Sudáfrica 1996

1. La Asamblea Nacional se compone de no menos de 350 y no más de 400 mujeres y hombre elegidos como miembros en los términos de un sistema electoral que:

1. a. sea prescrito por la legislación nacional;
2. b. esté basado sobre el censo nacional común de los votantes
3. c. prevea una edad mínima para votar de 18 años, y ,
4. d. resulte, en general, en la representación proporcional.

2. Una ley del Parlamento debe establecer una fórmula para determinar el número de miembros de la Asamblea Nacional.

1. Todo ciudadano que esté capacitado para votar para la Asamblea Nacional es elegible para ser miembro de la Asamblea, excepto:

1. a. cualquiera que sea nombrado por, o esté al servicio del estado y reciba remuneración por ese nombramiento o servicio, que no sea:
   1. i. el Presidente, Vicepresidente, Ministros y Viceministros; y
   2. ii. otros titulares de cargos cuyas funciones son compatibles con las funciones de un miembro de la Asamblea y han sido declaradas compatibles con esas funciones por la legislación nacional;
2. b. Delegados permanentes al Consejo Nacional de Provincias o miembros de una legislatura provincial o un Concejo Municipal;
3. c. insolventes no rehabilitados;
4. d. toda persona que sea declarada incapaz mental por un Tribunal de la República; o
5. e. toda persona que, tras entrar en vigor esta sección, sea condenada por una infracción penal y le sea impuesta una pena de 12 meses de prisión sin opción a una multa, ya en la República, o fuera de la República si la conducta constitutiva de la infracción penal hubiese sido una infracción penal en la República, pero ninguna persona puede ser considerada sentenciada hasta que la apelación contra la condena o pena haya sido decidida, o el tiempo para la apelación haya expirado. Una inhabilitación según este parágrafo termina cinco años después que la pena haya sido cumplida.

2. Una persona que no sea elegible para ser miembro de la Asamblea Nacional en los términos de la subsección (1) (a) o (b) puede ser candidata a la Asamblea, con sujeción a los límites o condiciones establecidas por la legislación nacional.

3. Una persona pierde la pertenencia a la Asamblea Nacional si esa persona:

1. a. deja de ser elegible; o
2. b. está ausente de la Asamblea sin permiso en circunstancias para las cuales las reglas y órdenes de la Asamblea prescriben la pérdida de membresía; o
3. c. deja de ser un miembro del partido que nominó a esa persona como miembro de la Asamblea.

4. Las vacantes de la Asamblea Nacional deben ser cubiertas en los términos de la legislación nacional.

1. La Asamblea Nacional es elegida por un periodo de cinco años.

2. Si la Asamblea Nacional fuese disuelta en los términos de la sección 50, o cuando su mandato expire, el Presidente, por proclamación, debe convocar y fijar las fechas de la elección, que debe ser llevada a término en 90 días desde la fecha en que la Asamblea fuese disuelta o su mandato haya expirado.

3. Si el resultado de una elección de la Asamblea Nacional no es declarado en el periodo establecido en los términos de la sección 190, o si una elección es dejada sin efecto por un tribunal de justicia, el Presidente, por proclamación, debe convocar y fijar las fechas para otra elección, que debe tener lugar dentro de los 90 días desde la expiración de ese periodo o desde la fecha en que la elección fue dejada sin efecto.

4. La Asamblea Nacional continúa con competencia para actuar desde la fecha que sea disuelta o su término expire, hasta el día antes del primer día de la votación para la siguiente Asamblea.

1. El Presidente debe disolver la Asamblea Nacional si:

1. a. la Asamblea ha adoptado una resolución para disolverse con el voto de una mayoría de sus miembros; y
2. b. han pasado tres años desde que la Asamblea fue elegida.

2. El Presidente en funciones debe disolver la Asamblea si:

1. a. el cargo de Presidente está vacante; y
2. b. si la Asamblea fracasa en elegir un nuevo Presidente en 30 días después de producida la vacante.

1. Después de una elección, la primera sesión de la Asamblea Nacional debe tener lugar en un momento y fecha determinados por el Presidente del Tribunal Constitucional, pero no más de 14 días después que el resultado de la elección haya sido declarado. La Asamblea Nacional puede determinar el momento y duración de sus otros período de sesiones y de descanso.

2. El Presidente puede convocar a la Asamblea Nacional a una sesión extraordinaria en cualquier momento para conducir un asunto especial.

3. Se permiten sesiones de la Asamblea Nacional en otros lugares diferentes a la sede del Parlamento sólo con fundamento de interés público, seguridad o conveniencia, y si estuviese previsto en el reglamento y procedimientos de la Asamblea.

1. En la primera sesión después de su elección, o cuando sea necesario cubrir una vacante, la Asamblea Nacional debe elegir un Presidente y un Vicepresidente de entre sus miembros.

2. El Presidente de! Tribunal Constitucional debe presidir la elección del Presidente, o designar a otro juez al efecto. El Presidente preside la elección del Vicepresidente.

3. El procedimiento expuesto en la parte A del Anexo 3 se aplica a la elección del Presidente y del Vicepresidente.

4. La Asamblea Nacional puede remover al Presidente o al Vicepresidente del cargo por una resolución. Una mayoría de miembros debe estar presente cuando la resolución sea adoptada.

5. En los términos de su reglamento y procedimientos, la Asamblea Nacional puede elegir de entre sus miembros a otros cargos de presidencia para asistir al Presidente y al Vicepresidente.

1. Excepto donde la Constitución prevea otra cosa:

1. a. una mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional debe estar presente antes que pueda ser llevada a cabo una votación sobre un proyecto de Ley o una enmienda de un proyecto de Ley.
2. b. al menos un tercio de los miembros debe estar presente antes que pueda ser llevada a cabo una votación sobre cualquier otra cuestión ante la Asamblea; y
3. c. todas las cuestiones ante la Asamblea son decididas por una mayoría de los votos emitidos.

2. El miembro de la Asamblea Nacional que presida una reunión de la Asamblea no tiene voto deliberativo, pero:

1. a. debe emitir un voto decisivo cuando hay un número igual de votos en cada lado de una pregunta; y
2. b. puede emitir un voto deliberativo cuando una cuestión debe decidirse con el voto favorable de al menos dos tercios de los miembros de la Asamblea.

1. En el ejercicio de su poder legislativo la Asamblea Nacional puede:

1. a. considerar, aprobar, enmendar o rechazar cualquier legislación ante la Asamblea; y
2. b. iniciar o preparar legislación, excepto los proyectos de ley económica.

2. La Asamblea Nacional debe prever mecanismos:

1. a. asegurar que todos los órganos ejecutivos del estado en el ámbito nacional del gobierno rindan cuentas al respecto; y
2. b. para mantener vigilancia sobre:
   1. i. el ejercicio de la autoridad ejecutiva nacional incluyendo la ejecución de la legislación; y
   2. ii. sobre cualquier órgano del Estado

1. La Asamblea Nacional puede:

1. a. determinar y ejercitar control sobre sus disposiciones internas, actuaciones y procedimientos; y
2. b. hacer el reglamento y procedimientos referentes a sus asuntos, con el debido respeto a la democracia participativa y representativa, a la responsabilidad, transparencia y participación pública.

2. El reglamento y procedimientos de la Asamblea Nacional deben prever:

1. a. el establecimiento, composición, poderes, funciones, actuaciones y duración de sus comités;
2. b. la participación en las actuaciones de la Asamblea y sus comités de los partidos minoritarios representados en la Asamblea, de una manera compatible con la democracia;
3. c. la asistencia financiera y administrativa a cada partido representado en la Asamblea, en proporción a su representación, para posibilitar al partido y a su líder realizar sus funciones en la Asamblea efectivamente; y
4. d. el reconocimiento del líder de! partido mayor de la oposición en la Asamblea como el líder de la oposición.

1. Los miembros del gabinete y los miembros de la Asamblea Nacional:

1. a. tienen libertad de palabra en la Asamblea y en sus comités, con sujeción a su reglamento y procedimientos; y
2. b. no están sujetos a procedimientos civiles o penales, arrestos, encarcelamientos o daños por:
   1. i. cualquier cosa que hayan dicho, aportado ante o presentado a la Asamblea o a cualquiera de sus comités; o
   2. ii. cualquier cosa revelada como resultado de algo que ellos hayan dicho, aportado ante o presentado a la Asamblea o a cualquiera de sus comités.

2. Los demás privilegios e inmunidades de la Asamblea Nacional, los miembros del Gabinete y los miembros de la Asamblea pueden estar prescritos por la legislación nacional.

3. Los sueldos, subsidios y beneficios pagaderos a los miembros de la Asamblea Nacional son un cargo directo contra el Fondo Nacional de Ingresos.

1. La Asamblea Nacional debe:

1. a. facilitar la participación pública en los procesos legislativos y de otra índole de la Asamblea y sus comités; y
2. b. conducir sus negocios de manera abierta, y celebrar sus sesiones, y las de sus comités, en público, pero se pueden tomar medidas razonables
   1. i. regular el acceso público, incluido el acceso de los medios, a la Asamblea y sus comités; y
   2. ii. proveer por la búsqueda de cualquier persona y, cuando corresponda, la denegación de entrada o la eliminación de cualquier persona.

2. La Asamblea Nacional no puede excluir al público, incluidos los medios de comunicación, de una sesión de un comité a menos que sea razonable y justificable hacerlo en una sociedad abierta y democrática.

1. El Consejo Nacional de Provincias está compuesto de una sola delegación de cada provincia que se integra por diez delegados.

2. Los diez delegados son:

1. a. cuatro delegados especiales integrados por:
   1. i. el Presidente de la provincia o, si el Presidente no estuviese disponible, cualquier miembro del órgano legislativo provincial designado por el Presidente de la provincia y en general ya para cualquier asunto específico ante el Consejo Nacional de Provincias; y
   2. ii. otros tres delegados especiales; y
2. b. seis delegados designados en los términos de la sección 61 (2).

3. El Presidente de la provincia, o si el Presidente de la provincia no está disponible, un miembro de la delegación de la provincia designado por el Presidente de la provincia, encabeza la delegación.

1. Los partidos representados en un órgano legislativo provincial tienen derecho a los delegados de una delegación provincial de acuerdo con la fórmula expuesta en la parte B del Anexo 3.

1. 2.
   1. a. Una legislatura provincial debe, dentro de los 30 días posteriores a la declaración del resultado de una elección de esa legislatura:
      1. i. Decretar, de conformidad con la legislación nacional, cuántos de los delegados de cada parte serán delegados permanentes y cuántos serán delegados especiales; y
      2. ii. designar a los delegados permanentes de acuerdo con las nominaciones de las partes.
   2. b. [derogado]

3. la legislación nacional prevista en la subsección (2) (a) debe asegurar la participación de los partidos minoritarios tanto en los delegados permanentes como en los delegados especiales componentes de la delegación de una manera compatible con la democracia.

4. El órgano legislativo con la concurrencia de! Presidente y los partidos que tengan derecho a delegados especiales en la delegación de la provincia, debe designar delegados especiales, conforme sea requerido de tiempo en tiempo, de entre los miembros del órgano Legislativo.

1. Una persona propuesta como delegada permanente debe ser elegible para ser miembro del órgano Legislativo provincial.

2. Si una persona que sea miembro de un órgano legislativo provincial es designada delegada permanente, esta persona cesará como miembro del órgano legislativo.

3. Los delegados permanentes son designados por un período que expira

1. a. inmediatamente antes de la primera sesión del órgano legislativo provincial después de su siguiente elección, o
2. b. [derogado]

4. Una persona deja de ser delegado permanente si esa persona:

1. a. deja de ser elegible para ser miembro del órgano Legislativo provincial por cualquier razón diferente a ser designada delegado permanente;
2. b. deviene miembro del Gabinete;
3. c. ha perdido la confianza del partido y es relevada por el partido que propuso a esa persona;
4. d. cesa de ser un miembro del partido que propuso a esa persona y es relevada por el partido; o
5. e. se ausenta del Consejo Nacional de Provincias sin permiso en circunstancias por las cuales el reglamento y procedimientos del Consejo establezcan la pérdida del cargo de delegado permanente.

5. Las vacantes entre los delegados permanentes deben ser cubiertas en los términos de la legislación nacional.

6. Antes que los delegados permanentes comiencen a realizar sus funciones en el Consejo Nacional de Provincias, deben jurar o declarar fidelidad a la República y obediencia a la Constitución, de acuerdo con el Anexo 2.

1. El Consejo Nacional de Provincias puede determinar el momento y duración de sus sesiones y los períodos de descanso.

2. El Presidente puede convocar al Consejo Nacional de Provincias a una sesión extraordinaria para conducir un asunto especial.

3. Están permitidas las sesiones del Consejo Nacional de Provincias en lugares diferentes a la sede del Parlamento sólo por causa de interés público, seguridad o conveniencia, y si está previsto en el reglamento y procedimientos del Consejo.

1. El Consejo Nacional de Provincias debe elegir un Presidente y dos Vicepresidentes de entre los delegados.

2. El Presidente y uno de los Vicepresidentes serán elegidos de entre los delegados permanentes por cinco años salvo que sus mandatos como delegados expiren antes.

3. El otro Vicepresidente será elegido por el período de un año, y debe ser sucedido por un delegado de otra provincia, de modo que cada provincia sea representada por turno.

4. El Presidente del Tribunal Constitucional debe presidir la elección del Presidente, o designar a otro juez para hacerlo. El Presidente preside la elección de los Vicepresidentes.

5. Los procedimientos establecidos en la Parte A del Anexo 3 se aplican a la elección del Presidente y Vicepresidentes.

6. El Consejo Nacional de Provincias puede remover al Presidente y Vicepresidentes de sus cargos.

7. En los términos de su reglamento y procedimientos, el Consejo Nacional de Provincias puede elegir de entre los delegados a otros cargos de presidencia para asistir al Presidente y a los Vicepresidentes.

1. Excepto donde la Constitución establezca otra cosa:

1. a. cada provincia tiene un voto, que es emitido en representación de las provincias por el jefe de su delegación; y
2. b. todas las cuestiones ante el Consejo Nacional de Provincias serán aceptadas cuando al menos cinco provincias voten a favor de la cuestión.

2. Una Ley de Parlamento, establecida de acuerdo con el procedimiento previsto ya en la subsección (1) o en la subsección (2) de la sección 76, debe prever un procedimiento uniforme sobre los términos en que los órganos legislativos provinciales confieren su autoridad para emitir votos en su representación.

1. Los miembros del Gabinete y los Viceministros pueden asistir, y pueden hablar en el Consejo Nacional de provincias, pero no pueden votar.

2. El Consejo Nacional de Provincias puede requerir a un miembro del Gabinete, a un Viceministro o a un funcionario en el ejecutivo nacional o provincial para que asista a una reunión del Consejo o de un comité del Consejo.

1. El Consejo Nacional de Provincias puede:

1. a. determinar y ejercer control sobre sus disposiciones internas, actuaciones y procedimientos; y
2. b. hacer el reglamento y procedimientos concernientes a sus actividad, con el debido respeto a la democracia representativa y participativa, a la responsabilidad, transparencia y participación pública.

2. El reglamento y procedimientos de! Consejo Nacional de Provincias deben prever:

1. a. el establecimiento, composición, poderes, funciones, procedimientos y duración de sus comités;
2. b. la participación de todas las provincias en sus actuaciones de una forma compatible con la democracia; y
3. c. la participación en las actuaciones del Consejo y sus comités de los partidos minoritarios representados en el Consejo, de una manera compatible con la democracia, cuando una materia deba ser decidida de acuerdo con la sección 75.

1. Los Delegados al Consejo Nacional de Provincias y las personas a las que se refieren las secciones 66 y 67:

1. a. tienen libertad de palabra en el Consejo y sus comités, con sujeción a su reglamento y procedimientos; y
2. b. no están sujetos a procesos civiles o criminales, arresto, prisión o indemnización de daños y perjuicios por:
   1. i. cualquier cosa que hayan dicho, aportado ante o presentado al Consejo o a cualquiera de sus comités.
   2. ii. cualquier cosa revelada como resultado de algo que hayan dicho, aportado ante o presentado al Consejo o a cualquiera de sus comités.

2. Otros privilegios e inmunidades del Consejo Nacional de Provincias, delegados al Consejo y personas referidas en la sección 66 y 67 pueden ser establecidas por la legislación nacional.

3. Los salarios, asignaciones y beneficios pagaderos a los miembros permanentes de! Consejo Nacional de Provincias son un cargo directo contra el Fondo de Ingresos Nacionales.

1. El Consejo Nacional de Provincias debe:

1. a. facilitar la participación pública en el legislativo y en otros procesos del Consejo y sus comités; y
2. b. conducir sus asuntos de una manera abierta, y realizar sus sesiones, y las de sus comités, en público, pero deben ser tomadas medidas razonables:
   1. i. para regular el acceso público, incluyendo el acceso de los medios de comunicación, al Consejo y a sus comités; y
   2. ii. prever el registro de cualquier persona y, cuando fuese procedente, la prohibición de entrar o la expulsión de cualquier persona.

2. El Consejo Nacional de Provincia, puede excluir al público, incluyendo a los medios de comunicación, salvo que fuese razonable hacerlo en una sociedad abierta y democrática.

1. Cualquier proyecto de ley puede ser presentado en la Asamblea Nacional.

2. Sólo un miembro del Gabinete o un Vicepresidente, o un miembro o comité de la Asamblea, puede presentar un proyecto de ley en la Asamblea; pero sólo el miembro del Gabinete responsable de los asuntos financieros nacionales puede presentar un proyecto de ley económica ante la Asamblea.

1. a. una legislación económica; o
2. b. un proyecto de ley que prevé la legislación prevista en la sección 214.

3. Un proyecto de ley mencionado en la sección 76 (3), excepto un proyecto de ley mencionado en la subsección (2) (a) o (b) de esta sección, se puede presentar en el Consejo Nacional de las Provincias.

4. Sólo un miembro o comité del Consejo Nacional de Provincias puede presentar un proyecto de ley en el Consejo.

5. Un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional debe ser remitido al Consejo Nacional de Provincias si debe ser considerado por el Consejo. Un proyecto de ley aprobado por el Consejo debe ser remitido a la Asamblea.

1. La sección 1 y esta subsección pueden ser enmendadas por un proyecto de ley aprobado por:

1. a. la Asamblea Nacional, con al menos el voto de apoyo del 75% de sus miembros; y
2. b. el Consejo Nacional de Provincias con al menos el voto de apoyo de seis provincias

2. El Capítulo 2 puede ser enmendado por un proyecto de ley aprobado por:

1. a. la Asamblea Nacional, con al menos el voto de apoyo de los dos tercios de sus miembros; y
2. b. el Consejo Nacional de Provincias con al menos el voto de apoyo de seis provincias.

3. Cualquier otra previsión de la Constitución puede ser enmendada por un proyecto de ley aprobado:

1. a. por la Asamblea Nacional, con al menos el voto de apoyo de las dos tercios de sus miembros;
2. b. también por el Consejo Nacional de Provincias con al menos el voto de apoyo de seis provincias, si:
   1. i. la enmienda se refiere a una materia que afecta al Consejo;
   2. ii. altera los límites provinciales, poderes, funciones, o instituciones; o
   3. iii. enmienda una disposición que se refiere específicamente a una materia provincial.

4. Un proyecto de ley que enmiende la Constitución no puede incluir otras previsiones que enmiendas constitucionales y materias relacionadas con las enmiendas.

5. Al menos 30 días antes que sea presentado un proyecto de ley en los términos de la sección 73 (2), la persona o comité que tenga intención de presentar la enmienda debe:

1. a. publicar en la Gaceta del Gobierno nacional, y de acuerdo con el reglamento y procedimientos de la Asamblea Nacional, las particulares de la enmienda pretendida para comentario público;
2. b. someter, de acuerdo con el reglamento y procedimientos de la Asamblea, esos particulares a las órganos legislativos provinciales para recabar su criterio; y
3. c. someter, de acuerdo con el reglamento y procedimientos del Consejo Nacional de Provincia, esos particulares al Consejo para debate público, si la enmienda pretendida no es una enmienda que requiera ser aprobada para el Consejo.

6. Cuando un proyecto de ley que enmiende la Constitución sea presentado, la persona o comité que presente el proyecto de ley debe facilitar cualquier comentario escrito recibido del público y de los órganos Legislativos provinciales:

1. a. al Presidente, para presentarlos en la Asamblea Nacional; y
2. b. con relación a las enmiendas referidas en la subsección (1), (2), o (3) (b), al Presidente del Consejo Nacional de Provincias, para presentarlas en el Consejo.

7. Un proyecto de ley que enmiende la Constitución no puede ser sometido a votación en la Asamblea Nacional en las 30 días:

1. a. de su presentación, si la Asamblea está reunida cuando el proyecto de ley sea presentado; o
2. b. de su presentación en la Asamblea, si la Asamblea está en periodo de descanso cuando el proyecto de ley sea presentado.

8. Si un proyecto de ley referido en la subsección (3) (b), o cualquier parte de un proyecto de ley, afecta sólo una provincia concreta o provincias, el Consejo Nacional de Provincias no puede aprobar el proyecto de ley o la parte correspondiente de él salvo que haya sido aprobado por el órgano legislativo u órganos legislativos de la provincia o provincias afectadas.

9. Un proyecto de ley que enmiende la Constitución que haya sido aprobado por la Asamblea Nacional y, en su caso, haya sido aprobado por el Consejo Nacional de Provincias, debe ser remitido al Presidente para asentimiento.

1. Cuando la Asamblea Nacional apruebe un proyecto de ley diferente al caso en que sea aplicable el proceso establecido en la sección 74 o 76, el proyecto de ley debe ser remitido al Consejo Nacional de Provincias y tramitado de acuerdo con el siguiente proceso:

1. a. El Consejo debe:
   1. i. aprobar el proyecto de ley;
   2. ii. aprobar el proyecto de ley sujeto a las enmiendas propuestas por él; o
   3. iii. rechazar el proyecto de ley.
2. b. Si el Consejo aprueba el proyecto de ley sin proponer enmiendas, el proyecto de ley debe ser sometido al Presidente para asentimiento.
3. c. Si el Consejo rechaza el proyecto de ley o lo aprueba sujeto a enmiendas, la Asamblea debe reconsiderar el proyecto de ley, tomando en consideración cualquier enmienda propuesta por el Consejo, y puede:
   1. i. aprobar el proyecto de ley de nuevo, con o sin enmiendas; o
   2. ii. decidir no continuar con el proyecto de ley.
4. d. Un proyecto de ley aprobado por la Asamblea en los términos del parágrafo (c) debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

2. Cuando el Consejo Nacional de Provincias vote una cuestión en los términos de esta sección, no se aplica la sección 65; en su lugar:

1. a. cada delegado de una delegación provincial tiene un voto;
2. b. al menos un tercio de los delegados debe estar presente antes que pueda ser llevada a cabo una votación sobre la cuestión; y
3. c. la cuestión es decidida por una mayoría de los votos emitidos pero si hay un número igual de votos en cada sentido de voto de la cuestión, el delegado que presida debe emitir un voto decisorio.

1. Cuando la Asamblea Nacional apruebe un proyecto de ley al que se refiere la subsección (3), (4), o (5), el proyecto de ley debe ser remitido al Consejo Nacional de Provincias y ser tramitado conforme al siguiente procedimiento:

1. a. El Consejo debe:
   1. i. aprobar el proyecto de ley;
   2. ii. aprobar un proyecto de ley enmendado;
   3. iii. rechazar el proyecto de ley.
2. b. Si el Consejo aprueba el proyecto de ley sin enmienda, el proyecto de ley debe ser presentado al Presidente para asentimiento.
3. c. Si el Consejo aprueba un proyecto de ley enmendado, el proyecto de ley enmendado debe ser remitido a la Asamblea, y si la Asamblea aprueba el proyecto de ley, debe ser presentado al Presidente para asentimiento.
4. d. Si el Consejo rechaza el proyecto de ley, o si la Asamblea rechaza aprobar un proyecto de ley enmendado al que se refiere en sus términos el parágrafo (c), el proyecto de ley y, cuando sea aplicable, también el proyecto de ley enmendado debe ser remitido al Comité de Mediación, que puede aceptar:
   1. i. el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por la Asamblea;
   2. ii. el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por el Consejo;
   3. iii. otra versión del proyecto de ley.
5. e. Si el Comité de Mediación es incapaz de ponerse de acuerdo en 30 días desde la remisión del proyecto de ley, el proyecto de ley caduca salvo que la Asamblea apruebe el proyecto de ley de nuevo, pero con el apoyo del voto de al menos los dos tercios de sus miembros.
6. f. Si el Comité de Mediación acepta el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por la Asamblea, el proyecto de ley debe ser remitido al Consejo, y si el Consejo aprueba el proyecto de ley, el proyecto de ley debe ser presentado al Presidente para asentimiento.
7. g. Si el Comité de Mediación acepta el proyecto de ley enmendado conforme ha sido aprobado por el Consejo, el proyecto de ley debe ser remitido a la Asamblea, y si la Asamblea aprueba el proyecto de ley, el proyecto de ley debe ser presentado al Presidente para asentimiento.
8. h. Si el Comité de Mediación acepta otra versión del proyecto de ley, esa versión del proyecto de ley debe ser remitida a ambos Asamblea y Consejo, y si es aprobada por la Asamblea y el Consejo, debe ser presentado al Presidente para asentimiento.
9. i. Si un proyecto de ley remitido al Consejo en los términos del parágrafo (f) o (h) no es aprobado por el Consejo, el proyecto de ley caduca salvo que la Asamblea apruebe el proyecto de ley con el apoyo del voto de al menos dos tercios de los miembros.
10. j. Si un proyecto de ley remitido a la Asamblea en los términos del parágrafo (g) o (h) no es aprobado por la Asamblea, ese proyecto de ley caduca, pero el proyecto de ley conforme fue aprobado normalmente por la Asamblea puede ser aprobado por la Asamblea en una nueva ocasión, pero con el voto de apoyo de al menos dos tercios de sus miembros.
11. k. Un proyecto de ley aprobado por la Asamblea en los términos del parágrafo (e), (i) o (j) debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

2. Cuando el Consejo Nacional de Provincias aprueba un proyecto de ley que se refiere la subsección (3) el proyecto de ley debe ser remitido a la Asamblea Nacional y ser tramitado de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. a. La Asamblea debe:
   1. i. aprobar el proyecto de ley;
   2. ii. aprobar un proyecto de ley enmendado;
   3. iii. rechazar el proyecto de ley.
2. b. Un proyecto de ley aprobado en los términos del parágrafo (a) (i) debe ser presentado al Presidente para asentimiento.
3. c. Si la Asamblea aprueba un proyecto de ley enmendado, el proyecto de ley enmendado debe ser remitido al Consejo, y si el Consejo aprueba el proyecto de ley enmendado, debe ser presentado al Presidente para asentimiento.
4. d. Si la Asamblea rechaza el proyecto de ley, o si el Consejo rehúsa aprobar un proyecto de ley enmendado remitido en los términos del parágrafo (c), el proyecto de ley y, cuando sea aplicable también el proyecto de ley enmendado debe ser remitido al Comité de Mediación, que puede aceptar:
   1. i. el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por el Consejo;
   2. ii. el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por la Asamblea; u
   3. iii. otra versión del proyecto de ley.
5. e. Si el Comité de Mediación es incapaz de alcanzar un acuerdo dentro de 30 días desde la remisión del proyecto de ley, el proyecto de ley caduca.
6. f. Si el Comité de Mediación acepta el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por el Consejo, el proyecto de ley debe ser remitido a la Asamblea, y si la Asamblea aprueba el proyecto de ley, el proyecto de ley debe ser presentado al Presidente para asentimiento.
7. g. Si el Comité de Medición acepta el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por la Asamblea, el proyecto de ley debe ser remitido al Consejo, y si el Consejo aprueba el proyecto de ley, el proyecto de ley debe de ser presentado al Presidente para asentimiento.
8. h. Si el Comité de Mediación acepta otra versión del proyecto de ley, esa versión del proyecto de ley debe ser remitido a ambos Consejo y Asamblea, y si es aprobado por el Consejo y la Asamblea, el proyecto de ley debe ser presentado al Presidente para asentimiento.
9. i. Si un proyecto de ley remitido a la Asamblea en los términos del parágrafo (f) o (h) no es aprobado por la Asamblea, el proyecto de ley caduca.

3. Un proyecto de ley debe ser tramitado de acuerdo con el procedimiento establecido ya por la subsección (1) o por la subsección (2) si se incluye en un área funcional enunciada en el Anexo 4 provee Legislación incluida en cualquiera de las siguientes secciones:

1. a. Sección 65 (2);
2. b. sección 163;
3. c. sección 182;
4. d. sección 195 (3) y (4);
5. e. sección 196; y
6. f. sección 197.

4. Un proyecto de ley debe ser tramitado de acuerdo con el proceso establecido por la subsección (1) si previene legislación:

1. a. prevista en la sección 44 (2) o 220 (3); o
2. b. prevista en el Capítulo 13, y que afecte a los intereses financieros de la esfera provincial de gobierno.

5. Un proyecto de ley previsto en la sección 42 (6) debe tratarse de acuerdo con el procedimiento establecido por la subsección (1), excepto que:

1. a. cuando la Asamblea Nacional vote sobre el proyecto de ley, las disposiciones de la sección 53 (1) no se aplican; en su lugar, el proyecto de ley sólo puede aprobarse si la mayoría de los miembros de la Asamblea lo votan a su favor; y
2. b. Si el proyecto de ley se remite al Comité de Mediación, se aplicarán las siguientes reglas:
   1. i. Si la Asamblea Nacional considera un proyecto de ley previsto en la subsección (1) (g) o (h), ese proyecto de ley sólo podrá aprobarse si la mayoría de los miembros de la Asamblea lo vota a favor.
   2. ii. Si la Asamblea Nacional considera o revisa un proyecto de ley previsto en el inciso (1) (e), (i) o (j), ese proyecto de ley sólo podrá aprobarse si al menos dos tercios de los miembros de la Asamblea votan a favor de eso

6. Esta sección no se aplica a las los proyectos de ley económica.

1. Un proyecto de ley es un proyecto de ley de económica si:

1. a. incluye dinero;
2. b. impone impuestos, gravámenes, aranceles o recargos nacionales;
3. c. abole o reduce, o concede exenciones de, impuestos nacionales, gravámenes, aranceles o recargos; o
4. d. autoriza los cargos directos contra el Fondo Nacional de Ingresos, excepto un proyecto de ley previsto en la sección 214 que autoriza los cargos directos.

2. Una legislación económica no puede tratar con ningún otro asunto excepto:

1. a. un asunto subordinado incidental a la apropiación del dinero;
2. b. la imposición, abolición o reducción de impuestos, gravámenes, derechos o recargos nacionales;
3. c. la concesión de la exención de impuestos, gravámenes, derechos o recargos nacionales; o
4. d. la autorización de cargos directos contra el Fondo Nacional de Ingresos.

3. Todos los proyectos de ley económica se deben considerar de acuerdo con el procedimiento establecido en la sección 75. Una ley del Parlamento debe establecer un procedimiento para enmendar las letras del dinero ante el Parlamento.

1. El Comité de Mediación se compone de:

1. a. nueve miembros de la Asamblea Nacional elegidos por la Asamblea de conformidad con un procedimiento prescrito por las reglas y órdenes de la Asamblea y los resultados en la representación de los partidos en la misma proporción en que las partes están representadas en la Asamblea; y
2. b. un delegado de cada delegación provincial en el Consejo Nacional de las Provincias, designado por la delegación.

2. El Comité de Mediación acepta la versión de un proyecto de ley, o decide una cuestión, cuando esa versión, o un aspecto de la cuestión, es apoyada:

1. a. al menos cinco de los representantes de la Asamblea Nacional; y
2. b. al menos cinco representantes del Consejo Nacional de Provincias.

1. El Presidente debe o prestar asentimiento y firmar el proyecto de ley aprobado en los términos de este Capítulo o, si el Presidente tiene alguna reserva sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, remitirlo de nuevo a la Asamblea Nacional para reconsideración.

2. El reglamento y los procedimientos comunes deben regular el procedimiento para la reconsideración de un proyecto de ley por la Asamblea Nacional y la participación del Consejo Nacional de Provincias en el proceso.

3. El Consejo Nacional de Provincias debe participar en la reconsideración de un proyecto de ley que el Presidente haya devuelto a la Asamblea Nacional si:

1. a. las reservas de! Presidente acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley se relacionan con una materia de procedimiento que afecte al Consejo; o
2. b. la sección 74 (1), (2), o (3) (b) o 76 fuese aplicable en la aprobación del proyecto de ley.

4. Si, después de la reconsideración, un proyecto de ley despeja todas las reservas del Presidente, el Presidente debe prestar asentimiento y firmar el proyecto de ley; si no, el Presidente debe ya:

1. a. prestar asentimiento y firmar el proyecto de ley; o
2. b. remitirlo al Tribunal Constitucional para que decida sobre su constitucionalidad.

5. Si el Tribunal Constitucional decide que el proyecto de ley es constitucional, el Presidente debe prestar asentimiento y firmarlo.

1. Los miembros de la Asamblea Nacional pueden solicitar al Tribunal Constitucional una decisión declarando que toda o parte de una Ley del Parlamento es inconstitucional.

2. Una solicitud:

1. a. debe ser apoyada por al menos un tercio de los miembros de la Asamblea; y
2. b. debe ser hecha dentro de los 30 días desde la fecha en que el Presidente preste asentimiento y firme la Ley.

3. El Tribunal Constitucional puede decidir que toda o parte de una Ley que esté sometida a una solicitud en los términos de la subsección (1) no obliga hasta que el Tribunal haya decidido sobre la solicitud si:

1. a. los intereses de la justicia lo requieren; y
2. b. la solicitud tiene una perspectiva razonable de éxito.

4. Si una solicitud fracasa, y no tenía una perspectiva razonable de éxito, el Tribunal Constitucional puede acordar que los solicitantes paguen los costos.

1. La autoridad legislativa de las provincias está otorgada a sus órganos legislativos provinciales, y confiere a los órganos legislativos provinciales el poder:

1. a. de aprobar una constitución para su provincia o de enmendar cualquier constitución aprobada por ella en los términos de las secciones 142 y 143;
2. b. de aprobar la legislación para su provincia con respecto a:
   1. i. cualquier materia enunciada en el área funcional del Anexo 4;
   2. ii. cualquier materia enunciada en el área funcional del Anexo 5;
   3. iii. cualquier materia fuera de esas áreas funcionales, y que este expresamente atribuida a la provincia por la legislación nacional; y
   4. iv. cualquier materia para la que una previsión de la Constitución determine el establecimiento de legislación provincial; y
3. c. de asignar cualquiera de sus poderes legislativos a un Consejo Municipal en esa provincia.

2. El órgano legislativo de una provincia, por una resolución adoptada con un apoyo del voto de al menos dos tercios de sus miembros, puede solicitar al Presidente que cambie el nombre de esa provincia.

3. Un órgano legislativo provincial está sólo limitado por la Constitución y, si es aprobada una constitución para su provincia, también por esa constitución, y debe actuar de acuerdo con, y dentro de los límites de, la Constitución y esa constitución provincial.

4. La legislación provincial con respecto a una materia que sea razonablemente necesaria para o incidental al ejercicio efectivo de un poder que afecte a cualquier materia enunciada en el Anexo 4, es a todos los efectos legislación con respecto a una materia enunciada en el Anexo 4.

5. Una legislatura provincial puede recomendar a la Asamblea Nacional legislación sobre cualquier asunto fuera de la autoridad de esa legislatura, o respecto de la cual una Ley del Parlamento prevalece sobre una ley provincial.

1. Una legislatura provincial consiste de mujeres y hombres elegidos como miembros en términos de un sistema electoral que:

1. a. es prescrito por la legislación nacional;
2. b. se basa en el segmento de esa provincia de la lista nacional de votantes comunes;
3. c. provee una edad mínima para votar de 18 años; y
4. d. resulta, en general, en representación proporcional.

2. Una legislatura provincial consiste de entre 30 y 80 miembros. El número de miembros, que puede diferir entre las provincias, debe determinarse en términos de una fórmula prescrita por la legislación nacional.

1. Todo ciudadano que esté calificado para votar en la Asamblea Nacional es elegible para ser miembro de una legislatura provincial, excepto:

1. a. cualquier persona que es designada por, o que esté al servicio del estado y reciba una remuneración por ese nombramiento o servicio, que no sea:
   1. i. el Premier y otros miembros del Consejo Ejecutivo de una provincia; y
   2. ii. otros titulares de cargos cuyas funciones son compatibles con las funciones de un miembro de una legislatura provincial y han sido declaradas compatibles con esas funciones por la legislación nacional;
2. b. miembros de la Asamblea Nacional, delegados permanentes ante el Consejo Nacional de las Provincias o miembros de un Consejo Municipal;
3. c. insolventes no rehabilitados;
4. d. todo el que sea declarado incapaz mental por un tribunal de la República; o
5. e. toda persona que, después de que esta sección entre en vigor, sea condenada por una infracción penal y le sea impuesta una pena de más de 12 meses de prisión sin opción a una multa, ya en la República ya fuera de la República si la conducta constitutiva de la infracción penal hubiera sido infracción penal en la República, pero ninguna persona puede ser considerada sentenciada hasta que la apelación contra la condena o la pena haya sido decidida, o hasta que el tiempo para apelar haya transcurrido. Una inhabilitación bajo este parágrafo termina cinco años después que la pena haya sido cumplida.

2. Una persona que no sea elegible para ser miembro de un órgano legislativo provincial según los términos de la subsección (1) (a) o (b) puede ser candidata para el órgano legislativo, con sujeción a cualquier límite o condición establecida por la legislación nacional.

3. Una persona pierde la condición de miembro de un órgano legislativo provincial si esa persona:

1. a. deja de ser elegible; o
2. b. está ausente de la legislatura sin permiso en circunstancias para las cuales las reglas y órdenes de la legislatura prescriben la pérdida de membresía; o
3. c. deja de ser un miembro del partido que nominó a esa persona como miembro de la legislatura.

4. Las vacantes en un órgano legislativo provincial deben ser cubiertas según la legislación nacional.

1. Un órgano legislativo provincial es elegido por un período de cinco años.

2. Si una legislatura provincial se disuelve en términos de la sección 109, o cuando el plazo expira, el primer ministro de la provincia, por proclamación, debe llamar y fijar fechas para una elección, que debe celebrarse dentro de los 90 días de la fecha en que la legislatura disuelto o su término expiró. Una proclamación llamando y fijando fechas para un Las elecciones pueden emitirse antes o después de la expiración del mandato de un legislatura provincial

3. Si el resultado de una elección no es declarado en el período referido en la sección 109, o si una elección es dejada sin efecto por un tribunal de justicia, el Presidente, por proclamación, debe convocar y establecer las fechas para otra elección, que debe ser llevada a término dentro de los 90 días desde la fecha de expiración de tal período o desde la fecha en que la elección fue dejada sin efecto.

4. Un órgano legislativo provincial permanece en el ejercicio de la función desde el momento en que sea disuelto o su mandato expire hasta el día antes del primer día de elecciones para la próxima legislatura.

1. El Presidente de una provincia debe disolver el órgano legislativo provincial si:

1. a. el órgano legislativo ha adoptado una resolución para disolverse con el voto de apoyo de una mayoría de sus miembros; y
2. b. han pasado tres años desde que el órgano legislativo fue elegido.

2. Un Presidente en funciones debe disolver el órgano legislativo provincial si:

1. a. el cargo de Presidente está vacante; y
2. b. el órgano legislativo fracasa en elegir un Presidente dentro de los 30 días siguientes a que la vacante se produzca.

1. Después de una elección, la primera sesión de un órgano legislativo provincial debe tener lugar en un momento y fecha determinados por un juez designado por el Presidente Constitucional, pero no más de 14 días después de que el resultado de la elección haya sido declarado. Un órgano legislativo provincial puede establecer el momento y duración de sus otros períodos de sesiones y descanso.

2. El Presidente de una provincia puede convocar al órgano legislativo provincial a una sesión extraordinaria en cualquier momento para conducir un asunto especial.

3. Un órgano legislativo provincial puede determinar dónde estará ordinariamente su sede.

1. En la primera sesión después de su elección, o cuando sea necesario cubrir una vacante, un órgano legislativo provincial debe elegir a un Presidente y a un Vicepresidente de entre sus miembros.

2. Un juez designado por el Presidente de! Tribunal Constitucional debe presidir la elección de un Presidente.

3. El procedimiento establecido en la Parte A del Anexo 3 se aplica a la elección de Presidentes y Vicepresidentes.

4. Un órgano legislativo provincial puede remover a su Presidente y Vicepresidente de su cargo por una resolución. Una mayoría de los miembros del órgano legislativo provincial deben estar presentes cuando la resolución sea adoptada.

5. En las condiciones de su reglamento y procedimientos, un órgano legislativo provincial puede elegir de entre sus miembros otros cargos de presidencia para ayudar al Presidente y al Vicepresidente.

1. Excepto donde la Constitución establezca otra cosa:

1. a. una mayoría de miembros de un órgano legislativo provincial debe estar presente antes que una votación sobre un proyecto de Ley o sobre una enmienda de un proyecto de Ley pueda ser llevada a cabo.
2. b. al menos un tercio de los miembros debe estar presente antes que una votación sobre cualquier materia pueda ser llevada a cabo ante el órgano legislativo; y
3. c. todas las cuestiones ante un órgano legislativo provincial serán decididas por una mayoría de los votos emitidos.

2. El miembro que presida una sesión de un órgano legislativo provincial no tiene voto deliberativo, pero:

1. a. debe emitir un voto decisorio cuando haya un número igual de votos a favor de cada opción; y
2. b. puede emitir un voto deliberativo cuando una cuestión deba ser decidida con un apoyo de voto de al menos dos tercios de los miembros del órgano legislativo.

1. En el ejercicio de su poder legislativo, un órgano legislativo provincial puede:

1. a. considerar, aprobar, enmendar o rechazar cualquier proyecto de ley; e
2. b. iniciar o preparar legislación, excepto proyectos de ley económica.

2. Un órgano legislativo provincial debe establecer mecanismos para:

1. a. asegurar que todos los órganos ejecutivos provinciales del Estado sean responsables ante ella; y
2. b. mantener vigilancia sobre: .
   1. i. el ejercicio de la autoridad ejecutiva provincial en la provincia, incluyendo el cumplimiento de la legislación; y
   2. ii. cualquier órgano provincial del Estado.

1. Un órgano legislativo provincial puede:

1. a. determinar y ejercitar control sobre sus disposiciones internas, actuaciones y procedimientos; y
2. b. hacer un reglamento y procedimientos concernientes a su actividad, con el debido respeto a la democracia representativa y participativa, a la responsabilidad, transparencia y participación pública.

2. El reglamento y procedimientos de un órgano legislativo provincial deben prever:

1. a. el establecimiento, composición, poderes, funciones, procedimientos y duración de sus comités;
2. b. la participación en los procesos del órgano legislativo y sus comités de los partidos minoritarios representados en el órgano legislativo, de una manera compatible con la democracia;
3. c. la asistencia financiera y administrativa a todo partido representado en el órgano legislativo, en proporción a su representación, para posibilitar que el partido y su líder realicen sus funciones en el órgano legislativo efectivamente; y
4. d. el reconocimiento del líder de! partido más importante de la oposición en la legislatura, como líder de la oposición.

1. Los miembros de una legislatura provincial y los delegados permanentes de la provincia ante el Consejo Nacional de las Provincias:

1. a. tiene libertad de expresión en la legislatura y en sus comités, sujeto a sus reglas y órdenes; y
2. b. no están sujetos a procedimientos civiles o penales, arrestos, encarcelamientos o daños por:
   1. i. cualquier cosa que hayan dicho, producido o presentado ante la legislatura o cualquiera de sus comités; o
   2. ii. Cualquier cosa revelada como resultado de algo que hayan dicho, producido o presentado ante la legislatura o cualquiera de sus comités.

2. Otros privilegios e inmunidades de una legislatura provincial y sus miembros pueden ser prescritos por la legislación nacional.

3. Los sueldos, subsidios y beneficios pagables a los miembros de una legislatura provincial son un cargo directo contra el Fondo de Ingresos Provinciales.

1. Un órgano legislativo provincial debe:

1. a. facilitar la participación pública en los procesos legislativos y de otro tipo de la legislatura y sus comités; y
2. b. conducir sus negocios de manera abierta, y celebrar sus sesiones, y las de sus comités, en público, pero se pueden tomar medidas razonables
   1. i. regular el acceso público, incluido el acceso de los medios, a la legislatura y sus comités; y
   2. ii. prever la búsqueda de cualquier persona y, cuando corresponda, la denegación de entrada o la eliminación de cualquier persona.

2. Una legislatura provincial no puede excluir al público, incluidos los medios de comunicación, de una sesión de un comité a menos que sea razonable y justificable hacerlo en una sociedad abierta y democrática.

1. Un proyecto de ley es un proyecto de ley económica si:

1. a. apropia dinero;
2. b. impone impuestos, gravámenes, aranceles o recargos provinciales;
3. c. abole o reduce, o concede exenciones, cualquier impuesto provincial, gravamen, derechos o recargos; o
4. d. autoriza los cargos directos contra un Fondo Provincial de Ingresos.

2. Una ley económica no puede tratar con ningún otro asunto excepto:

1. a. un asunto subordinado incidental a la apropiación del dinero;
2. b. la imposición, abolición o reducción de impuestos, gravámenes, derechos o recargos provinciales;
3. c. la concesión de exención de impuestos, gravámenes, tasas o recargos provinciales; o
4. d. la autorización de cargos directos contra un Fondo Provincial de Ingresos.

3. Una ley provincial debe establecer un procedimiento por el cual la legislatura de la provincia pueda enmendar una ley económica

1. El Presidente de una provincia debe o prestar asentimiento y firmar un proyecto de ley aprobado por el órgano legislativo provincial en las condiciones de este capítulo o, si el Presidente tiene reservas acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley, devolverlo al órgano legislativo para reconsideración.

2. Si, después de la reconsideración, un proyecto de ley despejase totalmente las reservas del Presidente, el Presidente debe prestar asentimiento y firmarlo; si no, el Presidente debe:

1. a. prestar asentimiento y firmar el proyecto de ley; o
2. b. remitirlo al Tribunal Constitucional para que decida sobre la constitucionalidad.

3. Si el Tribunal Constitucional decide que el proyecto de ley es constitucional, el Presidente debe prestar asentimiento y firmarlo.

1. Los miembros del órgano legislativo provincial pueden solicitar al Tribunal Constitucional una decisión declarando que toda o parte de una Ley provincial es inconstitucional.

2. Una solicitud:

1. a. debe ser apoyada por al menos el 20 por ciento de los miembros del órgano legislativo; y
2. b. debe ser hecha dentro de los 30 días de la fecha en que el Presidente preste asentimiento y firme la Ley.

3. El Tribunal Constitucional puede ordenar que toda o parte de una Ley que esté sujeta a una solicitud en las condiciones de la subsección (1) no obliga hasta que el Tribunal haya decidido la petición si:

1. a. los intereses de la justicia requieren esto; y
2. b. la petición tiene una perspectiva razonable de éxito.

4. Si una petición es desestimada, y no tenía una perspectiva razonable de éxito, el Tribunal Constitucional puede ordenar que los peticionarios paguen los costos.

1. La autoridad ejecutiva de una provincia está otorgada al Presidente de esa Provincia.

2. El Presidente ejercita la autoridad ejecutiva, junto con los otros miembros del Consejo Ejecutivo, al:

1. a. implementar la legislación provincial en la provincia;
2. b. implementar toda la legislación nacional dentro de las áreas funcionales enumeradas en el Anexo 4 o 5 excepto donde la Constitución o una Ley del Parlamento establezca otra cosa.
3. c. administrar en la provincia de la legislación nacional fuera de las áreas funcionales de la legislación nacional enumeradas en el Anexo 4 o 5 si la responsabilidad sobre la misma ha sido asignada al ejecutivo provincial según una Ley del Parlamento;
4. d. desarrollar y ejecutar la política provincial;
5. e. coordinar las funciones de la administración provincial y sus departamentos;
6. f. preparar e iniciar la legislación provincial; y
7. g. realizar cualquier otra función asignada al ejecutivo provincial según la Constitución o una Ley del Parlamento.

3. Una provincia tiene autoridad ejecutiva en los términos de la subsección (2) (b) sólo en la medida que la provincia tenga capacidad administrativa para asumir la responsabilidad efectiva. EL gobierno nacional a través de medidas legislativas y otras, debe ayudar a las provincias a desarrollar la capacidad administrativa requerida para el ejercicio efectivo de sus poderes y realización de sus funciones a que se refiere la subsección (2).

4. Cualquier controversia que afecte a la capacidad administrativa de una provincia con relación a cualquier función debe ser remitida al Consejo Nacional de Provincias para decisión dentro de 30 días desde la fecha de la remisión al Consejo.

5. Con sujeción a la sección 100, la ejecución de la legislación provincial en una provincia es un poder ejecutivo provincial exclusivo

6. El ejecutivo provincial debe actuar de acuerdo con:

1. a. la Constitución; y
2. b. la constitución provincial, si una constitución ha sido aprobada por la provincia.

1. El Presidente de una provincia tiene los poderes y funciones confiados al cargo por la Constitución y cualquier legislación.

2. El Presidente de una provincia es responsable de:

1. a. presentar asentimiento y firmar los proyectos de ley;
2. b. devolver un proyecto de ley al órgano legislativo provincial para reconsideración de la constitucionalidad del proyecto de ley;
3. c. remitir un proyecto de ley al Tribunal Constitucional para decisión sobre la constitucionalidad del proyecto de ley;
4. d. convocar al órgano legislativo a una sesión extraordinaria para conducir un asunto especial;
5. e. designar comisiones de investigación; y
6. f. convocar un referéndum en la provincia de acuerdo con la legislación nacional.

1. En su primera sesión después de su elección, y cuando sea necesario para cubrir una vacante, un órgano legislativo provincial debe elegir a una mujer o a un hombre de entre sus miembros para ser Presidente de la provincia.

2. Un juez designado por el Presidente del Tribunal Constitucional debe presidir la elección del Presidente. El procedimiento expuesto en la Parte A del Anexo (3) se aplica a la elección de Presidente de la provincia.

3. Una elección para cubrir una vacante en el cargo de Presidente debe ser llevada a cabo en un momento y fecha determinada por el Presidente del Tribunal Constitucional, pero no más tarde de 30 días después que la vacante se produzca.

1. El mandato de un Presidente de provincia comienza cuando el Presidente toma posesión de su cargo y termina cuando se produce la vacante o cuando la siguiente persona elegida Presidente toma posesión de su cargo.

2. Ninguna persona puede ostentar el cargo de Presidente por más de dos mandatos, pero cuando una persona sea elegida para ocupar una vacante en el cargo de Presidente, el período entre esa elección y la siguiente elección de un Presidente no se considera como un mandato

3. El órgano legislativo de una provincia, por resolución adoptada con el apoyo de voto de al menos dos tercios de sus miembros, puede remover al Presidente de su cargo sólo con fundamento en:

1. a. una grave violación de la Constitución o la Ley;
2. b. mala conducta grave;
3. c. imposibilidad de realizar las funciones del cargo.

4. Cualquier persona que haya sido removida del cargo de Presidente en las condiciones de la subsección (3) (a) o (b) no puede recibir ningún beneficio de ese cargo, y no puede servir en ningún cargo público.

1. Cuando el Presidente esté ausente o de cualquier otra manera imposibilitado para cumplir con las obligaciones del cargo de Presidente, o durante una vacante en el cargo de Presidente, un titular de cargo actúa en el orden de abajo como Presidente:

1. a. Un miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Presidente.
2. b. Un miembro del Consejo Ejecutivo designado por los otros miembros del Consejo.
3. c. el vocero, hasta que el órgano legislativo designe a uno de sus miembros.

2. Un Presidente en funciones tiene las responsabilidades, poderes y funciones del Presidente.

3. Antes de asumir las responsabilidades, poderes y funciones del Presidente, el Presidente en funciones debe jurar o afirmar fidelidad a la República y obediencia a la Constitución, de acuerdo con el Anexo 2.

1. El Consejo Ejecutivo de una provincia se compone de un Presidente, como jefe del Consejo, y no menos de cinco y no más de diez miembros designados por el presidente de entre los miembros del órgano legislativo provincial.

2. El Presidente de una provincia designa a los miembros del Consejo Ejecutivo, les asigna sus poderes y funciones, y puede despedirlos.

1. Los miembros del Consejo Ejecutivo de una provincia son responsables por las funciones del ejecutivo asignadas por el Presidente.

2. Los miembros de un Consejo Ejecutivo de un provincia son responsables individual y colectivamente ante el órgano legislativo por el ejercicio de sus poderes y la realización de sus funciones.

3. Los miembros del Consejo Ejecutivo de una provincia deben:

1. a. actuar de acuerdo con la Constitución y, si una constitución provincial ha sido aprobada por la provincia, también con esa constitución; y
2. b. proveer al órgano legislativo de informes completos y regulares concernientes a las materias bajo su control.

1. Los miembros del Consejo Ejecutivo de una provincia deben actuar de acuerdo con un código de ética prescrito por la legislación nacional.

2. Los miembros del Consejo Ejecutivo de una provincia no pueden:

1. a. desarrollar ningún otro trabajo remunerado;
2. b. actuar en forma alguna inconsistente con su cargo, o exponerse ellos mismos a alguna situación que implique el riesgo de crear un conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus intereses privados; o
3. c. usar su posición o cualquier información confiada a ellos, para enriquecerse o beneficiar indebidamente a cualquier otra persona.

1. Cuando una municipalidad no pueda cumplir o no cumpla una obligación ejecutiva en los términos de la legislación, el correspondiente ejecutivo provincial puede intervenir tomando cualquier medida apropiada para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo:

1. a. la remisión de una directiva al Consejo Municipal, describiendo la extensión del defecto de cumplimiento de sus obligaciones y estableciendo cualquier medida requerida para cumplir sus obligaciones; y
2. b. la asunción de la responsabilidad de la correspondiente obligación en esa municipalidad en la medida necesaria:
   1. i. para mantener los niveles nacionales esenciales o establecer los niveles mínimos para la prestación de un servicio;
   2. ii. para impedir que ese Consejo Municipal emprenda una acción irracional que sea perjudicial para los intereses de otra municipalidad o para la provincia como un todo; o
   3. iii. para mantener la unidad económica; o
3. c. disolver el Concejo Municipal y designar un administrador hasta que un Concejo Municipal recién elegido haya sido declarado elegido, si circunstancias excepcionales lo justifican.

2. Si un ejecutivo provincial interviene en una municipalidad en las condiciones de la subsección (1) (b):

1. a. debe enviar un aviso por escrito de la intervención a:
   1. i. el miembro del gabinete responsable de los asuntos del gobierno local; y
   2. ii. la legislatura provincial pertinente y el Consejo Nacional de Provincias,
2. dentro de los 14 días posteriores a la intervención;
3. b. la intervención debe terminar si:
   1. i. el miembro del gabinete responsable de los asuntos del gobierno local desaprueba la intervención dentro de los 28 días posteriores a la intervención o al final de ese período no ha aprobado la intervención; o
   2. ii. el Consejo desaprueba la intervención dentro de los 180 días posteriores a la iniciación de la intervención o al final de ese período no ha aprobado la intervención; y
4. c. el Consejo debe, mientras continúa la intervención, revisar la intervención regularmente y hacer las recomendaciones apropiadas al ejecutivo provincial.

3. Si un Concejo Municipal se disuelve en términos de la subsección (1) (c):

1. a. el ejecutivo provincial debe presentar inmediatamente un aviso por escrito de la disolución a:
   1. i. el miembro del gabinete responsable de los asuntos del gobierno local; y
   2. ii. la legislatura provincial relevante y el Consejo Nacional de Provincias; y
2. b. la disolución entra en vigor 14 días a partir de la fecha de recepción de la notificación por parte del Consejo a menos que sea anulada por ese miembro del Gabinete o el Consejo antes de que expire esos 14 días.

4. Si un municipio no puede cumplir o no cumple una obligación en términos de la Constitución o legislación para aprobar un presupuesto o cualquier medida de recaudación necesaria para hacer efectivo el presupuesto, el ejecutivo provincial relevante debe intervenir adoptando las medidas apropiadas para garantizar que se aprueben el presupuesto o las medidas de recaudación de ingresos, incluida la disolución del Consejo Municipal y:

1. a. aceptar un administrador hasta que se haya declarado electo un Consejo Municipal recién elegido; y
2. b. Aprobar un presupuesto temporal o medidas de recaudación para asegurar el funcionamiento continuo del municipio.

5. Si un municipio, como resultado de una crisis en sus asuntos financieros, está en grave o persistente incumplimiento material de sus obligaciones de proporcionar servicios básicos o para cumplir con sus compromisos financieros, o admite que no puede cumplir con sus obligaciones financieras o financieras. compromisos, el ejecutivo provincial pertinente debe:

1. a. imponer un plan de recuperación destinado a asegurar la capacidad del municipio para cumplir con sus obligaciones de proporcionar servicios básicos o sus compromisos financieros, que:
   1. i. debe prepararse de acuerdo con la legislación nacional; y
   2. ii. conectar al municipio en el ejercicio de su poder legislativo y ejecutivo, pero sólo en la medida necesaria para resolver la crisis en sus asuntos financieros; y
2. b. disolver el Consejo Municipal, si el municipio no puede aprobar o no las medidas legislativas, incluido un presupuesto o cualquier medida de recaudación de ingresos, necesaria para dar efecto al plan de recuperación, y:
   1. i. nombrar a un administrador hasta que un nuevo Concejo Municipal haya sido elegido; y
   2. ii. aprobar un presupuesto temporal o medidas de recaudación de ingresos o cualquier otra medida que dé efecto al plan de recuperación para asegurar el funcionamiento continuo del municipio; o
3. c. si el Concejo Municipal no se disuelve en términos del parágrafo (b), asume la responsabilidad de la implementación del plan de recuperación en la medida en que el municipio no pueda o no implemente el plan de recuperación.

6. Si un ejecutivo provincial interviene en un municipio en los términos de la subsección (4) o (5), debe enviar un aviso por escrito de la intervención a:

1. a. el miembro del gabinete responsable de los asuntos del gobierno local; y
2. b. la legislatura provincial pertinente y el Consejo Nacional de las Provincias, dentro de los siete días posteriores a la iniciación de la intervención.

7. Si un ejecutivo provincial no puede o no ejerce o no ejerce adecuadamente los poderes o desempeña las funciones a que se refiere el inciso (4) o (5), el ejecutivo nacional debe intervenir en los términos de la subsección (4) o (5) en el lugar del ejecutivo provincial relevante.

8. La legislación nacional puede regular la implementación de esta sección, incluidos los procesos establecidos por esta sección.

1. Una decisión del Presidente de una provincia debe ser por escrito si:

1. a. es tomada con carácter de legislación; o
2. b. tiene consecuencias legales.

2. Una decisión escrita del Presidente debe ser refrendada por otro miembro del Consejo Ejecutivo si esa decisión concierne a funciones asignadas a ese otro miembro.

3. Proclamaciones, reglamentaciones u otros instrumentos de legislación subordinada de una provincia deben ser accesibles al público.

4. La legislación provincial debe especificar la manera en que, y la extensión en que, los instrumentos mencionados en la subsección (3) deben ser:

1. a. presentados en el órgano legislativo provincial; y
2. b. aprobados por el órgano legislativo provincial.

1. Si un órgano legislativo provincial, por una votación apoyada por la mayoría de sus miembros, aprueba una moción de no confianza en el Consejo Ejecutivo de la provincia que excluya al Presidente, el Presidente debe reconstituir el Consejo.

2. Si un órgano legislativo provincial, por una votación apoyada por la mayoría de sus miembros, aprueba una moción de no confianza en el Presidente, el Presidente y los otros miembros del Consejo Ejecutivo deben dimitir.

1. Una constitución provincial, o enmienda constitucional, no debe ser incompatible con esta Constitución, pero puede regular:

1. a. las estructuras legislativas o ejecutivas provinciales y procedimientos que difieran de los regulados en este capítulo; o
2. b. la institución, papel, autoridad y status de un monarca tradicional, donde sea aplicable.

2. Las disposiciones incluidas en una constitución provincial o en­mienda constitucional en las condiciones de los parágrafos (a) o (b) de la subsección (1):

1. a. deben cumplir con los valores de la sección 1 y con el capítulo 3; y
2. b. no pueden conferir a la provincia ningún poder o función que esté comprendida:
   1. i. fuera del área de la competencia provincial en los términos de los Anexos 4 y 5; o
   2. ii. fuera de los poderes y funciones conferidos a la provincia por otras secciones de esta Constitución.

1. Si un órgano legislativo provincial ha aprobado o enmendado una constitución, el presidente del órgano legislativo debe presentar el texto de la constitución o de la enmienda constitucional al Tribunal Constitucional para certificación.

2. Ningún texto de una constitución provincial o enmienda constitucional deviene Ley hasta que el Tribunal Constitucional haya certificado:

1. a. que el texto ha sido aprobado de acuerdo con la sección 142; y
2. b. que el texto completo se ajusta a la sección 143.

1. El Presidente de una provincia debe prestar asentimiento y firmar el texto de una constitución provincial o enmienda constitucional que haya sido certificada por el Tribunal Constitucional.

2. El texto prestado asentimiento y firmado por el Presidente debe ser publicado en la Gaceta del Gobierno Nacional y entrará en vigor en el momento de la publicación o en una fecha posterior determinada en las condiciones de esa constitución o enmienda.

3. El texto firmado de la constitución provincial o enmienda constitucional es prueba concluyente de sus previsiones y, después de su publicación, debe ser confiado al Tribunal Constitucional para custodia.

1. Esta sección se aplica a un conflicto entre la legislación nacional y provincial que se comprenda en un área funcional enumerada en el Anexo 4.

2. La legislación nacional que se aplica uniformemente respecto del país como un todo prevalece sobre la legislación provincial si ocurre cualquiera de las siguientes condiciones.

1. a. La legislación nacional concurre en una materia que no puede ser regulada efectivamente por legislación establecida por las respectivas provincias individualmente.
2. b. La legislación concurre en una materia, que para ser afrontada con efectividad, requiere uniformidad en toda la nación, Y la legislación previene esa uniformidad al establecer:
   1. i. normas y modelos;
   2. ii. marcos; o
   3. iii. políticas nacionales.
3. c. la legislación nacional sea necesaria para:
   1. i. el mantenimiento de la seguridad nacional;
   2. ii. el mantenimiento de la unidad económica;
   3. iii. la protección de un mercado común con respecto a la movilidad de bienes, servicios, capital y trabajo;
   4. iv. la promoción de las actividades económicas provinciales a través de los límites provinciales;
   5. v. la promoción de igualdad de oportunidades o igual acceso a los servicios del gobierno; o
   6. vi. la protección del medio ambiente.

3. La legislación nacional prevalece sobre la legislación provincial si la legislación nacional está dirigida a prevenir la acción razonable de una provincia que:

1. a. sea perjudicial para los intereses económicos, de salud, o seguridad de otra provincia o del país como un todo; o
2. b. impida la ejecución de la política económica nacional.

4. Cuando haya una controversia concerniente a si es necesaria legislación nacional para una finalidad establecida en la subsección (2) (c) y esa disputa llegue ante un tribunal para resolución, el tribunal debe tener debida consideración a la aprobación o rechazo de la legislación por el Consejo Nacional de Provincias.

5. La legislación Provincial prevalece sobre la legislación nacional si la subsección (2) o (3) no se aplica.

6. Una Ley hecha en las condiciones de una Ley del Parlamento o una Ley provincial puede prevalecer sólo si esa Ley ha sido aprobada por el Consejo Nacional de Provincias.

7. Si el Consejo Nacional de Provincias no alcanza una decisión dentro de los 30 días de su primera sesión después de que una Ley le sea remitida, esa Ley debe considerarse a todos los efectos que ha sido aprobada por el Consejo.

8. Si el Consejo Nacional de Provincias no aprueba una Ley a la que refiere la subsección (6) debe, dentro de los 30 días de su decisión, indicar las razones para no aprobar la Ley a la autoridad que le remitió la Ley.

1. Si se produce un conflicto entre la legislación nacional y una previsión de una constitución provincial con respecto a:

1. a. una materia, que afecta a lo que esta Constitución específicamente requiere o atribuye al establecimiento de legislación nacional, la legislación nacional prevalece sobre la previsión afectada de la constitución provincial;
2. b. la intervención del legislativo nacional en las condiciones de la sección 44 (2), la legislación nacional prevalece sobre la previsión de la constitución provincial; o
3. c. una materia en un área funcional enumerada en el Anexo 4, la sección 146 se aplica como si la previsión afectada o la constitución provincial fuese legislación provincial a la que refiere esa sección.

2. La legislación nacional a que se refiere la sección 44 (2) provee sobre la legislación provincial con respecto a las materias en las áreas funcionales enumeradas en el Anexo 5.

1. El Protector Público tiene el poder, según lo regulado por la legislación nacional,

1. a. investigar cualquier conducta en asuntos estatales, o en la administración pública en cualquier esfera del gobierno, que se alegue o sospeche que es impropia o que resulte en alguna incorrección o prejuicio;
2. b. informar sobre esa conducta; y
3. c. para tomar las medidas correctivas apropiadas.

2. El Protector Público tiene los poderes y funciones adicionales prescritos por la legislación nacional.

3. El Protector Público no puede investigar decisiones judiciales.

4. El Protector Público debe ser accesible para todas las personas y comunidades.

5. Un informe emitido por el Protector Público debe estar abierto al público a menos que circunstancias excepcionales, que se determinarán en términos de legislación nacional, exijan que un informe se mantenga confidencial.

1. La Comisión de Derechos Humanos debe:

1. a. promover el respeto por los derechos humanos y una cultura de los derechos humanos;
2. b. promover la protección, desarrollo y logro de los derechos humanos; y
3. c. monitorear y evaluar la observancia de los derechos humanos en la República.

2. La Comisión de Derechos Humanos tiene los poderes, según estén regulados en la legislación nacional, necesarios para realizar sus funciones, incluyendo el poder:

1. a. para investigar e informar sobre la observancia de los derechos humanos;
2. b. para tomar medidas para asegurar la reparación adecuada donde los derechos humanos hayan sido violados;
3. c. para realizar investigaciones;
4. d. para educar.

3. Cada año, la Comisión de Derechos Humanos debe requerir a los órganos correspondientes del Estado para que provean a la Comisión con información de las medidas tomadas para la realización de los derechos de la declaración de derechos que afecten a la vivienda, cuidado de la salud, alimentos, agua, seguridad social, educación y medio ambiente.

4. La Comisión de Derechos Humanos tiene los poderes adicionales y funciones prescritas por la legislación nacional.

1. Los objetivos prioritarios de la Comisión para la Promoción y Protección de los derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas son:

1. a. promover el respeto por los derechos de las comunidades culturales, religiosas y lingüísticas;
2. b. promover y desarrollar la paz, amistad, humanidad, tolerancia y unidad nacional entre culturas, comunidades religiosas y lingüísticas, sobre bases de igualdad, no discriminación y libre asociación; y
3. c. recomendar el establecimiento o reconocimiento, de acuerdo con la legislación nacional, de un consejo cultural u otro consejo o consejos para una comunidad o comunidades en Sudáfrica.

2. La comisión tiene el poder, conforme este regulado por la legislación nacional, necesario para realizar sus objetivos primarios, incluyendo el poder de controlar, estudiar, investigar, educar, presionar, asesorar, e informar sobre materias que afecten a los derechos de las comunidades culturales, religiosas y lingüísticas.

3. La Comisión puede informar sobre cualquier materia que esté en el ámbito de sus poderes y funciones a la Comisión de Derechos Humanos para investigación.

4. La Comisión tiene los poderes y funciones adicionales prescritos por la legislación nacional.

1. El número de miembros de la Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y lingüísticas y su designación y sus condiciones deben ser prescritas por la legislación nacional.

2. La composición de la Comisión debe-

1. a. ser ampliamente representativa de las principales comunidades culturales, religiosas y lingüísticas de Sudáfrica; y
2. b. reflejar ampliamente la composición de género en Sudáfrica.

1. La Comisión para la Igualdad de Género debe promover el respeto para la igualdad de género, el desarrollo y logro de la igualdad de género.

2. La Comisión para la Igualdad de Género tiene el poder, según esté regulado por la legislación nacional, necesario para realizar sus funciones, que incluye el poder de controlar, estudiar, investigar, educar, presionar, asesorar e informar sobre materias que afecten a la igualdad de género.

3. La Comisión para la Igualdad de Género tiene los poderes adicionales y funciones prescritas por la legislación nacional.

1. El Auditor-General debe auditar e informar sobre las cuentas, declaraciones financieras y la gestión financiera de:

1. a. todos los departamentos y administraciones nacionales y provinciales del Estado;
2. b. todas las municipalidades; y
3. c. cualquier otra institución o entidad de contabilidad que la legislación nacional o provincial exija que sean auditadas por el Auditor-General.

2. Además de los deberes prescritos en la subsección (1), y sujeto a cualquier legislación, el Auditor General puede auditar e informar sobre las cuentas, los estados financieros y la gestión financiera de:

1. a. cualquier institución financiada por el Fondo Nacional de Ingresos o un Fondo Provincial de Ingresos o por un municipio; o
2. b. cualquier institución autorizada en términos de cualquier ley para recibir dinero para un propósito público.

3. El Auditor General debe presentar informes de auditoría a cualquier legislatura que tenga un interés directo en la auditoría, y a cualquier otra autoridad prescrita por la legislación nacional. Todos los informes deben hacerse públicos.

4. El Auditor General tiene los poderes y funciones adicionales prescritos por la legislación nacional.

1. La Comisión Electoral debe:

1. a. gestionar las elecciones de los órganos legislativos nacionales, provinciales y municipales de conformidad con la legislación nacional;
2. b. asegurar que esas elecciones sean libres y justas; y
3. c. Declarar los resultados de esas elecciones dentro de un período que debe ser prescrito por la legislación nacional y que sea lo más breve posible.

2. La Comisión Electoral tiene los poderes y funciones adicionales prescritos por la legislación nacional.

1. El Protector Público y los miembros de cualquier Comisión establecida por este Capítulo deben ser mujeres u hombres que:

1. a. son ciudadanos sudafricanos;
2. b. Son personas aptas y adecuadas para ocupar la oficina en particular; y
3. c. cumplir con cualquier otro requisito prescrito por la legislación nacional.

2. La necesidad de que una Comisión establecida por este Capítulo refleje ampliamente la composición racial y de género de Sudáfrica debe ser considerada cuando se nombra a los miembros.

3. El Auditor General debe ser una mujer o un hombre que sea ciudadano sudafricano y una persona idónea para ocupar ese cargo. El conocimiento especializado o la experiencia en auditoría, las finanzas estatales y la administración pública deben tenerse debidamente en cuenta al nombrar al Auditor General.

4. El Presidente, por recomendación de la Asamblea Nacional, debe nombrar al Protector Público, el Auditor General y los miembros de:

1. a. la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos;
2. b. la Comisión para la Igualdad de Género; y
3. c. la Comisión Electoral.

5. La Asamblea Nacional debe recomendar personas:

1. a. nominadas por un comité de la Asamblea compuesto proporcionalmente por miembros de todos los partidos representados en la Asamblea; y
2. b. Aprobadas por la Asamblea en una resolución aprobada con voto de apoyo.
   1. i. al menos el 60% de los miembros de la Asamblea, si la recomendación se refiere al nombramiento del Protector Público o del Auditor General; o
   2. ii. de la mayoría de los miembros de la Asamblea, si la recomendación se refiere al nombramiento de un miembro de una Comisión.

6. La participación de la sociedad civil en el proceso de recomendación puede preverse según lo previsto en la sección 59 (1) (a).

1. El Protector Público, el Auditor-General o un miembro de una Comisión establecida por este Capítulo puede ser removido del cargo sólo con:

1. a. el fundamento de mala conducta, incapacidad o incompetencia;
2. b. una decisión tomada a ese efecto por un Comité de la Asamblea Nacional; y
3. c. la adopción por la Asamblea de una resolución pidiendo la remoción de esa persona del cargo.

2. Una resolución de la Asamblea Nacional que afecte a la remoción del cargo de:

1. a. Protector Público o Auditor-General debe ser adoptada con el voto favorable de al menos los dos tercios de los miembros de la Asamblea; o
2. b. un miembro de una Comisión debe ser adoptada con el voto favorable de una mayoría de los miembros de la Asamblea.

3. El Presidente:

1. a. puede suspender a una persona de su cargo en cualquier momento después del comienzo del proceso de un comité de la Asamblea Nacional para la remoción de esa persona; y
2. b. debe remover a una persona de su cargo bajo adopción por la Asamblea de la resolución pidiendo la remoción de esa persona.

1. La fuerza de defensa debe ser estructurada y dirigida como una fuerza militar disciplinada.

2. El fin primario de la fuerza de defensa es defender y proteger a la República, su integridad territorial y a su pueblo de acuerdo con la Constitución y los principios de Derecho Internacional que regulan el uso de la fuerza.

1. Un miembro del Gabinete debe ser responsable de la defensa.

2. Sólo el Presidente, como jefe del ejecutivo nacional, puede autorizar el empleo de la fuerza de defensa:

1. a. en cooperación con el servicio de policía;
2. b. en defensa de la República; o
3. c. en cumplimiento de una obligación internacional.

3. Cuando la fuerza de defensa sea empleada con cualquier propósito mencionado en la subsección (2), el Presidente debe informar al Parlamento, prontamente y con el detalle apropiado, de:

1. a. las razones para el empleo de la fuerza de defensa;
2. b. cualquier lugar donde la fuerza esté siendo empleada;
3. c. el número de personas implicadas; y
4. d. el período por el que se espera que la fuerza será empleada.

4. Si el Parlamento no se reúne durante los primeros siete días en que la fuerza sea empleada como está previsto en la subsección (2), el Presidente debe facilitar la información exigida en la subsección (3) al pertinente comité de vigilancia.

1. El Presidente, como jefe del ejecutivo nacional, es comandante y jefe de la fuerza de defensa, y debe designar al Mando Militar de la fuerza de defensa.

2. El mando de la fuerza de defensa debe ser ejercitado de acuerdo con las instrucciones del miembro del Gabinete responsable de la defensa, bajo la autoridad del Presidente.

1. El Presidente, como jefe del ejecutivo nacional, puede declarar un estado de defensa nacional, y debe informar al Parlamento prontamente y con el detalle apropiado de:

1. a. los motivos de la declaración;
2. b. cualquier lugar donde se esté empleando la fuerza de defensa; y
3. c. la cantidad de personas involucradas.

2. Si el Parlamento no está presente cuando se declara el estado de defensa nacional, el Presidente debe convocar al Parlamento a una sesión extraordinaria dentro de los siete días de la declaración.

3. La declaración de estado de defensa nacional caducará a menos que sea aprobada por el Parlamento dentro de los siete días posteriores a la declaración.

1. El servicio de policía nacional debe estar estructurado para funcionar en las esferas de gobierno nacional, provincial y, cuando corresponda, local.

2. La legislación nacional debe establecer los poderes y funciones del servicio de policía y debe permitir que el servicio de policía cumpla con sus responsabilidades de manera efectiva, teniendo en cuenta los requisitos de las provincias.

3. Los objetivos del servicio de policía son prevenir, combatir e investigar el delito, mantener el orden público, proteger y proteger a los habitantes de la República y sus bienes, y defender y hacer cumplir la ley.

1. Un miembro del Gabinete debe ser responsable de la policía y debe determinar la política de policía nacional después de consultar a los gobiernos provinciales y tomar en cuenta las necesidades de policía y prioridades de las provincias conforme esté determinado por los ejecutivos provinciales.

2. La política de policía nacional debe hacer previsiones sobre diferentes políticas en relación con las diferentes provincias después de tomar en consideración las necesidades de policía y prioridades de estas provincias.

3. Cada provincia está facultada:

1. a. para controlar la conducta de la policía;
2. b. para vigilar la efectividad y eficiencia del servicio de policía, incluyendo la recepción de informes sobre el servicio de policía;
3. c. para promover buenas relaciones entre la policía y la comunidad;
4. d. para evaluar la efectividad de la policía visible; y
5. e. para contactar con el miembro del Gabinete responsable de la policía con respecto al crimen y la policía en la provincia.

4. Un ejecutivo provincial es responsable de las funciones de policía:

1. a. otorgadas a él por este capítulo;
2. b. asignadas a él en los términos de la legislación nacional; y
3. c. conferidas a él en la política de policía nacional.

5. En orden a realizar las funciones indicadas en la subsección (3), una provincia:

1. a. puede investigar, o designar una comisión de investigación, cualesquiera denuncias de ineficiencia de la policía o de interrupción de las relaciones entre la policía y la comunidad; y
2. b. debe hacer recomendaciones al miembro del Gabinete responsable de la policía.

6. Bajo recibo de una denuncia presentada por un ejecutivo provincial, un cuerpo independiente de denuncias de policía establecido por la legislación nacional debe investigar presunta falta de conducta o delito cometido por un miembro del servicio de policía de la provincia.

7. La legislación nacional debe proporcionar un marco para el establecimiento, los poderes, las funciones y el control de los servicios de policía municipal.

8. Se debe establecer un comité compuesto por el miembro del Gabinete y los miembros de los Consejos Ejecutivos responsables de la policía para garantizar la coordinación efectiva del servicio policial y la cooperación efectiva entre las esferas del gobierno.

9. Una legislatura provincial puede requerir que el comisionado provincial de la provincia comparezca ante ella o cualquiera de sus comités para responder preguntas.

1. El presidente como jefe del ejecutivo nacional debe designar a una mujer o un hombre como comisionado nacional del servicio de policía para controlar y administrar el servicio de policía.

2. El Comisionado Nacional debe ejercer control y administrar el servicio policial de acuerdo con la política policial nacional y las instrucciones del miembro del Gabinete responsable de la vigilancia policial.

3. El comisionado nacional, con el acuerdo del ejecutivo provincial, debe designar a una mujer o un hombre como comisionado provincial para esa provincia, pero si el comisionado nacional y el ejecutivo provincial no pueden acordar el nombramiento, el miembro del gabinete responsable para la vigilancia debe mediar entre las partes.

4. Los comisionados provinciales son responsables de la vigilancia en sus respectivas provincias

1. a. como lo prescribe la legislación nacional; y
2. b. Sujeto al poder del Comisionado Nacional para ejercer control y administrar el servicio de policía en términos de la subsección (2).

5. El comisionado provincial debe informar anualmente a la legislatura provincial sobre la actuación policial en la provincia, y debe enviar una copia del informe al Comisionado Nacional.

6. Si el comisionado provincial ha perdido la confianza del ejecutivo provincial, ese ejecutivo puede instituir procedimientos apropiados para la remoción o transferencia de, o la acción disciplinaria en contra de ese comisionado, de acuerdo con la legislación nacional.

1. Cualquier servicio de inteligencia, que no sea una división de inteligencia de la fuerza de defensa o del servicio de policía, sólo puede ser establecido por el Presidente, como jefe del ejecutivo nacional, y sólo en términos de legislación nacional.

2. El presidente como jefe del ejecutivo nacional debe designar a una mujer o un hombre como jefe de cada servicio de inteligencia establecido en los términos de la subsección (1), y debe asumir la responsabilidad política por el control y la dirección de cualquiera de esos servicios, o designar a un miembro del gabinete para que asuma esa responsabilidad.

1. Hay un Fondo de Ingresos Nacionales en el que todo el dinero recibido por el gobierno nacional debe ser ingresado, excepto el dinero razonablemente excluido por una Ley del Parlamento.

2. El dinero puede ser retirado del Fondo de Ingresos Nacionales sólo:

1. a. en términos de asignación por una Ley del Parlamento; o
2. b. como un cargo directo contra el Fondo de Ingresos Nacionales, cuando esté previsto en la Constitución o en una Ley del Parlamento.

3. Una participación equitativa de la provincia en los ingresos recogidos nacionalmente es una carga directa en contra de! Fondo de Ingresos Nacionales.

1. Una Ley del Parlamento debe proveer por:

1. a. la división equitativa de los ingresos recogidos nacionalmente entre las esferas de gobierno nacional, provincial y local
2. b. la determinación de la participación equitativa de la cada provincia en la cuota provincial de esos ingresos; y
3. c. que puedan ser realizados cualesquiera otros repartos a las provincias, gobierno local o municipalidades de la participación del gobierno nacional en esos ingresos, y de cualesquiera condiciones de esos repartos.

2. La Ley referida en la subsección (1) puede ser establecida sólo después que los gobiernos provinciales, gobiernos locales organizados y la Comisión financiera y Fiscal hayan sido consultadas, y cualquier recomendación de la Comisión haya sido considerada y deben tenerse en cuenta: '

1. a. el interés nacional;
2. b. cualquier previsión que deba ser hecha en relación con la deuda nacional y otras obligaciones nacionales;
3. c. las necesidades e intereses del gobierno nacional, determinados según criterios objetivos;
4. d. la necesidad de asegurar que las provincias y municipios sean capaces de proveer de los servicios y realizar las funciones atribuidas a ellos;
5. e. la capacidad fiscal y eficiencia de las provincias y municipios;
6. f. el desarrollo y otras necesidades de las provincias gobierno local y municipios;
7. g. disparidades económicas en y entre las provincias;
8. h. las obligaciones de las provincias y municipios en los términos de la legislación provincial;
9. i. la deseabilidad de repartos estables y predecibles de las participaciones en los ingresos; y
10. j. la necesidad de flexibilidad en la respuesta a las emergencias u otras necesidades temporales, y otros factores basados en similares criterios objetivos.

1. Los presupuestos nacionales, provinciales y municipales y los procesos presupuestarios deben promover la transparencia, responsabilidad, y la gestión financiera efectiva de la economía, deuda y sector público.

2. La legislación nacional debe prescribir:

1. a. la forma de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales;
2. b. cuando deben ser presentados los presupuestos nacionales y provinciales; y
3. c. esos presupuestos en cada esfera de gobierno deben mostrar la fuentes de ingresos y la forma en que el gasto propuesto cumplirá con la legislación nacional.

3. Los presupuestos en cada esfera de gobierno deben contener:

1. a. las previsiones de ingresos y gastos, diferenciando entre capital y gasto corriente;
2. b. las propuestas para financiar cualquier déficit anticipado en el período a que se apliquen; y
3. c. una indicación de las intenciones respecto del empréstito y otras formas de responsabilidad pública que incrementará la deuda pública durante el año subsiguiente.

1. La legislación nacional debe establecer una Hacienda Nacional y prescribir medidas para asegurar tanto la transparencia como el control del gasto en cada esfera de gobierno, mediante la introducción de:

1. a. prácticas contables generalmente reconocidas;
2. b. clasificaciones uniformes de gasto; y
3. c. normas y modelos uniformes de tesorería.

2. El tesoro nacional debe hacer cumplir las medidas establecidas en los términos de la subsección (1), y puede detener la transferencia de fondos a un órgano del estado si ese órgano del estado comete una violación grave o persistente de esas medidas.

3. Una decisión de parar la transferencia de fondos a una provincia debe ser tomada sólo en los términos de la subsección (2), y:

1. a. no puede parar la transferencia de fondos por más de 120 días; y
2. b. debe ser cumplida inmediatamente, pero caducará retroactivamente salvo que el Parlamento la apruebe siguiendo sustancialmente el mismo proceso que el establecido en los términos de la sección 76 (1) y el prescrito por el reglamento y procedimientos comunes del Parlamento. Este proceso debe ser completado dentro de los 30 días de la decisión de la Hacienda Nacional.

4. El parlamento puede renovar una decisión de parar la transferencia de fondos por no más de 120 días, siguiente el proceso establecido en los términos de la subsección (3)

5. Antes que el Parlamento pueda aprobar o renovar una decisión para detener la transferencia de fondos a una provincia:

1. a. el Auditor-General debe informar al Parlamento; y
2. b. la provincia debe tener una oportunidad de responder a las alegaciones contra ella, y plantear su caso, ante un comité.

1. Cuando un órgano de estado en el ámbito nacional, provincial o local de gobierno, o cualquier otra institución identificada en la legislación nacional, contratos de bienes o servicios, debe hacerlo de conformidad con un sistema que sea justo, equitativo, transparente, competitivo y rentable.

2. La subsección (1) no impide que los órganos del estado o las instituciones a los que se hace referencia en esa subsección apliquen una política de adquisiciones que prevea:

1. a. categorías de preferencia en la asignación de contratos; y
2. b. La protección o promoción de personas o categorías de personas desfavorecidas por discriminación injusta.

3. La legislación nacional debe establecer un marco dentro del cual se debe implementar la política a la que se hace referencia en la subsección (2).

1. El gobierno nacional, un gobierno provincial o un municipio pueden garantizar un préstamo sólo si la garantía cumple con las condiciones establecidas en la legislación nacional.

2. La legislación nacional referida en el inciso (1) sólo podrá promulgarse después de que se hayan considerado las recomendaciones de la Comisión Financiera y Fiscal.

3. Cada año, cada gobierno debe publicar un informe sobre las garantías que ha otorgado.

1. Una Ley del Parlamento debe establecer un marco para determinar:

1. a. los salarios, asignaciones y beneficios de los miembros de la Asamblea Nacional, delegados permanentes al Consejo Nacional de Provincias, miembros del Gabinete, Viceministros, líderes tradicionales y miembros de cualesquiera consejos de líderes tradicionales; y
2. b. el límite más alto de los salarios, asignaciones o beneficios de los miembros de los órganos legislativos provinciales, miembros de los Consejos del Ejecutivo y miembros de los Consejos Municipales de las diferentes categorías.

2. La legislación nacional debe establecer una comisión independiente para hacer recomendaciones que se refieran a los salarios, asignaciones y beneficios a los que se refiere la subsección (1).

3. El Parlamento puede aprobar la legislación a que se refiere la subsección (1) sólo después de considerar cualquier recomendación de la comisión establecida en los términos de la subsección (2).

4. El ejecutivo nacional, un ejecutivo provincial, una municipalidad o cualquier otra autoridad pertinente puede ejecutar la legislación nacional a la que se refiere la subsección (l) sólo después de considerar cualquier recomendación de la comisión establecida en los términos de la subsección (2).

5. La legislación nacional debe establecer un marco para determinar los salarios, asignaciones y beneficios de los jueces, el Protector Público, el Auditor-General, y los miembros de cualquier comisión prevista en esta Constitución, incluyendo la autoridad de los medios de difusión a la que se refiere la sección 192.

1. Existe una Comisión Fiscal y Fiscal para la República que hace las recomendaciones previstas en este Capítulo, o en la legislación nacional, al Parlamento, las legislaturas provinciales y cualquier otra autoridad determinada por la legislación nacional.

2. La Comisión es independiente y está sujeta únicamente a la Constitución y la ley, y debe ser imparcial.

3. La Comisión debe funcionar en términos de una ley del Parlamento y, en el desempeño de sus funciones, debe considerar todos los factores pertinentes, incluidos los enumerados en la sección 214 (2).

1. La Comisión está compuesta por las siguientes mujeres y hombres nombrados por el Presidente, como jefe del ejecutivo nacional

1. a. Un presidente y vicepresidente;
2. b. tres personas seleccionadas, previa consulta con los Primeros Ministros, de una lista compilada de acuerdo con un proceso prescrito por la legislación nacional;
3. c. dos personas seleccionadas, previa consulta al gobierno local organizado, de una lista compilada de acuerdo con un proceso prescrito por la legislación nacional; y
4. d. otras dos personas.

1A. La legislación nacional a que se refiere el inciso (1) debe prever la participación de:

1. a. los Primeros Ministros en la compilación de una lista prevista en la subsección (1) (b); y
2. b. un gobierno local organizado en la compilación de una lista prevista en la subsección (1) (c).

2. Los miembros de la Comisión deben tener los conocimientos adecuados.

3. Los miembros sirven por un período establecido en términos de legislación nacional. El Presidente puede destituir a un miembro de la oficina por mala conducta, incapacidad o incompetencia.

1. El principal objetivo del Banco de la Reserva de Sudáfrica es proteger el valor de la moneda en interés de un crecimiento económico equilibrado y sostenible en la República.

2. El Banco de la Reserva de Sudáfrica, en la búsqueda de su objetivo principal, debe realizar sus funciones de manera independiente y sin temor, favor o prejuicio, pero debe haber consultas periódicas entre el Banco y el miembro del Gabinete responsable de asuntos financieros nacionales.

1. Hay un Fondo Provincial de Ingresos para cada provincia en el cual se debe pagar todo el dinero recibido por el gobierno provincial, excepto el dinero razonablemente excluido por una Ley del Parlamento.

2. El dinero puede ser retirado de un Fondo Provincial de Ingresos solamente:

1. a. en términos de una apropiación por una ley provincial; o
2. b. como una carga directa contra el Fondo de Ingresos Provinciales, cuando está previsto en la Constitución o en una ley provincial.

3. Los ingresos asignados a través de una provincia al gobierno local en esa provincia en términos de la sección 214 (1), es un cargo directo contra el Fondo de Ingresos de esa provincia.

4. La legislación nacional puede determinar un marco dentro del cual

1. a. una Ley provincial puede, en términos de la subsección (2) (b), autorizar el retiro de dinero como un cargo directo contra un Fondo Provincial de Ingresos; y
2. b. los ingresos asignados a través de una provincia al gobierno local en esa provincia en términos de la subsección (3) deben pagarse a los municipios de la provincia.

1. El gobierno local y cada provincia:

1. a. tiene derecho a una parte equitativa de los ingresos recaudados a nivel nacional para que pueda prestar servicios básicos y desempeñar las funciones que se le asignan; y
2. b. pueden recibir otras asignaciones de los ingresos del gobierno nacional, condicional o incondicionalmente.

2. Los ingresos adicionales recaudados por las provincias o los municipios no pueden deducirse de su participación en los ingresos recaudados a nivel nacional, ni de otras asignaciones que se les otorguen con cargo a los ingresos del gobierno nacional. Del mismo modo, el gobierno nacional no tiene la obligación de compensar a las provincias o municipios que no generan ingresos acordes con su capacidad fiscal y su base tributaria.

3. La participación equitativa de una provincia en los ingresos recaudados a nivel nacional debe transferirse a la provincia sin demora y sin deducción, excepto cuando la transferencia se haya detenido en términos del artículo 216.

4. Una provincia debe proveerse de los recursos que requiera, en términos de una disposición de su constitución provincial, que sean adicionales a los requisitos previstos en la Constitución.

1. Una legislatura provincial puede imponer:

1. a. impuestos, gravámenes y derechos distintos del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto general sobre las ventas, las tasas sobre la propiedad o los derechos de aduana; y
2. b. recargos a tasa fija sobre cualquier impuesto, gravamen o impuesto que imponga la legislación nacional, que no sea el impuesto sobre la renta corporativo, el impuesto sobre el valor agregado, las tasas sobre la propiedad o los derechos de aduana.

2. El poder de una legislatura provincial para imponer impuestos, gravámenes, aranceles y recargos:

1. a. no se ejercerá de manera tal que perjudique material e injustificadamente las políticas económicas nacionales, las actividades económicas a través de las fronteras provinciales o la movilidad nacional de bienes, servicios, capital o trabajo; y
2. b. Debe regularse en términos de una Ley del Parlamento, que sólo puede promulgarse después de que se hayan considerado las recomendaciones de la Comisión Financiera y Fiscal.

1. Sujeto a los incisos (2), (3) y (4), un municipio puede imponer:

1. a. Tasas en propiedad y recargos en honorarios por servicios prestados por o en nombre del municipio; y
2. b. si está autorizado por la legislación nacional, otros impuestos, gravámenes y aranceles apropiados para el gobierno local o la categoría de gobierno local en el que cae ese municipio, pero ningún municipio puede imponer impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto general a las ventas o derechos de aduana.

2. El poder de un municipio para imponer tasas sobre la propiedad, sobrecargos por los servicios prestados por o en nombre del municipio u otros impuestos, gravámenes o aranceles.

1. a. puede no ejercerse de una manera que prejuzgue material e irrazonablemente las políticas económicas nacionales, las actividades económicas a través de las fronteras municipales o la movilidad nacional de bienes, servicios, capital o trabajo; y
2. b. puede ser regulado por la legislación nacional.

3. Cuando dos municipios tienen los mismos poderes y funciones fiscales con respecto a la misma área, se debe hacer una división apropiada de esos poderes y funciones en términos de la legislación nacional. La división puede hacerse sólo después de tomar en cuenta al menos los siguientes criterios:

1. a. La necesidad de cumplir con sólidos principios de tributación.
2. b. Los poderes y funciones que desempeña cada municipio.
3. c. La capacidad fiscal de cada municipio.
4. d. La efectividad y eficiencia de aumentar los impuestos, gravámenes y aranceles.
5. e. Equidad.

4. Nada en esta sección impide compartir ingresos recaudados en términos de esta sección entre municipalidades que tienen poder fiscal y funciones en la misma área.

5. La legislación nacional prevista en esta sección sólo podrá promulgarse después de que se haya consultado al gobierno local organizado y a la Comisión Financiera y Fiscal, y se hayan considerado las recomendaciones de la Comisión.

1. Una provincia puede obtener préstamos para capital o gastos corrientes de acuerdo con la legislación nacional, pero los préstamos para gastos corrientes pueden recaudarse sólo cuando sea necesario a los fines de un puente durante un año fiscal.

2. La legislación nacional referida en el inciso (1) sólo podrá promulgarse después de que se hayan considerado las recomendaciones de la Comisión Financiera y Fiscal.

1. Un Consejo Municipal puede, de conformidad con la legislación nacional,

1. a. Aumentar los préstamos para capital o gastos corrientes para el municipio, pero los préstamos para gastos corrientes pueden recaudarse sólo cuando sea necesario a los fines de un puente durante un año fiscal. y
2. b. obligarse a sí mismo y un futuro Consejo en el ejercicio de su autoridad legislativa y ejecutiva para garantizar préstamos o inversiones para el municipio.

2. La legislación nacional referida en el inciso (1) sólo podrá promulgarse después de que se hayan considerado las recomendaciones de la Comisión Financiera y Fiscal.

1. La negociación y suscripción de todos los acuerdos internacionales es responsabilidad del ejecutivo nacional.

2. Un acuerdo internacional vincula a la República sólo después de que haya sido aprobado por resolución tanto en la Asamblea Nacional como en el Consejo Nacional de Provincias, a menos que se trate de un acuerdo al que se hace referencia en la subsección (3).

3. Un acuerdo internacional de naturaleza técnica, administrativa o ejecutiva, o un acuerdo que no requiere ratificación o adhesión, celebrado por el ejecutivo nacional, vincula a la República sin la aprobación de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de las Provincias, pero debe ser presentado en la Asamblea y el Consejo dentro de un tiempo razonable.

4. Cualquier acuerdo internacional se convierte en ley en la República cuando es promulgado por la legislación nacional; pero una disposición autoejecutable de un acuerdo que ha sido aprobado por el Parlamento es ley en la República a menos que sea incompatible con la Constitución o una Ley del Parlamento.

5. La República está obligada por acuerdos internacionales que eran vinculantes para la República cuando entró en vigencia esta Constitución.

1. Esta Ley se llama Constitución de la República de Sudáfrica, 1996, y entra en vigor lo antes posible en una fecha fijada por el Presidente mediante una proclama, que no puede ser posterior al 1 de julio de 1997.

2. El Presidente puede establecer diferentes fechas antes de la fecha mencionada en el inciso (1) con respecto a diferentes disposiciones de la Constitución.

3. A menos que el contexto indique lo contrario, una referencia en una disposición de la Constitución a un momento en que la Constitución entró en vigor debe interpretarse como una referencia al momento en que esa disposición entró en vigencia.

4. Si se establece una fecha diferente para cualquier disposición particular de la Constitución en términos de la subsección (2), cualquier disposición correspondiente de la Constitución de la República de Sudáfrica, 1993 (Ley 200 de 1993), mencionada en la proclamación, es derogado con efecto a partir de la misma fecha.

5. Las secciones 213, 214, 215, 216, 218, 226, 227, 228, 229 y 230 entran en vigencia el 1 de enero de 1998, pero esto no excluye la promulgación en virtud de esta Constitución de la legislación prevista en cualquiera de estas disposiciones. antes de esa fecha. Hasta esa fecha, todas las disposiciones correspondientes e incidentales de la Constitución de la República de Sudáfrica, 1993, siguen en vigor.

1. Una nominación debe hacerse en la forma prescrita por las reglas mencionadas en el punto 9.

2. La forma en que se realiza una nominación debe ser firmada:

1. a. por dos miembros de la Asamblea Nacional, si el Presidente o el Presidente o Vicepresidente de la Asamblea debe ser elegido;
2. b. en nombre de dos delegaciones provinciales, si se elige al Presidente o al Vicepresidente del Consejo Nacional de las Provincias; o
3. c. por dos miembros de la legislatura provincial relevante, si el Premier de la provincia o el Presidente o Vicepresidente de la legislatura debe ser elegido.

3. Una persona que está nominada debe indicar la aceptación de la nominación mediante la firma del formulario de nominación o cualquier otra forma de confirmación por escrito.

1. Si ningún candidato recibe la mayoría de los votos, el candidato que recibe el menor número de votos debe ser eliminado y se debe votar sobre los candidatos restantes de acuerdo con el punto 6. Este procedimiento debe repetirse hasta que un candidato reciba la mayoría de los votos

2. Al aplicar el subsección (1), si dos o más candidatos tienen el menor número de votos, se debe votar por separado a esos candidatos, y repetirlos tantas veces como sea necesario para determinar qué candidato se eliminará.

1. Si sólo se nominan dos candidatos, o si sólo quedan dos candidatos después de que se haya aplicado un procedimiento de eliminación, y esos dos candidatos reciben el mismo número de votos, se debe celebrar una reunión adicional dentro de los siete días, a la hora determinada por el persona que preside.

2. Si se celebra una nueva reunión en términos del subsección (1), el procedimiento prescrito en este Anexo debe aplicarse en esa reunión como si fuera la primera reunión para la elección en cuestión.

1. El Presidente del Tribunal Supremo debe establecer normas para prescribir:

1. a. el procedimiento para las reuniones a las que se aplica este Anexo;
2. b. los deberes de cualquier persona que presida una reunión, y de cualquier persona que asista a la persona que preside;
3. c. la forma en que deben presentarse las nominaciones; y
4. d. la manera en que se llevará a cabo la votación.

2. Estas reglas deben darse a conocer de la manera que determine el Presidente del Tribunal Supremo.