Requiere que los legisladores revelen sus ingresos, o el valor de sus activos. Esta revelación se hace normalmente a un funcionario o comisión especificada, y no necesariamente se hará pública.
Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:
3. Prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.
Todas las personalidades del Estado, los asalariados públicos y para-públicos deben prestar una declaración de sus bienes patrimoniales antes de ejercer las funciones que les sean designadas.
Cuando asuman el cargo, los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes efectuarán una completa revelación de sus intereses financieros y comerciales. Notificarán asimismo a la Cámara interesada cualquier conflicto potencial de intereses que pueda surgir de la aprobación de la legislación propuesta de la que sean autores.
Los miembros deben hacer pública la información de su estado financiero al comienzo y al final de su mandato, así como al final de cada año.
6. Con el fin de que el votante efectúe una elección informada, todo candidato a un cargo electo presentará, junto con su candidatura, una declaración jurada en la que figuren:
a. Los ingresos y bienes del candidato, de su esposa y de los hijos dependientes.
Quienes asuman los cargos de la Presidencia de la República y del Gobierno, así como los ministros, los diputados de la Asamblea de Representantes del Pueblo o los miembros de las instituciones constitucionales independientes u otros altos cargos, deberán declarar sus bienes, conforme a lo que establece la ley.
Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:
3. Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente;
Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber tomado posesión de su cargo, y en igual término al cesar en el mismo.
El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Ordinarios y Especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Magistrados del Tribunal de Cuentas, el Fiscal General Electoral, el Defensor del Pueblo, los Directores Generales, Gerentes o Jefes de Entidades Autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los Servicios de Policía, empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal, deben presentar al inicio y al término de sus funciones una declaración jurada de su estado patrimonial, la cual deberán hacer mediante escritura pública, en un término de diez días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y diez días hábiles a partir de la separación.
El Notario realizará esta diligencia sin costo alguno.
Esta disposición tiene efectos inmediatos, sin perjuicio de su reglamentación por medio de la Ley.
1. Todo miembro del Senado o de la Cámara de Representantes declarará, antes de ocupar su escaño, sus bienes y deudas de la manera prescrita en esta Constitución y a continuación efectuará el juramento de fidelidad y el juramento de pertenencia tal y como se recoge en el Anexo Séptimo de esta Constitución ante el Presidente del Senado o, de ser el caso, ante el Presidente de la Cámara de Representantes, pero antes de hacer esos juramentos un miembro podrá participar en la elección de un Presidente o un Vicepresidente del Senado o, de ser el caso, de un Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Representantes,
2. El Presidente y el Vicepresidente del Senado o el Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Representantes declararán sus bienes y deudas de la manera prescrita en esta Constitución y a continuación efectuará el juramento de fidelidad y el juramento de pertenencia tal y como se recoge en el Anexo Séptimo de esta Constitución ante el Secretario de la Asamblea Nacional.
1. De conformidad con las normas de esta Constitución, todos los cargos públicos deberán en los tres meses siguientes a que este Código de Conducta entre en vigor, o inmediatamente después de asumir el cargo y luego
entregar a la Oficina del Código de Conducta una declaración por escrito de todas sus propiedades, activos y pasivos, y de aquellos de todos sus hijos de menos de dieciocho años.
Todo funcionario del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo. La ley regula esta materia.
Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus cargos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una declaración patrimonial adicional, de forma previa a la obtención de ascensos y a su retiro.
La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia no justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito.
Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública.
La obligación de los miembros del Parlamento de revelar información sobre sus intereses financieros será establecida por ley.
Toda persona nombrada para ocupar un cargo gubernamental superior, elegida o designada para el Parlamento, o elegida para un consejo local, revelará sus bienes antes de asumir el cargo y al final de su mandato.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 2), una persona podrá ser elegida miembro del Parlamento, si esa persona:
e. declara los activos y pasivos de esa persona, según lo prescrito.
El titular de un cargo público deberá, antes de asumir el cargo o abandonar el cargo, una declaración de sus activos y pasivos, según lo prescrito.
La declaración de activos de las personas que ingresen a la función pública y la frecuencia de dichas declaraciones se determinarán por ley. Los que presten servicios en los órganos legislativos y ejecutivos no estarán exentos de este requisito.
El Presidente de la República, el Primer Ministro, los miembros del Gobierno, el Presidente y los miembros de la Mesa de la Asamblea Nacional y del Senado y los directores de las administraciones centrales y de las empresas públicas deben hacer ante el Tribunal Supremo una declaración de sus bienes y créditos al estrenar y al final de su mandato o de la oficina.
Una ley determina las condiciones para la aplicación de esta disposición.
1. Todo diputado deberá presentar al Presidente dos copias de una declaración oficial relativa a sus bienes y a los bienes de su cónyuge. La declaración se hará en un formulario especial prescrito por una ley promulgada por el Parlamento y se presentará periódicamente según lo dispuesto en dicha ley.
2. El Presidente transmitirá al Comisionado de Ética una copia de cada declaración formal que se le presente de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.
3. El Parlamento podrá promulgar legislación con el fin de adoptar disposiciones destinadas a proteger la declaración de propiedad presentada por un diputado del Parlamento de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo y para garantizar que las personas no autorizadas o no interesadas no tengan la oportunidad de ver la declaración de propiedad o para conocer su contenido.
1. Todos los titulares de cargos constitucionales ejecutivos y legislativos, los magistrados y los altos funcionarios de la administración pública de todos los niveles de gobierno, al asumir sus cargos, harán una declaración confidencial de sus activos y pasivos, incluidos los de sus cónyuges e hijos, de conformidad con la ley.
1. Al asumir sus cargos, el presidente y los miembros del Consejo de Soberanía y del Gabinete, los gobernadores o ministros de provincias o estados y los miembros del Consejo Legislativo de Transición presentan una declaración de los bienes, incluidos sus bienes y obligaciones, así como los de sus cónyuges y niños, de conformidad con la ley.
Con sujeción a lo dispuesto en la presente Constitución, a los efectos del presente capítulo, el Parlamento,
a. podrá prever la divulgación de los ingresos personales y empresariales y los asuntos financieros de las personas a las que se aplique el presente capítulo, así como de sus familias y asociados, y en particular el interés en contratos con órganos gubernamentales y de dirección y cargos similares que ejerzan en su poder (incluidas las atribuciones designar directores, fideicomisarios o agentes u funcionarios similares);
119. 1. La Comisión de Integridad obtendrá periódicamente declaraciones por escrito de sus activos, pasivos e ingresos de los senadores y miembros de la Cámara (incluidos ministros y secretarios parlamentarios) y de los titulares de los demás cargos que el Parlamento prescriba.
2. Los miembros del Consejo Legislativo presentarán estados financieros para sí mismos, su cónyuge y sus hijos menores en los que se detallen sus riquezas, incluidos bienes inmuebles y bienes muebles dentro de Palestina y en el extranjero, así como deudas. Dichas declaraciones se conservarán en sobres confidenciales sellados en el Tribunal Superior de Justicia y no podrán ser accesibles a menos que el Tribunal lo permita y dentro de los límites que permita.
Toda persona, elegida o designada, que asuma un cargo público [cargo] deberá hacer, de conformidad con las modalidades establecidas por la ley, una declaración escrita de los bienes y créditos [actos] que tengan, directa o indirectamente, desde el comienzo [de sus] funciones, en el curso de su servicio [activo] ] y en el cese de la misma.
Cada miembro presentará anualmente al Secretario General del Majlis Popular una declaración de todos los bienes y fondos de su propiedad, intereses comerciales y pasivos. Dichas declaraciones incluirán los detalles de cualquier otro empleo y las obligaciones de dicho empleo.
1. Además del Presidente y los miembros del Gabinete, conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 88, los titulares de los cargos siguientes, es decir:
a. un miembro de la Asamblea Nacional;
b. un funcionario público de la categoría o cargo superior que se especifique en el párrafo 2);
c. un funcionario de la categoría o cargo superior que se especifique en el párrafo 2), de:
Antes del cumplimiento de las funciones o misiones y al ejercicio de un mandato, todas las personas notables mencionadas en el párrafo anterior presentan ante el Tribunal Constitucional Superior una declaración de su patrimonio.
Los miembros del Consejo de la Shura, el Presidente de la República, el Primer Ministro, los Ministros del Gabinete y los miembros de los consejos locales y los órganos constitucionales presentarán una declaración financiera personalmente, junto con sus cónyuges e hijos menores, dentro del primer mes siguiente a la recepción del juramento y asumir los deberes de sus cargos, según lo regulado por la ley. Las revelaciones se mantendrán en poder del Tribunal Constitucional.
Después de la ceremonia de investidura y al final de su mandato, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, el Presidente de la República remite solemnemente al Presidente del Tribunal Constitucional la declaración escrita sobre el honor de sus bienes. Los Ministros antes de que asuma sus funciones y al término de ellas presentan ante el Tribunal Constitucional la declaración sobre el honor de sus bienes.
1. Con sujeción a lo dispuesto en la presente Constitución, la Comisión será responsable de:
Yo. confirmando que un candidato a elecciones públicas ha hecho una declaración completa de sus bienes a la Comisión de Lucha contra la Corrupción.
1. Una persona está calificada para ser nominada y para presentarse a la elección de la Asamblea Nacional si él o ella—
d. haya presentado, por lo menos seis semanas antes de la fecha de presentación de candidaturas, una declaración de sus bienes ante la Comisión Anticorrupción en la forma que determine la Comisión.
1. Toda persona que ocupara un cargo mencionado en la subsección 2) presentará a la Comisión de Integridad una declaración escrita de todos los bienes, activos de propiedad o cualquier beneficio obtenido o pasivo adeudado por el titular de esa oficina, ya sea directa o indirectamente,
a. dentro de los seis meses siguientes a la puesta en marcha de la Comisión de Integridad o antes de asumir el cargo, según sea el caso;
b. al final de cada dos años; y
c. al final de su mandato.
2. Los artículos 240 y 241 1) se aplican a los titulares de las siguientes funciones:
c. miembro del Parlamento, incluidos los presidentes;
Toda persona encargada de las funciones de Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Primer Ministro, Presidente o Jefe de la Institución Nacional, miembro del Gobierno, miembro del Consejo Constitucional, parlamentario, magistrado o cualquier persona que desempeñe cargos públicos de alto rango administración o a cargo de la gestión de fondos públicos, debe declarar sus bienes de conformidad con la ley.
Todo ciudadano, elegido o designado para desempeñar un alto cargo público, está obligado a declarar su patrimonio al asumir sus funciones y al cesar las mismas, de conformidad con la ley.
La ley determina las funciones sujetas a la obligación indicada anteriormente, así como las modalidades de [la] declaración de patrimonio.
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la instalación del Parlamento, el diputado y el senador hacen, cada uno en relación con lo que le concierne, una declaración escrita de [su] patrimonio, depositada en la Oficina del Tribunal Constitucional, que la hace pública en un plazo de ocho (8) días hábiles.
Dentro de los treinta (30) días que preceden al cese de sus funciones, el diputado y el senador renuevan, cada uno en cuanto a lo que le concierne, la declaración de sus patrimonios en las condiciones especificadas en el párrafo anterior.
El Presidente de la República, el Primer Ministro, los miembros del Gobierno y las personas con rango como tales, el Presidente y los miembros de la Mesa de la Asamblea Nacional, el Presidente y los miembros de la Mesa del Senado, los parlamentarios, los senadores, todos los titulares de un cargo electivo efectivo, General de Ministerios y rango de personas como tal, Directores de la Administración Central, Gerentes Generales de Empresas Públicas y Semi Públicas, Oficiales Judiciales y Jurídicos, personal administrativo encargado de la base impositiva, recaudación y manejo de fondos públicos, todos los gestores de votos públicos y bienes, declararán sus bienes y bienes al principio y al final de su mandato.
Las demás categorías de personas a las que se aplicarán las disposiciones del presente artículo y sus condiciones de aplicación serán determinadas por la ley.
En el momento de su entrada al cargo y de su salida, los miembros de las mesas de la Asamblea Nacional y del Senado están obligados a hacer, bajo su honor, una declaración escrita en la que se proclaman sus bienes y patrimonio y se dirigen al Tribunal Supremo.
El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.
Descripción:
Fuente: Unión Interparlamentaria / Archivos, archive.ipu.org