Marruecos 2011

Marruecos es una monarquía constitucional, democrática, parlamentaria y social.

El régimen constitucional del Reino se basa en la separación, el equilibrio y la colaboración de los poderes, así como en la democracia participativa del ciudadano, y en los principios del buen gobierno y de la correlación entre la responsabilidad y la rendición de cuentas.

La nación se basa para su vida colectiva en las constantes federativas [constantes federatrices], en la ocurrencia de la religión musulmana moderada, [en] la unidad nacional de sus múltiples componentes [ricos], [en] la monarquía constitucional y [en] la elección democrática.

La organización territorial del Reino está descentralizada. Se basa en una regionalización avanzada.

La soberanía pertenece a la Nación que la ejerce directamente, mediante referéndum, e indirectamente, por intermediario de sus representantes.

La Nación elige a sus representantes entre las instituciones elegidas por sufragio libre, honesto y regular.

El Islam es la religión del Estado, que garantiza a todos el libre ejercicio de las creencias [cultos].

El emblema del Estado es la bandera roja estampada en su centro con una estrella verde de cinco puntos [ramas].

El lema del Reino es Dieu, La Patria, Le Roi [Dios, el País, el Rey].

El árabe es [demeure] el idioma oficial del Estado.

El Estado trabaja por la protección y el desarrollo del idioma árabe, así como la promoción de su uso.

Asimismo, el tamazight [berber/amazighe] constituye un idioma oficial del Estado, siendo patrimonio común de todos los marroquíes sin excepción.

Una ley orgánica define el proceso de implementación del carácter oficial de esta lengua, así como las modalidades de su integración en la enseñanza y en los ámbitos prioritarios de la vida pública, de manera que pueda permitirse a tiempo cumplir su función como lengua oficial.

El Estado trabaja por la preservación de Hassani, como parte integrante de la unidad cultural marroquí, así como la protección de los hablantes y de la expresión cultural práctica de Marruecos. Asimismo, vela por la coherencia de la política lingüística y de la cultura nacional y el aprendizaje y el dominio de las lenguas extranjeras de mayor utilización en el mundo, como herramientas de comunicación, de integración e interacción [por las que] la sociedad [puede] conocer y estar abierta a las diferentes culturas y a la civilizaciones.

Se crea un Consejo Nacional de Lenguas y de Cultura Marroquí [Conseil national des langues et de la culture marocaine], encargado de [,] en particular [,] la protección y el desarrollo de las lenguas árabe y tamazight y de las diversas expresiones culturales marroquíes, que constituyen una auténtica patrimonio y una fuente de inspiración contemporánea. Reúne a las instituciones interesadas en estos ámbitos. Una ley orgánica determina sus atribuciones, composición y modalidades de funcionamiento.

La ley es la expresión suprema de la voluntad de la Nación. Todas las personas físicas o morales, incluidos los poderes públicos, son iguales ante ella y se ven sometidas a ella.

Los poderes públicos trabajan por la creación de las condiciones que permitan la generalización de la efectividad de la libertad y la igualdad de los ciudadanos [femeninos] y ciudadanos [masculinos], así como su participación en la vida política, económica, cultural y social.

Se afirman los principios de constitucionalidad, jerarquía y obligación de publicación de normas jurídicas [,].

La ley puede no tener efecto retroactivo.

Los partidos políticos trabajan por la estructuración [encadrement] y por la instrucción política [formación] de los ciudadanos [femeninos] y ciudadanos [masculinos], para promover su participación en la vida nacional y la gestión de los asuntos públicos. Coinciden en la expresión de la voluntad de los electores y participan en el ejercicio del poder, sobre la base del pluralismo y de la alternancia por métodos democráticos, en el marco de las instituciones constitucionales.

Su constitución y el ejercicio de sus actividades son libres, respetando la Constitución y la ley.

El régimen de [una] parte única es ilegal.

Los partidos políticos no pueden fundarse sobre una base religiosa, lingüística, étnica o regional, ni, de manera general, sobre ninguna base discriminatoria o [base] contraria a los Derechos del Hombre.

Puede que no tengan por [un] objetivo [sino], una violación a la religión musulmana, al régimen monárquico, a los principios constitucionales, a los fundamentos democráticos o a la unidad nacional y a la integridad territorial del Reino.

La organización y el funcionamiento de los partidos políticos deben ajustarse a los principios democráticos.

Una ley orgánica determina, en el marco de los principios enunciados en este artículo, los reglamentos relativos a [,] en particular [,] la constitución y las actividades de los partidos políticos, los criterios de concesión del apoyo financiero del Estado, así como las modalidades de control de su financiación.

Las organizaciones sindicales de asalariados, las asociaciones profesionales [cámaras] y las organizaciones profesionales de empleadores contribuyen a la defensa y promoción de [,] los derechos e intereses socioeconómicos de las categorías que representan. Su constitución y el ejercicio de sus actividades, dentro del respeto de la Constitución y de la ley, son libres.

Las estructuras y el funcionamiento de estas organizaciones deben ajustarse a los principios democráticos.

Los poderes públicos trabajan para promover la negociación colectiva y fomentar la concertación de convenios colectivos de trabajo en las condiciones previstas por la ley.

La ley determina [,] en particular [,] las normas relativas a la constitución de las organizaciones sindicales, a las actividades y a los criterios de concesión de apoyo financiero del Estado, así como las modalidades de control de su financiación.

Los partidos políticos y las organizaciones sindicales no podrán ser disueltos o suspendidos por los poderes públicos, salvo en virtud de una decisión de justicia.

La Constitución garantiza a la oposición parlamentaria un estatuto que le confiere los derechos que le permitan cumplir adecuadamente las misiones que le corresponden en el trabajo parlamentario y en la vida política.

Garantiza, en particular, a la oposición los siguientes derechos:

• la libertad de opinión, de expresión y de reunión;
• tiempo de emisión [temps d'antenne] a nivel de los medios de comunicación oficiales, proporcional a su representación;
• el beneficio de las finanzas públicas, de conformidad con las disposiciones de la ley;
• la participación efectiva en el procedimiento legislativo, en particular mediante la inclusión de propuestas de ley en el orden del día de ambas Cámaras del Parlamento;
• la participación efectiva en el control de la labor gubernamental, en particular a través de las mociones de censura y la interpelación del Gobierno, [y] las preguntas orales dirigidas al Gobierno y a las comisiones parlamentarias de investigación;
• la contribución a la propuesta de candidatos ya la elección de los miembros del Tribunal Constitucional;
• una representación adecuada en las actividades internas de ambas Cámaras del Parlamento;
• la presidencia de la comisión encargada de la legislación en la Cámara de Representantes;
• la disposición de los medios apropiados para asumir sus funciones institucionales;
• la participación activa en la diplomacia parlamentaria con miras a la defensa de las causas justas de la Nación y de sus intereses vitales;
• la contribución a la estructuración y representación de los ciudadanos [femeninos] y ciudadanos [masculinos] en la labor de los partidos políticos que forma y esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la presente Constitución;
• el ejercicio del poder en los planes locales, regionales y nacionales, mediante alternancia democrática y en el marco de las disposiciones de esta Constitución.

Los grupos de la oposición deben aportar una contribución activa y constructiva a la labor parlamentaria.

Las modalidades de ejercicio, por parte de los grupos de oposición, de los derechos enunciados anteriormente [,] se establecen, como es el caso, por las leyes orgánicas, por las leyes o adicionalmente, por el reglamento interno de cada Cámara del Parlamento.

Las elecciones libres, honestas y transparentes constituyen el fundamento de la legitimidad de la representación democrática.

Los poderes públicos deben respetar la estricta neutralidad frente a los candidatos y la no discriminación entre ellos.

La ley define las normas que garantizan el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y el pleno ejercicio de las libertades y de los derechos fundamentales vinculados a las campañas electorales y al funcionamiento del voto. Las autoridades encargadas de la organización de las elecciones se encargan de la aplicación de estas normas.

La ley define las condiciones y modalidades de observación independiente y neutralidad de las elecciones de conformidad con las normas internacionales reconocidas.

Toda persona que infrinja las disposiciones y normas de probidad, honestidad y transparencia de las elecciones será castigada por la ley.

Los poderes públicos aplican las medidas necesarias para la promoción y la participación de los ciudadanos [femeninos] y ciudadanos [masculinos] en las elecciones.

Las asociaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales se constituyen y ejercen sus actividades con toda libertad, respetando la Constitución y la ley.

No podrán ser disueltas ni suspendidas por los poderes públicos, salvo en virtud de una decisión de justicia.

Las asociaciones interesadas en asuntos públicos y las organizaciones no gubernamentales contribuyen, en el marco de la democracia participativa, a la promulgación, aplicación y evaluación de las decisiones e iniciativas [proyectos] de las instituciones elegidas y de los poderes públicos. Estas instituciones y facultades deben organizar esta contribución de conformidad con las condiciones y modalidades establecidas por la ley.

La organización y el funcionamiento de las asociaciones y de las organizaciones no gubernamentales deben ajustarse a los principios democráticos.

Los poderes públicos trabajan en la creación de instancias de diálogo [concertación], con el fin de asociar a los diferentes actores sociales con la promulgación, implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Los ciudadanos [femeninos] y ciudadanos [masculinos] tienen [disposent], en las condiciones y siguiendo las modalidades establecidas por una ley orgánica, el derecho a presentar mociones en materia legislativa.

Los ciudadanos [femeninos] y ciudadanos [masculinos] tienen derecho a presentar peticiones a los poderes públicos.

Una ley orgánica determina las condiciones y modalidades del ejercicio de este derecho.

El Reino de Marruecos trabaja por la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos marroquíes [femeninos] y de los ciudadanos [masculinos] residentes en el extranjero, respetando el derecho internacional y las leyes vigentes en los países de acogida. Está comprometida con el mantenimiento y el desarrollo de sus vínculos humanos, especialmente culturales, con el Reino, y con la preservación de su identidad nacional.

Pretende reforzar su contribución al desarrollo de su patria, Marruecos, y al fortalecimiento de los lazos de amistad y de cooperación entre los gobiernos y las sociedades de los países en los que residen, y de los que son ciudadanos.

Los marroquíes residentes en el extranjero disfrutan de todos los derechos de ciudadanía, incluido el derecho a ser electores y elegibles. Pueden ser candidatos a las elecciones a nivel de listas y de circunscripciones electorales locales, regionales y nacionales. La ley establece los criterios específicos de elegibilidad e incompatibilidad. También determina las condiciones y modalidades del ejercicio efectivo del derecho de voto y de la candidatura de los países de residencia.

Los poderes públicos trabajan para asegurar una participación lo más amplia posible de los marroquíes residentes en el extranjero, en las instituciones consultivas y [instituciones] de buen gobierno creadas por la Constitución o por la ley.

El hombre y la mujer gozan, en igualdad de condiciones, de los derechos y libertades de carácter civil, político, económico, social, cultural y ambiental, consagrados en este Título y en las demás disposiciones de la Constitución, así como en los convenios y pactos internacionales debidamente ratificados por Marruecos y esto, el respeto de las disposiciones de la Constitución, de las constantes [constantes] del Reino y de sus leyes.

El Estado trabaja en pro de la realización de la paridad entre hombres y mujeres.

A tal efecto, se crea una Autoridad para la paridad y la lucha contra todas las formas de discriminación.

El derecho a la vida es el primer derecho de todo ser humano. La ley protege este derecho.

Todos tienen derecho a la seguridad de su persona y de sus familiares ya la protección de sus bienes.

Los poderes públicos garantizan la seguridad de las poblaciones y del territorio nacional dentro del respeto de las libertades y derechos fundamentales garantizados a todos.

La integridad física o moral de nadie podrá ser violada, en cualquier circunstancia que sea, ni por ninguna parte pública o privada.

Nadie puede infligir a otros, bajo cualquier pretexto que pueda haber, tratos crueles, inhumanos, [o] degradantes o atentados contra la dignidad humana.

La práctica de la tortura, bajo cualquiera de sus formas y por cualquier persona, es un delito punible por la ley.

Nadie podrá ser detenido, detenido, procesado o condenado fuera de los casos y de las formas previstas por la ley.

La detención arbitraria o secreta y la desaparición forzada son delitos de la mayor gravedad. Exponen a sus autores a las sanciones más severas.

Toda persona detenida tiene derecho a ser informada inmediatamente, de una manera que sea comprensible para él, de las razones [motivos] de su detención y de sus derechos, incluido el de guardar silencio. También debe beneficiarse de la asistencia jurídica y de la posibilidad de comunicarse con sus relaciones, de conformidad con la ley.

Se garantiza la presunción de inocencia y el derecho a un proceso equitativo.

Toda persona detenida goza de los derechos fundamentales y de las condiciones humanas de detención. Debe beneficiarse de los programas de instrucción y de reintegración [reinserción].

Está prohibida toda incitación al racismo, al odio ya la violencia.

El genocidio y todos los demás crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y todas las violaciones graves y sistemáticas de los Derechos del Hombre son castigados por la ley.

Toda persona tiene derecho a la protección de su vida privada.

El domicilio es inviolable. Los registros sólo pueden intervenir en las condiciones y formas previstas por la ley.

Las comunicaciones privadas, bajo cualquier forma que sea, son secretas. Sólo la justicia puede autorizar, en las condiciones y siguiendo las formas previstas por la ley, el acceso a su contenido, su divulgación total o parcial o su citación [invocación] a petición [a cargo] de cualquiera.

La libertad de circular y establecerse en el territorio nacional, de salir de él y de regresar, de conformidad con la ley [,] está garantizada a todos.

Las libertades de pensamiento, de opinión y de expresión en todas sus formas [,] están garantizadas.

Se garantizan las libertades de creación, publicación y presentación [exposición] en materia literaria y artística y de investigación científica y técnica [,].

Los poderes públicos prestan, mediante las medidas apropiadas, su apoyo al desarrollo de la creación cultural y artística, así como a la investigación científica y técnica, así como a la promoción del deporte. Favorecen el desarrollo y la organización de estos sectores de manera independiente y sobre bases democráticas y profesionales específicas.

Los ciudadanos [femeninos] y ciudadanos [masculinos] tienen derecho a acceder a la información en poder de la administración pública, las instituciones elegidas y los órganos [organismos] que tienen funciones de servicio público.

El derecho a la información sólo puede estar limitado por la ley, con el objetivo [pero] de garantizar la protección de todo lo que atañe a la defensa nacional, la seguridad interna y externa del Estado y la vida privada de las personas, de impedir la violación de las libertades y los derechos fundamentales consagrados en este Constitución y de proteger las fuentes y los dominios determinados con especificidad por la ley.

La libertad de prensa está garantizada y no puede estar limitada por ninguna forma de censura previa.

Todos tienen derecho a expresar y difundir libremente y dentro de los límites expresamente previstos por la ley, información, ideas y opiniones.

Los poderes públicos fomentan la organización del sector de la prensa de manera independiente y sobre bases democráticas, así como la determinación de las normas jurídicas y éticas que le conciernen.

La ley establece las reglas de organización y control de los medios de comunicación pública. Garantiza el acceso a estos medios respetando el pluralismo lingüístico, cultural y político de la sociedad marroquí.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución, la Alta Autoridad de Radiodifusión [Haute autorite de la communication audiovisuelle] vela por el respeto de este pluralismo.

Se garantizan las libertades de reunión, reunión, manifestación pacífica, asociación y afiliación sindical y política. La ley establece las condiciones para el ejercicio de esas libertades.

El derecho de huelga está garantizado. Una ley orgánica establece las condiciones y modalidades de su ejercicio.

Todos los ciudadanos [femeninos] y los ciudadanos [masculinos] de mayoría, que gozan de sus derechos civiles y políticos [,] son electores y elegibles. La ley establece [prevoit] las disposiciones de naturaleza que fomentan la igualdad de acceso de mujeres y hombres a las funciones electivas.

El voto es un derecho personal y un deber nacional.

Los extranjeros sometidos a la jurisdicción [marroquí] [ressortissants etrangers] gozan de las libertades fundamentales reconocidas a los ciudadanos marroquíes [femeninos] y ciudadanos [masculinos], de conformidad con la ley.

Quienes residen en Marruecos pueden participar en las elecciones locales en virtud de la ley, de la aplicación de convenciones internacionales o de prácticas de reciprocidad.

Las condiciones de extradición y de concesión del derecho de asilo están definidas por la ley.

El Estado, los establecimientos públicos y las colectividades territoriales trabajan para movilizar todos los medios disponibles para facilitar la igualdad de acceso de los ciudadanos [femeninos] y ciudadanos [masculinos] a condiciones que les permitan disfrutar del derecho a:

• a la atención sanitaria;
• a la protección social, a la cobertura médica ya la responsabilidad recíproca o organizada conjunta y solidaria del Estado;
• a una educación moderna y accesible de calidad;
• a la educación relativa al apego a la identidad marroquí ya las constantes nacionales inmutables;
• a la instrucción profesional ya la educación física y artística;
• a una vivienda digna;
• a trabajar y al apoyo de los poderes públicos en materia de búsqueda de empleo o de empleo por cuenta propia;
• el acceso a las funciones públicas de acuerdo con los méritos;
• al acceso al agua ya un medio ambiente sano;
• al desarrollo [duradero] duradero.

La familia, fundada en los lazos jurídicos del matrimonio, es la unidad básica [celular] de la sociedad.

El Estado se esfuerza por garantizar, por ley, la protección de la familia en virtud de los planes jurídicos, sociales y económicos, de manera que se garantice su unidad, su estabilidad y su preservación.

Asegura una protección jurídica igual y una consideración social y moral igual a todos los niños, [siendo] la abstracción que se hace de su situación familiar.

La instrucción fundamental [enseignement] es un derecho del niño y una obligación de la familia y del Estado.

Se crea un Consejo Consultivo de la Familia y de la Infancia (Conseil consultatif de la famille et de l'enfance).

Incumbe a los poderes públicos adoptar todas las medidas apropiadas para:

• estimular y hacer general la participación de los jóvenes en el desarrollo social, económico, cultural y político del país;
• ayudar a los jóvenes a establecerse en una vida activa y asociativa y prestarles asistencia en las dificultades de adaptación académica, social o profesional;
• facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura, a la ciencia, a la tecnología, al arte, al deporte y al ocio, todo ello creando condiciones propicias para el pleno despliegue de su potencial creativo e innovador en todos estos ámbitos.

Para ello se crea un Consejo Consultivo de la Juventud y de Acción Asociativa [Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative].

Los poderes públicos promulgan [elaboran] y aplican las políticas concebidas [destinos] para las personas y para categorías de necesidades específicas. A este efecto, ve notablemente:

• responder a [traidores] y prever la vulnerabilidad de ciertas categorías de mujeres y madres, hijos y ancianos;
• rehabilitar e integrar en la vida social y civil a los [sensorimoteurs] físicamente sensoriales y los discapacitados mentales y facilitarles el goce de los derechos y libertades reconocidos a todos.

El derecho a la propiedad está garantizado.

La ley puede limitar su alcance y su ejercicio si las exigencias del desarrollo económico y social del país lo requieren. La expropiación sólo puede proceder en los casos y en las formas previstas por la ley.

El Estado garantiza la libertad de contratación y la libre competencia. Trabaja por la realización de un desarrollo humano duradero, permitiendo igualmente la consolidación de la justicia social y la preservación de los recursos naturales nacionales y de los derechos de las generaciones futuras.

El Estado busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos y una protección específica para las categorías socialmente desfavorecidas.

Las infracciones relativas a conflictos de intereses, delitos de información privilegiada [delits d'initie] y todas las infracciones de orden financiero están sancionadas por la ley.

Los poderes públicos están facultados para prevenir y reprender, de conformidad con la ley, todas las formas de delincuencia derivadas de la actividad de las administraciones y de los órganos [organismos] púbicos, de la utilización de fondos que controlan [enajenados], así como de las transferencias [pases] y de la gestión de los mercados públicos.

Influir en el tráfico y [el tráfico] de privilegios, el abuso de una posición dominante y de monopolio, y todas las demás prácticas contrarias a los principios de la libre y leal competencia en las relaciones económicas, están sancionadas por la ley.

Se crea una instancia nacional de probidad, de prevención y lucha contra la corrupción [Instance nationale de la probite, de la prevention et de la lutte contre la corruption].

Todos los ciudadanos [femeninos] y ciudadanos [masculinos] deben respetar la Constitución y ajustarse a la ley. Deben ejercer los derechos y libertades garantizados por la Constitución en un espíritu de responsabilidad y de ciudadanía comprometida, cuando el ejercicio de los derechos se realice en correlación con el cumplimiento de las obligaciones.

Todos los ciudadanos [femeninos] y los ciudadanos [masculinos] contribuyen a la defensa del país y de su integridad territorial contra cualquier agresión o amenaza [amenaza].

Todo apoyo, en proporción a sus facultades contributivas, el gasto público [cobra] que sólo la ley puede, en las formas previstas en la presente Constitución, crear y evaluar [repartir].

Todo apoyo solidario y proporcional a sus medios, los gastos que requiere el desarrollo del país y los derivados de calamidades y catástrofes naturales.

El Rey, Comandante de los Fieles [Amir Al Mouminine], vela por el respeto por el Islam. Él es el garante del libre ejercicio de las creencias [cultos].

Preside el Consejo Superior del Ulema (Conseil superieur des Oulema), encargado del estudio de las cuestiones que le somete.

El Consejo es la única instancia habilitada para [habilitee] comentar [prononcer] sobre las consultas religiosas (fatwas) antes de ser acordadas oficialmente, sobre las cuestiones a las que se ha referido y esto, sobre la base de los principios tolerantes, preceptos y designios del Islam.

Las atribuciones, la composición y las modalidades de funcionamiento del Consejo se establecen por Dahir [Real Decreto].

El Rey ejerce por los Dahirs las prerrogativas religiosas inherentes a la institución del Emirato de los Fieles [Imarat Al Mouminine] que le son conferidas de manera exclusiva por este artículo.

El Rey Jefe de Estado, Su Representante Supremo, Símbolo de la unidad de la Nación, Garante de la permanencia y de la continuidad del Estado y árbitro supremo entre las instituciones, vela por el respeto de la Constitución, el buen funcionamiento de las instituciones constitucionales, la protección de la la elección democrática y de los derechos y libertades de los ciudadanos [femeninos] y ciudadanos [masculinos], de las colectividades, y el respeto de los compromisos internacionales del Reino.

Es el Garante de la Independencia del país y de la integridad territorial del Reino dentro de sus fronteras auténticas.

El Rey ejerce estas misiones de los Dahirs en virtud de las facultades que le confiere expresamente esta Constitución.

Los dahir, con excepción de los previstos en los artículos 41, 44 (segundo párrafo), 47 (párrafos primero y sexto), 51, 57, 59, 130 (párrafos primero y cuarto) y 174, están refrendados por el Jefe del Gobierno.

La Corona de Marruecos y sus derechos constitucionales son hereditarios y se transmiten de padre a hijo a través de descendientes varones en línea directa y por orden de primogenitura de Su Majestad el Rey Mohammed VI, a menos que el Rey haya designado, en su vida, a un sucesor de entre Sus hijos, distinto de Su hijo mayor. Cuando no hay descendientes masculinos en línea directa, la sucesión al Trono se transforma en la línea colateral masculina más cercana y en las mismas condiciones.

El Rey es menor de edad hasta alcanzar los dieciocho años [de edad]. Durante la minoría del Rey, un Consejo de Regencia ejerce los poderes y los derechos constitucionales de la Corona, excepto los relativos a la revisión de la Constitución. El Consejo de la Regencia funcionará como órgano consultivo ante el Rey hasta el día [en que] haya cumplido los dieciocho años.

El Consejo de la Regencia está presidido por el Presidente del Tribunal Constitucional. Está integrado, además, por el Jefe de Gobierno, por el Presidente de la Cámara de Representantes, por el Presidente de la Cámara de Consejeros, por el Presidente-Delegado del Consejo Superior del Poder Judicial [President-Delgue du Conseil Superieur du Pouvoir Judiciare], del Secretario General de el Consejo Superior del Ulema y de diez personnalitas prominentes designadas por el Rey intuitu personae.

Las normas de funcionamiento del Consejo de la Regencia están establecidas por una ley orgánica.

El Rey dispone de una lista civil.

La persona del Rey es inviolable, y se le debe respeto.

El Rey nombra al Jefe de Gobierno dentro del partido político que vendrá adelante en las elecciones de los miembros de la Cámara de Representantes y con miras a sus resultados.

A propuesta del Jefe de Gobierno, nombra a los miembros del gobierno.

El Rey puede, por iniciativa suya, y previa consulta con el Jefe de Gobierno, poner fin a las funciones de uno o más miembros del Gobierno.

El Jefe de Gobierno puede exigir al Rey que ponga fin a las funciones de uno o más miembros del gobierno.

El Jefe de Gobierno puede exigir al Rey que ponga fin a las funciones de uno o más miembros del gobierno que hagan su dimisión individual o colectiva.

Tras la dimisión del Jefe de Gobierno, el Rey pone fin a las funciones de todo el gobierno.

El gobierno que ha sido terminado en sus funciones acelera los asuntos actuales hasta la constitución del nuevo gobierno.

El Rey preside el Consejo de Ministros integrado por el Jefe de Gobierno y de los ministros.

El Consejo de Ministros se reúne por iniciativa del Rey o a petición del Jefe de Gobierno.

El Rey puede, sobre la base de un programa específico [determinar], delegar en el Jefe de Gobierno la presidencia de un Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros delibera sobre las siguientes cuestiones y textos:

• las orientaciones estratégicas de la política del Estado;
• los proyectos de ley de revisión de la Constitución;
• los proyectos de ley orgánica;
• las orientaciones generales del proyecto de ley de finanzas;
• los proyectos de ley marco previstos en el párrafo 2 del artículo 71 de esta Constitución;
• el proyecto de ley de amnistía;
• los proyectos de ley relativos al ámbito militar;
• la declaración del estado de sitio;
• la declaración de guerra;
• el proyecto de decreto previsto en el artículo 104 de esta Constitución;
• el nombramiento, a propuesta del Jefe de Gobierno y por iniciativa del ministro interesado, en los siguientes cargos civiles [emplois]: wali del Banco AI-maghrib, embajadores, walis y gobernadores, y [personas] responsables de las administraciones encargadas de la seguridad interior, así como la [personas] responsables de los establecimientos públicos estratégicos y empresas. Una ley orgánica especifica [precisa] la lista de estos establecimientos y empresas estratégicos.

El Rey promulga la ley dentro de los treinta días siguientes a la transmisión al gobierno de la ley definitivamente adoptada.

La ley promulgada debe ser objeto de publicación oficial en el Boletín del Reino en un plazo no superior a un mes contado a partir de la fecha del dahir de su promulgación.

El Rey puede disolver, por Dahir, ambas Cámaras del Parlamento o una de ellas en las condiciones previstas en los artículos 96, 97 y 98.

El Rey puede dirigir mensajes a la Nación y al Parlamento. Los mensajes se leen ante cualquiera de las Salas y no podrán ser objeto de debate alguno.

El Rey es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas Reales. El autor nombra a las oficinas militares [emplois] y puede delegar este derecho.

Se crea un Consejo Superior de Seguridad [Conseil superieur de securite], como instancia de coordinación [concertación] en relación con las estrategias de seguridad interna y externa del país, y de gestión de situaciones de crisis. El Consejo también se ocupa de la institucionalización de las normas de una buena gobernanza en materia de seguridad.

El Rey preside este Consejo y puede delegar en el Jefe de Gobierno la presidencia de una sesión del Consejo, sobre la base de un programa específico.

El Consejo Superior de Seguridad está integrado por, salvo el Jefe de Gobierno, el Presidente de la Cámara de Representantes, el Presidente de la Cámara de Consejeros, el Presidente-Delegado del Consejo Superior del Poder Judicial, los ministros responsables de [los cargos] del Interior, de los Asuntos, de Justicia y de la Administración de la Defensa Nacional, así como de los responsables de las administraciones competentes en materia de seguridad, de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas Reales y de cualquier otra persona destacada cuya presencia sea útil para la labor de dicho Consejo.

El reglamento interno del Consejo establece las normas de su organización y de su funcionamiento.

El Rey acredita a los embajadores ante Estados extranjeros y ante los órganos [organismos] internacionales. Los embajadores y los representantes de los órganos [organismos] internacionales están acreditados ante él.

Firma y ratifica los tratados. Sin embargo, los tratados de paz o de unión, o los relativos a la delimitación de las fronteras, los tratados comerciales o los que comprometen las finanzas del Estado o cuya aplicación requieran medidas legislativas, así como los tratados relativos a los derechos individuales o colectivos y las libertades de los ciudadanos [femeninos] y de los ciudadanos [masculinos], sólo pueden ratificarse después de haber sido previamente aprobadas por la ley.

El Rey puede someter al Parlamento cualquier otro tratado o convención antes de su ratificación.

Si el Tribunal Constitucional, a que se refiera [la cuestión] el Rey o el Jefe de Gobierno o el Presidente de la Cámara de Representantes o el Presidente de la Cámara de Consejeros, o una sexta parte de los miembros de la Sala Primera o una cuarta parte de los miembros de la Sala Segunda, declara que el compromiso internacional contiene una disposición contraria a la Constitución, su ratificación sólo puede intervenir después de la revisión de la Constitución.

El Rey preside el Consejo Superior del Poder Judicial.

El Rey aprueba por Dahir el nombramiento de los magistrados por el Consejo Superior del Poder Judicial.

El Rey ejerce el derecho de perdón.

Cuando se amenace la integridad del territorio nacional o se produzcan hechos que obstaculicen el funcionamiento regular de las instituciones constitucionales, el Rey podrá, previa consulta al Jefe de Gobierno, al Presidente de la Cámara de Representantes, al Presidente de la Cámara de Representantes, al Presidente de la Cámara de Los concejales, así como el Presidente del Tribunal Constitucional, y dirigiendo un mensaje a la Nación, proclaman por Dahir el estado de excepción. Mediante esta ley, el Rey puede [habilite] tomar las medidas que impone la defensa de la integridad territorial y volver, en el menor tiempo, al funcionamiento normal de las instituciones constitucionales.

El Parlamento no podrá disolverse durante el ejercicio de poderes excepcionales.

Los derechos y libertades fundamentales consagrados en esta Constitución siguen garantizados.

El estado de excepción queda terminado en las mismas formas que su proclamación, una vez que no existen las condiciones que lo han justificado.

El Gobierno está integrado por el Jefe de Gobierno y los ministros, y puede estar integrado también por los Secretarios de Estado.

Una ley orgánica define, en particular, las normas relativas a la organización y al desarrollo de la labor del gobierno y al estatuto de sus miembros.

Determina igualmente el caso de incompatibilidad con la función gubernamental, las reglas relativas a la limitación de la acumulación de funciones, así como las que rigen el manejo [expedición] de los asuntos de actualidad por el gobierno del que se han dado por terminadas las funciones.

Tras la designación de los miembros del gobierno por el Rey, el Jefe de Gobierno presenta y presenta ante las dos Cámaras del Parlamento [conjuntamente] el programa que pretende implementar [compte appliquer]. Este programa debe delinear [degager] las líneas directivas de acción que el gobierno propone dirigir en los diversos sectores de la actividad nacional y, en particular, en los ámbitos de la política económica, social, ambiental, cultural y exterior.

Este programa es objeto de debate ante cada una de las dos Salas. Seguidamente se procede a una votación en la Cámara de Representantes.

El gobierno se invierte, después de haber obtenido la confianza de la Cámara de Representantes, expresada por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que componen dicha cámara, a favor del programa del gobierno.

El gobierno ejerce el poder ejecutivo.

Bajo la autoridad del Jefe de Gobierno, el Gobierno ejecuta su programa gubernamental, asegura la ejecución de las leyes, dispone de la administración y supervisa las empresas y establecimientos públicos y asegura su protección [tutelle].

El Jefe de Gobierno ejerce el poder regulador y puede delegar algunas de esas facultades en los ministros.

Los actos reglamentarios del Jefe de Gobierno son refrendados por los ministros encargados de su ejecución.

El Jefe de Gobierno designa a los cargos civiles de las administraciones públicas y a las altas funciones de los establecimientos y empresas públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de la presente Constitución.

Él puede delegar este poder.

Bajo la presidencia del Jefe de Gobierno, el Consejo de Gobierno [Conseil du Gouvernement] delibera sobre las siguientes cuestiones y textos:

• la política general del Estado antes de su presentación en el Consejo de Ministros;
• las políticas públicas;
• las políticas sectoriales;
• el compromiso de la responsabilidad del Gobierno ante la Cámara de Representantes;
• las cuestiones de actualidad relativas a los derechos del hombre y el orden público;
• los proyectos de ley, incluido [no] el proyecto de ley de finanzas, antes de depositarlos en la Mesa de la Cámara de Representantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de la presente Constitución;
• los decretos-leyes;
• los proyectos [proyectos] de decretos reglamentarios;
• los proyectos de ley especificados en el párrafo 2 del artículo 65 y en el párrafo 3 del artículo 70 de esta Constitución;
• los tratados y las convenciones internacionales antes de presentarlos al Consejo de Ministros;
• el nombramiento de los secretarios generales y los directores centrales de las administraciones públicas, los presidentes de universidades, los decanos y los directores de las escuelas e institutos superiores. La ley orgánica prevista en el artículo 49 de la presente Constitución puede completar la lista de funciones que se asignarán en el Consejo de Gobierno y determinará, en particular, los principios y criterios de designación para esas funciones, en particular los de igualdad de oportunidades, mérito y competencia y de transparencia.

El Jefe de Gobierno informa al Rey de las conclusiones de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.

Los ministros son responsables, cada uno en el sector del que tiene la responsabilidad y en el marco de la solidaridad gubernamental, de la aplicación de la política del gobierno.

Los ministros cumplen las misiones que el Jefe de Gobierno confía en ellas. Ellos rinden cuentas al Consejo de Gobierno.

Pueden delegar parte de sus atribuciones a los Secretarios de Estado.

Los miembros del Gobierno son penalmente responsables ante las jurisdicciones del Reino de los delitos y faltas cometidos en el ejercicio de sus funciones.

La ley determina el procedimiento relativo a esta responsabilidad.

Se ha instituido un Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros nombrados por un mandato de nueve años no renovable. Seis miembros son designados por el Rey, de los cuales uno es propuesto por el Secretario General del Consejo Superior del Ulema, y seis miembros son elegidos, la mitad por la Cámara de Representantes, [y] la mitad por la Cámara de Consejeros de entre los candidatos presentados por la Mesa de cada Cámara, en el final de la votación por votación secreta y con la mayoría de dos tercios de los miembros que componen cada Cámara.

Si las dos Cámaras del Parlamento o una de ellas no eligen a los miembros especificados en el plazo legal requerido para la renovación, el Tribunal ejerce sus atribuciones y dictará sus decisiones sobre la base de un quórum sin contar a los miembros no reelegidos.

Cada categoría de miembros se renueva por tercios cada tres años.

El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Rey, entre los miembros que componen el Tribunal.

Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos entre las personas notables que disponen de un alto nivel de conocimiento [formación] en el ámbito jurídico y de competencia judicial, doctrinaria o administrativa, habiendo ejercido su profesión durante más de quince años y reconocidos por su la imparcialidad y su probidad.

Una ley orgánica determina las normas de organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, así como el procedimiento que se sigue ante él y la situación de sus miembros.

Determina igualmente las funciones incompatibles, de las cuales [,] en particular [,] son las relativas a las profesiones liberales, establece las condiciones de las dos primeras renovaciones trienales y las modalidades de sustitución de los miembros impugnados [empeches], [que] hayan dimitido o [que] hayan muerto en el transcurso del mandato.

El Tribunal Constitucional ejerce las atribuciones que le corresponden los artículos de la Constitución y las disposiciones de las leyes orgánicas. Además, decide sobre la regularidad de la elección de los miembros del Parlamento y el funcionamiento del referéndum.

Las leyes orgánicas antes de su promulgación y los reglamentos de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Consejeros, antes de su aplicación, deben someterse al Tribunal Constitucional, que decide sobre su conformidad con la Constitución.

Con los mismos fines, antes de su promulgación, las leyes podrán ser aplazadas al Tribunal Constitucional por el Rey, el Jefe de Gobierno, el Presidente de la Cámara de Representantes, el Presidente de la Cámara de Consejeros, o por una quinta parte de los miembros de la Cámara de Representantes o cuarenta miembros de la la Cámara de Consejeros.

En el caso previsto en los párrafos segundo y tercero del presente artículo, el Tribunal Constitucional decidirá en el plazo de un mes contado a partir de su remisión a [la cuestión]. Sin embargo, a petición del gobierno, si hay urgencia, este tiempo se reduce a ocho días.

En esos mismos casos, la remisión [del asunto] al Tribunal Constitucional suspende el plazo para su promulgación.

Decide la regularidad de la elección de los miembros del Parlamento en un plazo de un año, contando a partir de la fecha de expiración del plazo legal de recurso. Sin embargo, la Corte puede decidir más allá de este plazo, mediante decisión fundamentada, en el caso en que el número de recursos o su naturaleza lo requiera.

El Tribunal Constitucional es competente para conocer una alegación [excepción] de inconstitucionalidad planteada en el curso de un proceso, cuando una de las partes sostiene que la ley de la que depende la cuestión del litigio viola los derechos y libertades garantizados por la Constitución.

Una ley orgánica establece las condiciones y modalidades de aplicación de este artículo.

No se podrá promulgar ni aplicar una disposición declarada inconstitucional sobre la base del artículo 132 de esta Constitución. Una disposición declarada inconstitucional sobre la base del artículo 133 queda derogada a partir de la fecha especificada por el Tribunal Constitucional en su decisión.

Las decisiones del Tribunal Constitucional no son susceptibles de recurso alguno. Se imponen a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.

Las colectividades territoriales del Reino son las regiones, las prefecturas, las provincias y las comunas.

Constituyen personas morales de derecho público, que administran democráticamente sus asuntos.

Los consejos de las regiones y de los municipios se eligen por sufragio universal directo.

Cualquier otra colectividad territorial es creada por la ley, el caso que surja, en sustitución de una o más [de las] colectividades mencionadas en el párrafo primero anterior.

La organización regional y territorial se basa en el principio de la libre administración, la cooperación y la solidaridad. Asegura la participación de las poblaciones interesadas en la gestión de sus asuntos y favorece su contribución al desarrollo humano completo y duradero.

Las regiones y las demás colectividades territoriales participan en la aplicación de la política general del Estado y en la promulgación [elaboración] de las políticas territoriales a través de sus representantes en la Cámara de Consejeros.

Los presidentes de los Consejos de las Regiones y los presidentes de las demás colectividades territoriales ejecutan las deliberaciones y decisiones de estos Consejos.

Los mecanismos participativos de diálogo y de actuación concertada [concertación] son implementados por los Consejos Regionales y los Consejos de las demás colectividades territoriales para favorecer la participación [implicación] de los ciudadanos [femeninos] y de los ciudadanos [masculinos], y de las asociaciones en el la promulgación y la aplicación [suivi] de los programas de desarrollo.

Los ciudadanos [femeninos] y los ciudadanos [masculinos] y las asociaciones pueden ejercer el derecho de petición con el fin de exigir la inclusión [inscripción] en el orden del día del Consejo, cuestión pertinente a su competencia.

Sobre la base del principio de solidaridad, las colectividades territoriales tienen sus propias competencias, competencias divididas con el Estado y las que les son transferibles por este último.

Las regiones y las demás colectividades territoriales gozan, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y dentro de su recurso territorial, un poder regulador para el ejercicio de sus atribuciones.

Las regiones y las demás colectividades territoriales disponen de sus propios recursos financieros y de recursos financieros asignados [afectados] por el Estado.

Toda transferencia de competencias del Estado a las regiones y a las demás colectividades territoriales debe ir acompañada de una transferencia de los recursos correspondientes.

Se crea, durante un período determinado, un fondo de mejora social destinado a la absorción de los déficits en materia de desarrollo humano, de infraestructura y de equipamiento, en beneficio de las regiones.

También se crea un fondo de solidaridad interregional (fonds de solidarite interregionale) que tiene por objeto una distribución equitativa de los recursos, con el fin de reducir las disparidades entre las regiones.

Ninguna colectividad territorial podrá ejercer la tutela [tutelar] de otra persona.

En la promulgación y aplicación de los programas de desarrollo regional y de los esquemas regionales de gestión de los territorios, la región asegura, bajo la supervisión del Presidente del Consejo de la región, un papel preeminente para las buenas relaciones [relación] con el otro territorio las colectividades, dentro del respeto de las competencias y estas últimas.

Cuando la concurrencia [concours] de varias colectividades territoriales es necesaria para la realización de un proyecto, las colectividades interesadas determinan [conviennent] las modalidades de su cooperación.

Las colectividades territoriales pueden constituir grupos [agrupaciones] con miras a la acción mutua [mutualización] de programas y medios.

En las colectividades territoriales, los walis de las regiones y los gobernadores de provincias y prefecturas representan el poder central.

En nombre del gobierno, aseguran la aplicación de las leyes, aplican los reglamentos y decisiones gubernamentales y ejercen el control administrativo.

Los walis y gobernadores asisten a los presidentes de las colectividades territoriales y [,] en particular [,] a los presidentes de los Consejos de las regiones en la ejecución de los planes y programas de desarrollo.

Bajo la autoridad de los ministros interesados, coordinan las actividades de los servicios desconcentrados de la administración central y procuran su buen funcionamiento.

Una ley orgánica establece en particular:

• las condiciones de gestión democrática de sus asuntos por las regiones y las demás colectividades territoriales, el número de miembros de sus consejos, las normas relativas a la elegibilidad, a las incompatibilidades y al caso de la interdicción de la acumulación de mandatos, así como la el régimen y las disposiciones destinadas a garantizar una mejor participación de la mujer en esos consejos;
• las condiciones de ejecución, por parte de los presidentes de los Consejos de las regiones y de los presidentes de los Consejos de las demás colectividades territoriales, de las deliberaciones y de las decisiones de dichos Consejos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138;
• las condiciones de ejercicio [,] por los ciudadanos [femeninos] y ciudadanos [masculinos] y las asociaciones de derecho [,] del derecho de petición previsto en el artículo 139;
• [sus] competencias propias, las competencias divididas con el Estado y las que se transfieren a las regiones y a las demás colectividades territoriales, previstas en el artículo 140;
• el régimen financiero de las regiones y de las demás colectividades territoriales;
• el origen de los recursos financieros de las regiones y de las demás colectividades territoriales previstas en el artículo 141;
• los recursos y las modalidades de funcionamiento del Fondo de Mejora Social y del Fondo de Solidaridad Interregional previstos en el artículo 142;
• las condiciones y modalidades de las constituciones de los grupos contempladas en el artículo 144;
• las disposiciones que favorecen el desarrollo intercomunal, así como los mecanismos destinados a asegurar la adaptación de la organización territorial en este sentido;
• las normas de gobernanza relativas al buen funcionamiento de la libre administración, al control de la gestión de los fondos y programas, a la evaluación de las acciones ya la rendición de cuentas.

El Tribunal de Cuentas [Cour des Comptes] es la institución superior de control de las finanzas públicas del Reino. Su independencia está garantizada por la Constitución.

El Tribunal de Cuentas tiene por misión consolidar y proteger los principios y valores de la buena gobernanza, de la transparencia y de la rendición de cuentas del Estado y de los órganos [organismos] públicos.

El Tribunal de Cuentas está encargado de asegurar el control superior de la ejecución de las leyes financieras. Asegura la regularidad de las operaciones de los ingresos y gastos de los órganos [organismos] sometidos a su control en virtud de la ley y valora [aprecia] la gestión de los mismos. Sanciona, el caso que surja, las omisiones de las normas que rigen dichas operaciones.

El Tribunal de Cuentas controla y asegura la presentación [suivi] de las declaraciones de patrimonio, comprueba las cuentas de los partidos políticos y verifica la regularidad de los gastos de las operaciones electorales.

El Tribunal de Cuentas asiste al Parlamento en los ámbitos del control de las finanzas públicas. Responde a las preguntas y consultas relativas a las funciones de la legislación, de control y de evaluación, ejercidas por el Parlamento y en relación con las finanzas públicas.

El Tribunal de Cuentas presta su asistencia a las instancias judiciales.

El Tribunal de Cuentas asiste al gobierno en los ámbitos pertinentes a su competencia en virtud de la ley.

Publica todos sus trabajos, incluidos los informes específicos y las decisiones jurisdiccionales.

Presenta al Rey un informe anual sobre todas sus actividades, que transmite por igual al Jefe de Gobierno y a los Presidentes de las dos Cámaras del Parlamento. Este informe se publica en el Boletín Oficial del Reino.

Su Primer Presidente presenta ante el Parlamento un comentario sobre las actividades de la Corte. Le sigue un debate.

Los tribunales regionales de cuentas están encargados de asegurar el control de las cuentas y de la gestión de las regiones y de las demás colectividades territoriales y de sus grupos [agrupaciones].

Sanciona, el caso que surja, las omisiones a las normas que rigen estas operaciones.

Las atribuciones, las reglas de organización y las modalidades de funcionamiento del Tribunal de Cuentas y de los tribunales regionales de cuentas están establecidos por la ley.

Se instituye un Consejo Económico, Social y Ambiental.

El Consejo Económico, Social y Ambiental podrá ser consultado por el Gobierno, la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros sobre todas las cuestiones de carácter económico, social o ambiental.

Emite su opinión sobre las orientaciones generales de la economía nacional y del desarrollo duradero.

La composición, la organización, las atribuciones y las modalidades del funcionamiento del Consejo Económico, Social y Ambiental se establecen en virtud de una ley orgánica.

La iniciativa de revisar la Constitución pertenece al Rey, al Jefe de Gobierno, a la Cámara de Representantes y a la Cámara de Consejeros.

El Rey puede someter directamente al referéndum el proyecto de ley de revisión del que toma la iniciativa.

La propuesta de revisión que emana de uno o varios de los miembros de una de las dos Cámaras del Parlamento sólo podrá ser aprobada por votación con la mayoría de dos tercios de los diputados que la componen.

Esta propuesta se presenta a la otra Sala que la aprueba con la misma mayoría de dos tercios de los miembros que la componen.

La propuesta de revisión que emana del Jefe de Gobierno se presenta al Consejo de Ministros, tras deliberar en el Consejo de Gobierno.

Los proyectos de ley y las propuestas de revisión de la Constitución son sometidos por Dahir a referéndum.

La revisión de la Constitución es definitiva después de haber sido aprobada mediante referéndum.

El Rey, tras consultar al Presidente del Tribunal Constitucional, puede presentar por Dahir al Parlamento un proyecto de ley de revisión de ciertas disposiciones de la Constitución.

El Parlamento, convocado por el Rey en cámaras conjuntas, lo aprueba con la mayoría de dos tercios de los miembros del Parlamento.

El Reglamento Interno de la Cámara de Representantes establece las modalidades de aplicación de esta disposición.

El Tribunal Constitucional controla la regularidad del procedimiento de esta revisión y proclama los resultados.

Ninguna revisión podrá infringir las disposiciones relativas a la religión musulmana, a la forma monárquica del Estado, a la elección democrática de la nación o a [las] adquiridas en materia de libertades y derechos fundamentales consagrados en la presente Constitución.

Hasta la elección de las Cámaras del Parlamento prevista en la presente Constitución, las Salas que ejercen efectivamente sus funciones seguirán ejerciendo sus atribuciones, en particular para votar las leyes necesarias para la creación de las nuevas Cámaras del Parlamento, sin perjuicio de las aplicación del artículo 51 de esta Constitución.

El Consejo Constitucional [Conseil Constitutionnel] en sus funciones continuará ejerciendo sus atribuciones mientras se espera la instalación del Tribunal Constitucional previsto en la presente Constitución.

El Consejo Superior de la Magistratura, efectivamente en sus funciones, continuará ejerciendo sus atribuciones hasta la constitución del Consejo Superior del Poder Judicial previsto en la presente Constitución.

Los textos vigentes relativos a las instituciones e instancias citadas en el Título XII, así como los relativos al Consejo Económico y Social y al Consejo Superior de Enseñanza, permanecen en vigor hasta su sustitución, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución.

En reserva de las disposiciones transitorias previstas en este título, se deroga el texto de la Constitución revisada, promulgada por el Dahir Nº 1-96-157 de 23 joumada I 1417 (7 de octubre de 1996).