los ministros que actúen conjuntamente podrán participar como parte en el procedimiento, en la medida en que se refieran a una cuestión de devolución.
25. Un tribunal, distinto del Tribunal Supremo o cualquier tribunal compuesto por tres o más jueces del Tribunal de Sesión, podrá remitir a la Cámara Interior del Tribunal de Sesión cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento (distinto de los procedimientos penales) ante el Tribunal de Sesión.
26. El tribunal del que no haya recurso de apelación remitirá a la Cámara Interior del Tribunal de Sesión toda cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento ante él; y cualquier otro tribunal podrá hacer tal referencia.
27. Un tribunal, distinto de cualquier tribunal compuesto por dos o más jueces del Tribunal Superior de Justicia, puede remitir cualquier cuestión de devolución que se plantee en un proceso penal ante el Tribunal Superior de Justicia.
28. Todo tribunal compuesto por tres o más jueces del Tribunal de Sesión podrá remitir al Tribunal Supremo cualquier cuestión de devolución que se plantee en los procedimientos que se le somitan (a excepción de una referencia prevista en los párrafos 25 ó 26).
29. Todo tribunal compuesto por dos o más jueces del Tribunal Superior de Justicia podrá remitir al Tribunal Supremo cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento ante él (salvo en el caso de una referencia prevista en el párrafo 27).
30. La apelación contra la decisión de una cuestión de devolución presentada por la Cámara Interior del Tribunal de Sesión en relación con una remisión prevista en los párrafos 25 ó 26 recaerá ante el Tribunal Supremo.
31. Una apelación contra la determinación de una cuestión de devolución por...
a. un tribunal compuesto por dos o más jueces del Tribunal Superior de Justicia (ya sea en el curso ordinario de un procedimiento o en virtud del párrafo 27); o
b. un tribunal integrado por tres o más magistrados del Tribunal de Sesión del que no hay recurso ante el Tribunal Supremo salvo en el presente párrafo,
recaerá ante el Tribunal Supremo, pero sólo con la autorización del tribunal de que se trate o, en su defecto, con la autorización del Tribunal Supremo.
[Derogado]
32. [Derogado]
33. El Fiscal General, el Fiscal General de Irlanda del Norte, el Primer Ministro y el Primer Ministro adjunto actuando conjuntamente o el Abogado General de Escocia podrán exigir que cualquier tribunal o tribunal remita al Tribunal Supremo cualquier cuestión de devolución que se haya planteado en procedimientos ante él en los que sea o son una fiesta.
34. El Fiscal General, el Fiscal General de Irlanda del Norte, el Primer Ministro y el Primer Ministro adjunto actuando conjuntamente o el Abogado General de Escocia pueden remitir al Tribunal Supremo cualquier cuestión de devolución que no sea objeto de procedimiento.
1. El presente párrafo se aplica cuando se haga referencia en el párrafo 34 en relación con una cuestión de devolución que se refiere al ejercicio propuesto de una función por un ministro o departamento de Irlanda del Norte.
2. La persona que haga la referencia notificará este hecho al Ministro o departamento de Irlanda del Norte.
3. Ningún ministro o departamento de Irlanda del Norte ejercerá la función de la manera propuesta durante el período que comienza con la recepción de la notificación prevista en el párrafo 2) y terminará con la referencia que se decida o se haya resuelto de otro modo.
4. El Fiscal General de Irlanda del Norte podrá iniciar actuaciones relativas a cualquier posible incumplimiento por un ministro o departamento de Irlanda del Norte de lo dispuesto en el párrafo 3).
5. El apartado 4 se entenderá sin perjuicio de cualquier facultad de incoar un procedimiento que pueda ejercer una persona aparte de ese apartado.
36. El Primer Ministro y el Primer Ministro adjunto, actuando conjuntamente, podrán determinar que un Ministro o un departamento de Irlanda del Norte especificado en la decisión podrán ejercer en su nombre, en relación con cualquier procedimiento previsto en la presente Lista, cualquier facultad que les confiera la presente Lista.
1. Un tribunal ante el que tenga lugar cualquier procedimiento podrá tener en cuenta cualquier gasto adicional del tipo mencionado en el apartado 3) al decidir cualquier cuestión relativa a las costas o gastos.
2. Al decidir una cuestión de este tipo, el tribunal podrá otorgar la totalidad o parte del gasto adicional en concepto de costas o gastos a la parte que haya incurrido en él (cualquiera que sea la decisión sobre la cuestión de la devolución).
3. El gasto adicional es cualquier gasto adicional que el tribunal considere que una de las partes en el procedimiento ha incurrido como resultado de la participación de una persona en cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 6, 14 ó 24.
38. Toda facultad de establecer disposiciones para regular el procedimiento ante cualquier tribunal o tribunal incluirá la facultad de establecer disposiciones a los efectos de la presente Lista, incluida, en particular, la provisión:
a. para prescribir la etapa del procedimiento en que debe plantearse o remitirse una cuestión de devolución;
b. para suspender o consuno de los procedimientos a los efectos de cualquier procedimiento previsto en la presente Lista; y
c. para determinar la forma y el plazo en que debe darse cualquier aviso o insinuación.
1. El párrafo 3) se aplica cuando se plantea una cuestión de devolución en un proceso contra una persona («el demandado») por un delito y la cuestión se remite al Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte con arreglo al párrafo 7.
2. Los apartados 3) y 4) serán aplicables cuando se plantee una cuestión de este tipo en tales procedimientos y—
3. El Tribunal de Apelación podrá, si lo considera oportuno, a petición del demandado, admitirlo en libertad bajo fianza hasta que se determine la remisión, el recurso o la solicitud.
4. El Tribunal de Apelación podrá, en cualquier momento cuando lo comparezca ante el Tribunal de Apelación,
asignarle un abogado y un abogado, o sólo un abogado, en la remisión, apelación o solicitud.
5. Si, en lo que respecta a la concesión de asistencia letrada gratuita a una persona en virtud del párrafo 4, existe una dudo-
la duda se resolverá en favor de la concesión de asistencia letrada gratuita.
6. Los honorarios de cualquier abogado, así como los gastos y honorarios de cualquier abogado, asignados a una persona en virtud del apartado 4) serán sufragados por el Lord Canciller, hasta una cantidad permitida por el Maestro (Oficina de Impuestos).
40. Cuando surja una cuestión de devolución como se menciona en el apartado 1) del párrafo 39 y—
a. la cuestión se remita al Tribunal Supremo con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 9 ó 33; o
b. la cuestión es resuelta por el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte con arreglo al párrafo 7 y—
los párrafos 3 a 6 del párrafo 39 se aplicarán como si las referencias al Tribunal de Apelación fueran referencias al Tribunal Supremo.
41. Toda obligación o facultad conferida por la presente Lista de remitir una cuestión de devolución a un tribunal se interpretará como una obligación o facultad de remitir la cuestión al tribunal para que adopte una decisión.
1. El Abogado General, el Lord Abogado o el Fiscal General pueden someter al Tribunal Supremo la cuestión de si un proyecto de ley o cualquier disposición de un proyecto de ley entraría dentro de la competencia legislativa del Parlamento para que éste decidiera.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), podrá hacer una referencia en relación con un proyecto de ley en cualquier momento durante:
a. el período de cuatro semanas que comienza con la aprobación del proyecto de ley, y
b. todo período de cuatro semanas que comience con la aprobación ulterior del proyecto de ley de conformidad con las órdenes permanentes dictadas en virtud del párrafo 5 del artículo 36.
3. No hará ninguna referencia en relación con un proyecto de ley si ha notificado al Presidente que no tiene intención de hacer una referencia en relación con el proyecto de ley, a menos que el proyecto de ley haya sido aprobado como se menciona en el apartado b) del párrafo 2) desde la notificación.
1. Si un proyecto de ley contiene provisiones—
a. que el Secretario de Estado tenga motivos razonables para creer que serían incompatibles con cualesquiera obligaciones internacionales o con los intereses de defensa o seguridad nacional, o
b. que modifican la ley aplicable a las cuestiones reservadas y que el Secretario de Estado tiene motivos razonables para creer que tendrían un efecto negativo en la aplicación de la ley en lo que se refiere a las cuestiones reservadas,
puede dictar una orden por la que se prohíba al Presidente presentar el proyecto de ley para su aprobación real.
2. La orden debe identificar el proyecto de ley y las disposiciones en cuestión y exponer las razones para dictar la orden.
3. La orden puede hacerse en cualquier momento durando...
a. el período de cuatro semanas que comienza con la aprobación del proyecto de ley,
b. todo período de cuatro semanas que comience con la aprobación ulterior del proyecto de ley de conformidad con las órdenes permanentes dictadas en virtud del párrafo 5 del artículo 36,
c. si se hace una referencia en relación con el proyecto de ley en virtud del artículo 33, el período de cuatro semanas que comenzará con la decisión del Tribunal Supremo o resuelva de otra manera la referencia.
4. El Secretario de Estado no dictará una orden en relación con un proyecto de ley si ha notificado al Presidente que no tiene intención de hacerlo, a menos que el proyecto de ley haya sido aprobado como se menciona en el apartado b) del párrafo 3) desde la notificación.
5. Una orden en vigor en virtud del presente artículo en un momento en que se conceda dicha aprobación dejará de surtir efecto.
1. Si el Secretario de Estado tiene motivos razonables para creer que cualquier medida que se proponga adoptar por un miembro del poder ejecutivo escocés sería incompatible con cualquier obligación internacional, podrá ordenar por orden que no se adopte la medida propuesta.
2. Si el Secretario de Estado tiene motivos razonables para creer que cualquier medida que pueda ser adoptada por un miembro del poder ejecutivo escocés es necesaria para dar efecto a esas obligaciones, podrá ordenar mediante orden que se adopte la medida.
3. En los párrafos 1) y 2), la «acción» incluye la elaboración, confirmación o aprobación de leyes subordinadas y, en el párrafo 2), la presentación de un proyecto de ley en el Parlamento.
4. Si alguna legislación subordinada dictada o que pudiera ser revocada por un miembro del poder ejecutivo escocés contiene disposiciones...
a. que el Secretario de Estado tenga motivos razonables para creer que son incompatibles con cualesquiera obligaciones internacionales o con los intereses de defensa o seguridad nacional, o
b. que modifican la ley en lo que se refiere a las cuestiones reservadas y que el Secretario de Estado tiene motivos razonables para creer que tienen un efecto adverso sobre el funcionamiento de la ley en lo que se refiere a las cuestiones reservadas,
el Secretario de Estado podrá revocar la legislación mediante orden.
5. Un pedido bajo esta sección debe indicar los motivos para realizar el pedido.
1. Esta sección se aplica cuando un tribunal o tribunal decida que—
a. una ley del Parlamento escocés o cualquier disposición de esa ley no son de la competencia legislativa del Parlamento, o
b. un miembro del poder ejecutivo escocés no está facultado para dictar, confirmar o aprobar una disposición de legislación subordinada que haya pretendido promulgar, confirmar o aprobar, o
c. cualquier otro supuesto ejercicio de una función por parte de un miembro del Gobierno escocés queda fuera de la competencia delegada.
2. El tribunal puede dictar una orden...
a. eliminar o limitar cualquier efecto retroactivo de la decisión, o
b. suspendiendo el efecto de la decisión durante cualquier período y en cualesquiera condiciones que permitan corregir el defecto.
3. Al decidir si dicta una orden en virtud de este artículo, el tribunal tendrá en cuenta (entre otras cosas) la medida en que las personas que no sean partes en el procedimiento se verían perjudicadas de otro modo.
4. Cuando un tribunal esté considerando la posibilidad de dictar una orden en virtud del presente artículo, ordenará que se dé a conocer ese hecho a:
a. el Señor Abogado, y
b. el funcionario jurídico competente, cuando la decisión mencionada en el párrafo 1) se refiera a una cuestión de devolución (en el sentido del anexo 6), o a una cuestión de compatibilidad,
a menos que la persona a la que se le dará la insinuación sea parte en el procedimiento.
5. Toda persona a la que se dé una insinuación en virtud del párrafo 4) podrá participar como parte en el procedimiento en la medida en que guarde relación con la dictación de la orden.
5A. Cuando la decisión mencionada en el párrafo 1) es una decisión del Tribunal Supremo sobre una cuestión de compatibilidad, la facultad de dictar una orden en virtud de este artículo es ejercida por el Tribunal Superior de Justicia en lugar del Tribunal Supremo.
6. Los párrafos 36 y 37 de la Lista 6 se aplicarán con las modificaciones necesarias a los efectos de las subsecciones 4) y 5) en la medida en que se aplican a los efectos de dicha Lista.
7. En esta sección—
«cuestión de compatibilidad» tiene el significado dado en el artículo 288ZA de la Ley de procedimiento penal (Escocia) de 1995,
«intimación» incluye la notificación,
«el oficial de la ley apropiado» significa...
1. En este Anexo, «cuestión de devolución» significa...
a. la cuestión de si una ley del Parlamento escocés o cualquier disposición de una ley del Parlamento escocés es de la competencia legislativa del Parlamento,
3. Esta parte del presente anexo se aplica a las cuestiones relativas a la devolución de competencias en procedimientos en Escocia.
1. El Abogado General o el Lord Abogado podrán entablar un procedimiento para la determinación de una cuestión de devolución.
2. El Abogado General podrá defender cualquier procedimiento de este tipo entablado por el Abogado General.
3. El presente párrafo se entenderá sin perjuicio de cualquier facultad de incoar o defender un procedimiento que pueda ejercerse aparte del presente párrafo por cualquier persona.
5. La insinuación de toda cuestión de devolución que surja en cualquier procedimiento ante un tribunal o tribunal se comunicará al Abogado General y al Señor Abogado (a menos que la persona a la que se dé la insinuación sea parte en el procedimiento).
7. Un tribunal, distinto del Tribunal Supremo o cualquier tribunal compuesto por tres o más jueces del Tribunal de Sesión, podrá remitir a la Cámara Interior del Tribunal de Sesión cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento (distinto de los procedimientos penales) ante el Tribunal de Sesión.
8. El tribunal del que no haya recurso de apelación remitirá a la Cámara Interior del Tribunal de Sesión toda cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento ante él; y cualquier otro tribunal podrá hacer tal referencia.
9. Un tribunal, distinto de cualquier tribunal compuesto por dos o más jueces del Tribunal Superior de Justicia, puede remitir cualquier cuestión de devolución que se plantee en un proceso penal ante el Tribunal Superior de Justicia.
10. Todo tribunal compuesto por tres o más jueces del Tribunal de Sesión podrá remitir al Tribunal Supremo toda cuestión de devolución que se plantee en los procedimientos que se le somitan (a excepción de la referencia prevista en los párrafos 7 u 8).
11. Todo tribunal compuesto por dos o más jueces del Tribunal Superior de Justicia podrá remitir al Tribunal Supremo toda cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento ante él (salvo en el caso de una referencia prevista en el párrafo 9).
12. La apelación contra la decisión de una cuestión de devolución presentada por la Cámara Interior del Tribunal de Sesión en relación con una remisión prevista en los párrafos 7 u 8 recaerá ante el Tribunal Supremo.
13. Una apelación contra la determinación de una cuestión de devolución por...
a. un tribunal compuesto por dos o más jueces del Tribunal Superior de Justicia (ya sea en el curso ordinario de un procedimiento o en una referencia prevista en el párrafo 9), o
b. un tribunal integrado por tres o más magistrados del Tribunal de Sesión del que no hay recurso ante el Tribunal Supremo salvo en el presente párrafo,
recaerá ante el Tribunal Supremo, pero sólo con la autorización del tribunal del que se interpone la apelación o, en su defecto, con la autorización del Tribunal Supremo.
13A. En los procedimientos penales, debe solicitarse al Tribunal Superior la autorización prevista en el párrafo 13:
a. en un plazo de 28 días a partir de la fecha de la decisión contra la que se imputa el recurso, o
b. dentro del plazo más largo que el Tribunal Superior considere equitativo teniendo en cuenta todas las circunstancias.
13B. En los procesos penales, se debe presentar una solicitud de autorización al Tribunal Supremo con arreglo al párrafo 13,
a. dentro de los 28 días siguientes a la fecha en que el Tribunal Superior denegó la autorización con arreglo a ese párrafo, o
b. dentro del plazo más largo que el Tribunal Supremo considere equitativo teniendo en cuenta todas las circunstancias.
14. Esta parte de esta lista se aplica a las cuestiones relativas a la devolución de competencias en procedimientos en Inglaterra y Gales.
16. Un tribunal o tribunal ordenará que se notifique al Fiscal General y al Lord Abogado toda cuestión de devolución que se plantee en cualquier procedimiento ante él (a menos que la persona a la que se dé la notificación sea parte en el procedimiento).
17. Toda persona a la que se haya notificado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 16 podrá participar como parte en el procedimiento, en la medida en que se refiera a una cuestión de devolución.
18. Los tribunales de primera instancia pueden remitir al Tribunal Superior cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento (distinto del procedimiento penal) ante él.
1. Un tribunal puede remitir al Tribunal de Apelación cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento (distinto del procedimiento penal) ante él.
2. El apartado 1) no se aplicará a:
20. El tribunal del que no haya recurso de apelación remitirá al Tribunal de Apelación toda cuestión de devolución que se plantee en los procedimientos ante él; y cualquier otro tribunal podrá hacer tal referencia.
21. Un tribunal, distinto del Tribunal Supremo o el Tribunal de Apelación, puede remitir cualquier cuestión de devolución que se plantee en un proceso penal ante él a:
a. el Tribunal Superior (si el procedimiento es sumario), o
b. el Tribunal de Apelación (si se trata de un procedimiento de acusación).
23. La apelación contra la decisión de una cuestión de devolución presentada por el Tribunal Superior o el Tribunal de Apelación respecto de una remisión prevista en los párrafos 18, 19, 20 ó 21 recaerá ante el Tribunal Supremo, pero únicamente con la autorización del Tribunal Superior o (según sea el caso) del Tribunal de Apelación o, en su defecto, con autorización de el Tribunal Supremo.
24. Esta parte del presente anexo se aplica a las cuestiones relativas a la devolución de competencias en procedimientos en Irlanda del Norte.
1. El Abogado General de Irlanda del Norte podrá entablar un procedimiento para la determinación de una cuestión de devolución.
2. El Lord Abogado puede defender cualquier procedimiento de este tipo.
3. El presente párrafo se entenderá sin perjuicio de cualquier facultad de incoar o defender un procedimiento que pueda ejercerse aparte del presente párrafo por cualquier persona.
26. Un órgano jurisdiccional ordenará que se notifique al Abogado General para Irlanda del Norte y al Lord Abogado General de Irlanda del Norte toda cuestión de devolución que se plantee en cualquier procedimiento ante él (a menos que la persona a la que se dirija la notificación sea parte en el procedimiento).
27. Toda persona a la que se haya notificado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 26 podrá participar como parte en el procedimiento, en la medida en que se refiera a una cuestión de devolución.
28. Un tribunal, distinto del Tribunal Supremo o el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte, puede remitir al Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte cualquier cuestión de devolución que se plantee en cualquier procedimiento que se le presente.
29. El tribunal del que no haya recurso de apelación remitirá al Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte toda cuestión de devolución que se plantee en cualquier procedimiento ante él; y cualquier otro tribunal podrá hacer tal referencia.
30. El Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte puede remitir al Tribunal Supremo toda cuestión de devolución que se plantee en procedimientos ante él (salvo en relación con una remisión prevista en los párrafos 28 ó 29).
31. La apelación contra una decisión sobre una cuestión de devolución presentada por el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte respecto de una remisión prevista en los párrafos 28 ó 29 será presentada ante el Tribunal Supremo, pero únicamente con autorización del Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte o, en su defecto, con autorización del Tribunal Supremo.
33. El Lord Abogado, el Abogado General, el Fiscal General o el Abogado General de Irlanda del Norte podrán exigir a cualquier tribunal que remita al Tribunal Supremo cualquier cuestión de devolución que se haya planteado en procedimientos ante él en los que sea parte.
34. El Lord Abogado, el Fiscal General, el Abogado General o el Abogado General de Irlanda del Norte podrán someter al Tribunal Supremo cualquier cuestión de devolución que no sea objeto de procedimiento.
38. Toda obligación o facultad conferida por la presente Lista de remitir una cuestión de devolución a un tribunal se interpretará como un deber o (según el caso) facultad de remitir la cuestión al tribunal para que adopte una decisión.
1. La Asamblea puede promulgar leyes, que se denominarán Medidas de la Asamblea Nacional de Gales o Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (denominadas en la presente Ley como «Medidas de Asamblea»).
2. Una propuesta de medida de Asamblea se promulga al ser aprobada por la Asamblea y aprobada por Su Majestad en Consejo.
1. El Procurador General o el Fiscal General pueden plantear la cuestión de si una medida de Asamblea propuesta, o cualquier disposición de una medida propuesta de Asamblea, entraría dentro de la competencia legislativa de la Asamblea a la Corte Suprema para su decisión.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), el Procurador General o el Fiscal General podrán hacer una referencia en relación con una medida de Asamblea propuesta en cualquier momento durante:
a. el período de cuatro semanas que comienza con la aprobación de la medida de Asamblea propuesta, y
b. cualquier período de cuatro semanas que comience con cualquier aprobación posterior de la medida de montaje propuesta de conformidad con lo dispuesto en las órdenes permanentes de conformidad con el artículo 98 7).
3. No se podrá hacer referencia alguna a una medida de montaje propuesta.
a. por el Asesor Jurídico General si el Asesor Jurídico General ha notificado al Secretario que el Asesor Jurídico General no debe hacer referencia alguna al respecto, o
b. por el Fiscal General si el Fiscal General ha notificado al Secretario que el Fiscal General no debe hacer referencia alguna al respecto.
4. Sin embargo, el párrafo 3) no se aplicará si la medida de ensamblaje propuesta ha sido aprobada como se menciona en el apartado b) del párrafo 2) desde la notificación.
1. Esta sección se aplica si una medida de Asamblea propuesta contiene disposiciones que el Secretario de Estado tiene motivos razonables para creer:
a. tendría un efecto adverso sobre cualquier asunto que no se especifique en la Parte 1 de la Lista 5 (o que esté comprendida en cualquiera de las excepciones especificadas en el párrafo A1 de la Parte 2 de esa Lista),
b. podría tener graves repercusiones negativas en los recursos hídricos de Inglaterra, el abastecimiento de agua en Inglaterra o la calidad del agua en Inglaterra,
c. tendría un efecto negativo en la aplicación de la ley tal como se aplica en Inglaterra, o
d. sería incompatible con cualquier obligación internacional o con los intereses de defensa o seguridad nacional.
2. El Secretario de Estado podrá dictar una orden por la que se prohíba al Secretario presentar la medida de Asamblea propuesta para su aprobación por Su Majestad en Consejo.
3. La orden debe identificar la medida de Asamblea propuesta y las disposiciones en cuestión y exponer las razones para dictar la orden.
4. La orden puede hacerse en cualquier momento durando...
a. el período de cuatro semanas que comenzará con la aprobación de la medida de Asamblea propuesta,
b. cualquier período de cuatro semanas que comience con cualquier aprobación posterior de la Medida de Asamblea propuesta de conformidad con lo dispuesto en las órdenes permanentes de conformidad con el párrafo 7 del artículo 98, o
c. si se hace referencia a la medida de la Asamblea propuesta en virtud del artículo 99, el período de cuatro semanas que comenzará con la remisión que decida o resuelva de otro modo el Tribunal Supremo.
5. El Secretario de Estado no debe dictar una orden en relación con una medida de Asamblea propuesta si el Secretario de Estado ha notificado al Secretario que no se ha de dictar ninguna orden en relación con la medida de Asamblea propuesta.
6. El párrafo 5) no se aplicará si la medida de ensamblaje propuesta ha sido aprobada como se menciona en el inciso b) del párrafo 4) desde la notificación.
7. Una orden en vigor en virtud de esta sección en un momento en que se concede dicha aprobación deja de surtir efecto.
8. Un instrumento legal que contenga una orden en virtud de este artículo está sujeto a anulación en virtud de una resolución de cualquiera de las dos cámaras del Parlamento.
3. El Secretario no podrá presentar una medida de Asamblea propuesta en su forma no enmendada para su aprobación por Su Majestad en el Consejo si...
a. el Tribunal Supremo ha decidido sobre una referencia hecha en relación con la medida de la Asamblea propuesta en virtud del artículo 99 de que la medida de Asamblea propuesta o cualquier disposición de la misma no entraría dentro de la competencia legislativa de la Asamblea, o
b. una referencia hecha en relación con la Medida de Asamblea propuesta en virtud del artículo 99 se ha retirado a raíz de una solicitud de retirada de la referencia con arreglo al artículo 100 2) b).
2. Las leyes propuestas de la Asamblea se conocen como proyectos de ley, y un proyecto de ley pasa a ser una ley de la Asamblea cuando ha sido aprobado por la Asamblea y ha recibido la aprobación real.
1. El Procurador General o el Fiscal General pueden plantear la cuestión de si un proyecto de ley, o cualquier disposición de un proyecto de ley, entraría dentro de la competencia legislativa de la Asamblea al Tribunal Supremo para su decisión.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), el Procurador General o el Fiscal General podrán hacer una referencia en relación con un proyecto de ley en cualquier momento,
a. el período de cuatro semanas que comienza con la aprobación del proyecto de ley, y
b. todo período de cuatro semanas que comience con la aprobación ulterior del proyecto de ley de conformidad con lo dispuesto en las órdenes permanentes de conformidad con el párrafo 7 del artículo 111.
3. No se puede hacer referencia alguna a un bill—
a. por el Asesor Jurídico General si el Asesor Jurídico General ha notificado al Secretario que el Asesor Jurídico General no debe hacer referencia alguna al respecto, o
b. por el Fiscal General si el Fiscal General ha notificado al Secretario que el Fiscal General no debe hacer referencia alguna al respecto.
4. Sin embargo, el párrafo 3) no se aplica si el proyecto de ley ha sido aprobado como se menciona en el apartado b) del párrafo 2) desde la notificación.
1. Esta sección se aplica si un proyecto de ley contiene disposiciones que el Secretario de Estado tiene motivos razonables para creer:
a. tendría un efecto adverso sobre cualquier asunto que no figure en ninguno de los epígrafes de la Parte 1 del Anexo 7 (o esté comprendida en cualquiera de las excepciones especificadas en esa Parte de esa Lista),
b. podría tener graves repercusiones negativas en los recursos hídricos de Inglaterra, el abastecimiento de agua en Inglaterra o la calidad del agua en Inglaterra,
c. tendría un efecto negativo en la aplicación de la ley tal como se aplica en Inglaterra, o
d. sería incompatible con cualquier obligación internacional o con los intereses de defensa o seguridad nacional.
2. El Secretario de Estado puede dictar una orden por la que se prohíba al secretario presentar el proyecto de ley para su aprobación real.
3. La orden debe identificar el proyecto de ley y las disposiciones en cuestión y exponer las razones para dictar la orden.
4. La orden puede hacerse en cualquier momento durando...
a. el período de cuatro semanas que comienza con la aprobación del proyecto de ley,
b. cualquier período de cuatro semanas que comience con la aprobación ulterior del proyecto de ley de conformidad con lo dispuesto en las órdenes permanentes de conformidad con el párrafo 7 del artículo 111, o
c. si se hace una referencia en relación con el proyecto de ley en virtud del artículo 112, el período de cuatro semanas a partir de la decisión de la remisión o de otra manera resuelta por el Tribunal Supremo.
5. El Secretario de Estado no debe dictar una orden en relación con un proyecto de ley si el Secretario de Estado ha notificado al Secretario que no se ha de dictar ninguna orden en relación con el proyecto de ley.
6. El párrafo 5) no se aplicará si el proyecto de ley ha sido aprobado como se menciona en el apartado b) del párrafo 4) desde la notificación.
7. Una orden en vigor en virtud de esta sección en un momento en que se concede dicha aprobación deja de surtir efecto.
8. Un instrumento legal que contenga una orden en virtud de este artículo está sujeto a anulación en virtud de una resolución de cualquiera de las dos cámaras del Parlamento.
3. El secretario no puede presentar un proyecto de ley en su forma no enmendada para la sanción real si...
a. el Tribunal Supremo ha decidido sobre una referencia hecha en relación con el proyecto de ley en virtud del artículo 112 de que el proyecto de ley o cualquier disposición del mismo no entrarían dentro de la competencia legislativa de la Asamblea, o
b. una referencia hecha en relación con el proyecto de ley en virtud del artículo 112 se ha retirado a raíz de una solicitud de retirada de la referencia prevista en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 113.
1. Su Majestad podrá, mediante una orden en el Consejo, adoptar las disposiciones que Su Majestad considere apropiadas como consecuencia de...
a. una medida de reunión o un acto de la Asamblea, o cualquier disposición de una medida de reunión o un acto de la Asamblea que no esté, o pueda no estar, dentro de la competencia legislativa de la Asamblea, o
b. todo supuesto ejercicio por parte de una persona de una función conferida o impuesta por una medida de reunión o Acta de la Asamblea que no sea, o no pueda ser, un ejercicio o ejercicio adecuado de esa función.
2. Una orden del Consejo en virtud de esta sección puede hacer tales modificaciones de—
a. cualquier promulgación (incluida la promulgación de la presente Ley o promulgada en virtud de ella) o instrumento prerrogativo, o
b. cualquier otro instrumento o documento,
como Su Majestad considera apropiado.
3. Una orden del Consejo en virtud de esta sección podrá incluir disposiciones que tengan efecto retroactivo.
4. No se recomendará a Su Majestad en el Consejo que dicte una orden en el Consejo en virtud de esta sección que contenga disposiciones en forma de enmiendas o derogaciones de leyes contenidas en una ley, a menos que se haya presentado antes un proyecto del instrumento estatutario que contiene la Orden en el Consejo y aprobado por una resolución de, cada Cámara del Parlamento.
5. Un acto estatutario que contenga una orden del Consejo en virtud de esta sección está sujeto a anulación en virtud de una resolución de cada Cámara del Parlamento (a menos que un proyecto de instrumento legal haya sido aprobado por una resolución de cada Cámara del Parlamento).
1. La presente sección se aplicará cuando el Secretario de Estado le parezca que el ejercicio de una función pertinente (o el incumplimiento de una función pertinente) en un caso particular podría tener consecuencias adversas graves en:
a. recursos hídricos en Inglaterra,
b. suministro de agua en Inglaterra, o
c. la calidad del agua en Inglaterra.
2. El Secretario de Estado podrá intervenir en virtud de este párrafo en ese caso, para que...
a. el Secretario de Estado podrá, en ese caso, ejercer la función, y
b. la persona o las personas a las que se confiere o se impone la función no podrán ejercer en ese caso la función.
3. «Función relevante» significa...
a. una función conferida o impuesta a una persona por una Medida de Asamblea o Acta de la Asamblea, o
b. función que no se confiere ni impone, sino que es ejercida por los Ministros galeses, el Primer Ministro o el Fiscal General.
4. La intervención del Secretario de Estado con arreglo al presente artículo en relación con una función se efectuará notificando a la persona o personas a las que se le confiere o imponga.
5. El aviso...
a. debe indicar el motivo de la intervención del Secretario de Estado,
b. podrá prever los efectos de cualesquiera medidas adoptadas anteriormente por la persona o personas a las que se confiere o se imponga la función, y
c. podrá prorrogar el plazo para la adopción de medidas por parte del Secretario de Estado o de cualquier otra persona (aun cuando el plazo para tomarlas hubiera expirado de otro modo antes de que se diera la notificación).
6. Cuando se haya efectuado una intervención en virtud de este artículo en un caso, el Secretario de Estado deberá, además de la notificación prevista en el párrafo 4), notificar a:
a. toda persona a la que se haya notificado previamente las medidas adoptadas o que se proponga adoptar en el caso,
aa. el Organismo de Recursos Naturales de Gales, si se trata del caso,
b. la Agencia de Medio Ambiente, si se trata del caso, y
c. cualquier empresa de agua o de alcantarillado de que se trate en el caso.
1. Esta sección se aplicará cuando un tribunal o tribunal decida:
a. que una medida de reunión o un acto de la Asamblea, o cualquier disposición de una medida de reunión o de un acto de la Asamblea, queda fuera de la competencia legislativa de la Asamblea,
b. que toda disposición de la legislación subordinada dictada o que se pretenda adoptar en virtud de una Medida de Asamblea o Acta de la Asamblea queda fuera de las facultades en virtud de las cuales se había formulado o se pretendía adoptar, o
c. que toda disposición de la legislación subordinada elaborada o que pretenda ser formulada por los Ministros galeses, el Primer Ministro o el Fiscal General queda fuera de las facultades en virtud de las cuales se dictó o se pretendía adoptar.
2. El tribunal puede dictar una orden...
a. eliminar o limitar cualquier efecto retroactivo de la decisión, o
b. suspendiendo el efecto de la decisión durante cualquier período y en cualesquiera condiciones que permitan corregir el defecto.
3. Al decidir si debe dictar una orden en virtud de este artículo, el tribunal debe tener en cuenta (entre otras cosas) la medida en que las personas que no sean partes en el procedimiento se verían perjudicadas de otro modo por la decisión.
4. Cuando un tribunal esté considerando la posibilidad de dictar una orden en virtud del presente artículo, deberá ordenar que se notifique (o se dé a conocer) ese hecho a las personas especificadas en el párrafo 5) (a menos que una de las partes en el procedimiento).
5. Las personas mencionadas en el párrafo 4 son:
a. en relación con las actuaciones en Inglaterra y Gales, el Fiscal General y el Procurador General,
b. en relación con el procedimiento en Escocia, el Abogado General de Escocia, y
c. en relación con el procedimiento en Irlanda del Norte, el Abogado General de Irlanda del Norte.
6. Toda persona a la que se dé aviso (o intimación) de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4) podrá participar como parte en el procedimiento, en la medida en que guarden relación con la dictación de la orden.
7. Al decidir cualquier cuestión de costas o gastos, el tribunal puede...
a. tener en cuenta los gastos adicionales que considere que una de las partes en el procedimiento ha incurrido como resultado de la participación de una persona en virtud del párrafo 6), y
b. adjudicar la totalidad o parte del gasto adicional como costes o gastos a la parte que lo haya incurrido (independientemente de que haga o no un pedido en virtud de esta sección y cualesquiera que sean los términos de cualquier orden de este tipo que haga).
8. Toda facultad de establecer disposiciones para regular el procedimiento ante cualquier tribunal o tribunal incluye la facultad de tomar disposiciones a los efectos del presente artículo, incluida, en particular, la disposición para determinar la forma y el plazo en que debe darse cualquier notificación (o insinuación).
9. En el párrafo 1), «hecho» incluye confirmado o aprobado.
1. En este Anexo, «cuestión de devolución» significa...
3. La presente parte se aplica a las cuestiones relativas a la devolución de competencias en procedimientos en Inglaterra y Gales.
1. El Fiscal General o el Procurador General pueden iniciar procedimientos para determinar una cuestión de devolución.
2. El Procurador General puede defender cualquier procedimiento de este tipo iniciado por el Fiscal General.
3. Este párrafo no limita ninguna facultad de incoar o defender procedimientos que puedan ejercerse aparte del presente párrafo por cualquier persona.
1. Un tribunal o tribunal debe ordenar que se notifique al Fiscal General y al Procurador General (a menos que una de las partes en el proceso) se notifique toda cuestión de devolución que se plantee en cualquier procedimiento ante él.
2. Toda persona a la que se haya notificado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1) podrá participar como parte en el procedimiento, en la medida en que se refiera a una cuestión de devolución.
6. Los tribunales de primera instancia pueden remitir al Tribunal Superior cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento civil ante él.
1. Los tribunales pueden remitir al Tribunal de Apelación cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento civil ante él.
2. El apartado 1) no se aplica:
8. El tribunal del que no haya recurso de apelación debe remitir al Tribunal de Apelación cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento ante él; y cualquier otro tribunal podrá hacer tal referencia.
9. Un tribunal, distinto del Tribunal de Apelación o el Tribunal Supremo, puede remitir cualquier cuestión de devolución que se plantee en un proceso penal ante él a:
a. el Tribunal Superior si las actuaciones son sumarias, o
b. el Tribunal de Apelación si se trata de un procedimiento de acusación.
10. El Tribunal de Apelación podrá remitir al Tribunal Supremo toda cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento ante él (salvo en relación con las referencias previstas en los párrafos 7, 8 ó 9).
11. La apelación contra la decisión de una cuestión de devolución presentada por el Tribunal Superior o el Tribunal de Apelación en relación con una remisión prevista en los párrafos 6, 7, 8 ó 9 incumbe al Tribunal Supremo, pero sólo:
a. con la autorización del tribunal del que se encuentra la apelación, o
b. a falta de tal permiso, con la autorización del Tribunal Supremo.
12. La presente parte se aplica a las cuestiones relativas a la devolución de competencias en procedimientos en Escocia.
1. El Abogado General de Escocia podrá entablar un procedimiento para la determinación de una cuestión de devolución.
2. El Abogado General podrá defender cualquier procedimiento de este tipo entablado por el Abogado General de Escocia.
3. Este párrafo no limita ninguna facultad de incoar o defender procedimientos que puedan ejercerse aparte del presente párrafo por cualquier persona.
1. Los tribunales deben ordenar que se dé a conocer al Abogado General de Escocia y al Abogado General para Escocia y al Abogado General (a menos que sea parte en el procedimiento) la insinuación de cualquier cuestión de devolución que se plantee en cualquier procedimiento que tenga ante sí.
2. Toda persona a la que se haya notificado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1) podrá participar como parte en el procedimiento, en la medida en que se refiera a una cuestión de devolución.
15. Un tribunal, distinto de cualquier tribunal compuesto por tres o más jueces del Tribunal de Sesión o del Tribunal Supremo, podrá remitir a la Cámara Interior del Tribunal de Sesión cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento civil ante él.
16. Un tribunal ante el que no haya recurso de apelación debe remitir a la Cámara Interior del Tribunal de Sesión cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento ante él; y cualquier otro tribunal podrá hacer tal referencia.
17. Un tribunal, distinto de cualquier tribunal compuesto por dos o más jueces del Tribunal Superior de Justicia, puede remitir cualquier cuestión de devolución que se plantee en un proceso penal ante el Tribunal Superior de Justicia.
18. Todo tribunal compuesto por tres o más jueces del Tribunal de Sesión podrá remitir al Tribunal Supremo toda cuestión de devolución que se plantee en los procedimientos que se le somitan (a excepción de la referencia prevista en los párrafos 15 ó 16).
19. Todo tribunal compuesto por dos o más jueces del Tribunal Superior de Justicia podrá remitir al Tribunal Supremo toda cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento ante él (salvo en relación con una referencia prevista en el párrafo 17).
20. La apelación contra la decisión de una cuestión de devolución presentada por la Cámara Interior del Tribunal de Sesión en relación con una remisión en virtud de los párrafos 15 ó 16 incumbe al Tribunal Supremo.
21. Una apelación contra la determinación de una cuestión de devolución por...
a. un tribunal compuesto por dos o más jueces del Tribunal Superior de Justicia (ya sea en el curso ordinario de un procedimiento o en virtud del párrafo 17), o
b. un tribunal compuesto por tres o más jueces del Tribunal de Sesión del que no hay recurso ante el Tribunal Supremo salvo el presente párrafo,
es ante el Tribunal Supremo, pero sólo con la autorización del tribunal del que se encuentra la apelación o, en su defecto, con la autorización del Tribunal Supremo.
22. La presente parte se aplica a las cuestiones relativas a la devolución de competencias en los procedimientos en Irlanda del Norte.
1. El Abogado General de Irlanda del Norte podrá entablar un procedimiento para la determinación de una cuestión de devolución.
2. El Abogado General podrá defender cualquier procedimiento de este tipo entablado por el Abogado General de Irlanda del Norte.
3. Este párrafo no limita ninguna facultad de incoar o defender procedimientos que puedan ejercerse aparte del presente párrafo por cualquier persona.
1. Los tribunales deben ordenar que se notifique al Abogado General para Irlanda del Norte y al Abogado General de Irlanda del Norte (a menos que sea parte en el procedimiento) cualquier cuestión de devolución que se plantee en cualquier procedimiento que se le presente.
2. Toda persona a la que se haya notificado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1) podrá participar como parte en el procedimiento, en la medida en que se refiera a una cuestión de devolución.
25. Un tribunal, distinto del Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte o el Tribunal Supremo, puede remitir al Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte cualquier cuestión de devolución que se plantee en cualquier procedimiento que se le presente.
26. Un tribunal del que no haya recurso de apelación debe remitir al Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte cualquier cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento ante él; y cualquier otro tribunal podrá hacer tal referencia.
27. El Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte puede remitir al Tribunal Supremo toda cuestión de devolución que se plantee en un procedimiento ante él (salvo en relación con una remisión prevista en los párrafos 25 ó 26).
28. El recurso contra una decisión sobre una cuestión de devolución presentada por el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte en relación con una remisión a tenor de los párrafos 25 ó 26 incumbe al Tribunal Supremo, pero sólo:
a. con autorización del Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte, o
b. a falta de tal permiso, con la autorización del Tribunal Supremo.
1. El funcionario competente podrá exigir que cualquier tribunal o tribunal remita al Tribunal Supremo cualquier cuestión de devolución que se haya planteado en cualquier procedimiento ante él en el que sea parte esa persona.
2. En el párrafo 1), «el funcionario competente» significa:
1. El Fiscal General o el Procurador General pueden remitir al Tribunal Supremo cualquier cuestión de devolución que no sea objeto de procedimiento.
2. Cuando el Fiscal General hace referencia en el párrafo 1) a una cuestión de devolución relacionada con el ejercicio propuesto de una función por parte de los ministros galeses, el Primer Ministro o el Asesor Jurídico General-
El Tribunal Supremo Federal tiene las siguientes facultades:
2. Considerar la constitucionalidad de una ley federal si es impugnada por uno o varios Emiratos alegando que está en conflicto con la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos. El Tribunal también está facultado para examinar la constitucionalidad de una legislación promulgada por un Emirato si es impugnada por una autoridad federal por estar en conflicto con la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos o con las leyes federales.
Si el Tribunal, al examinar la constitucionalidad de una ley, legislación o reglamento, sostiene que una legislación federal es incompatible con la constitución federal, o que la legislación o reglamentación local objeto de examen contiene disposiciones que son incompatibles con la constitución federal o una la autoridad competente en los Emiratos Árabes Unidos o en el Emirato, según sea el caso, adoptará inmediatamente las medidas necesarias para eliminar o corregir la violación de la Constitución.
La autoridad de la Rada Suprema de Ucrania incluye:
37. la aprobación por ley de la Constitución de la República Autónoma de Crimea y sus enmiendas.
El Presidente de Ucrania:
16. revoca los actos del Consejo de Ministros de la República Autónoma de Crimea;
La República Autónoma de Crimea tiene la Constitución de la República Autónoma de Crimea aprobada por la Rada Suprema de la República Autónoma de Crimea y aprobada por la Rada Suprema de Ucrania por no menos de la mitad de la composición constitucional de la Rada Suprema de Ucrania.
La República Autónoma de Crimea ejerce una reglamentación normativa sobre las siguientes cuestiones:
1. agricultura y silvicultura;
2. la recuperación de tierras y la minería;
3. obras públicas, artesanías y oficios; caridad;
4. la construcción urbana y la gestión de viviendas;
5. turismo, hostelería, ferias;
6. museos, bibliotecas, teatros, otros establecimientos culturales, reservas históricas y culturales;
7. transporte público, carreteras, abastecimiento de agua;
8. la caza y la pesca;
9. sanitarios y hospitalarios.
Por razones de no conformidad de los actos jurídicos normativos de la Rada Suprema de la República Autónoma de Crimea con la Constitución de Ucrania y las leyes de Ucrania, el Presidente de Ucrania puede suspender estos actos jurídicos normativos de la Rada Suprema de la República Autónoma de Crimea con un apelar ante el Tribunal Constitucional de Ucrania en relación con su constitucionalidad.
Las decisiones de los órganos de gobierno autónomo local, por no conformidad con la Constitución o las leyes de Ucrania, se suspenden por el procedimiento establecido por la ley, con un recurso simultáneo ante un tribunal.
La autoridad del Tribunal Constitucional de Ucrania comprende:
1. decidir sobre cuestiones de conformidad con la Constitución de Ucrania (constitucionalidad) de lo siguiente:
Después de la promulgación, el reglamento del gobierno autónomo provincial se someterá al Yuan Judicial. Si el Yuan Judicial considera inconstitucional alguna parte del reglamento, declarará nulas y sin efecto las disposiciones pertinentes.
2. Podrá aprobar la legislación cantonal cuando así lo exija la ley federal.
1. La reglamentación y la administración de los asuntos del distrito se dejarán en manos del consejo de distrito.
2. El consejo de distrito someterá las ordenanzas de distrito que considere necesarias en interés del distrito a los límites de la Constitución y de las leyes y medidas administrativas del Gobierno. Se indicará por ley con respecto a qué temas tendrán los consejos de distrito facultades legislativas.
1. Si una ordenanza de distrito es contraria a la Constitución, al programa gubernamental o a las leyes vigentes, la Asamblea Nacional puede anularla.
2. El consejo de distrito estará facultado para iniciar el procedimiento para hacer efectiva la ordenanza de distrito y de promulgarla, de la manera que decida la ley, si la Asamblea Nacional lo ha notificado por escrito dentro de las seis semanas siguientes a la presentación de la ordenanza de distrito, que no se le presentaron denuncias.
2. El Tribunal Supremo ejercerá las siguientes competencias:
4. El número y los límites de los distritos de un Estado miembro federal serán determinados por una ley promulgada por el Parlamento del Estado miembro federal, que deberá ser aprobada por la Cámara del Pueblo del Parlamento Federal.
Las autoridades estatales supervisan la legalidad de la labor de las autoridades comunitarias locales.
El Tribunal Constitucional decide:
sobre la conformidad de los reglamentos de las comunidades locales con la Constitución y las leyes;
1. El Tribunal Constitucional decide sobre la compatibilidad de
d. normas jurídicas generalmente vinculantes emitidas por los órganos de la administración estatal local y ordenanzas generalmente vinculantes emitidas por los órganos de autoadministración local dictadas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 71 con la Constitución, las leyes constitucionales y los tratados internacionales a los que se haya dado el consentimiento de la Consejo de la República Eslovaca y que fueron ratificados y promulgados de la manera establecida por la ley, a menos que otro tribunal decida al respecto,
El Tribunal Constitucional decidirá sobre:
4. el cumplimiento del Estatuto y de las leyes generales de las provincias autónomas y las dependencias autónomas locales con la Constitución y la ley,
5. el cumplimiento de las leyes generales de las organizaciones con poderes públicos delegados, partidos políticos, sindicatos, asociaciones cívicas y convenios colectivos con la Constitución y la ley.
El Tribunal Constitucional:
2. decidir sobre el conflicto de jurisdicciones entre los órganos de la República y los órganos provinciales o los órganos de las dependencias autónomas locales,
El Gobierno puede iniciar ante el Tribunal Constitucional el procedimiento de evaluación de la constitucionalidad y legalidad de una decisión adoptada por la provincia autónoma, antes de su entrada en vigor. En ese sentido, antes de dictar su decisión, el Tribunal Constitucional puede aplazar la entrada en vigor de la decisión impugnada de la provincia autónoma.
1. El Tribunal Constitucional podrá considerar y declarar con fuerza generalmente vinculante:
c. La ilegalidad de cualquier norma en los actos regionales como consecuencia de la violación del Estatuto Político Administrativo de la Región Autónoma de Príncipe o de la legislación general de la República;
1. El Ministro encargado de los asuntos de Bougainville presentará la Constitución de Bougainville al Consejo Ejecutivo Nacional en la primera oportunidad posible.
2. El Consejo Ejecutivo Nacional examinará la Constitución de Bougainville dentro de los 14 días siguientes a su presentación en virtud del párrafo 1) y, cuando cumpla los requisitos de esta Parte y de cualquier ley orgánica autorizada por esta Parte, aconsejará al Jefe de Estado que apruebe la Constitución de Bougainville.
3. El Jefe de Estado, actuando con el asesoramiento de conformidad con el párrafo 2), hará suya la Constitución de Bougainville.
4. Una vez aprobada la Constitución de Bougainville en virtud del párrafo 3), el Consejo Ejecutivo Nacional hará que se publique sin demora en la Gaceta Nacional.
5. Tras su publicación en la Gaceta Nacional, la Constitución de Bougainville entrará en vigor de conformidad con la Constitución de Bougainville.
Sujeto a la aprobación del Olbiil Era Kelulau, las legislaturas estatales tendrán el poder de pedir dinero prestado para financiar programas públicos o para liquidar la deuda pública.
1. Todo ciudadano nepalés puede presentar una petición ante el Tribunal Supremo para que se declare nula cualquier ley o parte de ella por incompatibilidad con esta Constitución porque impone una restricción irrazonable al disfrute de los derechos fundamentales conferidos por esta Constitución o por cualquier otro motivo, o toda ley formulada por la Asamblea Provincial es incompatible con la ley formulada por el Parlamento Federal o cualquier ley formulada por la Asamblea Municipal o la Asamblea de Aldea es incompatible con la ley formulada por el Parlamento Federal o la Asamblea Provincial, y el poder extraordinario corresponderá al Supremo El tribunal declarará nula la ley ab initio o a partir de la fecha de su decisión si parece que la ley en cuestión es incompatible.
5. Todos los estatutos o reglamentos dictados por las autoridades locales en virtud de las facultades que les confiere la Ley del Parlamento se presentarán a la Asamblea Nacional y dejarán de ser de fuerza si la Asamblea Nacional aprueba una resolución al respecto.
46. Se establecerá un Tribunal Constitucional para interpretar las disposiciones de la Constitución, examinar si las leyes promulgadas por Pyidaungsu Hluttaw, la Región Hluttaws y el Estado Hluttaws y las funciones de las autoridades ejecutivas de Pyidaungsu, regiones, Estados y zonas autónomas se encuentran en conformidad con la Constitución, decidir sobre las controversias relativas a la Constitución entre Pyidaungsu y las regiones, entre Pyidaungsu y Estados, entre regiones, entre Estados, y entre regiones o Estados y zonas autoadministradas y entre las propias zonas autoadministradas, y desempeñar otras funciones prescrito en esta Constitución.
322. Las funciones y deberes del Tribunal Constitucional de la Unión son las siguientes:
b. determinar si las leyes promulgadas por el Pyidaungsu Hluttaw, la Región de Hluttaw, el Estado Hluttaw o el Órgano Rector de la División Autónoma y el Órgano Rector de Zonas Autónomo se ajustan o no a la Constitución;
El Consejo Comunal debate en sesión pública sobre los asuntos de la Comuna. Sus actuaciones son ejecutables quince días después de la notificación al Ministro de Estado, a menos que se inicie una oposición fundada en forma de decreto ministerial.
4. Si en algún momento la Constitución de un Estado no contiene las disposiciones establecidas en la Parte I del Octavo Anexo, con o sin las modificaciones permitidas en virtud de la cláusula (5) (en adelante denominadas «las disposiciones esenciales») o disposiciones sustancialmente al mismo efecto, o contiene disposiciones sustancialmente en el mismo sentido, o contiene disposiciones incompatibles con las disposiciones esenciales, el Parlamento puede, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Constitución, prever por ley la aplicación en ese Estado de las disposiciones esenciales o la eliminación de las disposiciones incoherentes.
1. El Tribunal Federal, con exclusión de cualquier otro tribunal, tendrá competencia para determinar, de conformidad con las normas de los tribunales que regulen el ejercicio de dicha jurisdicción,
a. toda cuestión de si una ley promulgada por el Parlamento o por la Legislatura de un Estado es inválida porque contiene disposiciones respecto de una cuestión respecto de la cual el Parlamento o, en su caso, la legislatura del Estado no está facultado para dictar leyes; y
Además de las cuestiones que le dirigen otros artículos de la Constitución, el Tribunal Constitucional Superior, en las condiciones establecidas por una ley orgánica:
3°. decide la conformidad con la Constitución y las leyes orgánicas, de las deliberaciones y de los actos normativos adoptados por las Colectividades Territoriales Descentralizadas;
El Presidium de la Asamblea Popular Suprema tiene los siguientes deberes y facultades para:
6. revocar las decisiones y directrices de los órganos estatales que son contrarias a la Constitución, las leyes, las ordenanzas y las decisiones de la Asamblea Popular Suprema, las órdenes del Presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, las decisiones y directrices de los Asuntos Estatales y los decretos, decisiones y directrices del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, y suspender la aplicación de decisiones injustificadas de las asambleas populares locales;
1. El Presidente de la República de Kazajstán:
3. previa consulta con las facciones de los partidos políticos representados en el Majlis del Parlamento, someterá al Maŷlis para su consentimiento la candidatura del Primer Ministro; nombrar a un Primer Ministro de la República con el consentimiento del Majlis del Parlamento; poner en libertad a un Primer Ministro de la República; propuesto por el Primer Ministro definir la estructura del Gobierno; nombrar a los miembros del Gobierno según lo propuesto por el Primer Ministro, seguido de consultas con el Majlis del Parlamento; nombrar de manera independiente a los ministros de relaciones exteriores y defensa y asuntos internos; destituir a los miembros de la — prestar juramento a los miembros del Gobierno; presidir las reuniones del Gobierno sobre asuntos cruciales si fuera necesario; anular o suspender total o parcialmente los actos de akims de las provincias, las ciudades de importancia nacional y la capital;
4. Las decisiones y resoluciones de los akims pueden ser anuladas, respectivamente, por el Presidente, el Gobierno de la República de Kazajstán o los akim superiores, así como por procedimiento judicial.
2. Los tribunales decidirán sobre:
c. el conflicto de decretos de gobierno local con cualquier otra reglamentación legal, y sobre su anulación;
4. Los gobiernos locales enviarán decretos de gobierno local a la capital o a la oficina del gobierno del condado inmediatamente después de su promulgación. Si la oficina del gobierno de la capital o del condado considera que el decreto del gobierno local o cualquiera de sus disposiciones está en conflicto con cualquier reglamento legal, puede solicitar a un tribunal que revise el decreto del gobierno local.
4. El Gobierno velará por la supervisión de la legalidad de los gobiernos locales a través de las oficinas de gobierno de la capital o de los condados.
La Asamblea Nacional Popular se encarga de disolver los órganos de las autoridades locales, previa consulta con el Gobierno, en caso de que considere que actos u omisiones son contrarios a la ley.
El presupuesto de la isla debe ser equilibrado y aprobado por el Estado.
El representante del Estado tiene la responsabilidad de los intereses nacionales en la isla y asegura el control de la legalidad de los actos de la Comuna y el respeto de las leyes y reglamentos.
El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo ejerce las siguientes funciones y atribuciones:
8. Anular los reglamentos o decisiones locales de los órganos del poder estatal de las provincias, las regiones autónomas y los municipios directamente dependiente del Gobierno Central que contravengan la Constitución, los estatutos o las normas y reglamentos administrativos;
El Consejo de Estado ejerce las siguientes funciones y facultades:
14. - Alterar o anular las decisiones y órdenes inapropiadas dictadas por órganos locales de la administración del Estado a diferentes niveles;
2. Los asuntos pueden ser remitidos al Consejo Constitucional por el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado, un tercio de los miembros de la Asamblea Nacional o un tercio de los senadores.
Los presidentes de los ejecutivos regionales podrán remitir asuntos al Consejo Constitucional siempre que estén en juego los intereses de sus regiones.
3. El Estado ejercerá competencias de control sobre las autoridades regionales y locales, en las condiciones establecidas por la ley.
Los órganos centrales del Estado y sus subdivisiones territoriales ejercerán el control de la legalidad de los actos de los órganos de gobierno local sólo cuando la ley lo autorice.
Para toda Bélgica existe un Tribunal Constitucional cuya composición, competencias y funcionamiento están establecidos por la ley.
La ley garantiza la aplicación de los siguientes principios:
2°. la atribución a los consejos provinciales y municipales de todo lo que sea de interés provincial y municipal, sin perjuicio de la aprobación de sus actos en los casos y en la forma que determine la ley;
Los consejos locales de diputados y órganos ejecutivos y administrativos resolverán, dentro de los límites de su competencia, las cuestiones de importancia local, basadas en los intereses nacionales y los intereses de las personas que residen en el territorio pertinente, y aplicarán las decisiones de los órganos superiores del Estado.
El Presidente de la República de Azerbaiyán:
8. anula las resoluciones y órdenes del Consejo de Ministros de la República de Azerbaiyán, el Gabinete de Ministros de la República Autónoma de Najicheván, las leyes de los órganos ejecutivos centrales y locales;
III. A petición del Presidente de la República de Azerbaiyán, el Milli Majlis de la República de Azerbaiyán, el Gabinete de Ministros de la República de Azerbaiyán, el Tribunal Supremo de la República de Azerbaiyán, la Fiscalía General de la República de Azerbaiyán o el Ali Majlis de Nakhichevan República Autónoma, el Tribunal Constitucional de la República de Azerbaiyán examinará las siguientes cuestiones:
5. la conformidad de las leyes de los municipios con la Constitución de la República de Azerbaiyán, los decretos del Presidente de la República de Azerbaiyán, las resoluciones del Consejo de Ministros de la República de Azerbaiyán (en la República Autónoma de Nakhicheván, también con la Constitución y las leyes de la República de Azerbaiyán la República Autónoma de Nakhichevan y con las resoluciones del Consejo de Ministros de la República Autónoma de Nakhichevan);
7. la conformidad de la Constitución y las leyes de la República Autónoma de Najicheván, las resoluciones del Ali Majlis de la República Autónoma de Najicheván, las resoluciones y órdenes del Consejo de Ministros de la República Autónoma de Nakhichevan con la Constitución de la República de Azerbaiyán, la conformidad de las leyes de la República Autónoma de Najicheván, las resoluciones del Consejo de Ministros de la República Autónoma de Nakhichevan con las leyes de la República de Azerbaiyán y la conformidad de las resoluciones del Consejo de Ministros de la República Autónoma de Nakhicheván con los decretos y las órdenes del Presidente y las resoluciones del Consejo de Ministros de la República de Azerbaiyán;
VI. La Constitución de la República Autónoma de Najicheván será presentada al Milli Majlis de la República de Azerbaiyán por el Presidente de la República de Azerbaiyán y está confirmada por una ley constitucional.
3. Un municipio con al menos 20.000 habitantes, si no se ponen en peligro los intereses del Estado federado, recibirá, a petición propia, su propia carta en virtud de la legislación sobre el suelo (carta municipal). Dicha promulgación sólo podrá publicarse con la aprobación del Gobierno Federal. Esto se considerará dado si el Gobierno Federal, dentro de las ocho semanas siguientes al día de la llegada de la promulgación al Ministerio Federal competente, no ha informado al Gobernador de que se ha denegado la aprobación. Una ciudad con su propia carta cumplirá además de sus funciones administrativas municipales también las de la administración del distrito.
6. El municipio informará sin demora a la autoridad supervisora de las ordenanzas dictadas en su ámbito de competencia. Tras una audiencia del municipio, la autoridad de control anulará las ordenanzas contrarias a la ley y comunicará simultáneamente al municipio los motivos.
1. El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la inconstitucionalidad
3. de las leyes de un país también a solicitud del Gobierno Federal o, si así lo dispone la Ley Constitucional de un Land, a solicitud de un tercio de los miembros de la Dieta.