MENSAJE N° 174-369/

Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Boletín N° 14.614-07

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO.

Honorable Senado:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley, que tiene por objeto crear el Ministerio de Seguridad Pública.

I. ANTECEDENTES

1. Reforma constitucional sobre dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y ley N°20.502

Durante el año 2005 fue promulgada una reforma constitucional, que alcanzó a numerosos artículos de la Constitución Política de la República, con apoyo transversal de los senadores y diputados de la época y que modificó la estructura jerárquica de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Dicha reforma constitucional exigía una ley para determinar qué ministerio sería el encargado de la seguridad pública.

Previo a esta reforma, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile (en adelante “PDI”) dependían del Ministerio de Defensa Nacional, lo que constituía a todas luces una anomalía desde el punto de vista de la correcta gestión de la seguridad pública.

De esta forma, se estableció que Carabineros de Chile y la PDI abandonaran la dependencia respecto del Ministerio de Defensa Nacional, pasando a depender orgánica y funcionalmente del Ministerio encargado de la seguridad pública.

Por tanto, el 15 de junio de 2006, el Gobierno de la época, presentó el mensaje presidencial que buscaba crear un Ministerio de Seguridad Pública, cumpliendo así con el mandato constitucional de fijar por ley al ministerio encargado de la seguridad pública.

Durante la tramitación del antedicho proyecto, el año 2008, se presentó una indicación sustitutiva al mismo en la que se propuso la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Lo anterior, se efectuó como consecuencia del “Acuerdo Político Legislativo en materia de Seguridad Ciudadana” suscrito entre el Gobierno de la época –la Concertación y la Alianza por Chile– en el cual se acordó que el Ministerio del Interior sería el ministerio encargado de la seguridad pública y que concentraría y coordinaría los programas gubernamentales relacionados con esta materia. De igual forma, como consecuencia de dicho acuerdo, se convino que dicha cartera de Estado sería la responsable política de la seguridad pública del país, y que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerían de ella, dando cumplimiento así con el mandato de la reforma constitucional de 2005, al tenor del actual inciso segundo del artículo 101 de la Carta Fundamental.

De dicha discusión, surgió la ley N° 20.502, publicada durante nuestro primer Gobierno, el año 2011, que materializó un cambio fundamental en la gobernanza de la función pública de seguridad en nuestro país.

Previo a esta ley, el decreto con fuerza ley N° 7.912, de 1927, del Ministerio del Interior, establecía como competencia de dicha cartera de Estado, todo lo relativo al gobierno político y local del territorio, así como el mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público.

Así, la ley N° 20.502 estableció en rango legal la gobernanza sobre las instituciones llamadas a garantizar la seguridad pública según el artículo 101 de la Constitución Política de la República: las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Mediante la ley en comento, se dio un trascendental paso al reforzar el esquema institucional encargado de la seguridad pública, siendo una de las principales innovaciones realizadas en el marco de dicha reforma, el traspaso de la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio de Defensa Nacional al nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Junto con lo anterior, se creó la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (“SENDA”), dando con ello un diseño orgánico al nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública que buscaba fomentar la coordinación en las múltiples tareas de seguridad pública.

De esta forma, la ley Nº 20.502 marcó un esfuerzo importante en materia de gobernanza de la seguridad pública, al concentrar recursos políticos y técnicos en una misma Secretaría de Estado.

2. Programa de Gobierno 2018-2022

Uno de los principales ejes del Programa de Gobierno de nuestro mandato, fue el que reconoció a la seguridad pública como preocupación prioritaria de la gestión y como una materia urgente para experimentar reformas.

En efecto, partiendo de la base que se trata de un fenómeno con múltiples dimensiones, y que por ello las políticas en seguridad deben abarcar esa amplitud, nuestro Programa de Gobierno reconoció una serie de objetivos considerados prioritarios en materia de seguridad pública, además de un conjunto de medidas concretas para alcanzarlos.

Dentro de tales objetivos destacan la modernización de las policías, el fortalecimiento de la acción del Estado en la prevención del delito, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, la inteligencia al servicio de la seguridad pública y reformas de la ley antiterrorista, la Política Nacional de Control de Fronteras, y la asistencia integral de víctimas de delitos.

3. Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública

Al inicio de nuestro mandato, en aras de alcanzar amplios acuerdos en temas fundamentales para la ciudadanía, realizamos un llamado para construir un Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, en virtud del cual se constituyó una Mesa de Trabajo transversal, integrada por autoridades de gobierno y oposición, parlamentarios, alcaldes, representantes del Ministerio Público, organizaciones de la sociedad civil y académicos, quienes elaboraron un informe que abordó la Seguridad Pública de forma integral.

Dicha instancia alcanzó un consenso transversal respecto a un diagnóstico de la situación de la seguridad pública en el país, así?como de la necesidad de abordar este problema de forma decidida.

Lo anterior, culminó en la formulación de 150 propuestas que se enmarcaron en cinco áreas diversas y prioritarias: Modernización y fortalecimiento de las policías, fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado, fiscalización y control de las armas de fuego, rol de los municipios en la seguridad pública y la coordinación entre los actores del sistema de persecución penal.

En dicho acuerdo quedó de manifiesto la necesidad imperiosa de modernizar el sistema de seguridad pública del país. En esa línea, en 2018 y 2019 el Gobierno envió diversas iniciativas al H. Congreso Nacional: el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, Boletín N° 12.234-02; el proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Boletín N° 12.250-25; el proyecto de ley que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades, fortaleciendo el rol preventivo de los gobiernos locales, Boletín N° 12.228-02; el proyecto de ley que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a ésta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía, Boletín N° 12.229-02; el proyecto de ley que propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y la normativa procesal penal, Boletín N° 12.699-07; el proyecto de ley que modifica el Código Procesal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas, Boletín N° 12.589-07; indicaciones a las mociones refundidas en materia de control de armas, Boletín N° 5.254-02, entre otras.

4. Enfoque de Derechos Humanos en el actuar policial como un eje de la acción del Gobierno

Nuestro Gobierno desde el primer día ha impulsado el respeto a los Derechos Humanos en el actuar policial, disponiendo diversas medidas para profundizar el enfoque de Derechos Humanos en el actuar policial.

Lo anterior ha implicado un esfuerzo constante por institucionalizar el respeto y promoción de los Derechos Humanos, como parte integral de los procesos de formación de las policías y en el actuar de estas. Ello significa no sólo que nuestras policías deben actuar en todo momento en el marco de la ley y los protocolos vigentes, sino también observar ante todo el respeto a los Derechos Fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

En este marco, se han llevado adelante una serie de acciones para reforzar, corregir o implementar nuevas medidas para el logro de estos objetivos:

a. En diciembre de 2018 se instruyó a Carabineros de Chile para que actualizara todos sus protocolos de uso de la fuerza y se entregó por parte de la autoridad ocho lineamientos generales sobre el uso de la fuerza, en lo esencial, mandatan a las fuerzas policiales a:

- La protección de la seguridad pública y los derechos de las personas;

- Respetar y cumplir la ley en todo momento;

- Hacer uso preferente de armas menos dañinas para lograr los objetivos policiales;

- Evitar el uso de la fuerza respecto de manifestaciones no autorizadas de carácter no violento; y

- Dar estricto cumplimiento a las normas internas que regulan la intervención policial para el mantenimiento del orden público, debiendo dar estricto cumplimiento de la legislación interna y a lo prescrito por los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes, en materia de derechos humanos.

b. En marzo de 2019, a través de la Orden General Nº2640, Carabineros de Chile creó su Dirección de Derechos Humanos, que hasta ese momento sólo existía como un Departamento, la cual cuenta actualmente con sedes en las ciudades de Santiago, Antofagasta y Temuco. Su misión es diseñar, ejecutar y supervisar la implementación institucional de políticas, estrategias, planes, programas, normativas y otros instrumentos que establecen las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos en la función policial, conforme se encuentran garantizadas en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

c. En marzo de 2019, mediante la Orden General Nº 2.635, se dictaron nuevos protocolos sobre mantención del orden público, junto con otros que se encuentran en proceso de actualización. Este esfuerzo ha buscado reducir el número de protocolos y homologar conceptos; además, ha detallado las normas internacionales de Derechos Humanos aplicables a la función policial, se han incorporado procedimientos específicos en establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, se ha mejorado la regulación para casos de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes (en adelante, “NNA”) y se han establecido consideraciones especiales para NNA pertenecientes a pueblos originarios. En este proceso, se han tenido a la vista las recomendaciones y observaciones, de alto nivel técnico, provenientes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos de la Niñez.

d. En julio de 2019, se actualizaron los contenidos y las evaluaciones de los cursos en derechos humanos para el personal operativo de Carabineros de Chile y para los instructores en esta materia de la institución policial. Esta actualización se realizó tras el trabajo de una mesa interinstitucional de Carabineros de Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Esta nueva malla fue formalizada a través de la Orden General N° 2675, del General Director de Carabineros de Chile, que establece el “Programa de Capacitación en DD.HH. y Técnicas en Intervención Policial”.

e. En el mismo marco, en julio de 2019, a través de la Orden General Nº 2605, del Director General de la PDI se aprobó la Política Nacional de Respeto y Promoción de los Derechos Humanos de la Institución, que establece como finalidad “cumplir e implementar cabalmente en la PDI los principios, obligaciones y deberes constitucionales y legales que existen en torno al respeto, protección y promoción de los DD.HH.”. En este plan, se aborda tanto el plano interno de la institución como el externo, es decir, su relación con la ciudadanía; se establecen 11 principios rectores del actuar policial, y se asume el compromiso de implementar protocolos y procedimientos “que fomenten la incorporación de la perspectiva de género y respecto, garantía y promoción de los DD.HH.”. Asimismo, señala que la PDI “rechaza y condena cualquier tipo de abuso o violación de los derechos humanos, razón por la cual ha puesto a disposición de sus funcionarios canales y procedimientos de denuncias directos y transparentes, con el propósito de corregir cualquier anomalía que pueda ser detectada por esta vía”.

f. De la misma manera, en julio de 2019, mediante la Orden General Nº 2.614, del Director General de la PDI, se creó el Departamento de Derechos Humanos y Equidad de Género en la PDI, que no existía hasta ese momento en la institución y, en octubre del mismo año, se aprobó la Cartilla que regula el uso de la fuerza en la PDI, a través de la Orden General N°2.615. En ella se establecen los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad para el uso de la fuerza. También en octubre de 2019, mediante la resolución exenta Nº483, se autorizó el programa del curso “Derechos Humanos-Atributo Inexcusable del Quehacer Policial”. Hasta ese momento, la PDI no tenía un programa de carácter obligatorio de esta naturaleza.

g. En septiembre de 2019, en tanto, se implementó en la plataforma web de Comisaría Virtual un módulo que permite realizar denuncias de conductas indebidas de funcionarios de Carabineros de Chile, ya sea en forma anónima o identificándose, cumpliendo con otra de las medidas administrativas que permite el resguardo del fomento de los Derechos Humanos en el actuar policial. Un mes después, en octubre de 2019, la Orden General N° 2.700, del General Director de Carabineros de Chile, aprobó el Plan de Fortalecimiento en Derechos Humanos en la institución, cuyo fin es generar las bases para una “cultura organizacional de respeto, protección y promoción de los derechos humanos” al interior de la institución policial.

5. Hechos de violencia ocurridos en octubre de 2019

A partir de los hechos de violencia ocurridos en octubre del año 2019, que se fue extendiendo aceleradamente en diversas zonas del país y la consecuente respuesta de Carabineros de Chile en el control del orden público en el ejercicio de sus funciones evidenció la necesidad de ir más allá del Acuerdo por la Seguridad Pública e impulsar una profunda reforma a dicha institución.

En este contexto, se generó un consenso político sobre la necesidad de agilizar las reformas en materia de seguridad promovidas por nuestro Gobierno. Así, el Ministro del Interior y Seguridad Pública de la época, Gonzalo Blumel Mac-Iver, convocó a distintos actores para conformar el Consejo para la Reforma de Carabineros de Chile, cuyo objetivo general fue complementar el proceso de modernización de las policías llevado a cabo por el Gobierno, con propuestas destinadas a mejorar la eficacia en el control del orden público con pleno respeto a los Derechos Humanos.

Dicho Consejo emitió un informe final en enero de 2020, que identificó una serie de propuestas, entre las que destacan la generación de una nueva institucionalidad a cargo de la dirección estratégica y supervigilancia de la seguridad, para lo que se sugirió revisar la estructura orgánica del actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública, evaluando la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, a efectos de identificar los requerimientos de fortalecimiento orgánico, para el adecuado ejercicio de su rol rector.

Por otra parte, se recomendaron reformas, procesos, incentivos y tecnologías para la conformación de una policía moderna, la prestación de servicios policiales basados en la evidencia científica, la relevancia del principio de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, y diversas reformas en materia de carrera funcionaria.

Paralelamente, la Comisión de Seguridad Ciudadana de este H. Senado convocó a una comisión para la reforma policial, la que también arribó un similar diagnóstico en este aspecto.

6. Reforma de Carabineros de Chile

La realidad social y política del siglo XXI, con numerosas crisis en distintas partes del mundo, ha dado cuenta de un serio cuestionamiento y desconfianza hacia las instituciones, que ha devenido en una pérdida de legitimidad general hacia el Estado y sus órganos.

Algo que Harari ha plateado como crisis de la democracia liberal [1] y que Levitsky y Ziblatt anticiparon respecto del declive de la democracia estadounidense [2]. En el mismo orden de ideas, el Centro para el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge publicó en el año 2020 un reporte sobre el actual estado de la democracia a nivel global, sosteniendo que, en todo el mundo, la democracia está en un estado de malestar.

Como resultado, muchas democracias se encuentran en su nivel más alto jamás registrado de insatisfacción con la democracia. Estos incluyen a países como Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, Sudáfrica, Colombia y Australia. Otros países se mantienen cerca de sus máximos históricos de insatisfacción como es el caso de Japón, España y Grecia.

En Chile, algunos han sostenido que lo que se vive actualmente es un problema de “falta de legitimidad de nuestro sistema político” [3] lo que sin duda golpea fuertemente al Estado, a sus poderes y órganos.

Las actuales exigencias, tanto ciudadanas como gubernamentales, han obligado a todas las instituciones policiales del mundo a replantearse su relación con la comunidad, la sociedad civil y las autoridades. Así, uno de los mayores desafíos que enfrenta la fuerza policial en todo el mundo es la falta de legitimidad social de su accionar[4].

De las señaladas exigencias, nuestro país no ha estado ajeno en el diagnóstico y ha asumido un compromiso de responder a dichas interrogantes, buscando avanzar en un proceso transversal y participativo para generar reformas profundas a la gobernanza de las policías.

Señala Vallés que cualquier actor -ciudadano, institución pública, partido, líder, medio de comunicación, sindicato- que interviene en un conflicto, aspira a que su intervención no tenga que descansar exclusivamente en su capacidad de forzar la voluntad de los demás: aspira a que éstos admitan sus propuestas sin necesidad de acudir a la coacción[5].

Aun cuando las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, por mandato constitucional y legal, gozan del monopolio exclusivo de la fuerza para hacer ejecutar el derecho y mantener la tranquilidad pública, ello no ha sido óbice para evitar graves hechos de violencia pública.

La legitimidad que debe proveerle el sistema político a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, pasa tanto por una supervigilancia y dirección efectiva, como por generar las condiciones para que sus acciones sean valoradas por la ciudadanía y aprehendidas por estas.

En cuanto a la valoración pública del actuar de Carabineros de Chile, medida sobre los niveles de aprobación de la institución, hemos visto una variación influenciada por los distintos hechos en que se ha visto envuelta esta policía en los últimos 5 años. La encuesta CEP muestra un índice de confianza a Carabineros de Chile de un 57% en agosto de 2015, para descender a un 17% a diciembre de 2019. Con todo, la encuesta de abril de 2021 muestra una confianza del 30%, situándose como la cuarta institución con mejor evaluación de un total diecisiete evaluadas.

La deslegitimación del actuar policial que ha afectado a nuestras instituciones es un fenómeno que excede nuestras fronteras. La experiencia internacional evidencia la irrupción de crisis policiales, a nivel mundial[6], lo que resulta preocupante en tanto este atributo de las instituciones resulta indispensable para su adecuado funcionamiento y mantenimiento en el tiempo.

La importancia de la legitimación policial ha sido evidenciada por numerosos estudios en la última década, en los que se constata que conduce a valiosos resultados y a una mayor disposición de la ciudadanía a cumplir la ley y las órdenes de la policía, a cooperar con la institución proporcionando información para la prevención y resolución de delitos, a acudir a ellas cuando se requiera ayuda, y en general, a trabajar en conjunto en problemas de la comunidad [7].

En base a ello, en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, los esfuerzos institucionales frente a las crisis policiales se han centrado en trabajar la legitimidad y confianza ciudadana en estas instituciones[8], para lo cual se ha demostrado que un elemento central es la promoción de un trato justo y respetuoso por parte de los funcionarios policiales a los ciudadanos.

El desafío de profundizar la legitimidad policial fue advertido como necesario tempranamente. Así, desde el Programa de Gobierno, como en el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública y las acciones emprendidas desde el inicio de esta Administración para profundizar el enfoque de Derechos Humanos en las policías, esfuerzos a los que se suman las diversas instancias surgidas con posterioridad al 18 de octubre 2019, han consensuado la necesidad de avanzar en estructuras políticas que otorguen mayor legitimidad a los cuerpos policiales para que estos puedan cumplir de manera efectiva su rol de garantizar la seguridad pública y el orden público, siendo este debate muy pertinente al momento global en la función de seguridad integral del Estado.

Es por ello que resulta menester abordar el rol que el Estado debe cumplir en la seguridad pública, ya que es un área que le compete de suyo. En la ejecución de esta función esencial, debe el Estado hacerse cargo de cómo los cuerpos policiales deben ejercer el rol de proveer seguridad y con qué lineamientos.

Así, el Gobierno, con el apoyo de la sociedad civil, las organizaciones internacionales, sumado al trabajo de Carabineros de Chile y la PDI iniciaron un proceso que tiene como objetivo reformar nuestras instituciones policiales, buscando poner el foco en la defensa y protección de las personas, guiada por los principios democráticos, el enfoque de género y el irrestricto respeto por los Derechos Humanos.

El proceso en comento tiene como objetivo la aprehensión ciudadana de los cambios de nuestras policías, ya que la “legitimidad democrática requiere un proceso informal de comunicación en que las opiniones son formadas a través de los medios de comunicación masiva” [9].

En este trabajo de reforma de Carabineros de Chile, con una participación triestamental (Gobierno, Sociedad Civil y Carabineros de Chile), se han consensuado numerosos cambios a la estructura de seguridad del país. Entre otros, justamente se acordó la necesidad de crear un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Este proceso se funda en cuatro ejes esenciales, que son a) Institucionalidad y Gobernanza, b) Modernización de la Gestión, c) Control de Orden Público, y d) Carrera y Formación. Precisamente este proyecto de ley logra abarcar la totalidad de estas áreas, por cuanto permitirá mejorar la sujeción a la autoridad civil de las policías, con una dirección civil que sea capaz de evaluar su gestión financiera, administrativa, operativa e incluso educacional, con el objeto de orientar su accionar hacia las personas.

7. Comisión Bicameral de Seguridad Pública

Durante los años 2020 y 2021, se generó un acuerdo para constituir la denominada “Comisión Bicameral de Seguridad Pública”, la que tuvo por objeto comenzar un trabajo pre-legislativo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de diagnóstico y generación de consensos respecto de los necesarios cambios, de forma y fondo, en el sistema de seguridad pública nacional.

La Comisión, que desarrolló su trabajo en numerosas sesiones presenciales y telemáticas, discutió en detalle las funciones y atribuciones que debiese tener un eventual nuevo ministerio de seguridad pública, analizando posibles organigramas y fijando los objetivos de seguridad que debía tener presente el Estado ante los nuevos desafíos que presenta el siglo XXI en esta materia.

El trabajo de numerosos honorables senadores y senadoras, como José Miguel Insulza, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, Kenneth Pugh, Jaime Quintana, Marcela Sabat y honorables diputados y diputadas, como Marisela Santibáñez, Raúl Leiva, José Miguel Calisto, Maite Orsini, Jorge Alessandri y Gonzalo Fuenzalida, enriqueció profundamente la discusión pre-legislativa, generándose importantes acuerdos como consecuencia de esta instancia y elaborando numerosos insumos para el presente mensaje.

8. Profundización del enfoque de Derechos Humanos en el actuar policial como un eje de la acción del Gobierno

En julio de 2020, mediante la Orden General Nº 2.780, del General Director de Carabineros de Chile, se actualizó el protocolo sobre empleo de escopeta antidisturbios, con la colaboración del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de la Niñez, estableciendo que su uso será preferentemente defensivo y cuando concurran niveles de agresión activa o agresión activa potencialmente letal, por funcionarios certificados, que porten cámaras corporales y estableciendo otros diversos requisitos, con la finalidad de asegurar el uso proporcional, racional y necesario del medio.

Prontamente será publicado una actualización general de los protocolos para el mantenimiento y restablecimiento del orden público, la cual considera elementos de acompañamiento y diálogo, criterios de intervención oportuna y empleo diferenciado de la fuerza, normas sobre observadores de derechos humanos en manifestaciones, intervenciones ante acciones ilícitas y sus etapas, además de criterios de auditoría al actuar policial.

II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

1. Necesidad de un nuevo paradigma en materia de seguridad: Prevención de peligros

La función del Estado que precede a cualquier otra es la de proteger a la comunidad, preservándola en el tiempo y proporcionándole la estabilidad necesaria para acometer los fines que le son propios, porque solo mediante la seguridad se garantiza la condición de paz que hace posible alcanzar los bienes superiores que toda sociedad aspira [10].

La realidad del siglo XXI da cuenta de un mayor dinamismo de los riesgos, amenazas, interferencias y peligros a los que se ven expuestos los ciudadanos.

Por lo anterior, se debe superar la lógica de la prevención del delito y avanzar hacia una de prevención de peligros: la función del Estado en seguridad debe ser evitar que las personas resulten dañadas en su vida, su integridad física o su propiedad, como consecuencia de causas antrópicas, sean éstas fortuitas o negligentes (accidentes de tránsito, cuasidelitos) o deliberadas (delitos).

La política criminal en los últimos años ha girado de cierta manera hacia un enfoque exclusivamente centrado en los delitos, en quiénes cometen esos delitos y cuál es la respuesta punitiva estatal frente a lo anterior. Ello ha impedido avanzar con mejor información y políticas hacia los factores de riesgo que posibilitan el denominado “ecosistema del delito”, derivando en una estrategia persecutora más que anticipativa.

Frente a este nuevo paradigma de seguridad, se requiere una respuesta estatal completa, que supere la lógica que entiende a las policías como las exclusivas encargadas de la seguridad, y que parta de la base que esta función debe recaer en un Sistema de Seguridad Pública, encabezado por un Ministerio especializado y técnico, con funciones y atribuciones propias para enfrentar los nuevos desafíos de seguridad, frente a la multicausalidad de peligros existentes.

Los riesgos y las amenazas de seguridad son cada día más cambiantes y difusos, lo que implica que el Estado los deba enfrentar de manera unitaria y coordinada, desde una lógica multidimensional y multisectorial.

En este contexto, la seguridad pública debe ser entendida como una condición, que el Estado debe permanentemente buscar, que no tiene límites perfectamente definidos y que, ante todo, es incierta. Por ello, la estrategia estatal debe ser acercarse lo más posible a dicha condición de seguridad idónea para la sociedad chilena, que permite a todos y cada uno de los habitantes del país, su mayor realización material y espiritual posible.

Lo anterior, exige comprender que la seguridad pública no puede ser absoluta, ya que la seguridad plena no es totalmente alcanzable. Por tanto, la seguridad pública debe ser vista como una condición esperable por la sociedad, en la que el Estado debe poner todo su esfuerzo personal y material posible, para ser un medio idóneo para el bienestar común de la sociedad.

Aun cuando la seguridad es variable y difusa, pudiendo existir riesgos, amenazas y peligros en elementos naturales, como problemas climáticos, desastres o pandemias, hasta incluso problemas macroeconómicos, debiendo enfocarse este nuevo órgano especializado, principalmente, en aquellos que vienen de una fuente antrópica (acción humana) y que tienen por objeto causar gran daño a la sociedad.

Luego, comprendiendo la imposibilidad del Estado de brindar resguardo ante todo peligro que afecte la seguridad pública, debe realizarse un esfuerzo mayor de política pública integral que busque hacer frente a aquellos que tengan la aptitud necesaria para generar un daño grave al bien común, como lo es el terrorismo, los ataques a la infraestructura crítica, los ataques a la ciberseguridad, la actividad del crimen organizado y el narcotráfico.

Lo anterior es cada vez más elocuente en nuestra región. La realidad latinoamericana ha demostrado crecientes índices de hibridación de sus conflictos, como por ejemplo, en el narcotráfico involucrado con el terrorismo, algo que se ha evidenciado en el caso mexicano [11], y que ha requerido asumir una nueva estrategia.

2. Las personas en el centro de la seguridad pública

Como elemento fundamental de toda estrategia estatal de seguridad pública se encuentra la protección de las personas y sus bienes. Ello, por cuanto la servicialidad estatal exige que las personas sean el centro de toda política pública, lo que se torna aún más claro en materia de seguridad pública. Evitar daños a las personas y sus bienes, es una de las bases fundamentales del goce y ejercicio libre de los derechos de las personas.

No solo se debe tener presente evitar daños, sino que también disminuir el temor a sufrir daños o peligros, que es un elemento fundamental en la integridad psíquica de las personas. El Estado debe sentar las bases para que la sensación de seguridad logre superar a la presencia de temor en la población, especialmente de afectaciones a su calidad de vida, sobre todo de aquellos delitos más gravosos, como aquellos relacionados con el narcotráfico y la violencia.

Al asumir nuestro Gobierno, los niveles de victimización de los últimos cuatro años registraban alzas sostenidas. La Encuesta ENUSC 2017, reflejó que el 28% de los hogares chilenos habían sido víctimas de al menos un delito durante los últimos 12 meses. La misma medición en el 2018 logró quebrar esta tendencia al alza y registró que en el 25,4% de los hogares del país, al menos uno de sus miembros había sido víctima de algún delito consumado, tendencia que se mantuvo a la baja durante el 2019, llegando a un 23,3% de hogares victimizados. Ambas mediciones corresponden a disminuciones estadísticamente significativas respecto del año anterior. No obstante, el año poco representativo que puede significar el pasado 2020 -producto de la pandemia por COVID-19- en términos estadísticos, el problema del temor está presente en la ciudadanía y es deber del Estado fijar como prioridad el avance hacia un mejor sistema de seguridad pública.

Luego, la respuesta estatal para evitar daños y peligros, no solo se circunscribe a resarcirlos en caso de quebrantamiento, sino que debe ser una labor integral, que abarque todo el ciclo de las amenazas o riesgos que pudiesen afectar a las personas. El Estado debe tener un rol anticipativo para evitar peligros, pero también reactivo para ocuparse de las consecuencias de los mismos.

Así, el Sistema de Seguridad Pública que se propone en virtud de este proyecto de ley debe tener presente la función de prevención para reducir factores de riesgo; ejercer una labor de control para proteger a la sociedad y a sus integrantes de los peligros a los que puedan verse afectados por causas naturales o antrópicas; ejercer, asimismo, las acciones para perseguir a quienes causen daños o fomenten la existencia de peligros; propender a la reinserción de quienes infringen las normas, y también, debe acercar la respuesta estatal a quienes han sido víctimas de delitos, brindándoles un adecuado apoyo.

Revisando experiencia comparada, se puede encontrar el caso de la normativa de la Policía Alemana, que tiene como deber el prevenir peligros. Esto supera el umbral del daño, que implica una respuesta ex post, y es justamente el objetivo al que se aspira con el nuevo Ministerio que se propone en este proyecto de ley: poner en el centro la protección a las personas. Lo que se busca, entonces, es una respuesta integral del Estado ante los peligros, desde lo preventivo hasta la reinserción.

De esta manera, el Estado debe procurar que las personas estén lo suficientemente resguardadas de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e internas, antrópicas y naturales; que ellas puedan contribuir a generar las condiciones de seguridad necesarias, todo ello en aras del bien común.

3. Experiencia norteamericana

El 11 de septiembre de 2001 se produjo un ataque sin precedentes en el World Trade Center de Nueva York, que generó una profunda reflexión en Estados Unidos respecto de su sistema de seguridad pública y como éste era capaz de responder a las nuevas amenazas del siglo XXI. En dicho ataque terrorista, se emplearon medios aéreos civiles dejando en evidencia lo difuso de los límites de las amenazas de la seguridad externa e interna.

En este sentido, los conceptos del siglo pasado respecto de conflictos armados entre Estados, con grandes ejércitos, numeroso armamento y desplazamientos de terrenos y de recursos humanos quedaron obsoletos ante una nueva realidad híbrida o no tradicional. En efecto, el referido ataque tuvo un impacto decisivo y causó pérdidas humanas y materiales muy difíciles de cuantificar, todo lo cual fue llevado a cabo por pocas personas, con una alta coordinación y preparación.

Posterior a estos hechos se creó el Department of Homeland Security (por sus siglas, DHS), entidad cuya finalidad es la coordinación entre las diversas instituciones de seguridad, terminando de esta forma con la alta atomización existente hasta ese momento (Coast Guard, Inmigration Services, Customs and Border Protection, entre otras).

De un examen simple, es posible advertir que la realidad existente al momento de los ataques terroristas en Estados Unidos también se replica en nuestro país, donde existen diversas agencias que contribuyen a proveer seguridad pública, pero cuya dependencia se encuentra atomizada y sin obligaciones claras de coordinación a nivel legal.

4. Coordinación y Sistema de Seguridad Pública

La función de seguridad pública que debe asumir el Estado permea a numerosos órganos públicos, que dentro sus competencias deben velar o contribuir con el cumplimiento de dicho objetivo. En ese sentido, robustecer la coordinación en materia de seguridad pública, teniendo a la vista la experiencia estadounidense, aparece como adecuado para avanzar en una mejor unidad de acción de los órganos públicos. A tal experiencia se debe incorporar la de países como Canadá, Costa Rica, Argentina, Panamá, Noruega, Reino Unido, Francia e Israel, que cuentan con ministros de seguridad, con funciones de coordinación, sin tener la competencia de ser jefes políticos del gabinete.

De este modo, se busca que este nuevo ministerio sea el ente superior de un Sistema de Seguridad Pública, encargado de la coordinación sectorial e intersectorial, para el logro de los objetivos de seguridad que se haya fijado en esta materia.

Dicho Sistema de Seguridad Pública se constituirá como un modelo de gestión de política pública que buscará permear todos aquellos ámbitos del aparato estatal que tengan competencias en materia de seguridad, buscando generar sinergias que permitan cumplir de mejor forma la función de seguridad pública.

Iniciativas de coordinación como estas no son nuevas en materia de seguridad. Actualmente, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública cuenta con las Macrozonas de Seguridad y las Unidades de Coordinación Estratégica (UCE), creadas por la resolución exenta N° 4.959, de septiembre de 2018, de dicha cartera de Estado, instancia que busca contar con una estructura eficiente y eficaz para el tratamiento de datos y procesamiento de información para prevenir y controlar la delincuencia. Dicha unidad cuenta con funcionarios de distintos órganos del Estado (Carabineros de Chile, PDI, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Aduanas, y la Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante).

A lo anterior, se debe agregar la experiencia recogida en los Consejos de Seguridad Pública encabezados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la experiencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito en materia de planes comunales de Seguridad Pública.

Dichas experiencias han sido fundamentales para generar una cultura de colaboración, tan necesaria para que distintos servicios públicos trabajen de forma coordinada, compartan información y tiendan a la unidad de acción en materia de seguridad pública.

Para consolidar el objetivo de mayor coordinación, una nueva estructura de gobernanza del sector seguridad, con mayores componentes técnicos y mejor coordinación es elemental, y así ha sido ampliamente reconocido y consensuado a nivel político y académico.

5. Dividir las funciones de gestión política de la gestión de seguridad pública

La ley Nº 20.502 que creó el Ministerio Del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modificó diversos cuerpos legales, publicada el año 2011, cambió la estructura de funciones de dicha cartera de Estado, incorporando en ella la gestión del orden público y la seguridad pública.

Pues bien, al ser el jefe del gabinete ministerial de Gobierno, un ministro encargado tanto de lo político, como de la seguridad, los desastres naturales, o la migración, podría afectar la capacidad de abarcar ciertos desafíos de suma importancia para el Estado en materia de conducción política.

En este contexto, separar la seguridad pública de la gestión política del jefe de gabinete, busca distinguir el rol de un nuevo Ministro de Seguridad Pública del rol del Ministro del Interior como colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en la coordinación de la acción política del gobierno, a nivel central y territorial.

Asimismo, en atención a la relevancia que suscitan las materias relacionadas a la seguridad pública resulta conveniente realizar una separación de aquellas funciones que asume el Ministro del Interior y Seguridad Pública actualmente, a nivel político.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO

A continuación, se describen los principales aspectos e innovaciones propuestas en el marco de la creación del Ministerio de Seguridad Pública:

1. Nuevo Ministerio de Seguridad Pública: Fortalecimiento institucional y visión integral de la seguridad pública

a. Colaborador inmediato del Presidente de la República en materia de seguridad pública

El proyecto de ley propone la creación del Ministerio de Seguridad Pública, como colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en todo aquello que diga relación con la seguridad multidimensional, y especialmente con el resguardo de la seguridad pública.

Asimismo, se le dota de una estructura orgánica adecuada para el ejercicio de las funciones y atribuciones que se le confieren.

b. Nuevos paradigmas de seguridad pública

El proyecto de ley establece un nuevo enfoque para afrontar la seguridad pública, entendiendo que hoy las amenazas que afectan a las personas tienen formas no tradicionales y que, por tanto, las respuestas del Estado tienen que adquirir una dimensión más allá de la pura respuesta policial. Por ello, entre las funciones que se le han otorgado al ministerio que se propone, destacan:

- El diseño y evaluación de políticas y planes con un enfoque multidimensional sobre seguridad pública;

- La coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos de seguridad pública;

- El diseño y evaluación de las políticas y planes de prevención del delito, así como para el control y la persecución contra la delincuencia organizada;

- La coordinación y la evaluación de la ejecución de planes y programas de reinserción social de los infractores de ley, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el logro de los objetivos en materia de orden público y de seguridad pública;

- El diseño y evaluación de las políticas de ciberseguridad, en lo relativo a la prevención, detección y neutralización de amenazas en el ciberespacio, que pretendan dañar sistemas informáticos o acceder ilegítimamente a ellos;

- En materia de seguridad privada, además de ser el responsable de las funciones actualmente vigentes, la evaluación permanente a los obligados del cumplimiento de ciertas medidas;

- El diseño y evaluación de políticas de resguardo fronterizo.

Para el cumplimiento de tales funciones, en el proyecto de ley se reconocen como atribuciones, entre otras, las siguientes:

1. Elaboración de análisis estratégicos para la elaboración, actualización, proposición y evaluación de políticas, planes y programas destinados a garantizar la seguridad pública.

2. Desarrollar y administrar sistemas de procesamiento y análisis de datos.

3. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución de planes y programas tendientes a reinsertar a los infractores de ley, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

4. Supervigilar y controlar la acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en la mantención del orden público.

5. Ejercer labores de coordinación con las autoridades regionales, provinciales y comunales para la mantención de la seguridad pública, así como también respecto las acciones y programas que los demás Ministerios y los servicios públicos desarrollen en relación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

6. Disponer la prevención y protección frente a daños a la infraestructura crítica.

7. Celebrar acuerdos con instituciones públicas o privadas que digan relación con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas y planes de las materias de competencia del ministerio.

2. Atribuciones sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

El proyecto de ley contiene un artículo especialmente dedicado a las atribuciones específicas respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En ellas, se otorgan competencias para supervigilar estratégica, operativa, presupuestaria y administrativamente a dichas instituciones. Lo anterior, viene a reforzar el necesario control civil sobre las policías.

Además, el nuevo ministerio deberá fiscalizar el cumplimiento de las normas de transparencia y rendición de cuentas de dichas instituciones a la ciudadanía, junto con diseñar estrategias de perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico para las policías.

3. Organización interna

El proyecto de ley regula asimismo la organización interna de la nueva secretaría de Estado, conformada por el Ministro de Seguridad Pública, dos subsecretarías- una de Seguridad Pública y otra de Prevención del Delito- y se desconcentrará territorialmente mediante Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública, las que dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

a. Subsecretaría de Seguridad Pública

Se erige como el órgano de colaboración inmediata del Ministro en materia de seguridad pública, encargada tanto de planificar las estrategias en materia de seguridad pública, como de coordinar y relacionarse con instituciones públicas y/o privadas del sector que permitan abordar de forma multidimensional los desafíos que se presentan en la materia. También ejercerá la supervigilancia sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

b. Subsecretaría de Prevención del Delito

Será la subsecretaría de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir los delitos, y coordinar y evaluar los planes y programas para rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A nivel regional, las Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública que dependerán de esta Subsecretaría, estarán a cargo de un Secretario Regional Ministerial, encargado de colaborar con los delegados presidenciales regionales y con los delegados presidenciales provinciales. Asimismo, en cada región existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública.

4. Deber de información al H. Congreso Nacional

El proyecto de ley propone que, de forma periódica, se ponga a disposición del H. Congreso Nacional información relevante en materia de seguridad pública, generando canales de comunicación que permitan un análisis en conjunto de los poderes colegisladores de los desafíos que se presentan en este ámbito.

De esta forma, el proyecto de ley establece que el Ministro deberá informar semestralmente al H. Senado y a la H. Cámara de Diputados acerca de los avances en la implementación y los resultados parciales de los programas de seguridad pública, orden público, resguardo fronterizo, prevención, rehabilitación y reinserción social.

Asimismo, se establece que, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, anualmente el Ministro deberá dar cuenta de los desafíos en las materias de la cartera que dirige a las comisiones de seguridad del H. Senado y de la H. Cámara de Diputados respectivamente, y se escuchará el parecer de los parlamentarios miembros de ambas comisiones sobre el particular.

5. De la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

El proyecto de ley establece que el Ministerio de Seguridad Pública, actuando como órgano rector, deberá proponer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, instrumento en el que se fijará de manera pública los objetivos estratégicos perseguidos por el Estado en materia de seguridad pública, y coordinará las acciones y programas que los demás Ministerios y los servicios públicos desarrollen en relación a ella.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública será propuesta al Presidente de la República por el Ministro de Seguridad Pública, quien contará para estos efectos con la asesoría del Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano consultivo de carácter transversal, presidido por el Ministro del ramo e integrado por el Ministro del Interior; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Defensa Nacional; el Ministro de Hacienda; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos; el Ministro de Economía, Fomento y Turismo; el General Director de Carabineros de Chile; el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, y los presidentes de las asociaciones de municipalidades que se defina pertinente invitar.

Dentro de las atribuciones del Consejo de Nacional de Seguridad Pública, se encuentra la posibilidad de analizar los antecedentes de ejecución presupuestaria que la Dirección de Presupuestos le debe enviar el primer trimestre de cada año.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo Primero.- Apruébase la siguiente ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública:

Título I

Del Ministerio de Seguridad Pública y de los Consejos de Seguridad Pública

Párrafo I

Del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 1°. Créase el Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública, la cual permite a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas, alcanzar la condición que se encuentren lo suficientemente resguardados de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e internas, antrópicas y naturales.

El Ministerio de Seguridad Pública concentrará la decisión política, encargándose a su vez del diseño y la evaluación de las políticas, planes y programas en lo relativo a la seguridad pública, el orden público y el resguardo fronterizo, incluyendo la prevención, persecución y control de los delitos, que le corresponda conforme a las leyes, debiendo además ejercer la coordinación interministerial en todas las materias de su competencia.

Asimismo, para el logro de los objetivos en materia de orden público y seguridad pública interior, coordinará, evaluará y se pronunciará sobre su seguimiento e implementación de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia de prevención y control de la delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y su reinserción social, en la forma que establezca la ley y dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El Ministerio, actuando como órgano rector en materia de seguridad pública, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en esta materia tanto a nivel nacional, regional y comunal, considerando las características específicas de las amenazas y peligros para la seguridad en sus diversas dimensiones.

Artículo 2°. El Ministerio de Seguridad Pública deberá diseñar, administrar, coordinar y supervisar un Sistema de Seguridad Pública, consistente en un modelo de gestión constituido por diversas políticas públicas que desarrolla cuyo fin común sea proveer seguridad pública a la población, y apoyar a las víctimas del delito en el ámbito de sus competencias. Dentro de dicho Sistema, podrá crear Subsistemas a cargo de cada Subsecretaría, conforme a los fines propios de sus competencias.

Además, el Ministerio de Seguridad Pública actualizará constantemente sus objetivos de política pública y capacitará a su personal sobre la base de la evidencia nacional y comparada disponible, para tener la capacidad de hacer frente a las nuevas amenazas y riesgos de seguridad multidimensional.

Artículo 3°. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República, este ministerio será el encargado de la seguridad pública.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán jerárquicamente de esta cartera de Estado y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas.

Párrafo II

Funciones del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 4°. El Ministro de Seguridad Pública deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública interior y orden público, para cuyos efectos coordinará, evaluará y se pronunciará sobre su seguimiento e implementación de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia de prevención, de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, rehabilitación y reinserción social.

Artículo 5°. Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública las siguientes funciones:

a. Diseñar y evaluar las políticas y planes multidimensionales sobre seguridad pública, establecidas en el marco de un Sistema de Seguridad Pública, al que se refiere el artículo 2°.

Para ejercer la función antes descrita, el Ministerio deberá recibir apoyo y colaboración de todos los órganos de la Administración del Estado que sean requeridos al efecto, y en todo caso, actuará coordinadamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores en aquellas materias de su competencia.

b. Diseñar y evaluar las políticas y planes sobre mantención y control del orden público a nivel nacional, regional y comunal, que permitan la convivencia de todos los sectores de la nación en el espacio público, de manera pacífica y sin armas.

Para lo anterior, deberá prevenir la alteración del orden público y generar las condiciones para su restablecimiento ágil, especialmente cuando ésta sea grave y continua, generando una carga desproporcionada en el normal desenvolvimiento de las actividades de las personas naturales, grupos intermedios o servicios públicos.

El Ministerio velará que las medidas para el restablecimiento ágil del orden público se ejecuten con pleno respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República.

c. Diseñar y evaluar las políticas de prevención, control y la persecución contra la delincuencia organizada, debiendo tener en especial consideración las amenazas que provengan de estas organizaciones y que impliquen conductas terroristas, ataques a la infraestructura crítica y amenazas híbridas o no tradicionales, debiendo vincularse para ello con la Agencia Nacional de Inteligencia y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

d. Diseñar y evaluar las políticas de resguardo fronterizo para evitar la comisión de delitos en o a través de las fronteras de nuestro país, que involucren a personas, capitales y, de modo general, a toda clase de bienes. Para ello se coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.

e. Diseñar y evaluar las políticas de ciberseguridad, particularmente en lo relativo a la prevención, detección, neutralización de amenazas en el ciberespacio que pretendan dañar sistemas informáticos o acceder ilegítimamente a ellos. Para ello se coordinará, en lo pertinente, con los ministerios de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

f. Diseñar y evaluar políticas relativas al rol que cumplen las personas que proveen servicios de seguridad privada, en su rol de coadyuvante de la seguridad pública del país. Deberá, particularmente, diseñar políticas orientadas hacia el resguardo de las actividades que constituyan mayores riesgos a la sociedad, dada la naturaleza de las mismas.

g. Diseñar y evaluar las políticas y planes relativos a la prevención del delito, promoviendo las medidas tendientes a generar una reducción de los factores de riesgo, tanto en lo social como en lo situacional.

h. Diseñar y evaluar las políticas y planes de mejora en las condiciones para la persecución penal, en coordinación con el Ministerio Público.

i. Coordinar y evaluar la ejecución de planes y programas de reinserción social de los infractores de ley, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el logro de los objetivos en materia de orden público y seguridad pública interior.

j. Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes le encomienden y que sean concernientes a la buena marcha y desarrollo de la seguridad pública.

Artículo 6°. Para el cumplimiento de las funciones, corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública las siguientes atribuciones:

a. Efectuar análisis estratégicos para la elaboración, actualización, proposición y evaluación de políticas, planes y programas para garantizar la seguridad pública y controlar los riesgos o consecuencias de su afectación y prestar colaboración a los organismos correspondientes en las labores de persecución, en el marco de sus funciones y atribuciones.

b. Supervigilar y controlar la acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en la mantención del orden público, pudiendo instruir medidas tendientes a restablecerlo.

c. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución de planes y programas tendientes a reinsertar a los infractores de ley y condenados por infracciones al orden público, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el logro de los objetivos en materia de orden público y seguridad pública interior.

d. Coordinar directamente o mediante las secretarías regionales ministeriales, según corresponda, con los delegados presidenciales regionales y provinciales, para la mantención de la seguridad pública en el territorio nacional.

e. Proponer al Presidente de la República, cada cuatro años, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

f. Desarrollar y administrar sistemas de procesamiento y análisis de datos, documentos y otros antecedentes, con el fin de evaluar el estado y la formulación de políticas sobre seguridad pública, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

g. Generar, recopilar, administrar, y transferir datos e información para el diseño y evaluación de políticas, planes y programas relacionados con la seguridad pública. El tratamiento de los datos personales se realizará en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

h. Elaborar planes y programas para el resguardo de la sociedad contra objetos ultraterrestres, ya sean de carácter natural o artificial. Para ejercer esta atribución, estará en permanente coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional.

i. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública y las demás materias que sean de su competencia.

j. Definir las medidas de control de la ocurrencia de faltas, simples delitos o crímenes, en el ámbito de sus competencias, además de aquellas que permitan una adecuada respuesta policial a las infracciones a la ley penal, pudiendo solicitar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, en general, a cualquier otro organismo público, informes sobre planes, medidas, distribución del personal o cualquier otro antecedente que el Ministerio considere pertinente y necesario para el cumplimiento a esta función. El Ministerio velará que toda respuesta policial a las infracciones a la ley penal se realice con pleno respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República.

k. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de las materias propias del ministerio.

l. Coordinar la ejecución de las acciones y programas que los demás ministerios y los servicios públicos desarrollen en relación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

m. Autorizar, regular, supervisar, controlar y ejercer las demás atribuciones en materia de seguridad privada, en la forma que la ley señale, debiendo establecer parámetros generales para el desarrollo de dicha función.

n. Disponer medidas de prevención y protección frente a daños a la infraestructura crítica e impartir instrucciones a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública a su respecto. Para estos efectos, se entenderá por infraestructura crítica aquella cuya puesta en riesgo de su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios de utilidad pública para la población o para el eficaz funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado. Se entienden comprendidos en dicho concepto, y sin que la enunciación siguiente sea taxativa, la infraestructura energética, redes y sistemas de telecomunicaciones, infraestructura de servicios sanitarios, infraestructura en materia de salud, centros de abastecimiento, puertos, aeródromos y aeropuertos e infraestructura de transporte, debiendo determinarse los órganos y servicios que deberán quedar comprendidos mediante resolución del Ministerio de Seguridad Pública. La protección incluye los bienes inmuebles, equipos y sistemas que sean necesarios para el funcionamiento de la infraestructura crítica. Para estos efectos deberá tener en especial consideración las competencias de la letra m) anterior.

o. Desarrollar las estrategias de resguardo fronterizo, para evitar la comisión de infracciones, que involucren personas o bienes, tanto en los que participe el crimen organizado como aquellos que se produzcan de manera aislada o espontánea. En este sentido, deberá ejercer una labor de dirección sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública con el objeto de promover planes preventivos, de contención ágil y protección en general. En esta materia deberá coordinarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.

p. Formular planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con los espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, y en particular, mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

q. Las demás atribuciones que la ley le encomiende.

Artículo 7°. Para el cumplimiento de sus funciones respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública:

a. Asesorar al Presidente de la República en la conformación del Alto Mando de las instituciones policiales, así como en los ascensos y retiros.

b. Supervigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad pública que defina la cartera.

c. Supervigilar y controlar el desarrollo estratégico y la gestión operativa y administrativa de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para lo que requerirá periódicamente información al Alto Mando, según corresponda, quien deberá proporcionarla en el plazo que le fije el Ministerio.

d. Ejercer el control presupuestario, financiero y de mérito respecto de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Para ello, el Ministerio recibirá trimestralmente la información estadística actualizada relativa al avance de la gestión financiera de estas instituciones, la que deberá estar permanentemente a disposición del Ministerio, sin perjuicio de poder requerirla en cualquier momento.

e. Requerir a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública los informes, antecedentes y estadísticas necesarios para realizar la evaluación de las medidas y programas adoptados por estas instituciones para una eficaz, racional y eficiente mantención del orden público y la seguridad pública en el territorio nacional.

f. Supervigilar el cumplimiento de las normas sobre transparencia, publicidad de la información y rendición de cuentas a la ciudadanía por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, según corresponda.

g. Supervigilar y controlar las modificaciones de la organización interna de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, teniendo en especial consideración los desafíos de seguridad multidimensional, el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y con enfoque de género, en conformidad a los planes estratégicos de desarrollo policial.

h. Diseñar estrategias de perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y de capacidad física en coordinación con el Alto Mando de las instituciones de Orden y Seguridad Pública. Para el ejercicio de esta atribución, deberá aprobar los programas y planes de estudio, los perfiles de ingreso y egreso, además del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas.

i. Fijar y aplicar, mediante resolución, modelos, sistemas y estrategias de evaluación de la gestión de las funciones, planes y programas de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, que contemplen la evaluación del cumplimiento de parámetros, tales como un programa de distribución del personal que satisfaga criterios básicos de descentralización y satisfacción de necesidades locales; transparencia activa y pasiva, y eficiencia en el uso de los recursos.

j. Las demás atribuciones que la ley le encomiende.

Para efectos de lo señalado en el literal e), el Ministerio deberá coordinarse y colaborar con las instituciones que se vinculen con el desarrollo de los servicios policiales, las que deberán entregar al Ministerio de Seguridad Pública toda la información que les sea requerida y que sea necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en dicho literal.

Artículo 8°. El Ministerio de Seguridad Pública informará semestralmente a las comisiones encargadas de la seguridad pública del Senado y de la Cámara de Diputados, acerca de los avances en la implementación y los resultados parciales de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública y orden público, y de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia resguardo fronterizo, prevención, rehabilitación y reinserción social, dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 9°. El Ministro de Seguridad Pública, el Subsecretario de Seguridad Pública, los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales, según corresponda, podrán deducir querella en las siguientes situaciones:

a. Cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie.

En caso alguno podrán considerarse comprendidos en este literal las faltas, los cuasidelitos, los delitos de acción privada, ni los incluidos en los Párrafos 2 y 5 del Título III; Párrafos 5, 7 y 8 del Título IV; Párrafos 2 bis, 3, 5 y 7 del Título VI; todos los del Título VII, salvo los de los Párrafos 5 y 6; los de los Párrafos 2, 4, 6 y 7 del Título VIII; los de los Párrafos 7 y 8 del Título IX, y los del Título X, todos del Libro segundo del Código Penal.

b. Cuando se trate de los delitos contemplados en las leyes N° 19.327, sobre prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y en el decreto Nº400 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº17.798, sobre control de armas.

Artículo 10. En el desarrollo de las tareas que les encomienda la ley en materias propias del Ministerio de Seguridad Pública, los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales se relacionarán directamente con dicha cartera de Estado en la forma que establezca la ley y las instrucciones del propio ministerio.

Párrafo III

De los Consejos de Seguridad Pública

Artículo 11. Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el Ministro de Seguridad Pública e integrado por el Ministro del Interior; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Defensa Nacional; el Ministro de Hacienda; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos; el Ministro de Economía, Fomento y Turismo; el General Director de Carabineros de Chile; el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el Director Nacional de Gendarmería, y los presidentes de las asociaciones de municipalidades que se defina pertinente invitar.

El Subsecretario de Seguridad Pública actuará como Secretario del Consejo.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministro de Seguridad Pública en la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Igualmente, el Consejo tendrá como objetivo procurar la coordinación de sus integrantes y el fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del ministerio, a través de propuestas técnicas y de su acción mancomunada. Para estos efectos, podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos.

Artículo 12. El Consejo sesionará, al menos, una vez por semestre. Asimismo, al menos una vez al año, deberá oír a los representantes de la sociedad civil en la forma que determine el Consejo.

Artículo 13. En el primer trimestre de cada año, la Dirección de Presupuestos deberá enviar un informe al Consejo con el detalle de la ejecución presupuestaria de cada órgano del Estado que realice gastos en materias de seguridad pública, del presupuesto del año anterior.

Una resolución expedida por el Ministerio de Seguridad Pública suscrita, además, por el Director de Presupuestos, determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir esta información.

Artículo 14. El Consejo contará con comisiones técnicas, definidas por el secretario de esta instancia.

Los miembros del Consejo que integrarán estas comisiones técnicas serán definidos por éste anualmente y sesionarán en la forma y con la periodicidad que éste determine.

Artículo 15. En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el delegado presidencial regional e integrado por el gobernador regional, los delegados presidenciales provinciales, los alcaldes de los municipios de la región, el Secretario Regional Ministerial de Seguridad Pública, el Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, el Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, el Jefe de Zona de Carabineros de Chile, el Jefe de Región Policial de la Policía de Investigaciones de Chile, el Director Regional de Gendarmería de Chile y un representante que designe el ministro respectivo de los ministerios de Hacienda y Defensa Nacional.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al delegado presidencial regional en la implementación y coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a nivel regional, provincial y comunal, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública. Para estos efectos, el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre y contará con una secretaría ejecutiva a cargo del Secretario Regional Ministerial de Seguridad Pública. El Secretario Ejecutivo levantará acta de las sesiones del Consejo.

Párrafo IV

Organización interna del Ministerio

Artículo 16. El Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, se desconcentrará mediante secretarías regionales ministeriales de Seguridad Pública, las que dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Artículo 17. El Ministro de Seguridad Pública será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República y será responsable de la conducción del Ministerio en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél le imparta. La conducción política del Ministerio estará a cargo del Ministro conforme dichas instrucciones.

Será subrogado por el Subsecretario de Seguridad Pública, y a falta de éste, por el Subsecretario de Prevención del Delito, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República de nombrar como subrogante a otro Secretario de Estado.

Cada subsecretario será el jefe superior del Servicio en su respectiva subsecretaría y le corresponderá desempeñar las demás funciones establecidas en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la demás normativa aplicable. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública la administración y servicio interno del Ministerio.

Asimismo, los subsecretarios deberán efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro del cumplimiento de sus funciones.

Artículo 18. Un reglamento expedido a través del Ministerio determinará su estructura y de las subsecretarías, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En dicha estructura se deberán considerar las unidades funcionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del Ministerio, tales como el combate al crimen organizado, la gestión y modernización de las policías, la coordinación y gestión territorial, la seguridad pública y los análisis y estudios en materias de su competencia.

Título II

De la Subsecretaría de Seguridad Pública

Artículo 19. La Subsecretaría de Seguridad Pública es el órgano de colaboración inmediata del Ministro en materia de seguridad pública, prevención del terrorismo, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones que el Ministro le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquél le encargue.

En virtud de la relación de dependencia que tienen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, respecto del Ministerio, esta Subsecretaría ejercerá también todas las atribuciones de la cartera ministerial relativas a estas instituciones, previa delegación del Ministro.

Artículo 20. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública:

a. Colaborar en la coordinación de las acciones de los Ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con la seguridad pública, respecto de dicha materia.

b. Efectuar análisis con carácter multidimensional, en coordinación con los demás órganos de la Administración del Estado, sobre los desafíos y riesgos en materia de seguridad pública. Para estos efectos se podrán adoptar coordinadamente, las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este literal.

c. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas dentro del ámbito de sus competencias.

d. Asesorar al Ministro de Seguridad Pública en lo relativo a la formulación de planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con los espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, y en particular, mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

e. Diseñar y evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios en materias de resguardo fronterizo. Lo anterior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, dentro del ámbito de sus competencias.

f. Vincularse con la Agencia Nacional de Inteligencia, pudiendo requerir información a dicha institución, en el ámbito de sus competencias.

g. Supervigilar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, especialmente en lo estratégico, operativo, administrativo, financiero y disciplinario; velando por un enfoque de derechos humanos y género en el desarrollo de la función policial, para un adecuado cumplimiento de las funciones que les caben en materia de prevención de peligros de las personas, control y fiscalización del cumplimiento del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de órdenes judiciales y aquellas asociadas a la investigación de delitos.

h. Asesorar al Ministro de Seguridad Pública en todas las materias relativas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

i. Elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias. En las comisiones de servicio al extranjero, se deberá observar lo previsto en el artículo 77 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo y el artículo 14 N° 13 de la ley N° 21.080.

j. Supervigilar el cumplimiento de los planes de formación educacional que se dicten en las Fuerzas de Orden y Seguridad. Para este efecto, deberá promover una cultura de aseguramiento de la calidad y la permanente actualización de los planes y programas de estudio y de los medios de acceso al conocimiento.

k. Controlar la ejecución presupuestaria, las inversiones y, en general, todos los aspectos financieros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública remitirán informe detallado periódica y directamente a la Subsecretaría.

l. Estudiar el financiamiento de los proyectos de adquisición e inversión para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

m. Supervigilar las políticas de personal de estas instituciones.

n. Ejercer las competencias del Ministerio respecto de la seguridad privada, generando un sistema de evaluación constante sobre los obligados a contar con seguridad privada, tanto de vigilantes como guardias privados, y las personas naturales o jurídicas que capaciten a dichos vigilantes o guardias. Deberá coordinarse para estos efectos con Carabineros de Chile, la Dirección General de Territorio Marítimo y Mercante y la Dirección General de Aeronáutica Civil para ejercer una fiscalización permanente sobre los servicios de seguridad privada.

o. Las demás atribuciones que la ley le encomiende.

Título III

Subsecretaría de Prevención del Delito

Artículo 21. La Subsecretaría de Prevención del Delito es el órgano de colaboración inmediata del Ministro de Seguridad Pública en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir los delitos, rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley, sin perjuicio de las atribuciones propias de otros ministerios y servicios públicos, así como del ejercicio de las funciones que el Ministro de Seguridad Pública le delegue y del cumplimiento de las tareas que éste le encargue.

Artículo 22. Corresponderá la Subsecretaría de Prevención del Delito:

a. Evaluar las políticas públicas de prevención del delito y apoyo a víctimas diseñadas o formuladas por el Ministerio o por otros servicios públicos según las directrices metodológicas que ésta imparta. Adicionalmente, deberá producir, sistematizar y disponibilizar información y datos para el diseño y evaluación de estas políticas públicas, aplicando métodos científicos.

b. Diseñar políticas públicas con objetivos vinculados a la prevención del delito y particularmente para evitar conductas violentas, a través de la reducción de factores de riesgo sociales o situacionales, con énfasis en la articulación y coordinación de instituciones en planificación territorial, sea ésta a nivel macrozonal, regional, provincial, comunal, barrial u otro nivel territorial.

c. En materia de planificación territorial, deberá proveer orientaciones técnicas para la identificación de prioridades y la formulación de la planificación, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia. Esta competencia la ejecutará por medio de los secretarios regionales ministeriales.

d. Emitir recomendaciones a todo órgano del Estado acerca de aspectos propios de su competencia, que digan relación con la prevención del delito.

e. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades para implementar políticas públicas de prevención del delito, o de apoyo a víctimas en el ámbito de sus competencias, o facilitar su coordinación intersectorial.

f. Las demás atribuciones que la ley le encomiende.

Título IV

Estructura regional del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 23. El Ministerio de Seguridad Pública se desconcentrará territorialmente en cada región del país mediante Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública, las que estarán a cargo de un secretario regional ministerial, quien será el representante del Ministerio en la región.

Corresponderá a los secretarios regionales ministeriales las siguientes atribuciones:

1. Colaborar con el delegado presidencial regional y con los delegados presidenciales provinciales en la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región, además de todas las materias propias del Ministerio.

2. Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas que dependan de la Subsecretaría de Prevención del Delito en los niveles territoriales que esta última establezca.

Las atribuciones del secretario regional ministerial no se extenderán a asuntos de carácter operativo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Título V

Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Artículo 24. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es el instrumento que fijará los objetivos estratégicos perseguidos por el Estado en materia de seguridad pública, los medios para alcanzarlos y actualizará los análisis sobre los riesgos y amenazas que puedan afectar al país.

Esta Estrategia Nacional deberá ser aprobada por el Presidente de la República mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Seguridad Pública, en el primer año de su período presidencial.

Artículo 25. Anualmente, en el mes de septiembre, el Ministro de Seguridad Pública en sesión especial, secreta y conjunta de las comisiones encargadas de la seguridad pública del Senado y de la Cámara de Diputados deberá dar cuenta de los desafíos en las materias de la cartera que dirige y escuchará el parecer de los miembros de ambas comisiones.

Título VI

Del personal

Artículo 26. El personal del Ministerio de Seguridad Pública estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, al régimen de remuneraciones del decreto ley N°249, de 1974, y su legislación complementaria.”.

Artículo Segundo. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales:

1. Deróganse los Títulos I, II, III y IV.

2. Suprímese, en el artículo 18, la frase “y Seguridad Pública”.

Artículo Tercero. Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, del Ministerio del Interior, que organiza las Secretarías del Estado, de la siguiente manera:

1. Incorpóranse las siguientes modificaciones al inciso primero del artículo 1°:

a) Elimínase, en el numeral 1°, la frase “y Seguridad Pública”.

b) Intercálase un numeral 5°, nuevo, pasando el actual 5° a ser 6° y así sucesivamente hasta llegar al 25°: “5° Seguridad Pública;”.

2. Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 3º:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “y Seguridad Pública”;

b) Suprímese, en el párrafo primero del literal a), la frase “y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos”.

Artículo Cuarto. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica:

1. En el artículo 6:

a. Suprímese en el literal a), la frase “y Seguridad Pública”.

b. Intercálase un literal d), nuevo, ajustándose correlativamente los demás, del siguiente tenor: “d) El Ministro de Seguridad Pública.”.

2. Suprímense en el artículo 11, las dos veces que aparece, la frase “y Seguridad Pública”.

3. Suprímese en el literal a) del inciso primero del artículo 13, la frase “y Seguridad Pública”.

4. Suprímese en el inciso primero del artículo 19, la frase “y Seguridad Pública”.

5. Suprímese en el literal j) del inciso primero del artículo 20, la frase “y Seguridad Pública”.

6. Suprímese en el inciso tercero del artículo 24, la frase “y Seguridad Pública”.

Artículo Quinto.- Incorpórase el siguiente artículo 12 bis, nuevo, al decreto con fuerza de ley Nº1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional:

“Artículo 12 bis. La ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a nivel regional, provincial y local, se llevará a cabo a través de los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales, en coordinación con los Secretarios Regionales Ministeriales de Seguridad Pública.

Para llevar a cabo esta labor, los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales, en su caso, podrán especialmente:

a. Celebrar todo tipo de acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades.

b. Evaluar el desarrollo de planes y programas ejecutados en el territorio de su jurisdicción.

c. Ordenar el desarrollo de estudios y encuestas en asuntos propios del Ministerio de Seguridad Pública.”.

Artículo Sexto. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº21.325, sobre Migración y Extranjería:

1. Suprímese en el numeral 12 del artículo 1º, la frase “y Seguridad Pública;

2. Suprímese en el inciso primero del artículo 156, la frase “y Seguridad Pública”.

Artículo Séptimo. Modifícase el inciso primero del artículo 1º del decreto ley Nº844 de 1975, que crea el Departamento de Previsión de Carabineros, en el siguiente sentido:

1. Reemplázase la frase “del Interior y” por la preposición “de”.

2. Reemplázase la locución “Subsecretaria del Interior” por “Subsecretaría de Seguridad Pública”.

Artículo Octavo. Sustitúyese en el artículo 7º de la ley Nº19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la frase “del Interior” por “de Seguridad Pública”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO PRIMERO.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

2. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

3. Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de las asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

4. Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En el o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus Subsecretarías, pudiendo contemplar un período para su implementación. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6. Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley.

7. Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a. No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b. No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c. Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d. El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

e. Traspasar los bienes que determine, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública al Ministerio de Seguridad Pública y, en especial, desde las actuales Subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito a las Subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las referencias al Ministerio del Interior, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública o a la Subsecretaría del Interior que se hagan en las leyes se entenderán hechas al Ministerio de Seguridad Pública o a la Subsecretaría de Seguridad Pública, respectivamente, cuando traten materias que, de acuerdo a esta ley, sean de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO.- El Ministerio de Seguridad Pública será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero. Lo dicho en este artículo será aplicable también a la Subsecretaría de Seguridad Pública respecto de la Subsecretaría del Interior.

ARTÍCULO CUARTO. A partir de la publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá designar al Ministro de Seguridad Pública, al Subsecretario de Seguridad Pública y al Subsecretario de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública, la remuneración de las autoridades antes señaladas serán equivalentes a las del Ministro del Interior y Seguridad Pública, las del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Prevención del Delito, respectivamente, y se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Ministro y los Subsecretarios designados conforme al inciso anterior podrán proponer un cronograma de instalación del Ministerio de Seguridad Pública y, en general, realizar cualquier trámite ante organismos públicos y privados que le permitan al Ministerio y sus Subsecretarías estar plenamente operativos a la fecha de inicio de sus funciones.

ARTÍCULO QUINTO.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que incluye las Subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

RODRIGO DELGADO MOCARQUER

Ministro del Interior y Seguridad Pública

CAROLINA VALDIVIA TORRES

Ministra de Relaciones Exteriores (S)

BALDO PROKURICA PROKURICA

Ministro de Defensa Nacional

RODRIGO CERDA NORAMBUENA

Ministro de Hacienda

LUCAS PALACIOS COVARRUBIAS

Ministro de Economía, Fomento y Turismo

HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ANDRÉS COUVE CORREA

Ministro de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación

VER INFORME FINANCIERO

?INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública

BOLETÍN Nº 14.614-07-.

_________________________________________

Objetivo / Constancias / Normas de Quórum Especial / Consulta Excma. Corte Suprema / Asistencia / Antecedentes de Hecho / Aspectos Centrales del Debate / Discusión en General / Votación en General / Texto del proyecto de ley / Acordado / Resumen Ejecutivo.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República., con urgencia calificada de “suma”.

Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió solo en general esta iniciativa de ley, la que resultó aprobada por la unanimidad de sus integrantes 5x0).

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OBJETIVO DEL PROYECTO

Crear el Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública, con la finalidad de permitir a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas, alcanzar la condición que se encuentren lo suficientemente resguardados de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e internas, antrópicas y naturales.

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CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: Cabe hacer presente que el artículo primero, en cuanto a los incisos tercero y cuarto del artículo 1° y el artículo 4°; el número 1, del artículo segundo [1]; y el artículo quinto del proyecto de ley tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, por lo que requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio, según lo prevé el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

- Consulta a la Excma. Corte Suprema: No hubo.

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ASISTENCIA

- Representantes del Ejecutivo e invitados:

1.- Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: el ministro del Interior y Seguridad Pública señor Rodrigo Delgado; el Subsecretario del Interior señor Juan Francisco Galli; el Jefe de Departamento de Orden Público, División de Seguridad Pública, señor Gonzalo Vidal y los Asesores Legislativos, señores Juan Ignacio Gómez y Gustavo Valdés.

2.- Del Ministerio Público: el Fiscal Nacional señor Jorge Abbott; la directora de la Unidad Especializada y Anticorrupción y directora de la Unidad Jurídica señora Marta Herrera, y el señor Roberto Morales, subdirector de la Unidad Jurídica.

3.- De la Fundación Paz Ciudadana: su Director Ejecutivo señor Daniel Johnson y la directora del Área de Justicia y Reinserción señora Ana María Morales.

4.- El ex senador y convencional constituyente, señor Felipe Harboe.

5.- Del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile: su director señor Hugo Fruhling.

6.- La investigadora señora Alejandra Luneke.

7.- El académico señor Luis Cordero Vega.

8.- De la Asociación Nacional de Fiscales: su presidente señor Francisco Bravo.

- Otros

Los asesores parlamentarios: señora Javiera Gómez y señores Guillermo Miranda, Raúl Araneda, Mauricio Pérez, Claudio Rodríguez y Luciano Simonetti.

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ANTECEDENTES DE HECHO

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se ha tenido en consideración el Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República que le da origen.

I. ANTECEDENTES

1. Reforma constitucional sobre dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y ley N°20.502.

Entre sus antecedentes hace referencia a la reforma constitucional del año 2005 en virtud de la cual se exigía la dictación de una ley para determinar qué ministerio sería el encargado de la seguridad pública. En vista de lo anterior, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley durante el año 2006, que tenía por finalidad crear el Ministerio de Seguridad Pública, sin embargo, dado el acuerdo político legislativo en materia de seguridad ciudadana suscrito entre el Gobierno de la época –la Concertación y la Alianza por Chile–, lo anterior no prosperó, puesto que se determinó que sería el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien concentraría y coordinaría los programas gubernamentales relacionados con esta materia, además de ser el responsable político de la seguridad pública del país, estableciendo además, que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerían de dicha Cartera de Estado.

Por tanto, según describe el Mensaje, se dictó la ley número 20.502, que dispuso el traspaso de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública desde el Ministerio de Defensa Nacional al nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estableciendo en rango legal la gobernanza sobre las instituciones llamadas a garantizar la seguridad pública según el artículo 101 de la Constitución Política de la República. Junto con ello, se creó la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (“SENDA”), concentrándose recursos políticos y técnicos en una misma Secretaría de Estado.

2. Programa de Gobierno 2018-2022.

En esa misma línea, el Ejecutivo afirma que uno de los principales ejes de su programa de gobierno, es el que reconoce a la seguridad pública como preocupación prioritaria de la gestión y como una materia urgente para experimentar reformas. En efecto, identifica ciertos objetivos, como son: modernización de las policías, el fortalecimiento de la acción del Estado en la prevención del delito, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, la inteligencia al servicio de la seguridad pública y reformas de la ley antiterrorista, la Política Nacional de Control de Fronteras, y la asistencia integral de víctimas de delitos.

3. Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública.

El Mensaje Presidencial también hace mención al Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, en virtud del cual se constituyó una mesa de trabajo transversal, integrada por autoridades de gobierno y oposición, parlamentarios, alcaldes, representantes del Ministerio Público, organizaciones de la sociedad civil y académicos, quienes elaboraron un informe que abordó la seguridad pública de forma integral con más de 150 propuestas que se enmarcaron en cinco áreas diversas y prioritarias: Modernización y fortalecimiento de las policías, fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado, fiscalización y control de las armas de fuego, rol de los municipios en la seguridad pública y la coordinación entre los actores del sistema de persecución penal.

Expresa que en dicho acuerdo quedó de manifiesto la necesidad imperiosa de modernizar el sistema de seguridad pública del país, lo que se materializó en que en 2018 y 2019 el Gobierno enviara diversas iniciativas al H. Congreso Nacional, entre las que se encuentra el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, Boletín N° 12.234-02; el proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Boletín N° 12.250-25; el proyecto de ley que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades, fortaleciendo el rol preventivo de los gobiernos locales, Boletín N° 12.228-06; el proyecto de ley que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a esta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía, Boletín N° 12.229-02; el proyecto de ley que propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y la normativa procesal penal, Boletín N° 12.699-07; el proyecto de ley que modifica el Código Procesal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas, Boletín N° 12.589-07; indicaciones a las mociones refundidas en materia de control de armas, Boletín N° 5.254-02, entre otras.

4. Enfoque de Derechos Humanos en el actuar policial como un eje de la acción del Gobierno.

Por otra parte, se hace referencia a una serie de acciones destinadas a reforzar, corregir o implementar nuevas medidas para lograr la institucionalización del respeto y promoción de los Derechos Humanos, como parte integral de los procesos de formación de las policías y en el actuar de estas. Entre ellas destaca las siguientes:

a. En diciembre de 2018 se instruyó a Carabineros de Chile para que actualizara sus protocolos de uso de la fuerza con 8 lineamientos:

- La protección de la seguridad pública y los derechos de las personas;

- Respetar y cumplir la ley en todo momento;

- Hacer uso preferente de armas menos dañinas para lograr los objetivos policiales;

- Evitar el uso de la fuerza respecto de manifestaciones no autorizadas de carácter no violento; y

- Dar estricto cumplimiento a las normas internas que regulan la intervención policial para el mantenimiento del orden público, debiendo dar estricto cumplimiento de la legislación interna y a lo prescrito por los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes, en materia de derechos humanos.

b. En el mes de marzo de 2019, a través de la Orden General Nº2640, Carabineros de Chile creó su Dirección de Derechos Humanos, cuya misión es diseñar, ejecutar y supervisar la implementación institucional de políticas, estrategias, planes, programas, normativas y otros instrumentos que establecen las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos en la función policial, conforme se encuentran garantizadas en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

c. También en marzo de 2019, mediante la Orden General Nº 2.635, se dictaron nuevos protocolos sobre mantención del orden público, junto con otros que se encuentran en proceso de actualización, lo que busca reducir su número y homologar conceptos; además, ha detallado las normas internacionales de Derechos Humanos aplicables a la función policial, se han incorporado procedimientos específicos en establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, se ha mejorado la regulación para casos de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes (en adelante, “NNA”) y se han establecido consideraciones especiales para NNA pertenecientes a pueblos originarios, teniendo presente las recomendaciones y observaciones, provenientes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos de la Niñez.

d. En julio de 2019, se implementó una nueva malla donde se actualizan los contenidos y las evaluaciones de los cursos en derechos humanos para el personal operativo de Carabineros de Chile y para los instructores en esta materia de la institución policial, la que fue formalizada a través de la Orden General N° 2675, del General Director de Carabineros de Chile, que establece el “Programa de Capacitación en DD.HH. y Técnicas en Intervención Policial”.

e. En la misma fecha, a través de la Orden General Nº 2605, del Director General de la PDI, se aprobó la Política Nacional de Respeto y Promoción de los Derechos Humanos de la Institución, que establece como finalidad “cumplir e implementar cabalmente en la PDI los principios, obligaciones y deberes constitucionales y legales que existen en torno al respeto, protección y promoción de los DD.HH.”

f. De la misma manera, en julio de 2019, mediante la Orden General Nº 2.614, del Director General de la PDI, se creó el Departamento de Derechos Humanos y Equidad de Género en la PDI, y, en octubre del mismo año, se aprobó la Cartilla que regula el uso de la fuerza en la PDI, a través de la Orden General N°2.615. También en octubre de 2019, mediante la resolución exenta Nº483, se autorizó el programa del curso “Derechos Humanos-Atributo Inexcusable del Quehacer Policial”.

g. En septiembre de 2019, se implementó en la plataforma web de Comisaría Virtual un módulo que permite realizar denuncias de conductas indebidas de funcionarios de Carabineros de Chile, ya sea en forma anónima o mediante identificación, cumpliendo con otra de las medidas administrativas que permite el resguardo del fomento de los Derechos Humanos en el actuar policial. Un mes después, en octubre de 2019, la Orden General N° 2.700, del General Director de Carabineros de Chile, aprobó el Plan de Fortalecimiento en Derechos Humanos en la institución, cuyo fin es generar las bases para una “cultura organizacional de respeto, protección y promoción de los derechos humanos” al interior de la institución policial.

5. Hechos de violencia ocurridos en octubre de 2019.

El Mensaje continúa señalando que, a consecuencia de los hechos de violencia de octubre de 2019, se evidenció la necesidad de impulsar una profunda reforma a la institución de Carabineros. Con ese afán se conformó el Consejo para la Reforma de Carabineros de Chile, cuyo objetivo general fue complementar el proceso de modernización de las policías llevado a cabo por el Gobierno, con propuestas destinadas a mejorar la eficacia en el control del orden público con pleno respeto a los Derechos Humanos.

Entre tales propuestas destacan la generación de una nueva institucionalidad a cargo de la dirección estratégica y supervigilancia de la seguridad, para lo que se evaluó la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, a efectos de identificar los requerimientos de fortalecimiento orgánico, para el adecuado ejercicio de su rol rector. Asimismo, se recomendaron una serie de aspectos para la conformación de una policía moderna, la prestación de servicios policiales basados en la evidencia científica, la relevancia del principio de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, y diversas reformas en materia de carrera funcionaria, trabajo que fue complementado con aquel realizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de este H. Senado.

6. Reforma de Carabineros de Chile

La iniciativa del Ejecutivo plantea, además, que existe una crisis global de la democracia, traducida en una pérdida de legitimidad general hacia el Estado y sus órganos, de lo que Chile no está exceptuado. En el caso de Carabineros de Chile, expone que su nivel de valoración pública ha mermado en los últimos años, lo que se ha visto influenciado por los distintos hechos en que se ha visto envuelta esa policía en los últimos 5 años.

Cita la importancia de la legitimación policial, por cuanto conduce a valiosos resultados y a una mayor disposición de la ciudadanía a cumplir la ley y las órdenes de la policía. Especialmente afirma, incentiva a cooperar con la institución proporcionando información para la prevención y resolución de delitos; a acudir a ellas cuando se requiera ayuda, y en general, a trabajar en conjunto en problemas de la comunidad. En ese contexto, se refiere al caso de Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se ha concluido que un elemento central es la promoción de un trato justo y respetuoso por parte de los funcionarios policiales a los ciudadanos.

En la ejecución de esta función esencial de garantizar la seguridad pública y el orden público, argumenta que el Estado debe hacerse cargo de la forma en que los cuerpos policiales ejercen el rol de proveer seguridad, además de determinar cuáles serán los lineamientos en su ejecución. Así, detalla que el Gobierno, con el apoyo de la sociedad civil, las organizaciones internacionales, sumado al trabajo de Carabineros de Chile y la PDI iniciaron un proceso que tiene como objetivo reformar nuestras instituciones policiales, buscando poner el foco en la defensa y protección de las personas, guiada por los principios democráticos, el enfoque de género y el irrestricto respeto por los Derechos Humanos.

Este trabajo según explica la iniciativa, entre otros cambios relacionados con la estructura de seguridad del país, incorpora también la creación de un Ministerio de Seguridad Pública fundando en cuatro ejes esenciales, que son a) Institucionalidad y Gobernanza, b) Modernización de la Gestión, c) Control de Orden Público, y d) Carrera y Formación. Este proyecto de ley según destaca, permitirá mejorar la sujeción a la autoridad civil de las policías, con una dirección civil que sea capaz de evaluar su gestión financiera, administrativa, operativa e incluso educacional, con el objeto de orientar su accionar hacia las personas.

7. Comisión Bicameral de Seguridad Pública.

En este punto, el Mensaje plantea que, durante los años 2020 y 2021, se generó un acuerdo para constituir la denominada “Comisión Bicameral de Seguridad Pública”, la que tuvo por objeto comenzar un trabajo prelegislativo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de diagnóstico y generación de consensos respecto de los necesarios cambios, de forma y fondo, en el sistema de seguridad pública nacional.

La Comisión, que desarrolló su trabajo en numerosas sesiones presenciales y telemáticas [2], discutió en detalle las funciones y atribuciones que debiese tener un eventual nuevo ministerio de seguridad pública, analizando posibles organigramas y fijando los objetivos de seguridad que debía tener presente el Estado ante los nuevos desafíos que presenta el siglo XXI en esta materia.

8. Profundización del enfoque de Derechos Humanos en el actuar policial como un eje de la acción del Gobierno.

Explica que, en julio de 2020, mediante la Orden General Nº 2.780, del General Director de Carabineros se actualizó el protocolo sobre empleo de escopeta antidisturbios, estableciendo que su uso será preferentemente defensivo y cuando concurran niveles de agresión activa o agresión activa potencialmente letal, por funcionarios certificados, que porten cámaras corporales y estableciendo otros diversos requisitos, con la finalidad de asegurar el uso proporcional, racional y necesario del medio.

II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

1. Necesidad de un nuevo paradigma en materia de seguridad: Prevención de peligros.

De acuerdo a lo indicado por el Ejecutivo, la función del Estado en seguridad debe ser evitar que las personas resulten dañadas en su vida, su integridad física o su propiedad, como consecuencia de causas antrópicas, sean estas fortuitas o negligentes (accidentes de tránsito, cuasidelitos) o deliberadas (delitos). En ese sentido, arguye que esta función debe recaer en un Sistema de Seguridad Pública, encabezado por un Ministerio especializado y técnico, con funciones y atribuciones propias para enfrentar los nuevos desafíos de seguridad, frente a la multicausalidad de peligros existentes.

Continúa planteando que la seguridad pública debe ser vista como una condición esperable por la sociedad, en la que el Estado debe poner todo su esfuerzo personal y material posible con el objeto de ser un medio idóneo para el bienestar común de la sociedad. De esta manera, este nuevo órgano especializado centre su enfoque principalmente en riesgos, peligros y amenazas que vienen de una fuente antrópica (acción humana) y que tienen por objeto causar gran daño a la sociedad.

En esa misma línea, el Ejecutivo hace presente que debe realizarse un esfuerzo mayor de política pública integral que busque hacer frente a aquellos riesgos que tengan la aptitud necesaria para generar un daño grave al bien común, como lo es el terrorismo, los ataques a la infraestructura crítica, los ataques a la ciberseguridad, la actividad del crimen organizado y el narcotráfico.

2. Las personas en el centro de la seguridad pública.

Destaca en este aspecto, como elemento fundamental de toda estrategia estatal de seguridad pública, la protección de las personas y sus bienes, lo que además de evitar el daño, plantea también disminuir el temor a sufrirlos, que es primordial, según expresa en la integridad psíquica de las personas. Bajo esa perspectiva, subraya que el Estado debe tener un rol anticipativo para evitar peligros, pero también reactivo para ocuparse de las consecuencias de los mismos.

De esta manera, los elementos fundamentales del Sistema de Seguridad Pública que se propone en virtud de este proyecto de ley, son los siguientes: función de prevención para reducir factores de riesgo; ejercer una labor de control para proteger a la sociedad y a sus integrantes de los peligros a los que puedan verse afectados por causas naturales o antrópicas; ejercer, asimismo, las acciones para perseguir a quienes causen daños o fomenten la existencia de peligros; propender a la reinserción de quienes infringen las normas, y también, debe acercar la respuesta estatal a quienes han sido víctimas de delitos, brindándoles un adecuado apoyo. Así las cosas, cita el ejemplo de Alemania el cual inspira esta iniciativa, señalando que lo que se busca, entonces, es una respuesta integral del Estado ante los peligros, desde lo preventivo hasta la reinserción.

3. Experiencia norteamericana

El Mensaje se refiere a las acciones tomadas por Estados Unidos luego del ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, que llevó a ese país a crear el Department of Homeland Security (por sus siglas, DHS), entidad cuya finalidad es la coordinación entre las diversas instituciones de seguridad, y que terminó con la alta atomización existente hasta ese momento (Coast Guard, Inmigration Services, Customs and Border Protection, entre otras). La situación planteada según expresa el Ejecutivo, puede verse reflejada en nuestro país hoy en día, donde existen diversas agencias que contribuyen a proveer seguridad pública, pero cuya dependencia se encuentra atomizada y sin obligaciones claras de coordinación a nivel legal.

4. Coordinación y Sistema de Seguridad Pública

Vinculado con lo señalado anteriormente, propone robustecer la coordinación en materia de seguridad pública, puesto que la función del Estado en ese ámbito permea a numerosos órganos públicos, los que dentro sus competencias deben velar o contribuir con el cumplimiento de dicho objetivo. En esa línea, el objetivo se traduce en que este nuevo ministerio sea el ente superior de un Sistema de Seguridad Pública, encargado de la coordinación sectorial e intersectorial, para el logro de los objetivos de seguridad que se haya fijado en esta materia y que pueda ser un modelo de gestión de política pública. Desde esa perspectiva, hace referencia a que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se encuentra desarrollando iniciativas similares, tales como las denominadas Macrozonas de Seguridad y las Unidades de Coordinación Estratégica (UCE), en las cuales trabajan funcionarios de distintos órganos del Estado (Carabineros de Chile, PDI, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Aduanas, y la Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante).

La iniciativa resalta la importancia de la colaboración y el trabajo coordinado entre distintos servicios públicos, situando como elemental una nueva estructura de gobernanza del sector seguridad, con mayores componentes técnicos y mejor organización.

5. Dividir las funciones de gestión política de la gestión de seguridad pública.

En cuanto a este punto, el proyecto propone separar la seguridad pública de la gestión política del jefe de gabinete, distinguiendo el rol de un nuevo Ministro de Seguridad Pública de aquel de ministro del Interior como colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en la coordinación de la acción política del gobierno, a nivel central y territorial. Lo anterior, dado que al reunirse en un cargo las funciones de jefe del gabinete ministerial de Gobierno, y de ministro encargado tanto de lo político, como de la seguridad, los desastres naturales, o la migración, podría afectar la capacidad de abarcar ciertos desafíos de suma importancia para el Estado en materia de conducción política.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO

1. Nuevo Ministerio de Seguridad Pública: Fortalecimiento institucional y visión integral de la seguridad pública.

a. Colaborador inmediato del Presidente de la República en materia de seguridad pública en todo aquello que diga relación con la seguridad multidimensional, y especialmente con el resguardo de la seguridad pública, por lo que contará con la estructura adecuada para el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

b. Nuevos paradigmas de seguridad pública: Entre las funciones del nuevo Ministerio de Seguridad Pública se encuentra el diseño y evaluación de políticas y planes con un enfoque multidimensional sobre seguridad pública; la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos de seguridad pública; el diseño y evaluación de las políticas y planes de prevención del delito, así como para el control y la persecución contra la delincuencia organizada; la coordinación y la evaluación de la ejecución de planes y programas de reinserción social de los infractores de ley, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el logro de los objetivos en materia de orden público y de seguridad pública; el diseño y evaluación de las políticas de ciberseguridad, en lo relativo a la prevención, detección y neutralización de amenazas en el ciberespacio, que pretendan dañar sistemas informáticos o acceder ilegítimamente a ellos; en materia de seguridad privada, además de ser el responsable de las funciones actualmente vigentes, la evaluación permanente a los obligados del cumplimiento de ciertas medidas, y el diseño y evaluación de políticas de resguardo fronterizo.

Para el cumplimiento de tales funciones, se establecen las siguientes atribuciones:

1. Elaboración de análisis estratégicos para la elaboración, actualización, proposición y evaluación de políticas, planes y programas destinados a garantizar la seguridad pública.

2. Desarrollar y administrar sistemas de procesamiento y análisis de datos.

3. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución de planes y programas tendientes a reinsertar a los infractores de ley, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

4. Supervigilar y controlar la acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en la mantención del orden público.

5. Ejercer labores de coordinación con las autoridades regionales, provinciales y comunales para la mantención de la seguridad pública, así como también respecto las acciones y programas que los demás Ministerios y los servicios públicos desarrollen en relación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

6. Disponer la prevención y protección frente a daños a la infraestructura crítica.

7. Celebrar acuerdos con instituciones públicas o privadas que digan relación con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas y planes de las materias de competencia del ministerio.

2. Atribuciones sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Se otorgan competencias para supervigilar estratégica, operativa, presupuestaria y administrativamente a dichas instituciones, además de fiscalizar el cumplimiento de las normas de transparencia y rendición de cuentas de dichas instituciones a la ciudadanía, junto con diseñar estrategias de perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico para las policías.

3. Organización interna.

a. Subsecretaría de Seguridad Pública: Se establece como un órgano de colaboración inmediata del ministro en materia de seguridad pública, encargada tanto de planificar las estrategias en materia de seguridad pública, como de coordinar y relacionarse con instituciones públicas y/o privadas del sector que permitan abordar de forma multidimensional los desafíos que se presentan en la materia. También ejercerá la supervigilancia sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

b. Subsecretaría de Prevención del Delito: De colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir los delitos, y coordinar y evaluar los planes y programas para rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Contará con Secretarías Regionales Ministeriales y con un Consejo Regional de Seguridad Pública.

4. Deber de información al H. Congreso Nacional

El proyecto de ley propone que, de forma periódica, se ponga a disposición del H. Congreso Nacional información relevante en materia de seguridad pública, generando canales de comunicación que permitan un análisis en conjunto de los poderes colegisladores de los desafíos que se presentan en este ámbito. De esta forma, el Ministro deberá informar semestralmente respecto de la implementación y los resultados parciales de sus programas, y anualmente en relación a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

5. De la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Es el instrumento en el que se fijará de manera pública los objetivos estratégicos perseguidos por el Estado en materia de seguridad pública, el cual deberá ser presentado por el Ministro al Presidente de la República, asesorado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Además, deberá coordinar las acciones y programas que los demás Ministerios y los servicios públicos desarrollen en relación a dicha Estrategia.

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ASPECTOS CENTRALES DEL DEBATE

La discusión del presente proyecto de ley se centró fundamentalmente en la creación de un Ministerio de Seguridad Pública especializado y de carácter técnico que permita separar la gestión política de la seguridad pública que hoy se encuentra radicada en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el análisis del concepto de seguridad en cuanto a los objetivos del proyecto, sus funciones y atribuciones; la labor de coordinación con otras instituciones, principalmente con el Ministerio Público; el combate al narcotráfico y al crimen organizado, y por último, el rol de las policías, su dependencia, control civil y modernización.

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DISCUSIÓN EN GENERAL [3]

A.- Presentación del proyecto de ley por parte del Ministro del Interior y Seguridad Pública y debate preliminar en la Comisión.

1) El Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Delgado, destacó el trabajo efectuado en la Comisión Bicameral, a la cual calificó como la instancia preliminar que permitió discutir gran parte del presente proyecto de ley.

Seguidamente recordó que, a partir de la reforma a la Constitución Política en el año 2005, se estableció que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerían del Ministerio encargado de la seguridad pública. Aludió a que en el año 2006 fue presentado al Congreso Nacional el proyecto de ley que creaba el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), el cual durante el año 2008 fue modificado en virtud de un acuerdo político legislativo en materia de seguridad ciudadana. Dicha modificación, según precisó, consistió en situar al Ministerio del Interior como la Cartera de Estado encargada también de la seguridad pública, por lo que pasó a ser la primera preocupación de la gestión ministerial, luego del orden público.

En tal sentido, puso de relieve la labor del Ministerio del Interior como encargado de representar a lo largo del territorio al Gobierno Central, función que es compartida entre la Subsecretaría del Interior, el Servicio de Gobierno Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Asimismo, recalcó que tiene además la función relativa al orden y la seguridad y la jefatura política del Gabinete.

Puntualizó que, los desafíos de hoy en materia de seguridad y orden público son especialmente complejos y requieren de un alto grado de especialización. Aseveró que tanto el actuar policial como su eficacia están en gran parte determinados por la legitimidad de las policías frente a la ciudadanía, así como por la forma en que la autoridad civil ejerce el control del uso de la fuerza, de acuerdo a los protocolos respectivos.

Continuó indicando que a partir de la experiencia surgida el 18 de octubre de 2019, como un hito importante desde el punto de vista del uso de la fuerza, se reafirma la necesidad de contar con una institucionalidad especializada y completamente dedicada a abordar todos los aspectos de la seguridad, esto es, desde el control de las policías hasta la identificación y gestión de riesgos en la infraestructura del país. Por tanto, afirmó, en tiempos donde se requirió una plena dedicación a lo político, el jefe de Gabinete Ministerial debía además estar enfocado en el control de las policías y también de la seguridad pública.

Precisó, además, que dados los desafíos que se encuentran por delante, se necesita potenciar la figura del Ministro del Interior como jefe político del Gabinete Ministerial y también una institucionalidad en seguridad pública que pueda responder a las necesidades de la comunidad tanto en materia de control del orden público, como de seguridad pública.

Lo anterior, según expuso, fue ampliamente discutido y consensuado en diversas instancias, tales como el Consejo Asesor para la reforma de Carabineros, la Comisión para la Reforma que lideró el ex Senador Felipe Harboe, y principalmente la ya aludida Comisión Bicameral de Seguridad Pública, presidida por el Honorable Senador señor Insulza, a la cual hizo un especial reconocimiento por la labor efectuada.

En seguida, detalló que la propuesta del Presidente de la República está orientada hacia la prevención de los riesgos de que son objeto las personas, y bajo esa premisa, la finalidad será resguardar a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas de los peligros, los riesgos, amenazas e interferencias externas o internas, antrópicas y naturales. En tal contexto, indicó que parte de las herramientas para cumplir con dicho objetivo lo constituye el Ministerio de Seguridad Pública, del cual dependerán las Fuerzas de Orden y Seguridad, reforzando además el control civil sobre dichas instituciones.

Una vez planteada la separación de funciones del Ministerio del Interior de aquellas correspondientes al Ministerio de Seguridad Pública, se refirió a que corresponderán a este último, todas aquellas relativas al orden y seguridad pública, entre ellas: el combate al crimen organizado y al narcotráfico; el resguardo de las fronteras; la dirección, control y gestión de las policías; la prevención del delito; ciberseguridad; inteligencia y seguridad privada.

Por su parte, afirmó que quedarán en el Ministerio del Interior las funciones políticas que hoy ejerce, además de las de Gobierno Interior y Desarrollo Regional, junto con aquellas vinculadas a la gestión de riesgos, emergencias y desastres, migraciones y las relativas a la prevención y rehabilitación en drogas y alcohol, que actualmente están radicadas en el SENDA.

A modo de conclusión, expuso que el proyecto que hoy comienza su estudio busca profesionalizar y tecnificar la gestión y también la dirección de la seguridad pública, pero por, sobre todo, avanzar en un nuevo paradigma de seguridad, orientado hacia la protección de las personas.

2) El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, mediante una presentación confeccionada al efecto, expuso que si bien este tema se ha discutido bastante en la Comisión Bicameral, subrayó la importancia de relevar el debate y parte de los temas tratados, los cuales dieron lugar a la presente propuesta que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

De esta forma, realzó la importancia de evitar el menoscabo en la ciudadanía causado por la acción de personas que atentan en contra de la propiedad pública o privada, o respecto de la integridad física o la vida de estas.

Hizo mención también al surgimiento de otro tipo de amenazas a la seguridad pública, las cuales se podrían denominar como no convencionales toda vez que son menos claras en cuanto a sus víctimas. Explicó que en general, cuando se mira el derecho penal clásico, se asume siempre la existencia de un victimario y una víctima, sin embargo, hay delitos que afectan gravemente la seguridad, no obstante, resulta complejo encontrar una víctima directa. Como ejemplo de ello citó el narcotráfico, las vulneraciones al ciberespacio, la migración irregular y la criminalidad organizada.

El Honorable Senador señor Pizarro, respecto a este punto, cuestionó que entre las amenazas para la seguridad como son el narcotráfico, las vulneraciones al ciberespacio y el crimen organizado, se incluya la migración irregular. A su parecer, es inaceptable tal planteamiento toda vez que el fenómeno migratorio tantas veces discutido, no obedece a una lógica de crimen organizado ni a delitos o amenazas para la seguridad nacional de un país. La migración, según afirmó, es un fenómeno que existe desde que hay humanidad, lo que se debe a razones muy distintas a las planteadas por el Ejecutivo. Por tal razón, indicó que, si la propuesta está construida desde esa perspectiva, iría en contra de lo que Chile ha suscrito a nivel internacional, y lo que existe en los convenios y tratados referentes a esta materia.

El Subsecretario del Interior señor Galli, respondió al alcance efectuado y señaló coincidir con el Honorable Senador señor Pizarro, precisando que, para aclarar el concepto, se agregó el término “irregular” luego de la palabra “migración”. De esta manera, resaltó que la migración no constituye en sí misma una amenaza, sino más bien una oportunidad, a diferencia de lo que supone la migración irregular, la que sí tiene implicancias para la seguridad, dada la falta de control por los Estados y por los delitos que se derivan de ella, como ocurre con el tráfico de migrantes o la trata de personas. Descartó, por lo tanto, estar atribuyéndole alguna responsabilidad a la migración, sino más bien sería la migración irregular la que podría ocasionar una vulneración del derecho y traer asociados fenómenos amenazantes para la seguridad, puesto que muchas veces son los migrantes los sujetos de especial protección y es la vulneración de sus derechos la que constituye una amenaza para la seguridad.

En cuanto a la estructura actual del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, presentó lo expuesto en la siguiente gráfica:

En primer lugar, puntualizó que el Presidente de la República tiene un rol preponderante en esta materia, como está establecido en la Constitución Política. Asimismo, reafirmó que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, actualmente cumple la función relacionada con la seguridad pública, siendo los órganos específicos o servicios de ejecución dependientes de éste, aquellos que están a cargo de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, como también lo señala nuestra Carta Fundamental.

En ese sentido, aseveró que tal estructura es coherente con la establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en donde existe un nivel político que está a cargo de la elaboración de políticas, planes y programas, encabezado por el Presidente de la República y los ministerios, y por otra parte, los servicios públicos cuya función es satisfacer directamente las necesidades de la ciudadanía, lo que se traduce en el bien público de la seguridad, y que a su juicio, cada día se torna más amplio y difuso.

Precisó que el Ministerio del Interior tiene diferentes roles, incluso a distintos niveles del Estado. Explicó que en materia de seguridad pública tiene un papel preponderante en cuanto a coordinación en política pública, pero también respecto de planes de prevención y de control de la delincuencia.

En lo que refiere a ciberseguridad, existe un rol de protección a través del Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), pero también en cuanto a políticas públicas.

En materia migratoria, hasta antes de la creación del Servicio Nacional de Migraciones, era el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el que a través del Departamento de Extranjería elaboraba la política migratoria, y a su vez, ejecutaba los trámites migratorios.

Finalmente, indicó que el actual Ministerio del Interior tiene legitimación activa para actuar penalmente deduciendo querellas en determinadas materias. Así lo dispone el Decreto con Fuerza de Ley N°7.912 de 1927, de la misma Cartera de Estado, y la Ley N°20.000, entre otras.

Con apoyo de la siguiente lámina, el Personero de Gobierno expresó que se exploraron algunos ejemplos a nivel comparado relativos a esta materia, de lo que se pudo extraer que los ministerios de seguridad tienen distintas funciones según sea el país, la cultura y la historia, no existiendo un modelo único en cuando a las funciones que cumplen. Lo anterior, según afirmó, también ha ocurrido en Chile, donde en un primer momento las Fuerzas Armadas pertenecían al Ministerio del Interior, para luego pasar a estar jerárquicamente bajo el Ministerio de Defensa, y, finalmente retornar al primero. Precisó que cuando el Ministerio de Defensa se encontraba al mando de las Fuerzas Armadas, parte del diagnóstico que se tuvo en cuenta, fue que, si bien dependían administrativamente de ese organismo a través de la entonces Subsecretaría de Carabineros y de Investigaciones, recibían su mandato político desde la Subsecretaría del Interior.

Seguidamente, citó el ejemplo de Estados Unidos, argumentando que ese país ya efectuó este análisis producto de la alta atomización que vieron en las agencias de seguridad y la falta de especialización de ellas, además de la necesidad de articular a nivel institucional redes de comunicación efectiva de los organismos dedicados a la seguridad. Profundizó explicando que, posterior al 11 de septiembre de 2001, uno de los diagnósticos arribados y que sirvió de base para la creación de la Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos), era que esta descoordinación o falta de actuación en red por parte de los organismos a cargo de la seguridad, había impedido que se tomaran medidas preventivas en este ámbito por parte de los órganos americanos.

Señaló que la seguridad hay que tratarla como un sistema que no solo depende del Ministerio de Seguridad, puesto que va incluso más allá del Poder Ejecutivo. Como fundamento de lo anterior, se refirió a las distintas fases del sistema de seguridad pública, las cuales son: preventiva, de control, persecución penal (donde además se incorpora el apoyo a las víctimas) y finalmente, la de reinserción social. Argumentó que, en cada una de ellas, son distintos órganos con algún grado de competencia los que participan en las tareas relacionadas.

En particular, aludió al deber de control del sistema, no es única y exclusivamente de competencia de las policías, toda vez que existen muchos otros órganos que ejecutan esa función, como es la policía marítima a través de DIRECTEMAR, así como también órganos de fiscalización, particularmente en aquellos ámbitos de seguridad más especializados, como son el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero o el Servicio Nacional de Aduanas. En esa misma línea, en aspectos de alta importancia para la seguridad pública como es el control de las armas, se encuentra la Dirección General de Movilización Nacional dependiente del Ministerio de Defensa, encabezada por un General de Ejército.

Por tanto, reiteró la idea de que el sistema de seguridad pública debe pensarse más allá de la labor efectuada por un Ministerio y las policías como únicos ejecutores de este rol de control.

Seguidamente se refirió al Informe del Consejo Asesor para la Reforma a Carabineros emitido en enero de 2020, donde consta el siguiente diagnóstico:

Mismo resultado se vio plasmado, según mencionó, en la Comisión de Seguridad Pública de este Honorable Senado, encabezada por el ex Honorable Senador señor Felipe Harboe.

En idéntico sentido, según argumentó, se discutió de forma extraparlamentaria en la Comisión Bicameral de Seguridad Pública sobre los cambios que debían hacerse, habiendo un gran consenso en avanzar en esta materia.

Concluyó señalando que, este diagnóstico compartido deriva en lo que hoy se está impulsando como reforma a Carabineros, el cual consta de cuatro ejes, como se muestra a continuación:

Se refirió a que una de las demandas principales tenía como objeto la sujeción de las policías a la autoridad civil, siendo uno de los inconvenientes levantados la falta de una autoridad civil que fuera especializada y competente para ejercer ese control. Por tal razón, una de las líneas que estructura el eje de Institucionalidad y Gobernanza de la reforma a Carabineros, es fundamentalmente la creación de un Ministerio de Seguridad Pública.

En otro orden de cosas, expuso en primer lugar sobre los objetivos del proyecto de ley, como se muestra en la siguiente lámina:

Dentro de las funciones específicas del nuevo Ministerio de Seguridad Pública se encuentran las siguientes:

Respecto a la función de colaboración con el Presidente de la República, hizo especial hincapié en que se agregó el concepto de “seguridad multidimensional” entendido como la prevención del riesgo a que están expuestas las personas, que va más allá del daño, y que principalmente tiene un origen antrópico derivado de un delito cometido por parte de los ciudadanos. En relación a ello, se refirió a que a causa de las medidas que impuso la autoridad sanitaria en respuesta a la pandemia, se verificó una baja sustantiva en los delitos a lo largo del país, lo que se explica según señaló, a consecuencia que gran parte de ellos se comete en el espacio público y a la existencia de un despliegue policial importante para el control de tales medidas.

Sin perjuicio de lo planteado, manifestó que la percepción de la ciudadanía en relación a los delitos se mantuvo, lo que atribuyó al narcotráfico y al uso de armas de fuego o conductas amenazantes en los distintos territorios.

Respecto a la nueva división de funciones comparó la actual institucionalidad con la que se propone:

Puntualizó respecto de la organización interna los siguientes aspectos:

El Honorable Senador señor Pizarro, intervino consultando en primer lugar, si se consideró a Gendarmería dentro de las instituciones que estarán bajo la Subsecretaría de Seguridad Pública o del propio Ministerio, toda vez que dicha entidad juega un papel relevante en esta materia al verificarse en las cárceles que se siguen cometiendo delitos, muchos de los cuales se describen dentro de los objetivos principales de este nuevo Ministerio. Asimismo, inquirió al Ejecutivo respecto a si ha evaluado tener una reestructuración completa de los objetivos de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), puesto que, a su parecer, no está funcionando, ya que el enfoque que se adoptó en los últimos años, más que por la vía de recabar información de inteligencia que sirva para la toma de decisiones de otros organismos, ha estado enfocada en una visión de fiscalía respecto de la persecución del delito.

El Honorable Senador señor Insulza, siguiendo el mismo cuestionamiento, planteó la ambigüedad en las funciones de la ANI. Explicó su parecer señalando que existen otras instituciones que se preocupan de reunir inteligencia, concluyendo que, si la labor de la ANI se relaciona con temas específicos de delitos, probablemente quepa dentro del Ministerio del Interior o en el Ministerio de Seguridad Pública. No obstante lo expuesto, señaló que hubo algunos senadores en la Comisión Bicameral, como, por ejemplo, el Honorable Senador señor Huenchumilla, que planteaban la necesidad de tener un sistema nacional de inteligencia, el cual no solamente produjera inteligencia respecto de la comisión de delitos o desórdenes públicos, sino que también sirviera para conocer la realidad dentro o fuera del país, con el objeto de ser una fuente de información del Presidente de la República para la adopción de decisiones en esta materia.

Remarcó, se deberá definir si la ANI sirve para reunir información para la inteligencia abierta y no abierta o, por el contrario, si solamente sirve para la investigación de delitos.

El Subsecretario del Interior, señor Galli, respondiendo a los requerimientos planteados, puntualizó en primer término, que respecto a lo relacionado con Gendarmería se analizó ampliamente en la Comisión Bicameral. A su entender, hay una decisión estratégica de carácter político respecto de la función preminente de dicho organismo, teniendo presente que concentra dos labores compatibles y complementarias que se diferencian entre sí. La primera es de resguardo o custodia de los recintos penitenciarios y la otra, es la de reinserción social de las personas privadas de libertad como consecuencia de haber cometido un delito. En cuanto a la primera función, esta tiene una alta compatibilidad y colaboración con el sistema de seguridad pública, puesto que la información puede ser obtenida desde la comisión de los delitos dentro de los recintos penitenciarios, así como de las propias personas que están saliendo de ellos, lo que se materializa a través de la colaboración interinstitucional cuyo rol será desempeñado en parte por el Ministerio de Seguridad Pública.

Por tanto, informó que la decisión adoptada fue situar como función preponderante la reinserción social, esto es, mientras no exista una separación de los roles en distintas instituciones, Gendarmería debería focalizarse principalmente en la reinserción de aquellas personas que están privadas de libertad. De esta manera, fundamentó que esa es la razón por la que dicha entidad quedó radicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y no en el Ministerio de Seguridad Pública.

En relación a la ANI, el Personero concordó con el Honorable Senador señor Insulza, y agregó que existiría un consenso en los distintos sectores políticos y en el Gobierno, en que, para llegar a tener la inteligencia americana, tendríamos que contar tanto con capacidad como con recursos equivalentes. Hizo referencia al MI6 (Servicio de Inteligencia Secreto) en el Reino Unido o la CIA en Estados Unidos, al detallar que parte del problema que detectaron fue que muchas veces estas súper estructuras funcionaban con un alto grado de aislamiento.

Hoy en día, continuó, la línea fronteriza que se traza entre el riesgo para la amenaza interna frente al riesgo para la seguridad externa, es mucho más difusa de lo que era antes. Agregó que, la capacidad que tienen algunas organizaciones criminales extranjeras es, o puede llegar a ser equivalente a la de una nación en cuanto a disponibilidad de recursos y de personal. Por tanto, puso de manifiesto la interrogante sobre si tiene sentido distinguir la amenaza de un Estado regular, con respecto a la amenaza que podría significar la criminalidad organizada, como sucede con el narcotráfico, haciendo presente la relevancia de la discusión a ese respecto.

Junto con ello, destacó respecto a la ANI, que existe un proyecto de ley ingresado en el año 2018 [4], el cual se encuentra en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados desde enero de 2020 luego de haber sido aprobado por el Senado, y que apunta precisamente a una reestructuración del sistema de inteligencia. Sin embargo, lamentó que tal iniciativa no haya tenido mayores avances en su tramitación.

Finalmente, coincidió con lo planteado por el Honorable Senador señor Insulza, en cuanto a que la obtención de la información actualmente ya no tan solo proviene de la inteligencia humana, sino que también mayoritariamente esta se genera a través de fuentes abiertas. Por tanto, las capacidades que requieren las agencias de inteligencia deben apuntar a poder distinguir aquella información que es verdadera, de la falsa o errónea, para finalmente procesarla a objeto que sea útil en la toma de decisiones.

Respecto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, sus funciones serán las que se muestran a continuación:

En cuanto a los instrumentos de gestión, el Subsecretario del Interior señor Galli, informó que se mantuvo el Consejo de Seguridad Pública de acuerdo a las funciones descritas en la lámina que sigue, y en relación a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se incorporaron deberes de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a los resultados de gestión del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

B.- Exposiciones de los invitados y debate suscitado en la Comisión con ocasión de ellas.

1) El Fiscal Nacional del Ministerio Público señor Jorge Abbott [5], manifestó que el Ministerio Público coincide en que se debe fortalecer la debida coordinación interinstitucional con el objeto de robustecer la acción del Estado, en todo lo que dice relación con la prevención y persecución de los delitos de mayor gravedad, así como también la necesaria modernización de las policías.

Alabó la instancia, señalando que representa una oportunidad para mejorar el sistema de prevención y persecución penal en su conjunto, basado en una correcta coordinación entre los distintos actores de ambos sistemas. Enfatizó que, con una dirección de carácter técnico respecto de la seguridad pública, se podrán abordar de manera óptima los problemas relacionales que históricamente han afectado al Ministerio Público con ambas policías, y también con el propio Ministerio del Interior, originados por la mixtura de ser un órgano técnico en esta parte, y político en lo que dice relación con la jefatura del Gabinete.

En cuanto a la fundamentación del presente proyecto de ley, valoró la mención expresa que se hace al enfoque de derechos humanos en el actuar policial como un eje de la acción del Gobierno, principalmente en referencia a los hechos ocurridos en octubre del año 2019. Informó que análisis similares a los efectuados en el proyecto de ley que se debate, dieron lugar a la dictación de una instrucción general del Ministerio Público, que contiene criterios precisos de actuación en materia de delitos de violencia institucional. Comentó que desde el año 2018 dicho organismo ha estado trabajando en ello, a consecuencia de denuncias recibidas por parte de la ciudadanía en relación a abusos en el cumplimiento de las funciones policiales, lo que subrayó, constituye una de las principales falencias de esas instituciones. Por lo tanto, propuso que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública pudiese tener una dirección sobre las policías de forma más directa.

Seguidamente, argumentó que para llevar a cabo una transformación como la que se pretende, se requiere de medidas potentes y categóricas, incluso de carácter sistémico, que logren abordar las falencias y apunten a potenciar los distintos valores que se requieren en este tipo de instituciones que están establecidas para la protección de los ciudadanos y no, para la vulneración de sus derechos.

En cuanto a la fundamentación del proyecto, el señor Fiscal Nacional hizo presente la mención a un nuevo paradigma según el Mensaje del proyecto, el cual señala que la principal función del Estado, es la de proteger a la comunidad. A este respecto, criticó tal aseveración, por cuanto, a su parecer, la función principal de un Estado democrático de derechos, supera ampliamente la descrita, dado que también considera garantizar la paz social, la separación de los poderes, la protección de los derechos humanos y las garantías fundamentales, entre otras. Tales aspectos, según afirmó, deben interactuar considerando que nuestra sociedad es multivalórica y está en constante cambio, por lo que nuestras instituciones deben tener la capacidad de ajustarse a ese tipo de sociedad y no asentarse en un único enfoque, permitiendo abordar la seguridad pública desde una visión sistémica e integral, que lleve a concluir con éxito la creación del Ministerio de Seguridad Pública.

Por otro lado, si bien señaló concordar en parte con el fundamento del proyecto de ley, en cuanto la política criminal en los últimos años ha girado sobre un enfoque exclusivamente centrado en el delito que ha impedido avanzar en los factores de riesgo que conforman el ecosistema del mismo, recalcó que por ningún motivo debe descuidarse el enfoque respecto a la investigación y persecución penal de los delitos, por cuanto constituyen la vulneración más grave y concreta de los derechos fundamentales, siendo su prevención, persecución y sanción responsabilidad conjunta del sistema de persecución penal.

En otro orden de cosas, manifestó su preocupación en cuanto a la expansión del derecho penal sancionador punitivo y el incremento de las penas que, en su opinión, a veces bordea el populismo penal, lo que no ha sido acompañado por un efectivo robustecimiento de las policías y de los órganos auxiliares acorde a las exigencias criminológicas actuales. Lo anterior, según explicó, ha provocado una sensación de impunidad en la ciudadanía basado fundamentalmente en que en razón a los bajos recursos con que cuenta el sistema, muchas veces no permite dar una justicia oportuna.

Siguiendo la misma línea, puso énfasis en la importancia de aumentar los cuerpos operativos reales con nuevos funcionarios que puedan resolver adecuadamente y en tiempo razonable las investigaciones por hechos que revisten caracteres de delito, lo que también se asocia a uno de los principales derechos de los justiciables en relación al sistema penal. Además, hizo presente que la respuesta de dicho sistema, muchas veces no es posible otorgarla en la condición actual de funcionamiento, por lo que queda la sensación de inseguridad y de impunidad en la población.

El señor Fiscal Nacional hizo alusión también a la reforma de Carabineros de Chile, en cuanto a que es de profundo interés del Ministerio Público tener una adecuada incidencia en la determinación de cuáles son las mallas curriculares de la carrera tanto de oficiales como de personal de asignación institucional, de manera que el desempeño de estos funcionarios en las investigaciones penales que se realizan bajo la dirección del Ministerio Público, puedan considerar las necesidades que se requieren para una adecuada persecución y reproche penal. Añadió que las policías muchas veces centran su atención hasta la detención de las personas que cometen delitos y no hasta el momento de la dictación de la sentencia, por lo que relevó la importancia de que el Ministerio Público tenga una participación activa en el desarrollo y formación de las policías, además de una real incidencia en sus calificaciones durante su carrera profesional. Tal posición según señaló, es compartida con la Asociación Nacional de Fiscales, toda vez que ambas policías son auxiliares del Ministerio Público y trabajan en parte importante de su quehacer.

En cuanto al diseño y evaluación de las políticas y planes de prevención de delitos, así como en el control de la persecución contra la delincuencia organizada y la ciberseguridad, estimó que resultaría de importancia considerar la colaboración del Ministerio Público, puesto que según afirmó, es la institución encargada de dirigir las investigaciones penales, y, por ende, puede entregar la información precisa basada en la experiencia concreta adquirida en la investigación de este tipo de delitos.

Finalmente, hizo presente que, dado que el proyecto de ley indica que el Ministerio de Seguridad Pública actuando como órgano rector, deberá proponer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, consideró que tal planificación debe estar en consonancia con la Política Nacional de Persecución Penal del Ministerio Público, toda vez que, si bien es función del Ejecutivo establecer los lineamientos nacionales de la política criminal del país, es la Fiscalía a quien le corresponde, ajustándose a la ley, la focalización de los recursos para la persecución de los delitos de acuerdo a la realidad temporo-espacial del fenómeno criminal.

Remarcó que el vínculo entre las policías con la autoridad civil no debiese verse solamente en relación a la autoridad política radicada en el Ministerio de Seguridad Pública, puesto que, sin perjuicio de la dependencia orgánica de la seguridad pública, hay una necesidad urgente de una regulación mucho más específica y categórica respecto de la actividad policial especialmente constituida para la investigación de delitos. Subrayó que las policías tienen una dependencia funcional respecto del Ministerio Público, por lo que, a su juicio, las materias deberían verse de manera paralela y armónica, teniendo presente, además, que, en el ámbito de la persecución penal, este último tiene la dirección exclusiva de la investigación, la cual le ha sido entregada por la Constitución Política y la ley respecto de todos los organismos auxiliares.

A modo de conclusión, valoró que dentro de los objetivos que plantea el proyecto de ley, se establezca lograr la interacción y colaboración de forma sistémica entre todas las instituciones del Estado, lo que a su parecer resulta fundamental porque facilitará la labor del Ministerio Público.

El Honorable Senador señor Insulza, concordó con lo expuesto, señalando que ciertamente el vínculo entre el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público debiera ser permanente y muy estrecho. Citó el ejemplo comparado donde existe un Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que busca aunar desde el Ejecutivo, el conjunto de acciones de los órganos judiciales.

El Honorable Senador señor Kast, indicó que estos cambios buscan una mayor profesionalización, junto con plasmar una mirada más técnica y menos política de la seguridad. Asimismo, enfatizó que, en materia de seguridad, a diferencia de otras áreas, muchas veces no se cuenta con métricas que permitan evaluar si en un determinado período de tiempo se ha avanzado en la dirección correcta, por lo que hay poca capacidad de análisis serio sobre políticas públicas que permitan evaluar si esos recursos están siendo efectivos o no. Por lo anterior, propuso que el Ministerio de Seguridad Pública en su calidad técnica, debiera incorporar en este proyecto de ley, una obligación de elaborar ciertas métricas que sean reportables.

En ese sentido, inquirió al señor Fiscal Nacional en el sentido de plantear que la propia Fiscalía también tenga una métrica en razón de su función objetiva, como es, por ejemplo, que, existiendo delitos, cuántos de ellos finalmente tienen algún tipo de conclusión penal y de no impunidad, apuntando como expectativa, que en el 100% de los casos quienes cometen delitos puedan tener algún tipo de sanción. En particular, opinó que tanto el Ministerio Público como el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, este último, en su rol de coordinador de la política nacional de seguridad pública, debieran tener algún tipo de trabajo más serio en esa dirección que apunte a una métrica más objetiva sobre cómo estamos avanzando y, cuáles son las palancas que estamos apretando o movilizando para que los indicadores cambien, además de recomendar que lo anterior quede plasmado en la ley para que dicha métrica no quede sujeta al gobierno de turno.

En razón de lo señalado, a su juicio, el Ministerio de Seguridad Pública debiera dar luces respecto del desempeño de las policías, la Fiscalía, y del propio gobierno, al ser el coordinador de todas estas instituciones, siempre manteniendo la independencia y autonomía de los poderes.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quintana, compartió el planteamiento expuesto por el Fiscal Nacional, respecto a la reestructuración de este sistema y advirtió el hecho de que, cambiando el rol del Ministerio del Interior por uno especializado, no suceda nada con otros órganos fundamentales en esta materia, como es el Ministerio Público. A su juicio, se debe contar con la mirada de este último, puesto que cambiará la manera de relacionarse y el rol de las policías, las cuales no solamente trabajan para el Ministerio Público, sino que también cuentan con un rol investigativo independiente.

Aseveró que, al leer el Informe 2021 del Ministerio Público sobre Observatorio del narcotráfico, denota un rol muy claro en la persecución penal. Sin embargo, dudó de que Chile tenga los niveles actuales de avance de droga, crimen organizado y homicidios en las poblaciones y cárceles sin la existencia de algún grado de corrupción. En su opinión, existe en un grado muy alto, porque no se ha querido reconocer que no tenemos acciones preventivas, desatendiéndose la persecución del narcotráfico. Explicó que llegó el momento de darle seriedad a este tema y tener un Ministerio Público menos expuesto en los medios de comunicación y más dedicado a hacer su trabajo, por lo que deberá definir cuáles serán sus cambios para enfrentar los retos tan importantes relativos a la persecución criminal.

El señor Fiscal Nacional en relación a lo planteado por el Honorable Senador señor Kast, compartió que es probablemente una gran oportunidad este proyecto de ley, para poder generar un sistema de reportabilidad absolutamente uniforme entre todos los órganos del Estado, destacando, por ejemplo, que no existe un lenguaje único entre la institución que lidera, el Poder Judicial y la autoridad. Por tanto, resaltó la importancia de tener un sistema de reportabilidad común para todos, de modo de poder construir y analizar el desempeño de cada una de las instituciones.

En cuanto a lo argumentado por el Honorable Senador señor Quintana, efectuó una precisión referida a que la PDI solamente trabaja para el Ministerio Público, y para el Poder Judicial solamente en lo que va quedando del antiguo sistema penal o en causas de derechos humanos. En cuanto a Carabineros de Chile, señaló que solo una parte de estos trabaja en temas investigativos, y en materia de flagrancia, se trabaja con todas las instituciones en su conjunto. Asimismo, si bien se mostró partidario de la necesidad de avanzar en investigación en corrupción, hizo hincapié en que ya se ha avanzado enormemente. Como ejemplo de ello, citó aquella llevada a cabo en el caso de Carabineros de Chile y que cuyos fiscales a su parecer, no tienen el protagonismo que indica el Honorable Senador señor Quintana, puesto que sólo actúan en las audiencias respectivas.

En la misma línea, indicó que, en materia de narcotráfico, carecemos de la inteligencia necesaria o esta simplemente no existe. Argumentó que en el tiempo que lleva en el cargo de fiscal, nunca ha tenido información útil proveniente del sistema de inteligencia del Estado para este tipo de delitos. Sugirió que, dado que la ANI se encontrará dentro de la dependencia del Ministerio de Seguridad Pública, se revise el sistema de inteligencia puesto que según consideró, es imposible combatir el narcotráfico y las grandes organizaciones criminales si no se tiene la capacidad de información de inteligencia adecuada.

Recalcó que lograr el 100% de las condenas de las personas que cometen delito es una expectativa imposible de cumplir, dado que no hay sistema en el mundo que sea capaz de tener un reproche penal en un porcentaje significativo respecto de los casos que llegan al sistema. Por tanto, puntualizó que el Ministerio Público sólo puede hacerse cargo de las causas que tienen viabilidad, debiendo focalizar los recursos y trabajar de manera coordinada y conjunta con las policías.

El Honorable Senador señor Kast, aclaró sus dichos respecto a que se persigan el 100% de los delitos, puesto que como indicó, no es que se aspire a que sea así en la práctica, sino más bien es el parámetro a utilizar para compararse y saber si estamos acercándonos a ese indicador o no, sabiendo que difícilmente se llegará al 100%.

El Honorable Senador señor Quintana, puntualizó que, si hay un hecho de corrupción en cualquier poder del Estado o cualquier institución política tradicional, evidentemente debe investigarse como corresponde. En particular, sostuvo que lo relevante es donde se pone el foco y con qué percepción se quedan los ciudadanos, además de considerar que el papel del Ministerio Público debería ser más que un interviniente, con toda la evidencia que tiene a su disposición, en tanto responsable de la persecución criminal.

El Honorable Senador señor Insulza, remarcó que el tema de inteligencia policial se deberá considerar fuertemente cuando se revise el proyecto de ley en detalle, porque no cabe duda de que la falta de avance en temas tan graves como el narcotráfico, es un problema.

2) El Director Ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana señor Daniel Johnson, con apoyo de una presentación, manifestó su apoyo al presente proyecto de ley. Expuso que la iniciativa del Ministerio de Seguridad Pública viene de una larga data, no obstante, tiene ciertas necesidades de resolver en cuanto a sus funciones y otros aspectos, de acuerdo a lo descrito a continuación:

Al revisar el proyecto, y en específico su documento conductor, indicó que resaltan aspectos que son valorables y que aportan al proceso:

a) Estimó que los antecedentes considerados en el proyecto son amplios y de larga data, es decir, se remontan desde el año 2005 cuando se establece la modificación de la Constitución que permitió que, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile salieran del Ministerio de Defensa Nacional, hasta las acciones vistas en el último tiempo que han demostrado ciertas dificultades del sistema de seguridad y justicia para poder hacerse cargo de la situación que estábamos viviendo como país. En ese sentido, recalcó que la iniciativa tiene un consenso y una profundidad en su análisis que es valiosa.

b) Asimismo, puntualizó que reconoce falencias detectadas en el sistema en el último tiempo al establecer la necesidad de centrar el sistema en la persona, el respeto a los derechos humanos, la necesidad de coordinación interinstitucional, tuición civil de las policías, publicidad de la información sobre el desempeño de los sistemas y, finalmente, la división de la gestión política y de seguridad que hoy día está reunida en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

c) En cuanto a la creación del Consejo de Seguridad Pública y sus comisiones técnicas, en su percepción resulta ser fundamental para la coordinación del sistema de seguridad y justicia. Sin embargo, consideró necesario para su éxito establecer metas, y no solamente institucionales, sino que también metas conjuntas, toda vez que hay fronteras que son imposibles de dibujar en el sistema de seguridad y justicia.

d) En cuanto a la organización interna del nuevo Ministerio, lo consideró apropiado, con una Subsecretaría de Seguridad Pública y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Junto con ello, postuló la mantención y fomento del Departamento de Evaluación de Políticas Públicas que existe hoy en la Subsecretaría de Prevención del Delito, el que a su juicio ha dado buenos resultados, siendo un ejemplo de cómo podemos implementar estructuras en los ministerios que permitan mirar críticamente el desempeño de sus funciones para proponer mejoras.

e) Argumentó que establecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública acordada y coordinada es fundamental para una visión conjunta, priorizar la coordinación interinstitucional y definir cuáles son las acciones más propicias para mejorar la seguridad en el país.

En cuanto a las necesidades del proyecto de ley, destacó las siguientes:

La directora del Área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana señora Ana María Morales, continuó la presentación, profundizando en los cuatro aspectos señalados precedentemente.

En referencia al primer aspecto, expuso lo que sigue:

En esa misma línea, afirmó que el proyecto de ley además de hacer suyo el concepto de seguridad humana vinculado hacia la prevención de peligro, presente ciertas funciones que debiesen despejarse. En ese sentido, subrayó que todo lo que se relaciona con esta visión más amplia de la seguridad humana, entiéndase aquellos peligros derivados, por ejemplo, del medio ambiente o de la actividad humana que se aleja del delito, no debieran estar regulados en el presente proyecto de ley bajo una conceptualización de seguridad ciudadana e incluso de seguridad pública.

Postuló que la iniciativa tiene algunos aspectos que se acercan al concepto de seguridad humana, lo que consideró, puede ser bastante problemático, por lo que propuso acotar al concepto de prevención del delito y la violencia, entendiendo por tal la prevención primaria, desde un aspecto de la población en general; la secundaria respecto a aquellos que están en riesgo de cometer delito y, terciaria, que privilegia las medidas tendientes a evitar su ocurrencia. Lo anterior se resume en la siguiente lámina:

En cuanto a las funciones del Ministerio de Seguridad Pública, efectuó un análisis del artículo 5°, como se muestra en la siguiente gráfica:

Continuó exponiendo las observaciones al artículo 5°, sumando también el artículo 6° letra h, donde hizo especial hincapié en que las funciones que se establecen en este último, no se condicen con brindar seguridad ciudadana, por lo que estimó que debiesen continuar estando radicadas, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio del Interior, reiterando así, que el Ministerio de Seguridad Pública debe focalizarse solamente en la prevención del delito y la violencia.

En cuanto a la letra i del mismo artículo 6°, relacionada con las labores que desarrollan otras Carteras, manifestó estar muy de acuerdo con que exista una actuación coordinada, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el diseño de la estrategia. Consideró que es pertinente la integración del Ministro de esa Cartera al Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Pública, no obstante, en lo que refiere a la evaluación de los programas, especialmente de reinserción de los infractores de ley, debe ser una tarea exclusiva del Ministerio de Justicia como ha sido hasta ahora, en la medida que, si se establece esa injerencia, también debería sostenerse respecto de otros ministerios que también concurren en la prevención del delito.

Destacó como primordial la función policial, y en ese contexto, propuso ciertas modificaciones al artículo 20 del proyecto, que se detallan a continuación:

En esa misma línea, respecto a la Subsecretaría de Seguridad Pública, opinó que la función descrita en el artículo 20 letra e), corresponde a política de seguridad exterior, debiendo estar radicada en el Ministerio del Interior en consonancia con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que sugirió eliminar.

Valoró la regulación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, sin embargo, propuso incorporar la función de monitoreo de las políticas públicas, toda vez que como está redactado, solamente se habla de diseño y evaluación.

El Honorable Senador señor Insulza consultó al Fiscal Nacional acerca de cómo se define un delito como complejo, toda vez que al no saber su concepto puede deducirse que se relaciona con las prioridades, al existir fiscalías de delitos complejos que se dedican fundamentalmente a los delitos que se cometen, por ejemplo, por funcionarios públicos, sin embargo, hay otros que definen delitos complejos como aquellos asociados a toda la secuencia criminal del narcotráfico.

Relacionado con lo anterior, dijo estar de acuerdo con la propuesta de la Fundación Paz Ciudadana, de tener algunas definiciones al comienzo del proyecto de ley, puesto que consideró importante destacar la distinción entre seguridad ciudadana, seguridad pública y seguridad humana. Explicó que la decisión que se adoptó en la Comisión Bicameral de Seguridad Pública fue excluir, por ejemplo, los temas de catástrofes, advirtiendo que no son todas las formas de seguridad aquellas a las cuales quiere aludir este proyecto.

Finalmente, comentó que, personalmente entre el término seguridad pública y seguridad ciudadana prefiere el primero, porque a su entender, se trata de aquella seguridad que debe proporcionar el Estado, sin perjuicio de que también existan formas de participación comunitaria.

El Honorable Senador señor Quintana, compartió lo señalado por el Honorable Senador señor Insulza, y consultó a la Fundación Paz Ciudadana su opinión sobre la necesidad de tener una instancia institucional pública más centrada en lo local. Particularmente, indicó su preferencia por el concepto de “seguridad ciudadana”, dado que, a su entender, la seguridad requiere de colaboración, no habiéndosele dado la importancia que amerita.

Seguidamente aludió a un estudio efectuado por las investigadoras Alejandra Luneke y Fernanda Varela, de la Universidad Católica, en el cual evalúan los programas que ha implementado tanto la Subsecretaría de Prevención del Delito como la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en cuanto a la intervención de barrios críticos, y según relató, los resultados no son favorables porque se requiere de colaboración principalmente de las policías habiendo discrecionalidad por parte de estas y también de los gobiernos.

Asimismo, adujo que cuando existe falta de legitimidad en las policías, y estas deben actuar por presencia, específicamente Carabineros de Chile, no hay colaboración de la ciudadanía, por lo que el tema se torna complejo. Por tanto, consultó a los representantes de la Fundación Paz Ciudadana su opinión respecto a si podría implementarse alguna Subsecretaría o más bien alguna institución en el ámbito municipal.

El Director Ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, señor Daniel Johnson ratificó la necesidad de fortalecer el rol municipal en la prevención del delito porque el inicio de la carrera delictual está muy determinado por la concentración de factores de riesgo de concentración territorial al inicio de esta. Informó a la Comisión que hay estudios que demuestran que la concentración de cuatro o más factores de riesgo duplica la probabilidad de iniciar conductas delictuales, puesto que tienen que ver con la deserción escolar, y con el consumo problemático de alcohol y drogas.

En ese sentido, aseveró que existen muchos datos con que cuenta el sistema, capaces de identificar cuáles son los territorios donde se concentran ciertos factores, por lo que propuso trabajar con intensidad en programas que refuercen factores protectores y que logren contener aquellos que son de riesgo. Descartó que pueda ser un trabajo costoso ya que esas concentraciones son específicas y por lo tanto consideró relevante que los municipios tomen estos roles porque son evidentemente los que tienen la responsabilidad de las acciones en sus territorios. Igualmente, planteó la importancia de los Consejos Comunales de Seguridad Pública, toda vez que se constituyen como una herramienta pertinente que podría montar un camino exitoso.

Sin embargo, advirtió que se ha demostrado que tanto estos Consejos Comunales como los propios municipios, suelen carecer de los medios para hacerse cargo de este trabajo de identificación de factores de riesgo. Comentó que algunos municipios dada su precariedad no han logrado ejecutar siquiera el denominado Observatorio Municipal de Seguridad Pública, en cuya instancia se pueden manejar datos e identificar respuestas a las necesidades que tienen los territorios.

Por otro lado, adujo que el número de barrios críticos ha ido aumentando año a año, no obstante, argumentó que cuando se construyen viviendas para familias vulnerables con algún grado de subsidio público, las cuales ascienden a casi 20 mil por año en todo Chile, se genera un nuevo barrio que, a su parecer, cuenta con una insuficiente habilitación social para hacerse cargo de fortalecer la capacidad que tenga en el futuro de prevenir delitos. Por tal razón, realzó la importancia de hacerse cargo de la infraestructura con la que se construye y también de la habilitación social de las familias, con el objeto de que cuando se den situaciones delictuales, se cuente con las herramientas que permitan abordarlas coordinadamente.

En cuanto a los barrios críticos que ya existen, postuló que no se suelen identificar correctamente para evitar estigmatizarlos, trayendo como consecuencia que las acciones se aborden solo tangencialmente. Informó que la Fundación Paz Ciudadana no cuenta con antecedentes que demuestren que algún barrio haya egresado de un programa de barrios críticos, por lo que tampoco hay datos que indiquen cuáles son las condiciones de ingreso o egreso al programa. Tal situación a su juicio demuestra la ineficacia que han tenido estos programas que, al no diagnosticar correctamente, no saben cuál es el problema que tienen que resolver. En ese sentido, apuntó a la necesidad de redefinir el programa de barrios críticos considerando su objetivo de manera clara, con una mirada integral que permita reconocer la necesidad de investigación y persecución de los delitos que están ocurriendo, y fortalecer la presencia del Estado para que reemplace las funciones que muchas veces, empiezan a cumplir las organizaciones delictuales de los barrios, dado que este no ha estado suficientemente presente.

El Fiscal Nacional, señor Jorge Abbott, explicó que “caso complejo” es una definición convencional que se hace al interior del Ministerio Público, con la participación de las unidades especializadas y el Consejo de Fiscales Regionales, y tiene que ver con delitos que requieren policía especializada y técnicas especiales de investigación por el número de personas que se ve involucrada en su tramitación. Es decir, tiene que ver con definiciones que se hacen a partir de la experiencia y de los recursos que tiene que destinar el Ministerio Público para abordar esa investigación.

3) El ex Senador y actual convencional constituyente señor Felipe Harboe, celebró la iniciativa, no obstante, advirtió que los cambios constitucionales que se generarán a partir de la discusión en la Convención Constituyente, pueden traer como consecuencia modificaciones considerables en la distribución de poderes, particularmente en instancias regionales o locales, habiéndose ya planteado algunas iniciativas en ese orden. Informó que se buscará instalar en el texto constitucional un sistema de seguridad donde las instituciones que participan, manteniendo sus autonomías necesarias para el ejercicio sus funciones, sean parte de un todo dónde exista una obligación de coordinación y de cumplimiento estándar de servicio y resultados.

Afirmó que, si se logra instalar a nivel constitucional la idea de crear un sistema de seguridad con estos principios, su percepción es que se estará incluso aportando al desarrollo de este y otros proyectos de ley. En cualquier caso, continuó, la ley va a ser la encargada de materializar esta nueva estructura constitucional y en este sentido tanto el Ministerio de Seguridad Pública o Ministerio de Seguridad Ciudadana, cobra un rol fundamental y su diseño deberá ser la expresión, de las nuevas visiones y necesidades en materia de seguridad ciudadana o seguridad pública, con los impactos que dicen relación incluso con su nomenclatura.

Resaltó lo loable del proyecto, haciendo mención al funcionamiento que en los últimos años ha tenido el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que se ha encargado de la seguridad pública, la coordinación política y de todo lo que dice relación con la organización interior del territorio, haciendo repensar la orgánica que apunte a un Estado mucho más eficiente y especializado.

Argumentó que hay ciertas claves fundamentales a la hora de diseñar una estructura en esta materia, tales como la concepción de la multicausalidad del fenómeno, toda vez que el Ministerio encargado de la seguridad pública no puede ser sólo aquel que se encuentre al mando de la acción de Carabineros o de las policías en general y la persecución del delito, sino que debe necesariamente instalar en su diseño, principios y estructura orgánica, mecanismos para hacerse cargo, por una parte de la coordinación intersectorial con todos los ministerios o servicios públicos cuyas políticas sociales tienen directa incidencia en las tasas de violencia urbana o rural, como también en materia de seguridad.

Por lo anterior, propuso establecer en su ley orgánica la obligación de coordinación con el Ministerio de Educación, de Salud y de Vivienda para que, en definitiva, la construcción de ciudades, los programas de reinserción escolar y los programas de rehabilitación en materia de consumo de drogas y alcohol, sean parte de la estrategia de seguridad entendida en términos integrales.

Como segundo elemento, valoró que la iniciativa incluya el diseño y la ejecución de una Estrategia de Seguridad Pública, toda vez que, no puede ocurrir que se esté al árbitro de autoridades de turno que modifiquen las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. En consecuencia, destacó la importancia de la estabilidad de las políticas públicas en el tiempo, sin perjuicio que cuenten con instrumentos de variaciones frente a evaluaciones objetivas. En definitiva, arguyó que un Ministerio de Seguridad Pública no puede ser solo el órgano encargado del elemento táctico u operativo sino más bien, tiene que estar en el diseño estratégico de las políticas públicas de seguridad.

Un tercer aspecto que realzó como clave, es el control civil respecto de las policías, alabando que el proyecto avanza en esa materia. Sin embargo, puntualizó que, analizando sus respectivas leyes orgánicas, se desprenden elementos que son determinantes y que la presente iniciativa, no recoge. A modo de ejemplo citó los ascensos de los oficiales que hoy día dependen del Presidente de la República, a propuesta del General Director de Carabineros. Postuló que, si dicha propuesta al Presidente de República se hiciese por parte del Ministro de Seguridad Pública, quien a su vez la recibiera del General Director respectivo, podría conducir a mayor control civil, porque la carrera estaría dependiendo en parte de esa autoridad. Asimismo, propuso que en la ley deberán establecerse ciertos elementos objetivos para poder cursar determinado ascenso, dándole mayor énfasis al mérito y al rendimiento, que exclusivamente a la antigüedad.

A continuación, relevó la importancia del principio de la especialización, puesto que, a su parecer, se necesita contar con un Ministerio de Seguridad que tenga personal y autoridades con experiencia en el tema, dado que hoy la seguridad, de acuerdo la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un derecho humano y probablemente la nueva Constitución así lo consagre.

En otro orden de ideas, se refirió a la relevancia de poder asumir las nuevas modalidades de delito y entender que este sufre mutaciones mucho más rápidas que lo que la ley puede abarcar, por lo que sugirió que el lenguaje que utilice el proyecto de ley debe ser evolutivo incorporando el desarrollo tecnológico, para evitar el riesgo de obsolescencia en el corto plazo y teniendo presente, además, la relación con la ciberdelincuencia. En el mismo sentido, manifestó que se debe reconocer las particularidades del delito en los territorios, debiendo la aplicación práctica de las estrategias operativas tener relación con la particularidad propia de los territorios. Lo anterior, según afirmó, implica incorporar en el diseño de la estructura el vínculo entre la autoridad policial local y la autoridad local.

Seguidamente hizo mención al accountability, señalando que no hay éxito en la nueva Administración Pública si no hay una conducta política permanente, por lo que propuso que la medición de las políticas públicas se haga a través de órganos independientes, autónomos y académicos, que permanentemente estén publicando el resultado de aquellas.

En materia de estructura, postuló la creación de un Ministerio de Seguridad Pública con un solo viceministro o subsecretario, argumentando que, si se concibe la seguridad ciudadana o seguridad pública como un fenómeno integral, no tiene ninguna lógica que exista un Subsecretario de Seguridad y otro de Prevención, toda vez que la prevención es parte de la seguridad. De esta forma, explicó que con la existencia de una sola Subsecretaría o un viceministerio con sus respectivas divisiones internas de acuerdo con el énfasis que se pretenda dar, evitará tener problemas de coordinación entre unos y otros.

Dentro del mismo ámbito, se mostró partidario de suprimir todo lo que no tenga relación estricta con el giro de las funciones de un Ministerio de Seguridad Pública, como es, por ejemplo, la regulación de los desastres naturales a cargo de la ONEMI, por lo que propuso quedase radicada en el Ministerio del Interior.

Desde otra perspectiva, recomendó agregar al Ministerio de Seguridad Pública un conjunto de instituciones especializadas en materias específicas, como puede llegar a ser un instituto de ciberseguridad, entendido como un servicio público que se haga cargo la ciberseguridad del Estado.

Relacionado con lo anterior, sostuvo la necesidad de la creación de una Superintendencia de Seguridad Privada, pensando que hoy en día la seguridad privada debiera ser el principal coadyuvante en materia de seguridad pública. Expuso que la experiencia comparada demuestra que por cada policía hay en promedio tres a cuatro guardias o vigilantes, y, en consecuencia, subrayó la posibilidad de tener que incorporar a la seguridad privada como un ente coadyuvante, pero no de reemplazo de la potestad pública, focalizando la seguridad pública en aquellos que lo necesitan.

Finalmente, como tercera institucionalidad propuso la creación de una oficina nacional de violencia en los estadios y espectáculos deportivos o masivos dedicada específicamente a ese flagelo.

Luego, el convencional constituyente señor Harboe manifestó ser partidario de tener un Consejo que incluya el poder local y regional, pero reiteró lo ya señalado en orden a que el proyecto de ley no debiera aventurar en términos específicos la resolución de esas materias, dado que la Convención Constituyente instalará una redistribución del poder donde resultaría impensado

mantener un sistema donde los gobernadores regionales que son electos por la ciudadanía no tengan ningún tipo de competencia en materia de seguridad pública. Por lo anterior, previno que tal regulación requerirá una mayor sintonía con lo que ocurra en tal instancia.

Como último aspecto, se refirió a que la nueva institucionalidad debiera tener diagnósticos basados en evidencia en data, para evitar que la autoridad equivoque la estrategia al existir estadísticas diversas. Por tal motivo, a su parecer es clave que el Ministerio de Seguridad Pública tenga la concentración y coordinación de los diferentes agentes que participan de la determinación de sistemas estadísticos.

4) El director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, señor Hugo Frühling [6], valoró la iniciativa, puesto que como indica el Mensaje, existe la necesidad de contar con una autoridad que se dedique a tiempo completo a una actividad que no es supletoria, sino que constituye una respuesta a una de los requerimientos más sentidos por la población del país, como es la seguridad pública. En ese contexto, agregó además que este Ministerio al tener una intervención directa en materia de seguridad, va a responsabilizarse no solo mediante una actuación adecuada de las policías, sino además por el cumplimiento de los estándares de derechos humanos. Dado este motivo, comentó que, desde la perspectiva del Estado de Derecho, sería mucho más adecuado que las policías dependan de un ministerio técnico y sectorial, en vez de un ministerio articulador político del Gabinete. Agregó, que la mantención de la profesionalización no consiste en que la autoridad política se reste a tomar decisiones, sino que, por el contrario, quien tome las decisiones lo haga en un marco adecuado que pueda justificarse y que no dependa de decisiones políticas no estratégicas y que no se ajustan a la normativa vigente.

Seguidamente, destacó dos aspectos. El primero que dice relación con que el Ministerio de Seguridad Pública es aquel que asume como centro la gobernanza de la seguridad, en un término que, a su juicio, no es muy constitucional, pero que asume que los proveedores de seguridad en la sociedad moderna son múltiples, donde se puede citar la seguridad privada; los distintos niveles administrativos, tanto nacionales, regionales como locales; los organismos educativos y los organismos no gubernamentales.

A continuación, el académico criticó al articulado del proyecto de ley, específicamente respecto a la alusión que se hace a la dimensión multidimensional. A su parecer, confunde distintas acepciones de la seguridad, teniendo presente que existe la seguridad alimentaria, la seguridad humana, la seguridad pública, la seguridad interior o pública interior, o la ciudadana, y que los factores que inciden en la seguridad son múltiples, los cuales deben estar considerados en el Ministerio. Sin embargo, opinó que ponerle un nombre adicional pareciera implicar cuestiones que pueden superponerse a funciones que tienen las Fuerzas Armadas o que no implican la manifestación o la amenaza de la comisión de un delito. En idéntico sentido, sostuvo que el Ministerio de Seguridad Pública solamente debiese regular cuestiones que tienen la característica de delito o que podrían constituirse en uno a futuro.

Desde otra vereda, postuló que lo que debiera caracterizar al Ministerio es su carácter técnico y sus atribuciones específicas de dirección de las fuerzas de orden y seguridad, asegurando su buen comportamiento y asumiendo la responsabilidad por la reducción del delito y la seguridad ciudadana, por lo que afirmó, las tareas de dirección y coordinación que debería recoger la ley deben ser más explícitas.

Luego ofreció a la Comisión una propuesta de artículo inicial cuyo eje central es el concepto de derechos humanos, el cual implica una obligación negativa, esto es aquello que el Estado y las policías en particular no pueden traspasar, como son las garantías sociales y personales, pero que, sin embargo, también implica un deber activo de protección a las personas cuando estas sufren la interferencia por parte de terceros. Procedió a leer su propuesta, cuyo texto es el siguiente:

“El Ministerio de Seguridad Pública será el colaborador inmediato del Presidente de la República en todo aquello que diga relación con la seguridad pública, con la dirección sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y con la protección de las personas frente a acciones que lesionen el libre ejercicio de los derechos humanos.

Le corresponde concentrar la decisión política, así como el diseño de las políticas, planes y programas dirigidos a la seguridad pública, a la mantención del orden y convivencia de los ciudadanos, al desarrollo profesional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas y a la prevención de la comisión de delitos.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán jerárquicamente de este Ministerio y se regirán por principios de legalidad, efectividad, proporcionalidad, respeto a los derechos humanos, transparencia. Será responsabilidad del Ministerio asegurar su debida coordinación.”

Posteriormente, analizó el artículo 5° del proyecto, el cual se refiere a las funciones del Ministerio en lo que dice relación con políticas y planes sobre mantención y control del orden público a nivel nacional regional y comunal. En cuanto al rol del Ministerio de Seguridad ejecutado a través de sus delegados presidenciales, regionales y provinciales, a su parecer, se debe recoger en este aspecto, un principio de descentralización regional con mayor claridad.

Señaló que hoy en día se entiende que las policías son más efectivas, en la medida en que dependen de más autoridades y por más objetivos, por consiguiente, enfatizó la conveniencia de una dependencia de las policías de parte del gobernador regional en materia de orden público.

Vinculado con lo anterior, le pareció importante que se escuche a los gobernadores regionales en materia de distribución de la fuerza policial al interior de la región, y específicamente entre las distintas comunas, la que, a su entender, debe estar en consonancia con los intereses y necesidades de ese territorio, y no con criterios nacionales aplicados sin tomar en cuenta esas realidades.

Después se refirió al artículo 7° del proyecto, el cual habla de las funciones del Ministerio en relación con las Fuerzas de Orden y Seguridad. Propuso que se incluyese de forma explícita que al nuevo Ministerio le corresponde dirigirlas, y que también deba revisar y aprobar sus planes y programas de formación, la distribución de su personal, el territorio y sus planes operativos. Además, recomendó se modifique la ley orgánica constitucional actual de Carabineros, entregándole al Ministro de Seguridad Pública la aprobación de la doctrina institucional y la supervigilancia respecto del adecuado funcionamiento de las direcciones de asuntos internos de ambas policías.

A su entender, existen a lo menos tres criterios respecto del funcionamiento de la supervisión relativa a la buena conducta policial. Especificó que, en Chile, cuando hay materias en las que deben investigarse hechos que constituyen faltas o infracciones administrativas, se procede a través de una investigación o un sumario administrativo. Sin embargo, adujo que hay países en los que ese control disciplinario se organiza de manera externa a la policía, dado que, si se concentra el interior de esta, es muy probable que su investigación no sea imparcial. Por lo anterior, planteó un sistema mixto, en que el Ministerio del Interior haga un seguimiento constante respecto de la calidad de las investigaciones disciplinarias y los sumarios administrativos que se realizan al interior de las policías, puesto que, según sostuvo, si nadie se hace cargo de la calidad del control de la conducta interna, se puede terminar en las situaciones que tuvimos que lamentar en octubre del año 2019.

Como un aspecto final, mencionó lo relativo a la ANI, manifestando que, en un sistema armónico de seguridad interna, esta institución debiera mantener al menos una relación con el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública. En segundo lugar, añadió que el Ministro del Interior debiera tener la facultad de orientar la búsqueda de información, así como de recibirla y procesarla, a objeto de contar con la inteligencia criminal respectiva. En ese sentido, puntualizó que, si en materia de seguridad pública el ministro no puede orientar hacia dónde se va a dirigir la actuación del servicio de inteligencia en materia de seguridad interna, lo más probable es que estemos estableciendo una situación que no va a funcionar adecuadamente para los efectos de la seguridad de nuestro país.

El Honorable Senador señor Insulza, en primer término, consultó a los expositores su parecer respecto hasta qué punto puede llegar el control civil de las policías, teniendo presente que estas deben tener una cierta autonomía para funcionar. Como segundo punto, según fue planteado en la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, específicamente por el ex Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, preguntó si debiese crearse una policía de seguridad pública separada de una policía de prevención, la vinculación entre orden público con seguridad pública y prevención, y si pueden ser intercambiables esas policías. Como tercer aspecto, solicitó al señor Frühling, ahondara respecto de la forma de supervisión constante, independiente y autónoma del mando cotidiano del Ministerio, en relación con la conducción política de seguridad pública.

El Honorable Senador señor Kast, manifestó estar de acuerdo en que el tema de la seguridad pública requiere un trabajo técnico serio, siendo un desafío social muy grande. Por lo tanto, a su parecer, esta mezcla de roles es compleja, más allá de que hay una sola externalidad positiva. No obstante, resaltó que hoy en día el Ministerio del Interior acumula bastante poder logrando hacer funcionar las cosas, situación que no se da con otras Carteras de Estado, por lo que consideró importante que la nueva entidad no carezca de dicha potestad.

Como segundo comentario, planteó que los problemas se resuelven cuando funcionan bien las instituciones y sobre ello, reiteró la necesidad de tener métricas que efectivamente muevan los incentivos, tanto de prestigio social de esas instituciones y también en un sentido económico. Puso de relieve el sistema de PMG, calificándolo como un desastre que lo único que hace es inflar las notas en forma infinita, dado que tales calificaciones se asocian a los sueldos, y eso a su juicio, es no cumplir el propósito de su establecimiento.

Siguiendo la misma línea, consultó a los expositores, si es el momento en esta ley de hacerse la pregunta de cuáles van a ser los indicadores y los mecanismos más precisos posibles para que esas instituciones puedan responder si se hizo bien o mal el trabajo, o si se mejoró o empeoró. Postuló que si tenemos la oportunidad de trabajar en un proyecto de ley como este, que cambia la institucionalidad de seguridad, ayudaría muchísimo que fuésemos extremadamente precisos y exigentes al respecto, pudiendo aterrizar ese tipo de indicadores para que la energía y recursos invertidos tengan el resultado y el impacto que la ciudadanía espera.

El Honorable Senador señor Quintana, comentó que no es posible dejar todo el trabajo al Ministerio de Seguridad Pública. En su opinión en el Acuerdo de Seguridad Pública del año 2018, no hay ni una expresión al tema derechos humanos, más allá que haya sido un documento previo al estallido social. Comentó que se abstuvo en la votación del proyecto de modernización de Carabineros, puesto que el documento aprobado es el reflejo del Acuerdo del año 2018 ya referido al no haber recogido el aporte transversal de los especialistas durante la Comisión de Reforma Policial posterior al estallido social.

Manifestó estar de acuerdo con la opinión dada por el convencional constituyente señor Harboe, en el sentido de que es razonable que este Ministerio tenga mucha especialización en materia de seguridad pública y poco operador político, sin embargo, aseveró que el documento elaborado por la Comisión de Reforma Policial, indica que una reforma a Carabineros se hace con las policías, y en el caso de este proyecto, en su opinión, está hecho a la medida del Subsecretario del Interior, señor Galli, puesto que no tiene control civil.

En relación con lo mencionado por el señor Hugo Frühling, sobre el hacerse cargo del control de las conductas internas, profundizó en que Carabineros de Chile, junto con el Subsecretario Galli, aproximadamente hace un año atrás, crearon la División de Asuntos Internos, que si bien también existe en la PDI y se ha configurado como un contrapeso importante, no ha ocurrido lo mismo en Carabineros. Detalló que el Gobierno, sin análisis ni discusión por el Congreso Nacional, creó esta Dirección que carece de todos los elementos que se han contemplado. Lo anterior, según planteó, llevará a que continúen dictándose resoluciones internas administrativas respecto de sumarios, que una vez que llegan a tribunales tienen una mirada muy distinta.

En concreto, consultó a los exponentes su opinión sobre qué debiera pasar con el Ministerio Público en esta instancia, toda vez que las policías también trabajan para ellos. En su percepción, Carabineros luego de la última reforma, ha abandonado su rol de prevención, y no cuenta con legitimidad, por lo que no tiene ninguna posibilidad de ser eficaz al no lograr colaboración.

En segundo lugar, requirió a los exponentes respecto a su parecer en relación con la responsabilidad política del Ministro o Viceministro.

El Honorable Senador señor Pizarro, aseveró que es evidente que, si no se fortalece el trabajo en las policías y no se apoya fuertemente el desarrollo, sobre todo, en la tarea de control de investigación, el Ministerio Público está condenado a fracasar. Por lo anterior, requirió a los expositores respecto a si cuentan con alguna propuesta más concreta, de cómo debiera ser aquella parte de la responsabilidad del Ministerio en cuanto a potenciar el trabajo policial.

El convencional constituyente señor Harboe, manifestó respecto de la cuestión planteada que el proyecto además de utilizar los verbos rectores de “diseñar” y “evaluar”, debiera agregar en el intermedio, el “controlar”, toda vez que el control de la ejecución de la política es muy importante y la evaluación siempre es ex-post. Eso permitiría, por un lado, establecer mecanismos de control real de mejoramiento de la gestión y en segundo lugar también hacerse corresponsable por los éxitos o fracasos de la implementación de las políticas que se han diseñado. Lo anterior se vincula, según expuso, con el accountability en materia de seguridad, ya sea preventiva o reactiva.

En cuanto a la propuesta del ex Subsecretario del Interior señor Ubilla, en orden a crear una policía especial de orden público, apuntó que es un debate en sí mismo, puesto que se abren las interrogantes sobre cuál es la concepción que vamos a tener de nuestro sistema policial y si queremos una policía especializada. Explicó que en el mundo hay dos sistemas, las policías especializadas y las policías multifuncionales. En el caso de nuestro país, sostuvo que evidentemente la policía es de carácter multifuncional, ya que se encarga desde el tránsito al control de drogas, etc. Según relató, si se mira la experiencia comparada, hay países que funcionan muy bien con policía multifuncional, pero con un control de gestión orientado a un resultado, es decir, ya no son metas de cumplimiento de cobertura. Sin embargo, señaló que hoy en día tenemos una policía que más allá de la evaluación interna de su gestión, no tiene criterios generales de medición por parte de la autoridad civil. En resumen, se mostró partidario de ir avanzando y creando ciertas funciones especializadas de manera gradual, por lo que, si se le va a encargar funciones preventivas, propuso sacar a Carabineros definitivamente del ámbito investigativo.

Seguidamente, señaló que, en la actualidad, al hacer un análisis crítico del gasto público en seguridad, este se duplica entre las policías en cuanto a inteligencia, sistema georreferenciado y sistema investigativo. En su opinión, se podría ahorrar recursos que permitirían financiar incluso una policía especializada, por ejemplo, en control de orden público, el cual es la raíz de los principales conflictos políticos que se han generado últimamente.

En cuanto a lo planteado por el Honorable Senador Kast respecto al accountability, argumentó que hay que fijarlo en función de resultados, pero el problema es que, para exigirlo a una institución policial se requiere capacidad civil instalada en los ministerios que realice esa función, lo que, a su juicio, es difícil de asegurar.

En lo que dice relación con los cambios esperados en el Ministerio Público, comentó que el proyecto de ley no lo contempla, al ser una entidad autónoma, si se tiene presente además que el Ministerio de Seguridad Pública está orientado a la lógica de la seguridad preventiva. No obstante, donde sí se vincularán es en la norma constitucional que se discutirá en la Convención Constituyente respecto a la creación del sistema de seguridad, donde necesariamente deberá existir un mecanismo de relacionamiento entre uno y otro, y dependerá de la definición que se haga respecto de la función de Carabineros.

En todos los casos, subrayó, ambas instituciones, tanto el Ministerio de Seguridad Pública como el Ministerio Público, deben estar sujetas a resultados medibles y cuantificables. Por tanto, se mostró partidario de que en otro proyecto de ley se establezcan mecanismos de control de gestión al Ministerio Público, donde existan entes externos de evaluación. Igualmente, añadió la propuesta de creación de un foro de seguridad pública con electores y expertos, que sean los encargados de evaluar de manera permanente las políticas públicas orientadas al resultado, además de publicar cada seis meses a un año, los impactos de las políticas implementadas por el Ministerio de Seguridad Pública.

En relación a la pregunta sobre cómo respondería ese Ministro de Seguridad Pública a una acusación constitucional, contestó que va a depender en gran medida de cómo quede instalado en el Cuerpo Constituyente el nuevo Congreso, si será unicameral o bicameral y si se va a mantener la lógica de la responsabilidad política en la Cámara de Diputados o no. Opinó que más allá de que sea un especialista, tiene que tener un control político, y postuló que pudiese existir un mecanismo en virtud del cual proceda su destitución sin una previa acusación constitucional, a través de la participación de un tercer poder como podría ser el Poder Judicial, con determinadas causales establecidas. Asimismo, señaló que se debe establecer una cortapisa que limite su responsabilidad en determinados casos, como, por ejemplo, cuando se trate de ciertas conductas cometidas por un carabinero operativo en una determinada localidad.

El director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile señor Hugo Frühling, manifestó que hay que abrirse a la idea de que los sistemas de seguridad y policiales sean flexibles, y, en consecuencia, no se puede petrificar por la vía constitucional las instituciones policiales existentes.

De esta forma, a su entender, los sistemas van cambiando, y cuyo diagnóstico y el seguimiento de funcionamiento en su conjunto, debiera ser una de las tareas centrales del Ministerio de Seguridad Pública.

En cuanto a la creación de una policía especializada en orden público, declaró desconocer algún caso en que exista, y en consecuencia propuso ver la opción en función de la organización más que en la idea de crear un órgano específico para lidiar con un problema que, a su parecer está bien resuelto.

En lo que refiere a la relación entre las policías y el Ministerio Público, subrayó que se abre un dilema interesante, el que a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en que las policías actúan solas, en Chile requieren de la orden de dicho órgano para investigar. Dijo que existen buenas razones por las cuales en América Latina se ha determinado que el Ministerio Público dirija la investigación de los delitos, lo cual tienen que ver con las dictaduras y las violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, manifestó la complejidad de la situación, toda vez que el Ministerio Público dirige las investigaciones, pero no tiene atribuciones respecto de las policías, por lo que calificó como esencial que la sinergia entre el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público debe permitir crear las condiciones para una investigación criminal adecuada.

Finalmente, se mostró contrario a que en la ley se establezcan indicadores específicos de medición, toda vez que aquellos van a ir cambiando. No obstante, aclaró que tienen que existir unidades destinadas a hacer un seguimiento del cumplimiento de los indicadores que finalmente se acuerden.

5) La investigadora de la Universidad Alberto Hurtado señora Alejandra Luneke, alabó la iniciativa porque apunta a un mayor nivel de coordinación, al fortalecimiento del área de la seguridad, a ser capaz de consolidar las capacidades técnicas y a separar la coordinación política de la gestión. Valoró la perspectiva multidimensional que se ha descrito y también el debate que se ha venido desarrollando en el Senado.

En ese sentido, le pareció relevante también poder darle en esta articulación de estructura y funciones del Ministerio de Seguridad Pública, una cavidad más asentada a todo lo que el proyecto de ley define como amenazas o peligros internos y externos.

Desde ese punto de vista, le pareció que la propuesta debe ser mejorada, en el sentido de aclarar a qué se refiere cuando habla de “peligros”, “amenazas” y “riesgos internos y externos”, advirtiendo que existe una especie de confusión o poca claridad respecto a las funciones de este Ministerio de Seguridad Pública.

En segundo término, destacó que las Subsecretarías mencionadas por el proyecto de ley, en su opinión, quedan relativamente desequilibradas en términos de facultades, atribuciones y recursos, etc. Manifestó sus dudas respecto a si en la Subsecretaría de Seguridad Pública quedarán solamente las policías como dependientes, o también todas las otras áreas de orden público, de control fronterizo, o de gestión de riesgos naturales. Por tal razón, cuestionó cuáles serán las funciones que se dejarán establecidas para la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Consideró importante políticamente, además, hacer énfasis en ese desbalance que se advierte en el Mensaje, dado que se demuestra que el principal compromiso político está por el control, y no tanto por la prevención u otras esferas que se desarrollan desde ahí. En efecto, explicó que se aprecia una gran Subsecretaría de Seguridad Pública similar a la actual Subsecretaría del Interior, versus otra pequeña que administra mucho menos recursos, y se encuentra dedicada a tareas muy básicas y específicas de prevención, con programas que son muy focalizados, y que no han dado buenos resultados.

Como tercer punto, afirmó que el proyecto también puede ser mejorado desde su estructura y funciones, lo que se relaciona con la capacidad de coordinación y articulación intersectorial que se propone. A su parecer, quedan débilmente desarrollados en el área del control y de amenazas externas, en cuanto al vínculo de este Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Defensa Nacional, o también, en cuanto a la forma en que se van a articular con las organizaciones de control de fronteras u orden público. Por tanto, sugirió ver qué facultades se pueden establecer para que esta institucionalidad realmente pueda ser capaz de coordinar con otros órganos en materia de control y ejercer una aplicación sustantiva.

En materia de prevención del delito, explicó que ocurre algo similar, puesto que no queda del todo claro cómo se vincula esta nueva institucionalidad con el Servicio para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), por lo que manifestó que puede ser una oportunidad para repensar una nueva estructura que traslade a dicho Servicio al Ministerio de Salud, dejando de pertenecer a una Cartera orientada a la seguridad pública.

En otro orden de cosas, afirmó que no se menciona en la propuesta, una política orientada a la prevención de la delincuencia juvenil que atienda a una articulación con el Servicios Nacionales de Menores, lo que, a su criterio, resulta primordial. En una línea similar, tampoco se indica cómo este Ministerio se va a vincular con carteras orientadas a la prevención de la violencia contra la Mujer, la violencia sexual, la violencia de género y el acoso sexual.

El cuarto punto que relevó para ser mejorado es el que dice relación con la desigualdad territorial en la provisión de seguridad. Remarcó que el problema no solamente es de coordinación y de gestión, sino que también es un problema técnico, político y social, que se relaciona con la inequidad territorial por medio de la cual se distribuyen los recursos de seguridad pública. En ese ámbito, instó a decir cuáles son esas diferencias o los diagnósticos que existen respecto a la presencia policial en determinadas comunas o territorios y la necesidad de descentralizar de manera equitativa esta provisión.

A continuación, se refirió al rol asignado a la ciudadanía y a otros agentes privados en materia de seguridad, puesto que no queda del todo claro en el texto del proyecto. Hizo presente que, durante los últimos 20 años, la política de seguridad ha estado orientada a hacer de la ciudadanía un corresponsable en las acciones relacionadas a seguridad, por lo que, en la iniciativa, no se vislumbra cual será específicamente el rol de esta y si finalmente, el control se va a enfocar solamente en materia policial o también en otras instancias, tales como, los comités de vigilancia.

En consecuencia, a su parecer, la oportunidad que tiene este Ministerio de Seguridad Pública es avanzar hacia una estructura institucional que equilibre funciones y presupuestos, haciendo hincapié en que existen estudios que han demostrado la inequidad presupuestaria en el control y prevención. De este modo, postuló, se pueda avanzar de manera más sostenida en una descentralización política y administrativa de estas tareas.

En seguida, planteó la idea de crear una Subsecretaría del Control, acompañada de una Subsecretaría de Prevención, en donde la primera coordine políticas y programas de mejora y que permita también la reforma a la policía, el control de las fronteras, los riesgos naturales, entre otros aspectos. Frente a esta, la creación de una Subsecretaría de Prevención del Delito que impulse una fuerte evaluación de los programas y planes existentes, con el objeto de reorientar el diseño de las estrategias que se desarrollen.

Luego, postuló la figura de un ente coordinador de carácter territorial a un ente de un subsistema territorial de seguridad, que sea liderado por ambos subsecretarios, tanto de control como de prevención, y que puedan avanzar en la descentralización de la prevención del delito hacia los municipios y hacia las provincias a través de los Consejos que se proponen. Puntualizó la importancia que la Subsecretaría de Prevención vaya haciendo de los municipios entes más tecnificados con acompañamiento, para así descentralizar la toma de decisiones respecto a lo que se está buscando realizar en el territorio nacional con mayor equidad de recursos.

El Honorable Senador señor Insulza destacó la exposición, principalmente porque hizo notar que el artículo 1° del proyecto se encuentra redactado en su versión original, en que se suponía que este Ministerio se haría cargo de todos los temas de seguridad, incluso aquellos referidos al riesgo de catástrofes y otros similares. Sin embargo, expresó que tal regulación fue eliminada en el borrador que aprobó la Comisión Bicameral, debiendo el texto estar referido fundamentalmente a la comisión de delitos o faltas que afecten el orden público. Dado lo anterior, informó que se modificará.

Por otra parte, compartió la opinión de la académica, en cuanto al diagnóstico de desbalance entre las distintas subsecretarías. Señaló como un error el hecho de ir agregando subsecretarías que carecen de una gran cantidad de actividad, y que permanecen en los ministerios junto a una subsecretaría central, por lo que se mostró partidario de una figura como la del viceministro.

En cuanto a la relación con los agentes privados, afirmó que se encuentra pendiente una ley de seguridad privada, no obstante, destacó la necesidad de que, en el presente proyecto de ley, se regule cuál será la relación entre el Ministerio de Seguridad Pública y los sistemas de seguridad privada.

El Honorable Senador señor Pizarro compartió la conclusión de la investigadora, en cuanto a que claramente queda desbalanceada una subsecretaría de otra, por lo que enfatizó en determinar dónde van a estar las prioridades.

La investigadora señora Luneke, propuso que en materia de prevención se podrían pensar tres líneas principales. La primera referida a una articulación más concreta y clara con el Servicio Nacional de Menores respecto de aquellos jóvenes que entran por vulnerabilidad, provocando así la inyección de muchos más recursos. Tal acción de prevención a su juicio demuestra mayor efectividad, ya que puede ir interrumpiendo en el mediano y largo plazo el desarrollo de las carreras criminales de jóvenes que a través del consumo problemático de droga y la vulneración de sus derechos, entran a esta carrera. En ese contexto, argumentó que en los territorios se podría avanzar con una labor mucho más específica de una Subsecretaría de Prevención, focalizando las labores en ese ámbito.

En otro sentido, respecto a la televigilancia, planteó que es mucho más efectivo generar proyectos de inversión de mayor tamaño, como, por ejemplo, la creación de centros comunitarios o la orientación de recursos a líneas más específicas, más que diseminarlos en iniciativas distintas.

En un tercer aspecto, se refirió al vínculo con el sistema de enjuiciamiento criminal y principalmente penitenciario, es decir, hay un acercamiento a la reinserción, pero está débilmente formulada la política en el proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Insulza, hizo mención a lo afirmado por los Honorables Senadores señores Kast y Moreira, quienes precisamente han enfatizado la relación entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía. Señaló haber conversado con algunos miembros de la Asociación de Fiscales quienes le indicaron que a estas alturas tienen un promedio de 1.800 casos por fiscal, lo cual, a su entender, explica la lentitud del sistema, lo que se vincula con la relación entre el proceso propiamente de prevención y persecución del delito, y el proceso de juicio, castigo y sanción.

La directora de la Unidad Especializada y Anticorrupción y directora de la Unidad Jurídica del Ministerio Público señora Marta Herrera, aclaró que, respecto a lo señalado por la Asociación de Fiscales, existen realidades distintas, puesto que, para hacerse cargo de la gestión de los casos, estos se han ido dividiendo por complejidad.

A su parecer, el tema es integral puesto que por un lado se encuentra la prevención, por otro la persecución y finalmente, la reinserción, y, sin perjuicio que el Ministerio Público solo participa del segundo de ellos, destacó la importancia de que, en la creación y las funciones de un Ministerio de Seguridad Pública, no se aparte lo que se vincula con la persecución penal. Manifestó el deseo de que efectivamente los esfuerzos se concentren en la prevención del delito, para así tener menos ingresos al sistema de justicia criminal, sin embargo, mientras se avanza en ese sentido, es relevante igualmente mejorar la persecución.

El Honorable Senador señor Moreira comentó que este es un proyecto de ley cuyo foco no es fortalecer a la Fiscalía, sino más bien crear un Ministerio de Seguridad Pública. Por tanto, arguyó que ese debe ser el énfasis más allá de las necesidades que pueda considerar el Ministerio Público y la cantidad de casos que tienen acumulados. De esta manera, sostuvo que es importante clarificar respecto de cuál es el objetivo que se busca, para evitar confusiones.

El jefe de los Asesores Legislativos del Ministerio del Interior señor Juan Ignacio Gómez, abordó la situación del SENDA y la definición que se tomó al respecto, en cuanto a que este debe permanecer en el Ministerio del Interior, lo que se explica por el núcleo de la labor que ese Servicio ha efectuado en estos años. En efecto, explicó que su función no está orientada a la prevención o a la persecución del delito, sino que es un trabajo con personas que están enfermas. Dado lo anterior, indicó que el proyecto es claro en que el SENDA permanece como un órgano autónomo pero dependiente o relacionado a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

En un segundo aspecto, se refirió a la reinserción social, donde destacó que las labores que realiza el Ministerio de Justicia, van a poder ser evaluadas por este nuevo Ministerio a través de su Subsecretaría.

Asimismo, respecto de las materias que aborda el Ministerio y que fueron objeto de la discusión que se sostuvo en la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, manifestó que tiene que estar orientado básicamente a materias de delito y policía, subsistiendo en el Ministerio del Interior, todo aquello relativo a la gestión de desastres, migraciones, entre otros aspectos, lo que se encuentra plasmado en este proyecto.

Finalmente, en cuando a lo consultado por el Honorable Senador señor Moreira, consideró que, sin perjuicio que la Comisión pueda discutir sobre la situación de las policías, el foco del debate a su juicio debiera estar en la creación del Ministerio y sus competencias, dado que ese es el marco o idea matriz del proyecto.

El académico de la Universidad de Chile señor Luis Cordero, mediante una presentación, expuso que el modelo institucional chileno es altamente fragmentado y sectorializado, en la cual la figura del Ministerio del Interior nace del Ministerio de Gobierno de 1818, pero esencialmente su estructura se mantuvo desde 1871 hasta la reforma del año 2011. Consideró relevante tal hecho, puesto que buena parte de nuestra regulación administrativa ha descansado históricamente en la homologación de orden público y seguridad en términos específicos.

Se refirió a que el proyecto del año 2006 de la Presidenta Bachelet [7] se hizo bajo consideraciones similares a las que actualmente han sido enviadas al Congreso. En la siguiente lámina expuso ciertos aspectos de los debates que se suscitaron en torno al contexto de ese proyecto de ley, los que entre otras cosas tenía que ver con las facultades que tenía la autoridad administrativa para fiscalizar a Carabineros, requerir información, consolidar datos, rendición de cuentas, etc. Por esta razón, explicó se produjo una disputa entre el Ejecutivo y Carabineros, en orden a que el primero sostenía que era relevante saber la localización y la manera en cómo se distribuían recursos policiales. Por su parte, Carabineros respondía directamente a través de la prensa que aquella era una atribución privativa de la institución.

Realzó la importancia de lo señalado, toda vez que al analizar los fundamentos centrales de este proyecto resultan no ser muy distintos a aquellos que fundaron el proyecto del año 2006, esto es, crear un Ministerio de Seguridad Pública separado del Ministerio del Interior.

Sin embargo, comentó que, durante la tramitación legislativa, la seguridad pública quedó igualmente en el Ministerio del Interior fundándose en distintos tipos de razones, por lo que, a su entender, era relativamente predecible que años después se volviese al mismo debate sobre separación de funciones. En efecto, arguyó que los énfasis centrales plasmados en el artículo 1º de la ley N° 20.502 están vinculados a seguridad pública como se puede ver a continuación:

Afirmó que en el proyecto del año 2006 existe una detenida explicación del por qué separar los temas de orden público y de gobierno interior de aquellos referidos a seguridad pública, constando un esfuerzo intelectual relevante en orden a justificar la creación de un Ministerio separado. Sin embargo, lo anterior no quedó plasmado en la ley, siendo uno de los argumentos sostenidos para ello, la falta de necesidad de crear ministerios adicionales.

Analizó los fundamentos del actual proyecto de acuerdo a la siguiente gráfica:

En particular, hizo hincapié en que el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública también estuvo presente en la tramitación legislativa del proyecto del año 2006. En cuanto al enfoque de derechos humanos en el actuar policial, señaló que la presente iniciativa se encuentra muy condicionada por los hechos ocurridos a partir de octubre de 2019, y por lo tanto desde un punto de vista de los planteamientos del Ejecutivo, se encuentra vinculado más bien a la reforma de la policía.

A mayor abundamiento, reiteró la idea de que las razones descritas en el Mensaje no son muy distintas a aquellas que el Ejecutivo planteó el año 2006. Por tanto, concluyó que el modelo de gestión propuesto vuelve a la eterna discusión que pretende separar orden público y gobierno interior, de la seguridad pública. Advirtió que el Mensaje no responde a cuáles serían las razones que justificarían en insistir sobre un modelo institucional que el Congreso ya aprobó sin pasar por un mecanismo de evaluación previo, ya que luego de hacer un análisis crítico podría pensarse que el Congreso se equivocó al no aprobar un Ministerio de Seguridad Pública como estaba planteado el año 2006.

Sostuvo que mientras era clara la relación entre orden público y gobierno interior, binomio que permitía dejar consolidados estos asuntos en el Ministerio del Interior, separando las competencias administrativas en materia de seguridad pública, hubo reformas significativas. Una de ellas dice relación con la reforma a Gobiernos Regionales, la cual tiene su manifestación en la elección directa del Gobernador, sumada a otras modificaciones importantes a la misma, lo que se suma a los efectos del diseño institucional que traiga aparejado el modelo de nueva Constitución.

De acuerdo a lo anterior, realzó la importancia del régimen de gobierno, en tanto define el rol de los Ministerios, lo que a su juicio no se encuentra claro en el proyecto toda vez que no responde razonablemente bien a la situación en la cual queda el Ministerio del Interior, específicamente en cuanto a la discriminación que se realiza en el proyecto en términos de que existe responsabilidad política. En consecuencia, el Ministro de Seguridad Pública asumiría una especie de gabinete de responsabilidad de ese orden, sin tener mucha claridad de cuál es el régimen de gobierno, por lo que el debate se trasladaría hacia cómo queda el Ministerio del Interior.

A continuación, la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público representada por su Presidente señor Francisco Bravo, se refirió a que a nivel internacional, las cifra con que se determina el nivel de criminalidad de un país es la cantidad de homicidios consumados cada cien mil habitantes, lo anterior debido a que este tipo de delito no sólo es el que genera mayor impacto social, sino que es el único delito en que no existe cifra negra de denuncias y por lo tanto puede ser una base de comparación certera.

Asimismo, citó el caso de países de Europa como Alemania, Dinamarca, Suiza y España, que rondan la cifra de un homicidio cada 100 mil habitantes. Por otra parte, en países como México, Honduras y El Salvador, la cantidad de homicidios es diez veces superior. En el caso de Chile, sostuvo que por décadas la cifra de homicidios se había mantenido bajo los 3 cada cien mil habitantes, no obstante, el año 2011 se superó esa barrera llegando a los 3,2 homicidios cada cien mil habitantes, luego de lo cual bajó levemente estabilizándose, hasta el año 2016 en que existió un incremento importante, pasando desde una tasa de 2,9 a 4,2 homicidios cada cien mil habitantes.

El año 2020 nuevamente hubo un importante incremento de los homicidios, pasando desde una tasa de 4,8 a 5,7 homicidios cada cien mil habitantes, lo que implica a su juicio, que en solo una década se duplicaron los homicidios en Chile.

De la lámina precedente comparó la tasa de homicidios del año 2010, hasta el 2020 en Chile, concluyendo que se ha duplicado. Señaló que, si esa tendencia se mantuviese, probablemente en 10 años llegaremos a una tasa similar a la de México.

Asimismo, se refirió que además de ese incremento sostenido de los homicidios consumados dentro del país, existe una estadística a destacar, que dice relación con los homicidios consumados ocurridos en prisión cada cien mil habitantes. Explicó que, en nuestro país, la tasa de homicidios cada cien mil habitantes es de más de 90 casos, la que consideró muy alta en comparación a todos los países que han remitido esta información a las Organización de Naciones Unidas.

Destacó como importante que, al compararnos con Brasil, nuestra tasa es casi el doble de la tasa de homicidios de los centros penitenciarios de ese país.

A raíz de lo anterior, se refirió a las condiciones de los encargados de investigar y efectuar la persecución penal. Recordó que al implementarse la Reforma Procesal Penal se estableció que cada fiscal iba a investigar aproximadamente entre 800 a 1.000 causas al año. Luego de una serie de reformas legales, entre ellas, la ley N°20.084 sobre responsabilidad penal adolescente que rebajó la edad de responsabilidad penal a los 14 años, se discutió en el Ministerio de Justicia cuál sería la cifra de fiscales necesarios para poder hacerse cargo de las investigaciones penales, y se concluyó que una cifra razonable estaría dentro de las 1.250 causas al año.

Arguyó que, dado el sostenido incremento de las denuncias y leyes que han incorporado nuevas materias al conocimiento penal, en promedio cada fiscal adjunto actualmente está a cargo de 1.860 causas anuales.

En definitiva, alegó que, si se hiciera el ejercicio con las estadísticas del año 2005, para llegar a la cifra de que cada fiscal tenga 1.250 causas promedio al año, se necesitan 271 fiscales más, haciendo presente también, que no hay más de 500 abogados asistentes dentro del Ministerio Público. En la misma línea, comparó la cantidad de causas asignadas a los fiscales a nivel latinoamericano, destacando que Chile es que el ostenta la cifra más elevada.

Mencionó que al analizar el concepto amplio de seguridad que consigna el artículo 1° del proyecto, se advierte que hay una concentración de la decisión política en el diseño y evaluación de los planes y programas en materia de seguridad, orden público, resguardos fronterizos y prevención. Pero también, alegó que se le atribuyen competencias en materia de persecución y control de los delitos, lo que calificó como una amenaza para la autonomía del Ministerio Público.

En otro orden de cosas, resaltó que cualquier aumento o disminución de la cantidad de delitos que se cometen, con relación a las políticas o planes que diseñe el nuevo Ministerio, inciden en las cargas de trabajo que deben asumir los fiscales. De esta manera, a su juicio, cualquier aumento de policías, de fiscales o de delitos, tiene que tener una mirada sistémica e integral para hacer una evaluación adecuada.

En el artículo 3° del proyecto postuló que se debería establecer claramente la dependencia orgánica de las Fuerzas de Orden y Seguridad al nuevo Ministerio de Seguridad Pública, distinguiéndola de la dependencia funcional que es exclusiva de los Fiscales del Ministerio Público en materias de investigación penal.

En el artículo 5, letra a), sugirió limitar expresamente el alcance de la colaboración que solicite el nuevo Ministerio de Seguridad Pública al Ministerio Público, teniendo siempre en consideración el carácter secreto de las investigaciones a cargo de sus fiscales.

En el artículo 5, letra c), propuso excluir la función de diseño y evaluación de la persecución contra la delincuencia organizada, debido a que se trata de una función exclusiva del Ministerio Público, lo que no obsta en su opinión a la necesaria coordinación interinstitucional, pues los Fiscales del Ministerio Público son los investigadores expertos de quienes dependen funcionalmente las policías, por lo que la vinculación con las Fuerzas de Orden y Seguridad debiera realizarse en materia de investigación, a través de los Fiscales del Ministerio Público.

En el artículo 5° letra h) relativo al diseño y evaluación de las políticas y planes de mejoras de las condiciones para la persecución penal, afirmó que la Fiscalía debe tener un rol preponderante, con los necesarios recursos tanto humanos como logísticos para la adecuada persecución penal.

En cuanto a la capacitación referida al artículo 2° del proyecto, la estimó como una necesidad imperiosa y postuló la creación de una escuela de fiscales del Ministerio Público, instando a que se les incorporarse en la capacitación que establece el artículo 7º letra h) del proyecto.

En referencia al artículo 7º, argumentó que se debiera explicitar la creación de unidades especializadas al interior de las policías que cumplan exclusivamente funciones de investigación, las cuales deben ser dirigidas por los fiscales del Ministerio Público, quienes participen además tanto en las fijaciones de sus metas y objetivos, como de la evaluación del cumplimiento de éstas, a fin de poder mejorar la calidad de la justicia que se brinda a los ciudadanos.

Continuó analizando el artículo 11 que crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública, sugiriendo se incorpore tanto al Fiscal Nacional como jefe superior del servicio, como al Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Asimismo, para el fortalecimiento de las políticas públicas a través de la elaboración de propuestas técnicas, consideró pertinente contar con la opinión experta de los representantes de los fiscales del Ministerio Público, quienes tienen la experiencia y conocimiento operativo para aportar en la elaboración de planes y programas eficientes y oportunos.

El Honorable Senador señor Moreira preguntó al profesor Cordero sobre cuáles serían sus principales aprensiones en cuanto al rol del Ministerio del Interior luego de la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, y específicamente si habría dualidad de funciones o falta de atribuciones del primero.

El Honorable Senador señor Pugh, resaltó la importancia de lo expuesto por la Asociación Nacional de Fiscales en cuanto a la formación de quienes dirigen la investigación. Por otra parte, afirmó que esta ley debe ser integral y sistémica, lo que se debe plasmar en este nuevo Ministerio para que sea interagencial e interoperable. Enfatizó en que se debe aclarar muy bien lo relacionado con los gobernadores regionales, y en ese sentido, preguntó al profesor Cordero respecto a cómo debiese aproximarse el Gobierno Regional a esta nueva institucionalidad, y cuáles serían los pros y contras.

En referencia a lo expuesto por la Asociación Nacional de Fiscales, consultó si cuentan con algún estudio comparado de otros sistemas, como puede ser el caso español, en cuanto a la formación de los fiscales, y su vez, cuántos años estiman como adecuados para que esta formación se prolongue.

El Honorable Senador señor Insulza, hizo una reflexión en cuanto a las cifras entregadas por la Asociación Nacional de Fiscales, las que a su juicio demuestran una situación clara que justifica que haya un Ministerio de Seguridad Pública y un mayor control sobre los temas de seguridad. Manifestó que hoy en día estamos en una situación que amenaza salirse de control, especialmente por la ocupación de territorios por parte del crimen organizado que se relaciona con drogas, armas e incluso el comercio ilícito.

Puso de relieve respecto de cuál es la diferencia entre este proyecto o lo que se quiere de él y lo que se pretendía en el anterior. En su opinión, lo que se busca en esta oportunidad es que haya un control civil sobre las policías y como quedó de manifiesto en los recortes de prensa expuestos por el profesor Cordero, claramente el Ministerio de Seguridad Pública debe saber cómo se distribuyen las policías tomando control sobre esos temas, y haciendo responsable a la autoridad de gobierno.

Desde otro ángulo, precisó que se debe introducir en la ley un vínculo, que respetando la autonomía de la Fiscalía Nacional y del sistema en general, coordine adecuadamente la acción de las fiscalías con las policías en una verdadera política integral de seguridad pública.

El Honorable Senador señor Quintana, consultó respecto a cómo la creación de esta nueva gobernanza en seguridad pública puede impactar al Ministerio Público, por cuanto este último encabeza la persecución criminal.

Desde otro ángulo, valoró la información aportada por la Asociación Nacional de Fiscales respecto a la necesidad de aumentar la dotación de estos y su formación. Al mismo tiempo, consultó la opinión de los exponentes respecto a la dependencia orgánica del nuevo Ministerio versus la dependencia funcional que el Ministerio Público ejercería sobre las policías. Lo anterior, señaló, se vincula con lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional, donde existe la corriente de ir entregando mayores atribuciones a los gobernadores regionales, lo que también puede repercutir en la creación de las Secretarías Regionales Ministeriales de este nuevo Ministerio.

El profesor Luis Cordero, advirtió la importancia de que este proyecto no invisibilice los efectos que produce sobre el Ministerio del Interior. Ahondó en que el Mensaje descansa sobre algunos supuestos que jurídicamente son errados, siendo uno de ellos el que apunta a que el Ministro del Interior es el jefe de gabinete. En tal sentido, invitó a diferenciar lo que es la práctica institucional en el modelo presidencial chileno, de las figuras jurídicas que en propiedad corresponden y apuntó a que el Mensaje atribuye demasiada relevancia política al Ministerio del Interior, recordando al respecto que el orden de prelación en Chile es consecuencia del DFL N°7.912 del año 1927.

Hizo presente también que tanto el proyecto del año 2006 como el actual, en el tiempo se hicieron cargo de la distinción entre orden público y gobierno interior versus seguridad, pues a su entender no sólo está en juego el tema de seguridad pública, sino que también la mantención de los bienes del Estado, entre otros aspectos. Por tal motivo, enfatizó que en la actualidad hay una gran cantidad de prácticas y aplicaciones instrumentales que se realizan al amparo de la legislación vigente y que se vuelven muchísimo más complejas a nivel territorial por la manera en que tenemos diseñada la estructura.

Dicho lo anterior, manifestó estar de acuerdo con lo planteado por el Honorable Senador señor Pugh, en cuanto a que el proceso de descentralización chileno ha sido históricamente imperfecto. En efecto, agregó que uno de los grandes problemas que tenemos es la distribución de los temas de seguridad pública, que viene desde la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y también de la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno Regional.

Señaló que tanto el proyecto actual como el del año 2006, el Congreso recibió como propuesta la creación de las Seremías, y en ambos casos, las reglas que están vinculadas a la gestión territorial están basadas en una cierta coordinación a propósito de las competencias del delegado presidencial. Precisó que en un modelo institucional donde se concentra el orden público con la seguridad, la figura del ex intendente con el delegado, tienen una cierta economía de ámbito que la hace más plausible, y por el contrario, arguyó, que en un modelo que lo separa, no hay un problema de coordinación. Destacó que de acuerdo a la práctica institucional y a lo develado por la jurisprudencia administrativa y judicial, los conflictos de coordinación a nivel territorial no se resuelven simplemente con convenios de colaboración como este proyecto plantea.

Respecto a lo argüido por el Honorable Senador señor Insulza, remarcó que el proyecto de ley del año 2006 al mirarse con detención tenía exactamente el mismo propósito que hoy en día se pretende, y es que existiera control civil por parte de las policías. No obstante, tal pretensión normativa en el camino se diluyó, por lo que en definitiva quedó una regla que provoca una situación relativamente absurda, y es que las policías tienen ciertas autonomías operativas careciendo el Ministerio del Interior de competencias directas sobre ellas, específicamente en términos de supervigilancia.

En cuanto a la dependencia orgánica y funcional, detalló que es un tema que se viene replicando en el debate normativo y que partió con la reforma constitucional que crea el Ministerio Público, después por la discusión del Código Procesal Penal y finalmente con la dictación de la Ley N° 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Recordó que el origen de esa doble dependencia es producto de que la Reforma Procesal Penal buscaba tener una policía para la investigación, decidiéndose conjuntamente entre el Congreso y el Ejecutivo, que había que utilizar las capacidades instaladas que existían en la Administración, esto es, Carabineros y la Policía de Investigaciones. En definitiva, subrayó que la causa del problema actual es consecuencia de cierta estructura institucional que viene desde el diseño del modelo de la reforma, en adelante.

El Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, señaló que el gran indicador de gestión de las policías es la detención. Manifestó que para el Ministerio Público la persecución penal empieza cuando el policía termina, por lo que puntualizó que se debe tratar de llegar hacia un acercamiento que elimine la brecha de determinados indicadores de gestión, en los cuales la policía entienda que su trabajo no termina con la detención, sino que con un juicio.

Detalló que ha bajado enormemente la tasa de esclarecimiento de los homicidios, lo que a su entender se explica por el narcotráfico y el control territorial. Indicó que en las regiones de Arica, Iquique y Antofagasta la mayor parte de la población penal proviene de delitos asociados a las drogas.

Finalmente, recalcó la necesidad de que el Estado se haga cargo de la formación de los fiscales para que luego pueda exigir resultados.

La Directora de la Unidad Especializada y Anticorrupción y Directora de la Unidad Jurídica del Ministerio Público señora Marta Herrera, se refirió a que todas las materias que en definitiva se definan como competencia del Ministerio de Seguridad Pública, deben considerar de forma esencial y armónica los temas de persecución penal que al día de hoy le corresponden al Ministerio Público como órgano autónomo del Estado. Distinguió los distintos aspectos del fenómeno criminal, como son la prevención, la persecución penal y la reinserción, los que, si bien se encuentran a cargo de organismos diferentes, destacó como una buena oportunidad el poder tratar conjuntamente el fenómeno criminal.

Consideró que el problema estructural es algo que no debiera dejarse de lado en esta discusión, especialmente en cuanto a la dependencia orgánica y la dependencia funcional que las policías tienen respecto de las fiscalías y que, a su modo de ver, es bastante más normativa que real. Junto con ello, calificó como un problema constante el hecho que las policías no acaten las instrucciones del Ministerio Público, puesto que no dependen de este, e hizo alusión a que recién en el año 2015 se incorporó una norma que establece la posibilidad de que las policías puedan responder administrativamente por falta de cumplimiento de las instrucciones de los fiscales, sin embargo, lamentó que nunca se ha operativizado y sigue sin aplicación.

El Subsecretario del Interior señor Galli precisó que el objetivo del Estado debe ser la prevención de los delitos, es decir, que la gente no se vea afectada en su integridad física, su vida, su propiedad, su honra o su indemnidad sexual producto de la acción de otras personas. Llamó a no confundir las cosas, puesto que pareciera que el único objetivo del sistema de seguridad es hacer más efectivo el trabajo del Ministerio Público, cuando en definitiva es una herramienta más con la que cuenta el Estado respecto de la comisión de delitos.

Aclaró que en ninguna parte el proyecto de ley pretende sustituir la función ni darle directrices de persecución penal al Ministerio Público, a pesar de que el Ministerio del Interior tiene rol de persecución penal por ley, toda vez que puede ser querellante en causas de orden público en determinados delitos e incluso tiene la atribución exclusiva de iniciar las causas por Ley de Seguridad del Estado.

En seguida insistió en que, si el objetivo es la seguridad pública y no solo la persecución penal, no le parece razonable que las policías pasen a depender de la institución que solamente está a cargo de una fase del sistema de seguridad.

C.-Votación en general y fundamento de voto

El Honorable Senador señor Pugh calificó el proyecto de ley como el inicio de la modernización del Estado, el que, si bien debe afinarse en ciertos aspectos particulares, constituye el reflejo de un esfuerzo transversal desde el inicio de este gobierno.

Por su parte, el Honorable Senador señor Moreira, al fundamentar su voto, expresó que este proyecto de ley constituye un avance para dar solución a una cuestión de Estado, y por lo anterior, el nuevo Ministerio debe implementarse de la mejor manera.

A su turno, el Honorable Senador señor Quintana, afirmó que la discusión sobre cuál es la mejor gobernanza para sostener una institucionalidad que enfrente los temas de seguridad, es de larga data. Tildó como interesante y ambiciosa la mirada que el proyecto de ley da a la seguridad, la que desde su punto de vista apunta a una seguridad humana, más que a una tradicional seguridad ciudadana. No obstante, concordó con que significa un avance en la materia puesto que contempla mayor especialización, lo que según consideró, también será el mayor desafío en su implementación. Por tales argumentos, votó a favor.

Finalmente, el Honorable Senador señor Insulza, celebró poder votar el proyecto a favor, y afirmó que siempre fue partidario de la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. Fundamentó su voto señalando que la seguridad pública es una política social tan importante como la salud, la educación o la vivienda, especialmente en lo que se relaciona con la prevención de los delitos.

- Puesto en votación en general, el proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Pizarro, Pugh y Quintana.

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TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, la Comisión de Seguridad Pública propone a la Sala la aprobación, en general, del siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo Primero.- Apruébase la siguiente ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública:

Título I

Del Ministerio de Seguridad Pública y de los Consejos de Seguridad Pública

Párrafo I

Del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 1°. Créase el Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública, la cual permite a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas, alcanzar la condición que se encuentren lo suficientemente resguardados de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e internas, antrópicas y naturales.

El Ministerio de Seguridad Pública concentrará la decisión política, encargándose a su vez del diseño y la evaluación de las políticas, planes y programas en lo relativo a la seguridad pública, el orden público y el resguardo fronterizo, incluyendo la prevención, persecución y control de los delitos, que le corresponda conforme a las leyes, debiendo además ejercer la coordinación interministerial en todas las materias de su competencia.

Asimismo, para el logro de los objetivos en materia de orden público y seguridad pública interior, coordinará, evaluará y se pronunciará sobre su seguimiento e implementación de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia de prevención y control de la delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y su reinserción social, en la forma que establezca la ley y dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El Ministerio, actuando como órgano rector en materia de seguridad pública, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en esta materia tanto a nivel nacional, regional y comunal, considerando las características específicas de las amenazas y peligros para la seguridad en sus diversas dimensiones.

Artículo 2°. El Ministerio de Seguridad Pública deberá diseñar, administrar, coordinar y supervisar un Sistema de Seguridad Pública, consistente en un modelo de gestión constituido por diversas políticas públicas que desarrolla cuyo fin común sea proveer seguridad pública a la población, y apoyar a las víctimas del delito en el ámbito de sus competencias. Dentro de dicho Sistema, podrá crear Subsistemas a cargo de cada Subsecretaría, conforme a los fines propios de sus competencias.

Además, el Ministerio de Seguridad Pública actualizará constantemente sus objetivos de política pública y capacitará a su personal sobre la base de la evidencia nacional y comparada disponible, para tener la capacidad de hacer frente a las nuevas amenazas y riesgos de seguridad multidimensional.

Artículo 3°. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República, este ministerio será el encargado de la seguridad pública.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán jerárquicamente de esta cartera de Estado y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas.

Párrafo II

Funciones del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 4°. El Ministro de Seguridad Pública deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública interior y orden público, para cuyos efectos coordinará, evaluará y se pronunciará sobre su seguimiento e implementación de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia de prevención, de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, rehabilitación y reinserción social.

Artículo 5°. Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública las siguientes funciones:

a. Diseñar y evaluar las políticas y planes multidimensionales sobre seguridad pública, establecidas en el marco de un Sistema de Seguridad Pública, al que se refiere el artículo 2°.

Para ejercer la función antes descrita, el Ministerio deberá recibir apoyo y colaboración de todos los órganos de la Administración del Estado que sean requeridos al efecto, y en todo caso, actuará coordinadamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores en aquellas materias de su competencia.

b. Diseñar y evaluar las políticas y planes sobre mantención y control del orden público a nivel nacional, regional y comunal, que permitan la convivencia de todos los sectores de la nación en el espacio público, de manera pacífica y sin armas.

Para lo anterior, deberá prevenir la alteración del orden público y generar las condiciones para su restablecimiento ágil, especialmente cuando ésta sea grave y continua, generando una carga desproporcionada en el normal desenvolvimiento de las actividades de las personas naturales, grupos intermedios o servicios públicos.

El Ministerio velará que las medidas para el restablecimiento ágil del orden público se ejecuten con pleno respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República.

c. Diseñar y evaluar las políticas de prevención, control y la persecución contra la delincuencia organizada, debiendo tener en especial consideración las amenazas que provengan de estas organizaciones y que impliquen conductas terroristas, ataques a la infraestructura crítica y amenazas híbridas o no tradicionales, debiendo vincularse para ello con la Agencia Nacional de Inteligencia y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

d. Diseñar y evaluar las políticas de resguardo fronterizo para evitar la comisión de delitos en o a través de las fronteras de nuestro país, que involucren a personas, capitales y, de modo general, a toda clase de bienes. Para ello se coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.

e. Diseñar y evaluar las políticas de ciberseguridad, particularmente en lo relativo a la prevención, detección, neutralización de amenazas en el ciberespacio que pretendan dañar sistemas informáticos o acceder ilegítimamente a ellos. Para ello se coordinará, en lo pertinente, con los ministerios de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

f. Diseñar y evaluar políticas relativas al rol que cumplen las personas que proveen servicios de seguridad privada, en su rol de coadyuvante de la seguridad pública del país. Deberá, particularmente, diseñar políticas orientadas hacia el resguardo de las actividades que constituyan mayores riesgos a la sociedad, dada la naturaleza de las mismas.

g. Diseñar y evaluar las políticas y planes relativos a la prevención del delito, promoviendo las medidas tendientes a generar una reducción de los factores de riesgo, tanto en lo social como en lo situacional.

h. Diseñar y evaluar las políticas y planes de mejora en las condiciones para la persecución penal, en coordinación con el Ministerio Público.

i. Coordinar y evaluar la ejecución de planes y programas de reinserción social de los infractores de ley, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el logro de los objetivos en materia de orden público y seguridad pública interior.

j. Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes le encomienden y que sean concernientes a la buena marcha y desarrollo de la seguridad pública.

Artículo 6°. Para el cumplimiento de las funciones, corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública las siguientes atribuciones:

a. Efectuar análisis estratégicos para la elaboración, actualización, proposición y evaluación de políticas, planes y programas para garantizar la seguridad pública y controlar los riesgos o consecuencias de su afectación y prestar colaboración a los organismos correspondientes en las labores de persecución, en el marco de sus funciones y atribuciones.

b. Supervigilar y controlar la acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en la mantención del orden público, pudiendo instruir medidas tendientes a restablecerlo.

c. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución de planes y programas tendientes a reinsertar a los infractores de ley y condenados por infracciones al orden público, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el logro de los objetivos en materia de orden público y seguridad pública interior.

d. Coordinar directamente o mediante las secretarías regionales ministeriales, según corresponda, con los delegados presidenciales regionales y provinciales, para la mantención de la seguridad pública en el territorio nacional.

e. Proponer al Presidente de la República, cada cuatro años, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

f. Desarrollar y administrar sistemas de procesamiento y análisis de datos, documentos y otros antecedentes, con el fin de evaluar el estado y la formulación de políticas sobre seguridad pública, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

g. Generar, recopilar, administrar, y transferir datos e información para el diseño y evaluación de políticas, planes y programas relacionados con la seguridad pública. El tratamiento de los datos personales se realizará en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

h. Elaborar planes y programas para el resguardo de la sociedad contra objetos ultraterrestres, ya sean de carácter natural o artificial. Para ejercer esta atribución, estará en permanente coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional.

i. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública y las demás materias que sean de su competencia.

j. Definir las medidas de control de la ocurrencia de faltas, simples delitos o crímenes, en el ámbito de sus competencias, además de aquellas que permitan una adecuada respuesta policial a las infracciones a la ley penal, pudiendo solicitar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, en general, a cualquier otro organismo público, informes sobre planes, medidas, distribución del personal o cualquier otro antecedente que el Ministerio considere pertinente y necesario para el cumplimiento a esta función. El Ministerio velará que toda respuesta policial a las infracciones a la ley penal se realice con pleno respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República.

k. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de las materias propias del ministerio.

l. Coordinar la ejecución de las acciones y programas que los demás ministerios y los servicios públicos desarrollen en relación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

m. Autorizar, regular, supervisar, controlar y ejercer las demás atribuciones en materia de seguridad privada, en la forma que la ley señale, debiendo establecer parámetros generales para el desarrollo de dicha función.

n. Disponer medidas de prevención y protección frente a daños a la infraestructura crítica e impartir instrucciones a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública a su respecto. Para estos efectos, se entenderá por infraestructura crítica aquella cuya puesta en riesgo de su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios de utilidad pública para la población o para el eficaz funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado. Se entienden comprendidos en dicho concepto, y sin que la enunciación siguiente sea taxativa, la infraestructura energética, redes y sistemas de telecomunicaciones, infraestructura de servicios sanitarios, infraestructura en materia de salud, centros de abastecimiento, puertos, aeródromos y aeropuertos e infraestructura de transporte, debiendo determinarse los órganos y servicios que deberán quedar comprendidos mediante resolución del Ministerio de Seguridad Pública. La protección incluye los bienes inmuebles, equipos y sistemas que sean necesarios para el funcionamiento de la infraestructura crítica. Para estos efectos deberá tener en especial consideración las competencias de la letra m) anterior.

o. Desarrollar las estrategias de resguardo fronterizo, para evitar la comisión de infracciones, que involucren personas o bienes, tanto en los que participe el crimen organizado como aquellos que se produzcan de manera aislada o espontánea. En este sentido, deberá ejercer una labor de dirección sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública con el objeto de promover planes preventivos, de contención ágil y protección en general. En esta materia deberá coordinarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.

p. Formular planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con los espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, y en particular, mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

q. Las demás atribuciones que la ley le encomiende.

Artículo 7°. Para el cumplimiento de sus funciones respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública:

a. Asesorar al Presidente de la República en la conformación del Alto Mando de las instituciones policiales, así como en los ascensos y retiros.

b. Supervigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad pública que defina la cartera.

c. Supervigilar y controlar el desarrollo estratégico y la gestión operativa y administrativa de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para lo que requerirá periódicamente información al Alto Mando, según corresponda, quien deberá proporcionarla en el plazo que le fije el Ministerio.

d. Ejercer el control presupuestario, financiero y de mérito respecto de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Para ello, el Ministerio recibirá trimestralmente la información estadística actualizada relativa al avance de la gestión financiera de estas instituciones, la que deberá estar permanentemente a disposición del Ministerio, sin perjuicio de poder requerirla en cualquier momento.

e. Requerir a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública los informes, antecedentes y estadísticas necesarios para realizar la evaluación de las medidas y programas adoptados por estas instituciones para una eficaz, racional y eficiente mantención del orden público y la seguridad pública en el territorio nacional.

f. Supervigilar el cumplimiento de las normas sobre transparencia, publicidad de la información y rendición de cuentas a la ciudadanía por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, según corresponda.

g. Supervigilar y controlar las modificaciones de la organización interna de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, teniendo en especial consideración los desafíos de seguridad multidimensional, el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y con enfoque de género, en conformidad a los planes estratégicos de desarrollo policial.

h. Diseñar estrategias de perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y de capacidad física en coordinación con el Alto Mando de las instituciones de Orden y Seguridad Pública. Para el ejercicio de esta atribución, deberá aprobar los programas y planes de estudio, los perfiles de ingreso y egreso, además del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas.

i. Fijar y aplicar, mediante resolución, modelos, sistemas y estrategias de evaluación de la gestión de las funciones, planes y programas de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, que contemplen la evaluación del cumplimiento de parámetros, tales como un programa de distribución del personal que satisfaga criterios básicos de descentralización y satisfacción de necesidades locales; transparencia activa y pasiva, y eficiencia en el uso de los recursos.

j. Las demás atribuciones que la ley le encomiende.

Para efectos de lo señalado en el literal e), el Ministerio deberá coordinarse y colaborar con las instituciones que se vinculen con el desarrollo de los servicios policiales, las que deberán entregar al Ministerio de Seguridad Pública toda la información que les sea requerida y que sea necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en dicho literal.

Artículo 8°. El Ministerio de Seguridad Pública informará semestralmente a las comisiones encargadas de la seguridad pública del Senado y de la Cámara de Diputados, acerca de los avances en la implementación y los resultados parciales de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública y orden público, y de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia resguardo fronterizo, prevención, rehabilitación y reinserción social, dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 9°. El Ministro de Seguridad Pública, el Subsecretario de Seguridad Pública, los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales, según corresponda, podrán deducir querella en las siguientes situaciones:

a. Cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie.

En caso alguno podrán considerarse comprendidos en este literal las faltas, los cuasidelitos, los delitos de acción privada, ni los incluidos en los Párrafos 2 y 5 del Título III; Párrafos 5, 7 y 8 del Título IV; Párrafos 2 bis, 3, 5 y 7 del Título VI; todos los del Título VII, salvo los de los Párrafos 5 y 6; los de los Párrafos 2, 4, 6 y 7 del Título VIII; los de los Párrafos 7 y 8 del Título IX, y los del Título X, todos del Libro segundo del Código Penal.

b. Cuando se trate de los delitos contemplados en las leyes N° 19.327, sobre prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y en el decreto Nº400 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº17.798, sobre control de armas.

Artículo 10. En el desarrollo de las tareas que les encomienda la ley en materias propias del Ministerio de Seguridad Pública, los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales se relacionarán directamente con dicha cartera de Estado en la forma que establezca la ley y las instrucciones del propio ministerio.

Párrafo III

De los Consejos de Seguridad Pública

Artículo 11. Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el Ministro de Seguridad Pública e integrado por el Ministro del Interior; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Defensa Nacional; el Ministro de Hacienda; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos; el Ministro de Economía, Fomento y Turismo; el General Director de Carabineros de Chile; el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el Director Nacional de Gendarmería, y los presidentes de las asociaciones de municipalidades que se defina pertinente invitar.

El Subsecretario de Seguridad Pública actuará como Secretario del Consejo.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministro de Seguridad Pública en la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Igualmente, el Consejo tendrá como objetivo procurar la coordinación de sus integrantes y el fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del ministerio, a través de propuestas técnicas y de su acción mancomunada. Para estos efectos, podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos.

Artículo 12. El Consejo sesionará, al menos, una vez por semestre. Asimismo, al menos una vez al año, deberá oír a los representantes de la sociedad civil en la forma que determine el Consejo.

Artículo 13. En el primer trimestre de cada año, la Dirección de Presupuestos deberá enviar un informe al Consejo con el detalle de la ejecución presupuestaria de cada órgano del Estado que realice gastos en materias de seguridad pública, del presupuesto del año anterior.

Una resolución expedida por el Ministerio de Seguridad Pública suscrita, además, por el Director de Presupuestos, determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir esta información.

Artículo 14. El Consejo contará con comisiones técnicas, definidas por el secretario de esta instancia.

Los miembros del Consejo que integrarán estas comisiones técnicas serán definidos por éste anualmente y sesionarán en la forma y con la periodicidad que éste determine.

Artículo 15. En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el delegado presidencial regional e integrado por el gobernador regional, los delegados presidenciales provinciales, los alcaldes de los municipios de la región, el Secretario Regional Ministerial de Seguridad Pública, el Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, el Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, el Jefe de Zona de Carabineros de Chile, el Jefe de Región Policial de la Policía de Investigaciones de Chile, el Director Regional de Gendarmería de Chile y un representante que designe el ministro respectivo de los ministerios de Hacienda y Defensa Nacional.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al delegado presidencial regional en la implementación y coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a nivel regional, provincial y comunal, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública. Para estos efectos, el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre y contará con una secretaría ejecutiva a cargo del Secretario Regional Ministerial de Seguridad Pública. El Secretario Ejecutivo levantará acta de las sesiones del Consejo.

Párrafo IV

Organización interna del Ministerio

Artículo 16. El Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, se desconcentrará mediante secretarías regionales ministeriales de Seguridad Pública, las que dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Artículo 17. El Ministro de Seguridad Pública será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República y será responsable de la conducción del Ministerio en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél le imparta. La conducción política del Ministerio estará a cargo del Ministro conforme dichas instrucciones.

Será subrogado por el Subsecretario de Seguridad Pública, y a falta de éste, por el Subsecretario de Prevención del Delito, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República de nombrar como subrogante a otro Secretario de Estado.

Cada subsecretario será el jefe superior del Servicio en su respectiva subsecretaría y le corresponderá desempeñar las demás funciones establecidas en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la demás normativa aplicable. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública la administración y servicio interno del Ministerio.

Asimismo, los subsecretarios deberán efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro del cumplimiento de sus funciones.

Artículo 18. Un reglamento expedido a través del Ministerio determinará su estructura y de las subsecretarías, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En dicha estructura se deberán considerar las unidades funcionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del Ministerio, tales como el combate al crimen organizado, la gestión y modernización de las policías, la coordinación y gestión territorial, la seguridad pública y los análisis y estudios en materias de su competencia.

Título II

De la Subsecretaría de Seguridad Pública

Artículo 19. La Subsecretaría de Seguridad Pública es el órgano de colaboración inmediata del Ministro en materia de seguridad pública, prevención del terrorismo, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones que el Ministro le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquél le encargue.

En virtud de la relación de dependencia que tienen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, respecto del Ministerio, esta Subsecretaría ejercerá también todas las atribuciones de la cartera ministerial relativas a estas instituciones, previa delegación del Ministro.

Artículo 20. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública:

a. Colaborar en la coordinación de las acciones de los Ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con la seguridad pública, respecto de dicha materia.

b. Efectuar análisis con carácter multidimensional, en coordinación con los demás órganos de la Administración del Estado, sobre los desafíos y riesgos en materia de seguridad pública. Para estos efectos se podrán adoptar coordinadamente, las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este literal.

c. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas dentro del ámbito de sus competencias.

d. Asesorar al Ministro de Seguridad Pública en lo relativo a la formulación de planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con los espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, y en particular, mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

e. Diseñar y evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios en materias de resguardo fronterizo. Lo anterior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, dentro del ámbito de sus competencias.

f. Vincularse con la Agencia Nacional de Inteligencia, pudiendo requerir información a dicha institución, en el ámbito de sus competencias.

g. Supervigilar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, especialmente en lo estratégico, operativo, administrativo, financiero y disciplinario; velando por un enfoque de derechos humanos y género en el desarrollo de la función policial, para un adecuado cumplimiento de las funciones que les caben en materia de prevención de peligros de las personas, control y fiscalización del cumplimiento del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de órdenes judiciales y aquellas asociadas a la investigación de delitos.

h. Asesorar al Ministro de Seguridad Pública en todas las materias relativas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

i. Elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias. En las comisiones de servicio al extranjero, se deberá observar lo previsto en el artículo 77 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo y el artículo 14 N° 13 de la ley N° 21.080.

j. Supervigilar el cumplimiento de los planes de formación educacional que se dicten en las Fuerzas de Orden y Seguridad. Para este efecto, deberá promover una cultura de aseguramiento de la calidad y la permanente actualización de los planes y programas de estudio y de los medios de acceso al conocimiento.

k. Controlar la ejecución presupuestaria, las inversiones y, en general, todos los aspectos financieros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública remitirán informe detallado periódica y directamente a la Subsecretaría.

l. Estudiar el financiamiento de los proyectos de adquisición e inversión para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

m. Supervigilar las políticas de personal de estas instituciones.

n. Ejercer las competencias del Ministerio respecto de la seguridad privada, generando un sistema de evaluación constante sobre los obligados a contar con seguridad privada, tanto de vigilantes como guardias privados, y las personas naturales o jurídicas que capaciten a dichos vigilantes o guardias. Deberá coordinarse para estos efectos con Carabineros de Chile, la Dirección General de Territorio Marítimo y Mercante y la Dirección General de Aeronáutica Civil para ejercer una fiscalización permanente sobre los servicios de seguridad privada.

o. Las demás atribuciones que la ley le encomiende.

Título III

Subsecretaría de Prevención del Delito

Artículo 21. La Subsecretaría de Prevención del Delito es el órgano de colaboración inmediata del Ministro de Seguridad Pública en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir los delitos, rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley, sin perjuicio de las atribuciones propias de otros ministerios y servicios públicos, así como del ejercicio de las funciones que el Ministro de Seguridad Pública le delegue y del cumplimiento de las tareas que éste le encargue.

Artículo 22. Corresponderá la Subsecretaría de Prevención del Delito:

a. Evaluar las políticas públicas de prevención del delito y apoyo a víctimas diseñadas o formuladas por el Ministerio o por otros servicios públicos según las directrices metodológicas que ésta imparta. Adicionalmente, deberá producir, sistematizar y disponibilizar información y datos para el diseño y evaluación de estas políticas públicas, aplicando métodos científicos.

b. Diseñar políticas públicas con objetivos vinculados a la prevención del delito y particularmente para evitar conductas violentas, a través de la reducción de factores de riesgo sociales o situacionales, con énfasis en la articulación y coordinación de instituciones en planificación territorial, sea ésta a nivel macrozonal, regional, provincial, comunal, barrial u otro nivel territorial.

c. En materia de planificación territorial, deberá proveer orientaciones técnicas para la identificación de prioridades y la formulación de la planificación, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia. Esta competencia la ejecutará por medio de los secretarios regionales ministeriales.

d. Emitir recomendaciones a todo órgano del Estado acerca de aspectos propios de su competencia, que digan relación con la prevención del delito.

e. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades para implementar políticas públicas de prevención del delito, o de apoyo a víctimas en el ámbito de sus competencias, o facilitar su coordinación intersectorial.

f. Las demás atribuciones que la ley le encomiende.

Título IV

Estructura regional del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 23. El Ministerio de Seguridad Pública se desconcentrará territorialmente en cada región del país mediante Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública, las que estarán a cargo de un secretario regional ministerial, quien será el representante del Ministerio en la región.

Corresponderá a los secretarios regionales ministeriales las siguientes atribuciones:

1. Colaborar con el delegado presidencial regional y con los delegados presidenciales provinciales en la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región, además de todas las materias propias del Ministerio.

2. Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas que dependan de la Subsecretaría de Prevención del Delito en los niveles territoriales que esta última establezca.

Las atribuciones del secretario regional ministerial no se extenderán a asuntos de carácter operativo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Título V

Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Artículo 24. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es el instrumento que fijará los objetivos estratégicos perseguidos por el Estado en materia de seguridad pública, los medios para alcanzarlos y actualizará los análisis sobre los riesgos y amenazas que puedan afectar al país.

Esta Estrategia Nacional deberá ser aprobada por el Presidente de la República mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Seguridad Pública, en el primer año de su período presidencial.

Artículo 25. Anualmente, en el mes de septiembre, el Ministro de Seguridad Pública en sesión especial, secreta y conjunta de las comisiones encargadas de la seguridad pública del Senado y de la Cámara de Diputados deberá dar cuenta de los desafíos en las materias de la cartera que dirige y escuchará el parecer de los miembros de ambas comisiones.

Título VI

Del personal

Artículo 26. El personal del Ministerio de Seguridad Pública estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, al régimen de remuneraciones del decreto ley N°249, de 1974, y su legislación complementaria.”.

Artículo Segundo. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales:

1. Deróganse los Títulos I, II, III y IV.

2. Suprímese, en el artículo 18, la frase “y Seguridad Pública”.

Artículo Tercero. Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, del Ministerio del Interior, que organiza las Secretarías del Estado, de la siguiente manera:

1. Incorpóranse las siguientes modificaciones al inciso primero del artículo 1°:

a) Elimínase, en el numeral 1°, la frase “y Seguridad Pública”.

b) Intercálase un numeral 5°, nuevo, pasando el actual 5° a ser 6° y así sucesivamente hasta llegar al 25°: “5° Seguridad Pública;”.

2. Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 3º:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “y Seguridad Pública”;

b) Suprímese, en el párrafo primero del literal a), la frase “y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos”.

Artículo Cuarto. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica:

1. En el artículo 6:

a. Suprímese en el literal a), la frase “y Seguridad Pública”.

b. Intercálase un literal d), nuevo, ajustándose correlativamente los demás, del siguiente tenor: “d) El Ministro de Seguridad Pública.”.

2. Suprímense en el artículo 11, las dos veces que aparece, la frase “y Seguridad Pública”.

3. Suprímese en el literal a) del inciso primero del artículo 13, la frase “y Seguridad Pública”.

4. Suprímese en el inciso primero del artículo 19, la frase “y Seguridad Pública”.

5. Suprímese en el literal j) del inciso primero del artículo 20, la frase “y Seguridad Pública”.

6. Suprímese en el inciso tercero del artículo 24, la frase “y Seguridad Pública”.

Artículo Quinto.- Incorpórase el siguiente artículo 12 bis, nuevo, al decreto con fuerza de ley Nº1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional:

“Artículo 12 bis. La ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a nivel regional, provincial y local, se llevará a cabo a través de los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales, en coordinación con los Secretarios Regionales Ministeriales de Seguridad Pública.

Para llevar a cabo esta labor, los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales, en su caso, podrán especialmente:

a. Celebrar todo tipo de acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades.

b. Evaluar el desarrollo de planes y programas ejecutados en el territorio de su jurisdicción.

c. Ordenar el desarrollo de estudios y encuestas en asuntos propios del Ministerio de Seguridad Pública.”.

Artículo Sexto. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº21.325, sobre Migración y Extranjería:

1. Suprímese en el numeral 12 del artículo 1º, la frase “y Seguridad Pública;

2. Suprímese en el inciso primero del artículo 156, la frase “y Seguridad Pública”.

Artículo Séptimo. Modifícase el inciso primero del artículo 1º del decreto ley Nº844 de 1975, que crea el Departamento de Previsión de Carabineros, en el siguiente sentido:

1. Reemplázase la frase “del Interior y” por la preposición “de”.

2. Reemplázase la locución “Subsecretaria del Interior” por “Subsecretaría de Seguridad Pública”.

Artículo Octavo. Sustitúyese en el artículo 7º de la ley Nº19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la frase “del Interior” por “de Seguridad Pública”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO PRIMERO. - Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

2. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

3. Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de las asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

4. Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En el o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus Subsecretarías, pudiendo contemplar un período para su implementación. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6. Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley.

7. Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a. No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b. No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c. Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d. El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

e. Traspasar los bienes que determine, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública al Ministerio de Seguridad Pública y, en especial, desde las actuales Subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito a las Subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Las referencias al Ministerio del Interior, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública o a la Subsecretaría del Interior que se hagan en las leyes se entenderán hechas al Ministerio de Seguridad Pública o a la Subsecretaría de Seguridad Pública, respectivamente, cuando traten materias que, de acuerdo a esta ley, sean de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO. - El Ministerio de Seguridad Pública será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero. Lo dicho en este artículo será aplicable también a la Subsecretaría de Seguridad Pública respecto de la Subsecretaría del Interior.

ARTÍCULO CUARTO. A partir de la publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá designar al Ministro de Seguridad Pública, al Subsecretario de Seguridad Pública y al Subsecretario de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública, la remuneración de las autoridades antes señaladas serán equivalentes a las del Ministro del Interior y Seguridad Pública, las del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Prevención del Delito, respectivamente, y se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Ministro y los Subsecretarios designados conforme al inciso anterior podrán proponer un cronograma de instalación del Ministerio de Seguridad Pública y, en general, realizar cualquier trámite ante organismos públicos y privados que le permitan al Ministerio y sus Subsecretarías estar plenamente operativos a la fecha de inicio de sus funciones.

ARTÍCULO QUINTO.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que incluye las Subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. - El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.”.

- - -

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 27 de octubre de 2021, con asistencia de los Honorables Senadores señor José Miguel Insulza (Presidente), y señores José García Ruminot, Jorge Pizarro Soto y Jaime Quintana Leal; 2 de noviembre de 2021, con asistencia de los Honorables Senadores señor José Miguel Insulza (Presidente), y señores Jorge Pizarro Soto, Jaime Quintana Leal e Iván Moreira Barros; 23 de noviembre de 2021, con la asistencia de los Honorables Senadores señor José Miguel Insulza (Presidente), y señores Felipe Kast Sommerhoff, Iván Moreira Barros y Jaime Quintana Leal; 30 de noviembre de 2021, con la asistencia de los Honorables Senadores señor José Miguel Insulza (Presidente), y señores Felipe Kast Sommerhoff, Jaime Quintana Leal y Jorge Pizarro Soto; 6 de diciembre de 2021, con asistencia de José Miguel Insulza (Presidente), y señores Felipe Kast Sommerhoff, Iván Moreira Barros y Jorge Pizarro Soto y 14 de diciembre de 2021 con la asistencia de los Honorables Senadores señores José Miguel Insulza (Presidente), y señores Kenneth Pugh Olavarría, Iván Moreira Barros, Jorge Pizarro Soto y Jaime Quintana Leal.

Sala de la Comisión, a 22 de diciembre de 2021.

Francisco Javier Vives Dibarrart

Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (BOLETÍN N° 14.614-07).

_______________________________________________________________

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Crear el Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública, con la finalidad de permitir a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas, alcanzar la condición que se encuentren lo suficientemente resguardados de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e internas, antrópicas y naturales.

II. ACUERDOS: aprobado en general por unanimidad (5x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de ocho artículos permanentes y de seis disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Cabe hacer presente que el artículo primero, en cuanto a los incisos tercero y cuarto del artículo 1° y el artículo 4°; el número 1, del artículo segundo; y el artículo quinto del proyecto de ley tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, por lo que requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio, según lo prevé el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

V. URGENCIA: “Suma”.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República.

VII TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 27 de septiembre de 2021.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Ley Núm. 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales; Ley Núm. 21.354 que establece el Sistema Nacional de Prevención y respuesta ante desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica; Ley Núm. 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público; Ley Núm. 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia; Decreto con Fuerza de Ley Núm. 7.912 de 1927, del Ministerio del Interior, que organiza las Secretarias del Estado; Decreto con Fuerza de Ley Núm. 1° de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y Decreto Ley Núm. 844 de 1975, que crea el Departamento de Previsión de Carabineros.

Valparaíso, a 22 de diciembre de 2021.

FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART

Abogado Secretario de la Comisión

CREACIÓN DE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

En primer lugar, corresponde discutir en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, con informe de la Comisión Seguridad Pública y urgencia calificada de "suma".

Cabe recordar que esta iniciativa la teníamos en tabla desde la semana pasada y quedó para iniciar su tratamiento en Sala el día de hoy.

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.614-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El proyecto de ley tiene por objeto crear el Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República , en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública, con la finalidad de permitir a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas alcanzar una condición en la que se encuentren lo suficientemente resguardados de peligros, riesgos, amenazas e interferencias externas e internas, antrópicas y naturales.

La Comisión de Seguridad Pública hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, discutió la iniciativa solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Insulza, Moreira, Pizarro, Pugh y Quintana.

Asimismo, la Comisión deja constancia de que los incisos tercero y cuarto del artículo 1°, el artículo 4° (ambos preceptos contenidos en el Artículo Primero), así como el número 1) del Artículo Segundo, el Artículo Quinto, todos permanentes, y el párrafo segundo del número 3) del artículo primero transitorio requieren 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Por su parte, el artículo 25, contenido en el Artículo Primero permanente del proyecto, requiere 22 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de quorum calificado.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 73 y siguientes del informe de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Muchas gracias, señor Secretario .

¿Senador Alvarado?

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, solo quiero solicitar la autorización de la Sala para que ingrese al Hemiciclo el Subsecretario del Interior, don Francisco Galli.

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Muy bien.

Está el señor Ministro presente.

¿Habría acuerdo?

La señora CARVAJAL.-

No.

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Hay una oposición en la Sala.

Entonces, en la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Este tema ya lleva muchos años con nosotros, y cada vez se ha ido haciendo más agudo y problemático, fundamentalmente en torno a las realidades subjetivas y objetivas que...

(Rumores).

Si me permiten los Senadores y el Ministro , por favor.

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Ministro y Senadores , por favor, escuchemos el informe.

El señor INSULZA.-

Gracias, señor Presidente.

Decía "realidades subjetivas", porque no cabe duda de que ha aumentado sustantivamente el temor ciudadano con relación a los problemas de violencia, de delitos y de transgresiones que vivimos en el país. Y digo "objetivas", porque también debemos reconocer que se han incrementado los delitos.

Más allá de las cifras que generalmente se dan y que son distorsionadas, por ejemplo, por la existencia de una discusión al respecto, se considera que los delitos de mayor connotación social son el homicidio y el hurto. Y la verdad es que, desde el punto de vista del daño que causan en la población, con todo respeto por las personas que han sufrido algún hurto, resulta indudable que el homicidio es mucho más grave.

Entonces, muchas veces las cifras agregadas de la delincuencia no cuentan la real historia.

Los homicidios sí nos cuentan una trágica historia.

Hace poco más de una década, nuestro país tenía una tasa de 2,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, que era una de las menores de América, compitiendo con Canadá. Ningún otro país en toda la región americana tenía una cifra menor de homicidios. Hoy tenemos 5,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, según ha informado hace poco a nuestra Comisión el Presidente de la Asociación de Fiscales .

Algunos dicen que esto se debe a las pandillas y los narcos, lo cual es cierto. Las guerras entre pandillas, en torno a los narcos y las armas, son muchas veces las causantes de este aumento.

Pero la realidad de las muertes también incluye a muchos inocentes que han muerto por balaceras, por balas perdidas y homicidios en los barrios de nuestras ciudades.

Ha aumentado, entonces, la violencia tanto en los delitos de particular visibilidad, que antes no existían como los portonazos o los saqueos, como en aquellos donde resultan agraviadas nuestras mujeres, es decir, los femicidios, que se incrementan sustantivamente todos los años.

Por su parte, el tráfico de armas y el narcotráfico han crecido de manera exponencial en los últimos años.

En consecuencia, tenemos un fenómeno real, una realidad subjetiva, pero también una realidad objetiva. La gente tiene temor, pero no solo por lo que muestra la televisión, sino por lo que ocurre cuando sale a la calle.

Desde un punto de vista doctrinario, no cabe duda de que la seguridad es un deber de Estado. No olvidemos que entre los grandes teóricos se afirma que los Estados nacionales nacen fundamentalmente por la necesidad de protección que tienen las personas, necesidad que sigue existiendo. La gente quiere ser protegida y exige que el Estado la proteja: que proteja su integridad, su seguridad y su propiedad.

Sin embargo, debemos reconocer que como autoridades civiles y electas del Estado no hemos ejercido esas funciones desde hace bastante tiempo, entregándoselas solamente a las fuerzas policiales, a las cuales hemos hecho cargo muchas veces de este problema.

Cuando dije alguna vez, en una frase que pronuncié, que las fuerzas policiales se mandan solas, no era una crítica a las policías, ni a Carabineros ni a la PDI, sino al hecho de que carecían de mando civil y de que nadie se encargaba de formular una política de seguridad pública efectiva.

Por lo tanto, hay en el país un aumento de los riesgos crecientes de la delincuencia, pero también una incapacidad en la dirección y una incapacidad creciente de nuestros servicios de hacerse cargo de ellos.

Pregunten ustedes nuevamente a la Asociación de Fiscales cuántos casos de hurto y de robo, cuántos homicidios se resolvieron en los últimos años. Las cifras son alarmantemente exiguas.

Ahora bien, en función de la idea de contar con un Ministerio de Seguridad Pública, que se ventiló por primera vez hace veinte años, a lo mejor era comprensible, considerando el nacimiento del Estado que fundamentalmente se hace cargo de la seguridad de la gente, que este organismo estuviera ligada con el Ministerio de Gobierno y no con el Ministerio del Interior -yo nunca estaría de acuerdo con cambiarle el nombre a este último, porque existe desde 1811-, toda vez que es la Cartera del gobierno, por excelencia, la que le da su orientación, la que sigue los temas en el Congreso, la que prepara los proyectos de ley, la que da el seguimiento a la acción cotidiana de la administración, etcétera.

Por lo tanto, parecía razonable que ese Ministerio se hiciera cargo de la principal preocupación: la existencia de las policías.

Pero hoy día las tareas de las policías y las exigencias de seguridad pública han llegado a tal volumen que es imposible que en un mismo Ministerio se gestionen las acciones del Gobierno en general y la función social que supone la seguridad pública.

La seguridad pública es un bien social tan importante como los otros. Así lo demuestra la misma gente cuando le preguntan cuáles son sus prioridades. Las personas están tan preocupadas de su salud, de su educación, de su previsión, de su empleo, así como también de su seguridad personal y de no ser objeto de la delincuencia.

Por lo tanto, ese servicio público debe existir, y debe hacerlo de manera autónoma.

Por estas razones, algunos parlamentarios y el señor Ministro , en conjunto con la ex Presidenta del Senado , decidieron crear una Comisión Bicameral para esto, de la cual salió la mayor parte de las ideas fuerza que están en este proyecto, reconociendo, como diré más adelante, que hay algunos problemas algo más graves que discutir.

¿Cuáles son las ideas fuerza? Y las tomo de esa discusión.

La primera es separar las funciones políticas de gestión del Gobierno -lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior- de la responsabilidad de mantener la seguridad y el orden público en el país, porque esto ha pasado a ser una política social de primer orden y de dedicación exclusiva.

Eso lo conversamos hace mucho tiempo; se decía cuando yo era Ministro del Interior , y todos estábamos de acuerdo en esto. Pero por algún motivo le pusimos apellido al Ministerio del Interior, y le llamamos "Ministerio del Interior y Seguridad Pública", en lugar de separarlo en ese momento de manera definitiva, como parecía ser el consenso, cuando dejé esa Cartera.

La segunda idea fuerza es la subordinación de las policías al poder civil. Y aquí, ¡ojo a los tamaños y no solamente a las palabras! Porque uno puede decir que le entrega al Ministerio la gestión de todo este tema, y tener una oficina de diez personas para dirigir entidades públicas con varias decenas de miles de funcionarios. Pero necesitamos un Ministerio de Seguridad Pública con peso específico, con especialistas, con capacidad de fijar y evaluar políticas. De lo contrario, como lo dijo algún Subsecretario recientemente -y no fue de este Gobierno, sino de alguno anterior-, uno termina haciendo exactamente lo que ellos dicen porque no saben ni siquiera cómo responder.

Por lo tanto, la subordinación de las policías no pasa simplemente por decir: "Le damos estas facultades", sino con crear una masa crítica capaz de dirigir efectivamente desde un punto de vista civil la política de seguridad pública.

La tercera idea fuerza es reunir en un solo Ministerio las instituciones públicas que tienen que ver con la seguridad.

Aquí tenemos algunas controversias. Y no voy a entrar todavía al debate entre seguridad pública y seguridad ciudadana, pues respecto de eso no me importa con cuál de los nombres asume: la Comisión de la Cámara se llama de "Seguridad Ciudadana", la de este Senado se llama de "Seguridad Pública". ¡No! ¡El concepto de seguridad humana es mucho más vasto, pues! El concepto de seguridad humana incluye la salud, la vejez, la vivienda.

Por lo tanto, este Ministerio es de algún tipo de seguridad.

Por eso, porque el ciudadano hoy día se encuentra crecientemente, como lo diría un famoso columnista mexicano, León García Soler , con que el fuego que la gente enfrenta no es necesariamente el de las balas, ni el de los automóviles, de la violencia callejera, ¡es el fuego del desamparo! ¡Y el Estado lo está amparando, Presidente ! ¡Y eso lo tiene que hacer el Estado en su conjunto!

El Ministerio de Seguridad Pública es para una función específica, que tiene que ver fundamentalmente con la conducción de las Fuerzas de Orden y Seguridad creadas por el Estado.

Ese criterio se discutió mucho en la Comisión bicameral, sobre todo algunos temas...

(falla de audio)...

Y naturalmente esto sigue, a mi juicio; continúa en el Ministerio del Interior. Nosotros no pensamos que fuera bueno. No pensábamos en ese momento en que el tema de las catástrofes fuera materia puramente de la policía, o de este Ministerio. Ahí también llegan las Fuerzas Armadas, la salud, los de vivienda, los de orden público. Eso debe coordinarlo el Ministerio del Interior, y no el de Seguridad Pública.

En seguida, está el tema de Gendarmería, que en algunas partes integra el Ministerio del Seguridad Pública. No olvidemos que en algunos países de nuestra región existen Ministerios de Justicia y Seguridad Pública.

No estamos planteando eso aún.

Por lo tanto, no estamos por hacer transformaciones ahí.

Además, está el tema de la inteligencia.

Y aquí sí: la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, debe depender del Ministerio de Seguridad Pública, porque su función es la investigación y la inteligencia sobre el crimen organizado, llámese "narcotráfico", "terrorismo", "tráfico de armas" o "piratería", o lo que se quiera, es un tema propiamente delictual que debe estar dentro del sistema de seguridad pública y, por lo tanto, de la Agencia Nacional de Inteligencia, si la incluimos. Y lo mismo vale para la ciberseguridad.

Será un tema nuevo, pero no cabe duda de que debe estar dentro de este Ministerio.

En cambio, hay discusión respecto del sistema del Servicio Nacional de Drogas, porque es rehabilitador. Tal vez, debería considerarse que estuviera en otro Ministerio.

Todas estas discusiones, señor Presidente, hacen que nosotros estemos planteando aquí la aprobación de la idea de legislar sobre este Ministerio.

Los señores Senadores y señoras Senadoras podrán leer bien después, con detalle, el articulado, y formarse sus propias opiniones. E iniciaremos una discusión que no será breve, pero que ha llegado el momento de iniciar.

Ese es el sentido de la discusión que estamos teniendo hoy día, y de la propuesta unánime de la Comisión de Seguridad Pública.

Y, además, yo pediría, interpretando la opinión de la Comisión bicameral, que este Ministerio fuera aprobado en el día de hoy.

Muchas gracias, Presidente .

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Muchas gracias, Senador Insulza.

Yo no sé si el señor Secretario ...

La señora VON BAER.-

Presidente.

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Senadora Von Baer.

La señora VON BAER.-

¿Puede abrir la votación manteniendo los tiempos?

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Sí.

Pero primero vamos a darle la palabra al señor Ministro , porque si abrimos la votación, no se la puedo dar.

¿Le parece?

¡Salvo que ustedes no quieran que hable su Ministro ...! Lo que sería un poco complicado.

La señora VON BAER.-

¡Le damos la palabra al Ministro ...!

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Señor, Ministro , ¡con la venia de su bancada le vamos a dar la palabra...!

El señor DELGADO ( Ministro del Interior y Seguridad Pública ).-

¡Quedó muy clara la venia de la bancada, Presidente ...! Agradezco la oportunidad.

Tomándome tal vez de las palabras finales del Senador Insulza -a quien aprovecho de agradecer-, pudimos compartir en la Comisión Bicameral. Fue una instancia prelegislativa que convocamos hace algunos meses para desarrollar puntualmente este tema; algunos relacionados también con la reforma de Carabineros, en la cual pudimos debatir: tener las distintas miradas, aproximaciones, a algo tremendamente necesario y que transversalmente se ha manifestado. Obviamente vamos a estar muy atentos a la opinión de los Senadores y las Senadoras.

Pero creemos que transversalmente hay una opinión mayoritaria con respecto a que en Chile se requiere tener, tal como ocurre en el resto del mundo, en muchos países, un Ministerio propio para la seguridad pública.

Ahora, con respecto a cuál es el enfoque de esa seguridad, efectivamente es la seguridad humana, poniendo a la persona en el centro, respecto de las amenazas que puede tener cualquier ser humano; también es algo con lo cual concordamos.

Por lo tanto, lo primero es transmitir, Presidente , el beneplácito del Gobierno para estar discutiendo este proyecto, que tiene muchos meses de maduración, en distintas instancias de conversación. Efectivamente, data también de algunas reformas que se contemplaron en el pasado. Por ejemplo, en el 2005, en la reforma relativa a la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en la cual se dispuso que dependerían del Ministerio encargado de seguridad pública para estos efectos.

A partir de ahí, el año 2006, la entonces Presidenta Michelle Bachelet presentó a este Congreso Nacional un proyecto de ley cuyo objeto fue crear el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y modificar, además, diversos cuerpos legales para tal efecto.

Así quedó graficado en ese momento.

Pero también en los años posteriores, el 2008, se alcanzó el acuerdo político legislativo en materia de seguridad ciudadana, suscrito entre el Gobierno de la época y la entonces Alianza por Chile, por lo cual se acordó que el Ministerio del Interior sería el encargado de la seguridad pública, y que concentraría y coordinaría los programas gubernamentales relacionados con esta materia.

De igual forma, como consecuencia de dicho acuerdo, se convino que dicha Cartera sería la responsable política de la seguridad pública del país, y que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerían de ella, dando cumplimiento así con el mandato de la reforma constitucional del año 2005, al tenor del actual inciso segundo del artículo 101 de la Carta Fundamental.

La modernización de las policías, Presidente, ha sido uno de los ejes de este Gobierno, y así lo hemos manifestado en distintas etapas.

Por ejemplo, el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública determinó la necesidad de avanzar en 150 propuestas en diversos ámbitos, los cuales se han traducido en numerosas iniciativas, muchas de las cuales han sido aprobadas por este Honorable Senado.

Sin embargo, los déficits exhibidos por las policías en materia de control de orden público, con ocasión de la violencia del 18 de octubre, y las semanas siguientes, dejaron en evidencia la necesidad de mirar profundamente a nuestras policías, para poder modernizarlas y darles la solidez y la legitimidad que el actuar policial requiere frente, por supuesto, a una sociedad que es cada vez más exigente en la materia.

El desafío de profundizar la legitimidad policial fue advertido tempranamente como algo necesario. Así, tanto el Programa de Gobierno, el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública como las acciones emprendidas desde el inicio de esta Administración para profundizar el enfoque de Derechos Humanos en las policías, desde antes como después del 18 de octubre de 2019, han permitido consensuar la necesidad de avanzar en estructuras políticas que otorguen mayor legitimidad a los cuerpos policiales para que estos puedan cumplir de manera efectiva su rol de garantizar la seguridad pública y el orden público.

En ese contexto, Presidente , con el apoyo de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales, y con la activa participación de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones se inició un proceso que tiene como objetivo reformar nuestras instituciones policiales, buscando poner el foco en la defensa y en la protección de las personas, guiado por los principios democráticos, el enfoque de género y el irrestricto respeto por los derechos humanos.

En este trabajo de reforma de Carabineros de Chile, con la participación triestamental (vale decir, del Gobierno, de la sociedad civil y de los mismos Carabineros de Chile), se han consensuado numerosos cambios a la estructura de seguridad del país.

Entre otros, justamente se acordó la necesidad de crear un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. ¿Y por qué hago todo este relato? Porque efectivamente es importante recordar, sobre todo a la gente que nos pueda estar escuchando, que esta propuesta surge de la reforma de Carabineros y no al revés, como muchos pueden pensar.

El proceso se funda en cuatro ejes esenciales, que son: las reformas a la institucionalidad y gobernanza, a la modernización de la gestión, al control de orden público y a la carrera y formación. Precisamente este proyecto logra abarcar la totalidad de estas áreas, por cuanto permitirá mejorar la sujeción a la autoridad civil de las policías, con una dirección civil que sea capaz de evaluar su gestión financiera, administrativa, operativa e incluso educacional, con el objeto de orientar su accionar hacia las personas.

Sin embargo, que estemos sosteniendo hoy esta discusión es también gracias al trabajo de diversas instancias de participación, reflexión y proposición, tales como el Consejo Asesor para la reforma de Carabineros y la Comisión para la reforma de Carabineros.

Esta última instancia es liderada por el ex Senador Felipe Harboe .

No obstante, resulta particularmente importante el rol que tuvo la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, a la cual comencé otorgando algunas palabras que efectivamente nos permitieron discutir, debatir y ver las distintas miradas, y lo más importante: llegar a un consenso transversal de la necesidad de discutir este proyecto.

Quizás también, Presidente , el principal fundamento del proyecto radica en que la seguridad pública debe estar orientada hacia la persona, buscando prevenir peligros que, si no son debidamente abordados, se convierten en situaciones dañosas, como pueden ser los delitos. No se trata, por tanto, de prevenirlos simplemente, sino que también se busca una mirada mucho más integral. De esta manera, la seguridad no tiene por oposición el delito, sino que es una tarea del Estado cuyo resultado es permitir que las personas vivan en sociedad lo más libres de todos los riesgos que las puedan aquejar.

Para alcanzar este fin el proyecto, en lo esencial, aborda las siguientes materias:

-En cuanto a su función, será la Secretaría de Estado la encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública.

-Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán de este Ministerio, así como la Agencia Nacional de Inteligencia. Es algo que el Senador Insulza ya relató.

-Le corresponderá la gestión de los asuntos y procesos administrativos que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública requieran para la implementación de sus funciones y que sean de su competencia.

-El Ministro de Seguridad Pública deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública interior, orden público, prevención del delito, rehabilitación de infractores de ley y la reinserción social, por supuesto.

-Finalmente, en cuanto a los ámbitos de competencia, le corresponderá todo lo relativo a la seguridad y el orden público; la dirección, control y gestión de las policías, la prevención del delito, el resguardo de las fronteras, la ciberseguridad, la inteligencia y la seguridad privada.

-En cuanto a la orgánica, se contemplan dos subsecretarías: una, la de seguridad pública, que colaborará con la coordinación de las acciones de los ministerios y también los servicios públicos que se relacionen con la seguridad pública. Y realizará un análisis multidimensional sobre los desafíos y los riesgos en materia de seguridad pública. Tendrá la dirección, el control y gestión de las policías y el control y la evaluación de los sistemas de seguridad privada.

Asimismo, se contempla una Subsecretaría de Prevención del Delito, la cual colaborará en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir los delitos, rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley. También evaluará las políticas públicas en materia de prevención del delito y apoyo a las víctimas diseñando o formulando proyectos a través del Ministerio o por otros servicios públicos, según las directrices metodológicas que esta imparta. Y sistematizará y disponibilizará la información para el diseño y evaluación de las políticas públicas.

Por último, Presidente , el proyecto contempla la reformulación de instancias de coordinación y de instrumentos, como son el Consejo de Seguridad Pública y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a partir de la experiencia que se ha tenido en su funcionamiento a través de estos años.

No puedo, finalmente, Presidente , dejar de agradecer a todos los miembros de la Comisión de Seguridad Pública el trabajo que han realizado en esta materia. Después de varias sesiones, donde se escuchó transversalmente a diversos actores, el proyecto que hoy discutimos viene a continuar la necesaria reforma y modernización de nuestras instituciones de seguridad, profesionalizando y tecnificando su gestión y dirección, pero sobre todo permitiendo avanzar en la consolidación de un nuevo paradigma de seguridad, cuyo centro es la persona, profundizando, además, el enfoque de derechos humanos en la acción del Estado y, particularmente, del Gobierno, en materia de seguridad pública.

Por ello, señor Presidente , quisiera pedirle a este Honorable Senado que apruebe el proyecto, pues resulta indispensable para continuar avanzando en la modernización y en la reforma de la seguridad pública y, especialmente, de nuestras policías.

Muchas gracias.

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Muchas gracias, señor Ministro .

Me han solicitado permiso para que ingrese a la Sala el señor Subsecretario del Interior.

Si le parece a la Sala, ¿habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Abriré la votación y les daré la palabra a los colegas que están inscritos.

En votación general el proyecto.

(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Moreira para fundamentar su voto.

El señor MOREIRA.-

Gracias, Presidente.

Mire, la verdad es que la seguridad de los habitantes de una república debe ser claramente una de las responsabilidades más esenciales de cualquier Estado. Y es una responsabilidad que cada vez se hace más difícil de cumplir en Chile y en el mundo. Sin seguridad apropiada de parte del Estado no hay confianza; y sin confianza no hay inversión, no hay paz, ni puede existir el Estado de derecho.

No nos engañemos. En estas últimas décadas se ha ido desgastando el Estado de derecho y ha habido demasiadas debilidades en este aspecto.

Por eso es que los desafíos en materia de seguridad son enormes y desde ya abarcan mucho más de lo que ordinariamente denominamos "la seguridad pública".

A medida que las sociedades se desarrollan, las relaciones entre los actores se complejizan y las soluciones van más allá de la simple represión.

Obviamente la seguridad de un país abarca aspectos técnicos y políticos.

La experiencia internacional ha demostrado que los ministerios encargados de la seguridad pueden ser usados de manera poco apropiada. No solo para crear más burocracia y contratar asesores de muchos trajes y pocas ideas, sino también para perseguir rivales políticos o hacer la vista gorda ante ciertas situaciones conflictivas que afecten al gobierno de turno.

Sin embargo, nunca había sido tan necesario ordenar el trabajo del Estado y de sus brazos operativos.

Los escándalos de platas que ocurrieron en Carabineros, así como la falta de preparación para enfrentar los masivos hechos violentos a partir del 19 de octubre del 2019 o los actos de terrorismo en la macrozona sur, que desbordaron el accionar de nuestra policía, son antecedentes claros de que la orgánica actual no da el ancho. Y tampoco lo da para perseguir el narcotráfico, aunque aquí hemos hecho demasiados esfuerzos en materia legislativa.

La función de jefe de gabinete y la de actor político del Ministerio del Interior implican una dedicación que le impide entregarse con el ahínco necesario a las funciones de seguridad, especialmente cuando la actual definición de seguridad va mucho más allá de la seguridad pública y el terrorismo.

Los expertos que invitamos a nuestra Comisión de Seguridad Pública han sido claros en su mayoría en cuanto a la necesidad de este proyecto, como también en algunos aspectos a mejorar, aun cuando las ideas principales vienen ya desde el diagnóstico del año 2005 y las intervenciones en la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, que aportó insumos relevantes para él.

Obviamente, no se puede esperar que haya resultado inmediato al aprobar esta iniciativa. Si alguien piensa que con el Ministerio de Seguridad vamos a solucionar los problemas de terrorismo, de delincuencia, de narcotráfico, están equivocados. Pero sí es un paso importante para que tengamos un Ministro con dedicación exclusiva, que debe contar con recursos; y también resulta relevante que existan las leyes necesarias para que las policías puedan actuar con algunas medidas intrusivas.

La verdadera función del Ministerio y sus dos Subsecretarías tiene que ver con la planificación, supervisión y análisis de escenarios de peligro y conflictos. Y eso requiere tiempo.

Mi gran preocupación tiene que ver con la medición de resultados; cómo determinamos que lo creado es un aporte y no otro elefante blanco que solo sirva para entregar gráficos y presentaciones en PowerPoint para justificar su inoperancia.

Con todo, creo que este proyecto tiene la mayor relevancia y es de aquellos que pueden cambiar positivamente la vida de las personas; y, por lo mismo, estimo que lo debemos aprobar en esta instancia.

Nadie sabe lo que ha de pasar; pero es un avance ante una preocupación del Estado, con un cargo ministerial, un subsecretario, un ministro que tendrá atribuciones; y, tal como ha ocurrido en otros países del resto del mundo, creo que será de gran ayuda. Pero lo relativo al terrorismo, la delincuencia y el narcotráfico no se logra paralizar, neutralizar con un ministerio. También son importantes las leyes adjuntas para que las policías puedan actuar operativamente a fin de descubrir, arrestar para que vayan a juicio y sean sancionadas todas estas organizaciones criminales.

Señor Presidente , este proyecto se ha trabajado en la Comisión de Seguridad Pública, donde ha habido un esfuerzo permanente del Gobierno; del Ministro del Interior , Rodrigo Delgado ; del Subsecretario Galli , quien debiera estar acá presente, pero lamentablemente no lo dejan entrar por razones políticas, o personales -no sé el motivo para esto-, porque fue quien estuvo con nosotros invariablemente junto al Ministro viendo los detalles, escuchando las ponencias de los miembros de la referida instancia para llevar adelante esta iniciativa.

Voto a favor.

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Muchas gracias, Senador Moreira.

Está inscrito el Senador Jaime Quintana para fundamentar su voto.

Puede intervenir, Su Señoría.

El señor QUINTANA.-

Gracias, Presidente.

Por favor, quiero el mismo tiempo que tuvo el Senador que me antecedió,...

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Sí; dele nomás.

El señor QUINTANA.-

... y ya estaba abierta la votación.

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

No hay problema.

El señor QUINTANA.-

Concuerdo también, Presidente , con los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que pensar que un ministerio por sí solo va a resolver los problemas de seguridad que se han venido arrastrando por décadas, en donde las amenazas hoy en día son muy diversas, muy disímiles, es bastante iluso. Pero de que ayuda, por lo menos la evidencia que hay va en esa dirección; de hecho, los países -y no vamos a decir exitosos, porque no hay ningún país en el resto del mundo que lo sea en materia de control del crimen organizado- que han tenido algunos logros son justamente aquellos que han sido capaces de separar en materia de ministerios lo que tiene que ver con la coordinación política de los asuntos propiamente de seguridad. Y hay varias naciones en distintos continentes que han ido en esa dirección, por lo que a mi juicio este es un paso que va en la línea correcta.

Por eso este proyecto, como han señalado los colegas y el propio Ministro , fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Seguridad, y además teniendo a la vista mucha documentación y evidencia. En tal sentido, creo que se está haciendo un trabajo bastante concienzudo en esto. Y digo que se está haciendo, porque todo indica que la discusión en particular no va a ser sencilla.

Si bien el trabajo de la Comisión Bicameral allanó los esfuerzos, y de ahí el resultado (5 por 0), creo que los aspectos que van a ir en la bajada serán no menores.

Antes de entrar a los aspectos más precisos, quiero decir también, aprovechando la presencia del Ministro , algo que he señalado muchas veces, pues he sido majadero en ello: pienso que este debió haber sido el proyecto número uno, el primer proyecto que el Gobierno del Presidente Piñera, probablemente con menos expectativas que las que generó su primer mandato, debió haber puesto en discusión; este proyecto debió haber sido el buque insignia que guiara la disposición de las demás piezas en esta materia. Pero finalmente se optó por dejarlo casi como un barquito a la deriva al final. Esperemos que no vaya a la deriva, lo cual va a depender mucho de este Senado y de cuáles serán las otras discusiones que se abrirán sobre el particular.

Esto también -y hay que consignarlo- va de la mano con un tema en que se ha avanzado muy poco en Chile en muchos años; en particular, en estos últimos cuatro no se ha avanzado nada. Y me refiero a la inteligencia, entendiéndola como la capacidad de producir bienes, elementos, información. No cualquier información de un analista es de inteligencia, que permite anticiparse y eventualmente poder desactivar una amenaza o neutralizarla, o cambiar su curso. ¡No!

Aquí se ha de realizar un trabajo muy profundo.

Efectivamente, existe un proyecto del año 2018 que el Senado ya aprobó, que a esta altura creo que está obsoleto; se encuentra en la Cámara de Diputados. A veces se dice que los proyectos duermen acá; ¡pero a veces el sueño reparador en la Cámara también es intenso...!

Como sea, a mi juicio le va a corresponder al próximo Gobierno presentar indicaciones al proyecto sobre inteligencia, porque las amenazas hoy día son distintas a las que teníamos antes de la pandemia: esa es una iniciativa prepandemia.

Ahora bien, existen acá cuestiones relevantes, y por eso digo que la discusión en particular no va a ser algo tan sencillo, pues hoy día tenemos distintos paradigmas en materia de seguridad pública. El que estamos creando es el Ministerio de Seguridad Pública, y esto viene de los tiempos de la Guerra Fría. Claramente es un concepto del siglo XX, y da cuenta de lo que son las luchas, las relaciones internacionales entre los Estados y de cómo los distintos bloques significaban amenazas también para países alineados o no en determinado frente.

Claro, lamentablemente, si uno se queda con lo que fue la campaña presidencial reciente, vemos que todavía hay algunos sectores pegados un poco en la lógica de la seguridad nacional, que es una de las variantes. Uno de los paradigmas de la seguridad pública, quizás el más antiguo, muy pegado en la Guerra Fría, es el de la seguridad nacional, en la lógica del enemigo interno.

A mi juicio, el mejor ejemplo de esto lo tenemos con el Presidente Piñera , el actual Primer Mandatario, cuando en 2019, dos días después del estallido social, les declaraba la guerra a los chilenos. Eso es propio de un concepto de seguridad pasado de moda en el mundo, completamente arcaico, como es la seguridad nacional. Creo que el candidato Kast claramente representa eso también, la seguridad nacional, en la lógica del enemigo interno: la zanja y todo lo que hemos visto.

Bueno, todavía en Chile probablemente haya gente que cree que esa es la solución a los problemas de seguridad: la famosa "mano dura". Yo creo que mano dura se requiere siempre, Estado de derecho siempre; pero, ante todo, mano inteligente. Y eso -insisto- nos ha faltado.

Dentro de las otras concepciones, uno podría situar aquello muy bien dentro de lo que fueron los gobiernos de la Concertación, que es el concepto de seguridad ciudadana.

Cuando uno mira el mensaje del Ejecutivo que da lugar al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, constata que hay algunos conceptos muy interesantes también, igual que lo planteado por el Presidente electo, Boric, acerca de la seguridad nacional.

Pienso que ese es el concepto más completo para abordar estos temas, la seguridad nacional...

Perdón , me refiero a la seguridad humana -algunos colegas me corrigen-, porque se hace cargo de un conjunto de amenazas: por supuesto, la ciberseguridad; las cuestiones ambientales; los temas económicos, en fin, que hoy representan peligros.

La necesidad de separar -y para nadie es un misterio- el Ministerio del Interior, como coordinador de las tareas políticas del Presidente , de las cuestiones vinculadas con seguridad es fundamental, porque además tiene muchas tareas, y lo sabe el Ministro del Interior acá presente. De él dependen la ciberseguridad, donde se ha avanzado poco también: fronteras, migrantes, territorio.

Me imagino que la pega de la coordinación con las regiones, con los gobernadores, pero también con los delegados, debe consumir buena parte del tiempo del Ministro del Interior hoy en día; y, por supuesto lo relacionado con la seguridad privada, la prevención del delito y el control.

Creo que esas son cuestiones centrales.

Hay algunas cosas que, a mi juicio, van a ser parte de la discusión igualmente y que no son menores. En la última sesión de la Comisión, precisamente cuando aprobamos en general el proyecto, escuchamos al Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales ; a la Jefa de la División de Anticorrupción del Ministerio Público; al Jefe Nacional Antinarcóticos del Ministerio Público , y, por supuesto, al Subsecretario Galli . No voy a hablar de un conflicto de competencias, pero ahí hubo tensiones, las cuales se van a expresar en el debate en particular. ¿Por qué? Porque el tema del control civil, al cual se refería el Senador Insulza, no se resuelve solo con que tengamos un Subsecretario o Subsecretaria del Interior y que respondan a él o a ella.

En la misma lógica del paradigma nuevo de la seguridad humana, hoy día se requiere además que haya otras organizaciones que opinen, que tengan algo que decir en materia de seguridad. Y eso no está contemplado acá. Pero a mí me preocupa fundamentalmente la tensión que se va a dar entre la dependencia orgánica del Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Pública en el futuro, léase Subsecretario de Seguridad Pública . De él dependen orgánicamente. Le van a decir "el jefe". ¿Pero cómo le van a decir al fiscal que está a cargo de la investigación y que los tiene también como subordinados?

Entonces, es una institución que sigue teniendo una estructura militar. Estas cosas las hemos reflexionado muchas veces, pero lamentablemente no logramos tener mínimos comunes en esta discusión sobre seguridad pública.

¿A quién le van a responder? O sea, si alguien cree que esa policía va a responder funcionalmente al fiscal, como debe ser, porque es el responsable de la investigación de manera exclusiva, y orgánicamente al Ministerio de Seguridad Pública, e incluso algunos creen que también había que transferir atribuciones en materia de seguridad a los gobernadores regionales, bueno, es cosa de mirar lo que pasa en algunos países latinoamericanos con realidades federales.

Les aseguro que no es la solución.

Para finalizar, quiero decir que existe un asunto no menor que surge también de escuchar a los invitados en esta Comisión: la corrupción. No hay ninguna posibilidad de que tengamos este nivel de avance del narcotráfico en Chile, en distintas comunas del sur de Santiago, en el norte del país; que hoy día Chile sea un país ya no de tránsito, no de paso, sino de exportación, de procesamiento, de alto consumo, sin que exista cierta responsabilidad de algunos agentes públicos. Y digo algunos agentes, porque seguramente son muy pocos. Pero yo no veo un plan preventivo en ninguna institución para detectar esos focos de corrupción, que son reales y que están permitiendo que la droga siga su avance.

Por último, creo que la discusión de este proyecto va a dejar en evidencia la necesidad de una coordinación, que no hay. Los comités de seguridad y de inteligencia -ya lo decía- no existen. La posibilidad de juntar órganos autónomos y no autónomos para establecer cuáles son esas nuevas amenazas, qué debemos enfrentar, de qué debemos preocuparnos es una cuestión que francamente no está hoy día presente.

Con todas esas aprensiones, por supuesto yo voto a favor de este proyecto. Pero todo augura que la discusión en particular va a tener también estos ribetes de complejidad, y debemos escuchar a todos los actores. Me parece que esta es la oportunidad para hacer una transformación en serio en las policías. Creo que el gran problema del Presidente Piñera , quien la intentó llevar a cabo, es que una reforma no se hace solo con los mandos en una institución como Carabineros, que es escalafonal o biescalafonal: también ha de realizarse con la tropa, lo cual es un proceso. Bueno, también hubo algunos especialistas que en el marco del Senado le hicieron recomendaciones al Ejecutivo , que claramente desoyó.

Entonces, simplemente he querido plantear esas materias, porque creo que son las discusiones que vendrán. Pero, con todo, pienso que hay que respaldar esta iniciativa.

Gracias, Presidente .

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Muchas gracias, Senador Quintana.

Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

La seguridad pública es un tema transversal; todo Gobierno debe considerarla como una preocupación primordial en su gestión. Obviamente, sus principales objetivos son la modernización de las policías, el combate al narcotráfico, reformas legales que apunten en esta dirección y que deben ser parte de una política integral del Estado que contemple un enfoque técnico respetuoso de los derechos humanos y eficaz en sus objetivos.

El alcanzar hoy día los objetivos fijados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública va repercutir favorablemente en nuestro país, en nuestra sociedad. Por eso en la mesa de trabajo transversal que se ha constituido quedó de manifiesto la necesidad imperiosa de modernizar el sistema de seguridad pública del país, lo que ha significado una serie de iniciativas, como el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, el proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Una de las primeras conclusiones de este trabajo consiste en la ineludible división de funciones entre la gestión política y la gestión de seguridad ciudadana. De esta forma, el enfoque de la función de un futuro Ministerio de Seguridad Pública será técnica, conservando los aspectos políticos en el Ministerio del Interior.

La creación de un Ministerio de Seguridad Pública fue recomendada por el Consejo para la Reforma de Carabineros de Chile, por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, así como por la Comisión Bicameral de Seguridad, que reunió a parlamentarios de distintas tiendas políticas.

Es importante avanzar en el fortalecimiento institucional de los órganos estatales destinados a garantizar la seguridad de la ciudadanía, sobre todo en estos últimos años, en que tanto la delincuencia como la sensación y percepción de inseguridad que tienen los chilenos ha ido en aumento exponencial. Ojalá también se pueda considerar a Gendarmería dentro de las instituciones que debiesen estar en coordinación con la Subsecretaría de Seguridad Pública, o, incluso, ser parte del propio Ministerio, toda vez que esta entidad juega un rol fundamental en la materia al verificar la existencia de delitos tanto en recintos carcelarios o bajo supervisión de personas cumpliendo condenas en los mismos recintos penitenciarios.

El enfoque en materia de derechos humanos en el actuar policial evidentemente debe tener los resguardos necesarios propios de la democracia. Solo así se cumplirán los objetivos del nuevo Ministerio que se propone y se podrán respetar los nuevos paradigmas de seguridad pública.

Para tener una política de seguridad eficaz el Estado debe ser capaz de enfrentar las nuevas formas en la comisión de delitos con todos los medios que estén a su alcance, lo cual excede obviamente el ámbito meramente policial, e involucra a diversos sectores públicos y privados. Por eso se tiene que fortalecer la labor de coordinación e interacción, y ciertamente la prevención del delito.

Nada de esto podría realizarse sin un adecuado fortalecimiento de la capacidad profesional, estratégica, operativa, presupuestaria y administrativa de las entidades involucradas; y para ello debemos contar con el compromiso de todos los sectores políticos y autoridades involucradas para su adecuado cumplimiento.

Este proyecto es el inicio de un proceso de modernización del Estado en materia de seguridad pública, el que, si bien debe afinarse en ciertos detalles, constituye el fiel reflejo de un esfuerzo y trabajo transversal por mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.

Voto a favor, Presidente .

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Muchas gracias, Senador Durana.

Vamos a dejar con la palabra al Senador Kenneth Pugh para que fundamente su voto.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señor Presidente.

También solicito el tiempo normal para los efectos de poder intervenir.

¿Por qué Chile necesita un Ministerio de Seguridad Pública? Esto obviamente obedece a una reflexión, a un estudio que permite comprobar con data concreta que es mucho más eficaz tener una institución especializada con un ministro a cargo para poder dirigir un sistema multiagencial con interoperabilidad. Esa, quizás, es la característica principal de este nuevo Ministerio. Es una Cartera que no solo posee las características propias del resto de las subsecretarías: también tiene capacidades para poder generar diferentes operaciones tanto en el territorio nacional como en el extranjero; tiene capacidades para operar tanto en el mundo físico como en el mundo digital.

Estamos hablando, señor Presidente, de un nuevo sistema que va a proteger a Chile de las amenazas multidimensionales que lo están afectando.

Este Ministerio, entonces, tiene esa responsabilidad: resolver un problema gigantesco, de riesgos y amenazas que, una vez conocidas, se puedan mitigar, pero, para hacerlo, se requieren agencias especializadas.

Tomemos la primera de ellas, la Agencia Nacional de Inteligencia. Ya se encuentra en proceso de discusión la reforma al Sistema Nacional de Inteligencia para permitir que este organismo tenga una dotación de personal adecuada. Chile tiene intereses en todo el mundo, y esta agencia con lo primero que debe contar es con agentes que operen no solo en lugares conocidos, sino en cualquiera donde nuestro país tenga intereses, y con esto me refiero al extranjero. Chile debe tener la capacidad de adelantarse y anticiparse a los efectos que puedan ocurrir en nuestro territorio. De hecho, situaciones como el narcotráfico, que vemos aquí, se gestan y originan en otras partes.

Hoy, nuestra agencia no cuenta con esa capacidad. Debe ser capaz de formar agentes, de reclutarlos y mantenerlos en el tiempo. Y es por eso que esperamos y aspiramos a que en el nuevo Gobierno se tome esto como una medida de Estado, se avance en la nueva Ley de Inteligencia y se dote a dicho organismo de los elementos necesarios, especialmente agentes.

También hay que operar en el mundo digital. El Presidente anunció, en su mensaje a la nación del 1 de junio, la creación de la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, la que, como es nacional, tiene que ser capaz de coordinar el trabajo de los diferentes CSIRT (centros de respuesta), de gobierno, de defensa y de toda la infraestructura crítica, porque aquí, señor Presidente , está nuestra gran vulnerabilidad. Hoy dependemos de toda esta infraestructura crítica, que en gran parte está en manos de privados y que nos debe proveer de servicios básicos.

Es por eso que se requiere una respuesta integral, con sistemas propios de las empresas, con sistemas contratados externos, con toda la protección física, pero también con toda la protección digital.

También es necesario tener policías especializadas en la prevención del delito, con sistemas asociados; por ejemplo el programa Barrio Seguro, que fue capaz de licitar un sistema de disponibilidad: se compra disponibilidad, cámaras (en inglés, un service-level agreement), para que quienes tienen que prevenir el delito, quienes tienen que tomar acciones concretas, cuenten con elementos para poder coordinarse. Me refiero a las comunas, que son las que enfrentan esta situación, y a Carabineros, que debe realizar una labor preventiva, tratando de evitar que se cometan delitos. Y si estos ocurren, esas mismas cámaras permitirán entregar la evidencia necesaria para perseguirlos y ponerla a disposición de la fiscalía. Pues bien, hay mil cámaras que no están conectadas; no existe una central unificada, y ahí es donde cobran relevancia los términos "multiagencial" e "interoperabilidad".

Yo espero, señor Presidente, que seamos capaces de darle gobernanza a este nuevo Ministerio, que probablemente quedará radicado en el mismo edificio Bicentenario -es cosa de cambiarle la placa-, para que pueda resolver los problemas en forma efectiva y eficaz.

Pero no basta con la creación del Ministerio: requerimos dotarlo de las agencias que ya he mencionado y hacer todas las reformas que sean necesarias para que nuestras policías cuenten con el mejor personal, con el mejor equipamiento, con el mejor presupuesto y con el mejor mantenimiento.

No olvidemos, señor Presidente, que la inteligencia se lleva a cabo con recursos especiales. No podemos limitar... .

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)

Muchas gracias, señor Presidente.

No podemos limitar los recursos que se ocupen para desarrollar tal capacidad porque algunas personas crean que ellos no tendrán control. Todos los recursos están controlados. Y esperamos que este año, cuando se tramite la Ley de Presupuestos, tengamos los recursos para que este Ministerio pueda funcionar en plenitud.

Por lo expuesto anteriormente, señor Presidente, quiero felicitar a todas las Comisiones, tanto a aquellas convocadas por el Gobierno como a as autoconvocadas por el Senado, en las cuales pude participar, que trabajaron para que esto se hiciera realidad.

Entiendo que haya Senadores y Senadoras a los que no les guste la idea, pero, si se hace de la forma que he explicado, puede marcar una diferencia, un antes y un después.

Todos queremos un Chile más seguro, pero para eso necesitamos un sistema más seguro.

Muchas gracias, señor Presidente.

Voto a favor.

He dicho.

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Gracias, Senador Pugh.

Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Gracias, Presidente.

La verdad es que esta -y tiene razón quien informó el proyecto- ha sido una discusión muy larga en nuestro país, donde hemos pasado por distintas alternativas, visiones, opciones, y donde creo que el tema ha ido madurando en la lógica de comprender que la seguridad pública requiere un principio de especialización que de alguna manera hay que desvincular, en lo que tiene que ver con la orgánica, del Ministerio del Interior, que a esta altura ya tiene misiones de otro tipo, muy definidas.

Reconozco que este es un asunto en el que siempre he tenido dudas y que hemos discutido en distintos gobiernos, más allá de cualquier visión partidista: cómo enfrentar el tema de la seguridad, que ya en ese tiempo se veía que poseía una identidad propia y que no estaba necesariamente vinculado a los vaivenes lógicos de la política; que tenía secuencias, tácticas, procedimientos y estrategias bien diferentes. Y eso es lo que de alguna manera valoro que la Comisión de Seguridad haya ido madurando hasta entregarnos el día de hoy un proyecto que creo que está bien pensado.

Considero que el Ministro del Interior ha hecho un gran esfuerzo en la lógica de mantener lo que en su momento fueron los acuerdos nacionales por la seguridad pública y para entender que la prevención de peligro es un nuevo paradigma en materia de seguridad. Esto, obviamente, requiere una función especial del Estado para evitar que las personas resulten dañadas en cualquier aspecto. Y tiene que haber, por tanto, un sistema de seguridad pública, con funciones y atribuciones propias, para enfrentar los nuevos desafíos, ante la enorme multiplicidad de peligros existentes en la sociedad.

No puedo dejar de recordar a un Subsecretario del Interior que no era de mi coalición que, cuando iba saliendo del cargo, dijo reflexivamente que lo único que tenía claro era que el próximo subsecretario iba a tener más problemas que él, y así sucesivamente, porque era parte de las lógicas de seguridad que se van produciendo y de los nuevos enfoques que se van planteando.

Creo que poner a las personas en el centro de la seguridad es el elemento fundamental de una estrategia nacional de seguridad pública. El Estado debe cumplir un rol anticipativo, para evitar peligros, pero también uno reactivo, para tratar las consecuencias. Y ese sistema de seguridad, que tiene distintas funciones (preventivas, ejercicios de control, de reinserción para los infractores, entre otras), debe ser parte de una estructura especial dentro de nuestra orgánica pública.

Esta coordinación de los sistemas de seguridad pública es el objetivo del nuevo Ministerio. En el fondo, se trata de lo siguiente.

Se ha llegado al tema de la inseguridad. Lo voy a plantear en esa lógica. Creo que llegó el minuto, la hora en la que en el Estado la gestión política debe estar separada de esta otra función. Así lo ha dicho el Ministro del Interior , con buenos argumentos, y así también lo han señalado los Senadores miembros de la Comisión de Seguridad, que han llegado a la convicción de que este es un paso necesario.

Yo comparto la inquietud de algunos en cuanto a que la proliferación de ministerios no necesariamente constituye la solución a los problemas que existen, y que a veces, en vez de ir reduciendo instancias, algunas de las cuales serían necesarias, vamos aumentándolas. Me parece correcto el análisis en general, pero si hay algo que la práctica, en las décadas pasadas, ha sido muy consistente en demostrar es que el sistema de seguridad pública debe estar separado de la orgánica política, propia del Ministerio del Interior.

Así que creo que apunta en una buena dirección y al fortalecimiento institucional el tener una visión integral en materia de seguridad, con atribuciones precisas para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con relaciones internas que también tienen una especificidad particular, con deber de información al Congreso, lo que siempre es importante en la lógica democrática, y con una estrategia que, espero, sea transversal, rápida y nos dé más serenidad respecto de lo que viene.

Por eso, como creo en el principio de especialización a esta altura del desarrollo, porque entiendo que es la mejor forma de enfrentar tiempos complejos como los que hemos vivido y seguiremos viviendo en este ámbito, me parece que este proyecto apunta en la lógica correcta y que muchas de las inquietudes que se han planteado podrán ser resueltas en las instancias pertinentes.

Por lo tanto, voto a favor.

La señora RINCÓN ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Coloma.

Tiene la palabra el Senador García.

El señor GARCÍA .-

Muchas gracias, señora Presidenta .

La última semana del mes de diciembre recién pasado, la prensa publicó un sondeo realizado por Espacio Público, junto a Ipsos, sobre las principales preocupaciones ciudadanas. En este estudio -muy reciente, repito- el 56 por ciento de los encuestados indica como principal preocupación la delincuencia y la inseguridad. ¡56 por ciento! Lo más grave, quizás, es que cuando a las personas consultadas se les pide que se transporten diez años más adelante y señalen cuál sería su principal preocupación, el 38 por ciento responde que la seguridad ciudadana, la delincuencia.

Este estudio revela, como todos sabemos, lo que muchos otros han venido reflejando, a través de varios años, como la principal preocupación de nuestra ciudadanía. Nosotros lo escuchamos en las conversaciones con nuestros vecinos, con nuestras amistades, con nuestros familiares: ¡la seguridad ciudadana es la principal preocupación de las personas en nuestro país!

Por lo tanto, siento que este proyecto de ley, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, es una respuesta concreta, contundente, a esa legítima preocupación ciudadana. Y por eso me alegro de que lo estemos votando hoy en su idea de legislar, cuestión que, en mi opinión, debimos haber hecho mucho antes, pero bueno, nunca es tarde. Lo importante es hacernos cargo de una situación que cada día es más compleja, más grave y afecta a más personas, a barrios enteros, a territorios completos donde no es posible encontrar seguridad, no es posible encontrar tranquilidad, no es posible encontrar paz.

Todos los días las noticias nos sorprenden con hechos extremadamente violentos: muertes, narcotráfico, crimen organizado, terrorismo. Para qué decir las situaciones que hemos vivido en la Región de La Araucanía, de violencia extrema, de personas que han sido no solo asesinadas, sino también mutiladas.

Esto revela claramente que estamos en presencia de una violencia muy muy extrema, y que necesitamos, en este caso, un ministerio especializado, un ministerio técnico, dedicado única y exclusivamente a las tareas de orden y seguridad. Naturalmente, había que separarlo del Ministerio del Interior -ya lo dijeron varios de quienes me antecedieron en el uso de la palabra-, que tiene tantas funciones, tantas tareas, tantas complejidades, tantos problemas que abordar, que le resulta imposible hacerse cargo de los temas de seguridad de manera intensa, casi de manera exclusiva, porque, como digo, tiene responsabilidad en muchas otras materias.

Por lo tanto, creo que el paso que estamos dando es una respuesta concreta, una respuesta contundente, y esperamos que cuanto antes el proyecto sea ley de la república, para tener un Ministerio de Seguridad Pública que la ciudadanía está exigiendo, porque necesitamos un organismo técnico que ponga su mirada, que ponga toda su atención en lo que está ocurriendo, en lo complejo que son todas las organizaciones criminales, en los apoyos internacionales que puedan tener, de tal manera que seamos eficaces en el control de la violencia, en el control de la delincuencia, en el control del narcotráfico, en el control del terrorismo, y le entreguemos a nuestra ciudadanía orden, paz y tranquilidad, elementos sin los cuales es imposible alcanzar un verdadero desarrollo.

Gracias, señora Presidenta.

Voto a favor.

La señora RINCÓN ( Presidenta ).-

Gracias, Senador García.

Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Muchas gracias, señora Presidenta.

Bueno, en primer lugar, quiero plantear que, si la discusión fuera si la seguridad debe seguir unida con los asuntos de gobierno interior, tendría que decir que estamos ante un proyecto muy necesario, donde resulta muy importante que se desarrolle una perspectiva de ministerio de seguridad, con su propia especificidad y desarrollo, y eso, sin lugar a duda, lo voto a favor.

Sí quiero plantear algunos temas que me preocupan para el debate en particular.

Hoy día, en un seminario que tuvimos en la mañana, Innerarity, que participó en él, dijo que el mayor riesgo de nuestras sociedades, el mayor riesgo de la democracia es la simplicidad, o sea, la dificultad para asumir los procesos como complejos, para entender esos procesos como complejos, y tener capacidad de enfrentarlos de acuerdo a lo que los problemas son.

Creo que la seguridad es un tema de mucho dinamismo. Uno no podría decir que la situación de seguridad de hoy tiene algo que ver con la del año 90, por ejemplo. Yo podría relatar una experiencia de esa época, donde en una comuna llegamos a armar setenta comités de seguridad ciudadana. Conseguimos que hubiera Ministerio Público, que hubiera nuevas comisarías, más dotación. Pero cada día los temas de seguridad son más complejos, más difíciles y se alejan de las capacidades de control.

Entonces, uno se pregunta qué ha cambiado. ¿Ha cambiado el tejido social? En gran medida ha cambiado el tejido social. ¿Ha cambiado la capacidad de las policías para actuar? Yo creo que se han ido dotando de más equipamiento, de más condiciones. El año 90 en Chile había 23 mil policías o algo así. Hoy día, los cupos, o las vacantes -no sé cómo las llaman-, son 57 mil. Claro, 48 mil están ocupados; el resto, no.

Las realidades son bastante distintas desde aquella época hasta ahora.

Yo les diría a los colegas que existe una dimensión del problema que resulta fundamental asumir. Hay que tratar de comprender lo que está ocurriendo en la realidad y que provoca los problemas de convivencia, de inseguridad. ¿Qué está sucediendo? ¡Si no es solo el delito y cómo lo perseguimos! ¡Hay algo que está en la base del delito!

Por ahí me contaban que esto es muy parecido a lo que ocurrió en otra época, en la historia del siglo XVIII, cuando se provocó una desarticulación del sistema anterior sin crear otro, etcétera. Pero aquí hay que tratar de entender. O sea, uno mira el perfil de este Ministerio y observa que está muy ligado a hacer planes y programas, a coordinar, en fin. Yo creo que también se necesita una capacidad de entender la realidad y de hacer convenios con las universidades, con organismos internacionales, para comprender lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es muy volátil, va cambiando mucho.

Innerarity también señaló hoy día que una cuestión que está muy débil en la democracia y en la política es la disposición y capacidad de comprender, de aprender, de ir aprendiendo.

Nosotros creamos la Subsecretaría de Prevención del Delito con el mejor de los ánimos, pero, después de todos estos años, uno se pregunta qué ha pasado con esta instancia que se creó. Yo he visto a los subsecretarios y la verdad es que a casi todos me ha tocado evaluarlos en la discusión del Presupuesto. Los veo con hartas ganas, ¡pedaleando, pedaleando!, pero bastante en banda. ¿Qué pasa, entonces? ¿Qué es lo que no estamos tomando bien? Porque al frente tenemos una delincuencia que sabe actuar, que va aprendiendo, que va cambiando, con gran dinamismo. Entonces, tenemos que aprender.

Por lo tanto, lo primero que les diría a los colegas que están en este tema es que tratemos de que este Ministerio tenga la humildad de decir: tenemos que comprender mejor la realidad y tenemos que dedicarle distintos espacios. No basta con planificar, no basta con coordinar, no basta con supervigilar, no basta con las técnicas propias de la planificación, sino que es muy importante comprender los problemas de base para ver cómo poder actuar mejor frente a ello.

La segunda cosa que quiero señalar se refiere a la relación de este Ministerio con el alto mando de las policías, de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Creo que aquí también hay que darle un par de vueltas al diagnóstico.

Hay un francés, Roché , cuyo enfoque y análisis me parecen muy importantes. Y la verdad es que aquí hay un tema de doctrina: qué es la seguridad, para qué se orientan los dispositivos de seguridad, si solo es para perseguir delincuentes o si también es para construir condiciones de convivencia distintas. Esto tiene que ver con el rol del sistema de seguridad para construir convivencia, que es la discusión que se ha dado en Francia, en Inglaterra y en otros lados donde se han logrado resultados variables, pero están buscando otros caminos ... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

Además, el tema de la doctrina, el replantear el tipo de rol a desempeñar, creo que es importante incluirlo en este proyecto.

Una tercera cosa que llama mucho la atención es la seguridad privada. La seguridad privada cuenta con tres veces la dotación que tiene la seguridad pública, ¡tres veces, y más! ¿Cuánta plata mueve al año la industria de la seguridad privada en Chile? Más de dos mil millones de dólares.

Entonces, no se trata de solo un punto más, sino que hay que replantear el sistema.

Y el Subsecretario Galli , que es de los que más sabe del asunto porque él trabajó el tema en el Gobierno de Piñera 1, y nos tocó analizarlo juntos, dice hay que tomar muy en serio esto, porque es algo muy grande. Y no alcanzo a explicar todos sus componentes.

Y para terminar, para no alargarme -perdón, Presidenta -, a mí me parece importante insistir en una cosa que recién mencionaba el Senador García: aquí es clara la relación con el narcotráfico. Pero el narcotráfico no se encuentra articulado, sobre todo el tema de la droga. A mí me gustaría ver de qué manera se articula un Ministerio de Seguridad con el servicio que está dedicado a la droga, porque es fundamental, ya que hoy día un factor central de inseguridad es el narcotráfico, que ha ido consumiendo y corrompiendo el tejido social del país.

Pero no solo el narcotráfico, sino también la relación con el control de las armas, para que las armas no terminen copando todos los espacios, que es una situación que en sí misma genera desprotección, distancia.

Lo decía también algún colega: el problema de la inteligencia. A lo mejor aquí está considerado el punto en alguna parte que no la veo, porque esto lo estudié ahora diagonalmente y rápido, pero creo que la inteligencia es clave, que es distinto que entender la realidad, ya que implican ver cuáles son los operativos y cómo operan, cómo se mueven.

Bueno, considero importante aprobar este proyecto. Sin embargo, creo que... ...

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)

Decía que hay que asumir la realidad actual y estar permanentemente trabajando. En tal sentido, sugiero que tengamos un convenio permanente, al menos con las universidades estatales, de tal forma de que haya mucho más pensamiento y desarrollo sobre en qué realidad estamos situados y cómo recomponerla.

Además, es algo que abarca diez años, por lo menos; o sea, cuando un presidente dice "yo pongo como primera prioridad es la seguridad", creo que se equivoca. Son procesos largos y hay que enfocarlos desde el comienzo de dicha manera, tomando todas las medidas de corto plazo, conteniendo; pero estos son procesos largos y no solo nacionales, porque tienen muchos ribetes internacionales.

Muchas gracias, señora Presidenta .

La señora RINCÓN ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Montes.

Tiene la palabra el Senador Navarro y luego la Senadora Provoste.

El señor NAVARRO.-

Gracias, Presidenta .

Esta es la primera discusión que hacemos sobre la creación de un Ministerio de Seguridad Pública.

Está claro que la delincuencia no es un problema de Chile, sino que un problema mundial. Algo hay en el modelo neoliberal que genera una externalidad tremendamente negativa, donde un sector de la sociedad decide participar de ese proceso de desarrollo desde la marginalidad, pero una marginalidad ligada al poderoso señor dinero.

La delincuencia que hoy día encontramos no es el monrero, no es el cogotero; no es solo la acción contra un auto que es vulnerado y robado.

¿Qué ejemplo reciben los jóvenes respecto de los delitos menores? Hoy día los delitos menores no se investigan en Chile: 70 por ciento de las carpetas de Fiscalía no reciben mención alguna y solo un 30 por ciento de las denuncias de la ciudadanía se pesquisan. Entonces, si permitimos lo menos, es claro que permitimos lo más.

Y aquí yo quiero señalar que la creciente inseguridad y ola delictual que incorpora el sicariato en Chile debe recibir una evaluación política, que no solo está focalizada en el Ministerio del Interior o en la Fiscalía Nacional, sino que hay un componente ligado a la nueva realidad de Chile. Y a mí me extraña que el Ministerio propuesto no considere expresamente facultades para poder coordinarse con los países desde los cuales tenemos una franca acción migratoria.

¿Puede el Ministerio de Seguridad Pública pensar que la seguridad radica solo dentro de Chile; es decir, que solo los factores que operan al interior del territorio nacional son los que producen la delincuencia? Claramente no.

Y espero que mejoremos el proyecto, porque la coordinación no solo es necesaria entre las policías, la PDI, la Interpol, sino que también entre los países que están combatiendo de verdad la delincuencia y el terrorismo. Y dentro de las facultades del nuevo Ministerio no veo que siquiera se haya discutido el asunto. Leí detenidamente el informe.

Además, quiero señalar que falta debate sobre la descentralización: ¡muy bien!, policía unitaria.

Puede haber un riesgo en la descentralización de la facultad, pero ¿la prevención del delito, la rehabilitación y la reinserción van a ser dirigidas y diseñadas en Santiago? ¿Vamos a seguir con el fracasado sistema de adoptar políticas desde las cuatro cuadras del poder de La Moneda? ¿Los canales de televisión seguirán transmitiendo en los matinales noticias solo sobre Santiago , ignorando las regiones; es decir, los fenómenos que provoca la delincuencia en Aysén, en Magallanes, son los mismos que en la Región Metropolitana? ¡Por supuesto que no! Se requiere una política descentralizada de este Ministerio y no veo allí una instancia adecuada de coordinación con los gobernadores. Los gobernadores regionales no son títeres, no pueden ser entes sin poder, sino que se requiere analizar qué tipo de facultades tendrán para poder colaborar en la tarea preventiva.

¡Saquemos a los jóvenes tempranamente de la delincuencia! Eso están haciendo países modernos como Alemania, donde de raíz ingresan a la tarea de la prevención, no esperando que el delito se consume, sino que advirtiendo las señales mediante las cuales se prevé que va a ocurrir una acción delictual cometida por jóvenes.

Quiero además señalar que la ANI, cuyo proyecto de ley está en tramitación desde el 2018, nos revela claramente que sin Ley ANI no hay inteligencia. Aquí hay una falta de inteligencia policial absoluta.

¿Cuál es el rol que va a cumplir Gendarmería? Se toca tangencialmente su rol dentro del Ministerio de Seguridad Pública, pero no existen en Gendarmería condiciones reales para hacer reinserción y rehabilitación. ¿Quién se encarga de aquello? Porque si tenemos a un joven de catorce años delinquiendo, porque hoy día son susceptibles de proceso penal los jóvenes de aquella edad, y no abordamos el problema habrá un cliente frecuente de las cárceles por décadas, hasta que ese chico se muera. No existe una política dirigida a aquello, y Gendarmería no posee las condiciones. Podrá contar con el mandato, pero no lo aplica.

El Fiscal Nacional Jorge Abbott señalaba que la expansión del derecho penal sancionatorio o punitivo bordea el populismo penal. Si seguimos insistiendo solo en castigar penalmente y combatir la delincuencia de dicha manera vamos a cometer un gran error.

El Ministerio Público versus el Ministerio de Seguridad Pública. Entre la PDI y Carabineros hay un largo historial de desavenencias que han ido siendo superadas, pero lo que visualizo es que si entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública no hay un corte efectivo de condiciones...

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

Si el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública no tienen las facultades claramente determinadas o una coordinación, se producirán encontrones. El control civil de Carabineros se hace necesario; aquí estamos ordenando arriba, pero no abajo.

El otro día aprobamos un proyecto de ley que, según el Ministro de Justicia , permitirá que cuando haya un teniente, cuando haya un cabo que denuncie a un general, eso va a ser presentado ante la Contraloría General de la República, pero si no pueden casarse sin autorización del alto mando y si no pueden ni siquiera ir a su casa sin permiso del capitán, del coronel, ¡menos van a poder denunciar ante la Contraloría cuando haya corrupción o cuando haya desviación!

Entonces, tenemos un desafío muy global. Creo que el proyecto de ley constituye un primer paso importante, pero le faltan muchos de los aspectos que aquí se han señalado, y espero que haya tiempo y voluntad para poder incorporar algunos asuntos y mejorarlo.

Voto a favor, señora Presidenta .

La señora RINCÓN ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Navarro.

Tiene la palabra la Senadora Provoste y luego la Senadora Allende.

La señora PROVOSTE.-

Muchas gracias, Presidenta.

La intervención del Senador Alejandro Navarro nos ahorra bastantes argumentos sobre nuestras preocupaciones.

Si revisamos cualquier estudio de opinión a lo largo del tiempo, desde hace ya varios años la seguridad pública se repite entre las primeras preocupaciones y urgencias de la ciudadanía. Hay quienes buscan hacer de la seguridad pública un tema de política pequeña, de trincheras, simplificando una realidad compleja.

La lógica de la consigna de terminar con la puerta giratoria; de creer que solo la represión resuelve los problemas de delincuencia; del populismo penal, han demostrado una y otra vez su fracaso.

Por eso que saludamos el presente proyecto, que recoge una propuesta que varias de nosotras y nosotros venimos haciendo de manera reiterada: la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, cuyo establecimiento tiene, en mi opinión, un conjunto de beneficios para el país.

Junto con relevar políticamente la importancia de esta temática y la profundidad del fenómeno, un Ministerio de Seguridad Pública debiera permitir coordinar bajo una misma institucionalidad el conjunto de herramientas de política pública en su reflexión, en su diseño, en la implementación, resguardando, por cierto, el rol que en particular compete a las instituciones policiales y de justicia.

Este debate legislativo se encuentra en su primera etapa y existen ciertos aspectos que deberán ser revisados en su discusión en particular, para aclararlos o darles una mejor solución institucional. Y otros probablemente deberán ser adecuados a los resultados del proceso constituyente que se lleva a cabo en el país.

Voy a votar a favor de esta iniciativa.

Sin embargo, en mi fundamento de voto quiero dejar expuestos algunos de los puntos que espero sean recogidos mediante las indicaciones necesarias.

El proyecto establece niveles de coordinación territorial de acuerdo con la actual estructura regional. No obstante, varios sectores, incluyendo al Presidente electo, hemos planteado la necesidad de fortalecer la figura de los gobernadores regionales y terminar con los delegados regionales y provinciales. Esperamos que esto se haga realidad, por lo que el nuevo Ministerio, así como el resto del Ejecutivo en el país, deberá ser redefinido, con relación al territorio, respecto de esa eliminación y de las nuevas funciones que sean traspasadas a los gobernadores y gobernadoras regionales.

En segundo lugar, el proyecto no deja claro ni el rol ni la relación de la nueva institucionalidad con la Agencia Nacional de Inteligencia, como lo decía el Senador Navarro . Esto nos parece que es un tema central, pues aquellos aspectos vinculados con la inteligencia han sido transversalmente reconocidos por todos los sectores como los más débiles en nuestra institucionalidad.

En tercer lugar, nos parece relevante incluir una perspectiva de transversalidad de las políticas públicas en materia de seguridad al interior del Estado, en consideración a la multidimensionalidad de los fenómenos de seguridad.

Esta cuestión, que fue planteada por alguno de los invitados en la Comisión, pareciera del todo pertinente pensando, por ejemplo, en sectores como Obras Públicas , Vivienda, Educación y muchos otros.

Igualmente, en la perspectiva de género, desde el punto de vista de la iluminación, de la discriminación, de la vulnerabilidad en la que viven importantes sectores de nuestro país, pareciera pertinente incorporar junto a la idea de la transversalidad, la idea de la interseccionalidad de las políticas públicas.

En cuarto lugar, y lo planteó el Fiscal Nacional, el proyecto no aborda la relación con el Ministerio Público, tampoco con la Defensoría Nacional. Al establecer en la presente iniciativa el diseño de una política nacional de seguridad pública, pareciera indispensable ordenar adecuadamente esta materia. Y ordenar también la relación con el Poder Judicial , más allá de lo que señala con respecto al Ministerio de Justicia.

En quinto lugar, el proyecto no establece claramente el destino del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el Senda. No nos parece que esta definición quede pendiente, menos aún cuando existe un debate público relativo al enfoque que la mencionada institución debiese tener.

En el caso de la nueva institucionalidad para la infancia, tampoco se señalan con claridad los mecanismos de coordinación en aquellas materias relativas a la reinserción y a la prevención.

Le pido, Presidenta, para que no se corte mi intervención, que me pueda conceder más tiempo.

Finalmente, creo necesario que el proyecto de ley sea más explícito en lo relativo al compromiso respecto a los derechos humanos en materia de seguridad.

Por lo mismo, me parece relevante la propuesta y los planteamientos realizados por el Director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, con el propósito de relevar la mirada en cuanto al respeto, reconocimiento y no repetición en materia de derechos humanos en la nueva institucionalidad.

Para concluir, creo indispensable alertar que esta nueva institucionalidad abre un futuro para el Ministerio del Interior, que será despojado de un conjunto de funciones y facultades que hoy se radican en él.

Por cierto, no creo posible que la creación de la nueva institucionalidad destinada a la seguridad deba esperar por dichas definiciones, pero como Senado pronto deberemos abordarlas a la luz de lo que, espero, sean las proposiciones sobre el régimen político que la nueva Constitución precise para nuestro país.

Voto a favor del proyecto, y anuncio que presentaremos varias indicaciones en esta línea.

La señora RINCÓN ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Provoste.

Tiene la palabra la Senadora Allende, y luego el Senador Sandoval.

La señora ALLENDE.-

Presidenta, creo que inevitablemente una de las tareas que va a dejar en deuda el presente Gobierno es -y hay que decirlo- el combate contra la delincuencia.

Según el índice de Paz Ciudadana de 2021, en tres de cada diez hogares al menos una persona ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses, con lo cual hay un aumento de 4,2 puntos porcentuales en relación con el año 2020.

La semana pasada, en el informe del Observatorio del Narcotráfico, escuchamos cómo aumentó el uso de armas y los delitos violentos en el país producto del crimen organizado.

En la Región de Valparaíso las balaceras parecen estar descontroladas. Desde el 8 de diciembre del año pasado se han producido once episodios, siete de ellos en pleno centro de Viña del Mar y Valparaíso, con cuatro muertos y once heridos. Este último fin de semana ocurrieron tres de esos hechos, resultando un ciudadano muerto en el mercado de Viña y tres heridos en una discoteca del barrio puerto.

Obviamente que nos preocupa la seguridad de los vecinos y las vecinas de la región, y hemos oficiado a diversas instituciones para ver qué planes se están ejecutando para prevenir y perseguir este tipo de delitos.

Me he acercado a conversar con el Ministro del Interior para manifestarle que me parece preocupante la situación. Y estuvimos de acuerdo en que el exceso de armas circulando, hechizas o reales, es algo que no puede continuar. En el país está dando vuelta gran cantidad de armas internadas de manera irregular o adquiridas en un mercado negro que es extremadamente preocupante.

Se acerca el verano, época que proveerá una de las pocas opciones para levantar la alicaída economía de nuestra región, pero claramente hay una exigencia en términos de seguridad pública. No podemos fomentar, potenciar ese turismo si estamos viendo espectáculos como los que han ocurrido exactamente el fin de semana pasado, que es más que lamentable.

Y por eso es tan importante un avance real en materia de seguridad.

En la Comisión de Seguridad, la Asociación de Fiscales expuso la preocupante tasa de homicidios en el país, la cual todavía resulta baja si nos comparamos con el subcontinente. Sin embargo, ha ido en aumento, donde el año 2020 pasó de 4,8 a 5,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, duplicándose en una década. Y alertaron que de mantenerse dicha alza podríamos llegar a una tasa similar a la de México.

El Presidente ha intentado desde el inicio de su gobierno hacerse cargo del tema. Y en tal sentido, creó un acuerdo en torno a la materia con más de ciento cincuenta propuestas, entre las cuales se considera modernizar el sistema de seguridad pública.

El presente proyecto de ley me parece que va en un sentido correcto ya que todos los expertos han planteado la necesidad de separar el asunto y que haya una autoridad específica preocupada de la seguridad pública dentro de las labores tradicionales del Ministerio del Interior.

Entonces, existe coincidencia en que hay un problema de atribuciones dentro del Ministerio del Interior, ya que la autoridad que lo encabeza mantiene funciones de control del orden público y de seguridad, pero además tiene responsabilidades en materia de gobierno interior y de desarrollo regional, y cumple obviamente una labor política al ser el jefe del gabinete. Y dicha dualidad, por cierto, siempre ha significado un problema para enfrentar de forma más adecuada, más acertada el combate a la delincuencia.

Como dijo el profesor Luis Cordero , dicha institución ha mantenido su estructura desde 1871 hasta 2011.

Ya en el 2006, cuando en el primer Gobierno de Bachelet se ingresó la reforma que derivó en la subordinación de las policías al Ministerio del Interior, se trató de separar sus funciones en dos ministerios, cosa que no se concretó.

Por eso, creemos que es muy importante que más adelante queden explícitas las funciones políticas que va a desarrollar el Ministerio del Interior, porque, de otro modo, no podemos dejar de pensar en cómo se va a coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública. En verdad, tengo algunas dudas. Considero absolutamente necesario separar las funciones del Ministerio del Interior y las del Ministerio Seguridad Pública.

No sé si será conveniente seguir creando ministerios. A estas alturas creo que ya suman veinticuatro y no sé si es una buena política seguir y seguir creándolos.

Pero debemos avanzar en los aspectos que aquí se han mencionado, por ejemplo, en que haya una mejor coordinación y en que hace falta una inteligencia -y lo hemos dicho muchas veces-, más allá de las reformas profundas a las policías.

Claramente, hacen falta más estudios para comprender -como lo dijo muy bien el Senador Montes- esta realidad de hoy día. Y necesitamos, por supuesto, saber cómo se va a coordinar con otras áreas que tienen que ver con el narcotráfico y, también, con el tema que ocurre actualmente en nuestras cárceles, donde desgraciadamente el hacinamiento impide toda política de buena rehabilitación.

Es claro y sabido que mucha de la delincuencia se gesta en torno a las mismas cárceles, y, por lo tanto, necesitamos avanzar en aquello que hoy día es seguramente un tema aún pendiente: cómo impedimos que siga este hacinamiento y cómo podemos mejorar la rehabilitación. Y para qué decir si pudiésemos hacer una mejor prevención.

Le dije al Ministro del Interior que lamentablemente en la actualidad ya hay muy poca confianza en el delegado y respecto de cualquier declaración más que haga en la Región de Valparaíso.

Hoy día la gente quiere acciones concretas y sentir que de verdad hay planes, estrategia, apoyo, avance, inteligencia, prevención y más eficacia.

Lo cierto es que la sensación de abandono que pueden tener... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa) ...

Decía que la sensación de abandono que pueden tener los vecinos y las organizaciones no deben ser ignoradas, Presidente , porque esa es la realidad. La gente siente que efectivamente semana a semana están ocurriendo hechos violentos y delictuales importantes, y no logramos avanzar en aquello que le importa a la ciudadanía.

Yo entiendo que esta es una tarea colaborativa, que es de todos, que tiene que partir justamente de la expresión territorial, desde las propias juntas de vecinos y otras organizaciones, y de ahí ir avanzando de manera efectiva en mejores coordinaciones.

Por supuesto, vamos a votar a favor del proyecto, porque creemos que va en la línea correcta, pero pensamos claramente que más adelante habrá que ver con mucho más detalle lo que puede ser justamente esa discusión en particular : cómo avanzamos para una mejor coordinación, dónde van a quedar radicadas las coordinaciones -como dije- con inteligencia, con Gendarmería, en materia de narcotráfico... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO ( Vicepresidente ).-

Muchas gracias, Senadora Allende.

Dejo con la palabra al Senador David Sandoval para que fundamente su voto.

El señor SANDOVAL.-

Muchas gracias, Presidente.

Sin duda que las informaciones de delitos de violencia y otros se han hecho parte en nuestro colectivo, en la conciencia de toda nuestra comunidad, como también el enorme efecto e impacto que esto tiene en la seguridad, en el desarrollo y en las comunidades en general.

De acuerdo con los últimos sondeos -así se dice-, hay un aumento en la proporción de delitos violentos, pasando de 24 por ciento el 2020, a un 28 por ciento el 2021.

En este contexto, en Santiago se concentran los delitos más violentos, el 31,4 por ciento, mientras que en las regiones es el 19,3 por ciento.

La delincuencia en homicidios alcanzó su peak el año 2020 y crece un 46 por ciento en cinco años.

El Departamento de Análisis Criminal de Carabineros detectó que el 60 por ciento de los casos tienen como escenario la vía pública. El espacio público es donde la inmensa mayoría de los delitos se cometen.

El proyecto invoca una serie de fundamentos para justificar su presentación y eventual materialización. Pero, en realidad -uno también lo ha pensado varias veces-, ¿se resuelve el problema con la creación de una institucionalidad? ¿Será que eso puede lograrse con la creación de este Ministerio?, que evidentemente generará expectativas y hará pensar a la comunidad que probablemente entraremos a dar pasos significativos para ese objetivo.

Si se parte de la premisa de que cada problema lo vamos a resolver con una institucionalidad, bueno, uno se pregunta ¿por qué hoy día el Ministerio de Salud no ha resuelto los problemas de salud?; ¿por qué el Ministerio de Vivienda no ha solucionado los problemas de vivienda, de campamentos, de marginalidad y otros tantos más?

Sin embargo, entendemos que esta es una realidad que está superándose día a día por la complejidad también que va adquiriendo el fenómeno de la delincuencia y el narcotráfico. Los últimos casos -a propósito, comentaba recién con la Senadora Ebensperger lo del secuestro con homicidio ocurrido en el norte- son delitos que hasta hace poco eran absolutamente desconocidos. La delincuencia cada vez entra en niveles de especialización más significativos.

Por eso, la prevención de los peligros, como un nuevo paradigma en materia de seguridad, sin duda que constituye una tarea que tenemos que enfrentar dada la complejidad que el fenómeno hoy día está adquiriendo.

Asimismo, las personas deben estar en el centro de la seguridad pública; la protección de ellas es un elemento fundamental en toda la estrategia que debe impulsar el Estado.

Y, además, obviamente, tiene que existir coordinación en el sistema público. Porque aquí a veces se han señalado los encuentros y las descoordinaciones que han ocurrido en ese contexto. Por tanto, le corresponderá a este nuevo Ministerio ser el organismo superior de un sistema de seguridad pública.

¡Ojalá que así sea así y se concreten los objetivos!

También es necesario dividir las funciones de gestión política de la gestión de seguridad pública, que evidentemente ha sido una discusión permanente desde hace mucho tiempo.

Espero sinceramente que esta iniciativa, respecto de la cual les confieso que he tenido ciertos niveles de aprensiones, pueda dar con las soluciones que nuestra población, nuestra comunidad plantea.

El constituyente Felipe Harboe formuló en su presentación, con motivo de la tramitación de este primer informe, varias observaciones y aludió al rol y los cambios que eventualmente a través de la Constituyente se van a plantear en este sentido. Y me parece legítimo considerar ese contexto.

Ha habido una fuerte discusión sobre el rol de los delegados regionales y provinciales presidenciales; el rol de los gobiernos regionales, y el rol de los propios municipios, que, cuáles más o cuáles menos, hacen algunos esfuerzos por procurar mantener a raya algunos niveles mínimos de seguridad pública.

Creo que evidentemente este proyecto impone un enorme desafío -este es su primer trámite-, y espero sinceramente que los miembros de la Comisión hagan un profundo análisis acerca de la complejidad del tema.

Siendo yo en realidad un poquito pesimista respecto del rol de la institucionalidad, de lo que significa la creación de una institucionalidad para resolver un problema, espero que se logren los objetivos. Ojalá sea así, en bien de nuestra sociedad, en bien de la seguridad que hoy día está agobiando evidentemente a toda nuestra comunidad.

Voto a favor, Presidenta .

Muchas gracias.

La señora RINCÓN ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Sandoval.

Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier; después intervendrá la Senadora Ebensperger y, seguidamente, el Senador Huenchumilla.

El señor GUILLIER.-

Presidenta, quiero destacar que voy a apoyar este proyecto porque la verdad es que hace mucho tiempo que lo necesitábamos. Porque hay que separar la conducción política de un Gobierno del tema de la seguridad, en el más amplio sentido.

Todos nosotros, particularmente en la zona norte de Chile, pero no somos los únicos, estamos observando cómo crecientemente la capacidad de producir drogas en territorio chileno y el involucramiento de organizaciones criminales extranjeras empiezan a asociarse. De hecho, la propia Fiscalía Nacional ha dado cuenta de cómo organizaciones criminales mexicanas poderosas y complejas -por ejemplo, el cartel de Sinaloa y también el cartel Jalisco Nueva Generación ; en otro lado, el cartel del Golfo, de Colombia- han ido incursionando en nuestro país tanto en el tráfico de drogas desde nuestros puertos, sobre todo a Europa, pero también en la construcción en Chile de infraestructura para generar esa droga.

Esta es una de las dimensiones más graves de lo que estamos viviendo, y no hemos apuntado a eso porque nunca hemos pasado de la represión del tráfico a investigar de verdad el crimen organizado y, sobre todo, el lavado de dinero, que es lo que mueve la industria de la droga. Mientras no lo abordemos con servicios policiales altamente especializados y con facultades legales excepcionales, no vamos a poder penetrar el círculo poderoso del lavado de dinero, que se mezcla con actividades lícitas para poder justificar ingresos que son de altas dimensiones.

Pero además hay otros hechos: están apareciendo distintas formas de crimen organizado, por ejemplo, el cibercrimen.

Hoy, en la Comisión de Defensa, se presentó por parte del Senador Pugh una interesante observación en orden a crear en Chile el mes de la seguridad, en el amplio espectro, porque nos damos cuenta de que la seguridad actualmente no dice relación simplemente con los delitos de asalto, de secuestro -que se empieza a instalar en nuestro país como un gran negocio lucrativo-, de portonazos y otros, sino con delitos más sutiles, con gente muy preparada, que maneja negocios internacionales y que nos van a introducir hacia formas criminales para las que nuestras policías no están preparadas, nuestras fiscalías tampoco y nuestra legislación aún menos.

Se trata de amenazas no convencionales. No es solo el crimen organizado, es el cambio climático; el ciberespacio; las crisis financieras; las capacidades de desmontar sistemas financieros, servicios básicos; la seguridad humana que queda expuesta a todas estas mafias y organizaciones, que también se globalizan a alta velocidad.

Nosotros necesitamos efectivamente un Ministerio de Seguridad, aunque debo decir que tiene un aspecto excesivamente burocrático eso de crear organismos. Pero aquí lo clave, lo fundamental es el talento humano, la capacitación, la formación de personal especializado y, además, protegido, porque pueden ser víctimas también de represalias del crimen organizado. De igual modo, necesitamos descentralizarlo a lo largo del territorio.

Estamos hablando de cambios constitucionales, en que obviamente habrá distribución de poderes también en los territorios. Ahí tenemos que generar capacidades y, finalmente, coordinación.

La creación del Ministerio Público debe ser una labor asociada para que aquel se transforme realmente en el organismo que coordine la seguridad de las personas en el más amplio espectro, incorporando estas nuevas formas criminales de que estamos siendo víctimas. Y, además, tiene que ser capaz de anticiparse en políticas sociales preventivas y de rehabilitación.

Espero que este paso no termine en un mero acto burocrático, simplemente por cumplir algo, y que de verdad haya detrás la voluntad política de combatir el crimen organizado, porque cuando se combate caen intereses muy poderosos, muchas veces aparentemente legítimos. Y eso, desde hace mucho tiempo, por lo menos en Chile, no hemos sabido que se esté investigando.

Muchas gracias, Presidenta .

Voto a favor.

La señora RINCÓN ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Alejandro Guillier.

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger, y finalmente, el Senador Huenchumilla.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Yo no sé si la creación de este Ministerio va a ser o no un avance. Espero que ayude.

Hoy día, y desde hace mucho tiempo, el tema de la seguridad, en cualquier encuesta que se haga, es siempre la primera preocupación de la ciudadanía.

En la actualidad, mi Región al menos está absolutamente secuestrada por el crimen organizado: todos los días hay homicidios; ¡narcotráfico, para qué decir! Lamentablemente, estamos en una situación grave grave, diría yo.

La migración es otro tema que está descontrolado, porque nadie sabe quién entra al país, lo que también es un descontrol.

No tengo dudas de que dentro de las personas que ingresan debe haber gente que viene huyendo de un país donde le privaron todas sus libertades, en que no tenían qué comer y buscan una mejor calidad de vida. Pero, claramente, también viene bastante delincuente. No puede un país, por mucho que quiera ayudar a esas personas, dejarlas entrar sin saber quiénes son.

Hoy día la PDI las llama a autodenunciarse, pero cualquier persona va y dice: "Me llamo Juanito Pérez ". No basta con eso, porque lo más probable es que ese no sea su nombre.

No puede un país no saber quién entra a su territorio. Lo que corresponde es hacer un catastro y que este sea biométrico, con huellas, con fotos, e investigar si los que han ingresado son efectivamente quienes dicen ser.

Se hablaba acá hace un rato que existe en algunos gobiernos -haciendo alusión, probablemente, al Gobierno del Presidente Piñera- un populismo penal. Pero resulta paradójico echarle la culpa a otro cuando muchas veces este Congreso, que exige o critica a un gobierno determinado por el poco éxito en materia de seguridad, les niega los recursos a las policías, les quita y les rebaja los gastos reservados. ¿Cómo quiere que Carabineros, la PDI o cualquier otra institución hagan inteligencia? ¿Cómo se les paga a los informantes? ¿Querrá que vayan al Servicio de Impuestos Internos e inicien actividades, saquen boletas y estas les sean pagadas como informantes?

¡Eso no tiene ni pies ni cabeza!

Cuando se habla de "acabar con la puerta giratoria", se juzga y critica al Poder Judicial ; pero los tribunales aplican las leyes. Por lo tanto, ¡hagamos buenas leyes!

El viernes pasado me junté con el General Telchi, Jefe de Zona de mi Región , quien me mostraba al responsable del último homicidio -no el último, porque desde que yo hablé con él a esta fecha ya han ocurrido como tres homicidios más-, a la persona que habían detenido por el crimen que se cometió allá y me decía: "Mire, Senadora , este caballero ha sido detenido treinta y nueve veces por Carabineros, es responsable de tres homicidios ¡y está libre!".

¡Si esa persona se encuentra libre es porque el Poder Judicial está aplicando leyes que hemos aprobado nosotros y que le permiten dejarla en libertad!

Entonces, ¡no rasguemos vestiduras en contra del Poder Judicial o del Ejecutivo y miremos también nosotros las leyes que estamos aprobando!

Tenemos un sistema excesivamente garantista porque nosotros lo hemos aprobado así: nos preocupamos de darles todas las garantías a los delincuentes, pero no de las víctimas. ¡Por lo tanto, no nos quejemos luego de la falta de seguridad!

Si creemos que hoy día se ha llegado a un punto sin retorno, preocupémonos entonces de modificar esas leyes y hagamos otras mejores para que no pueda existir esa puerta giratoria, para que los delincuentes tengan asegurados sus derechos y para que todas las buenas personas puedan también vivir en paz sabiendo que hay buenas leyes y que los tribunales las podrán aplicar correctamente. Así, ¡los que tienen que estar en las cárceles van a estar en las cárceles!

Mientras eso no ocurra, podemos continuar dando grandes discursos, pero las malas personas y los delincuentes van a seguir... . (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo)

Presidenta, un minuto y termino.

(Se vuelve a activar el micrófono por indicación de la Mesa).

Como decía, los delincuentes van a seguir en las calles y las buenas personas -que es lo que ocurre en la Región de Tarapacá- continuarán viviendo cada día más encerradas, porque a partir de las seis de la tarde no pueden salir de sus casas debido a que la calle es un verdadero infierno.

En consecuencia, nosotros, este Congreso, este Poder Legislativo, somos tan responsables como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de la delincuencia que hoy día existe en nuestro país y de la falta de buenas leyes que hagan que quienes deban estar tras las rejas sean los delincuentes y no las buenas personas encerradas en sus casas.

Voy a votar favorablemente, Presidenta , aunque no sé si este es el camino correcto.

La señora RINCÓN ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Muchas gracias, Presidenta .

Estimo que esta es una buena iniciativa porque pretende establecer una nueva institucionalidad para el Estado, orientada a una materia específica, respecto de la cual todos estamos de acuerdo en que requiere de un tratamiento diferente, distinto, moderno. Porque sabemos que la delincuencia hoy día, en el siglo XXI, ha tomado características de profunda gravedad. Lo vemos en nuestro país con nuevas fórmulas para delinquir y con hechos de narcotráfico, de crimen organizado, de ciberseguridad en un mundo globalizado.

Por cierto, una nueva institucionalidad y una nueva ley no hacen milagros, pero dotan al Estado de facultades para combatir este flagelo que azota a la sociedad, a toda la gente en Chile y en el mundo. Por eso, reitero, esta es una buena iniciativa.

En seguida, quisiera precisar un par de cosas.

Lo primero: el proyecto habla de "seguridad multidimensional". Y yo debo entender que se está refiriendo a la seguridad en las relaciones de los seres humanos. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos otras fragilidades; por ejemplo, la fragilidad de nuestro propio cuerpo, y, por lo tanto, la seguridad en la salud y en lo sanitario no queda incluida dentro de este concepto multidimensional; tampoco quedan incluidos los avatares de la naturaleza que nos golpean y nos crean inseguridad. Es decir, todos los fenómenos que tenemos en relación con eso, a mi juicio, no entrarían dentro del concepto multidimensional a que se refiere el presente proyecto de ley.

Lo segundo: creo que aquí hay un cambio también, porque normalmente los partidos conservadores y de Derecha en el mundo colocan gran parte del acento de la seguridad en el sistema penal. Entonces, tradicionalmente se piensa que el combate contra el delito y el resguardo de la seguridad le corresponden al derecho penal. Y eso significa policía, significa Poder Judicial y significa cárcel.

Esto es así desde hace trecientos años: desde que se inventan las cárceles como una manera de represión.

Creo que eso hoy día requiere un tratamiento y una visión diversa, porque así es el nuevo procedimiento en los países más avanzados, fundamentalmente en Europa, donde lo esencial, aparte del sistema penal, dice relación con las políticas de prevención, dentro de las cuales un lugar importante lo juega el sistema de inteligencia que permite anticiparse y prevenir, de tal manera que la autoridad pueda obtener buena información para tomar las medidas que correspondan.

Eso demanda, por lo tanto, que tengamos una policía reformada, con sistemas de inteligencia al más alto nivel que permitan dotar a la autoridad de este Ministerio y al Jefe del Estado de la información necesaria para adoptar las medidas correspondientes.

Además, requiere la prevención de la criminología, que es el estudio del delito y de la reacción social frente al delito.

Entonces, yo espero que este Ministerio tenga un departamento que se dedique a estudiar a fondo los fenómenos criminógenos que hoy día azotan a Chile y al mundo.

Por último, también hay una nueva política, llamada "la prevención situacional del delito", para la cual este Ministerio deberá tener facultades normativas con el fin de inundar al resto de la Administración del Estado, que tiene que ver con cuestiones situacionales como, por ejemplo, el desarrollo territorial, el urbanismo, la construcción de calles o carreteras, para impedir que, por determinadas circunstancias, el delito simplemente se multiplique.

Termino diciendo que tengo muchas esperanzas en que podamos contar con una buena institucionalidad a raíz de este proyecto de ley.

Por lo tanto, vamos a votar a favor y espero que en la discusión particular podamos avanzar notablemente en esta iniciativa.

Voto a favor.

Muchas gracias, Presidenta .

La señora RINCÓN ( Presidenta ).-

A usted, Senador Huenchumilla.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora RINCÓN ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (36 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.

La señora RINCÓN (Presidenta).-

Queda aprobado en general el proyecto y vuelve a la Comisión respectiva.

Corresponde fijar plazo para indicaciones.

Nos indican el jueves 17 de marzo, a las 12 horas.

¿Habría acuerdo?

--Así se acuerda.

BOLETÍN N° 14.614-07

INDICACIONES

01.08.2022

INDICACIONES PRESENTADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO PRIMERO

1.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Primero.- Apruébase la siguiente Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana:

“Título I

Del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y de los Consejos de Seguridad Pública

Párrafo I

Del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana

Artículo 1°.-

El Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, en adelante también “el Ministerio”, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público; la prevención del delito y la convivencia ciudadana, para lo cual concentrará la decisión política en estas materias. Asimismo, planificará, diseñará, coordinará, supervigilará y evaluará las políticas, planes y programas relativos, tanto a dichas materias, como a aquellas que digan relación con reinserción social y atención y asistencia a víctimas, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley.

El Ministerio velará, además, por la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial en estos ámbitos.

Artículo 2°.-

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán de esta cartera de Estado, encontrándose subordinadas a la autoridad civil, y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas.

Párrafo II

Funciones del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana

Artículo 3°.-

El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, reinserción social, atención y asistencia a víctimas y convivencia ciudadana.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos, y, cuando corresponda, su implementación y evaluación. Para el logro de estos objetivos, podrá solicitar todos los antecedentes que estime pertinentes a cualquier organismo público, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentren en su poder.

Artículo 4°.-

Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana las siguientes funciones:

a. Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad, mediante la prevención de delitos y el resguardo de la seguridad pública y el orden público, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento.

b. Promover medidas tendientes a prevenir delitos mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión.

c. Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República.

d. Ejecutar las acciones tendientes a prevenir y controlar el crimen organizado, debiendo vincularse para ello con los demás organismos competentes en la materia.

e. Promover la ciberseguridad mediante la prevención, detección y neutralización de las amenazas en el ciberespacio.

f. Adoptar y ejecutar las medidas tendientes a favorecer la reinserción social y el ejercicio de los derechos de quienes infrinjan la ley o el orden público, en coordinación con los organismos con competencias en la materia.

g. Regular los derechos, obligaciones, funciones y atribuciones relativos a las personas que proveen servicios de seguridad privada.

h. Cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal, considerando su autonomía y atribuciones.

i. Efectuar control y auditoría ministerial y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

j. Ejecutar las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio deberá actuar con pleno respeto a los derechos humanos, con base especialmente en los principios de equidad, igualdad, inclusión, diversidad, no discriminación e interés superior de niños, niñas y adolescentes.

Artículo 5°.-

Para el cumplimiento de sus funciones, corresponderá al Ministerio las siguientes atribuciones:

a. Velar por la mantención del orden público en el territorio nacional.

b. Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, debiendo coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

c. Supervisar, instruir, coordinar y evaluar la ejecución de las acciones que desarrollen los demás organismos públicos en relación con la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

d. Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

En el ejercicio de esta atribución se deberá considerar, especialmente, la situación de las víctimas de violencia de género, de niñas, niños y adolescentes, y de los defensores y defensoras ambientales.

e. Supervigilar y fiscalizar la acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el resguardo y mantenimiento de la seguridad pública y el orden público.

f. Definir y evaluar las medidas orientadas a la prevención de los delitos, en el ámbito de su competencia.

g. Promover la seguridad y la prevención de los delitos en eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, y mantener el registro al que se refiere el artículo 30 de la ley Nº 19.327.

h. Efectuar análisis estratégicos en materia de seguridad pública, en el marco de sus competencias.

i. Desarrollar y administrar sistemas de tratamientos de datos, documentos y otros antecedentes, en el marco de sus competencias, que no permitan la singularización de personas determinadas y en conformidad a la ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada.

j. Elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública. Tales estadísticas se referirán, por lo menos, a la victimización, revictimización, el temor y las denuncias. Del mismo modo, deberán considerarse factores de riesgo relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo, a nivel nacional, regional y comunal.

k. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública, convivencia ciudadana y las demás materias que sean de su competencia.

l. Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a la seguridad pública; el orden público; la prevención del delito; la atención y asistencia a víctimas; la reinserción social, y la convivencia ciudadana.

m. Coordinar las acciones destinadas a mantener y restablecer la seguridad pública y el orden público, ya sean regionales o provinciales, según corresponda.

n. Coordinar y evaluar, en conjunto con los demás organismos con competencia en la materia, la ejecución de planes y programas de reinserción social.

o. Solicitar informes a cualquier organismo público, en materias relacionadas directa o indirectamente a la mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público, y la prevención del delito; la atención y asistencia a víctimas; la reinserción social, y la convivencia ciudadana. Dichos organismos estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

p. Autorizar, regular, supervisar, controlar y ejercer las demás atribuciones en la forma que señale la ley, en materia de seguridad privada.

q. Suscribir acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, en materias de su competencia.

r. Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En ningún caso el ejercicio de estas atribuciones podrá entorpecer las funciones que le corresponden al Ministerio Público en lo que se refiere a la dirección de la investigación de los hechos constitutivos de delito, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, la ley N° 19.640, el Código Procesal Penal y las demás leyes especiales.

Artículo 6°.-

Al Ministerio le corresponderá respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las siguientes atribuciones:

a. Asesorar al Presidente o Presidenta de la República en la conformación del Alto Mando, así como en los ascensos y retiros del personal de nombramiento supremo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

b. Aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y sus modificaciones, y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, de conformidad a la ley. Para dichos efectos definirá los ejes principales y lineamientos de dichos planes.

c. Supervigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad pública que defina la cartera, mediante el sistema de supervisión y evaluación de la gestión policial.

d. Promover la probidad y el cumplimiento de las normas sobre transparencia, publicidad de la información y rendición de cuentas a la ciudadanía por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

e. Ejercer el control presupuestario, financiero y de mérito respecto de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán hacer envío, trimestralmente de su estado y gestión financiera. Sin perjuicio de ello, el Ministerio podrá requerir información estadística actualizada en cualquier momento.

f. Examinar y aprobar las bases de licitación o términos de referencia para la adquisición de tecnología y sistemas informáticos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio, determinará los requerimientos técnicos para la adquisición de equipos y programas computacionales, a fin de compatibilizar las herramientas tecnológicas que utilicen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, podrá solicitar la opinión de otras instituciones que estime relevante.

g. Dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los planes de formación y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con especial enfoque en el adecuado uso de la fuerza, la incorporación de una perspectiva de género, de resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de no discriminación, así como en la promoción, garantía y respeto irrestricto de los Derechos Humanos.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá coordinar con la Subsecretaría de Educación Superior, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quienes emitirán un informe previo, pronunciándose sobre las orientaciones técnicas referidas.

h. Aprobar los planes de estudio y programas de las asignaturas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los perfiles de ingreso y egreso, además del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas, para lo cual solicitará, en su caso, todas las modificaciones que estime pertinentes.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá coordinar con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como con la Subsecretaría de Educación Superior, quienes emitirán un informe previo, pronunciándose sobre dichos programas y planes de estudio.

i. Supervigilar el cumplimiento de los planes de formación educacional que se dicten en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

j. Diseñar, junto al Alto Mando policial, estrategias de perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con enfoque de género y promoción de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

k. Supervigilar y controlar las modificaciones de la organización interna de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, teniendo en especial consideración los desafíos de seguridad pública, el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y la paridad de género, en conformidad a los planes estratégicos de desarrollo policial y los planes anuales de gestión operativa y administrativa.

l. Requerir la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción, pudiendo exigir cuenta de su avance y, en su caso, poner antecedentes en conocimiento de la justicia. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán comunicar al Ministerio, mensualmente, las resoluciones que dieren inicio a procedimientos disciplinarios, así como las que les pusieren término, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda en esta materia a la Contraloría General de la República. Estas comunicaciones serán siempre de carácter secreto.

m. Requerir cualquier otra información a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, aun aquella de carácter reservado, incluyendo antecedentes o documentos que digan relación con inteligencia policial.

n. Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Artículo 7°.-

El Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana informará por escrito, semestralmente, a las comisiones encargadas de la seguridad del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, acerca de los desafíos en las materias de la cartera, de los avances en la implementación y los resultados de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad, orden público, prevención del delito y convivencia ciudadana, atención y asistencia a víctimas y reinserción, así como de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos en materia de prevención y reinserción social, dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

Lo anterior, será sin perjuicio de la facultad de las comisiones de ambas Cámaras de citar a una sesión especial para los fines señalados en el inciso precedente.

Párrafo III

De los Consejos de Seguridad Pública

Artículo 8º.-

Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana e integrado por el Ministro o la Ministra del Interior; el Ministro o la Ministra de Defensa Nacional; el Ministro o la Ministra de Hacienda; el Ministro o la Ministra de Justicia y Derechos Humanos; el Ministro o la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género; un o una representante de la Corte Suprema designado por ésta; el o la Fiscal Nacional del Ministerio Público; el Defensor o la Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública; el Director o la Directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y un o una representante de las municipalidades que será designado por éstas.

Un Subsecretario o Subsecretaria designado al efecto por el Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana actuará como Secretario o Secretaria del Consejo, levantando acta de las reuniones.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

Igualmente, el Consejo tendrá como objetivo procurar la coordinación de los organismos que lo conforman y el fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del Ministerio, a través de propuestas técnicas y de su acción mancomunada. Para estos efectos, podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos, autoridades nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

Un reglamento expedido por el Ministerio determinará la estructura, competencias, convocatorias, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento del Consejo Nacional, así como de los Consejos Regionales.

Artículo 9º.-

El Consejo sesionará, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez por semestre, deberá oír a los o las representantes de la sociedad civil, en la forma que determine el reglamento.

Artículo 10.-

En el primer trimestre de cada año, la Dirección de Presupuestos deberá enviar un informe al Consejo con el detalle de la ejecución presupuestaria de cada órgano del Estado que realice gastos en materias de seguridad pública, del presupuesto del año anterior.

Una resolución expedida por el Ministerio de Seguridad Pública suscrita, además, por el Director o Directora de Presupuestos, determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir esta información.

Artículo 11.-

El Consejo contará con comisiones técnicas, definidas por el Secretario o Secretaria de esta instancia.

Los miembros del Consejo que integrarán estas comisiones técnicas serán definidos por este anualmente y sesionarán en la forma y con la periodicidad que determine el reglamento.

Artículo 12.-

En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el Secretario o la Secretaria Regional Ministerial de Seguridad Pública e integrado por el gobernador o la gobernadora regional, los alcaldes o las alcaldesas de los municipios de la región, un o una representante del Ministerio del Interior, un o una representante del Ministerio de Hacienda, el Secretario o la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género y el Secretario o la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesor del Secretario o la Secretaria Regional Ministerial de Seguridad Pública en la implementación y coordinación de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana a nivel regional, provincial y comunal, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública. Para estos efectos, el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otras autoridades regionales, funcionarios públicos o representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

Al Consejo Regional le corresponderá, además, por intermedio de la Secretaría, mantener una coordinación con los consejos comunales de seguridad pública de la región respectiva, debiendo considerar la información, antecedentes y estadísticas que este le provea.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año, deberá oír a los representantes de la sociedad civil en la forma que determine el reglamento al que hace referencia el artículo siguiente.

En el mismo reglamento mencionado en el inciso final del artículo 9, se determinará la estructura, competencias, convocatorias, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento de los Consejos Regionales.

Párrafo IV

Organización interna del Ministerio

Artículo 13.-

El Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, se desconcentrará territorialmente mediante secretarías regionales ministeriales de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, las que dependerán del Ministro o Ministra, mediante la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Artículo 14.-

El Ministro de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República y será responsable de la conducción del Ministerio en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél le imparta. La conducción política del Ministerio estará a cargo del Ministro conforme dichas instrucciones.

El Ministro o la Ministra será subrogado por el o la Subsecretaria de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y a falta de éste, por el Subsecretario de Prevención del Delito, sin perjuicio de la facultad del Presidente o la Presidenta de la República de nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.

Cada subsecretario o subsecretaria será el jefe superior del Servicio en su respectiva subsecretaría y le corresponderá desempeñar las demás funciones establecidas en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la demás normativa aplicable. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública la administración y servicio interno del Ministerio.

Asimismo, los y las subsecretarias deberán efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro del cumplimiento de sus funciones.

Artículo 15.-

Un reglamento expedido a través de este Ministerio determinará su estructura y la de las subsecretarías, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En dicha estructura se deberán considerar las unidades funcionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del Ministerio.

Título II

De la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

Artículo 16.-

La Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o de la Ministra en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas relativas a la seguridad pública, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo, sin perjuicio del ejercicio de otras atribuciones que el Ministro o la Ministra le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquél o aquella le encargue.

Artículo 17.-

Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública:

a. Colaborar en la coordinación de las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con la seguridad pública.

b. Proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, normas, planes y programas en el ámbito de la seguridad pública, el crimen organizado y el mantenimiento del orden público.

c. Efectuar análisis en coordinación con los demás órganos de la Administración del Estado, sobre los desafíos y riesgos en materia de seguridad pública. Para estos efectos podrá adoptar todas las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este literal.

d. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas dentro del ámbito de sus competencias.

e. Diseñar y evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios en materias de resguardo fronterizo. Lo anterior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, dentro del ámbito de sus competencias.

f. Relacionarse con la Agencia Nacional de Inteligencia. El Ministerio podrá requerir información a la Agencia, la que estará obligada a entregarla.

g. Controlar y ejercer la supervigilancia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos estratégico, operativo, administrativo, financiero y disciplinario; velando por la aplicación del enfoque de derechos humanos y género en el desarrollo de la función policial, para un adecuado cumplimiento de las funciones que les caben en materia de prevención de peligros de las personas, control y fiscalización del cumplimiento del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de órdenes judiciales y aquellas asociadas a la investigación de delitos.

En el ejercicio de esta función, la Subsecretaría podrá instruir a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública objetivos específicos, desarrollo estratégico y gestión operativa en el resguardo de la seguridad y orden público; prevenir y controlar cualquier abuso de la fuerza contra los ciudadanos; regular y controlar el uso de tecnologías de parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones que la Constitución Política de la República, la ley N° 19.640, el Código Procesal Penal y las demás leyes le asignen al Ministerio Público.

h. Asesorar al Ministro o a la Ministra de Seguridad Pública en todas las materias relativas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

i. Elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias.

j. Asesorar al Ministro o Ministra sobre el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, para que sean consideradas por éste en el ejercicio de sus funciones en esta materia.

k. Supervigilar el cumplimiento de los planes y programas de formación educacional que se dicten en las Fuerzas de Orden y Seguridad. Para este efecto, deberá promover una cultura de aseguramiento de la calidad y la permanente actualización de los planes y programas de estudio y de los medios de acceso al conocimiento.

l. Controlar la ejecución presupuestaria, las inversiones y, en general, todos los aspectos financieros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública remitirán, de manera trimestral, un informe detallado periódica y directamente a la Subsecretaría.

m. Analizar, visar y aprobar el financiamiento de los proyectos de adquisición e inversión para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, sin perjuicio de los demás procedimientos y autorizaciones que exija la normativa vigente.

n. Supervigilar las políticas de personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

o. Ejercer las atribuciones del Ministerio respecto de la seguridad privada, generando un sistema de evaluación constante sobre los obligados a contar con seguridad privada; sobre los vigilantes, guardias privados y demás personas naturales que ejerzan funciones en esta materia, de acuerdo a la ley; así como sobre las personas naturales o jurídicas que los capaciten. Para estos efectos, deberá coordinarse con Carabineros de Chile, la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante y la Dirección General de Aeronáutica Civil para ejercer una fiscalización permanente sobre los servicios de seguridad privada.

p. Mantener actualizado el registro especial establecido por el Título V de la ley Nº 20.000.

q. Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Título III

Subsecretaría de Prevención del Delito

Artículo 18.-

La Subsecretaría de Prevención del Delito es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir los delitos, rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley, sin perjuicio de las competencias propias de otros ministerios y servicios públicos, así como del ejercicio de las atribuciones que el Ministro o Ministra le delegue y del cumplimiento de las tareas que éste le encargue.

Artículo 19.-

Corresponderá a la Subsecretaría de Prevención del Delito:

a. Asesorar al Ministro o a la Ministra en el cumplimiento de las funciones que a este o a esta le asigna el artículo 1° en lo relativo a la prevención del delito, la rehabilitación y la reinserción, así como en la atención y asistencia a víctimas de delitos.

b. Evaluar las políticas públicas de prevención del delito y apoyo o asistencia a víctimas diseñadas o formuladas por el Ministerio, según las directrices metodológicas que éste imparta. Adicionalmente, deberá producir, sistematizar y poner a disposición información y datos para el diseño y evaluación de estas políticas públicas, aplicando métodos científicos.

c. Evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios de los demás Ministerios y servicios públicos que desarrollen relacionados con la Seguridad Pública y la Convivencia Ciudadana.

d. Diseñar políticas públicas con objetivos vinculados a la prevención del delito y particularmente para evitar conductas violentas, a través de la reducción de factores de riesgo sociales o situacionales, con énfasis en la articulación y coordinación de instituciones en planificación territorial, sea ésta a nivel macrozonal, regional, provincial, comunal, barrial u otro nivel territorial.

e. Proponer al Ministro o a la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana las políticas, normas, planes y programas en el campo de la prevención del delito, la rehabilitación y la reinserción social de infractores de ley.

f. Proveer orientaciones técnicas para la formulación de la planificación territorial en materia de seguridad pública y para la identificación de prioridades, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia. Esta competencia la ejecutará en coordinación con los secretarios regionales ministeriales.

g. Emitir recomendaciones a todo órgano del Estado acerca de aspectos propios de su competencia, que digan relación con la prevención del delito, así como en la atención y asistencia a víctimas de delitos.

h. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades para implementar políticas públicas de prevención del delito, o de apoyo y asistencia a víctimas en el ámbito de sus competencias, o facilitar su coordinación intersectorial.

Título IV

Estructura regional del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana

Artículo 20.-

El Ministerio se desconcentrará territorialmente en cada región del país mediante Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública, las que estarán a cargo de un o una secretaria regional ministerial, quien será el o la representante del Ministerio en la región.

Corresponderá a los secretarios regionales ministeriales las siguientes atribuciones:

1. Ejecutar la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, así como la Política Nacional de Víctimas, coordinando las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región, además de todas las materias propias del Ministerio.

2. Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas que dependan de la Subsecretaría de Prevención del Delito, así como proveer toda la colaboración para cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 21, en los niveles territoriales que ésta establezca.

3. Proveer la colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales y comunales puedan identificar prioridades en materia de seguridad pública y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

4. Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la región, mediante la prevención de los delitos y el resguardo de la seguridad pública y el orden público, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, con pleno respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República y los derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

5. Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley.

6. Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile.

Título V

Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana

Artículo 21.-

La Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, en adelante la Política, es el instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos y los análisis sobre prevención del delito que sean pertinentes.

La Política incorporará una perspectiva de género, y se elaborará con pleno respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Para la elaboración de esta Política, el Ministerio considerará, entre otras fuentes, la información, antecedentes y estadísticas que provean los Consejos Regionales y Comunales de Seguridad Pública; así como el contenido de los Planes Comunales de Seguridad Pública y la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia.

Junto con lo anterior, se tendrá en consideración la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia.

La Política será aprobada cada seis años por el Presidente o la Presidenta de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

La dictación de la Política no obstará a la elaboración, implementación y evaluación de planes o estrategias particulares que, en estas materias, pueda sancionar cada Gobierno. Sin embargo, dichos planes o estrategias deberán ser coherentes con la Política, así como con los objetivos que determine el propio Ministerio.

Título VI

Del personal

Artículo 22.-

El personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, al régimen de remuneraciones del decreto ley N° 249, de 1974, y su legislación complementaria.”.”.

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ARTÍCULO 1°

Inciso segundo

2.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar, a continuación de la frase “y control de los delitos”, el siguiente texto: “junto a la prevención de los peligros y la planificación integral de la gestión de emergencias ciudadanas”.

3.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar, después de la frase “ejercer la coordinación interministerial en todas las materias de su competencia”, el siguiente texto: “e integrar capacidades y liderar el trabajo interagencial e interoperable de los organizamos relacionados”.

ARTÍCULO 2°

Inciso primero

4.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar, a continuación de la expresión “Sistema de Seguridad Pública”, las palabras “Integral Nacional”.

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Inciso nuevo

5.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública será el encargado de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Seguridad Pública Integral, que tendrá como objetivo fijar los lineamientos estratégicos en la materia, promoviendo el fortalecimiento de la gestión e integración de procesos fundados en la eficiencia táctica e interagencial, transparencia, control de gestión y probidad, modernización permanente, inclusión, equidad y materialización e interoperabilidad continua de los procesos de rendición de gastos. El Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Seguridad Pública Integral tendrá una vigencia de diez años, y podrá ser modernizado cada cinco años.”.

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Artículo nuevo

6.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar, a continuación del artículo 3°, el siguiente artículo 3º bis, nuevo:

“Artículo 3° bis. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y ante todo subordinadas a la dirección y control del poder civil democráticamente electo de conformidad a la Constitución y las leyes. Asimismo, entiéndase por subordinación al poder civil la obediencia y no deliberación que por esencia les corresponde a estas instituciones.”.

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ARTÍCULO 4°

7.- Del Honorable Senador señor Insulza, para intercalar, entre las expresiones “e interferencias,” y “rehabilitación y reinserción social”, lo siguiente: “incluidas las del espacio digital”.

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Incisos nuevos

8.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar los siguientes incisos segundo y terceros, nuevos:

“Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el diseño, implementación y evaluación de los planes y programas que se ejecuten en dichos ámbitos deberán ser autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública.

Los órganos de la Administración del Estado estarán obligados a prestar toda la colaboración que les sea requerida por parte del Ministerio para el logro de estos objetivos, dentro del ámbito de sus competencias.”.

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ARTÍCULO 5°

Letra c

9.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituir la expresión “la Agencia Nacional de Inteligencia y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, por la siguiente: “la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos que tengan injerencia en dichas materias”.

Letra d

10.- Del Honorable Senador señor Pugh, para reemplazar la expresión “el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado”, por la siguiente: “el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado”.

Letra e

11.- Del Honorable Senador señor Pugh, para intercalar entre las expresiones “Exteriores,” y la conjunción “y”, lo siguiente: “del Interior, de Transportes y Telecomunicaciones”.

Letra f

12.- Del Honorable Senador señor Pugh, para agregar, a continuación de la palabra “personas”, lo siguiente: “naturales o jurídicas”.

Letra j

13.- Del Honorable Senador señor Pugh, para agregar, a continuación de la palabra “pública”, la siguiente frase: “, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley.”.

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Letra nueva

14.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar la siguiente una letra k:

“k. Diseñar y evaluar las políticas de prevención, control y la persecución contra la delincuencia infanto juvenil, en todos sus grados de participación, debiendo tener especial consideración al principio interés superior del niño, niña y adolescente.”.

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ARTÍCULO 6°

Letra a

15.- Del Honorable Senador señor Pugh, para reemplazar la expresión “de persecución”, por la siguiente: “de persecución y prevención”.

Letra b

16.- Del Honorable Senador señor Pugh, para intercalar, entre las palabras “medidas” y “tendientes”, el término “específicas”.

Letra e

17.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituirla por la siguiente:

“e. Proponer al Presidente de la República, al inicio de su mandato y a mitad del mismo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.”.

Letra f

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Párrafo nuevo

18.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar un párrafo segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Para estos efectos deberá cada año publicar una sistematización actualizada de estadística criminal anonimizada, segmentada por regiones, tipo de delito, u otros criterios importantes.”.

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Letra g)

19.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar, después de la frase “relacionados con la seguridad pública”, lo siguiente: “destinados a mejorar la comprensión sobre los distintos aspectos de la seguridad, en el ámbito nacional, provincial y local”.

Letra h

20.- Del Honorable Senador señor Pugh, para reemplazarla por la siguiente:

“h. Elaborar planes y programas para el resguardo de la sociedad contra objetos y fenómenos ultraterrestres, ya sean de carácter natural o artificial. Para ejercer esta atribución, estará en permanente coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.”.

Letra i

21.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituirla por la siguiente:

“i. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública y las demás materias que sean de su competencia, y mantener un sistema de interoperabilidad informática que permita compartir y almacenar información actualizada con los demás poderes y servicios del Estado.”.

Letra j

22.- Del Honorable Senador señor Pugh, para reemplazar la expresión “a esta función” por “de esta función”.

Letra n

23.- Del Honorable Senador señor Pugh, para intercalar, entre las expresiones “abastecimiento,” y “puertos”, el siguiente texto: “infraestructura industrial de relevancia regional o local,”.

Letra o

24.- Del Honorable Senador señor Pugh, para intercalar, entre las expresiones “fronterizo,” y “para”, lo siguiente: “y gestionar los medios”.

25.- Del Honorable Senador señor Pugh, para intercalar, entre las expresiones “Exteriores” e “y”, el siguiente texto: “, el Ministerio de Defensa Nacional”.

Letra p

26.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituirla por la siguiente:

“p. Formular planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con espectáculos masivos, sean estos deportivos, culturales, de entretenimiento o de otra índole y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional y, en particular, mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.”.

Letra q

27.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirla por la siguiente:

“q. Promover la creación de centros integrados de protección ciudadana y la definición e implementación de un número nacional de emergencias bajo la integración nacional, regional, provincial, comunal de otros servicios públicos y privados relacionados, bajo una dirección de mando y control sobre la gestión y proyección eficiente de los recursos disponibles ante una emergencia ciudadana.”.

ARTÍCULO 7°

Inciso primero

Letra d

28.- Del Honorable Senador señor Insulza, para intercalar, entre la expresión “Ministerio” y la frase “, sin perjuicio de poder requerirla en cualquier momento”, lo siguiente: “vía interconexión”.

29.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar, a continuación de la frase “, sin perjuicio de poder requerirla en cualquier momento”, lo siguiente: “o exigir su complemento”.

Letra i

30.- Del Honorable Senador señor Pugh, para intercalar, entre las expresiones “personal” y “que”, lo siguiente: “y de equipos y medios tecnológicos”.

ARTÍCULO 8°

31.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituir la frase “en materia de seguridad pública y orden público”, por la siguiente: “en la Política Nacional de Seguridad Pública y en el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Seguridad Pública Integral”.

ARTÍCULO 9°

Letra b

32.- Del Honorable Senador señor Pugh, para incorporar, a continuación de la expresión “se trate”, la siguiente frase: “de delitos cometidos con ocasión de espectáculos masivos, sean estos deportivos, culturales, de entretenimiento o de otra índole, y”.

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Artículo nuevo

33.- Del Honorable Senador señor Pugh, para incorporar, a continuación del artículo 10, el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo …. En el ejercicio de las funciones y atribuciones que le encomienda la ley, así como en cualquier otra labor necesaria para su adecuado funcionamiento, el Ministerio de Seguridad Pública deberá considerar la interoperabilidad digital, asegurando la trazabilidad e integridad de la información que permita integrar la infraestructura de datos del Estado, minimizando así la pérdida, alteración o modificación de la información, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 21.180, sobre transformación digital del Estado.”.

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Artículo nuevo

34.- Del Honorable Senador señor Pugh, para incorporar, a continuación del artículo 10, el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo …. El Ministerio de Seguridad Pública como órgano rector en materias de seguridad pública y seguridad multidimensional, tanto a nivel nacional, regional y comunal, será la autoridad responsable de la acreditación de seguridad de todas las personas que por la naturaleza de sus funciones accedan a datos o información sensible o secreta en cualquiera de sus formas, procediendo las sanciones administrativas y penales que procedan en caso de incumplimiento del resguardo de su debido secreto.”.

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ARTÍCULO 11

Inciso primero

35.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar, a continuación de la expresión “el Director Nacional de Gendarmería,”, lo siguiente: “ el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; el Director Nacional de Aeronáutica Civil; el Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas”.

Inciso final

36.- Del Honorable Senador señor Pugh, para agregar a continuación de la expresión “públicos”, lo siguiente: “y de la academia”.

ARTÍCULO 12

37.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para remplazar la frase “una vez por semestre” por la palabra “cuatrimestralmente”.

38.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituir la expresión “una vez por semestre”, por la palabra “trimestralmente”.

ARTÍCULO 15

Inciso primero

39.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar, a continuación de la expresión “el Director Regional de Gendarmería de Chile”, lo siguiente: “, el Director Regional del Servicio Nacional de Aduanas, un representante regional del Director Nacional del Territorio Marítimo y de Marina Mercante”.

ARTÍCULO 20

Letra d

40.- Del Honorable Senador señor Pugh, para incorporar, a continuación de la palabra “relacionados”, lo siguiente: “con espectáculos masivos, sean estos deportivos, culturales, de entretenimiento o de otra índole, y”.

Letra k

41.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar la siguiente frase final: “Estará también sometido a este control el personal civil adscrito a la Subsecretaría de Seguridad Pública por las instituciones respectivas.”.

Letra l

42.- Del Honorable Senador señor Pugh, para agregar, a continuación de la palabra “Pública”, la siguiente frase: “, procurando que las adquisiciones obedezcan a criterios de estandarización y a las realidades del servicio.”.

ARTÍCULO 25

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Incisos nuevos

43.- Del Honorable Senador señor Kast, para agregar los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“En dicha instancia el Ministerio de Seguridad Pública deberá también presentar un informe que permita a las Comisiones de Seguridad de ambas Cámaras tomar conocimiento y evaluar, en base al sólo mérito de la información proporcionada, el desempeño que las diversas instituciones públicas relacionadas directa e indirectamente con la seguridad pública han tenido en el último año. Dicho informe deberá referirse a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública, pudiendo comprender a otras instituciones públicas que hubiesen sido incorporadas en la propuesta sexenal descrita en el inciso siguiente. La información presentada variará según los objetivos y funciones de cada institución, debiendo ella ser idónea para que las Comisiones de Seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas puedan evaluar satisfactoriamente el desempeño de cada una de ellas.

La información específica que se presentará respecto de cada institución, así como la metodología que se utilizará para su recopilación y el listado de instituciones respecto de las cuales se rendirá informe deberán ser propuestos por el Ministerio de Seguridad Pública al Honorable Congreso Nacional, dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Dicha propuesta deberá ser aprobada sin reparos por ambas Cámaras. En caso contrario, el Ministerio de Seguridad Pública deberá presentar una nueva propuesta dentro de los quince días siguientes a su rechazo y, así sucesivamente, hasta su aprobación por ambas Cámaras.

Una vez aprobada la propuesta, ella tendrá una vigencia de 6 años, debiendo repetirse el proceso de proposición y aprobación descrito en el inciso anterior cuando se hubiere vencido dicho plazo.”.

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Artículo nuevo

44.- Del Honorable Senador señor Pugh, para incorporar, a continuación del artículo 26, el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo …. Los organismos dependientes del Sistema de Seguridad Publica deberán relacionarse entre sí para el logro de objetivos estratégicos, mediante el intercambio y entrega de información que establecen esta ley y el ordenamiento jurídico.

En la vinculación y cooperación en el traspaso de información orientada al análisis de riesgos y amenazas de la infraestructura critica, con el Sistema de Inteligencia Nacional y/o Sistema de Defensa Nacional, se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones, registros y datos de cualquier tipo que obren en poder del Ministerio de Seguridad Publica y sus órganos dependientes o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes o informaciones que pongan en serio riesgo la seguridad pública y que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas.”.

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ARTÍCULO SEGUNDO

45.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo Segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales:

1. Suprímese, en el Título I, la frase “y Seguridad Pública”.

2. Modifícase el artículo 1º, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 1º.- El Ministerio del Interior será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el ejercicio del gobierno interior, así como en asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres y catástrofes y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones que encomiende aquél o las leyes. Asimismo, será el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios, para el logro de los objetivos gubernamentales.”.

b) Suprímese el inciso segundo.

c) Reemplázase el inciso tercero, que pasa a ser inciso segundo, por el siguiente:

“Además de las funciones que esta ley le señale, este Ministerio será el sucesor legal, sin solución de continuidad, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en todas las materias que no sean de competencia del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.”.

3. Suprímese el artículo 2º.

4. Reemplázase el artículo 3º, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Además de las facultades ya existentes para el Ministerio del Interior en otras materias, a éste le corresponde:

a) Coordinar políticamente los distintos ministerios, de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el Presidente o la Presidenta de la República.

b) Velar por el desarrollo regional y local del país; de acuerdo a los planes y programas aprobados por los Gobiernos Regionales.

c) Ejercer el gobierno interior del Estado.

d) Velar por la correcta ejecución de las leyes electorales.

e) Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias en materia migratoria, así como supervigilar, formular, implementar y supervisar políticas, planes y programas relativos a migración, velando por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Chile y que se encuentren vigentes en estas materias, así como de protección de refugiados, sin perjuicio de los derechos, obligaciones y atribuciones del Servicio Nacional de Migraciones en estas materias.

f) Proponer las normas sobre división política y administrativa del país y la fijación de los distintos límites territoriales y husos horarios aplicables en el territorio nacional.

g) Controlar el funcionamiento del Diario Oficial y asegurar el cumplimiento de sus fines y objetivos, pudiendo dictar los reglamentos necesarios para su funcionamiento.

h) Conducir las relaciones con el Congreso Nacional que no correspondan a otros Ministerios.

i) Coordinar la prevención y respuesta frente a desastres y emergencias.

j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de su competencia.

k) Administrar la Red de Conectividad del Estado.

l) Autorizar la realización de colectas, rifas y sorteos en el territorio nacional.

m) Ejecutar las disposiciones del decreto ley N° 799 de 1974 sobre uso y circulación de vehículos estatales.

n) Coordinar con el Ministerio de Bienes Nacionales la disposición de los bienes municipales.

ñ) Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.”.

5. Suprímense los artículos 4º, 5º y 6º.

6. Reemplázase el artículo 7º, por el siguiente:

“Artículo 7º.- En el ejercicio de sus atribuciones, el Ministro o la Ministra del Interior contará con la colaboración inmediata de la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Los jefes o las jefas superiores de estas Subsecretarías serán los o las Subsecretarios o Subsecretarias del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo, respectivamente.

El Ministro o la Ministra será subrogado o subrogada por el Subsecretario o Subsecretaria del Interior y, a falta de éste o esta, por el o la de Desarrollo Regional y Administrativo, sin perjuicio de la facultad del Presidente o Presidenta de la República para nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.”.

7. Modifícase el inciso primero del artículo 8º, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la coma entre la palabra “Interior” y la expresión “de Desarrollo Regional” por la conjunción “y”.

b) Reemplázase la expresión “y de Prevención del Delito” por una coma.

8. Reemplázase el inciso primero del artículo 9º, por el siguiente:

“Artículo 9º.- Corresponderá a la Subsecretaría del Interior ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relativas a gobierno interior, coordinación territorial del gobierno, migración y extranjería, desastres y emergencias y las demás tareas que aquél o aquella le encomiende, así como las que la ley determine.”.

9. Suprímense los incisos segundo y tercero del artículo 9º.

10. Elimínanse los artículos 10 y 11.

11. Elimínase el Párrafo 2º del Título II.

12. Elimínase el Título III.

13. Modifícase el artículo 17, de la siguiente forma:

a) Elimínase, en su inciso primero, la frase “y Seguridad Pública”.

b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la expresión “; por los funcionarios de las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones que pasen a integrarla conforme a las reglas establecidas en esta ley;” por la voz “y”.

ii. Elimínase la expresión “, y por el personal de las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública destinado a prestar servicios a requerimiento del Ministro del Interior y Seguridad Pública o del Subsecretario del Interior”.

c) Elimínase su inciso tercero.

14. Elimínase en el inciso primero del artículo 18, la expresión “y Seguridad Pública”.

15. Modifícase el artículo 19, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el literal b), la expresión “Ministro del Interior y Seguridad Pública” por “Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana”.

b) Introdúcese, en el literal b), entre la voz “Subsecretario” y la expresión “de Prevención del Delito” la expresión “o la Subsecretaria”.”.

c) Elimínase, en el literal f), la expresión “y Seguridad Pública”.”.

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ARTÍCULO CUARTO

46.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Cuarto.- Intercálase una nueva letra d) en el artículo 6° de la ley N° 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica, del siguiente tenor, ajustando los demás literales en orden correlativo:

“d) El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.”.”.

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ARTÍCULO QUINTO

47.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Quinto.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en el siguiente sentido:

1. Elimínanse los literales b) y c) del artículo 2°.

2. Elimínanse los literales c) y d) del artículo 4°.

3. Elimínase el artículo 12 bis.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

48.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlas por las siguientes:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

2. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

3. Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de las asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

4. Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito y desde el Servicio de Gobierno Interior, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En el o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y sus Subsecretarías, pudiendo contemplar un período para su implementación. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6. Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley. Al efecto, podrá establecer entradas en vigencia graduales para dicho articulado.

7. Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

8. El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a. No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b. No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c. Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d. El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

9. Traspasar los bienes que determine, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sus servicios dependientes y relacionados, al Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y, en especial, desde la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior, de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito a las Subsecretarías de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Prevención del Delito.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero. Lo dicho en este artículo será aplicable también a la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública respecto de la Subsecretaría del Interior.

ARTÍCULO TERCERO.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

ARTÍCULO CUARTO.- Los funcionarios y funcionarias de planta y a contrata del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrán conservar su afiliación a las asociaciones de funcionarios del señalado servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de entrada en funciones de la Secretaría de Estado antes señalada, cesará por el solo ministerio de la ley, su afiliación a las asociaciones de funcionarios de la institución de origen.

ARTÍCULO QUINTO.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, todos sus funcionarios y funcionarias podrán afiliarse o continuar afiliados al Servicio de Bienestar del Ministerio del Interior.

ARTÍCULO SEXTO.- A partir de la publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá designar al Ministro de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, al Subsecretario de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y al Subsecretario de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, la remuneración de las autoridades antes señaladas serán equivalentes a las del Ministro del Interior, las del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Prevención del Delito, respectivamente, se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior.

El Ministro y los Subsecretarios designados conforme al inciso anterior deberán proponer un cronograma de instalación del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y, en general, realizar cualquier trámite ante organismos públicos y privados que le permitan al Ministerio y sus Subsecretarías estar plenamente operativos a la fecha de inicio de sus funciones.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los reglamentos a los que hace referencia esta ley deberán ser dictados o modificados dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley.

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda mención que se haga en leyes, reglamentos u otras normas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sus Subsecretarías y reparticiones en materias, atribuciones, competencias o facultades que de acuerdo con esta ley se radiquen en el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, y sus Subsecretarías o Reparticiones, se entenderán transferidas a este en condición de continuador legal sin solución de continuidad.

ARTÍCULO NOVENO.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que incluye las Subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.”.

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ARTÍCULO CUARTO

Inciso segundo

49.- Del Honorable Senador señor Ossandón, y 50.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituir la expresión “podrán” por “deberán”.

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BOLETÍN N° 14.614-07

INDICACIONES

01.08.2022

03.04.2023

07.06.2023

INDICACIONES PRESENTADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO PRIMERO

1.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Primero.- Apruébase la siguiente Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana:

“Título I

Del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y de los Consejos de Seguridad Pública

Párrafo I

Del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana

Artículo 1°.-

El Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, en adelante también “el Ministerio”, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público; la prevención del delito y la convivencia ciudadana, para lo cual concentrará la decisión política en estas materias. Asimismo, planificará, diseñará, coordinará, supervigilará y evaluará las políticas, planes y programas relativos, tanto a dichas materias, como a aquellas que digan relación con reinserción social y atención y asistencia a víctimas, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley.

El Ministerio velará, además, por la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial en estos ámbitos.

Artículo 2°.-

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán de esta cartera de Estado, encontrándose subordinadas a la autoridad civil, y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas.

Párrafo II

Funciones del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana

Artículo 3°.-

El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, reinserción social, atención y asistencia a víctimas y convivencia ciudadana.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos, y, cuando corresponda, su implementación y evaluación. Para el logro de estos objetivos, podrá solicitar todos los antecedentes que estime pertinentes a cualquier organismo público, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentren en su poder.

Artículo 4°.-

Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana las siguientes funciones:

a. Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad, mediante la prevención de delitos y el resguardo de la seguridad pública y el orden público, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento.

b. Promover medidas tendientes a prevenir delitos mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión.

c. Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República.

d. Ejecutar las acciones tendientes a prevenir y controlar el crimen organizado, debiendo vincularse para ello con los demás organismos competentes en la materia.

e. Promover la ciberseguridad mediante la prevención, detección y neutralización de las amenazas en el ciberespacio.

f. Adoptar y ejecutar las medidas tendientes a favorecer la reinserción social y el ejercicio de los derechos de quienes infrinjan la ley o el orden público, en coordinación con los organismos con competencias en la materia.

g. Regular los derechos, obligaciones, funciones y atribuciones relativos a las personas que proveen servicios de seguridad privada.

h. Cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal, considerando su autonomía y atribuciones.

i. Efectuar control y auditoría ministerial y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

j. Ejecutar las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio deberá actuar con pleno respeto a los derechos humanos, con base especialmente en los principios de equidad, igualdad, inclusión, diversidad, no discriminación e interés superior de niños, niñas y adolescentes.

Artículo 5°.-

Para el cumplimiento de sus funciones, corresponderá al Ministerio las siguientes atribuciones:

a. Velar por la mantención del orden público en el territorio nacional.

b. Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, debiendo coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

c. Supervisar, instruir, coordinar y evaluar la ejecución de las acciones que desarrollen los demás organismos públicos en relación con la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

d. Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

En el ejercicio de esta atribución se deberá considerar, especialmente, la situación de las víctimas de violencia de género, de niñas, niños y adolescentes, y de los defensores y defensoras ambientales.

e. Supervigilar y fiscalizar la acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el resguardo y mantenimiento de la seguridad pública y el orden público.

f. Definir y evaluar las medidas orientadas a la prevención de los delitos, en el ámbito de su competencia.

g. Promover la seguridad y la prevención de los delitos en eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, y mantener el registro al que se refiere el artículo 30 de la ley Nº 19.327.

h. Efectuar análisis estratégicos en materia de seguridad pública, en el marco de sus competencias.

i. Desarrollar y administrar sistemas de tratamientos de datos, documentos y otros antecedentes, en el marco de sus competencias, que no permitan la singularización de personas determinadas y en conformidad a la ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada.

j. Elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública. Tales estadísticas se referirán, por lo menos, a la victimización, revictimización, el temor y las denuncias. Del mismo modo, deberán considerarse factores de riesgo relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo, a nivel nacional, regional y comunal.

k. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública, convivencia ciudadana y las demás materias que sean de su competencia.

l. Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a la seguridad pública; el orden público; la prevención del delito; la atención y asistencia a víctimas; la reinserción social, y la convivencia ciudadana.

m. Coordinar las acciones destinadas a mantener y restablecer la seguridad pública y el orden público, ya sean regionales o provinciales, según corresponda.

n. Coordinar y evaluar, en conjunto con los demás organismos con competencia en la materia, la ejecución de planes y programas de reinserción social.

o. Solicitar informes a cualquier organismo público, en materias relacionadas directa o indirectamente a la mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público, y la prevención del delito; la atención y asistencia a víctimas; la reinserción social, y la convivencia ciudadana. Dichos organismos estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

p. Autorizar, regular, supervisar, controlar y ejercer las demás atribuciones en la forma que señale la ley, en materia de seguridad privada.

q. Suscribir acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, en materias de su competencia.

r. Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En ningún caso el ejercicio de estas atribuciones podrá entorpecer las funciones que le corresponden al Ministerio Público en lo que se refiere a la dirección de la investigación de los hechos constitutivos de delito, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, la ley N° 19.640, el Código Procesal Penal y las demás leyes especiales.

Artículo 6°.-

Al Ministerio le corresponderá respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las siguientes atribuciones:

a. Asesorar al Presidente o Presidenta de la República en la conformación del Alto Mando, así como en los ascensos y retiros del personal de nombramiento supremo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

b. Aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y sus modificaciones, y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, de conformidad a la ley. Para dichos efectos definirá los ejes principales y lineamientos de dichos planes.

c. Supervigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad pública que defina la cartera, mediante el sistema de supervisión y evaluación de la gestión policial.

d. Promover la probidad y el cumplimiento de las normas sobre transparencia, publicidad de la información y rendición de cuentas a la ciudadanía por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

e. Ejercer el control presupuestario, financiero y de mérito respecto de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán hacer envío, trimestralmente de su estado y gestión financiera. Sin perjuicio de ello, el Ministerio podrá requerir información estadística actualizada en cualquier momento.

f. Examinar y aprobar las bases de licitación o términos de referencia para la adquisición de tecnología y sistemas informáticos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio, determinará los requerimientos técnicos para la adquisición de equipos y programas computacionales, a fin de compatibilizar las herramientas tecnológicas que utilicen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, podrá solicitar la opinión de otras instituciones que estime relevante.

g. Dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los planes de formación y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con especial enfoque en el adecuado uso de la fuerza, la incorporación de una perspectiva de género, de resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de no discriminación, así como en la promoción, garantía y respeto irrestricto de los Derechos Humanos.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá coordinar con la Subsecretaría de Educación Superior, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quienes emitirán un informe previo, pronunciándose sobre las orientaciones técnicas referidas.

h. Aprobar los planes de estudio y programas de las asignaturas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los perfiles de ingreso y egreso, además del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas, para lo cual solicitará, en su caso, todas las modificaciones que estime pertinentes.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá coordinar con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como con la Subsecretaría de Educación Superior, quienes emitirán un informe previo, pronunciándose sobre dichos programas y planes de estudio.

i. Supervigilar el cumplimiento de los planes de formación educacional que se dicten en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

j. Diseñar, junto al Alto Mando policial, estrategias de perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con enfoque de género y promoción de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

k. Supervigilar y controlar las modificaciones de la organización interna de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, teniendo en especial consideración los desafíos de seguridad pública, el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y la paridad de género, en conformidad a los planes estratégicos de desarrollo policial y los planes anuales de gestión operativa y administrativa.

l. Requerir la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción, pudiendo exigir cuenta de su avance y, en su caso, poner antecedentes en conocimiento de la justicia. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán comunicar al Ministerio, mensualmente, las resoluciones que dieren inicio a procedimientos disciplinarios, así como las que les pusieren término, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda en esta materia a la Contraloría General de la República. Estas comunicaciones serán siempre de carácter secreto.

m. Requerir cualquier otra información a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, aun aquella de carácter reservado, incluyendo antecedentes o documentos que digan relación con inteligencia policial.

n. Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Artículo 7°.-

El Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana informará por escrito, semestralmente, a las comisiones encargadas de la seguridad del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, acerca de los desafíos en las materias de la cartera, de los avances en la implementación y los resultados de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad, orden público, prevención del delito y convivencia ciudadana, atención y asistencia a víctimas y reinserción, así como de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos en materia de prevención y reinserción social, dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

Lo anterior, será sin perjuicio de la facultad de las comisiones de ambas Cámaras de citar a una sesión especial para los fines señalados en el inciso precedente.

Párrafo III

De los Consejos de Seguridad Pública

Artículo 8º.-

Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana e integrado por el Ministro o la Ministra del Interior; el Ministro o la Ministra de Defensa Nacional; el Ministro o la Ministra de Hacienda; el Ministro o la Ministra de Justicia y Derechos Humanos; el Ministro o la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género; un o una representante de la Corte Suprema designado por ésta; el o la Fiscal Nacional del Ministerio Público; el Defensor o la Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública; el Director o la Directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y un o una representante de las municipalidades que será designado por éstas.

Un Subsecretario o Subsecretaria designado al efecto por el Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana actuará como Secretario o Secretaria del Consejo, levantando acta de las reuniones.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

Igualmente, el Consejo tendrá como objetivo procurar la coordinación de los organismos que lo conforman y el fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del Ministerio, a través de propuestas técnicas y de su acción mancomunada. Para estos efectos, podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos, autoridades nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

Un reglamento expedido por el Ministerio determinará la estructura, competencias, convocatorias, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento del Consejo Nacional, así como de los Consejos Regionales.

Artículo 9º.-

El Consejo sesionará, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez por semestre, deberá oír a los o las representantes de la sociedad civil, en la forma que determine el reglamento.

Artículo 10.-

En el primer trimestre de cada año, la Dirección de Presupuestos deberá enviar un informe al Consejo con el detalle de la ejecución presupuestaria de cada órgano del Estado que realice gastos en materias de seguridad pública, del presupuesto del año anterior.

Una resolución expedida por el Ministerio de Seguridad Pública suscrita, además, por el Director o Directora de Presupuestos, determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir esta información.

Artículo 11.-

El Consejo contará con comisiones técnicas, definidas por el Secretario o Secretaria de esta instancia.

Los miembros del Consejo que integrarán estas comisiones técnicas serán definidos por este anualmente y sesionarán en la forma y con la periodicidad que determine el reglamento.

Artículo 12.-

En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el Secretario o la Secretaria Regional Ministerial de Seguridad Pública e integrado por el gobernador o la gobernadora regional, los alcaldes o las alcaldesas de los municipios de la región, un o una representante del Ministerio del Interior, un o una representante del Ministerio de Hacienda, el Secretario o la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género y el Secretario o la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesor del Secretario o la Secretaria Regional Ministerial de Seguridad Pública en la implementación y coordinación de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana a nivel regional, provincial y comunal, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública. Para estos efectos, el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otras autoridades regionales, funcionarios públicos o representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

Al Consejo Regional le corresponderá, además, por intermedio de la Secretaría, mantener una coordinación con los consejos comunales de seguridad pública de la región respectiva, debiendo considerar la información, antecedentes y estadísticas que este le provea.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año, deberá oír a los representantes de la sociedad civil en la forma que determine el reglamento al que hace referencia el artículo siguiente.

En el mismo reglamento mencionado en el inciso final del artículo 9, se determinará la estructura, competencias, convocatorias, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento de los Consejos Regionales.

Párrafo IV

Organización interna del Ministerio

Artículo 13.-

El Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, se desconcentrará territorialmente mediante secretarías regionales ministeriales de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, las que dependerán del Ministro o Ministra, mediante la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Artículo 14.-

El Ministro de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República y será responsable de la conducción del Ministerio en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél le imparta. La conducción política del Ministerio estará a cargo del Ministro conforme dichas instrucciones.

El Ministro o la Ministra será subrogado por el o la Subsecretaria de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y a falta de éste, por el Subsecretario de Prevención del Delito, sin perjuicio de la facultad del Presidente o la Presidenta de la República de nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.

Cada subsecretario o subsecretaria será el jefe superior del Servicio en su respectiva subsecretaría y le corresponderá desempeñar las demás funciones establecidas en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la demás normativa aplicable. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública la administración y servicio interno del Ministerio.

Asimismo, los y las subsecretarias deberán efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro del cumplimiento de sus funciones.

Artículo 15.-

Un reglamento expedido a través de este Ministerio determinará su estructura y la de las subsecretarías, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En dicha estructura se deberán considerar las unidades funcionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del Ministerio.

Título II

De la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

Artículo 16.-

La Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o de la Ministra en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas relativas a la seguridad pública, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo, sin perjuicio del ejercicio de otras atribuciones que el Ministro o la Ministra le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquél o aquella le encargue.

Artículo 17.-

Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública:

a. Colaborar en la coordinación de las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con la seguridad pública.

b. Proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, normas, planes y programas en el ámbito de la seguridad pública, el crimen organizado y el mantenimiento del orden público.

c. Efectuar análisis en coordinación con los demás órganos de la Administración del Estado, sobre los desafíos y riesgos en materia de seguridad pública. Para estos efectos podrá adoptar todas las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este literal.

d. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas dentro del ámbito de sus competencias.

e. Diseñar y evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios en materias de resguardo fronterizo. Lo anterior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, dentro del ámbito de sus competencias.

f. Relacionarse con la Agencia Nacional de Inteligencia. El Ministerio podrá requerir información a la Agencia, la que estará obligada a entregarla.

g. Controlar y ejercer la supervigilancia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos estratégico, operativo, administrativo, financiero y disciplinario; velando por la aplicación del enfoque de derechos humanos y género en el desarrollo de la función policial, para un adecuado cumplimiento de las funciones que les caben en materia de prevención de peligros de las personas, control y fiscalización del cumplimiento del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de órdenes judiciales y aquellas asociadas a la investigación de delitos.

En el ejercicio de esta función, la Subsecretaría podrá instruir a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública objetivos específicos, desarrollo estratégico y gestión operativa en el resguardo de la seguridad y orden público; prevenir y controlar cualquier abuso de la fuerza contra los ciudadanos; regular y controlar el uso de tecnologías de parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones que la Constitución Política de la República, la ley N° 19.640, el Código Procesal Penal y las demás leyes le asignen al Ministerio Público.

h. Asesorar al Ministro o a la Ministra de Seguridad Pública en todas las materias relativas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

i. Elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias.

j. Asesorar al Ministro o Ministra sobre el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, para que sean consideradas por éste en el ejercicio de sus funciones en esta materia.

k. Supervigilar el cumplimiento de los planes y programas de formación educacional que se dicten en las Fuerzas de Orden y Seguridad. Para este efecto, deberá promover una cultura de aseguramiento de la calidad y la permanente actualización de los planes y programas de estudio y de los medios de acceso al conocimiento.

l. Controlar la ejecución presupuestaria, las inversiones y, en general, todos los aspectos financieros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública remitirán, de manera trimestral, un informe detallado periódica y directamente a la Subsecretaría.

m. Analizar, visar y aprobar el financiamiento de los proyectos de adquisición e inversión para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, sin perjuicio de los demás procedimientos y autorizaciones que exija la normativa vigente.

n. Supervigilar las políticas de personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

o. Ejercer las atribuciones del Ministerio respecto de la seguridad privada, generando un sistema de evaluación constante sobre los obligados a contar con seguridad privada; sobre los vigilantes, guardias privados y demás personas naturales que ejerzan funciones en esta materia, de acuerdo a la ley; así como sobre las personas naturales o jurídicas que los capaciten. Para estos efectos, deberá coordinarse con Carabineros de Chile, la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante y la Dirección General de Aeronáutica Civil para ejercer una fiscalización permanente sobre los servicios de seguridad privada.

p. Mantener actualizado el registro especial establecido por el Título V de la ley Nº 20.000.

q. Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Título III

Subsecretaría de Prevención del Delito

Artículo 18.-

La Subsecretaría de Prevención del Delito es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir los delitos, rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley, sin perjuicio de las competencias propias de otros ministerios y servicios públicos, así como del ejercicio de las atribuciones que el Ministro o Ministra le delegue y del cumplimiento de las tareas que éste le encargue.

Artículo 19.-

Corresponderá a la Subsecretaría de Prevención del Delito:

a. Asesorar al Ministro o a la Ministra en el cumplimiento de las funciones que a este o a esta le asigna el artículo 1° en lo relativo a la prevención del delito, la rehabilitación y la reinserción, así como en la atención y asistencia a víctimas de delitos.

b. Evaluar las políticas públicas de prevención del delito y apoyo o asistencia a víctimas diseñadas o formuladas por el Ministerio, según las directrices metodológicas que éste imparta. Adicionalmente, deberá producir, sistematizar y poner a disposición información y datos para el diseño y evaluación de estas políticas públicas, aplicando métodos científicos.

c. Evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios de los demás Ministerios y servicios públicos que desarrollen relacionados con la Seguridad Pública y la Convivencia Ciudadana.

d. Diseñar políticas públicas con objetivos vinculados a la prevención del delito y particularmente para evitar conductas violentas, a través de la reducción de factores de riesgo sociales o situacionales, con énfasis en la articulación y coordinación de instituciones en planificación territorial, sea ésta a nivel macrozonal, regional, provincial, comunal, barrial u otro nivel territorial.

e. Proponer al Ministro o a la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana las políticas, normas, planes y programas en el campo de la prevención del delito, la rehabilitación y la reinserción social de infractores de ley.

f. Proveer orientaciones técnicas para la formulación de la planificación territorial en materia de seguridad pública y para la identificación de prioridades, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia. Esta competencia la ejecutará en coordinación con los secretarios regionales ministeriales.

g. Emitir recomendaciones a todo órgano del Estado acerca de aspectos propios de su competencia, que digan relación con la prevención del delito, así como en la atención y asistencia a víctimas de delitos.

h. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades para implementar políticas públicas de prevención del delito, o de apoyo y asistencia a víctimas en el ámbito de sus competencias, o facilitar su coordinación intersectorial.

Título IV

Estructura regional del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana

Artículo 20.-

El Ministerio se desconcentrará territorialmente en cada región del país mediante Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública, las que estarán a cargo de un o una secretaria regional ministerial, quien será el o la representante del Ministerio en la región.

Corresponderá a los secretarios regionales ministeriales las siguientes atribuciones:

1. Ejecutar la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, así como la Política Nacional de Víctimas, coordinando las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región, además de todas las materias propias del Ministerio.

2. Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas que dependan de la Subsecretaría de Prevención del Delito, así como proveer toda la colaboración para cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 21, en los niveles territoriales que ésta establezca.

3. Proveer la colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales y comunales puedan identificar prioridades en materia de seguridad pública y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

4. Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la región, mediante la prevención de los delitos y el resguardo de la seguridad pública y el orden público, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, con pleno respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República y los derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

5. Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley.

6. Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile.

Título V

Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana

Artículo 21.-

La Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, en adelante la Política, es el instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos y los análisis sobre prevención del delito que sean pertinentes.

La Política incorporará una perspectiva de género, y se elaborará con pleno respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Para la elaboración de esta Política, el Ministerio considerará, entre otras fuentes, la información, antecedentes y estadísticas que provean los Consejos Regionales y Comunales de Seguridad Pública; así como el contenido de los Planes Comunales de Seguridad Pública y la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia.

Junto con lo anterior, se tendrá en consideración la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia.

La Política será aprobada cada seis años por el Presidente o la Presidenta de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

La dictación de la Política no obstará a la elaboración, implementación y evaluación de planes o estrategias particulares que, en estas materias, pueda sancionar cada Gobierno. Sin embargo, dichos planes o estrategias deberán ser coherentes con la Política, así como con los objetivos que determine el propio Ministerio.

Título VI

Del personal

Artículo 22.-

El personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, al régimen de remuneraciones del decreto ley N° 249, de 1974, y su legislación complementaria.”.”.

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ARTÍCULO 1°

Inciso segundo

2.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar, a continuación de la frase “y control de los delitos”, el siguiente texto: “junto a la prevención de los peligros y la planificación integral de la gestión de emergencias ciudadanas”.

3.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar, después de la frase “ejercer la coordinación interministerial en todas las materias de su competencia”, el siguiente texto: “e integrar capacidades y liderar el trabajo interagencial e interoperable de los organizamos relacionados”.

ARTÍCULO 2°

3 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2.- El Ministerio coordinará y articulará un Sistema de Seguridad Pública, integrado por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el Ministerio Público; y el conjunto de entidades públicas a nivel nacional, regional y comunal cuyas funciones se relacionen con el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública; la protección de las personas; el orden público; la prevención del delito; la rehabilitación y reinserción social de infractores de ley; así como la atención y asistencia a víctimas. Dicho Sistema articulará las políticas, planes y otros instrumentos relativos a estos mismos ámbitos y funcionará mediante una acción coordinada de las instituciones que lo componen, en la esfera de sus respectivas competencias. Adicionalmente, podrá funcionar en subsistemas en ámbitos territoriales tanto a nivel macrozonal, regional, provincial o local.

Las autoridades que componen el Sistema propenderán a la coordinación y planificación, pudiendo adoptar acuerdos con otras instituciones con propósito de lograr un funcionamiento interoperable, interagenciable y cooperativo.

El funcionamiento del Sistema se regirá por un reglamento, dictado por el Ministerio de Seguridad Pública, el cual determinará las demás formas de organización necesarias para su correcto funcionamiento.”.

Inciso primero

4.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar, a continuación de la expresión “Sistema de Seguridad Pública”, las palabras “Integral Nacional”.

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Inciso nuevo

5.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública será el encargado de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Seguridad Pública Integral, que tendrá como objetivo fijar los lineamientos estratégicos en la materia, promoviendo el fortalecimiento de la gestión e integración de procesos fundados en la eficiencia táctica e interagencial, transparencia, control de gestión y probidad, modernización permanente, inclusión, equidad y materialización e interoperabilidad continua de los procesos de rendición de gastos. El Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Seguridad Pública Integral tendrá una vigencia de diez años, y podrá ser modernizado cada cinco años.”.

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Artículo nuevo

6.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar, a continuación del artículo 3°, el siguiente artículo 3º bis, nuevo:

“Artículo 3° bis. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y ante todo subordinadas a la dirección y control del poder civil democráticamente electo de conformidad a la Constitución y las leyes. Asimismo, entiéndase por subordinación al poder civil la obediencia y no deliberación que por esencia les corresponde a estas instituciones.”.

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ARTÍCULO 4°

7.- Del Honorable Senador señor Insulza, para intercalar, entre las expresiones “e interferencias,” y “rehabilitación y reinserción social”, lo siguiente: “incluidas las del espacio digital”.

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Incisos nuevos

8.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar los siguientes incisos segundo y terceros, nuevos:

“Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el diseño, implementación y evaluación de los planes y programas que se ejecuten en dichos ámbitos deberán ser autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública.

Los órganos de la Administración del Estado estarán obligados a prestar toda la colaboración que les sea requerida por parte del Ministerio para el logro de estos objetivos, dentro del ámbito de sus competencias.”.

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ARTÍCULO 5°

Letra c

9.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituir la expresión “la Agencia Nacional de Inteligencia y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, por la siguiente: “la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos que tengan injerencia en dichas materias”.

Letra d

10.- Del Honorable Senador señor Pugh, para reemplazar la expresión “el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado”, por la siguiente: “el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado”.

Letra e

11.- Del Honorable Senador señor Pugh, para intercalar entre las expresiones “Exteriores,” y la conjunción “y”, lo siguiente: “del Interior, de Transportes y Telecomunicaciones”.

Letra f

12.- Del Honorable Senador señor Pugh, para agregar, a continuación de la palabra “personas”, lo siguiente: “naturales o jurídicas”.

Letra j

13.- Del Honorable Senador señor Pugh, para agregar, a continuación de la palabra “pública”, la siguiente frase: “, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley.”.

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Letra nueva

14.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar la siguiente una letra k:

“k. Diseñar y evaluar las políticas de prevención, control y la persecución contra la delincuencia infanto juvenil, en todos sus grados de participación, debiendo tener especial consideración al principio interés superior del niño, niña y adolescente.”.

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ARTÍCULO 6°

Letra a

15.- Del Honorable Senador señor Pugh, para reemplazar la expresión “de persecución”, por la siguiente: “de persecución y prevención”.

Letra b

16.- Del Honorable Senador señor Pugh, para intercalar, entre las palabras “medidas” y “tendientes”, el término “específicas”.

Letra d

16 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para intercalar entre la palabra “mediante” y la expresión “las secretarías”, la expresión “el Comisionado de Seguridad Pública,”.

Letra e

17.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituirla por la siguiente:

“e. Proponer al Presidente de la República, al inicio de su mandato y a mitad del mismo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.”.

17 bis. De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para modificarla como sigue:

i.- Suprimir las expresiones “y específicos,” y “, táctico y operativo,”.

ii.- Reemplazar la expresión “evitando cualquier uso excesivo de la fuerza” por “actuando en conformidad a los procedimientos establecidos en la legalidad vigente y en las reglas del uso de la fuerza que se fijen al efecto para el cumplimiento del deber.”.

Letra f

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Párrafo nuevo

18.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar un párrafo segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Para estos efectos deberá cada año publicar una sistematización actualizada de estadística criminal anonimizada, segmentada por regiones, tipo de delito, u otros criterios importantes.”.

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Letra g)

19.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar, después de la frase “relacionados con la seguridad pública”, lo siguiente: “destinados a mejorar la comprensión sobre los distintos aspectos de la seguridad, en el ámbito nacional, provincial y local”.

Letra h

20.- Del Honorable Senador señor Pugh, para reemplazarla por la siguiente:

“h. Elaborar planes y programas para el resguardo de la sociedad contra objetos y fenómenos ultraterrestres, ya sean de carácter natural o artificial. Para ejercer esta atribución, estará en permanente coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.”.

Letra i

21.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituirla por la siguiente:

“i. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública y las demás materias que sean de su competencia, y mantener un sistema de interoperabilidad informática que permita compartir y almacenar información actualizada con los demás poderes y servicios del Estado.”.

Letra j

22.- Del Honorable Senador señor Pugh, para reemplazar la expresión “a esta función” por “de esta función”.

Letra n

23.- Del Honorable Senador señor Pugh, para intercalar, entre las expresiones “abastecimiento,” y “puertos”, el siguiente texto: “infraestructura industrial de relevancia regional o local,”.

23 bis.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para agregar un nuevo inciso segundo del siguiente tenor:

“Además, deberá formular las Políticas y Estrategias Nacionales para el combate y prevención de delitos especialmente complejos tales como terrorismo, narcotráfico y crimen organizado e informar trimestralmente a las Comisiones de Seguridad Pública del Senado y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, los estados de avance, cuenta y resultado según corresponda, de todos los planes y programas desarrollados por el Ministerio y los organismos bajo su dependencia para tal efecto.”.

Letra o

24.- Del Honorable Senador señor Pugh, para intercalar, entre las expresiones “fronterizo,” y “para”, lo siguiente: “y gestionar los medios”.

25.- Del Honorable Senador señor Pugh, para intercalar, entre las expresiones “Exteriores” e “y”, el siguiente texto: “, el Ministerio de Defensa Nacional”.

Letra p

26.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituirla por la siguiente:

“p. Formular planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con espectáculos masivos, sean estos deportivos, culturales, de entretenimiento o de otra índole y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional y, en particular, mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.”.

Letra q

27.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirla por la siguiente:

“q. Promover la creación de centros integrados de protección ciudadana y la definición e implementación de un número nacional de emergencias bajo la integración nacional, regional, provincial, comunal de otros servicios públicos y privados relacionados, bajo una dirección de mando y control sobre la gestión y proyección eficiente de los recursos disponibles ante una emergencia ciudadana.”.

ARTÍCULO 7°

Inciso primero

Letra d

28.- Del Honorable Senador señor Insulza, para intercalar, entre la expresión “Ministerio” y la frase “, sin perjuicio de poder requerirla en cualquier momento”, lo siguiente: “vía interconexión”.

29.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar, a continuación de la frase “, sin perjuicio de poder requerirla en cualquier momento”, lo siguiente: “o exigir su complemento”.

Letra i

30.- Del Honorable Senador señor Pugh, para intercalar, entre las expresiones “personal” y “que”, lo siguiente: “y de equipos y medios tecnológicos”.

Letra j

30 bis.- De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para agregar, a continuación de la expresión “Ordenar”, la frase “en conformidad a la ley orgánica respectiva y,”.

ARTÍCULO 8°

31.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituir la frase “en materia de seguridad pública y orden público”, por la siguiente: “en la Política Nacional de Seguridad Pública y en el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Seguridad Pública Integral”.

ARTÍCULO 9°

Letra b

32.- Del Honorable Senador señor Pugh, para incorporar, a continuación de la expresión “se trate”, la siguiente frase: “de delitos cometidos con ocasión de espectáculos masivos, sean estos deportivos, culturales, de entretenimiento o de otra índole, y”.

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Artículo nuevo

33.- Del Honorable Senador señor Pugh, para incorporar, a continuación del artículo 10, el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo …. En el ejercicio de las funciones y atribuciones que le encomienda la ley, así como en cualquier otra labor necesaria para su adecuado funcionamiento, el Ministerio de Seguridad Pública deberá considerar la interoperabilidad digital, asegurando la trazabilidad e integridad de la información que permita integrar la infraestructura de datos del Estado, minimizando así la pérdida, alteración o modificación de la información, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 21.180, sobre transformación digital del Estado.”.

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Artículo nuevo

34.- Del Honorable Senador señor Pugh, para incorporar, a continuación del artículo 10, el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo …. El Ministerio de Seguridad Pública como órgano rector en materias de seguridad pública y seguridad multidimensional, tanto a nivel nacional, regional y comunal, será la autoridad responsable de la acreditación de seguridad de todas las personas que por la naturaleza de sus funciones accedan a datos o información sensible o secreta en cualquiera de sus formas, procediendo las sanciones administrativas y penales que procedan en caso de incumplimiento del resguardo de su debido secreto.”.

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ARTÍCULO 11

Inciso primero

35.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar, a continuación de la expresión “el Director Nacional de Gendarmería,”, lo siguiente: “ el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; el Director Nacional de Aeronáutica Civil; el Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas”.

Inciso final

36.- Del Honorable Senador señor Pugh, para agregar a continuación de la expresión “públicos”, lo siguiente: “y de la academia”.

ARTÍCULO 12

37.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para remplazar la frase “una vez por semestre” por la palabra “cuatrimestralmente”.

38.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituir la expresión “una vez por semestre”, por la palabra “trimestralmente”.

ARTÍCULO 15

38 bis. Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

38 ter.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 15.-. En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, dirigido por el Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública e integrado por:

1. El delegado o la delegada presidencial regional.

2. El gobernador o la gobernadora regional.

3. Los alcaldes o las alcaldesas de los municipios de la región.

4. Un o una representante del Ministerio de Defensa.

5. Un o una representante del Ministerio de Hacienda, si así se considera necesario.

6. Los Secretarios o Secretarias Regionales Ministeriales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente.

7. Un o una representante de la Corte de Apelaciones respectiva, designado por esta.

8. El o la Fiscal Regional del Ministerio Público.

9. El Defensor o la Defensora Regional de la Defensoría Penal Pública.

10. La o el Jefe de Zona de Carabineros de Chile o, las o los Jefes de Zona, en su caso.

11. La o el Jefe de Región Policial de la Policía de Investigaciones de Chile con competencia sobre la región.

12. Los Directores o Directoras Regionales de Gendarmería de Chile, del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

13. La o el Gobernador Marítimo, o las o los Gobernadores Martítimos, cuando corresponda.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesor del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública en la implementación y coordinación de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana en los diversos niveles establecidos en el artículo 2, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública. Para estos efectos, el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otras autoridades regionales, funcionarios públicos o representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

Asimismo, será una instancia de coordinación a nivel regional del Sistema establecido en el artículo 2°. Por intermedio del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectiva, deberá mantener una permanente comunicación con los consejos comunales de seguridad pública de la región y el resto de los integrantes del Sistema y considerar la información, antecedentes y estadísticas que estos consejos les provean.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año deberá oír a representantes de la sociedad civil.

En el reglamento mencionado en el inciso final del artículo 2° se determinará la convocatoria, quórum, forma en que se oirá a los representantes de la sociedad civil y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para el adecuado funcionamiento de los Consejos Regionales.”.

Inciso primero

38 quáter.- Del Honorable Senador señor Ossandón para reemplazar la frase “En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el delegado presidencial regional” por la siguiente: “En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el delegado presidencial regional o la autoridad que en el futuro lo reemplace".

39.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar, a continuación de la expresión “el Director Regional de Gendarmería de Chile”, lo siguiente: “, el Director Regional del Servicio Nacional de Aduanas, un representante regional del Director Nacional del Territorio Marítimo y de Marina Mercante”.

ARTÍCULO 16

39 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la expresión “secretarías regionales ministeriales de Seguridad Pública”, por la expresión “los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública”.

b) Reemplázase la expresión “las que dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito” por la expresión “las que estarán a bajo la dirección del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública, quien será el o la representante del Ministerio en la región y dependerá jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Seguridad Pública. En todo lo que no sea contradictorio con la presente ley, se le aplicarán las disposiciones que regulan la organización y atribuciones de las secretarías regionales ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones”.

ARTÍCULO 20

Letra d

40.- Del Honorable Senador señor Pugh, para incorporar, a continuación de la palabra “relacionados”, lo siguiente: “con espectáculos masivos, sean estos deportivos, culturales, de entretenimiento o de otra índole, y”.

Letra k

41.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar la siguiente frase final: “Estará también sometido a este control el personal civil adscrito a la Subsecretaría de Seguridad Pública por las instituciones respectivas.”.

Letra l

42.- Del Honorable Senador señor Pugh, para agregar, a continuación de la palabra “Pública”, la siguiente frase: “, procurando que las adquisiciones obedezcan a criterios de estandarización y a las realidades del servicio.”.

TÍTULO IV, ESTRUCTURA REGIONAL DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

42 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

ARTÍCULO 23

42 ter. Del Honorable Senador señor Ossandón, y 42 quáter.- de S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

Numeral 1

42 quinquies.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“1. Colaborar con el delegado presidencial regional y con los delegados presidenciales provinciales, o las autoridades que en el futuro los reemplacen, en la ejecución de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, así como la Política Nacional de Víctimas, y coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región, además de todas las materias propias del Ministerio.”.

TÍTULO IV, NUEVO

42 sexies.- De S.E. el Presidente de la República, para agregar un Título IV, nuevo, del siguiente tenor, readecuándose el orden correlativo de los títulos y artículos siguientes:

“Título IV

De los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública

Artículo 23.-

A los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública les corresponderá:

a) Coordinar, en la región, su labor con las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas y la policía marítima en materia de prevención del delito y seguridad pública, estableciendo las instancias operativas y estratégicas para desarrollar esta labor.

b) Coordinar, en la región, la ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio de Seguridad Pública. Además, podrá ejecutar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en las expresiones territoriales que dicho Ministerio establezca dentro del ámbito de su competencia. En el uso de esta facultad, los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública deberán velar por integrar a su gestión las capacidades de los demás actores encargados de la seguridad que tengan competencias a nivel regional, provincial y comunal, de manera de dar cumplimiento a los principios de interoperabilidad, interagencialidad y cooperación descritos en el artículo 1 de esta ley.

c) Implementar la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana y la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región. Para realizar esta labor, los Comisionados o Comisionadas podrán, especialmente:

i. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluidas las municipalidades, que tengan relación directa con los planes y programas de estas políticas.

ii. Evaluar el desarrollo de planes y programas ejecutados en el territorio de su competencia.

iii. Disponer la realización de estudios y encuestas que tengan relación directa con la ejecución de los planes y programas de estas políticas.

iv. Implementar medidas de prevención de la delincuencia y aquellas orientadas a disminuir la violencia y la reincidencia delictual.

d) Velar por la protección de las personas en la región y sus provincias a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público, junto con la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento.

e) Adoptar medidas tendientes a la prevención de delitos, a nivel regional y en el ámbito de sus competencias, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, de acuerdo a las directrices emanadas desde el Ministerio de Seguridad Pública o sus Subsecretarías.

f) Proveer la colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales, provinciales y comunales puedan identificar prioridades en materia de seguridad pública y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

g) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia, en conformidad a la ley.

h) Autorizar la realización de eventos, espectáculos o actividades recreativas que involucren una gran concentración de personas en espacios abiertos al público, incluyendo aquellas reguladas en la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional de conformidad a sus disposiciones. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile. Un reglamento expedido por el Ministerio de Seguridad Pública regulará las condiciones y demás normas necesarias para la entrega y denegación de dichas autorizaciones.

i) Supervigilar las actividades de seguridad y prevención que ejecuten empresas de seguridad privada, de acuerdo con los planes, programas o resoluciones que emanen del Ministerio de Seguridad Pública.

j) Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile.

k) Ejercer todas aquellas atribuciones que la ley otorga a las Secretarías Regionales Ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones.

l) En general, promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la región mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de los delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario, así como las demás que establezca la Constitución o las leyes.”.

Artículo 24.-

Los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública serán cargos de exclusiva confianza nombrados por el Presidente o Presidenta de la República en cada región, a sugerencia del Ministerio de Seguridad Pública, debiendo cumplir los siguientes requisitos, sin perjuicio de los requisitos generales para ingresar a la Administración del Estado:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio.

b) Ser mayor de 21 años de edad.

c) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.

d) No hallarse condenado por crimen o simple delito.

e) Tener residencia en la región respectiva, a lo menos, en los últimos dos años anteriores a su designación.

f) Poseer un título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado, reconocido por éste o validado en Chile de acuerdo con la legislación vigente.

g) Experiencia previa en materias de seguridad y prevención que demuestren la idoneidad profesional para el cargo. La forma de acreditar los requisitos de idoneidad profesional serán determinados por el Ministerio de Seguridad Pública mediante resolución.

Artículo 25.-

El Comisionado o Comisionada cesará en su cargo en los siguientes casos, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto Administrativo:

a) Pérdida de cualquiera de los requisitos habilitantes establecidos para su desempeño en el artículo anterior.

b) Aceptación de un cargo incompatible.

c) Inscripción como candidato a un cargo de elección popular.

d) Aceptación de renuncia.

e) Remoción dispuesta por el Presidente o Presidenta de la República, pudiendo el Ministerio de Seguridad Pública sugerir esa medida.”.

ARTÍCULO 25

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Incisos nuevos

43.- Del Honorable Senador señor Kast, para agregar los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“En dicha instancia el Ministerio de Seguridad Pública deberá también presentar un informe que permita a las Comisiones de Seguridad de ambas Cámaras tomar conocimiento y evaluar, en base al sólo mérito de la información proporcionada, el desempeño que las diversas instituciones públicas relacionadas directa e indirectamente con la seguridad pública han tenido en el último año. Dicho informe deberá referirse a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública, pudiendo comprender a otras instituciones públicas que hubiesen sido incorporadas en la propuesta sexenal descrita en el inciso siguiente. La información presentada variará según los objetivos y funciones de cada institución, debiendo ella ser idónea para que las Comisiones de Seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas puedan evaluar satisfactoriamente el desempeño de cada una de ellas.

La información específica que se presentará respecto de cada institución, así como la metodología que se utilizará para su recopilación y el listado de instituciones respecto de las cuales se rendirá informe deberán ser propuestos por el Ministerio de Seguridad Pública al Honorable Congreso Nacional, dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Dicha propuesta deberá ser aprobada sin reparos por ambas Cámaras. En caso contrario, el Ministerio de Seguridad Pública deberá presentar una nueva propuesta dentro de los quince días siguientes a su rechazo y, así sucesivamente, hasta su aprobación por ambas Cámaras.

Una vez aprobada la propuesta, ella tendrá una vigencia de 6 años, debiendo repetirse el proceso de proposición y aprobación descrito en el inciso anterior cuando se hubiere vencido dicho plazo.”.

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Artículo nuevo

44.- Del Honorable Senador señor Pugh, para incorporar, a continuación del artículo 26, el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo …. Los organismos dependientes del Sistema de Seguridad Publica deberán relacionarse entre sí para el logro de objetivos estratégicos, mediante el intercambio y entrega de información que establecen esta ley y el ordenamiento jurídico.

En la vinculación y cooperación en el traspaso de información orientada al análisis de riesgos y amenazas de la infraestructura critica, con el Sistema de Inteligencia Nacional y/o Sistema de Defensa Nacional, se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones, registros y datos de cualquier tipo que obren en poder del Ministerio de Seguridad Publica y sus órganos dependientes o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes o informaciones que pongan en serio riesgo la seguridad pública y que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas.”.

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ARTÍCULO SEGUNDO

45.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo Segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales:

1. Suprímese, en el Título I, la frase “y Seguridad Pública”.

2. Modifícase el artículo 1º, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 1º.- El Ministerio del Interior será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el ejercicio del gobierno interior, así como en asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres y catástrofes y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones que encomiende aquél o las leyes. Asimismo, será el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios, para el logro de los objetivos gubernamentales.”.

b) Suprímese el inciso segundo.

c) Reemplázase el inciso tercero, que pasa a ser inciso segundo, por el siguiente:

“Además de las funciones que esta ley le señale, este Ministerio será el sucesor legal, sin solución de continuidad, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en todas las materias que no sean de competencia del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.”.

3. Suprímese el artículo 2º.

4. Reemplázase el artículo 3º, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Además de las facultades ya existentes para el Ministerio del Interior en otras materias, a éste le corresponde:

a) Coordinar políticamente los distintos ministerios, de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el Presidente o la Presidenta de la República.

b) Velar por el desarrollo regional y local del país; de acuerdo a los planes y programas aprobados por los Gobiernos Regionales.

c) Ejercer el gobierno interior del Estado.

d) Velar por la correcta ejecución de las leyes electorales.

e) Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias en materia migratoria, así como supervigilar, formular, implementar y supervisar políticas, planes y programas relativos a migración, velando por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Chile y que se encuentren vigentes en estas materias, así como de protección de refugiados, sin perjuicio de los derechos, obligaciones y atribuciones del Servicio Nacional de Migraciones en estas materias.

f) Proponer las normas sobre división política y administrativa del país y la fijación de los distintos límites territoriales y husos horarios aplicables en el territorio nacional.

g) Controlar el funcionamiento del Diario Oficial y asegurar el cumplimiento de sus fines y objetivos, pudiendo dictar los reglamentos necesarios para su funcionamiento.

h) Conducir las relaciones con el Congreso Nacional que no correspondan a otros Ministerios.

i) Coordinar la prevención y respuesta frente a desastres y emergencias.

j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de su competencia.

k) Administrar la Red de Conectividad del Estado.

l) Autorizar la realización de colectas, rifas y sorteos en el territorio nacional.

m) Ejecutar las disposiciones del decreto ley N° 799 de 1974 sobre uso y circulación de vehículos estatales.

n) Coordinar con el Ministerio de Bienes Nacionales la disposición de los bienes municipales.

ñ) Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.”.

5. Suprímense los artículos 4º, 5º y 6º.

6. Reemplázase el artículo 7º, por el siguiente:

“Artículo 7º.- En el ejercicio de sus atribuciones, el Ministro o la Ministra del Interior contará con la colaboración inmediata de la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Los jefes o las jefas superiores de estas Subsecretarías serán los o las Subsecretarios o Subsecretarias del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo, respectivamente.

El Ministro o la Ministra será subrogado o subrogada por el Subsecretario o Subsecretaria del Interior y, a falta de éste o esta, por el o la de Desarrollo Regional y Administrativo, sin perjuicio de la facultad del Presidente o Presidenta de la República para nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.”.

7. Modifícase el inciso primero del artículo 8º, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la coma entre la palabra “Interior” y la expresión “de Desarrollo Regional” por la conjunción “y”.

b) Reemplázase la expresión “y de Prevención del Delito” por una coma.

8. Reemplázase el inciso primero del artículo 9º, por el siguiente:

“Artículo 9º.- Corresponderá a la Subsecretaría del Interior ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relativas a gobierno interior, coordinación territorial del gobierno, migración y extranjería, desastres y emergencias y las demás tareas que aquél o aquella le encomiende, así como las que la ley determine.”.

9. Suprímense los incisos segundo y tercero del artículo 9º.

10. Elimínanse los artículos 10 y 11.

11. Elimínase el Párrafo 2º del Título II.

12. Elimínase el Título III.

13. Modifícase el artículo 17, de la siguiente forma:

a) Elimínase, en su inciso primero, la frase “y Seguridad Pública”.

b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la expresión “; por los funcionarios de las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones que pasen a integrarla conforme a las reglas establecidas en esta ley;” por la voz “y”.

ii. Elimínase la expresión “, y por el personal de las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública destinado a prestar servicios a requerimiento del Ministro del Interior y Seguridad Pública o del Subsecretario del Interior”.

c) Elimínase su inciso tercero.

14. Elimínase en el inciso primero del artículo 18, la expresión “y Seguridad Pública”.

15. Modifícase el artículo 19, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el literal b), la expresión “Ministro del Interior y Seguridad Pública” por “Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana”.

b) Introdúcese, en el literal b), entre la voz “Subsecretario” y la expresión “de Prevención del Delito” la expresión “o la Subsecretaria”.”.

c) Elimínase, en el literal f), la expresión “y Seguridad Pública”.”.

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ARTÍCULO CUARTO

46.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Cuarto.- Intercálase una nueva letra d) en el artículo 6° de la ley N° 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica, del siguiente tenor, ajustando los demás literales en orden correlativo:

“d) El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.”.”.

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ARTÍCULO QUINTO

47.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Quinto.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en el siguiente sentido:

1. Elimínanse los literales b) y c) del artículo 2°.

2. Elimínanse los literales c) y d) del artículo 4°.

3. Elimínase el artículo 12 bis.”.

47 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Quinto.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional en el siguiente sentido:

1. Reemplázase el inciso primero del artículo 1º, por el siguiente:

“Artículo 1°.- El gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial regional, quien será el representante natural del Presidente o Presidenta de la República en el territorio de su jurisdicción y se relacionará con éste a través del Ministerio del Interior. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza.”.

2. Modifícase el artículo 2°, en el siguiente sentido:

a) Elimínase el literal b).

b) Reemplázase el literal c) por el siguiente:

“c) Solicitar al Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectivo el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia cuando, a juicio del delegado presidencial regional o provincial, sea necesario para el ejercicio de sus funciones.”.

c) Agrégase el siguiente literal q), nuevo:

“q) Ejercer la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales que no importen un riesgo para la seguridad pública.”.

d) Agrégase el siguiente literal r), nuevo:

“r) Proponer la remoción del Comisionado o Comisionada de Seguridad del territorio.”.

e) Agrégase el siguiente literal s), nuevo:

“s) Ejercer las funciones que la ley le entrega al Ministerio del Interior en el territorio de la región, conforme a las instrucciones que emanen del Ministerio.”.

3. Modifícase el artículo 4° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el literal a) la frase “, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes” por “en la provincia”.

b) Elimínanse los literales c) y d).

4. Incorpórase, en el artículo 61, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, el Ministerio de Seguridad Pública se desconcentrará territorialmente mediante los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública.”.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

48.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlas por las siguientes:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

2. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

3. Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de las asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

4. Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito y desde el Servicio de Gobierno Interior, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En el o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y sus Subsecretarías, pudiendo contemplar un período para su implementación. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6. Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley. Al efecto, podrá establecer entradas en vigencia graduales para dicho articulado.

7. Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

8. El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a. No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b. No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c. Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d. El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

9. Traspasar los bienes que determine, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sus servicios dependientes y relacionados, al Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y, en especial, desde la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior, de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito a las Subsecretarías de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Prevención del Delito.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero. Lo dicho en este artículo será aplicable también a la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública respecto de la Subsecretaría del Interior.

ARTÍCULO TERCERO.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

ARTÍCULO CUARTO.- Los funcionarios y funcionarias de planta y a contrata del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrán conservar su afiliación a las asociaciones de funcionarios del señalado servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de entrada en funciones de la Secretaría de Estado antes señalada, cesará por el solo ministerio de la ley, su afiliación a las asociaciones de funcionarios de la institución de origen.

ARTÍCULO QUINTO.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, todos sus funcionarios y funcionarias podrán afiliarse o continuar afiliados al Servicio de Bienestar del Ministerio del Interior.

ARTÍCULO SEXTO.- A partir de la publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá designar al Ministro de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, al Subsecretario de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y al Subsecretario de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, la remuneración de las autoridades antes señaladas serán equivalentes a las del Ministro del Interior, las del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Prevención del Delito, respectivamente, se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior.

El Ministro y los Subsecretarios designados conforme al inciso anterior deberán proponer un cronograma de instalación del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y, en general, realizar cualquier trámite ante organismos públicos y privados que le permitan al Ministerio y sus Subsecretarías estar plenamente operativos a la fecha de inicio de sus funciones.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los reglamentos a los que hace referencia esta ley deberán ser dictados o modificados dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley.

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda mención que se haga en leyes, reglamentos u otras normas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sus Subsecretarías y reparticiones en materias, atribuciones, competencias o facultades que de acuerdo con esta ley se radiquen en el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, y sus Subsecretarías o Reparticiones, se entenderán transferidas a este en condición de continuador legal sin solución de continuidad.

ARTÍCULO NOVENO.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que incluye las Subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.”.

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ARTÍCULO CUARTO

Inciso segundo

49.- Del Honorable Senador señor Ossandón, y 50.- Del Honorable Senador señor Pugh, para sustituir la expresión “podrán” por “deberán”.

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?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública. BOLETÍN Nº 14.614-07

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

Se dio cuenta de esta iniciativa en sesión del Senado celebrada el 28 de septiembre de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Seguridad Pública y por la Comisión de Hacienda, en su caso.

Con fecha 11 de enero de 2022 se aprobó en general y se acordó fijar como plazo de indicaciones hasta el día 17 de marzo de 2022, plazo que, posteriormente se extendió en cinco oportunidades.

La Comisión de Seguridad Pública solicitó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema respecto de la propuesta de artículo 2° formulada por el Ejecutivo, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 77 de la Carta Fundamental, y por el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, toda vez que dicha iniciativa incide en la organización o atribuciones de los tribunales de justicia. La respuesta a ese requerimiento se contiene en el Oficio N° 7-2023 de fecha 18 de enero de 2023.

Finalmente, cabe hacer presente que, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N°18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional, y como consecuencia de la aprobación de las indicaciones números 1) y 48) presentadas por Su Excelencia el Presidente de la República, la Comisión dispuso el trámite de Comisión de Hacienda, una vez que fuera despachada en particular por esta instancia, toda vez que la iniciativa legal tiene incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado.

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ASISTENCIA

-Senadores y Diputados no integrantes de la Comisión: el Honorable Senador señor Juan Luis Castro González y el exsenador señor Álvaro Elizalde Soto.

-Representantes del Ejecutivo e invitados:

1) Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública:

-La Ministra señora Carolina Tohá Morales y la exministra señora Izkia Siches Pastén; y los asesores señoras Silvana Gajardo, Soledad Zamorano; Emiliana Salvo y los señores Cristóbal Valenzuela; Rafael Collado; Claudio Rodríguez y Rodrigo Núñez.

-El Subsecretario del Interior señor Manuel Monsalve Benavides;

-El Subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara Bolbarán; la Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señora Daniela Cañas Castro, y las asesoras señoras Carolina Codoceo Oyanguren, Ana María Silva; Catalina Lagos Tschorne, Leslie Sánchez Lobos y Natalia Silva Gutiérrez, y los asesores señores Diego Insulza, Rodrigo Muñoz, Juan Peña, Pablo Silva, Pablo Duran y Alejandro Urquiza.

De la Subsecretaria de Justicia, el jefe de prensa señor Pedro Vega.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el asesor señor Rodrigo Asencio.

2)El ex Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli Basilli.

3)El ex Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey Valdés.

4)Del Ministerio Público:

-El Director de la Unidad de Tráfico de Drogas, señor Luis Toledo Ríos; el Director de Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado, señor Mauricio Fernández Montalbán; la Subdirectora de la Unidad de Drogas, señora Lorena Rebolledo Latorre, y la abogada asesora, señora Paula Diez Cortés.

-La Directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, señora Marta Herrera, y el Subdirector de la misma Unidad, señor Roberto Morales.

5) De la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior: el Presidente, señor Esteban Tumba y el Secretario Nacional, señor Cristian Inzunza.

- Otros:

1)De los equipos parlamentarios: De la oficina del Honorable Senador señor Insulza, la señora Javiera Gómez y el señor Guillermo Miranda; de la oficina del Honorable Senador señor Quintana los señores Cristóbal Barra y Claudio Rodríguez; de la oficina del Honorable Senador señor Prohens, el señor Eduardo Méndez; de la oficina del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, el señor Juan Paulo Morales; de la oficina del Honorable Senador señor Juan Luis Castro, la señora Teresita Fabres; de la oficina de la Honorable Senadora señora Ebensperger, la señora Paola Bobadilla Herrada; de la oficina del Honorable Diputado señor Mulet, la señora Javiera Portuguez; de la oficina de la Honorable Diputada señora Gazmuri, la señora Consuelo Ramírez; de la oficina del Honorable Senador señor Moreira, el señor Raúl Araneda, de la oficina del Honorable Senador señor Flores, la señora Carolina Allende, y el asesor señor Gonzalo Duarte; de la oficina del Honorable Senador señor Kast, los señores José Manuel Astorga y Oscar Morales, de la oficina del Honorable Senador señor Ossandón, el señor Ronald Von Der Weth, de la oficina del Honorable Senador señor Kusanovic, los señores Tomás Matheson e Iván González; de la oficina de la Honorable Senadora Vodanovic, el señor José Miguel Poblete; de la oficina del Honorable Senador señor De Urresti, la señora Fernanda Valencia; de la oficina del Honorable Senador señor Castro, el señor Sergio Mancilla, de la oficina de la Honorable Senadora Rincón, la señora Natalia Navarro, de la oficina del Comité UDI, señor señor Fernando Castro, de la oficina del Comité PS, señor Cristian Durneg.

2)Del Instituto Libertad y Desarrollo: el Coordinador señor Juan Ignacio Gómez, y la investigadora señora Fiorella Romanini

3)Del Instituto Nacional de Derechos Humanos la señora Katia Aguilera el señor Nicolás del Fierro.

4)De la Biblioteca del Congreso Nacional, el analista señor Guillermo Fernández.

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OBJETIVO DEL PROYECTO

Crear el Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública, con la finalidad de permitir a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas, alcanzar la condición que se encuentren lo suficientemente resguardados de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e internas, antrópicas y naturales.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Cabe hacer presente que el Artículo Primero, en cuanto a los artículos 1°, 2°, 4°, 22 y 23; los números 1 y 2 del Artículo Segundo[1]; el Artículo Tercero, el Artículo Cuarto, el Artículo Quinto y el párrafo segundo del número 3) del artículo primero transitorio, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, por lo que requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio, según lo prevé el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Por su parte, el Artículo Primero, en lo referente a la letra k. del artículo 7°, y a su artículo 22, tienen el carácter de normas de quórum calificado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, por lo que requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, según lo prevé el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, cabe dejar constancia de lo siguiente:

1.- Artículos del proyecto que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones: Artículo Tercero, Artículo Sexto, Artículo Séptimo y Artículo Octavo.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: las números 42 bis), 42 ter), 42 quáter), 45) y 46).

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: las números 1), 3 bis), 6), 16 bis), 38 ter) 39 bis), 42 sexies), 47 bis) y 48).

4.- Indicaciones rechazadas: las números 2), 3), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 32), 33), 34), 36), 38), 40), 42), 44), 49) y 50).

5.- Indicaciones retiradas: las números 7), 8), 14),17 bis), 23 bis), 30 bis), 31), 35), 37), 38 bis), 38 quáter), 39), 41), 42 quinquies) y 47.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: las números 4), 5) y 43).

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DISCUSIÓN EN PARTICULAR[2]

A.- Exposición de la ex Ministra del Interior y Seguridad Pública señora Izkia Siches y del Subsecretario de Prevención del Delito señor Eduardo Vergara acerca de las indicaciones formuladas por el Ejecutivo.

Antes de dar inicio a la revisión de las propuestas de enmiendas, la Comisión recibió a la entonces Ministra del Interior y Seguridad Pública señora Izkia Siches, quien efectuó una presentación, mediante la cual abordó los siguientes puntos:

En cuanto a los ejes de las indicaciones, destacó los siguientes:

Respecto de la supervigilancia y fiscalización sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, ahondó en que, si bien actualmente hay una dependencia directa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se necesita un aparataje estatal con la capacidad de acompañar a las policías en el desarrollo estratégico y gestión operativa para el resguardo del orden público.

En ese sentido, indicó que se debe garantizar la cifra, medir eficiencia y eficacia, poniendo en el centro a los beneficiarios finales, que son las personas.

En cuanto a la participación y control mixto de procedimientos disciplinarios, destacó que es una de las cosas que ya ocurren institucionalmente, pero hizo hincapié en que la participación del poder civil le puede dar garantías a la ciudadanía en el objetivo de aumentar la legitimidad.

Respecto al fortalecimiento del rol del Ministerio en regiones, señaló que está empalmado con la discusión de descentralización en que, como Gobierno, se han comprometido a eliminar la figura de delegado presidencial. En la misma línea, informó que se ha discutido en el Foro de Descentralización con los distintos gobernadores, cómo ellos asumen un rol en prevención del delito al igual que los alcaldes y alcaldesas, teniendo presente que también participan activamente de forma presupuestaria en distintas labores de seguridad, financiando registros biométricos, vehículos, cámaras entre otros elementos.

En cuanto al organigrama recalcó que, sin perjuicio de no reflejarse todas las divisiones, esta lámina representa una visión aproximada de cómo quedaría el Ministerio de Seguridad Pública con las dos Subsecretarías, y las Seremis a lo largo del país.

Continuó exponiendo respecto a un tercer ámbito de indicaciones:

Finalmente, resaltó la idea de cómo se delimitará el fortalecimiento y las funciones del Ministerio del Interior.

En este punto indicó que en cuanto a coordinar la prevención y respuesta frente a desastres y emergencias, Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres seguiría formando parte de dicha Cartera de Estado.

Finalmente, mencionó algunas discusiones que se dieron con parlamentarios y que no se describen en la presentación efectuada. Entre ellas, según señaló, se encuentra el rol de Gendarmería; la regulación de los pasos fronterizos y la dependencia de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), entre otras materias.

Posteriormente, el Subsecretario de Prevención del Delito señor Eduardo Vergara destacó que el proceso de elaboración de indicaciones se enmarca en la instalación de 16 Consejos Regionales de Seguridad Pública, en los cuales se priorizaron los delitos y las regiones y sus alcaldes y alcaldesas participaron en un plan regional de seguridad pública.

Detalló que esos 16 Consejos Regionales dieron pie a un Consejo Nacional de Seguridad Pública con un Plan Nacional de Seguridad Pública compuesto de 33 medidas, siendo una de ellas el impulsar la creación del Ministerio de Seguridad Pública. En ese mismo sentido, valoró el trabajo avanzado por la Comisión Bicameral de Seguridad Pública.

Luego, advirtió que dentro de los servicios que no se traspasarían a la nueva institucionalidad que se pretende crear, se encuentra el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). Explicó la importancia de desligar la institucionalidad dedicada a la prevención del uso y abuso de drogas, de la seguridad. De esta manera, comentó que seguirá institucionalizada en el Ministerio del Interior para que le una prioridad política, y además le permita avanzar hacia un enfoque distinto.

En otro orden de ideas, aludió a ciertas iniciativas impulsadas como es el proyecto de ley sobre seguridad privada, la cual se complementa con el Ministerio de Seguridad Pública y que forma parte, además, de las 33 medidas del Plan Nacional de Seguridad Pública. En la misma línea, mencionó la reforma a las policías iniciada en el gobierno del ex Presidente señor Piñera.

Estrechamente ligado a lo anterior, planteó que uno de los ejes principales del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, es el de generar un control civil sobre las policías. Precisó que tal circunstancia va aparejada de la responsabilidad política sobre las policías, en específico respecto de la autoridad que tiene la tarea respecto a su funcionamiento. En ese aspecto, el proyecto también ahondaría en la existencia de sistemas de control administrativo no solamente referido a la operatividad, al cumplimiento de los protocolos o al despliegue mismo de las policías, sino que, además, todo lo que se relaciona con administración. A su juicio, lo anterior no solamente permite añadir un grado importante de control civil, sino que también apunta a que ciertas funciones de las policías sean asumidas por civiles, con el objeto que la formación policial esté enfocada a su servicio en las calles.

Enseguida, explicó por qué se propondrá el cambio de denominación del Ministerio desde Ministerio de Seguridad Pública a Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Especificó que gran parte de los conflictos que nacen en problemas de convivencia, muchas veces escalan y terminan siendo conflictos asociados a seguridad. De esta forma, expuso que el gobierno pretende fortalecer los mecanismos y espacios de resolución de conflicto, lo que también calificó como prevención del delito desde una perspectiva institucionalizada.

Por otra parte, citó el Programa Apoyo a Víctimas liderado por la ex Ministra Siches, donde también se ha propuesto la creación de un servicio con esa finalidad. Sin perjuicio de lo anterior, anunció que el gobierno contará con una Política Nacional de Apoyo a Victimas como columna vertebral de lo que ejecutará ese servicio, donde se impulsará avanzar también en el rol preventivo de las regiones a través de las gobernaciones.

Para terminar, dentro del mismo objetivo de descentralizar la seguridad, mencionó la instalación de 16 seremías para la representatividad del Ministerio a nivel regional.

Una vez finalizada la presentación, los Honorables señores Senadores presentes formularon sus apreciaciones y consultas.

El Honorable Senador señor van Rysselberghe consultó si es que existe algún costo de estimación del Ministerio de Seguridad Pública.

El Honorable Senador señor Huenchumilla reflexionó respecto a la delimitación de las competencias. En primer término, indicó que cuando hablamos de seguridad, nos referimos a la seguridad de las personas. Sin embargo, consultó si pudiese también aludirse a la seguridad de las instituciones cuando se relaciona con temas de ciberdelincuencia. A su parecer, se excluyen todos los riesgos propios de la naturaleza, así como también los riesgos asociados a la salud, y se incluyen todos aquellos vinculados con la convivencia como interacción entre seres humanos.

Seguidamente, distinguió entre el orden público y la delincuencia. El primero, según afirmó, no necesariamente es la comisión de delitos, sino que es la ocupación de los espacios públicos respecto de la participación de la gente en manifestaciones de sus puntos de vista frente al Estado o de situaciones que estima pertinentes. Por otro lado —respecto a la delincuencia— expresó que también hay especializaciones, como la delincuencia común, el crimen organizado, el narcotráfico u otro tipo de conflictos políticos, tales como los del sur de Chile, o la seguridad respecto a las migraciones, tanto en la zona fronteriza o dentro del país. En esa línea, ahondó en cuanto a situaciones de derechos humanos que se producen con las personas migrantes, que, a su juicio, también generan un problema de seguridad de esas personas.

En cuanto a la prevención, manifestó que, a su entender, tal concepto significa anticiparse para que no existan delitos, desordenes públicos, delincuencia ni inseguridades. Por lo tanto, advirtió que existe un tema no solo de inteligencia, sino que también, en lo que dice relación con las modernas teorías del delito del Reino Unido, específicamente en los aspectos situacionales de este, donde cabe la formación de las ciudades, los barrios y espacios públicos. Desde esa perspectiva, consideró que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública debiese tener un departamento de estudios en materia de inteligencia, así como de preparación de civiles en materia de seguridad y desarrollo rural y urbano.

De esta forma, el Honorable Senador señor Huenchumilla, relevó la importancia de la prevención como un ideal en que la sociedad y el Estado se anticipen a la perpetración de delitos, lo que en este caso se haría mediante la Subsecretaría de Prevención del Delito. En referencia a lo anterior, hizo alusión a que Chile no pudo anticiparse a situaciones como el narcotráfico, las migraciones, la droga y los jóvenes, particularmente en el estudio de la cannabis.

Finalmente, criticó que no se entienda que la moderna inteligencia significa que el Estado tenga información oportuna, procesada y necesaria para que pueda anticiparse y tomar buenas decisiones.

El Honorable Senador señor Insulza junto con valorar la presentación del Ejecutivo, opinó que existen temas difíciles de conciliar, puesto que se confunde con reformas más generales del Estado y, por otro lado, indicó hay asuntos que se deben discutir más a fondo, como la inteligencia policial, las atribuciones con las que quedará el Ministerio del Interior, entre otros aspectos.

Por otro lado, coincidió con la idea de que la convivencia ciudadana es parte de la seguridad pública, manifestando estar de acuerdo con los contenidos de las indicaciones que propuso presentar el Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Quintana denominó como un hito legislativo la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, consideró que permite ordenar la discusión y poner en perspectiva diversos temas importantes.

En materia de descentralización, destacó que se debe mirar el rol de los gobernadores en cuanto a la prevención y no en la parte operativa. Así también sostuvo que el papel de las policías en materia de prevención requiere una reorganización de las fuerzas, y en ese sentido, fue de la opinión de que, si se piensa en una reforma policial, no se puede poner al mismo nivel a la PDI —institución esencialmente investigativa— con Carabineros y su rol intrínsecamente preventivo.

Apuntó que, en cuanto a la reforma a las policías en el Gobierno anterior, se avanzó tangencialmente en temas importantes como transparencia, rendición de cuentas, etc. Sin embargo, en lo que refiere a educación, formación y especialización, manifestó ser necesario este debate.

La ex Ministra del Interior y Seguridad Pública señora Siches, a la pregunta del Honorable Senador señor van Rysselberghe, informó que además de la existencia del Informe Financiero presentado junto al proyecto de ley, solicitaron uno de carácter complementario, teniendo en cuenta que el presupuesto inicial que bordeaba los 2 mil millones anuales, les pareció insuficiente.

De esta manera, argumentó que para crear una institucionalidad robusta que logre acompañar a las policías en su función operativa y estratégica, se requiere contar con divisiones y subsecretarías con capacidad para ello.

Enseguida, se mostró de acuerdo en diferenciar el control del orden público de otras funciones, y también de distinguir con precisión si las situaciones corresponden a orden público o no, para que las policías puedan actuar en sintonía. En tal sentido, sostuvo que deben existir mejoras en las regiones del Biobío y La Araucanía, en cuanto a los protocolos y capacidades que se poseen para distintas situaciones.

En materia de prevención del delito, indicó que se persigue mirar hacia otras capacidades del Estado, como por ejemplo la deserción escolar en materia educativa.

En cuanto a inteligencia, recalcó que el Ejecutivo está discutiendo el proyecto de inteligencia prontamente a ingresar en el Congreso. En iguales términos adelantó lo referente a los proyectos de ley de ciberseguridad y un eventual sistema de protección de infraestructura crítica.

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B. Con posterioridad, se acordó abrir un espacio de audiencias, a fin de recibir algunos puntos de vista en relación con las propuestas normativas y, en especial, en lo que se refiere a la indicación del Ejecutivo, cuyos lineamientos centrales han sido referidos precedentemente.

i) El ex Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey. En su exposición, destacó la incorporación al proyecto de ley del concepto de “convivencia ciudadana”, y señaló que los mecanismos de control y de prevención del delito tienen también un impacto en la cohesión social. En dicho contexto, se refirió a la experiencia de Bogotá y de Medellín, donde a su juicio, la apuesta por la convivencia ciudadana fue importante en el combate a la inseguridad y al delito y todos sus ribetes. Explicó que desde el ex alcalde la ciudad señor Antanas Mockus, en adelante y bajo la teoría de la acción colectiva de Olson, se planteó cómo la comunidad o las comunidades en Bogotá podían tener mayor cohesión social y respetar tanto las reglas del tránsito como hasta el ahorro de agua. Detalló que a partir de ese ejercicio se produjo una mayor adhesión a la regla y una reducción posterior de los homicidios.

Relevó la situación de Medellín, toda vez que de alrededor de 400 homicidios cada 100.000 habitantes, afirmó que hubo una disminución considerable a 50 o 40 aproximadamente. Subrayó que muchas de las medidas que se cotejaron tenían que ver con la interconexión de los distintos barrios y sobre cómo se podía mejorar la inclusión social mediante esa interconexión.

En segundo término, estimó importante incluir también la perspectiva del bottom up llevada a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde según sostuvo, la participación y los gobiernos locales están constitucionalmente establecidos. Explicó, además, que hay organismos como los foros de seguridad ciudadana que están constituidos dentro de una lógica y un orgánica que permite incluir la participación dentro del núcleo de la política pública. En ese sentido, arguyó que se abandona la idea de sujetos pasivos de la seguridad para pasar a tener a sujetos activos de la solución, lo que a su juicio logra una mejora en la pertinencia de las políticas públicas porque se hacen más efectivas, y ayuda por otra parte, a reducir los niveles de ansiedad colectiva y de inseguridad en la población, ya que esta participa formalmente en el engranaje de la seguridad pública.

Argumentó también que ese modelo podría replicarse en Chile a través de los consejos comunales y regionales desde una perspectiva nacional.

Desde otra perspectiva, se mostró a favor del cambio de concepto que va desde la “dependencia” de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a la “subordinación” al poder civil. En este contexto, destacó que desde el Decreto N°954 de 2003, del Ministerio del Interior, en que ya se habla del Ministro Coordinador de la seguridad ciudadana, se ha cimentado la idea de poder de darle al ministerio responsable de la seguridad pública, las atribuciones para poder comandar a las policías.

Luego citó el Código de Ética de la Unión Europea donde, a su entender es bastante explícito y constituye un elemento indispensable de la estructura policial democrática. Detalló que en su título cuarto trata sobre la organización y la estructura de la policía habla de que los servicios policiales deben ejercer las comisiones orientados a la sociedad civil, bajo la responsabilidad de las autoridades civiles. Luego, en cuanto a la responsabilidad en el control político de la policía, explicó que de acuerdo con dicho Código, esta debe ser responsable ante el Estado, los ciudadanos y los representantes, con el objeto de tener un control externo eficaz. Asimismo, mencionó que el control de la policía por el Estado también debe repartirse entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, teniendo presente, además, que estas concentran el monopolio de la violencia hacia el poder civil.

Otro elemento que destacó es la distinción entre crimen organizado y terrorismo, en el sentido de dejar al primero dentro de este nuevo Ministerio y al segundo, para tareas relacionadas con la Agencia Nacional de Inteligencia. Bajo su concepto, ambos son fenómenos completamente distintos, ya que el crimen organizado tiene una estructura de trabajo y un fin que difiere radicalmente del terrorismo, por lo que alabó el hecho de que el nuevo Ministerio se dedique a temas más focalizados, dada la gran tarea que eso implica.

ii) Por su parte, el ex Subsecretario del Interior señor Juan Francisco Galli fue de la opinión que la indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo, es tan amplia que retrotrae el debate a la discusión en general. Criticó que la propuesta deja fuera gran parte de los avances que el gobierno anterior consideró relevantes para el presente proyecto de ley. De acuerdo con ello, mencionó que la seguridad debe ser entendida como un sistema en que si falla un eslabón, probablemente se rompe la cadena. De esa manera, sostuvo que parte del aprendizaje de los últimos se traduce en que debe haber un encargado que sea capaz de coordinar y generar coordinación y colaboración entre distintos órganos públicos sin afectar su autonomía constitucional.

Por otra parte, se mostró contrario a acotar la competencia del nuevo Ministerio de Seguridad Pública a única y exclusivamente la delincuencia común y a cierta parte del crimen organizado, puesto que en su opinión, eso va en el sentido exactamente contrario de lo que hace la gran mayoría de los países del mundo en esta materia. Citó el caso de Estados Unidos en que después del 11 de septiembre del 2001 concentró las distintas agencias. Asimismo, se re refirió al Reino Unido con el Home Office luego de los atentados en King Cross y en el centro de Londres, y al caso de España con los atentados de Atocha.

De esta manera, recalcó que no es posible dividir la seguridad como un trozo de torta y dejar el terrorismo en la competencia de un Ministerio distinto al de seguridad, ya que, a su juicio, parece totalmente contradictorio.

Seguidamente, analizó el articulado de la indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo.

Respecto al artículo 1° del proyecto de ley aprobado en general, expresó que en el primer párrafo, cuando se define la competencia del Ministerio de Seguridad Pública, se hace una mención a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública, para luego proponer qué entendemos por seguridad pública definiéndose como la cual permite a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas, alcanzar la condición que se encuentren lo suficientemente resguardados de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e internas, antrópicas y naturales.

Agregó que esto fue ampliamente discutido en la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, por lo que hizo un llamado a unificar criterios en cuanto al concepto de seguridad.

Por otro lado, observó que, de acuerdo a la indicación sustitutiva del Ejecutivo, no queda claro qué Ministerio quedará a cargo del riesgo del terrorismo, si es que no queda supeditado al Ministerio de Seguridad Pública. Asimismo, manifestó sus dudas respecto de dónde irá a parar la información de inteligencia que tengan las policías respecto de una potencial amenaza terrorista.

Luego, en el siguiente párrafo, alegó que se omite en la propuesta de Su Excelencia el Presidente de la República, la competencia en materia de persecución y control de los delitos, subrayando que no se trata de asumir funciones que son propias del Ministerio Público en la dirección de la investigación, pero, situó como preponderante que exista colaboración por parte del Estado en la persecución, a través del ejercicio de la acción penal. En ese sentido, mencionó tres convenios firmados, el primero con la Fiscalía Oriente, el segundo con la Fiscalía Centro Sur y el tercero con la Fiscalía de la Macrozona Sur, con la finalidad de contribuir a la persecución de los delitos y prestar colaboración y transferencia de recursos a dicha institución.

Recalcó, por otra parte, que será el Ministerio del Interior el que mantenga la legitimación activa en las querellas en violencia en los estadios, por ejemplo, en el control del orden público. De esta manera, criticó que sea el Ministerio del Interior el que se pueda querellar en estos casos, y no el Ministerio de Seguridad Pública.

Finalmente, aludió al inciso final del artículo 1°, en que la indicación del Ejecutivo, según sostuvo, tampoco da al Ministerio de Seguridad Pública el carácter de órgano rector, que esté a cargo de velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas planes y programas de todo el Estado tanto a nivel nacional, regional y comunal, considerando las características específicas de los peligros y de los riesgos.

Para concluir lo referente a este artículo, reiteró que se ha retrocedido en esta materia, por lo que, a su entender, se debe potenciar a la autoridad política que está a cargo de la seguridad, y no acotar su competencia como ha hecho el Ejecutivo, a través de la indicación número 1).

En cuanto al artículo 2°, inciso segundo, aprobado en general, subrayó que se proponía que el Ministerio de Seguridad Pública actualizara constantemente sus objetivos de política pública y capacitara a su personal sobre la base de la evidencia nacional y comparada disponible, para tener la capacidad de hacer frente a las nuevas amenazas y riesgos de seguridad multidimensional. En ese sentido, aludió a como la ciberseguridad afecta en los distintos ámbitos la seguridad y puede amenazar a los ciudadanos, en cuanto a la infraestructura crítica y la continuidad operacional del Estado. Sin embargo, reiteró que, en la propuesta del Ejecutivo, no queda claro qué Ministerio se hará cargo de esta función.

Luego se refirió al artículo 5° letra b) del proyecto de ley aprobado en general, en que está la función de diseñar y evaluar políticas y planes sobre mantención y control del orden público a nivel nacional, regional y comunal, que permitan la convivencia de todos los sectores de la Nación en el espacio público de manera pacífica y sin armas. Así, en el inciso segundo, adujo que se proponía la prevención en la alteración del orden público, generando las condiciones para su restablecimiento ágil, especialmente cuando ésta sea grave y continua.

Sin embargo, aclaró que en la indicación número 1), sustitutiva del Ejecutivo, se vuelve a la definición clásica, que en su concepto ha generado dificultades, particularmente porque se señala simplemente el hecho de velar por el orden público en el territorio de la República, dando pocas luces respecto de cuál es el marco de acción.

El Honorable Senador señor Insulza hizo presente que se lee de la indicación número 1) del Ejecutivo, específicamente en la letra a) del artículo 4°, que sí se incluye lo relativo a la prevención de delitos y el resguardo de la seguridad pública y el orden público, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento.

No obstante, el señor Galli advirtió que la indicación del Ejecutivo suprimió todo lo relacionado con el marco de acción para ejecutar tal función. Agregó que el inciso segundo del artículo 5° aprobado en general, es producto de las lecciones aprendidas de los últimos cuatro años y proviene del trabajo desarrollado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas en cuanto a los protocolos de orden público de Carabineros, respecto de los cuales una de las exigencias fue que se estableciera cierta coherencia entre el rol de velar por el control del órgano público, el marco normativo y sus límites.

Posteriormente, se refirió a la seguridad privada, señalando que es importante definir si es que esta es una carga o un beneficio, y cuál es el tipo de regulación que debe tener, ya sea como de protección al consumidor o, por el contrario, asegurarse de que quienes desarrollan funciones de seguridad, contribuyen a proveer mejoras al bien público seguridad y no imponer mayores riesgos a la ciudadanía.

En lo que refiere a la distribución territorial del Ministerio, advirtió que se genera una indefinición respecto del rol de los delegados presidenciales, regionales y provinciales y los Seremis. Tildó como inconveniente que la autoridad en materia de seguridad en el territorio sea el Seremi, por lo que, en su opinión, son los delegados presidenciales regionales la autoridad que representa al Presidente de la República.

Finalmente, planteó que uno de los de los problemas que se discutió ampliamente en la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, fue el cómo generar un Ministerio de Seguridad traspasando la dependencia de las policías sin despotenciar al jefe de gabinete político y eso, a su juicio, es algo que quedó mal definido en la propuesta del Ejecutivo. Arguyó que en el artículo segundo de la indicación sustitutiva, se mantiene la ley N° 20.502 respecto de las competencias del Ministerio del Interior, pero con dos características bastante inconvenientes a su entender. En primer lugar, define su competencia como todo lo relativo al gobierno político y local del territorio, sin mayor claridad respecto de eso.

Asimismo, citó el numeral 4) del artículo segundo de la indicación del Ejecutivo, donde se dice que el Ministerio del Interior tiene como función principal la coordinación política desde los distintos ministerios, de acuerdo con las directrices que le dé el Presidente la República. Sin embargo, advirtió que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia tiene una División de Coordinación Interministerial como parte de su función esencial.

De la misma manera, alegó que se propone que vele por la correcta ejecución de las leyes electorales, lo que a su juicio pugna con la competencia que hoy en día es de un órgano autónomo como el SERVEL. Finalmente, en la misma línea, indicó que se le atribuye la función de conducir las acciones con el Congreso Nacional que no correspondan a otros ministerios, observando que tal labor es desarrollada también por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por lo que fue de la idea de que la propuesta del Ejecutivo más que potenciar al Ministro del Interior, hace competir a dos Ministros del Comité Político, calificándolo como altamente inconveniente.

Finalmente, aseguró que el rediseño hecho por el Ejecutivo para el Ministerio del Interior, no satisface la necesidad de tener un Jefe de Gabinete con amplias facultades para poder asumir como el primus interpares, dejándolo despotenciado luego de la separación respecto de la seguridad pública.

El Honorable Senador señor Moreira consultó al ex Subsecretario señor Galli, si la propuesta del Ejecutivo cumple o no con los desafíos en materia de seguridad pública.

En respuesta a lo anterior, el señor Galli señaló que a su entender, esta se aleja de los objetivos buscados en su origen, como es potenciar a la autoridad a cargo de la seguridad pública, pero que sin embargo, es perfectamente corregible en el debate legislativo.

El Honorable Senador señor Insulza manifestó en primer término, estar de acuerdo con que el Ministerio del Interior no puede quedar con las atribuciones que le queden luego de separársele de la seguridad pública.

Por otra parte, expresó que dentro de la iniciativa de ley debe incluirse todo lo referido al crimen organizado, como asimismo, la Agencia Nacional de Inteligencia, e incluso el ciberdelito.

En lo que refiere al Ministerio del Interior, apuntó que para que se convierta en una cartera de gobierno poderosa, debiese fusionarse con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, reuniendo las facultades de desarrollo de la estrategia de gobierno y las relaciones con el Congreso en los temas de seguimiento del día a día. De tal manera que el Ministerio de Seguridad Pública se aboque a satisfacer un bien público de protección de la ciudadanía, como es la seguridad.

El Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara arguyó que subestimar los problemas de convivencia ciudadana ha sido uno de los errores que se ha cometido a nivel latinoamericano, por lo que relevó la importancia de que cuando se tenga una institucionalidad en seguridad, esta no se limite a las miradas convencionales acerca de ella.

En segundo lugar, aclaró que no todos los aspectos deben ser relacionados con la seguridad pública, citando como ejemplo el rol de prevención en el uso de drogas. En ese sentido, expresó que el SENDA no debiese formar parte de la no debería estar asociado con la persecución, el control, así como tampoco con la seguridad en su máximo conjunto.

Por último, agregó que lo que se necesita es inteligencia y proporcionalidad para enfrentar los fenómenos de una manera razonable, responsable y pensando la seguridad de las personas y no solamente los réditos a corto plazo. Igualmente, se mostró a favor de aunar posiciones con los equipos de asesores parlamentarios y del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Quintana fue de la opinión que las exposiciones de ambos ex subsecretarios se encuentran en línea con las indicaciones del Ejecutivo. En ese aspecto, señaló que hay aspectos conceptuales que se pueden afinar y de atribuciones, en particular lo relacionado con los Secretarios Ministeriales de Seguridad Pública, ya que, a su entender, no tendrán la misma capacidad de articular y coordinar a todos los actores del Gobierno de la región.

La Honorable Senadora señora Ebensperger expresó ser quizás una de las pocas senadoras que aún no está convencida con la creación de este nuevo Ministerio. Sin perjuicio de ello, opinó que el Ministerio de Seguridad Pública debe tener la suficiente fuerza y potencia, en especial debido al crimen organizado que, a su juicio, amenaza al país. De esta manera, fue de la idea de que debe existir un Ministerio que coordine el trabajo interagencial de todas las instituciones relacionadas con seguridad.

Se refirió a que, en la Región de Tarapacá, la tasa de homicidios supera tres veces el promedio nacional, los que según afirmó, en su mayoría son ejecuciones del crimen organizado.

Enseguida, reiteró sus dudas respecto de que la creación de esta nueva institucionalidad pueda dar solución a ese problema, y en especial luego de la revisión de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, que deja al terrorismo y el resguardo fronterizo fuera de la presente iniciativa de ley, lo que, a su juicio, se vincula estrechamente con el crimen organizado.

Finalmente, apreció que las normas adecuatorias que se refieren al Ministerio del Interior, no debiesen incluirse en el proyecto de ley en informe, debiendo a su entender, ser declaradas inadmisibles por apartarse de la idea matriz de este.

El Honorable Senador señor Insulza por su parte, opinó que el Ministerio del Interior debe ser fortalecido con las labores propias de un Ministerio central en un gobierno.

La Honorable Senadora señora Ebensperger estimó que el vínculo materia de seguridad pública no debiese ser llevado a cabo por los Seremis, ya que, en esta materia, arguyó que se requiere un representante directo del Presidente de la República en cada región.

iii. La Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios/as del Ministerio del Interior y Servicio Afines (FENAMINSA), a través de su presidente señor Esteban Tumba, expresó que la asociación gremial que encabeza se encuentra a favor de la creación de un Ministerio de Seguridad Pública.

No obstante, el Secretario Nacional de la misma, señor Cristian Inzunza, observó que la diferencia entre prevención y control no se encuentra bien abordada en el proyecto de ley. Comentó que hoy en día son muchas las instituciones que se encargan de la prevención, entre ellas mencionó la propia escuela, como órgano más básico y universal; los servicios de salud; el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y el Servicio Nacional de Prevención para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), respecto de lo cual, sostuvo que la mayor parte de ellos radica en el Ministerio del Interior. En ese sentido, afirmó que dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito se desarrollan labores de prevención tanto a nivel social como situacional, y que también existe trabajo de prevención en otros organismos relacionados, como la SUBDERE, con proyectos relativos a alumbrado público, accesibilidad y equipamiento comunitario.

En su opinión, tal labor preventiva que le compete al Estado, se ha efectuado históricamente de manera inorgánica y autónoma con preminencia de la ejecución por los gobiernos locales y poca coordinación entre los organismos que la desarrollan.

De esta manera, subrayó que las políticas de prevención debiesen apuntar a ser integrales, para así hacer más eficientes las acciones en torno a ella, existiendo mayor control y orden en su ejecución.

Sin embargo, resaltó que, si bien al analizar la iniciativa de ley destaca el control civil que se ha propuesto respecto de las policías, el enfoque que se está dando para que este Ministerio se encargue de materias de seguridad pública, a su juicio, no es suficiente. Resaltó como positivo el que se proponga un Sistema Nacional de Seguridad, porque potenciaría efectivamente, por un lado, la labor principal de las policías que tiene que ver con control y persecución de los delitos y resguardos de la seguridad pública y también articularía de mejor manera las labores preventivas de la policía.

Así, afirmó que articular todas las otras labores preventivas y coordinarlas le daría más sentido a esa labor preventiva que deben desarrollar las policías en materia de seguridad. A su entender, la política de prevención supera los límites de la seguridad y debe estar atenta a toda situación que pueda generar conflictividad social y amenaza a la convivencia y la paz en la cual se desarrollan los ciudadanos.

En ese sentido, hizo presente que existen una serie de materias que resultan fundamentales para el adecuado despliegue del Ministerio de Seguridad Pública. Puso el ejemplo de aquellas que tienen que ver con inteligencia o pasos fronterizos. En ese contexto, propuso que la actual Unidad de Paso Fronterizo que depende del Ministerio del Interior, debiese estar alojada en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, generando articulación con el traspaso de la información desde el Servicio Nacional de Migraciones. Agregó en tal contexto, que materias como la ciberseguridad debiesen estar abordadas con una competencia específica en este Ministerio, así como también materias de inteligencia.

Desde otro punto de vista, planteó como un desafío el generar convivencia ciudadana a través de la participación, del vínculo con los territorios, y del financiamiento de iniciativas territoriales focalizadas.

El Honorable Senador señor Insulza consultó cuál es la opinión que tiene la organización respecto de que una parte importante del Ministerio del Interior pase a otra Cartera de Estado, y específicamente acerca de la forma en que quedará la nueva estructura de gobierno.

El señor Insulza sostuvo que la conformación que está indicada en el proyecto de ley no es la más conveniente a juicio de la organización, puesto que las competencias o funciones que se encuentran alojadas en la actual División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior y otras competencias relacionadas en ese Servicio, debiesen migrar hacia este nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, fue de la idea de que la prevención del delito debiese quedar en el Ministerio del Interior porque las otras áreas de esa Cartera de Estado están muy estrechamente relacionadas con ello.

De esta manera, apuntó a que la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública es una gran carga, por lo que propuso poner el foco en el tema del control y la persecución del delito, la coordinación de las agencias en materia de persecución penal, la coordinación de las agencias de inteligencia policial y el control del orden público. Por tanto, reiteró que la tarea de prevención debiese permanecer en el Ministerio del Interior, desde una perspectiva más integral, logrando coordinar los esfuerzos radicados en el SENDA y en las delegaciones presidenciales con la Subsecretaría de Prevención del Delito, a objeto de tener un impacto real en los territorios.

C.- Estudio y votación de las indicaciones presentadas.

En primer término, es preciso aclarar que el Ejecutivo formuló indicaciones sustitutivas a los artículos primero, segundo, cuarto, quinto y disposiciones transitorias del proyecto de ley y los Honorables Senadores también presentaron sus propuestas al articulado aprobado en general. Por lo anterior, el método utilizado para el estudio del proyecto de ley consistió en analizar cada precepto de la iniciativa legal a partir de las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, y de acuerdo a lo resuelto respecto de ellas, determinar el resultado de las indicaciones presentadas por los señores senadores.

Cabe consignar además que, junto con las indicaciones presentadas dentro del plazo fijado al efecto, la Comisión analizó propuestas de enmienda adicionales formuladas por una mesa de trabajo integrada por asesores de los integrantes de la Comisión, y por representantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Asimismo, el Ejecutivo efectuó nuevas propuestas a las indicaciones ya formuladas por este, en virtud de las observaciones planteadas por Sus Señorías.

ARTÍCULO PRIMERO

Este precepto abarca los Títulos I al IV del proyecto de ley, comprendiendo desde el artículo 1° al artículo 26. Contiene las normas que crean el Ministerio de Seguridad Pública; sus funciones y atribuciones propias, como aquellas respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Del mismo modo, se incluye la creación de los Consejos de Seguridad Pública, la organización interna del Ministerio con sus respectivas Subsecretarías y estructura regional; lo referido a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y, finalmente, las normas a las cuales quedará afecto el personal que se desempeñe en el Ministerio de Seguridad Pública.

Cabe prevenir, que la indicación sustitutiva del Ejecutivo además propone modificar la denominación del nuevo Ministerio a “Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana”. La Comisión en un primer momento, a propuesta de su Presidente, el Honorable Senador señor Insulza, acordó que tal enmienda se definiera una vez discutida la totalidad del proyecto de ley. Sin embargo, como se verá más adelante en la discusión del artículo 6°, se acordó unánimemente que su denominación se mantuviera como “Ministerio de Seguridad Pública”.

ARTÍCULO 1°

Este artículo del proyecto de ley aprobado en general por el Senado, persigue —en su inciso primero— crear el Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional, esto es, el resguardo de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e internas, antrópicas y naturales.

En su inciso segundo, menciona que el Ministerio concentrará la decisión política, encargándose del diseño y la evaluación de las políticas, planes y programas relativos a la seguridad pública, orden público y resguardo fronterizo, lo que incluye la persecución, prevención y control de los delitos.

Luego, en su inciso tercero, indica que coordinará, evaluará y se pronunciará en cuanto al seguimiento e implementación de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia de prevención y control de la delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y su reinserción social.

Finalmente, en su inciso cuarto, se refiere a que el Ministerio, como órgano rector en materia de seguridad pública, deberá velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en esta materia, a nivel nacional, regional y comunal.

Como se indicó anteriormente, Su Excelencia el Presidente de la República formuló una indicación sustitutiva al artículo primero del proyecto de ley, la que fue signada como indicación número 1), cuya primera parte se refiere al artículo 1° en análisis. Asimismo, este precepto fue objeto de dos indicaciones del Honorable Senador señor Ossandón, signadas con los números 2) y 3).

El Ejecutivo mediante su indicación número 1) precedentemente aludida, propone en esta parte, sustituir el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- El Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, en adelante también “el Ministerio”, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público; la prevención del delito y la convivencia ciudadana, para lo cual concentrará la decisión política en estas materias. Asimismo, planificará, diseñará, coordinará, supervigilará y evaluará las políticas, planes y programas relativos, tanto a dichas materias, como a aquellas que digan relación con reinserción social y atención y asistencia a víctimas, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley.

El Ministerio velará, además, por la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial en estos ámbitos.”

A su vez, el Honorable Senador señor Ossandón consulta mediante la indicación número 2) agregar en el inciso segundo del artículo 1° aprobado en general, a continuación de la frase “y control de los delitos”, el siguiente texto: “junto a la prevención de los peligros y la planificación integral de la gestión de emergencias ciudadanas”.

De igual forma, persigue a través de la indicación número 3), incorporar en el mismo inciso segundo, después de la frase “ejercer la coordinación interministerial en todas las materias de su competencia”, el siguiente texto: “e integrar capacidades y liderar el trabajo interagencial e interoperable de los organismos relacionados”.

En lo que refiere a la indicación del Ejecutivo, el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara, mediante una presentación, señaló que se reconoce que los conceptos presentes en el proyecto de ley aprobado en general, tales como “seguridad multidimensional” o “peligros”, “riesgos” “amenazas” e “interferencias” resultaban demasiado amplios para el espíritu que Su Excelencia el Presidente de la República buscaba plasmar en la iniciativa de ley. Por otro lado, sostuvo que esos mismos conceptos podrían afectar la competencia de otros organismos, lo que no contribuiría a la eficiencia y eficacia del Ministerio.

Indicó que los objetivos planteados a lo largo de la discusión del presente proyecto de ley, y particularmente de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, apuntan hacia la especificidad.

El Personero de Gobierno adujo que la propuesta va en el camino de una delimitación más clara de competencias que tiene que ver con el resguardo, la mantención y promoción de la seguridad pública, la prevención del delito —incluyendo las labores que hoy le competen a la Subsecretaría de Prevención del Delito— y la convivencia ciudadana. De esta manera, afirmó, se concentra la decisión política de tales materias en este Ministerio.

Asimismo, subrayó que, sin perjuicio de la voluntad de querer acotar competencias, no se abandona la capacidad necesaria para ejecutar acciones de coordinación con instituciones particulares, en caso de contingencias.

Por otra parte, señaló que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública tendría nuevas atribuciones en materia de reinserción social, asistencia y atención a víctimas, funciones que, según afirmó, hoy existen en la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero respecto de las cuales no concentra la decisión política puesto que le compete al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De esta manera, apuntó a que la nueva Cartera solo tendría a cargo la planificación, diseño, coordinación, supervigilancia, y la evaluación de las políticas, planes y programas, siendo funciones que actualmente se encuentran radicadas en la Subsecretaría de Prevención del Delito de una forma muy acotada.

Señaló que las atribuciones de reinserción social y víctimas, tienen relación directa con el objetivo central, destacando que el nuevo Ministerio se hará cargo de toda la cadena de estas materias, desde la perspectiva de la seguridad pública.

Por otra parte, aclaró que la eliminación de la referencia al “resguardo fronterizo” responde a que, si bien se encuentra dentro del objetivo general de la seguridad pública y la prevención del delito, recae sobre otras instituciones. Subrayó que lo anterior no obsta a que la nueva institucionalidad pueda asumir funciones particulares respecto a ello.

De la misma manera, indicó que se suprime la referencia a la persecución de delitos, a objeto de precaver cualquier tipo de conflicto que pueda ocurrir con las competencias del Ministerio Público.

El Personero de Gobierno también afirmó que, dentro de la tarea de prevención del delito, como la mantención, resguardo y promoción de la seguridad pública, se encuentra también comprometida la labor de control de los delitos.

Por último, agregó que se establece el deber de coordinación del Ministerio de Seguridad Pública, de manera similar a como lo propone el proyecto de ley aprobado en general. Sin embargo, se incorpora un cambio de redacción a objeto de evitar la reiteración de términos, por lo que se eliminan referencias a conceptos amplios como amenazas y peligros, lo que no obsta a que sigan contenidos en las labores que se pretende incluir en esta nueva Cartera de Estado.

El Honorable Senador señor Insulza opinó favorablemente respecto de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Coincidió con lo planteado por el señor Subsecretario, en cuanto a que la función de persecución propuesta en el proyecto de ley aprobado en general, debe verse con cautela dada la existencia del Ministerio Público.

En cuanto a la indicación número 2) presentada por el Honorable Senador señor Ossandón —referida al proyecto de ley aprobado en general— indicó que se vincula a una discusión central que se tuvo con el gobierno anterior durante la Comisión Bicameral de Seguridad Pública. Recordó que la decisión en esa instancia, fue que las catástrofes correspondían al Ministerio del Interior como Cartera de Estado que coordina al conjunto del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Castro consultó al Ejecutivo qué pasaría con la función investigativa de las policías desde el punto de vista de la prevención, puesto que, a su parecer, no se encuentra considerado en la indicación sustitutiva formulada.

El Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara explicó que, las funciones de las policías no forman parte de aquellas materias que el Ejecutivo pretende incorporar en el proyecto de ley, sino a que su juicio, compete ser regulado en cada una de las policías. En relación a ello, hizo presente que, de acuerdo a su entender, la Comisión de Seguridad Pública se encuentra evaluando legislar respecto de la función investigativa de la Policía de Investigaciones. Desde ese punto de vista, afirmó que, si se analiza la prevención del delito desde su sentido más amplio, podría igualmente considerarse que se relaciona con la investigación, puesto que un buen trabajo investigativo permitiría eventualmente la desarticulación de actividades criminales. Pese a ello, recalcó que la labor investigativa no es parte del espíritu de este proyecto de ley y de lo que se define como prevención del delito.

El Honorable Senador señor Huenchumilla apuntó a que mediante este artículo 1° se está fijando el objetivo central de la ley, cual es la creación del Ministerio, qué es y cuáles son sus objetivos centrales.

Seguidamente, y luego de referirse a que se habla de seguridad pública, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, planificación de las políticas públicas respectivas, manifestó sus dudas en cuanto a la incorporación del concepto de “reinserción social” entre ellas, puesto que, a su entender, está hoy en día se encuentra a cargo de Gendarmería. Lo mismo señaló en cuanto a la función de asistencia a las víctimas, que en su concepto iría más allá de la labor que efectúa el Ministerio Público.

Por otra parte, si bien valoró la mención a la coordinación intersectorial, señaló que surge la interrogante si se debe poner en este punto que el Ministerio Público es el organismo que tiene la supervigilancia y el control sobre las policías.

El Honorable Senador señor Quintana indicó que, respecto del nombre del Ministerio, el elemento permanente, a su juicio, es la seguridad pública. En cuanto a la convivencia ciudadana, se refirió a que sin duda es un tema importante y un objetivo ambicioso. No obstante, insistió en que la finalidad del nuevo Ministerio va más alineada con la seguridad pública. Sobre este punto mencionó que existen varios paradigmas respecto de la seguridad pública, en primer término, destacó la seguridad nacional propia de la Guerra Fría; la seguridad ciudadana impulsada por los gobiernos de la Concertación en Chile y finalmente la seguridad humana, en que este proyecto a su parecer, guarda algunos rasgos de ese ámbito, similar al del modelo alemán en donde más que actuar ex post, se busca eliminar todas las amenazas y peligros.

En relación con el resguardo fronterizo que el Ejecutivo propone retirar mediante la indicación, consultó cuál es la finalidad de esta modificación, puesto que esta podría explicarse si se tiene en mente a las Fuerzas Armadas con un rol más permanente en esta función. Sin embargo, apuntó a que la migración irregular, que muchas veces se vincula con organizaciones criminales, es un fenómeno que no debiese quedar fuera de la creación del Ministerio de Seguridad Pública.

En lo que refiere a la reinserción social, compartió la duda planteada por el Honorable Senador señor Huenchumilla. Pese a ello, valoró que tal aspecto se fijase como objetivo general para este Ministerio, descartando que se piense que Gendarmería vaya a formar parte de esta nueva Cartera de Estado.

Finalmente, suscribió lo referido por el Honorable Senador señor Insulza, en cuanto a no incluir en el proyecto lo relativo a emergencias y catástrofes. De la misma manera, consideró negativamente que la ONEMI forme parte de este Ministerio.

Por otra parte, indicó que uno de los problemas más grandes que tienen las policías —particularmente Carabineros y la estructura militar— tiene que ver con la manera de organizarse internamente y la poca preparación al interactuar con el mundo civil.

Subrayó que lo que se persigue es mejorar la coordinación, y ejemplificó su postura refiriéndose a la tensión que existe entre la dependencia orgánica de la PDI con respecto al Ministerio del Interior, frente a la dependencia funcional que esta tiene con el Ministerio Público, lo que, a su entender, no contribuiría con este principio.

El Subsecretario de Prevención del Delito señor Eduardo Vergara, en atención a la duda manifestada por el Honorable Senador señor Huenchumilla, indicó que, en cuanto a la reinserción social, esta es parte de las facultades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que a su entender se ve reflejado en las líneas, acciones y planes de la Subsecretaría de Prevención del Delito. De esta manera, aseguró que tal como lo menciona el Honorable Senador señor Quintana, lo anterior no implica estar a cargo de la reinserción social por sobre el rol del Ministerio de Justicia.

En alusión a lo descrito, explicó que, en la discusión sobre este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, también se discutió por parte del Ejecutivo si Gendarmería formaría parte de la orgánica de este. En ese contexto, subrayó que una serie de convenciones internacionales como acuerdos, recomiendan que los sistemas de reinserción ligados al castigo, no estén junto con la institucionalidad dedicada a la seguridad pública.

Sin prejuicio de aquello, indicó que la labor de reinserción se cruza en muchos aspectos con la labor preventiva, por lo que explicó que se mantiene en las indicaciones presentadas, pero con la claridad de que esta sigue siendo una materia a cargo del Ministerio de Justicia.

En cuanto a lo señalado por el Honorable Senador señor Quintana sobre la convivencia ciudadana, el Personero recordó que si bien en el inicio de la discusión, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza, propuso que la denominación del Ministerio se analizaría al final de ella, hizo presente que el Ejecutivo tiene una posición al respecto en cuanto a que la denominación “Convivencia Ciudadana” refleja el espíritu de lo que el Gobierno está proponiendo.

En lo que refiere a la función de resguardo fronterizo, estimó que son materias en que al menos la relación con las políticas migratorias se mantendría en el Ministerio del Interior, sin perjuicio de aquellas labores que las policías desarrollan en este aspecto. Sin embargo, puntualizó que independiente de la coyuntura y de una demanda pública que puede ser atendida respecto al rol de la seguridad y las fronteras, el parecer del Ejecutivo es que constituye una de las tantas materias que debería mantenerse bajo el Ministerio del Interior con coordinación con otras carteras. En el mismo sentido, aclaró que la ONEMI se mantendría también en el Ministerio del Interior.

El Honorable Senador señor Castro Prieto hizo presente que tanto la PDI como Carabineros, deben estar supeditadas a las instrucciones que se impartan respecto a la prevención, cuando se habla, por ejemplo, de catástrofes. A su parecer, Bomberos también debiese depender del Ministerio de Seguridad Pública.

El Honorable Senador señor Insulza, consideró aquellas funciones que dicen relación con reinserción social y atención y asistencia a víctimas, actualmente se están entregando a los organismos destinados a la rehabilitación. Por tal razón, propuso que se eliminase la frase “como a aquellas que digan relación con reinserción social y atención y asistencia a víctimas”, pero manteniendo aquella que señala “sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley”. De esta manera, indicó que quedaría abierto para que puedan depender de algún otro sistema, pero que en lo fundamental se eliminaría la rehabilitación del Ministerio de Seguridad Pública.

Para sustentar el hecho de que la reinserción no solo puede quedar bajo el Ministerio de Justicia, el Subsecretario de Prevención del Delito destacó que existe un elemento muy importante que tiene que ver con prevención, lo que se concreta a su juicio, en el Programa Lazos de la Subsecretaría que encabeza. Sobre este aspecto, puntualizó que a través de dicho programa no se ve la reinserción desde la perspectiva del castigo o de la cárcel, sino que también con los entornos. En ese sentido, apuntó que en el nacimiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito se tomó en consideración que parte de la reinserción no puede estar asociada directamente al castigo, sino que cumple un rol preventivo importante.

Detalló que el Programa Lazos ya aludido, atiende a las familias y al entorno de la persona privada de libertad o que recibió un castigo, desde una mirada preventiva para evitar la reincidencia. De esta manera, explicó que el artículo 1° propuesto por el Ejecutivo, significaría que lo que hoy está en la Subsecretaría de Prevención del Delito se mantenga en el Ministerio de Seguridad Pública.

El Honorable Senador señor Huenchumilla planteó que una persona puede sufrir de tres riesgos: los riesgos de la salud, de la naturaleza, y de la interacción con otros seres humanos que trae como consecuencia la comisión de delitos. En ese contexto, fue de la idea que la competencia de este Ministerio dice relación con el último de los mencionados. Sobre este punto, destacó que existen tres instantes en cuanto a los delitos: antes que se cometan, cuando se cometen y luego de haberse cometido. En su opinión, el Ministerio de Seguridad Pública debiese estar presente en el delito, a través del sistema penal en su conjunto, como asimismo en la prevención, con todas las políticas públicas que esto encierra.

En conclusión, destacó que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública debe tener funciones de prevención, además de investigación y persecución de los delitos. En ese sentido, manifestó sus dudas sí esta institucionalidad tendría algo que ver con lo que ocurre posterior a la comisión de los delitos, ya que ahí aplica el sistema penitenciario.

Por otra parte, destacó que es prevención una buena educación, así como también un buen barrio con espacios públicos, donde la gente viva dignamente. Sin embargo, recalcó que en esta materia se habla de políticas públicas específicas respecto de la prevención de los delitos, y para eso se establece que el Ministerio de Seguridad Pública va a coordinar con el resto de las agencias y ministerios, lo relacionado con la prevención del delito.

Enseguida, puso de relieve cuál es la competencia de la PDI y de Carabineros. Afirmó que las facultades de la autoridad política a ese respecto, como por ejemplo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, son de orden estratégico y se refieren a ciertos lineamientos, valores u objetivos generales. Sin embargo, apuntó a que la parte operativa y táctica no le corresponde a dicha autoridad política, sino que a la policía como organismo profesional encargado del orden público y de la persecución de los delitos.

En ese contexto, arguyó que la PDI, bajo el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, estará en función de una autoridad política de control, supervigilancia, formación, fiscalización y auditoría. Pese a ello, destacó que cuando la PDI cumple una orden del Ministerio Público, en el fondo está cumpliendo una orden de un organismo autónomo del Poder Judicial, por lo que no podría haber interferencia de la autoridad política en la ejecución de las ordenes que se imparten, debiendo a su juicio, tener la libertad de poder operar tácticamente de acuerdo con sus normas y técnicas correspondientes.

Finalmente, manifestó sus dudas en cuanto a que una definición del Ministerio de Seguridad Pública, a propósito del control fronterizo, sea una especie de “lista de supermercado” de todas las competencias que va a tener. Por tal razón, opinó que debiese establecerse una definición central o concepto global omnicomprensivo.

La asesora legislativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Leslie Sánchez, llamó a distinguir dos elementos. En primer lugar, se refirió a las funciones u objetivos por los cuales se crea el Ministerio, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1° en análisis, donde se contempla la reinserción social, que a su entender, ya estaría dentro de sus funciones como se desprendería de su propia normativa. De esta manera, subrayó que los programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito en ese ámbito, permanecerán funcionando como ha sido hasta ahora y que dicen relación particularmente con la prevención y reinserción de niños, niñas y adolescentes infractores. Finalmente, destacó que, al señalar el artículo 1° en análisis que estas materias son sin perjuicio de las competencias que les puedan corresponder a otros organismos, sería completamente compatible con las atribuciones que en esta materia tiene el Ministerio de Justicia.

Por su parte, el Honorable Senador señor Insulza, llamó a concordar una descripción precisa, pero de carácter general respecto al para qué se crea el Ministerio de Seguridad Pública, por lo que sugirió se ensaye una nueva redacción para el artículo 1° propuesto por el Ejecutivo.

Enseguida, el señor Vergara, propuso sacar la reinserción de la definición general, pero no de las funciones particulares, ya que a su juicio, implicaría retirar gran parte de las labores de la Subsecretaría de Prevención del Delito en esa materia, dejando claro que la política de reinserción depende del Ministerio de Justicia.

El Honorable Senador señor Castro se preguntó qué se necesitaría para que la reinserción sea efectiva. En ese sentido, fue de la opinión que el Ministerio del Trabajo debiese tener un papel más potente en cuanto a la reinserción laboral del que estuvo privado de libertad. Por tal razón, cuestionó que tales atribuciones queden en el Ministerio de Seguridad Pública.

A continuación, el Honorable Senador señor Insulza reiteró su propuesta de artículo 1°, manifestando estar de acuerdo con lo planteado por el señor Subsecretario, en el sentido que los temas de reinserción debiesen ir aparejados con la prevención lo que según estimó se contiene más adelante en la misma indicación sustitutiva. Por lo tanto, fue de la opinión de quitar la reinserción de la enumeración del artículo 1° propuesto, en los términos ya aludidos.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quintana, manifestó no ser partidario de quitar el concepto de reinserción de este artículo, por ser a su entender, uno de los aspectos fundamentales de la prevención. Expuso que incluir esta función, no significa superponerse en las funciones de Gendarmería y del Ministerio de Justicia.

El Honorable Senador señor Huenchumilla, expresó que si bien en el concepto de seguridad pública está la prevención y la reinserción, su duda apunta si es el Ministerio de Seguridad Pública el que ejecutará acciones concretas respecto de la reinserción, porque en su opinión eso es tarea de los servicios públicos.

En virtud de las opiniones vertidas, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza, propuso aprobar el artículo 1° con el texto propuesto por el Ejecutivo, sin perjuicio de la voluntad de reabrir el debate en forma posterior, si es que resulta necesario.

-Puesto en votación el artículo 1° propuesto contenido en la indicación número 1) del Ejecutivo, este fue aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Castro Prieto, Huenchumilla, Insulza y Quintana.

-En consecuencia, la Comisión acordó rechazar con la misma votación, las indicaciones números 2) y 3) del Honorable Senador señor Ossandón.

En una sesión posterior, el Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara, dio cuenta del resultado de una mesa técnica llevada a cabo entre los asesores parlamentarios y ministeriales, para acordar la redacción de los artículos 1°, 2°, 3° y 4° contenidos en el artículo primero del proyecto de ley.

Enseguida dio lectura a la propuesta de artículo 1°, que según sostuvo, fue acordada en dicha instancia:

“Artículo 1°.- El Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana , en adelante también “el Ministerio”, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana, actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias.

Asimismo, planificará, diseñará, monitoreará coordinará, supervigilará y evaluará las políticas, planes y programas relativos, tanto a dichas materias, como a aquellas que digan relación con prevención primaria, secundaria y terciaria, así como en atención y asistencia a víctimas de delitos, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley.

El Ministerio velará por el cumplimiento de los principios de interagencialidad, interoperabilidad y cooperación, en el marco de las funciones señaladas en el artículo 5°, así como por la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial de las materias individualizadas en el inciso anterior.”.

Aclaró que en el inciso primero, se recogió la propuesta del ex Subsecretario de Seguridad Pública señor Galli, en cuanto a incluir la frase “actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias”.

En tanto en el inciso tercero, indicó que se incluye la enmienda propuesta por el Honorable Senador señor Ossandón, signada como indicación número 3).

Debido a lo anterior, el Honorable Senador señor Insulza, propuso reabrir el debate para este artículo 1° propuesto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento del Senado, lo que fue acordado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Quintana.

El Honorable Senador señor Ossandón criticó que no se incluyera la rehabilitación dentro de la propuesta. Asimismo, señaló que en el inciso tercero, debiese reemplazarse la palabra “velará” por otra que de un sentido más concreto. Expresó que la interagencialidad e interoperabilidad apuntan a un trabajo conjunto y coordinado con el Servicio Nacional de Aduanas o el Servicio de Impuestos Internos, pero a su entender, también se traduce en acciones en tiempo real, para lo cual señaló, se necesita capacidad.

El Honorable Senador señor Insulza fue de la opinión que el inciso tercero está demás, ya que es evidente que esos principios deben respetarse siempre en cualquier gobierno y no avocarlos a un solo Ministerio.

La abogada asesora del Ministerio del Interior señora Sánchez, hizo ver que dicho inciso tercero se incorporó a petición de los asesores de los Honorables Senadores señores Ossandón, Huenchumilla y Van Rysselberghe y que se tuvieron en consideración por el Ejecutivo, ya que modernizan la gestión del Estado. Aclaró que más adelante en el mismo inciso, se delimita el campo de acción de estos principios a las funciones contempladas en el artículo 5°, correspondientes a aquellas que se dispondrán para el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

El Honorable Senador señor Quintana valoró el trabajo de la mesa técnica y en especial la incorporación de los conceptos de interagencialidad, interoperabilidad y cooperación. Sin embargo, cuestionó la inclusión de lo que el Ejecutivo denominó prevención primaria, secundaria y terciaria, mostrándose partidario de que en su reemplazo permaneciese el concepto de reinserción.

El Honorable Senador señor Insulza, expresó que la prevención terciaria tiene por objeto a aquellos grupos específicos que han cometido infracción a la ley y que han ingresado al sistema penal, buscando promover su rehabilitación, lo que a su juicio es competencia estrictamente del Ministerio de Justicia.

El señor Vergara, aclaró que se tuvo previamente una discusión sobre el SENDA, donde todas las recomendaciones internacionales apuntan a que los programas dedicados a la prevención y rehabilitación sobre el uso de drogas no se asocien con materias de seguridad, sino que se encuentren más bien ligados a la estructura política de cada gobierno.

Del mismo modo, aseveró que la reinserción no es lo mismo que la rehabilitación, por lo tanto, recordó que el Ejecutivo en una primera oportunidad había propuesto incorporarla, teniendo presente que la política de reinserción social está en manos del Ministerio de Justicia, lo que según expuso, son labores que hoy cumple la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El Personero de Gobierno, aclaró que, no porque se incluya la rehabilitación en el Ministerio de Seguridad Pública, también deba insertarse la regulación del SENDA.

El Honorable Senador señor Ossandón, relevó la importancia de los tres principios mencionados, y puso como ejemplo el combate al crimen organizado, que en su opinión, daría la posibilidad de que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública trabaje al instante con el Servicio Nacional de Aduanas.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Insulza, arguyó que los principios de interagencialidad, interoperabilidad y cooperación apuntan más bien a la forma cómo el Ministerio cumplirá sus funciones, por lo tanto su incorporación lo consideró innecesario.

Desde otro ángulo, sugirió poner los verbos del inciso segundo del artículo 1° propuesto, en tiempo presente.

En la misma línea, el Honorable Senador señor Huenchumilla, observó que en el inciso primero no habría necesidad de reiterar que el Ministerio de Seguridad Pública se hará cargo de la seguridad pública.

Asimismo, comentó que en el Reino Unido se hace la diferenciación entre prevención primaria, secundaria y terciaria, de la misma forma que se efectúa con la salud. De tal manera, que se mostró a favor de la utilización de tales conceptos en el artículo 1° propuesto.

Finalmente, efectuó un alcance al uso de la palabra “velará”, ya que en su opinión, da a entender que el Ministerio simplemente “hará todo lo posible”, lo que podría interpretarse como que no existe ninguna obligación para el Estado. Por tal razón, propuso reemplazar la palabra

“velará” por “actuará”.

El Honorable Senador señor Ossandón, a raíz de lo expresado por el Honorable Senador señor Huenchumilla, sugirió a la Comisión sustituir en el inciso primero, la frase “seguridad pública” por “protección ciudadana” o “seguridad integral” o “seguridad ciudadana”, a lo que el Honorable Senador señor Insulza, se mostró a favor.

El Subsecretario señor Vergara, agregó que la actual ley N°20.502 que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, utiliza la misma fórmula que acá se propone para el nuevo Ministerio, en orden a explicitar sus labores. En otro sentido, se mostró crítico en que se reemplace el concepto de seguridad pública por el de seguridad ciudadana, toda vez que este último tiene un ámbito más reducido.

El Honorable Senador señor Huenchumilla, propuso que se pueda incorporar la frase “protección y convivencia ciudadana”.

El Honorable Senador señor Insulza, recordó que cuando recién asumió su cargo, organizó un encuentro en la ciudad de Arica, con el Honorable Senador señor Durana, con el objeto de reunir a las máximas autoridades de la región en materia de seguridad pública. Comentó que en esa oportunidad fueron invitadas las juntas de vecinos y que la impresión que tuvo fue que la mayor preocupación de las personas eran por ejemplo, que no les botaran basura a sus casas o que no les rayaran sus muros. Señaló que ninguna de tales conductas constituye delito, sin embargo, a su entender se trata de convivencia ciudadana que debiese estar incorporada en las funciones de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Contrario a lo anterior, el Honorable Senador señor Ossandón aclaró que tal tarea corresponde a los Municipios. Bajo su concepto, el Ministerio de Seguridad Pública se debe crear para combatir la delincuencia.

El señor Subsecretario de Prevención del Delito hizo hincapié en lo esencial de incluir la convivencia ciudadana dentro de las funciones del nuevo Ministerio, calificando como un error los diseños en los que se ve a la seguridad solamente desde una perspectiva de control policial. Agregó que no se debe subestimar los problemas de convivencia ciudadana ya que estos pueden escalar a delitos como la violencia intrafamiliar, así como también problemas vecinales pueden terminar en homicidios.

Según el Honorable Senador señor Huenchumilla, el combate a los delitos es una tarea multidimensional y sistémica, por lo que el ideal es que el delito no se produzca. En ese sentido, expresó que si bien los municipios deben preocuparse de la prevención primaria, no es menos cierto que el Ministerio de Seguridad Pública debiese tener por preocupación tales acciones, siendo la contraparte en el Estado.

El Honorable Senador señor Ossandón, destacó que el nuevo Ministerio debe coordinar, pero que no se le de la función de ejecutar porque no lo podrá hacer.

El señor Subsecretario respondió al Honorable Senador señor Ossandón, señalando que hoy en día la Subsecretaría de Prevención del Delito financia luminarias, así como la recuperación de espacios públicos. Indicó que lo anterior no impide que dicha Subsecretaría hasta ahora, se coordine con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Por lo anterior, expresó que simplemente tales facultades ya existentes se estarían traspasando al nuevo Ministerio.

Finalmente, hizo presente que la confección de la nueva propuesta que se está discutiendo, se hizo mediante un trabajo conjunto con los asesores de los parlamentarios integrantes de la Comisión, por lo que criticó el hecho de que tales observaciones no fuesen levantadas oportunamente en esa instancia.

Enseguida, el Honorable Senador señor Quintana propuso incluir el concepto de “protección”, el cual le parece esencial y a su juicio está alineado con los conceptos más modernos de seguridad, como es la seguridad humana.

En ese contexto, el Honorable Senador señor Insulza, acotó que de acuerdo con el Diccionario de la RAE, debiese solo incluirse “la mantención y promoción del orden público”, ya que bajo su concepto, el orden público incluiría todo lo demás.

Por su parte, el Subsecretario de Prevención del Delito se mostró llano a incluir el concepto de protección en este artículo 1° propuesto.

El Honorable Senador señor Huenchumilla puso de relieve que la labor del Estado es proteger a las personas, lo que situó como núcleo esencial.

De esta manera, la Comisión acordó someter a votación el siguiente texto para el inciso primero del artículo 1°:

“Artículo 1°.- El Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana , en adelante también “el Ministerio”, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, la protección de las personas, el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana, actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias.”

- Puesto en votación el inciso primero del artículo 1° propuesto, contenido en la indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo, este fue aprobado con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Quintana.

Al revisar la nueva propuesta de inciso segundo del artículo 1°, el Honorable Senador señor Insulza insistió en su posición en cuanto a que la prevención terciaria es labor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El señor Vergara asimismo, reiteró que la Subsecretaría de Prevención del Delito cuenta con el Programa Lazos, el cual trabaja con las familias y el entorno de infractores de ley, por lo que la prevención terciaria ya existiría dentro de su actual competencia. De esta manera, sostuvo que tal hecho se aclara cuando al final del inciso se establece la frase “sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley”.

La Secretaría sugirió que las definiciones correspondientes a prevención primaria, secundaria y terciaria, se incorporen en un artículo dentro del proyecto de ley, a afectos de evitar problemas de interpretación.

El Honorable Senador señor Quintana expresó que no se debiese escatimar en conceptos en el artículo 1° en análisis, debiendo quedar lo más claro posible. En ese sentido, manifestó estar a favor de que se incorpore la rehabilitación dentro de las funciones del nuevo Ministerio.

Desde otro punto de vista, acotó que el Ministerio de Seguridad Pública debe fortalecerse para ser el órgano rector en esta materia.

El Honorable Senador señor Huenchumilla, hizo hincapié en los tres tipos de prevención que se plantean. En cuanto a la prevención primaria, indicó que se trata de aquellas personas que no han cometido delito ni infracciones; respecto a la secundaria, expresó que se dirige a todas las personas en riesgo, y finalmente la terciaria, a su juicio, es para aquellas personas que ya fueron infractores de ley.

En efecto, destacó que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública debiese preocuparse de todas ellas, independiente de la competencia del Ministerio de Justicia, lo que asimismo relacionó con los principios de interagencialidad, interoperabilidad y cooperación.

Desde ese punto de vista, planteó que si bien el nuevo Ministerio debiese dictar las políticas en materia de seguridad para los espacios públicos, quienes ejecuten, por ejemplo, en prevención terciaria, pueden ser los municipios o el Ministerio de la Vivienda, etc.

En la misma línea el Honorable Senador señor Ossandón, planteó que el Ministerio podría diseñar, por ejemplo, un parque con ciertas características, que prevenga la delincuencia, como un órgano rector, pero no será él mismo el que lo lleve a cabo.

La Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señora Daniela Cañas, en vista de las apreciaciones formuladas por Sus Señorías, propuso volver a la redacción inicial del inciso segundo el artículo 1° propuesto, modificado de la siguiente forma:

“Asimismo, le corresponde planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas relativos tanto a dichas materias como a aquellas que digan relación con reinserción social y atención y asistencia a víctimas, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley.”

El Honorable Senador señor Ossandón, estuvo de acuerdo con el texto, sin embargo, consideró necesario incluir la rehabilitación.

Por su parte, el Subsecretario de Prevención del Delito, se mostró contrario a incorporarla, toda vez que como señaló previamente, la rehabilitación a su juicio, no corresponde mezclarla con materias de seguridad pública, por lo que fue de la opinión de que permanezca en el Ministerio del Interior.

El Honorable Senador señor Insulza

El Honorable Senador señor Ossandón opinó que la mayor parte de los delitos que se cometen están relacionados con el uso de drogas. Al mismo tiempo, fue enfático en señalar que el Ejecutivo debe aclarar las atribuciones que tendrá el Ministerio del Interior luego de la creación del Ministerio de Seguridad Pública. En ese sentido, expresó que si el Ministerio del Interior tendrá un carácter más político, el SENDA no debería formar parte de él.

Tanto el Honorable Senador señor Huenchumilla, como el Honorable Senador señor Insulza, consideraron lógico que el SENDA deba trasladarse al Ministerio de Seguridad Pública.

El Honorable Senador señor Quintana, propuso también que se incluyera la rehabilitación en el texto del inciso segundo en análisis.

El señor Subsecretario, señaló no tener inconvenientes en incluir la rehabilitación, puesto que la parte final del inciso no limitaría a que la política en materia de seguridad pueda emanar desde el nuevo Ministerio.

Luego, la señora Cañas leyó nuevamente cómo quedaría el inciso segundo en estudio:

“Asimismo, le corresponde planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas relativos tanto a dichas materias como a aquellas que digan relación con reinserción social, rehabilitación y atención y asistencia a víctimas, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley.”

- Puesto en votación el inciso segundo del artículo 1° propuesto, contenido en la indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo, este fue aprobado con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Quintana.

Posteriormente, la Comisión analizó el inciso tercero del artículo 1° propuesto.

El Honorable Senador señor Ossandón, propuso que se reemplazase la palabra “velará” por “actuará”.

El texto puesto en votación es el siguiente:

“El Ministerio actuará de conformidad con los principios de interagencialidad, interoperabilidad y cooperación, en el marco de las funciones señaladas en el artículo 5°, así como por la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial de las materias individualizadas en el inciso anterior.”

El Subsecretario de Prevención del Delito, señor Vergara adujo que era conveniente hacer una modificación de forma en este inciso final propuesto, reemplazando la frase “en el inciso anterior”, por “en los incisos anteriores”.

- Puesto en votación el inciso tercero del artículo 1° propuesto, contenido en la indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo, este fue aprobado con las enmiendas señaladas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Quintana.

ARTÍCULO 2°

Este artículo aprobado en general, propone como función del nuevo Ministerio, el diseñar, administrar, coordinar y supervisar un Sistema de Seguridad Pública, consistente en un modelo de gestión constituido por diversas políticas públicas que desarrolla, cuyo fin común sea proveer seguridad pública a la población, y apoyar a las víctimas del delito en el ámbito de sus competencias. Asimismo, alude a que, dentro de dicho Sistema, podrá crear Subsistemas a cargo de cada Subsecretaría, conforme a los fines propios de sus competencias. A su respecto, el Honorable Senador señor Ossandón formuló las indicaciones números 4) y 5), en tanto el Ejecutivo, no propuso ninguna enmienda en esta parte del proyecto.

La indicación número 4) del Honorable Senador señor Ossandón, busca a continuación de la expresión “Sistema de Seguridad Pública”, intercalar las palabras “Integral Nacional”.

Asimismo, con la indicación número 5) el Honorable Senador señor Ossandón, persigue intercalar un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública será el encargado de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Seguridad Pública Integral, que tendrá como objetivo fijar los lineamientos estratégicos en la materia, promoviendo el fortalecimiento de la gestión e integración de procesos fundados en la eficiencia táctica e interagencial, transparencia, control de gestión y probidad, modernización permanente, inclusión, equidad y materialización e interoperabilidad continua de los procesos de rendición de gastos. El Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Seguridad Pública Integral tendrá una vigencia de diez años, y podrá ser modernizado cada cinco años.”.

La Secretaría aclaró que en lo que refiere más adelante a las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública, contenidas en el artículo 5°, letra b) de la indicación sustitutiva número 1) del Ejecutivo, se contempla lo relativo a elaborar y proponer al Presidente de la República, la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Del mismo modo, en la letra e) del artículo 6° del proyecto de ley aprobado en general, se indica la función de proponer al Presidente de la República, cada cuatro años, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Junto con ello, sugirió a la Comisión que la indicación número 5) del Honorable Senador señor Ossandón, debiese ser declarada inadmisible, toda vez que plantea una atribución para un órgano que se está creando, facultad que queda entregada a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

- Por consiguiente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza, declaró inadmisible tanto la indicación número 4), como la indicación número 5), ambas formuladas por el Honorable Senador señor Ossandón.

- - -

En una sesión posterior, el Ejecutivo planteó una propuesta de artículo 2° para el proyecto de ley, la que según hizo presente, es consecuencia de conversaciones con los asesores parlamentarios de Sus Señorías. Pese a ello, aclaró que corresponde a una propuesta proveniente solo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El texto que la Comisión analizó es el siguiente:

“Artículo 2°.- El Ministerio coordinará un sistema de seguridad pública y convivencia ciudadana integrado por el conjunto de políticas, planes, instrumentos, normas e instituciones a nivel nacional, regional y comunal, destinadas a resguardar, mantener y promover la seguridad y el orden público, prevenir el delito, promover la convivencia ciudadana, atender y asistir a las víctimas, así como rehabilitar y reinsertar a los infractores de ley. Lo anterior deberá realizarse mediante una acción concertada de las instituciones que lo componen en el ámbito de sus respectivas competencias.

Formarán parte de este Sistema, entre otros, los tribunales de justicia, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, los órganos de la Administración del Estado, cuyas competencias se relacionen con el objeto señalado en el inciso primero. Las instituciones que formen parte de los Consejos regulados en el párrafo tercero del presente título, así como las que integren los Consejos Comunales de Seguridad Pública.

El funcionamiento del sistema se regirá por un reglamento, el cual podrá crear subsistemas y determinar que participen otras instituciones u órganos de los señalados en el artículo 1º de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”.

El Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara, planteó que el proyecto aprobado en general por el Senado, hacía referencia a un sistema de seguridad pública, refiriéndose a este como un modelo de gestión. Tal concepto, a su juicio, resultaba algo difuso ya que no señalaba en detalle en que consistía y quienes lo componían. De la misma forma, agregó que no se entendía con claridad si era un instrumento o un grupo de instituciones coordinadas, así como tampoco se volvía a hacer la referencia necesaria a dicho sistema en el resto del articulado.

Por tal razón, expuso que el Ejecutivo propone este artículo 2°, considerando la labor articuladora y coordinadora de la nueva Cartera que se pretende crear.

Agregó que, en su elaboración, se tuvieron en mente otros modelos de sistemas existentes en nuestra legislación, como es el caso del Sistema Nacional de Prevención de Respuesta ante Desastres creado por la ley N° 21.364 y el Sistema de Garantías de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la ley N° 21.430, el cual según expresó, es entendido como el conjunto de políticas, planes, instrumentos, normas e instrucciones, que tienen una finalidad específica.

Para el caso del nuevo Ministerio, sostuvo que abarcaría la seguridad en sus diversas fases, desde la convivencia ciudadana y la prevención del delito, hasta la reinserción de infractores, y asistencia y apoyo a víctimas. Por otra parte, subrayó que considera potenciar lo local y por eso, permite la consideración de instituciones de los distintos niveles territoriales.

Asimismo, detalló que dentro del sistema se contemplan expresamente todos los organismos que tienen autonomía constitucional o forman parte de otros poderes del estado, tales como los tribunales, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, los cuales bajo su concepto son relevantes en las materias de este sistema.

Desde otra vereda, el Personero expresó que se establece en forma amplia que formen parte de él, todas aquellas instituciones que tengan competencias que se relacionen con aquellas referidas a seguridad, además de los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, los Consejos Regionales de Seguridad Pública, así como también los Consejos Comunales de Seguridad Pública.

Por último, aclaró que el funcionamiento de este sistema quedará detallado en un reglamento que podrá crear subsistemas e incorporar otros integrantes que forman parte de la Administración del Estado.

De esta manera, recalcó que la propuesta se hizo en base a distintas observaciones formuladas por los Honorables Senadores de la Comisión de Seguridad Pública, por lo que estimó la importancia de avanzar en esa línea.

El Honorable Senador señor Ossandón, fue partidario de mantener el artículo 2° aprobado originalmente por el Senado, por tener este una mejor redacción.

Por su parte, el Honorable Senador señor Huenchumilla planteó una duda respecto al inciso segundo del artículo 2° que se propone en esta ocasión, al destacar que utiliza la formula imperativa “formarán”, que, a su juicio, denota obligatoriedad para dos poderes del Estado autónomos, como son los tribunales de justicia y el Congreso Nacional. De esta manera, cuestionó que mediante una ley se pueda dar otras atribuciones a poderes del Estado fuera de las ya establecidas en la Constitución Política, y que tales poderes sean coordinados por un Ministerio.

Finalmente, se mostró a favor de la redacción aprobada en general por el Senado, por ser esta más sintética, advirtiendo, sin embargo, que se debe revisar la propuesta presentada por el Ejecutivo en esta oportunidad.

El Honorable Senador señor Insulza concordó con la opinión expresada por el Honorable Senador señor Huenchumilla, por lo que propuso elegir entre la propuesta aprobada en general y la presentada por el Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Quintana profundizó en la importancia del artículo en debate, aludiendo que lo que se espera es que el Ministerio de Seguridad Pública tenga un carácter rector que logre la coordinación con el resto de los actores.

Aludió a que el artículo 6° de la ley N°20.502 que crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior, incluye a la Corte Suprema entre sus integrantes, por lo que no vio reparos en que también esta pueda formar parte del Sistema junto con el Congreso Nacional. Asimismo, expresó que otras instituciones que tienen algunas atribuciones en materia de seguridad como es el Servicio Nacional de Aduanas, Directemar y Gendarmería, rara vez son invitados a una mesa de coordinación. Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que debe analizarse la observación del Honorable Senador señor Huenchumilla.

El abogado asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito señor Rodrigo Muñoz, aclaró que estos órganos autónomos al estar mencionados en una ley, no se produciría un conflicto de constitucionalidad, más aún si la misma fórmula fue usada en la ley N°20.502 vigente y teniendo presente los principios de interagencialidad e interoperabilidad aprobados.

Por último, planteó que la propuesta del Ejecutivo busca detallar de mejor manera los planteamientos indicados en el artículo 2° aprobado en general por el Senado.

El Honorable Senador señor Ossandón, coincidió con la idea de que el Senado no podría estar dentro de los organismos que integrarían el Sistema, puesto que su finalidad es legislar. De esta manera, opinó que la propuesta aprobada en general es más flexible.

El Honorable Senador señor Insulza

El Honorable Senador señor Quintana, citó la ley N°20.534 que crea la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal donde, según apuntó, ocuparía la misma fórmula del precepto analizado, puesto que forman parte de esta el Ministro de Justicia, el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, el Presidente del Colegio de Abogados con mayor número de afiliados, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y el Subsecretario de Justicia.

El Honorable Senador señor Ossandón, reiteró su preferencia por mantener el artículo 2° aprobado en general, señalando que basta con que se señale que se podrán crear subsistemas de acuerdo a lo que requiera el Ministro de Seguridad Pública. De esta forma, según sostuvo, la norma tendría mayor flexibilidad porque no dejaría amarrados a los integrantes en la misma ley.

El Honorable Senador señor Huenchumilla consultó al Ejecutivo qué se entiende por “Sistema”, descartando que se trate de un organismo o ente público. Según su opinión es un modelo de gestión, en orden a ejecutar las competencias para los efectos de ser eficiente y lograr las políticas públicas que el Gobierno pretende. A partir de ello, incluso señaló que podría quedar sujeto a un reglamento de ejecución de la ley, en que el Ministerio invite a ciertos entes a participar de un consejo asesor, descartando así, la obligatoriedad de formar parte integrante del Sistema.

El Honorable Senador señor Ossandón consultó si pudiese incluirse en el artículo 2° aprobado en general, el inciso tercero de la propuesta del Ejecutivo, el cual se refiere a la dictación de un reglamento.

El Honorable Senador señor Insulza propuso ceñirse fielmente al artículo 6° de la ley N°20.502 citado por el Honorable Senador señor Quintana, cambiando si procediese, los miembros del eventual consejo nacional de seguridad pública interior.

En tanto el Honorable Senador señor Huenchumilla fue de la opinión de no referirse a Sistema sino que a un consejo, propuesta que fue compartida por el Honorable Senador señor Insulza.

El abogado asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito señor Muñoz, aclaró que la indicación sustitutiva del Ejecutivo, que fue presentada originalmente, eliminaba el artículo 2° aprobado en general y que refiere al sistema nacional de seguridad pública, ya que, en su opinión, se superponía al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, dada las inquietudes vertidas en la Comisión, y las observaciones planteadas por el ex Subsecretario de Seguridad Pública señor Galli, es que el Ejecutivo repuso la propuesta de la manera en que está siendo analizada.

La Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito señora Cañas, apuntó a que la propuesta que plantea el Ejecutivo es más completa que aquella aprobada en general, puesto que crea un Sistema como una instancia coordinadora y articuladora. Resaltó la relevancia de dotar al Ministerio de Seguridad Pública de una atribución en que se potencien tales funciones. Asimismo, indicó que la propuesta original sería un tanto incompleta, toda vez que se omiten aspectos importantes como son la prevención del delito o la convivencia ciudadana en el Sistema.

En una sesión posterior, el Ejecutivo, liderado por el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Vergara, presentó una nueva propuesta de artículo 2°, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 2°.- El Ministerio coordinará y articulará un sistema de seguridad pública y convivencia ciudadana, integrado por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el Ministerio Público; el Poder Judicial; y el conjunto de entidades públicas, a nivel nacional, regional y comunal, cuyas funciones se relacionen con los objetivos y materias señaladas en el artículo anterior. Dicho sistema comprenderá las normas, políticas, planes y otros instrumentos relativos a estos mismos ámbitos.

El funcionamiento del sistema se regirá por un reglamento, el cual podrá crear subsistemas y determinar que participen otras instituciones u órganos de los señalados en el artículo 1º de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”.

El Honorable Senador señor Ossandón se mostró de acuerdo con la redacción, y solicitó que se anteponga a la frase “convivencia ciudadana” la expresión “protección de las personas y”.

El Subsecretario señor Vergara, señaló no tener inconveniente en que el nombre del nuevo Ministerio vuelva a su fórmula original, es decir, como “Ministerio de Seguridad Pública”, sin embargo, hizo hincapié en que lo referente a la convivencia ciudadana debe estar presente dentro de sus atribuciones, porque según expresó, constituye uno de los elementos centrales de esta Cartera de Estado.

El Honorable Senador señor Insulza se mostró a favor de incorporar la frase “protección de las personas” en el artículo, pero hizo ver sus dudas en cuanto a que se incluya al Poder Judicial en este nuevo Sistema de Seguridad Pública, por lo que fue de la opinión de hacer la respectiva consulta a la Corte Suprema.

El abogado de la Subsecretaría de Prevención del Delito señor Muñoz, citó una serie de sistemas establecidos en distintas leyes, que han incluido al Poder Judicial. Entre ellos destacó el Sistema Unificado de Datos, el Sistema de Ciencia, Conocimiento e Innovación, y el Sistema Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia. En ese sentido recalcó que la mención en esos casos al Poder Judicial, no fue declarado como inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

El Honorable Senador señor Insulza, destacó que en virtud del artículo 77 de la Carta Fundamental, en estas materias debiese oírse a la Corte Suprema.

La Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito señora Cañas, arguyó que previo a proponer esta nueva redacción, se efectuó un estudio que arrojó que varias leyes vigentes contienen menciones al Poder Judicial como la que en este caso se pretende. Por tanto, expresó que es de suma relevancia que se pueda incluir al Poder Judicial en el Sistema de Seguridad Pública.

El Honorable Senador señor Quintana señaló que los jueces son los aplicadores de la norma penal, y como tales, deben estar incluidos en el Sistema desde una perspectiva de coordinación, lo que bajo su concepto es esencial.

El Honorable Senador señor Huenchumilla consultó a los representantes del Ejecutivo qué es lo que se entiende por Sistema y su finalidad. Observó que, en la parte final del inciso primero de la norma propuesta, se expresa que “Dicho sistema comprenderá las normas”, frase que cuestionó porque según su percepción, un sistema comprende la coordinación de las diversas instituciones y no ese tipo de elementos.

En segundo término, señaló que jurídicamente resulta dudoso que en el inciso primero se individualicen los integrantes que participarán de este Sistema, pero en el inciso segundo se indique que podrían agregarse otros por la vía reglamentaria.

El Honorable Senador señor Insulza, recalcó que uno de los bordes que se habrían acordado en razón de la nueva Constitución, es la separación de los poderes del Estado, por lo que, a su juicio, resulta evidente que debiese consultarse a la Corte Suprema su opinión, por cuanto de alguna manera estaría dependiendo en este aspecto del Ministerio de Seguridad Pública.

El Subsecretario de Prevención del Delito, señor Vergara, se refirió a la consulta efectuada por el Honorable Senador señor Huenchumilla respecto a qué se entiende por Sistema, afirmando que existía la necesidad de contar con un conjunto de instituciones en que los planes y programas de cada una de ellas, puedan conversar y que se articule bajo un sistema de seguridad. Definió al Sistema como el conjunto de políticas, planes, instrumentos, normas e instituciones que tienen una finalidad específica, como es la seguridad pública en sus diferentes fases, desde la protección de las personas, la convivencia ciudadana, la prevención del delito, hasta la reinserción y rehabilitación. Agregó que, en otras palabras, es el mecanismo por medio del cual las diferentes instituciones se coordinan, comparten sus planes y son capaces de avanzar en conjunto.

El asesor señor Muñoz, explicó que en cuanto a diferenciar en dos incisos en la integración de este Sistema, se debe a que justamente el inciso primero habla del conjunto de entidades públicas que se relacionan con los objetivos y materias señaladas, sin embargo, indicó que es probable que hayan otras, como el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Nacional de Aduanas, entre otros, que si bien no tienen un vínculo directo con la seguridad pública, desarrollan funciones relacionadas, pudiendo participar en el Sistema. De esta manera, destacó que existiría la flexibilidad suficiente en su conformación.

El Honorable Senador señor Insulza rechazó la forma en que se redactó la propuesta de artículo, toda vez que, a su entender, la Corte Suprema se ha descartado categóricamente en otras ocasiones de coordinarse con otros poderes del Estado, alegando que su prerrogativa principal es administrar justicia.

La Secretaría acotó que para efectos de efectuar la consulta a la Corte Suprema en virtud del artículo 77 de la Constitución Política, el Ejecutivo debiese presentar formalmente una indicación al proyecto de ley aprobado en general, que recoja la redacción que se propone para el artículo 2°, puesto que originalmente, en la indicación número 1) sustitutiva presentada, no se abordó dicho precepto.

En consecuencia, la Comisión por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana, previo a someter a votación el artículo, acordó oficiar a la Corte Suprema, remitiendo la propuesta formulada por el Ejecutivo.

La respuesta a tal requerimiento se contiene en el Oficio N° 7-2023, de fecha 18 de enero de 2023, suscrito por el Ministro de la Corte Excelentísima Corte Suprema, señor Sergio Muñoz Gajardo.

En ese contexto, luego de exponer las consideraciones pertinentes en relación con el artículo 2° propuesto en el proyecto de ley, la Corte Suprema informó desfavorablemente en lo que dice relación con el texto de dicho precepto.

Posteriormente, el Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara, expresó que la indicación sustitutiva del Ejecutivo, no contemplaba una referencia al sistema de seguridad pública, a diferencia del proyecto de ley aprobado en general, que sí lo consagraba. En ese sentido, indicó que era un modelo de gestión constituido por diversas políticas públicas en seguridad y apoyo a víctimas, sin detallar sus participantes ni funcionamiento.

Por otra parte, expresó acoger la preocupación de algunos senadores e invitados, entre ellos el ex Subsecretario del Interior señor Galli, en referencia a que estuviera contemplado el concepto de sistema. De esta manera, recordó que el Ejecutivo a petición de la Comisión, redactó una propuesta que fue enviada en consulta a la Corte Suprema, en la cual siguiendo el modelo de otros sistemas vigentes, tales como el Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, se incorporaba al Poder Judicial.

Seguidamente, advirtió que el Poder Judicial actualmente forma parte de los Consejos de Seguridad Nacional y Regional desde el año 2011, cuando se crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. No obstante, expresó que considerando el informe desfavorable de la Corte Suprema, propuso una nueva redacción de la norma que no considera al Poder Judicial.

“Artículo 2°.- El Ministerio coordinará y articulará un Sistema de Seguridad Pública, integrado por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el Ministerio Público y el conjunto de entidades públicas, a nivel nacional, regional y comunal, cuyas funciones se relacionen con el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública; la protección de las personas; el orden público; la prevención del delito; la convivencia ciudadana; la rehabilitación y reinserción social de infractores de ley; así como la atención y asistencia a víctimas. Dicho sistema comprenderá las normas, políticas, planes y otros instrumentos relativos a estos mismos ámbitos y funcionará mediante una acción coordinada de las instituciones que lo componen, en la esfera de sus respectivas competencias.

Serán instancias de planificación y coordinación del Sistema, en los distintos niveles territoriales, los Consejos señalados en el párrafo tercero del presente Título.”

El funcionamiento del sistema se regirá por un reglamento, el cual podrá crear subsistemas y determinar que participen otras instituciones u órganos de los señalados en el artículo 1º de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”.

El Honorable Senador señor Insulza manifestó que, a su parecer, hoy no existe la necesidad de crear un Sistema de Seguridad Pública; no obstante, estimó necesario crear instancias de coordinación entre los organismos.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva, respecto al artículo 2°, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Aravena y señores Flores, Insulza, y Van Rysselberghe.

° ° °

En una sesión posterior, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanonovic y Ossandón, acordó reabrir el debate respecto de este precepto.

Reabierto el debate, la Comisión consideró la indicación 3 bis, del Ejecutivo, que sustituye el texto de este artículo por el siguiente:

“Artículo 2°.- El Ministerio coordinará y articulará un Sistema de Seguridad Pública, integrado por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el Ministerio Público; y el conjunto de entidades públicas a nivel nacional, regional y comunal cuyas funciones se relacionen con el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública; la protección de las personas; el orden público; la prevención del delito; la rehabilitación y reinserción social de infractores de ley; así como la atención y asistencia a víctimas. Dicho Sistema articulará las políticas, planes y otros instrumentos relativos a estos mismos ámbitos y funcionará mediante una acción coordinada de las instituciones que lo componen, en la esfera de sus respectivas competencias. Adicionalmente, podrá funcionar en subsistemas en ámbitos territoriales tanto a nivel macrozonal, regional, provincial o local.

Las autoridades que componen el Sistema propenderán a la coordinación y planificación, pudiendo adoptar acuerdos con otras instituciones con el propósito de lograr un funcionamiento interoperable, interagenciable y cooperativo.

El funcionamiento del Sistema se regirá por un reglamento, que dictará el Ministerio de Seguridad Pública dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley, el cual determinará las demás formas de organización necesarias para su correcto funcionamiento.”.

La Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, explicó el Sistema de Seguridad Pública, que estaba en el texto original, se compone, es una instancia integrada por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el Ministerio Público y las entidades públicas de nivel nacional, regional y comunal cuyas funciones se relaciona con el resguardo, la mantención y promoción de la seguridad pública, la protección de las personas, el orden público, la prevención del delito, la rehabilitación, la reinserción de los infractores de ley, la atención y asistencia a las víctimas. O sea, el sistema es el conjunto de instituciones que tienen competencias en materia de seguridad pública.

Continuó describiendo que este sistema de seguridad es el que articula las políticas, los planes y otros instrumentos relativos a los ámbitos que ha mencionado recién, y funciona mediante una acción coordinada de las instituciones que lo componen en la esfera de sus distintas competencias. Además, funcionan en ámbitos territoriales, tanto macrozonal, como regional, provincial y local. O sea, tiene expresiones a nivel nacional y en las distintas escalas del territorio. Las autoridades que componen este sistema buscarán coordinación y planificación, pudiendo adoptar acuerdos con otras instituciones que no son propias del sistema propiamente tal, con el propósito de que su funcionamiento propenda a o derechamente sea, interoperable, interagenciable y cooperativo.

Agregó que, en otras palabras, este es un mandato a todas las agencias que intervienen el tema de seguridad a funcionar con un sentido de coordinación, buscando adaptar sus sistemas, su tecnología, sus bases de datos, etc., para que puedan fácilmente trabajar en conjunto. El funcionamiento del sistema va a tener un reglamento propio, que tiene que dictar el Ministerio de Seguridad Pública, que va a determinar las demás formas de organización que son necesarias para su funcionamiento. O sea, este es el artículo que crea el sistema, que establece quienes lo componen, cuáles son sus propósitos; y su regulación más particular se encarga a un reglamento.

Puesta en votación, esta indicación fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanovic y Ossandón.

ARTÍCULO 3°.-

Este artículo del proyecto de ley aprobado en general, propone en su inciso primero, que para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República, este ministerio sea el encargado de la seguridad pública. Luego, en el inciso segundo, señala que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán jerárquicamente de esta cartera de Estado y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas.

Este artículo fue objeto de dos indicaciones. La primera, corresponde a la enmienda propuesta por Su Excelencia el Presidente de la República en la indicación número 1) sustitutiva, en orden a reemplazar este artículo 3° por un nuevo artículo 2°, el cual persigue establecer que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependan del Ministerio de Seguridad Pública, encontrándose subordinadas a la autoridad civil, rigiéndose por sus respectivas leyes orgánicas.

La segunda propuesta, signada con el número 6) del Honorable Senador señor Insulza, busca agregar, a continuación del artículo 3° propuesto, el siguiente artículo 3º bis, nuevo:

“Artículo 3° bis. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y ante todo subordinadas a la dirección y control del poder civil democráticamente electo de conformidad a la Constitución y las leyes. Asimismo, entiéndase por subordinación al poder civil la obediencia y no deliberación que por esencia les corresponde a estas instituciones.”.

En relación con la indicación sustitutiva de Su Excelencia el señor Presidente de la República, el Honorable Senador señor Huenchumilla consultó, si la norma podría interpretarse como que si bien las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública se encuentran subordinadas a la autoridad civil, se encuentran sujetas a sus respectivas leyes orgánicas. En ese sentido, sugirió que debiese definirse si se regirán por la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que establece la subordinación, o por sus respectivas leyes orgánicas.

El señor Subsecretario, planteó que esta enmienda es consecuencia de la reforma a las policías, advirtiendo que más adelante en las indicaciones planteadas por el Ejecutivo, se proponen ciertas modificaciones necesarias en las respectivas leyes orgánicas.

Por su parte, el asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señor Rodrigo Muñoz, confirmó lo planteado por el señor Vergara, en orden a que las enmiendas requeridas para hacer efectiva la subordinación propuesta, se plantean en las normas adecuatorias que se verán más adelante en este proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Quintana se mostró a favor de la indicación del Ejecutivo de la forma en que fue planteada, expresando la necesidad de que exista subordinación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública al poder civil. Pese a ello, consultó en qué materias podrían eventualmente colisionar la subordinación con la regulación que hacen las respectivas leyes orgánicas aludidas.

El Honorable Senador señor Insulza también manifestó sus dudas en cuanto a la mención que se efectúa sobre las respectivas leyes orgánicas, puesto que a su juicio, es difícil argumentar que una decisión del Ministerio de Seguridad Pública pase por encima de una ley de ese tipo.

La Comisión, acordó dejar pendiente la discusión de este punto, para abocarse al estudio de la segunda indicación propuesta, signada como número 6), del Honorable Senador señor Insulza.

Sobre el particular, su autor prefirió dejar pendiente también la discusión de esta indicación, a objeto de afinar de mejor forma su redacción.

En una sesión posterior, el Ejecutivo presentó una nueva redacción para la indicación número 6) del Honorable Senador señor Insulza, la cual consta del siguiente tenor:

“Artículo 3° bis. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, dependerán del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, encontrándose subordinadas al poder civil democráticamente electo en conformidad a la Constitución y las leyes.

La dependencia referida será sin perjuicio de las órdenes que reciban las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio Público en el contexto de una investigación penal, así como de la supervisión que ejerza la Subsecretaría del Interior respecto de sus funciones en materia migratoria, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N°21.035.”.

La Secretaría hizo presente que en la propuesta aludida se incorporan algunas menciones formuladas en la indicación presentada originalmente.

El Honorable Senador señor Ossandón recalcó que debe señalarse específicamente cuáles son las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como también, le pareció redundante las menciones indicadas en el inciso primero del artículo ya que están establecidas en la ley.

El Honorable Senador señor Huenchumilla cuestionó la modificación planteada, puesto que es la propia Constitución Política la que establece quiénes conforman las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que en este caso son Carabineros y la PDI.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Quintana cuestionó la frase “democráticamente electo”, toda vez que no forma parte de la nomenclatura jurídica actual, por lo que solicitó se reemplazara por otro concepto.

El Honorable Senador señor Moreira se mostró a favor de mencionar a Carabineros y la PDI, a objeto de dar certezas en la ley.

El Honorable Senador señor Quintana, aclaró que su inquietud apunta a que el Ministerio Público también se relaciona con las policías, no cumpliendo con el requisito de ser “democráticamente electo”. De tal manera, arguyó que estas también se encuentran subordinadas a ese órgano autónomo en cuanto a las investigaciones penales.

El Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara, llamó a distinguir entre la dependencia jerárquica y la subordinación, sosteniendo que es de suma importancia que esta última esté claramente especificada.

En el mismo sentido, el abogado asesor de la misma Subsecretaría, señor Muñoz, destacó la diferencia entre la propuesta original presentada por Su Excelencia el ex Presidente Piñera, con la del actual Ejecutivo, señalando que las modificaciones que se proponen en esta oportunidad, obedecen a las observaciones planteadas por los senadores a lo largo del debate en la Comisión. Citó como ejemplo la referencia a las leyes orgánicas que fue cuestionada por el Honorable Senador señor Huenchumilla, por cuanto según sostuvo, le quitaba el poder de subordinación y dependencia del poder civil a las policías.

Junto con ello, se refirió a que el detalle que se intenta plasmar en la norma propuesta, relativo a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en que se ha solicitado que se especifique que corresponde a Carabineros y la Policía de Investigaciones, no obstaría a que también se señale su carácter de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes.

En relación con lo señalado por el Honorable Senador señor Quintana, puntualizó que la dependencia funcional de las policías se encontraría en la propuesta de redacción de artículo 3°, específicamente en su inciso segundo.

El Honorable Senador señor Insulza, propuso acoger la observación del Honorable Senador señor Quintana, en orden a que la frase quede solamente hasta “poder civil”, suprimiendo la segunda parte que indica “elegido democráticamente”. Al mismo tiempo, se mostró a favor de especificar en el inciso primero, que se trata de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.

El señor Subsecretario de Prevención del Delito, afirmó acoger la nueva redacción, por lo cual esta se votó con el siguiente texto:

“Artículo 3° bis. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas por Carabineros y la Policía de Investigaciones, en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, dependerán del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, encontrándose subordinadas al poder civil en conformidad a la Constitución y las leyes.

La dependencia referida será sin perjuicio de las órdenes que reciban las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio Público en el contexto de una investigación penal, así como de la supervisión que ejerza la Subsecretaría del Interior respecto de sus funciones en materia migratoria, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N°21.035.”.

- Puesta en votación la indicación número 6), esta fue aprobada con las modificaciones señaladas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

El artículo en comento, finalmente quedó aprobado como artículo 3°.

°°°°°

ARTÍCULO 4°.-

Este artículo aprobado en general, persigue regular las funciones del Ministerio de Seguridad Pública. En ese contexto, señala que el Ministro de Seguridad Pública deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública interior y orden público, para cuyos efectos coordinará, evaluará y se pronunciará sobre su seguimiento e implementación de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia de prevención, de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, rehabilitación y reinserción social.

En tanto, Su Excelencia el Presidente de la República, mediante la indicación número 1) sustitutiva, pretende reemplazar este artículo 4° por un nuevo artículo 3° cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 3°.- El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, reinserción social, atención y asistencia a víctimas y convivencia ciudadana.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos, y, cuando corresponda, su implementación y evaluación. Para el logro de estos objetivos, podrá solicitar todos los antecedentes que estime pertinentes a cualquier organismo público, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentren en su poder.”.

El Honorable Senador señor Huenchumilla estuvo a favor de la propuesta, salvo la expresión del inciso segundo “cuando corresponda”, toda vez que a su entender, no queda claro cómo se determinaría tal situación.

El asesor de la Subsecretaría del Interior señor Muñoz, explicó que en línea con lo señalado en otra oportunidad, cuando se habla por ejemplo de reinserción social y asistencia a víctimas, al no ser parte de la decisión política de este futuro Ministerio de Seguridad Pública, se estimó que la norma debiese quedar redactada en esos términos.

El Honorable Senador señor Quintana apuntó que para tener mejores políticas y programas más acotados, es fundamental poder evaluarlos, por lo que fue partidario de que se señale la frase “implementar y evaluar”.

La abogada asesora señora Leslie Sánchez, propuso que la redacción de esa parte del inciso segundo quedase de la siguiente forma: “Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, coordinar, supervigilar, implementar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos.”

El Honorable Senador señor Castro Prieto cuestionó que no se incluyese la investigación dentro de las acciones planteadas.

La abogada señora Sánchez, explicó que efectivamente el nuevo Ministerio tendrá una unidad que hará análisis crítico exponencial de ciertos fenómenos delictuales, por lo que a su juicio, utilizar la palabra “investigar”, puede traer como consecuencia un conflicto de competencia con el Ministerio Público.

Finalmente, la Comisión acordó poner en votación el artículo 3° propuesto por el Ejecutivo, con la enmienda señalada.

- Puesto en votación el artículo 3° contenido en la indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo, este fue aprobado con la enmienda señalada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Castro Prieto, Huenchumilla, Insulza y Quintana.

Por su parte, la indicación número 7) del Honorable Senador señor Insulza, persigue intercalar, entre las expresiones “e interferencias,” y “rehabilitación y reinserción social” del artículo 4° del proyecto de ley aprobado en general, lo siguiente: “incluidas las del espacio digital”.

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Por último, la indicación número 8) del Honorable Senador señor Insulza, tiene por finalidad incorporar dos incisos nuevos al artículo 4° aprobado en general. Tales incisos son del siguiente tenor:

“Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el diseño, implementación y evaluación de los planes y programas que se ejecuten en dichos ámbitos deberán ser autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública.

Los órganos de la Administración del Estado estarán obligados a prestar toda la colaboración que les sea requerida por parte del Ministerio para el logro de estos objetivos, dentro del ámbito de sus competencias.”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

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Posteriormente, el Honorable Senador señor Ossandón, sugirió a la Comisión la apertura de un nuevo plazo de indicaciones, toda vez que las enmiendas de Sus Señorías fueron efectuadas en razón al proyecto de ley aprobado en general, por lo que, a su juicio, se encontrarían descontextualizadas dentro del debate, al haber presentado el Ejecutivo una indicación sustitutiva a su respecto.

En el mismo sentido, la Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente la complejidad de estudiar el proyecto de ley aprobado en general y compararlo con la indicación sustitutiva del Gobierno, puesto que las disposiciones que pueden tratar una misma materia se encuentran organizadas de manera distinta en ambas propuestas.

El Honorable Senador señor Insulza

La Secretaría aclaró que, sin perjuicio que se abra un nuevo plazo de indicaciones, siempre estas deben ser formuladas al texto aprobado en general por el Senado.

El Honorable Senador señor Ossandón, expuso que, si bien la explicación de la Secretaría es reglamentaria en sentido estricto, no es menos cierto que no se pone en el caso de que exista un cambio de gobierno durante la tramitación de un proyecto de ley.

El Subsecretario de Prevención del Delito, señor Vergara, se mostró llano a participar de un trabajo prelegislativo con los parlamentarios, en miras a aunar criterios respecto al nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

El Honorable Senador señor Quintana, sin perjuicio de manifestar su parecer favorable en cuanto a abrir un nuevo plazo de indicaciones, opinó que el hecho de que un nuevo gobierno presente una indicación sustitutiva a un proyecto de ley, no se encuentra alejado de lo que ocurre normalmente, y que, en este caso, no se muestra diametralmente opuesto a lo que el gobierno anterior propuso.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza, sugirió que se conformara una mesa técnica entre los asesores parlamentarios y el Ejecutivo, a objeto de acordar propuestas y efectuar un mejor orden en la formulación de los artículos.

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Continuando con el debate de las indicaciones efectuadas al proyecto de ley, cabe señalar que sin perjuicio de que el artículo 4° aprobado en general por el Senado ya fuese votado en una sesión anterior como un artículo 3° de acuerdo a la propuesta efectuada por el Ejecutivo en dicha ocasión, la Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana, reabrir el debate en este punto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento del Senado, dada la nueva redacción presentada por la Subsecretaria de Prevención del Delito.

El nuevo texto consultado se formula como artículo 4°, a consecuencia de que el Ejecutivo efectuó una propuesta de artículo 2° al texto aprobado en general por el Senado, que no estaba considerada en la indicación sustitutiva presentada originalmente.

“Artículo 4°.- El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como las demás funciones y atribuciones del Ministerio.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos. Además cuando se trate de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos, se podrá pronunciar en las materias de su competencia sobre su seguimiento e implementación.

Para el logro de estos objetivos, podrá solicitar todos los antecedentes que estime pertinentes a cualquier organismo público, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentren en su poder.”.

El señor Subsecretario de Prevención del Delito, explicó que el nuevo texto corresponde a la incorporación de sugerencias que se consideraron tras el debate en la Comisión.

En primer término, expresó que se añade en el inciso primero la rehabilitación de los infractores de ley.

Luego, afirmó que acogiendo la propuesta del Honorable Senador señor Ossandón, se señala que las funciones que formula este artículo 4°, deben ser ejercidas por el Ministro o Ministra respecto a todas sus funciones y atribuciones, en orden a que no quepa duda de que dicha autoridad podría efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos vinculados por ejemplo, a la prevención del crimen organizado, temas de seguridad privada, ciberseguridad, entre otros.

Asimismo, sostuvo que también se acogió la sugerencia del Honorable Senador señor Huenchumilla, modificándose la redacción para dejar en claro que le corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública efectuar el seguimiento e implementación de los planes y programas cuando se trate de planes y programas que se desarrollen con los demás ministerios y servicios públicos.

El Honorable Senador señor Insulza cuestionó el último inciso, toda vez que puso en duda que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública pueda requerir información a los tribunales de justicia o a la Fiscalía, al ser estos órganos públicos.

Por otro lado, el Honorable Senador señor Ossandón, fue de la opinión de reemplazar “convivencia ciudadana” por “protección ciudadana”, manifestando estar de acuerdo con el resto del texto.

El Honorable Senador señor Quintana apoyó la sugerencia, ya que a su entender el precepto debiese quedar concordante con lo ya aprobado en el artículo 1°, en el cual se menciona la “protección de las personas” en cuanto a todo ámbito, incluso desastres naturales.

Contrariamente, el Honorable Senador señor Huenchumilla aclaró que el artículo 1° al señalar “protección de las personas”, no se refiere a desastres naturales sino a la protección de un individuo con relación a otro, circunscribiéndose específicamente al ámbito de los delitos.

En cuanto al inciso final, opinó que debiese suprimirse porque se aborda competencia atribuida al Consejo para la Transparencia o al Congreso Nacional, el cual, según señaló, también puede pedir informes incluso hasta a las empresas públicas.

El abogado señor Muñoz, expresó que el Ejecutivo no tendría inconveniente en incorporar, tal como se hizo en el artículo 1°, la expresión “protección de las personas”.

En cuanto al inciso final, propuso limitar la norma o establecer ciertas excepciones. En ese sentido, consultó que se pudiese restringir que la petición de antecedentes sea a cualquier órgano de la Administración Pública, de manera que la atribución quede radicada en el Ejecutivo. Sin embargo, consideró la importancia de que el organismo esté obligado a entregar esta información.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza, se mostró de acuerdo con las modificaciones, señalando que sería más adecuado hablar de órganos de la Administración Pública.

De acuerdo con lo anterior, el texto sometido a votación fue el siguiente:

“Artículo 4°.- El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, protección de las personas, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como las demás funciones y atribuciones del Ministerio.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos. Además cuando se trate de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos, se podrá pronunciar en las materias de su competencia sobre su seguimiento e implementación.

Para el logro de estos objetivos podrá solicitar todos los antecedentes que estime pertinentes a cualquier órgano de la Administración Pública, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentra en su poder.”.

- Puesto en votación el artículo 4° contenido en la indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo, este fue aprobado con la enmienda señalada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

En virtud del acuerdo que se ha transcrito precedentemente, el Honorable Senador señor Insulza retiró la indicación número 7), de su autoría.

ARTÍCULO 5°.-

El proyecto de ley aprobado en general en este artículo, enumera a través de distintos literales cuáles serán las funciones del Ministerio de Seguridad Pública, de la forma que sigue:

“Artículo 5°. Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública las siguientes funciones:

a.Diseñar y evaluar las políticas y planes multidimensionales sobre seguridad pública, establecidas en el marco de un Sistema de Seguridad Pública, al que se refiere el artículo 2°.

Para ejercer la función antes descrita, el Ministerio deberá recibir apoyo y colaboración de todos los órganos de la Administración del Estado que sean requeridos al efecto, y en todo caso, actuará coordinadamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores en aquellas materias de su competencia.

b.Diseñar y evaluar las políticas y planes sobre mantención y control del orden público a nivel nacional, regional y comunal, que permitan la convivencia de todos los sectores de la nación en el espacio público, de manera pacífica y sin armas.

Para lo anterior, deberá prevenir la alteración del orden público y generar las condiciones para su restablecimiento ágil, especialmente cuando ésta sea grave y continua, generando una carga desproporcionada en el normal desenvolvimiento de las actividades de las personas naturales, grupos intermedios o servicios públicos.

El Ministerio velará que las medidas para el restablecimiento ágil del orden público se ejecuten con pleno respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República.

c.Diseñar y evaluar las políticas de prevención, control y la persecución contra la delincuencia organizada, debiendo tener en especial consideración las amenazas que provengan de estas organizaciones y que impliquen conductas terroristas, ataques a la infraestructura crítica y amenazas híbridas o no tradicionales, debiendo vincularse para ello con la Agencia Nacional de Inteligencia y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

d.Diseñar y evaluar las políticas de resguardo fronterizo para evitar la comisión de delitos en o a través de las fronteras de nuestro país, que involucren a personas, capitales y, de modo general, a toda clase de bienes. Para ello se coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.

e.Diseñar y evaluar las políticas de ciberseguridad,

particularmente en lo relativo a la prevención, detección, neutralización de amenazas en el ciberespacio que pretendan dañar sistemas informáticos o acceder ilegítimamente a ellos. Para ello se coordinará, en lo pertinente, con los ministerios de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

f.Diseñar y evaluar políticas relativas al rol que cumplen las personas que proveen servicios de seguridad privada, en su rol de coadyuvante de la seguridad pública del país. Deberá, particularmente, diseñar políticas orientadas hacia el resguardo de las actividades que constituyan mayores riesgos a la sociedad, dada la naturaleza de las mismas.

g.Diseñar y evaluar las políticas y planes relativos a la prevención del delito, promoviendo las medidas tendientes a generar una reducción de los factores de riesgo, tanto en lo social como en lo situacional.

h.Diseñar y evaluar las políticas y planes de mejora en las condiciones para la persecución penal, en coordinación con el Ministerio Público.

i.Coordinar y evaluar la ejecución de planes y programas de reinserción social de los infractores de ley, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el logro de los objetivos en materia de orden público y seguridad pública interior.

j.Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes le encomienden y que sean concernientes a la buena marcha y desarrollo de la seguridad pública.”

El Ejecutivo, mediante la indicación número 1) sustitutiva, en esta parte formuló la siguiente propuesta formulada como artículo 4° que reemplaza en todas sus partes el artículo 5° aprobado en general:

“Artículo 4°.- Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana las siguientes funciones:

a.Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad, mediante la prevención de delitos y el resguardo de la seguridad pública y el orden público, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento.

b.Promover medidas tendientes a prevenir delitos mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión.

c.Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República.

d.Ejecutar las acciones tendientes a prevenir y controlar el crimen organizado, debiendo vincularse para ello con los demás organismos competentes en la materia.

e.Promover la ciberseguridad mediante la prevención, detección y neutralización de las amenazas en el ciberespacio.

f.Adoptar y ejecutar las medidas tendientes a favorecer la reinserción social y el ejercicio de los derechos de quienes infrinjan la ley o el orden público, en coordinación con los organismos con competencias en la materia.

g.Regular los derechos, obligaciones, funciones y atribuciones relativos a las personas que proveen servicios de seguridad privada.

h.Cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal, considerando su autonomía y atribuciones.

i.Efectuar control y auditoría ministerial y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

j.Ejecutar las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio deberá actuar con pleno respeto a los derechos humanos, con base especialmente en los principios de equidad, igualdad, inclusión, diversidad, no discriminación e interés superior de niños, niñas y adolescentes.”.

Por otra parte, se presentaron seis indicaciones parlamentarias, signadas desde la número 9) a la 14). Las indicaciones número 9), 10), 11), 12) y 13) fueron presentadas por el Honorable Senador señor Pugh. En tanto la número 14), fue formulada por el Honorable Senador señor Insulza.

La indicación número 9) del Honorable Senador señor Pugh propone en la letra c) del artículo 5° aprobado en general, sustituir la expresión “la Agencia Nacional de Inteligencia y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, por la siguiente: “la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos que tengan injerencia en dichas materias”.

En tanto la indicación número 10) también del Honorable Senador señor Pugh, persigue en la letra d), reemplazar la expresión “el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado”, por la siguiente: “el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado”.

La indicación número 11) del Honorable Senador señor Pugh busca en la letra e) intercalar entre las expresiones “Exteriores,” y la conjunción “y”, lo siguiente: “del Interior, de Transportes y Telecomunicaciones”.

Con la indicación número 12), también Su Señoría persigue en la letra f) agregar, a continuación de la palabra “personas”, lo siguiente: “naturales o jurídicas”.

La indicación número 13), también del Honorable Senador señor Pugh, tiene por finalidad reemplazar la expresión “el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado”, por la siguiente: “el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado”.

Producto de la mesa técnica lleva a cabo entre los asesores parlamentarios y ministeriales, el Ejecutivo presentó una nueva redacción de artículo, esta vez, signado como artículo 5°, cuyo texto es el que sigue:

“Artículo 5°.- Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana las siguientes funciones:

a.Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad, mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario.

b.Promover medidas tendientes a prevenir delitos, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, evaluando continuamente, bajo criterios técnicos y especializados, las acciones y políticas públicas para el logro de los objetivos en la materia.

c.Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, mediante la integración de sus capacidades, la gestión eficiente de los recursos y la colaboración entre los distintos niveles territoriales, para el logro de los objetivos.

d.Ejecutar las acciones tendientes para prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, debiendo para ello coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia.

e.Ejecutar, a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las acciones tendientes a resguardar las fronteras de nuestro país para evitar la comisión de delitos, así como cualquier otra afectación de la seguridad y el orden público, en coordinación con los demás organismos competentes en la materia.

f.Adoptar y ejecutar medidas de ciberseguridad tendientes a prevenir, detectar y neutralizar las amenazas en el espacio digital, debiendo para ello coordinar, interoperar y promover el trabajo conjunto con los demás organismos competentes en la materia.

g.Adoptar y ejecutar las medidas tendientes a favorecer la reinserción social y la rehabilitación de quienes infrinjan la ley o el orden público, mediante el ejercicio de sus derechos fundamentales, en coordinación con los organismos con competencias en la materia.

h.Adoptar y ejecutar medidas tendientes a supervigilar que las personas naturales y jurídicas que proveen servicios de seguridad privada cumplan su rol coadyudante de la seguridad pública.

i.Cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal, considerando su autonomía y atribuciones.

j.Efectuar la supervigilancia y el control de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

k.Ejecutar las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio deberá actuar con pleno respeto a los derechos humanos, con base especialmente en los principios de equidad, igualdad, inclusión, diversidad, no discriminación e interés superior de niños, niñas y adolescentes.”.

El Honorable Senador señor Ossandón, manifestó sus dudas respecto al inciso final de la letra k), toda vez que a su entender es innecesario por ser un deber evidente.

En tanto, el Honorable Senador señor Insulza cuestionó que en la letra j) se hable de la supervigilancia sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, ya que, en su opinión, no solamente se trataría de esa función, puesto que estas dependerán del Ministerio de Seguridad Pública.

El Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara, sin perjuicio de destacar que el orden de los literales no se relaciona con la prioridad de las funciones, expreso que no habría obstáculo en reordenarlos de acuerdo con la sugerencia del Honorable Senador señor Insulza.

En ese sentido, el Honorable Senador señor Insulza, resaltó que, a su juicio, debiese estar en primer lugar la función principal del Ministerio de Seguridad Pública que es la protección de los ciudadanos en todas sus dimensiones.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Ossandón, fue de la idea de que en la letra j), el control sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública debe ser administrativo y financiero, y no operativo, ya que según sostuvo, quien debe preocuparse de los protocolos, por ejemplo, es el General Director y no el Ministerio.

El Honorable Senador señor Insulza opinó que la autoridad civil también debiese dar instrucciones.

El señor Subsecretario aclaró que en el artículo 7° que se analizará más adelante, estaría el detalle de lo que al Ministerio de Seguridad Pública le correspondería operativamente. En ese sentido, explicó que en dicho precepto se indican cuáles serán las funciones del Ministerio, en cambio en el artículo 5° en análisis se incorporan las atribuciones que este tendrá para poder ejecutar tales funciones.

El Honorable Senador señor Ossandón instó a que se defina prontamente la denominación del nuevo Ministerio. Agregó que, a su juicio, la protección ciudadana cobra más relevancia que la convivencia ciudadana.

A su turno, el Honorable Senador señor Moreira criticó el concepto de convivencia ciudadana, toda vez que, a su parecer, despierta cierta desconfianza puesto que proviene de países como Nicaragua o Venezuela. De tal manera, expresó que la solución pacífica de los conflictos es competencia de los tribunales de justicia y no de este nuevo Ministerio.

El Honorable Senador señor Insulza insistió que la principal función de este Ministerio es la protección de la vida, la integridad física y la propiedad de las personas, lo que, a su entender, debiese verse plasmado en el artículo en estudio.

El Honorable Senador señor Huenchumilla coincidió con lo anterior y subrayó que una de las causas de la creación del Estado es dar protección y seguridad a objeto de no correr riesgo en nuestra vida, integridad, y nuestros bienes, siendo a su parecer esa la función esencial del Ministerio de Seguridad Pública.

A raíz de lo anterior, el señor Subsecretario propuso partir de la base de lo expresado en el artículo 1° ya aprobado por la Comisión, en cuanto se refiere al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, protección de las personas y el orden público. De esta manera, consultó anteponer una letra nueva que refleje de manera concisa tales fines para luego continuar con el desarrollo de los demás literales.

El Honorable Senador señor Ossandón cuestionó que no se haya incluido el terrorismo en la letra d) junto al crimen organizado.

El Honorable Senador señor Insulza

En opinión del señor Subsecretario de Prevención del Delito, se puede avanzar en la incorporación del terrorismo en el marco de este proyecto de ley, pero recalcó que no debiese incorporarse dentro de sus funciones.

El abogado asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito señor Muñoz, expuso que el proyecto de ley aprobado en general, sí contenía lo relativo al terrorismo. Luego, en la indicación número 1) presentada por el Ejecutivo, se estimó suprimir tal mención por considerarse que el fenómeno terrorista no era lo mismo que el fenómeno delictual.

Agregó que posteriormente, en la mesa de trabajo llevada a cabo por los asesores parlamentarios y ministeriales, se volvió a la idea de incorporar el terrorismo en este literal, pero finalmente, el Ejecutivo consideró que la discusión debía hacerse en el seno de la Comisión, dada la complejidad de la materia.

El Honorable Senador señor Moreira coincidió con lo planteado por el Honorable Senador señor Ossandón, por lo que consultó al Ejecutivo qué Ministerio finalmente tendría las atribuciones para combatir el terrorismo.

En la misma línea, el Honorable Senador señor Insulza también se mostró de acuerdo con la incorporación del terrorismo, expresando que su duda se dirigía al lugar en que este debiese estar ubicado en el articulado.

El abogado señor Muñoz, hizo hincapié en que, si se incorpora el terrorismo en esta normativa, debiese también relacionarse con otro proyecto de ley (Boletín N° 12.234-02), el cual incide en la Agencia Nacional de Inteligencia.

El Honorable Senador señor Moreira criticó que la Agencia Nacional de Inteligencia siga dependiendo del Ministerio del Interior y no pase a formar parte del Ministerio de Seguridad Pública.

Para el Honorable Senador señor Huenchumilla, la protección de las personas que debe ejercer este nuevo Ministerio, contempla todos los delitos, incluido el terrorismo. En ese contexto, llamó a definir si es necesario detallar cada uno de ellos en la misma normativa, dándole una significación especial. En su opinión, la norma siempre debe ser de carácter general.

El Honorable Senador señor Insulza se mostró a favor de incorporar la frase “conductas terroristas”, las que a su juicio ocurren en ciertas zonas del país.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quintana también concordó con que se incluya el terrorismo dentro de la normativa de este Ministerio. Sin embargo, advirtió que existe un problema respecto a la Agencia Nacional de Inteligencia, puesto que no se ha avanzado en el proyecto de ley para modernizarla, y, por otro lado, comentó que, en el gobierno del ex Presidente Piñera, se entrabó la ley antiterrorista.

Enseguida, se refirió a que no se ha discutido lo referente a la modernización de las policías, que a su juicio quedó inconclusa en el Gobierno anterior, la cual estimó que es relevante para que este Ministerio actúe.

Finalmente, aseveró que se debe buscar una solución a la ley de Seguridad Interior del Estado, haciendo las adecuaciones pertinentes.

El Honorable Senador señor Huenchumilla, reiteró que este nuevo Ministerio debe tener una preocupación por todos los delitos, incluido el terrorismo. Adujo que, si bien no se enumerarán todos ellos, estimó que sí algunos sí debiesen tener un tratamiento especial, como es el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, y la ciberseguridad, los cuales en su parecer son fenómenos criminógenos nuevos que ameritan una acción mucho más contundente de parte del Estado, a través de las policías y las competencias que va a tener.

El Honorable Senador señor Ossandón, junto con insistir en que se mencione el terrorismo junto al crimen organizado, en la letra d), propuso que en la letra e) se anteponga la palabra “liderando” a la frase “en coordinación”, porque así, según adujo, le da herramientas al Ministerio en el ámbito de la interagencialidad.

El señor Subsecretario afirmó que la palabra “coordinación” da mayor poder que la expresión “liderar”, ya que obliga a realizar la coordinación con otras instituciones.

Por otro lado, el Honorable Senador señor Ossandón solicitó se incorpore en la letra f), lo relativo a la infraestructura crítica de la información.

El Ejecutivo en tanto, en virtud del requerimiento de los Honorables Senadores señores Insulza y Huenchumilla, propuso la siguiente letra a) nueva, que se antepondría al resto de los literales formulados:

“a) Garantizar la protección de las personas a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito”.

La Comisión se mostró conforme con su redacción, sin embargo, se estimó pertinente que el Ejecutivo presentase ordenadamente el conjunto de los literales con el objetivo de votar el artículo completo.

En ese contexto, la Subsecretaría de Prevención del Delito presentó la siguiente propuesta:

“Artículo 5°.- Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana las siguientes funciones:

a.Garantizar la protección de las personas a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito.

b.Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad, mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario.

c.Promover medidas tendientes a prevenir delitos, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, evaluando continuamente, bajo criterios técnicos y especializados, las acciones y políticas públicas para el logro de los objetivos en la materia.

d.Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, mediante la integración de sus capacidades, la gestión eficiente de los recursos y la colaboración entre los distintos niveles territoriales, para el logro de los objetivos.

e.Ejecutar las acciones para prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, así como las conductas terroristas, debiendo para ello coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia.

f.Ejecutar, a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las acciones tendientes a resguardar las fronteras de nuestro país para evitar la comisión de delitos, de acuerdo a sus leyes orgánicas respectivas, así como cualquier otra afectación de la seguridad y el orden público, en coordinación con los demás organismos competentes en la materia.

g.Adoptar y ejecutar medidas de ciberseguridad tendientes a prevenir, detectar y neutralizar las amenazas en el espacio digital, servicios esenciales e infraestructura crítica de la información, debiendo para ello coordinar, interoperar y promover el trabajo conjunto con los demás organismos competentes en la materia.

h.Adoptar y ejecutar las medidas tendientes a favorecer la atención y asistencia a víctimas de delitos, así como la reinserción social y la rehabilitación de quienes infrinjan la ley o el orden público, mediante el ejercicio de sus derechos fundamentales, en coordinación con los organismos con competencias en la materia.

i.Adoptar y ejecutar medidas tendientes a supervigilar que las personas naturales y jurídicas que proveen servicios de seguridad privada cumplan su rol coadyuvante de la seguridad pública.

j.Cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal, considerando su autonomía y atribuciones.

k.Controlar, monitorear y evaluar la gestión policial en los ámbitos estratégicos, operativos, administrativos, financieros y disciplinarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

l.Ejecutar las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio deberá actuar con pleno respeto a los derechos humanos, con base especialmente en los principios de equidad, igualdad, inclusión, diversidad, no discriminación e interés superior de niños, niñas y adolescentes.”.

El Honorable Senador señor Ossandón, cuestionó que en la letra k) se incluya como atribución del Ministerio, la parte operativa y disciplinaria de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque a su juicio, es materia que compete al Director General como jefe de servicio.

El Honorable Senador señor Insulza, recordó que la reciente ley N°21.427 que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de orden y Seguridad Pública, contiene normas que permiten que los oficiales puedan apelar a las decisiones del Alto Mando ante el Subsecretario del Interior, por ejemplo.

El Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara, sostuvo que hoy en día lo anterior está radicado en la Subsecretaría del Interior, donde el ex Presidente Piñera creó la Dirección de Gestión y Modernización de las Policías (DIGENPOL), donde se ven los temas administrativos como ascensos y retiros, así como todo lo que dice relación con el ámbito disciplinario y financiero.

El Honorable Senador señor Insulza, hizo presente que la letra f) hace referencia al resguardo de fronteras, sin embargo, resaltó que solamente podría referirse a las fronteras terrestres puesto que las áreas están a cargo de la Dirección de Aeronáutica Civil y las marítimas bajo la Armada de Chile.

El abogado asesor señor Muñoz, explicó que al señalarse en el mismo literal la frase “de acuerdo a sus leyes orgánicas respectivas”, se delimita el ámbito específico en el cual ambas policías pueden actuar.

El Honorable Senador señor Moreira, expresó que en la letra k), al referirse a lo operativo, le está dando una responsabilidad política al Ministro de Seguridad Pública, que lo dejará sujeto a una acusación constitucional. En efecto, agregó que para ese tipo de funciones está el Alto Mando, el cual debe responder al Presidente de la República.

El Honorable Senador señor Huenchumilla recordó el debate suscitado durante la acusación constitucional del ex Ministro Chadwick, en que más de hablarse de aspectos operativos, se hacía alusión a los aspectos tácticos. A su juicio, este último corresponde al Alto Mando, no debiendo la autoridad política tener esa tarea dando solamente las estrategias, por ejemplo, de cómo enfrentar desordenes públicos.

El Subsecretario señor Vergara, hizo presente que el debate que ha faltado en Chile es acerca del control civil sobre las policías. En ese contexto, destacó como de suma importancia determinar cuál será la responsabilidad política que tendrá el Ministro de Seguridad Pública en relación con estas. En su opinión, el control civil de las policías tiene que estar aparejado con responsabilidades políticas.

El Honorable Senador señor Quintana, destacó que se está creando un Ministerio altamente especializado, el cual debe responder políticamente. Para ello, sostuvo que debe tener las herramientas necesarias para la toma de decisiones.

En tanto, el señor Subsecretario, aclaró que tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones tomaron conocimiento de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al presente proyecto de ley, por lo que están en constante participación y efectuando el seguimiento de su tramitación.

El Honorable Senador señor Huenchumilla, remarcó que la función política es distinta a aquella sobre el uso de las armas y de las facultades para la mantención del orden público. En ese sentido, comentó que la función del Ministerio de Seguridad Pública debiese ser evaluar o ponderar las acciones llevadas a cabo que se relacionan con los aspectos operativos y tácticos. Agregó que lo táctico es resorte de las policías, sin perjuicio de la responsabilidad política que tiene la autoridad civil.

La abogada señora Cañas, hizo presente que la letra k) establece que el Ministerio de Seguridad Pública deberá controlar, monitorear y evaluar la gestión policial en los aspectos que señala, por lo que, en su opinión, tal función es básica para esta nueva institución.

El Honorable Senador señor Huenchumilla puso de relieve que con los términos “monitorear” y “evaluar” no habría mayor dificultad. Sin embargo, el problema se produce a su juicio, cuando se habla de “controlar”, ya que podría inhibir las labores policiales.

El Subsecretario de Prevención del Delito opinó que el control sobre las policías es esencial en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

El Honorable Senador señor Huenchumilla apuntó a que existe una parte táctica que es de responsabilidad del organismo profesional.

El Personero de Gobierno, explicó que el control civil de las policías no se ejerce solamente por el Poder Ejecutivo, sino que también por el Legislativo y el Judicial, en diferentes ámbitos.

Por su parte, el Honorable Senador señor Huenchumilla fue de la opinión que todos los aspectos enumerados se pueden controlar, menos lo táctico, ya que, en ese ámbito, cabe más bien la supervigilancia o fiscalización.

En otro aspecto, el Honorable Senador señor Insulza, comentó que el inciso segundo de la letra l), debiese simplemente señalar que el Ministerio deberá actuar con pleno respeto a los derechos humanos y agregar lo relativo al uso proporcional de la fuerza.

-Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto de la propuesta de artículo 5°, esta fue aprobada con modificación en todos sus literales, salvo la letra k) y el inciso final de la letra l), por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

-En consecuencia, la Comisión acordó con la misma votación, dar por rechazadas todas las indicaciones parlamentarias presentadas, signadas desde los números 9) a 13).

-En cuanto a la indicación número 14), esta fue retirada por su autor.

En una sesión posterior, la abogada de la Subsecretaría de Prevención del Delito señora Cañas, dio lectura a la nueva propuesta de letra k) para este artículo, que según sostuvo fue consensuada con el equipo asesor del Honorable Senador señor Huenchumilla. El literal k) contendría el siguiente texto:

“k) Controlar las acciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos.”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, cuestionó que se incluyese el ámbito disciplinario, puesto que a su juicio es el Alto Mando el que tiene las facultades en esta materia.

El Honorable Senador señor Insulza, hizo presente que en la ley N° 21.427 los oficiales y el personal de nombramiento institucional, podrán apelar ante el Subsecretario del Interior.

El asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito señor Rodrigo Muñoz, explicó que efectivamente, la norma atiende a lo preceptuado en la ley mencionada, por lo que, mediante un recurso excepcional, se puede apelar de la decisión por parte del afectado. Asimismo, tampoco incide en las facultades de la Contraloría General de la República, y de otros órganos autónomos del Estado en esta materia.

El Honorable Senador señor Huenchumilla precisó que en vez de hablarse de “acciones” debiese indicarse la expresión “actuaciones", por ser esta más concordante con la ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, previno que, si bien el Ministerio de Seguridad Pública sería una instancia de apelación, no se debe confundir con ejercer el control de los procesos disciplinarios.

El Honorable Senador señor Huenchumilla también hizo alusión a la ley N°21.427, así como también, recalcó que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile forman parte de la Administración del Estado. En ese sentido, fue de la opinión de que el Ministerio de Seguridad Pública no podía controlar los aspectos operativos y tácticos.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, insistió en que controlar significa que el Ministerio de Seguridad Pública podría tener facultades para intervenir en las decisiones propias sobre los procesos disciplinarios, lo que según expuso, no está contemplado en la ley N°21.247.

La Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría del Interior, dio lectura al artículo 84 bis de la ley N°21.247, el cual contiene el siguiente texto:

“Artículo 84 bis.- Todo hecho constitutivo de falta

administrativa dará origen a una medida disciplinaria de conformidad al Reglamento de Disciplina y de Sumarios Administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle.

La potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades ministeriales e institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo.

Además de las autoridades facultadas para disponer la instrucción de procedimientos sancionatorios, el Subsecretario del Interior podrá, cuando estime que los hechos de que ha tomado conocimiento son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, ordenar al General Director que el superior jerárquico del funcionario respectivo inicie la instrucción del correspondiente procedimiento sancionatorio, pedirle cuenta de su avance, y, en su caso, poner los antecedentes en conocimiento de la justicia.”.

El Honorable Senador señor Huenchumilla advirtió que el control no tiene que ver con los recursos jerárquicos, además que, a su juicio no significa que el Ministro pueda intervenir en cada sumario. En un sentido administrativo, apuntó a que el control se traduce en que el Ministro debe velar porque lo disciplinario se efectúe conforme la ley.

Cerrado el debate, el Presidente, Honorable Senador señor Insulza, puso en votación la letra k) propuesta para el artículo 5°, cuyo texto es el que sigue:

“k) Controlar las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos.”.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva, en su letra k) esta fue aprobada con enmiendas por la mayoría de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza y Quintana. Votaron por la negativa, los Honorables Senadores señora Ebensperger y Ossandón.

En cuanto al inciso final de la letra l), la abogada señora Cañas expresó que el Ejecutivo prefería suprimirlo y mantener el literal tal como fue aprobado anteriormente, en orden a que los principios que señala se encuentran presentes en nuestro ordenamiento jurídico.

En una sesión posterior, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanonovic y Ossandón, acordó reabrir el debate respecto de este precepto.

Reabierto el debate, la Comisión examinó, una vez más, el literal e). Para este efecto, consideró la indicación 23 bis, de los Honorables Senadores señores Ossandón y Kast, del siguiente tenor:

“23 bis. De los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para agregar un nuevo inciso segundo del siguiente tenor:

“Además, deberá formular las Políticas y Estrategias Nacionales para el combate y prevención de delitos especialmente complejos tales como terrorismo, narcotráfico y crimen organizado e informar trimestralmente a las Comisiones de Seguridad Pública del Senado y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, los estados de avance, cuenta y resultado según corresponda, de todos los planes y programas desarrollados por el Ministerio y los organismos bajo su dependencia para tal efecto.”.

En el marco del debate de esta indicación, el Ejecutivo suscribió un documento que contenía una propuesta nueva, consistente en sustituir la referida letra por la siguiente:

“e. Formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas, debiendo, para ello, coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia”.

Puesto en votación, este texto fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast y Ossandón.

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ARTÍCULO 6°

Este artículo del proyecto de ley aprobado en general, desarrolla las atribuciones que se contemplan para el Ministerio de Seguridad Pública, que corresponden a diecisiete literales, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 6°.- Para el cumplimiento de las funciones, corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública las siguientes atribuciones:

a.Efectuar análisis estratégicos para la

elaboración, actualización, proposición y evaluación de políticas, planes y programas para garantizar la seguridad pública y controlar los riesgos o consecuencias de su afectación y prestar colaboración a los organismos correspondientes en las labores de persecución, en el marco de sus funciones y atribuciones.

b.Supervigilar y controlar la acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en la mantención del orden público, pudiendo instruir medidas tendientes a restablecerlo.

c.Coordinar, evaluar y controlar la ejecución de planes y programas tendientes a reinsertar a los infractores de ley y condenados por infracciones al orden público, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el logro de los objetivos en materia de orden público y seguridad pública interior.

d.Coordinar directamente o mediante las secretarías regionales ministeriales, según corresponda, con los delegados presidenciales regionales y provinciales, para la mantención de la seguridad pública en el territorio nacional.

e.Proponer al Presidente de la República, cada cuatro años, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

f.Desarrollar y administrar sistemas de procesamiento y análisis de datos, documentos y otros antecedentes, con el fin de evaluar el estado y la formulación de políticas sobre seguridad pública, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

g.Generar, recopilar, administrar, y transferir datos e información para el diseño y evaluación de políticas, planes y programas relacionados con la seguridad pública. El tratamiento de los datos personales se realizará en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

h.Elaborar planes y programas para el resguardo de la sociedad contra objetos ultraterrestres, ya sean de carácter natural o artificial. Para ejercer esta atribución, estará en permanente coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional.

i.Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública y las demás materias que sean de su competencia.

j.Definir las medidas de control de la ocurrencia de faltas, simples delitos o crímenes, en el ámbito de sus competencias, además de aquellas que permitan una adecuada respuesta policial a las infracciones a la ley penal, pudiendo solicitar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, en general, a cualquier otro organismo público, informes sobre planes, medidas, distribución del personal o cualquier otro antecedente que el Ministerio considere pertinente y necesario para el cumplimiento a esta función. El Ministerio velará que toda respuesta policial a las infracciones a la ley penal se realice con pleno respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República.

k.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de las materias propias del ministerio.

l.Coordinar la ejecución de las acciones y programas que los demás ministerios y los servicios públicos desarrollen en relación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

m.Autorizar, regular, supervisar, controlar y ejercer las demás atribuciones en materia de seguridad privada, en la forma que la ley señale, debiendo establecer parámetros generales para el desarrollo de dicha función.

n.Disponer medidas de prevención y protección frente a daños a la infraestructura crítica e impartir instrucciones a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública a su respecto. Para estos efectos, se entenderá por infraestructura crítica aquella cuya puesta en riesgo de su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios de utilidad pública para la población o para el eficaz funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado. Se entienden comprendidos en dicho concepto, y sin que la enunciación siguiente sea taxativa, la infraestructura energética, redes y sistemas de telecomunicaciones, infraestructura de servicios sanitarios, infraestructura en materia de salud, centros de abastecimiento, puertos, aeródromos y aeropuertos e infraestructura de transporte, debiendo determinarse los órganos y servicios que deberán quedar comprendidos mediante resolución del Ministerio de Seguridad Pública. La protección incluye los bienes inmuebles, equipos y sistemas que sean necesarios para el funcionamiento de la infraestructura crítica. Para estos efectos deberá tener en especial consideración las competencias de la letra m) anterior.

o.Desarrollar las estrategias de resguardo fronterizo, para evitar la comisión de infracciones, que involucren personas o bienes, tanto en los que participe el crimen organizado como aquellos que se produzcan de manera aislada o espontánea. En este sentido, deberá ejercer una labor de dirección sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública con el objeto de promover planes preventivos, de contención ágil y protección en general. En esta materia deberá coordinarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.

p.Formular planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con los espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, y en particular, mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

q.Las demás atribuciones que la ley le encomiende.”.

El Ejecutivo, mediante la indicación número 1) sustitutiva, persigue reemplazar dicho precepto por un artículo 5° que contiene dieciocho literales que van desde la letra a) a la r). El texto de la indicación es el siguiente:

“Artículo 5°.- Para el cumplimiento de sus funciones, corresponderá al Ministerio las siguientes atribuciones:

a.Velar por la mantención del orden público en el territorio nacional.

b.Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, debiendo coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

c.Supervisar, instruir, coordinar y evaluar la ejecución de las acciones que desarrollen los demás organismos públicos en relación con la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

d.Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

En el ejercicio de esta atribución se deberá considerar, especialmente, la situación de las víctimas de violencia de género, de niñas, niños y adolescentes, y de los defensores y defensoras ambientales.

e.Supervigilar y fiscalizar la acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el resguardo y mantenimiento de la seguridad pública y el orden público.

f.Definir y evaluar las medidas orientadas a la prevención de los delitos, en el ámbito de su competencia.

g.Promover la seguridad y la prevención de los delitos en eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, y mantener el registro al que se refiere el artículo 30 de la ley Nº 19.327.

h.Efectuar análisis estratégicos en materia de seguridad pública, en el marco de sus competencias.

i.Desarrollar y administrar sistemas de tratamientos de datos, documentos y otros antecedentes, en el marco de sus competencias, que no permitan la singularización de personas determinadas y en conformidad a la ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada.

j.Elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública. Tales estadísticas se referirán, por lo menos, a la victimización, revictimización, el temor y las denuncias. Del mismo modo, deberán considerarse factores de riesgo relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo, a nivel nacional, regional y comunal.

k.Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública, convivencia ciudadana y las demás materias que sean de su competencia.

l.Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a la seguridad pública; el orden público; la prevención del delito; la atención y asistencia a víctimas; la reinserción social, y la convivencia ciudadana.

m.Coordinar las acciones destinadas a mantener y restablecer la seguridad pública y el orden público, ya sean regionales o provinciales, según corresponda.

n.Coordinar y evaluar, en conjunto con los demás organismos con competencia en la materia, la ejecución de planes y programas de reinserción social.

o.Solicitar informes a cualquier organismo público, en materias relacionadas directa o indirectamente a la mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público, y la prevención del delito; la atención y asistencia a víctimas; la reinserción social, y la convivencia ciudadana. Dichos organismos estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

p.Autorizar, regular, supervisar, controlar y ejercer las demás atribuciones en la forma que señale la ley, en materia de seguridad privada.

q.Suscribir acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, en materias de su competencia.

r.Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En ningún caso el ejercicio de estas atribuciones podrá entorpecer las funciones que le corresponden al Ministerio Público en lo que se refiere a la dirección de la investigación de los hechos constitutivos de delito, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, la ley N° 19.640, el Código Procesal Penal y las demás leyes especiales.”.

Por otra parte, se presentaron doce indicaciones parlamentarias, cuyo contenido es el siguiente:

La indicación número 15) del Honorable Senador señor Pugh, busca reemplazar en la letra a) del texto aprobado en general, la expresión “de persecución”, por la siguiente: “de persecución y prevención”.

Asimismo, con la indicación número 16), Su Señoría en letra b) persigue intercalar, entre las palabras “medidas” y “tendientes”, el término “específicas”.

Con la indicación número 17), el Honorable Senador señor Pugh, persigue sustituir la letra e) por la siguiente:

“e. Proponer al Presidente de la República, al inicio de su mandato y a mitad del mismo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.”.

°°°°°

El Honorable Senador señor Insulza con la indicación número 18), pretende incorporar un párrafo segundo nuevo en la letra f), del siguiente tenor:

“Para estos efectos deberá cada año publicar una sistematización actualizada de estadística criminal anonimizada, segmentada por regiones, tipo de delito, u otros criterios importantes.”.

°°°°°

Con la indicación número 19), el Honorable Senador señor Insulza busca agregar en la letra g), después de la frase “relacionados con la seguridad pública”, lo siguiente: “destinados a mejorar la comprensión sobre los distintos aspectos de la seguridad, en el ámbito nacional, provincial y local”.

Mediante la indicación número 20), el Honorable Senador señor Pugh, busca reemplazar la letra h) por la siguiente:

“h. Elaborar planes y programas para el resguardo de la sociedad contra objetos y fenómenos ultraterrestres, ya sean de carácter natural o artificial. Para ejercer esta atribución, estará en permanente coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.”.

A través de la indicación número 21), el Honorable Senador señor Pugh, busca sustituir la letra i) por la siguiente:

“i. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública y las demás materias que sean de su competencia, y mantener un sistema de interoperabilidad informática que permita compartir y almacenar información actualizada con los demás poderes y servicios del Estado.”.

En la letra j), el Honorable Senador señor Pugh, busca con la indicación número 22), reemplazar la expresión “a esta función” por “de esta función”.

El Honorable Senador señor Pugh, con la indicación número 23) persigue intercalar en la letra n), entre las expresiones “abastecimiento,” y “puertos”, el siguiente texto: “infraestructura industrial de relevancia regional o local,”.

Con la indicación número 24), el Honorable Senador señor Pugh, busca intercalar en la letra o), entre las expresiones “fronterizo,” y “para”, lo siguiente: “y gestionar los medios”.

El Honorable Senador señor Pugh, con la indicación número 25), persigue intercalar en el mismo literal o), entre las expresiones “Exteriores” e “y”, el siguiente texto: “, el Ministerio de Defensa Nacional”.

La indicación número 26) del Honorable Senador señor Pugh, tiene por finalidad sustituir la letra p) por la siguiente:

“p. Formular planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con espectáculos masivos, sean estos deportivos, culturales, de entretenimiento o de otra índole y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional y, en particular, mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.”.

Finalmente, con la indicación número 27), el Honorable Senador señor Ossandón, pretende sustituir la letra q) por la siguiente:

“q. Promover la creación de centros integrados de protección ciudadana y la definición e implementación de un número nacional de emergencias bajo la integración nacional, regional, provincial, comunal de otros servicios públicos y privados relacionados, bajo una dirección de mando y control sobre la gestión y proyección eficiente de los recursos disponibles ante una emergencia ciudadana.”.

Previo al análisis del precepto, el Ejecutivo presentó una nueva redacción de su indicación con texto que se indica a continuación. La Comisión, por su parte, analizó y votó cada uno de los literales:

“Artículo 6°.- Para el cumplimiento de sus funciones, corresponderá al Ministerio las siguientes atribuciones:

a. Proponer al Presidente o Presidenta de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia y evaluar su aplicación.

- Puesto en votación el literal a) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger, y señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Quintana.

b. Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

La Honorable Senadora señora Ebensperger criticó que no se incluyese también la frase “protección ciudadana” dentro del literal. Expresó que se debe a un tema ideológico, que no debería estar plasmado en este proyecto de ley. Asimismo, consultó al Ejecutivo cómo entiende el concepto de “convivencia ciudadana”. En la misma línea se mostró el Honorable Senador señor Ossandón.

La Jefa de la División Jurídica y Legislativa señora Cañas, expresó que en el artículo 1° del proyecto de ley, ya aprobado, se encuentra el objeto del Ministerio, donde se incluyó la protección de las personas. Asimismo, alegó que en el artículo 5° recientemente aprobado, la primera función que se aprobó fue la protección de las personas.

-De esta manera, la Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros Honorables Senadores señora Ebensperger, y señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Quintana, mantener el nombre del Ministerio como “Ministerio de Seguridad Pública”.

Junto con ello, se acordó incorporar la frase “protección de las personas”, luego de “convivencia ciudadana”.

-Puesto en votación el literal b) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger, y señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Quintana.

c. Supervisar, instruir, coordinar y evaluar la ejecución de las acciones que desarrollen los demás organismos públicos en relación con la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

La Comisión acordó reemplazar el vocablo “acciones” por “actuaciones”, en virtud de la observación planteada anteriormente por el Honorable Senador señor Huenchumilla.

- Puesto en votación el literal c) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger, y señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Quintana.

d. Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, consultó al Ejecutivo cuál era el plazo para ejecutar esta función.

El abogado asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señor Muñoz, expresó que cada una de las políticas tiene cierta periodicidad. Agregó que la Política de Seguridad Pública es cada 6 años, sin embargo, el plazo en el caso de la Política Nacional de Víctimas está ligado a otros proyectos de ley que se encuentran en tramitación.

- Puesto en votación el literal d) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger, y señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Quintana.

e. Entregar lineamientos generales y específicos, en los ámbitos estratégico, táctico y operativo, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, para el resguardo de la seguridad y orden público, en coherencia con el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa. Asimismo, le corresponderá prevenir cualquier abuso de la fuerza contra los ciudadanos.

El Honorable Senador señor Ossandón estuvo en contra de incluir los ámbitos tácticos y operativos en la propuesta, toda vez que, a su juicio, estos ya están incluidos en lo estratégico. Asimismo, cuestionó que se mencionara en forma singular lo relativo al Plan Estratégico de Desarrollo Policial y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, puesto que a su entender, la ley N° 21.427 que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las fuerzas de orden y seguridad pública, establece que cada institución debe tener un plan. De esta manera, opinó que se debería reemplazar “el plan” por “los planes”, teniendo presente que además se elaboran cada 8 años.

Por otro lado, en lo que refiere a la última frase del literal, cuestionó su inclusión por ser innecesaria en el entendido que en esta materia no puede haber abusos.

El Honorable Senador señor Quintana, respecto a este último punto mencionado, sostuvo que la doctrina es conteste en el mundo, que después de la Segunda Guerra Mundial se estableció el margen de derechos humanos y el rol de las policías. En ese contexto, agregó que cuando hay una agresión de un civil en contra de un uniformado, existen las leyes —que en el caso de Chile— establecen penas muy altas.

El Honorable Senador señor Insulza estimó válido prevenir el no hacer abuso de la fuerza, sin embargo, manifestó sus dudas respecto de incluirlo en esta iniciativa de ley.

El asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito señor Rodrigo Muñoz, puntualizó que cuando se dice “entregar lineamientos generales y específicos”, se refiere a poder realizar un trabajo en general con las policías, por lo que en ningún caso se traduce en instrucciones. Apuntó a que el Ejecutivo ha marcado distancia respecto a ese concepto, en atención también a la solicitud de los Honorables Senadores de la Comisión.

Por otra parte, enfatizó que el texto debatido va en línea con la ley N°21.247 antes aludida, por lo que, a su juicio, se concreta el mandato legal.

Seguidamente, en cuanto a la fórmula que se utilice respecto de los planes, propuso que se reemplace por “los planes” o al final de la letra e) señalar que se trata de cada una de las instituciones policiales.

Finalmente, en lo que dice relación con la prevención de cualquier abuso en contra de los ciudadanos, explicó que se trata de una facultad del Ministerio para prevenir. Señaló que el Ejecutivo ha intentado flexibilizar posiciones en torno a esta materia, porque en la propuesta original se refería a otro tipo de verbos, como controlar o supervigilar. Puntualizó que, en este caso, se pretende prevenir el abuso de la fuerza por parte de las policías —lo que en su opinión— no por ser obvio o evidente debiese quedar fuera del proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Insulza pidió se aclarase si la prevención en el uso de la fuerza es con relación a cualquier persona o se circunscribe solamente a las policías.

En tanto, el Honorable Senador señor Ossandón

Por su parte, el Honorable Senador señor Moreira manifestó comprender el sentido de la norma, puesto que, en su concepto, el Gobierno debe renovar continuamente un compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, fue de la idea que tal premisa es obvia, no habiendo necesidad de incorporarla.

En cuanto a la entrega de lineamientos generales y específicos a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el Honorable Senador señor Insulza indicó que es una función que hoy en día se lleva a cabo igualmente. No obstante, indicó que una mejor fórmula para la letra e) sería la siguiente: “Entregar lineamientos generales y específicos, en los ámbitos estratégico, táctico y operativo, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, para el resguardo de la seguridad y orden público, previniendo cualquier abuso de la fuerza contra los ciudadanos y en coherencia con el Plan Estratégico de Desarrollo Policial (o los planes) y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa.”

La Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señora Daniela Cañas, puntualizó que el articulado tiene varios resguardos. En primer lugar, reafirmó lo señalado por el asesor señor Rodrigo Muñoz, en que la norma restringe a entregar lineamientos específicos, alejándose de las instrucciones directas. Por otro lado, concordó con lo comentado por el Honorable Senador señor Insulza en cuanto a que es habitual que tal entrega de lineamientos se efectúe en la práctica, subrayando que solamente se circunscriben a la función policial de resguardo de la seguridad y orden público.

De esta manera, recalcó que la letra e) propuesta muestra una redacción bastante restringida, siendo espejo de los literales ya aprobados del artículo 5°.

En vista de lo anterior, el Honorable Senador señor Insulza manifestó que, a su parecer, la frase más adecuada es “uso excesivo de la fuerza”, en vez de “abuso de la fuerza”.

A su turno, el Honorable Senador señor Ossandón hizo presente la necesidad de incorporar también la prevención del uso de la fuerza en contra de las policías. Aludió a un reportaje del diario La Tercera, que según comentó, expresaba que el 27% de los Carabineros se han retirado, se encuentran con licencias médicas, etc.

El Honorable Senador señor Insulza fue de la idea de que buscar una forma en que se establezca que el Ministerio también es responsable del bienestar y protección de las fuerzas policiales bajo su dirección.

La representante de la Subsecretaría de Prevención del Delito señora Daniela Cañas, se mostró en contra de incorporar una norma de esa naturaleza en este articulado. Aludió a que se tocó el tema de la protección a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública cuando se revisó lo referente a los procesos disciplinarios y especialmente, en cuanto a las garantías que deben tener para un debido proceso.

Asimismo, comentó que en lo referente a la reforma a las policías que lleva a cabo el Gobierno, una de las líneas importantes de trabajo tiene que ver con el bienestar de los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. No obstante, tildó como inadecuado mezclar ambos tipos de referencias en este articulado.

En este contexto, el Honorable Senador señor Insulza sostuvo que muchas veces se ha dicho que Carabineros no cuenta con la protección necesaria. Por lo tanto, estimó que debiese ser una obligación del Ministerio verificar que estos tengan los medios de resguardo para el cumplimiento de sus obligaciones y que se les permita utilizarlos en su defensa.

La señora Cañas indicó que lo expresado por el Honorable Senador señor Insulza es absolutamente pertinente, sin embargo, se manifestó contraria a incluirlo en este articulado. De esta manera consultó revisar una propuesta en ese sentido para incorporarla en el artículo 7° del proyecto de ley.

En relación con lo anterior, el Honorable Senador señor Insulza sostuvo que las quejas de Carabineros que están en funciones van en orden a que no tienen el armamento necesario o la protección física requerida. Por lo que establecer una obligación en ese sentido por parte del Ministerio de Seguridad Pública, le pareció pertinente.

El Honorable Senador señor Moreira puntualizó que Carabineros se siente inhibido de poder actuar de acuerdo con sus funciones, por lo que adhirió a lo expresado por el Honorable Senador señor Insulza de incorporar una norma que permita darles protección.

En definitiva, la Comisión acordó someter a votación la siguiente redacción del literal e):

“e. Entregar lineamientos generales y específicos, en los ámbitos estratégico, táctico y operativo, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, para el resguardo de la seguridad y orden público, evitando cualquier uso excesivo de la fuerza, en coherencia con los Planes Estratégicos de Desarrollo Policial y los Planes Anuales de Gestión Operativa y Administrativa.”

- Puesto en votación el literal e) del artículo 6°, de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

° ° °

Dentro del último plazo de indicaciones aprobado por la Sala en relación con esta iniciativa, se presentó la indicación número 17 bis, de los Honorables Senadores señores Kast y Ossandón, para modificarla como sigue:

“i.- Suprimir las expresiones “y específicos,” y “, táctico y operativo,”.

ii.- Reemplazar la expresión “evitando cualquier uso excesivo de la fuerza” por “actuando en conformidad a los procedimientos establecidos en la legalidad vigente y en las reglas del uso de la fuerza que se fijen al efecto para el cumplimiento del deber.”.

Sobre este punto la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, se refirió, a modo de ejemplo, a la reciente demolición de un “Memorial Narco”, en la comuna de Lo Espejo. Al respecto, puntualizó que en este caso había un serio riesgo de que hubiera incidentes; había amenazas de que iban a ir a defender el memorial; de que no iban a dejar hacer la demolición; había intimidación a las personas. En este contexto, las policías presentan un plan sobre cómo iban a actuar. Informan, por ejemplo, que van a tener solo personal territorial para evitar provocar y generar una condición de normalidad. Pero como se sabe que existen los referidos riesgos, que existe la posibilidad de que haya un enfrentamiento y ataques a los vecinos, el Comisionado de Seguridad -siguiendo con el ejemplo- dispone que concurran Fuerzas Especiales, porque hay riesgo de balacera y, por tanto, hay que proteger a la población. Se preguntó la Ministra: ¿Qué pasa si hay desacuerdo con lo que proponen hacer las policías? ¿y si en ese caso mueren personas? ¿De quién va a ser la responsabilidad por no haberse tomado las medias de resguardo?

Afirmó que obviamente los expertos en estos casos son las policías, pero cuando llegue a haber un desacuerdo, la palabra final la debe tener la autoridad civil. No puede ser que la autoridad civil, al dar una indicación, las policías digan, “no estamos de acuerdo, lo haremos según nuestro parecer”.

Aseveró que, ciertamente, una autoridad prudente sabe que el cuerpo especializado son las policías; pero se sabe, también, que la responsabilidad final de todo lo que pasa es política. Por lo tanto, concluyó, no puede haber un desentendimiento tratándose de estas decisiones.

Sobre lo anterior, el Honorable Senador señor Ossandón señaló que, en este ejemplo, el poder político dispone, pero quien ejecuta son las policías. Y, siguiendo con el ejemplo de la Ministra, puede ocurrir al revés, es decir, que por la decisión del Comisionado existan muertes.

Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que en el ejemplo propuesto son los municipios los órganos operativos llamados a resolver el problema. En efecto, agregó, si los alcaldes cumplen con sus deberes, deben limpiar los bienes nacionales de uso público y, además, no deben permitir obras que no cuenten con los permisos de construcción correspondientes. Por lo tanto, se van a evitar los mausoleos si se cumplen con los deberes antes que se construya, o cuando se empiecen a construir.

En segundo lugar, opinó que en este caso hay un tema táctico, esto es, el que sabe si hay que usar o no recursos especiales debe tener una responsabilidad. Agregó que si hay un oficial de Carabineros que va a preparar todo un tema que es de carácter operativo-táctico en la calle, él es el que sabe, pero no la autoridad política. Port ello, a su juicio, no se deben adoptar decisiones políticas acerca de asuntos que son absolutamente técnicos. Entonces, opinó que se debe establecer una responsabilidad administrativa para la autoridad civil, pero quien esté a cargo, quien va a definir el operativo, es el que ejecuta, el que sabe cuándo sacar un arma. A su juicio en el tema de los mausoleos y demás homenajes narcos se nota más bien una carencia de estrategia policial, más que política.

Por su parte, el Honorable Senador Kusanovic sostuvo que las dos visiones tienen, en parte, razón. Indicó que lo que pasa es que una cosa es el detalle y otra es la visión más amplia del problema. Esto mismo ocurre, agregó como ejemplo, en una empresa naviera, cuando el gerente le da la orden a un capitán para que vaya por cierta ruta, pero no le dicen cómo navegar, porque no puede, toda vez que definir cómo navegar es una función especializada, detallada, de responsabilidad del capitán. Por ello, añadió, todo lo general será de cargo de la autoridad civil, pero el detalle de cómo se van a hacer las cosas, queda en manos del especialista, es decir, el policía, pero éste tiene que seguir las instrucciones que da la autoridad civil. Concluyó afirmando que no debe mezclarse una definición de detalle profesional con una decisión política.

El Honorable Senador señor Ossandón coincidió con la explicación que dio el senador Kusanovic. Reiteró que, en su opinión, deben respetarse las líneas generales, pero en lo táctico y específico quien toma la decisión es el policía, porque lo táctico y operativo es netamente técnico.

Luego intervino el Honorable Senador señor Flores, quien señaló que, en términos generales, en esta materia se enfrenta a un conflicto porque, cuando se revisa el proceso de nombramiento del Comisionado de Seguridad, se observa que se trata de una persona experta en seguridad; no se trata de un cargo de nombramiento político, puro y simple, sino que se trata de que sea una persona que tenga estudios universitarios y experiencia demostrada en ámbito de seguridad. Por lo tanto, agregó en relación con la letra e del artículo 6° en discusión, está en condiciones de entregar lineamientos para la acción policial. Sin embargo, sí ve un conflicto con el diseño específico en lo táctico y operativo, porque eso sí es materia de competencia de las policías, que tienen altas especializaciones para poder responder. Por ello, sugirió precisar en el texto que “se evitará cualquier uso excesivo de la fuerza” o “actuando en conformidad a los procedimientos establecidos, la legalidad vigente y con arreglo al uso de la fuerza”. Al mismo tiempo mantendría las atribuciones del Comisionado para que efectivamente pueda entregar los lineamientos generales, tanto en el ámbito estratégico como operativo, porque esa va a ser su función, así como las particularidades, las especificidades de detalle habría que dejárselo a los especialistas policiales.

La Ministra señora Tohá afirmó que en este debate observa un tema del lenguaje, en el sentido de definir qué entiende cada uno por “generales”, “específicos”, “tipos detallados”, etc. Agregó que, en el caso que mencionó, decir que haya presencia de Fuerzas Especiales, es algo específico, no es un lineamiento general; se refiere a ese operativo, en ese lugar determinado. Por tanto, en ese momento el Comisionado le podrá decir al Prefecto: “solicite respaldos”, sin que el Prefecto le pueda contestar que no. Sin embargo, luego el Comisionado no podrá instruir al Prefecto en qué momento actúan las Fuerzas Especiales, ni de qué forma específica, porque no corresponde al comisionado que esté dando instrucciones sobre carros lanzagua o gases lacrimógenos. Ese nivel de detalle corresponde a la policía, precisó. Concluyó señalando que, entonces, aquí hay un tema de buen criterio y de empleo del lenguaje.

El Honorable Senador señor Kast sostuvo que, a su juicio, lo que busca la propuesta en dejar la solución en un ámbito general, que es lo que -en su opinión- corresponde. Además, no le preocupa tanto que las policías no vayan a hacer caso a la autoridad civil, porque el principio del orden jerárquico se aplica en los nombramientos de los oficiales de las policías, y porque sabe, por su experiencia como Ministro de Estado, que entre las autoridades civiles y las policiales se produce normalmente un trabajo colaborativo.

Agregó que en esta materia no operan solamente estas normas, sino que también otros mecanismos e incentivos para lograr comunicación y colaboración entre la autoridad civil y las policías. En ningún caso, añadió, se trata de dejar “atada de manos” a la autoridad civil.

En resumen, concluyó su intervención señalando que no hay que hacer responsable a la autoridad política de lo específico, y tampoco hay que obstaculizar a la autoridad policial para tomar su decisiones propias y específicas.

En definitiva, la indicación número 17 bis fue retirada por sus autores.

° ° °

f. Definir y evaluar las medidas orientadas a la prevención de los delitos, en el ámbito de su competencia.

En el ejercicio de esta atribución, deberá considerar, especialmente, la adopción de medidas tendientes a prevenir la comisión de delitos por parte de menores de edad, actuando siempre de conformidad al principio del interés superior del niño, niña y adolescente.

- Puesto en votación el literal f) del artículo 6°, de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

g. Promover la seguridad y la prevención de los delitos en eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, y mantener el registro al que se refiere el artículo 30 de la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional.

- Puesto en votación el literal g) del artículo 6°, de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

h. Efectuar análisis estratégicos en materia de seguridad pública, en el marco de sus competencias.

- Puesto en votación el literal h) del artículo 6°, de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

i. Desarrollar y administrar sistemas de tratamientos de datos, documentos y otros antecedentes, en el marco de sus competencias, que no permitan la singularización de personas determinadas y en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.

El Honorable Senador señor Ossandón reparó en la finalidad de la atribución, puesto que, a su juicio, quedaría sin aplicación la función policial viéndose limitada por no poder contar con datos concretos de las personas.

La Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señora Cañas, aclaró que el tratamiento de datos que se propone es anónimo e innominado, puesto que se trata de levantar información que permita generar una política pública en materia de seguridad, resguardando fielmente el tratamiento de datos personales. Hizo hincapié en diferenciarlo de la función que realiza el Ministerio Público en cuanto a la persecución penal al manejar información detallada de las personas.

El Honorable Senador señor Insulza hizo un alcance en cuanto a que existen una serie de excepciones a la protección de la vida privada, tales como en la ley N° 21.459 que Establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.

Por otra parte, consultó sobre la necesidad de incluir la mención a la ley N°19.628.

El abogado asesor del Ejecutivo señor Rodrigo Muñoz sostuvo que la redacción propuesta para este literal se ajusta al texto actual de la ley N°20.502 del Ministerio del Interior, haciendo la referencia a la ley de datos personales.

Por otra parte, reiteró lo anteriormente señalado por la señora Cañas en cuanto a que el Ministerio de Seguridad no tendrá la atribución de persecución penal de las personas, puesto que esa es labor de la Fiscalía. Apuntó a que existe un estándar importante de derechos humanos que se debe mantener y que va en consonancia con aquellos que rigen en el derecho internacional en esta materia.

El Honorable Senador señor Moreira consultó si este mismo criterio se aplica para efectos de los datos que manejan otros organismos como el Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, pidió aclarar el hecho de que, al no permitirse la singularización de la persona, se refiere a que se omite el nombre de esta.

A su turno, el Honorable Senador señor Ossandón opinó que, si no se elimina la frase “que no permitan la singularización de personas determinadas”, la norma pierde sentido porque el Ministerio queda amarrado a no poder usar esos datos.

El Honorable Senador señor Insulza, explicó que actualmente el Ministerio del Interior tiene estadísticas sobre un conjunto de delitos cometidos contra las personas sin necesidad de identificar a cada una de las víctimas.

Por su parte, el Honorable Senador señor Ossandón propuso suprimir la frase “que no permitan la singularización de personas determinadas y en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.”, porque de lo contrario —a su juicio— el Ministerio de Desarrollo Social no podría manejar toda la información con la que actualmente cuenta.

La abogada señora Daniela Cañas remarcó que esta atribución es fundamental para un Ministerio que estará a cargo de la elaboración de la política pública en materia de seguridad. Planteó que no contar con datos estadísticos que le permitan conocer el fenómeno delictual sí implicaría una importante limitación en sus funciones. Agregó que hoy en día el Ministerio del Interior cuenta con esta atribución, la cual se ejecuta a través de su División de Estudios, permitiendo generar la información para la creación de dicha política pública.

Seguidamente descartó que se pudiese equiparar el manejo de datos que se propone con aquel efectuado por el Ministerio de Desarrollo Social, toda vez que este último otorga beneficios a personas determinadas, lo que se aleja de la labor del Ministerio de Seguridad Pública.

El abogado asesor señor Rodrigo Muñoz, señaló que hay tres argumentos importantes para respaldar el tenor de este literal. En cuanto al primero, destacó la relevancia de tener estos análisis de datos para poder hacer georreferenciación, categorización y análisis estadísticos. Informó que actualmente existe el Centro Nacional de Homicidios que funciona en base a este tipo de información estadística, donde no se necesita el nombre de las personas para hacer este tipo de análisis. Asimismo, citó el Banco Unificado de Datos, el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) u otras.

En segundo término, recalcó que una facultad como la que se discute sin ninguna limitación, cayera en malas manos en un gobierno, sería muy perjudicial porque podría iniciar persecuciones inaceptables en una sociedad democrática.

Finalmente, como tercer argumento, mencionó que no se trata de iniciar persecuciones penales basadas en los datos recopilados, sino que se busca tener una nomenclatura para la elaboración de políticas públicas en seguridad.

El Honorable Senador señor Insulza propuso unificar el literal e) con el f) con la siguiente redacción: “Desarrollar y administrar sistemas de tratamientos de datos, documentos y otros antecedentes, en el marco de sus competencias y elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública”. Por tal razón, fue de la opinión de prescindir de la singularización de personas determinadas y la alusión a la ley N°19.628.

El Honorable Senador señor Moreira explicó que su inquietud apunta la singularización de las personas determinadas y no a la mención a la ley N°19.628, destacando como importante que se incluya en el literal.

Desde otro punto de vista, el Honorable Senador señor Quintana consideró que la singularización de personas determinadas va estrechamente aparejada con lo dispuesto en la ley N°19.628. Luego aseveró que, de configurarse un Ministerio de Seguridad Pública sin limitaciones en esta materia, podría convertirlo en una especie de policía secreta.

En opinión del Honorable Senador señor Quintana por una parte es un error señalar que el Ministerio de Seguridad Pública no debe inmiscuirse en temas tácticos, porque todos los días el mando policial dialoga con las autoridades del Ministerio del Interior. Por otro lado, se persigue que el Ministerio de Seguridad Pública tenga la información de cada persona.

En ese contexto, se manifestó a favor que la atribución esté en el Ministerio Público y en las policías cuando corresponde, y, al contrario, hizo presente sus dudas de que el Ministerio de Seguridad Pública maneje información de este tipo en una democracia.

A continuación, el Honorable Senador señor Moreira resaltó el hecho de que en Chile dos órganos tengan manejo de datos, como sería el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público, lo que — en su opinión— serviría para comparar.

Por otra parte, arguyó que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), debiese depender del Ministerio de Seguridad Pública teniendo un mayor marco de acción.

La Jefa del Departamento Jurídico y Legislativo de la Subsecretaría de Prevención del Delito señora Cañas, puntualizó que de lo que hablan los literales i) y j) es respecto al desarrollo de sistemas de tratamiento de datos y levantamiento de estadísticas. Postuló a que esa información debe ser anonimizada. Por lo que no se podrían incorporar datos personales, así como tampoco nombres en específico.

En ese sentido, aclaró que tal atribución no obsta a que el Ministro pueda requerir información a otros órganos para efectos particulares.

La Comisión acordó en primer lugar votar en forma separada la redacción propuesta por el Honorable Senador señor Ossandón, que elimina la frase “que no permitan la singularización de personas determinadas y”.

-Sometida a votación la eliminación de la frase “que no permitan la singularización de personas determinadas y” se produjeron las siguientes votaciones:

En la primera, votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señor Moreira y Ossandón. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Insulza y Quintana.

Al producirse un empate, se procedió a repetir la votación manteniéndose el mismo resultado, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento del Senado, se tuvo por rechazada la propuesta, conservándose la frase en cuestión.

-Enseguida se sometió a votación íntegramente el literal i) de la indicación número 1) sustitutiva, siendo aprobado con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

j. Elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública. Tales estadísticas se referirán, a lo menos, a la victimización, revictimización, el temor y las denuncias. Del mismo modo, deberán considerarse factores de riesgo relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo, a nivel nacional, regional y comunal.

En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá, anualmente, publicar una sistematización actualizada de estadística criminal anonimizada, que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, deberá estar segmentada por regiones, tipo de delito y otros criterios importantes.

Para estos efectos, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública enviaran al Ministerio mensualmente datos y estadísticas policiales a partir de las faltas y delitos conocidos por la institución, y de otros procedimientos realizados por la misma.

El Honorable Senador señor Insulza reparó en que debiese reemplazarse el vocablo “deberán” por “podrán”, ya que, de lo contrario, las estadísticas sobre victimización, revictimización, temor o denuncias pueden fácilmente ser modificadas por quién las elabora, si está obligado a considerar factores de riesgo u otros relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo.

Por su parte, el Honorable Senador señor Moreira, cuestionó que en el párrafo segundo del literal se aludiera a que la sistematización actualizada de la estadística criminal deba estar segmentada solo por regiones, por lo que propuso que se agregara “provincias y comunas”, o simplemente se incorporara la voz “comunas”.

A su turno, el Honorable Senador señor Ossandón reparó en que en el tercer párrafo debiese reemplazarse la palabra “mensual” por “trimestral”, a efectos de dar factibilidad a que el envío de la información que se consigna se pueda ejecutar en la práctica.

En referencia a lo anterior, la Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito señora Cañas, respondió que dicha información se encuentra consolidada, por lo que actualmente tiene aplicación.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quintana puso de manifiesto que el Ministerio Público cuenta con un informe anual sobre los datos de la criminalidad, por lo tanto, fue de la opinión de que la información no se reporte mensualmente. Fundamentó sus dichos en que la elaboración de tales estadísticas importa más hora hombre en oficina y menos policías en la calle.

Para aclarar el punto, el asesor de la Subsecretaría del Interior señor Muñoz comentó que cuando se habla de elaborar de estadísticas, se refiere a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la que contiene las características de tener al menos, victimización, revictimización, temor y denuncias.

Indicó que en lo referido a incorporar en el párrafo tercero del literal una segmentación a nivel comunal, informó que actualmente se trata de una prueba piloto que se está preparando para el próximo año, con el objeto de poder avanzar en este aspecto, por lo que se mostró abierto a que se pueda incorporar la sugerencia del Honorable Senador señor Moreira.

En cuanto al inciso final —sobre el envío mensual de información por parte de las policías al Ejecutivo— es una función que actualmente se está ejecutando y responde a convenios celebrados durante el año 2014 entre las policías y la Subsecretaría de Prevención del Delito. De esta manera, descartó que se trate de una sobrecarga de trabajo de parte de las policías, puesto que es algo que ya se realiza y, que, a su juicio, es necesario que se formalice en la ley.

La Comisión, a petición de su Presidente, el Honorable Senador señor Insulza, puso en votación el literal j) con la sola modificación que sustituye en el primer párrafo la voz “deberán” por “podrán”.

- Sometido a votación el literal j) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

k. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública, convivencia ciudadana y las demás materias que sean de su competencia.

Previo al debate de este literal, la Secretaría previno que, según lo acordado por los miembros de la Comisión, cada vez que en el texto del proyecto de ley se hiciera alusión a “convivencia ciudadana” debía insertarse a continuación la frase “protección de las personas”.

- Sometido a votación el literal k) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

l. Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

- Sometido a votación el literal l) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

m. Establecer las acciones de coordinación destinadas a mantener la seguridad pública y restablecer el orden público, en todo el territorio de la República.

- Sometido a votación el literal m) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

n. Coordinar y evaluar, en conjunto con los demás organismos con competencia en la materia, la ejecución de planes y programas de rehabilitación, reinserción social, asistencia y atención a víctimas y convivencia ciudadana.

En atención a lo acordado previamente, la Comisión estuvo por agregar en este literal, a continuación de “convivencia ciudadana” la frase “protección de las personas.

- Sometido a votación el literal n) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

o. Solicitar informes a cualquier organismo público, en materias relacionadas directa o indirectamente a la mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público, y la prevención del delito; la atención y asistencia a víctimas; la reinserción social, la rehabilitación, la convivencia ciudadana y demás materias de su competencia. Dichos órganos de la Administración Pública estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

Respecto de la última frase “Dichos órganos de la Administración Pública estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder”, el Honorable Senador señor Moreira consultó sobre quiénes estarán a cargo de entregar la información y cuáles serían las eventuales sanciones en caso de contravención.

La Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito señora Cañas, previno que en general no existen sanciones para la normativa de esta naturaleza, pero recalcó que es importante dar una señal de la obligatoriedad que tendrá este Ministerio para requerir información respecto de otros organismos de la Administración del Estado. De tal manera que en caso de no entrega, aplicarían las reglas generales en materia de responsabilidad administrativa.

A raíz de lo explicado, el Honorable Senador señor Ossandón manifestó sus dudas respecto a que tal conducta no tuviese aparejada una sanción en el texto, pues la haría inaplicable.

En otro orden de cosas, la Comisión también estuvo por agregar, a continuación de “convivencia ciudadana” la frase “protección de las personas”.

-Sometido a votación el literal o) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

El Ejecutivo, en miras a uniformar los artículos que contienen un texto similar en esta iniciativa legal en informe, presentó una nueva propuesta de literal, cuyo texto es el que sigue:

“o. Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.”.

-La Comisión por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Aravena y señores Insulza y Van Rysselberghe, acordó reabrir el debate en este punto, en atención a lo prescrito en el artículo 125 del Reglamento del Senado.

-Sometido a votación el literal o) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Aravena y señores Insulza y Van Rysselberghe.

p. Autorizar, regular, supervigilar, controlar y ejercer las demás atribuciones en la forma que señale la ley, en materia de seguridad privada.

- Sometido a votación el literal p) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

q. Suscribir acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, en materias de su competencia.

- Sometido a votación el literal q) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

r. Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En ningún caso el ejercicio de estas atribuciones podrá entorpecer las funciones que le corresponden al Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, la ley N° 19.640, el Código Procesal Penal y las demás leyes especiales.

- Sometido a votación el literal r) del artículo 6° de la indicación número 1) sustitutiva, este fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

Como consecuencia de las votaciones anteriores, las indicaciones números 15) a 27), se dieron por rechazadas, por la misma unanimidad.

ARTÍCULO 7°.-

Este precepto aprobado en general, enumera las atribuciones que tendrá el Ministerio de Seguridad Pública respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. El texto señala lo siguiente:

“Artículo 7°. Para el cumplimiento de sus funciones respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública:

a.Asesorar al Presidente de la República en la conformación de los Altos Mandos, así como en los ascensos y retiros del personal de nombramiento supremo y oficiales policiales.

b.Supervigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad pública que defina la cartera.

c.Supervigilar y controlar el desarrollo estratégico y la gestión operativa y administrativa de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para lo que requerirá periódicamente información al Alto Mando, según corresponda, quien deberá proporcionarla en el plazo que le fije el Ministerio.

d.Ejercer el control presupuestario, financiero y de mérito respecto de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Para ello, el Ministerio recibirá trimestralmente la información estadística actualizada relativa al avance de la gestión financiera de estas instituciones, la que deberá estar permanentemente a disposición del Ministerio, sin perjuicio de poder requerirla en cualquier momento.

e.Requerir a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública los informes, antecedentes y estadísticas necesarios para realizar la evaluación de las medidas y programas adoptados por estas instituciones para una eficaz, racional y eficiente mantención del orden público y la seguridad pública en el territorio nacional.

f.Supervigilar el cumplimiento de las normas sobre transparencia, publicidad de la información y rendición de cuentas a la ciudadanía por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, según corresponda.

g.Supervigilar y controlar las modificaciones de la organización interna de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, teniendo en especial consideración los desafíos de seguridad multidimensional, el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y con enfoque de género, en conformidad a los planes estratégicos de desarrollo policial.

h.Diseñar estrategias de perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y de capacidad física en coordinación con el Alto Mando de las instituciones de Orden y Seguridad Pública. Para el ejercicio de esta atribución, deberá aprobar los programas y planes de estudio, los perfiles de ingreso y egreso, además del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas.

i.Fijar y aplicar, mediante resolución, modelos, sistemas y estrategias de evaluación de la gestión de las funciones, planes y programas de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, que contemplen la evaluación del cumplimiento de parámetros, tales como un programa de distribución del personal que satisfaga criterios básicos de descentralización y satisfacción de necesidades locales; transparencia activa y pasiva, y eficiencia en el uso de los recursos.

j.Las demás atribuciones que la ley le encomiende.

Para efectos de lo señalado en el literal e), el Ministerio deberá coordinarse y colaborar con las instituciones que se vinculen con el desarrollo de los servicios policiales, las que deberán entregar al Ministerio de Seguridad Pública toda la información que les sea requerida y que sea necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en dicho literal.”.

En relación con este precepto, el Ejecutivo, mediante la indicación sustitutiva número 1), pretende reemplazar el artículo completo mediante un artículo 6°, de la forma que sigue:

“Artículo 6°.- Al Ministerio le corresponderá respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las siguientes atribuciones:

a.Asesorar al Presidente o Presidenta de la República en la conformación del Alto Mando, así como en los ascensos y retiros del personal de nombramiento supremo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

b.Aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y sus modificaciones, y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, de conformidad a la ley. Para dichos efectos definirá los ejes principales y lineamientos de dichos planes .

c.Supervigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad pública que defina la cartera, mediante el sistema de supervisión y evaluación de la gestión policial.

d.Promover la probidad y el cumplimiento de las normas sobre transparencia, publicidad de la información y rendición de cuentas a la ciudadanía por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

e.Ejercer el control presupuestario, financiero y de mérito respecto de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán hacer un envío, trimestralmente de su estado y gestión financiera. Sin perjuicio de ello, el Ministerio podrá requerir información estadística actualizada en cualquier momento.

f.Examinar y aprobar las bases de licitación o términos de referencia para la adquisición de tecnología y sistemas informáticos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio, determinará los requerimientos técnicos para la adquisición de equipos y programas computacionales, a fin de compatibilizar las herramientas tecnológicas que utilicen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, podrá solicitar la opinión de otras instituciones que estime relevante.

g.Dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los planes de formación y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con especial enfoque en el adecuado uso de la fuerza, la incorporación de una perspectiva de género, de resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de no discriminación, así como en la promoción, garantía y respeto irrestricto de los Derechos Humanos.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá coordinar con la Subsecretaría de Educación Superior, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quienes emitirán un informe previo, pronunciándose sobre las orientaciones técnicas referidas.

h.Aprobar los planes de estudio y programas de las asignaturas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los perfiles de ingreso y egreso, además del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas, para lo cual solicitará, en su caso, todas las modificaciones que estime pertinentes.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá coordinar con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como con la Subsecretaría de Educación Superior, quienes emitirán un informe previo, pronunciándose sobre dichos programas y planes de estudio.

i.Supervigilar el cumplimiento de los planes de formación educacional que se dicten en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

j.Diseñar, junto al Alto Mando policial, estrategias de perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con enfoque de género y promoción de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

k.Supervigilar y controlar las modificaciones de la organización interna de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, teniendo en especial consideración los desafíos de seguridad pública, el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y la paridad de género, en conformidad a los planes estratégicos de desarrollo policial y los planes anuales de gestión operativa y administrativa.

l.Requerir la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción, pudiendo exigir cuenta de su avance y, en su caso, poner antecedentes en conocimiento de la justicia. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán comunicar al Ministerio, mensualmente, las resoluciones que dieren inicio a procedimientos disciplinarios, así como las que les pusieren término, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda en esta materia a la Contraloría General de la República. Estas comunicaciones serán siempre de carácter secreto.

m.Requerir cualquier otra información a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, aun aquella de carácter reservado, incluyendo antecedentes o documentos que digan relación con inteligencia policial.

n.Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.”.

Asimismo, se formularon tres indicaciones parlamentarias a su respecto, signadas con los números 28), 29) y 30), las dos primeras presentadas por el Honorable Senador señor Insulza, y la última por el Honorable Senador señor Pugh.

Con la indicación número 28) del Honorable Senador señor Insulza, persigue intercalar en la letra d), entre la expresión “Ministerio” y la frase “, sin perjuicio de poder requerirla en cualquier momento”, lo siguiente: “vía interconexión”.

La indicación número 29) del Honorable Senador señor Insulza, persigue agregar en el mismo literal d), a continuación de la frase “, sin perjuicio de poder requerirla en cualquier momento”, lo siguiente: “o exigir su complemento”.

El Honorable Senador señor Pugh con la indicación número 30), busca intercalar en la letra i), entre las expresiones “personal” y “que”, lo siguiente: “y de equipos y medios tecnológicos”.

El Ejecutivo presentó una nueva redacción para la indicación sustitutiva número 1) en esta parte, respecto del cual se analizó cada literal separadamente. El texto propuesto es el siguiente:

“Artículo 7°. - Al Ministerio le corresponderá respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las siguientes atribuciones:

a. Asesorar al Presidente o Presidenta de la República en la conformación de los Altos Mandos, de la misma manera que con los ascensos y retiros del personal de nombramiento supremo y oficiales policiales de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

El Honorable Senador señor Ossandón, manifestó no estar de acuerdo con la letra a), puesto que existe una Junta Calificadora encargada de tal función. De lo contrario, en su opinión significaría politizar el sistema.

El Honorable Senador señor Quintana, expresó que a su entender, la ley N°21.247 de modernización de las policías, ya contempla esta función. Por otra parte, señaló que se trata de los Altos Mandos, es decir, de oficiales, los que en caso de Carabineros ascenderían a un 10% de los nombrados por Decreto Supremo. De esta manera, descartó que la norma se refiera al personal nacional institucional.

Por tal razón, planteó que sería un retroceso lo que propone el Honorable Senador señor Ossandón, en tanto el Ministerio de Seguridad Pública, a su juicio, debería poder intervenir en casos calificados.

El Honorable Senador señor Insulza observó que una redacción similar está contenida en el artículo 7° aprobado en general por el Senado. En su concepto, resulta obvio que el Ministerio de Seguridad Pública debiese poder asesorar al Presidente de la República en esta materia.

El Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara, explicó que la norma encuentra fundamento en la ley orgánica de Carabineros y también en la ley N°21.247 sobre modernización de las policías. Por tal razón, indicó que todo lo que no vaya en esa senda, a su entender, constituye un retroceso, agregando que la norma solamente permite que el Ministerio de Seguridad Pública pueda asesorar al Presidente de la República en una decisión.

El Honorable Senador señor Huenchumilla solicitó al Ejecutivo que indicara cuál es la norma que en este aspecto rige hoy en día.

Por su parte, el Honorable Senador señor Moreira consultó si es posible traspasar esta facultad desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad Pública. En su opinión, este tema es netamente político, ya que según sostuvo, existe la desconfianza de que aquellos que gobiernan y las coaliciones buscan incidir en las decisiones que atañen a las Fuerzas Armadas y de Orden.

El Honorable Senador señor Insulza fue de la opinión que la seguridad pública es un servicio público como la salud o la educación, etc. En ese contexto no observó inconvenientes en que el Ministerio de Seguridad Pública pueda asesorar al Presidente de la República en tales decisiones, quien en su opinión, lo puede acoger o no.

El Honorable Senador señor Moreira llamó a buscar alguna salvaguardia para que a través de la norma se pueda caer en algún tipo de exceso.

El Honorable Senador señor Ossandón expresó que no debiese incluirse al resto del personal en esta asesoría, y solamente podría quedar destinada al Alto Mando, ya que de lo contrario se politizaría la carrera policial.

El señor Subsecretario Vergara, adujo que la norma se remite al personal de nombramiento supremo y de oficiales policiales. Por otra parte, hizo presente que no se pretende politizar la carrera policial.

El abogado asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito señor Muñoz, comentó que el artículo 10 de la ley N°18.961 de Carabineros, expresamente señala que: “Los nombramientos, ascensos, reincorporaciones, llamados al servicio y retiros del Personal de Nombramiento Supremo, se efectuarán por decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a proposición del General Director.”. Dicha norma según sostuvo, también se encuentra en la ley orgánica de la Policía de Investigaciones, y viene del proyecto original presentado por el gobierno del ex Presidente de la República señor Piñera.

El Honorable Senador señor Huenchumilla destacó que Carabineros si bien es un servicio público, se distingue de cualquier otro ya que tiene el monopolio de la fuerza y de las armas. En ese sentido, se mostró a favor de la norma propuesta, sí especialmente es destinada a los Altos Mandos.

El Honorable Senador señor Quintana afirmó que debe existir una institución que pueda tener el control civil de las policías.

Seguidamente, llamó a no innovar en esta materia por ser riesgoso.

La abogada de la Subsecretaría de Prevención del Delito señora Cañas, recordó que hoy en día las atribuciones del poder civil llegan hasta el personal de nombramiento supremo, según las leyes orgánicas de ambas policías, por lo que a su juicio no se está innovando a este respecto.

El Honorable Senador señor Insulza, propuso que la norma incluyera en su parte final, la frase “dentro de la normativa que rige a tales instituciones” o “en el marco de sus respectivas leyes orgánicas”.

El Honorable Senador señor Huenchumilla se puso en el caso en que el Presidente al momento de firmar el decreto, podría cuestionar el ascenso de un teniente de Curanilahue.

El señor Subsecretario de Prevención del Delito reiteró que lo que se está discutiendo es acerca de una atribución que hoy en día existe, y en este caso radica si el Ministerio de Seguridad puede asesorar o no al Presidente de la República en una función particular, y no cómo esa función se lleva adelante.

En una sesión posterior, el Ejecutivo en virtud de las observaciones efectuadas por Sus Señorías a la propuesta anterior, presentó una nueva redacción para la letra a), cuyo texto es el que sigue:

“a. Asesorar al Presidente o Presidenta de la República en la conformación de los Altos Mandos, así como en los ascensos y retiros.”.

De esta manera, la Secretaría acotó que se suprime lo referido al personal de nombramiento supremo, el cual incluiría a los subtenientes y oficiales policiales.

El Honorable Senador señor García, consultó si esta atribución la tiene actualmente el Ministerio del Interior pasando a estar radicada en el Ministerio de Seguridad Pública, lo que fue ratificado por el Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara.

- Puesta en votación la letra a) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Huenchumilla, Insulza, y Ossandón.

b. Aprobar los Planes Estratégicos de Desarrollo Policial y sus modificaciones, y los Planes Anuales de Gestión Operativa y Administrativa, de conformidad a la ley.

- Puesta en votación la letra b) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

c. Supervigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad pública que defina el ministerio, mediante el sistema de supervisión y evaluación de la gestión policial contemplado en la ley N° 21.427.

- Puesta en votación la letra c) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

d. Diseñar junto a los Altos Mandos estrategias y medidas tendientes a proteger la vida e integridad de los funcionarios y funcionarias pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública durante el ejercicio de sus funciones, supervigilando su adecuada implementación. Dichas estrategias y medidas deberán ser proporcionales a la labor que realiza.

En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá velar para que el equipamiento e infraestructura de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública cumplan con estándares técnicos que permitan una adecuada protección.

-Puesta en votación la letra d) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

e. Promover el cumplimiento por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de las normas de probidad, transparencia, publicidad y rendición de cuentas a la ciudadanía.

-Puesta en votación la letra e) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

f. Ejercer el control presupuestario, financiero y de mérito respecto de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán hacer envío, trimestralmente de su estado y gestión financiera, a través de medios electrónicos. Sin perjuicio de ello, el Ministerio podrá requerir información actualizada o exigir el complemento de la ya enviada, en cualquier momento, debiendo ser remitidas por esa misma vía .

- Puesta en votación la letra f) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

g. Examinar y aprobar las bases de licitación o requerimientos para la adquisición de tecnología y sistemas informáticos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio dispondrá los estándares para la adquisición de equipos y programas computacionales, a fin de compatibilizar las herramientas tecnológicas que utilicen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, podrá solicitar la opinión de otras instituciones que estime relevante.

El Honorable Senador señor Ossandón cuestionó que en esta materia no sea el responsable el jefe de Servicio de la institución.

El Subsecretario señor Vergara, expresó que esta atribución actualmente la tiene la Subsecretaría del Interior.

- Puesta en votación la letra g) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

h. Dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los Planes y Programas de Formación y Capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en coherencia con los Planes Estratégicos de Desarrollo Policial, las que deberán contener como principios la eficacia policial, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, entre otros que se determinen en conjunto. Asimismo, deberán incorporar determinados lineamientos tendientes a un adecuado y permanente perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución el Ministerio se deberá coordinar con la Subsecretaría de Educación Superior quien emitirá un informe previo con su opinión sobre las orientaciones técnicas referidas.

El Honorable Senador señor Insulza acotó que la relación debe ser entre Ministerios, por lo que propuso reemplazar en el inciso segundo la alusión a la “Subsecretaría de Educación Superior”, por “Ministerio de Educación”, lo que fue acogido por el resto de los integrantes.

El Honorable Senador señor Ossandón cuestionó que el Ministerio de Educación esté preparado para intervenir respecto a la educación de las fuerzas policiales.

Por su parte el Honorable Senador señor Insulza se mostró a favor de que el Ministerio de Educación evalúe la calidad de los programas educacionales, en relación con la enseñanza humanista y técnica que se proporciona.

La abogada señora Cañas, precisó que los plazos son aquellos establecidos en la ley N°18.575, por lo que ascenderían a 30 días.

- Puesta en votación la letra h) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con la modificación señalada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira y Ossandón.

i. Aprobar los planes y programas de estudio y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y el cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas, así como supervigilar su cumplimiento.

Para el ejercicio de esta atribución, podrá solicitar en su caso, todas las modificaciones que estime pertinentes. el Ministerio deberá coordinar con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como con la Subsecretaría de Educación Superior, quienes emitirán un informe previo, pronunciándose sobre las orientaciones técnicas referidas.

El Honorable Senador señor Insulza, propuso que todas las normas sobre educación quedaran concentradas en un solo literal, por lo que la Comisión acordó trasladar el texto del presente literal e insertarlo en la letra h).

- Puesta en votación la letra i) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con la modificación señalada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, y Ossandón.

En una sesión posterior, el Ejecutivo presentó una nueva redacción que unifica el literal h) con el i), pasando a conformar solo la primera. Por tal razón, se procedió a reabrir el debate en este punto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento del Senado, contando con la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Huenchumilla, Insulza y Ossandón.

“h. Dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los planes y programas de formación y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en coherencia con los planes estratégicos de desarrollo policial. Asimismo, deberá aprobar dichos planes y programas, los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas y supervigilar su cumplimiento.

Las orientaciones técnicas señaladas deberán contener como principios la eficacia policial, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, entre otros que se determinen en conjunto. Del mismo modo, deberán incorporar lineamientos tendientes a un adecuado y permanente perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio de Seguridad Pública se deberá coordinar con el Ministerio de Educación, quien emitirá un informe previo con su opinión sobre las orientaciones técnicas referidas.

Asimismo, deberá aprobar los planes y programas de estudio y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas, así como supervigilar su cumplimiento. Para el ejercicio de esta atribución, podrá solicitar, en su caso, todas las modificaciones que estime pertinentes.”.

El Honorable Senador señor Ossandón, consultó por qué se incluía la perspectiva de género dentro del literal.

El Subsecretario de Prevención del Delito, arguyó que la modificación de la indicación responde a las observaciones efectuadas por Sus Señorías, y son aspectos que se encuentran en la ley N°21.427 sobre modernización de las policías.

En cuanto a la perspectiva de género, señaló que se incluye en este literal, toda vez que implica políticas al ingreso del personal policial, aplicación de paridad cuando corresponda, con la instrucción, etc. En efecto, acotó que todos los principios que se indican en la norma, son coherentes con la ley N°21.427, los Planes Estratégicos y con la reforma actual a Carabineros.

El Honorable Senador señor Ossandón expresó la inconveniencia de incluir la paridad dentro de la carrera policial, ya que a su juicio, es un tema técnico.

El Honorable Senador señor Insulza, se refirió a que no se habla de paridad, sino que de perspectiva de género. En ese contexto, resaltó que hoy en día en Carabineros hay 12.700 mujeres de un total de más de 60.000 funcionarios. Lo anterior, a su entender, revela que no es fácil conseguir niveles de paridad en la institución.

El Honorable Senador señor Ossandón fue de la opinión que hay trabajos que son propiamente masculinos, y que este tipo de funciones se define en el minuto de acuerdo con las necesidades. Finalmente, agregó que la perspectiva de género como el enfoque de derechos humanos están demás.

El Subsecretario de Prevención del Delito afirmó que la presencia femenina en las policías se requiere con mayor envergadura en ciertos aspectos. Acotó que incluir la perspectiva de género tiene por finalidad incrementar el personal femenino.

En cuanto al enfoque de derechos humanos, el Honorable Senador señor Insulza señaló que es un concepto que tiene que ver con los abusos de autoridad, es decir, el trato indebido de quien la ejerce, respecto del que no la tiene. En ese sentido, manifestó estar a favor de que se incluya en este proyecto de ley.

En lo que refiere a la perspectiva de género, expresó que el reclutamiento de mayor cantidad de mujeres en la institución ha sido una política permanente de Carabineros.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Ossandón consultó si el informe previo que debe emitir el Ministerio de Educación, es vinculante para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Por otra parte, consultó la razón por la cual ese informe debía emitirse, cuando en su opinión las escuelas policiales están acreditadas.

El Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara, expresó que han sido las mismas policías y particularmente Carabineros quienes han solicitado que sus procesos de formación vayan en consonancia con las exigencias y estándares técnicos definidos por la autoridad educacionales. Asimismo, indicó que contribuye a la profesionalización de las policías sobre los estándares técnicos y educacionales que existen. De esta manera, reiteró que han sido las mismas policías quienes han solicitado que la autoridad en educación preste asesoría técnica, lo que según sostuvo, se ha venido haciendo de manera informal.

El asesor legislativo señor Muñoz, dio lectura al artículo cuarto transitorio de la ley N°21.427, que señala lo siguiente: Las modificaciones señaladas en el artículo 7° entrarán en vigencia una vez que la Escuela de Formación de Carabineros y el Centro de Capacitación Profesional de la Policía de Investigaciones de Chile, adecuen sus requisitos de ingreso, estatutos, planes y programas a las normativas de educación superior. Este requisito se verificará, en cada caso, fundadamente a través de un informe favorable de la Subsecretaría de Educación Superior, el cual será sancionado mediante el acto administrativo correspondiente.”

El Honorable Senador señor Huenchumilla, aseveró que la perspectiva de género significa que no se puede discriminar arbitrariamente por razones de género. Asimismo, acotó que no se está refiriendo a paridad, la que en su opinión no procedería en un órgano de naturaleza militar. Finalizó que es el mando el que decide si operará con solamente mujeres por ejemplo, siendo una cuestión táctica.

En relación con el enfoque de derechos humanos, se refirió al artículo 5° de la Constitución Política, que hace obligatorio todos los tratados sobre derechos humanos que estén ratificados por Chile, por lo que en su opinión, el Ejecutivo podría a través de esta ley o sin ella, incorporar tal enfoque. Sin embargo, hizo presente que en los últimos 70 años Chile ha tenido conflictos con los derechos humanos, por lo que expresó que el Gobierno tiene derecho a darle una orientación a las policías, que tenga por finalidad el control civil de ellas.

Finalmente, en atención al informe que debiese emitir el Ministerio de Educación, fue de la opinión que no sería vinculante para las policías. Lo mismo expresó el Honorable Senador señor Ossandón, solicitando que quede establecido en el literal.

La Comisión acordó incorporar la frase “, el cual no será vinculante”, luego de la palabra “referidas”.

El Honorable Senador señor Ossandón declaró no estar con contra de la perspectiva de género, sino que su fundamento, según expresó, tiene que ver con que emplear más o menos mujeres en las funciones de la institución, depende de la necesidad que exista.

- Puesta en votación la letra h) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con la modificación señalada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Huenchumilla, Insulza, y Ossandón.

i. Supervigilar las modificaciones de la estructura organizacional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo con lo dispuesto en un reglamento expedido por el Ministerio para dichos efectos, teniendo en especial consideración los desafíos de seguridad pública, la eficacia policial y la perspectiva de género, en conformidad con los planes estratégicos de desarrollo policial y los planes anuales de gestión operativa y administrativa.

El Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara expresó que en esta parte, de lo que se trata es sobre la estructura organizacional y no de la distribución de contingente.

El Honorable Senador señor Insulza, fue de la opinión de suprimir la parte final del literal, quedando solo hasta la expresión “dichos efectos”, en atención a que los conceptos que se enumeran ya se encuentran incluidos previamente. Lo anterior fue acogido por el resto de los miembros de la Comisión.

- Puesta en votación la letra i) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con la modificación señalada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Huenchumilla, Insulza, y Ossandón.

j. Ordenar al General Director o Director General, según corresponda, que el superior jerárquico respectivo inicie la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción, pudiendo exigir cuenta de su avance y, en su caso, poner antecedentes en conocimiento de la justicia. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán comunicar al Ministerio, mensualmente, las resoluciones que dieren inicio a procedimientos disciplinarios, así como las que les pusieren término, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda en esta materia a la Contraloría General de la República. Estas comunicaciones serán siempre de carácter secreto.

El asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito señor Muñoz, dio lectura al artículo 84 bis de la ley orgánica de Carabineros de Chile, modificado por la ley N°21.427, toda vez que su texto, según manifestó, está en consonancia con lo que propone el literal en estudio.

Por su parte, el Honorable Senador señor Insulza, propuso que se estableciese una remisión a dicho artículo, para dar mayor claridad de dicha consonancia.

El Subsecretario de Prevención del Delito, afirmó que tal fórmula no sería conveniente, toda vez que la norma que se pretende citar, hace referencia a la Subsecretaría del Interior, la cual no formará parte del nuevo Ministerio.

El Honorable Senador señor García, manifestó sus dudas respecto a la redacción del literal, especialmente cuando se indica que el Ministro o Ministra puede ordenar la instrucción de procesos disciplinarios. A su entender, se podría interpretar como que solo a requerimiento de tal autoridad, se podría iniciar un procedimiento de esta naturaleza.

En tanto, el Honorable Senador señor Huenchumilla también cuestionó la forma en que se redactó el literal, consultando si existe otra figura en el derecho administrativo que permita que un Ministro pueda ordenar a un jefe de servicio la instrucción de un proceso disciplinario.

El Honorable Senador señor Insulza propuso que se reemplace el literal por: “Disponer la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción, pudiendo exigir cuenta de su avance y, en su caso, poner antecedentes en conocimiento de la justicia.

La abogada señora Daniela Cañas hizo presente que se utilizó el mismo verbo rector que se establece en la propia ley N°21.427 como en la ley orgánica de Carabineros. Agregó que esta última normativa permite como en toda institución pública, que el jefe superior del servicio instruya los respectivos procedimientos disciplinarios, y además que sea el Subsecretario del Interior quien ordene tal instrucción. Por tal razón, agregó que ambas normas coexisten.

El Honorable Senador señor Huenchumilla propuso que se suprimiera la frase “al General Director o Director General”, para que así la norma quedase más genérica. Lo anterior fue acogido por el resto de los miembros de la Comisión.

- Puesta en votación la letra j) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con la modificación señalada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Huenchumilla, Insulza y Ossandón.

k. Requerir cualquier otra información a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, aun aquella de carácter reservado, incluyendo antecedentes o documentos que digan relación con inteligencia policial, y que sean necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones y atribuciones.

Cabe hacer presente que en una sesión posterior, el Ejecutivo modificó la redacción precedentemente transcrita, y la formuló de la siguiente manera:

“k. Requerir cualquier otra información a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

En ejercicio de esta atribución, el Ministerio podrá solicitar información de carácter reservado o secreto, incluyendo aquellos que digan relación con inteligencia policial en el marco del artículo 22 de la ley N°19.974, y que sean necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones.”.

El Honorable Senador señor Huenchumilla, hizo presente que actualmente la Agencia Nacional de Inteligencia le reporta al Ministerio del Interior. En ese sentido, supuso que al mismo tiempo que si ahora se reporta al Ministro de Seguridad Pública, igualmente seguirá reportando al Ministro del Interior.

El Honorable Senador señor Insulza, propuso que para acotar la norma, se agregara la frase “con la firma del Ministro”, luego de la palabra “Requerir”.

El abogado asesor señor Muñoz, expresó que la mención al artículo 22 de la ley N° 19.974, tiene por finalidad delimitar sobre qué puede hacer uso el Ministro de Seguridad Pública respecto a la inteligencia policial. Asimismo, expresó que la frase “que sean necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones.”, es la misma redacción que utiliza el Ministerio de Defensa para solicitar información en estas materias a sus servicios de inteligencia militar.

A continuación, dio lectura al mencionado artículo 22, el cual prescribe que:

“Artículo 22.- La inteligencia policial es una función que corresponde exclusivamente a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 20.

Comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior.

La conducción de los servicios de inteligencia policial corresponde al mando de las instituciones de las cuales dependen.”.

El Honorable Senador señor Huenchumilla reiteró sus dudas en cuanto al contenido del literal, toda vez que a su juicio, la información debe ser reportada per se, al ahora Ministerio de Seguridad Pública, previniendo que la norma no sería necesaria.

El Subsecretario señor Vergara, apuntó a que precisamente es la razón por la cual en la norma se cita el artículo 22 de la ley N°19.974, ya que delimita que la inteligencia policial es exclusiva de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, por lo que en este caso, sostuvo que como serán instituciones que jerárquicamente van a depender del Ministerio de Seguridad Pública, lo que corresponde es que, a su juicio, la información pase por la superioridad jerárquica del Ministro o Ministra.

El Honorable Senador señor Huenchumilla precisó su duda, en cuanto consultó cómo se compatibilizan por una parte, la norma que señala que la información debe remitirse al Ministerio de Seguridad Pública, y por la otra, aquella que señala que dicha Cartera de Estado debe pedirla.

El Honorable Senador señor Ossandón, fue de la opinión que esta norma no debiese situarse en este proyecto de ley, sino que cabe dentro del nuevo sistema de inteligencia.

En una sesión posterior, el Ejecutivo presentó una nueva redacción para este literal:

“k. Requerir cualquier otra información a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio podrá solicitar información de carácter reservado o secreto, incluyendo documentos y antecedentes que digan relación con inteligencia policial en el marco del artículo 22 de la ley N°19.974, y que sean necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones.”.

El abogado asesor del Honorable Senador señor Ossandón, señor Ronald Von Der Weth, explicó que el artículo es muy amplio y no define lo que es la “planificación de sus funciones y atribuciones”. Agregó que el Ministerio podría solicitar cualquier tipo de información de carácter reservado o secreto, incluso aquella del artículo 25 de la ley N°20.000 en relación con los agentes reveladores o encubiertos. Asimismo, expresó que la norma no tiene ningún control interno o externo, conforme a la ley N°19.974, esto es, el control interno que corresponde al Director del servicio, y el externo que es atribución de la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados.

Por otra parte, afirmó que la norma en estudio no contiene ninguna sanción para el funcionario del Ministerio de Seguridad Pública que cometiere alguna infracción en relación con la información. De esta manera propuso que fuese la sanción establecida en el artículo 43 de la ley N°19.974.

Finalmente, arguyó que el poder solicitar cualquier tipo de información, incluso la relativa a los agentes reveladores o encubiertos, puede atentar en contra del orden democrático, debiendo ceñirse al artículo 38 de la ley N°19.974, que dice relación con los informes que puede solicitar el Ministro de Seguridad Pública.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Quintana, hizo presente la finalidad que tendrían las policías de acumular información sin poder proporcionarla al órgano encargado de la seguridad, por lo que lo consideró como una de sus obligaciones.

En tanto, el Honorable Senador señor Flores, en la misma línea, planteó que el objetivo de la inteligencia policial es también anticiparse a la comisión de delitos, por lo que a su entender, pierde sentido que la información se mantenga solo a nivel de las policías. Agregó que se trata de crear un órgano con el poder suficiente para establecer políticas públicas en materia de seguridad, el cual a su entender, debe tener la información a tiempo que le permita preparar y combatir las nuevas formas de delito. En definitiva, señaló compartir la idea de que el Ministerio de Seguridad Pública debe tener acceso a ese tipo de información.

El Honorable Senador señor Ossandón, expresó que debería establecerse un marco que no permita que se produzcan abusos con la utilización de la información.

El Honorable Senador señor Flores, indicó que la Contraloría General de la República no puede intervenir en la información calificada como secreta, cuando se trate de pertrecho, dotación o distribución, siendo uno de los problemas a resolver, según sostuvo.

El abogado asesor del Honorable Senador señor Quintana, señor Claudio Rodríguez, manifestó que la atribución en estudio debe interpretarse en consideración a la legislación actual. Agregó que, particularmente interpretando los artículos 39, 40 y 44 de la ley N°19.974, se puede llegar a la conclusión que si la Cámara de Diputados, el Senado, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, pueden solicitar a las policías antecedentes en calidad de secretos, es natural, a su entender, que también lo pueda hacer el futuro Ministerio de Seguridad Pública.

Precisó que el artículo 39 de la ley N°19.974 prescribe que los antecedentes se proporcionarán sólo por intermedio de los Ministros del Interior, de Defensa Nacional y del Director de la Agencia, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, o por medio de oficios reservados dirigidos al organismo competente, según el caso.

Por otra parte, en cuanto a la eventual sanción para el funcionario que filtre la información, sostuvo que el mismo artículo precedentemente citado, en su inciso final, dispone que: “Las autoridades y los funcionarios que hubieran tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso anterior, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios.”. Con todo, afirmó que según el artículo 40 de la misma ley, la obligación de guardar secreto regirá, además, para aquellos que, sin ser funcionarios de los organismos de inteligencia, tomaren conocimiento de las solicitudes para la ejecución de procedimientos especiales de obtención de información, de los antecedentes que las justifiquen y de las resoluciones judiciales que se dicten al efecto.

Finalmente, citó el artículo 44 que sanciona con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales a quien violare la obligación de guardar secreto establecida en el inciso segundo del artículo 39 y en el artículo 40.

La abogada de la Subsecretaría de Prevención del delito señora Cañas, manifestó coincidir con las argumentaciones vertidas por el señor Rodríguez. Arguyó que se está creando un Ministerio que va a elaborar la Política Nacional de Seguridad, el cual a su juicio, debe necesariamente poder requerir información de carácter reservado a las policías, respecto de las cuales ejerce el control civil.

A su entender, la norma es fundamental para el ejercicio pleno de las atribuciones de un Ministerio de esta naturaleza, que además tiene la tutela de las policías.

El Honorable Senador señor Insulza, se mostró conteste con lo expresado por la señora Cañas.

En un sentido contrario, el Honorable Senador señor Ossandón

El Honorable Senador señor Moreira, expresó su voto en contra, debido a la desconfianza que señaló, tiene en las autoridades del Gobierno.

En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Ossandón, afirmó que si bien se encuentra a favor que el Ministro tenga la información indicada, es de la idea de que deben establecerse resguardos para su utilización.

El Honorable Senador señor Flores

El Honorable Senador señor Insulza, opinó que este literal, tiene que ver con la atribución recaída en el Ministerio de Seguridad Pública, de poder solicitar antecedentes de carácter secreto o reservado. De esta manera, propuso agregar en la norma, la sanción que corresponda para el funcionario del Ministerio que infringiere la obligación de secreto.

El Honorable Senador señor Ossandón, criticó que se utilice el vocablo “información” y sugirió reemplazarlo por “informes”, toda vez que la primera denota cierta amplitud.

Asimismo, planteó que la norma se remitiera a la ley N°19.974 en general, y no solamente a su artículo 22.

Finalmente, consultó que la sanción al funcionario infractor, se asimilase a aquella establecida en el artículo 43 de la ley N° 19.974.

La abogada señora Cañas, si bien se mostró a favor de acoger las modificaciones plantadas, precisó que en cuanto a las sanciones para los funcionarios, si bien estas se aplican, el Código Penal también contiene otras que a su entender, son especialmente gravosas para aquellos funcionarios que incumplan su obligación de reserva.

En ese sentido, expuso que innovar en la aplicación de las sanciones, puede generar un problema de interpretación de la norma, haciéndola incluso menos gravosa. Por lo tanto, sugirió que esto se resuelva mediante la casuística que lleve a cabo el tribunal correspondiente.

El Honorable Senador señor Ossandón, hizo presente que en el informe que se solicite, no puedan estar los nombres de los agentes reveladores o encubiertos.

El Honorable Senador señor Insulza, solicitó se presentara una nueva propuesta de redacción para el literal k), que reuniese las consideraciones planteadas por Sus Señorías.

El Ejecutivo en una sesión posterior, presentó una nueva redacción para el nuevo literal k), cuyo texto es el que sigue:

“k. Requerir cualquier otra información a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

En ejercicio de esta atribución, el Ministerio podrá solicitar informes de carácter reservado o secreto, incluyendo aquellos que digan relación con inteligencia policial en el marco de la ley N°19.974, y que sean necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellos que contengan información cuya revelación, aún de manera reservada o secreta, afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso o pongan en riesgo la identidad de funcionarios o funcionarias que desempeñen labores en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la referida ley.

Las servidoras o servidores públicos del Ministerio, deberán guardar secreto de la información que conozcan en razón de su cargo. En caso de violación a este deber, serán sancionados con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo y la inhabilitación absoluta y temporal en su grado medio a perpetuo para ejercer cargos y oficios públicos.

Si se utilizara la información referida en el inciso anterior en beneficio propio o ajeno, en perjuicio de alguna persona, autoridad u organismo, o para ejercer presiones o amenazas, será sancionado con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo a máximo y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.”.

El Honorable Senador señor Insulza, consideró que las observaciones formuladas en el seno de la Comisión, especialmente aquellas expresadas por el Honorable Senador señor Ossandón, se encontraban recogidas en esta nueva redacción.

La Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señora Cañas, apuntó a que la nueva redacción persigue limitar la atribución referida a la petición de información de carácter reservado, de manera de establecer un resguardo tanto a los funcionarios como a la forma de solicitarla. En cuanto a esto último, señaló que se reemplaza la expresión “información” por “informes” y se agregan dos limitaciones: la primera cuando exista una investigación en curso y por otra parte, la divulgación de la identidad de los funcionarios y funcionarias que desempeñen labores de acuerdo al artículo 31 de la ley N°19.974, que según explicó refiere a materias de inteligencia.

Enseguida, aclaró que en cuanto a las sanciones, se solicitó que estas estuvieran detalladas en el artículo, por lo que tal sugerencia fue acogida por el Ejecutivo.

- Puesta en votación la letra k) de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Aravena y señores Insulza y Van Rysselberghe.

l. Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.”.

- Puesta en votación la letra l) del artículo 7° de la indicación número 1) sustitutiva, esta fue aprobada sin modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Huenchumilla, Insulza, y Ossandón.

Como consecuencia de los acuerdos anteriormente transcritos, se dieron por rechazadas, con la misma votación, las indicaciones número 28) a 30).

ARTÍCULO 8°.-

El proyecto de ley aprobado en general propone el siguiente artículo 8°:

“Artículo 8°.- El Ministerio de Seguridad Pública informará semestralmente a las comisiones encargadas de la seguridad pública del Senado y de la Cámara de Diputados, acerca de los avances en la implementación y los resultados parciales de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública y orden público, y de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia resguardo fronterizo, prevención, rehabilitación y reinserción social, dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública.”.

El Ejecutivo mediante la indicación número 1) sustitutiva, persigue reemplazarlo por el siguiente texto:

“Artículo 7°.- El Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana informará por escrito, semestralmente, a las comisiones encargadas de la seguridad del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, acerca de los desafíos en las materias de la cartera, de los avances en la implementación y los resultados de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad, orden público, prevención del delito y convivencia ciudadana, atención y asistencia a víctimas y reinserción, así como de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos en materia de prevención y reinserción social, dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

Lo anterior, será sin perjuicio de la facultad de las comisiones de ambas Cámaras de citar a una sesión especial para los fines señalados en el inciso precedente.”.

A propósito de este artículo se presentó la indicación número 31) del Honorable Senador señor Ossandón, que persigue sustituir la frase “en materia de seguridad pública y orden público”, por la siguiente: “en la Política Nacional de Seguridad Pública y en el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Seguridad Pública Integral”.

El Ejecutivo, posteriormente, presentó un texto modificatorio de la indicación formulada, cuyo texto es el que consta a continuación:

“Artículo 8°.- El Ministerio de Seguridad Pública informará por escrito, semestralmente, a las comisiones encargadas de la seguridad del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, acerca de los desafíos en las materias de la cartera, de los avances en la implementación y los resultados de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, protección de las personas, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos, dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

Lo anterior será sin perjuicio de la facultad de las comisiones de ambas Cámaras de citar a una sesión especial y conjunta para los fines señalados en el inciso precedente.”

La Secretaría sugirió que las Comisiones relativas a seguridad de las Cámaras, se denominen por Comisión de Seguridad Pública, en el caso del Senado y Comisión de Seguridad Ciudadana en lo relativo a la Cámara de Diputados, como está establecido en sus respectivos reglamentos.

El Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara, acotó que el sentido de la modificación del texto propuesto originalmente como indicación, es recoger aquellas propuestas presentadas por los Honorables Senadores para este artículo, evaluando su pertinencia y coherencia con la enmienda formulada originalmente por el Gobierno.

-Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto al artículo 8° del proyecto de ley, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

-La indicación número 31), en tanto, fue retirada por su autor.

° ° °

En una sesión posterior, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanovic y Ossandón, acordó reabrir el debate respecto de este artículo 8°.

Reabierto el debate, el Ejecutivo suscribió una propuesta inspirada en la indicación 23 bis que reemplaza el artículo 8° por el siguiente:

“Artículo 8°.- El Ministerio de Seguridad Pública informará por escrito, semestralmente, a las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados encargadas de la seguridad, acerca de los desafíos en las materias de esa Secretaría de Estado, de los avances en la implementación y los resultados de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, protección de las personas, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos, dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

La información dispuesta en el inciso precedente deberá referirse especialmente a los estados de avance, cuentas y resultados, según corresponda, de todos los planes y programas desarrollados por el Ministerio y los organismos bajo su dependencia para los efectos de prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas, de acuerdo a lo dispuesto en el literal e) del artículo 5°.

Lo anterior será sin perjuicio de la facultad de las comisiones de ambas Cámaras de citar a una sesión especial y conjunta para los fines señalados en el inciso precedente.”.

Puesta en votación, esta propuesta del Ejecutivo fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast y Ossandón.

ARTÍCULO 9°.-

El proyecto de ley aprobado en general, contiene la siguiente propuesta de artículo 9°:

“Artículo 9°.- El Ministro de Seguridad Pública, el Subsecretario de Seguridad Pública, los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales, según corresponda, podrán deducir querella en las siguientes situaciones:

a.Cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie.

En caso alguno podrán considerarse comprendidos en este literal las faltas, los cuasidelitos, los delitos de acción privada, ni los incluidos en los Párrafos 2 y 5 del Título III; Párrafos 5, 7 y 8 del Título IV; Párrafos 2 bis, 3, 5 y 7 del Título VI; todos los del Título VII, salvo los de los Párrafos 5 y 6; los de los Párrafos 2, 4, 6 y 7 del Título VIII; los de los Párrafos 7 y 8 del Título IX, y los del Título X, todos del Libro segundo del Código Penal.

b.Cuando se trate de los delitos contemplados en las leyes N° 19.327, sobre prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y en el decreto Nº400 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº17.798, sobre control de armas.”.

El Honorable Senador señor Pugh con la indicación número 32), pretende incorporar, a continuación de la expresión “se trate”, la siguiente frase: “de delitos cometidos con ocasión de espectáculos masivos, sean estos deportivos, culturales, de entretenimiento o de otra índole, y”.

El asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito señor Muñoz, aclaró que en la indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo presentada originalmente, no se incluyen modificaciones tanto al artículo 9° como al 10 del proyecto de ley aprobado en general. Explicó que la razón se debe a la necesidad de realizar una reordenación del articulado que dé mayor claridad respecto del Ministerio de Seguridad Pública, yendo desde lo general a lo particular. De esta manera, expresó que estas materias se consideran para el final del proyecto de ley.

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En definitiva, la Comisión decidió reformular las ideas contenidos de los artículos 9° y 10° aprobados en general en otros preceptos que forman parte de la indicación número 1), que sustituyó enteramente el artículo primero de esta iniciativa.

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Artículo nuevo

Con la indicación número 33) del Honorable Senador señor Pugh, persigue incorporar, a continuación del artículo 10, el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo …. En el ejercicio de las funciones y atribuciones que le encomienda la ley, así como en cualquier otra labor necesaria para su adecuado funcionamiento, el Ministerio de Seguridad Pública deberá considerar la interoperabilidad digital, asegurando la trazabilidad e integridad de la información que permita integrar la infraestructura de datos del Estado, minimizando así la pérdida, alteración o modificación de la información, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 21.180, sobre transformación digital del Estado.”.

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Artículo nuevo

El Honorable Senador señor Pugh, con la indicación número 34), busca incorporar, a continuación del artículo 10, el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo …. El Ministerio de Seguridad Pública como órgano rector en materias de seguridad pública y seguridad multidimensional, tanto a nivel nacional, regional y comunal, será la autoridad responsable de la acreditación de seguridad de todas las personas que por la naturaleza de sus funciones accedan a datos o información sensible o secreta en cualquiera de sus formas, procediendo las sanciones administrativas y penales que procedan en caso de incumplimiento del resguardo de su debido secreto.”.

En tanto, y a raíz de la estructura y contenidos acordados respecto de esta iniciativa legal, las indicaciones números 32) a 34), fueron rechazadas, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

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ARTÍCULO 11.-

El artículo 11 que da inicio al Párrafo III denominado “De los Consejos de Seguridad Pública” aprobado en general, desarrolla lo referido a los Consejos de Seguridad Pública. Su texto es el siguiente:

“Artículo 11. Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el Ministro de Seguridad Pública e integrado por el Ministro del Interior; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Defensa Nacional; el Ministro de Hacienda; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos; el Ministro de Economía, Fomento y Turismo; el General Director de Carabineros de Chile; el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el Director Nacional de Gendarmería, y los presidentes de las asociaciones de municipalidades que se defina pertinente invitar.

El Subsecretario de Seguridad Pública actuará como Secretario del Consejo.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministro de Seguridad Pública en la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Igualmente, el Consejo tendrá como objetivo procurar la coordinación de sus integrantes y el fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del ministerio, a través de propuestas técnicas y de su acción mancomunada. Para estos efectos, podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos.”.

El Ejecutivo, mediante la indicación número 1) sustitutiva, pretende reemplazar íntegramente el artículo, manteniendo la denominación del Párrafo III. El texto propuesto es el siguiente:

“Párrafo III De los Consejos de Seguridad Pública

Artículo 8º.- Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana e integrado por el Ministro o la Ministra del Interior; el Ministro o la Ministra de Defensa Nacional; el Ministro o la Ministra de Hacienda; el Ministro o la Ministra de Justicia y Derechos Humanos; el Ministro o la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género; un o una representante de la Corte Suprema designado por ésta; el o la Fiscal Nacional del Ministerio Público; el Defensor o la Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública; el Director o la Directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y un o una representante de las municipalidades que será designado por éstas.

Un Subsecretario o Subsecretaria designado al efecto por el Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana actuará como Secretario o Secretaria del Consejo, levantando acta de las reuniones.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

Igualmente, el Consejo tendrá como objetivo procurar la coordinación de los organismos que lo conforman y el fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del Ministerio, a través de propuestas técnicas y de su acción mancomunada. Para estos efectos, podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos, autoridades nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

Un reglamento expedido por el Ministerio determinará la estructura, competencias, convocatorias, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento del Consejo Nacional, así como de los Consejos Regionales.”.

La indicación número 35) del Honorable Senador señor Ossandón, persigue en el inciso primero del artículo 11 aprobado en general, agregar, a continuación de la expresión “el Director Nacional de Gendarmería,”, lo siguiente: “ el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; el Director Nacional de Aeronáutica Civil; el Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas”.

La segunda enmienda, formulada por el Honorable Senador señor Pugh, signada como indicación número 36), pretende agregar en el inciso final, a continuación de la expresión “públicos”, lo siguiente: “y de la academia”.

No obstante, el Ejecutivo al momento de iniciarse la discusión, formuló ciertas adecuaciones a la indicación presentada originalmente, lo que se plasmó en el texto que sigue a continuación:

“Artículo 9º.- Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el Ministro o Ministra de Seguridad Pública e integrado por el Ministro o Ministra del Interior, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; el Subsecretario o Subsecretaria de la Subsecretaría de Seguridad Pública, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de la Subsecretaría de Justicia; un o una representante de la Corte Suprema designado por esta; el o la Fiscal Nacional del Ministerio Público; el Defensor o Defensora Nacional Penal Pública; el o la General Director de Carabineros de Chile; el Director o la Directora General de la Policía de Investigaciones de Chile y de Territorio Marítimo y de Marina Mercante; de Gendarmería de Chile, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y el Presidente o la Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Un Subsecretario o Subsecretaria designado al efecto por el Ministro o la Ministra de Seguridad Pública actuará como Secretario o Secretaria del Consejo, levantando acta de las reuniones.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministro o la Ministra de Seguridad Pública en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública, protección de las personas y Convivencia Ciudadana.

Asimismo, el Consejo constituirá una instancia de coordinación del Sistema establecido en el artículo 2° y de fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del Ministerio, a través de propuestas técnicas y de su acción mancomunada. Para estos efectos, podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos, autoridades nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

El Reglamento referido en el artículo 2° determinará la estructura, competencias, convocatorias, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento del Consejo Nacional.”.

Al comenzar el análisis de la indicación del Ejecutivo en esta parte, el Honorable Senador señor Moreira, expresó que en el inciso primero, en cuanto a la integración del Consejo, si bien está el Ministro de Hacienda y el Servicio Nacional de Aduanas, debiese incluirse también al Servicio de Impuestos Internos.

A su turno, el Honorable Senador señor Ossandón, comentó que debiese reemplazarse el Ministerio de Hacienda por el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, expresó que el Ministerio de la Mujer no debiese integrar el referido Consejo, y a su vez, que debiese incluirse a DIRECTEMAR y al Servicio Nacional de Aduanas.

Particularmente, en el caso de DIRECTEMAR, comentó que su importancia radica en que tiene gran importancia en el combate al narcotráfico que se desarrolla en territorio marítimo.

El Honorable Senador señor Insulza se detuvo en que debiese analizarse con mayor detención qué Ministerios integrarían este Consejo.

El Honorable Senador señor Ossandón, expresó que debiese precisarse más que el Ministro de cada Cartera, el Director o Jefe de Servicio dependiente a cargo. Cuestionó, en ese contexto, la incorporación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, por cuanto consideró que las víctimas no son solo mujeres.

En otra línea, el Honorable Senador señor Insulza, estimó que la designación de los integrantes debiese ser por cargo, y no remitirse a un determinado Ministerio. A su vez, fue partidario de que se incluya al Director del Servicio Nacional de Aduanas.

El Subsecretario de Prevención del Delito señor Vergara, acotó que si bien en un principio se consideró incluir solamente a los jefes de Cartera, fue de la opinión de acoger la propuesta de los Honorables Senadores e incorporar como integrante al Director del Servicio de Impuestos Internos.

En cuanto al inciso segundo, el Honorable Senador señor Quintana propuso que el Secretario del Consejo sea de designación del Ministro de Seguridad Pública.

La Secretaría hizo presente que en el proyecto de ley aprobado en general, se propone que el Secretario del Consejo sea el Subsecretario de Seguridad Pública.

El señor Vergara aclaró que hasta ahora dicho cargo ha recaído en el Subsecretario de Prevención del Delito por ser quién maneja de mejor manera la información que se requiere. Por tal razón, manifestó no tener inconvenientes en que el artículo sea aprobado con esa modificación.

En cuanto a la indicación número 35) del Honorable Senador señor Ossandón, hubo acuerdo de incorporar al Director del Servicio Nacional de Aduanas y al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, no así al Director General de Aeronáutica Civil.

-Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo respecto del artículo 9° propuesto, esta fue aprobada con las modificaciones señaladas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

-La indicación número 35) fue retirada por su autor.

-Asimismo, la indicación número 36) del Honorable Senador señor Pugh también fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

° ° °

En una sesión posterior, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanonovic y Ossandón, acordó reabrir el debate respecto de este artículo 11 aprobado en general, que ha pasado a ser artículo 9°, sobre composición del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Reabierto el debate, la Comisión consideró una proposición suscrita por el Ejecutivo que incorpora al mencionado Consejo Nacional a los Presidentes de la comisiones de Seguridad Pública de ambas Cámaras del Congreso Nacional, y a un representante de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanovic y Ossandón.

° ° °

ARTÍCULO 12.-

El proyecto de ley aprobado en general propone el siguiente artículo:

“Artículo 12. El Consejo sesionará, al menos, una vez por semestre. Asimismo, al menos una vez al año, deberá oír a los

representantes de la sociedad civil en la forma que determine el Consejo.”

La indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo, persigue reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 10.- El Consejo sesionará, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez por semestre, deberá oír a los o las representantes de la sociedad civil, en la forma que determine el reglamento.”.

Por su parte, el Honorable Senador señor Ossandón, mediante la indicación número 37), busca remplazar la frase “una vez por semestre” por la palabra “cuatrimestralmente”.

El Honorable Senador señor Pugh, con la indicación número 38), persigue sustituir la expresión “una vez por semestre”, por la palabra “trimestralmente”.

El Ejecutivo, como se ha venido suscitando, presentó una nueva redacción de su indicación ya formulada, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 9º.- El Consejo sesionará, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año deberá oír a los o las representantes de la sociedad civil, en la forma que determine el reglamento.”.

La Comisión acordó aprobar el artículo propuesto en esta ocasión por el Ejecutivo, en sus mismos términos. A su vez, el Honorable Senador señor Ossandón, se manifestó de acuerdo con retirar la indicación número 37).

-Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 10 propuesto, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

-La indicación número 37) fue retirada por su autor.

-En tanto la indicación número 38) del Honorable Senador señor Pugh fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

ARTÍCULO 13.-

El proyecto de ley aprobado en general por el Senado, propone el siguiente artículo:

“Artículo 13. En el primer trimestre de cada año, la Dirección de Presupuestos deberá enviar un informe al Consejo con el detalle de la ejecución presupuestaria de cada órgano del Estado que realice gastos en materias de seguridad pública, del presupuesto del año anterior.

Una resolución expedida por el Ministerio de Seguridad Pública suscrita, además, por el Director de Presupuestos, determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir esta información.”.

La indicación sustitutiva número 1) del Ejecutivo, propone reemplazar dicho artículo por el siguiente:

“Artículo 10.- En el primer trimestre de cada año, la Dirección de Presupuestos deberá enviar un informe al Consejo con el detalle de la ejecución presupuestaria de cada órgano del Estado que realice gastos en materias de seguridad pública, del presupuesto del año anterior.

Una resolución expedida por el Ministerio de Seguridad Pública suscrita, además, por el Director o Directora de Presupuestos, determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir esta información.”

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 10 propuesto, que pasa a ser artículo 11, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

ARTÍCULO 14.-

El proyecto de ley aprobado en general, propone el siguiente artículo 14:

“Artículo 14. El Consejo contará con comisiones técnicas, definidas por el secretario de esta instancia.

Los miembros del Consejo que integrarán estas comisiones técnicas serán definidos por éste anualmente y sesionarán en la forma y con la periodicidad que éste determine.”.

El Ejecutivo, mediante su indicación número 1) sustitutiva, persigue reemplazar el artículo por el siguiente:

“Artículo 11.- El Consejo contará con comisiones técnicas, definidas por el Secretario o Secretaria de esta instancia.

Los miembros del Consejo que integrarán estas comisiones técnicas serán definidos por este anualmente y sesionarán en la forma y con la periodicidad que determine el reglamento.”

De esta manera, la única variación con respecto a la norma aprobada en general, es que en el inciso segundo remite la forma y periodicidad de las sesiones a un reglamento, a diferencia de la propuesta aprobada en general, que entrega al mismo Consejo tal decisión.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 11 propuesto, que pasa a ser artículo 12, esta fue aprobada sin modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

ARTÍCULO 15.-

El artículo 15 del proyecto de ley aprobado en general, contiene la siguiente redacción:

“Artículo 15. En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el delegado presidencial regional e integrado por el gobernador regional, los delegados presidenciales provinciales, los alcaldes de los municipios de la región, el Secretario Regional Ministerial de Seguridad Pública, el Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, el Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, el Jefe de Zona de Carabineros de Chile, el Jefe de Región Policial de la Policía de Investigaciones de Chile, el Director Regional de Gendarmería de Chile y un representante que designe el ministro respectivo de los ministerios de Hacienda y Defensa Nacional.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al delegado presidencial regional en la implementación y coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a nivel regional, provincial y comunal, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública. Para estos efectos, el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre y contará con una secretaría ejecutiva a cargo del Secretario Regional Ministerial de Seguridad Pública. El Secretario Ejecutivo levantará acta de las sesiones del Consejo.”.

La indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo, en esta parte, persigue reemplazar el artículo 15, por el siguiente artículo 12:

“Artículo 12.- En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el Secretario o la Secretaria Regional Ministerial de Seguridad Pública e integrado por el gobernador o la gobernadora regional, los alcaldes o las alcaldesas de los municipios de la región, un o una representante del Ministerio del Interior, un o una representante del Ministerio de Hacienda, el Secretario o la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género y el Secretario o la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesor del Secretario o la Secretaria Regional Ministerial de Seguridad Pública en la implementación y coordinación de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana a nivel regional, provincial y comunal, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública. Para estos efectos, el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otras autoridades regionales, funcionarios públicos o representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

Al Consejo Regional le corresponderá, además, por intermedio de la Secretaría, mantener una coordinación con los consejos comunales de seguridad pública de la región respectiva, debiendo considerar la información, antecedentes y estadísticas que este le provea.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año, deberá oír a los representantes de la sociedad civil en la forma que determine el reglamento al que hace referencia el artículo siguiente.

En el mismo reglamento mencionado en el inciso final del artículo 9, se determinará la estructura, competencias, convocatorias, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento de los Consejos Regionales.”.

El Honorable Senador señor Moreira consultó si debiese también estar el delegado presidencial regional. En la misma línea estuvo el Honorable Senador señor Ossandón, por cuanto a su juicio, el Consejo debiese estar presidido por alguien con directa relación con el Presidente de la República.

El Honorable Senador señor Moreira señaló que el Gobierno en su campaña propuso eliminar el cargo de delegado presidencial para darle mayores atribuciones a los gobernadores. Sin embargo, a su parecer, debe haber un representante del Ejecutivo de mayor peso.

El Honorable Senador señor Quintana opinó también que debiese existir un representante del Ejecutivo en la región, asegurando que no existe aún ninguna incitativa que tenga por finalidad eliminar el cargo de delegado presidencial. Por otra parte, sugirió que el secretario del Consejo Regional, tal y como es el Subsecretario de Prevención del Delito a nivel nacional, sea el Seremi de Prevención del Delito, al nivel regional.

Por su parte, el asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señor Rodrigo Muñoz, hizo presente que quien preside el Consejo Nacional es el Ministro de Seguridad Pública, por lo que en consecuencia, debiese ser el Seremi de la misma Cartera, quien ostente el mismo cargo a nivel regional.

-La indicación número 39) fue retirada por su autor.

Posteriormente, El Ejecutivo al enmendar la indicación número 1) sustitutiva, incorporó un nuevo artículo 14 no contemplado originalmente en dicha propuesta, que refiere a los Consejos Comunales de Seguridad Pública, los cuales tampoco fueron incluidos en el proyecto de ley aprobado en general. El artículo es del siguiente tenor: “Artículo 14.- Los Consejos Comunales de Seguridad Pública, regulados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, serán la instancia de coordinación, a nivel comunal, del sistema establecido en el artículo 2° y se regirán, en cuanto a su integración, organización y funcionamiento, por las normas allí dispuestas.”.

-Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 14 propuesto, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

° ° °

En una sesión posterior, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanovic y Ossandón, acordó reabrir el debate respecto del Consejo Regional de Seguridad Pública que formará parte de la estructura regional del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Reabierto el debate, la Comisión debatió la indicación 38 ter, del Ejecutivo, del siguiente tenor:

“38 ter.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 15.-. En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, dirigido por el Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública e integrado por:

1.El delegado o la delegada presidencial regional.

2.El gobernador o la gobernadora regional.

3.Los alcaldes o las alcaldesas de los municipios de la región.

4.Un o una representante del Ministerio de Defensa.

5.Un o una representante del Ministerio de Hacienda, si así se considera necesario.

6.Los Secretarios o Secretarias Regionales Ministeriales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente.

7.Un o una representante de la Corte de Apelaciones respectiva, designado por esta.

8.El o la Fiscal Regional del Ministerio Público.

9.El Defensor o la Defensora Regional de la Defensoría Penal Pública.

10.La o el Jefe de Zona de Carabineros de Chile o, las o los Jefes de Zona, en su caso.

11.La o el Jefe de Región Policial de la Policía de Investigaciones de Chile con competencia sobre la región.

12.Los Directores o Directoras Regionales de Gendarmería de Chile, del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

13.La o el Gobernador Marítimo, o las o los Gobernadores Martítimos, cuando corresponda.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesor del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública en la implementación y coordinación de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana en los diversos niveles establecidos en el artículo 2, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública. Para estos efectos, el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otras autoridades regionales, funcionarios públicos o representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

Asimismo, será una instancia de coordinación a nivel regional del Sistema establecido en el artículo 2°. Por intermedio del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectiva, deberá mantener una permanente comunicación con los consejos comunales de seguridad pública de la región y el resto de los integrantes del Sistema y considerar la información, antecedentes y estadísticas que estos consejos les provean.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año deberá oír a representantes de la sociedad civil.

En el reglamento mencionado en el inciso final del artículo 2° se determinará la convocatoria, quórum, forma en que se oirá a los representantes de la sociedad civil y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para el adecuado funcionamiento de los Consejos Regionales.”.

En definitiva, esta indicación 38 ter fue aprobada, con modificaciones; por cuatro votos a favor y uno en contra.

Votaron a favor, los Honorables Senadores señores Flores, Kast, Kusanovic y Ossandón.

Votó en contra la Honorable Senadora señora Vodanovic

A este artículo 15 se presentaron, además las indicaciones 38 bis y 38 quáter, ambas del Honorable Senador señor Ossandón.

La primera propone suprimir el artículo 15.

La segunda es del siguiente tenor:

“Del Honorable Senador señor Ossandón para reemplazar la frase “En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el delegado presidencial regional” por la siguiente: “En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el delegado presidencial regional o la autoridad que en el futuro lo reemplace".

En definitiva, el autor de estas indicaciones las retiró.

ARTÍCULO 16.-

El proyecto de ley aprobado en general, consulta el siguiente artículo 16 que da comienzo al Párrafo IV, denominado Organización Interna del Ministerio:

“Artículo 16. El Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, se desconcentrará mediante secretarías regionales ministeriales de Seguridad Pública, las que dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.”.

En tanto, el Ejecutivo a través de la indicación número 1) sustitutiva, propone reemplazarlo íntegramente por el siguiente, sin enmendar el nombre del Párrafo:

“Artículo 13.- El Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, se desconcentrará territorialmente mediante secretarías regionales ministeriales de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, las que dependerán del Ministro o Ministra, mediante la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.”.

El Subsecretario señor Vergara, atendido el nombre que se acordó para el Ministerio, solicitó se tenga por eliminada la frase “y Convivencia Ciudadana”.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 16, esta fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

° ° °

En una sesión posterior, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanonovic y Ossandón, acordó reabrir el debate respecto de la organización interna del nuevo Ministerio.

Reabierto el debate, la Comisión consideró la indicación 39 bis, del Ejecutivo, para modificar el artículo en discusión en el siguiente sentido:

“a) Reemplázase la expresión “secretarías regionales ministeriales de Seguridad Pública”, por la expresión “los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública”.

b) Reemplázase la expresión “las que dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito” por la expresión “las que estarán a bajo la dirección del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública, quien será el o la representante del Ministerio en la región y dependerá jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Seguridad Pública. En todo lo que no sea contradictorio con la presente ley, se le aplicarán las disposiciones que regulan la organización y atribuciones de las secretarías regionales ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones”.

En definitiva, esta indicación 39 bis fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanovic y Ossandón.

El texto aprobado corresponde al nuevo artículo 15, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 15.- El Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, se desconcentrará territorialmente mediante los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública, quienes serán los o las representantes del Ministerio en la Región y dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En todo lo que no sea contradictorio con la presente ley, se les aplicarán las disposiciones que regulan la organización y atribuciones de las secretarías regionales ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones.”.

ARTÍCULO 17.-

El artículo 17 del proyecto de ley aprobado en general contiene la siguiente redacción:

“Artículo 17. El Ministro de Seguridad Pública será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República y será responsable de la conducción del Ministerio en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél le imparta. La conducción política del Ministerio estará a cargo del Ministro conforme dichas instrucciones.

Será subrogado por el Subsecretario de Seguridad Pública, y a falta de éste, por el Subsecretario de Prevención del Delito, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República de nombrar como subrogante a otro Secretario de Estado.

Cada subsecretario será el jefe superior del Servicio en su respectiva subsecretaría y le corresponderá desempeñar las demás funciones establecidas en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 119.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la demás normativa aplicable. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública la administración y servicio interno del Ministerio.

Asimismo, los subsecretarios deberán efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro del cumplimiento de sus funciones.”.

Por su parte, el Ejecutivo a través de la indicación número 1) sustitutiva, busca reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 14.- El Ministro de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República y será responsable de la conducción del Ministerio en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél le imparta. La conducción política del Ministerio estará a cargo del Ministro conforme dichas instrucciones.

El Ministro o la Ministra será subrogado por el o la Subsecretaria de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y a falta de éste, por el Subsecretario de Prevención del Delito, sin perjuicio de la facultad del Presidente o la Presidenta de la República de nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.

Cada subsecretario o subsecretaria será el jefe superior del Servicio en su respectiva subsecretaría y le corresponderá desempeñar las demás funciones establecidas en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la demás normativa aplicable. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública la administración y servicio interno del Ministerio.

Asimismo, los y las subsecretarias deberán efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro del cumplimiento de sus funciones.”.

En el mismo sentido del artículo precedente, el Subsecretario señor Vergara, atendido el nombre que se acordó para el Ministerio, solicitó se tenga por eliminada la frase “y Convivencia Ciudadana”

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 17, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

ARTÍCULO 18.-

El proyecto de ley aprobado en general, contiene un artículo 18, referido al reglamento que definirá la estructura funcional de las subsecretarías del Ministerio de Seguridad Pública. El texto en referencia es el siguiente:

“Artículo 18. Un reglamento expedido a través del Ministerio determinará su estructura y de las subsecretarías, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En dicha estructura se deberán considerar las unidades funcionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del Ministerio, tales como el combate al crimen organizado, la gestión y modernización de las policías, la coordinación y gestión territorial, la seguridad pública y los análisis y estudios en materias de su competencia.”

El Ejecutivo con la indicación número 1) sustitutiva, busca reemplazar dicho artículo por el siguiente, que suprime la última parte del precepto:

“Artículo 15.- Un reglamento expedido a través de este Ministerio determinará su estructura y la de las subsecretarías, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley Nº 119.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En dicha estructura se deberán considerar las unidades funcionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del Ministerio.”.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 18, esta fue aprobada sin modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

ARTÍCULO 19.-

Este artículo del proyecto de ley aprobado en general, da inicio al Título II De la Subsecretaría de Seguridad Pública. Su texto es el que sigue:

“Artículo 19. La Subsecretaría de Seguridad Pública es el órgano de colaboración inmediata del Ministro en materia de seguridad pública, prevención del terrorismo, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones que el Ministro le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquél le encargue.

En virtud de la relación de dependencia que tienen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, respecto del Ministerio, esta Subsecretaría ejercerá también todas las atribuciones de la cartera ministerial relativas a estas instituciones, previa delegación del Ministro.”.

La indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo en esta parte, persigue, modificar la denominación del Título a “De la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”. Junto con ello, busca reemplazar el artículo 19 propuesto por el que sigue:

“Artículo 16.- La Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o de la Ministra en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas relativas a la seguridad pública, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo, sin perjuicio del ejercicio de otras atribuciones que el Ministro o la Ministra le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquél o aquella le encargue.”.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 19, esta fue aprobada sin modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

En una sesión posterior, el Ejecutivo presentó una nueva redacción para esta indicación, por lo que la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores García, Huenchumilla, Insulza y Ossandón, acordaron reabrir el debate en este punto, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 125 del Reglamento del Senado.

La nueva redacción propuesta es la siguiente:

“Artículo 18.- La Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o la Ministra en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas relativas al resguardo, promoción y mantención de la seguridad pública, la protección de las personas, el orden público, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo, sin perjuicio del ejercicio de otras atribuciones que el Ministro o la Ministra le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquel o aquella le encargue. Asimismo, deberá ejercer aquellas funciones y atribuciones que le corresponden al Ministerio, respecto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.”

El Honorable Senador señor Insulza, señaló que no obstante estar de acuerdo con el artículo, pidió al Ejecutivo revisar el nombre de la Subsecretaría, para ver la posibilidad de simplificarlo.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 19, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Quintana.

ARTÍCULO 20.-

El proyecto de ley aprobado en general en este artículo, propone las funciones que tendrá la Subsecretaría de Seguridad Pública, de la forma que sigue:

“Artículo 20.- Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública:

a.Colaborar en la coordinación de las acciones de los Ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con la seguridad pública, respecto de dicha materia.

b.Efectuar análisis con carácter multidimensional, en coordinación con los demás órganos de la Administración del Estado, sobre los desafíos y riesgos en materia de seguridad pública. Para estos efectos se podrán adoptar coordinadamente, las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este literal.

c.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas dentro del ámbito de sus competencias.

d.Asesorar al Ministro de Seguridad Pública en lo relativo a la formulación de planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con los espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, y en particular, mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

e.Diseñar y evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios en materias de resguardo fronterizo. Lo anterior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, dentro del ámbito de sus competencias.

f.Vincularse con la Agencia Nacional de Inteligencia, pudiendo requerir información a dicha institución, en el ámbito de sus competencias.

g.Supervigilar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, especialmente en lo estratégico, operativo, administrativo, financiero y disciplinario; velando por un enfoque de derechos humanos y género en el desarrollo de la función policial, para un adecuado cumplimiento de las funciones que les caben en materia de prevención de peligros de las personas, control y fiscalización del cumplimiento del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de órdenes judiciales y aquellas asociadas a la investigación de delitos.

h.Asesorar al Ministro de Seguridad Pública en todas las materias relativas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

i.Elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias. En las comisiones de servicio al extranjero, se deberá observar lo previsto en el artículo 77 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo y el artículo 14 N° 13 de la ley N° 21.080.

j.Supervigilar el cumplimiento de los planes de formación educacional que se dicten en las Fuerzas de Orden y Seguridad. Para este efecto, deberá promover una cultura de aseguramiento de la calidad y la permanente actualización de los planes y programas de estudio y de los medios de acceso al conocimiento.

k.Controlar la ejecución presupuestaria, las inversiones y, en general, todos los aspectos financieros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública remitirán informe detallado periódica y directamente a la Subsecretaría.

l.Estudiar el financiamiento de los proyectos de adquisición e inversión para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

m.Supervigilar las políticas de personal de estas instituciones.

n.Ejercer las competencias del Ministerio respecto de la seguridad privada, generando un sistema de evaluación constante sobre los obligados a contar con seguridad privada, tanto de vigilantes como guardias privados, y las personas naturales o jurídicas que capaciten a dichos vigilantes o guardias. Deberá coordinarse para estos efectos con Carabineros de Chile, la Dirección General de Territorio Marítimo y Mercante y la Dirección General de Aeronáutica Civil para ejercer una fiscalización permanente sobre los servicios de seguridad privada.

o.Las demás atribuciones que la ley le encomiende.”.

La indicación número 1) sustitutiva del Ejecutivo, en esta parte, persigue reemplazar íntegramente el artículo por el siguiente:

“Artículo 17.- Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública:

a.Colaborar en la coordinación de las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con la seguridad pública.

b.Proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, normas, planes y programas en el ámbito de la seguridad pública, el crimen organizado y el mantenimiento del orden público.

c.Efectuar análisis en coordinación con los demás órganos de la Administración del Estado, sobre los desafíos y riesgos en materia de seguridad pública. Para estos efectos podrá adoptar todas las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este literal.

d.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas dentro del ámbito de sus competencias.

e.Diseñar y evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios en materias de resguardo fronterizo. Lo anterior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, dentro del ámbito de sus competencias.

f.Relacionarse con la Agencia Nacional de Inteligencia. El Ministerio podrá requerir información a la Agencia, la que estará obligada a entregarla.

g.Controlar y ejercer la supervigilancia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos estratégico, operativo, administrativo, financiero y disciplinario; velando por la aplicación del enfoque de derechos humanos y género en el desarrollo de la función policial, para un adecuado cumplimiento de las funciones que les caben en materia de prevención de peligros de las personas, control y fiscalización del cumplimiento del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de órdenes judiciales y aquellas asociadas a la investigación de delitos.

En el ejercicio de esta función, la Subsecretaría podrá instruir a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública objetivos específicos, desarrollo estratégico y gestión operativa en el resguardo de la seguridad y orden público; prevenir y controlar cualquier abuso de la fuerza contra los ciudadanos; regular y controlar el uso de tecnologías de parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones que la Constitución Política de la República, la ley N° 19.640, el Código Procesal Penal y las demás leyes le asignen al Ministerio Público.

h.Asesorar al Ministro o a la Ministra de Seguridad Pública en todas las materias relativas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

i.Elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias.

j.Asesorar al Ministro o Ministra sobre el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, para que sean consideradas por éste en el ejercicio de sus funciones en esta materia.

k.Supervigilar el cumplimiento de los planes y programas de formación educacional que se dicten en las Fuerzas de Orden y Seguridad. Para este efecto, deberá promover una cultura de aseguramiento de la calidad y la permanente actualización de los planes y programas de estudio y de los medios de acceso al conocimiento.

l.Controlar la ejecución presupuestaria, las inversiones y, en general, todos los aspectos financieros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública remitirán, de manera trimestral, un informe detallado periódica y directamente a la Subsecretaría.

m.Analizar, visar y aprobar el financiamiento de los proyectos de adquisición e inversión para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, sin perjuicio de los demás procedimientos y autorizaciones que exija la normativa vigente.

n.Supervigilar las políticas de personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

o.Ejercer las atribuciones del Ministerio respecto de la seguridad privada, generando un sistema de evaluación constante sobre los obligados a contar con seguridad privada; sobre los vigilantes, guardias privados y demás personas naturales que ejerzan funciones en esta materia, de acuerdo a la ley; así como sobre las personas naturales o jurídicas que los capaciten. Para estos efectos, deberá coordinarse con Carabineros de Chile, la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante y la Dirección General de Aeronáutica Civil para ejercer una fiscalización permanente sobre los servicios de seguridad privada.

p.Mantener actualizado el registro especial establecido por el Título V de la ley Nº 20.000.

q.Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.”.

En cuanto a las indicaciones parlamentarias a este artículo, el Honorable Senador señor Pugh, mediante la indicación número 40), tiene el propósito de incorporar en la letra d) del artículo 20 aprobado en general, a continuación de la palabra “relacionados”, lo siguiente: “con espectáculos masivos, sean estos deportivos, culturales, de entretenimiento o de otra índole, y”.

El Honorable Senador señor Insulza, con la indicación número 41), persigue agregar la siguiente frase final en la letra k): “Estará también sometido a este control el personal civil adscrito a la Subsecretaría de Seguridad Pública por las instituciones respectivas.”.

Con la indicación número 42), el Honorable Senador señor Pugh, busca agregar en la letra l), a continuación de la palabra “Pública”, la siguiente frase: “, procurando que las adquisiciones obedezcan a criterios de estandarización y a las realidades del servicio.”.

En lo que refiere a la indicación del Ejecutivo, la Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señora Cañas, propuso actualizarla, con el propósito de adecuarla a todas las enmiendas ya aprobadas previamente por la Comisión, e incorporar también la indicación número 40) del Honorable Senador señor Pugh, ya que a su juicio, su contenido se encuentra dentro de las facultades que hoy en día tiene la Subsecretaría del Interior.

Sin perjuicio de ello, el Honorable Senador señor Huenchumilla observó que en la letra f) de la propuesta del Ejecutivo se indica que la Subsecretaría de Seguridad Pública se relacionará con la Agencia Nacional de Inteligencia. Por tal razón, consultó si dicha institución dependerá del Ministerio de Seguridad Pública.

En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Moreira consultó por los argumentos que refieren al por qué la Agencia Nacional de Inteligencia no debiese estar en este Ministerio.

El Subsecretario de Prevención del Delito, señor Vergara, afirmó que esta discusión se sostendrá más adelante en relación con este proyecto de ley, y se centrará en dónde tiene que estar la inteligencia y sus finalidades, la que en su opinión, va mucho más allá de la inteligencia en el solo ámbito de seguridad.

El Honorable Senador señor Quintana

En una sesión posterior, el Ejecutivo presentó una nueva redacción para el artículo en estudio, respecto del cual se analizaron y votaron cada uno de sus literales en forma separada:

El Honorable Senador señor Insulza, consultó al Ejecutivo si estas normas fueron tomadas de la actual ley N°20.502 respecto de la Subsecretaría del Interior, dada su similitud. En virtud de lo anterior, el señor Subsecretario confirmó tal aseveración.

Al mismo tiempo, Su Señoría se mostró a favor de la totalidad de los literales, a excepción de la letra k), puesto que cuestionó que los órganos de la Administración Pública deban estar obligados a entregar la información que se encuentre en su poder. En su opinión, si el Ministro de Seguridad Pública requiere cierta información del Ministerio de Defensa, por ejemplo, debe solicitarle al Presidente de la República que ordene a tal Cartera de Estado que la información sea entregada, ya que no podría pedírselo directamente, según afirmó. La nueva redacción es la siguiente:

“Artículo 19.- Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública:

a. Diseñar y proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, planes y programas, en las materias de su competencia; así como ejecutarlos y evaluarlos.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 20, letra a), esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

b. Coordinar las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materias de su competencia.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 20, letra b), esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

c. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 20, letra c), esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

d. Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función de resguardo fronterizo establecida en la letra f. del artículo 5°.

El Honorable Senador señor Ossandón, consultó la incorporación en este literal de los principios de interagencialidad e interoperabilidad.

Por su parte, la abogada señora Cañas, comentó que tales principios ya fueron recogidos en el artículo 1° del proyecto de ley, por lo cual consideró innecesario reiterarlos en este literal.

-Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 20, letra d), esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

-En consecuencia, la Comisión acordó tener por rechazada la indicación número 40) del Honorable Senador señor Pugh.

e. Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función establecida en la letra e. del artículo 5°, para lo cual deberá relacionarse con la Agencia Nacional de Inteligencia.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 20, letra e), esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

f. Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el control y supervigilancia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, según lo dispuesto en la letra k. del artículo 5°.

En cumplimiento de esta función, le corresponderá asesorar al Ministro o la Ministra en todas las materias que correspondan a dichas fuerzas, pudiendo ejercer directamente las atribuciones señaladas en la letra e) del artículo 6° y todas las del artículo 7°, sin perjuicio de aquellas que le corresponda directamente al Ministro o la Ministra, de conformidad a las leyes orgánicas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública u otras leyes especiales.

Asimismo, deberá supervigilar las políticas de personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias.

El Honorable Senador señor Flores, consultó a la Comisión si anteriormente fue objeto de debate la discusión que hubo durante el gobierno del ex Presidente de la República señor Piñera, en cuanto a la intención de que el Ministerio del Interior interviniera en la regla sobre ascensos en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. A su juicio, hubo se dijo que existiría un riesgo de politización de estas, lo que fue expresado por las propias policías.

La abogada señora Cañas, respondió que efectivamente tal discusión se había suscitado, y que las observaciones de Sus Señorías fueron recogidas, limitándose la intervención del Ministerio de Seguridad Pública, solo al Alto Mando.

El Honorable Senador señor Moreira consultó por qué no se menciona al personal civil en el literal en estudio.

El Honorable Senador señor Insulza

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 20, letra f), esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, Ossandón y Quintana.

g. Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función de ciberseguridad que le corresponde al Ministerio, dispuesta en la letra g. del artículo 5°, de conformidad a las normas legales que regulan la materia.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 20, letra g), esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, y Quintana.

h. Mantener actualizado el registro especial establecido en el Título V de la ley Nº 20.000.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 20, letra h), esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, y Quintana.

i. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 20, letra i), esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, y Quintana.

j. Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 20, letra j), esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, y Quintana.

k. Solicitar informes a cualquier organismo público en materias de su competencia. Dichos órganos de la Administración Pública estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

El Honorable Senador señor Moreira observó una cierta contradicción entre “organismo público” y “órganos de la Administración Pública”.

La abogada señora Cañas, expuso que esta atribución es espejo de aquella contenida en el artículo 6° letra o), ya aprobado por la Comisión. Ahondó en que los otros organismos a los cuales se les requiera la información, están obligados a entregarla, atendido el mandato en materia de seguridad que tiene el Ministerio.

El Honorable Senador señor Flores consultó si se contempla algún plazo para que el organismo público dé respuesta, y por otra parte, si existe alguna sanción a su respecto.

La abogada señora Cañas, explicó que el plazo es el general de la ley N°18.575 de 30 días, y que no se contempla sanción específica puesto que se aplican aquellas generales del Estatuto Administrativo.

El Ejecutivo en forma posterior presentó una nueva propuesta de redacción de este literal, cuyo texto es el que sigue:

“k. Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.”.

-Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 20, letra k), esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Aravena, Insulza, y Van Rysselbeghe.

-La indicación número 41) fue retirada por su autor.

l. Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.”.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 20, letra l), esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, y Quintana.

ARTÍCULO 21.-

El artículo 21 del proyecto de ley aprobado en general, da comienzo al Título III denominado “Subsecretaria de Prevención del Delito”. El texto de dicho precepto es el siguiente:

“Artículo 21. La Subsecretaría de Prevención del Delito es el órgano de colaboración inmediata del Ministro de Seguridad Pública en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir los delitos, rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley, sin perjuicio de las atribuciones propias de otros ministerios y servicios públicos, así como del ejercicio de las funciones que el Ministro de Seguridad Pública le delegue y del cumplimiento de las tareas que éste le encargue.”.

El Ejecutivo mediante la indicación número 1) sustitutiva, persigue reemplazar íntegramente el artículo por el siguiente:

“Artículo 18.- La Subsecretaría de Prevención del Delito es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir los delitos, rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley, sin perjuicio de las competencias propias de otros ministerios y servicios públicos, así como del ejercicio de las atribuciones que el Ministro o Ministra le delegue y del cumplimiento de las tareas que éste le encargue.”

Posteriormente, atendida las observaciones efectuadas, el Ejecutivo presentó una propuesta modificatoria de su indicación, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 20. La Subsecretaría de Prevención del Delito es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a la prevención del delito; protección de las personas; convivencia ciudadana; atención y asistencia a víctimas de delito; y rehabilitación y reinserción social de los infractores de ley, sin perjuicio de las competencias propias de otros ministerios y servicios públicos, así como del ejercicio de las atribuciones que el Ministro o Ministra le delegue y del cumplimiento de las tareas que este o esta le encargue.

Para el cumplimiento de lo anterior, la Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá a su cargo la gestión de la totalidad de los planes y programas del Ministerio en relación con las materias señaladas en el inciso precedente. Asimismo, emitirá recomendaciones a todo órgano de la Administración del Estado y coordinará los planes y programas que los demás Ministerios y Servicios Públicos desarrollen en este ámbito. Para tal efecto, articulará las acciones que estos ejecuten, así como las prestaciones y servicios que otorguen, de manera de propender a su debida coherencia y a la eficiencia en el uso de los recursos.”.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 21, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, y Quintana.

ARTÍCULO 22.-

El proyecto de ley aprobado en general, contiene el siguiente artículo 22:

“Artículo 22. Corresponderá la Subsecretaría de Prevención del Delito:

a.Evaluar las políticas públicas de prevención del delito y apoyo a víctimas diseñadas o formuladas por el Ministerio o por otros servicios públicos según las directrices metodológicas que ésta imparta. Adicionalmente, deberá producir, sistematizar y disponibilizar información y datos para el diseño y evaluación de estas políticas públicas, aplicando métodos científicos.

b.Diseñar políticas públicas con objetivos vinculados a la prevención del delito y particularmente para evitar conductas violentas, a través de la reducción de factores de riesgo sociales o situacionales, con énfasis en la articulación y coordinación de instituciones en planificación territorial, sea ésta a nivel macrozonal, regional, provincial, comunal, barrial u otro nivel territorial.

c.En materia de planificación territorial, deberá proveer orientaciones técnicas para la identificación de prioridades y la formulación de la planificación, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia. Esta competencia la ejecutará por medio de los secretarios regionales ministeriales.

d.Emitir recomendaciones a todo órgano del Estado acerca de aspectos propios de su competencia, que digan relación con la prevención del delito.

e.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades para implementar políticas públicas de prevención del delito, o de apoyo a víctimas en el ámbito de sus competencias, o facilitar su coordinación intersectorial.

f.Las demás atribuciones que la ley le encomiende.”.

Su Excelencia el Presidente de la República, a través de la indicación sustitutiva número 1), formuló una propuesta de artículo con el texto que se transcribe a continuación:

“Artículo 19.- Corresponderá a la Subsecretaría de Prevención del Delito:

a.Asesorar al Ministro o a la Ministra en el cumplimiento de las funciones que a este o a esta le asigna el artículo 1° en lo relativo a la prevención del delito, la rehabilitación y la reinserción, así como en la atención y asistencia a víctimas de delitos.

b.Evaluar las políticas públicas de prevención del delito y apoyo o asistencia a víctimas diseñadas o formuladas por el Ministerio, según las directrices metodológicas que éste imparta. Adicionalmente, deberá producir, sistematizar y poner a disposición información y datos para el diseño y evaluación de estas políticas públicas, aplicando métodos científicos.

c.Evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios de los demás Ministerios y servicios públicos que desarrollen relacionados con la Seguridad Pública y la Convivencia Ciudadana.

d.Diseñar políticas públicas con objetivos vinculados a la prevención del delito y particularmente para evitar conductas violentas, a través de la reducción de factores de riesgo sociales o situacionales, con énfasis en la articulación y coordinación de instituciones en planificación territorial, sea ésta a nivel macrozonal, regional, provincial, comunal, barrial u otro nivel territorial.

e.Proponer al Ministro o a la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana las políticas, normas, planes y programas en el campo de la prevención del delito, la rehabilitación y la reinserción social de infractores de ley.

f.Proveer orientaciones técnicas para la formulación de la planificación territorial en materia de seguridad pública y para la identificación de prioridades, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia. Esta competencia la ejecutará en coordinación con los secretarios regionales ministeriales.

g.Emitir recomendaciones a todo órgano del Estado acerca de aspectos propios de su competencia, que digan relación con la prevención del delito, así como en la atención y asistencia a víctimas de delitos.

h.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades para implementar políticas públicas de prevención del delito, o de apoyo y asistencia a víctimas en el ámbito de sus competencias, o facilitar su coordinación intersectorial.”.

Posteriormente, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta de artículo, con el siguiente tenor:

“Artículo 21. Corresponderá a la Subsecretaría de Prevención del Delito:

a.Diseñar y proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, planes y programas, en las materias de su competencia; así como ejecutarlos y evaluarlos.

En ejercicio de esta función, le corresponderá, especialmente, asesorar y colaborar con el Ministro o a la Ministra en la elaboración, supervisión, coordinación, actualización y evaluación de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana; y de la Política Nacional de Víctimas.

b.Coordinar las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materias de su competencia.

c.Ejercer las atribuciones del Ministerio relativas a administrar y desarrollar sistemas de tratamiento de datos y elaborar estadísticas, de conformidad a lo establecido en las letras i. y j. del artículo 6°.

Asimismo, en base a dicha información y estadísticas, deberá efectuar análisis, en coordinación con los demás órganos de la Administración del Estado, sobre los desafíos y riesgos que digan relación con las competencias del Ministerio.

d.Evaluar las políticas públicas diseñadas o formuladas por el Ministerio, en materias de su competencia, según las directrices metodológicas que este imparta. Asimismo, deberá evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios de los demás Ministerios y servicios públicos que desarrollen relacionados con materias de su competencia.

Para el ejercicio de esta función, deberá producir, sistematizar y poner a disposición información y datos, pudiendo encargar, si se estima pertinente, evaluaciones externas independientes.

e.Proveer colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales y comunales, puedan identificar prioridades en materia de prevención del delito y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

f.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

g.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el cumplimiento de las funciones y atribuciones en materia de seguridad privada, pudiendo ejercerlas directamente, sin perjuicio de aquellas que le correspondan al Ministro o Ministra en forma directa, de conformidad a lo establecido en la ley que regula esta materia.

h.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en lo relativo a la formulación de planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, incluyendo espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Asimismo, deberá mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

i.Emitir opinión sobre la coherencia de los planes comunales de seguridad pública con la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana y con los instrumentos de gestión y directrices emanados del Ministerio en este ámbito, dentro de los sesenta días siguientes a su aprobación, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

j.Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia.

k.Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

l.Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

m.Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.”.

-Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 22, esta fue aprobada en sus literales a), b), c), d), e), f), h), i), j), k) l) y m), con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Moreira, y Quintana.

-Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 22, esta fue aprobada en sus literal g), con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Aravena, y señores Flores e Insulza.

ARTÍCULO 23.-

El texto aprobado en general, incorpora un artículo 23 que da inicio al Título IV denominado “Estructura regional del Ministerio de Seguridad Pública”.

Dicho precepto propuesto consta del siguiente tenor:

“Artículo 23. El Ministerio de Seguridad Pública se desconcentrará territorialmente en cada región del país mediante Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública, las que estarán a cargo de un secretario regional ministerial, quien será el representante del Ministerio en la región.

Corresponderá a los secretarios regionales ministeriales las siguientes atribuciones:

1.Colaborar con el delegado presidencial regional y con los delegados presidenciales provinciales en la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región, además de todas las materias propias del Ministerio.

2.Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas que dependan de la Subsecretaría de Prevención del Delito en los niveles territoriales que esta última establezca.

Las atribuciones del secretario regional ministerial no se extenderán a asuntos de carácter operativo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.”.

Su Excelencia el Presidente de la República, mediante la indicación número 1) sustitutiva, propuso un artículo que reemplaza íntegramente al precepto transcrito. La propuesta de artículo es la siguiente:

“Artículo 20.- El Ministerio se desconcentrará territorialmente en cada región del país mediante Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública, las que estarán a cargo de un o una secretaria regional ministerial, quien será el o la representante del Ministerio en la región.

Corresponderá a los secretarios regionales ministeriales las siguientes atribuciones:

1.Ejecutar la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, así como la Política Nacional de Víctimas, coordinando las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región, además de todas las materias propias del Ministerio.

2.Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas que dependan de la Subsecretaría de Prevención del Delito, así como proveer toda la colaboración para cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 21, en los niveles territoriales que ésta establezca.

3.Proveer la colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales y comunales puedan identificar prioridades en materia de seguridad pública y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

4.Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la región, mediante la prevención de los delitos y el resguardo de la seguridad pública y el orden público, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, con pleno respeto a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República y los derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

5.Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley.

6.Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile.”.

° ° °

Durante el último plazo autorizado por el Senado para presentar indicaciones a esta iniciativa, respecto del artículo 23 aprobado en general se presentaron las indicaciones 42 bis, 42, ter, 42 quáter. 42 quinquies y 42 sexies.

Ellas son las siguientes:

42 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

42 ter. Del Honorable Senador señor Ossandón, y 42 quáter.- de S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

42 quinquies.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar su numeral 1, por el siguiente:

“1. Colaborar con el delegado presidencial regional y con los delegados presidenciales provinciales, o las autoridades que en el futuro los reemplacen, en la ejecución de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, así como la Política Nacional de Víctimas, y coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región, además de todas las materias propias del Ministerio.”.

Las indicaciones números 42 bis, 42 ter y 42 quáter fueron aprobadas por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanonovic y Ossandón.

La indicación número 42 quinquies fue retirada por su autor.

° ° °

En una sesión posterior, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanonovic y Ossandón, acordó reabrir el debate para considerar algunos aspectos de la organización regional de la nueva Secretaría de Estado.

Reabierto el debate, la Comisión consideró la indicación 42 sexies, del Ejecutivo, del siguiente tenor:

Indicación 42 sexies, de S.E. el Presidente de la República, para agregar un Título IV, nuevo, del siguiente tenor, readecuándose el orden correlativo de los títulos y artículos siguientes:

“Título IV De los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública

Artículo 23.- A los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública les corresponderá:

a)Coordinar, en la región, su labor con las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas y la policía marítima en materia de prevención del delito y seguridad pública, estableciendo las instancias operativas y estratégicas para desarrollar esta labor.

b)Coordinar, en la región, la ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio de Seguridad Pública. Además, podrá ejecutar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en las expresiones territoriales que dicho Ministerio establezca dentro del ámbito de su competencia. En el uso de esta facultad, los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública deberán velar por integrar a su gestión las capacidades de los demás actores encargados de la seguridad que tengan competencias a nivel regional, provincial y comunal, de manera de dar cumplimiento a los principios de interoperabilidad, interagencialidad y cooperación descritos en el artículo 1 de esta ley.

c)Implementar la Política Nacional de Seguridad

Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana y la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región. Para realizar esta labor, los Comisionados o Comisionadas podrán, especialmente:

i.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluidas las municipalidades, que tengan relación directa con los planes y programas de estas políticas.

ii.Evaluar el desarrollo de planes y programas ejecutados en el territorio de su competencia.

iii.Disponer la realización de estudios y encuestas que tengan relación directa con la ejecución de los planes y programas de estas políticas.

iv.Implementar medidas de prevención de la delincuencia y aquellas orientadas a disminuir la violencia y la reincidencia delictual.

d)Velar por la protección de las personas en la región y sus provincias a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público, junto con la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento.

e)Adoptar medidas tendientes a la prevención de delitos, a nivel regional y en el ámbito de sus competencias, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, de acuerdo a las directrices emanadas desde el Ministerio de Seguridad Pública o sus Subsecretarías.

f)Proveer la colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales, provinciales y comunales puedan identificar prioridades en materia de seguridad pública y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

g)Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia, en conformidad a la ley.

h)Autorizar la realización de eventos, espectáculos o actividades recreativas que involucren una gran concentración de personas en espacios abiertos al público, incluyendo aquellas reguladas en la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional de conformidad a sus disposiciones. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile. Un reglamento expedido por el Ministerio de Seguridad Pública regulará las condiciones y demás normas necesarias para la entrega y denegación de dichas autorizaciones.

i)Supervigilar las actividades de seguridad y prevención que ejecuten empresas de seguridad privada, de acuerdo con los planes, programas o resoluciones que emanen del Ministerio de Seguridad Pública.

j)Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile.

k)Ejercer todas aquellas atribuciones que la ley otorga a las Secretarías Regionales Ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones.

l)En general, promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la región mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de los delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario, así como las demás que establezca la Constitución o las leyes.”.

Artículo 24.- Los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública serán cargos de exclusiva confianza nombrados por el Presidente o Presidenta de la República en cada región, a sugerencia del Ministerio de Seguridad Pública, debiendo cumplir los siguientes requisitos, sin perjuicio de los requisitos generales para ingresar a la Administración del Estado:

a)Ser ciudadano con derecho a sufragio.

b)Ser mayor de 21 años de edad.

c)No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.

d)No hallarse condenado por crimen o simple delito.

e)Tener residencia en la región respectiva, a lo menos, en los últimos dos años anteriores a su designación.

f)Poseer un título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado, reconocido por éste o validado en Chile de acuerdo con la legislación vigente.

g)Experiencia previa en materias de seguridad y prevención que demuestren la idoneidad profesional para el cargo. La forma de acreditar los requisitos de idoneidad profesional serán determinados por el Ministerio de Seguridad Pública mediante resolución.

Artículo 25.- El Comisionado o Comisionada cesará en su cargo en los siguientes casos, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto Administrativo:

a)Pérdida de cualquiera de los requisitos habilitantes establecidos para su desempeño en el artículo anterior.

b)Aceptación de un cargo incompatible.

c)Inscripción como candidato a un cargo de elección popular.

d)Aceptación de renuncia.

e)Remoción dispuesta por el Presidente o Presidenta de la República, pudiendo el Ministerio de Seguridad Pública sugerir esa medida.”.

Respecto de esta indicación, la señora Ministra del Interior describió el sentido que tiene y la lógica en que se inscribe la indicación. Al efecto, explicó que actualmente existe un Ministerio del Interior que tiene a su cargo tanto el gobierno interior como la seguridad pública. De este Ministerio dependen los delegados y las delegadas regionales, que son delegados del Presidente de la República, pero administrativamente, desde el punto de vista de su conducción política, son el equivalente a los seremis, por decirlo así, del Ministerio del Interior. Ellos tienen, en la práctica, un rango más alto que los demás seremis, principalmente porque el delegado cumple un rol de coordinación del resto del gabinete regional. Entonces, no es un Seremi más, es un Seremi que tiene un rango aún mayor. Pero hay una segunda razón por la que tiene este rango mayor, y es porque, al ser el encargado de la seguridad, tiene todos los roles de mando, de control sobre las policías. En consecuencia, dado que trabaja con generales de zona y con distintos niveles de autoridades policiales, se considera que es necesario dotar a esta autoridad de un mayor rango para cumplir este rol. Por esta razón no es seremi más (podría decirse el Seremi del Ministerio del Interior) sino que coordina a los demás y, asimismo, no es un seremi más porque tiene a cargo la seguridad, lo que implica una relación jerárquica con las policías, lo que no parece coherente con el rol típico de un seremi.

Prosiguió explicando que, al crearse el Ministerio de Seguridad, estas tareas que hoy día están radicadas en el delegado se separan en dos, es decir, el delegado sigue siendo el encargado del gobierno interior, pero la seguridad tiene su propia dependencia regional que forma parte del nuevo Ministerio de Seguridad, que, a su vez, cuenta con su autoridad regional. En el texto original del proyecto de ley era el SEREMI de Seguridad.

Lo anterior, agregó, no significa que el delegado presidencial se desprenda de todo rol en relación a la seguridad, porque el delegado seguirá siendo el coordinador de todo el gobierno en la región, y como tal, le toca coordinar también los temas de seguridad, así como coordina los de educación, los de salud, etc.

Además, como es sabido, en regiones muchas veces cuando un conflicto escala o una situación se vuelve crítica, el delegado debe salir a hacerse cargo del tema, y no solamente el Seremi. Ello es así, insistió, porque el delegado es el representante del Gobierno en la región.

Añadió que la dependencia de la autoridad encargada de los temas de seguridad, esto es, la autoridad técnica sectorial de seguridad estaría en el Ministerio de Seguridad. Esto es muy importante, enfatizó, porque si no depende del Ministerio de Seguridad, en el fondo no habría Ministerio de Seguridad, porque la política de seguridad se hace en el territorio. Entonces, si no hay una autoridad en el territorio que dependa del Ministerio de Seguridad, esta Secretaría de Estado quedaría como un ministerio sin capacidad de ejecutar su política en el territorio, que es donde se juega la seguridad.

Aclaró que ella ha recogido de parte de la Comisión, una aprensión, en el sentido de que, al generarse esta figura de esta manera, quedaría el Delegado Presidencial demasiado lejano en los temas de seguridad y con muy poca responsabilidad en los temas de seguridad. Observó que se ha discutido eso muchas veces, porque el delegado es el jefe del gobierno en la región, tiene este rol de coordinación y es, al final, la autoridad principal que representa al Gobierno en todos los temas, incluido seguridad. En vista de esta inquietud, se proponen dos modificaciones en relación a lo que era el diseño original del proyecto de ley, para tratar de acoger esta esta preocupación de la Comisión En primer lugar, el delegado o delegada podrá pedir la remoción de este “Seremi de Seguridad”. En segundo lugar, va a dejarse planteada la posibilidad de que el delegado pueda solicitar auxilio de la de la fuerza pública en situaciones que son relevantes para el ejercicio de su tarea y de su cargo. Dijo que estos son dos elementos bastante fuertes que refuerzan el principio de que el delegado no se desprende de toda responsabilidad en el ámbito de la seguridad. En el fondo no va a poder decir: “mire, yo no estoy de acuerdo con las cosas que hace este Seremi de seguridad, que no depende de mí, y, entonces, yo me lavo las manos”, y desentenderse de los problemas regionales de seguridad.

En paralelo a esto, esta indicación tiene un elemento adicional, y es que el Seremi de Seguridad se denominará “Comisionado de Seguridad”. ¿Y por qué se propone este nombre distinto? Porque, a su juicio, con el rol que cumplen normalmente los seremis, sería difícil que en el campo de la seguridad el encargado regional ejerza plenamente su cargo y, particularmente, que cumpla su rol de mando respecto a las policías. Entonces, parece más armonioso y consistente que esta nueva figura regional no se llame Seremi, sino que “Comisionado de Seguridad” para establecer una relación de jerarquía mayor respecto de las autoridades policiales de la región respectiva. Adicionalmente, se plantea generar para el delegado o delegada la posibilidad de solicitar su remoción y pedir auxilio a la fuerza pública directamente, más allá de lo que pueda hacer directamente el Comisionado.

Además de todo lo anterior, explicó que la indicación propone, a nivel del Ministerio y en su expresión regional, la creación de lo que se llama el Sistema de Seguridad. El sistema de seguridad es la instancia de coordinación donde las entidades que tienen competencia directa en materia de seguridad deben llegar a acuerdos y trabajar conjuntamente los desafíos que presenta la seguridad. Este sistema -donde se están las policías, las fiscalías y otros órganos-, se reúnen o radican en el consejo, que es un órgano asesor amplio, en que participan diversas agencias, y el lugar donde se hace el debate de la región relativo a los temas de seguridad. Ese consejo, a nivel regional, lo preside el Comisionado de Seguridad.

La Ministra del Interior, señora Tohá, reiteró que el Ministerio de Seguridad necesita tener una expresión en el territorio, que es la persona encargada de llevar adelante las tareas y competencias que están radicada en ese Ministerio en cada región del país. Como ya ha dicho, éste no puede ser el delegado presidencial porque el delegado depende de otro Ministerio: el Ministerio del Interior. El delegado depende del Ministerio del Interior. Entonces, si no hay un Comisionado en cada región a cargo de la seguridad, no hay Ministerio de Seguridad, no existiría porque se reduciría a una oficina en Santiago que no tiene a quien mandar. Enfatizó que para desarrollar la política de seguridad tiene que haber en el territorio alguien que la lleve adelante, y estos son estos comisionados. Si uno dijera que existe un ministerio, pero desarrolla su política a través del delegado que depende de otro ministerio, habría una incongruencia total, porque eso significaría que una autoridad en la región, cuyo mando está en un ministerio, es orientado por otra Secretaría de Estado. En este caso habría un ministro de seguridad, pero no un Ministerio; un ministro que no tiene a quién mandar.

Afirmó que se propone crear este nuevo Ministerio en gran medida para tener un ministerio especializado que lleve adelante los nuevos lineamientos en este ámbito; por ejemplo, las políticas de modernización de las policías; la política contra el crimen organizado; la coordinación permanente, cotidiana con todas las agencias que intervienen en estas materias (cuestión que es muy intensa para una autoridad, como el Ministerio del Interior, que tiene múltiples otras tareas)

El Honorable Senador señor Ossandón afirmó que, en su opinión, en este punto hay un error conceptual, porque el Delegado Presidencial depende del Presidente de la República, y no del Ministerio del interior. Por él cree que el que tiene que estar a cargo de la seguridad en las regiones es el Delegado Presidencial, si bien éste podrá contar con un equipo específico y especializado para estas labores.

Agregó que una asamblea tan amplia como el consejo que se propone probablemente ni siquiera podrá hablarse abiertamente, porque la seguridad implica ciertos riesgos, amenazas y, por tanto, existe mucha información privilegiada. En la práctica, en materia de seguridad la información es fundamental para tomar decisiones estratégicas. Sin embargo, cabe preguntarse, dijo, si la información secreta podrá compartirse en un consejo tan aplio sin riesgo de filtración.

El Honorable Senador señor Kusanovic admitió que por este motivo a él no me gusta este proyecto, porque el mismo problema que se produce en la región se produce a nivel central entre el Presidente y el Ministerio del Interior y el Ministro de Seguridad. En este aspecto, opinó que al Ministro de Seguridad lo debería mandar el Ministro del Interior, en su calidad de Jefe de Gabinete y, por tanto, porque en esta última calidad nunca puede desligarse de sus responsabilidades. Existe, dijo, el riesgo de enredar mucho más administración del país si este tema no se resuelve adecuadamente. El Ministerio del Interior, indicó, debe tener el poder y el control del orden público, y para este efecto podría contar con una unidad especializada.

Por su parte, el Honorable Senador señor Flores manifestó que esta proposición le genera un conflicto entre la figura del Delegado y las otras autoridades regionales, porque, al final de cuentas, cuando se crea la figura del Gobernador Regional electo el poder se iba a repartir y eso iba a ir en desmedro de la potencia, autonomía y conducción de las regiones. Y ahora aparece una tercera figura con poder político, porque la seguridad es el principal problema en nuestro país, es lo que principalmente complica y aqueja a nuestra comunidad nacional. En este contexto surge otra pregunta, respecto del compromiso del candidato y, luego, Presidente Boric, en el sentido de poner término a la figura de delegación presidencial. La pregunta surge, precisó, porque se está creando un Ministerio con una serie de artículos relativos al delegado presidencial, en circunstancias que esta figura podría desaparecer para traspasar mayores competencias a los gobiernos regionales. No le convence este proceso de seguir atomizando la distribución del poder de las autoridades principales de los territorios regionales. En concreto, dijo, la pregunta es ¿en qué momento se elimina la figura de la delegación presidencial y se entregan más atribuciones a los gobernadores regionales?

Lo anterior, añadió, es sin perjuicio de consagrar una figura que efectivamente esté en un nivel jerárquico distinto y superior a lo que son los secretarios regionales ministeriales tradicionales en cada una de las regiones, porque el tema de la seguridad no solamente se traduce en coordinar a las policías, es muchísimo más que eso, como, por ejemplo, que los municipios necesitan que alguien que de verdad ordene la formulación de los proyectos, el gasto público, en relación a cómo vamos preparando las ciudades y cómo se trabaja con la comunidad en comportamientos y condiciones de mayor seguridad.

En este sentido, él hubiese preferido una delegación presidencial con todas las atribuciones que, mientras dure, tenga una superioridad jerárquica regional respecto de las organizaciones policiales y que cuente con un departamento de seguridad bien implementado, bien equipado.

La Ministra señora Tohá, una vez más, reiteró que, si bien este debate es totalmente válido, resulta incompatible con la creación de un ministerio de seguridad. O sea, si uno quiere que la autoridad interior siga llevando estos temas, entonces no crea cabe crear un ministerio de seguridad. Los Delegados, aclaró, cumplen instrucciones del Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior. Son funcionarios del Ministerio del Interior, y esta Cartera cuenta con una División de Gobierno Interior que trabaja en ordenar a los Delegados y sus equipos, esa es su tarea. O sea, son funcionarios del Ministerio del Interior. Agregó que la apuesta que se hace mediante el proyecto de ley en debate que crea un Ministerio de Seguridad, es una apuesta distinta. Hoy, sostuvo, la seguridad está muy radicada en el centro del corazón político del gobierno, y eso hace que sea una tarea muy politizada, con componente técnico débil. Todas las políticas de seguridad en el debate público tienen un escaso componente técnico y es principalmente político. Además, el personal del Ministerio del Interior es básicamente personal político, no institucionales y, por ello, cambian de gobierno en gobierno. Un recambio gigantesco el ministerio del interior. Entonces, crear un ministerio de seguridad es una apuesta para dar una dimensión más técnica a las políticas de seguridad, fortalecerlas institucionalmente, crear una especialización y dejar de ser un tema político.

Concluyó afirmando que si bien la autoridad política al final es la responsable siempre, el manejo técnico del día a día, de las políticas, de los planes de la parte administrativa, de la relación cotidiana con las policías, se aleja del corazón político.

Frente a lo anterior, el Honorable Senador señor Kast aseguró que la exposición que ha hecho la Ministra es muy valiosa y la comparte, aunque parcialmente. Declaró ser muy contrario a crear nuevos ministerios; al revés, opinó que su número se debe reducir a no más de catorce, pero en este caso en particular, él aprueba este proyecto de ley porque su experiencia en temas de seguridad, su participación en Paz Ciudadana y otros organismos del área, le han enseñado que el tema debe conducirse con criterios más técnicos. Por ello cree que es una buena idea crear un ministerio de seguridad ciudadana, empoderado y con un perfil fundamentalmente técnico. Por esto él se ha ido inclinando hacia la idea de tener un jefe de gabinete que, al lado, cuente con un encargado de seguridad, por lo complejo que es la seguridad en sí misma; además, cada vez más más sofisticada, con derivaciones en ciberseguridad, con la tecnología que hay detrás del crimen organizado, con la cantidad de recursos que hay involucrada, y que demanda dedicación de tiempo completo.

No obstante lo anterior, discrepó que al delegado presidencial se le atribuya una dualidad, de manera que dependa tanto del Ministerio del Interior como del Presidente de la República. Abundó sobre este punto admitiendo que administrativamente, orgánicamente, hay un vínculo con el Ministerio del Interior, pero políticamente es el representante del Presidente de la República. En consecuencia, su propuesta es mantener la responsabilidad de todo lo que ocurre en materia de seguridad en este Delegado Presidencial, pero que cuente con una figura -que forma parte del nuevo ministerio de Seguridad-, con lo cual se logra, por una parte, que el poder político sobre la seguridad quede radicada en el delegado presidencial, de manera que el comisionado o comisionada de seguridad pública dependa del Delegado Presidencial, constituyendo su colaborador inmediato en el cumplimiento de las funciones de seguridad de estos últimos y, al mismo tiempo, estos comisionados constituyen la estructura regional del nuevo Ministerio de Seguridad.

En definitiva, la indicación 42 sexies fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanovic y Ossandón.

La aprobación de esta indicación número 42 sexies dio lugar al nuevo Título IV De los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública, del siguiente tenor:

ARTÍCULO 24.-

Este artículo se encuentra situado en el Título V, denominado “Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

La propuesta aprobada en general por el Senado, es la siguiente:

“Artículo 24. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es el instrumento que fijará los objetivos estratégicos perseguidos por el Estado en materia de seguridad pública, los medios para alcanzarlos y actualizará los análisis sobre los riesgos y amenazas que puedan afectar al país.

Esta Estrategia Nacional deberá ser aprobada por el Presidente de la República mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Seguridad Pública, en el primer año de su período presidencial.”.

En tanto, el Ejecutivo, mediante su indicación número 1) sustitutiva, pretende reemplazar el precepto completo y el Título V, por el siguiente:

“Título V Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana

Artículo 21.- La Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, en adelante la Política, es el instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos y los análisis sobre prevención del delito que sean pertinentes.

La Política incorporará una perspectiva de género, y se elaborará con pleno respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Para la elaboración de esta Política, el Ministerio considerará, entre otras fuentes, la información, antecedentes y estadísticas que provean los Consejos Regionales y Comunales de Seguridad Pública; así como el contenido de los Planes Comunales de Seguridad Pública y la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia.

Junto con lo anterior, se tendrá en consideración la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia.

La Política será aprobada cada seis años por el Presidente o la Presidenta de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

La dictación de la Política no obstará a la elaboración, implementación y evaluación de planes o estrategias particulares que, en estas materias, pueda sancionar cada Gobierno. Sin embargo, dichos planes o estrategias deberán ser coherentes con la Política, así como con los objetivos que determine el propio Ministerio.”.

El Ejecutivo, en forma posterior, realizó ciertas adecuaciones a su propuesta original, reemplazándola por la siguiente:

“Artículo 23.- La Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, en adelante la Política, es el instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos y los análisis sobre prevención del delito que sean pertinentes.

Para la elaboración de esta Política, el Ministerio seguirá, entre otros, los principios de eficacia policial, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Asimismo, considerará, entre otras fuentes, la información, antecedentes y estadísticas que provean los Consejos Regionales y Comunales de Seguridad Pública; así como el contenido de los Planes Comunales de Seguridad Pública y la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia.

La Política será aprobada cada seis años por el Presidente o la Presidenta de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Seguridad Pública.

La dictación de la Política no obstará a la elaboración, implementación y evaluación de planes o estrategias particulares que, en estas materias, pueda sancionar cada Gobierno. Sin embargo, dichos planes o estrategias deberán ser coherentes con la Política, así como con los objetivos que determine el propio Ministerio.”.

El Honorable Senador señor Moreira consultó el porqué no se incluyó en esta norma, los Planes de Desarrollo Estratégico Institucional.

La abogada asesora de la Subsecretaría del Delito señora Cañas, precisó que tales planes en cuanto a su procedimiento y contenido, se encuentran en la ley N°21.247 de modernización de las policías.

La Secretaría observó que el artículo en estudio es el único que se encuentra bajo el Título V del proyecto de ley, teniendo presente que estos se incorporan cuando existen varios preceptos relacionados con una misma materia. Por tal razón, en este caso, propuso incorporar un acápite sobre Disposiciones Finales, e insertar ahí este artículo, y el referido al personal, que viene a continuación.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 24, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Aravena, Flores, Insulza, y Van Rysselberghe.

ARTÍCULO 25.-

El proyecto de ley aprobado en general, contempla un artículo 25 del siguiente tenor:

“Artículo 25.- Anualmente, en el mes de septiembre, el Ministro de Seguridad Pública en sesión especial, secreta y conjunta de las comisiones encargadas de la seguridad pública del Senado y de la Cámara de Diputados deberá dar cuenta de los desafíos en las materias de la cartera que dirige y escuchará el parecer de los miembros de ambas comisiones.”.

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Con la indicación número 43), el Honorable Senador señor Kast, persigue agregar los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“En dicha instancia el Ministerio de Seguridad Pública deberá también presentar un informe que permita a las Comisiones de Seguridad de ambas Cámaras tomar conocimiento y evaluar, en base al sólo mérito de la información proporcionada, el desempeño que las diversas instituciones públicas relacionadas directa e indirectamente con la seguridad pública han tenido en el último año. Dicho informe deberá referirse a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública, pudiendo comprender a otras instituciones públicas que hubiesen sido incorporadas en la propuesta sexenal descrita en el inciso siguiente. La información presentada variará según los objetivos y funciones de cada institución, debiendo ella ser idónea para que las Comisiones de Seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas puedan evaluar satisfactoriamente el desempeño de cada una de ellas.

La información específica que se presentará respecto de cada institución, así como la metodología que se utilizará para su recopilación y el listado de instituciones respecto de las cuales se rendirá informe deberán ser propuestos por el Ministerio de Seguridad Pública al Honorable Congreso Nacional, dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Dicha propuesta deberá ser aprobada sin reparos por ambas Cámaras. En caso contrario, el Ministerio de Seguridad Pública deberá presentar una nueva propuesta dentro de los quince días siguientes a su rechazo y, así sucesivamente, hasta su aprobación por ambas Cámaras.

Una vez aprobada la propuesta, ella tendrá una vigencia de 6 años, debiendo repetirse el proceso de proposición y aprobación descrito en el inciso anterior cuando se hubiere vencido dicho plazo.”.

La Secretaría aclaró que el inciso primero del precepto debiese tenerse por aprobado, puesto que no fue objeto de indicaciones.

La abogada señora Cañas, expresó que el contenido de este artículo ya fue aprobado dentro del artículo 8° ya aprobado precedentemente, e incluso se amplía el contenido que debe informarse.

El Honorable Senador señor Flores, manifestó sus dudas respecto a lo señalado por la representante del Ejecutivo, toda vez que a su parecer, ambas normas, esto es, el artículo 25 y el 8°, a su juicio, se refieren a cosas distintas. De acuerdo a su interpretación, el artículo 8° dice relación más bien a una cuenta en términos generales de los avances y lo logrado, siendo a su entender, una información abierta y pública. En cambio el artículo 25 en análisis, apunta a una reunión secreta para tratar ciertas particularidades que tengan que ver con el cumplimiento de la estrategia planteada.

Asimismo, y de la misma manera como se acordó respecto del artículo 8° de este artículo primero, la denominación de las comisiones encargadas de la seguridad pública de ambas cámaras se realizó conforme lo hacen sus respectivos reglamentos.

-La Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Aravena, Flores, Insulza y Van Rysselberghe, que el texto de este precepto, quedara como inciso final del artículo 24.

-En tanto, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Insulza, declaró inadmisible la indicación número 43) del Honorable Senador señor Kast, por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 65, N°2 de la Constitución Política de la República.

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ARTÍCULO 26.-

El proyecto de ley aprobado en general, contempla un artículo 26 referido al Personal, incluido en el Título VI, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 26. El personal del Ministerio de Seguridad Pública estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, al régimen de remuneraciones del decreto ley N°249, de 1974, y su legislación complementaria.”.

Su Excelencia el Presidente de la República, con la indicación número 1) sustitutiva, pretende reemplazarlo por el siguiente precepto que solamente suprime lo referente a la denominación del Ministerio:

“Artículo 22.- El personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, al régimen de remuneraciones del decreto ley N° 249, de 1974, y su legislación complementaria.”.

- Puesta en votación la indicación número 1) sustitutiva respecto del artículo 24, esta fue aprobada sin modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Aravena, Flores, Insulza y Van Rysselberghe.

ARTÍCULO SEGUNDO

El artículo segundo aprobado en general es el siguiente:

“Artículo Segundo. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales:

1.Deróganse los Títulos I, II, III y IV.

2.Suprímese, en el artículo 18, la frase “y Seguridad Pública”.

A este precepto se formuló la indicación número 45,, del Ecutivo, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo Segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales:

1.Suprímese, en el Título I, la frase “y Seguridad Pública”.

2.Modifícase el artículo 1º, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 1º.- El Ministerio del Interior será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el ejercicio del gobierno interior, así como en asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres y catástrofes y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones que encomiende aquél o las leyes. Asimismo, será el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios, para el logro de los objetivos gubernamentales.”.

b)Suprímese el inciso segundo.

c)Reemplázase el inciso tercero, que pasa a ser inciso segundo, por el siguiente:

“Además de las funciones que esta ley le señale, este Ministerio será el sucesor legal, sin solución de continuidad, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en todas las materias que no sean de competencia del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.”.

3.Suprímese el artículo 2º.

4.Reemplázase el artículo 3º, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Además de las facultades ya existentes para el Ministerio del Interior en otras materias, a éste le corresponde:

a)Coordinar políticamente los distintos ministerios, de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el Presidente o la Presidenta de la República.

b)Velar por el desarrollo regional y local del país; de acuerdo a los planes y programas aprobados por los Gobiernos Regionales.

c)Ejercer el gobierno interior del Estado.

d)Velar por la correcta ejecución de las leyes electorales.

e)Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias en materia migratoria, así como supervigilar, formular, implementar y supervisar políticas, planes y programas relativos a migración, velando por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Chile y que se encuentren vigentes en estas materias, así como de protección de refugiados, sin perjuicio de los derechos, obligaciones y atribuciones del Servicio Nacional de Migraciones en estas materias.

f)Proponer las normas sobre división política y administrativa del país y la fijación de los distintos límites territoriales y husos horarios aplicables en el territorio nacional.

g)Controlar el funcionamiento del Diario Oficial y asegurar el cumplimiento de sus fines y objetivos, pudiendo dictar los reglamentos necesarios para su funcionamiento.

h)Conducir las relaciones con el Congreso Nacional que no correspondan a otros Ministerios.

i)Coordinar la prevención y respuesta frente a desastres y emergencias.

j)Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de su competencia.

k)Administrar la Red de Conectividad del Estado.

l)Autorizar la realización de colectas, rifas y sorteos en el territorio nacional.

m)Ejecutar las disposiciones del decreto ley N° 799 de 1974 sobre uso y circulación de vehículos estatales.

n)Coordinar con el Ministerio de Bienes Nacionales la disposición de los bienes municipales.

ñ) Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.”.

5.Suprímense los artículos 4º, 5º y 6º.

6.Reemplázase el artículo 7º, por el siguiente:

“Artículo 7º.- En el ejercicio de sus atribuciones, el Ministro o la Ministra del Interior contará con la colaboración inmediata de la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Los jefes o las jefas superiores de estas Subsecretarías serán los o las Subsecretarios o Subsecretarias del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo, respectivamente.

El Ministro o la Ministra será subrogado o subrogada por el Subsecretario o Subsecretaria del Interior y, a falta de éste o esta, por el o la de Desarrollo Regional y Administrativo, sin perjuicio de la facultad del Presidente o Presidenta de la República para nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.”.

7.Modifícase el inciso primero del artículo 8º, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase la coma entre la palabra “Interior” y la expresión “de Desarrollo Regional” por la conjunción “y”.

b)Reemplázase la expresión “y de Prevención del Delito” por una coma.

8.Reemplázase el inciso primero del artículo 9º, por el siguiente:

“Artículo 9º.- Corresponderá a la Subsecretaría del Interior ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relativas a gobierno interior, coordinación territorial del gobierno, migración y extranjería, desastres y emergencias y las demás tareas que aquél o aquella le encomiende, así como las que la ley determine.”.

9.Suprímense los incisos segundo y tercero del artículo 9º.

10.Elimínanse los artículos 10 y 11.

11.Elimínase el Párrafo 2º del Título II.

12.Elimínase el Título III.

13.Modifícase el artículo 17, de la siguiente forma:

a)Elimínase, en su inciso primero, la frase “y Seguridad Pública”.

b)Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Sustitúyese la expresión “; por los funcionarios de las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones que pasen a integrarla conforme a las reglas establecidas en esta ley;” por la voz “y”.

ii.Elimínase la expresión “, y por el personal de las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública destinado a prestar servicios a requerimiento del Ministro del Interior y Seguridad Pública o del Subsecretario del Interior”.

c) Elimínase su inciso tercero.

14.Elimínase en el inciso primero del artículo 18, la expresión “y Seguridad Pública”.

15.Modifícase el artículo 19, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase, en el literal b), la expresión “Ministro del Interior y Seguridad Pública” por “Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana”.

b)Introdúcese, en el literal b), entre la voz “Subsecretario” y la expresión “de Prevención del Delito” la expresión “o la Subsecretaria”.”.

c)Elimínase, en el literal f), la expresión “y Seguridad Pública”.”.

Puesta en votación, esta indicación fue aprobada unánimemente por los integrantes de la Comisión.

ARTÍCULO CUARTO

El artículo cuarto aprobado en general es el siguiente:

“Artículo Cuarto. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica:

1. En el artículo 6:

a.Suprímese en el literal a), la frase “y Seguridad Pública”.

b.Intercálase un literal d), nuevo, ajustándose correlativamente los demás, del siguiente tenor: “d) El Ministro de Seguridad Pública.”.

2.Suprímense en el artículo 11, las dos veces que aparece, la frase “y Seguridad Pública”.

3.Suprímese en el literal a) del inciso primero del artículo 13, la frase “y Seguridad Pública”.

4.Suprímese en el inciso primero del artículo 19, la frase “y Seguridad Pública”.

5.Suprímese en el literal j) del inciso primero del artículo 20, la frase “y Seguridad Pública”.

6.Suprímese en el inciso tercero del artículo 24, la frase “y Seguridad Pública”.

A este precepto se formuló la indicación número 46,, del Ejecutivo, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo Cuarto.- Intercálase una nueva letra d) en el artículo 6° de la ley N° 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica, del siguiente tenor, ajustando los demás literales en orden correlativo:

“d) El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.”.”.

Puesta en votación, esta indicación 46 fue aprobada unánimemente por los integrantes de la Comisión.

ARTÍCULO QUINTO

El artículo quinto aprobado en general es el siguiente:

“Artículo Quinto.- Incorpórase el siguiente artículo 12 bis, nuevo, al decreto con fuerza de ley Nº1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional:

“Artículo 12 bis. La ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a nivel regional, provincial y local, se llevará a cabo a través de los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales, en coordinación con los Secretarios Regionales Ministeriales de Seguridad Pública.

Para llevar a cabo esta labor, los delegados presidenciales regionales y los delegados presidenciales provinciales, en su caso, podrán especialmente:

a.Celebrar todo tipo de acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades.

b.Evaluar el desarrollo de planes y programas ejecutados en el territorio de su jurisdicción.

c.Ordenar el desarrollo de estudios y encuestas en asuntos propios del Ministerio de Seguridad Pública.”.

A este precepto se formuló las indicaciones números 47 y 47 bis. La primera, del Ejecutivo, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo Quinto.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en el siguiente sentido:

1.Elimínanse los literales b) y c) del artículo 2°.

2.Elimínanse los literales c) y d) del artículo 4°.

3.Elimínase el artículo 12 bis.”.

La indicación 47 bis, de S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Quinto.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional en el siguiente sentido:

1.Reemplázase el inciso primero del artículo 1º, por el siguiente:

“Artículo 1°.- El gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial regional, quien será el representante natural del Presidente o Presidenta de la República en el territorio de su jurisdicción y se relacionará con éste a través del Ministerio del Interior. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza.”.

2.Modifícase el artículo 2°, en el siguiente sentido:

a)Elimínase el literal b).

b)Reemplázase el literal c) por el siguiente:

“c) Solicitar al Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectivo el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia cuando, a juicio del delegado presidencial regional o provincial, sea necesario para el ejercicio de sus funciones.”.

c)Agrégase el siguiente literal q), nuevo:

“q) Ejercer la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales que no importen un riesgo para la seguridad pública.”.

d)Agrégase el siguiente literal r), nuevo:

“r) Proponer la remoción del Comisionado o Comisionada de Seguridad del territorio.”.

e)Agrégase el siguiente literal s), nuevo:

“s) Ejercer las funciones que la ley le entrega al Ministerio del Interior en el territorio de la región, conforme a las instrucciones que emanen del Ministerio.”.

3. Modifícase el artículo 4° en el siguiente sentido:

a)Reemplázase en el literal a) la frase “, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes” por “en la provincia”.

b)Elimínanse los literales c) y d).

4. Incorpórase, en el artículo 61, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, el Ministerio de Seguridad Pública se desconcentrará territorialmente mediante los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública.”.”.

La indicación número 47 fue retirada por el Ejecutivo.

Puesta en votación, la indicación 47 bis fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-

El texto aprobado en general por el Senado, propone las siguientes disposiciones transitorias:

“Artículo Primero.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1.Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

2.Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

3.Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de las asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

4.Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En el o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5.Fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus Subsecretarías, pudiendo contemplar un período para su implementación. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6.Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley.

7.Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a.No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b.No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c.Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d.El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

e.Traspasar los bienes que determine, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública al Ministerio de Seguridad Pública y, en especial, desde las actuales Subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito a las Subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito.”.

Artículo Segundo.- Las referencias al Ministerio del Interior, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública o a la Subsecretaría del Interior que se hagan en las leyes se entenderán hechas al Ministerio de Seguridad Pública o a la Subsecretaría de Seguridad Pública, respectivamente, cuando traten materias que, de acuerdo a esta ley, sean de su competencia.

Artículo Tercero.- El Ministerio de Seguridad Pública será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero. Lo dicho en este artículo será aplicable también a la Subsecretaría de Seguridad Pública respecto de la Subsecretaría del Interior.

Artículo Cuarto. A partir de la publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá designar al Ministro de Seguridad Pública, al Subsecretario de Seguridad Pública y al Subsecretario de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública, la remuneración de las autoridades antes señaladas serán equivalentes a las del Ministro del Interior y Seguridad Pública, las del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Prevención del Delito, respectivamente, y se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Ministro y los Subsecretarios designados conforme al inciso anterior podrán proponer un cronograma de instalación del Ministerio de Seguridad Pública y, en general, realizar cualquier trámite ante organismos públicos y privados que le permitan al Ministerio y sus Subsecretarías estar plenamente operativos a la fecha de inicio de sus funciones.

Artículo Quinto.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que incluye las Subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo Sexto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.”.

Durante la discusión en particular, Su Excelencia el Presidente de la República, mediante la indicación número 48), propuso reemplazar, de forma íntegra, todas las disposiciones transitorias aprobadas en general, por las siguientes:

“Artículo Primero.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1.Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

2.Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

3.Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de las asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

4.Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito y desde el Servicio de Gobierno Interior, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En el o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5.Fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y sus Subsecretarías, pudiendo contemplar un período para su implementación. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6.Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley. Al efecto, podrá establecer entradas en vigencia graduales para dicho articulado.

7.Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

8.El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a.No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b.No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c.Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d.El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

9.Traspasar los bienes que determine, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sus servicios dependientes y relacionados, al Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y, en especial, desde la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior, de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito a las Subsecretarías de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Prevención del Delito.

Artículo Segundo.- El Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero. Lo dicho en este artículo será aplicable también a la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública respecto de la Subsecretaría del Interior.

Artículo Tercero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

Artículo Cuarto.- Los funcionarios y funcionarias de planta y a contrata del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrán conservar su afiliación a las asociaciones de funcionarios del señalado servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de entrada en funciones de la Secretaría de Estado antes señalada, cesará por el solo ministerio de la ley, su afiliación a las asociaciones de funcionarios de la institución de origen.

Artículo Quinto.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, todos sus funcionarios y funcionarias podrán afiliarse o continuar afiliados al Servicio de Bienestar del Ministerio del Interior.

Artículo Sexto.- A partir de la publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá designar al Ministro de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, al Subsecretario de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y al Subsecretario de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, la remuneración de las autoridades antes señaladas serán equivalentes a las del Ministro del Interior, las del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Prevención del Delito, respectivamente, se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior.

El Ministro y los Subsecretarios designados conforme al inciso anterior deberán proponer un cronograma de instalación del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y, en general, realizar cualquier trámite ante organismos públicos y privados que le permitan al Ministerio y sus Subsecretarías estar plenamente operativos a la fecha de inicio de sus funciones.

Artículo Séptimo.- Los reglamentos a los que hace referencia esta ley deberán ser dictados o modificados dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley.

Artículo Octavo.- Toda mención que se haga en leyes, reglamentos u otras normas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sus Subsecretarías y reparticiones en materias, atribuciones, competencias o facultades que de acuerdo con esta ley se radiquen en el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, y sus Subsecretarías o Reparticiones, se entenderán transferidas a este en condición de continuador legal sin solución de continuidad.

Artículo Noveno.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que incluye las Subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.”.

De la misma forma, la indicación número 49) del Honorable Senador señor Ossandón, e indicación número 50) del Honorable Senador señor Pugh, tienen por finalidad sustituir la expresión “podrán” por “deberán” en el inciso segundo del artículo cuarto transitorio aprobado en general.

El Ejecutivo, al momento de iniciarse la discusión de su indicación sustitutiva número 48, presentó una nueva propuesta de enmienda. De acuerdo a lo señalado por la Jefa de la División Jurídica y Legislativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señora Cañas, esta responde a correcciones de denominaciones que se efectuaron a los artículos aprobados en general. Junto con ello, comentó que se incluyeron peticiones de las asociaciones gremiales del Ministerio, en orden a incluir al personal a contrata en los traspasos de personal.

El articulado que se presentó por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito es el siguiente, el cual se estudió separadamente:

“Artículo primero. - Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1.Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

2.Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

3.Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de las asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

4.Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En el o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5.Fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus Subsecretarías, pudiendo contemplar un período para su implementación. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6.Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley.

7.Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a.No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta y contrata. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b.No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta y contrata. Cualquiera diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c.Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d.El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

e.Traspasar los bienes que determine, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública al Ministerio de Seguridad Pública y, en especial, desde las actuales Subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito a las Subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

El Honorable Senador señor Flores, cuestionó el hecho de que varios eventos dependen de este artículo primero, tales como la entrada en vigencia del articulado permanente, de las plantas, etc. En ese contexto, esgrimió que todo queda supeditado a lo que resuelva el Presidente de la República, por lo que sugirió que se fijen plazos al respecto.

La abogada señora Cañas, precisó que el texto que se propone, es exactamente igual a aquel aprobado en general, salvo la inclusión de las contratas.

Seguidamente, expresó que estas son formas que habitualmente el Estado ocupa para la creación de nueva institucionalidad. Señaló que se tomaron como referencias, la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En ese sentido, puntualizó que al ser procedimientos engorrosos, se fija un año para efectuar el encasillamiento, traspaso de funcionarios y formulación de primer presupuesto, quedando por tal razón, supeditado a un decreto con fuerza de ley.

El Honorable Senador señor Insulza

La Honorable Senadora Aravena, observó que además del plazo de un año al que se hizo mención, existe otro año para dictar los reglamentos.

El Honorable Senador señor Flores, estimó que cuando este tipo de materias queda sin plazo, se somete al arbitrio del Gobierno de turno, el cual a su entender, puede cambiar las prioridades. En ese sentido, planteó que se estableciese que el plazo no podrá ser superior a tal fecha.

La abogada señora Cañas, atendiendo las observaciones de Sus Señorías, propuso en el numeral 6) del artículo, poner la frase “el que no podrá ser mayor a un año”, coincidiendo con el plazo fijado en el encabezado de la norma, lo que a su juicio, daría certezas al menos, en la entrada en vigencia del articulado permanente. Respecto a todo el proceso administrativo de traspaso de funcionarios y formulación de presupuesto, también quedarían dentro de ese plazo, según afirmó.

El Ejecutivo, luego de recoger los planteamientos vertidos a lo largo del debate, propuso los siguientes numerales 5) y 6), respectivamente:

“5. Fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus Subsecretarías, la que no podrá ser superior a seis meses desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6. Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley, la que no podrá ser superior a seis meses desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.”

La Secretaría precisó que si se coordina con el encabezado del artículo primero transitorio, el plazo máximo serían un año y medio desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

-Puesta en votación la indicación número 48) respecto del artículo primero transitorio, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadores señora Aravena y señores Flores e Insulza.

Artículo segundo transitorio. - El Ministerio de Seguridad Pública será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero. Lo dicho en este artículo será aplicable también a la Subsecretaría de Seguridad Pública respecto de la Subsecretaría del Interior.

-Puesta en votación la indicación número 48) respecto del artículo segundo transitorio, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadores señora Aravena y señores Flores e Insulza.

Artículo tercero transitorio. - El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

-Puesta en votación la indicación número 48) respecto del artículo tercero transitorio, esta fue aprobada sin modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadores señora Aravena y señores Flores e Insulza.

Artículo cuarto transitorio. - Los funcionarios y funcionarias de planta y a contrata del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrán conservar su afiliación a las asociaciones de funcionarios del señalado servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Seguridad Pública haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de entrada en funciones de la Secretaría de Estado antes señalada, cesará por el solo ministerio de la ley, su afiliación a las asociaciones de funcionarios de la institución de origen.

- Puesta en votación la indicación número 48) respecto del artículo cuarto transitorio, esta fue aprobada sin modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadores señora Aravena y señores Flores e Insulza.

El Honorable Senador señor Flores, destacó que en este articulado solamente se refiere a las personas que están de planta y contrata, sin mencionar a los trabajadores a honorarios. En ese sentido, consultó si se habría tratado tan situación dentro del Ministerio del Interior y sus asociaciones de funcionarios.

El Subsecretario de Prevención del Delito, señor Vergara, señaló que si bien no se contempla en el proyecto lo referente a los trabajadores a honorarios, es un tema respecto del cual el Ministerio está trabajando.

El Honorable Senador señor Flores, acotó que en el proyecto de ley se arrastra la precariedad del empleo estatal, por lo que sugirió se proyecte con la planta completa de funcionarios.

Artículo quinto transitorio. - En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Ministerio de Seguridad Pública, todos sus funcionarios y funcionarias podrán afiliarse o continuar afiliados al Servicio de Bienestar del Ministerio del Interior.

- Puesta en votación la indicación número 48) respecto del artículo quinto transitorio, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadores señora Aravena y señores Flores e Insulza.

Artículo sexto transitorio. - A partir de la publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá designar al Ministro de Seguridad Pública, al Subsecretario de Seguridad Pública, y al Subsecretario de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública, la remuneración de las autoridades antes señaladas serán equivalentes a las del Ministro del Interior, las del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Prevención del Delito, respectivamente, se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior.

El Ministro y los Subsecretarios designados conforme al inciso anterior deberán proponer un cronograma de instalación del Ministerio de Seguridad Pública y, en general, realizar cualquier trámite ante organismos públicos y privados que le permitan al Ministerio y sus Subsecretarías estar plenamente operativos a la fecha de inicio de sus funciones.

-Puesta en votación la indicación número 48) respecto del artículo sexto transitorio, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadores señora Aravena y señores Flores e Insulza.

Artículo séptimo transitorio. - Los reglamentos a los que hace referencia esta ley deberán ser dictados o modificados dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley.

-Puesta en votación la indicación número 48) respecto del artículo séptimo transitorio, esta fue aprobada sin modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadores señora Aravena y señores Flores e Insulza.

Artículo octavo transitorio. - Toda mención que se haga en leyes, reglamentos u otras normas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sus Subsecretarías y reparticiones en materias, atribuciones, competencias o facultades que de acuerdo con esta ley se radiquen en el Ministerio de Seguridad Pública, y sus Subsecretarías o Reparticiones, se entenderán transferidas a este en su condición de sucesor legal.

-Puesta en votación la indicación número 48) respecto del artículo octavo transitorio, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadores señora Aravena y señores Flores e Insulza.

Artículo noveno transitorio.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que incluye las Subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.”.

-Puesta en votación la indicación número 48) respecto del artículo noveno transitorio, esta fue aprobada con modificación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadores señora Aravena y señores Flores e Insulza.

En una sesión posterior se reabrió el debate respecto de la indicación número 48, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, para agregar una nueva disposición transitoria décima, del siguiente tenor:

“Artículo décimo transitorio. Dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley el Ministerio de Seguridad Pública presentará una iniciativa legal que regulará la orgánica, componentes y el funcionamiento del sistema nacional de protección ciudadana mencionado en la letra l) del artículo 19 de la presente ley. El sistema nacional de protección ciudadana, deberá operar bajo los principios de interoperabilidad, interagencialidad e integrar las capacidades de los organismos públicos y privados en materia de seguridad pública. El Sistema tendrá una expresión nacional y regional, esta última a cargo del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública.”.

Puesta en votación, este nuevo artículo décimo transitorio fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast y Ossandón.

- - -

MODIFICACIONES

De conformidad con los acuerdos adoptados, la Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de proponer las siguientes enmiendas al proyecto de ley aprobado en general por el Senado:

ARTÍCULO PRIMERO

Reemplazarlo por el que se señala a continuación, con las votaciones que se indican respecto de cada artículo:

“Artículo Primero. Apruébase la siguiente Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública:

Título I

Del Ministerio de Seguridad Pública y de los Consejos de Seguridad Pública

Párrafo I Del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 1°.- El Ministerio de Seguridad Pública, en adelante también “el Ministerio”, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, protección de las personas, el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana, actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias.

Asimismo, le corresponde planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas relativos, tanto a dichas materias, como a aquellas que digan relación con reinserción social, rehabilitación, así como en atención y asistencia a víctimas, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley.

El Ministerio actuará en conformidad con los principios de interagencialidad, interoperabilidad y cooperación, en el marco de sus funciones y atribuciones, y fomentará la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial de las materias individualizadas en los incisos anteriores.

(Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0)

Artículo 2°.- El Ministerio coordinará y articulará un Sistema de Seguridad Pública, integrado por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el Ministerio Público; y el conjunto de entidades públicas a nivel nacional, regional y comunal cuyas funciones se relacionen con el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública; la protección de las personas; el orden público; la prevención del delito; la rehabilitación y reinserción social de infractores de ley; así como la atención y asistencia a víctimas. Dicho Sistema articulará las políticas, planes y otros instrumentos relativos a estos mismos ámbitos y funcionará mediante una acción coordinada de las instituciones que lo componen, en la esfera de sus respectivas competencias. Adicionalmente, podrá funcionar en subsistemas en ámbitos territoriales tanto a nivel macrozonal, regional, provincial o local.

Las autoridades que componen el Sistema propenderán a la coordinación y planificación, pudiendo adoptar acuerdos con otras instituciones con el propósito de lograr un funcionamiento interoperable, interagenciable y cooperativo.

El funcionamiento del Sistema se regirá por un reglamento, que dictará el Ministerio de Seguridad Pública dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley, el cual determinará las demás formas de organización necesarias para su correcto funcionamiento.(Indicación N° 3 bis, con modificaciones. Unanimidad, 5x0).

Artículo 3°. - Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas por Carabineros y la Policía de Investigaciones, en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, dependerán del Ministerio de Seguridad Pública, encontrándose subordinadas al poder civil, en conformidad a la Constitución y las leyes.

La dependencia referida será sin perjuicio de las órdenes que reciban las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio Público, en el contexto de una investigación penal; así como de la supervisión que ejerza la Subsecretaría del Interior, respecto de sus funciones en materia migratoria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 21.325. (Indicaciones números 1) y 6), aprobadas con enmiendas por unanimidad 5x0)

Párrafo II Funciones del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 4°.- El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, protección de las personas, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como las demás funciones y atribuciones del Ministerio.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos. Además, cuando se trate de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos, se podrá pronunciar, en las materias de su competencia, sobre su seguimiento e implementación.

Para el logro de estos objetivos, podrá solicitar todos los antecedentes que estime pertinentes a cualquier órgano de la Administración Pública, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentren en su poder. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

Artículo 5°.- Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública las siguientes funciones:

a.Garantizar la protección de las personas a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito.

b.Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad, mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario.

c.Promover medidas tendientes a prevenir delitos, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, evaluando continuamente, bajo criterios técnicos y especializados, las acciones y políticas públicas para el logro de los objetivos en la materia.

d.Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, mediante la integración de sus capacidades, la gestión eficiente de los recursos y la colaboración entre los distintos niveles territoriales, para el logro de los objetivos.

e.Formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas, debiendo para ello coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia.

f.Ejecutar, a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las acciones tendientes a resguardar las fronteras de nuestro país para evitar la comisión de delitos, de acuerdo a sus leyes orgánicas respectivas, así como cualquier otra afectación de la seguridad y el orden público, en coordinación con los demás organismos competentes en la materia.

g.Adoptar y ejecutar medidas de ciberseguridad tendientes a prevenir, detectar y neutralizar las amenazas en el espacio digital, servicios esenciales e infraestructura crítica de la información, debiendo para ello coordinar, interoperar y promover el trabajo conjunto con los demás organismos competentes en la materia.

h.Adoptar y ejecutar las medidas tendientes a favorecer la atención y asistencia a víctimas de delitos, así como la reinserción social y la rehabilitación de quienes infrinjan la ley o el orden público, mediante el ejercicio de sus derechos fundamentales, en coordinación con los organismos con competencias en la materia.

i.Adoptar y ejecutar medidas tendientes a supervigilar que las personas naturales y jurídicas que proveen servicios de seguridad privada cumplan su rol coadyuvante de la seguridad pública.

j.Cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal, considerando su autonomía y atribuciones.

k.Controlar las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos.

l.Ejecutar las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0, con excepción de la letra k), que lo fue por mayoría de votos 3x2).

Artículo 6°.- Para el cumplimiento de sus funciones, corresponderá al Ministerio las siguientes atribuciones:

a.Proponer al Presidente o Presidenta de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia y evaluar su aplicación.

b.Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

c.Supervisar, instruir, coordinar y evaluar la ejecución de las actuaciones que desarrollen los demás organismos públicos en relación con la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

d.Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

e.Entregar lineamientos generales y específicos, en los ámbitos estratégico, táctico y operativo, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, para el resguardo de la seguridad y orden público, evitando cualquier uso excesivo de la fuerza, en coherencia con los Planes Estratégicos de Desarrollo Policial y los Planes Anuales de Gestión Operativa y Administrativa.

f.Definir y evaluar las medidas orientadas a la prevención de los delitos, en el ámbito de su competencia.

En el ejercicio de esta atribución, deberá considerar, especialmente, la adopción de medidas tendientes a prevenir la comisión de delitos por parte de menores de edad, actuando siempre de conformidad al principio del interés superior del niño, niña y adolescente.

g.Promover la seguridad y la prevención de los delitos en eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, y mantener el registro al que se refiere el artículo 30 de la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional.

h.Efectuar análisis estratégicos en materia de seguridad pública, en el marco de sus competencias.

i.Desarrollar y administrar sistemas de tratamientos de datos, documentos y otros antecedentes, en el marco de sus competencias, que no permitan la singularización de personas determinadas y en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.

j.Elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública. Tales estadísticas se referirán, a lo menos, a la victimización, revictimización, el temor y las denuncias. Del mismo modo, podrán considerarse factores de riesgo relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo, a nivel nacional, regional y comunal.

En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá, anualmente, publicar una sistematización actualizada de estadística criminal anonimizada, que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, deberá estar segmentada por regiones, tipo de delito y otros criterios importantes.

Para estos efectos, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública enviarán al Ministerio mensualmente datos y estadísticas policiales a partir de las faltas y delitos conocidos por la institución, y de otros procedimientos realizados por la misma.

k.Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública, convivencia ciudadana, protección de las personas y las demás materias que sean de su competencia.

l.Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

m.Establecer las acciones de coordinación destinadas a mantener la seguridad pública y restablecer el orden público, en todo el territorio de la República.

n.Coordinar y evaluar, en conjunto con los demás organismos con competencia en la materia, la ejecución de planes y programas de rehabilitación, reinserción social, asistencia y atención a víctimas, convivencia ciudadana y protección de las personas.

o.Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

p.Autorizar, regular, supervigilar, controlar y ejercer las demás atribuciones en la forma que señale la ley, en materia de seguridad privada.

q.Suscribir acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, en materias de su competencia.

r.Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En ningún caso el ejercicio de estas atribuciones podrá entorpecer las funciones que le corresponden al Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, la ley N° 19.640, el Código Procesal Penal y las demás leyes especiales. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

Artículo 7°. - Al Ministerio le corresponderá, respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las siguientes atribuciones:

a.Asesorar al Presidente o Presidenta de la República en la conformación de los Altos Mandos, así como en los ascensos y retiros.

b.Aprobar los planes estratégicos de desarrollo policial y sus modificaciones, y los planes anuales de gestión operativa y administrativa, de conformidad a la ley.

c.Supervigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad pública que defina el ministerio, mediante el sistema de supervisión y evaluación de la gestión policial contemplado en la ley N° 21.427.

d.Diseñar, junto a los Altos Mandos, estrategias y medidas tendientes a proteger la vida e integridad de los funcionarios y funcionarias pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, durante el ejercicio de sus funciones, supervigilando su adecuada implementación. Dichas estrategias y medidas deberán ser proporcionales a la labor que realizan.

En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá velar para que el equipamiento e infraestructura de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública cumplan con estándares técnicos que permitan una adecuada protección.

e.Promover el cumplimiento, por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de las normas de probidad, transparencia, publicidad y rendición de cuentas a la ciudadanía.

f.Ejercer el control presupuestario, financiero y de mérito respecto de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán hacer envío trimestralmente de su estado y gestión financiera, a través de medios electrónicos. Sin perjuicio de ello, el Ministerio podrá requerir información actualizada o exigir el complemento de las ya enviadas, en cualquier momento, debiendo ser remitidas por esa misma vía.

g.Examinar y aprobar las bases de licitación o requerimientos para la adquisición de tecnología y sistemas informáticos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio dispondrá los estándares para la adquisición de equipos y programas computacionales, a fin de compatibilizar las herramientas tecnológicas que utilicen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, podrá solicitar la opinión de otras instituciones que estime relevante.

h.Dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los planes y programas de formación y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en coherencia con los planes estratégicos de desarrollo policial. Asimismo, deberá aprobar dichos planes y programas, los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas y supervigilar su cumplimiento.

Las orientaciones técnicas señaladas deberán contener como principios la eficacia policial, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, entre otros que se determinen en conjunto. Del mismo modo, deberán incorporar lineamientos tendientes a un adecuado y permanente perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio de Seguridad Pública se deberá coordinar con el Ministerio de Educación, quien emitirá un informe previo con su opinión sobre las orientaciones técnicas referidas, el cual no será vinculante.

Asimismo, deberá aprobar los planes y programas de estudio y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas, así como supervigilar su cumplimiento. Para el ejercicio de esta atribución, podrá solicitar, en su caso, todas las modificaciones que estime pertinentes.

i.Supervigilar las modificaciones de la estructura organizacional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a lo dispuesto en un reglamento expedido por el Ministerio para dichos efectos.

j.Ordenar, según corresponda, que el superior jerárquico respectivo inicie la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción, pudiendo exigir cuenta de su avance y, en su caso, poner antecedentes en conocimiento de la justicia. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán comunicar al Ministerio, mensualmente, las resoluciones que dieren inicio a procedimientos disciplinarios, así como las que les pusieren término, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda en esta materia a la Contraloría General de la República. Estas comunicaciones serán siempre de carácter secreto.

k.Requerir cualquier otra información a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

En ejercicio de esta atribución, el Ministerio podrá solicitar informes de carácter reservado o secreto, incluyendo aquellos que digan relación con inteligencia policial en el marco de la ley N°19.974, y que sean necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellos que contengan información cuya revelación, aún de manera reservada o secreta, afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso o pongan en riesgo la identidad de funcionarios o funcionarias que desempeñen labores en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la referida ley.

Las servidoras o servidores públicos del Ministerio, deberán guardar secreto de la información reservada que conozcan en razón de su cargo. En caso de violación a este deber, serán sancionados con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo y la inhabilitación absoluta y temporal en su grado medio a perpetuo para ejercer cargos y oficios públicos.

Si se utilizara la información referida en el inciso anterior en beneficio propio o ajeno, en perjuicio de alguna persona, autoridad u organismo, o para ejercer presiones o amenazas, será sancionado con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo a máximo y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

l.Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0 y 5x0)

Artículo 8°.- El Ministerio de Seguridad Pública informará por escrito, semestralmente, a las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados encargadas de la seguridad, acerca de los desafíos en las materias de esa Secretaría de Estado, de los avances en la implementación y los resultados de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, protección de las personas, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos, dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

La información dispuesta en el inciso precedente deberá referirse especialmente a los estados de avance, cuentas y resultados, según corresponda, de todos los planes y programas desarrollados por el Ministerio y los organismos bajo su dependencia para los efectos de prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas, de acuerdo a lo dispuesto en el literal e) del artículo 5°.

Lo anterior será sin perjuicio de la facultad de las comisiones de ambas Cámaras de citar a una sesión especial y conjunta para los fines señalados en el inciso precedente. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0)

Párrafo III De los Consejos de Seguridad Pública

Artículo 9º.- Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el Ministro o Ministra de Seguridad Pública e integrado por el Ministro o Ministra de las siguientes Carteras de Estado: Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa Nacional, y Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; el Subsecretario o Subsecretaria de las siguientes Subsecretarías: Subsecretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención del Delito y Subsecretaría de Justicia; un o una representante de la Corte Suprema designado por esta; el Presidente o Presidenta de las Comisiones de Seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados; el o la Fiscal Nacional del Ministerio Público; el Defensor o Defensora Nacional Penal Pública; el o la General Director de Carabineros de Chile; el Director o la Directora General de la Policía de Investigaciones de Chile; el Director o la Directora General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; el Director o la Directora de la Dirección General de Aeronáutica Civil; el Director o la Directora de los siguientes organismos: Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; y el Presidente o la Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades.

El Subsecretario de Prevención del Delito actuará como Secretario o Secretaria del Consejo, levantando acta de las reuniones.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministro o la Ministra de Seguridad Pública en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

Asimismo, el Consejo constituirá una instancia de coordinación del Sistema establecido en el artículo 2° y de fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del Ministerio, a través de propuestas técnicas y de su acción mancomunada. Para estos efectos, podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos, autoridades nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

El Reglamento referido en el artículo 2° determinará la estructura, competencias, convocatorias, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento del Consejo Nacional. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

Artículo 10.- El Consejo sesionará, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año, deberá oír a los o las representantes de la sociedad civil, en la forma que determine el reglamento.

(Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

Artículo 11.- El primer trimestre de cada año, la Dirección de Presupuestos deberá enviar un informe al Consejo con el detalle de la ejecución presupuestaria del año anterior de cada órgano del Estado que realice gastos en materias de seguridad pública.

Una resolución expedida por el Ministerio de Seguridad Pública suscrita, además, por el Director o Directora de Presupuestos, determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir esta información. (Indicación número 1) Unanimidad 5x0)

Artículo 12.- El Consejo contará con comisiones técnicas, definidas por el Secretario o Secretaria de esta instancia.

Los miembros del Consejo que integrarán estas comisiones técnicas serán definidos por este anualmente y sesionarán en la forma y con la periodicidad que determine el reglamento. (Indicación número 1) Unanimidad 5x0)

Artículo 13.- En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el Delegado o Delegada Presidencial Regional. El Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública tendrá el rol de secretario ejecutivo del Consejo, el que será integrado por:

1. El gobernador o la gobernadora regional y un consejero o consejera Regional de la comisión de seguridad del Consejo.

2. Los alcaldes o las alcaldesas de los municipios de la región.

3. Un o una representante del Ministerio de Defensa.

4. Un o una representante del Ministerio de Hacienda, si así se considera necesario.

5.Los Secretarios o Secretarias Regionales Ministeriales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente.

6.Un o una representante de la Corte de Apelaciones respectiva, designado por esta.

7.El o la Fiscal Regional del Ministerio Público.

8.El Defensor o la Defensora Regional de la Defensoría Penal Pública.

9.El Jefe de Zona de Carabineros de Chile o, los Jefes de Zona, en su caso.

10.El Jefe de Región Policial de la Policía de Investigaciones de Chile con competencia sobre la región.

11.Los Directores o Directoras Regionales de Gendarmería de Chile, del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

12.La autoridad marítima regional, cuando corresponda.

13.Un representante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando corresponda.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesor del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública en la implementación y coordinación de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana en los diversos niveles establecidos en el artículo 2°, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública. Para estos efectos, el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otras autoridades regionales, funcionarios públicos o representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

Asimismo, será una instancia de coordinación a nivel regional del Sistema establecido en el artículo 2°. Por intermedio del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectiva, deberá mantener una permanente comunicación con los consejos comunales de seguridad pública de la región y el resto de los integrantes del Sistema y considerar la información, antecedentes y estadísticas que estos consejos les provean.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año deberá oír a representantes de la sociedad civil.

En el reglamento mencionado en el inciso final del artículo 2° se determinará la convocatoria, quórum, forma en que se oirá a los representantes de la sociedad civil y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para el adecuado funcionamiento de los Consejos Regionales. (Indicación N° 38 ter, con modificaciones. Mayoría, 4x1).

Artículo 14.- Los Consejos Comunales de Seguridad Pública, regulados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, serán la instancia de coordinación, a nivel comunal, del sistema establecido en el artículo 2° y se regirán, en cuanto a su integración, organización y funcionamiento, por las normas allí dispuestas. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

Párrafo IV Organización interna del Ministerio

Artículo 15.- El Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, se desconcentrará territorialmente mediante los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública, quienes serán los o las representantes del Ministerio en la Región y dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En todo lo que no sea contradictorio con la presente ley, se les aplicarán las disposiciones que regulan la organización y atribuciones de las secretarías regionales ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones. (Indicación número 39 bis aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

Artículo 16.- El Ministro de Seguridad Pública será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República y será responsable de la conducción del Ministerio en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél le imparta. La conducción política del Ministerio estará a cargo del Ministro conforme dichas instrucciones.

El Ministro o la Ministra será subrogado por el o la Subsecretaria de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y a falta de éste, por el Subsecretario de Prevención del Delito, sin perjuicio de la facultad del Presidente o la Presidenta de la República de nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.

Cada subsecretario o subsecretaria será el jefe superior del Servicio en su respectiva subsecretaría y le corresponderá desempeñar las demás funciones establecidas en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la demás normativa aplicable. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública la administración y servicio interno del Ministerio.

Asimismo, los y las subsecretarías deberán efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro del cumplimiento de sus funciones. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

Artículo 17.- Un reglamento expedido a través de este Ministerio determinará su estructura y la de las subsecretarías, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley Nº 119.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En dicha estructura se deberán considerar las unidades funcionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del Ministerio. (Indicación número 1) aprobada sin enmiendas por unanimidad 5x0)

Título II De la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

Artículo 18.- La Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o la Ministra en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas relativas a la seguridad pública, la protección de las personas, el orden público, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo, sin perjuicio del ejercicio de otras atribuciones que el Ministro o la Ministra le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquel o aquella le encargue. Asimismo, deberá ejercer aquellas funciones y atribuciones que le corresponden al Ministerio, respecto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

Artículo 19.- Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública:

a.Diseñar y proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, planes y programas, en las materias de su competencia; así como ejecutarlos y evaluarlos.

b.Coordinar las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materias de su competencia.

c.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

d.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función de resguardo fronterizo establecida en la letra f. del artículo 5°.

e.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función establecida en la letra e. del artículo 5°, para lo cual deberá relacionarse con la Agencia Nacional de Inteligencia.

f.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el control y supervigilancia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, según lo dispuesto en la letra k. del artículo 5°.

En cumplimiento de esta función, le corresponderá asesorar al Ministro o la Ministra en todas las materias que correspondan a dichas fuerzas, pudiendo ejercer directamente las atribuciones señaladas en la letra e) del artículo 6° y todas las del artículo 7°, sin perjuicio de aquellas que le corresponda directamente al Ministro o la Ministra, de conformidad a las leyes orgánicas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública u otras leyes especiales.

Asimismo, deberá supervigilar las políticas de personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias.

g.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función de ciberseguridad que le corresponde al Ministerio, dispuesta en la letra g. del artículo 5°, de conformidad a las normas legales que regulan la materia.

h.Mantener actualizado el registro especial establecido en el Título V de la ley Nº 20.000.

i.Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia.

j.Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

k.Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

l.Implementar un sistema nacional de protección ciudadana que coordine los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para casos de emergencias de seguridad y demás que determine la ley.

m.Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

Título III Subsecretaría de Prevención del Delito

Artículo 20. La Subsecretaría de Prevención del Delito es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a la prevención del delito; protección de las personas; convivencia ciudadana; atención y asistencia a víctimas de delito; y rehabilitación y reinserción social de los infractores de ley, sin perjuicio de las competencias propias de otros ministerios y servicios públicos, así como del ejercicio de las atribuciones que el Ministro o Ministra le delegue y del cumplimiento de las tareas que este o esta le encargue.

Para el cumplimiento de lo anterior, la Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá a su cargo la gestión de la totalidad de los planes y programas del Ministerio en relación con las materias señaladas en el inciso precedente. Asimismo, emitirá recomendaciones a todo órgano de la Administración del Estado y coordinará los planes y programas que los demás Ministerios y Servicios Públicos desarrollen en este ámbito. Para tal efecto, articulará las acciones que estos ejecuten, así como las prestaciones y servicios que otorguen, de manera de propender a su debida coherencia y a la eficiencia en el uso de los recursos. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

Artículo 21. A la Subsecretaría de Prevención del Delito le corresponderá:

a.Diseñar y proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, planes y programas, en las materias de su competencia; así como ejecutarlos y evaluarlos.

En ejercicio de esta función, le corresponderá, especialmente, asesorar y colaborar con el Ministro o a la Ministra en la elaboración, supervisión, coordinación, actualización y evaluación de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana; y de la Política Nacional de Víctimas.

b.Coordinar las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materias de su competencia.

c.Ejercer las atribuciones del Ministerio relativas a administrar y desarrollar sistemas de tratamiento de datos y elaborar estadísticas, de conformidad a lo establecido en las letras i. y j. del artículo 6°.

Asimismo, en base a dicha información y estadísticas, deberá efectuar análisis, en coordinación con los demás órganos de la Administración del Estado, sobre los desafíos y riesgos que digan relación con las competencias del Ministerio.

d.Evaluar las políticas públicas diseñadas o formuladas por el Ministerio, en materias de su competencia, según las directrices metodológicas que este imparta. Asimismo, deberá evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios de los demás Ministerios y servicios públicos que desarrollen relacionados con materias de su competencia.

Para el ejercicio de esta función, deberá producir, sistematizar y poner a disposición información y datos, pudiendo encargar, si se estima pertinente, evaluaciones externas independientes.

e.Proveer colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales y comunales, puedan identificar prioridades en materia de prevención del delito y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

f.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

g.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el cumplimiento de las funciones y atribuciones en materia de seguridad privada, pudiendo ejercerlas directamente, sin perjuicio de aquellas que le correspondan al Ministro o Ministra en forma directa, de conformidad a lo establecido en la ley que regula esta materia.

h.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en lo relativo a la formulación de planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, incluyendo espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Asimismo, deberá mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

i.Emitir opinión sobre la coherencia de los planes comunales de seguridad pública con la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana y con los instrumentos de gestión y directrices emanados del Ministerio en este ámbito, dentro de los sesenta días siguientes a su aprobación, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

j.Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia.

k.Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

l.Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

m.Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 3x0 y 4x0)

Título IV De los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública

Artículo 22.- A los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública les corresponderá:

a)Coordinar, en la región, su labor con las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas y los demás organismos con competencia en materias de prevención del delito y seguridad pública, estableciendo las instancias operativas y estratégicas para desarrollar esta labor.

b)Coordinar, en la región, la ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio de Seguridad Pública. Además, podrá ejecutar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en las expresiones territoriales que dicho Ministerio establezca dentro del ámbito de su competencia. En el ejercicio de esta facultad, los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública deberán velar por integrar a su gestión las capacidades de los demás actores encargados de la seguridad que tengan competencias a nivel regional, provincial y comunal, y los lineamientos que emanen del Consejo Regional de Seguridad Pública, de manera de dar cumplimiento a los principios de interoperabilidad, interagencialidad y cooperación descritos en el artículo 1 de esta ley.

c)Implementar la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana y la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región. Para realizar esta labor, los Comisionados o Comisionadas podrán, especialmente:

i.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluidas las municipalidades, que tengan relación directa con los planes y programas de estas políticas.

ii.Evaluar el desarrollo de planes y programas ejecutados en el territorio de su competencia.

iii.Disponer la realización de estudios y encuestas que tengan relación directa con la ejecución de los planes y programas de estas políticas.

iv.Implementar medidas de prevención de la delincuencia y aquellas orientadas a disminuir la violencia y la reincidencia delictual.

d)Velar por la protección de las personas en la región y sus provincias a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público, junto con la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento.

e)Adoptar medidas tendientes a la prevención de delitos, a nivel regional y en el ámbito de sus competencias, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, de acuerdo a las directrices emanadas desde el Ministerio de Seguridad Pública o sus Subsecretarías.

f)Proveer la colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales, provinciales y comunales puedan identificar prioridades en materia de seguridad pública y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

g)Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia, en conformidad a la ley.

h)Autorizar la realización de eventos, espectáculos o actividades recreativas que involucren una gran concentración de personas en espacios abiertos al público, incluyendo aquellas reguladas en la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional de conformidad a sus disposiciones. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile. Un reglamento expedido por el Ministerio de Seguridad Pública regulará las condiciones y demás normas necesarias para la entrega y denegación de dichas autorizaciones.

i)Supervigilar las actividades de seguridad y prevención que ejecuten empresas de seguridad privada, de acuerdo con los planes, programas o resoluciones que emanen del Ministerio de Seguridad Pública.

j)Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile.

k)Ejercer todas aquellas atribuciones que la ley otorga a las Secretarías Regionales Ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones.

l)En general, promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la región mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de los delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario, así como las demás que establezca la Constitución o las leyes.

Artículo 23.- Los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública serán cargos de exclusiva confianza nombrados por el Presidente o Presidenta de la República en cada región, a sugerencia del Ministerio de Seguridad Pública, y deberán cumplir los siguientes requisitos, sin perjuicio de las exigencias generales para ingresar a la Administración del Estado:

a)Ser ciudadano con derecho a sufragio.

b)Ser mayor de 21 años de edad.

c)No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.

d)No hallarse condenado por crimen o simple delito.

e)Poseer un título profesional o técnico profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado, reconocido por éste o validado en Chile de acuerdo con la legislación vigente.

f)Tener experiencia previa en materias de seguridad y prevención que demuestren la idoneidad para el cargo. La forma de acreditar los requisitos de idoneidad serán determinados por el Ministerio de Seguridad Pública mediante resolución

Artículo 24.- El Comisionado o Comisionada cesará en su cargo en los siguientes casos, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto Administrativo:

a)Pérdida de cualquiera de los requisitos habilitantes establecidos para su desempeño en el artículo anterior o incurrir en las causales de inhabilidad descritas en los artículos 54 y 55 bis del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del año 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b)Aceptación de un cargo incompatible.

c)Inscripción como candidato a un cargo de elección popular.

d)Aceptación de renuncia.

e)Remoción dispuesta por el Presidente o Presidenta de la República, pudiendo el Ministerio de Seguridad Pública sugerir esa medida. (Indicación N° 42 sexies, con modificaciones. Unanimidad, 5x0).

Disposiciones Finales

Artículo 25.- La Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, en adelante “Política”, es el instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos y los análisis sobre prevención del delito que sean pertinentes.

Para la elaboración de esta Política, el Ministerio seguirá, entre otros, los principios de eficacia policial, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Asimismo, considerará, entre otras fuentes, la información, antecedentes y estadísticas que provean los Consejos Regionales y Comunales de Seguridad Pública, así como el contenido de los Planes Comunales de Seguridad Pública y la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia.

La Política será aprobada cada seis años por el Presidente o la Presidenta de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Seguridad Pública.

La dictación de la Política no obstará a la elaboración, implementación y evaluación de planes o estrategias particulares que, en estas materias, pueda sancionar cada Gobierno. Sin embargo, dichos planes o estrategias deberán ser coherentes con la Política, así como con los objetivos que determine el propio Ministerio.

Anualmente, en el mes de septiembre, el Ministro de Seguridad Pública en sesión especial, secreta y conjunta de las comisiones de Seguridad Pública del Senado y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados deberá dar cuenta de los desafíos en las materias de la Cartera que dirige y escuchará el parecer de los miembros de ambas comisiones.

(Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0)

Artículo 26.- El personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, al régimen de remuneraciones del decreto ley N° 249, de 1974, y su legislación complementaria. (Indicación número 1) aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO SEGUNDO

- Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales:

1.Suprímese, en el Título I, la frase “y Seguridad Pública”.

2.Modifícase el artículo 1º, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 1º.- El Ministerio del Interior será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el ejercicio del gobierno interior, así como en asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres y catástrofes y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones que encomiende aquél o las leyes. Asimismo, será el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios, para el logro de los objetivos gubernamentales.”.

b)Suprímese el inciso segundo.

c)Reemplázase el inciso tercero, que pasa a ser inciso segundo, por el siguiente:

“Además de las funciones que esta ley le señale, este Ministerio será el sucesor legal, sin solución de continuidad, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en todas las materias que no sean de competencia del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.”.

3.Suprímese el artículo 2º.

4.Reemplázase el artículo 3º, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Además de las facultades ya existentes para el Ministerio del Interior en otras materias, a éste le corresponde:

a)Coordinar políticamente los distintos ministerios, de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el Presidente o la Presidenta de la República.

b)Velar por el desarrollo regional y local del país; de acuerdo a los planes y programas aprobados por los Gobiernos Regionales.

c)Ejercer el gobierno interior del Estado.

d)Velar por la correcta ejecución de las leyes electorales.

e)Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias en materia migratoria, así como supervigilar, formular, implementar y supervisar políticas, planes y programas relativos a migración, velando por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Chile y que se encuentren vigentes en estas materias, así como de protección de refugiados, sin perjuicio de los derechos, obligaciones y atribuciones del Servicio Nacional de Migraciones en estas materias.

f)Proponer las normas sobre división política y administrativa del país y la fijación de los distintos límites territoriales y husos horarios aplicables en el territorio nacional.

g)Controlar el funcionamiento del Diario Oficial y asegurar el cumplimiento de sus fines y objetivos, pudiendo dictar los reglamentos necesarios para su funcionamiento.

h)Conducir las relaciones con el Congreso Nacional que no correspondan a otros Ministerios.

i)Coordinar la prevención y respuesta frente a desastres y emergencias.

j)Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de su competencia.

k)Administrar la Red de Conectividad del Estado.

l)Autorizar la realización de colectas, rifas y sorteos en el territorio nacional.

m)Ejecutar las disposiciones del decreto ley N° 799 de 1974 sobre uso y circulación de vehículos estatales.

n)Coordinar con el Ministerio de Bienes Nacionales la disposición de los bienes municipales.

ñ) Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.”.

5.Suprímense los artículos 4º, 5º y 6º.

6.Reemplázase el artículo 7º, por el siguiente:

“Artículo 7º.- En el ejercicio de sus atribuciones, el Ministro o la Ministra del Interior contará con la colaboración inmediata de la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Los jefes o las jefas superiores de estas Subsecretarías serán los o las Subsecretarios o Subsecretarias del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo, respectivamente.

El Ministro o la Ministra será subrogado o subrogada por el Subsecretario o Subsecretaria del Interior y, a falta de éste o esta, por el o la de Desarrollo Regional y Administrativo, sin perjuicio de la facultad del Presidente o Presidenta de la República para nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.”.

7. Modifícase el inciso primero del artículo 8º, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase la coma entre la palabra “Interior” y la expresión “de Desarrollo Regional” por la conjunción “y”.

b)Reemplázase la expresión “y de Prevención del Delito” por una coma.

8.Reemplázase el inciso primero del artículo 9º, por el siguiente:

“Artículo 9º.- Corresponderá a la Subsecretaría del Interior ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relativas a gobierno interior, coordinación territorial del gobierno, migración y extranjería, desastres y emergencias y las demás tareas que aquél o aquella le encomiende, así como las que la ley determine.”.

9.Suprímense los incisos segundo y tercero del artículo 9º.

10.Elimínanse los artículos 10 y 11.

11.Elimínase el Párrafo 2º del Título II.

12.Elimínase el Título III.

13.Modifícase el artículo 17, de la siguiente forma:

a)Elimínase, en su inciso primero, la frase “y Seguridad Pública”.

b)Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Sustitúyese la expresión “; por los funcionarios de las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones que pasen a integrarla conforme a las reglas establecidas en esta ley;” por la voz “y”.

ii.Elimínase la expresión “, y por el personal de las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública destinado a prestar servicios a requerimiento del Ministro del Interior y Seguridad Pública o del Subsecretario del Interior”.

c) Elimínase su inciso tercero.

14.Elimínase en el inciso primero del artículo 18, la expresión “y Seguridad Pública”.

15.Modifícase el artículo 19, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase, en el literal b), la expresión “Ministro del Interior y Seguridad Pública” por “Ministro o la Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana”.

b)Introdúcese, en el literal b), entre la voz “Subsecretario” y la expresión “de Prevención del Delito” la expresión “o la Subsecretaria”.”.

c)Elimínase, en el literal f), la expresión “y Seguridad Pública”.”. (Indicación N° 45. Unanimidad, 5x0).

ARTÍCULO CUARTO

- Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Cuarto.- Intercálase una nueva letra d) en el artículo 6° de la ley N° 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica, del siguiente tenor, ajustando los demás literales en orden correlativo:

“d) El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública.”.”. (Indicación N° 46. Unanimidad, 5x0).

ARTÍCULO QUINTO

- Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Quinto. Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional en el siguiente sentido:

1.Reemplázase el inciso primero del artículo 1°, por el siguiente:

“Artículo 1°.- El gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial regional, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en su cargo mientras cuente con su confianza. El delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y las instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior.”.

2.Modifícase el artículo 2°, en el siguiente sentido:

a)Elimínase el literal b).

b)Reemplázase el literal c) por el siguiente:

“c) Solicitar al Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectivo el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia cuando, a juicio del delegado presidencial regional o provincial, sea necesario para el ejercicio de sus funciones.”.

c)Agrégase el siguiente literal q), nuevo:

“q) Ejercer la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales que no importen un riesgo para la seguridad pública.”.

d)Agrégase el siguiente literal r), nuevo:

“r) Proponer la remoción del Comisionado o Comisionada de Seguridad del territorio.”.

e)Agrégase el siguiente literal s), nuevo:

“s) Ejercer las funciones que la ley le entrega al Ministerio del Interior en el territorio de la región, conforme a las instrucciones que emanen del Ministerio.”.

3. Modifícase el artículo 4° en el siguiente sentido:

a)Reemplázase en el literal a) la frase “, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes” por “en la provincia”.

b)Elimínanse los literales c) y d).

4. Incorpórase, en el artículo 61, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, el Ministerio de Seguridad Pública se desconcentrará territorialmente mediante los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del Delegado o Delegada Presidencial en la coordinación, supervigilancia y fiscalización, según corresponda, de los servicios públicos que integran el Sistema establecido en el artículo 2°, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 bis de la Carta Fundamental, dentro de la región.”.”. (Indicación N° 47 bis, con modificaciones. Unanimidad, 5x0).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- Sustituirlas por las siguientes:

“Artículo primero. - Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1.Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

2.Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

3.Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de las asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

4.Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En el o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5.Fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus Subsecretarías, la que no podrá ser superior a seis meses desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6.Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley, la que no podrá ser superior a seis meses desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.”

7.Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a.No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta y contrata. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b.No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta y contrata. Cualquiera diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c.Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d.El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

e.Traspasar los bienes que determine, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública al Ministerio de Seguridad Pública y, en especial, desde las actuales Subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito a las Subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

Artículo segundo transitorio. - El Ministerio de Seguridad Pública será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero. Lo dicho en este artículo será aplicable también a la Subsecretaría de Seguridad Pública respecto de la Subsecretaría del Interior.

Artículo tercero transitorio. - El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

Artículo cuarto transitorio. - Los funcionarios y funcionarias de planta y a contrata del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrán conservar su afiliación a las asociaciones de funcionarios del señalado servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Seguridad Pública haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de entrada en funciones de la Secretaría de Estado antes señalada, cesará por el solo ministerio de la ley, su afiliación a las asociaciones de funcionarios de la institución de origen.

Artículo quinto transitorio. - En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Ministerio de Seguridad Pública, todos sus funcionarios y funcionarias podrán afiliarse o continuar afiliados al Servicio de Bienestar del Ministerio del Interior.

Artículo sexto transitorio. - A partir de la publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá designar al Ministro de Seguridad Pública, al Subsecretario de Seguridad Pública, y al Subsecretario de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública, la remuneración de las autoridades antes señaladas serán equivalentes a las del Ministro del Interior, las del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Prevención del Delito, respectivamente, se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior.

El Ministro y los Subsecretarios designados conforme al inciso anterior deberán proponer un cronograma de instalación del Ministerio de Seguridad Pública y, en general, realizar cualquier trámite ante organismos públicos y privados que le permitan al Ministerio y sus Subsecretarías estar plenamente operativos a la fecha de inicio de sus funciones.

Artículo séptimo transitorio. - Los reglamentos a los que hace referencia esta ley deberán ser dictados o modificados dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley.

Artículo octavo transitorio. - Toda mención que se haga en leyes, reglamentos u otras normas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sus Subsecretarías y reparticiones en materias, atribuciones, competencias o facultades que de acuerdo con esta ley se radiquen en el Ministerio de Seguridad Pública, y sus Subsecretarías o Reparticiones, se entenderán transferidas a este en su condición de sucesor legal.

Artículo noveno transitorio.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que incluye las Subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo décimo transitorio. Dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley el Ministerio de Seguridad Pública presentará una iniciativa legal que regulará la orgánica, componentes y el funcionamiento del sistema nacional de protección ciudadana mencionado en la letra l) del artículo 19 de la presente ley. El sistema nacional de protección ciudadana, deberá operar bajo los principios de interoperabilidad, interagencialidad e integrar las capacidades de los organismos públicos y privados en materia de seguridad pública. El Sistema tendrá una expresión nacional y regional, esta última a cargo del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública.”. (Indicación número 48) aprobada con enmiendas por unanimidad 3x0, con excepción del artículo décimo transitorio, aprobado por unanimidad 4x0)

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TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

“PROYECTO DE LEY:

Artículo Primero. Apruébase la siguiente Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública:

Título I

Del Ministerio de Seguridad Pública y de los Consejos de Seguridad Pública Párrafo I Del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 1°.- El Ministerio de Seguridad Pública, en adelante también “el Ministerio”, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, protección de las personas, el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana, actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias.

Asimismo, le corresponde planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas relativos, tanto a dichas materias, como a aquellas que digan relación con reinserción social, rehabilitación, así como en atención y asistencia a víctimas, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley.

El Ministerio actuará en conformidad con los principios de interagencialidad, interoperabilidad y cooperación, en el marco de sus funciones y atribuciones, y fomentará la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial de las materias individualizadas en los incisos anteriores.

Artículo 2°.- El Ministerio coordinará y articulará un Sistema de Seguridad Pública, integrado por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el Ministerio Público; y el conjunto de entidades públicas a nivel nacional, regional y comunal cuyas funciones se relacionen con el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública; la protección de las personas; el orden público; la prevención del delito; la rehabilitación y reinserción social de infractores de ley; así como la atención y asistencia a víctimas. Dicho Sistema articulará las políticas, planes y otros instrumentos relativos a estos mismos ámbitos y funcionará mediante una acción coordinada de las instituciones que lo componen, en la esfera de sus respectivas competencias. Adicionalmente, podrá funcionar en subsistemas en ámbitos territoriales tanto a nivel macrozonal, regional, provincial o local.

Las autoridades que componen el Sistema propenderán a la coordinación y planificación, pudiendo adoptar acuerdos con otras instituciones con el propósito de lograr un funcionamiento interoperable, interagenciable y cooperativo.

El funcionamiento del Sistema se regirá por un reglamento, que dictará el Ministerio de Seguridad Pública dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley, el cual determinará las demás formas de organización necesarias para su correcto funcionamiento.

Artículo 3°. - Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas por Carabineros y la Policía de Investigaciones, en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, dependerán del Ministerio de Seguridad Pública, encontrándose subordinadas al poder civil, en conformidad a la Constitución y las leyes.

La dependencia referida será sin perjuicio de las órdenes que reciban las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio Público, en el contexto de una investigación penal; así como de la supervisión que ejerza la Subsecretaría del Interior, respecto de sus funciones en materia migratoria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 21.325.

Párrafo II Funciones del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 4°.- El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, protección de las personas, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como las demás funciones y atribuciones del Ministerio.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos. Además, cuando se trate de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos, se podrá pronunciar, en las materias de su competencia, sobre su seguimiento e implementación.

Para el logro de estos objetivos, podrá solicitar todos los antecedentes que estime pertinentes a cualquier órgano de la Administración Pública, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentren en su poder.

Artículo 5°.- Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública las siguientes funciones:

a.Garantizar la protección de las personas a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito.

b.Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad, mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario.

c.Promover medidas tendientes a prevenir delitos, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, evaluando continuamente, bajo criterios técnicos y especializados, las acciones y políticas públicas para el logro de los objetivos en la materia.

d.Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, mediante la integración de sus capacidades, la gestión eficiente de los recursos y la colaboración entre los distintos niveles territoriales, para el logro de los objetivos.

e.Formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas, debiendo para ello coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia.

f.Ejecutar, a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las acciones tendientes a resguardar las fronteras de nuestro país para evitar la comisión de delitos, de acuerdo a sus leyes orgánicas respectivas, así como cualquier otra afectación de la seguridad y el orden público, en coordinación con los demás organismos competentes en la materia.

g.Adoptar y ejecutar medidas de ciberseguridad tendientes a prevenir, detectar y neutralizar las amenazas en el espacio digital, servicios esenciales e infraestructura crítica de la información, debiendo para ello coordinar, interoperar y promover el trabajo conjunto con los demás organismos competentes en la materia.

h.Adoptar y ejecutar las medidas tendientes a favorecer la atención y asistencia a víctimas de delitos, así como la reinserción social y la rehabilitación de quienes infrinjan la ley o el orden público, mediante el ejercicio de sus derechos fundamentales, en coordinación con los organismos con competencias en la materia.

i.Adoptar y ejecutar medidas tendientes a supervigilar que las personas naturales y jurídicas que proveen servicios de seguridad privada cumplan su rol coadyuvante de la seguridad pública.

j.Cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal, considerando su autonomía y atribuciones.

k.Controlar las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos.

l.Ejecutar las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Artículo 6°.- Para el cumplimiento de sus funciones, corresponderá al Ministerio las siguientes atribuciones:

a.Proponer al Presidente o Presidenta de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia y evaluar su aplicación.

b.Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

c.Supervisar, instruir, coordinar y evaluar la ejecución de las actuaciones que desarrollen los demás organismos públicos en relación con la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

d.Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

e.Entregar lineamientos generales y específicos, en los ámbitos estratégico, táctico y operativo, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, para el resguardo de la seguridad y orden público, evitando cualquier uso excesivo de la fuerza, en coherencia con los Planes Estratégicos de Desarrollo Policial y los Planes Anuales de Gestión Operativa y Administrativa.

f.Definir y evaluar las medidas orientadas a la prevención de los delitos, en el ámbito de su competencia.

En el ejercicio de esta atribución, deberá considerar, especialmente, la adopción de medidas tendientes a prevenir la comisión de delitos por parte de menores de edad, actuando siempre de conformidad al principio del interés superior del niño, niña y adolescente.

g.Promover la seguridad y la prevención de los delitos en eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, y mantener el registro al que se refiere el artículo 30 de la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional.

h.Efectuar análisis estratégicos en materia de seguridad pública, en el marco de sus competencias.

i.Desarrollar y administrar sistemas de tratamientos de datos, documentos y otros antecedentes, en el marco de sus competencias, que no permitan la singularización de personas determinadas y en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.

j.Elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública. Tales estadísticas se referirán, a lo menos, a la victimización, revictimización, el temor y las denuncias. Del mismo modo, podrán considerarse factores de riesgo relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo, a nivel nacional, regional y comunal.

En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá, anualmente, publicar una sistematización actualizada de estadística criminal anonimizada, que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, deberá estar segmentada por regiones, tipo de delito y otros criterios importantes.

Para estos efectos, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública enviarán al Ministerio mensualmente datos y estadísticas policiales a partir de las faltas y delitos conocidos por la institución, y de otros procedimientos realizados por la misma.

k.Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública, convivencia ciudadana, protección de las personas y las demás materias que sean de su competencia.

l.Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

m.Establecer las acciones de coordinación destinadas a mantener la seguridad pública y restablecer el orden público, en todo el territorio de la República.

n.Coordinar y evaluar, en conjunto con los demás organismos con competencia en la materia, la ejecución de planes y programas de rehabilitación, reinserción social, asistencia y atención a víctimas, convivencia ciudadana y protección de las personas.

o.Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

p.Autorizar, regular, supervigilar, controlar y ejercer las demás atribuciones en la forma que señale la ley, en materia de seguridad privada.

q.Suscribir acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, en materias de su competencia.

r.Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En ningún caso el ejercicio de estas atribuciones podrá entorpecer las funciones que le corresponden al Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, la ley N° 19.640, el Código Procesal Penal y las demás leyes especiales.

Artículo 7°. - Al Ministerio le corresponderá, respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las siguientes atribuciones:

a.Asesorar al Presidente o Presidenta de la República en la conformación de los Altos Mandos, así como en los ascensos y retiros.

b.Aprobar los planes estratégicos de desarrollo policial y sus modificaciones, y los planes anuales de gestión operativa y administrativa, de conformidad a la ley.

c.Supervigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad pública que defina el ministerio, mediante el sistema de supervisión y evaluación de la gestión policial contemplado en la ley N° 21.427.

d.Diseñar, junto a los Altos Mandos, estrategias y medidas tendientes a proteger la vida e integridad de los funcionarios y funcionarias pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, durante el ejercicio de sus funciones, supervigilando su adecuada implementación. Dichas estrategias y medidas deberán ser proporcionales a la labor que realizan.

En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá velar para que el equipamiento e infraestructura de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública cumplan con estándares técnicos que permitan una adecuada protección.

e.Promover el cumplimiento, por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de las normas de probidad, transparencia, publicidad y rendición de cuentas a la ciudadanía.

f.Ejercer el control presupuestario, financiero y de mérito respecto de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán hacer envío trimestralmente de su estado y gestión financiera, a través de medios electrónicos. Sin perjuicio de ello, el Ministerio podrá requerir información actualizada o exigir el complemento de las ya enviadas, en cualquier momento, debiendo ser remitidas por esa misma vía.

g.Examinar y aprobar las bases de licitación o requerimientos para la adquisición de tecnología y sistemas informáticos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio dispondrá los estándares para la adquisición de equipos y programas computacionales, a fin de compatibilizar las herramientas tecnológicas que utilicen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, podrá solicitar la opinión de otras instituciones que estime relevante.

h.Dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los planes y programas de formación y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en coherencia con los planes estratégicos de desarrollo policial. Asimismo, deberá aprobar dichos planes y programas, los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas y supervigilar su cumplimiento.

Las orientaciones técnicas señaladas deberán contener como principios la eficacia policial, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, entre otros que se determinen en conjunto. Del mismo modo, deberán incorporar lineamientos tendientes a un adecuado y permanente perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio de Seguridad Pública se deberá coordinar con el Ministerio de Educación, quien emitirá un informe previo con su opinión sobre las orientaciones técnicas referidas, el cual no será vinculante.

Asimismo, deberá aprobar los planes y programas de estudio y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas, así como supervigilar su cumplimiento. Para el ejercicio de esta atribución, podrá solicitar, en su caso, todas las modificaciones que estime pertinentes.

i.Supervigilar las modificaciones de la estructura organizacional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a lo dispuesto en un reglamento expedido por el Ministerio para dichos efectos.

j.Ordenar, según corresponda, que el superior jerárquico respectivo inicie la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción, pudiendo exigir cuenta de su avance y, en su caso, poner antecedentes en conocimiento de la justicia. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán comunicar al Ministerio, mensualmente, las resoluciones que dieren inicio a procedimientos disciplinarios, así como las que les pusieren término, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda en esta materia a la Contraloría General de la República. Estas comunicaciones serán siempre de carácter secreto.

k.Requerir cualquier otra información a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

En ejercicio de esta atribución, el Ministerio podrá solicitar informes de carácter reservado o secreto, incluyendo aquellos que digan relación con inteligencia policial en el marco de la ley N°19.974, y que sean necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellos que contengan información cuya revelación, aún de manera reservada o secreta, afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso o pongan en riesgo la identidad de funcionarios o funcionarias que desempeñen labores en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la referida ley.

Las servidoras o servidores públicos del Ministerio, deberán guardar secreto de la información reservada que conozcan en razón de su cargo. En caso de violación a este deber, serán sancionados con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo y la inhabilitación absoluta y temporal en su grado medio a perpetuo para ejercer cargos y oficios públicos.

Si se utilizara la información referida en el inciso anterior en beneficio propio o ajeno, en perjuicio de alguna persona, autoridad u organismo, o para ejercer presiones o amenazas, será sancionado con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo a máximo y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

l. Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden

Artículo 8°.- El Ministerio de Seguridad Pública informará por escrito, semestralmente, a las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados encargadas de la seguridad, acerca de los desafíos en las materias de esa Secretaría de Estado, de los avances en la implementación y los resultados de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, protección de las personas, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos, dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

La información dispuesta en el inciso precedente deberá referirse especialmente a los estados de avance, cuentas y resultados, según corresponda, de todos los planes y programas desarrollados por el Ministerio y los organismos bajo su dependencia para los efectos de prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas, de acuerdo a lo dispuesto en el literal e) del artículo 5°.

Lo anterior será sin perjuicio de la facultad de las comisiones de ambas Cámaras de citar a una sesión especial y conjunta para los fines señalados en el inciso precedente.

Párrafo III De los Consejos de Seguridad Pública

Artículo 9º.- Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el Ministro o Ministra de Seguridad Pública e integrado por el Ministro o Ministra de las siguientes Carteras de Estado: Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa Nacional, y Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; el Subsecretario o Subsecretaria de las siguientes Subsecretarías: Subsecretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención del Delito y Subsecretaría de Justicia; un o una representante de la Corte Suprema designado por esta; el Presidente o Presidenta de las Comisiones de Seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados; el o la Fiscal Nacional del Ministerio Público; el Defensor o Defensora Nacional Penal Pública; el o la General Director de Carabineros de Chile; el Director o la Directora General de la Policía de Investigaciones de Chile; el Director o la Directora General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; el Director o la Directora de la Dirección General de Aeronáutica Civil; el Director o la Directora de los siguientes organismos: Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; y el Presidente o la Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades.

El Subsecretario de Prevención del Delito actuará como Secretario o Secretaria del Consejo, levantando acta de las reuniones.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministro o la Ministra de Seguridad Pública en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

Asimismo, el Consejo constituirá una instancia de coordinación del Sistema establecido en el artículo 2° y de fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del Ministerio, a través de propuestas técnicas y de su acción mancomunada. Para estos efectos, podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos, autoridades nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

El Reglamento referido en el artículo 2° determinará la estructura, competencias, convocatorias, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento del Consejo Nacional.

Artículo 10.- El Consejo sesionará, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año, deberá oír a los o las representantes de la sociedad civil, en la forma que determine el reglamento.

Artículo 11.- El primer trimestre de cada año, la Dirección de Presupuestos deberá enviar un informe al Consejo con el detalle de la ejecución presupuestaria del año anterior de cada órgano del Estado que realice gastos en materias de seguridad pública.

Una resolución expedida por el Ministerio de Seguridad Pública suscrita, además, por el Director o Directora de Presupuestos, determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir esta información.

Artículo 12.- El Consejo contará con comisiones técnicas, definidas por el Secretario o Secretaria de esta instancia.

Los miembros del Consejo que integrarán estas comisiones técnicas serán definidos por este anualmente y sesionarán en la forma y con la periodicidad que determine el reglamento.

Artículo 13.- En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el Delegado o Delegada Presidencial Regional. El Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública tendrá el rol de secretario ejecutivo del Consejo, el que será integrado por:

1.El gobernador o la gobernadora regional y un consejero o consejera Regional de la comisión de seguridad del Consejo.

2.Los alcaldes o las alcaldesas de los municipios de la región.

3.Un o una representante del Ministerio de Defensa.

4.Un o una representante del Ministerio de Hacienda, si así se considera necesario.

5.Los Secretarios o Secretarias Regionales Ministeriales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente.

6.Un o una representante de la Corte de Apelaciones respectiva, designado por esta.

7.El o la Fiscal Regional del Ministerio Público.

8.El Defensor o la Defensora Regional de la Defensoría Penal Pública.

9.El Jefe de Zona de Carabineros de Chile o, los Jefes de Zona, en su caso.

10.El Jefe de Región Policial de la Policía de Investigaciones de Chile con competencia sobre la región.

11.Los Directores o Directoras Regionales de Gendarmería de Chile, del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

12.La autoridad marítima regional, cuando corresponda.

13.Un representante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando corresponda.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesor del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública en la implementación y coordinación de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana en los diversos niveles establecidos en el artículo 2°, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública. Para estos efectos, el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otras autoridades regionales, funcionarios públicos o representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

Asimismo, será una instancia de coordinación a nivel regional del Sistema establecido en el artículo 2°. Por intermedio del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectiva, deberá mantener una permanente comunicación con los consejos comunales de seguridad pública de la región y el resto de los integrantes del Sistema y considerar la información, antecedentes y estadísticas que estos consejos les provean.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año deberá oír a representantes de la sociedad civil.

En el reglamento mencionado en el inciso final del artículo 2° se determinará la convocatoria, quórum, forma en que se oirá a los representantes de la sociedad civil y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para el adecuado funcionamiento de los Consejos Regionales.

Artículo 14.- Los Consejos Comunales de Seguridad Pública, regulados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, serán la instancia de coordinación, a nivel comunal, del sistema establecido en el artículo 2° y se regirán, en cuanto a su integración, organización y funcionamiento, por las normas allí dispuestas.

Párrafo IV Organización interna del Ministerio

Artículo 15.- El Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, se desconcentrará territorialmente mediante los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública, quienes serán los o las representantes del Ministerio en la Región y dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En todo lo que no sea contradictorio con la presente ley, se les aplicarán las disposiciones que regulan la organización y atribuciones de las secretarías regionales ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones.

Artículo 16.- El Ministro de Seguridad Pública será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República y será responsable de la conducción del Ministerio en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél le imparta. La conducción política del Ministerio estará a cargo del Ministro conforme dichas instrucciones.

El Ministro o la Ministra será subrogado por el o la Subsecretaria de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y a falta de éste, por el Subsecretario de Prevención del Delito, sin perjuicio de la facultad del Presidente o la Presidenta de la República de nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.

Cada subsecretario o subsecretaria será el jefe superior del Servicio en su respectiva subsecretaría y le corresponderá desempeñar las demás funciones establecidas en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la demás normativa aplicable. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública la administración y servicio interno del Ministerio.

Asimismo, los y las subsecretarías deberán efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro del cumplimiento de sus funciones.

Artículo 17.- Un reglamento expedido a través de este Ministerio determinará su estructura y la de las subsecretarías, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En dicha estructura se deberán considerar las unidades funcionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del Ministerio

Título II De la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

Artículo 18.- La Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o la Ministra en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas relativas a la seguridad pública, la protección de las personas, el orden público, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo, sin perjuicio del ejercicio de otras atribuciones que el Ministro o la Ministra le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquel o aquella le encargue. Asimismo, deberá ejercer aquellas funciones y atribuciones que le corresponden al Ministerio, respecto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Artículo 19.- Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública:

a.Diseñar y proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, planes y programas, en las materias de su competencia; así como ejecutarlos y evaluarlos.

b.Coordinar las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materias de su competencia.

c.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

d.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función de resguardo fronterizo establecida en la letra f. del artículo 5°.

e.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función establecida en la letra e. del artículo 5°, para lo cual deberá relacionarse con la Agencia Nacional de

Inteligencia.

f.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el control y supervigilancia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, según lo dispuesto en la letra k. del artículo 5°.

En cumplimiento de esta función, le corresponderá asesorar al Ministro o la Ministra en todas las materias que correspondan a dichas fuerzas, pudiendo ejercer directamente las atribuciones señaladas en la letra e) del artículo 6° y todas las del artículo 7°, sin perjuicio de aquellas que le corresponda directamente al Ministro o la Ministra, de conformidad a las leyes orgánicas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública u otras leyes especiales.

Asimismo, deberá supervigilar las políticas de personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias.

g.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función de ciberseguridad que le corresponde al Ministerio, dispuesta en la letra g. del artículo 5°, de conformidad a las normas legales que regulan la materia.

h.Mantener actualizado el registro especial establecido en el Título V de la ley Nº 20.000.

i.Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia.

j.Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

k.Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

l.Implementar un sistema nacional de protección ciudadana que coordine los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para casos de emergencias de seguridad y demás que determine la ley.

m.Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Título III Subsecretaría de Prevención del Delito

Artículo 20. La Subsecretaría de Prevención del Delito es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a la prevención del delito; protección de las personas; convivencia ciudadana; atención y asistencia a víctimas de delito; y rehabilitación y reinserción social de los infractores de ley, sin perjuicio de las competencias propias de otros ministerios y servicios públicos, así como del ejercicio de las atribuciones que el Ministro o Ministra le delegue y del cumplimiento de las tareas que este o esta le encargue.

Para el cumplimiento de lo anterior, la Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá a su cargo la gestión de la totalidad de los planes y programas del Ministerio en relación con las materias señaladas en el inciso precedente. Asimismo, emitirá recomendaciones a todo órgano de la Administración del Estado y coordinará los planes y programas que los demás Ministerios y Servicios Públicos desarrollen en este ámbito. Para tal efecto, articulará las acciones que estos ejecuten, así como las prestaciones y servicios que otorguen, de manera de propender a su debida coherencia y a la eficiencia en el uso de los recursos.

Artículo 21. A la Subsecretaría de Prevención del Delito le corresponderá:

a.Diseñar y proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, planes y programas, en las materias de su competencia; así como ejecutarlos y evaluarlos.

En ejercicio de esta función, le corresponderá, especialmente, asesorar y colaborar con el Ministro o a la Ministra en la elaboración, supervisión, coordinación, actualización y evaluación de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana; y de la Política Nacional de Víctimas.

b.Coordinar las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materias de su competencia.

c.Ejercer las atribuciones del Ministerio relativas a administrar y desarrollar sistemas de tratamiento de datos y elaborar estadísticas, de conformidad a lo establecido en las letras i. y j. del artículo 6°.

Asimismo, en base a dicha información y estadísticas, deberá efectuar análisis, en coordinación con los demás órganos de la Administración del Estado, sobre los desafíos y riesgos que digan relación con las competencias del Ministerio.

d.Evaluar las políticas públicas diseñadas o formuladas por el Ministerio, en materias de su competencia, según las directrices metodológicas que este imparta. Asimismo, deberá evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios de los demás Ministerios y servicios públicos que desarrollen relacionados con materias de su competencia.

Para el ejercicio de esta función, deberá producir, sistematizar y poner a disposición información y datos, pudiendo encargar, si se estima pertinente, evaluaciones externas independientes.

e.Proveer colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales y comunales, puedan identificar prioridades en materia de prevención del delito y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

f.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

g.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el cumplimiento de las funciones y atribuciones en materia de seguridad privada, pudiendo ejercerlas directamente, sin perjuicio de aquellas que le correspondan al Ministro o Ministra en forma directa, de conformidad a lo establecido en la ley que regula esta materia.

h.Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en lo relativo a la formulación de planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, incluyendo espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Asimismo, deberá mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

i.Emitir opinión sobre la coherencia de los planes comunales de seguridad pública con la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana y con los instrumentos de gestión y directrices emanados del Ministerio en este ámbito, dentro de los sesenta días siguientes a su aprobación, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

j.Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia.

k.Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

l.Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

m.Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Título IV De los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública

Artículo 22.- A los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública les corresponderá:

a)Coordinar, en la región, su labor con las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas y los demás organismos con competencia en materias de prevención del delito y seguridad pública, estableciendo las instancias operativas y estratégicas para desarrollar esta labor.

b)Coordinar, en la región, la ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio de Seguridad Pública. Además, podrá ejecutar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en las expresiones territoriales que dicho Ministerio establezca dentro del ámbito de su competencia. En el ejercicio de esta facultad, los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública deberán velar por integrar a su gestión las capacidades de los demás actores encargados de la seguridad que tengan competencias a nivel regional, provincial y comunal, y los lineamientos que emanen del Consejo Regional de Seguridad Pública, de manera de dar cumplimiento a los principios de interoperabilidad, interagencialidad y cooperación descritos en el artículo 1 de esta ley.

c)Implementar la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana y la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región. Para realizar esta labor, los Comisionados o Comisionadas podrán, especialmente:

i.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluidas las municipalidades, que tengan relación directa con los planes y programas de estas políticas.

ii.Evaluar el desarrollo de planes y programas ejecutados en el territorio de su competencia.

iii.Disponer la realización de estudios y encuestas que tengan relación directa con la ejecución de los planes y programas de estas políticas.

iv.Implementar medidas de prevención de la delincuencia y aquellas orientadas a disminuir la violencia y la reincidencia delictual.

d)Velar por la protección de las personas en la región y sus provincias a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público, junto con la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento.

e)Adoptar medidas tendientes a la prevención de delitos, a nivel regional y en el ámbito de sus competencias, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, de acuerdo a las directrices emanadas desde el Ministerio de Seguridad Pública o sus Subsecretarías.

f)Proveer la colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales, provinciales y comunales puedan identificar prioridades en materia de seguridad pública y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

g)Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia, en conformidad a la ley.

h)Autorizar la realización de eventos, espectáculos o actividades recreativas que involucren una gran concentración de personas en espacios abiertos al público, incluyendo aquellas reguladas en la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional de conformidad a sus disposiciones. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile. Un reglamento expedido por el Ministerio de Seguridad Pública regulará las condiciones y demás normas necesarias para la entrega y denegación de dichas autorizaciones.

i)Supervigilar las actividades de seguridad y prevención que ejecuten empresas de seguridad privada, de acuerdo con los planes, programas o resoluciones que emanen del Ministerio de Seguridad Pública.

j)Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile.

k)Ejercer todas aquellas atribuciones que la ley otorga a las Secretarías Regionales Ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones.

l)En general, promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la región mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de los delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario, así como las demás que establezca la Constitución o las leyes.

Artículo 23.- Los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública serán cargos de exclusiva confianza nombrados por el Presidente o Presidenta de la República en cada región, a sugerencia del Ministerio de Seguridad Pública, y deberán cumplir los siguientes requisitos, sin perjuicio de las exigencias generales para ingresar a la Administración del Estado:

a)Ser ciudadano con derecho a sufragio.

b)Ser mayor de 21 años de edad.

c)No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.

d)No hallarse condenado por crimen o simple delito.

e)Poseer un título profesional o técnico profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado, reconocido por éste o validado en Chile de acuerdo con la legislación vigente.

f)Tener experiencia previa en materias de seguridad y prevención que demuestren la idoneidad para el cargo. La forma de acreditar los requisitos de idoneidad serán determinados por el Ministerio de Seguridad Pública mediante resolución

Artículo 24.- El Comisionado o Comisionada cesará en su cargo en los siguientes casos, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto Administrativo:

a)Pérdida de cualquiera de los requisitos habilitantes establecidos para su desempeño en el artículo anterior o incurrir en las causales de inhabilidad descritas en los artículos 54 y 55 bis del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del año 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b)Aceptación de un cargo incompatible.

c)Inscripción como candidato a un cargo de elección popular.

d)Aceptación de renuncia.

e)Remoción dispuesta por el Presidente o Presidenta de la República, pudiendo el Ministerio de Seguridad Pública sugerir esa medida.

Disposiciones Finales

Artículo 25.- La Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, en adelante “Política”, es el instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos y los análisis sobre prevención del delito que sean pertinentes.

Para la elaboración de esta Política, el Ministerio seguirá, entre otros, los principios de eficacia policial, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Asimismo, considerará, entre otras fuentes, la información, antecedentes y estadísticas que provean los Consejos Regionales y Comunales de Seguridad Pública, así como el contenido de los Planes Comunales de Seguridad Pública y la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia.

La Política será aprobada cada seis años por el Presidente o la Presidenta de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Seguridad Pública.

La dictación de la Política no obstará a la elaboración, implementación y evaluación de planes o estrategias particulares que, en estas materias, pueda sancionar cada Gobierno. Sin embargo, dichos planes o estrategias deberán ser coherentes con la Política, así como con los objetivos que determine el propio Ministerio.

Anualmente, en el mes de septiembre, el Ministro de Seguridad Pública en sesión especial, secreta y conjunta de las comisiones de Seguridad Pública del Senado y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados deberá dar cuenta de los desafíos en las materias de la Cartera que dirige y escuchará el parecer de los miembros de ambas comisiones.

Artículo 26.- El personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, al régimen de remuneraciones del decreto ley N° 249, de 1974, y su legislación complementaria.

Artículo Segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales:

1.Suprímese, en el Título I, la frase “y Seguridad Pública”.

2.Modifícase el artículo 1º, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 1º.- El Ministerio del Interior será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el ejercicio del gobierno interior, así como en asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres y catástrofes y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones que encomiende aquél o las leyes. Asimismo, será el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios, para el logro de los objetivos gubernamentales.”.

b)Suprímese el inciso segundo.

c)Reemplázase el inciso tercero, que pasa a ser inciso segundo, por el siguiente:

“Además de las funciones que esta ley le señale, este Ministerio será el sucesor legal, sin solución de continuidad, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en todas las materias que no sean de competencia del Ministerio de Seguridad Pública.”.

3.Suprímese el artículo 2º.

4.Reemplázase el artículo 3º, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Además de las facultades ya existentes para el Ministerio del Interior en otras materias, a éste le corresponde:

a)Coordinar políticamente los distintos ministerios, de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el Presidente o la Presidenta de la República.

b)Velar por el desarrollo regional y local del país; de acuerdo a los planes y programas aprobados por los Gobiernos Regionales.

c)Ejercer el gobierno interior del Estado.

d)Velar por la correcta ejecución de las leyes electorales.

e)Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias en materia migratoria, así como supervigilar, formular, implementar y supervisar políticas, planes y programas relativos a migración, velando por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Chile y que se encuentren vigentes en estas materias, así como de protección de refugiados, sin perjuicio de los derechos, obligaciones y atribuciones del Servicio Nacional de Migraciones en estas materias.

f)Proponer las normas sobre división política y administrativa del país y la fijación de los distintos límites territoriales y husos horarios aplicables en el territorio nacional.

g)Controlar el funcionamiento del Diario Oficial y asegurar el cumplimiento de sus fines y objetivos, pudiendo dictar los reglamentos necesarios para su funcionamiento.

h)Conducir las relaciones con el Congreso Nacional que no correspondan a otros Ministerios.

i)Coordinar la prevención y respuesta frente a desastres y emergencias.

j)Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de su competencia.

k)Administrar la Red de Conectividad del Estado.

l)Autorizar la realización de colectas, rifas y sorteos en el territorio nacional.

m)Ejecutar las disposiciones del decreto ley N° 799 de 1974 sobre uso y circulación de vehículos estatales.

n) Coordinar con el Ministerio de Bienes Nacionales la disposición de los bienes municipales.

ñ) Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.”.

5.Suprímense los artículos 4º, 5º y 6º.

6.Reemplázase el artículo 7º, por el siguiente:

“Artículo 7º.- En el ejercicio de sus atribuciones, el Ministro o la Ministra del Interior contará con la colaboración inmediata de la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Los jefes o las jefas superiores de estas Subsecretarías serán los o las Subsecretarios o Subsecretarias del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo, respectivamente.

El Ministro o la Ministra será subrogado o subrogada por el Subsecretario o Subsecretaria del Interior y, a falta de éste o esta, por el o la de Desarrollo Regional y Administrativo, sin perjuicio de la facultad del Presidente o Presidenta de la República para nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.”.

7.Modifícase el inciso primero del artículo 8º, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase la coma entre la palabra “Interior” y la expresión “de Desarrollo Regional” por la conjunción “y”.

b)Reemplázase la expresión “y de Prevención del Delito” por una coma.

8.Reemplázase el inciso primero del artículo 9º, por el siguiente:

“Artículo 9º.- Corresponderá a la Subsecretaría del Interior ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relativas a gobierno interior, coordinación territorial del gobierno, migración y extranjería, desastres y emergencias y las demás tareas que aquél o aquella le encomiende, así como las que la ley determine.”.

9. Suprímense los incisos segundo y tercero del artículo 9°.

10. Elimínanse los artículos 10 y 11.

11. Elimínase el Párrafo 2º del Título II.

12. Elimínase el Título III.

13. Modifícase el artículo 17, de la siguiente forma:

a) Elimínase, en su inciso primero, la frase “y Seguridad Pública”.

b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Sustitúyese la expresión “; por los funcionarios de las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones que pasen a integrarla conforme a las reglas establecidas en esta ley;” por la voz “y”.

ii.Elimínase la expresión “, y por el personal de las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública destinado a prestar servicios a requerimiento del Ministro del Interior y Seguridad Pública o del Subsecretario del Interior”.

c) Elimínase su inciso tercero.

14.Elimínase en el inciso primero del artículo 18, la expresión “y Seguridad Pública”.

15.Modifícase el artículo 19, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase, en el literal b), la expresión “Ministro del Interior y Seguridad Pública” por “Ministro o la Ministra de Seguridad Pública”.

b)Introdúcese, en el literal b), entre la voz “Subsecretario” y la expresión “de Prevención del Delito” la expresión “o la Subsecretaria”.”.

c)Elimínase, en el literal f), la expresión “y Seguridad Pública”.”.

Artículo Tercero. Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, del Ministerio del Interior, que organiza las Secretarías del Estado, de la siguiente manera:

1. Incorpóranse las siguientes modificaciones al inciso primero del artículo 1°:

a)Elimínase, en el numeral 1°, la frase “y Seguridad Pública”.

b)Intercálase un numeral 5°, nuevo, pasando el actual 5° a ser 6° y así sucesivamente hasta llegar al 25°: “5° Seguridad Pública;”.

2. Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 3º:

a)Suprímese, en el inciso primero, la expresión “y Seguridad Pública”;

b)Suprímese, en el párrafo primero del literal a), la frase “y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos”.

Artículo Cuarto.- Intercálase una nueva letra d) en el artículo 6° de la ley N° 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica, del siguiente tenor, ajustando los demás literales en orden correlativo:

“d) El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública.”.”.

Artículo Quinto. Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional en el siguiente sentido:

1.Reemplázase el inciso primero del artículo 1°, por el siguiente:

“Artículo 1°.- El gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial regional, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en su cargo mientras cuente con su confianza. El delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y las instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior.”.

2.Modifícase el artículo 2°, en el siguiente sentido:

a)Elimínase el literal b).

b)Reemplázase el literal c) por el siguiente:

“c) Solicitar al Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectivo el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia cuando, a juicio del delegado presidencial regional o provincial, sea necesario para el ejercicio de sus funciones.”.

c)Agrégase el siguiente literal q), nuevo:

“q) Ejercer la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales que no importen un riesgo para la seguridad pública.”.

d)Agrégase el siguiente literal r), nuevo:

“r) Proponer la remoción del Comisionado o Comisionada de Seguridad del territorio.”.

e)Agrégase el siguiente literal s), nuevo:

“s) Ejercer las funciones que la ley le entrega al Ministerio del Interior en el territorio de la región, conforme a las instrucciones que emanen del Ministerio.”.

3. Modifícase el artículo 4° en el siguiente sentido:

a)Reemplázase en el literal a) la frase “, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes” por “en la provincia”.

b)Elimínanse los literales c) y d).

4. Incorpórase, en el artículo 61, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, el Ministerio de Seguridad Pública se desconcentrará territorialmente mediante los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del Delegado o Delegada Presidencial en la coordinación, supervigilancia y fiscalización, según corresponda, de los servicios públicos que integran el Sistema establecido en el artículo 2°, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 bis de la Carta Fundamental, dentro de la región.”.”

Artículo Sexto. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº21.325, sobre Migración y Extranjería:

1.Suprímese en el numeral 12 del artículo 1º, la frase “y Seguridad Pública;

2.Suprímese en el inciso primero del artículo 156, la frase “y Seguridad Pública”.

Artículo Séptimo. Modifícase el inciso primero del artículo 1º del decreto ley Nº844 de 1975, que crea el Departamento de Previsión de Carabineros, en el siguiente sentido:

1.Reemplázase la frase “del Interior y” por la preposición “de”.

2.Reemplázase la locución “Subsecretaria del Interior” por “Subsecretaría de Seguridad Pública”.

Artículo Octavo. Sustitúyese en el artículo 7º de la ley Nº19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la frase “del Interior” por “de Seguridad Pública”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

“Artículo primero. - Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1.Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

2.Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

3.Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de las asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

4.Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En el o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5.Fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus Subsecretarías, la que no podrá ser superior a seis meses desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6.Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley, la que no podrá ser superior a seis meses desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.”

7.Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a.No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta y contrata. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b.No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta y contrata. Cualquiera diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c.Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d.El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

e.Traspasar los bienes que determine, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública al Ministerio de Seguridad Pública y, en especial, desde las actuales Subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito a las Subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

Artículo segundo transitorio. - El Ministerio de Seguridad Pública será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero. Lo dicho en este artículo será aplicable también a la Subsecretaría de Seguridad Pública respecto de la Subsecretaría del Interior.

Artículo tercero transitorio. - El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

Artículo cuarto transitorio. - Los funcionarios y funcionarias de planta y a contrata del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrán conservar su afiliación a las asociaciones de funcionarios del señalado servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Seguridad Pública haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de entrada en funciones de la Secretaría de Estado antes señalada, cesará por el solo ministerio de la ley, su afiliación a las asociaciones de funcionarios de la institución de origen.

Artículo quinto transitorio. - En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Ministerio de Seguridad Pública, todos sus funcionarios y funcionarias podrán afiliarse o continuar afiliados al Servicio de Bienestar del Ministerio del Interior.

Artículo sexto transitorio. - A partir de la publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá designar al Ministro de Seguridad Pública, al Subsecretario de Seguridad Pública, y al Subsecretario de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública, la remuneración de las autoridades antes señaladas serán equivalentes a las del Ministro del Interior, las del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Prevención del Delito, respectivamente, se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior.

El Ministro y los Subsecretarios designados conforme al inciso anterior deberán proponer un cronograma de instalación del Ministerio de Seguridad Pública y, en general, realizar cualquier trámite ante organismos públicos y privados que le permitan al Ministerio y sus Subsecretarías estar plenamente operativos a la fecha de inicio de sus funciones.

Artículo séptimo transitorio. - Los reglamentos a los que hace referencia esta ley deberán ser dictados o modificados dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley.

Artículo octavo transitorio. - Toda mención que se haga en leyes, reglamentos u otras normas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sus Subsecretarías y reparticiones en materias, atribuciones, competencias o facultades que de acuerdo con esta ley se radiquen en el Ministerio de Seguridad Pública, y sus Subsecretarías o Reparticiones, se entenderán transferidas a este en su condición de sucesor legal.

Artículo noveno transitorio.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que incluye las Subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.”.

Artículo décimo transitorio. Dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley el Ministerio de Seguridad Pública presentará una iniciativa legal que regulará la orgánica, componentes y el funcionamiento del sistema nacional de protección ciudadana mencionado en la letra l) del artículo 19 de la presente ley. El sistema nacional de protección ciudadana, deberá operar bajo los principios de interoperabilidad, interagencialidad e integrar las capacidades de los organismos públicos y privados en materia de seguridad pública. El Sistema tendrá una expresión nacional y regional, esta última a cargo del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública.”.

- - -

ACORDADO

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días: 16 de agosto de 2022, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Rafael Prohens Espinosa, Jaime Quintana Leal y Enrique van Rysselbergue Herrera; 29 de agosto de 2022, con la asistencia de los Honorables Senadores Juan Castro Prieto, Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente) y Jaime Quintana Leal; 5 de septiembre de 2022, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego y señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Manuel José Ossandón Irarrázabal y Jaime Quintana Leal; 12 de septiembre de 2022, con la asistencia de los Honorables Senadores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Manuel José Ossandón Irarrázabal y Jaime Quintana Leal; 26 de septiembre de 2022 con la asistencia de los Honorables Senadores señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Iván Moreira Barros, Manuel José Ossandón Irarrázabal y Jaime Quintana Leal; 3 de octubre de 2022, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Iván Moreira Barros, Manuel José Ossandón Irarrázabal y Jaime Quintana Leal; 11 de octubre de 2022 con la asistencia de los Honorables Senadores señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Manuel José Ossandón Irarrázabal, Jaime Quintana Leal y Enrique Van Rysselberghe Herrera; 17 de octubre de 2022 con la asistencia de los Honorables Senadores señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Iván Moreira Barros, Manuel José Ossandón Irarrázabal y Jaime Quintana Leal; 24 de octubre de 2022 con la asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego y los señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Manuel José Ossandón Irarrázabal y Jaime Quintana Leal; 7 de noviembre de 2022 con la asistencia de los Honorables Senadores señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Iván Moreira Barros, Manuel José Ossandón Irarrázabal y Jaime Quintana Leal; 21 de noviembre de 2022 con la asistencia de los Honorables Senadores señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Iván Moreira Barros, Manuel José Ossandón Irarrázabal y Jaime Quintana Leal; 28 de noviembre de 2022 con la asistencia de los Honorables Senadores señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Iván Moreira Barros, Manuel José Ossandón Irarrázabal y Jaime Quintana Leal; 12 de diciembre de 2022 con la asistencia de los Honorables Senadores señores José García Ruminot, Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Manuel José Ossandón Irarrázabal y Jaime Quintana Leal; 23 de enero de 2023 con la asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Flores García, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Iván Moreira Barros, Manuel José Ossandón Irarrázabal y Jaime Quintana Leal; 24 de enero de 2023 con la asistencia de los Honorables Senadores señora Carmen Gloria Aravena Acuña, Iván Flores García, José Miguel Insulza Salinas (Presidente) y Enrique Van Rysselberghe Herrera; 25 de enero de 2023 con la asistencia de los Honorables Senadores señora Carmen Gloria Aravena Acuña, Iván Flores García, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), y Enrique Van Rysselberghe Herrera; 8 de mayo de 2023 con la asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Flores García, José Miguel Insulza Salinas, Felipe Kast Sommerhoff (Presidente), Alejandro Kusanovic Glusevic, Manuel José Ossandón Irarrázabal; 7 de junio de 2023 con la asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Flores García, Alfonso De Urresti Longton, Felipe Kast Sommerhoff (Presidente), Alejandro Kusanovic Glusevic, Manuel José Ossandón Irarrázabal; 12 de junio de 2023 con la asistencia de los Honorables Senadores señora Paulina Vodanovic Rojas y los señores Iván Flores García, Felipe Kast Sommerhoff (Presidente), , Manuel José Ossandón Irarrázabal; 14 de junio de 2023 con la asistencia de los Honorables Senadores señora Paulina Vodanovic Rojas y los señores Iván Flores García, Felipe Kast Sommerhoff (Presidente), Manuel José Ossandón Irarrázabal, Alejandro Kusanovic Glusevic.

Sala de la Comisión, a 19 de junio de 2023.

FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART

Secretario de la Comisión

JULIAN SAONA ZABALETA

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (BOLETÍN Nº 14.614-07)

_____________________________________________________________

I.OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Crear el Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública, con la finalidad de permitir a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas, alcanzar la condición que se encuentren lo suficientemente resguardados de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e internas, antrópicas y naturales

II.ACUERDOS:

Indicaciones:

La número 1) aprobada por unanimidad 5x0, 3x0 y 4x0, salvo lo referido a la letra k) del artículo 5°, que fue aprobado por mayoría 3x2

Número 2) rechazada por unanimidad 4x0

Número 3) rechazada por unanimidad 4x0

Número 3 bis) aprobada por unanimidad 5x0

Número 4) Inadmisible

Número 5) Inadmisible

Número 6) aprobada por unanimidad 5x0

Número 7) retirada

Número 8) retirada

Número 9) rechazada por unanimidad 5x0

Número 10) rechazada por unanimidad 5x0

Número 11) rechazada por unanimidad 5x0

Número 12) rechazada por unanimidad 5x0

Número 13) rechazada por unanimidad 5x0

Número 14) retirada

Número 15) rechazada por unanimidad 4x0

Número 16) rechazada por unanimidad 4x0

Número 16 bis) aprobada por unanimidad 5x0

Número 17) rechazada por unanimidad 4x0

Número 17 bis) retirada

Número 18) rechazada por unanimidad 4x0

Número 19) rechazada por unanimidad 4x0

Número 20) rechazada por unanimidad 4x0

Número 21) rechazada por unanimidad 4x0

Número 22) rechazada por unanimidad 4x0

Número 23) rechazada por unanimidad 4x0

Número 23 bis) retirada

Número 24) rechazada por unanimidad 4x0

Número 25) rechazada por unanimidad 4x0

Número 26) rechazada por unanimidad 4x0

Número 27) rechazada por unanimidad 4x0

Número 28) rechazada por unanimidad 4x0

Número 29) rechazada por unanimidad 4x0

Número 30) rechazada por unanimidad 4x0

Número 30 bis) retirada

Número 31) retirada

Número 32) rechazada por unanimidad 4x0

Número 33) rechazada por unanimidad 4x0

Número 34) rechazada por unanimidad 4x0

Número 35) retirada

Número 36) rechazada por unanimidad 5x0

Número 37) retirada

Número 38) rechazada por unanimidad 5x0

Número 38 bis) retirada

Número 38 ter) aprobada por mayoría 4x1

Número 38 quáter) retirada

Número 39) retirada

Número 39 bis) aprobada por unanimidad 5x0

Número 40) rechazada por unanimidad 5x0

Número 41) retirada

Número 42) rechazada por unanimidad 4x0

Número 42 bis) aprobada por unanimidad 5x0

Número 42 ter) aprobada por unanimidad 5x0

Número 42 quáter) aprobada por unanimidad 5x0

Número 42 quinquies) retirada

Número 42 sexies) aprobada por unanimidad 5x0

Número 43) Inadmisible

Número 44) rechazada por unanimidad 4x0

Número 45) aprobada por unanimidad 5x0

Número 46) aprobada por unanimidad 5x0

Número 47) retirada

Número 47 bis) aprobada por unanimidad 5x0

Número 48) aprobada por unanimidad 3x0

Número 49) rechazada por unanimidad 4x0

Número 50) rechazada por unanimidad 4x0

III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: El proyecto de ley aprobado por la Comisión consta de ocho artículos permanentes – el primero de ellos, a su vez, contempla 26 artículos - y diez disposiciones transitorias.

IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el Artículo Primero, en cuanto a los artículos 1°, 2°, 4°, 22 y 23; los números 1 y 2 del Artículo Segundo, el Artículo Tercero, el Artículo Cuarto, el Artículo Quinto y el párrafo segundo del número 3) del artículo primero transitorio, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, por lo que requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio, según lo prevé el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

El Artículo Primero, en lo referente a la letra k. del artículo 7°, y a su artículo 22, tienen el carácter de normas de quórum calificado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, por lo que requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, según lo prevé el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.

V.URGENCIA: “Discusión inmediata”.

VI.ORIGEN E INICIATIVA: Senado. Mensaje de Su Excelencia el ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique.

VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Primero.

VIII.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 28 de septiembre de 2021.

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe.

X.LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Ley Núm. 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales; Ley Núm. 21.354 que establece el Sistema Nacional de Prevención y respuesta ante desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica; Ley Núm. 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público; Ley Núm. 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia; Decreto con Fuerza de Ley Núm. 7.912 de 1927, del Ministerio del Interior, que organiza las Secretarias del Estado; Decreto con Fuerza de Ley Núm. 1° de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y Decreto Ley Núm. 844 de 1975, que crea el Departamento de Previsión de Carabineros.

Valparaíso, a 19 de junio de 2023

FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART

Secretario de la Comisión

JULIAN SAONA ZABALETA

Secretario de la Comisión

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

BOLETÍN N° 14.614-07

________________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informar acerca del proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

- - -

Cabe señalar que el proyecto de ley fue considerado previamente, en segundo informe, por la Comisión de Seguridad Pública.

A la Comisión de Hacienda, en tanto, le correspondió pronunciarse sobre los asuntos de su competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y de lo dispuesto por la Sala con fecha 28 de septiembre de 2021.

- - -

A la sesión en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistió, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Edwards.

Concurrieron, asimismo, las siguientes personas:

Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Ministra, señora Carolina Tohá, y el Coordinador Jurídico Legislativo, señor Rafael Collado.

De la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Subsecretario, señor Eduardo Vergara, y el asesor, señor Rodrigo Muñoz.

La asesora del Honorable Senador Coloma, señora Carolina Infante.

El asesor del Honorable Senador Edwards, señor Juan Pablo Rubio.

El asesor del Honorable Senador García, señor José Miguel Rey.

La asesora del Honorable Senador Insulza, señora Lorena Escalona.

El asesor del Honorable Senador Lagos, señor Reinaldo Monardes.

Los asesores del Honorable Senador Núñez, señores Elías Mella y Manuel Torres.

Del Comité Unión Demócrata Independiente, el asesor, señor Williams Valenzuela.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el informe de la Comisión de Seguridad Pública.

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NORMAS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

De conformidad con su competencia, la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de las siguientes disposiciones del proyecto de ley: del artículo primero, respecto de su artículo 1, incisos primero y segundo; artículo 2, inciso primero; artículo 11; artículo 15 y artículo 26, permanentes, y sobre los artículos primero, tercero, sexto inciso primero y noveno transitorios. Lo hizo en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Seguridad Pública, como reglamentariamente corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Corporación.

- - -

Se deja constancia de que la Comisión de Hacienda no introdujo enmiendas al texto despachado por la Comisión de Seguridad Pública

- - -

DISCUSIÓN

En sesión de 19 de junio de 2023, el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara, efectuó una presentación en base a la siguiente minuta:

“COMISIÓN DE HACIENDA

Proyecto de Ley que Crea Ministerio de Seguridad Pública

Boletín Nº 14.614-07

I. Idea matriz:

Crear el Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en el resguardo de la seguridad pública y orden público, protección de las personas, prevención del delito, la rehabilitación y reinserción social, atención y asistencia de víctimas y convivencia ciudadana. El proyecto propone separar la seguridad pública de la gestión política del jefe de gabinete, distinguiendo el rol de un nuevo Ministro de Seguridad Pública distinto del Ministro del Interior.

II. Antecedentes generales:

1. Discusión que viene hace más de una década: En 2006 la ex Pdte. Bachelet presentó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y SENDA (Boletín N°4248-06), a consecuencia de la reforma constitucional de 2005, que separó la dependencia entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad (art. 101 y siguientes en la Constitución). Esto culminó con la aprobación en 2011 de la Ley N° 20.502, que reformó al Ministerio del Interior durante el gobierno del ex Pdte. Piñera.

2. El nuevo proyecto formó parte de la agenda legislativa del ex Presidente Sebastián Piñera (“Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública”).

Fue presentado el mensaje del proyecto el 27 de septiembre de 2021.

3. Existe acuerdo transversal en la necesidad de crear nueva cartera: idea está presente en informes emitidos por Consejo para la Reforma de Carabineros de Chile (2020) y Comisión Bicameral de Seguridad Pública del Congreso (2021), que sirvieron de bases para la elaboración del proyecto en actual tramitación.

4. Programa de Gobierno del Presidente Boric señala la creación de un Ministerio de Seguridad. Este compromiso fue ratificado en Cuenta Pública 2022 y Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito 2022-2026. Asimismo, en la Cuenta Pública del año 2023 se anunció que se le pondría discusión inmediata a este proyecto.

5. Primer hito legislativo del gobierno del Presidente Boric en la reforma de las policías.

III. Tramitación:

1. El 27 de septiembre de 2021 el ex Presidente Sebastián Piñera ingresa el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública (Mensaje Presidencial N°174-369). Asimismo, se aprobó en general en la Sala del Senado el 11 de enero de 2022.

2. La actual administración ingresó una indicación sustitutiva el 1 de agosto de 2022.

3. Existió una tramitación activa de más de diez meses en la Comisión de Seguridad del Senado, durante la cual, se logró un gran acuerdo entre los Senadores y el Ejecutivo para poder sacar adelante este proyecto, votando en forma casi unánime todas las indicaciones.

IV. Contenido:

1. Diseño Institucional del nuevo Ministerio

a) Ministerio está a cargo de planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en los ámbitos del resguardo de la seguridad pública y orden público, protección de las personas, prevención del delito, la rehabilitación y reinserción social, atención y asistencia de víctimas y convivencia ciudadana; así como la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos en estos ámbitos.

b) Funciones y atribuciones: Garantizar protección de las personas; promover convivencia ciudadana; promover medidas tendientes a prevenir delitos; velar por seguridad y orden público; combatir crimen organizado; resguardar fronteras a través de Fuerzas de Orden; adoptar medidas de ciberseguridad; adoptar medidas tendientes a favorecer la atención y asistencia a víctimas, así como a la reinserción social y rehabilitación de infractores de ley; controlar y supervigilar las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; ejercer atribuciones en materia de eventos masivos y seguridad privada; entre otras.

c) Subsecretarías:

- Subsecretaría de Seguridad Pública con atribuciones en seguridad y orden público; protección de las personas; crimen organizado; resguardo fronterizo; ciberseguridad; control y supervigilancia de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; implementación del Sistema Nacional de Protección Ciudadana; y llevar el registro de la Ley N° 20.000.

- Subsecretaría de Prevención del Delito con atribuciones en prevención de delitos; protección de las personas; convivencia ciudadana; atención y asistencia a víctimas; rehabilitación y reinserción social; seguridad privada y eventos masivos; administrar y desarrollar sistemas de tratamiento de datos y elaborar estadísticas; proveer colaboración y asesoría técnica a autoridades regionales y comunales en materia de prevención del delito.

d) Se establecen dos sistemas que serán fundamentales para el adecuado ejercicio de las funciones del Ministerio:

- Un Sistema de Seguridad Pública, coordinado y articulado por el Ministerio de Seguridad Pública e integrado por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el Ministerio Público; y el conjunto de entidades públicas, a nivel nacional, regional y comunal que se relacionen con el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública; la protección de las personas; el orden público; la prevención del delito; la convivencia ciudadana; la rehabilitación y reinserción social de infractores de ley. Dicho sistema comprenderá las normas, políticas, planes y otros instrumentos relativos a dichas funciones, y funcionará mediante una acción coordinada de las instituciones que lo componen, en la esfera de sus respectivas competencias.

- Un Sistema de Protección Ciudadana, implementado por la Subsecretaría de Seguridad Pública, que coordinará los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para casos de emergencias. Se establece el plazo de un año contado desde la publicación de la ley, para que el Ministerio de la Seguridad Pública presente una iniciativa legal que regule los componentes y el funcionamiento de este sistema nacional, en base a principios de interagencialidad e interoperabilidad.

e) Modernización del Consejo Nacional y de los Consejos Regionales de Seguridad Pública. El Consejo Regional, será presidido por el Delegado/a Presidencial Regional y su Secretario Ejecutivo será el Comisionado/a de Seguridad Pública, figura a través de la cual se desconcentrará el Ministerio en regiones.

f) Dictación de Políticas por parte del Ministerio: Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana (instrumento rector) y Política Nacional de Víctimas (instrumento inédito en nuestra legislación).

2. Mayor control Civil de las Instituciones Policiales. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y se encontrarán “subordinadas” al poder civil. La nueva cartera controlará sus actuaciones en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios. Asimismo, supervigilará la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos.

3. Fortalecimiento de la expresión regional del Ministerio de Seguridad Pública, a través de los Comisionados (as) de Seguridad Pública, figura a través de la cual se desconcentra territorialmente el Ministerio de Seguridad.

a) Constituye una excepción a la regla general en que la desconcentración es a través de Seremis. Delegado/a Presidencial Regional mantiene responsabilidad en la coordinación, supervigilancia y fiscalización, según corresponda, de los servicios públicos creados por ley que integran el Sistema de Seguridad Pública, en la región respectiva.

b) Se establecen requisitos de nombramiento y para el cese del cargo.

c) Atribuciones: coordinar su labor con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos con competencia en materia de prevención del delito y seguridad; coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio de Seguridad Pública en la región; implementar la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana y la Política Nacional de Víctimas; velar por la protección de las personas en la región y sus provincias, a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público; adoptar, a nivel regional, las medidas tendientes a la prevención de delitos; proveer la colaboración y asesoría técnica a las autoridades regionales, provinciales y comunales; requerir el auxilio de la fuerza pública; ejercer atribuciones en materia de eventos masivos, espectáculos de fútbol profesional y seguridad privada en la región; entre otras.

4. En las normas adecuatorias se fijan competencias que quedarían en el Ministerio del Interior:

a) Ámbito de competencia:

- Se eliminan las atribuciones de seguridad y orden público, que pasan al Ministerio de Seguridad Pública.

- Se fija su ámbito de competencias, en base a un reordenamiento de sus funciones actuales y fortalecimiento de su rol coordinador como Jefe de Gabinete: asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres y catástrofes y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones que encomiende aquél o las leyes. Asimismo, será el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios, para el logro de los objetivos gubernamentales.

b) Subsecretarías: Subsecretaría del Interior (sin atribuciones de seguridad y orden público) y Subsecretaría de Desarrollo Regional con todas sus atribuciones.

c) Delegado Presidencial Regional se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.

IV. Efectos del proyecto de ley en el Presupuesto Fiscal:

1. El proyecto de ley original, presentado por el ex Pdte. Piñera en 2021, contempló un informe financiero (IF N°123/2021) que consideró mayor gasto fiscal en los siguientes puntos:

a) El Ministerio de Seguridad Pública estaría conformado por 20 nuevos funcionarios, entre los cuales se incluye al Ministro mismo, 13 funcionarios de su gabinete y 6 funcionarios para la unidad de auditoria ministerial. Junto con eso, esta el gasto en bienes y servicios, como en adquisición

b) La creación de la Subsecretaria de Seguridad Pública que implicaba la contratación de 53 nuevos funcionarios, entre los cuales se incluye al Subsecretario mismo, 12 funcionarios para su gabinete y 40 contrataciones asociadas a las divisiones jurídicas, auditoría interna y administración.

c) Para el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito no se contemplaba mayor gasto, dado que se trata de un traspaso integral.

d) Las Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública (expresión regional del Ministerio en el proyecto original) reemplazaban a los actuales coordinadores regionales de seguridad pública (bajo dependencia de la SPD) y sus equipos. Para ello, se incluye un gabinete para cada Secretaría Regional Ministerial de 4 funcionarios, siendo dos de ellos nuevas contrataciones y dos traspasados de la actual dotación SPD. Esto suma 80 funcionarios en total (32 nuevos, 32 traspasados), entre los cuales se incluye al Seremi mismo (16).

Por ello, se consideraba un mayor gasto para el primer año de $640 millones, a disponerse en personal, bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros (bienes inmuebles, patentes y licencias de uso). Esto implicara que en régimen se aplique un gasto mayor total de $5.253 millones, visto en aplicarse a 4 años.

2. La indicación sustitutiva ingresada en agosto de 2022 contempló un informe financiero complementario al IF N°123/2021 (IF N°117/2022), dado que, si bien las modificaciones a los aspectos institucionales del proyecto no tuvieron efecto en lo informado en el primer informe financiero, se reconoció un cambio relevante:

La instalación más breve de las entonces Seremi de Seguridad Pública, reduciéndolo de 3 años a 1 año solamente, de manera de implementar en el menor plazo posible el despliegue territorial del nuevo Ministerio, sin progresividad ni escalonamiento entre regiones. Esto se justificó en la dificultad en elegir en cuáles regiones se partiría la implementación, dada la prioridad de la seguridad en el país.

Para eso, se considera un mayor gasto para el primer año de $2.181 millones, a disponerse en personal, bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros (bienes inmuebles, patentes y licencias de uso). Esto implicara que en régimen se aplique un gasto mayor total de $5.576 millones, solo en 2 años.

3. Finalmente, la última indicación presidencial ingresada en junio de 2023 contempló un segundo informe financiero complementario al IF N°123/2021 (IF N°122/2023), que certifica que la nueva figura regional de los Comisionados de Seguridad Pública, que reemplazan a los originales Seremi de Seguridad Pública, no irrogan un mayor gasto fiscal, considerando los datos de los dos informes financieros precedentes.”.

El Honorable Senador señor Coloma expresó que este tema ha sido discutido largo tiempo por lo que ha habido bastante debate al respecto.

Se refirió a la bajada regional del proyecto y señaló que se mantiene la figura del Delegado Presidencial y ahora además se crea la figura del Comisionado, que será nombrado por el Presidente de la República, quien reportará al Ministerio de Seguridad Pública y jerárquicamente se vinculará con el Delegado Presidencial, de modo que preguntó de qué manera se equilibrará el trabajo

Asimismo, preguntó respecto de las funciones con las que quedará el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Honorable Senador señor Insulza refirió que esta materia lleva muchos años discutiéndose. Puntualizó que el tema fue impulsado en el primer Gobierno de la ex Presidenta Bachelet para luego determinar el reforzamiento de la función de la seguridad pública en el Ministerio del Interior.

Hizo presente que antiguamente se justificaba que la función de la seguridad pública estuviera dentro del Ministerio del Interior, en tanto ministerio a cargo del gobierno, toda vez que era la principal función del Estado.

Observó que lo anterior ha ido variando, en el sentido de que hoy en día los ciudadanos ofrecen legitimidad a los gobiernos a cambio de una protección mucho más amplia, de paz social y también de una serie de otros servicios.

Puso de relieve que el Misterio del Interior y Seguridad Pública no podía seguir absorbiendo por sí solo la función de seguridad pública, ya que coordina a un gabinete mucho más amplio.

Expresó que este es el momento para la creación del Ministerio de Seguridad Pública no obstante, el costo fiscal que representa, atendida la contratación de nuevos funcionarios tanto para el Ministerio como para la Subsecretaría de Seguridad Pública, por cuanto no puede simplemente sacarse la función de seguridad pública al Ministerio del Interior toda vez que tendrá a su cargo la dirección civil de la fuerza policial.

Respecto de los Comisionados, expresó que queda muy claro en el proyecto de ley, como su nombre lo indica que, son Comisionados del poder estatal y no de cada región, toda vez que el Estado de Chile es un Estado unitario.

Hizo presente que el Ministerio del Interior seguirá existiendo y con ello seguirá requiriendo de representantes en las regiones, a través de los delegados presidenciales que deben coordinar al Gobierno en los territorios.

Manifestó su intención de voto favorable respecto de esta iniciativa.

El Honorable Senador señor García se sumó a las consultas planteadas por el Senador Coloma.

El Honorable Senador señor Núñez preguntó cómo quedará la relación de los Gobernadores Regionales en materia de Seguridad Pública en las regiones, toda vez que este ha sido un punto sensible sobre el cual se requiere tener claridad.

Observó que es importante la figura del Comisionado, en términos de tener un mayor dinamismo y capacidad de tomar decisiones en base a realidades particulares y ello debe estar a cargo de un profesional que se especialice en la materia.

Agregó que los Gobiernos Regionales aportan recursos importantes en materia de equipamiento, por ejemplo, y en razón de ello querrán tener algún rol.

El Honorable Senador señor Lagos se refirió a la estructura que se crea a través de los Comisionados, considerando cuál será el rol de los delegados presidenciales en relación a los Comisionados en materia de seguridad pública.

La señora Ministra explicó que la razón por la cual se define crear un Ministerio nuevo tiene una larga historia, y ello ha implicado una evolución de las razones y los fundamentos.

Al respecto, apuntó que hace un tiempo atrás tuvo lugar el traspaso de la dependencia administrativa las policías desde el Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior y se creó la Subsecretaria de Prevención del Delito, con el fin de tener mayor fuerza para trabajar sobre los puntos relativos a la prevención.

Añadió que con el tiempo los temas de seguridad adquirieron dos características: en primer lugar, la seguridad pública se transformó en un tema central de la agenda pública y, además, se sofisticó la política de seguridad, lo que ocurrió a una velocidad muy superior a la que se estaba acostumbrado.

Asimismo, explicó que el debate sobre seguridad pública se transformó en un tema relevante de la agenda política y tener la seguridad pública en un Ministerio tan político se transformó en un problema, porque se mezcló la discusión especializada de seguridad con la discusión política general.

Indicó que el Ministerio del Interior, con su responsabilidad en materia de seguridad, tiene también responsabilidades de tipo político, lo que no facilita el debate técnico y sectorial sobre los temas de seguridad.

Puso de relieve que, junto con lo anterior, ha habido otros cambios que son la creación de los Gobiernos Regionales electos democráticamente y la figura de los Delegados Presidenciales, cambios que aún no están totalmente maduros toda vez que los Gobernadores Regionales se encuentran en un proceso de traspaso de competencias, respecto del cual no se estableció una gradualidad.

Aseveró que el Gobierno no es partidario de la idea de radicar en los Gobernadores Regionales la seguridad pública, toda vez que la experiencia que se ha tenido al fragmentar la seguridad pública no es buena y además las policías no pueden tener varios mandos.

Aclaró que distinto es que los Gobiernos Regionales sí puedan tener un rol más activo en los temas de prevención del delito, como lo tienen los municipios que no tienen mando sobre las policías, pero cumplen muy activamente un rol en la prevención del delito y como los Gobiernos Regionales financian muchos proyectos sobre prevención del delito, la idea es que eso esté ligado a una estrategia de prevención y de articulación.

Subrayó que en lo relativo al control, esto debiera estar ligado a las estrategias nacionales y no a tener políticas de seguridad propias por parte de los Gobiernos Regionales.

En cuanto a la figura del Delegado Presidencial, afirmó que los Gobernadores han manifestado que esa figura debiera desaparecer, lo cual fue avalado en un comienzo por el Presidente de la República, idea que muy rápidamente se transformó en un concepto distinto y es que el Delegado debía cambiar y no desaparecer.

Agregó que el Delegado debiera dejar de tener roles ejecutivos en materia de seguridad, porque habrá otro ministerio a cargo de la seguridad y que tendrá su propio encargado en la región.

Explicó que los Gobernadores han planteado que la figura del Delegado debiera reducirse o eliminarse para que quede claro que ellos son la primera autoridad, lo que resulta bastante complejo porque el Delegado tiene el rol de coordinar al gobierno central en el territorio y ello no se puede minimizar y puntualizó que una de las materias que el Delegado Presidencial tendrá que coordinar será la seguridad.

En definitiva, indicó que el Delegado Presidencial estará coordinando a los ministerios en la Región lo que incluye al Ministerio de Seguridad Pública.

Precisó que ambos Ministerios, tanto el del Interior como el de Seguridad Pública, tendrán un representante en la región como son el Delegado Presidencial y el Comisionado, respectivamente. Hizo hincapié en que esta última es una figura robustecida para cumplir su función.

Acotó que el Delegado no coordina a este Comisionado igual que a los otros Seremis, sino que tiene un rol más activo en seguridad, porque al crearse un Ministerio de Seguridad Pública el Delegado Presidencial no se desentiende de lo que ocurra en materia de seguridad en su región. Destacó que el Delegado podrá pedir al Presidente de la República un cambio en la figura del Comisionado explícitamente.

Explicó que el Consejo Regional de Seguridad Pública, que es la instancia en que se reúnen todos los organismos de la región que tienen relación con la seguridad pública, será presidida por el Delegado y el Comisionado será el Secretario Ejecutivo, para que el Delegado no se aparte de esta materia, aunque el día a día en materia de seguridad esté a cargo del Comisionado.

Asimismo, señaló que el Delegado podrá pedir el auxilio de la fuerza pública a través del Comisionado y con esto se logra tener una figura fuerte en materia de seguridad y dejar claro que quien coordina es el Delegado, quien tendrá respecto del Comisionado una jerarquía que será visible.

A continuación, clarificó que los dos ministerios tendrán sus respectivas Subsecretarías: en el caso del Ministerio del Interior se encuentra la Subsecretaría del Interior, la que está a cargo de los temas de gobierno interior, y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es la que actualmente ya se conoce. Aclaró que de los servicios que dependen del referido Ministerio, se mantiene en esta cartera el Servicio Nacional de Migraciones, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). En cuanto al Ministerio de Seguridad Pública, precisó que existirá una Subsecretaría de Seguridad Pública y una Subsecretaría de Prevención del Delito.

Apuntó que respecto de este último ministerio dependen las dos policías, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y la ciberseguridad; esta última actualmente en tramitación en el Congreso Nacional. De igual manera informó que se crearán dos sistemas que van a depender de la Subsecretaría de Seguridad Pública: el Sistema de Seguridad Pública, que articula las distintas instituciones para su coordinación; y el Sistema de Protección Ciudadana, el cual será desarrollado en una ley que debe ser presentada por el Ejecutivo un año después de que sea aprobado el presente proyecto de ley, con el fin de coordinar desde el nivel central tanto los sistemas de televigilancia como los sistemas de emergencia que hay en el país.

En lo que respecta a los informes financieros, relató que mediante un paquete de indicaciones presentadas por el Gobierno hubo un cambio en relación a la implementación del proyecto original, que había considerado inicialmente cuatro años al efecto, de manera que el Ministerio de Seguridad Pública no iba a estar operativo en las regiones sino hasta después de cuatro años. Observó que ese plazo de cuatro años se redujo a dos años, donde en el primero de éstos el ministerio estará en instalación y en el segundo ya estará funcionando en régimen.

El Honorable Senador señor Edwards consultó a la señora Ministra sobre la conveniencia o no de unir el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) con el Ministerio del Interior en una sola secretaría de Estado.

La señora Ministra respondió que en el presente proyecto de ley se están separando las temáticas de seguridad y de interior para poder fortalecer cada una de estas funciones en los dos ministerios ya señalados. Manifestó que, si bien el Ministerio del Interior goza de un rol de coordinación política, al hacerse los cambios que la iniciativa legal considera podría tener más espacio que incluso puedan llevar a su debilitamiento. Por lo anterior, relató que como Ejecutivo han evaluado hacer cambios para poder fortalecerlo, pero, más que fusionando ministerios, se han inclinado por otros caminos.

En respuesta al Senador Edwards, precisó que la Segpres es una secretaría con una alta carga legislativa, por lo que sería complejo traspasar esta tarea al Ministerio del Interior. No obstante, subrayó que hay algunos roles de coordinación interministerial dentro de la Segpres, que dependen de la División de Coordinación Interministerial (DCI), que sí están contemplados para ser traspasados al Ministerio del Interior, de manera tal que las funciones de coordinación intragobierno queden en esa secretaría de Estado, no así lo que tiene que ver con el tema legislativo.

Asimismo, refirió que en lo que respecta a los ministerios políticos, si se considera que en la práctica los distintos gobiernos en Chile han sido de coaliciones políticas, pensar en la eliminación de estas secretarías de Estado resulta muy complejo, pues la conformación de dichos ministerios ayuda mucho a los Presidentes de la República a armar sus gabinetes con el apoyo de las distintas fuerzas políticas de su sector.

Resaltó que lo que sí resultaría útil es robustecer el rol coordinador del Ministerio del Interior. Explicó que este ajuste no se encuentra recogido todavía en el proyecto de ley, toda vez que es propio de una discusión que se ha dado en los últimos meses. Al respecto, informó que la decisión que tomaron como Ejecutivo, con el fin de avanzar en la tramitación del proyecto de ley, es que la indicación que formalice este cambio se presente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

El Honorable Senador señor Insulza acotó que la esencia del Ministerio del Interior es la coordinación de la gestión del Gobierno.

El Honorable Senador señor Coloma puntualizó que las nuevas funciones que se busca incorporar al Ministerio del Interior debiesen plasmarse en otro proyecto de ley.

La señora Ministra enfatizó que debía hacerse en esta instancia, para poder fortalecer oportunamente el Ministerio del Interior, traspasando la DCI desde la Segpres a dicha cartera ministerial, como así también clarificando y explicitando los roles de coordinación del Ministerio del Interior. Acotó que no son muchos cambios lo que están considerando, pero que sí son sustantivos.

El Honorable Senador señor Núñez mencionó que la pertinencia del presente proyecto de ley se encuentra justificada, ya que no es simple burocracia, pues se requiere de una dedicación exclusiva en materias de seguridad pública, donde los roles políticos pueden distraer en este cometido.

Valoró que en un segundo trámite constitucional se pueda afinar el proyecto de ley en las materias que correspondan. De igual forma, manifestó tener dudas sobre si en los Consejos Regionales de Seguridad Pública de alguna manera los gobernadores regionales podrán participar.

La señora Ministra respondió que desde ahora aquello quedará recogido en la ley.

Luego, el Honorable Senador señor Núñez pidió clarificar un poco más la jerarquía que se proyecta desde el Delegado Presidencial al Comisionado, ya que aquello es de gran importancia al momento de determinar quién puede hacer uso de la fuerza pública.

La señora Ministra respondió que el Delegado Presidencial puede pedir la remoción del Comisionado y agregó que también está facultado para requerir la fuerza pública a través de este último, tal como puede hacerlo el Comisionado directamente. Por lo anterior, refirió que existe una jerarquía clara en este punto.

El Honorable Senador señor García observó que, siguiendo la lógica de la estructura del Estado en las regiones, los Comisionados vendrían a reemplazar a los Seremis.

El Honorable Senador señor Sandoval expresó que se suele creer que se pueden resolver todos los problemas con mayor institucionalidad, como ha acontecido antes en materia de deporte y de cultura, y ahora en temáticas de seguridad pública. Apuntó que los ministerios sectoriales, pese a que pueden constituir un avance, no han podido resolver todos los problemas de sus carteras. Dicho lo anterior, votó favorablemente respecto de todas las normas de competencia de la Comisión, con la salvedad del artículo primero transitorio, respecto del cual se abstuvo.

El Honorable Senador señor Núñez votó favorablemente.

El Honorable Senador señor Insulza manifestó su voto a favor.

El Honorable Senador señor García votó favorablemente.

El Honorable Senador señor Lagos destacó la creación de institucionalidad para poder avanzar en problemas como el de la especie. Por lo anterior votó favorablemente.

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Como se señaló anteriormente, de conformidad con su competencia, la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de las siguientes disposiciones: del artículo primero, respecto de su artículo 1, incisos primero y segundo; artículo 2, inciso primero; artículo 11; artículo 15 y artículo 26, permanentes, y sobre los artículos primero, tercero, sexto, inciso primero y noveno transitorios, del proyecto de ley.

A continuación, se describen las citadas disposiciones de competencia de vuestra Comisión:

Artículo Primero

Aprueba la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

Artículo 1

Referido al Ministerio de Seguridad Pública.

Inciso primero

El inciso primero define al Ministerio de Seguridad Pública y establece los asuntos respecto de las cuales actuará en su calidad de colaborador del Presidente o Presidenta de la República.

Inciso segundo

El inciso segundo establece materias que serán de competencia del Ministerio de Seguridad Pública.

Artículo 2

Inciso primero

Se refiere al Ministerio de Seguridad Pública en tanto coordinador y articulador del Sistema de Seguridad Pública.

Artículo 11

Establece la obligación para la Dirección de Presupuestos de informar de la ejecución presupuestaria de cada órgano del Estado que realice gastos en materia de seguridad pública, del presupuesto del año anterior.

Asimismo, señala que mediante resolución expedida por el Ministerio de Seguridad Pública y por el Director o Directora de Presupuestos, se determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir la información.

Artículo 15

Dispone que el Ministerio de Seguridad Pública contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, se desconcentrará territorialmente mediante los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública quienes serán los o las representantes del Ministerio en la Región.

Artículo 26

Establece que el personal del Ministerio de Seguridad Pública estará afecto, en lo que respecta al régimen de remuneraciones al decreto ley N° 249, de 1974, y su legislación complementaria.

Artículo primero transitorio

Faculta al Presidente de la República para que, en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, dicte las normas necesarias para fijar la planta de personal de las Subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, su adecuada estructuración y funcionamiento.

Agrega que deberá también ordenar el traspaso de personal titular de planta y contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Del mismo modo, deberá traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho, determinar la forma del traspaso, número de funcionarios y podrá establecer un plazo para este proceso.

Dispone que deberá fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus Subsecretarías y la fecha de supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Indica que deberá determinar le fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley, de las plantas que fije y las dotaciones máximas de personal de las Subsecretarías. Establece asimismo restricciones al ejercicio de las facultades señaladas.

Artículo tercero transitorio

Establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

Artículo sexto transitorio

Referido a la designación del Ministro de Seguridad Pública, del Subsecretario de Seguridad Pública y del Subsecretario de Prevención del Delito

Inciso primero

Dispone que, a partir de la publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá designar al Ministro de Seguridad Pública, al Subsecretario de Seguridad Pública y al Subsecretario de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública, la remuneración de las autoridades antes señaladas serán equivalentes a las del Ministro del Interior, las del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Prevención del Delito, respectivamente, se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior.

Artículo noveno transitorio

Establece que el Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que incluye las Subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumpla sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

--Puestas en votación las normas de competencia de la Comisión, estas fueron aprobadas por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores García, Insulza, Lagos, Núñez y Sandoval, salvo en lo relativo al artículo primero transitorio, que fue aprobado con la abstención del Honorable Senador señor Sandoval.

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FINANCIAMIENTO

- La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda elaboró el informe financiero N° 123, de 27 de septiembre de 2021, que es del siguiente tenor:

“I. Antecedentes

El presente Proyecto de Ley crea el Ministerio de Seguridad Pública, como colaborador directo del Presidente de la República en materias relacionadas con seguridad multidimensional y especialmente en el resguardo de la seguridad pública.

En particular, las principales materias abordadas en la iniciativa son:

a. Se crea el Ministerio de Seguridad Pública, como la secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública.

b. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán jerárquicamente de este Ministerio, y tendrá entre sus funciones el diseño y evaluación de políticas de seguridad pública, control del orden público, control de la delincuencia organizada, resguardo fronterizo, ciberseguridad, seguridad privada, prevención del delito, mejora en las condiciones para la persecución penal y reinserción social, entre otras materias.

c. Se crea un Consejo Nacional de Seguridad Pública, como un organismo consultivo encargado de asesorar al Ministro de Seguridad Pública en materia de seguridad, y en la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

d. Se crean Consejos Regionales de Seguridad Pública en cada región del país, presididos por los delegados presidenciales regionales, como órganos consultivos para la implementación local de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

e. El Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y una Subsecretaría de Prevención del Delito, y se desconcentrará mediante secretarías regionales ministeriales de Seguridad Pública, las que dependerán de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

f. Se crea la Subsecretaría de Seguridad Pública, como el órgano encargado de seguridad pública, prevención del terrorismo, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo.

g. Se establece la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual fijará los objetivos estratégicos perseguidos por el Estado en materia de Seguridad Pública, los medios para alcanzarlos y analizará los riesgos y amenazas que puedas afectar al país.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

El mayor gasto fiscal que irrogará la aplicación del presente proyecto de ley se desprende de los siguientes elementos:

a. Se estima que el Ministerio de Seguridad Pública estará conformado por 21 nuevos funcionarios, lo que incluye al Ministro de Seguridad Pública, 13 funcionarios de su Gabinete (además de un traspaso desde Ministerio del Interior) y 6 funcionarios de la Unidad de Auditoría Ministerial. Para el Gabinete Ministerial también se consideran 8 asesores en calidad de honorarios, de los cuales 3 se contemplan como traspasos desde Ministerio del Interior. El mayor gasto que implica este concepto se presenta en la tabla 1.

b. La creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública implica la contratación de 53 nuevos funcionarios, que incluyen al Subsecretario, 12 funcionarios de su Gabinete (además de un traspaso desde Ministerio del Interior) y 40 contrataciones asociadas a las divisiones de Jurídica, Auditoría Interna y la División de Administración y Finanzas. Para el Gabinete de Subsecretaría también se consideran 8 asesores en calidad de honorarios, de los cuales 3 se contemplan como traspasos desde Ministerio del Interior. El mayor gasto que implica este concepto se presenta en la tabla 2.

c. Para la conformación de las Seremías, se contempla que los cargos de Coordinadores Regionales de Seguridad Pública (actualmente contratados por la Subsecretaría de Prevención del Delito) sean reemplazados por los Seremis de Seguridad Pública. Esto genera un diferencial que implica un mayor gasto de $76.800.000. A su vez, el Gabinete de cada una de las 16 Seremías está compuesto por 4 funcionarios, de los cuales 2 corresponden a nuevas contrataciones y 2 a Asesores de la Subsecretaría de prevención del Delito traspasados a la dotación de las Seremías. Esto implica un total de 32 nuevos funcionarios a contratar para las Seremías. Para la entrada en vigencia, se estima un esquema de 5 Seremis al primer año, 10 al segundo y el total de 16 al tercer año. El mayor gasto que implica este concepto se presenta en la tabla 3:

De esta manera, el mayor gasto fiscal que implicará la aplicación del presente proyecto de ley es de $5.235.779 miles en régimen, de acuerdo al detalle presentado en la tabla 4.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

III. Fuentes de Información.

- Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con el que inicia un Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

- Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2021.”.

- Luego, se acompañó el informe financiero complementario N° 117, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 1 de agosto de 2022, que señala lo siguiente:

“I. Antecedentes

Las presentes indicaciones (N°096-370) modifican el proyecto de ley crea el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana en el siguiente sentido:

- Se cambia la denominación a la de Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

- Se explícita que esta secretaría es la encargada de colaborar con el Presidente de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público; la prevención del delito y la convivencia ciudadana, para lo cual concentrará la decisión política en estas materias.

- Se especifica que serán funciones del Ministro o Ministra de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana el efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, reinserción social, atención y asistencia a víctimas y convivencia ciudadana, fortaleciéndose el concepto de órgano rector en estas materias, que concentra decisión política y busca coordinar y generar consistencia y coherencia intersectorial.

- Se explícita que las policías se encuentran subordinadas a la autoridad civil, mediante, entre otros elementos, la aprobación de planes estratégicos y planes de gestión operativa, además de los planes de estudio de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

- Se mantiene que el Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y una Subsecretaría de Prevención del Delito.

- Se fortalece el rol de los secretarios regionales ministeriales, especialmente en proveer colaboración y asesoría técnica a las autoridades regionales y comunales en materias de seguridad pública y otras.

- Se reemplaza la Estrategia Nacional de Seguridad Pública por la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, la que el determinará los objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos, incorporando una perspectiva de género, y se elaborará con pleno respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esta será aprobada cada seis años por el Presidente de la República.

- Se ajustan normas adecuatorias y transitorias, especialmente aquellas que dicen relación con las actuales funciones del Ministerio del Interior.

II. Efecto del Proyecto de Ley sobre el Presupuesto Fiscal

Las presentes indicaciones modifican aspectos institucionales que no tienen efecto sobre lo informado en el Informe Financiero antecedente (N° 123 de 2021).

Con todo, se reconoce una instalación más breve de las Seremías contempladas en la indicación, la que se reduce de 3 a 1 año. La estructura de las mismas, es la contemplada en el Informe Financiero N° 123 de 2021, que considera un total de 32 nuevos funcionarios. El mayor gasto que implica este concepto se presenta en la tabla 1.

De esta manera, el mayor gasto fiscal que implicará la aplicación del presente proyecto de ley es de $5.576.105 miles en régimen, de acuerdo al detalle presentado en la tabla 2.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

III. Fuentes de Información

- Mensaje N°096-370, de S.E. el Presidente de la República que modifica el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

- Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2022.”.

Posteriormente, se acompañó el informe financiero complementario N° 122, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 7 de junio de 2023, que señala lo siguiente:

“I. Antecedentes

Las presentes indicaciones (N°080-371) modifican el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública ("Ministerio" de ahora en adelante), en el siguiente sentido:

- Se crea el Sistema de Seguridad Pública, el que integra a las diversas entidades cuyas funciones se relacionen con el quehacer del ministerio, articulará las normas, políticas, planes y otros instrumentos relativos a estos mismos ámbitos, y funcionará mediante una acción coordinada de las instituciones que lo componen, en la esfera de sus respectivas competencias, pudiendo funcionar en ámbitos territoriales tanto a nivel macrozonal, regional, provincial o local.

- Se reemplaza la figura del secretario regional ministerial, por "Comisionado de Seguridad Pública" quien será el o la representante del Ministerio en la región y dependerá jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Este será nombrado por el Presidente de la República, a sugerencia del Ministerio.

- Se indican las atribuciones de los Comisionados de Seguridad Pública, especialmente en materias de prevención del delito y seguridad pública. Asimismo, se señalan los requisitos de nombramiento y causas del cese del cargo.

- Se modifican algunos miembros del Consejo Regional de Seguridad Pública, se establece que será dirigido por el Comisionado de Seguridad Pública, y que tendrá carácter de consultivo y asesorará al Comisionado en la implementación y coordinación de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

Estas indicaciones también realizan ajustes al Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, a fin de ajustar normas relativas a los demás actores regionales con esta nueva figura que se crea:

- Se realizan ajustes a las funciones del delegado presidencial regional, a fin de retirarle las funciones relacionadas con la prevención del delito y seguridad pública. En particular se indica que le corresponderá solicitar al Comisionado de Seguridad Pública respectivo el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, cuando a su juicio sea necesario.

- Se Incorporan nuevas funciones al delegado presidencial regional, especialmente en materia de coordinación a nivel regional, y la de ejercer la supervigilancia y proponer la remoción del Comisionado de Seguridad.

- Se realizan ajustes a las funciones del delegado presidencial provincial, a fin de retirarle las funciones relacionadas con la prevención del delito y seguridad pública.

III. Efecto de las indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal

Las presentes indicaciones modifican aspectos Institucionales que no tienen efecto en el presupuesto fiscal, ya que la figura del Comisionado de Seguridad Pública viene a reemplazar al Secretario Regional Ministerial considerado en los Informes financieros antecedentes. Por tanto, estas indicaciones no irrogarán un mayor gasto fiscal.

III. Fuentes de Información

• Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual formula indicaciones al Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública.”.

Se deja constancia de los precedentes informes financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

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TEXTO DEL PROYECTO

En conformidad con los acuerdos adoptados, la Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Seguridad Pública, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo Primero. Apruébase la siguiente Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública:

Título I

Del Ministerio de Seguridad Pública y de los Consejos de Seguridad Pública

Párrafo I

Del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 1°.- El Ministerio de Seguridad Pública, en adelante también “el Ministerio”, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, protección de las personas, el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana, actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias.

Asimismo, le corresponde planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas relativos, tanto a dichas materias, como a aquellas que digan relación con reinserción social, rehabilitación, así como en atención y asistencia a víctimas, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley.

El Ministerio actuará en conformidad con los principios de interagencialidad, interoperabilidad y cooperación, en el marco de sus funciones y atribuciones, y fomentará la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial de las materias individualizadas en los incisos anteriores.

Artículo 2°.- El Ministerio coordinará y articulará un Sistema de Seguridad Pública, integrado por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el Ministerio Público; y el conjunto de entidades públicas a nivel nacional, regional y comunal cuyas funciones se relacionen con el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública; la protección de las personas; el orden público; la prevención del delito; la rehabilitación y reinserción social de infractores de ley; así como la atención y asistencia a víctimas. Dicho Sistema articulará las políticas, planes y otros instrumentos relativos a estos mismos ámbitos y funcionará mediante una acción coordinada de las instituciones que lo componen, en la esfera de sus respectivas competencias. Adicionalmente, podrá funcionar en subsistemas en ámbitos territoriales tanto a nivel macrozonal, regional, provincial o local.

Las autoridades que componen el Sistema propenderán a la coordinación y planificación, pudiendo adoptar acuerdos con otras instituciones con el propósito de lograr un funcionamiento interoperable, interagenciable y cooperativo.

El funcionamiento del Sistema se regirá por un reglamento, que dictará el Ministerio de Seguridad Pública dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley, el cual determinará las demás formas de organización necesarias para su correcto funcionamiento.

Artículo 3°. - Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas por Carabineros y la Policía de Investigaciones, en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, dependerán del Ministerio de Seguridad Pública, encontrándose subordinadas al poder civil, en conformidad a la Constitución y las leyes.

La dependencia referida será sin perjuicio de las órdenes que reciban las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio Público, en el contexto de una investigación penal; así como de la supervisión que ejerza la Subsecretaría del Interior, respecto de sus funciones en materia migratoria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 21.325.

Párrafo II

Funciones del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 4°.- El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, protección de las personas, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como las demás funciones y atribuciones del Ministerio.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos. Además, cuando se trate de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos, se podrá pronunciar, en las materias de su competencia, sobre su seguimiento e implementación.

Para el logro de estos objetivos, podrá solicitar todos los antecedentes que estime pertinentes a cualquier órgano de la Administración Pública, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentren en su poder.

Artículo 5°.- Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública las siguientes funciones:

a. Garantizar la protección de las personas a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito.

b. Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad, mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario.

c. Promover medidas tendientes a prevenir delitos, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, evaluando continuamente, bajo criterios técnicos y especializados, las acciones y políticas públicas para el logro de los objetivos en la materia.

d. Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, mediante la integración de sus capacidades, la gestión eficiente de los recursos y la colaboración entre los distintos niveles territoriales, para el logro de los objetivos.

e. Formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas, debiendo para ello coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia.

f. Ejecutar, a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las acciones tendientes a resguardar las fronteras de nuestro país para evitar la comisión de delitos, de acuerdo a sus leyes orgánicas respectivas, así como cualquier otra afectación de la seguridad y el orden público, en coordinación con los demás organismos competentes en la materia.

g. Adoptar y ejecutar medidas de ciberseguridad tendientes a prevenir, detectar y neutralizar las amenazas en el espacio digital, servicios esenciales e infraestructura crítica de la información, debiendo para ello coordinar, interoperar y promover el trabajo conjunto con los demás organismos competentes en la materia.

h. Adoptar y ejecutar las medidas tendientes a favorecer la atención y asistencia a víctimas de delitos, así como la reinserción social y la rehabilitación de quienes infrinjan la ley o el orden público, mediante el ejercicio de sus derechos fundamentales, en coordinación con los organismos con competencias en la materia.

i. Adoptar y ejecutar medidas tendientes a supervigilar que las personas naturales y jurídicas que proveen servicios de seguridad privada cumplan su rol coadyuvante de la seguridad pública.

j. Cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal, considerando su autonomía y atribuciones.

k. Controlar las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos.

l. Ejecutar las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Artículo 6°.- Para el cumplimiento de sus funciones, corresponderá al Ministerio las siguientes atribuciones:

a. Proponer al Presidente o Presidenta de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia y evaluar su aplicación.

b. Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

c. Supervisar, instruir, coordinar y evaluar la ejecución de las actuaciones que desarrollen los demás organismos públicos en relación con la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

d. Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

e. Entregar lineamientos generales en el ámbito estratégico a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, para el resguardo de la seguridad y orden público, actuando en conformidad a los procedimientos establecidos en la legalidad vigente y en las reglas del uso de la fuerza que se fijen al efecto para el cumplimiento del deber, en coherencia con los Planes Estratégicos de Desarrollo Policial y los Planes Anuales de Gestión Operativa y Administrativa.

f. Definir y evaluar las medidas orientadas a la prevención de los delitos, en el ámbito de su competencia.

En el ejercicio de esta atribución, deberá considerar, especialmente, la adopción de medidas tendientes a prevenir la comisión de delitos por parte de menores de edad, actuando siempre de conformidad al principio del interés superior del niño, niña y adolescente.

g. Promover la seguridad y la prevención de los delitos en eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, y mantener el registro al que se refiere el artículo 30 de la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional.

h. Efectuar análisis estratégicos en materia de seguridad pública, en el marco de sus competencias.

i. Desarrollar y administrar sistemas de tratamientos de datos, documentos y otros antecedentes, en el marco de sus competencias, que no permitan la singularización de personas determinadas y en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.

j. Elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública. Tales estadísticas se referirán, a lo menos, a la victimización, revictimización, el temor y las denuncias. Del mismo modo, podrán considerarse factores de riesgo relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo, a nivel nacional, regional y comunal.

En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá, anualmente, publicar una sistematización actualizada de estadística criminal anonimizada, que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, deberá estar segmentada por regiones, tipo de delito y otros criterios importantes.

Para estos efectos, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública enviarán al Ministerio mensualmente datos y estadísticas policiales a partir de las faltas y delitos conocidos por la institución, y de otros procedimientos realizados por la misma.

k. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública, convivencia ciudadana, protección de las personas y las demás materias que sean de su competencia.

l. Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

m. Establecer las acciones de coordinación destinadas a mantener la seguridad pública y restablecer el orden público, en todo el territorio de la República.

n. Coordinar y evaluar, en conjunto con los demás organismos con competencia en la materia, la ejecución de planes y programas de rehabilitación, reinserción social, asistencia y atención a víctimas, convivencia ciudadana y protección de las personas.

o. Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

p. Autorizar, regular, supervigilar, controlar y ejercer las demás atribuciones en la forma que señale la ley, en materia de seguridad privada.

q. Suscribir acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, en materias de su competencia.

r. Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En ningún caso el ejercicio de estas atribuciones podrá entorpecer las funciones que le corresponden al Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, la ley N° 19.640, el Código Procesal Penal y las demás leyes especiales.

Artículo 7°. - Al Ministerio le corresponderá, respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las siguientes atribuciones:

a. Asesorar al Presidente o Presidenta de la República en la conformación de los Altos Mandos, así como en los ascensos y retiros.

b. Aprobar los planes estratégicos de desarrollo policial y sus modificaciones, y los planes anuales de gestión operativa y administrativa, de conformidad a la ley.

c. Supervigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad pública que defina el ministerio, mediante el sistema de supervisión y evaluación de la gestión policial contemplado en la ley N° 21.427.

d. Diseñar, junto a los Altos Mandos, estrategias y medidas tendientes a proteger la vida e integridad de los funcionarios y funcionarias pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, durante el ejercicio de sus funciones, supervigilando su adecuada implementación. Dichas estrategias y medidas deberán ser proporcionales a la labor que realizan.

En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá velar para que el equipamiento e infraestructura de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública cumplan con estándares técnicos que permitan una adecuada protección.

e. Promover el cumplimiento, por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de las normas de probidad, transparencia, publicidad y rendición de cuentas a la ciudadanía.

f. Ejercer el control presupuestario, financiero y de mérito respecto de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán hacer envío trimestralmente de su estado y gestión financiera, a través de medios electrónicos. Sin perjuicio de ello, el Ministerio podrá requerir información actualizada o exigir el complemento de las ya enviadas, en cualquier momento, debiendo ser remitidas por esa misma vía.

g. Examinar y aprobar las bases de licitación o requerimientos para la adquisición de tecnología y sistemas informáticos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio dispondrá los estándares para la adquisición de equipos y programas computacionales, a fin de compatibilizar las herramientas tecnológicas que utilicen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, podrá solicitar la opinión de otras instituciones que estime relevante.

h. Dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los planes y programas de formación y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en coherencia con los planes estratégicos de desarrollo policial. Asimismo, deberá aprobar dichos planes y programas, los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas y supervigilar su cumplimiento.

Las orientaciones técnicas señaladas deberán contener como principios la eficacia policial, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, entre otros que se determinen en conjunto. Del mismo modo, deberán incorporar lineamientos tendientes a un adecuado y permanente perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio de Seguridad Pública se deberá coordinar con el Ministerio de Educación, quien emitirá un informe previo con su opinión sobre las orientaciones técnicas referidas, el cual no será vinculante.

Asimismo, deberá aprobar los planes y programas de estudio y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas, así como supervigilar su cumplimiento. Para el ejercicio de esta atribución, podrá solicitar, en su caso, todas las modificaciones que estime pertinentes.

i. Supervigilar las modificaciones de la estructura organizacional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a lo dispuesto en un reglamento expedido por el Ministerio para dichos efectos.

j. Ordenar en conformidad a la ley orgánica respectiva que el superior jerárquico correspondiente inicie la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción, pudiendo exigir cuenta de su avance y, en su caso, poner antecedentes en conocimiento de la justicia. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán comunicar al Ministerio, mensualmente, las resoluciones que dieren inicio a procedimientos disciplinarios, así como las que les pusieren término, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda en esta materia a la Contraloría General de la República. Estas comunicaciones serán siempre de carácter secreto.

k. Requerir cualquier otra información a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

En ejercicio de esta atribución, el Ministerio podrá solicitar informes de carácter reservado o secreto, incluyendo aquellos que digan relación con inteligencia policial en el marco de la ley N°19.974, y que sean necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellos que contengan información cuya revelación, aún de manera reservada o secreta, afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso o pongan en riesgo la identidad de funcionarios o funcionarias que desempeñen labores en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la referida ley.

Las servidoras o servidores públicos del Ministerio, deberán guardar secreto de la información reservada que conozcan en razón de su cargo. En caso de violación a este deber, serán sancionados con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo y la inhabilitación absoluta y temporal en su grado medio a perpetuo para ejercer cargos y oficios públicos.

Si se utilizara la información referida en el inciso anterior en beneficio propio o ajeno, en perjuicio de alguna persona, autoridad u organismo, o para ejercer presiones o amenazas, será sancionado con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo a máximo y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

l. Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden

Artículo 8°.- El Ministerio de Seguridad Pública informará por escrito, semestralmente, a las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados encargadas de la seguridad, acerca de los desafíos en las materias de esa Secretaría de Estado, de los avances en la implementación y los resultados de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, protección de las personas, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos, dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

La información dispuesta en el inciso precedente deberá referirse especialmente a los estados de avance, cuentas y resultados, según corresponda, de todos los planes y programas desarrollados por el Ministerio y los organismos bajo su dependencia para los efectos de prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas, de acuerdo a lo dispuesto en el literal e) del artículo 5°.

Lo anterior será sin perjuicio de la facultad de las comisiones de ambas Cámaras de citar a una sesión especial y conjunta para los fines señalados en el inciso precedente.

Párrafo III

De los Consejos de Seguridad Pública

Artículo 9º.- Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el Ministro o Ministra de Seguridad Pública e integrado por el Ministro o Ministra de las siguientes Carteras de Estado: Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa Nacional, y Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; el Subsecretario o Subsecretaria de las siguientes Subsecretarías: Subsecretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención del Delito y Subsecretaría de Justicia; un o una representante de la Corte Suprema designado por esta; el Presidente o Presidenta de las Comisiones de Seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados; el o la Fiscal Nacional del Ministerio Público; el Defensor o Defensora Nacional Penal Pública; el o la General Director de Carabineros de Chile; el Director o la Directora General de la Policía de Investigaciones de Chile; el Director o la Directora General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; el Director o la Directora de la Dirección General de Aeronáutica Civil; el Director o la Directora de los siguientes organismos: Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; y el Presidente o la Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades.

El Subsecretario de Prevención del Delito actuará como Secretario o Secretaria del Consejo, levantando acta de las reuniones.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministro o la Ministra de Seguridad Pública en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

Asimismo, el Consejo constituirá una instancia de coordinación del Sistema establecido en el artículo 2° y de fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del Ministerio, a través de propuestas técnicas y de su acción mancomunada. Para estos efectos, podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos, autoridades nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

El Reglamento referido en el artículo 2° determinará la estructura, competencias, convocatorias, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento del Consejo Nacional.

Artículo 10.- El Consejo sesionará, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año, deberá oír a los o las representantes de la sociedad civil, en la forma que determine el reglamento.

Artículo 11.- El primer trimestre de cada año, la Dirección de Presupuestos deberá enviar un informe al Consejo con el detalle de la ejecución presupuestaria del año anterior de cada órgano del Estado que realice gastos en materias de seguridad pública.

Una resolución expedida por el Ministerio de Seguridad Pública suscrita, además, por el Director o Directora de Presupuestos, determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir esta información.

Artículo 12.- El Consejo contará con comisiones técnicas, definidas por el Secretario o Secretaria de esta instancia.

Los miembros del Consejo que integrarán estas comisiones técnicas serán definidos por este anualmente y sesionarán en la forma y con la periodicidad que determine el reglamento.

Artículo 13.- En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el Delegado o Delegada Presidencial Regional. El Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública tendrá el rol de secretario ejecutivo del Consejo, el que será integrado por:

1. El gobernador o la gobernadora regional y un consejero o consejera Regional de la comisión de seguridad del Consejo.

2. Los alcaldes o las alcaldesas de los municipios de la región.

3. Un o una representante del Ministerio de Defensa.

4. Un o una representante del Ministerio de Hacienda, si así se considera necesario.

5. Los Secretarios o Secretarias Regionales Ministeriales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente.

6. Un o una representante de la Corte de Apelaciones respectiva, designado por esta.

7. El o la Fiscal Regional del Ministerio Público.

8. El Defensor o la Defensora Regional de la Defensoría Penal Pública.

9. El Jefe de Zona de Carabineros de Chile o, los Jefes de Zona, en su caso.

10. El Jefe de Región Policial de la Policía de Investigaciones de Chile con competencia sobre la región.

11. Los Directores o Directoras Regionales de Gendarmería de Chile, del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

12. La autoridad marítima regional, cuando corresponda.

13. Un representante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando corresponda.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesor del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública en la implementación y coordinación de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana en los diversos niveles establecidos en el artículo 2°, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública. Para estos efectos, el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otras autoridades regionales, funcionarios públicos o representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

Asimismo, será una instancia de coordinación a nivel regional del Sistema establecido en el artículo 2°. Por intermedio del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectiva, deberá mantener una permanente comunicación con los consejos comunales de seguridad pública de la región y el resto de los integrantes del Sistema y considerar la información, antecedentes y estadísticas que estos consejos les provean.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año deberá oír a representantes de la sociedad civil.

En el reglamento mencionado en el inciso final del artículo 2° se determinará la convocatoria, quórum, forma en que se oirá a los representantes de la sociedad civil y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para el adecuado funcionamiento de los Consejos Regionales.

Artículo 14.- Los Consejos Comunales de Seguridad Pública, regulados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, serán la instancia de coordinación, a nivel comunal, del sistema establecido en el artículo 2° y se regirán, en cuanto a su integración, organización y funcionamiento, por las normas allí dispuestas.

Párrafo IV

Organización interna del Ministerio

Artículo 15.- El Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, se desconcentrará territorialmente mediante los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública, quienes serán los o las representantes del Ministerio en la Región y dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En todo lo que no sea contradictorio con la presente ley, se les aplicarán las disposiciones que regulan la organización y atribuciones de las secretarías regionales ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones.

Artículo 16.- El Ministro de Seguridad Pública será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República y será responsable de la conducción del Ministerio en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél le imparta. La conducción política del Ministerio estará a cargo del Ministro conforme dichas instrucciones.

El Ministro o la Ministra será subrogado por el o la Subsecretaria de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y a falta de éste, por el Subsecretario de Prevención del Delito, sin perjuicio de la facultad del Presidente o la Presidenta de la República de nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.

Cada subsecretario o subsecretaria será el jefe superior del Servicio en su respectiva subsecretaría y le corresponderá desempeñar las demás funciones establecidas en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la demás normativa aplicable. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública la administración y servicio interno del Ministerio.

Asimismo, los y las subsecretarías deberán efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro del cumplimiento de sus funciones.

Artículo 17.- Un reglamento expedido a través de este Ministerio determinará su estructura y la de las subsecretarías, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En dicha estructura se deberán considerar las unidades funcionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del Ministerio

Título II

De la Subsecretaría de Seguridad Pública y

Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

Artículo 18.- La Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o la Ministra en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas relativas a la seguridad pública, la protección de las personas, el orden público, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo, sin perjuicio del ejercicio de otras atribuciones que el Ministro o la Ministra le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquel o aquella le encargue. Asimismo, deberá ejercer aquellas funciones y atribuciones que le corresponden al Ministerio, respecto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Artículo 19.- Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública:

a. Diseñar y proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, planes y programas, en las materias de su competencia; así como ejecutarlos y evaluarlos.

b. Coordinar las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materias de su competencia.

c. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

d. Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función de resguardo fronterizo establecida en la letra f. del artículo 5°.

e. Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función establecida en la letra e. del artículo 5°, para lo cual deberá relacionarse con la Agencia Nacional de Inteligencia.

f. Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el control y supervigilancia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, según lo dispuesto en la letra k. del artículo 5°.

En cumplimiento de esta función, le corresponderá asesorar al Ministro o la Ministra en todas las materias que correspondan a dichas fuerzas, pudiendo ejercer directamente las atribuciones señaladas en la letra e) del artículo 6° y todas las del artículo 7°, sin perjuicio de aquellas que le corresponda directamente al Ministro o la Ministra, de conformidad a las leyes orgánicas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública u otras leyes especiales.

Asimismo, deberá supervigilar las políticas de personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias.

g. Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función de ciberseguridad que le corresponde al Ministerio, dispuesta en la letra g. del artículo 5°, de conformidad a las normas legales que regulan la materia.

h. Mantener actualizado el registro especial establecido en el Título V de la ley Nº 20.000.

i. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia.

j. Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

k. Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

l. Implementar un sistema nacional de protección ciudadana que coordine los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para casos de emergencias de seguridad y demás que determine la ley.

m. Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Título III

Subsecretaría de Prevención del Delito

Artículo 20. La Subsecretaría de Prevención del Delito es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a la prevención del delito; protección de las personas; convivencia ciudadana; atención y asistencia a víctimas de delito; y rehabilitación y reinserción social de los infractores de ley, sin perjuicio de las competencias propias de otros ministerios y servicios públicos, así como del ejercicio de las atribuciones que el Ministro o Ministra le delegue y del cumplimiento de las tareas que este o esta le encargue.

Para el cumplimiento de lo anterior, la Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá a su cargo la gestión de la totalidad de los planes y programas del Ministerio en relación con las materias señaladas en el inciso precedente. Asimismo, emitirá recomendaciones a todo órgano de la Administración del Estado y coordinará los planes y programas que los demás Ministerios y Servicios Públicos desarrollen en este ámbito. Para tal efecto, articulará las acciones que estos ejecuten, así como las prestaciones y servicios que otorguen, de manera de propender a su debida coherencia y a la eficiencia en el uso de los recursos.

Artículo 21. A la Subsecretaría de Prevención del Delito le corresponderá:

a. Diseñar y proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, planes y programas, en las materias de su competencia; así como ejecutarlos y evaluarlos.

En ejercicio de esta función, le corresponderá, especialmente, asesorar y colaborar con el Ministro o a la Ministra en la elaboración, supervisión, coordinación, actualización y evaluación de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana; y de la Política Nacional de Víctimas.

b. Coordinar las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materias de su competencia.

c. Ejercer las atribuciones del Ministerio relativas a administrar y desarrollar sistemas de tratamiento de datos y elaborar estadísticas, de conformidad a lo establecido en las letras i. y j. del artículo 6°.

Asimismo, en base a dicha información y estadísticas, deberá efectuar análisis, en coordinación con los demás órganos de la Administración del Estado, sobre los desafíos y riesgos que digan relación con las competencias del Ministerio.

d. Evaluar las políticas públicas diseñadas o formuladas por el Ministerio, en materias de su competencia, según las directrices metodológicas que este imparta. Asimismo, deberá evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios de los demás Ministerios y servicios públicos que desarrollen relacionados con materias de su competencia.

Para el ejercicio de esta función, deberá producir, sistematizar y poner a disposición información y datos, pudiendo encargar, si se estima pertinente, evaluaciones externas independientes.

e. Proveer colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales y comunales, puedan identificar prioridades en materia de prevención del delito y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

f. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

g. Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el cumplimiento de las funciones y atribuciones en materia de seguridad privada, pudiendo ejercerlas directamente, sin perjuicio de aquellas que le correspondan al Ministro o Ministra en forma directa, de conformidad a lo establecido en la ley que regula esta materia.

h. Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en lo relativo a la formulación de planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, incluyendo espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Asimismo, deberá mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

i. Emitir opinión sobre la coherencia de los planes comunales de seguridad pública con la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana y con los instrumentos de gestión y directrices emanados del Ministerio en este ámbito, dentro de los sesenta días siguientes a su aprobación, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

j. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia.

k. Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

l. Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

m. Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Título IV

De los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública

Artículo 22.- A los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública les corresponderá:

a) Coordinar, en la región, su labor con las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas y los demás organismos con competencia en materias de prevención del delito y seguridad pública, estableciendo las instancias operativas y estratégicas para desarrollar esta labor.

b) Coordinar, en la región, la ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio de Seguridad Pública. Además, podrá ejecutar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en las expresiones territoriales que dicho Ministerio establezca dentro del ámbito de su competencia. En el ejercicio de esta facultad, los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública deberán velar por integrar a su gestión las capacidades de los demás actores encargados de la seguridad que tengan competencias a nivel regional, provincial y comunal, y los lineamientos que emanen del Consejo Regional de Seguridad Pública, de manera de dar cumplimiento a los principios de interoperabilidad, interagencialidad y cooperación descritos en el artículo 1 de esta ley.

c) Implementar la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana y la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región. Para realizar esta labor, los Comisionados o Comisionadas podrán, especialmente:

i. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluidas las municipalidades, que tengan relación directa con los planes y programas de estas políticas.

ii. Evaluar el desarrollo de planes y programas ejecutados en el territorio de su competencia.

iii. Disponer la realización de estudios y encuestas que tengan relación directa con la ejecución de los planes y programas de estas políticas.

iv. Implementar medidas de prevención de la delincuencia y aquellas orientadas a disminuir la violencia y la reincidencia delictual.

d) Velar por la protección de las personas en la región y sus provincias a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público, junto con la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento.

e) Adoptar medidas tendientes a la prevención de delitos, a nivel regional y en el ámbito de sus competencias, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, de acuerdo a las directrices emanadas desde el Ministerio de Seguridad Pública o sus Subsecretarías.

f) Proveer la colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales, provinciales y comunales puedan identificar prioridades en materia de seguridad pública y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

g) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia, en conformidad a la ley.

h) Autorizar la realización de eventos, espectáculos o actividades recreativas que involucren una gran concentración de personas en espacios abiertos al público, incluyendo aquellas reguladas en la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional de conformidad a sus disposiciones. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile. Un reglamento expedido por el Ministerio de Seguridad Pública regulará las condiciones y demás normas necesarias para la entrega y denegación de dichas autorizaciones.

i) Supervigilar las actividades de seguridad y prevención que ejecuten empresas de seguridad privada, de acuerdo con los planes, programas o resoluciones que emanen del Ministerio de Seguridad Pública.

j) Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile.

k) Ejercer todas aquellas atribuciones que la ley otorga a las Secretarías Regionales Ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones.

l) En general, promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la región mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de los delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario, así como las demás que establezca la Constitución o las leyes.

Artículo 23.- Los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública serán cargos de exclusiva confianza nombrados por el Presidente o Presidenta de la República en cada región, a sugerencia del Ministerio de Seguridad Pública, y deberán cumplir los siguientes requisitos, sin perjuicio de las exigencias generales para ingresar a la Administración del Estado:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio.

b) Ser mayor de 21 años de edad.

c) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.

d) No hallarse condenado por crimen o simple delito.

e) Poseer un título profesional o técnico profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado, reconocido por éste o validado en Chile de acuerdo con la legislación vigente.

f) Tener experiencia previa en materias de seguridad y prevención que demuestren la idoneidad para el cargo. La forma de acreditar los requisitos de idoneidad serán determinados por el Ministerio de Seguridad Pública mediante resolución

Artículo 24.- El Comisionado o Comisionada cesará en su cargo en los siguientes casos, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto Administrativo:

a) Pérdida de cualquiera de los requisitos habilitantes establecidos para su desempeño en el artículo anterior o incurrir en las causales de inhabilidad descritas en los artículos 54 y 55 bis del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del año 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Aceptación de un cargo incompatible.

c) Inscripción como candidato a un cargo de elección popular.

d) Aceptación de renuncia.

e) Remoción dispuesta por el Presidente o Presidenta de la República, pudiendo el Ministerio de Seguridad Pública sugerir esa medida.

Disposiciones Finales

Artículo 25.- La Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, en adelante “Política”, es el instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos y los análisis sobre prevención del delito que sean pertinentes.

Para la elaboración de esta Política, el Ministerio seguirá, entre otros, los principios de eficacia policial, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Asimismo, considerará, entre otras fuentes, la información, antecedentes y estadísticas que provean los Consejos Regionales y Comunales de Seguridad Pública, así como el contenido de los Planes Comunales de Seguridad Pública y la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia.

La Política será aprobada cada seis años por el Presidente o la Presidenta de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Seguridad Pública.

La dictación de la Política no obstará a la elaboración, implementación y evaluación de planes o estrategias particulares que, en estas materias, pueda sancionar cada Gobierno. Sin embargo, dichos planes o estrategias deberán ser coherentes con la Política, así como con los objetivos que determine el propio Ministerio.

Anualmente, en el mes de septiembre, el Ministro de Seguridad Pública en sesión especial, secreta y conjunta de las comisiones de Seguridad Pública del Senado y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados deberá dar cuenta de los desafíos en las materias de la Cartera que dirige y escuchará el parecer de los miembros de ambas comisiones.

Artículo 26.- El personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, al régimen de remuneraciones del decreto ley N° 249, de 1974, y su legislación complementaria.

Artículo Segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales:

1. Suprímese, en el Título I, la frase “y Seguridad Pública”.

2. Modifícase el artículo 1º, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 1º.- El Ministerio del Interior será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el ejercicio del gobierno interior, así como en asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres y catástrofes y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones que encomiende aquél o las leyes. Asimismo, será el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios, para el logro de los objetivos gubernamentales.”.

b) Suprímese el inciso segundo.

c) Reemplázase el inciso tercero, que pasa a ser inciso segundo, por el siguiente:

“Además de las funciones que esta ley le señale, este Ministerio será el sucesor legal, sin solución de continuidad, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en todas las materias que no sean de competencia del Ministerio de Seguridad Pública.”.

3. Suprímese el artículo 2º.

4. Reemplázase el artículo 3º, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Además de las facultades ya existentes para el Ministerio del Interior en otras materias, a éste le corresponde:

a) Coordinar políticamente los distintos ministerios, de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el Presidente o la Presidenta de la República.

b) Velar por el desarrollo regional y local del país; de acuerdo a los planes y programas aprobados por los Gobiernos Regionales.

c) Ejercer el gobierno interior del Estado.

d) Velar por la correcta ejecución de las leyes electorales.

e) Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias en materia migratoria, así como supervigilar, formular, implementar y supervisar políticas, planes y programas relativos a migración, velando por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Chile y que se encuentren vigentes en estas materias, así como de protección de refugiados, sin perjuicio de los derechos, obligaciones y atribuciones del Servicio Nacional de Migraciones en estas materias.

f) Proponer las normas sobre división política y administrativa del país y la fijación de los distintos límites territoriales y husos horarios aplicables en el territorio nacional.

g) Controlar el funcionamiento del Diario Oficial y asegurar el cumplimiento de sus fines y objetivos, pudiendo dictar los reglamentos necesarios para su funcionamiento.

h) Conducir las relaciones con el Congreso Nacional que no correspondan a otros Ministerios.

i) Coordinar la prevención y respuesta frente a desastres y emergencias.

j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de su competencia.

k) Administrar la Red de Conectividad del Estado.

l) Autorizar la realización de colectas, rifas y sorteos en el territorio nacional.

m) Ejecutar las disposiciones del decreto ley N° 799 de 1974 sobre uso y circulación de vehículos estatales.

n) Coordinar con el Ministerio de Bienes Nacionales la disposición de los bienes municipales.

ñ) Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.”.

5. Suprímense los artículos 4º, 5º y 6º.

6. Reemplázase el artículo 7º, por el siguiente:

“Artículo 7º.- En el ejercicio de sus atribuciones, el Ministro o la Ministra del Interior contará con la colaboración inmediata de la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Los jefes o las jefas superiores de estas Subsecretarías serán los o las Subsecretarios o Subsecretarias del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo, respectivamente.

El Ministro o la Ministra será subrogado o subrogada por el Subsecretario o Subsecretaria del Interior y, a falta de éste o esta, por el o la de Desarrollo Regional y Administrativo, sin perjuicio de la facultad del Presidente o Presidenta de la República para nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.”.

7. Modifícase el inciso primero del artículo 8º, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la coma entre la palabra “Interior” y la expresión “de Desarrollo Regional” por la conjunción “y”.

b) Reemplázase la expresión “y de Prevención del Delito” por una coma.

8. Reemplázase el inciso primero del artículo 9º, por el siguiente:

“Artículo 9º.- Corresponderá a la Subsecretaría del Interior ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relativas a gobierno interior, coordinación territorial del gobierno, migración y extranjería, desastres y emergencias y las demás tareas que aquél o aquella le encomiende, así como las que la ley determine.”.

9. Suprímense los incisos segundo y tercero del artículo 9º.

10. Elimínanse los artículos 10 y 11.

11. Elimínase el Párrafo 2º del Título II.

12. Elimínase el Título III.

13. Modifícase el artículo 17, de la siguiente forma:

a) Elimínase, en su inciso primero, la frase “y Seguridad Pública”.

b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la expresión “; por los funcionarios de las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones que pasen a integrarla conforme a las reglas establecidas en esta ley;” por la voz “y”.

ii. Elimínase la expresión “, y por el personal de las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública destinado a prestar servicios a requerimiento del Ministro del Interior y Seguridad Pública o del Subsecretario del Interior”.

c) Elimínase su inciso tercero.

14. Elimínase en el inciso primero del artículo 18, la expresión “y Seguridad Pública”.

15. Modifícase el artículo 19, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el literal b), la expresión “Ministro del Interior y Seguridad Pública” por “Ministro o la Ministra de Seguridad Pública”.

b) Introdúcese, en el literal b), entre la voz “Subsecretario” y la expresión “de Prevención del Delito” la expresión “o la Subsecretaria”.”.

c) Elimínase, en el literal f), la expresión “y Seguridad Pública”.”.

Artículo Tercero. Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, del Ministerio del Interior, que organiza las Secretarías del Estado, de la siguiente manera:

1. Incorpóranse las siguientes modificaciones al inciso primero del artículo 1°:

a) Elimínase, en el numeral 1°, la frase “y Seguridad Pública”.

b) Intercálase un numeral 5°, nuevo, pasando el actual 5° a ser 6° y así sucesivamente hasta llegar al 25°: “5° Seguridad Pública;”.

2. Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 3º:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “y Seguridad Pública”;

b) Suprímese, en el párrafo primero del literal a), la frase “y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos”.

Artículo Cuarto.- Intercálase una nueva letra d) en el artículo 6° de la ley N° 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica, del siguiente tenor, ajustando los demás literales en orden correlativo:

“d) El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública.”.”.

Artículo Quinto. Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional en el siguiente sentido:

1. Reemplázase el inciso primero del artículo 1°, por el siguiente:

“Artículo 1°.- El gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial regional, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en su cargo mientras cuente con su confianza. El delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y las instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior.”.

2. Modifícase el artículo 2°, en el siguiente sentido:

a) Elimínase el literal b).

b) Reemplázase el literal c) por el siguiente:

“c) Solicitar al Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectivo el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia cuando, a juicio del delegado presidencial regional o provincial, sea necesario para el ejercicio de sus funciones.”.

c) Agrégase el siguiente literal q), nuevo:

“q) Ejercer la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales que no importen un riesgo para la seguridad pública.”.

d) Agrégase el siguiente literal r), nuevo:

“r) Proponer la remoción del Comisionado o Comisionada de Seguridad del territorio.”.

e) Agrégase el siguiente literal s), nuevo:

“s) Ejercer las funciones que la ley le entrega al Ministerio del Interior en el territorio de la región, conforme a las instrucciones que emanen del Ministerio.”.

3. Modifícase el artículo 4° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el literal a) la frase “, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes” por “en la provincia”.

b) Elimínanse los literales c) y d).

4. Incorpórase, en el artículo 61, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, el Ministerio de Seguridad Pública se desconcentrará territorialmente mediante los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del Delegado o Delegada Presidencial en la coordinación, supervigilancia y fiscalización, según corresponda, de los servicios públicos que integran el Sistema establecido en el artículo 2°, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 bis de la Carta Fundamental, dentro de la región.”.”

Artículo Sexto. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº21.325, sobre Migración y Extranjería:

1. Suprímese en el numeral 12 del artículo 1º, la frase “y Seguridad Pública;

2. Suprímese en el inciso primero del artículo 156, la frase “y Seguridad Pública”.

Artículo Séptimo. Modifícase el inciso primero del artículo 1º del decreto ley Nº844 de 1975, que crea el Departamento de Previsión de Carabineros, en el siguiente sentido:

1. Reemplázase la frase “del Interior y” por la preposición “de”.

2. Reemplázase la locución “Subsecretaria del Interior” por “Subsecretaría de Seguridad Pública”.

Artículo Octavo. Sustitúyese en el artículo 7º de la ley Nº19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la frase “del Interior” por “de Seguridad Pública”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

“Artículo primero. - Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

2. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

3. Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de las asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

4. Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En el o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus Subsecretarías, la que no podrá ser superior a seis meses desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6. Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley, la que no podrá ser superior a seis meses desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.”

7. Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a. No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta y contrata. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b. No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta y contrata. Cualquiera diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c. Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d. El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

e. Traspasar los bienes que determine, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública al Ministerio de Seguridad Pública y, en especial, desde las actuales Subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito a las Subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

Artículo segundo transitorio. - El Ministerio de Seguridad Pública será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero. Lo dicho en este artículo será aplicable también a la Subsecretaría de Seguridad Pública respecto de la Subsecretaría del Interior.

Artículo tercero transitorio. - El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

Artículo cuarto transitorio. - Los funcionarios y funcionarias de planta y a contrata del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrán conservar su afiliación a las asociaciones de funcionarios del señalado servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Seguridad Pública haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de entrada en funciones de la Secretaría de Estado antes señalada, cesará por el solo ministerio de la ley, su afiliación a las asociaciones de funcionarios de la institución de origen.

Artículo quinto transitorio. - En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Ministerio de Seguridad Pública, todos sus funcionarios y funcionarias podrán afiliarse o continuar afiliados al Servicio de Bienestar del Ministerio del Interior.

Artículo sexto transitorio. - A partir de la publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá designar al Ministro de Seguridad Pública, al Subsecretario de Seguridad Pública, y al Subsecretario de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública, la remuneración de las autoridades antes señaladas serán equivalentes a las del Ministro del Interior, las del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Prevención del Delito, respectivamente, se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior.

El Ministro y los Subsecretarios designados conforme al inciso anterior deberán proponer un cronograma de instalación del Ministerio de Seguridad Pública y, en general, realizar cualquier trámite ante organismos públicos y privados que le permitan al Ministerio y sus Subsecretarías estar plenamente operativos a la fecha de inicio de sus funciones.

Artículo séptimo transitorio. - Los reglamentos a los que hace referencia esta ley deberán ser dictados o modificados dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley.

Artículo octavo transitorio. - Toda mención que se haga en leyes, reglamentos u otras normas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sus Subsecretarías y reparticiones en materias, atribuciones, competencias o facultades que de acuerdo con esta ley se radiquen en el Ministerio de Seguridad Pública, y sus Subsecretarías o Reparticiones, se entenderán transferidas a este en su condición de sucesor legal.

Artículo noveno transitorio.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que incluye las Subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo décimo transitorio. Dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley el Ministerio de Seguridad Pública presentará una iniciativa legal que regulará la orgánica, componentes y el funcionamiento del sistema nacional de protección ciudadana mencionado en la letra l) del artículo 19 de la presente ley. El sistema nacional de protección ciudadana, deberá operar bajo los principios de interoperabilidad, interagencialidad e integrar las capacidades de los organismos públicos y privados en materia de seguridad pública. El Sistema tendrá una expresión nacional y regional, esta última a cargo del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 19 de junio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa (David Sandoval Plaza), José García Ruminot (Presidente accidental), José Miguel Insulza Salinas, Ricardo Lagos Weber (Presidente) y Daniel Núñez Arancibia.

A 19 de junio de 2023.

MARIA SOLEDAD ARAVENA

Secretaria de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

(BOLETÍN Nº 14.614-07)

I. OBJETIVO(S) DEL PROYECTO PROPUESTO: Crear el Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública, con la finalidad de permitir a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas, alcanzar la condición que se encuentren lo suficientemente resguardados de peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e internas, antrópicas y naturales.

II. ACUERDOS: Las normas de competencia de la Comisión de Hacienda fueron aprobadas por unanimidad 5x0, con excepción del artículo primero transitorio que fue aprobado con 4 votos a favor y 1 abstención.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Consta de ocho artículos permanentes – el primero de ellos, a su vez, contempla 26 artículos - y diez disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el informe de la Comisión de Seguridad Pública.

V. URGENCIA: “discusión inmediata”.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Senado. Mensaje de Su Excelencia el ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 28 de septiembre de 2021.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales;

2.- Ley N° 21.354 que establece el Sistema Nacional de Prevención y respuesta ante desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica;

3.- Ley N° 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público;

4.- Ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia;

5.- Decreto con fuerza de ley N° 7.912 de 1927, del Ministerio del Interior, que organiza las Secretarias del Estado;

6.- Decreto con fuerza de ley N° 1° de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,

7.- Decreto ley N° 844 de 1975, que crea el Departamento de Previsión de Carabineros

Valparaíso, 19 de junio de 2023.

MARIA SOLEDAD ARAVENA

Secretaria de la Comisión

CREACIÓN DE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, correspondiente al boletín N° 14.614-07.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.614-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión del 11 de enero del año 2022, y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública e informe de la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Seguridad Pública deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos tercero, sexto, séptimo y octavo permanentes del proyecto de ley no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones.

Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

Entre estas normas, el mencionado artículo tercero requiere 26 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

Asimismo, la referida Comisión efectuó un conjunto de modificaciones al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de dos de ellas, que fueron sancionadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas. Entre las enmiendas unánimes, las relativas a los artículos 1º, 2º, 4º, 22 y 23, todos contenidos en el artículo primero; los números 1 y 2 del artículo segundo; el artículo cuarto, y el artículo quinto permanentes del proyecto de ley requieren 26 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Por su parte, las enmiendas referidas a las letras j) y k) del artículo 7º, contenido en el artículo primero permanente de la iniciativa, necesitan 26 votos a favor para ser aprobadas, por corresponder a normas de quorum calificado.

La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las disposiciones de su competencia y no introdujo modificaciones al texto despachado en su segundo informe por la Comisión de Seguridad Pública. Asimismo, consigna que las referidas normas fueron aprobadas por dicha instancia con las votaciones que en cada caso se registran en su informe.

Las modificaciones aprobadas por mayoría de votos en la Comisión de Seguridad Pública son las siguientes:

-En el artículo primero permanente, disposición que contiene la Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, primero, la letra k), contemplada en el artículo 5º, referido a las funciones de dicho Ministerio (página 10 del comparado), y, segundo, el artículo 13, referido al Consejo Regional de Seguridad Pública, normas o mayorías (páginas 30 a 33 del comparado).

Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas introducidas por la Comisión de Seguridad Pública y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones.

Es todo, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, señor Secretario.

Para conocer los informes respectivos, a pesar de que esta es la discusión en particular, por la naturaleza del proyecto -recordemos que fue aprobado en general hace mucho tiempo, pero se ha tenido que hacer un rediseño, por así decir-, vamos darle la palabra primero al Senador Kast, Presidente de la Comisión de Seguridad , y después, al Senador Lagos, Presidente de la Comisión de Hacienda . Posteriormente intervendrá la Ministra del Interior , quien quiere explicar más en detalle algunos puntos de la iniciativa.

Senador Kast, tiene la palabra.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Primero, deseo saludar a la Ministra y al Subsecretario .

Hemos llegado finalmente a la votación de este proyecto después de una larga discusión, donde en definitiva se impusieron los acuerdos, lo que, a mi juicio, siempre es positivo en este tipo de cambios institucionales tan relevantes.

Como Presidente de la Comisión de Seguridad , vengo a informar el proyecto, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, iniciado en mensaje presidencial y que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata".

Su idea matriz consiste en crear un Ministerio de Seguridad Pública como la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad y al resguardo de la seguridad pública, con la finalidad de permitir a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas encontrar resguardo y protección del Estado ante peligros, riesgos, amenazas e interferencias, externas e internas, antrópicas y naturales.

Antecedentes de la propuesta

El debate en torno a la creación del Ministerio tiene casi dos décadas. El primero en impulsarlo fue el ex Presidente Ricardo Lagos , el año 2005; también lo hizo la ex Presidenta Bachelet , cuando en junio del 2006 presentó un mensaje presidencial que buscaba crear el Ministerio de Seguridad Pública. Lo mismo hace el proyecto de hoy sometido a discusión y que fue ingresado por el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera .

Esto da cuenta de una inquietud de política pública transversal de larga data sobre la necesidad de crear un ministerio especializado en esta materia.

Quiero además agregar que la creación de este Ministerio y este debate obedecen, producto de que la seguridad se ha transformado cada vez en un elemento más complejo, por la existencia de un crimen organizado más sofisticado y con más recursos, a la necesidad de contar con un ministerio más técnico, con más capacidad investigativa, con más capacidad de prevención, con más capacidad de tener recursos para seguir la ruta del dinero.

Por lo tanto, aquellos que creen -dentro de los que me incluyo- que tenemos un exceso de ministerios, en este caso consideramos que su creación se justifica plenamente, por la naturaleza que actualmente tiene el Ministerio del Interior, que es carácter político. Y, por lo tanto, el tener un ministerio especializado en materia de seguridad nos parece que es un positivo avance.

En cuanto a los fundamentos del proyecto, el mensaje subraya que garantizar la seguridad es una función primordial del Estado y debe preceder a cualquier otra, lo que se logra con estándares de seguridad, para poder vivir en libertad e incluso cuidar nuestra democracia.

En este contexto, la idea central de la iniciativa es separar la seguridad pública de la gestión política del Ministro del Interior , en su rol de jefe de gabinete, creando un nuevo Ministerio, cuyo Ministro será el colaborador directo del Presidente de la República en todo aquello que diga relación con la seguridad.

Por otra parte, el proyecto considera competencias para supervigilar estratégica, operativa, presupuestaria y administrativamente las tareas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con la idea de reforzar el necesario control civil sobre las Policías.

Además, esta iniciativa de ley instituye un sistema de seguridad pública, dotando al nuevo Ministerio de una estructura orgánica adecuada para el ejercicio de tales funciones, con especial énfasis en la necesidad de que los numerosos órganos públicos con competencias relacionadas a los ámbitos de la seguridad y el orden público actúen de manera coordinada y responsable en todo el territorio nacional.

En este sentido, respecto al fortalecimiento del rol del nuevo Ministerio en regiones, se busca lograr un adecuado balance entre la desconcentración, la especialización y la responsabilidad política. Así, se crea la figura del Comisionado de Seguridad, que estará a cargo de desplegar las principales funciones de este nuevo Ministerio en regiones, manteniendo la figura del Delegado Presidencial como el representante natural del Presidente , quien debe coordinar, supervigilar y fiscalizar el trabajo de todas las autoridades de gobierno en la región, incluyendo, por cierto, a las de los comisionados.

Esta es la bajada regional a que se hizo mucha referencia, donde se buscaba tener un equilibrio del rol del Delegado Presidencial con una bajada territorial suficientemente fuerte para el nuevo Ministerio.

En definitiva, se propone un nuevo diseño institucional, que creemos apuntará a mejorar el cumplimiento de la función primordial del Estado en lo que dice relación con la protección de las personas y sus bienes, lo cual es una de las bases fundamentales del goce y ejercicio libre de los derechos básicos de los ciudadanos.

Contenido de la propuesta

En concreto, en el artículo 1° se crea el Ministerio de Seguridad Pública, que será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas a la seguridad.

En el artículo 2° se entrega al Ministerio el rol de coordinar y articular el sistema de seguridad pública y se define su integración.

El artículo 3º se refiere a la subordinación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas por Carabineros y la Policía de Investigaciones.

En los artículos 4° a 8° se detallan las funciones y atribuciones del nuevo Ministerio de Seguridad.

El artículo 9° regula los consejos de seguridad.

Los artículos 10, 11 y 12 contienen normas especiales relacionadas con la participación de la sociedad civil y los deberes de informar.

El artículo 13 regula los consejos regionales, que serán presididos por el Delegado Presidencial Regional, y el Comisionado de Seguridad Pública actuará como secretario ejecutivo.

El artículo 14 alude a los consejos comunales.

Entre los artículos 15 y 17 se incorporan las normas relativas a la organización interna del Ministerio.

(Diálogos en un sector de la Sala).

Colegas, ¿les puedo pedir un poco de silencio para poder leer el informe?

Muchas gracias.

El señor MOREIRA .-

¡Perdón, pero cuando usted de repente se pone a hablar y hace cosas por allá, ahí sí que le gusta!

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Puede seguir, señor Senador.

Senador Moreira, no se le ha dado la palabra.

El señor KAST.-

¡Bueno, entonces, no copie las malas prácticas, pues, Senador, no copie las malas prácticas...!

(Risas en la Sala).

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Continúe, señor Senador.

El señor KAST.-

¡No copie las malas prácticas, colega Moreira ...!

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Senador Kast, puede continuar con el informe.

El señor KAST.-

Además, Senador, usted ha reclamado varias veces por lo mismo. Así que está bien.

El título II se refiere a la Subsecretaría de Seguridad Pública y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

El artículo 18 crea la mentada Subsecretaría como el órgano de colaboración inmediata del Ministro o la Ministra en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Luego, los artículos 20 y 21 se refieren a la Subsecretaría de Prevención del Delito -aquí nos acompaña el Subsecretario-. El primero la define como "el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a la prevención del delito".

A continuación, el artículo 22 detalla las funciones de los comisionados de seguridad pública, que son -recuerden- los representantes a nivel regional.

El artículo 23 regula los requisitos de elegibilidad para dicho cargo, incorporando, entre otros, el de "tener experiencia previa en materias de seguridad y prevención que demuestren la idoneidad para el cargo".

Y el 24 regula las causales de remoción. Ojo, una de las fórmulas que se analizó para poder darles mayor empoderamiento a los delegados presidenciales fue que puedan pedir la remoción de un comisionado.

Por último, los artículos 25 y 26 contienen disposiciones finales sobre la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, y respecto del personal del Ministerio.

Como adelantaba, el artículo segundo del proyecto contiene normas adecuatorias para asegurar la coherencia normativa ante esta nueva ley y la legislación vigente.

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, la Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de proponer a la Honorable Sala la aprobación en particular de este proyecto de ley.

Es todo, Presidente .

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Muchas gracias, señor Senador.

El señor MOREIRA.-

Tengo que reconocer que lo hiciste muy bien.

El señor KAST.-

Muchas gracias, colega.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Escuchemos ahora el informe de la Comisión de Hacienda.

Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos.

El señor LAGOS.-

Muchas gracias, señor Presidente.

A la Comisión de Hacienda le toca informar acerca del proyecto en referencia, que se encuentra en primer trámite constitucional.

Como se señaló, esta iniciativa fue considerada previamente por la Comisión de Seguridad Pública en su segundo informe, en los términos que hemos conocido por lo expuesto por el Senador Kast , Presidente de dicha instancia.

A la Comisión de Hacienda le correspondió pronunciarse solo sobre los asuntos de su competencia.

Asistieron a la sesión de hoy, además de sus miembros, los Honorables Senadores Edwards y Sandoval; este último terminó votando en reemplazo del Senador Coloma .

Concurrieron, por parte del Ministerio del Interior, la Ministra , señora Carolina Tohá , y el coordinador jurídico legislativo, señor Rafael Collado ; y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Subsecretario , señor Eduardo Vergara , y el asesor señor Rodrigo Muñoz .

La Comisión de Hacienda no introdujo enmiendas al texto despachado por la Comisión de Seguridad Pública, aprobando por la unanimidad de sus miembros, los Honorables Senadores García , Insulza , Lagos , Núñez y Sandoval , las normas propias de su competencia, exceptuando el artículo primero transitorio, que fue aprobado con la abstención del Honorable Senador señor Sandoval .

Ahora bien, el informe financiero de este proyecto se compone, básicamente, de tres elementos, que son principalmente gastos financieros.

Primero, se estima que el Ministerio de Seguridad Pública va a estar conformado por 21 nuevos funcionarios, lo que incluye al Ministro de Seguridad Pública ; a 13 funcionarios de su gabinete, además de un traspaso desde el Ministerio del Interior, y a 6 funcionarios de la unidad de auditoría ministerial. Para el gabinete ministerial también se consideran 8 asesores en calidad de honorarios, de los cuales 3 se contemplan como traspasos del Ministerio del Interior.

Este mayor gasto para el primer año asciende ligeramente sobre los 1.000 millones de pesos, y en régimen, a 1.044 millones de pesos.

El segundo ítem de gastos del proyecto es la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que implica la contratación de 53 nuevos funcionarios, lo cual incluye al Subsecretario ; a 12 funcionarios de su gabinete, además de un traspaso desde el Ministerio del Interior, y 40 contrataciones asociadas a las divisiones jurídicas, de auditoría interna y a la división de administración y finanzas. Para el gabinete del Subsecretario o Subsecretaria se consideran 8 asesores en calidad de honorarios, de los cuales 3 se contemplan como traspasos desde el Ministerio del Interior.

Esto tiene un gasto por sobre los 2.500 millones de pesos, tanto en el primer año de implementación como en régimen.

Y, en tercer lugar, para la conformación de lo que se denominó en su minuto las "seremías", que hoy día son los comisionados regionales, se genera un diferencial que implica un mayor gasto de 76.800.000 pesos.

A su vez, el gabinete de cada uno de los dieciséis comisionados regionales está compuesto por 4 funcionarios, de los cuales 2 corresponden a nuevas contrataciones.

Los montos cambiaron con todas las modificaciones que se le hicieron a este proyecto. Inicialmente, esto iba a tener un costo en régimen de 1.600 millones; pero, como señaló el Senador Kast , acá hubo una modificación, ya que, respecto a la implementación, que iba a ser gradual a lo largo de cuatro años y diferenciada por regiones, se adoptó el criterio -a mi juicio, bueno; pero esa es una opinión personal, no es parte del informe- de implementar todos los comisionados regionales al unísono a lo largo del país. Eso aumentó el gasto inicial de 5.200 millones en régimen a 5.576 millones en total, como se muestra en el nuevo informe financiero.

En resumen, señor Presidente , en el informe financiero estamos hablando de 5.576 millones de pesos para el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, bajo los tres ítems mencionados: el Ministerio propiamente tal, la Subsecretaría y los comisionados regionales.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Muchas gracias, señor Senador.

No sé si la señora Ministra del Interior quisiera darnos una panorámica general sobre el punto.

Le ofrezco la palabra, señora Ministra .

La señora TOHÁ ( Ministra del Interior y Seguridad Pública ).-

Muchas gracias, Presidente .

Quisiera pedir que se ponga en grande la presentación. Hoy día estuvimos en la Comisión de Hacienda, Presidente , y nos pidieron que trajéramos algo para entender el "mono" -como se dice- de una manera más clara. Para eso, necesito que se agrande la presentación en la pantalla.

Gracias.

No voy a repetir las cosas que ya se dijeron y la historia de este proyecto. Solo quiero señalar que desde el 2006, cuando inició su discusión, ha habido cambios en esta materia; porque lo que partió como una propuesta de Ministerio de Seguridad se transformó después en la constitución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

En ese cambio, se traspasó al Ministerio la gestión administrativa de las Policías; se eliminó la Subsecretaría de Carabineros en el Ministerio de Defensa, y se creó la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Con ello parecía darse corte al debate del Ministerio de Seguridad, pero no fue así, el debate se mantuvo.

En el segundo Gobierno del Presidente Piñera, en el año 2021 se presentó el proyecto, y durante el Gobierno del Presidente Boric, se ha insistido en esta agenda.

Esto fue parte del Programa de Gobierno del Presidente Boric, ratificado por él cuando dio la Cuenta Pública 2022 y cuando se presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

El Gobierno, a propósito de este proyecto, ha presentado dos grandes indicaciones.

La primera fue en agosto del año 2022, la cual contenía una serie de enmiendas al articulado y, muy importante, un cambio en el informe financiero, ya que modificaba la forma en que se iba a instalar el Ministerio. Esto originalmente implicaba un proceso gradual de cuatro años, que fue reducido a dos; o sea, la idea es que, desde que entre en vigor la ley, pasen solamente dos años hasta que esté plenamente instalada la nueva cartera en todo el territorio nacional.

La segunda indicación se presentó en el mes de mayo y tuvo por objeto resolver la versión regional del Ministerio de Seguridad. Ese tema había sido objeto de varias discusiones y dudas en la Comisión de Seguridad, que fue la instancia que originalmente examinó este proyecto. Se llegó a un acuerdo con la Comisión, y la fórmula que se trae aquí, a la Sala, es producto de ello.

En términos generales, ¿cuál es el concepto que está detrás de esto? Tener un Ministerio que colabore con el Presidente de la República en todas las materias que se refieren al resguardo de la seguridad y el orden público, a la prevención del delito, a la reinserción social y a la atención y asistencia a las víctimas.

Además, se busca la especialización de la gestión de la seguridad pública, que la diferencia de los roles de jefatura política del gabinete. Esto es muy importante, Presidente , tanto para la seguridad como para la jefatura política del gabinete.

La seguridad se ha vuelto una materia de política pública muy sofisticada, compleja, que tiene avances permanentes, que va diversificándose y que requiere un tratamiento sectorial distinto del propio de los ministerios políticos, que miran el global del Gobierno.

Esto es muy importante para la seguridad.

También es relevante para la jefatura de gabinete. Dado que estas dos actividades están juntas, tiende a fagocitar al Ministerio del Interior la prioridad por la seguridad, y las tareas de coordinación política propiamente quedan muy en cuestión, por lo absorbente que es el tema de seguridad.

Entonces, esto debiera apuntar a fortalecer ambas funciones y a permitir que cada una se despliegue plenamente.

En la definición de este Ministerio, lo fundamental es que este actúe como ente rector y que genere, a partir de esto, competencias ordenadoras y articuladoras con respecto a todos los organismos que intervienen en la seguridad.

Esto es muy importante, porque la seguridad cada vez más es una coproducción de muchas entidades y agencias, y, por lo tanto, no es solamente un trabajo que se hace puertas adentro, sino que, especialmente, puertas afuera con otras instituciones, incluso con otros poderes del Estado.

Además, en la propuesta que se trae se crea una figura que va a representar la versión regional del Ministerio de Seguridad, llamada "comisionado o comisionada de seguridad".

Sobre ello vamos a entrar un poco más en detalle en las próximas láminas.

En total el proyecto tiene treinta y seis artículos, de los cuales diez son transitorios y varios de ellos son normas adecuatorias.

¿Cuál es el diseño institucional? Esto es muy fome, así que solo lo voy a esbozar.

Hay cuatro títulos, que corresponden a normas permanentes; una serie de normas adecuatorias, y varias disposiciones transitorias, que se refieren a temas de personal, a reglas de sucesión desde Interior a Seguridad, a reglas para el presupuesto, a reglas de vigencia del nuevo Ministerio y a algo que también vamos a explicar después, el nuevo Sistema de Protección Ciudadana, que es una de las innovaciones que se hicieron en la última parte de la tramitación.

¿Cómo queda el Ministerio de Seguridad Pública? Aquí presentamos una estructura bien general para que se entienda la lógica. Es una cartera que tiene dos grandes Subsecretarías: la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

La primera, fundamentalmente, cumple con las tareas de control de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las cuales crecieron muy fuertemente con motivo de la ley sobre modernización de las Policías y que van a seguir creciendo con las legislaciones que vendrán próximamente, que también son fruto de todo este proceso de modernización.

Asimismo, tiene a su cargo todas las estrategias contra el crimen organizado, las políticas de orden y seguridad pública, el resguardo fronterizo y, además, la coordinación del Sistema de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Protección Ciudadana.

Quiero explicar grosso modo qué son.

El Sistema de Seguridad Pública es la articulación del conjunto de entidades del gobierno, y externas a él, que colaboran en la producción de seguridad. Hay un Consejo Nacional de Seguridad, pero el sistema es algo más que eso, no es solo una reunión: son modalidades de política pública, de seguimiento presupuestario, de coordinación entre las distintas entidades.

El Sistema Nacional de Protección Ciudadana se agregó en la Comisión de Seguridad, y quedó mandatada la presentación de una iniciativa que deberá enviarse un año después de que entre en vigencia la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, y dice relación con una nueva función que consistirá en articular y dar coherencia a los sistemas de televigilancia y de emergencia que hay en el país.

Tenemos sistemas de televigilancia que dependen de los municipios, de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, del sector privado, todos desarticulados, poco inteligentes y que no contribuyen de manera integrada a perseguir y prevenir el delito. Entonces, a través de esta normativa, esto va a transformarse en un sistema.

Y el sistema de emergencias se basa en la misma lógica de los distintos sistemas de llamados de emergencia que tiene la población para comunicarse con Bomberos, con los servicios de ambulancias, con las Policías a fin de denunciar cualquier tipo de riesgo o peligro en materia de seguridad.

Será, como en muchos otros países, un sistema más amable, coordinado e integrado.

De otro lado, la Subsecretaría de Prevención del Delito coordina las distintas acciones y políticas en materia de prevención, de atención de víctimas, de reinserción. Y también tiene una parte relevante vinculada con políticas y estudios, incluyendo los que hacen referencia a temas propiamente de control. Ahí se elaboran las estadísticas; en la actualidad está el Observatorio de Homicidios. Desde allí se llevará todo el estudio y análisis de datos del Ministerio.

Tres servicios dependen del Ministerio de Seguridad: Carabineros, la Policía de Investigaciones y la ANI.

Con respecto al Ministerio del Interior, también queda con dos Subsecretarías: la Subsecretaría de Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. No figura el nombre completo, ¡porque no cabía en el monito...!

La Subsecretaría de Interior tiene a su cargo las tareas de gobierno interior, las de migración y extranjería, los desastres y emergencias y la coordinación interministerial, hoy día radicada en gran parte en Segprés.

Vamos a explicar esto después; pero la idea es que ello cambie en una fase posterior de tramitación del proyecto.

Gobierno interior es todo lo que se refiere a la coordinación de la presencia del gobierno en las regiones, fundamentalmente los delegados presidenciales, y al trabajo que se hace ahí de conducción y coordinación política del gobierno.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional se encarga de la coordinación y el apoyo a los gobiernos regionales y también a los municipios; de la coordinación de las políticas de descentralización, y se dedica, asimismo, a las políticas de estudios de gobierno y administración en general, no solo del ámbito regional, sino también de lo que dice relación con la Administración Pública en un sentido más amplio.

Dependerán del Ministerio del Interior tres servicios: Senapred, el Servicio Nacional de Migraciones y Senda.

Ahora bien, quiero hacer mención del tema de la coordinación interministerial.

La jefatura de gabinete es una dimensión importante de fortalecer en esta nueva institucionalidad.

El Gobierno va a presentar una indicación significativa en esta materia en la próxima fase de tramitación de este proyecto, en la Cámara de Diputados, que tiene por objeto darle una expresión más concreta a fin de que esté graficado en la normativa este rol de jefatura de gabinete del Ministerio del Interior, que hoy más que nada...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... es una tradición basada en que es el Ministerio más antiguo, en una serie de elementos protocolares; pero, desde el punto de vista de las capacidades institucionales, no hay nada que lo garantice.

Entonces, se considera muy trascendente que el perder los roles de seguridad no debilite al Ministerio del Interior en sus tareas de coordinación. Y para eso se van a presentar una serie de indicaciones y modificaciones para, entre otras cosas, traspasar esta función, que hoy está radicada en Segprés, con el objeto de que esta se concentre en ser un Ministerio de tramitación legislativa y que la materia de coordinación interministerial quede radicada en Interior.

Lo último que vamos a presentar, Presidente, tiene que ver con expresar la estructura regional propuesta.

Está el Ministerio del Interior, que es la jefatura del gabinete ministerial del Presidente o Presidenta de turno . La expresión del Ministerio del Interior en la región son los delegados presidenciales: son delegados del Presidente , pero se relacionan con él a través del Ministerio del Interior y administrativamente dependen de esta Cartera. Ese delegado presidencial va a mantener la presidencia del Consejo Regional de Seguridad , entidad donde se concentran muchas organizaciones e instituciones -no solo gubernamentales- que contribuyen a la seguridad; va a tener la posibilidad de solicitar auxilio de la fuerza pública, cuando corresponda, a través del comisionado; y podrá solicitarle al Presidente o a la Presidenta la remoción del comisionado cuando no le parezca que está funcionando adecuadamente.

Es muy importante que el delegado o delegada mantenga este rol de jefatura, de responsabilidad en los temas de seguridad, que no se desentienda de ellos.

En el caso del Ministerio de Seguridad su expresión en la región, equivalente a un seremi, se va a llamar "Comisionado de Seguridad". ¿Por qué comisionado o comisionada y no seremi? Porque esta persona va a tener la tarea de ejercer todos los roles de seguridad en la región; entre otras cosas, la coordinación y el control de las Policías, incluyendo los generales jefes de zona.

Que esta labor la desarrolle un secretario regional ministerial parece insuficiente para cumplir un rol de esta naturaleza. Por eso se crea una nominación distinta.

El Comisionado de Seguridad Pública será el secretario ejecutivo del Consejo Regional de Seguridad: va a ser un profesional con experiencia en materia de seguridad, requisito que no tienen explicitado los seremi de los demás Ministerios para tecnificar su labor, y tendrá el mando de los policías en la región, con esta característica de que el delegado va a poder solicitar la intervención a través suyo y que podrá ser removido cuando este considere que no está cumpliendo adecuadamente su función.

Así, Presidente , logramos una presencia específica del Ministerio de Seguridad en el territorio; que quede claro que ahí está radicada la tarea de la seguridad, pero que el delegado o la delegada mantengan una primacía en el sentido de responsabilidad política... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Termine, Ministra , por favor.

La señora TOHÁ ( Ministra del Interior y Seguridad Pública ).-

Terminé, Presidente .

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Muchas gracias, señora Ministra .

Vamos a abrir el debate.

Les recordamos que estamos en la discusión particular de este proyecto.

Tiene la palabra el Senador Enrique van Rysselberghe.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Solo debo hacer presente, señor Presidente , que, junto con las modificaciones por mayoría, se ingresó una solicitud de votación separada del Senador señor Edwards respecto del artículo primero transitorio.

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidente .

Saludo a la Ministra del Interior y a los Subsecretarios que nos acompañan.

Como bien se mencionó en la introducción, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública es uno de los más relevantes que este Congreso Nacional se encuentra actualmente discutiendo, en el marco de la denominada "Agenda de Seguridad Pública", y que busca acelerar una serie de iniciativas necesarias para combatir de manera más efectiva la actual crisis de seguridad que se vive en las principales ciudades de nuestro país.

Durante el año 2022, me correspondió ser miembro de la Comisión de Seguridad Pública de esta Corporación, donde gran parte del trabajo legislativo giró en torno al estudio de este proyecto, pero lamentablemente en marzo pasado los acuerdos sobre la composición de las Comisiones del Senado hicieron que tuviera que integrar otras instancias legislativas, cuando solo quedaba pendiente la discusión de la bajada regional del Ministerio de Seguridad Pública.

Más allá de los detalles del proyecto que los miembros de la Comisión de Seguridad pueden dar a conocer extensamente en esta Sala, quiero hacer un punto sobre su tramitación legislativa en dicha instancia el año pasado.

En ese período, la mencionada Comisión logró despachar, en paralelo a la discusión de este proyecto, importantes iniciativas relacionadas con la seguridad pública: robo de madera, crimen organizado o mejoras a la persecución del narcotráfico.

Estos proyectos lograron ser despachados a ley, porque en la Comisión se trabajó de forma coordinada y seria junto al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría respectiva, por medio de reuniones periódicas de una mesa técnica que permitió consensuar y destrabar los nudos o puntos de divergencia que se iban presentando en cada una de esas iniciativas.

Lamentablemente, en el caso de este proyecto, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, esa forma de trabajo no se replicó con la Subsecretaría de Prevención del Delito, quien presentó una indicación sustitutiva que modificó completamente el proyecto original, sin consenso previo con los Senadores, incluso con los de gobierno, y que obligó a revisar y volver a redactar cada artículo e inciso sobre la mesa de la Comisión, sin que tampoco se generara una instancia de conversación y acuerdo a través de una mesa técnica, lo que ralentizó aún más su tramitación.

Se debe dejar en claro, en honor a la verdad, que esta indicación sustitutiva y la mala forma de tramitar este proyecto por parte del Ejecutivo se generaron, eso sí, durante la gestión anterior de la Cartera del Interior, no bajo la de la actual Ministra Tohá .

Sin embargo, es necesario hacer el punto para que esta mala práctica legislativa no se repita en el futuro con otros proyectos de ley, que solo retrasa e impide avanzar de forma rápida y eficiente en iniciativas que son de urgencia para el país y los ciudadanos, como las relativas a seguridad pública.

Estoy convencido de que con una buena disposición para trabajar en forma conjunta y consensuada este importante proyecto su despacho por la Comisión de Seguridad del Senado se hubiera concretado en pocos meses de trabajo legislativo y no en casi el año y medio que finalmente demoró.

Con todo, votaré a favor, Presidente.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Ossandón.

El señor OSSANDÓN.-

Gracias, Presidente.

Señor Presidente, por su intermedio, quisiera afirmar que no tenemos dudas de que hay ministerios que sobran en nuestro país, pero que hay uno que falta, y ese es el Ministerio de Seguridad Pública.

La actual institucionalidad no da abasto.

Bajo la actual orgánica, tenemos que la Ministra del Interior es la Vicepresidenta de la República , coordinadora del gabinete ministerial, la encargada de la administración del presupuesto de las regiones, y en último término y prioridad está la seguridad.

La necesidad de un nuevo Ministerio no solo radica en separar a las Policías de la contingencia política, sino también en mejorar la respuesta al ciudadano y en articular bajo una dirección de mando y control los esfuerzos y las capacidades del trabajo interagencial e interoperable de los integrantes del sistema de seguridad.

Quiero agradecer especialmente a los Senadores Insulza , Quintana , Van Rysselberghe y Huenchumilla , con quienes nos tocó trabajar, debatir y modificar el contenido del nuevo Ministerio durante el 2022, pudiendo sobreponernos a nuestras legítimas diferencias políticas en aras de un proyecto común, de Estado, que creo es un orgullo y muestra que sí podemos ponernos de acuerdo para mejorar la oferta en materia de seguridad para todos los chilenos.

Asimismo, deseo agradecer a los Senadores Kast , Flores y Kusanovic y a la Senadora Vodanovic, con quienes pudimos realizar mejoras y desarrollar la bajada territorial del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. También agradezco a nuestros asesores, que debieron trabajar muchas veces 24/7 para sacar adelante este proyecto, incluso los fines de semana.

El señor MOREIRA .-

¡No te olvides de mí...!

El señor OSSANDÓN.-

¡Y también a mi líder Moreira ...!

¡Hoy lo tenemos en Chile, recién llegado de China...!

Presidente , no podemos desconocer el liderazgo y el compromiso de la Ministra Carolina Tohá , quien fue capaz de sacar este Ministerio adelante, acogiendo muchas de nuestras inquietudes y sugerencias, como los principios de interoperabilidad e interagencialidad, la necesidad de combatir el terrorismo interno y externo y la planificación de una estrategia nacional para la prevención y el combate del crimen organizado y el terrorismo, así como nuestra idea sobre el sistema nacional de protección ciudadana, que empujamos fuertemente con los Senadores Pugh y Castro Prieto y las Senadoras Gatica y Aravena , y también con nuestros asesores, que nos apoyaron en su desarrollo y diseño funcional, para darle un brazo armado a este nuevo Ministerio, pues no sacamos nada con crear una institucionalidad si no somos capaces de mejorar la respuesta al ciudadano.

El sistema nacional de protección ciudadana consiste en un modelo de gestión integrado, bajo un centro de protección regional, el cual a través de un sistema único de respuesta y alerta es capaz de integrar las capacidades de todos los organismos relacionados para la gestión de un incidente. Cabe destacar que en la Región Metropolitana tenemos más de catorce números de emergencias, imposibles de retener por la ciudadanía, razón por la cual acá se está proponiendo un número único, pero que va mucho más allá, porque cambiará completamente la forma en que concebimos la seguridad, permitiendo el control de los recursos, la fiscalización y la gestión integrada de la misma; y también posibilitará obtener big data para la redistribución y planificación eficiente de los recursos, así como para tomar buenas decisiones.

Este es el primer paso para superar el problema de la inseguridad. La interagencialidad y la interoperabilidad, que impulsamos junto al Senador Pugh hace mucho tiempo en esta materia y que recibieron apoyo transversal, son conceptos que llegaron para quedarse.

Los desafíos futuros están en impulsar una ley de interoperabilidad y gobernanza digital, siguiendo el modelo de cuatro capas de la Unión Europea, en modernización del Sistema Nacional de Inteligencia, del Servicio Nacional de Aduanas y de Gendarmería, pues tenemos que ser capaces de entender que la seguridad va mucho más allá que una simple gestión de las Policías. Hoy debemos tener una mirada enfocada en la seguridad nacional, pero integral.

Este es el primer paso, pero nos queda mucho para avanzar. Espero que el Gobierno cumpla sus compromisos en la Cámara de Diputados, y defina que Dipreca, la ANI y Senda dependan también de esta nueva institucionalidad.

Muchas gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Senador Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Gracias, Presidente.

Lo primero que hay que plantear es que a mi juicio existe consenso, por lo menos en el debate que informaron en la Comisión de Hacienda, acerca de la importancia que tiene la creación de este Ministerio, porque evidentemente las tareas de seguridad pública, de orden público o de combate al crimen organizado que hoy día agobian al Ministerio del Interior no le permiten ejercer a plenitud sus roles de coordinación y de conducción política, y obviamente también de una u otra manera limitan el despliegue de las máximas capacidades del Estado en esta materia.

Por lo tanto, tener un actor de Gobierno concentrado exclusivamente en todas las materias de orden público, de seguridad ciudadana, creo que es algo tremendamente significativo.

Pero me quiero adelantar a una cosa, Presidente .

Estoy seguro de que algunos actores políticos van a descalificar esta institucionalidad, y dirán que es más burocracia y que no ayudará a resolver ningún problema.

En tal sentido, quiero decir que la creación del Ministerio de Seguridad Pública por supuesto que no es una solución mágica que va a resolver en veinticuatro horas los graves problemas que tiene el país; pero sin lugar a dudas se trata de una ayuda muy relevante.

Entonces, me parece bueno ser coherentes en el apoyo a esta nueva institucionalidad.

Ahora bien, un tema que conversamos en la Comisión de Hacienda, y que yo quiero destacar, es cómo este Ministerio se va a expresar en regiones, es decir, cómo vamos a tener la bajada, el nivel desconcentrado de la acción del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Desde ese punto de vista, yo saludo la figura de lo que se llama el "Comisionado", que si bien equivale a un seremi, posee un rango mayor. Y creo que eso es relevante, porque hoy día existen coordinadores de seguridad, pero no tienen un estatus mayor, y este nuevo Ministerio les entrega un estatus superior, lo que en mi opinión va a facilitar, obviamente, la acción que se puede desarrollar en esa materia.

Sin embargo, hay que dejar en claro, para no crear confusiones, que sigue siendo el Delegado Presidencial la figura jerárquica sobre el Comisionado, no obstante este es quien tiene la relación directa con el futuro Ministerio de Seguridad.

Hay algo que sé que genera polémica, pero es bueno decirlo: el proyecto de ley también contempla que un representante del gobernador o de la gobernadora regional se va a integrar al Consejo Regional de Seguridad . Yo creo que esto es relevante porque, si bien no hay que confundir roles, y el de seguridad, de control del orden público tiene que estar en el Ministerio del Interior y ser centralizado, también es cierto que en las regiones debe existir un trabajo más coordinado. Hoy día los gobernadores regionales no están integrados en los consejos de seguridad regionales y, en ese sentido, me parece que ese es un déficit que este proyecto resuelve de buena manera.

También quiero valorar algo que -entiendo- surgió en el debate del proyecto en las Comisiones del Senado. Originalmente, la instalación del Ministerio, en su bajada, estaba proyectada en tres años, y con las urgencias que hoy día tenemos, ese era un tiempo excesivamente largo. Esto quedó reducido a un año, es decir, en ese lapso se van a instalar los nuevos comisionados en todas las regiones. Se contemplan 2.181 millones de pesos para esa labor, y en dos años van a completar -cuando este proyecto se encuentre en régimen- 5.576 millones de pesos. O sea, también hay más personal, existen recursos asignados. Y, desde ese punto de vista, Presidente , lo que yo valoro es que, mientras hay más presencia del Estado, mientras hay más presencia de la institucionalidad, menos crímenes, menos problemas tenemos en materia de seguridad.

¿Cuándo se producen los problemas? Cuando en una zona del país, cuando en una comuna, cuando en un territorio el Estado se ausenta. Cuando el Estado no logra ejercer su soberanía, cuando no tiene actores relevantes que estén ahí presentes, ocurren -ya sea en lugares fronterizos, en comunas o regiones apartadas, en poblaciones populares en que no entran las Policías- los peores crímenes, las situaciones de descontrol.

Por lo tanto, es muy importante este paso que se está dando para que el Estado tenga más institucionalidad, más acción en materia de combate al crimen, de combate al narcotráfico.

Me parece que este es un gran paso adelante, Presidente, y por eso lo vamos a apoyar con mucha convicción.

Gracias.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Muchas gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Por su intermedio, saludo a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, hoy presente; también, al Subsecretario de Prevención del Delito ; y, a la distancia, al Subsecretario del Interior , quienes han trabajado de forma decidida para que este Ministerio, que es política de Estado, pueda ver la luz.

Y es política de Estado porque viene del Gobierno anterior, el que finalmente llegó al convencimiento de la necesidad de separar los Ministerios para concentrar en un Ministerio político toda la agenda política nacional: muchos de los problemas que vive el país se resuelven políticamente.

En cuanto al tema de la seguridad, hay que abocarse a enfrentar quizás el mayor riesgo de amenaza que tiene el país: el crimen organizado, trasnacional, que puede poseer incluso más recursos que todo el Estado chileno, y debemos darnos cuenta de eso. Hoy enfrentamos amenazas gigantescas que ya están presentes en Chile y que pueden destruir nuestro sistema.

Esa es la necesidad que existe para especializar un Ministerio.

En esta discusión quedaron pendientes aquellas otras carteras que sí pueden formar parte -y se lo señalo, por su intermedio, señor Presidente , a la Ministra del Interior - de este nuevo Ministerio político: la vocería, o sea, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, y la vinculación entre el Ejecutivo y el Legislativo, vale decir, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Esta es una forma de hacer un nuevo rediseño de la respuesta del Estado ante las situaciones emergentes, situaciones sociales importantes, temas legislativos de acuerdo, que se pueden lograr políticamente. De esta forma, se deja a un lado el tema de la seguridad y, especialmente, la seguridad pública, que es una materia técnica, especializada, 24/7, que requiere centros, y por eso valoro mucho la iniciativa, que es parte de las indicaciones que ingresó el Ejecutivo , para reconocer la necesidad de la creación de estos centros integrados de respuesta, a nivel tanto nacional como regional.

Cuando se habla de interoperabilidad es para que el país funcione. Y si algo tiene que funcionar todos los días, es la seguridad. Eso es darles certeza jurídica a todos los actos digitales que estén ocurriendo: actos digitales de los órganos del Estado, de las personas naturales y jurídicas -las empresas- y, a la vez, de los dispositivos que estén conectados a la red. Por eso este Ministerio es clave para lograr algo que también está ocurriendo en paralelo: la ley de transformación digital, N° 21.180.

Entonces, señor Presidente , le pediría a la Ministra que aquel a quien designen como futuro Ministro de Seguridad tenga en vista esto, porque su Ministerio debe nacer digital, debe nacer interoperable.

Y va a contar con varias agencias.

Una, la nueva Agencia Nacional de Inteligencia, que debe tener capacidades, contar con agentes. Debe poseer capacidades para levantar información estratégica y advertir sobre situaciones que puedan afectar al país.

También va a contar con la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, que ya se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, una agencia que va a cuidarnos en el ciberespacio.

Este Ministerio cubre todo el rango: el de las amenazas físicas, que vemos, y también el de las amenazas digitales, que no vemos.

Valoro, entonces, que se haya llegado a este acuerdo.

Quiero felicitar, especialmente, al Senador Ossandón , por la persistencia, por el compromiso: él nunca se bajó de ninguna mesa de seguridad, siempre estuvo disponible para avanzar en estos temas, y nos representó, obviamente, en la Comisión de Seguridad con todas las indicaciones. Si ustedes revisan el comparado, son ciento veintisiete páginas, y todas las indicaciones que se hicieron buscaron mejorar este Ministerio.

Yo espero que seamos capaces ahora de avanzar a una velocidad que nos permita contar con un Ministerio especializado.

Sugeriría, sí, tratar de concentrar en ese Ministerio todas las agencias, y este es un tema no menor: hay que buscarle una nueva casa a la Agencia Nacional de Inteligencia, hay que buscarle una casa a la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Y ojalá este Ministerio pueda interoperarse.

¿Por qué es interagencial? Porque debe ser capaz de trabajar de forma coordinada con las Policías. Esta últimas van a estar a disposición del Ministerio Público, que es el que persigue, el que tiene la fuerza.

Pido solo un minuto más para terminar mi intervención, señor Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Treinta segundos.

El señor PUGH.-

Muchas gracias.

El Ministerio Público será, entonces, el que llevará la delantera. Y ahí están las iniciativas de fiscalías supraterritoriales para poder enfrentar, por ejemplo, el crimen organizado, que no tiene domicilio en una región en particular, pues está entrando por el norte, el centro, el sur y nos está desbordando. Y debe ser enfrentado de una manera asimétrica, no de la forma en que estamos respondiendo nosotros, a velocidades lentas. Ellos están funcionando mucho más rápido, están corrompiendo, están generando coerción, están efectuando acciones que, incluso, pueden derivar en ataques de falsa bandera. Por ejemplo, hoy no sabemos si las torres de alta tensión fueron voladas por el narcotráfico o por algún grupo que quiera reivindicar, porque no tenemos ni siquiera la capacidad de inteligencia para saberlo.

Señor Presidente , valoro la iniciativa. Creo que es una política de Estado que ha madurado, que considera un sistema de respuesta integrado, con un número único, en que las personas podrán hacer saber su necesidad. Se trata de un sistema que deberá responder con tiempos controlados, con todas las Policías y con toda la información que requiera.

Por eso, señor Presidente, voy a votar a favor.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Senador Walker.

El señor WALKER.-

Gracias, Presidente.

Saludo a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, al Subsecretario de Prevención del Delito y a la Subsecretaria de la Segprés.

Por fin estamos despachando en particular este proyecto de ley, que tiene por objeto crear el Ministerio de Seguridad Pública, parte de la agenda prioritaria de treinta y un proyectos en materia de seguridad que hemos concordado con el Ejecutivo.

Felicito al Presidente de la Comisión de Seguridad y le agradezco por su informe.

Esta reforma, como se ha dicho, responde a cambios progresivos que se han producido en el país.

En el año 2005, tras un acuerdo transversal de los actores políticos de la época, las Fuerzas de Orden y Seguridad, dependientes del Ministerio de Defensa en ese momento, pasaron a depender del Ministerio encargado de la seguridad pública.

En 2006, durante el mandato de la Presidenta Bachelet , ingresó un mensaje que buscaba crear el Ministerio de Seguridad Pública, y durante su tramitación y discusión se presentó una indicación sustitutiva que propuso la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a raíz del Acuerdo Político Legislativo en materia de Seguridad Ciudadana, pasando el Ministerio del Interior a coordinar los programas gubernamentales con esos fines y a estar a cargo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Además, se creó la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

Después -ya se ha dicho-, durante el segundo mandato del Presidente Piñera , antecedido de un importante trabajo prelegislativo bicameral, se dio paso al mensaje que hoy conocemos en Sala, fruto de la labor de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y, sin duda, de la gestión y compromisos asumidos por el actual Gobierno, en que, finalmente, estamos demostrando que es posible pensar que esta reforma, que da origen al Ministerio de Seguridad Pública, será una realidad para Chile.

Resulta urgente esta reforma, que da más gobernabilidad y fortalece la musculatura institucional a través de la creación de este Ministerio de Seguridad Pública como la cartera de Estado que se encargará de colaborar directamente con el Presidente de la República en los asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública.

Este es un paso indiscutiblemente necesario ante la grave crisis de seguridad que nos afecta, en que el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas avanzan y buscan hacerse de diversos barrios y territorios, afectando a las personas y la tranquilidad de la vida al interior de los hogares.

Presidente, yo quiero destacar algunas características de este proyecto:

-Le corresponderá al nuevo órgano la gestión de los asuntos y procesos administrativos que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública requieran para la implementación de sus funciones y que sean de su competencia.

-Le tocará también efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para la concreción de los objetivos en materia de seguridad pública interior, orden público, prevención del delito, rehabilitación de infractores de ley y reinserción social.

-Le corresponderá, a la vez, todo lo relativo a la seguridad y al orden público; la dirección, control y gestión de las Policías; la prevención del delito; el resguardo de las fronteras; la ciberseguridad; la inteligencia y la seguridad privada.

Conversábamos recién con el Presidente de la Comisión , Senador Kast, de la importancia de avanzar en el proyecto de seguridad privada, que tiene, además, una incidencia muy importante en un tema que nos ha obsesionado por años -el Subsecretario Vergara lo sabe-, que es la seguridad en los recintos deportivos.

-Asimismo, estará a cargo de evaluar las políticas públicas en materia de prevención del delito y apoyo a las víctimas, diseñando o formulando proyectos a través de él o de otros servicios públicos.

-Por otro lado, el proyecto considera comisionados de seguridad en cada región de Chile, de manera de descentralizar la gestión en materia de seguridad.

Estos son todos elementos del proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y que, por cierto, vamos a aprobar en el día de hoy.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senador.

Tiene la palabra el Senador Moreira.

El señor MOREIRA.-

Gracias, Presidente.

La verdad es que de repente escucho a algún señor Senador que siempre en sus intervenciones señala que "deja constancia de lo que pueda pasar en el futuro", "porque esto puede ser finalmente un problema". ¡Siempre buscándole las cinco patas al gato pensando desde el prejuicio!, ¡del prejuicio!

El señor WALKER .-

¿Se refiere a mí?

El señor MOREIRA.-

¡No, para qué identificarlo!

Si digo el nombre de ese señor parlamentario, ¡va a salir con otra cosa! Y no quiero politizar este debate.

Quiero decir que debemos tener una perspectiva más esperanzada de hacer bien las cosas. No hacer nada significa no avanzar.

Y con respecto a este proyecto, yo tenía un discurso. Pero, al escuchar las distintas intervenciones, solo quiero decir dos cosas importantes.

A la delincuencia no le vamos a ganar siendo más violentos, sino con ¡inteligencia!, que es lo que nos falta. No hemos tenido como país la inteligencia de abordar este tema. ¡Y esto corre para todos!

El otro punto que quiero plantear es que aquí lo más importante es obtener la mayor cantidad de recursos y medios para perseguir a los proveedores, a los financistas.

En la lucha contra el narcotráfico se suele detener y condenar al operador, al transportista, al vendedor minorista de drogas y no al financista, que es el que está dispuesto a invertir millones de pesos y dólares en la internación y exportación de drogas y armas.

Por eso es importante la especialización, la preparación de cuadros especializados, no solo en perseguir el delito, sino también en el estudio del fenómeno delictual, con el fin de prevenir y no solo sancionar el crimen organizado, en especial a todas las bandas, con toda la historia que ustedes ya conocen, que yo no se las voy a repetir.

En su exposición la Ministra dio a conocer en qué consiste la creación de esta nueva cartera. Pero lo que yo le quiero pedir a este Gobierno y también al próximo, Ministra .

(La Ministra se encuentra rodeada de Senadores que no le permiten escuchar).

¡ Ministra ! Se lo quiero pedir de frente.

A mí lo que me interesa es que ni este ni el próximo Gobierno instalen en este Ministerio a gente que no cuente con la experiencia ni la capacitación y se termine transformando en una agencia de empleo, porque se va a necesitar una gran cantidad de funcionarios. Y eso se debe fiscalizar. Esa fiscalización debe hacerla el Gobierno y usted, Ministra . Porque me parece que tener Ministros del Interior que estén expuestos permanentemente, por todos los problemas políticos y más aún de la delincuencia, a acusaciones constitucionales, no los llevará a ningún lugar. ¡Al contrario! Entorpecerán todo este proceso.

Ahora, yo tengo clarísimo que estos problemas ¡no se van a solucionar de la noche a la mañana! ¡Y este es un Ministerio que recién está empezando, con transición, con gradualidad!

El punto es que ustedes van a tener la responsabilidad, en los dos años que le quedan al Gobierno del Presidente Boric, de establecer una estructura seria, responsable, donde no estemos expuestos a denuncias en el sentido de que este le dio más plata a una institución para la seguridad o para lo que sea, porque eso daña el objetivo principal, que es luchar contra la delincuencia.

Vimos hace algunos días la información de cinco personas muertas en Lampa. Resulta que venían de una fiesta; no se detuvo a nadie. En vez de detener personas, fueron asesinadas, se mataron entre ellos.

El Ministerio de Seguridad Pública, entonces, tendrá una función crítica: hacer el seguimiento de la tendencia delictual, elaborar planes y todo lo que la Ministra ha señalado.

El Ministerio de Seguridad, sus consejos asesores, tanto nacionales como regionales, tendrán una cara técnica y especializada, pero también una arista de mucha responsabilidad.

Y quisiera que me diera un minuto más ¡porque me quedan como cinco para hablar...! Voy a hablar dos minutos y no lo molesto más, Presidente . Con la autorización de la Sala.

Lo que quiero decirle, de verdad, es que yo soy partidario de que el Gobernador sí tenga presencia, pero que no sea deliberante. Es importante incorporarlo, porque es una autoridad, pero no deliberante en la toma de decisiones.

Y, además, soy de los que piensan -y qué bueno que el Presidente no haya cedido- que este famoso proyecto de ley que pretende eliminar o bajarles la importancia a los delegados presidenciales no corresponde.

Creo que Chile sigue siendo un país ¡unitario!, ¡sigue siendo un país unitario! Y se necesita un delegado presidencial fuerte y competente, que debe compatibilizar sus funciones con las labores del gobernador.

Démosle una oportunidad a este proyecto, toda vez que este Gobierno está escaso de iniciativas importantes, bajo nuestra mirada crítica. Esta nueva cartera es muy importante para los chilenos. Por tanto, no empecemos a criticarla antes de que comience a funcionar. Pero, sí, que haya un compromiso suyo, Ministra , y del Gobierno del Presidente Boric de fiscalizar en serio -repito- que no se transforme en una agencia de empleo, de trabajo político, porque en vez de avanzar, vamos a terminar retrocediendo.

Y me parece que esto va a mejorar la labor del titular de Interior, al haber un Ministro con autonomía, como será el caso del Ministro de Seguridad.

Voto a favor.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Edwards.

El señor EDWARDS.-

Gracias, Presidente.

Creo que estamos de acuerdo en que, si hay un Ministerio que falta, es el de Seguridad, que sea especializado, con personas que dediquen su vida a esto por la situación de crisis que tenemos.

En general, además, creo que se le ha dado un buen diseño a este Ministerio de Seguridad que se está proponiendo.

Ahora, quiero decir un par de cosas: primero, que crear un ministerio no necesariamente mejora la situación que se desea. Por ejemplo, la creación del Ministerio del Deporte, en 2013, según me acuerdo; del Ministerio de las Culturas, en 2003; del Ministerio de Ciencia, en 2018, no sé si fueron un aporte al deporte, a las culturas y a la ciencia.

En consecuencia, el hecho de crear un ministerio no significa necesariamente que las cosas van a estar mejor en materia de seguridad; debe hacerse bien para que efectivamente aquello ocurra.

Además, creo que la solución general que ha dado el Gobierno, y por mucho tiempo los gobiernos chilenos, de crear más impuestos y más Estado para cada una de las problemáticas de Chile, claramente ha demostrado no ser efectiva.

Desde el año 2014, especialmente después de la reforma tributaria, tenemos una década perdida en crecimiento; una década perdida en creación de empleo. Por supuesto que también ahí hay materias de automatización, pero no se ha creado un solo empleo en los últimos diez años; la desigualdad sigue rampante, no se ha mejorado, con los resultados del Simce nos dimos cuenta de que habíamos retrocedido diez años, y, en algunos casos, más de diez.

Por lo tanto, la fórmula "Más impuesto y más Estado" no es la solución en general a los problemas de Chile. De ser así, este Gobierno, que ha contratado 94 mil personas adicionales, tendría un mejor resultado con este ejército de nuevos funcionarios públicos, y la verdad es que eso no está ocurriendo.

Ahora, es efectivo lo que dice la Ministra del Interior -por su intermedio, Presidente -; es razonable que el Ministerio del Interior va a tener que fortalecerse, porque se le está quitando la parte central o se le está tomando la mayoría del Ministerio y tiene que fortalecerse. Y, por eso, la propuesta que nos gustaría que se discutiera en la Cámara es que la Segprés y la Segegob se fusionaran dentro del Ministerio del Interior, reduciendo su tamaño y, si usted quiere, que sus encargados tuvieran rango de Ministro , para que cumplan sus labores como lo hacen el día de hoy. Pero hay que reducir el tamaño general, porque acá se está ampliando la base del Estado, que va a llegar a cerca de un millón de personas y que ha tenido un crecimiento absolutamente elefantiásico durante los últimos diez años sin que los chilenos estemos mejor. Repito, ¡sin que los chilenos estemos mejor!

Ayer había un reportaje de televisión que mostraba cómo ha ido cada año empeorando el déficit de vivienda. Bueno, para el 2014 estábamos prácticamente listos con el déficit de vivienda y desde el año 2015 en adelante, después de la reforma tributaria y a medida que ha ido creciendo el Estado, hemos llegado a tener hoy día 650 mil personas sin vivienda.

Así que, dado que la misma Ministra ha dicho que va a poner en discusión el fortalecimiento del Ministerio del Interior, tomando parte de la Segprés para incorporarla a aquel, para hacer valer en alguna votación el acuerdo con el Ministerio en cuanto al diseño, pero también la preocupación por el crecimiento del Estado, que no ha traído mejores soluciones para Chile, vamos a pedir una votación separada del artículo primero transitorio para que a través de ese artículo, dado que la votación general ya ocurrió, demostremos que Chile requiere un Estado fuerte, pero un mejor Estado. Y, en nuestro país, y en el mundo en general, se ha demostrado que para que un Estado lo sea tiene que ser más pequeño que el actual.

Ojalá que la próxima década no sea una década perdida, por lo menos en todas estas áreas en que años no nos hemos podido desarrollar en estos últimos.

Estoy a favor de la idea de un Ministerio, pero ojalá que se considere el fortalecimiento del Ministerio del Interior por la vía de su fusión con la Segegob y la Segprés.

He dicho, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Senador Sanhueza, tiene la palabra.

El señor SANHUEZA.-

Gracias, Presidente.

La seguridad, sin duda, es tarea de todos. Estamos sobrepasados por el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico. El temor de la ciudadanía es genuino y debemos fortalecer al Estado para hacer frente a este flagelo con todas las herramientas legales posibles.

Mi sector es partidario de un Estado pequeño, ágil y rápido para responder a los ciudadanos en sus necesidades.

Este Ministerio es una necesidad en los tiempos actuales y una urgencia, que no garantiza la solución al problema; sin embargo, debemos tener un órgano que se haga cargo de la seguridad del país, estableciendo coordinaciones, planificación y seguimiento de las políticas públicas en seguridad.

Es indispensable la coordinación, porque la seguridad no solamente tiene que ver con los hechos delictuales, sino también con cómo nuestra sociedad logra combatir, con otros instrumentos, estos flagelos de tomarse muchos sectores, principalmente poblaciones y barrios de nuestro país. Para eso es necesario fortalecer la educación; ver cómo la educación pública se hace parte en los territorios; mejorar la salud, para que no sea una angustia permanente en la familia chilena; mejorar los barrios, con viviendas y sectores que efectivamente tengan espacios de esparcimiento con la cantidad de áreas verdes necesarias para el buen desarrollo de las familias; tener políticas públicas que fortalezcan efectivamente la familia, para poder desde ahí combatir la delincuencia.

Hoy día tenemos muchos sectores, muchos barrios abandonados al crimen organizado y al narcotráfico. Y eso es porque el Estado ha dejado de estar presente en muchos de esos sectores. De ahí que para mí -aunque soy contrario a la creación de más Estado- es indispensable crear este Ministerio de Seguridad Pública para que no solamente sea un ente coordinador de las Policías, en lo que tiene que ser preventivo y restrictivo, sino que también tenga capacidad para intervenir diferentes barrios, diferentes comunas y, de esa manera, poder ganarle en el territorio, ganarle en el terreno a este flagelo que tiene cada día más angustiado a nuestro país.

Es un hecho que hoy día las familias chilenas están diciéndonos constantemente, en cada uno de los sectores que nos toca recorrer como parlamentarios, que hay angustia porque en el fondo se ven indefensas ante este avance del crimen en el día a día.

Por eso, hay que reconocer cuando se están haciendo las cosas de buena manera: aquí efectivamente hay una gestión de la Ministra del Interior ; hay voluntad de diferentes Senadores con diferentes tendencias políticas, algunos no estamos de acuerdo con crear más Estado, pero en esta oportunidad vamos a dar nuestro voto a favor, porque esto, como decía al inicio, es tarea de todos.

Voto a favor, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Senador Insulza, tiene la palabra.

El señor INSULZA.-

Bueno, en realidad, creo que hemos trabajado tantos años para tener este Ministerio que este es un día para festejar, por lo que he escuchado acá de las intenciones de voto de los señores Senadores.

Esta tendencia se lanzó el año 2005 con la reforma constitucional, cuando el Presidente Lagos separó definitivamente las funciones de las Fuerzas Armadas de las funciones de las Policías, lo cual hizo necesario inmediatamente después referirse a cuál era la institucionalidad que iba a gobernar desde un punto de vista democrático a esas Policías.

Sin embargo, por desgracia eso no ocurrió con la propuesta de la Presidenta Bachelet de crear un Ministerio de Seguridad Pública, y se transformó rápidamente en una inclusión dentro del Ministerio del Interior agregándole las palabras "y de Seguridad Pública", sin agrandar ni fortalecer las especialidades, la capacidad de gestión que suponía un Ministerio de Seguridad Pública.

Reconozcámoslo.

Carabineros e Investigaciones dependerán ahora del Ministerio de Seguridad Pública; pero depender significa en el caso de Carabineros que haya un teniente coronel que funcione en la oficina del Ministro del Interior y que las Policías sigan rigiéndose por su cuenta.

Ahora, esto no sería complicado si no fuera porque esta es la primera función del Estado. O sea, esto de que el Estado tiene que cuidar la seguridad pública no es que sea relativamente reciente; es lo primero, es la razón, es el fundamento de la creación del Estado moderno. ¡Recordémoslo!

O sea, los padres del Estado moderno, primus inter pares, Thomas Hobbes , decían que la primera ley fundamental es buscar la paz, entre ciudadanos que viven dentro de un mismo territorio, por cierto. Benito Juárez lo repitió cuando dijo: "El respeto al derecho ajeno es la paz". Y el mismo Hobbes , sin embargo, nos recordó, y tristemente, en una frase de su autoría que "El hombre es el lobo del hombre".

Por lo tanto, fue necesario buscar alguna forma de organización que protegiera a unos hombres de otros. El fundamento, el pacto social, ¡el pacto social! -del cual nos gusta mucho hablar- del Estado moderno es obediencia por seguridad.

Claro, ello se ha transformado con los años, pasó de obediencia a ser legitimidad, que es la otorgada por los ciudadanos en democracia a un gobierno a cambio de su protección, por cierto. Y la primera protección de la cual se habla es la física, el derecho a vivir en paz dentro de la sociedad.

Y en eso es en lo que estamos.

Por eso hemos trabajado varios años. En realidad, esto surgió ya bastante iniciado el Gobierno pasado; y hubo un acuerdo entre el Presidente de la Cámara , el Presidente del Senado y el Presidente de la República para formar una comisión bicameral, y a lo primero que se dedicó fue al tema de crear una comisión, que trabajó, funcionó de manera bastante adecuada.

El Gobierno del Presidente Piñera presentó un proyecto que se discutió largamente en la Comisión Bicameral de Seguridad, llegándose a acuerdos importantes y concesiones por ambos lados -lo que es fundamental en la negociación democrática, Presidente -, porque, originalmente, en el Ministerio que estamos creando hoy día se incluía el tema de las catástrofes, por ejemplo (eso queda ahora en Interior). En cambio, otras cosas que no se habían concebido originalmente, como la Agencia Nacional de Inteligencia, pasan al Ministerio de Seguridad Pública.

Todo eso fue discutido, conversado y consensuado.

Efectivamente pudo demorarse menos esta tramitación, estoy de acuerdo. Llevamos varios años en esto y el país lo necesita, pero quiero poner de relieve sobre todo la generosidad con que han trabajado todos los parlamentarios, por lo menos aquellos que me ha tocado ver. Presidí dos veces la Comisión de Seguridad Pública y discutimos este proyecto, y la verdad es que es un gran logro, sin duda.

Ahora, creo importante señalar, a pesar de lo que se ha dicho acá, que con la creación de un Ministerio... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA ( Presidente ).-

Le concedemos máximo un minuto más. (Se vuelve a activar el micrófono por indicación de la Mesa) .

El señor INSULZA.-

... no se termina la delincuencia, pero, ¡por favor!, es importante que todas las fuerzas, las actividades de seguridad pública estén coordinadas entre sí.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, la existencia de un Ministro o Ministra civil de Seguridad Púbica , la inclusión dentro de la Subsecretaría de profesionales que realmente entiendan del tema de seguridad pública y no sea simplemente un traslado de funcionarios de un Ministerio a otro, son aspectos consagrados en el proyecto, Presidente .

Por lo tanto, debemos festejar esto, en el sentido de que el Estado de Chile toma consciencia de que la función de la seguridad pública es un servicio social tan importante como otros. O sea, la gente tiene derecho a vivir en paz, y este derecho a vivir en paz debe estar garantizado por una institucionalidad seria, que realmente le dé la posibilidad de... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias.

Le di un minuto, al igual que al Senador Moreira.

El señor OSSANDÓN.-

¿Puede abrir la votación?

El señor COLOMA ( Presidente ).-

A ver, pongamos atención.

Aquí tenemos cuatro votaciones.

La primera, que es la más relevante desde un punto de vista numérico, agrupa a todas aquellas indicaciones aprobadas por unanimidad, que comprende a alrededor del 95 por ciento del proyecto, entre las cuales hay normas de quorum de ley orgánica constitucional; y después tenemos la letra k) del artículo 5°, que tiene que ver con las funciones del Ministerio de Seguridad; el artículo 13, que tiene que ver con el Consejo Regional de Seguridad Pública, y el primero transitorio, que tiene que ver con la facultad del Presidente de la República de fijar las plantas a través de un DFL. Esas son las que tenemos.

Me han pedido que abra la votación respecto del primer punto, que es todo lo que no corresponde a la letra k) del artículo 5°, al artículo 13 y al primero transitorio, que son aquellas normas que requieren quorum especial para su aprobación.

Abrimos la votación para esos efectos.

Acordado.

Tiene la palabra el Senador Quintana .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En votación.

(Durante la votación).

El señor QUINTANA.-

Ya, Presidente, ¿pero seguimos -entiendo- con los mismos tiempos que se le asignaron al Senador Moreira?

El señor MOREIRA .-

¡No, menos, se redujo a tres minutos...!

El señor COLOMA ( Presidente ).-

Tenemos cinco minutos.

El señor QUINTANA.-

Bien.

Dicho lo anterior, Presidente , a mí lo primero que me llama la atención es que tengamos poca presencia de la prensa siguiendo esta discusión. Me llama la atención, porque respecto a otros proyectos, en otro momento, cuando probablemente había un mayor grado de tensión, de crispación entre las distintas bancadas, o bien, cuando se producía alguna pugna política que posiblemente involucrara al Gobierno, teníamos a toda la prensa.

Lo digo, Presidente, porque se supone que este tema es de aquellos que más preocupan a los chilenos. Bueno, el rol de los medios de comunicación también puede ejercerse en un sentido o en otro.

Ahora bien, todos los gobiernos democráticos han hecho su esfuerzo en esta materia, con mayor o menor éxito, con mayor o menor abundancia. El Presidente Aylwin creó la Dirección Nacional de Seguridad Pública e Información; el Presidente Frei echó a andar la reforma procesal penal, entre otras cosas; al Presidente Lagos le correspondió la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Y se establece a partir de ahí, por décadas, el paradigma de seguridad como intervención comunitaria. Se crea también el Plan Cuadrante.

Lo mismo pasa con la Presidenta Bachelet , cuyo Gobierno -como decía- fue el primero que presenta un proyecto de esta naturaleza, que crea el Ministerio de Seguridad Pública. En el Gobierno del Presidente Piñera, en su momento, se establece el retorno -esto no es menor- de las Policías a la dependencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública -lo que cambia ahora-, y salen de las Fuerzas Armadas.

Por eso me llamaba tanto la atención que durante parte de la discusión en el Senado algunos pensaran que podíamos volver atrás en eso. ¡No! Afortunadamente, el país tiene importantes consensos en dicha materia.

Qué decir en el segundo Gobierno de Bachelet, con la ley N° 20.965, que releva el rol de las municipalidades y se crean los Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública, cosa a la que después se le quitó financiamiento, y eso lo vimos en la Ley de Presupuestos en la Administración de Piñera II, que presenta este proyecto.

Y este Gobierno formula varias indicaciones, una que es sustitutiva, pero también están estas bajadas regionales, a través de una indicación propia. Como decía el Senador Lagos, también está el financiamiento, con un informe financiero que lo que hace es acelerar más los plazos de implementación de esta ley.

Entonces, Presidente, dicho lo anterior, con todos los esfuerzos que los gobiernos han hecho en el pasado, seguimos teniendo un problema serio de gobernanza hasta ahora, un problema de coordinación, un problema de falta de especialización, aspectos señalados por colegas de todas las bancadas. Y de eso tenemos que hacernos cargo.

Y no me cabe ninguna duda de que no solo la oposición, sino que muchos sectores van a mirar con lupa cuando este Gobierno, que le va a corresponder echar a andar el Ministerio de Seguridad Pública, también defina quiénes serán los comisionados en las regiones: personas con especialización, teniendo presente que actualmente no es fácil formarlas porque no hay universidades, no hay carreras en que se imparta esta materia. Por ello, muchas veces tenemos a muchos charlatanes dando cátedra sobre seguridad.

Por lo tanto, siendo un tema muy complejo, se requiere una fuerte especialización. Y yo espero que el Gobierno lo logré con este proyecto, por el bien del país.

El Senador Insulza lo decía: estamos frente a la teoría del Estado. Buscar soluciones para proteger a la ciudadanía completa es una materia muy antigua.

Me parece que dentro de los énfasis, sellos que puso este Gobierno en la discusión, hay que destacar el sistema de articulación de seguridad, por cuanto hay una sola instancia en donde se encuentran, por ejemplo, el Ministerio Público con el Ministerio del Interior para coordinar acciones al respecto. Entiendo que es la ley N° 20.502, y no hay más.

Me parece importante también establecer un sistema de protección ciudadana, que va a requerir de otra ley.

Asimismo, me parece relevante lo que, transversalmente, varios colegas han dicho: la necesidad de fortalecer el Ministerio del Interior. Si bien hoy día ya se han resuelto y se han despejado algunas dudas respecto a desastres, prevención, catástrofe, migración, por supuesto el Senda, en fin, que quedarían bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, a mi juicio también se requiere fortalecer el rol, las características de la jefatura de gabinete, ya sea a través de otro proyecto de ley o en este mismo cuando lo debata la Cámara, porque es fundamental la coordinación interministerial. Y ese es un rol que le cabe a Interior.

Por ello, Presidente , me parece que la iniciativa constituye un avance muy importante en términos de gobernanza, institucionalidad. Pero hay que pensar que esto no resuelve -como han dicho varios colegas- todos los problemas de seguridad. Aquí hay que avanzar, aquí todavía quedan en el aire muchos temas pendientes en materias formativas de los civiles que van a estar en este Ministerio y también de las Policías. ¡Eso está pendiente!

Por de pronto, quiero recordarles que el propio Presidente Piñera, meses antes de terminar su mandato, dejó presentado un proyecto sobre formación policial, en el que no hemos avanzado lo suficiente... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y vuelve activarse por indicación de la Mesa).

Un minuto adicional.

En los aspectos operativos, aquí también surge la interrogante de qué pasa con la reforma a las Policías. Han dicho que esta va a ser en varias piezas, en varias partes.

Está claro que el problema no era, y nunca fue, que aquí llegó un Gobierno que no prestó respaldo a las Policías. Creo que el apoyo, no solo administrativo, presupuestario, de gestión, tecnológico, de asignaciones de riesgo especiales, con vehículos, qué decir, supera al de cualquier otro Gobierno en el pasado y, por lo tanto, tenemos que concentrarnos en los temas que requieren consenso. Este es uno de ellos.

Yo de verdad me alegro del estándar que se ha logrado en la Comisión de Seguridad para sacar un proyecto con estas características, como lo fue el de robo de madera, como lo fue el de narcotráfico también, con un alto grado de consenso, y espero que lo mismo surja en proyectos como usurpación, en donde no tiene ningún sentido hablarle a cada uno desde su tribuna, sino que hay que pensar en el bien del país, y eso requiere acuerdos amplios, como el que se ha logrado en este proyecto, que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Por eso, voto a favor.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Senador Huenchumilla, tiene la palabra.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente , yo valoro el trabajo que se ha hecho en torno a este Ministerio, que es muy importante para los problemas de seguridad que tenemos en el país. También me tocó participar en algún momento en la Comisión de Seguridad. Y, por lo tanto, voy a votar a favor de este proyecto.

Sin embargo, no puedo dejar de manifestar algunas dudas que tengo, porque dónde las voy a decir si no es aquí, en la discusión del proyecto.

La duda que tengo es respecto del comisionado de seguridad; o sea, la duda que tengo es sobre cómo esto se va a implementar en las regiones.

Ya tuvimos una discusión política importante respecto de si hicimos bien en tener un gobernador y al lado a un delegado, y esa discusión todavía no termina, porque todos vemos en nuestras regiones los problemas que se presentan. Hoy día vamos a incorporar una tercera autoridad, con atribuciones que van mucho más allá de las de un seremi. Entonces, vamos a tener un gobernador, un delegado presidencial y un comisionado de seguridad.

Yo les pido a las Senadoras y los Senadores que lean las atribuciones que tiene este comisionado en el artículo 22 del proyecto.

Este comisionado va a coordinar a las Fuerzas de Orden y Seguridad, a Carabineros. Los Carabineros tienen una jerarquía en las regiones, que la encabeza un general. Yo digo, ¿el general, por su jerarquía, se va a coordinar con las primeras autoridades regionales, que son el delegado presidencial y el gobernador, o con una persona que está en el tercer nivel de jerarquía en la región?

Este comisionado tiene la facultad de decretar la operación de la fuerza pública. ¿Eso acaso no implica un tremendo problema político? Porque cuando el comisionado ordene el uso de la fuerza pública, ¿quién tiene la responsabilidad política de lo que pueda suceder con dicha orden? ¿El delegado, el gobernador o una persona que está en el tercer nivel? ¿Quién va a ser responsable cuando el delegado esté diciéndole a la fuerza pública "actúe, disuelva esto, haga esto, lo de más allá, lo de más acá"? Él tiene que autorizar las reuniones públicas, los eventos, los espectáculos; tiene que autorizar las reuniones en plazas, en lugares públicos, todas cuestiones muy sensibles para la tranquilidad del país y en las materias de orden público.

Con los problemas que existen en el norte y con los problemas que existen en el sur, yo digo: ¿esto va a funcionar bien? No estoy hablando de las facultades jurídicas que tiene el comisionado en el artículo 22; estoy hablando de las consecuencias políticas que puede significar el que nosotros, en materia de seguridad y de orden público, tengamos a una persona que está en la tercera jerarquía adoptando decisiones tan importantes como decir "yo autorizo el uso de la fuerza pública". ¿Y si ocurre algo grave, quién responde o cómo se responde?

En consecuencia, a lo mejor vamos a tener un conflicto entre las tres autoridades, porque puede que el delegado presidencial diga que él estima que no hay que usar la fuerza pública, o que hay que usarla, y según la ley, la palabra la tiene el comisionado.

Entonces, yo no sé si estamos cometiendo un nuevo error. Hoy día ya tenemos una complejidad en la discusión entre el gobernador y el delegado. ¿No hubiera sido mejor entregarle todas estas facultades al delegado presidencial, que responde directamente al Presidente , y a quien las jerarquías de las Fuerzas de Orden le reconocen la jerarquía necesaria como para entenderse?

Yo planteo esa duda simplemente, señor Subsecretario que esta aquí, y sin perjuicio de eso voy a apoyar este proyecto, porque creo que es necesario para el país, pero me parece que debemos darle una vuelta a esta discusión.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

Senador Sandoval, tiene la palabra.

El señor SANDOVAL.-

Muchas gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludamos al Subsecretario que nos acompaña en este minuto.

Comparto algunas de las aprensiones del Senador Huenchumilla respecto de que aún está el nivel de desarrollo de los gobiernos regionales, están empoderados los gobernadores regionales, y muchos de ellos ni siquiera han sido capaces de gastar el presupuesto que se les ha asignado. Se va a asumir una tarea relevante como esta, asociada al cuestionamiento que tiene el tema de los delegados presidenciales, que no sabemos todavía con qué nombre van a quedar: "jefe de gabinete", "jefe regional". Aún hay una duda respecto a ese tema.

Pero, más allá de los hechos, que evidentemente generan inquietud, aquí hay la constatación de una falencia respecto de cómo hemos sido capaces de enfrentar el problema de la delincuencia, de la seguridad en nuestro país.

Hoy en día, este es uno de los bienes más preciados por nuestra ciudadanía, más allá incluso que cualquiera de los otros anhelos que han sido históricamente sentidos, como la previsión, la salud, la educación, etcétera. Hoy día existe el anhelo de vivir en un país, en regiones, en comunas y en barrios seguros.

Por eso, de alguna manera esto no calza en esta institución. Yo creo que estamos tratando de impulsar un tema nuevo.

Por mi parte, me inscribo entre aquellos que piensan que hemos tratado de resolver muchos problemas creando instituciones nuevas y no hemos tenido el éxito que hubiésemos esperado. Pero estamos enfrentados a una realidad social de país, la seguridad, que evidentemente debe tener otro enfoque, distinto al Ministerio del Interior como tal. Necesariamente teníamos que pasar a otra realidad, y acabo de votar a favor en ese contexto.

Esta suerte de "ministros de Seguridad Pública", pero no seremis, sino que comisionados, son una figura extraña, rara que tenemos en nuestro colectivo. Incluso nos ha costado mucho ya acostumbrarnos, a pesar de los avances, a los delegados presidenciales, que están en cuestionamiento. Ahora tenemos esta nueva figura de los comisionados.

Creo que habrá que analizarlo, y esperamos sinceramente que les vaya muy bien en este proceso de instalación.

Dicho sea de paso, le envío un mensaje al Ministerio del Interior: también es fundamental modernizar urgentemente la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, porque tenemos ahí una falencia en el proceso de descentralización.

Y, lo último, un aspecto esencial que señaló el Senador Moreira aquí: lo que dice relación con las calificaciones. Esta va a ser una figura esencial en el contexto de cómo enfrentamos este tema, al igual que el rol, el papel y el cumplimento de las metas que están asignadas aquí en las funciones y en las atribuciones, tanto en los artículos 5°, 6° y otros, respecto de las tareas que va a tener este nuevo Ministerio.

Por eso, evidentemente va a ser superimportante ese proceso de designación y, dicho sea de paso, en la región ese comisionado va a ser de confianza del delegado regional. El delegado le puede pedir la renuncia a aquel comisionado que no esté cumpliendo con su tarea.

Ahí hay un cruce de cosas que evidentemente van a requerir un proceso de instalación y de ensamblaje adecuado, pero creo que más allá de todo el tema, de la necesidad y la urgencia que hoy día tenemos en materia de responderle a la ciudadanía y sus demandas por mayor seguridad, con este Ministerio se reconoce que el día de hoy la actual institucionalidad no es suficiente para enfrentar la complejidad que está adquiriendo la delincuencia en nuestro país.

Sinceramente, más allá de las dudas, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Esta es una propuesta que evidentemente va en esa dirección. Y esperamos, Subsecretario , que el proceso de instalación sea lo más abierto y transparente posible, en particular con mucho ojo en la selección de quienes cumplirán estas tareas en la estructura tanto del Ministerio como de las regiones.

Vamos a ver qué es lo que pasa.

Voto a favor en esta parte, pero probablemente me voy a abstener respecto del artículo primero transitorio.

De todos modos, creo necesario dar este paso, porque debemos responder a la demanda que la ciudadanía nos reclama hoy.

Muchas gracias, Presidente .

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

A usted, señor Senador.

Tiene la palabra el Senador Iván Flores.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidente.

Estaba revisando algunos documentos. Y claramente lo que tenemos aquí es una apuesta país que debe avanzar, aplicarse con decisión, con los recursos adecuados y con el concurso político de todos los sectores. Porque el problema que se presenta va más allá de la coyuntura, de la delincuencia que nos acongoja, nos preocupa y nos duele: tiene que ver con cómo nos reorganizamos en Chile para separar las funciones de Gobierno interior de las de seguridad y orden público.

Y ese es el objetivo de crear el Ministerio de Seguridad Pública, cuyo debate en la Comisión de Seguridad no ha sido fácil. Porque lo que nosotros esperamos es que esta nueva institucionalidad tenga vida, que la eficiencia, la capacidad y la asertividad sean aquellos principios que pongan en marcha rápidamente esta nueva cartera.

Y podríamos seguir debatiendo, porque aquí hay una cuestión más de fondo, que nos tuvo un par de semanas discutiendo en la Comisión, que tiene que ver con cómo esta nueva institucionalidad sigue dejando fuera del debate la figura de la delegación presidencial en regiones. Y digo "dejando fuera del debate" en desmedro de la descentralización democrática, comprometida por el propio Presidente Boric cuando era candidato y luego en su primera Cuenta Pública, que termina con la figura del delegado presidencial y le da más poder a las regiones.

Porque ese fue el acuerdo en el segundo Gobierno de Bachelet, cuando aprobamos la elección democrática de los gobernadores regionales y el proceso sostenido y creciente de traspaso de competencias a los gobiernos regionales, en donde los servicios públicos iban a ir quedando bajo la tutela, la rectoría, los principios de un gobierno regional potente. Y este Ministerio lo que hace es consolidar lo que no queríamos.

Dicho aquello, creo que se verá en los próximos debates, ya que los compromisos hay que cumplirlos. Y no solamente porque se dijeron, sino porque de verdad queremos ir transitando hacia tener regiones más potentes, con autoridad y cada vez con más atribuciones. Pero no divididas como están hoy, donde no solo la ciudadanía, sino también las propias autoridades se confunden sobre cuál es su alcance, debido a que hay cosas que quedan en el limbo y supeditadas a la pura buena relación.

No obstante, debemos avanzar. Por esa razón, finalmente en la Comisión dimos los votos para que este proyecto pudiera ver la luz, independientemente de las dificultades que tenemos con la figura de la delegación presidencial y del compromiso con los gobiernos regionales de las dieciséis regiones de Chile.

En definitiva, yo quiero señalar que aquí hubo una sorpresa. Estaba revisando y me alegra mucho que se haya hecho justicia con la Dirección General de Aeronáutica Civil -que tiene funcionarios especializados para aquellas zonas estériles, como son los recintos aeroportuarios, donde no entran la Policía de Investigaciones ni Carabineros-, al establecer que tendrá participación en el Consejo de Seguridad, por cuestiones relacionadas a la seguridad aeroportuaria. Lo mismo con la policía marítima, que la pelean en el mar contra el narcotráfico y el crimen organizado en un litoral enorme como el que tenemos, y que representa a la autoridad marítima en las regiones.

Me voy a referir a las regiones particularmente, nada más.

Y aparece, en buena hora -porque insistimos en eso-, la presencia del gobernador regional y del consejero o consejera regional que se relacione con temas de seguridad, independiente de que no todas las regiones tienen comisión en este ámbito, pero si es un tema importante, la crearán o enviarán un miembro ad hoc.

Pero echo de menos a estos representantes en el nivel nacional. Yo estaba convencido de que también iban a estar los presidentes de los gobernadores regionales y de los consejeros regionales. Siempre se dijo que iban a ser considerados, pero estoy revisando el artículo 9°, y no aparecen.

Por lo tanto, ya que se encuentran aquí la Ministra del Interior -aprovecho de saludarla-, la Subsecretaria de la Segprés y el Subsecretario de Prevención del Delito, lo comento, porque eso fue parte del acuerdo y no sé qué pasó ahí... (Se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Tiene treinta segundos más, señor Senador.

El señor FLORES.-

Voy a cumplir con ese tiempo, Presidente.

Solamente quiero decir que si no quedó en el texto final...(El Subsecretario de Prevención del delito asiente). Me dice el Subsecretario Vergara que sí quedó, ¿es así?

Bueno, ese era el acuerdo. Y en justicia con las dieciséis regiones de Chile, en el Consejo Nacional de Seguridad deben estar los representantes de los gobernadores y de los consejeros regionales; lo mismo se debe replicar en el consejo regional de seguridad con los gobiernos regionales.

Voto a favor el proyecto, Presidente .

Y espero que en el siguiente trámite en la Cámara de Diputados se puedan hacer aquellas mejoras que todavía se requieren para tener un Ministerio de Seguridad y orden público como Chile necesita, no solamente por la coyuntura, sino para recuperar la credibilidad, el apoyo y el financiamiento a nuestras instituciones policiales: la PDI -que no se nos olvide- y Carabineros de Chile, junto con la DGAC y la policía marítima.

Gracias.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

A usted, señor Senador.

Tiene la palabra la señora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Saludo a la Ministra y a los dos Subsecretarios presentes.

Muy brevemente, quiero plantear que este debate sin duda nos remite a la institucionalidad del Estado, a su relación con las regiones y, por supuesto, a la seguridad pública.

Poder contar con una nueva institucionalidad que nos permita abordar la separación de la seguridad pública versus la labor política de un gobierno, a propósito del Ministerio del Interior, es muy relevante.

Pareciera que existe consenso, entonces, en que la seguridad tenga una coordinación, un mando sobre las fuerzas policiales en el poder civil, pero también con una directriz de Estado central y nacional.

En mi opinión, eso es correcto debido a que se entiende pertinente desconcentrar, pero sin desnacionalizar la fijación de ciertas políticas públicas que combatan, por ejemplo, al crimen organizado y a la delincuencia, con una mirada de país integral en términos territoriales, sin negar las particularidades de cada una de las regiones o territorios locales que pudieran tener inclusive relación con la manifestación de algún tipo de delincuencia o banda en particular.

También quiero destacar que en este proyecto de Ministerio de Seguridad se distingue entre la facultad de la prevención del delito versus el abordaje del crimen organizado y la delincuencia, puesto que aquí quedan claramente como tuiciones distintas: la primera queda a cargo de las gobernaciones regionales mientras que la segunda es tarea del nuevo Ministerio.

Deseo plantearlo, a modo de aclaración, porque alguien con las minutas pudo pensar que la reinserción social que señala el proyecto está vinculada a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a propósito del programa Lazos, y no a un traspaso de tuiciones, por ejemplo, más vinculadas al quehacer de Gendarmería. Para mí es pertinente aclararlo públicamente, porque, si no, efectivamente estamos hablando de otra cosa.

Si bien es cierto que uno puede seguir debatiendo en el futuro, precisamente a propósito de las valoraciones y evaluaciones que se realizan en nuestro país respecto de todo el proceso de descentralización, regionalización y desconcentración que hemos llevado a cabo en los últimos seis años, es necesario distinguir la propuesta de comisionado o comisionada que se hace en este proyecto.

Primero, porque le da mayor prestancia institucional que una dirección regional o seremía, como las conocemos en los demás Ministerios; segundo, porque genera una clara tuición, distinguida de un gobernador o gobernadora y de un delegado o una delegada presidencial. En la eventualidad de avanzar para no tener delegados presidenciales, queda claramente una figura centralizada vinculada al Ministerio de Seguridad.

Para terminar, me gustaría destacar tres cosas.

Una vinculada, insisto, a este punto en particular. Creo que el debate sobre el Ministerio de Seguridad Pública toca muchos otros temas en materia de descentralización y desconcentración del Estado. Yo insisto en que hay que evaluar lo obrado hasta hoy. Me imagino que este Gobierno, como cualquier otro a futuro, para mejorar puede seguir evaluando lo que hasta ahora está definido, de modo de cambiar lo necesario en materia de regionalización, desconcentración y descentralización, sumando o restando facultades que actualmente existen.

Creo que ningún proyecto sobre la construcción del Estado, como el que estamos discutiendo, está escrito en piedra y no puede ser reevaluado.

Estoy terminando. Si me puede dar treinta segundos más de inmediato, Presidente , se lo agradecería.

Yo estoy plenamente de acuerdo con que la instalación de una nueva institucionalidad en general en todo el Estado, pero muy en particular respecto del Ministerio de Seguridad Pública, debe considerar al personal más idóneo posible. El personal más idóneo en esta materia es el que cuente con experiencia en el abordaje de la seguridad pública, que, dicho sea de paso, no necesariamente tiene que estar relacionado con personas cuyas profesiones anteriores estén vinculadas a la seguridad; por ejemplo, ex funcionarios de las Policías o de las Fuerzas Armadas. Pueden ser de otros ámbitos, por supuesto.

Quiero decir que, al igual que en todo el aparato del Estado, tiene que haber personas idóneas. Ojalá en este Ministerio no estén vinculadas a la corrupción. Tenemos que velar, indudablemente, por que no sean personas condenadas por tráfico de drogas ni porte de armas, como lo fue un ex funcionario de la Subsecretaría de Prevención del Delito de Antofagasta, el año 2022, quien estuvo contratado en el Gobierno del Presidente Piñera.

Lo digo porque creo que son materias importantes.

¡Claro que necesitamos personal idóneo!

Finalmente, termino señalando que, cuando se plantea el argumento de "no más Estado", me encantaría que el debate se pudiera dar con altura de miras, para pensar en qué políticas públicas necesitan los chilenos y las chilenas y cuántos recursos necesitamos para ello. ¿Esto requiere más institucionalidad o no requiere más institucionalidad? ¿Requiere más recursos económicos, más recursos humanos? ¿En las mismas instituciones que tenemos o en nuevas?

Si no tenemos ese debate, se genera solo un dogma. Si la Senadora comunista dijera "no más mercado", habría sendos titulares de ahora en adelante. Sin embargo, cuando otros Senadores lo plantean, en materia de no más mercado... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

Presidente , para terminar, ¿me permite treinta segundos?

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Le dimos un minuto adicional, Senadora.

Le ruego que redondee su idea.

Tiene treinta segundos.

La señora PASCUAL.-

Solo quiero decir que demos el debate como corresponde; si no, efectivamente lo que estamos generando son dogmas.

Un dato para rebatir: del empleo vinculado al servicio público, Chile tiene solo el 11,9 por ciento, a diferencia del 21 por ciento que ello representa en promedio en los países de la OCDE. Estos datos son de la OIT, del Ilostat; no es un dato sobreideologizado.

Así que tampoco le digamos a la gente que tenemos un tremendo Estado, porque sabemos que, para lograr muchos más derechos sociales en nuestro país, precisamente no tenemos el mejor de los Estados.

Gracias.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Gracias, señora Senadora.

El señor MOREIRA.-

Presidente, reglamento.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Moreira, por un asunto reglamentario.

El señor MOREIRA.-

Presidente , con el afán de avanzar en la discusión, porque los señores Senadores y las señoras Senadoras pueden seguir interviniendo, le pediría que pudiésemos cerrar esta votación e iniciar la otra.

Todos los inscritos pueden continuar haciendo uso de la palabra; se trata solo de economía procedimental. El Presidente de la Comisión de Seguridad está de acuerdo con ello.

(El Senador Kast asiente con el pulgar arriba).

Entonces, pediría que cerráramos la votación, porque ya votaron todos.

El señor ARAYA .-

¡No!

El señor MOREIRA.-

¡No me digas que no!

Procedamos a la otra votación.

Además, no se pierde el hilo del debate, porque todos los demás pueden seguir interviniendo.

Todavía faltan puntos por discutir. Son tres votaciones.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Podemos hacerlo, siempre que se termine la lista de los inscritos para votar.

El señor MOREIRA.-

Pero pregunté recién esto y me dijeron que se podía, si usted lo decidía.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Se puede. De eso estoy hablando, señor Senador.

Si les parece, entonces, cerraremos la votación, porque ya han votado todos. Y se mantiene naturalmente el derecho a intervenir de los Senadores inscritos.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora EBENSPERGER.-

Presidente.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER .-

Yo no me voy a oponer, pero encuentro que no corresponde.

¿Cuál es la idea cuando uno interviene? Tratar de influir con sus argumentos en los colegas de enfrente. Si la votación ya está cerrada, el fundamento deja de tener significado.

El señor MOREIRA.-

Es que no todos hablan con fundamento.

La señora EBENSPERGER .-

Está bien, no me voy a oponer. Pero me parece rarísimo.

El señor HUENCHUMILLA.-

Lo que sucede es que en realidad el debate se ha dado en general, no en forma particularizada respecto de lo que estamos votando.

Por lo tanto, pido de nuevo el acuerdo de la Sala para cerrar esta votación. Continuarán interviniendo los Senadores inscritos y después procederemos a abrir la votación que viene.

Acordado.

Terminada la votación.

--Se aprueban las normas que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones y las enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Seguridad Pública (38 votos favor y 5 abstenciones), dejándose constancia de que se cumplió el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Urresti, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe y Walker.

Se abstuvieron las señoras Ebensperger y Gatica y los señores Durana, Kusanovic y Kuschel.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Muy bien.

Se aprueban esas normas en particular.

Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

La seguridad pública, integralmente considerada, es una prioridad para este Congreso dentro de la agenda de seguridad que nos hemos comprometido a impulsar.

El proyecto buscar crear una cartera de Estado que tenga dedicación exclusiva al tema de la seguridad, diferenciándola de las labores de administración de Estado, que continuarán radicadas en el Ministerio del Interior.

En este sentido, uno de los elementos centrales de la iniciativa, que obedece también a su idea original, es potenciar el trabajo del Estado en las regiones, creando instancias de coordinación entre las autoridades a las cuales les corresponda el ejercicio de funciones relacionadas con la seguridad pública.

Es importante destacar la oportunidad que se genera a partir de esta norma, para coordinar las acciones tendientes a preservar la seguridad ciudadana en cada una de las regiones, a través de los comisionados de seguridad pública, a quienes les corresponderá el ejercicio de las funciones de coordinación a nivel regional en materia de seguridad.

Se suponía que este importante avance legislativo era una gran y urgente oportunidad para la protección de la seguridad ciudadana. Pero su real aplicación dependerá del compromiso del Gobierno. No se trata de crear una gran estructura burocrática, si esta no es eficiente; y sería una lástima que se terminara transformando en un organismo sin recursos o herramientas, lleno de nuevos funcionarios públicos y, para peor, dirigido por una autoridad de tercer nivel.

Atendidas las características propias del Ministerio que se crea, las atribuciones del comisionado de seguridad pública, designado por el Presidente , deberían ser otorgadas a través de la figura del delegado presidencial, como autoridad que actualmente preside los consejos regionales de seguridad pública y que, además, tiene responsabilidad política.

Una nueva autoridad de tercer nivel solo va a generar un desorden de autoridad -en muchas regiones ya existe- entre el gobernador regional, representante democrático en la región y que cuenta con recursos, y otras dos figuras: el delegado presidencial, que ya existe, y la que se va a designar como comisionado.

Ojalá Dios ayude en la coordinación que puedan tener. En caso contrario, ¿quiénes son los perjudicados? Simplemente los ciudadanos, quienes hoy se van temprano a sus casas, porque se encuentran asolados por el crimen organizado, el narcotráfico.

Lamentablemente, no tengo claridad de que con esta figura podamos ser capaces de controlar de manera efectiva el aumento en la gravedad de los delitos que se comenten, fundamentalmente en las macrozonas norte y sur.

Era un buen proyecto, uno muy esperado por la ciudadanía.

Yo creo que la gente no va a entender tantas autoridades. Lamentablemente vamos a tener que esperar que funcione la empatía entre las distintas autoridades, que muchas veces son designadas por cuoteos políticos. ¡Ojalá que finalmente sean capaces de atender las urgencias ciudadanas!

Este proyecto tuvo la gran oportunidad de ser mejor.

Yo escuchaba muchas felicitaciones, muchos saludos. Pero la verdad es que creo que estamos al debe.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Aravena.

La señora ARAVENA.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, quiero decir que estoy muy optimista con este proyecto, porque independiente de que no soy de la idea de incrementar en forma permanente los ministerios, creo que si hay alguno que merece absolutamente la existencia en la institucionalidad de este país es el Ministerio de Seguridad Pública.

En segundo término, muchas veces me pregunto por qué tuvimos que vivir una crisis de seguridad para hacernos cargo de que debía existir un ministerio para eso; esta siempre ha sido la reflexión para los que hemos trabajado en el sector público. Sabemos que el Ministerio del Interior tiene una enorme cantidad de misiones diferentes, como el tema de la regionalización, que muchos lo hemos impulsado con bastante fuerza; también requiere tiempo el tema de la Subdere, entre varios otros.

La verdad es que hoy día la seguridad está en crisis en el país y, por lo tanto, más que nunca se hace necesario este nuevo ministerio.

En ese contexto, quiero dar las gracias a todos quienes participaron en la discusión del proyecto, porque no fue fácil ponernos de acuerdo. Tengo la esperanza de que funcione, porque, de lo contrario, estaríamos en el peor de los mundos.

Me interesa mucho -y creo que a todos- que las personas que estén en el Ministerio de Seguridad Pública, no importa el rol que cumplan, sean las mejores. Eso no lo digo por este Gobierno en particular; lo he dicho siempre.

Creo que hay dos factores a considerar para que nosotros seamos desarrollados: uno es que las mujeres formemos parte más activa en los temas económicos, sociales y políticos; y otro, muy importante, es que el Estado sea eficiente.

La gestión pública está en deuda. Y eso no tiene que ver con que nosotros hoy día, por ser de oposición, creamos que el Estado no debe existir; todo lo contrario. Debe existir, es muy necesario el rol del Estado; pero tiene que ser eficiente. Porque sabemos que, no importando el Gobierno de turno, insisto en eso, ¡siempre está fallando!

Entonces, de alguna manera, tenemos que propender a lo que hacen los países desarrollados: buscar a las mejores personas, más allá de la militancia que tengan. Porque creo que el Estado ha sido cooptado durante muchos años por personas que militaban en un partido y que por ello se consideraban aptos para el cargo.

Eso tiene que acabar.

Espero que algún día el Estado tenga las mejores personas al servicio de la ciudadanía. No me cabe duda de que, cuando eso ocurra, sí podremos pensar en ser un país desarrollado.

Respecto al Ministerio no solo se transforma en el nuevo organismo del cual dependen las Policías, sino también resultará ser una verdadera dirección de mando y control para la prevención del delito, del orden público y la gestión de incidentes ciudadanos. Todo ello bajo el principio de trabajo interagencial -algo muy relevante- entre los organismos relacionados, con capacidad de interoperar, de gestionar capacidades conjuntas y con un sistema de seguridad vinculado, a través de la ciberseguridad jurídica.

Lo anterior permitirá claramente coordinar los esfuerzos del nuevo Ministerio con otros ministerios y servicios relacionados.

Me alegra muchísimo que esté incorporado el Servicio Nacional de Aduanas. Desde la Comisión de Agricultura, el año pasado y a principios de este, vimos con mucha preocupación que la Aduana hoy día tiene una injerencia directa en la seguridad del país y presenta muchas debilidades no solo en recursos humanos, sino también en planificación y logística.

Gendarmería de Chile señaló que claramente se requiere un trabajo muy relevante; lo mismo en el Servicio de Impuestos Internos, el SAG, instituciones y organismos que, en mi opinión, también tienen una gran debilidad vinculada al tema de seguridad.

Al igual que otros colegas, quiero valorar el trabajo del Senador Manuel José Ossandón , básicamente en lo que dice relación con la obligación del nuevo Ministerio de elaborar una estrategia nacional contra el terrorismo.

Voy a votar a favor del proyecto.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senadora.

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El señor COLOMA ( Presidente ).-

Hay una Cuenta agregada.

Le voy a dar la palabra al Prosecretario .

El señor BUSTOS (Prosecretario).-

Gracias, señor Presidente.

En este momento, han llegado a la Mesa los siguientes documentos:

Dos Mensajes de Su Excelencia el Presidente de la República

Con el primero, inicia un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, en materia de requisitos para ser llamado al servicio en Carabineros de Chile (Boletín N° 16.038-25).

--Pasa a la Comisión de Seguridad Pública, y a la Comisión de Hacienda, en su caso.

Con el segundo, hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", respecto del proyecto indicado precedentemente.

--Se toma conocimiento de la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

El señor COLOMA (Presidente).-

Este es uno de los proyectos al que hemos acordado darle mayor velocidad, fast track.

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El señor COLOMA (Presidente).-

Continuando con el debate en particular, tiene la palabra el Senador Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias.

Señor Presidente , creemos que hoy es un día especial, porque se crea el Ministerio de Seguridad Pública, que tuvo una lucha legislativa de más de diecisiete años en un país en donde el tema de la delincuencia y de la inseguridad copan la agenda pública desde hace largo tiempo.

Por lo tanto, quiero destacar, en primer lugar, la trascendencia de esta iniciativa que hoy día estamos votando y que es una buena noticia para el país.

Siempre he sostenido, antes en mi rol de Diputado y ahora como Senador, que este país requiere dos Ministerios: este en particular, el de Seguridad Pública, y, por cierto, el Ministerio del Mar, que ha sido utilizado siempre como eslogan de campaña; pero no se ha materializado, teniendo Chile una inmensa necesidad de contar con un ministerio que ayude en definitiva a todo el mundo de la pesca y la acuicultura del país, particularmente la pesca artesanal.

Señor Presidente, el crimen organizado, definido como "Un conjunto de individuos que se asocian de manera estructural y disciplinada, con el fin de obtener ganancias o beneficios monetarios por medios ilícitos", lamentablemente ha tenido una creciente alza en nuestro país.

Esta especial figura delictiva se encuentra asociada con el tráfico de droga y la acción criminal de bandas organizadas, las cuales antes tenían un foco más barrial ligado solamente a la aparición del tráfico de drogas; pero hoy día de una u otra manera se han diversificado y han ampliado su catálogo de delitos a otras ámbitos, que todos hemos conocido lamentablemente en los últimos dos o tres años, con particular énfasis en el sicariato y tantos otros.

En consecuencia, la creación de este Ministerio de Seguridad Pública es realmente relevante. Más aún, cuando existen cifras que dan cuenta de que todos los delitos del crimen organizado tienen el apoyo que le brindan las redes sociales, que les permiten delinquir, y que estos se realizan muchas veces desde el interior de las cárceles por asociaciones criminales, como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, entre otros. Y que, a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado desde el Estado, siguen operando no solamente en Santiago, sino también en nuestras regiones.

Señor Presidente, este tema es de enorme relevancia.

Yo comparto la inquietud del Senador Huenchumilla sobre la figura del comisionado. Al parecer, lamentablemente la señora Ministra del Interior no estaba presente en la Sala cuando la planteó. Me parece que es relevante que se responda, porque, en definitiva, no puede ocurrir que la figura del comisionado posteriormente, ya con el ejercicio de la ley, colisione con las responsabilidades políticas que puedan suscitarse ante hechos puntuales respecto a la persecución de los delitos.

Tengo varios temas importantes que quiero destacar en estas palabras finales.

Señor Presidente , con la delincuencia jamás se debe jugar ni debe ser motivo para eslogan de campaña. Siempre lo he dicho y lo voy a sostener: hubo un Presidente que ganó una elección utilizando el tema, diciendo que se les acababa la fiesta a los delincuentes.

No pasó absolutamente nada en su Gobierno. Muy por el contrario, la delincuencia se intensificó.

También es el momento para decir que la creación del Ministerio de Seguridad no debe dar espacio alguno para la curva del aprendizaje. Al ministerio debe llegar gente que efectivamente tenga experiencia en la materia.

¡Ya basta de que nuestros gobiernos regionales sigan entregándoles dinero a fundaciones para cumplir con las ejecuciones presupuestarias, como lo hicieron este año con fondos millonarios de todos los chilenos!

¡Ya basta de situaciones como la que nos avergüenza en estos días, ocurrida en Antofagasta, donde se entregó plata mediante una fundación, Democracia Viva, a los mismos que nos dijeron que tenían superioridad moral, a los mismos que dijeron "No más amiguismo", a los mismos que dijeron "No más nepotismo"!

La ciudadanía va a condenar siempre ese tipo de hechos, y con mayor fuerza aún.

Por eso, desde mi punto de vista, la creación de este Ministerio de Seguridad Pública tiene que venir de la mano -y lo digo con mucho respeto- con la eficiencia, con una buena gestión, con buenos profesionales, no con una caja pagadora de favores políticos. Tienen que llegar ahí los mejores y las mejores para poder ir de a poco eliminando este flagelo que hoy día tiene capturada a nuestra sociedad, que es el crimen organizado, la delincuencia y la inseguridad, que hacen... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve activar por indicación de la Mesa)

Le pido treinta segundos, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Ahí se los damos, Senador.

El señor ESPINOZA.-

Decía que el crimen organizado y la delincuencia hacen que miles de nuestras familias vivan hoy día entre cuatro paredes, porque no pueden salir a disfrutar de un parque con sus hijos o porque les da miedo que les quiten su auto o les apunten con un revólver en la cabeza, como les ha ocurrido a miles de nuestros compatriotas.

Tenemos una oportunidad histórica, con la creación de este Ministerio de Seguridad Pública, para lograr desde el Estado y sin distinciones políticas, porque esto tiene que ser un combate transversal, avanzar en una materia que hoy día, repito, es de la más alta sensibilidad.

No nos farreemos esa oportunidad.

¡No más "Democracias vivas" ni fundaciones a las que se les entreguen platas millonarias que podrían estar destinadas a combatir los delitos, a comprar vehículos policiales, a tener más policías en las calles para combatir la delincuencia!

Voto a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

¡Se están inscribiendo con entusiasmo los Senadores...!

Senadora Allende, tiene la palabra.

La señora ALLENDE.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, quiero saludar a la Ministra , a la Subsecretaria y al Subsecretario , aquí presentes.

Me parece extremadamente relevante el que hoy día por fin podamos decir que vamos a dar curso al Ministerio de Seguridad Pública.

Recuerdo que esto partió el año 2006 con Michelle Bachelet , y han pasado muchísimos años antes de lograrlo.

Entonces, este es un hito importante, justamente en un momento en que la población vive muy angustiada, porque es evidente que ha habido un aumento en la comisión de delitos, sobre todo los de mayor connotación social, que son los más graves, o en delitos nuevos que no conocíamos.

La seguridad pública es un derecho, y tenemos que trabajar todas y todos por ella. Esto va más allá de cualquier mirada partidista.

Y ojalá este tema no sea mal utilizado, porque a veces da un poco de impotencia ver que, cuando se trata de sacar determinada iniciativa, todos los esfuerzos, ¡todos los esfuerzos!, se hacen pocos.

Como pocas veces hemos visto, en el actual Gobierno se ha hecho un esfuerzo muy relevante en términos monetarios, en acompañamiento, en dotar de todo lo que hacía falta y otras cosas más que no se habían hecho.

Yo sé que no gusta mucho a veces y siempre vemos una crítica permanente, pero de repente algunos deberían reconocer cosas que son importantes.

Yo represento a la Región de Valparaíso, donde han ocurrido situaciones bien conflictivas y difíciles -homicidios, asesinatos en plena vía-, a raíz de las cuales existe un sentimiento evidente de inseguridad muy marcado.

Se han hecho esfuerzos, sin embargo.

Por eso tenemos que reconocer que aquí se impulsó una política nacional contra el crimen organizado, un plan de infraestructura de seguridad que comprende una inversión superior a los 160 mil millones de pesos para casi noventa obras, que es muy importante, relacionadas con Carabineros, con la PDI -por cierto, hoy día dicha institución cumple su nonagésimo aniversario-, con complejos fronterizos, etcétera.

El mismo plan Calles sin Violencia también ha obtenido resultados que no puedo dejar de reconocer. O sea, se han decomisado más de 1.700 armas, se ha detenido a más de 1.300 personas, de las cuales el 40 por ciento eran prófugas de la justicia y otras cosas más.

Por eso creo que de repente tenemos que aprender a darnos cuenta de que estamos haciendo todos los esfuerzos, ¡todos los esfuerzos!

Ya decía que esto partió el 2006.

Siguió después la separación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, que a mi juicio fue un tremendo paso. Y ahora, además de lo logrado en las Administraciones de Bachelet y de Piñera, seguimos en este Gobierno dando el paso definitivo.

Yo comparto plenamente que ya era hora de especializar y separar las políticas sobre seguridad, orden público y prevención del delito, de la gestión política que le corresponde al Ministro o Ministra del Interior , en su calidad de jefe de gabinete. Es bastante grande la responsabilidad de coordinar una instancia de esa naturaleza y, además, ejercer la gestión política que significa acompañar a un Presidente .

Y por eso es tan importante y necesaria esta separación. No cabe la menor duda.

¡Enhorabuena el paso que estamos dando!

Ahora, reconozco que aquí vamos a tener -tengo la impresión de que la Ministra lo explicó, pero quizás no fue suficiente- un delegado regional, nominado por el Gobierno y que lo representará, que presidirá el Comité Regional de Seguridad y, por otro, un comisionado que -tengo la percepción; tal vez estoy equivocada- de alguna manera estará supeditado al delegado regional.

Entonces, si ese comisionado va a utilizar la fuerza pública, al menos tiene que hacerlo previa autorización del delegado. Creo que ahí se está marcando una jerarquía que no podemos desconocer.

Ahora, si eso va a generar algún tipo de ruido en nuestras regiones, habrá que verlo.

Por otro lado, los gobernadores van a tener la posibilidad, como se había acordado con ellos, de actuar preventivamente ante los delitos. Eso en relación con los gobernadores.

Pero yo me quedo, primero, con lo relevante -y es lo que a mí me gustaría destacar-, que es la separación, por fin, entre la gestión política y la seguridad pública.

Y, segundo, me parece tremendamente relevante que la creación de este nuevo Ministerio no solo apunte a aquello. Ya hemos señalado los apoyos que se han entregado, como nunca en cifras, a las Policías.

Pero eso no basta.

También estamos hablando de la reforma a las Policías, de su capacitación. Se ha recalcado una y otra vez -lo han reconocido los propios mandos policiales- la sofisticación de los crímenes...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

El señor COLOMA (Presidente).-

Le vamos a dar treinta segundos, Senadora.

La señora ALLENDE.-

A todos les ha dado un minuto, Presidente.

Así que no me venga a...

El señor COLOMA ( Presidente ).-

¡Pero siempre digo "treinta segundos"...!

La señora ALLENDE.-

Bueno.

Cumpla nomás y sea ecuánime. Eso es lo que importa.

Decía que incluso los propios mandos han reconocido que las Policías se fueron quedando atrás en relación con la sofisticación, la forma como se ha organizado el crimen organizado -valga la redundancia-, los medios con que cuenta, las tecnologías que ha incorporado.

Nos fuimos quedando atrás, así que tenemos que dar el paso y enfrentar este desafío como país.

Llegó la hora de capacitar.

Hemos dicho muchas veces que fallamos en inteligencia; que lo preventivo muchas veces no logra bajar, disminuir o contener las cifras; que llegó el momento de poder avanzar en aquello. Y eso requiere la voluntad y el concurso de todas y de todos.

Por eso, voy a votar a favor con la convicción de que estamos dando un paso importante.

Con todo, creo que sí valía la pena detenernos un poco en las atribuciones del Ministerio de Seguridad con respecto a... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, voy a votar a favor de esta iniciativa, porque frente a los problemas de criminalidad que está viviendo el país se hace necesario avanzar con soluciones distintas a las que tradicionalmente hemos utilizado para la prevención y el combate al delito.

Y en este sentido, en primer lugar, quiero destacar que la importancia de esta iniciativa radica en que separa las funciones del Ministerio del Interior, pues permanentemente la Ministra del Interior , en este caso, vive una tensión entre la conducción política del Gobierno y la gestión de la seguridad pública, lo que muchas veces lleva a que buena parte del esfuerzo de dicha Cartera esté destinado a los problemas de seguridad pública y se pierda la gestión política, que hoy día es tan necesaria para poder avanzar en el programa del Presidente Gabriel Boric .

Entonces, terminar con esta tensión me parece que va por el camino correcto y, a su vez, deja una suerte de especialización en el gabinete para abordar los distintos temas de seguridad.

Un segundo punto importante es que el proyecto clarifica adecuadamente la subordinación civil de las Policías en ese sentido. Con esto se acaba cualquier duda que pueda existir con relación a esta suerte de dicotomía en cuanto a quién están subordinadas las Policías, es decir, esa suerte de subordinación civil, por un lado, pero libertad operativa, por otro.

Entonces, el proyecto a mi juicio resuelve ese conflicto y da claridad con respecto a la subordinación de ambas Policías al nuevo Ministro o Ministra de Seguridad Pública .

También creo que el proyecto se hace cargo de un tema que hoy día es quizás uno de los principales problemas de los chilenos y chilenas: las incivilidades.

Al fijarse como objetivo del Ministerio de Seguridad Pública el poder hacerse cargo de las incivilidades y buscar formas de resolver los conflictos, creo que se avanza en la línea correcta para poder ir disminuyendo los delitos. Muchos de los conflictos que hoy día tenemos en nuestro país, que derivan en delitos violentos como riñas, lesiones u homicidios, parten por incivilidades que no son controladas, dado que en la realidad este tipo de prácticas están en tierra de nadie y no hay quien las persiga o se haga cargo de buscar una solución.

De ahí que este proyecto plantea un claro objetivo para este nuevo Ministerio: hacerse cargo de buscar una fórmula para encontrar solución a este tipo de conflictos.

También me parece importante lo que plantea el proyecto en relación con la protección a las víctimas.

Creo que se hace un hincapié fundamental al señalar que una de las tareas del nuevo Ministerio será proteger a las víctimas, que siempre son, probablemente, las más abandonadas en el sistema de persecución penal.

Dicho eso, Presidente, no puedo dejar de hacer algunas reflexiones, porque me parece que el proyecto sigue teniendo algunos problemas estructurales que a mi juicio no están suficientemente resueltos y que, probablemente, van a ser fuente de conflicto. Sin embargo, puede existir todavía un margen para corregir algunas situaciones en la Cámara de Diputados.

Para enunciar algunos de los problemas que se han señalado, creo que en lo relativo a quiénes van a ser los representantes de las regiones, en este caso los comisionados regionales, es una mala fórmula la que se está creando, porque en la práctica se está poniendo a cargo de la seguridad pública a una persona que depende del Ministerio de Seguridad Pública, la cual puede mantener una tensión permanente con el gobernador regional y con el delegado presidencial.

Además, la posibilidad de que el delegado regional pueda pedir la remoción del comisionado me causa dudas. Yo hubiera preferido que derechamente parte de estas atribuciones quedaran en los delegados presidenciales y se mantuviera cierta estructura lógica al respecto.

Un segundo punto que tampoco queda suficientemente resuelto tiene que ver con el sistema de persecución penal. Porque si bien es cierto la creación de este Ministerio de Seguridad implica una suerte de coordinación institucional con distintos órganos ligados a la seguridad -Carabineros, la PDI, Poder Judicial , entre otros-, que incluye también al Ministerio Público, el nuevo Ministerio no deja de ser un simple ente coordinador que obviamente, por razones constitucionales, no puede tocar la autonomía del órgano persecutor.

Me parece que buena parte de los problemas de seguridad en Chile tienen que ver con que no se ha fijado una política de persecución criminal en los últimos años.

Y ese problema, a mi juicio, el Consejo de Seguridad tampoco lo va a resolver, porque curiosamente se establece una norma de clausura respecto a las atribuciones del nuevo Ministerio que estamos creando, en la cual se señala expresamente que la nueva institución no podrá afectar la autonomía ni las decisiones del Ministerio Público.

Entonces, ahí en algún minuto se puede producir un grado de tensión entre lo que quiera hacer el nuevo Ministerio o el nuevo Consejo de Seguridad Nacional versus las decisiones que pueda tomar el o la Fiscal Nacional en materia de persecución penal.

Creo también que permanece una dualidad no resuelta respecto de lo que es Gendarmería de Chile. Es, a mi juicio, una institución de orden y seguridad pública. Lo correcto habría sido abordar qué pasa con ella, porque va a seguir dependiendo del Ministerio de Justicia. Y una de las labores que tiene dicha Cartera a través de Gendarmería, entre otras, es la reinserción social. Sin embargo, el proyecto contempla, como nueva función de este Ministerio, la reinserción social.

Entonces, aquí se va a producir una suerte de dualidad - Presidente , le pido un minuto para terminar- en quién va a fijar los criterios de reinserción social. ¿Van a ser los que fije el Consejo a través del nuevo Ministerio o los que defina el Ministerio de Justicia?

En ese sentido, pienso que debió haber existido una definición más concreta de qué va a ocurrir con Gendarmería de Chile y cómo se resolverían esos posibles conflictos.

Por último, sin duda, creo que queda pendiente una modernización institucional del Estado, en general. Varios colegas que me antecedieron en el uso de la palabra hicieron esa reflexión: que hoy día es necesaria su modernización.

Nosotros tenemos un Estado que probablemente responde a la realidad de los años ochenta, principios de los noventa, pero no se hace cargo de cuáles son hoy día las verdaderas deficiencias que enfrentamos como país en esta materia.

En ese sentido, me parece que sigue pendiente la gran reforma al sistema de Carabineros de Chile, donde hay que abordar de una vez por todas la discusión de qué tipo de policía queremos en el país.

Hecho esos comentarios, voto a favor, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Yo creo que nadie en esta Sala podría no estar de acuerdo con la necesidad de tener una institucionalidad fuerte en materia de seguridad.

Pero a mí me preocupan varias cosas de este proyecto, y por eso me abstuve.

Primero, comparto las aprensiones que señaló el Senador Huenchumilla y que, por el tiempo, no voy a repetir.

En primer lugar, Presidente , me preocupa el debilitamiento del Ministerio del Interior como encargado del área política o como jefe de gabinete de todos los Ministerios. Creo que esa función queda terriblemente disminuida acá.

Me inquietan los conflictos legales y políticos que se van a producir en las regiones, porque, en vez de que esta normativa venga a ayudar a resolver los problemas en materia de seguridad, estos podrían enredarse.

Me preocupa que en el artículo 2° de la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, se elimine la facultad establecida en la letra b), que señalaba que a los delegados les corresponderá, hasta que esta ley se apruebe y ahí la dejan de tener, "Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes".

¿Cómo el representante del Presidente de la República en las regiones no va a estar preocupado ni va a tener la función, que ahora se elimina, de velar por la tranquilidad de las personas que tiene a cargo?

Está claramente la discusión de quién es la primera autoridad en la región, si el gobernador o el delegado, pero el delegado es el representante del Presidente de la República en la región.

Luego, se cambia la letra c) del artículo 2°, sobre las facultades del delegado, en el cual se dispone que dicha autoridad podrá "Requerir el auxilio de la fuerza pública en los territorios de su jurisdicción, en conformidad a la ley".

¿Qué se establece ahora? Que el delegado (representante del Presidente ) le tiene que solicitar al comisionado (funcionario sobre quien el delegado tiene la facultad, coordinación y fiscalización) "el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia cuando, a juicio del delegado regional o provincial, sea necesario para el ejercicio de sus funciones". O sea, el delegado, cuando requiera de la fuerza pública para cumplir sus funciones, le tiene que pedir autorización al comisionado. Y el comisionado le puede decir que no... (la Ministra Tohá mueve la cabeza en señal negativa).

Pero, Ministra , no me diga que no porque aquí está. Luego, el delegado sí puede pedir la renuncia.

Entonces, ¿qué va a producirse acá? Aunque haya una institucionalidad más fuerte para enfrentar el tema de seguridad en las regiones, se van a generar conflictos políticos. Porque, reitero, se mantiene la letra j), que dice que el delegado ejerce la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos.

Se establece que el delegado preside el Consejo Regional de Seguridad y que el comisionado será el secretario de dicho consejo. Pero el secretario tiene sobre el presidente de ese consejo todas las atribuciones.

Se mantiene la facultad de que quien está a cargo de prevenir y enfrentar todos los desastres en las regiones es el delegado, pero no tiene la atribución de pedir ayuda a las Fuerzas de Orden y Seguridad, salvo que el comisionado se lo autorice.

Se dice además...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... que los seremis son personas de exclusiva confianza del Presidente de la República y que se nombran de una terna que manda el delegado. Pero al comisionado lo nombra el Presidente directamente de la propuesta que haga el Ministro de Seguridad . ¿Por qué? ¿Por qué se le están quitando atribuciones al delegado?

Entonces, vuelvo a decirlo. Es importante dar fuerza a la institucionalidad para enfrentar materias de seguridad, pero lo que no podemos hacer es crear conflictos regionales, legislativos y políticos que poco y nada van a ayudar a enfrentar los problemas de seguridad en la región.

Estos son algunos de los argumentos -no tengo más tiempo para seguir hablando- por los cuales me abstengo en esta votación.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Presidente , Honorable Sala, en honor al tiempo, simplemente diré que esta es una larga aspiración. Creemos, sin lugar a dudas, que hay que avanzar en dar las herramientas necesarias para contar con un Ministerio que se preocupe de una de las principales urgencias de los chilenos: mayor seguridad.

Tenemos algunos reparos, por lo que pedimos una votación separada con relación a las facultades disciplinarias de las fuerzas policiales.

Pero, ciertamente, este es un proyecto en el que tenemos que avanzar. Desde el Gobierno del Presidente Lagos se viene impulsando, y creemos que va en la dirección correcta.

He dicho, señor Presidente.

Vamos a apoyar, por supuesto.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

Senador Saavedra.

¡La misma velocidad del Senador Chahuán...!

El señor SAAVEDRA .-

Muy amable, Presidente .

Trataré de seguir la senda del Senador Chahuán, quien hizo una corta intervención.

Quiero decir que efectivamente estamos dando cuenta de una necesidad que el país requiere: cómo organizarse como Estado para cumplir funciones que son de demanda urgente; cómo establecer en un solo ministerio la coordinación efectiva de todo lo que tiene que ver con las responsabilidades relacionadas con la seguridad, o sea, facilitar la coordinación entre los diferentes agentes del Estado para esto, como las Policías, los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, en fin.

Se puede mejorar en eficiencia; se puede dar una respuesta a tiempo; se puede satisfacer esta principal demanda de la población por seguridad.

El enfoque especializado es otro de los temas que resolvemos al tener un ministerio dedicado exclusivamente a la seguridad pública. Se puede contar con un equipo de expertos y profesionales con conocimiento especializado en la materia.

La pregunta que se hacía acá: ¿hay que destinar recursos públicos a esto? Claro que sí; se requieren más recursos.

Este es un severo llamado de atención a todos quienes se oponen a que el Estado recaude más. Veo y escucho la crítica de que no crezca el Estado, que siga siendo un Estado restringido, pero ¿cómo vamos a hacer las tareas? ¿O ustedes creen que un ministerio de la magnitud del que queremos organizar para responder a la ciudadanía y darle mayor seguridad no va a requerir mayor contratación de personas?

Se necesitan especialistas, personas que conozcan el tema y nos puedan ayudar en la aplicación de políticas públicas y de estrategias para prevenir y combatir el crimen organizado, como el que está operando, o la expresión de la violencia política que hoy día estamos viendo en el país: el terrorismo en toda su expresión a lo largo de Chile. No se concentra en un solo territorio.

Por supuesto, se mejoran los aspectos de la prevención del delito y también se establece la coordinación del nuevo Ministerio con los gobiernos locales para llevar a cabo tareas que permitan -ahora sí en serio- resolver estos problemas en los diferentes territorios donde se expresa la delincuencia, la que causa tanto daño a la convivencia en las distintas comunas del país, por lo que se requiere el espaldarazo del Estado en esta situación.

Al mismo tiempo, una mayor y mejor rendición de cuentas nos permitirá evaluar cómo actuar, qué hacer, cómo ocupar los recursos, cómo ir corrigiendo las diferentes situaciones que habrá que enfrentar. Por ser una nueva experiencia, ello seguramente va a requerir mucha voluntad, mucha generosidad, para cambiar aspectos a los que tendremos que vernos enfrentados, con método de prueba y error, para garantizar la seguridad a todos los ciudadanos.

Lo anterior posibilitará que haya transparencia respecto de la forma de aplicación de esta política pública y, con ello, permitir que la participación, el encuentro en los territorios, ayude a resolver los problemas que hoy día se ven distantes desde el poder central.

Finalmente, damos un paso sustantivo en la construcción de un ministerio que es necesario para asumir un país que hoy siente y vive el síndrome del crecimiento de la llegada de otras culturas, lo que nos tiene complicados en cuanto a los aspectos delictuales, porque no tenemos respuesta ante ello. Hay una serie de situaciones insolutas, y este Ministerio va a permitir avanzar en ello.

Simplemente creo que hemos dado un paso histórico en el Congreso, y en el Senado, particularmente.

Votaré a favor de lo que hoy día se nos propone, para sacar adelante esta tarea y permitir dar una respuesta, ahora desde el Senado, a la ciudadanía, que nos pide más seguridad y protección.

He dicho, Presidente .

Votaremos a favor de este proyecto.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Senador Castro Pietro, tiene la palabra.

El señor CASTRO (don Juan).-

Gracias, Presidente.

La verdad es que yo quedo con un dolor en este hemiciclo, al momento de estar creando un nuevo ministerio.

La pregunta que hay que hacerse es ¿qué estamos evadiendo? Sabemos lo que está pasando en el país hoy día: no tenemos seguridad; la cabeza de una persona rueda por cualquier calle, y pareciera que a nadie le preocupa, como si no fuera un tema la seguridad del país.

Si bien voy a votar favorablemente este proyecto, tengo mis aprensiones, y estas se generan porque ningún cargo, ¡ningún cargo!, resulta si la persona que lo ejerce no tiene los pantalones para tomar las decisiones. Y lo que sucede hoy en día, Presidente , lamentablemente lo que estamos viviendo en el país por falta de seguridad, se debe también a que las autoridades no han tenido los pantalones para tomar las decisiones.

A mi juicio, al crear este nuevo organismo, si no les vamos a dar una protección jurídica al Ministro , a las autoridades o a las Policías que van a actuar para poder recuperar la seguridad pública, estamos perdiendo el tiempo.

Yo estoy muy de acuerdo en que, adicionalmente a crear este nuevo Ministerio, seamos capaces de entender la seguridad que el país necesita. Para mí, hoy día ello es, precisamente, entregar respaldos jurídicos a quienes tomen las decisiones. Si no somos capaces de entrar en esa materia, la verdad es que estamos haciendo solamente un saludo a la bandera y traspasando una responsabilidad a una autoridad que, no me cabe ninguna duda, tendrá todos los temores al momento de tomar las decisiones.

Por eso, Presidente , creo que nuestra discusión tiene que ser un poquito más profunda. Debemos demostrarle a la comunidad, al país entero, que en este Senado estamos preocupados de la seguridad, y para ello, hay que entender que la autoridad que se crea debe tener, como digo, los pantalones bien puestos para tomar las decisiones y, obviamente, contar con los respaldos jurídicos para no estar después visitando los tribunales de justicia, junto a las Policías.

Creo que esa es la única forma de poder garantizar, de una vez por todas, la seguridad que toda la ciudadanía espera de nosotros.

He dicho, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Vamos ahora a las votaciones. Son tres.

Primero, vamos a votar la letra k) del artículo 5º, que tiene que ver con las funciones del Ministerio de Seguridad Pública.

Esa fue una modificación en la que la Senadora Ebensperger votó en contra en la Comisión; por eso se genera esta votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En efecto, la letra k) es una enmienda aprobada por mayoría (página 10 del comparado) y establece la función de "Controlar las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos".

El señor COLOMA (Presidente).-

En votación.

Quienes están por mantener esta letra como viene de la Comisión votan a favor; los que están por modificarla votan en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Está abierta la votación.

(Luego de unos instantes).

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Cerrada la votación.

--Se aprueba la letra k) del artículo 5º, contenida en el artículo primero del proyecto (19 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Castro González, De Urresti, Espinoza, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Soria y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, García, Kuschel, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvieron la señora Campillai y el señor Kusanovic.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se registran en la Mesa los pareos del Senador señor Keitel con el Senador señor Velásquez y del Senador señor Macaya con la Senadora señora Vodanovic.

El señor COLOMA ( Presidente ).-

¿Qué significan las señas que me está haciendo, Senador Flores...?

Se deja constancia de la intención de voto en uno y otro sentido del Senador Flores y del Senador Prohens: a favor y en contra, respectivamente. Son votos distintos.

Como son intenciones de voto, no se pueden incorporar en la nómina.

Vamos a la segunda votación, que es la del artículo 13.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Corresponde votar el artículo 13, que figura entre las páginas 30 y 33 del comparado, cuyo inciso primero señala: "En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el Delegado o Delegada Presidencial Regional. El Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública tendrá el rol de secretario ejecutivo del Consejo, el que será integrado por:". Y, en seguida, se menciona a los miembros en los respectivos numerales, y en los incisos finales se consignan las facultades.

Esta norma fue aprobada por mayoría.

El señor COLOMA (Presidente).-

Se aprobó por 4 votos a favor y 1 en contra, de la Senadora Vodanovic, según entiendo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El artículo fue aprobado con los votos favorables de los Senadores señores Flores, Kast , Kusanovic , Ossandón , y se pronunció en contra la Senadora señora Vodanovic .

El señor COLOMA (Presidente).-

En votación.

La señora EBENSPERGER .-

¿Quién pidió esta votación, Presidente ?

El señor EDWARDS .-

¿Quién pidió votación separada?

El señor COLOMA (Presidente).-

Como es una norma de mayoría, hay que votarla.

(Pausa).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 13 del artículo primero del proyecto (36 votos favorables y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Núñez, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe y Walker.

Se abstuvieron las señoras Campillai y Gatica.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se registran en la Mesa los dos pareos ya indicados.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ha quedado aprobado el artículo 13.

Finalmente, la tercera votación es respecto del artículo primero transitorio, que se refiere al DFL que permite al Presidente de la República fijar las plantas. Esta es una antigua discusión que hemos tenido en el Congreso.

La señora EBENSPERGER.-

¿Qué página, Presidente ?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La disposición del artículo primero transitorio se encuentra en las páginas 117 y siguientes del texto comparado, y dice relación con la facultad que se otorga al Presidente de la República para establecer mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio del Interior, las normas necesarias tendientes a regular las materias que indica.

El señor COLOMA (Presidente).-

Se procederá a abrir la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En votación.

(Pausa).

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo primero transitorio (25 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones), quedando el proyecto aprobado en particular y despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, De Urresti, Espinoza, Flores, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Kuschel, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Soria y Walker.

Votó por la negativa el señor Edwards.

Se abstuvieron las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Coloma, Durana, Gahona, Kusanovic, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se registran en la Mesa los pareos del Senador señor Keitel con el Senador señor Velásquez y del Senador señor Macaya con la Senadora señora Vodanovic.

El señor COLOMA ( Presidente ).-

Ha quedado aprobado el artículo primero transitorio. Y con esto el proyecto pasa a la Cámara de Diputados a segundo trámite.

Quedan exactamente cuarenta segundos para el término del Orden del Día.

Solicito extender la sesión por cinco minutos para que la Ministra Tohá pueda hacer un planteamiento.

Bien.

Ministra, dispone del mismo tiempo que se otorgó a los Senadores.

Tiene la palabra.

La señora TOHÁ ( Ministra del Interior y Seguridad Pública ).-

Presidente , no es un planteamiento; voy a responder las preguntas que han surgido aquí.

El señor COLOMA (Presidente).-

Es una respuesta, entonces.

La señora TOHÁ ( Ministra del Interior y Seguridad Pública ).-

Una respuesta.

A ver, voy a elegir el tema central.

Nosotros estamos creando el Ministerio que estará a cargo de la seguridad. Ya no va a estar el Ministerio del Interior a cargo de ella, sino el Ministerio de Seguridad Pública.

Sobre el particular, cabe señalar que el delegado presidencial es el equivalente al Ministro del Interior y que la persona que representará al Ministerio de Seguridad será el comisionado. Por su parte, el Ministro o la Ministra del Interior tiene la jefatura del gabinete y, como tal, debe coordinar y encargarse de que todo funcione; no se desprende de la responsabilidad de los otros ministerios. Pero la responsabilidad sectorial estará en el Ministerio de Seguridad Pública.

A nivel regional esto se replica; por tanto, el comisionado será el encargado de la seguridad, y el delegado, como superior, va a poder instruir y solicitar cosas a través del comisionado. Pero el comisionado es el que llevará la seguridad, el que se entenderá con las Policías, el que hará las coordinaciones.

¿Por qué el delegado preside el Consejo? Porque el Consejo no es un órgano ejecutivo, sino un órgano político, de coordinación. Ahí nadie manda a nadie. Entonces, parece adecuado que la autoridad superior de la región sea la que lo encabece. Ahora, todo lo que ahí se acuerde, ¿quién lo va a ejecutar? El comisionado, porque es la autoridad ejecutiva.

Es verdad que esto convive con el momento de transición en que estamos con los gobernadores. Pero estas autoridades no tienen ninguna competencia en materia de control y persecución del delito, ni de mando sobre las Policías. Sin embargo, el Ejecutivo está dispuesto a discutir el tema y va a proponer que los gobernadores tengan, como en los municipios, facultades en lo que se refiere a prevención del delito, pero no al control ni a su persecución, porque doble mando sobre las Policías no es bueno.

En virtud de eso es que incorporamos también en el Consejo Regional de Seguridad a los consejeros regionales. Y puede ser buena idea, como señalaba el Senador Flores, que el día de mañana en la Cámara hiciéramos algo equivalente en el Consejo Nacional de Seguridad, sin perder de vista que el gobernador no tiene competencia en esta materia, sino que actúa como una figura que financia muchos proyectos, que mira el territorio y que, por cierto, puede aportar, pero aportar a un órgano, sin que tenga directamente facultades de mando, de coordinación, de ejecución de las políticas públicas.

Yo entiendo el hecho de que la novedad de la figura genere inquietudes. Pero eso queda resuelto dejándose en claro quién está a cargo de qué y que el comisionado pueda tener suficientes charreteras para cumplir los roles de control de las Policías y de dirección de los temas de seguridad, para que el delegado o la delegada no se desentienda, sino que siempre tenga un ojo puesto en lo que está pasando en seguridad, siempre pueda responder las preguntas, siempre esté encima de la situación, porque es la primera autoridad del Gobierno central en la región.

Esa es la fórmula que se buscó en este proyecto y, ciertamente, en la Cámara podremos continuar mejorándolo.

Había varias preguntas más, Presidente . Pero como usted me tiene inhibida, no las voy a responder, aunque tenía muchas ganas de hacerlo. Porque lo del tema de que si vamos a contratar personas profesionales y no hacer favores políticos es bastante provocador como pregunta. Pero creo que basta ver cómo está compuesto hoy día el Ministerio del Interior. Es un órgano donde hay personas profesionales, funcionarios que conocen estos temas. Incluso a quienes políticamente se ha cuestionado son personas expertas en seguridad, ¡expertas!, con doctorado en seguridad.

Entonces, con ese criterio, respecto de cómo se ha compuesto el actual Gobierno y los gobiernos anteriores, nunca ha pasado que el Ministerio del Interior se ocupe para hacer arreglines políticos. Y ahora con mayor razón; siendo un Ministerio especializado, tenemos que garantizar que estén ahí quienes más saben de estos asuntos. De hecho, al comisionado se le puso algo que los seremis no tienen: la obligación de contar con una especialización en esta materia. Los seremis, en general, carecen de ese requisito.

También hay otros temas que abordar, Presidente , y que los hemos hablado otras veces. Pero ya habrá espacio para seguir profundizándolos.

Para terminar, yo quisiera agradecer esta votación, especialmente a los dos Presidentes que estuvieron en la votación de este proyecto -primero, el Senador Insulza; después, el Senador Kast- y a los integrantes de la Comisión de Seguridad: el Senador Ossandón, el Senador Flores, el Senador Kusanovic, que fueron muy activos en el debate. Muchos temas los destrabamos en conjunto.

Y gratitud a toda la Sala, en particular a los integrantes de la Comisión de Seguridad, como también a la Comisión de Hacienda, que despachó rápidamente este proyecto para que pudiéramos votarlo hoy en la Sala.

Muchas gracias.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Gracias a usted, señora Ministra .

Valparaíso, 19 de junio de 2023.

Nº 314/SEC/23

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, correspondiente al Boletín N° 14.614-07:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo Primero.- Apruébase la siguiente Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública:

“Título I

Del Ministerio de Seguridad Pública y de los Consejos de Seguridad Pública

Párrafo I

Del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 1°.- El Ministerio de Seguridad Pública, en adelante también “el Ministerio”, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, protección de las personas, el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana, actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias.

Asimismo, le corresponde planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas relativos, tanto a dichas materias, como a aquellas que digan relación con reinserción social, rehabilitación, así como en atención y asistencia a víctimas, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley.

El Ministerio actuará en conformidad con los principios de interagencialidad, interoperabilidad y cooperación, en el marco de sus funciones y atribuciones, y fomentará la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial de las materias individualizadas en los incisos anteriores.

Artículo 2°.- El Ministerio coordinará y articulará un Sistema de Seguridad Pública, integrado por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el Ministerio Público, y el conjunto de entidades públicas a nivel nacional, regional y comunal cuyas funciones se relacionen con el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública; la protección de las personas; el orden público; la prevención del delito; la rehabilitación y reinserción social de infractores de ley; así como la atención y asistencia a víctimas. Dicho Sistema articulará las políticas, planes y otros instrumentos relativos a estos mismos ámbitos y funcionará mediante una acción coordinada de las instituciones que lo componen, en la esfera de sus respectivas competencias. Adicionalmente, podrá funcionar en subsistemas en ámbitos territoriales tanto a nivel macrozonal, regional, provincial o local.

Las autoridades que componen el Sistema propenderán a la coordinación y planificación, pudiendo adoptar acuerdos con otras instituciones con el propósito de lograr un funcionamiento interoperable, interagenciable y cooperativo.

El funcionamiento del Sistema se regirá por un reglamento, que dictará el Ministerio de Seguridad Pública dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley, el cual determinará las demás formas de organización necesarias para su correcto funcionamiento.

Artículo 3°.- Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, dependerán del Ministerio de Seguridad Pública, encontrándose subordinadas al poder civil, en conformidad a la Constitución y las leyes.

La dependencia referida será sin perjuicio de las órdenes que reciban las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio Público, en el contexto de una investigación penal; así como de la supervisión que ejerza la Subsecretaría del Interior, respecto de sus funciones en materia migratoria, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería.

Párrafo II

Funciones del Ministerio de Seguridad Pública

Artículo 4°.- El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, protección de las personas, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como las demás funciones y atribuciones del Ministerio.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos. Además, cuando se trate de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y servicios públicos se podrá pronunciar, en las materias de su competencia, sobre su seguimiento e implementación.

Para el logro de estos objetivos, podrá solicitar todos los antecedentes que estime pertinentes a cualquier órgano de la Administración Pública, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentren en su poder.

Artículo 5°.- Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública las siguientes funciones:

a) Garantizar la protección de las personas a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito.

b) Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad, mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario.

c) Promover medidas tendientes a prevenir delitos, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, evaluando continuamente, bajo criterios técnicos y especializados, las acciones y políticas públicas para el logro de los objetivos en la materia.

d) Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, mediante la integración de sus capacidades, la gestión eficiente de los recursos y la colaboración entre los distintos niveles territoriales, para el logro de los objetivos.

e) Formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas, debiendo para ello coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia.

f) Ejecutar, a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las acciones tendientes a resguardar las fronteras de nuestro país para evitar la comisión de delitos, de acuerdo a sus leyes orgánicas respectivas, así como cualquier otra afectación de la seguridad y el orden público, en coordinación con los demás organismos competentes en la materia.

g) Adoptar y ejecutar medidas de ciberseguridad tendientes a prevenir, detectar y neutralizar las amenazas en el espacio digital, servicios esenciales e infraestructura crítica de la información, debiendo para ello coordinar, interoperar y promover el trabajo conjunto con los demás organismos competentes en la materia.

h) Adoptar y ejecutar las medidas tendientes a favorecer la atención y asistencia a víctimas de delitos, así como la reinserción social y la rehabilitación de quienes infrinjan la ley o el orden público, mediante el ejercicio de sus derechos fundamentales, en coordinación con los organismos con competencias en la materia.

i) Adoptar y ejecutar medidas tendientes a supervigilar que las personas naturales y jurídicas que proveen servicios de seguridad privada cumplan su rol coadyuvante de la seguridad pública.

j) Cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal, considerando su autonomía y atribuciones.

k) Controlar las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos.

l) Ejecutar las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Artículo 6°.- Para el cumplimiento de sus funciones, corresponderá al Ministerio las siguientes atribuciones:

a) Proponer al Presidente o Presidenta de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia y evaluar su aplicación.

b) Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

c) Supervisar, instruir, coordinar y evaluar la ejecución de las actuaciones que desarrollen los demás organismos públicos en relación con la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

d) Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

e) Entregar lineamientos generales en el ámbito estratégico a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, para el resguardo de la seguridad y orden público, actuando en conformidad a los procedimientos establecidos en la legalidad vigente y en las reglas del uso de la fuerza que se fijen al efecto para el cumplimiento del deber, en coherencia con los Planes Estratégicos de Desarrollo Policial y los Planes Anuales de Gestión Operativa y Administrativa.

f) Definir y evaluar las medidas orientadas a la prevención de los delitos, en el ámbito de su competencia.

En el ejercicio de esta atribución, deberá considerar, especialmente, la adopción de medidas tendientes a prevenir la comisión de delitos por parte de menores de edad, actuando siempre de conformidad al principio del interés superior del niño, niña y adolescente.

g) Promover la seguridad y la prevención de los delitos en eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, y mantener el registro al que se refiere el artículo 30 de la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional.

h) Efectuar análisis estratégicos en materia de seguridad pública, en el marco de sus competencias.

i) Desarrollar y administrar sistemas de tratamientos de datos, documentos y otros antecedentes, en el marco de sus competencias, que no permitan la singularización de personas determinadas y en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.

j) Elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública. Tales estadísticas se referirán, a lo menos, a la victimización, revictimización, el temor y las denuncias. Del mismo modo, podrán considerarse factores de riesgo relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo, a nivel nacional, regional y comunal.

En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá, anualmente, publicar una sistematización actualizada de estadística criminal anonimizada, que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, deberá estar segmentada por regiones, tipo de delito y otros criterios importantes.

Para estos efectos, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública enviarán al Ministerio mensualmente datos y estadísticas policiales a partir de las faltas y delitos conocidos por la institución, y de otros procedimientos realizados por la misma.

k) Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública, convivencia ciudadana, protección de las personas y las demás materias que sean de su competencia.

l) Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

m) Establecer las acciones de coordinación destinadas a mantener la seguridad pública y restablecer el orden público, en todo el territorio de la República.

n) Coordinar y evaluar, en conjunto con los demás organismos con competencia en la materia, la ejecución de planes y programas de rehabilitación, reinserción social, asistencia y atención a víctimas, convivencia ciudadana y protección de las personas.

o) Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

p) Autorizar, regular, supervigilar, controlar y ejercer las demás atribuciones en la forma que señale la ley, en materia de seguridad privada.

q) Suscribir acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, en materias de su competencia.

r) Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En ningún caso el ejercicio de estas atribuciones podrá entorpecer las funciones que le corresponden al Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, la ley N° 19.640, que establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público; el Código Procesal Penal, y las demás leyes especiales.

Artículo 7°.- Al Ministerio le corresponderá, respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las siguientes atribuciones:

a) Asesorar al Presidente o Presidenta de la República en la conformación de los Altos Mandos, así como en los ascensos y retiros.

b) Aprobar los planes estratégicos de desarrollo policial y sus modificaciones, y los planes anuales de gestión operativa y administrativa, de conformidad a la ley.

c) Supervigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad pública que defina el Ministerio, mediante el sistema de supervisión y evaluación de la gestión policial contemplado en la ley N° 21.427, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

d) Diseñar, junto a los Altos Mandos, estrategias y medidas tendientes a proteger la vida e integridad de los funcionarios y funcionarias pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, durante el ejercicio de sus funciones, supervigilando su adecuada implementación. Dichas estrategias y medidas deberán ser proporcionales a la labor que realizan.

En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá velar para que el equipamiento e infraestructura de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública cumplan con estándares técnicos que permitan una adecuada protección.

e) Promover el cumplimiento, por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de las normas de probidad, transparencia, publicidad y rendición de cuentas a la ciudadanía.

f) Ejercer el control presupuestario, financiero y de mérito respecto de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán hacer envío trimestralmente de su estado y gestión financiera, a través de medios electrónicos. Sin perjuicio de ello, el Ministerio podrá requerir información actualizada o exigir el complemento de las ya enviadas, en cualquier momento, debiendo ser remitidas por esa misma vía.

g) Examinar y aprobar las bases de licitación o requerimientos para la adquisición de tecnología y sistemas informáticos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio dispondrá los estándares para la adquisición de equipos y programas computacionales, a fin de compatibilizar las herramientas tecnológicas que utilicen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, podrá solicitar la opinión de otras instituciones que estime relevante.

h) Dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los planes y programas de formación y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en coherencia con los planes estratégicos de desarrollo policial. Asimismo, deberá aprobar dichos planes y programas, los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas y supervigilar su cumplimiento.

Las orientaciones técnicas señaladas deberán contener como principios la eficacia policial, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, entre otros que se determinen en conjunto. Del mismo modo, deberán incorporar lineamientos tendientes a un adecuado y permanente perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio de Seguridad Pública se deberá coordinar con el Ministerio de Educación, quien emitirá un informe previo con su opinión sobre las orientaciones técnicas referidas, el cual no será vinculante.

Asimismo, deberá aprobar los planes y programas de estudio y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas, así como supervigilar su cumplimiento. Para el ejercicio de esta atribución, podrá solicitar, en su caso, todas las modificaciones que estime pertinentes.

i) Supervigilar las modificaciones de la estructura organizacional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a lo dispuesto en un reglamento expedido por el Ministerio para dichos efectos.

j) Ordenar, en conformidad a la ley orgánica respectiva, que el superior jerárquico correspondiente inicie la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción, pudiendo exigir cuenta de su avance y, en su caso, poner antecedentes en conocimiento de la justicia. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán comunicar al Ministerio, mensualmente, las resoluciones que dieren inicio a procedimientos disciplinarios, así como las que les pusieren término, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda en esta materia a la Contraloría General de la República. Estas comunicaciones serán siempre de carácter secreto.

k) Requerir cualquier otra información a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

En ejercicio de esta atribución, el Ministerio podrá solicitar informes de carácter reservado o secreto, incluyendo aquellos que digan relación con inteligencia policial en el marco de la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, y que sean necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellos que contengan información cuya revelación, aún de manera reservada o secreta, afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso o pongan en riesgo la identidad de funcionarios o funcionarias que desempeñen labores en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la referida ley.

Las servidoras o servidores públicos del Ministerio, deberán guardar secreto de la información reservada que conozcan en razón de su cargo. En caso de violación a este deber, serán sancionados con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo y la inhabilitación absoluta y temporal en su grado medio a perpetuo para ejercer cargos y oficios públicos.

Si se utilizara la información referida en el inciso anterior en beneficio propio o ajeno, en perjuicio de alguna persona, autoridad u organismo, o para ejercer presiones o amenazas, será sancionado con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo a máximo y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

l) Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Artículo 8°.- El Ministerio de Seguridad Pública informará por escrito, semestralmente, a las Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados encargadas de la seguridad, acerca de los desafíos en las materias de esa Secretaría de Estado, de los avances en la implementación y los resultados de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, protección de las personas, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como de las tareas de coordinación en la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y servicios públicos, dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

La información dispuesta en el inciso precedente deberá referirse especialmente a los estados de avance, cuentas y resultados, según corresponda, de todos los planes y programas desarrollados por el Ministerio y los organismos bajo su dependencia para los efectos de prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas, de acuerdo a lo dispuesto en el literal e) del artículo 5°.

Lo anterior será sin perjuicio de la facultad de las Comisiones de ambas Cámaras de citar a una sesión especial y conjunta para los fines señalados en el inciso precedente.

Párrafo III

De los Consejos de Seguridad Pública

Artículo 9º.- Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el Ministro o Ministra de Seguridad Pública e integrado por el Ministro o Ministra de las siguientes Carteras de Estado: Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa Nacional, y Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; el Subsecretario o Subsecretaria de las siguientes Subsecretarías: Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención del Delito y Subsecretaría de Justicia; un o una representante de la Corte Suprema designado por ésta; el Presidente o la Presidenta de las Comisiones de Seguridad Pública del Senado y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados; el o la Fiscal Nacional del Ministerio Público; el Defensor o la Defensora Nacional Penal Pública; el o la General Director de Carabineros de Chile; el Director o la Directora General de la Policía de Investigaciones de Chile; el Director o la Directora General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; el Director o la Directora General de Aeronáutica Civil; el Director o la Directora de los siguientes organismos: Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y el Presidente o la Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades.

El Subsecretario de Prevención del Delito actuará como Secretario o Secretaria del Consejo, levantando acta de las reuniones.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministro o la Ministra de Seguridad Pública en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana.

Asimismo, el Consejo constituirá una instancia de coordinación del Sistema establecido en el artículo 2° y de fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del Ministerio, a través de propuestas técnicas y de su acción mancomunada. Para estos efectos, podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos, autoridades nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

El Reglamento referido en el artículo 2° determinará la estructura, competencias, convocatorias, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento del Consejo Nacional.

Artículo 10.- El Consejo sesionará, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año, deberá oír a los o las representantes de la sociedad civil, en la forma que determine el reglamento.

Artículo 11.- El primer trimestre de cada año, la Dirección de Presupuestos deberá enviar un informe al Consejo con el detalle de la ejecución presupuestaria del año anterior de cada órgano del Estado que realice gastos en materias de seguridad pública.

Una resolución expedida por el Ministerio de Seguridad Pública suscrita, además, por el Director o Directora de Presupuestos, determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir esta información.

Artículo 12.- El Consejo contará con comisiones técnicas, definidas por el Secretario o Secretaria de esta instancia.

Los miembros del Consejo que integrarán estas comisiones técnicas serán definidos por éste anualmente y sesionarán en la forma y con la periodicidad que determine el reglamento.

Artículo 13.- En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el Delegado o Delegada Presidencial Regional. El Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública tendrá el rol de secretario ejecutivo del Consejo, el que será integrado por:

1. El gobernador o la gobernadora regional y un consejero o consejera regional de la Comisión de Seguridad del Consejo.

2. Los alcaldes o las alcaldesas de los municipios de la región.

3. Un o una representante del Ministerio de Defensa Nacional.

4. Un o una representante del Ministerio de Hacienda, si así se considera necesario.

5. Los Secretarios o Secretarias Regionales Ministeriales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente.

6. Un o una representante de la Corte de Apelaciones respectiva, designado por ésta.

7. El o la Fiscal Regional del Ministerio Público.

8. El Defensor o la Defensora Regional de la Defensoría Penal Pública.

9. El Jefe de Zona de Carabineros de Chile o los Jefes de Zona, en su caso.

10. El Jefe de Región Policial de la Policía de Investigaciones de Chile con competencia sobre la región.

11. Los Directores o Directoras Regionales de Gendarmería de Chile, del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

12. La autoridad marítima regional, cuando corresponda.

13. Un representante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando corresponda.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesor del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública en la implementación y coordinación de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana en los diversos niveles establecidos en el artículo 2°, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública. Para estos efectos, el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otras autoridades regionales, funcionarios públicos o representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

Asimismo, será una instancia de coordinación a nivel regional del Sistema establecido en el artículo 2°. Por intermedio del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectiva, deberá mantener una permanente comunicación con los consejos comunales de seguridad pública de la región y el resto de los integrantes del Sistema y considerar la información, antecedentes y estadísticas que éstos consejos les provean.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año deberá oír a representantes de la sociedad civil.

En el reglamento mencionado en el inciso final del artículo 2° se determinará la convocatoria, quórum, forma en que se oirá a los representantes de la sociedad civil y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para el adecuado funcionamiento de los Consejos Regionales.

Artículo 14.- Los Consejos Comunales de Seguridad Pública, regulados en la ley orgánica constitucional de Municipalidades, serán la instancia de coordinación, a nivel comunal, del sistema establecido en el artículo 2° y se regirán, en cuanto a su integración, organización y funcionamiento, por las normas allí dispuestas.

Párrafo IV

Organización interna del Ministerio

Artículo 15.- El Ministerio contará con una Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y una Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, se desconcentrará territorialmente mediante los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública, quienes serán los o las representantes del Ministerio en la Región y dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En todo lo que no sea contradictorio con la presente ley, se les aplicarán las disposiciones que regulan la organización y atribuciones de las secretarías regionales ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones.

Artículo 16.- El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República y será responsable de la conducción del Ministerio, en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél le imparta. La conducción política del Ministerio estará a cargo del Ministro o de la Ministra conforme dichas instrucciones.

El Ministro o la Ministra será subrogado por el o la Subsecretaria de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y a falta de éste, por el o la Subsecretaria de Prevención del Delito, sin perjuicio de la facultad del Presidente o la Presidenta de la República de nombrar como subrogante a otro secretario o secretaria de Estado.

Cada Subsecretario o Subsecretaria será el jefe superior del Servicio en su respectiva Subsecretaría y le corresponderá desempeñar las demás funciones establecidas en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, promulgado en 2000 y publicado en 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la demás normativa aplicable. Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública la administración y servicio interno del Ministerio.

Asimismo, las Subsecretarías deberán efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro del cumplimiento de sus funciones.

Artículo 17.- Un reglamento expedido a través de este Ministerio determinará su estructura y la de las Subsecretarías, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En dicha estructura se deberán considerar las unidades funcionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del Ministerio.

Título II

De la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

Artículo 18.- La Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o la Ministra en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas relativas a la seguridad pública, la protección de las personas, el orden público, crimen organizado, mantenimiento del orden público y resguardo fronterizo, sin perjuicio del ejercicio de otras atribuciones que el Ministro o la Ministra le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquel o aquella le encargue. Asimismo, deberá ejercer aquellas funciones y atribuciones que le corresponden al Ministerio, respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Artículo 19.- Corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública:

a) Diseñar y proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, planes y programas, en las materias de su competencia; así como ejecutarlos y evaluarlos.

b) Coordinar las acciones de los Ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materias de su competencia.

c) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

d) Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función de resguardo fronterizo establecida en la letra f) del artículo 5°.

e) Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función establecida en la letra e) del artículo 5°, para lo cual deberá relacionarse con la Agencia Nacional de Inteligencia.

f) Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el control y supervigilancia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, según lo dispuesto en la letra k) del artículo 5°.

En cumplimiento de esta función, le corresponderá asesorar al Ministro o la Ministra en todas las materias que correspondan a dichas fuerzas, pudiendo ejercer directamente las atribuciones señaladas en la letra e) del artículo 6° y todas las del artículo 7°, sin perjuicio de aquellas que le corresponda directamente al Ministro o la Ministra, de conformidad a las leyes orgánicas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública u otras leyes especiales.

Asimismo, deberá supervigilar las políticas de personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias.

g) Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el ejercicio de la función de ciberseguridad que le corresponde al Ministerio, dispuesta en la letra g) del artículo 5°, de conformidad a las normas legales que regulan la materia.

h) Mantener actualizado el registro especial establecido en el Título V de la ley Nº 20.000.

i) Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia.

j) Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

k) Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

l) Implementar un Sistema Nacional de Protección Ciudadana que coordine los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para casos de emergencias de seguridad y demás que determine la ley.

m) Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Título III

Subsecretaría de Prevención del Delito

Artículo 20.- La Subsecretaría de Prevención del Delito es el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a la prevención del delito; protección de las personas; convivencia ciudadana; atención y asistencia a víctimas de delito, y rehabilitación y reinserción social de los infractores de ley, sin perjuicio de las competencias propias de otros Ministerios y servicios públicos, así como del ejercicio de las atribuciones que el Ministro o Ministra le delegue y del cumplimiento de las tareas que éste o ésta le encargue.

Para el cumplimiento de lo anterior, la Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá a su cargo la gestión de la totalidad de los planes y programas del Ministerio en relación con las materias señaladas en el inciso precedente. Asimismo, emitirá recomendaciones a todo órgano de la Administración del Estado y coordinará los planes y programas que los demás Ministerios y servicios públicos desarrollen en este ámbito. Para tal efecto, articulará las acciones que éstos ejecuten, así como las prestaciones y servicios que otorguen, de manera de propender a su debida coherencia y a la eficiencia en el uso de los recursos.

Artículo 21.- A la Subsecretaría de Prevención del Delito le corresponderá:

a) Diseñar y proponer al Ministro o a la Ministra las políticas, planes y programas, en las materias de su competencia; así como ejecutarlos y evaluarlos.

En ejercicio de esta función, le corresponderá, especialmente, asesorar y colaborar con el Ministro o a la Ministra en la elaboración, supervisión, coordinación, actualización y evaluación de la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana; y de la Política Nacional de Víctimas.

b) Coordinar las acciones de los Ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materias de su competencia.

c) Ejercer las atribuciones del Ministerio relativas a administrar y desarrollar sistemas de tratamiento de datos y elaborar estadísticas, de conformidad a lo establecido en las letras i) y j) del artículo 6°.

Asimismo, en base a dicha información y estadísticas, deberá efectuar análisis, en coordinación con los demás órganos de la Administración del Estado, sobre los desafíos y riesgos que digan relación con las competencias del Ministerio.

d) Evaluar las políticas públicas diseñadas o formuladas por el Ministerio, en materias de su competencia, según las directrices metodológicas que éste imparta. Asimismo, deberá evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios de los demás Ministerios y servicios públicos que desarrollen relacionados con materias de su competencia.

Para el ejercicio de esta función, deberá producir, sistematizar y poner a disposición información y datos, pudiendo encargar, si se estima pertinente, evaluaciones externas independientes.

e) Proveer colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales y comunales puedan identificar prioridades en materia de prevención del delito y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

f) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

g) Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en el cumplimiento de las funciones y atribuciones en materia de seguridad privada, pudiendo ejercerlas directamente, sin perjuicio de aquellas que le correspondan al Ministro o Ministra en forma directa, de conformidad a lo establecido en la ley que regula esta materia.

h) Asesorar y colaborar con el Ministro o la Ministra en lo relativo a la formulación de planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, incluyendo espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Asimismo, deberá mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

i) Emitir opinión sobre la coherencia de los planes comunales de seguridad pública con la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana y con los instrumentos de gestión y directrices emanados del Ministerio en este ámbito, dentro de los sesenta días siguientes a su aprobación, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

j) Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia.

k) Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.

l) Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, los que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.

m) Las demás funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Título IV

De los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública

Artículo 22.- A los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública les corresponderá:

a) Coordinar, en la región, su labor con las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas y los demás organismos con competencia en materias de prevención del delito y seguridad pública, estableciendo las instancias operativas y estratégicas para desarrollar esta labor.

b) Coordinar, en la región, la ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio de Seguridad Pública. Además, podrá ejecutar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en las expresiones territoriales que dicho Ministerio establezca dentro del ámbito de su competencia. En el ejercicio de esta facultad, los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública deberán velar por integrar a su gestión las capacidades de los demás actores encargados de la seguridad que tengan competencias a nivel regional, provincial y comunal, y los lineamientos que emanen del Consejo Regional de Seguridad Pública, de manera de dar cumplimiento a los principios de interoperabilidad, interagencialidad y cooperación descritos en el artículo 1° de esta ley.

c) Implementar la Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana y la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región. Para realizar esta labor, los Comisionados o Comisionadas podrán, especialmente:

i. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluidas las municipalidades, que tengan relación directa con los planes y programas de estas políticas.

ii. Evaluar el desarrollo de planes y programas ejecutados en el territorio de su competencia.

iii. Disponer la realización de estudios y encuestas que tengan relación directa con la ejecución de los planes y programas de estas políticas.

iv. Implementar medidas de prevención de la delincuencia y aquellas orientadas a disminuir la violencia y la reincidencia delictual.

d) Velar por la protección de las personas en la región y sus provincias a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público, junto con la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento.

e) Adoptar medidas tendientes a la prevención de delitos, a nivel regional y en el ámbito de sus competencias, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, de acuerdo a las directrices emanadas desde el Ministerio de Seguridad Pública o sus Subsecretarías.

f) Proveer la colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales, provinciales y comunales puedan identificar prioridades en materia de seguridad pública y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

g) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia, en conformidad a la ley.

h) Autorizar la realización de eventos, espectáculos o actividades recreativas que involucren una gran concentración de personas en espacios abiertos al público, incluyendo aquellas reguladas en la ley Nº 19.327, de conformidad a sus disposiciones. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile. Un reglamento expedido por el Ministerio de Seguridad Pública regulará las condiciones y demás normas necesarias para la entrega y denegación de dichas autorizaciones.

i) Supervigilar las actividades de seguridad y prevención que ejecuten empresas de seguridad privada, de acuerdo con los planes, programas o resoluciones que emanen del Ministerio de Seguridad Pública.

j) Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile.

k) Ejercer todas aquellas atribuciones que la ley otorga a las Secretarías Regionales Ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones.

l) En general, promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la región mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de los delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario, así como las demás funciones y atribuciones que la Constitución o las leyes le encomienden.

Artículo 23.- Los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública serán cargos de exclusiva confianza nombrados por el Presidente o Presidenta de la República en cada región, a sugerencia del Ministerio de Seguridad Pública, y deberán cumplir los siguientes requisitos, sin perjuicio de las exigencias generales para ingresar a la Administración del Estado:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio.

b) Ser mayor de 21 años de edad.

c) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.

d) No hallarse condenado por crimen o simple delito.

e) Poseer un título profesional o técnico profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado, reconocido por éste o validado en Chile de acuerdo con la legislación vigente.

f) Tener experiencia previa en materias de seguridad y prevención que demuestren la idoneidad para el cargo. La forma de acreditar los requisitos de idoneidad será determinada por el Ministerio de Seguridad Pública, mediante resolución.

Artículo 24.- El Comisionado o Comisionada cesará en su cargo en los siguientes casos, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto Administrativo:

a) Pérdida de cualquiera de los requisitos habilitantes establecidos para su desempeño en el artículo anterior o incurrir en las causales de inhabilidad descritas en los artículos 54 y 55 bis de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Aceptación de un cargo incompatible.

c) Inscripción como candidato a un cargo de elección popular.

d) Aceptación de renuncia.

e) Remoción dispuesta por el Presidente o Presidenta de la República, pudiendo el Ministerio de Seguridad Pública sugerir esa medida.

Disposiciones Finales

Artículo 25.- La Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, en adelante la “Política”, es el instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos y los análisis sobre prevención del delito que sean pertinentes.

Para la elaboración de esta Política, el Ministerio seguirá, entre otros, los principios de eficacia policial, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Asimismo, considerará, entre otras fuentes, la información, antecedentes y estadísticas que provean los Consejos Regionales y Comunales de Seguridad Pública, así como el contenido de los Planes Comunales de Seguridad Pública y la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia.

La Política será aprobada cada seis años por el Presidente o la Presidenta de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Seguridad Pública.

La dictación de la Política no obstará a la elaboración, implementación y evaluación de planes o estrategias particulares que, en estas materias, pueda sancionar cada Gobierno. Sin embargo, dichos planes o estrategias deberán ser coherentes con la Política, así como con los objetivos que determine el propio Ministerio.

Anualmente, en el mes de septiembre, el Ministro de Seguridad Pública en sesión especial, secreta y conjunta de las Comisiones de Seguridad Pública del Senado y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados deberá dar cuenta de los desafíos en las materias de la Cartera que dirige y escuchará el parecer de los miembros de ambas Comisiones.

Artículo 26.- El personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, promulgado en 2004 y publicado en 2005, del Ministerio de Hacienda, al régimen de remuneraciones del decreto ley N° 249, que fija escala única de sueldos para el personal que señala, promulgado en 1973 y publicado en 1974, del Ministerio de Hacienda y su legislación complementaria.”.

Artículo Segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales:

1. Suprímese, en el epígrafe del Título I, la frase “y Seguridad Pública”.

2. Modifícase el artículo 1º del siguiente modo:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 1º.- El Ministerio del Interior será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el ejercicio del gobierno interior, así como en asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres y catástrofes y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones que le encomiende aquél o las leyes. Asimismo, será el encargado de coordinar políticamente los distintos Ministerios, para el logro de los objetivos gubernamentales.”.

b) Suprímese el inciso segundo.

c) Reemplázase el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, por el siguiente:

“Además de las funciones que esta ley le señale, este Ministerio será el sucesor legal, sin solución de continuidad, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en todas las materias que no sean de competencia del Ministerio de Seguridad Pública.”.

3. Suprímese el artículo 2º.

4. Reemplázase el artículo 3º por el siguiente:

“Artículo 3°.- Además de las facultades ya existentes para el Ministerio del Interior en otras materias, a éste le corresponde:

a) Coordinar políticamente los distintos Ministerios, de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el Presidente o la Presidenta de la República.

b) Velar por el desarrollo regional y local del país; de acuerdo a los planes y programas aprobados por los Gobiernos Regionales.

c) Ejercer el gobierno interior del Estado.

d) Velar por la correcta ejecución de las leyes electorales.

e) Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias en materia migratoria, así como supervigilar, formular, implementar y supervisar políticas, planes y programas relativos a migración, velando por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Chile y que se encuentren vigentes en estas materias, así como de protección de refugiados, sin perjuicio de los derechos, obligaciones y atribuciones del Servicio Nacional de Migraciones en estas materias.

f) Proponer las normas sobre división política y administrativa del país y la fijación de los distintos límites territoriales y husos horarios aplicables en el territorio nacional.

g) Controlar el funcionamiento del Diario Oficial y asegurar el cumplimiento de sus fines y objetivos, pudiendo dictar los reglamentos necesarios para su funcionamiento.

h) Conducir las relaciones con el Congreso Nacional que no correspondan a otros Ministerios.

i) Coordinar la prevención y respuesta frente a desastres y emergencias.

j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de su competencia.

k) Administrar la Red de Conectividad del Estado.

l) Autorizar la realización de colectas, rifas y sorteos en el territorio nacional.

m) Ejecutar las disposiciones del decreto ley N° 799, de 1974, del Ministerio del Interior, sobre uso y circulación de vehículos estatales.

n) Coordinar con el Ministerio de Bienes Nacionales la disposición de los bienes municipales.

ñ) Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.”.

5. Suprímense los artículos 4º, 5º y 6º.

6. Reemplázase el artículo 7º, por el siguiente:

“Artículo 7º.- En el ejercicio de sus atribuciones, el Ministro o la Ministra del Interior contará con la colaboración inmediata de la Subsecretaría del Interior y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Los jefes o las jefas superiores de estas Subsecretarías serán los o las Subsecretarios o Subsecretarias del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo, respectivamente.

El Ministro o la Ministra será subrogado o subrogada por el Subsecretario o la Subsecretaria del Interior y, a falta de éste o ésta, por el o la de Desarrollo Regional y Administrativo, sin perjuicio de la facultad del Presidente o Presidenta de la República para nombrar como subrogante a otro Secretario o Secretaria de Estado.”.

7. Modifícase el inciso primero del artículo 8º del siguiente modo:

a) Reemplázase la coma entre la palabra “Interior” y la expresión “de Desarrollo Regional”, por la conjunción “y”.

b) Reemplázase la expresión “y de Prevención del Delito” por una coma.

8. Modifícase el artículo 9° del siguiente modo:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 9º.- Corresponderá a la Subsecretaría del Interior ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relativas a gobierno interior, coordinación territorial del gobierno, migración y extranjería, desastres y emergencias y las demás tareas que aquél o aquella le encomiende, así como las que la ley determine.”.

b) Suprímense los incisos segundo y tercero.

9. Suprímese el artículo 10.

10. Elimínase el artículo 11.

11. Elimínase el Párrafo 2º del Título II y los artículos 12 y 13, que lo integran.

12. Elimínase el Título III y los artículos 14, 15 y 16, que lo integran.

13. Modifícase el artículo 17, de la siguiente forma:

a) Elimínase, en su inciso primero, la frase “y Seguridad Pública”.

b) Modifícase su inciso segundo del siguiente modo:

i. Sustitúyese la expresión “; por los funcionarios de las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones que pasen a integrarla conforme a las reglas establecidas en esta ley;”, por la voz “y”.

ii. Elimínase el siguiente texto: “, y por el personal de las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública destinado a prestar servicios a requerimiento del Ministro del Interior y Seguridad Pública o del Subsecretario del Interior”.

c) Suprímese su inciso tercero.

14. Elimínase, en el inciso primero del artículo 18, la expresión “y Seguridad Pública”.

15. Modifícase el inciso segundo del artículo 19 del modo que indica:

a) En el literal b):

i. Reemplázase, la expresión “Ministro del Interior y Seguridad Pública” por “Ministro o la Ministra de Seguridad Pública”.

ii. Introdúcese entre la voz “Subsecretario” y la expresión “de Prevención del Delito”, lo siguiente: “o la Subsecretaria”.

b) Elimínase, en el literal f), la expresión “y Seguridad Pública”.

Artículo Tercero.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, del Ministerio del Interior, que organiza las Secretarías del Estado, de la siguiente manera:

1. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el inciso primero del artículo 1°:

a) Elimínase, en el numeral 1°, la expresión “y Seguridad Pública”.

b) Intercálase el siguiente numeral 5°, nuevo, pasando el actual numeral 5° a ser numeral 6° y así sucesivamente hasta llegar al numeral 25°:

“5° Seguridad Pública;”.

2. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 3º:

a) Suprímese, en su encabezamiento, la expresión “y Seguridad Pública”.

b) En la letra a):

i. Suprímese, en su párrafo primero, la frase “y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos”.

ii. Elimínase, en el encabezamiento de su párrafo segundo, la expresión “y Seguridad Pública”.

Artículo Cuarto.- Intercálase, en el inciso segundo del artículo 6° de la ley N° 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica, la siguiente letra d), nueva, ajustando las demás letras en el orden correlativo:

“d) El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública.”.

Artículo Quinto.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional del siguiente modo:

1. Reemplázase el inciso primero del artículo 1°, por el siguiente:

“Artículo 1°.- El gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial regional, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en su cargo mientras cuente con su confianza. El delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y las instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior.”.

2. Modifícase el inciso primero del artículo 2° de la siguiente manera:

a) Elimínase el literal b).

b) Reemplázase el literal c) por el siguiente:

“c) Solicitar al Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectivo el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia cuando, a juicio del delegado presidencial regional o provincial, sea necesario para el ejercicio de sus funciones;”.

c) Reemplázase, en el literal o), la expresión “, y” por un punto y coma.

d) Sustitúyese, en el literal p), el punto final por un punto y coma.

e) Agréganse los siguientes literales q), r) y s), nuevos:

“q) Ejercer la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales que no importen un riesgo para la seguridad pública;

r) Proponer la remoción del Comisionado o Comisionada de Seguridad del territorio, y

s) Ejercer las funciones que la ley le entrega al Ministerio del Interior en el territorio de la región, conforme a las instrucciones que emanen del Ministerio.”.

3. Modifícase el inciso segundo del artículo 4° del siguiente modo:

a) Reemplázase, en el literal a), la frase “, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes” por “en la provincia”.

b) Elimínanse los literales c) y d).

4. Incorpórase, en el artículo 61, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, el Ministerio de Seguridad Pública se desconcentrará territorialmente mediante los Comisionados o Comisionadas de Seguridad Pública. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del Delegado o Delegada Presidencial en la coordinación, supervigilancia y fiscalización, según corresponda, de los servicios públicos que integran el Sistema establecido en el artículo 2° de la Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 bis de la Carta Fundamental, dentro de la región.”.

Artículo Sexto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 21.325, de Migración y Extranjería:

1. Suprímese, en el numeral 12 del artículo 1º, la expresión “y Seguridad Pública”.

2. Suprímese, en el inciso primero del artículo 156, la expresión “y Seguridad Pública”.

Artículo Séptimo.- Modifícase, el inciso primero del artículo 1º del decreto ley Nº 844, de 1975, del Ministerio de Defensa Nacional, que crea el Departamento de Previsión de Carabineros, del siguiente modo:

1. Reemplázase la expresión “del Interior y”, por la preposición “de”.

2. Reemplázase la locución “Subsecretaría del Interior” por “Subsecretaría de Seguridad Pública”.

Artículo Octavo.- Sustitúyese, en el artículo 7º de la ley Nº 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la frase “del Interior” por “de Seguridad Pública”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

2. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

3. Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, promulgado en 2004 y publicado en 2005, del Ministerio de Hacienda.

Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de las asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

4. Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que corresponda desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En el o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Fijar la fecha en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus Subsecretarías, la que no podrá ser superior a seis meses desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6. Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley, la que no podrá ser superior a seis meses desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.

7. Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, promulgado en 2004 y publicado en 2005, del Ministerio de Hacienda.

El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta y contrata. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta y contrata. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d) El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

e) Traspasar los bienes que determine, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública al Ministerio de Seguridad Pública y, en especial, desde las actuales Subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito a las Subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

Artículo segundo.- El Ministerio de Seguridad Pública será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero. Lo dicho en este artículo será aplicable también a la Subsecretaría de Seguridad Pública respecto de la Subsecretaría del Interior.

Artículo tercero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare, será con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas Leyes de Presupuestos del Sector Público.

Artículo cuarto.- Los funcionarios y funcionarias de planta y a contrata del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrán conservar su afiliación a las asociaciones de funcionarios del señalado Servicio. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Seguridad Pública haya constituido su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados desde la fecha de entrada en funciones de la Secretaría de Estado antes señalada, cesará por el sólo ministerio de la ley, su afiliación a las asociaciones de funcionarios de la institución de origen.

Artículo quinto.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Ministerio de Seguridad Pública, todos sus funcionarios y funcionarias podrán afiliarse o continuar afiliados al Servicio de Bienestar del Ministerio del Interior.

Artículo sexto.- A partir de la publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá designar al Ministro de Seguridad Pública, al Subsecretario de Seguridad Pública, y al Subsecretario de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública, la remuneración de las autoridades antes señaladas serán equivalentes a las del Ministro del Interior, las del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Prevención del Delito, respectivamente, se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior.

El Ministro y los Subsecretarios designados conforme al inciso anterior deberán proponer un cronograma de instalación del Ministerio de Seguridad Pública y, en general, realizar cualquier trámite ante organismos públicos y privados que le permitan al Ministerio y sus Subsecretarías estar plenamente operativos a la fecha de inicio de sus funciones.

Artículo séptimo.- Los reglamentos a los que hace referencia esta ley deberán ser dictados o modificados dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 2° de esta ley.

Artículo octavo.- Toda mención que se haga en leyes, reglamentos u otras normas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sus Subsecretarías y reparticiones en materias, atribuciones, competencias o facultades que de acuerdo con esta ley se radiquen en el Ministerio de Seguridad Pública, y sus Subsecretarías o Reparticiones, se entenderán transferidas a éste en su condición de sucesor legal.

Artículo noveno.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que incluye las Subsecretarías de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y de Prevención del Delito, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo décimo.- Dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley el Ministerio de Seguridad Pública presentará una iniciativa legal que regulará la orgánica, componentes y el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Ciudadana mencionado en la letra l del artículo 19 de la presente ley. El Sistema Nacional de Protección Ciudadana deberá operar bajo los principios de interoperabilidad, interagencialidad e integrar las capacidades de los organismos públicos y privados en materia de seguridad pública. El Sistema tendrá una expresión nacional y regional, esta última a cargo del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública.”.

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Hago presente a Su Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado en general con el voto favorable 36 senadores de un total de 43 en ejercicio.

En particular, los artículos 1°, 2°, 4°, 22 y 23, contenidos en el Artículo Primero; los números 1 y 2 del Artículo Segundo, y los Artículos Tercero, Cuarto y Quinto, permanentes, fueron aprobados 38 por votos a favor de un total de 50 senadores en ejercicio, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Por su parte, las letras j) y k) del artículo 7° contenido en el Artículo Primero permanente, también, fueron aprobadas por 38 senadores de un total de 50 senadores en ejercicio, por tratarse de disposiciones con carácter de ley de quórum calificado.

En todos los casos, dándose así cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JUAN ANTONIO COLOMA CORREA

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE CREA MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (BOLETÍN Nº 14.614-07).

Santiago, 13 de octubre de 2023.

Nº 189-371/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO PRIMERO

1) Para modificar su artículo 1° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana” por la expresión “orden público y la prevención del delito”.

b) Elimínase, en su inciso segundo, la frase “reinserción social, rehabilitación, así como en”.

c) Modifícase su inciso tercero en el siguiente sentido:

i) Intercálase, entre la frase “los principios de” y la palabra “interagencialidad”, la expresión “interinstitucionalidad,”.

ii) Intercálase, entre la expresión “coherencia” y la expresión “intersectorial”, la expresión “interinstitucional e”.

2) Para reemplazar su artículo 2° por el siguiente:

“Artículo 2°.- Existirá un Sistema de Seguridad Pública que tendrá por objeto asegurar la coordinación y cooperación entre instituciones con competencia en el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, la protección de las personas, el orden público, la prevención del delito y la atención y asistencia a víctimas.

El Sistema se articulará y coordinará a través de los Consejos Nacionales, Regionales y Comunales establecidos en el Párrafo III de la presente ley, así como de otros ámbitos territoriales que puedan definirse, tanto a nivel macrozonal, regional, provincial o local. Las autoridades de la administración del Estado que integren el Sistema propenderán a la coordinación y planificación, pudiendo adoptar protocolos interinstitucionales, acciones colaborativas y estrategias conjuntas o con otras instituciones, con el propósito de lograr un funcionamiento interoperable, interinstitucional, interagenciable y cooperativo.

El Sistema funcionará a través del control y supervisión de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de la coordinación de las instituciones de la Administración del Estado y de la colaboración con el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales y Municipalidades, y otras instituciones autónomas.

El Ministerio de Seguridad Pública articulará, mediante las acciones de colaboración, coordinación y control, las políticas, planes, programas y otros instrumentos relativos a los ámbitos señalados en el artículo 1° y velará por la acción coordinada de las instituciones que formen parte del sistema, en la esfera de sus respectivas competencias.

El funcionamiento del Sistema se regirá por un reglamento, que dictará el Ministerio de Seguridad Pública el cual determinará las demás formas de organización necesarias para su correcto funcionamiento.”.

3) Para modificar su artículo 4° en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso primero en el siguiente sentido:

i) Elimínase la expresión “convivencia ciudadana,”.

ii) Elimínase la expresión “rehabilitación y reinserción social,”.

b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “dichos ámbitos”, por la frase “y fiscalizar las actividades del respectivo sector”.

ii) Elimínase la frase “Además, cuando se trate de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y servicios públicos se podrá pronunciar, en las materias de su competencia, sobre su seguimiento e implementación.”.

c) Modifícase su inciso tercero en el siguiente sentido:

i) Intercálase, entre la palabra “objetivos” y la coma que le sigue, la expresión “y en materias de su competencia”.

ii) Intercálase, entre la palabra “poder” y el punto final que le sigue, la frase “, sin perjuicio de las normas que regulen la reserva o secreto de la información que se trate”.

4) Para modificar su artículo 5° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el literal a) por el siguiente:

“a) Velar por el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito.”.

b) Eliminase el literal b), readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes.

c) Elimínase el actual literal d), readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes.

d) Reemplázase, en el literal f), que ha pasado a ser literal d), la frase “Ejecutar, a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las acciones tendientes” por la frase “Controlar las acciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tendientes”.

e) Reemplázase, en el actual literal g), que ha pasado a ser literal e), la frase “Adoptar y ejecutar medidas de ciberseguridad tendientes a” por la frase “Diseñar y aprobar políticas, planes y programas en materia de ciberseguridad que tengan como objetivo”.

f) Modifícase el actual literal h), que ha pasado a ser literal f), en el siguiente sentido:

i) Reemplázase, la expresión “Adoptar y ejecutar” por la expresión “Coordinar”.

ii) Elimínase la frase “así como la reinserción social y la rehabilitación de quienes infrinjan la ley o el orden público,”.

g) Reemplázase el actual literal i), que ha pasado a ser literal g), por el siguiente:

“g) Diseñar y aprobar políticas, planes, programas y proponer normas en materia de seguridad privada, tendientes a que las personas naturales y jurídicas que proveen servicios de seguridad privada cumplan su rol coadyuvante de la seguridad pública.”.

h) Modifícase el actual literal k), que ha pasado a ser literal i), en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la palabra “supervigilar” por la palabra “supervisar”.

ii) Agrégase, a continuación del punto final, la frase “El referido control financiero se ejercerá sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado.”.

i) Agrégase el siguiente literal j), nuevo, readecuándose el orden correlativo del literal siguiente:

“j) Coordinar, de conformidad con la ley, la implementación de medidas de administración de bienes decomisados, aquellos sujeto a una medida cuya finalidad sea asegurar el comiso, los que no han sido reclamados por sus dueños en un proceso penal o aquellos bienes incautados en procedimientos administrativos relativos a seguridad pública. Una ley regulará la administración de estos bienes y determinará las instituciones a cargo de dicha administración.”.

j) Agrégase el siguiente literal k), nuevo, readecuándose el orden correlativo del literal siguiente:

“k) Promover el desarrollo y producción de información, estudios, evaluaciones y análisis estratégicos que favorezcan el diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencia y la gestión de información agregada sobre las materias de su competencia. Para tal efecto, la unidad que ejecute esta función dependerá del Ministro o Ministra de Seguridad Pública.”.

k) Agrégase el siguiente literal l), nuevo, readecuándose el orden correlativo del literal siguiente:

“l) Implementar un Sistema Nacional de Protección Ciudadana que coordine los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para casos de emergencias de seguridad y demás que determine la ley.”.

l) Agrégase el siguiente literal m), nuevo, readecuándose el orden correlativo del literal siguiente:

“m) Sancionar el Plan Anual de Fiscalización de Armas de Fuego establecido en el artículo 20 B de la ley Nº 17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional, y supervisar su correcta implementación, en el ámbito de sus competencias.”.

5) Para modificar su artículo 6° en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el literal b) por el siguiente:

“b) Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, la Política Nacional de Seguridad Pública, la que deberá incluir expresamente una estrategia de prevención del delito, la protección y atención de víctimas y las medidas de combate y prevención del crimen organizado y las conductas terroristas, entre otras, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.”.

b) Reemplázase el literal c) por el siguiente:

“c) Velar por la coherencia de planes y programas que los demás Ministerios y servicios públicos desarrollen relacionados a prevención del delito, para lo cual podrá establecer instancias de coordinación interministerial e interinstitucional, en las materias de su competencia.”.

c) Reemplazáse el literal d) por el siguiente:

“d) Evaluar políticas, planes y programas diseñados o formulados por el Ministerio en materias de prevención del delito según las directrices metodológicas que éste imparta; mantener un diagnóstico de indicadores de seguridad pública y prevención del delito, y promover su incorporación en la planificación del desarrollo social y económico, y en la Administración del Estado.”.

d) Reemplázase, en el actual literal g), que ha pasado a ser literal e), la palabra “mantener” por la frase “administrar y actualizar”.

e) Agréganse, en el actual literal i), que ha pasado a ser literal g), los siguientes párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos:

“Para el cumplimiento de sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública podrá acceder a los datos relativos a prevención del delito, seguridad pública, control de orden público, persecución del delito, control y autorización de uso de armas, y rehabilitación, que mantengan los organismos de la administración del Estado con competencias en dichas materias.

Un reglamento deberá regular el procedimiento para la transferencia de la información descrita en el párrafo anterior, respetando los principios establecidos en la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y en la ley N° 21.180 sobre transformación digital del Estado.

Para los efectos de acceder a los datos relativos a prevención del delito, seguridad pública, control de orden público, persecución del delito, control y autorización de uso de armas, y rehabilitación, el Ministerio podrá celebrar convenios con órganos del Estado con competencias en materias de administración de justicia y persecución del delito.

La información sobre seguridad pública se utilizará como insumo de análisis para la elaboración y seguimiento de la Política Nacional de Seguridad Pública, sus planes y programas, y deberá tener luego de su tratamiento, el carácter de interoperable y de libre acceso a los órganos públicos que forman parte del Sistema de Seguridad Pública.”.

f) Reemplázase, en el actual literal k), que ha pasado a ser literal i), la expresión “sobre seguridad pública, convivencia ciudadana, protección de las personas y las demás” por la palabra “en”.

g) Sustitúyese el actual literal n), que ha pasado a ser literal l), por el siguiente:

“l) Coordinar y evaluar, en conjunto con los demás organismos con competencia en la materia, la ejecución de planes y programas de asistencia y atención a víctimas y protección de las personas.”.

h) Agrégase el siguiente literal m), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

“m) Coordinar la implementación de las políticas, planes y programas del Ministerio, en cumplimiento de los principios de interoperabilidad, interinstitucionalidad, interagencialidad y cooperación descritos en el artículo 1° de la presente ley. En el ejercicio de esta facultad, deberá articular estos con los demás organismos integrantes del Sistema de Seguridad Pública, y considerar los lineamientos que emanen de los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y Prevención del Delito.”.

i) Intercálase, en el actual literal p), que ha pasado a ser literal o), entre las expresiones “ley,” y “en materia”, la frase “respecto de las actividades que se desarrollen”.

j) Intercálanse los literales q) y r), nuevos, readecuándose el orden correlativo del literal siguiente:

“q) Promover, incentivar y facilitar el manejo interoperable de la información relativa a prevención, investigación, persecución penal, justicia penal, y reinserción social y rehabilitación, entre las instituciones con competencia en estas materias, y, especialmente, entre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Para el cumplimiento de esta atribución, el Ministerio podrá proponer o, cuando corresponda, suscribir protocolos interinstitucionales.

r) Colaborar y prestar asesoría técnica a las autoridades regionales y comunales, de modo de que puedan identificar prioridades en materia de prevención del delito, en el ámbito de sus competencias, y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.”.

6) Para modificar su artículo 7° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el encabezado, la palabra “Ministerio” por la expresión “Ministro o Ministra de Seguridad Pública”.

b) Intercálase, en el literal a), entre la frase “Altos Mandos” y la coma que le sigue, la frase “de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.

c) Reemplázase, en el literal c), la palabra “Supervigilar” por la expresión “Supervisar y evaluar”.

d) Intercálase el siguiente literal d), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

“d) Convocar a los Altos Mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para requerir información y coordinar acciones estratégicas que faciliten un correcto funcionamiento de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.”.

e) Reemplázase, en el actual literal d), que ha pasado a ser literal e), la expresión “Diseñar, junto a los Altos Mandos,” por la expresión “Supervisar la adopción de”.

f) Agrégase, en el actual literal e), que ha pasado a ser literal f), a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente:

“Para estos efectos solicitará anualmente la información de las cuentas públicas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tanto a nivel nacional, regional y local, cuando corresponda, y desagregada de acuerdo con los lineamientos que determine el Ministerio.”.

g) Modifícase el actual literal f), que ha pasado a ser literal g), en el siguiente sentido:

i)Reemplázase la expresión “trimestralmente” por la expresión” semestralmente”.

ii) Intercálase, entre las expresiones “su estado” e “y gestión financiera” la expresión “, estadísticas”.

iii) Agrégase el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Las contrataciones que realicen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública mediante proceso licitatorio o de trato directo, que excedan las 1.000 unidades tributarias mensuales, y las donaciones o transferencias de recursos que reciban, productos de convenios que celebren con otros organismos del Estado o privados, que superen ese mismo monto, deberán contar con un certificado de pertinencia de la respectiva contratación, donación o transferencia de recursos, con los planes estratégicos de desarrollo policial. El referido certificado deberá ser emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, a solicitud de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Un reglamento dictado por el Ministerio de Seguridad Pública regulará el procedimiento de solicitud y expedición del certificado de pertinencia, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre administración financiera del Estado.”.

h) Elimínase, en el párrafo cuarto del actual literal h), que ha pasado a ser literal i), la frase “Asimismo, deberá aprobar los planes y programas de estudio y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los perfiles de ingreso y egreso de los postulantes y del cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas, así como supervigilar su cumplimiento.”.

i) Reemplázase, en el actual literal i), que ha pasado a ser literal j), la palabra “Supervigilar” por la palabra “Aprobar”.

j) Reemplázase, en el actual literal j), que ha pasado a ser literal k), la frase “Ordenar, en conformidad a la ley orgánica respectiva,” por “Ordenar al jefe superior de la Fuerza de Orden y Seguridad Pública que corresponda,”.

k) Agréganse los siguientes literales m), n) y o), nuevos, readecuándose el orden correlativo del numeral siguiente:

“m) Supervisar, evaluar y disponer, cuando corresponda, las medidas pertinentes para que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública desarrollen su funcionamiento operativo y administrativo con respeto a la ley, con enfoque de derechos, de género, y respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

n) Definir y evaluar, a través de la Subsecretaría respectiva, las medidas orientadas a la prevención, control de los delitos y aquellas que permitan una adecuada respuesta policial a las infracciones de la ley penal, pudiendo solicitar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a cualquier otro organismo público, informes sobre planes, medidas, distribución del personal o cualquier otra información que considere conducente y necesaria para dar cumplimiento a esta función, incluyendo aquella con carácter de reservada, cuando corresponda.

o) Gestionar los asuntos y procesos administrativos que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública requieran para el cumplimiento de sus funciones y que sean de su competencia.”.

7) Para modificar el inciso primero de su artículo 8° en el siguiente sentido:

a) Elimínanse las expresiones “convivencia ciudadana,” y “, rehabilitación y reinserción social”.

b) Reemplázase la frase “Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana” por la expresión “Política Nacional de Seguridad Pública”.

8) Para reemplazar su artículo 9° por el siguiente:

“Artículo 9º.- Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública y un Consejo Nacional de Prevención del Delito, presididos por el Ministro o Ministra de Seguridad Pública, los que tendrán por objeto asesorar al Ministro o Ministra de Seguridad Pública en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública.

Los Consejos constituirán una instancia de coordinación y colaboración del Sistema establecido en el artículo 2°, y propenderán al fortalecimiento de las acciones que se desarrollen en el marco de las políticas públicas sobre materias propias de competencia del Ministerio, en virtud de lo cual podrá realizar propuestas técnicas y de acción mancomunada.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública será integrado por el Ministro o Ministra de las siguientes carteras de Estado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; el o la Subsecretaria del Interior; el o la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo; el o la Subsecretaria de Prevención del Delito; un o una representante de la Corte Suprema designado por ésta; el Presidente o la Presidenta de las Comisiones encargadas de temas de seguridad del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados; el o la Fiscal Nacional del Ministerio Público; el Defensor o la Defensora Nacional Penal Pública; el o la General Director de Carabineros de Chile; el Director o la Directora General de la Policía de Investigaciones de Chile; el Director o la Directora General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; el Director o la Directora General de Aeronáutica Civil; y el Director o la Directora Nacional de los siguientes organismos: Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas y Gendarmería de Chile.

El o la Subsecretaria de Seguridad Pública actuará como Secretario o Secretaria de este Consejo.

El Consejo Nacional de Prevención del Delito será integrado por el Ministro o Ministra de las siguientes Carteras de Estado: Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; el o la Subsecretaria de Interior; el o la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo; el o la Subsecretaria de Seguridad Pública; el Presidente o la Presidenta de las Comisiones encargadas de temas de seguridad del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados; el o la General Director de Carabineros de Chile; el Director o la Directora General de la Policía de Investigaciones de Chile; el Director o la Directora General de Aeronáutica Civil; el Director o la Directora de los siguientes organismos: Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; el Presidente o Presidenta de la asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales, de mayor representatividad; y el Presidente o la Presidenta de la asociación de Municipalidades, de mayor representatividad.

El o la Subsecretaria de Prevención del Delito actuará como Secretario o Secretaria de este Consejo.

Los Consejos podrán disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos, autoridades nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones.

En su primera sesión, la Secretaría de cada Consejo propondrá las normas de funcionamiento interno, su estructura, formas de convocatoria, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento de los Consejos.”.

9) Para reemplazar, en su artículo 10, la palabra “El” por la palabra “Cada”.

10) Para modificar el inciso primero de su artículo 11 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la palabra “al” por la expresión “a cada”.

b) Intercálase, entre la expresión “pública” y el punto que le sigue, la expresión “y prevención del delito, respectivamente”.

11) Para reemplazar su artículo 12 por el siguiente:

“Artículo 12.- Existirá un Comité Nacional de Seguridad Pública y un Comité Nacional de Prevención del Delito, los que tendrán por objeto efectuar el seguimiento y monitoreo de las medidas contempladas en la Política Nacional de Seguridad Pública que sean de su competencia, y podrá emitir opinión sobre su implementación y sobre la ejecución de los proyectos y acciones que se desarrollen en el marco del referido instrumento.

El Comité Nacional de Seguridad Pública será presidido por el o la Subsecretaria de Seguridad Pública y ésta determinará su integración entre quienes integren el Consejo Nacional respectivo, y sus normas de funcionamiento.

El Comité Nacional de Prevención del Delito será presidido por el o la Subsecretaria de Prevención del Delito y ésta determinará su integración entre quienes integren el Consejo Nacional respectivo, y sus normas de funcionamiento.

Anualmente cada Comité deberá rendir cuenta de los avances en la implementación de los planes respectivos, de los desafíos y dificultades de cooperación y coordinación en su implementación y de las modificaciones adoptadas o propuestas a los planes, en razón de dicho diagnóstico, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública o el Consejo Nacional de Prevención del Delito, según corresponda.”.

12) Para reemplazar su artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13.- En cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito, el que tendrá por objeto asesorar al Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Pública, en los diversos niveles establecidos en el artículo 2°, debiendo considerar los planes comunales de seguridad pública.

El Consejo constituirá una instancia de coordinación y colaboración del Sistema establecido en el artículo 2°, y propenderá al fortalecimiento de las acciones que se desarrollen en el marco de las políticas públicas sobre materias propias de competencia del Ministerio, en virtud de lo cual podrá realizar propuestas técnicas y de acción mancomunada. Por intermedio del Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública respectiva, deberá mantener una permanente comunicación con los consejos comunales de seguridad pública de la región y el resto de los integrantes del Sistema y considerar la información, antecedentes y estadísticas que estos consejos les provean.

Será presidido por el Delegado o Delegada Presidencial Regional. El Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública tendrá el rol de secretario ejecutivo del Consejo, el que será integrado por:

1. El gobernador o la gobernadora regional y un consejero o consejera regional de la Comisión de Seguridad del Consejo.

2. Los alcaldes o las alcaldesas de los municipios de la región.

3. Un o una representante del Ministerio de Defensa Nacional.

4. Los Secretarios o Secretarias Regionales Ministeriales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente.

5. Un o una representante de la Corte de Apelaciones respectiva, designado por ésta.

6. El o la Fiscal Regional del Ministerio Público.

7. El Defensor o la Defensora Regional de la Defensoría Penal Pública.

8. El Jefe de Zona de Carabineros de Chile o los Jefes de Zona, en su caso.

9. El Jefe de Región Policial de la Policía de Investigaciones de Chile con competencia sobre la región.

10. Los Directores o Directoras Regionales de Gendarmería de Chile, del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

11. La autoridad marítima regional, cuando corresponda.

12. Un representante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando corresponda.

En consideración a la situación particular de la región, el Delegado Presidencial Regional podrá proponer al Ministro o Ministra de Seguridad Pública que, además, exista un Consejo Regional de Prevención del Delito, con los integrantes enumerados en el inciso anterior que corresponda, constituyéndose en la instancia regional de coordinación y colaboración en materias de prevención del delito.

Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo podrá disponer la participación con derecho a voz de otras autoridades regionales, funcionarios públicos o representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez por semestre. Asimismo, una vez al año deberá oír a representantes de la sociedad civil.

En el reglamento mencionado en el inciso final del artículo 2° se determinará la convocatoria, quórum, forma en que se oirá a los representantes de la sociedad civil y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para el adecuado funcionamiento de los Consejos Regionales.

Existirán dos instancias ejecutivas, denominadas “Comité Ejecutivo de Prevención del Delito” y “Comité Ejecutivo de Seguridad Pública”, dirigidos por el comisionado o comisionada de seguridad pública e integrados además por el delegado o delegada presidencial regional, el delegado o delegada provincial, el gobernador o la gobernadora regional, así como los representantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y del Ministerio Público.

A estos Comités les corresponderá efectuar el seguimiento y monitoreo de las medidas contempladas en la Política Nacional de Seguridad Pública a nivel regional y en las materias de su competencia, y podrán emitir opinión sobre su implementación y la ejecución de los proyectos y acciones que se desarrollen en el marco del referido instrumento. Para ello podrá:

a) Constituir una instancia de coordinación entre las delegaciones presidenciales regionales y provinciales y el gobierno regional, con el objeto de asegurar la coherencia entre las medidas adoptadas en la región y la Política Nacional de Seguridad Pública.

En cumplimiento de esta función, los integrantes de este Comité deberán trabajar conjuntamente con el objeto de evitar duplicidad de acciones y propender a un eficiente y eficaz uso de los recursos.

b) Proponer al Consejo estrategias en materia de prevención del delito y de atención y asistencia a víctimas a nivel regional, en coherencia con la Política Nacional de Seguridad Pública.

c) Proponer al Consejo medidas de implementación tendientes a enfrentar cualquier contingencia, dentro de la esfera de sus respectivas competencias y en coherencia con la Política Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, en el marco de la disponibilidad presupuestaria y respetando en todo momento la autonomía del Ministerio Público, así como la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad respecto del Ministerio de Seguridad Pública.

Además, para el adecuado ejercicio de sus funciones, el Comité podrá contar con la colaboración de las otras instituciones representadas en el Consejo, actuando todos los organismos de manera concertada en el ámbito de sus respectivas competencias.

El comisionado o comisionada de seguridad pública deberá convocar a cada Comité en forma ordinaria a lo menos trimestralmente y, en forma extraordinaria, cada vez que sea necesario.”.

13) Para eliminar, en su artículo 15, las expresiones “y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública,” e “y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.

14) Para modificar su artículo 16 en el siguiente sentido:

a) Elimínase, en el inciso segundo, la expresión “y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública” por la expresión “Prevención del Delito”.

15) Para reemplazar su artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- Un reglamento expedido a través de este Ministerio, dictado en conformidad a lo establecido en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con sujeción a la planta y a la dotación máxima, determinará su organización interna, y las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones del Ministerio.

Para atender los asuntos de naturaleza administrativa referidos a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública señalados en el inciso precedente, así como las labores de control y evaluación a las que alude el artículo 7°, la Subsecretaría de Seguridad Pública dispondrá de una o más divisiones para relacionarse con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, que deberán contar con los recursos humanos y financieros necesarios, sin perjuicio de las demás funciones que se les encomiende en virtud de ésta u otras leyes o reglamentos.”.

16) Para eliminar, en la denominación de su Título II, la expresión “y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.

17) Para modificar su artículo 18 en el siguiente sentido:

a) Elimínase la expresión “y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.

b) Reemplázase la expresión “deberá” por la expresión “será el organismo de colaboración encargado de”.

c) Intercálase, entre la expresión “respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública” y el punto que le sigue, la expresión “, en materias de su competencia”.

d) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para el cumplimiento de lo anterior, la Subsecretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo la gestión de la totalidad de los planes y programas del Ministerio en relación con las materias señaladas en el inciso precedente. Asimismo, le corresponderá la coordinación de las acciones que los organismos de la Administración del Estado desarrollen en este ámbito, de manera de propender a su debida coherencia y a la eficiencia en el uso de los recursos.”.

18) Para modificar su artículo 19 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el literal a), la expresión “evaluarlos” por la frase “someter a aprobación del Ministro o Ministra su evaluación”.

b) Reemplázase el literal e) por el siguiente:

“e) Asesorar y colaborar con el Ministro o Ministra en la formulación, diseño y evaluación de las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas, debiendo para ello coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia, y someter a aprobación del Ministro o Ministra su evaluación.”.

c) Modifícase el literal f) en el siguiente sentido:

i) Reemplázase, en el párrafo primero, la palabra “supervigilancia” por “supervisión”.

ii) Agrégase el siguiente párrafo segundo, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los párrafos siguientes:

“Para atender los asuntos de naturaleza administrativa referidos a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública señalados en el inciso primero, así como las labores de control y evaluación, la Subsecretaría de Seguridad Pública dispondrá de la estructura determinada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.”.

iii) Reemplázase, en el actual párrafo segundo, que ha pasado a ser párrafo tercero, la frase “todas las del artículo 7°,” por la frase “las del artículo 7°, con excepción de las señaladas en las letras a), b), c) y d), y”.

d) Reemplázase el literal l) por el siguiente:

“l) Cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal, considerando su autonomía y atribuciones.”.

e) Incorpórase el siguiente literal m), nuevo, readecuándose el orden correlativo del literal siguiente:

“m) Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, mediante la coordinación interinstitucional, la gestión eficiente de los recursos y la colaboración entre los distintos niveles territoriales, para el logro de los objetivos.”.

f) Agréganse los siguientes literales n) y o), nuevos, readecuándose el orden correlativo del literal siguiente:

“n) Asesorar y colaborar con el Ministro o Ministra, en coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la elaboración, implementación, supervisión, coordinación, actualización y evaluación de la Política Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias, debiendo coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia.

o) Administrar y desarrollar sistemas de tratamiento de datos y elaborar estadísticas, de conformidad a lo establecido en el artículo 6°, en el ámbito de sus competencias.

Asimismo, en base a dicha información y estadísticas, deberá efectuar análisis, en coordinación con los demás órganos de la Administración del Estado, sobre los desafíos y riesgos que digan relación con las competencias del Ministerio.”.

19) Para modificar el artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “la prevención del delito; protección de las personas; convivencia ciudadana; atención y asistencia a víctimas de delito, y rehabilitación y reinserción social de los infractores de ley” por la frase “reducir el riesgo de hechos violentos o delictivos, así como a la anticipación, reconocimiento y medición del surgimiento y desarrollo de violencia y factores de riesgo, tanto delictivos, sociales, comunitarios y territoriales, la protección de las personas y la atención y asistencia a víctimas de delito, y a evitar o disminuir los efectos dañinos de estos hechos, incluyendo el temor a ser víctima de éstos”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “Asimismo, emitirá recomendaciones a todo órgano de la Administración del Estado y coordinará los planes y programas que los demás Ministerios y servicios públicos desarrollen en este ámbito. Para tal efecto, articulará las acciones que éstos ejecuten, así como las prestaciones y servicios que otorguen, de manera de propender a su debida coherencia y a la eficiencia en el uso de los recursos” por “Asimismo, emitirá solicitudes a todo órgano de la Administración del Estado y velará por la coherencia de planes y programas que los demás Ministerios desarrollen en este ámbito, para lo cual podrá establecer instancias de coordinación interministerial e interinstitucional, en las materias de su competencia”.

20) Para modificar el artículo 21 en el siguiente sentido:

a) Modifícase su literal a) en el siguiente sentido:

i) Reemplázase, en su párrafo primero, la expresión “evaluarlos” por la expresión “someter a aprobación del Ministro o Ministra su evaluación”.

ii) Modifícase su párrafo segundo en el siguiente sentido:

- Intercálese, entre la expresión “Ministra” y la expresión “en la elaboración”, la frase “, en coordinación con la Subsecretaría de Seguridad Pública,”.

- Intercálase, entre las expresiones “la elaboración,” e “supervisión”, la expresión “implementación,”.

- Reemplázase la expresión “Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana; y de la Política Nacional de Víctimas”, por la frase “en las materias de su competencia, debiendo coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia”.

b) Agrégase el siguiente literal b), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

“b) Implementar medidas de anticipación, reconocimiento y evaluación de factores de riesgo de comisión de delitos, considerando, especialmente, la adopción de medidas tendientes a prevenir la comisión de delitos e infracciones por parte de niños, niñas y adolescentes.

Las medidas de prevención del delito implementadas por esta Subsecretaría incluirán el diseño y ejecución de políticas, planes y programas dirigidas a grupos de la población sin contacto previo con el sistema de justicia penal; aquellas que buscan la identificación temprana de conductas violentas o delictivas en grupos en los que exista riesgo de desarrollarlas; así como las que estuvieren destinadas a colaborar con los organismos competentes, con el objeto de procurar que un infractor no vuelva a cometer un hecho delictivo o violento.”.

c) Reemplázase el actual literal b), que ha pasado a ser literal c), por el siguiente:

“c) Establecer instancias de coordinación interministerial o interinstitucional, cuando corresponda, para el desarrollo de iniciativas conjuntas y de cooperación público-privada, en materias de su competencia.”.

d) Modifícase el párrafo primero del actual literal c), que ha pasado a ser literal d), en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la expresión “Ejercer las atribuciones del Ministerio relativas a administrar” por la expresión “Administrar”.

ii) Intercálase, entre el guarismo “6°” y el punto que le sigue, la expresión “, en el ámbito de sus competencias”.

e) Reemplázase, en el actual literal d), que ha pasado a ser literal e), la frase “deberá evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios de los demás Ministerios y servicios públicos que desarrollen relacionados con materias de su competencia” por la frase “promoverá la evaluación y la incorporación de criterios de evaluación relacionados al impacto de políticas, planes y programas sobre la seguridad de la población, incluidas aquellas materias referidas a empleo, educación, salud, vivienda, planificación urbana y desarrollo social”.

f) Reemplázase el actual literal e), que ha pasado a ser literal f), por el siguiente:

“f) Proveer colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales y comunales puedan identificar prioridades en materia de prevención del delito, en el ámbito de sus competencias, y formular la planificación correspondiente, entregando asistencia técnica según criterios de atingencia, coherencia y consistencia.

En el ejercicio de esta atribución, deberá dictar lineamientos y orientaciones técnicas a los municipios y gobiernos regionales para el diseño, aprobación, ejecución y aplicación de las políticas, planes, programas y proyectos regionales que dichos órganos implementen en sus territorios en materia de prevención del delito, en el ámbito de sus respectivas competencias.”.

g) Intercálase el siguiente literal g), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

“g) Fomentar el desarrollo de capacidades de prevención del delito, a través de la ejecución de proyectos desarrollados por la Subsecretaría, por instituciones públicas o privadas.”.

h) Elimínase, en el actual literal h), que ha pasado a ser literal j), la expresión “, incluyendo espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la ley Nº 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Asimismo, deberá mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal”.

i) Elimínase, en el actual literal i), que ha pasado a ser k), la expresión “, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana”.

21) Para modificar el artículo 22 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, en el literal b), entre la expresión “principios de interoperabilidad,” y la palabra “interagencialidad”, la palabra “interinstitucionalidad,”.

b) Elimínase, en el literal c), la expresión “, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana; y la Política Nacional de Víctimas”.

c) Reemplázase el literal l) por el siguiente:

“l) En general, promover la adopción de medidas tendientes a la prevención de los delitos, así como las demás funciones y atribuciones que la Constitución o las leyes le encomienden.”.

22) Para modificar su artículo 23 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el literal b), el guarismo “21” por el guarismo “30”.

b) Sustitúyese, en el literal d), la palabra “hallarse” por la expresión “haber sido”.

23) Para modificar su artículo 25 en el siguiente sentido:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase “Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana,”.

b) Elimínase el inciso final.

24) Para agregar, en su artículo 26, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El Ministerio estará sujeto a las normas del decreto ley Nº 1.263, del Ministerio de Hacienda, de 1975, orgánico de administración financiera del Estado, y sus disposiciones complementarias.”.

AL ARTÍCULO SEGUNDO

25) Para intercalar, en el inciso primero del artículo 1° que reemplaza el literal a) de su numeral 2, entre las expresiones “respuesta” y “frente a conflictos sociales”, la expresión “y reconstrucción”.

26) Para modificar el artículo 3° que reemplaza su numeral 4 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el literal a) por el siguiente:

“a) Coordinar la labor política de los ministros y ministras, así como de las subsecretarías y secretarías regionales ministeriales, en la gestión del gobierno, de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el Presidente o la Presidenta de la República.”.

b) Intercálanse los siguientes literales b), c), d) y e), nuevos, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

“b) Ejercer la coordinación intersectorial y seguimiento programático de la gestión del gobierno y los órganos con que ejerce sus funciones, especialmente en la preparación de decisiones en materias que afecten a más de un Ministerio; servir de apoyo técnico a los Comités Interministeriales que se establezcan; e informar al Presidente de la República respecto de la necesidad de introducir innovaciones a la organización y procedimientos de la Administración del Estado.

c) Efectuar estudios y análisis de corto y de mediano plazo relevantes para las decisiones políticas y someterlos a la consideración de la Presidencia de la República u otros Ministerios.

d) Supervigilar al organismo encargado de coordinar la actividad de las unidades de auditoría interna de los Servicios Públicos dependientes o relacionados con el Ejecutivo.

e) Adoptar, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, todas las medidas necesarias orientadas a la descentralización administrativa y fiscal y a la equidad territorial del Estado, en base a una coordinación internivel, esto es, en coordinación con los gobiernos regionales y locales; así como la orientación del desarrollo regional provincial y local, conforme se regula en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-18.359.”.

c) Reemplázase el actual literal b), que ha pasado a ser literal f), por el siguiente:

“f) Velar por el desarrollo regional y local del país, de acuerdo a las políticas, planes y programas definidas por Gobierno central, y los planes y programas aprobados por los Gobiernos Regionales, teniendo especialmente en cuenta el desarrollo de territorios considerados como zonas extremas y zonas rezagadas en materia social.”.

d) Reemplázase el actual literal c), que ha pasado a ser literal g), por el siguiente:

“g) Colaborar con el Presidente de la República en la conducción del gobierno interior del Estado.”.

e) Intercálase el siguiente literal ñ), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

"ñ) Coordinar la prevención y respuesta de competencia de los organismos sectoriales frente a conflictos sociales, en coordinación con los ministerios que corresponda, para su diagnóstico y manejo.”.

f) Intercálanse los siguientes literales p) y q), nuevos, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

“p) Prestar soporte administrativo para el otorgamiento de las pensiones de gracia.

q) Coordinar las acciones de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos y los Cuerpos de Bomberos que tengan relación con los órganos de la Administración del Estado.”.

27) Para reemplazar su numeral 5 por el siguiente:

“5. Reemplázase el artículo 4º por el siguiente:

“Artículo 4°.- La estructura orgánica funcional del Ministerio será la siguiente:

a) El Ministro o Ministra;

b) La Subsecretaría del Interior;

c) La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y

d) Los delegados presidenciales regionales y provinciales.

Sin perjuicio de lo anterior, un reglamento expedido por el Ministerio del Interior, con sujeción a la planta y a la dotación máxima, determinará la organización interna del Ministerio y las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.”.”.

28) Para agregar el siguiente numeral 6, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“6. Reemplázase el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°.- El Ministro o Ministra del Interior, en su calidad de jefe o jefa del Gabinete Ministerial del Presidente o Presidenta de la República, será quien realice la coordinación política de los ministros de Estado, según las instrucciones que le imparta el Presidente o Presidenta de la República. Sin perjuicio de las atribuciones específicas que le entreguen las leyes, y a falta de disposición en contrario, estará encargado de presidir las instancias colegiadas en que le corresponda participar en virtud de la ley, los reglamentos o que deba asumir por encargo del Presidente o la Presidenta de la República.

El Ministerio del Interior podrá convocar, a requerimiento del Presidente de la República, a consejo de gabinete, instancia que reunirá a todos los ministros y ministras, y que será dirigido por el Presidente o Presidenta de la República actuando el ministro o ministra del interior como secretario o secretaria de la instancia. En caso de que el Presidente no pueda asistir el referido consejo será dirigido por el Ministerio o Ministra del Interior. Esta instancia tendrá por objeto hacer un seguimiento de las tareas de gobierno y aquéllas que defina el Presidente o Presidenta de la República.

Para el cumplimiento de sus funciones, le corresponderán especialmente las siguientes atribuciones:

a) Concurrir a los actos e instancias que el Presidente de la República mandate.

b) Proponer al Presidente de la República los proyectos de ley, de reglamentos, instrucciones, políticas y programas dentro del ámbito de su competencia.

c) Requerir informes a los diferentes Ministros y Ministras respecto del cumplimiento de las funciones y atribuciones que la ley les entrega, y efectuar propuestas en orden al cumplimiento eficaz y eficiente de las mismas conforme al programa de gobierno.

d) Asesorar al Presidente de la República en la conformación de su gabinete de ministros y ministras.

c) Las demás que le encomienden las leyes.”.”.

29) Para intercalar el siguiente numeral 7, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“7. Suprímese el artículo 6°.”.

30) Para reemplazar el actual numeral 8, que ha pasado a ser numeral 10, por el siguiente:

“10. Reemplázase el artículo 9º por el siguiente:

“Artículo 9º.- Corresponderá a la Subsecretaría del Interior ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro o Ministra en todas aquellas materias relativas a gobierno interior, coordinación territorial de gobierno interior a través de los delegados presidenciales, coordinación del seguimiento programático de la actividad del gobierno, servir de apoyo técnico a la Ministra o Ministro en las actividades que impliquen a más de un ministerio, tales como los comités interministeriales; migración y extranjería, desastres, emergencias, reconstrucción y las demás tareas que aquél o aquella le encomiende, así como las que la ley determine.”.”.

AL ARTÍCULO CUARTO

31) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Cuarto.- Modificase la ley N° 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica de la siguiente manera:

1. Elimínase, en el numeral ii., del literal d), de su artículo 3, la expresión “Esta etapa no es materia de esta ley.”.

2. Modifícase el inciso segundo de su artículo 6 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el literal a) por el siguiente:

“a) El Ministro del Interior, quien lo presidirá.”.

b) Intercálase el siguiente literal d), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

“d) El Ministro de Seguridad Pública.”.”.

AL ARTÍCULO QUINTO

32) Para reemplazar el literal e) de su numeral 2 por el siguiente: modificarlo en el siguiente sentido:

“e) Agréganse los siguientes literales q), r), s) y t), nuevos:

“q) Ejercer la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales que no importen un riesgo para la seguridad pública;

r) Requerir información de autoridades o jefaturas de servicios públicos que se desempeñen a nivel regional o provincial sobre el estado de sus respectivas instituciones;

s) Proponer la remoción del Comisionado o Comisionada de Seguridad del territorio, y

t) Ejercer las funciones que la ley le entrega al Ministerio del Interior en el territorio de la región, conforme a las instrucciones que emanen del Ministerio.”.”.

ARTÍCULO NOVENO, NUEVO

33) Para agregar el siguiente Artículo Noveno, nuevo:

“Artículo Noveno.- Modifícase la ley N° 18.993 que crea el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, en el siguiente sentido:

1. Sustitúyese, en su artículo 2, el literal b) por el siguiente:

“b) Propender al logro de una efectiva coordinación de la gestión legislativa de Gobierno;”.

2. Elíminanse, en el literal c) de su artículo 3, las expresiones “División de Coordinación Interministerial,” y “División de Estudios,”.

3. Elimínase su artículo 7.

4. Elimínase su artículo 9.”.

ARTÍCULO DÉCIMO, NUEVO

34) Para agregar el siguiente artículo Décimo, nuevo:

“Artículo Décimo.- Elimínase el artículo 24 del decreto N° 104, del Ministerio del Interior, de 1977, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la Ley 16.282.”.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO, NUEVO

35) Para agregar el siguiente artículo Décimo Primero, nuevo:

“Artículo Décimo Primero.- Modifícase la ley N° 19.032 del siguiente modo:

1. Modifícase su artículo 1° en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “acepción;” por la expresión “acepción, y”.

b) Elimínase la oración “, y de servir de Secretaría del Consejo de Gabinete”.

2. Elimínase, en el literal a) de su artículo 2°, la oración “y de los Consejos de Gabinete; como también registrar y comunicar, cuando procediere, los acuerdos, conclusiones y determinaciones de tales Consejos”.”.

AL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

36) Para reemplazar el artículo primero transitorio por el siguiente:

“Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año de publicada en el Diario Oficial la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro o Ministra de Hacienda, y por el Ministro o Ministra de la Secretaría General de la Presidencia, en este último caso, cuando corresponda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

2. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

3. Dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas señaladas en los numerales 1 y 2. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, promulgado en 2004 y publicado en 2005, del Ministerio de Hacienda.

Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República podrá dictar las normas necesarias para el pago de las asignaciones variables, tales como la asignación de modernización del artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

4. Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata, cuando corresponda, desde los servicios dependientes y relacionados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior contenida en el decreto con fuerza de ley N° 1-18.834, de 1990, del Ministerio del Interior, en adelante, Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad, a la Subsecretaría de Seguridad Pública, a las Subsecretaría de Prevención del Delito, ambas del Ministerio de Seguridad Pública, y a la Subsecretaría del Interior, del Ministerio del Interior, según corresponda. Del mismo modo, traspasar los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. En el o los decretos con fuerza de ley se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso.

La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, según corresponda. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados y se incrementará en la dotación de la institución a la cual se traspasen. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Fijar la o las fechas en que entrarán en funcionamiento el Ministerio de Seguridad Pública y sus Subsecretarías, la que no podrá ser superior a seis meses desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley. Asimismo, fijará la fecha de la supresión de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

6. Determinar la o las fechas de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley, la que no podrá ser superior a seis meses desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley. Con todo, las disposiciones de esta ley que se refieren al Sistema Nacional de Protección Ciudadana a ser regulado por la iniciativa legal a que se refiere el artículo décimo transitorio, entrarán en vigencia de conformidad a lo que disponga la referida iniciativa.

7. Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además, podrá fijar la fecha de entrada en vigencia de los encasillamientos que practique. Igualmente, deberá fijar las dotaciones máximas de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, promulgado en 2004 y publicado en 2005, del Ministerio de Hacienda.

El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta y contrata. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta y contrata. Cualquier diferencia de remuneraciones, para el personal titular de planta, deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d) El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

8. Traspasar los bienes que determine, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, al Ministerio de Seguridad Pública o al Ministerio del Interior, según corresponda y, en especial, desde las actuales Subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito a las Subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito, ambas del Ministerio de Seguridad Pública.”.

AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

37) Para agregar, en el artículo segundo transitorio, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El Ministerio del Interior será el sucesor, sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia respecto de la atribución contenida en el literal b) del artículo 2° de la ley N° 18.993, vigente con anterioridad a la publicación de la presente ley.”.

AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

38) Para modificar el artículo cuarto transitorio en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la frase “del Ministerio del Interior y Seguridad Pública” por la expresión “traspasados al Ministerio de Seguridad Pública desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

b) Sustitúyese la expresión “del señalado Servicio” por “de este último”.

AL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO

39) Para intercalar, en el inciso primero del artículo sexto transitorio, entre las expresiones “Delito.” y “En tanto”, la frase “Estas designaciones podrán ser realizadas conjunta o separadamente.”.

AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO

40) Para agregar, en el artículo octavo transitorio, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Toda mención que se haga en leyes, reglamentos u otras normas al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sus subsecretarías y reparticiones en materias, atribuciones, competencias o facultades, que de acuerdo a esta ley se radiquen en el Ministerio del Interior, sus subsecretarías o reparticiones, se entenderán transferidas a éste en su condición de sucesor legal.

Toda mención realizada en la ley N° 21.364 que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica y en la ley N° 21.325, de migración y extranjería, al Ministerio de Interior y Seguridad Pública o al Ministro de Interior y Seguridad Pública, se entenderá que son realizadas al Ministerio del Interior y al Ministro o Ministra del Interior, respectivamente.”.

AL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO

41) Para suprimir la frase “y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.

AL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

42) Para intercalar, en el artículo décimo transitorio, entre las expresiones “interoperabilidad,” e “interagencialidad”, la expresión “interinstitucionalidad,”.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO, NUEVO

43) Para agregar un artículo décimo primero transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo décimo primero.- La función establecida en el literal j), del artículo 5° del Artículo Primero entrará en vigencia de acuerdo a lo que disponga la ley a la que hace referencia dicho literal.”.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO, NUEVO

44) Para agregar un artículo décimo segundo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo décimo segundo.- Las referencias realizadas en los artículos 9° y 13° al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica. En las regiones en que no esté en funcionamiento el Servicio referido, será parte de los Consejos Regionales de Seguridad Pública el o la Directora Regional del Servicio Nacional de Menores, hasta la completa instalación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en la respectiva región.”.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO, NUEVO

45) Para agregar el siguiente artículo décimo tercero transitorio, nuevo:

“Artículo décimo tercero.- El reglamento al que se refiere el inciso final del artículo 2° del artículo primero deberá dictarse dentro de un año desde la publicación de los decretos con fuerza de ley a los que hace referencia el artículo primero transitorio.”.

Dios guarde a V.E.,

CAROLINA TOHÁ MORALES

Vicepresidenta de la República

MANUEL MONSALVE BENAVIDES

Ministro del Interior y Seguridad Pública (S)

JAVIERA MARTÍNEZ FARIÑA

Directora de Presupuestos

VER INFORME FINANCIERO

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE CREA MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (BOLETÍN Nº 14614-07).

Santiago, 18 de diciembre de 2023.

AS.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS.

Nº 268-371/

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en retirar las indicaciones Nº 1 y 3, los literales d) y 1) de la indicación Nº 4, y el literal c) de la indicación N º 5, contenidas en el oficio Nº 189-371, de 13 de octubre de 2023, y, al mismo tiempo, en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO PRIMERO

1) Para modificar su artículo 1° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión" protección de las personas, el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana" por la expresión "el orden público, la prevención del delito y la protección de las personas".

b) Modifícase su inciso segundo de la siguiente forma:

i) Reemplázase la frase "coordinar, supervigilar" por "formular, coordinar, sancionar, supervisar".

ii) Reemplázase la frase "a dichas materias" por "a las materias indicadas en el inciso precedente".

iii) Elimínase la frase "reinserción social, rehabilitación, así como en".

iv) Agrégase, luego del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente frase: "El Ministerio, en el ejercicio de sus funciones de resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, deberá formular estrategias de prevención y combate del delito, las que deberán considerar, entre otros, el combate al crimen organizado y delitos terroristas.".

e) Modifícase su inciso tercero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase las palabras "El Ministerio actuará", por la frase "En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio y los servicios públicos bajo su dependencia deberán promover el respeto, promoción y protección de los derechos humanos y actuarán".

ii) Intercálase, entre la frase "los principios de" y la palabra "interagencialidad", la expresión "interinstitucionalidad,".

iii) Elimínase la frase", en el marco de sus funciones y atribuciones, y fomentará la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial de las materias individualizadas en los incisos anteriores".

2) Para modificar su artículo 4º en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso primero en el siguiente sentido:

i) Elimínase la expresión "convivencia ciudadana,".

ii) Elimínase la expresión "rehabilitación y reinserción social,".

b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase "dichos ámbitos", por la frase "y fiscalizar las actividades del respectivo sector".

ii) Elimínase la frase "Además, cuando se trate de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y servicios públicos se podrá pronunciar, en las materias de su competencia, sobre su seguimiento e implementación.".

e) Reemplázase su inciso tercero por el siguiente

"En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio podrá solicitar a cualquier órgano de la Administración del Estado, todos los antecedentes o informaciones que estime pertinentes, aún si tuvieren el carácter de secreta o reservada, los que deberán ser entregados a la mayor brevedad posible o dentro del plazo requerido por aquel. En el caso de que la información o antecedentes requeridos tengan la calidad de secreta o reservada, los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de ella, deberán guardar secreto o reserva y su incumplimiento será sancionado según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 246 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o civil que corresponda. Con todo, tanto la solicitud como la entrega de los referidos antecedentes o informaciones deberán cumplir y someterse a las disposiciones de la Ley Nºl9 .628, sobre protección de la vida privada o a la normativa que la reemplace.".

3} Para modificar su artículo 5° de la siguiente forma:

a} Modifícase el literal f), en el siguiente sentido:

i} Reemplázase la frase "Ejecutar, a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las acciones" por la frase "Disefiar políticas, planes y programas".

ii} Intercálase entre las palabras "de nuestro país" y "para evitar", la frase " y velar por su correcta implementación,".

iii} Elimínase la frase ",de acuerdo a sus leyes orgánicas respectivas".

b} Agrégase el siguiente literal m), nuevo:

"m) Sancionar, en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, el Plan Anual de Fiscalización de Armas de Fuego establecido en el artículo 20 B de la ley Nº17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N°400, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional, y supervisar su correcta implementación, en el ámbito de sus competencias.".

4) Para modificar su artículo 6° de la siguiente forma:

a) Reemplazáse el literal d) por el siguiente:

"d) Evaluar políticas, planes y programas diseñados o formulados por el Ministerio en materias de prevención del delito según las directrices metodológicas que éste imparta.".

b) Agrégase el siguiente literal, nuevo:

" - )Elaborar un diagnóstico de seguridad pública y prevención del delito, y promover su incorporacion en el diseño, planificación y evaluación de las metas institucionales de los órganos de la Administración del Estado.".

Dios guarde a V.E.

GABRIEL BORIC FONT

Presidente de la República

CAROLINA TOHÁ MORALES

Ministra del Interior y Seguridad Pública

VER INFORME FINANCIERO

RETIRA Y FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE CREA MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (BOLETÍN Nº 14614-07).

Santiago, 22 de enero de 2024.-

Nº 319-371/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en retirar las indicaciones N° 2, 8, 9, 10, 11 y 12, contenidas en el oficio N° 189-371, de 13 de octubre de 2023, y, al mismo tiempo, en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO PRIMERO

1) Para eliminar el artículo 2°, readecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes.

2) Para agregar, en el artículo 6°, que ha pasado a ser artículo 5°, un literal s), nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual literal s) a ser literal t) y así sucesivamente:

“s) Requerir informes o antecedentes a entidades privadas, que contribuyan al cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada o a la normativa que la reemplace.”.

3) Para modificar el actual artículo 7°, que ha pasado a ser artículo 6°, de la siguiente forma:

a) Intercálase, en el actual literal f), entre las expresiones “Fuerzas de Orden y Seguridad Pública,” y “de acuerdo a la normativa”, la frase “a través del sistema establecido al efecto,”.

b) Agrégase, en su literal j), un párrafo segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, informarán trimestralmente las estadísticas sobre números de denuncias recibidas, de procedimientos instruidos y de procedimientos en los que se aplicó una sanción en procesos disciplinarios instruidos sobre su personal, especialmente respecto a investigaciones relativas a presuntas infracciones a las reglas de uso de la fuerza y a la probidad funcionaria. Dicha información será pública.”.

c) Agrégase el siguiente literal k), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

“k) Establecer un canal de denuncia de hechos constitutivos de infracciones disciplinarias, administrativas o de delito. Asimismo, deberá resguardar al personal que realice la denuncia de acuerdo con lo señalado en la ley N° 21.592, que Establece un Estatuto de Protección en favor del Denunciante. El canal de denuncias deberá ser considerado en el modelo de control interno que elaboran las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para la prevención y control de conductas indebidas.”.

4) Para reemplazar el Párrafo III por el siguiente, readecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes:

“Párrafo III

Sistema y Consejos de Seguridad Pública

Artículo 8°.- El Sistema de Seguridad Pública, en adelante el “Sistema”, es el conjunto de instituciones o entidades públicas o privadas que mediante su acción coordinada y colaborativa propenden a que el Estado asegure el orden público y la seguridad pública interior.

El Sistema estará integrado por los órganos de la Administración del Estado con competencia en las materias señaladas en el artículo 1°, y por las entidades públicas o privadas que colaboren en las mismas materias, a través de los representantes que designen.

Las instituciones y entidades integrantes y colaboradoras del Sistema actuarán en conformidad con los principios de interinstitucionalidad e interoperabilidad. Para lo anterior, podrán suscribir convenios o protocolos, y diseñar y adoptar políticas, estrategias, planes, programas o acciones conjuntas, entre otras.

El Ministerio de Seguridad Pública velará por la acción coordinada de las instituciones que formen parte o colaboren con el Sistema, en la esfera de sus respectivas competencias, y podrá convocar a distintas instancias estratégicas de colaboración y coordinación, tales como, los Consejos Nacionales y Regionales de Seguridad Pública y Prevención del Delito, comités interministeriales, ejecutivos o grupos de trabajo especiales para abordar actividades o acciones determinadas, y cualquier otra instancia necesaria, de acuerdo a la materia, a nivel territorial o para operaciones policiales complejas.

Artículo 9.- Créase un Consejo Nacional de Seguridad Pública y un Consejo Nacional de Prevención del Delito, los que serán instancias de coordinación y colaboración del Sistema de Seguridad Pública.

Serán parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública las instituciones o entidades integrantes del Sistema convocadas por el Ministro o Ministra de Seguridad Pública. A este deberán asistir, al menos, los Ministros o Ministras de Defensa Nacional, de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros y el Director General de la Policía de Investigaciones. En el caso del Consejo Nacional de Prevención del Delito, deberán asistir, al menos, los Ministros o Ministras de Hacienda, de Desarrollo Social y Familia, de Educación y de Vivienda y Urbanismo, el General Director de Carabineros, el Presidente o Presidenta de la asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales, de mayor representatividad; y el Presidente o la Presidenta de la asociación de Municipalidades, de mayor representatividad.

El Ministro o Ministra de Seguridad presidirá ambos Consejos Nacionales, y actuarán como Secretarios de los Consejos, el Subsecretario de Seguridad Pública y el de Prevención del Delito, respectivamente, los que estarán a cargo de realizar el seguimiento y monitoreo de las decisiones adoptadas, para lo que podrán convocar a los integrantes del Sistema que corresponda.

El Ministro o Ministra podrá requerir, a solicitud del Consejo, la participación de otros organismos públicos o entidades privadas, cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponda abordar. Cada Consejo deberá oír una vez al año a representantes de la sociedad civil.

Asimismo, créanse los Consejos Regionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, los que serán instancias de coordinación y colaboración del Sistema de Seguridad Pública en el nivel regional. Estos Consejos serán presididos por el Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública y podrán convocarse de manera conjunta o separada. Los Comisionados o Comisionadas podrán convocar a las entidades que corresponda, en los mismos términos establecidos en los incisos precedentes para los Consejos Nacionales.

Artículo 10.- Los Consejos Comunales de Seguridad Pública, regulados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, serán la instancia de coordinación, a nivel comunal, del sistema establecido en el artículo 9° y se regirán, en cuanto a su integración, organización y funcionamiento, por las normas allí dispuestas.

Artículo 11.- La Dirección de Presupuestos, durante el primer semestre de cada año, deberá enviar un informe al Ministerio con el detalle de la ejecución presupuestaria del año anterior de cada órgano del Estado con competencia en materias de seguridad pública y prevención del delito.

Una resolución expedida por el Ministro o la Ministra de Seguridad Pública, suscrita, además, por el Director o Directora de Presupuestos, determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir esta información.”.

AL ARTÍCULO TERCERO

5) Para modificarlo de la siguiente forma:

a) Reemplázase el numeral 2 por el siguiente:

“2. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 3º:

a) Suprímese, en su encabezamiento, la expresión “y Seguridad Pública”.

b) Reemplázase el literal a) por el siguiente:

“a) Todo lo relativo al Gobierno Político y Local del territorio;

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Ministro o la Ministra del Interior y los delegados o las delegadas presidenciales regionales podrán deducir querella respecto de los delitos establecidos en la ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado;”.”.

b) Agrégase un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor:

“3. Reemplázase el artículo 7° por el siguiente:

“Art. 7°.- Corresponde al Ministerio de Seguridad Pública colaborar con el Presidente de la República en lo relativo al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público.

Para lo anterior, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 del Código Procesal Penal y de las demás facultades otorgadas por leyes especiales al Ministerio, el Ministro o Ministra de Seguridad Pública y el Comisionado o la Comisionada de Seguridad Pública, previa delegación de facultades, podrán deducir querella ante hechos que revistan caracteres de delito y:

a) Hubieren alterado el orden público, impidiendo o perturbando gravemente la regularidad de las actividades empresariales, laborales, educacionales o sociales o el funcionamiento de los servicios públicos o esenciales para la comunidad, o bien impidiendo o limitando severamente a un grupo de personas el legítimo goce o ejercicio de uno o más derechos, libertades o garantías reconocidos por la Constitución Política de la República;

b) Considerados en conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie. En caso alguno podrán considerarse comprendidos en esta letra las faltas, los cuasidelitos, los delitos de acción privada, ni los incluidos en los Párrafos 2 y 5 del Título III; Párrafos 5, 7 y 8 del Título IV; Párrafos 2 bis, 3, 5 y 7 del Título VI; todos los del Título VII, salvo los de los Párrafos 5 y 6; los de los Párrafos 2, 4, 6 y 7 del Título VIII; los de los Párrafos 7 y 8 del Título IX, y los del Título X, todos del Libro Segundo del Código Penal.

c) Se trate de los delitos contemplados en las leyes N° 19.327, de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional; Nº 20.000, que Sustituye la Ley N° 19.366, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; y Nº 20.507, que Tipifica los Delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y Establece Normas para su Prevención y más Efectiva Persecución Criminal.”.”.

Dios guarde a V.E.,

CAROLINA TOHÁ MORALES

Vicepresidenta de la República

MANUEL MONSALVE BENAVIDES

Ministro del Interior y Seguridad Pública (S)

VER INFORME FINANCIERO

RETIRA Y FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE CREA MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (BOLETÍN Nº 14614-07).

Santiago, 3 de abril de 2024

AS. E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Nº 031-372/

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en retirar las siguientes indicaciones formuladas en el oficio Nº 189-371, de 13 de octubre de 2023: literal c) del numeral 18; literal a) del numeral 19; y literales b), e), f), g) y h) del numeral 20. Al mismo tiempo, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO PRIMERO

1) Para modificar su actual artículo 19 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su literal f) por el siguiente:

f) Asesorar y colaborar con el Ministerio en el control y supervisión de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, según lo dispuesto en la letra k) del artículo 4°.

La o el Subsecretario de Seguridad Pública podrá ejercer directamente las atribuciones señaladas en la letra f) del artículo 5° y las del artículo 6º, co_n excepción de las señaladas en las letras a), b), c) y d), y sin perjuicio de aquellas que le correspondan directamente al Ministro o la Ministra, de conformidad a las leyes orgánicas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública u otras leyes especiales.

La Subsecretaría deberá supervisar las políticas de personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las que deberán considerar medidas para su desarrollo profesional y una política de igualdad. Asimismo, elaborará los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas, y a sus familias.".

b) Reemplázase el literal k), por el siguiente:

"k) Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, de acuerdo con lo prescrito en la ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.".

2) Para modificar su actual artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase "convivencia ciudadana; atención y asistencia a víctimas de delito, y rehabilitación y reinserción social de los infractores de ley," por la frase "la coordinación y fortalecimiento de las capacidades preventivas de las demás autoridades competentes en esta materia;la seguridad privada; la atención y asistencia a víctimas; y la innovación tecnológica en estos ámbitos. Lo anterior,".

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

"Se entenderá por prevención del delito la reducción de riesgo de hechos violentos o delictivos; la anticipación, reconocimiento y medición del surgimiento y desarrollo de violencia y factores de riesgo, tanto delictivos, como sociales, comunitarios y territoriales; y la disminución de los efectos dañinos de estos hechos.".

e) Reemplázase, en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, la frase el inciso precedente" por la frase los incisos precedentes".

3) Para modificar su actual artículo 21 en el siguiente sentido:

a) Incorpóranse, en el literal a), los siguientes párrafos tercero y cuarto, nuevos:

"En virtud de lo anterior, la Subsecretaría deberá implementar medidas de anticipación, reconocimiento y evaluación de factores de riesgo de comisión de delitos, considerando, especialmente, la adopción de medidas tendientes a prevenir la comisión de delitos e infracciones por parte de niños, niñas y adolescentes.

Las medidas de prevención del delito implementadas por esta Subsecretaría incluirán el diseño y ejecucion de políticas, planes y programas dirigidas a grupos de la población sin contacto previo con el sistema de justicia penal; aquellas que buscan la identificación temprana de conductas violentas o delictivas en grupos en los que exista riesgo de desarrollarlas; así como las que estuvieren destinadas a colaborar con los organismos competentes, con el objeto de procurar que un infractor no vuelva a cometer un hecho delictivo o violento.

b) Reemplázase el párrafo primero del literal d) por el siguiente:

"Evaluar políticas, planes y programas diseñados o formulados por el Ministerio en materias de prevención del delito según las directrices metodológicas que éste imparta, sin perjuicio de las competencias de otros órganos con atribuciones en dicha materia.".

c) Agrégase el siguiente literal e), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

"e) Elaborar un diagnóstico de indicadores de prevención del delito.".

d) Reemplázase el actual literal e), que ha pasado a ser literal f), por el siguiente:

"f) Colaborar con las autoridades regionales y comunales y prestarles asesoría para que, en el ámbito de sus competencias identifiquen prioridades y proyectos que se sujeten y sean coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública.

En el ejercicio de esta atribución, deberá dictar lineamientos y orientaciones técnicas para el diseño, aprobación, ejecución y aplicación de las políticas, planes, programas y proyectos que dichas autoridades implementen en sus territorios en materia de prevención del delito, en el ámbito de sus respectivas competencias; sin perjuicio de las atribuciones de otros organismos en esta materia.".

e) Intercálanse los siguientes literales g) y h), nuevos, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

g) Adoptar medidas para fortalecer el desarrollo de capacidades de prevención del delito de las demás autoridades con competencias en la materia, así como fomentar la participación de dichas autoridades y entidades privadas en la ejecución de proyectos desarrollados por la Subsecretaría.

h) Diseñar, promover y ejecutar políticas, planes y programas de innovación tecnológica en materias de su competencia, de forma directa o en colaboración con otros órganos póblicos o entidades privadas.".

f) Modifícase su actual literal g), que ha pasado a ser literal j), en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la frase "que regula esta materia" por "Nº 21.659, sobre Seguridad Privada".

ii. Agrégase el siguiente párrafo segundo, nuevo:

Asimismo, deberá asesorar y colaborar con el Ministro o Ministra en lo relativo a la formulación de planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponde a la Delegación Presidencial Regional respectiva, en virtud de lo dispuesto en el Título IV de la ley N°21.659, sobre Seguridad Privada.".

g) Reemplázase, el actual literal h), que ha pasado a ser literal k), por el siguiente:

"k) Asesorar y colaborar con el Ministro o Ministra en el cumplimiento de las funciones y atribuciones señaladas en el literal o) del artículo 5 º de la presente ley.".

h) Reemplázase el actual literal 1), que ha pasado a ser literal o), por el siguiente:

"o) Solicitar informes a cualquier órgano de la Administración del Estado en materias de su competencia, de acuerdo con lo prescrito en la ley Nºl9.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado."

4) Para agregar, a continuación de su actual artículo 20, el siguiente artículo 16, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes:

"Articulo 16.- El ejercicio de las competencias asignadas al Ministerio y sus Subsecretaría que incidan en la evaluación de politicas, normas, planes y programas de los órganos de la Administración del Estado, se realizará sin perjuicio de las atribuciones de otros organismos en esa materia.".".

Dios guarde

GABRIEL BORIC FONT

Presidente de la República

CAROLINA TOHA MORALES

Ministra del Interior y Seguridad Pública

VER INFORME FINANCIERO

RETIRA Y FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE CREA MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (BOLETÍN Nº 14614-07).