MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA EL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA.

Santiago, 23 de agosto de 2018.

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

MENSAJE N° 107-366/

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a su consideración el siguiente proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria.

I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA.

1.Modernización tributaria: una mirada de futuro para un Chile que busca el desarrollo integral, sustentable e inclusivo, con reglas claras y certeras.

Desde el retorno a la Democracia, hasta hoy, Chile ha vivido un exitoso período en términos de desarrollo económico, social y político. De haber sido una de las naciones de menor ingreso per cápita en América Latina, actualmente se ubica en los primeros lugares, sobrepasando a países que históricamente habían estado muy por sobre nosotros en términos de desarrollo económico y social.

Sin embargo, todavía quedan importantes desafíos por superar. Si bien los indicadores de pobreza han disminuido notoriamente, aún es necesario seguir avanzando en reducir la pobreza y las desigualdades y en aumentar la igualdad de oportunidades. También es necesario avanzar hacia un desarrollo que considere al medio ambiente y que respete a las diversas comunidades que conviven en nuestra nación.

En definitiva, Chile tiene hoy la oportunidad histórica de dar un salto hacia un desarrollo integral, sustentable e inclusivo. Integral en el sentido de que no solo se suscriba al ámbito económico, sino que también considere aquellas áreas fundamentales para el desarrollo humano, como la cultura, las artes, la recreación y la vida en comunidad. Sustentable en lograr un desarrollo de largo plazo que sea amigable con el medio ambiente. Inclusivo en considerar a todos los chilenos sin excepción, de manera de que todos nos beneficiemos de un país que progresa.

Sin embargo, el camino a este desarrollo que todos anhelamos, no está asegurado. Para alcanzarlo es fundamental, entre otros elementos, lograr y mantener una tasa de crecimiento económico alta y sostenida en el tiempo, que permita mantener y crear más empleos de calidad, así como asegurar los niveles de recaudación tributaria necesarios para solventar los gastos e inversiones que debe realizar el Estado.

Lamentablemente, el vigor y fortaleza de la economía chilena se deterioró durante los últimos años, por una serie de factores. Uno de ellos fue el cambio tributario que se llevó a cabo hace pocos años, el cual aumentó significativamente la carga tributaria de las empresas, generó mayor incertidumbre jurídica, complejizó las normas tributarias y redujo los incentivos al ahorro y a la inversión. En efecto, la inversión muestra caídas consecutivas en los últimos cuatro años, reflejando una pérdida importante de confianza por parte de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Cabe mencionar que nunca antes en la historia económica de Chile, desde que se tienen registros, se había observado una caída en la inversión por cuatro años consecutivos.

Hace pocos días se publicó la encuesta de caracterización socioeconómica nacional (“Encuesta Casen”) del Ministerio de Desarrollo Social, que midió la evolución de la pobreza y la distribución del ingreso entre los años 2015 y 2017. Los resultados de esta encuesta evidenciaron principalmente tres cosas. Primero, que la pobreza medida por ingresos bajó, pero el ritmo de caída de la pobreza se está desacelerando en el país. Segundo, que la pobreza multidimensional se estancó, principalmente por graves debilidades en el campo de la creación de empleos, las pensiones, los servicios sociales y la seguridad ciudadana. Y tercero, que la distribución del ingreso empeoró durante este período.

Es por ello que nuestro Gobierno ha elaborado este proyecto de ley que moderniza el sistema tributario, que permitirá avanzar hacia un sistema más moderno, más simple y más equitativo, que promueva la innovación y el emprendimiento, con un marco legal más preciso, cimentado en base al principio de legalidad tributaria. Un proyecto que incentiva el ahorro y la inversión, factores fundamentales para mantener un elevado crecimiento económico en el mediano y largo plazo, único camino para alcanzar el desarrollo y asegurar la creación de más empleos de calidad. A su vez, este proyecto de modernización otorgará mayor simpleza y certeza jurídica a los contribuyentes, reduciendo la burocracia, los altísimos costos de cumplimiento, los espacios de arbitrariedad y discrecionalidad que hoy día tiene nuestro sistema tributario y que afecta especialmente a las pequeñas, medianas y micro empresas.

Adicionalmente, en la preparación de este proyecto hemos considerado especialmente relevante escuchar la voz de la ciudadanía. Para lo anterior, creamos un sitio web de público acceso donde la ciudadanía podía aportar con ideas para la modernización del sistema tributario. Es importante destacar que muchas de estas ideas se encuentran recogidas en este proyecto de ley.

Es importante recalcar que este proyecto de ley no pretende reducir el nivel de recaudación existente a la fecha, ni tampoco modificar las actuales tasas de tributación que pagan las empresas y las personas.

Tenemos una oportunidad única de modernizar nuestro sistema tributario, incorporando las mejores prácticas a nivel internacional, así como hacernos cargo de los desafíos y particularidades que en materia tributaria implican los avances tecnológicos, tales como la economía digital y colaborativa, que en general han dejado obsoletos los sistemas tributarios tradicionales. No es casual que una publicación reciente de una de las revistas más prestigiadas internacionalmente del mundo justamente haya realizado un diagnóstico sobre la obsolescencia de los sistemas tributarios mundiales (The Economist, agosto de 2018: “Overhaul tax for the 21st century”).

Ahora bien, la oportunidad que tiene nuestro país de dar un salto al desarrollo integral requiere sin demora de la voluntad y compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales que la componen.

Para que mantengamos la reciente recuperación del crecimiento y la creación de empleos no sólo es necesario haber recobrado la confianza y mejorado las expectativas económicas, sino que también requerimos liderar cambios legales y administrativos urgentes que hoy nos impiden avanzar más rápido.

Nuestra legislación tributaria debe estar a la atura de este desafío y ser capaz de construir, en el marco del Estado de Derecho, un sistema tributario que pueda proyectarse en el tiempo y acoger los necesarios y legítimos desafíos de nuestra economía, que para crecer y potenciarse requiere de un diseño tributario cuyos pilares debieran ser a nuestro juicio los que pasamos a describir.

2.Principios en los que se funda e inspira el proyecto de ley de Modernización Tributaria.

Los principios generales sobre los cuales se cimienta el proyecto de ley de Modernización Tributaria que nuestro Gobierno somete a la aprobación del Congreso Nacional son los siguientes:

a.Equidad y justicia en la distribución de los tributos.

Las normas tributarias deben converger en todo momento a la búsqueda de la equidad, lo que significa que contribuyentes de similares características deben ser tratados de manera similar. Los contribuyentes deben percibir que cada uno tributa de acuerdo a sus capacidades - sin que sea admisible la elusión o la evasión- así como que el fisco cobra a cada uno exclusivamente lo que corresponde. Debemos avanzar en equidad horizontal, de manera que un mismo tipo de rentas tenga una tributación igual, sin que el sistema tributario arbitre a favor de unas u otras, ni discrimen por el lugar de residencia del contribuyente.

Al mismo tiempo, nuestro sistema tributario debe generar la firme convicción y otorgar las garantías necesarias para que en el caso de que exista un contribuyente vulnerado en sus derechos, sea asistido judicialmente en aquellos casos en que la ley lo establezca.

Creemos también que el sistema tributario puede y debe contribuir a generar conductas socialmente virtuosas. Hay normas tributarias que incluso sin un mayor impacto en recaudación pueden influir en generar un círculo virtuoso, como lo son los incentivos que se pueden generar para evitar la destrucción de bienes de uso o consumo, que bajo otras circunstancias, por ser inviables en la comercialización, terminan siendo destruidos.

Para cumplir este objetivo, establecemos un sistema de tributación único, totalmente integrado, en que los propietarios tributan en base a retiros efectivos. Las micro, pequeñas y medianas empresas (“Pymes”) se regirán por el mismo sistema pero con adecuaciones a su realidad particular.

Para contribuir a una economía que genere un circulo virtuoso y sustentable se establece una normativa de donaciones y entrega de productos más moderna, más simple y realista.

b.Simplicidad de las normas y procesos tributarios.

La simplicidad del sistema tributario debe permitir una adecuada comprensión y aplicación del mismo, lo que implica contar con reglas claras y asequibles en su comprensión, su contenido y espíritu por todos los contribuyentes y no solo para quienes pueden contar con asesorías especializadas. De esta forma, se deben minimizar los costos de la administración del sistema y del cumplimiento del mismo por parte de los contribuyentes, que son en definitiva sus usuarios. Además, su simplicidad debe permitir y valorar el emprendimiento, la creación de empleos y la innovación, de modo de hacer más accesibles los trámites operativos con un solo sistema tributario base para todos, con los mismos principios y características.

Por su parte, los procesos de fiscalización llevados a cabo por el Servicio de Impuestos Internos (“Servicio”) deben tener objetivos claros y definidos a priori. El contribuyente debe saber por qué y para qué lo fiscalizan, cuánto tiempo demora una fiscalización y cómo se pone término a un proceso. Debe saber también que la regla general es que una fiscalización no entrabe el legítimo ejercicio de sus derechos, que en consecuencia puede emitir sus documentos y efectuar trámites en un marco legal claro. También es fundamental que perciba que el organismo fiscalizador se enmarca en los procesos de revisión a las normas que establece el legislador, que la acreditación de sus operaciones se puede efectuar conforme a las reglas generales del derecho y que el ente fiscalizador no podrá exigir formalidades o solemnidades que no estén establecidas en la ley.

En materia de litigación que se sigue en sede jurisdiccional, también debe existir la sensación de eficacia, de que la justicia es expedita, eficiente, no gravosa, que se pueden presentar pruebas, especialmente documentales, que son del todo relevantes y que los recursos judiciales están disponibles en materia tributaria.

No es razonable que los contribuyentes pasen años esperando una sentencia judicial. La justicia para ser efectiva debe llegar a tiempo y debe existir esa percepción. Deben establecerse entonces otras alternativas a la litigación, como la mediación, conciliación o avenimiento.

En este sentido, se digitaliza la relación del Servicio con el contribuyente, se crea una carpeta electrónica personal; los documentos tributarios (boleta de IVA, boleta de honorarios) y todo otro se lleva a formato electrónico sumándose a la factura electrónica. Se hacen más expeditos los procesos de devolución de IVA (devolución de IVA activo fijo y exportador); se crea el avenimiento extrajudicial y la posibilidad de poner en todo momento término a los juicios llegando a avenimiento con el Servicio.

c.Certeza y seguridad jurídica.

Para que un sistema tributario se ajuste a los principios básicos que garantizan un Estado de Derecho, debe ofrecer seguridad y certeza jurídica, de manera que la ley sea predecible y el contribuyente tenga claridad sobre los hechos gravados, los sujetos, las tasas y las consecuencias legales de no cumplir con sus obligaciones tributarias. Lo anterior se ve especialmente fortalecido con este proyecto de ley. Queremos resaltar a través de este proyecto la observancia irrestricta en materia de principio de legalidad de los tributos, que se aplica tanto a los contribuyentes quienes en base a ese principio deben cumplir de manera irrestricta con sus obligaciones de declaración y pago de sus tributos en la forma y fondo establecido por la ley, como también al Servicio quien conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, debe actuar dentro de la órbita de su competencia y atribuciones, sin que pueda llevar a cabo otras atribuciones que las que estrictamente le ha encomendado el ordenamiento jurídico.

En este aspecto, es importante mencionar el reciente informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”) en conjunto con el Fondo Monetario Internacional: “Update on Tax Certainty” (Actualización en Certeza Tributaria, publicado en julio de 2018). En dicho documento, la OCDE da cuenta de los beneficios de la certeza jurídica para promover la inversión y el comercio, y de cómo, por el contrario, la incertidumbre genera riesgos que desincentivan la inversión. Según el mencionado informe, las principales causas de incertidumbre tributaria provienen de prácticas administrativas difíciles de predecir, inconsistencia en la interpretación y aplicación de las normas por parte de la autoridad tributaria, y problemas en los mecanismos de resolución de disputas. Para fortalecer la certeza tributaria y jurídica, el informe identifica medidas concretas tales como mejorar la claridad de la legislación, mejorar la predictibilidad y consistencia de las prácticas administrativas, prevención efectiva de disputas, y mecanismos robustos de resolución de controversias. El informe también hace referencia a medidas para mejorar la claridad y reducir la complejidad de las normas. La gran mayoría de estas recomendaciones han sido incorporadas en el presente proyecto de ley.

El contribuyente debe poder tomar sus decisiones teniendo claros los efectos y consecuencias tributarias de las mismas. En efecto, resulta esencial que nuestro ordenamiento jurídico establezca normas que sancionen de manera severa la evasión, que permitan recalificar los actos jurídicos y contratos efectuados bajo elusión; que establezca posibilidades de tasación de base imponible; que señale gastos que no son aceptados por el legislador.

Para estos efectos, se robustece el catálogo de derechos del contribuyente y se crea un nuevo organismo a cargo de la defensa efectiva y eficiente de tales derechos, reconociendo así una aspiración transversal y de larga data de las Pymes.

Se introducen adecuaciones en las normas interpretativas, en materia de Norma General Antielusión haciendo precisiones menores pero que contribuyen a fortalecer el principio de legalidad tributaria; se consagra el silencio positivo en los actos y procesos del Servicio; se hacen aplicables recursos de la Administración del Estado; se simplifican las normas en materia probatoria; se redefinen las normas en materia de gastos deducibles para efectos tributarios.

d.Competitividad.

Es esencial que nuestro sistema tributario genere las bases para que los inversionistas apuesten por nuestro país, por sus reglas del juego claras, estables, en definitiva, para desarrollar nuevos proyectos. El desempeño de la economía depende fundamentalmente del sistema tributario y del ambiente que dicho sistema genera para emprender negocios.

La relevancia del sistema tributario para la economía abarca diversas dimensiones. Por un lado, los impuestos son la principal fuente de ingresos fiscales y, como tales, permiten el financiamiento del gasto público en bienes y servicios esenciales para la población, como la salud pública, educación, seguridad y pensiones.

Por otro lado, el sistema tributario es fundamental para el crecimiento y la competitividad de las empresas. A su vez, si las empresas crecen y son competitivas, la población podrá disponer de mejores condiciones laborales, es decir, mayor seguridad en su trabajo, mejores empleos y remuneraciones.

Un sistema tributario complejo desvía recursos humanos y financieros que podrían destinarse a otros fines que permitirían a las empresas crecer y desarrollarse. Este es un aspecto que cobra especial relevancia en el caso de los emprendedores y las Pymes, que cuentan con menos recursos para destinar a actividades que no son propias de su negocio.

En cambio, un sistema tributario simple y moderno, permite que las empresas destinen sus mayores esfuerzos a hacer crecer su emprendimiento. Una de las prioridades de este proyecto de ley es simplificar el sistema de tributación de las empresas pequeñas y medianas, de manera de facilitar el cumplimiento tributario y, por esa vía, apoyar su crecimiento.

Este proyecto de ley también busca otorgar un tratamiento tributario moderno y fiscalizable para la economía digital en sus diversas manifestaciones. Se busca en este ámbito emparejar la cancha de los nuevos emprendimientos digitales que surgen día a día con las Pymes tradicionales, pero teniendo especial cuidado con no afectar el desarrollo de la economía digital, cuya irrupción está generando desafíos en todo el mundo así como también enormes beneficios para las personas.

No solo el crecimiento efectivo de nuestro país se ha visto resentido en los últimos años, sino también su capacidad de crecimiento en el mediano plazo, como consecuencia de sucesivos retrocesos de la inversión y la productividad.

Recuperar esta capacidad de crecimiento es una de las prioridades de nuestro Gobierno y, en esta línea, es esencial simplificar el sistema tributario. Esta idea es respaldada por la OCDE, que en un informe reciente para Chile señala que la simplificación del sistema tributario podría impulsar el crecimiento de mediano plazo de nuestro país. El mecanismo para que esto ocurra, es esencialmente por la vía de permitir un mayor crecimiento de la inversión y de la productividad.

Este proyecto de ley, además de simplificar el sistema tributario, contempla medidas que permitirán dar un impulso adicional a la inversión y sostener este componente de la demanda agregada que es esencial para el crecimiento económico de largo plazo, para la competitividad de la economía y la generación de empleos.

Por otra parte, en una economía pequeña y abierta al comercio de bienes y servicios como es la chilena, el sistema tributario es un elemento central de la competitividad internacional de las empresas locales, así como también, para la atracción de inversión extranjera. Un sistema tributario simple, moderno y que otorgue certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes, como es el que se propone en este proyecto de ley, es fundamental para atraer inversión extranjera, porque permite que los inversionistas prevean con claridad y precisión los efectos de los actos, contratos, y decisiones que tomarán en nuestro país. Esto mismo es válido para las empresas locales que se insertan en un mundo globalizado y que para crecer necesitan expandir sus mercados. Para ellas, queremos facilitar el cumplimiento tributario y entregar mayor certeza y seguridad, de manera que el sistema de impuestos sea un factor que contribuya a su competitividad al momento de salir a competir al mundo.

e.Estabilidad.

La conjunción de todos los elementos anteriores nos debiera permitir generar los cimientos para contar con normas estables en un horizonte razonable de tiempo. Este es un imperativo para el sistema tributario chileno debido a las numerosas modificaciones aplicadas en los últimos años. Ello significa que el sistema tributario no debiera modificarse sustantivamente en cada ciclo de gobierno, por lo que para este proyecto es un desafío el proponer normas que perduren en el tiempo.

f.Suficiencia a fin de hacer frente a los gastos del Estado

Tal como se ha señalado por nuestro Gobierno, este proyecto no reduce la carga tributaria global. Al mismo tiempo, garantiza que los ingresos con los que cuenta el Estado sean suficientes para financiar responsablemente los gastos derivados de su funcionamiento y operación.

CONTENIDO DEL PROYECTO.

A.MEDIDAS PRO CRECIMIENTO

La inversión es un elemento central para el crecimiento de largo plazo. Este proyecto contiene medidas específicas para impulsar la inversión y, por esa vía, el crecimiento económico y la creación de más y mejores empleos. Específicamente en materia de impulso a la inversión, se consideran las siguientes medidas:

1.Depreciación general y para la Región de La Araucanía.

La mejor forma de estimular la inversión en capital fijo es establecer medidas que apunten directamente sobre el gasto de capital de las empresas. La efectividad de estas medidas es mayor si éstas son de carácter transitorio, porque dan origen a adelantos en las decisiones de inversión.

En esta línea, este proyecto de ley establece un incentivo a la inversión consistente en un régimen transitorio de depreciación instantánea equivalente al 50% de la inversión realizada en activos fijos nuevos o importados (incluyendo inversiones en obras y construcciones), una vez que se inicie su utilización. En función de este régimen, que se extenderá por dos años, las empresas podrán depreciar instantáneamente el 50% de la inversión realizada en nuevos proyectos que se inicien durante dicho período, y de forma acelerada el restante 50% de la inversión.

En la misma línea, pero además teniendo en cuenta las circunstancias económicas y sociales por la que atraviesa la región de la Araucanía, este proyecto de ley establece un incentivo a la inversión específico para esta región, consistente en un régimen de depreciación instantánea por el total de las nuevas inversiones realizadas en dicha región durante los próximos dos años, en activos fijos nuevos o importados (incluyendo inversiones en obras y construcciones).

Por último, este proyecto considera mantener la depreciación semi-instantánea (1/10 de vida útil) que existe para todos los contribuyentes que obtienen ingresos anuales iguales o menores a UF 100.000.

2.IVA en la construcción.

El sector construcción es el encargado de materializar los proyectos de inversión en el país y una parte importante de esta inversión corresponde a inversión habitacional. Con un claro foco en la clase media, este proyecto de ley extiende la rebaja de crédito fiscal IVA que actualmente tienen las viviendas de un valor de hasta UF 2.000, equivalente al 65% del IVA, para permitir que viviendas de hasta un valor de UF 4.000 puedan también usar el crédito especial de IVA, pero por un monto equivalente al 45% de dicho IVA. Esta medida generará un impulso en la construcción en este segmento de viviendas y beneficiará con mayores oportunidades y mejores condiciones de compra a las familias de clase media de nuestro país.

3.Extensión de beneficio para zonas extremas.

Las características geográficas de nuestro país se traducen en que las regiones extremas enfrentan no solo condiciones climáticas más desafiantes que el resto del país, sino también que deban enfrentar elevados costos de transporte. Todo esto encarece y dificulta la posibilidad de emprender y desarrollar cualquier actividad económica, de manera que el país ha decidido apoyar a estas regiones con medidas específicas.

Atendiendo las condiciones especiales que enfrentan las regiones extremas del país y buscando fortalecer la actividad económica en estas zonas, este proyecto de ley incorpora modificaciones en leyes que establecen franquicias tributarias de contribuyentes en zonas extremas, ampliando sus beneficios hasta el año 2035.

4.Modernización de procedimientos de solicitud de devolución de IVA.

Otras medidas que buscan generar mejores condiciones para la adquisición de activos fijos por parte de las empresas y, por esa vía, apoyar el proceso de recuperación de la inversión en curso son las siguientes:

a.Se modifica el artículo 27 bis de la ley de IVA, reduciendo el plazo para recuperar el IVA soportado en la adquisición de activo fijo. Estas modificaciones disminuyen el plazo para solicitar la devolución de IVA de 6 a 2 meses contados desde la fecha de la inversión y acortan el plazo de respuesta del Servicio de 60 a 5 días, sujeto a una fiscalización posterior. b.Se modifica el artículo 12 letra B N° 10 de la ley de IVA, que se refiere a la exención de IVA a la importación de bienes de capital relacionados a proyectos de inversión por sobre US$ 5 millones, con el objeto de modernizar su procedimiento de aprobación.

B. INICIATIVAS MODERNIZADORAS, DE SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y DE SEGURIDAD JURÍDICA.

5.Modernización y simplificación del sistema de tributación de las empresas: sistema único y más equitativo.

Se propone un sistema tributario único, conocido por los contribuyentes, y que contribuye a generar equidad horizontal. Este sistema tiene las siguientes principales características:

a.Es un sistema integrado con tributación de las personas en base a retiros.

Las necesidades actuales demandan un relevante incentivo al crecimiento e inversión, por lo que se mantiene el principio actual de integración de la tributación por parte de la empresa, a través de un impuesto corporativo, con la misma tasa para todas las empresas, salvo las que califiquen como Pymes, las que tendrán una tasa menor según se explica más adelante. Los propietarios tributan con impuestos finales exclusivamente en base a retiros efectivos, en una escala progresiva, dependiendo de su nivel de rentas, incentivando así la inversión de los recursos disponibles.

b.Ordenes de imputación.

Como principio rector, los retiros y dividendos de una empresa se imputan en primer lugar a aquellas utilidades tributables, para posteriormente acceder a aquello exento, no renta o bien capital. Cualquier exceso sobre lo anterior quedará asimismo gravado con impuestos finales.

c.Simplificación y liberación de registros.

Con miras a facilitar el cumplimiento tributario y concentrar los esfuerzos de los contribuyentes en sus respectivas actividades y no en obligaciones tributarias accesorias, se simplifican los registros a llevar por las empresas y se libera de la obligación de llevarlos en la medida que no sea estrictamente necesario (por ejemplo en el caso de un contribuyente que no presente rentas exentas o ingresos no constitutivos de renta). En estos casos, mientras el retiro sea tributable, al existir utilidades afectas a impuestos en la empresa, sólo será necesario llevar anualmente un registro de saldo acumulado de créditos, simplificando así fuertemente la carga accesoria de los contribuyentes. Se exigirá acreditar mediante registros tributarios, los cuales son de confección anual, sólo aquellos casos en que el respectivo propietario estime que una remesa o distribución no debe quedar afecta a impuesto alguno conforme al orden de imputación legal.

d.Crédito por impuestos pagados por la empresa.

Se simplifica y equipara el crédito a que tendrán derecho todos los contribuyentes por los impuestos pagados por las empresas de las cuales son propietarios, sin distinguir ni discriminar por la naturaleza de las mismas. Se simplifica asimismo la fórmula de cálculo, registro, obligaciones de anotaciones y otros, manteniendo un sistema justo en que cada contribuyente tiene como crédito un promedio de los impuestos pagados por su respectiva empresa o por aquellas empresas en las que invierte, sin preferencias, promedios nacionales, órdenes o limitaciones particulares, simplificando así la utilización y fiscalización de un sistema que se presenta entendible, equitativo, justo y carente de arbitrariedades y discriminaciones entre sociedades, domicilio del contribuyente y otros factores que se corrigen o eliminan.

e.Modernización e incentivo al crecimiento y principio de realidad económica.

Se simplifica la integración entre diversas situaciones y opciones de organización de las empresas, logrando un tránsito eficiente, viable y amigable de sociedades sin contabilidad o con contabilidad simplificada al régimen único, otorgando posibilidades de opción entendibles y reales. Se busca un incentivo a crecer, una migración amistosa a un sistema único y efectos o externalidades calzados con la realidad económica de las operaciones, especialmente en las reorganizaciones empresariales, dando libertades y elecciones a los contribuyentes ante situaciones concretas, a efectos que la realidad económica de sus operaciones calce con los efectos tributarios de las mismas.

f.Término de giro

Se establece, conforme al nuevo artículo 38 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta (“LIR”), que en caso que los socios del contribuyente sean a su vez entidades que tributan en base a renta efectiva y contabilidad completa, las utilidades pendientes de tributación se entenderán reinvertidas.

En el caso de estructuras con socios contribuyentes distintos de los señalados, se aplicará un impuesto único de término de giro de 35% con derecho a crédito.

6.Modernización y simplicidad del Régimen de Tributación de las Pymesg.Importancia de las Pymes en nuestra economía

Las Pymes son uno de los motores fundamentales de nuestra economía. De acuerdo a información del Servicio en relación a la operación renta 2018, en la actualidad el 98% de las empresas de nuestro país son empresas Pymes que tienen ingresos anuales iguales o menores a UF 50.000.

Conforme a las cifras de la Cuarta Encuesta Longitudinal de Empresas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del año 2017, las Pymes otorgan trabajo a aproximadamente 4,5 millones de personas, esto es, cerca del 50% de la fuerza laboral chilena.

Lo anterior refleja la importancia de las Pymes en el dinamismo y crecimiento de nuestra economía, y su rol estratégico como una de las principales fuentes de trabajo y sustento para los trabajadores y familias chilenas. Las Pymes cumplen una función central en el desarrollo de las regiones de nuestro país, la innovación, la satisfacción de nuevas demandas económicas y el empoderamiento e inclusión de segmentos vulnerables. En este sentido, la OCDE (2017) promueve la constante revisión de la regulación interna con el objeto de mejorar las condiciones institucionales y legales en la que se desenvuelven las Pymes.

Atendido lo anterior, se estima indispensable contar con un sistema tributario simple, moderno y equitativo que establezca condiciones claras para fomentar el crecimiento de las Pymes y entregue bases sólidas para que estas empresas puedan desarrollar sus negocios en un entorno que asegure reglas jurídicas claras.

Actualmente, el artículo 14 ter de la LIR establece un régimen tributario especial en favor de la Pymes, entendiendo por estas a las empresas que, entre otros requisitos, tienen ingresos anuales iguales o menores a UF 50.000. Ahora bien, según los resultados de la operación renta de 2018, menos del 24% de las empresas que tienen ingresos hasta UF 50.000 se encuentran acogidas a dicho régimen. Es por ello, que hemos decidido establecer un nuevo régimen Pyme que opere de forma automática y fomente el desarrollo de las Pymes.

h.Régimen tributario que consagra la Cláusula Pyme:

La Cláusula Pyme se incorpora al nuevo sistema tributario del artículo 14 de la LIR, reemplazando al actual artículo 14 ter.

Los propietarios deben tributar en base a un sistema de integración total, con una tasa especial de impuesto de primera categoría de 25%. Esto permitirá mantener la tasa de impuesto de primera categoría a todas las Pymes que se encuentran acogidas al artículo 14 ter, y al régimen de renta atribuida, y permitirá que aquellas Pymes que se encuentran acogidas al régimen semi-integrado también puedan acceder a esta tasa.

Las Pymes determinan su renta efectiva en base a contabilidad completa y base devengada, incluyendo sus rentas percibidas y devengadas, pudiendo optar voluntariamente por tributar en base percibida. Sobre este punto, se ha estimado relevante que las Pymes lleven contabilidad completa para facilitar su acceso al mercado financiero, a la banca comercial y al mercado en general, en caso de producirse su tránsito a una sociedad de mayor tamaño.

Los dueños de las Pymes deben tributar con impuestos finales en base a los retiros efectivos que realicen, con la opción de elegir la transparencia tributaria de su Pyme, en cuyo caso las utilidades que genere la Pyme se gravarán directamente con la tasa del Impuesto de Global Complementario de sus dueños.

Además, la Cláusula Pyme permitirá que estas empresas queden liberadas de llevar el registro tributario de Diferencia entre la Depreciación Acelerada y Normal (“DDAN”) y de aplicar las reglas tributarias de corrección monetaria.

Finalmente, se fomenta la inversión en activo fijo de las Pymes, confiriéndoles una depreciación instantánea de las inversiones que realicen en dicho tipo de activos.

i.Requisitos para acceder a la Cláusula Pyme y liberación de algunos actuales.

Se permite el acceso a este régimen especial a todas las Pymes, independiente de su naturaleza jurídica y de la de sus socios, a condición de que tengan ingresos anuales iguales o inferiores a UF 50.000 y que obtengan rentas activas iguales o superiores al 65% de sus ingresos. Lo anterior, con el objeto de evitar que las Pymes queden excluidas de este régimen por la sola circunstancia de la naturaleza jurídica bajo la cual fueron constituidas o por el hecho de tener a una persona jurídica entre sus dueños.

j.Ingreso automático a la Cláusula Pyme.

Se establece que las empresas que cumplan

con los requisitos de incorporación a la Cláusula Pyme se acojan a este régimen por el sólo ministerio de la ley, sin necesidad de manifestación expresa por parte de la empresa.

La incorporación automática a la Cláusula Pyme permitirá universalizar los beneficios establecidos en aquélla, eliminando el riesgo de exclusión por desconocimiento o falta de asesoría de los contribuyentes.

k.Nueva tributación en base a propuesta del Servicio.

Con el objeto de simplificar sustancialmente el cumplimiento tributario de las Pymes, el Servicio elaborará una propuesta de declaración a la Pyme en base a la información de que dispone a través de declaraciones juradas, información de terceros, declaraciones de impuestos, etc. (similar a como actualmente efectúa a las personas naturales).

Adicionalmente, la Cláusula Pyme incorpora para las empresas con ingresos anuales inferiores a UF 10.000 la opción de declarar su renta líquida imponible de acuerdo a una propuesta elaborada anualmente por el Servicio sobre la base de márgenes de rentabilidad determinados por tipos de industria o negocio. De esta forma, los contribuyentes que se acojan a esta modalidad quedarán eximidos de la obligación llevar contabilidad y registros tributarios.

Es importante destacar que los contribuyentes que acepten la propuesta del Servicio tendrán la certeza que la autoridad tributaria no podrá realizar posteriores impugnaciones a esta declaración, salvo aquéllas que digan relación con el cumplimento de los requisitos para acceder a este régimen.

Esta nueva modalidad de declaración en base a la información de mercado que dispone el Servicio, supone una innovación en nuestro sistema tributario, que permitirá una disminución importante de la carga administrativa y contable que deben soportar las Pymes para cumplir con sus obligaciones tributarias y les permitirá destinar dichos recursos y esfuerzos al desarrollo y crecimiento de su empresa.

Al mismo tiempo, se estima que esta modalidad de declaración simplificará la labor fiscalizadora del Servicio, lo que implicará una disminución de costos y reasignación de esfuerzos fiscalizadores para la autoridad tributaria.

l.Opción de transparencia tributaria.

Uno de los mayores problemas que se constató en la operación renta de este año fue que las Pymes pagan un impuesto de primera categoría mayor al impuesto global complementario que le corresponde pagar a sus dueños. En la práctica, lo anterior significa que cada año los dueños de las Pymes deben concurrir al Servicio a solicitar una devolución del impuesto de primera categoría pagado por la Pyme que resultó ser en exceso del impuesto global complementario que les correspondía pagar a ellos. De acuerdo a cifras del Servicio, el 97% de los dueños de las Pymes que se acogen al artículo 14 ter se encontrarían en esta situación.

En atención a lo anterior, la Cláusula Pyme considera un régimen de transparencia tributaria para todas las Pymes que tengan como dueños a personas naturales afectas al Impuesto Global Complementario.

Conforme a este régimen de transparencia tributaria, los propietarios de las Pymes podrán optar por quedar gravados directamente con sus impuestos finales sobre las rentas que genere la empresa, evitando de dicha manera que la Pyme pague un impuesto de primera categoría mayor al que correspondería a su dueño.

m.Incentivo a la reinversión de utilidades.

Para las empresas con ingresos anuales no superiores a UF 100.000, se mantiene el beneficio de deducción de la renta líquida imponible de hasta un 50% del monto que se mantengan invertido en la empresa, con tope de UF 4.000.

n.Se mantiene diferimiento de IVA.

Para las empresas con ingresos anuales no superiores a UF 100.000 se mantiene la posibilidad de diferir el pago del IVA hasta en 60 días.

7.Normas que introducen seguridad jurídica

Dada la relevancia de la relación jurídica de Derecho Público, que existe entre el Estado y los particulares, esa relación no puede estar entregada, en cuanto a su alcance y contenido, a la discrecionalidad del Estado, en el ejercicio de la potestad. De ahí la importancia de la Constitución Política de la República, norma superior que consagra principios de orden general relacionados a la tributación, que ha entregado al Estado la posibilidad y potestad jurídica de establecer tributos, cualquiera sea su naturaleza. Este último, en cuanto es el primer y principal encargado y delegado de la sociedad en búsqueda y la consecución del bien común, puede a través de la iniciativa exclusiva de Presidente de la República y luego con la intervención del Poder Legislativo imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar la existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión.

Una de las principales limitaciones al ejercicio de este poder impositivo, es el principio de legalidad, como una de las consagraciones del Estado de Derecho y supone no sólo la sumisión de la actuación administrativa a las normas emanadas del Poder Legislativo, sino también el respeto a la jerarquía de las normas establecidas y la imposibilidad jurídica de que un acto administrativo vulnere una disposición constitucional o legal. Las autoridades administrativas no pueden en consecuencia, establecer hechos gravados que no se encuentren consagrados en la ley, tampoco pueden llevar establecer de manera analógica impuestos.

A nivel constitucional, el principio de legalidad en Chile, presenta un doble aspecto, el primero, relativo a las facultades o atribuciones de los órganos del Estado, quienes de conformidad a lo establecido por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, pueden realizar aquellas actuaciones que le ley expresamente les ha atribuido, dado que sólo tienen las facultades y atribuciones que la Constitución o la ley expresamente les confiere.

En un segundo aspecto, el principio de legalidad se refiere al denominado principio de la reserva legal, en virtud del cual determinadas materias sólo y exclusivamente pueden ser reguladas en virtud de una ley, tal y como lo dispone el artículo 60 de la Constitución, al señalar "que sólo son materias de ley", las que indica en dicho artículo.

Cabe recordar, que la Constitución Política de la República, establece en sus artículos 63 Nº 14 y 65 inciso cuarto Nº 1, el principio de reserva legal, en virtud del cual sólo a través de una ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República es posible imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión.

De esta manera, en materia tributaria no es admisible la creación de hechos gravados de manera analógica o más allá de lo que establece la ley. Por tanto, no puede ser un reglamento, un decreto, ni menos una circular, un oficio o la interpretación del Servicio llevada a cabo a través de un proceso de fiscalización, los que definan y determinen la procedencia de un determinado beneficio, que por mandato de la Constitución, le competen exclusivamente a la ley.

Cabe hacer presente, que el principio de legalidad en materia tributaria, tiene implicancias adicionales, que este proyecto hace suyos:

-Es garantía de igualdad. Al ser el legislador, a través de la ley, el que decide qué impuestos se aplicarán y de qué manera, se logra que los ciudadanos de todo Chile, de cualquier condición o lugar, queden sometidos a una misma norma sin espacio a decisiones discrecionales de la Administración. Ello favorece, además, la competencia en igualdad de condiciones de los distintos actores económicos.

-El sistema de interpretación de la ley tributaria debe ser acorde con las normas generales del derecho común, - por de pronto con las normas interpretativas del Código Civil - sin espacio a una interpretación ajena, desvinculada de nuestros principios generales en materia de derecho, salvo claro está en aquellos casos en que el legislador tributario ha establecido normas especiales y específicas, o definiciones que son aplicables exclusivamente en materia tributaria. Lo anterior, no es más que la aplicación de un principio general de derecho conocido como “principio de especialidad”, y sin embargo la legislación tributaria debe utilizar como metodología de interpretación la normativa consagrada en el derecho común.

Es trabajo del legislador el perfeccionar las normas allí donde sea necesario, sin que por la vía de la interpretación se permita entrar a establecer hechos gravados donde la ley no lo ha hecho.

-Genera una administración tributaria que, respetuosa en todo momento de la legalidad, aplica las normas sobre tributos y beneficios en su verdadero sentido y alcance, sin espacio para la integración analógica que termina transformando a quienes deben fiscalizar la aplicación de la ley en verdaderos legisladores particulares.

-Impone una exigencia al legislador en cuanto al nivel de densidad y especificidad en sus regulaciones tal que, en caso de ser menester la colaboración reglamentaria, la misma se limite a aplicar reglas predefinidas por el legislador, sin ejercicio de la discrecionalidad y permitiendo, de ser necesario, el control judicial de dichas decisiones.

-Tal como se impone al intérprete el principio de legalidad, también se impone a los contribuyentes, de manera tal que los ciudadanos deben observar en base el referido principio la obligación irrestricta de pagar y contribuir con sus tributos de acuerdo a su capacidad tributaria, sin que sea admisible ni lícito dejar de cumplir con las obligaciones establecidas por el legislador, tanto en la forma como en el espíritu de las normas.

En base al reconocimiento de estos y otros aspectos específicos del principio de la reserva de ley en materia tributaria, el proyecto busca garantizar también una mayor eficiencia recaudatoria, al permitir a todos el conocer claramente los alcances tributarios de sus actuaciones, facilitándoles la toma de decisiones y la inversión.

Así las cosas, este Gobierno, en su calidad de titular de la iniciativa exclusiva en materia de legislación tributaria, no quiere dejar de dar cuenta de estas ideas base de nuestro sistema constitucional tributario que inspiran el proyecto, de manera de colaborar en la labor fundamental que desarrolla el Servicio en la aplicación y fiscalización de la legislación tributaria.

En base a lo anterior, hemos efectuado en algunos casos adecuaciones menores que permiten que las normas se puedan comprender con mayor facilidad, dado que se aclara su redacción. En otros casos, se efectúan cambios sustantivos para introducir certeza tributaria en normas ya fuera a través de interpretaciones muy restrictivas del o que se fiscalizan en ocasiones contrariando el espíritu de las mismas, hoy requieren de cambios sustantivos para devolver la certeza y seguridad jurídica que es base del ordenamiento jurídico, evitando de este modo, litigaciones costosas, contrarias al emprendimiento y que dejan normalmente a los contribuyentes de menores recursos en una posición muy menguada dado que no pueden acceder a asesorías costosas y sofisticadas.

a.Modificaciones sustantivas que brindan seguridad jurídica.o.Silencio Positivo

Para efectos de dar certeza y celeridad a los procesos ante el Servicio, se establece como principio general, salvo norma legal en contrario, que operarán las reglas de silencio positivo para todas las solicitudes, presentaciones y recursos de cualquier tipo o naturaleza que redunden en un acto administrativo final. Así las presentaciones ante el Servicio que no sean resueltas dentro de plazo legal y siempre que el peticionario comunique al Servicio sobre la proximidad del vencimiento del plazo, se considerarán resueltas positivamente. La comunicación deberá enviarse mediante correo electrónico al superior jerárquico que corresponda, el quinto día anterior al vencimiento del plazo en cuestión.

i.ii. Implementación de recursos administrativos.

Se trata de dar reconocimiento a nivel tributario de la ley Nº 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, como lo es el recurso de carácter jerárquico.

Se reconoce que, en caso de vulneración de los derechos de los contribuyentes, se podrá interponer una queja administrativa ante el Director Regional o Nacional según corresponda, para que se tomen las medidas correspondientes. En esta misma situación, se podrá interponer una queja ante la nueva Defensoría de Derechos del Contribuyente, o bien se podrá interponer el correspondiente recurso ante el Juez Tributario competente

ii.iii. Derecho a que las fiscalizaciones observen fielmente los plazos de prescripción.

En el artículo 21 del Código Tributario se hace expresa mención a que el Servicio no podrá solicitar antecedentes anteriores a los plazos de prescripción, lo que incluye la revisión de capital propio tributario, pérdidas tributarias y remanente de crédito fiscal. Sólo se podrá excepcionar de los plazos de prescripción la situación especial y excepcional, cuando así se establezca mediante resolución fundada, y partiendo de la presunción que la pérdida y el remanente de crédito fiscal IVA se corresponden con los antecedentes presentados por el contribuyente.

Respecto del capital propio tributario, el Servicio debe revisar las reorganizaciones, partidas, actos contratos u operaciones que tengan incidencia en dicho capital propio, dentro de los plazos de prescripción tributaria, sin que pueda pedir antecedentes anteriores a dichos plazos.

iv. Modernización del concepto de gastos del giro de la empresa.

Hemos constatado que en los últimos años y especialmente a raíz de la incorporación de la Norma General Antielusiva (“NGA”) el Servicio de alguna manera recrudeció el rechazo de gastos en la determinación de la renta líquida imponible, aplicando esta norma especial antielusión, de manera bastante extendida, y poniendo en tela de juicio o privando al contribuyente de la posibilidad de deducir gastos que resultan en interés del negocio de la empresa y que pese a no generar rentas de manera directa sí son necesarios para desarrollar el giro. Incluso las interpretaciones más estrictas llevaron a exigir a los contribuyentes que para deducir un gasto debía tratarse de un desembolso inevitable u obligatorio, casi indefectible, rechazando en general todos los gastos voluntarios, extraordinarios y que no generaran una renta correlativa.

Así las cosas, creemos conveniente y se ha trabajado con el Servicio en una nueva definición de gasto que puede ser deducido de la renta, disponiendo que serán tales los que cumplan las siguientes condiciones: (a) que se encuentren vinculados directa o indirectamente al desarrollo del giro, entendiendo por tal el que se realiza para el desarrollo de las operaciones o negocios de la empresa o el que se efectúa en el interés de la misma; incluyendo gastos ordinarios, extraordinarios, habituales, excepcionales, voluntarios u obligatorios; (b) que sean razonables en cuanto a su monto, atendidas las circunstancias particulares del caso; (c) que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30; (d) que se encuentren pagados o adeudados durante el ejercicio comercial correspondiente; (e) que tengan una causa lícita y no tengan su origen en comportamientos dolosos; y (f) que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio, en caso de fiscalización, a través de los medios de prueba que corresponda conforme a la naturaleza de los respectivos desembolsos.

Adicionalmente, se incorporan en el catálogo del artículo 31 nuevos gastos especiales, tales como los gastos relacionados con responsabilidad social empresarial y gastos por obligaciones legales de responsabilidad objetiva de indemnizar o compensar.

v. Norma general de tasación.

Para otorgar certeza jurídica a los contribuyentes respecto del ejercicio de esta facultad por parte de la autoridad administrativa, se incorporan ejemplos de las circunstancias concomitantes que deben considerarse al ejercer esta facultad; se explicita el derecho del contribuyente de aplicar cualquier método de valoración basado en técnicas de general aceptación para efectos de justificar el precio o valor respectivo.

Más importante, se establecen presunciones que otorgan puertos seguros a los contribuyentes respecto de los valores que pueden considerar para realizar ciertas operaciones.

Asimismo, se incorporan normas más modernas de reorganización de grupos empresariales, que exigen darles una mirada consolidada, propia de su naturaleza, para efectos de calificar sus efectos tributarios o de fiscalizarlas, y se regula dicho procedimiento. Asimismo, se otorgan seguridades respecto de los medios de prueba que puede utilizar el contribuyente para acreditar los valores utilizados.

b.Adecuaciones particulares en materia de seguridad jurídicai.Norma de interpretación en materia tributaria

Un problema recurrente en materia de interpretación de actos y contratos por parte del Servicio, lo que ha llevado a diferencias relevantes al momento de establecer la procedencia de determinados hechos gravados, ha sido la opinión del órgano administrativo relativa a que el derecho tributario debe ser interpretado en oportunidades con prescindencia de las normas de derecho común, superponiéndose en determinados casos a la normativa general establecida en otros cuerpos legales, con miras a recalificar ciertos actos o bien buscar la real intención de las partes al celebrar un acto jurídico en particular, aun cuando dicho acto, sus elementos y sus efectos se encuentren expresamente regulados en la ley.

Estimamos relevante aclarar que el derecho tributario debe interactuar con el resto de las ramas del derecho, bajo un principio de supremacía legal ordinario establecido en la Constitución Política de la República, debiendo coexistir y ser parte del ordenamiento jurídico general, en una coincidencia interpretativa de los actos jurídicos conforme a su regulación ordinaria, no obstante las facultades particulares de recalificación que tenga el Servicio y que se regulan expresamente a través de la NGA.

Lo anterior resulta además, especialmente relevante al momento de aplicar la economía de opción, todo conforme se tratará con detalle más adelante, la cual hace válida las legítimas conductas y opciones contempladas en la ley general -no exclusivamente tributaria-, siempre y cuando se respete la naturaleza jurídica de la normativa que corresponda, lo cual debe ser interpretado conforme a los principios interpretativos generales de derecho respecto de la regulación particular de la normativa aplicable.

El artículo 4 del Código Tributario regula actualmente la imposibilidad de ocupar el derecho tributario para afectar la validez o efectos de actos o contratos en otras ramas del derecho, teniendo un efecto relativo enmarcado exclusivamente en un ámbito tributario, sin afectar los derechos y obligaciones en materia civil u otras ramas del derecho. Lo que proponemos es incorporar un inciso segundo que señale que sin perjuicio de las materias que la normativa regule de manera específica (“principio de especialidad”), la interpretación y aplicación de las disposiciones tributarias, de los actos jurídicos y de los contratos deberá considerar las normas del derecho común, incluyendo criterios interpretativos y principios generales de derecho.

ii.Norma General Antielusión.

Estamos convencidos que la NGA constituyó un avance que, a la fecha, ha generado fundamentalmente un efecto disuasivo de realizar planificaciones destinadas a defraudar la finalidad de la normativa tributaria, a simular actos o contratos, o a realizar tales actos, contratos o planificaciones sin causa u objeto alguno. Estamos convencidos que el cumplimiento tributario exige el respeto irrestricto del principio de legalidad por los contribuyentes. Deben cumplir con sus obligaciones tributarias en la forma y en el fondo, no siendo lícita la elusión.

Sin perjuicio de ello, es necesario incorporar ciertos ajustes a la NGA, fundamentalmente contemplada en los artículos 4 bis, 4 ter, 4 quáter, 4 quinquies, 26 bis, 100 bis y 160 bis, todos del Código Tributario (“CT”), a efectos de obtener una doble finalidad: primero, otorgar un mayor grado de certeza a los contribuyentes, en orden a qué pueden y qué no pueden hacer; y, segundo, hacer que la NGA sea una herramienta que, de modo eficiente, el Servicio pueda aplicar en la práctica.

En, buena medida los ajustes a la NGA que se proponen aquí son más bien aclaraciones del sentido y alcance de la actual normativa, y podrían perfectamente ser materia de una ley interpretativa. Con todo, parece aconsejable que los referidos ajustes adopten la forma de una ley modificatoria que se pase a incorporar al texto mismo del CT, por dos motivos: (i) por una razón de técnica legislativa, en cuanto resulta conveniente que los ajustes a la NGA se incorporen a la misma normativa, y no figuren en un cuerpo legal distinto (como lo sería una ley interpretativa); y (ii) a fin de evitar cualquier interpretación sobre que los ajustes tendrán un efecto retroactivo en los términos del inciso segundo del artículo 9 del Código Civil.

La NGA se mantiene con sus mismas características y definiciones para llevar a cabo sólo adecuaciones menores, que se han trabajado en conjunto con el Servicio, para hacer de esta norma una herramienta no sólo disuasiva sino efectiva en la consecución de sus fines, cual es la de poder mirar el fondo de los actos jurídicos, contratos, reestructuraciones en los cuales, habiendo habido abuso de forma jurídica o simulación, el organismo fiscalizador pueda ir a exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias que correspondieran en ausencia de simulación o de abuso.

Se mantienen entonces los artículos 4 bis y siguientes en su misma estructura, esto es, en los casos en que el Servicio busque llevar a cabo una recalificación tributaria debe hacerlo necesariamente invocando elusión, en los términos definidos en los artículos 4 ter y 4 quáter, esto es, en caso de abuso de forma jurídica o en caso de simulación. Las principales adecuaciones son las siguientes:

-Ajuste relativo a que el Servicio, para hacer valer la sustancia sobre la forma, necesariamente debe seguir el procedimiento de la NGA. Los dos primeros inciso del artículo 4 bis se traducen en que el CT consagra positivamente el denominado principio de “sustancia sobre forma” (inciso primero), disponiendo que el Servicio debe reconocer y consecuentemente ajustar su obrar y partir de la base que existe una coincidencia entre sustancia y forma (inciso segundo).

Sin perjuicio de ello, y como lo establecen los incisos que siguen, tal reconocimiento y presunción de coincidencia entre sustancia y forma desaparecen en hipótesis de elusión (sea por abuso o por simulación).

En otras palabras, los únicos casos en que el Servicio puede desatender la “forma” –para buscar y hacer efectiva una “sustancia” que no coincida con ella- son las hipótesis de elusión que la ley reglamenta (abuso y simulación), para lo cual necesaria e ineludiblemente debe seguir el procedimiento administrativo y judicial que el legislador ha establecido al efecto.

Si bien lo anterior parece ser claro en el contexto de la incorporación de la facultad de recalificación al artículo 4 bis con motivo de la incorporación de la NGA mediante la ley Nº 20.780, asimismo parece no estar de más el que sea explicitado en dicho artículo, a fin de evitar cualquier duda sobre la materia, restringiendo así la facultad de recalificación del Servicio exclusivamente a los casos previstos en los artículos 4 ter y 4 quáter.

-Se establece que en los casos que el Servicio inicia un proceso de fiscalización de acuerdo a una norma especial anti elusión no podrá posteriormente iniciar un proceso por NGA por los mismos actos jurídicos y contratos. Lo mismo ocurre en sentido contrario, cuando el Servicio haya decidido perseverar en la aplicación de la NGA.

-Ajuste relativo a la configuración de las hipótesis de “abuso de formas”. Uno de los mayores problemas interpretativos relativos al abuso tributario, se refiere a la exigencia del artículo 4 ter del CT en orden a que habrá abuso en la medida que los actos o negocios no produzcan resultados o efectos jurídicos o económicos “relevantes” para el contribuyente o un tercero, relevancia que a su vez debe ser medida o analizada por el Servicio y luego por los tribunales.

El problema se genera por el hecho que el término “relevante” es sumamente amplio, ambiguo y, además, se emplea de forma eminentemente relativa y subjetiva (en cuanto alude a una relevancia “para” el contribuyente o un tercero). Así, se trata de un término que, por un lado, genera incertidumbre en los contribuyentes, y por el otro, dificulta la aplicación de la NGA al Servicio. De ahí que sea conveniente eliminar el término de la norma, en cuanto genera más problemas que aclaraciones.

-Adicionalmente, y a efectos de intentar dar mayor claridad acerca de la hipótesis de abuso tributario, se reincorpora a la norma una frase contenida en el proyecto original de la Ley N° 20.780 (y que, a su turno, era la empleada por la norma española que se empleó como modelo), consistente en que los actos deben ser “notoriamente artificiosos” para la consecución del resultado obtenido. Con ello, se quiere denotar que, para que exista abuso, no basta la existencia de una operación no habitual o usual, sino que derechamente falsa, ficticia y artificial (tal y como lo define el diccionario de la Real Academia Española), al punto de ser indiciaria de ser el acto fraudulento, esto es, “contrario al fin de la ley” conforme a los términos del artículo 11 del Código Civil.

-Ajuste relativo al alcance y ámbito de aplicación de la figura de la “economía de opción”. La interpretación actual del Servicio respecto del inciso segundo del artículo 4 ter ha sido que la economía de opción o legítima opción de conductas y alternativas por parte del contribuyente debe restringirse únicamente a las franquicias tributarias u opciones expresamente reguladas en la legislación tributaria, lo cual restringe gravemente la autonomía de la voluntad y además hace en la práctica inaplicable la economía de opción a gran parte de los actos y contratos incluso regulados, por no encontrarse expresamente contemplados -como es de toda lógica- en la legislación tributaria, de manera que se propone compatibilizar la economía de opción con el ordenamiento jurídico y no sólo con la ley tributaria. Se elimina también el concepto “razonable” opción de conductas, puesto que le introduce un factor de objetividad que hace incierta la norma tanto para el Servicio como para el contribuyente.

-Se introduce un ajuste relativo al alcance y ámbito de aplicación de la figura de la “simulación”,

En cuanto a las clases de simulación susceptibles de ser constitutivas de elusión, a saber, existe la simulación absoluta (se celebra un acto aparente en circunstancias que en verdad no se quería celebrar ninguno) y la simulación relativa (se celebra un acto aparente en circunstancias que en verdad se quería celebrar uno distinto).

En rigor, para que se configure la simulación tributaria lo relevante es que el contribuyente desea encubrir una determinada cuestión de índole netamente impositiva (configuración del hecho gravado, de los elementos de la obligación, su monto o data), siendo indiferente para que se configure la elusión si la simulación fue absoluta o relativa.

Con todo, para despejar cualquier duda que pudiere existir sobre la materia, se explicita en el artículo 4 quáter que puede configurar elusión tanto la simulación absoluta como la relativa, en cuanto que se trata de términos unívocos para la doctrina y jurisprudencia nacional .

Se armoniza lo dispuesto en el artículo 4 quáter con el tipo penal o infraccional especial contenido en el números 4, 8, 9, 23, 24 y 25 del artículo 97 del CT, en el artículo 64 de la Ley sobre Impuesto de Herencias, Asignaciones y Donaciones y artículo 479 Nº 8 del Código Penal.

La entidad de la respuesta del ordenamiento jurídico en uno y otro caso es evidente: en materia de elusión, se está defraudando la finalidad de la ley a efectos de obtener indebidamente un ahorro tributario, por lo que amerita desconocer la apariencia de la operación. En cambio, es mucho más grave el caso de quien mediante simulación lleva a cabo alguna de las figuras antes indicadas, y que requieren una sanción penal.

-Se moderniza y hace más expedito el trámite de consulta antielusión, con plazos más acotados y con respuestas más efectivas, de manera que constituya una herramienta eficaz.

iii.Precisión de habitualidad en el IVA.

Se lleva el concepto de habitualidad del IVA a nivel legal en vez de reglamentario.

Se establece la obligación del Servicio de dictar una resolución para calificar la habitualidad que es necesaria para que una venta se considere afecta a IVA, basado en la frecuencia y cantidad.

Se señala que la calificación de habitualidad del Servicio no se hará con efecto retroactivo a operaciones anteriores.

4.Derechos del Contribuyente: “Defensoría de Derechos del Contribuyente” (“DEDECON”) y nuevo catálogo acorde a la experiencia internacional.p.DEDECON

A fin de lograr compatibilizar el rol fiscalizador del Servicio, por cierto, irremplazable y de insustituible valor, y los anhelos e inquietudes de los contribuyentes, hemos escuchado la solicitud persistente de las Pymes y así hemos acogido con buenos ojos, seguir la tendencia que en otros países como México ha sido sumamente exitosa, creando un nuevo organismo, que dependerá del Ministerio de Hacienda y estará a cargo de la velar por el respeto de los derechos de los contribuyentes, especialmente de los más vulnerable y pymes. Será una entidad que sin tener facultades jurisdiccionales, ni de representación judicial de los contribuyentes, tendrá un relevante rol de mediación de los conflictos que se presenten entre el Servicio y los contribuyentes, recibiendo quejas de estos últimos, pudiendo proponer buenas medidas en pos de una mejor política pública, e incentivando el cumplimiento tributario, entre otras.

Se busca obtener soluciones eficientes y menos costosas, tanto para el fisco como para el contribuyente, evitando en lo posible litigios tributarios costosos y de largo plazo, entregando medios alternativos de solución de conflictos.

A través de esta entidad se busca fomenta la confianza recíproca entre el contribuyente y la autoridad tributaria, incentivando buenas prácticas de fiscalización y cumplimiento tributario.

Este órgano busca ser un pilar y un baluarte de ayuda al contribuyente que ve vulnerados sus derechos, para cuyo efecto tendrá funciones claramente operativas como las de recibir quejas de los contribuyentes que prefieren acercarse a la defensoría para que represente ante el Servicio dicha queja. Es una entidad que puede efectuar recomendaciones para mejorar la relación fiscal entre contribuyente y el Servicio; también podrá actuar como entidad de mediación y coadyuvar a la celebración de acuerdos entre Servicio y contribuyentes.

También podrá ejercer funciones de estudio relevantes en materia tributaria, efectuar propuestas que ayuden a mejorar la política pública, proponer modificaciones a la normativa de la autoridad tributaria, desarrollar labores de investigación y análisis de problemas sistemáticos (grupos de contribuyentes), proponer modificaciones a disposiciones legales, desarrollar reuniones periódicas con el Servicio a fin de que actúen con debida coordinación; y emitir opiniones técnicas.

Su sede estará en Santiago y la relación con los contribuyentes de regiones se podrá realizar a través de las Intendencias Regionales o Gobernaciones Provinciales.

Al cabo de dos años de iniciado su funcionamiento, el Ministerio de Hacienda deberá emitir un informe que analice la necesidad de instalar o no en algunas regiones del país unidades regionales de la DEDECON.

q.Derechos del contribuyente.

Desde el año 2010 y siguiendo una tendencia internacional, nuestro CCT reconoce derechos básicos que tiene un contribuyente; sin embargo, un proyecto modernizador no puede dejar sin resguardo los derechos de los contribuyentes. En efecto, en los últimos años las diversas reformas han tendido a potenciar las facultades del Servicio, lo que se ha traducido en más fiscalizaciones, más información que se debe proveer al Servicio, más declaraciones juradas, etc. Sin embargo, los derechos de los contribuyentes no se han ajustado de la misma manera y en ocasiones ello genera una sensación de desigualdad y de indefensión.

Es por ello, que se hace una completa y exhaustiva revisión del artículo 8 bis , del artículo 8 ter y de varias normas que contemplan facultades fiscalizadoras y revisoras del Servicio, como lo son el artículo 33 y siguientes y 59 y siguientes del CT, contemplando correlativamente derechos a fiscalizaciones con fines, objetivos y plazos claros y específicos; derecho a que se le informe la situación tributaria y el estado de tramitación de un procedimiento; derecho a que se admita la acreditación de los actos, contratos, etc., mediante los medios probatorios que correspondan conforme al ordenamiento común y si se trata de actos suscritos en el exterior a que no se exijan requerimientos incumplibles; a obtener certificaciones de no existir gestiones pendientes; a no ser fiscalizados por las mismas partidas y períodos que ya han sido objeto de una fiscalización anterior; entre otros.

Es importante destacar también que se aclaran y especifican las situaciones que conforme al 8 ter del CT permiten el bloqueo de documentos tributarios, puesto que se reconocen las gravosas consecuencias que puede tener dicha medida para el contribuyente, quien debe conocer con precisión y debe ser notificado de la adopción y causales de tales medidas, a fin que pueda proceder a su pronta solución.

8.Otras Medidas Modernizadoras. r.Documentación electrónica

En nuestro primer Gobierno se aprobó el proyecto de ley que estableció la obligatoriedad de la utilización de la factura electrónica. A inicios de este año, con la incorporación de las microempresas rurales, terminó el exitoso proceso de implementación de este sistema, iniciado en noviembre de 2014 con las grandes empresas.

La implementación de la factura electrónica ha sido clave en un proceso de reducción paulatina, pero persistente de la evasión tributaria. En efecto, de acuerdo con las cifras del Servicio, la evasión de IVA se redujo en prácticamente tres puntos porcentuales entre 2014 y 2017, lo que implica mayores ingresos para el fisco, que se suman a la mayor recaudación por impuesto a la renta totalizando del orden de US$ 1.700 millones anuales de mayores ingresos fiscales.

La exitosa experiencia de la implementación de la factura electrónica en materia de recaudación fiscal, reducción de la evasión y el consecuente aumento de la formalidad de la economía nos indican que es necesario seguir avanzando en esta línea. Esa es la razón por la que en este proyecto de ley se introduce la obligatoriedad del uso de la boleta electrónica. Estimamos que este nuevo paso en el uso de la tecnología en las transacciones diarias de la población, significará un paso muy importante en materia de formalización de las transacciones, menor evasión y será una fuente relevante de ingresos fiscales.

s.Modernización y facilitación de normativa sobre donaciones y entregas de bienes a título gratuito.

Con miras a generar una economía más solidaria y sustentable, hemos estado desde hace meses trabajando en fomentar la entrega gratuita de bienes de primera necesidad, para el uso o consumo humano, que por razones diversas (próxima fecha de vencimiento, fallas de producción, desperfectos de embalaje, etc.) no pueden comercializarse.

Sin embargo, las medidas adoptadas encuentran su reconocimiento a nivel de circulares y resoluciones del Servicio, que han contado con la flexibilidad y respaldo de dicha entidad pero que requieren de una base orgánica legal para transformarse en una política decidida y estable. Un grupo transversal de senadores nos hizo llegar un acuerdo parlamentario en el mismo sentido(Boletín Número S2001-12, 7 de agosto de 2018).

Así, permitiremos a los contribuyentes que puedan reconocer como un gasto el costo de los bienes entregados a entidades sin fines de lucro inscritas en el Servicio. Esta medida genera un círculo virtuoso y por ello se expande a otros bienes como libros, ropa, útiles escolares y otros que generan impacto social. Para estos efectos, se tomarán todas las medidas de información y/o trazabilidad que sean necesarias para resguardar el interés fiscal. Por otra parte, queremos que la Ley de Responsabilidad del Productor, empiece a generar sus efectos, y en tal sentido creemos conveniente impulsar a las empresas a evitar la destrucción de bienes. Así, las empresas que pudiendo haber hecho entrega gratuita de los bienes, cuando ello sea procedente, no podrán deducir como gasto el costo de los bienes destruidos si no se acogen a la normativa de entrega gratuita de bienes.

Por otra parte, se introducen ciertas adecuaciones en materia de donaciones para facilitar la posibilidad que ciertos contribuyentes que quieren donar no pueden hacerlo por sus especiales restricciones. Así incluiremos en las leyes más relevantes de donaciones la posibilidad de donar en situación de pérdida tributaria, con ciertos límites, pero en tal caso, sólo podrán deducir los montos donados como gasto y no como crédito.

Adicionalmente, reconociendo la realidad de las familias y en especial los grados de libertad que deben tener los contribuyentes personas naturales que tienen su tributación personal cumplida, se establece un monto máximo permitido donar (que no puede superar de 500 UTM anuales), que estará exento de impuesto de donaciones y del trámite de insinuación judicial.

t.Modernización de la tributación de las ganancias de capital.

Dada las diversas diferenciaciones y condicionamientos que tienen actualmente el artículo 17 Nº 8 de la LIR en materia de ganancias de capital, se hace un esfuerzo sistematizador y modernizador de las normas y operaciones a que alude dicha norma.

Para acciones y derechos sociales, se establece como posibilidad para las personas naturales el poder tributar con un impuesto único de tasa de 20%, atenuando así, de alguna manera, la doble tributación que se genera por los dividendos y utilidades que estos bienes generan al ser enajenados.

Se hace presente también que se hace un esfuerzo por dinamizar la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa, generando un nuevo y más moderno y cercano tratamiento tributario a los planes de compensación laboral, de modo de no castigar esta clase de herramientas que pueden ser de gran utilidad para fortalecer el compromiso de los trabajadores con la empresa y de sus dueños para con ellos.

Se reconoce también bajo una mirada más económica el desarrollo de los pactos de retrocompra y asimismo, las transacciones sobre títulos de crédito.

También debe mencionarse que se contempla en el proyecto una nueva definición de capitales mobiliarios en el artículo 20 Nº 2 de la LIR.

u.Modernización y simplificación de las normas de tributación internacionali.Concepto doméstico de establecimiento permanente.

Se trata de introducir un concepto más claro, moderno, acorde con los nuevos tiempos; darle herramientas a los contribuyentes extranjeros que les permitan determinar con cierto grado de claridad cuándo existe un establecimiento permanente en Chile y cuándo por tanto debe tributar en Chile como tal con las consiguientes obligaciones tributarias. Se define el concepto de establecimiento permanente desde una perspectiva doméstica, recogiendo las más recientes directrices de la OCDE pero adecuando ciertos conceptos internacionales a la realidad específica de nuestra de legislación tributaria.

ii.Normas de alivio de la doble tributación internacional, artículos 41 A y 41 C.

Con el objeto de simplificar la comprensión y aplicación de las normas que morigeran la doble tributación internacional, se unifican en el artículo 41 A de la LIR el uso de créditos por impuestos pagados en el extranjero por contribuyentes residentes y domiciliados en Chile, que actualmente se encuentran disgregados en los artículos 41 A, 41 C y 41 G de la LIR. Con el mismo propósito, se armonizan los topes aplicables a la utilización de dichos créditos y se otorga certeza respecto de los tipos de rentas que dan derecho a crédito, cuando existe inversión en un tercer país. Adicionalmente, se simplifica la acreditación de los impuestos pagados en el extranjero con el objetivo de evitar que se pierda dicho crédito debido a las dificultades de cumplimiento de las formalidades rígidas exigidas.

Se soluciona además la situación de sociedades residentes en Chile que invierten en sociedades extranjeras que, a su vez, tienen participaciones en nuestro país, permitiéndoles aliviar la doble tributación en los mismos términos que si la inversión se realizara en un tercer país.

iii.Reconocimiento excepcional del royalty como una renta productiva, en casos de vehículos controlados en el exterior.

El artículo 41 G de la LIR constituye una excepción a la regla general de reconocimiento de las rentas de fuente extranjera sobre base líquida percibida, estableciendo la obligación de tributar en base devengada las rentas pasivas de entidades sin domicilio ni residencia en el país, controladas por contribuyentes chilenos. Esta norma tiene por propósito evitar el diferimiento del impuesto a la renta chileno respecto de rentas de fácil movilidad como lo son las rentas pasivas.

De manera general, entre las rentas pasivas se consideran las derivadas de la cesión del uso, goce o explotación de marcas, patentes, fórmulas, programas computacionales y otras prestaciones similares, sea que consistan en regalías o cualquier otra forma de remuneración.

Con el objetivo de incentivar la innovación se agrega una excepción a dicha calificación respecto de actividades empresariales de desarrollo tecnológico que empresas chilenas emprendan a través de filiales en el extranjero.

Adicionalmente, se elimina la limitación especial al gasto por concepto de regalías que actualmente contempla el número 12 del artículo 31 de la LIR, sujetando dichos gastos a las normas generales.

iv.Nueva definición de territorios o jurisdicciones con régimen fiscal preferencial.

En virtud de las dificultades prácticas que han enfrentado los contribuyentes y la autoridad administrativa para la definición de territorios o jurisdicciones con régimen fiscal preferencial bajo la actual configuración del artículo 41 H, se modifica la norma, estableciendo como elemento preponderante para definir la calidad de régimen fiscal preferencial la no existencia de intercambio efectivo de información con las autoridades fiscales de dicho territorio, lo que va en línea con los avances que en dicha materia ha tenido nuestro país a través de la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales en pos de la transparencia fiscal internacional.

v.Eliminación de obligaciones de responsabilidad solidaria en caso de operaciones en el extranjero.

Se elimina la responsabilidad solidaria adicional que se había establecido respecto de la sociedad residente en Chile cuyas acciones o derecho eran indirectamente enajenadas por una entidad residente en el exterior. Dicha extensión de responsabilidad implica que una sociedad residente que no tiene información ni derecho alguno respecto de las transacciones que se llevan a cabo en el exterior sobre la entidad que es dueña de sus derechos o acciones, fuera la responsable de enterar al fisco los impuestos que, en su caso, dejara de pagar o retener el enajenante o el adquirente de las acciones o derechos.

vi.Modificaciones en materia de tributación de financiamiento vía créditos externos.

Se modifica la norma de relación del numeral iv del artículo 41 F de la LIR, eliminando aquellas hipótesis que afectan a operaciones celebradas entre un deudor y un acreedor que no son ni directa ni indirectamente relacionados, y que crean inequidades respecto de financiamientos con garantía.

Adicionalmente, el artículo 41 F contempló una norma de excepción a la aplicación de las restricciones de exceso de endeudamiento, respecto del financiamiento de proyectos de inversión de gran envergadura conocidos como project finance. La norma de excepción trató de evitar que este tipo de proyectos, generalmente de gran importancia para el desarrollo de Chile, fueran afectados por las amplias normas de relación establecidas, ya que este tipo de financiamientos indefectiblemente requieren del otorgamiento de garantías de variada índole.

Sin embargo, los términos rígidos en que ésta fue redactada, en que se intenta definir cómo se estructura un project finance, no permite salvaguardar las distintas estructuras comerciales que se utilizan en nuestro país y en el mundo para el financiamiento de este tipo de proyectos.

Con el propósito de solucionar estas dificultades, se modifica la norma de excepción que busca salvaguardar proyectos de gran envergadura, otorgando un concepto lo suficientemente amplio para que capte las diversas formas de estructura de este tipo de financiamiento, para no encarecer sin mayores razones su financiamiento y desarrollo.

vii.Restricción del uso de tasa preferencial 4% respecto de financiamientos tipo back-to-back.

Se modifica el artículo 59 de la LIR, con el objeto de restringir el uso de la tasa preferencial de impuesto adicional de 4% sobre intereses proveniente de créditos otorgados desde el exterior por instituciones bancarias o financieras extranjeras o internacionales, a aquellos casos en que el banco o institución financiera extranjera o internacional sea el beneficiario final o efectivo de los intereses. Producto de esta modificación legal, la utilización de estructuras de financiamiento del tipo back-to-back no podrán beneficiarse de la tasa reducida del 4%.

Si un banco o institución financiera extranjera o internacional no es el beneficiario final de los intereses, la tasa aplicable de impuesto adicional será la tasa general de 35%.

viii.Reorganizaciones internacionales.

A la fecha no existe en nuestra legislación tributaria normativa que regule los efectos tributarios de reorganizaciones internacionales que involucren activos o partes chilenas, salvo las consideradas excepcionalmente para situaciones de transferencias indirectas de activos chilenos. Lo anterior, ha llevado a que el Servicio ha debido responder vía administrativa numerosas consultas sobre la materia y sus efectos.

Con el fin de dar certeza a estas operaciones, se propone dar consagración legal a sus efectos y los requisitos aplicables para reconocer que se trata de procesos tributariamente neutros, ya que no implican realización.

6.Impuesto a los Servicios Digitales (“ISD”)

Desde hace años venimos estudiando los lineamientos que la OCDE ha desarrollado en materia de Impuesto Digital, de la misma manera que la Comisión Europea y aún no existe una decisión final y única sobre la materia. Sin embargo, los países con miras a evitar la erosión fiscal han comenzado a tomar medidas, para hacerse cargo de este tema.

Mediante el presente proyecto se propone establecer un impuesto con las siguientes características:

a)Es un impuesto específico, indirecto y sustitutivo de cualquier otro impuesto, de tasa 10%, que grava los servicios digitales prestados por empresas extranjeras, en la medida que dichos servicios sean utilizados en Chile por usuarios personas naturales. En caso de que estos servicios digitales sean utilizados por empresas chilenas, estos se gravaran con impuesto adicional conforme a las reglas de los artículos 59 y siguientes de la LIR.

b)La tasa se aplica sobre el monto total de la transacción, sin deducción alguna, y pretende ser una tasa justa y equilibrada considerando las dificultades que existen para su definición ante la existencia de distintos modelos de negocios y la necesidad de un sistema impositivo simple y certero.

Asimismo, se establece un sistema de retención por parte de las entidades emisoras de los medios de pago utilizados en las transacciones, pues se estima que de las alternativas existentes es aquélla que mejor responde a las necesidades de eficiencia, simplicidad y fiscalización.

iii)Se aplica sobre los servicios digitales, de manera que no afecta la compra de bienes físicos por medios tecnológicos, los cuales se afectan conforme a las reglas vigentes por los impuestos aduaneros e IVA a la importación. En esta materia, el Gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para mejorar los procesos de fiscalización que permitan asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias vigentes para este tipo de transacciones.

7.Modificaciones al impuesto verde a las fuentes fijas.

El impuesto verde a las fuentes fijas entró en régimen el 1 de enero de 2017 y su primer proceso de reporte, cobro y recaudación finalizó el 30 de abril de 2018.

En función de la experiencia y potenciales mejoras identificadas durante el proceso de aplicación de este impuesto por parte de los organismos involucrados en el proceso, se proponen varias modificaciones, que tienen por objeto perfeccionar este instrumento, pionero en la región, con el propósito principal de otorgar certezas respecto a los distintos elementos que componen este gravamen.

8.Modernización de Facultades de Fiscalización del Servicio.

Se potencian y modernizan las facultades de revisión y fiscalización del Servicio. Asimismo, se fomenta la relación colaborativa del Servicio y los contribuyentes para potenciar la confianza y el correcto cumplimiento tributario que requiere de la auto determinación y auto declaración de los impuestos, junto con entregar certeza respecto de la forma en que el Servicio realiza sus actuaciones de requerimiento de información o fiscalización.

En efecto, en el artículo 33 bis del CT, se potencian las facultades del Servicio para solicitar declaraciones juradas de los contribuyentes y respecto de terceros señalando los plazos en que deberá emitir las respectivas resoluciones y los antecedentes el Servicio podrá requerir para el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias. Asimismo, en el artículo 59 bis del CT se regula la posibilidad del Servicio de requerir la comparecencia de contribuyentes en los casos específicos que dicha norma señala; y, en el artículo 60 del CT se precisa el procedimiento para requerir información como medio especial de fiscalización.

Por su parte, en el artículo 33 del CT se regula la labor de facilitación que le compete al Servicio respecto de los contribuyentes para el debido cumplimiento tributario, regulando la facultad del Servicio de proponer declaraciones de impuestos, indicar al contribuyente inconsistencias respecto de la información que recibe, y de solicitar información respecto de operaciones que podrían tener incidencia en sus declaraciones de impuesto. Todo lo anterior sujeto a la aceptación voluntaria del contribuyente. Asimismo, en el artículo 8 ter del CT se precisan las causales por las cuales el Servicio podría denegar la emisión de documentos tributarios, tales como facturas, en base a los criterios que ha definido el Servicio.

Otro de los objetivos es otorgar certeza. En esa materia, en el artículo 21 del CT se establecen reglas respecto del plazo de revisión de operaciones que inciden en el capital propio tributario, pérdidas tributarias y remanentes de crédito fiscal en periodos que excedan del plazo extraordinario de prescripción de 6 años y el artículo 59 del CT, se precisan las materias que pueden ser objeto de fiscalización y los plazos en que deberán llevarse a cabo dichas actuaciones.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

En los artículos transitorios se especifica de manera detallada los plazos de vigencia de las modificaciones efectuadas en este proyecto, que como regla general regirán a partir del 1 de enero de 2019, y se regula de manera clara y ordenada el tránsito desde los actuales sistemas generales de tributación correspondientes a los regímenes atribuido, semi integrado y 14 ter, al nuevo sistema único tributario, que incluye a la Cláusula Pyme.

Se incorporan además disposiciones transitorias que tienen por objeto regularizar y facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, especialmente considerando los variados cambios normativos que ha sufrido la legislación tributaria en los últimos años. Entre dichas medidas, destacamos las siguientes:

9.Impuesto Sustitutivo al FUT

Mirando las experiencias pasadas y constatando que aun las empresas conservan saldos de utilidades tributables acumuladas en montos relevantes, se establece una nueva puerta para que contribuyentes que mantienen saldos de utilidades tributables puedan pagar un impuesto único y sustitutivo de los impuestos finales, de tasa única y fija de 30%, que goce de preferencia para efectos de imputación, para los contribuyentes que al término del año comercial 2018 mantengan un saldo de utilidades tributables acumuladas generadas hasta el 31 de diciembre de 2016.

10.Avenimiento en juicios pendientes

A fin de desconcentrar la carga de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y de dar solución a juicios de larga data, se abre la oportunidad por un plazo de dos años a contar de la vigencia de la ley para celebrar un avenimiento en todos los juicios que en la actualidad se encuentran pendientes en las distintas instancias, con una condonación del 100% de los intereses y multas. La solicitud del contribuyente deberá ser acogida por el Servicio a través de una resolución, con tal que se rinda caución suficiente del pago de la deuda tributaria por parte del contribuyente.

11.Declaración de diferencias en el capital propio tributario.

Dado que el capital propio tributario es clave en la tributación con impuestos finales de los propietarios de las empresas, y que habiendo existido ya en nuestra legislación tributaria, especialmente para efectos de la determinación de la patente municipal a pagar, hay contribuyentes que se encontraron con diferencias relevantes en su capital propio tributario desde hace larga data, por ejemplo, por diferencias por aplicación incorrecta de corrección monetaria, errores de cómputo, procesos de reorganizaciones empresariales u otros, podrán declarar y pagar las diferencias de una sola vez en la declaración anual de renta del año tributario 2019 o 2020, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá optar por corregir todas las declaraciones anuales afectadas con dichas diferencias.

12.Registro de capitales en el exterior no declarados.

Se establece un régimen transitorio por 1 año, que entrará en vigencia dos meses después de la publicación de esta ley, relativo a un procedimiento de declaración de rentas y bienes de toda clase (muebles e inmuebles) que se encuentren en el extranjero, sujetos a un impuesto único con tasa de 10%.

El 4 de junio de 2015, nuestro país se comprometió, junto con otras 93 jurisdicciones, a implementar, a través de lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (en adelante, “MAAT”), un nuevo estándar global y único para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras de no residentes, denominado Normas Comunes de Reporte (“CRS” por sus siglas en inglés). CRS fue desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y requiere que las jurisdicciones que se han comprometido a su implementación proporcionen a las otras jurisdicciones adscritas, determinada información sobre cuentas financieras, de forma bilateral, anual y automática, al amparo de las normas de un tratado internacional que autorice el intercambio de información financiera, tal como el MAAT, los convenios para evitar la doble tributación internacional y los tratados específicos sobre intercambio de información en materia tributaria, debiéndose garantizar el debido resguardo de la confidencialidad de la información intercambiada.

A partir de junio de 2018 entran en sucesiva vigencia las diversas obligaciones ligadas al intercambio de información automática de (esto es, intercambio de información sin conocimiento ni consentimiento del afectado) de las cuentas financieras que el residente extranjero mantenga en la jurisdicción incumbente.

Considerando ese cambio de circunstancias se establece un régimen excepcional para declarar activos situados en el exterior, y pagar un impuesto sustitutivo a una tasa de 10% del valor patrimonial por un plazo de un año.

Para esos efectos se ha trabajado en conjunto con el Servicio para establecer un nuevo régimen en que se aproveche la experiencia obtenida en el proceso de declaración realizado en el año 2014. Conforme con lo anterior, se introdujeron adecuaciones a los requisitos para acogerse, al proceso de declaración y las facultades de fiscalización posteriores a la declaración.

En efecto, se permitirá declarar no sólo dividas, derechos, acciones, trust, sino otra clase de activos que quedaron excluidos, tales como bienes raíces y ciertos productos financieros sobre los cuales no existía claridad si podrían acogerse o no a la declaración bajo la norma anterior. Asimismo, se aclaran la fecha en que se deberá determinar el valor de los activos, dejando expresamente establecido en la ley que la rentabilidad obtenida respecto de los bienes respectivos en el año 2019 deberá declararse, conforme con las reglas generales, en la declaración de impuesto del año tributario 2020.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.-Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974:

1.Agrégase, en el artículo 4°, un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, la interpretación y aplicación de las disposiciones tributarias, de los actos jurídicos y de los contratos, deberá considerar las normas de derecho común. En consecuencia, el intérprete debe considerar las normas y criterios interpretativos recogidos por el ordenamiento jurídico común, entre los que se cuentan los principios generales del derecho.”.

2.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 4° bis.-:

a)Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la palabra “imponibles” por “gravados”.

ii.Agrégase a continuación de la expresión “naturaleza jurídica” la expresión “y económica”.

iii.Elimínase la palabra “hechos” la segunda vez que aparece en el texto y la coma (“,”) que le sigue.

iv.Agrégase después de la palabra “actos”, la palabra “jurídicos”.

v.Reemplázase la palabra “negocios”, por la palabra “contratos”.

vi.Agrégase después del punto final (“.”) que pasa a ser seguido (“.”) la siguiente frase:

“En consecuencia, el Servicio sólo podrá desconocer la forma de los actos jurídicos o contratos celebrados por los interesados y los efectos de estos para fines tributarios en el caso de elusión y promoviendo previamente el procedimiento establecido al efecto en los artículos 4° quinquies y 160 bis.”.

b)Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Elimínase la expresión “o negocios”.

ii.Agrégase después de la palabra “jurídicos”, la expresión “o contratos”.

c)Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i.Elimínase la expresión “o negocios”.

ii.Agrégase después de la expresión “jurídicos o” la expresión “contratos o”.

iii.Reemplázase la palabra “imponibles” por la palabra “gravados”.

iv.Elimínase la palabra “tributarias”.

v.Elimínase la frase que sigue al punto seguido (“.”) que pasa a ser punto final (“.”).

d)Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:

“Se entenderá que existe elusión de los hechos gravados exclusivamente en los casos de abuso o simulación establecidos en los artículos 4º ter y 4º quáter, respectivamente. Determinada la existencia de elusión, se exigirá la obligación tributaria que emana de los hechos gravados eludidos establecidos en la ley.”.

e)Modifícase el inciso quinto en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “abuso o simulación en los términos del artículo 4° ter y 4° quáter, respectivamente” por la palabra “elusión”.

ii.Reemplázase la frase “del abuso o la simulación” por la siguiente: “de la existencia de elusión”.

f)Incorpórase los siguientes incisos sexto y séptimo, nuevos:

“Salvo que un caso se encuentre cubierto por el ámbito de aplicación de una norma especial antielusión, la existencia de abuso o simulación y sus consecuencias jurídicas se regirán por lo dispuesto en los artículos 4° ter y 4° quáter. Para estos efectos, se entenderán normas especiales antielusión aquellas que permitan tasar la base imponible o el precio o valor, establecer sistemas de tributación en base a renta presunta, establecer normas especiales para rebajar gastos y, en general, las que facultan al Servicio para aplicar normas especiales de tributación. No obstante lo anterior, los artículos 4° ter y 4° quáter serán aplicables a las reorganizaciones empresariales descritas en el artículo 64 letra D. Una vez que el Servicio haya citado, o bien girado o liquidado un impuesto aplicando una norma especial antielusión, precluirá para el Servicio la facultad de aplicar los artículos 4° ter y 4° quáter sobre los mismos actos jurídicos o contratos, salvo que los elementos sustantivos de esos actos o contratos se vean alterados de manera significativa y tales modificaciones sean constitutivas de elusión. En caso que el Servicio cite al contribuyente en los términos del inciso tercero del artículo 4° quinquies, precluirá la facultad de aplicar lo dispuesto en una norma especial antielusión respecto de los mismos actos jurídicos o contratos.

Lo dispuesto en los artículos 4° bis a 4° quinquies no será aplicable respecto del interesado y para la consulta planteada, en caso que el Servicio se pronuncie sobre una consulta en el marco de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso segundo, Letra A, número 2 o en el caso que de manera directa o bien al operar el silencio positivo se descarte la existencia de elusión conforme al artículo 26 bis.

3.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4º ter.-:

a)Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la palabra “imponibles” que sigue a la expresión “los hechos”, por la palabra “gravados”.

ii.Elimínase las expresiones “total o parcialmente” y “o la obligación tributaria”.

iii.Reemplázase la palabra “dicha” que sigue a la frase “o se postergue o difiera el nacimiento de”, por la palabra “la”.

iv.Intercálase la palabra “tributaria” entre la palabra “obligación” y la coma (“,”), que antecede a la frase “mediante actos”.

v.Elimínase la expresión “o negocios”.

vi.Intercálase entre la palabra “jurídicos” y la frase “que, individualmente considerados”, la expresión “o contratos”.

vii.Agrégase después de la coma (“,”) que sigue a la frase “individualmente considerados o en su conjunto” la frase “sean notoriamente artificiosos para la consecución del resultado obtenido y”.

viii.Elimínase la palabra “relevantes” y la expresión “que sean”.

ix.Agrégase después del punto final (“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”), la siguiente frase: “Para estos efectos, se entiende que es artificioso aquel acto jurídico o contrato que, careciendo de una causa o de causa lícita contraviene la finalidad de la ley.”.

b)Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “razonable opción de” por la frase “elección entre diversas”.

ii.Reemplázase la frase “la legislación tributaria” por la frase “el ordenamiento jurídico”.

iii.Agrégase después de las expresiones “actos jurídicos” y “acto jurídico” las expresiones “o contratos” y “o contrato”, respectivamente.

iv.Reemplázase la expresión “la ley tributaria” por la siguiente: “los actos jurídicos o contratos realizados de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.

c)Suprímase el inciso final.

4.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4º quáter.-:

a)Agrégase después de la frase “Habrá también elusión” la frase “de los hechos gravados contenidos en las leyes tributarias”.

b)Reemplázase la expresión “o negocios” que antecede a la frase “en los que exista simulación”, por la frase “jurídicos o contratos”.

c)Intercálase entre la frase “en los que exista simulación” y el primer punto seguido (“.”) la siguiente frase:

“absoluta o relativa, excepto los casos de simulación expresamente tipificados como delito conforme a lo dispuesto en los números 4°, 8°, 9°, 23, 24 y 25 del artículo 97, artículo 64 de la Ley sobre Impuesto de Herencias, Asignaciones y Donaciones, y artículo 470 número 8 del Código Penal”.

d)Reemplázase la expresión “y negocios jurídicos” por “jurídicos o contratos”.

e)Reemplázase la palabra “data” por “fecha”.

5.Intercálase, en el inciso final del artículo 4° quinquies, entre las expresiones “de los actos jurídicos” y “abusivos o simulados”, la expresión “o contratos”.

6.Incorpóranse las siguientes modificaciones al inciso segundo del artículo 6°:

a)Intercálase, en el número 2°. – de la letra A, entre la palabra “autoridades” y el punto final (“.”), una coma (“,”) y a continuación el siguiente párrafo: “y, en general, toda otra persona. Para este último caso, el Servicio, mediante resolución, regulará entre otras materias, el plazo en que debe pronunciarse, la forma en que se deberá presentar la consulta y su tramitación, contemplando un procedimiento que permita al consultante imponerse sobre el estado de la misma, a través del sitio web del Servicio, en el cual se publicarán, entre otras cuestiones, la fecha de presentación, un extracto de la materia consultada, los trámites intermedios con sus respectivas fechas y la respuesta a la consulta.”.

b)Agrégase el siguiente número 7°. -, nuevo:

“7°.- Conocer del recurso jerárquico establecido en el artículo 123 ter.”.

c)Agrégase el siguiente número 8°. -, nuevo:

“8°.– Implementar, de acuerdo con las políticas que fije el Ministerio de Hacienda mediante decreto, todas las medidas tendientes a fomentar y promover el uso de documentos tributarios y el empleo de medios tecnológicos.”.

d)En el número 4°. - de la letra B:

i.Intercálase, en el párrafo primero, entre la palabra “ley” y el punto final (“.”),la siguiente frase: “ciñéndose estrictamente a las políticas de condonación fijadas por el Ministerio de Hacienda, previo informe técnico del Servicio y el Servicio de Tesorerías.”.

ii.Reemplázase, en el párrafo segundo, la palabra “podrá” por “deberá” y elimínase la frase “a juicio del Director Regional” junto con la coma (“,”) que antecede y sucede a dicha frase, respectivamente.

e)En el número 5°.- de la letra B:

i.Reemplázase, en el párrafo segundo, la frase “las mismas pretensiones planteadas previamente por el contribuyente en sede jurisdiccional” por la siguiente: “la misma causa de pedir y se funden en los mismos antecedentes presentados previamente por el contribuyente en sede jurisdiccional o administrativa, salvo el caso previsto en el artículo 132 ter.”.

ii.Agrégase los siguientes párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“El procedimiento, que se llevará en un expediente electrónico, deberá promover la solución de vicios o errores manifiestos y evitar dilaciones innecesarias, independientemente de si los vicios o errores fueron oportunamente alegados o no por el contribuyente.

Deberán recibirse todos los antecedentes que se acompañen durante la tramitación del procedimiento y darse audiencia al contribuyente para que diga lo propio a sus derechos.

El Servicio deberá resolver fundadamente dentro del plazo de sesenta días contados desde la presentación de la petición administrativa. De estimarlo necesario, el Servicio deberá requerir, por la vía más expedita, antecedentes adicionales que permitan resolver la petición administrativa.

La prueba rendida deberá apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica y lo resuelto no será susceptible de recurso o reclamación.”.

7.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 8°:

a)Reemplázase el número 8° por el siguiente:

“8°. - Por “residente”, toda persona que permanezca en Chile, en forma ininterrumpida o no, por un período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un lapso cualquiera de doce meses.”.

b)Agrégase el siguiente número 14°, nuevo:

“14°.- Por “Grupo Empresarial” el definido en el inciso segundo del artículo 96 de la ley N° 18.045 de Mercado de Valores”.

c)Agrégase el siguiente número 15°, nuevo:

“15°.- Por “sitio web” del Servicio, el dominio www.sii.cl.”.

d)Agrégase el siguiente número 16°, nuevo:

“16°.- Por “sitio personal” el medio electrónico que, previa identificación, le permite al contribuyente o al administrador de una entidad sin personalidad jurídica ingresar al sitio web del Servicio a través de una conexión segura, con el objeto de comunicarse con éste, efectuar trámites personales o tomar conocimiento de las actuaciones de aquel.

Dentro del sitio personal habrá una “carpeta tributaria electrónica” que contendrá una base de datos administrada por el Servicio, que recopilará, integrará y actualizará en conformidad a la ley la información relativa a la identidad tributaria y ciclo de existencia de un contribuyente o entidad sin personalidad jurídica.

Asimismo, en el sitio personal se alojarán los “expedientes electrónicos” que contendrán el registro electrónico de escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el procedimiento de que se trate ante el Servicio. Tales antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación o verificación a través de cualquier medio que garantice su fidelidad, integridad y reproducción de su contenido. En caso que los documentos o escritos acompañados se encuentren en blanco, sin las menciones necesarias o no sean los exigidos por las normas legales, se tendrán por no presentados; sin perjuicio de las sanciones que procedan por incumplir las referidas normas legales.

Una vez acompañados los escritos, documentos y demás actuaciones, será responsabilidad del Servicio velar por su almacenamiento, integridad y protección, evitando su pérdida o modificación posterior.”.

e)Agrégase el siguiente número 17°, nuevo:

“17.- Por “contribuyentes relacionados”:

a)El controlador y las controladas. Se considerará como controlador a toda persona o entidad o grupo de ellas con acuerdo explícito de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas o entidades, es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee o tiene derecho a más del 50% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas de otra entidad, empresa o sociedad. Estas últimas se considerarán como controladas.

Para estos efectos, se entenderá que existe un acuerdo explícito de actuación conjunta cuando se verifique una convención entre dos o más personas o entidades que participan simultáneamente en la propiedad de la sociedad, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas controladas, mediante la cual se comprometen a participar con idéntico interés en la gestión de la sociedad u obtener el control de la misma.

b)Todas las entidades que se encuentren bajo un controlador común.

c)Las entidades y sus dueños, usufructuarios o contribuyentes que a cualquier otro título posean, directamente o a través de otras personas o entidades, más del 10% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas.

d)El gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario en que es partícipe en más del 10%.

e)Las entidades relacionadas con una persona natural de acuerdo a los literales c) y d) anteriores, que no se encuentren bajo las hipótesis de las letras a) y b), se considerarán relacionadas entre sí. Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores con la respectiva entidad, así como toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por cualquiera de ellos.

f)Las matrices o coligantes y sus filiales o coligadas, en conformidad a las definiciones contenidas en la ley N° 18.046.”.

8.Reemplázase el artículo 8 bis, por el siguiente:

“Artículo 8 bis.- Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes, los siguientes:

1°El ser informado sobre el ejercicio de sus derechos, el que se facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y a obtener información clara del sentido y alcance de todas las actuaciones en que tenga la calidad de interesado.

2°El ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna, con el debido respeto y consideración.

3°Pagar el monto de impuestos que corresponda en conformidad con las obligaciones tributarias establecidas en la ley y a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes tributarias, debidamente actualizadas.

4°Que las actuaciones del Servicio, constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización:

a)Se realicen por razones fundadas y a que en todas ellas se indique de manera expresa el plazo dentro del cual debe ser concluida. En ausencia de un plazo dispuesto por la ley, el Director a través de normas de aplicación general, dispondrá los plazos dentro de los cuales las actuaciones deben ser concluidas;

b)Se entregue información clara, sobre el alcance y contenido de la actuación;

c)Se informe la naturaleza y materia a revisar, el plazo para interponer alegaciones o recursos y los plazos de prescripción;

d)Se informe, en cualquier momento y por un medio expedito, la situación tributaria del contribuyente y el estado de tramitación de un procedimiento;

e)Se admita la acreditación de los actos, contratos u operaciones celebrados en Chile o en el extranjero con los antecedentes que correspondan a la naturaleza jurídica de los mismos y al lugar donde fueron otorgados, sin que pueda solicitarse la acreditación de actos o contratos exigiendo formalidades o solemnidades que no estén establecidas en la ley;

f)Se notifique, al término de la actuación de que se trate, certificándose que no existen gestiones pendientes respecto de la materia y por el período revisado o que se haya fiscalizado.

5°Que no se vuelva a fiscalizar ni revisar ni en el mismo ejercicio ni en los períodos siguientes, las partidas, criterios jurídicos o antecedentes probatorios que ya fueron objeto de un proceso de fiscalización, sea que en dicho proceso se haya emitido o no una citación, un giro, liquidación o resolución.

6ºEl ser informado acerca de la identidad y cargo de los funcionarios del Servicio bajo cuya responsabilidad se tramitan los procesos en que tenga la condición de interesado y si se hubiera obtenido información de terceras partes. Lo anterior no será aplicable respecto de las materias tratadas en el artículo 161 número 10, ni de los procedimientos del artículo 4 quinquies. Asimismo, el derecho a ser informado, si ha sido objeto de una solicitud de intercambio de información, siempre que no implique un eventual incumplimiento de obligaciones tributarias.

7°Obtener copias en formato electrónico, o certificaciones de las actuaciones realizadas o de los documentos presentados en los procedimientos, en los términos previstos en la ley.

8°Eximirse de aportar documentos que no correspondan al procedimiento o que ya se encuentren acompañados al Servicio y a obtener, una vez finalizado el procedimiento respectivo, la devolución de los documentos originales aportados.

9°Que en los actos de fiscalización se respete la vida privada y se protejan los datos personales en conformidad con la ley; y que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código.

10°Que las actuaciones del Servicio se lleven a cabo en la forma que resulte menos gravosa para el contribuyente, siempre que no signifique el incumplimiento de las disposiciones tributarias y, asimismo, a que las actuaciones del Servicio se lleven a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias, certificada que sea, por parte del funcionario a cargo, la recepción de todos los antecedentes solicitados.

11°Ejercer los recursos e iniciar los procedimientos que correspondan, personalmente o representados; a formular alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos previstos en la ley y que tales antecedentes sean incorporados al procedimiento de que se trate y debidamente considerados por el funcionario competente.

12°Plantear, en forma respetuosa y conveniente, sugerencias y quejas sobre las actuaciones del Servicio en que tenga interés o que le afecten.

13°Tener certeza de que los efectos tributarios de sus actos o contratos son aquellos previstos por la ley, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización que corresponda de acuerdo con la ley. Al respecto, el Servicio deberá publicar en su sitio web los oficios, resoluciones y circulares, salvo aquellos que sean reservados en conformidad con la ley. Asimismo, deberá informar los oficios, circulares y resoluciones dictados previamente y que pierden vigencia en virtud de las nuevas instrucciones.

14°Que las actuaciones del Servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley. En el caso que se tomen medidas de esta naturaleza por el Servicio, como la prevista en el artículo 8 ter, el contribuyente tendrá derecho a que se le notifiquen previamente las razones que fundamentaron tales medidas.

15ºEl ser notificado de cualquier restricción de informar los actos y modificaciones a que aluden los artículos 68 y 69, u otras acciones que afecten el ciclo de vida del contribuyente, la posibilidad de informar modificaciones de otra índole o realizar cualquier clase de actuaciones ante el Servicio.

16ºEl ser informado de toda clase de anotaciones que le practique el Servicio.

17ºPresentar declaraciones de impuestos y declaraciones juradas fuera de los plazos legales y llevar a cabo las rectificaciones que sean necesarias, salvo en los casos establecidos en la ley y sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a la ley.

18ºQue, para todos los efectos legales y cualquiera sea el caso, se respeten los plazos de prescripción o caducidad tributaria establecidos en la ley, sin que pueda efectuarse ninguna clase de solicitud de su renuncia por parte del contribuyente, ni aun a pretexto de evitar una liquidación o giro, de llegar a un avenimiento del artículo 132 ter o de evitar alguna sanción.

19ºQue se presuma que el contribuyente actúa de buena fe.

El contribuyente podrá presentar una queja administrativa al considerar vulnerados sus derechos producto de una acto u omisión del Servicio, ante el competente Director Regional o ante el Director Nacional en su caso, si la actuación es realizada por el Director Regional, dentro de décimo día contado desde su ocurrencia, debiendo recibirse todos los antecedentes que el contribuyente acompañe a la presentación para fundar el acto u omisión que origina la queja. Recibida la queja administrativa, ésta deberá resolverse fundadamente dentro de quinto día, ordenando se adopten las medidas que corresponda. Toda prueba que sea rendida deberá apreciarse conforme con la sana crítica.

De lo resuelto por el Director Regional se podrá reclamar ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero de este Código.

Sin perjuicio de lo anterior, alternativamente los contribuyentes podrán reclamar en forma directa en contra de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos establecidos en este artículo ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del párrafo 2° del Título III del Libro Tercero de este Código.

El Servicio deberá tomar las medidas necesarias para que los funcionarios actúen en conocimiento y cabal respeto de los derechos del contribuyente.

En toda dependencia del Servicio deberá exhibirse, en un lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se consignen los derechos de los contribuyentes expresados en la enumeración contenida en el inciso primero. Asimismo, deberán exhibirse en un lugar visible en el sitio web del Servicio.”.

9.Reemplázase el artículo 8° ter, por el siguiente:

“Artículo 8° ter.- Los contribuyentes tendrán derecho a que se les autoricen los documentos tributarios que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad.

En el caso de los contribuyentes que por primera vez deben emitir dichos documentos, la autorización procederá previa entrega de una declaración jurada simple sobre la existencia de su domicilio y la efectividad de las instalaciones que, de acuerdo a la naturaleza de las actividades o giro declarado por el contribuyente, permitan el desarrollo de los mismos, efectuada en la forma y por los medios que disponga el Servicio. Lo anterior es sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización del Servicio.

Las autorizaciones otorgadas conforme a este artículo podrán ser diferidas, revocadas o restringidas, por la Dirección Regional, mediante resolución fundada a contribuyentes que se encuentren en algunas de las situaciones a que se refieren las letras b), c) y d) el artículo 59 bis, y sólo mientras subsistan las razones que fundamentan tales medidas, y a contribuyentes respecto a los cuales se haya dispuesto un cambio total de sujeto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley N°825, de 1974.

La presentación maliciosa de la declaración jurada simple a que se refiere el inciso segundo, conteniendo datos o antecedentes falsos, configurará la infracción prevista en el inciso primero del número 23 del artículo 97 y se sancionará con la pena allí asignada, la que se podrá aumentar hasta un grado atendida la gravedad de la conducta desplegada, y multa de hasta 10 unidades tributarias anuales.”.

10.Reemplázase el artículo 8° quáter, por el siguiente:

“Artículo 8 quáter.- El Servicio mantendrá actualizada y a disposición del contribuyente en su sitio personal, la información referida a la adopción y vigencia de cualquiera de las medidas a que se refiere el artículo anterior.”.

11.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 9°:

a)Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “dentro del plazo que él mismo determine” por la siguiente frase: “dentro del plazo de cinco días”.

b)Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “mediante aviso dado por escrito por los interesados a la Oficina del Servicio que corresponda”, por la siguiente: “mediante aviso dado conforme con el artículo 68.”.

c)Agregase el siguiente inciso final, nuevo:

“En todo caso, un representante o mandatario podrá comunicar al Servicio, por escrito en la Oficina del Servicio que corresponda a su domicilio o en los lugares habilitados que determine el Servicio mediante resolución, que se ha extinguido el mandato o sus facultades de representación, lo que deberá ser registrado por el Servicio de manera tal que no se entenderá válida la notificación efectuada a dicho mandatario o representante. Luego de la referida comunicación, el Servicio realizará las notificaciones que procedan conforme con el artículo 13 o 14, según corresponda.”.

12.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 10:

a)Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “Los plazos de días insertos en los procedimientos administrativos establecidos en este Código” por la siguiente frase:

“Salvo los plazos establecidos para procedimientos judiciales o por disposición legal en contrario, todos los plazos de días establecidos en este Código y demás leyes tributarias de competencia del Servicio”.

b)Agréganse los siguientes incisos sexto y séptimo, nuevos:

“Salvo disposición legal en contrario, operarán las reglas de silencio positivo para todas las solicitudes, presentaciones y recursos de cualquier tipo o naturaleza que redunden en un acto administrativo final, presentadas ante el Servicio que no sean resueltas dentro de plazo legal y siempre que el peticionario comunique al Servicio sobre la proximidad del vencimiento del plazo. La comunicación deberá enviarse mediante correo electrónico al superior jerárquico que corresponda, el quinto día anterior al vencimiento del plazo en cuestión. En su sitio web y en un lugar visible de cada unidad del Servicio, se informará el correo electrónico del superior jerárquico a cargo de recibir las comunicaciones de que trata este inciso a fin de que adopte las medidas pertinentes. Para estos efectos, se entenderá como acto administrativo final la resolución dictada por el Servicio que ponga fin al procedimiento administrativo de que se trate, resolviendo fundadamente las cuestiones planteadas, sin perjuicio de los recursos que procedan en contra de ella.

En caso que el peticionario no efectúe la comunicación a que se refiere el inciso anterior no operará el silencio positivo. No obstante, una vez que el peticionario realice dicha comunicación, el Servicio dispondrá de cinco días para pronunciarse, y si transcurrido dicho plazo no se pronunciara operará el silencio positivo en la forma establecida en el inciso anterior.”.

13.Reemplázase el artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11.- Toda notificación que el Servicio deba practicar se hará personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, salvo que una disposición legal expresa ordene una forma específica de notificación o el contribuyente solicite expresamente o acepte ser notificado por correo electrónico u otro medio establecido por la ley, en cuyo caso el Servicio deberá informarle al contribuyente claramente los efectos de su aceptación.

Independientemente de la forma en que deba efectuarse la notificación, y salvo que corresponda practicarla por correo electrónico, el Servicio deberá además remitir copia de la misma al correo electrónico del contribuyente que conste en sus registros o comunicársela mediante otros medios electrónicos. El envío de esta copia sólo constituirá un aviso y no una notificación por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el aviso por correo electrónico no viciará la notificación, sin que pueda el Servicio, salvo disposición legal en contrario, estimarla como una forma de notificación válida.”.

14.Agrégase el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis.– Las notificaciones por correo electrónico podrán efectuarse en días y horas inhábiles, entendiéndose efectuadas para estos efectos en la fecha del envío del mismo, certificada por un ministro de fe.

El correo contendrá una trascripción de la actuación del Servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia y será remitido a la dirección electrónica que indique el contribuyente, quien deberá mantenerla actualizada, informando sus modificaciones al Servicio conforme al artículo 68. Cualquier circunstancia ajena al Servicio por la que el contribuyente no reciba el correo electrónico, no anulará la notificación salvo que el contribuyente acredite que no recibió la notificación por caso fortuito o fuerza mayor.

Exceptuando las normas especiales sobre notificaciones contenidas en este Código, o en otras disposiciones legales, la solicitud o aceptación del contribuyente para ser notificado por correo electrónico regirá para todas las notificaciones que en lo sucesivo deba practicarle el Servicio. En cualquier momento el contribuyente podrá dejar sin efecto esta solicitud o su aceptación, siempre que en dicho acto individualice un domicilio válido para efectos de posteriores notificaciones.

El Servicio, además, mantendrá a disposición del contribuyente en su sitio personal, una imagen digital de la notificación y actuación realizadas.”.

15.Agrégase el siguiente artículo 11 ter, nuevo:

“Artículo 11 ter.- Excepcionalmente, solo en los casos expresamente establecidos en la ley o cuando se trate de resoluciones o disposiciones de cualquier clase y de carácter general, el Servicio podrá efectuar determinadas notificaciones mediante su publicación en el sitio personal del contribuyente. Para que proceda esta notificación se requerirá autorización expresa del contribuyente, quien podrá dejarla sin efecto en cualquier momento, indicando un domicilio o dirección válida de correo electrónico para posteriores notificaciones. El Servicio deberá adoptar los resguardos necesarios para que el contribuyente acepte de modo informado este tipo de notificación y sus consecuencias.

Esta notificación se practicará mediante la publicación de una transcripción íntegra de la resolución, diligencia o actuación del Servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia en el sitio personal del contribuyente, donde quedará registrada cronológicamente por año, día y hora. La mera falta de ingreso del contribuyente a su sitio personal no afectará la validez de la notificación efectuada de conformidad con lo dispuesto en este artículo.”.

16.Reemplázase el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14.- Según corresponda al tipo de entidad, el gerente, administrador o presidente de dichas entidades con o sin personalidad jurídica, en cuanto haya sido debidamente informado al Servicio conforme con el artículo 68, se entenderá autorizado para ser notificado a nombre de ellas, no obstante cualquiera limitación establecida en sus estatutos, actos constitutivos o fundacionales.”.

17.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 21:

a)Agrégase, en el inciso segundo, entre la expresión “no sean fidedignos” y el punto seguido (“.”) el siguiente párrafo: “y así se declare mediante resolución fundada en base a los antecedentes de hecho y de derecho tenidos a la vista. Esta resolución podrá impugnarse junto con la reclamación de la liquidación o giro respectivo”.

b)Agrégase los siguientes incisos sexto y séptimo, nuevos:

“El Servicio no podrá, para efectos de fiscalización ni para ningún otro efecto, exigir antecedentes otorgados con anterioridad a los plazos establecidos en el artículo 200. Lo anterior también se aplicará a la revisión y determinación del capital propio tributario, a la utilización de pérdidas tributarias o de remanentes de crédito fiscal de impuesto al valor agregado. Cuando el Servicio revise reorganizaciones, partidas, actos, contratos u operaciones que tengan incidencia en la determinación del capital propio tributario o en la utilización de pérdidas tributarias o en el remanente de crédito fiscal, no podrá exigir antecedentes anteriores a los plazos establecidos en el artículo 200.

En ningún caso se podrán exigir formalidades o solemnidades no contempladas por la ley para el acto, contrato u operación de que se trate.

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de utilización de pérdidas tributarias y remanentes de crédito fiscal de impuesto al valor agregado, que se originen en operaciones ocurridas en periodos anteriores a los señalados en el artículo 200, sólo por excepción el Servicio podrá exigir antecedentes relativos a dichas operaciones, para cuyo efecto el Director Regional deberá dictar una resolución fundada, especificando los antecedentes relevantes de hecho y de derecho requeridos. En estos casos, se presumirá que las pérdidas y remanente señaladosanteriormente se corresponden con los antecedentes informados por el contribuyente, salvo que el Servicio los controvierta con otros antecedentes, en forma precisa y fundada. Para estos efectos, no será suficiente la mera aserción que los antecedentes proporcionados por el contribuyente no forman convicción o no son suficientes para probar sus afirmaciones.”.

18.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 24:

a)Reemplázase, en el inciso segundo, lo dispuesto a continuación del primer punto seguido (“.”), y hasta el segundo punto seguido, por lo siguiente:

“Si el contribuyente hubiere deducido reclamación, los impuestos y multas correspondientes a la parte no reclamada de la liquidación se girarán con prescindencia de las partidas o elementos de la liquidación que hubieren sido objeto de la reclamación. Por su parte, los impuestos y multas correspondientes a la parte reclamada de la liquidación se girarán respecto de aquella parte del reclamo que sea desechada, una vez que sea notificado el fallo respectivo del Tribunal Tributario y Aduanero. En ese caso, el giro se emitirá con prescindencia de las partidas o elementos de la liquidación que hubieren sido acogidas o hubieran sido conciliadas por o con el Tribunal Tributario y Aduanero. Respecto de las liquidaciones o partidas de la misma cuyo reclamo haya sido acogido por el Tribunal Tributario y Aduanero competente, el giro que corresponda se emitirá sólo en caso que se dicte una sentencia revocatoria en una instancia superior y una vez que dicho fallo se encuentre firme o ejecutoriado.”.

b)Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación de la coma (“,”) que sigue a la expresión “sumas contabilizadas,” lo siguiente: “incluyendo las sumas registradas conforme al artículo 59 de la ley de impuestos a las ventas y servicios contenida en el decreto ley número 825 de 1974, así”.

19.Agrégase al artículo 26 el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Las modificaciones a los documentos mencionados precedentemente tendrán efecto retroactivo siempre que sean favorables para los contribuyentes y no lesionen derechos de terceros. El contribuyente tendrá derecho a solicitar, conforme al artículo 126, la devolución de los impuestos que, como consecuencia de las modificaciones, se entiendan pagados en forma indebida o en exceso. El Servicio procederá a la devolución de los impuestos que hayan sido pagados durante los últimos tres años tributarios anteriores a la fecha de presentarse la solicitud. Las mismas reglas anteriores se aplicarán en caso que los documentos mencionados precedentemente fijen un criterio nuevo.”.

20.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 26 bis:

a)Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i.Entre las expresiones “4° quáter” y “a los actos”, intercálase la siguiente frase: “o de otras normas especiales antielusivas”.

ii.A continuación del primer punto seguido (“.”) y antes de la palabra “Asimismo”, intercálase el siguiente párrafo:

“Dentro de quinto día contado desde su presentación, el Servicio podrá requerir al contribuyente que complete su consulta cuando sólo contenga datos referenciales, circunstancias hipotéticas o, en general, antecedentes vagos que impidan responder con efecto vinculante. En caso que, transcurrido quinto día desde que sea notificado el requerimiento, el contribuyente no cumpla o cumpla sólo parcialmente, el Servicio declarará inadmisible la consulta mediante resolución fundada. Para los efectos anteriores, junto con la presentación de la consulta, el contribuyente deberá informar una cuenta de correo electrónico habilitada donde efectuar las notificaciones y solicitar antecedentes. El Servicio habilitará un expediente electrónico para tramitar la consulta.”.

iii.Reemplázase la frase “las respuestas respectivas” por la siguiente: “las respuestas a las consultas que se formulen conforme a este artículo”.

b)Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “noventa” por “cuarenta”.

c)Agrégase, en el inciso segundo, luego del punto final (“.”), que pasa a ser seguido (“.”),el siguiente párrafo:

“Sin perjuicio de lo anterior, en caso que, junto con aportar nuevos antecedentes, el contribuyente varíe sustancialmente su consulta o los antecedentes en que se funda, se suspenderá el plazo para contestar siempre que se dicte resolución fundada al efecto, notificada dentro de quinto día desde la presentación de los nuevos antecedentes. El plazo para contestar la consulta se reanudará una vez acompañados los nuevos antecedentes.”.

d)Reemplázase el inciso tercero, por el siguiente:

“No obstante, el plazo para contestar la consulta será de sesenta días en caso que se trate de un acto, contrato, negocio o actividades económicas que involucren otra jurisdicción o territorio, o si un contribuyente ha sido notificado de una fiscalización por el Servicio en relación con el acto, contrato, negocio o actividad económica objeto de la consulta.”.

e)Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase final después de la coma (“,”), por la siguiente: “se entenderá que no son aplicables al caso consultado los artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter ni las normas especiales antielusivas.”.

f)Modifícase el inciso quinto en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “y deberá señalar expresamente si” por la siguiente: “debiendo señalar expresa y fundadamente de qué manera”.

ii.Entre las expresiones “4° quáter” y el punto seguido (“.”), intercálase la siguiente frase: “o si están cubiertos por alguna norma especial antielusiva”.

iii.Reemplázase la frase “La respuesta no obligará al Servicio cuando varíen los antecedentes de hecho o de derecho en que se fundó” por la siguiente frase:

“La respuesta no obligará al Servicio si se produce una variación sustantiva de los antecedentes de hecho o de derecho en que se fundó la consulta, en cuyo caso podrá girar o liquidar los impuestos que se devenguen en periodos posteriores, si procedieren, señalando de manera fundada las razones por las cuales se estima se ha producido la variación sustantiva a que alude el presente inciso.”.

iv.Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin perjuicio que tanto la consulta como la respuesta tendrán el carácter de reservadas, el Servicio deberá publicar en su sitio web un resumen con los puntos esenciales de la respuesta y los antecedentes generales que permitan su adecuado entendimiento, guardando reserva de la identidad del consultante y de antecedentes específicos que aporte tales como contratos, información financiera y estructuras corporativas.”.

21.Elimínase, en el artículo 28, la frase que comienza con “Las rentas que correspondan a los partícipes” a continuación del primer punto seguido, que pasa a ser final.

22.Reemplázase el artículo 33, por el siguiente:

“Artículo 33.- A fin de evitar el incumplimiento de las obligaciones tributarias, sea por errores del contribuyente o por su conocimiento imperfecto de las disposiciones u obligaciones tributarias, el Servicio podrá, con los antecedentes que obren en su poder, ejecutar las siguientes medidas preventivas y de colaboración:

i.Informar a los contribuyentes el detalle de sus registros, impuestos o devoluciones y presentarles, a través de los sistemas destinados al efecto, propuestas de sus declaraciones. Los contribuyentes, voluntariamente, podrán aceptar, rechazar o complementar la información y las propuestas proporcionadas por el Servicio.

ii.Enviar una comunicación al contribuyente para efectos meramente informativos si existen diferencias de información o de impuestos de acuerdo con los antecedentes que obren en su poder.

iii.Solicitar fundadamente y en casos calificados en forma específica, concreta y acotada, antecedentes respecto de operaciones de las que haya tomado conocimiento el Servicio ocurridas durante el período mensual o anual y que pudieran tener incidencia directa en la declaración de impuestos que deberá presentar el contribuyente en relación con el periodo respectivo, lo que en caso alguno podrá dar lugar a una fiscalización.

Para la realización de dichas actuaciones el Servicio en forma previa deberá efectuar una notificación conforme alguna de las formas previstas en el artículo 11, que contenga las siguientes menciones:

i.Individualización del funcionario a cargo de la actuación.

ii.Señalar que se trata de una actuación ejecutada en el marco de este artículo y que por tanto no constituye un procedimiento de fiscalización.

iii.Informar que la actuación es voluntaria y que su incumplimiento no genera consecuencias tributarias ni sanciones para el contribuyente.

iv.Señalar el plazo en que el Servicio realizará las actuaciones que correspondan, el que no podrá exceder de un mes, y el plazo en que el contribuyente podrá realizar las actuaciones que correspondan, el que no podrá ser inferior a 15 días contado desde la fecha de la notificación.

En caso que el contribuyente voluntariamente se acoja a las actuaciones indicadas en este artículo, y se detectaren o rectificaren diferencias de impuestos, el Servicio deberá aplicar lo establecido en el inciso segundo del artículo 56 y en el artículo 106.

Todas las actuaciones realizadas conforme con lo establecido en este artículo, se agregarán a la carpeta electrónica del contribuyente.

El Servicio podrá promover, por sí o en conjunto con los contribuyentes, acciones de formación y divulgación tendientes a dar a conocer las disposiciones tributarias y prevenir el incumplimiento involuntario de las mismas.”.

23.Agrégase el siguiente artículo 33 bis, nuevo:

“Artículo 33 bis.- Junto con sus declaraciones, los contribuyentes deberán acompañar o poner a disposición del Servicio, en virtud de las disposiciones legales o administrativas que correspondan, documentos y antecedentes, conforme a las siguientes reglas:

1.Normas generales para la entrega de información.

El Servicio, mediante resolución fundada, podrá requerir a los contribuyentes informes o declaraciones juradas sobre materias específicas e información acotada propia del contribuyente o de terceros.

Para el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, estarán obligados a entregar información para la individualización de terceros y los montos o rentas distribuidos, los contribuyentes que distribuyan rentas o beneficios de cualquier naturaleza y, en general, aquellos que paguen rentas o cantidades por cuenta de terceros, salvo los casos exceptuados por la ley.

El Servicio podrá liberar de estas obligaciones a determinadas personas o grupos de personas en razón de su escaso movimiento operacional o nivel de conocimiento de las obligaciones tributarias, cuando exista causa justificada y sea posible validar el correcto cumplimiento tributario.

Para la entrega de información conforme con este inciso, el Servicio deberá emitir resoluciones indicando en forma precisa las obligaciones y fechas en que serán requeridos los informes o declaraciones juradas. Estas resoluciones deberán dictarse con, a lo menos, cuatro meses de anticipación al termino del año o periodo respecto del cual se requerirá la información. Dicho plazo podrá ser inferior en caso que exista una disposición legal que así lo determine o si lo determina fundadamente el Director por razones de buen servicio.

Cuando se determine en un proceso de fiscalización, o a petición voluntaria del contribuyente, que los créditos, beneficios, rebajas o retenciones informadas por terceros excede del monto establecido en la ley, el contribuyente deberá reintegrar la diferencia que corresponda. En esos casos no será necesario rectificar las declaraciones presentadas por terceros.

2.Normas especiales para la entrega de información.

Conforme las reglas del número 1 anterior, y hasta la fecha de presentación de la respectiva declaración de impuestos, el Servicio podrá requerir información sobre operaciones, transacciones o reorganizaciones que:

a)Se realicen en el extranjero y carezcan de regulación legal en Chile.

b)Se realicen o celebren con personas o entidades situadas en un territorio o jurisdicción a los que se refiere el artículo 41 H de la ley sobre impuesto a la renta.

La falta de entrega de la información indicada en las letras a) y b) precedente, o la omisión de datos relevantes relacionados a ellas, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 97 número 1 del Código Tributario.

3.Contribuyentes que llevan contabilidad.

Mediante resolución fundada, el Servicio podrá exigir que los contribuyentes sujetos a la obligación de llevar contabilidad comuniquen, junto con sus declaraciones, información relativa a los balances e inventarios, los que se mantendrán a disposición del Servicio con la firma del representante y contador.

El Servicio podrá exigir la presentación de otros documentos tales como información contable, detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias, y demás antecedentes que justifiquen el monto de las obligaciones tributarias y de las partidas anotadas en la contabilidad.

El contribuyente podrá cumplir con estas obligaciones acreditando que lleva un sistema autorizado por el Director Regional.”.

24.Agrégase, en el inciso segundo del artículo 35, a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser seguido (“.”), el siguiente párrafo:

“Tampoco podrán divulgar el contenido de ningún proceso de fiscalización realizado en conformidad a las leyes tributarias, destinado a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente”.

25.Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 36 bis:

“Excepcionalmente, previa autorización del Servicio, los contribuyentes podrán presentar declaraciones rectificatorias también en los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 6°, letra B, N° 5 y 123 bis. En los casos en que el contribuyente presente una rectificación el Servicio deberá, a solicitud de éste, certificar que las diferencias en los montos impuestos se encuentran solucionadas.”.

26.Reemplázase, en el inciso final del artículo 56, la frase “podrá, a su juicio,” por la palabra “deberá”.

27.Reemplázase el artículo 59, por el siguiente:

“Artículo 59.- Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá llevar a cabo procesos de fiscalización y revisión de declaraciones de los contribuyentes. Sin embargo, el Servicio no podrá fiscalizar ni revisar ni en el mismo ejercicio ni en los períodos siguientes, las partidas, criterios jurídicos o antecedentes probatorios que ya fueron objeto de un proceso de fiscalización, sea que en dicho proceso se haya emitido o no una citación, un giro, liquidación o resolución. Cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deban ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo máximo de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, citar para los efectos referidos en el artículo 63, liquidar o formular giros, cuando corresponda, o bien declarar si el contribuyente así lo solicita que no existen diferencias derivadas del proceso de fiscalización. El funcionario a cargo tendrá el plazo de 10 días, contados desde que recibió los antecedentes solicitados para realizar dicha certificación.

El plazo señalado en el inciso anterior para citar, liquidar o formular giros será de doce meses, en los siguientes casos:

a)Cuando se efectúe una fiscalización en materia de precios de transferencia.

b)Cuando se deba determinar la renta líquida imponible de contribuyentes con ventas o ingresos superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales al 31 de diciembre del año comercial anterior.

c)Cuando se revisen los efectos tributarios de procesos de reorganización empresarial.

d)Cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas.

Si, dentro de los plazos señalados la autoridad que lleva a cabo un proceso de fiscalización respecto de un determinado impuesto detecta diferencias impositivas por otros conceptos, deberá iniciarse un nuevo requerimiento o actuación de fiscalización por la autoridad competente. En tal caso, deberá notificarse conforme con las reglas generales al contribuyente indicando con claridad y precisión sobre el contenido y alcance de la nueva revisión, resguardando así su derecho contenido en el número 4 del artículo 8 bis.

El plazo será de 18 meses, ampliable mediante resolución fundada por una sola vez por un máximo de 6 meses más en los casos en que se requiera información a alguna autoridad extranjera en aquellos casos relacionados con un proceso de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161. Igual norma se aplicará en los casos a que se refieren los artículos 4° bis, a excepción de las normas especiales antielusión, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies, y los artículos 41 G y 41 H de la ley sobre Impuesto a la Renta.

Vencidos los plazos establecidos en este artículo sin que el Servicio haya notificado una citación en los términos del artículo 63, una liquidación o giro, según corresponda, el Servicio, a petición del contribuyente, certificará que el proceso de fiscalización ha finalizado.”.

28.Reemplázase el artículo 59 bis, por el siguiente:

“Artículo 59 bis.- Con el propósito de asistir a los contribuyentes y prevenir el incumplimiento tributario originado en actuaciones u omisiones del propio contribuyente o de terceros, el Servicio podrá solicitar la comparecencia de los contribuyentes que se encuentren en las situaciones que se señalan a continuación, las que podrán comparecer personalmente o representadas::

a)Presenten inconsistencias tributarias respecto de los datos registrados en el Servicio o respecto de información proporcionada por terceros, por montos superiores a 2.500 unidades tributarias mensuales durante los últimos 36 meses, excepto aquellos contribuyentes que se encuentran cumpliendo convenios de pago ante el Servicio de Tesorerías.

b)Incurran reiteradamente en las infracciones establecidas en los números 6, 7 o 15 del artículo 97. Para estos efectos, se entenderá que existe reiteración cuando se cometan tres o más infracciones en un período inferior a tres años.

c)Con base en los antecedentes en poder del Servicio se acredite fundadamente que el contribuyente no mantiene las instalaciones mínimas necesarias para el desarrollo de la actividad o giro declarado ante el Servicio.

d)Que el contribuyente esté formalizado o acusado conforme al Código Procesal Penal por delito tributario o sea condenado por este tipo de delitos mientras cumpla su pena.

En estos casos, el Servicio deberá notificar al contribuyente conforme con las reglas generales e indicar detalladamente las razones por las que se solicita la comparecencia, el plazo para comparecer, el funcionario a cargo de la actuación y los demás antecedentes que permitan al contribuyente actuar en forma informada. En caso que el contribuyente no comparezca o, si comparece, no aclare las materias específicas señaladas por el Servicio, se dictará una resolución fundada dando cuenta del hecho.”.

29.Reemplazase el artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- En caso que conforme al inciso segundo del artículo 21 el Servicio determine que las declaraciones, documentos, libros o antecedentes acompañados no son fidedignos, podrá examinar los inventarios, balances, libros de contabilidad, documentos del contribuyente y hojas sueltas o sistemas tecnológicos que se hayan autorizado o exigido, en conformidad a los incisos cuarto y final del artículo 17. En dicho examen, se podrán revisar todos los elementos que sirvan de base para la determinación de las obligaciones tributarias que fundamentan tal examen. En los mismos casos y con igual objeto, el Servicio podrá examinar los libros, documentos, hojas sueltas o sistemas tecnológicos que los sustituyan, de las personas obligadas a retener un impuesto.

Sin perjuicio de la facultad de iniciar una fiscalización conforme con el artículo 59, para efectos de llevar a cabo el examen indicado, el Servicio podrá realizar un requerimiento de antecedentes al contribuyente o su representante, telefónicamente o por la vía más expedita posible, lo que deberá ir precedido de una notificación efectuada por correo electrónico en caso que sea aplicable o conforme con las reglas generales. Tanto en la comunicación y en la notificación, respectivamente, se deberá indicar en forma precisa las materias consultadas, el plazo otorgado para aportar la información requerida, la circunstancia de no tratarse de un procedimiento de fiscalización y los efectos que resultan para el contribuyente de no proveer los antecedentes que se requieren por parte del Servicio. El plazo para que el contribuyente aporte los antecedentes que le sean requeridos no podrá ser inferior a xxx ni exceder de un mes contado desde la notificación. De no entregarse los antecedentes requeridos dentro del precitado plazo, o si los entregados contienen errores o son incompletos o inexactos, el contribuyente podrá subsanar tales defectos en un plazo adicional de un mes, sin que al efecto sea aplicable lo previsto en el artículo 59.

Si transcurridos los plazos a que se refiere el inciso anterior, el contribuyente no diera respuesta o ésta fuera incompleta, errónea o extemporánea, ello solo se considerará como un antecedente adicional en el proceso de selección de contribuyentes para fiscalización.

Sujeto a lo establecido en el inciso primero, el Director Regional también podrá disponer que los contribuyentes presenten, en los casos que así lo determine, un estado de situación donde se incluya, entre otros antecedentes, el valor de costo y fecha de adquisición de los bienes que especifique el Director Regional. No obstante lo anterior, no se podrá requerir que el estado de situación incluya información sujeta a secreto o reserva bancaria, ni bienes muebles de uso personal del contribuyente ni los objetos que forman parte del mobiliario de su casa habitación, con excepción de los vehículos terrestres, marítimos y aéreos de uso personal.

Sujeto también a lo establecido en el inciso primero, el Director Regional podrá solicitar la confección o modificación de inventarios la que podrá ser presenciada por los funcionarios del Servicio autorizados, quienes, además, podrán confeccionar inventarios o confrontar en cualquier momento los inventarios de contribuyentes con las existencias reales. El examen, confección o confrontación deberá efectuarse en el plazo de un mes, en la forma que determine el Servicio mediante resolución y podrá realizarse en cualquier lugar en que el interesado mantenga los libros, documentos, antecedentes, bienes u otros que el Servicio señale. En ningún caso el ejercicio de esta facultad podrá entorpecer las operaciones normales de los contribuyentes.

El Director o el Director Regional, según el caso podrá solicitar al respectivo Tribunal Tributario y Aduanero que ordene que el inventario se confronte con el auxilio de la fuerza pública, cuando exista oposición de parte del contribuyente.

Para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias, el Servicio fundadamente podrá pedir declaración jurada por escrito sobre materias específicas o citar a toda persona domiciliada dentro de la jurisdicción de la oficina que la cite, para que concurra a declarar, bajo juramento, sobre hechos, datos o antecedentes específicos de cualquiera naturaleza relacionados con terceras personas. Para estos efectos, la citación, deberá indicar fundadamente la razón por la que se requiere de su comparecencia y los hechos sobre los que se deberá declarar. Asimismo, en caso que no se pueda comparecer por razones justificadas, se deberá establecer una segunda fecha de citación para que comparezca en el plazo de un mes. Estarán exceptuados de estas obligaciones, salvo en los casos de sucesión por causa de muerte o comunidades en que sean comuneros; los parientes; el cónyuge o conviviente civil, los parientes por consanguinidad en la línea recta o dentro del cuarto grado de la colateral, el adoptante, el adoptado, y los parientes por afinidad en la línea recta o dentro del segundo grado de la colateral de dichos terceros. Además, estarán exceptuadas de estas obligaciones las personas obligadas a guardar secreto profesional o que estén sujetas a obligaciones de confidencialidad.

No estarán obligadas a concurrir a declarar las personas indicadas en el artículo 300 del Código Procesal Penal, a las cuales el Servicio, para los fines expresados en el inciso precedente, deberá pedir declaración jurada por escrito.”.

30.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 60 bis:

a)Elimínase el inciso tercero.

b)Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“En ningún caso el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo podrá afectar el normal desarrollo de las operaciones del contribuyente.”.

31.Reemplázase el artículo 60 ter, por el siguiente:

“Artículo 60 ter. - El Servicio, por resolución fundada, podrá autorizar o exigir la utilización de sistemas tecnológicos de información que permitan el control tributario de actividades o contribuyentes de sectores específicos, tales como sellos digitales o sellos o identificaciones impresas.

Para estos efectos, el Ministerio de Hacienda, mediante decreto supremo, establecerá en una norma general el tipo de actividades o sectores de contribuyentes sujetos a la exigencia de implementar y utilizar los referidos sistemas, cuya especificación debe estar suficientemente descrita, contar con disponibilidad y no implicar una obligación de difícil u oneroso cumplimiento.

El Servicio deberá notificar al contribuyente sobre el inicio de un procedimiento destinado a exigir la utilización de tales sistemas de control informático, con al menos dos meses de anticipación a la notificación de la citada resolución.

Los contribuyentes dispondrán del plazo de seis meses, contados desde la notificación de la resolución, para implementar y utilizar el sistema respectivo. El Servicio podrá, a petición del contribuyente, prorrogar el plazo hasta por seis meses más en casos calificados.

En ningún caso el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo podrá afectar el normal desarrollo de las operaciones del contribuyente. La Dirección podrá celebrar acuerdos voluntarios con agrupaciones o asociaciones de contribuyentes para la utilización de sellos o mecanismos que permitan promover el cumplimiento tributario.

El incumplimiento de la obligación de utilizar estos sistemas o impedir o entrabar la revisión de su correcto uso será sancionado de conformidad al número 6° del artículo 97.”.

32.Reemplázase el artículo 64 por el siguiente:

“Artículo 64.- El Servicio, fundadamente, podrá tasar la base imponible de un impuesto, con los antecedentes que tenga en su poder, en los casos que el contribuyente no concurriere o no contestare la citación que se le hiciere de acuerdo con el artículo 63 o si en su respuesta no subsanare las deficiencias que se comprueben por el Servicio.

Asimismo, el Servicio podrá tasar la base imponible de un impuesto, en los casos del inciso segundo del artículo 21 y del artículo 22.

Para estos efectos, se aplicarán las siguientes normas:

A.- Reglas de valoración para la determinación de la base imponible.

Cuando el precio o valor asignado a la enajenación de un bien o al servicio prestado sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto, el Servicio, previa citación, podrá tasar dicho precio o valor en los casos en que estos difieran notoriamente de los precios o valores normales de mercado que hayan o habrían acordado partes no relacionadas considerando las circunstancias en que se realiza la operación, tales como las características de las industrias, sectores o segmentos relevantes, las funciones asumidas por las partes, las características específicas de los bienes o servicios contratados y de las partes contratantes, así como también cualquier otra circunstancia relevante.

Para efectos de justificar el precio o valor respectivo, el contribuyente podrá aplicar cualquier método de valoración basado en técnicas de general aceptación.

Se presumirá, salvo que el Servicio acredite fundadamente lo contrario en la liquidación o resolución de que se trate, que el precio o valor asignado en operaciones entre partes no relacionadas corresponde a precios o valores normales de mercado.

Sin perjuicio de la presunción establecida en el párrafo anterior, se presumirá para efectos tributarios, salvo que el Servicio acredite fundadamente lo contrario en la liquidación o resolución de que se trate, que el precio o valor asignado corresponde al precio o valor de mercado, en los casos que dichos precios o valores se determinen de la siguiente forma:

1.Para el caso de efectos públicos, bonos, debentures, acciones y demás valores mobiliarios que tengan cotización bursátil, el precio o valor que corresponda a dicha cotización a la fecha de la enajenación o, si no hubiere habido transacciones en aquella fecha, en la fecha anterior más próxima a la de enajenación.

No se aplicará la presunción en aquellos casos en que el bien no hubiera sido transado en bolsa entre partes no relacionadas en los sesenta días anteriores a la enajenación.

2.Para bienes inmuebles, será el precio o valor fijado en enajenaciones de inmuebles de características y ubicación similares, en la localidad respectiva, en los 12 meses precedentes a la enajenación.

3.Para los negocios, empresas, cuotas o derechos en comunidades, sociedades anónimas cerradas, derechos en sociedades de personas, de cualquier origen, y cuotas de fondos de inversión, el valor que resulte de asignar a los mencionados bienes, la proporción que les corresponda en el patrimonio financiero debidamente acreditado.

4.Para operaciones de financiamiento entre partes relacionadas el precio o valor que se determine según las reglas siguientes:

a)Si el acreedor es una persona natural que no determina rentas efectivas según contabilidad completa, no desarrolla como giro habitual operaciones de financiamiento y no ha asignado los bienes respectivos a su contabilidad como empresario individual, el reajuste en conformidad a la variación del índice de precios al consumidor o a la unidad de fomento. En estos casos no será necesario que el financiamiento establezca una tasa de interés.

b)Si para realizar la operación de financiamiento el acreedor, que determina su renta efectiva en base a contabilidad completa o corresponde a un fondo reglamentado por la ley número 20.712, ha obtenido financiamiento de una persona o entidad no relacionada que sea un banco o una institución financiera extranjera o en su caso, sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se presumirá que la operación es de mercado si se ha estipulado una tasa de interés y cargos financieros que le permitan cubrir sus gastos de operación y obtener una utilidad que corresponda a las normales de mercado que hayan o habrían acordado partes no relacionadas.

B.-Normas especiales sobre operaciones en Chile dentro de un grupo empresarial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra A.-, en las operaciones de cualquier naturaleza entre entidades del mismo Grupo Empresarial en Chile, que incluyan transferencia de bienes, pagos por prestación de servicios, regalías, intereses, constitución de garantías, celebración de cuentas corrientes o cuentas de gestión, entre otras, la determinación de los precios o valores sólo podrán ser fiscalizados por el Servicio conforme al artículo 59, considerando como elemento sustantivo los resultados tributarios obtenidos por las entidades del grupo empresarial, debiendo, por tanto, considerar los efectos tributarios entre las partes de una misma operación o contrato y que dichos efectos tributarios se determinen y, en su caso, se impugnen por el Servicio en forma integral y consistente, considerando entre otros factores, las consecuencias tributarias que para ambas partes tiene la operación y la aplicación de los impuestos que correspondan en la operación.

Se presumirá, salvo que el Servicio acredite lo contrario mediante resolución fundada, que el precio o valor asignado en la prestación de servicios o funciones entre entidades que son parte de un Grupo Empresarial corresponde a los normales de mercado que habrían acordado partes no relacionadas, en los casos que dichos precios o valores correspondan al costo asociado a la prestación de dichos servicios o funciones más una utilidad que corresponda a las normales de mercado que hayan o habrían acordado partes no relacionadas considerando las circunstancias en que se realiza la operación. Si un mismo servicio o función beneficia a más de una entidad que es parte del Grupo Empresarial, cada entidad deberá soportar la prorrata respectiva en base al beneficio recibido.

Para acreditar el precio o valor determinado y el beneficio obtenido en operaciones entre entidades de un Grupo Empresarial será suficiente un contrato marco junto con los registros contables que correspondan de las entidades respectivas.

En caso que entidades de un Grupo Empresarial en Chile hayan realizado operaciones o transacciones con otras entidades del mismo grupo a las que se les haya notificado un requerimiento conforme con el artículo 59, procederá un solo procedimiento de fiscalización, que considerará las diferentes partidas de manera integral y consistente.

En estos casos, las entidades deberán ser notificadas de la respectiva fiscalización conforme con las reglas generales.

El Director establecerá las instrucciones que permitan dirimir la unidad que deba llevar adelante la fiscalización en el caso que los contribuyentes del Grupo Empresarial que han sido notificados de una fiscalización se encuentren en la jurisdicción de más de una Dirección Regional.

En todo caso, la señalada fiscalización, se sujetará a las siguientes reglas:

a)Se deberá notificar, conforme con las reglas generales, a dichos contribuyentes la resolución fundada en que el Director Regional determine realizar una fiscalización en un territorio jurisdiccional distinto al del domicilio correspondiente.

b)Recibida la notificación, la entidad controladora del grupo empresarial podrá solicitar en el plazo de 5 días ante cualquiera de las unidades que notifica la resolución, que la fiscalización de las entidades sea efectuada en la jurisdicción que corresponde a su domicilio, lo que deberá ser aprobado por el Director Regional dentro del plazo de 5 días.

c)Una vez determinada la jurisdicción en que se radicará la fiscalización, dicha jurisdicción se entenderá facultada para realizar todas las actuaciones relacionadas con la fiscalización respectiva, y de resolver todos los recursos y procedimientos pertinentes, incluyendo otorgar una condonación en caso que corresponda.

Será competente para conocer de los reclamos que correspondiera interponer a las entidades del mismo Grupo Empresarial que sean fiscalizadas en la forma indicada en el inciso anterior el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional del domicilio de la unidad que lleve a cabo la fiscalización.

El Servicio emitirá una resolución en que establecerá el procedimiento para el ejercicio de la facultad de fiscalización establecida en los incisos precedentes.

C.- Medios de prueba admisibles para acreditar enajenaciones y servicios.

Los contribuyentes podrán acreditar el valor de las enajenaciones y prestaciones de servicios a través de la contabilidad, prueba documental, testimonial, informes periciales o cualquier otra capaz de producir fe, debiendo valorarse la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica y sin exigir formalidades o solemnidades diversas a las establecidas en el derecho común para el respectivo acto o contrato.

D.- Exclusiones relativas a las reorganizaciones empresariales.

No se aplicará la facultad de tasar establecida en este artículo en los siguientes casos:

1.En la división o fusión, siempre que la nueva sociedad o la subsistente mantenga registrado el costo tributario que tenían los bienes en la sociedad dividida o absorbida.

2.En el aporte, total o parcial, de bienes de cualquier clase, corporales o incorporales, situados en Chile o en el extranjero que realice una persona natural, sociedad o entidad constituida, domiciliada o residente en Chile o en el extranjero, y que impliquen la constitución o un aumento de capital de una sociedad, agencia o establecimiento permanente en Chile, y que no originen flujos efectivos de dinero para el aportante, siempre que los aportes se efectúen y registren al costo tributario que corresponda al aportante.

3.En el aporte, total o parcial, de bienes de cualquier clase, corporales o incorporales, situados y registrados en Chile que realice una sociedad o entidad constituida en el extranjero, y que impliquen la constitución o un aumento de capital de otra entidad o sociedad extranjera, siempre que se hayan efectuado en el contexto de una reorganización del Grupo Empresarial, no origine flujos efectivos de dinero para el aportante y que el aporte se efectúe al costo tributario que corresponda al aportante. El aportante y la receptora deberán acreditar, en caso de ser necesario, que el aporte se ha efectuado al costo tributario que correspondía al aportante.

4.En los procesos de división y fusión internacional efectuados por sociedades constituidas en el extranjero en el contexto de una reorganización de un grupo empresarial, que comprendan bienes situados o registrados en Chile, siempre que sus consecuencias jurídicas se puedan asimilar o sean análogas a aquellas consecuencias jurídicas establecidas en la legislación interna para las fusiones y divisiones, y que en dichas operaciones se mantenga registrado o controlado el costo tributario que tenían los activos y pasivos en la sociedad dividida o absorbida. Tampoco se aplicará la facultad de tasación del Servicio en la fusión internacional efectuada entre una sociedad chilena y una sociedad extranjera, siempre que la sociedad chilena sea la entidad absorbente y se cumplan los requisitos indicados en este número.”.

33.Agrégase, en el artículo 66, el siguiente inciso segundo:

“La inscripción en el Rol Único Tributario se realizará mediante la carpeta tributaria electrónica de acuerdo a lo establecido en el artículo 68.”.

34.Reemplázase, en el artículo 68, los incisos cuarto y quinto, por los siguientes, y agrégase los incisos sexto a décimo a continuación:

“La declaración inicial se hará en una carpeta tributaria electrónica que el Servicio habilitará para cada contribuyente que incluirá un formulario con todos los campos requeridos para el enrolamiento del contribuyente en cada uno de los registros en que deba inscribirse. Junto con completar el formulario indicado precedentemente, el contribuyente que realiza la declaración inicial deberá adjuntar en la carpeta tributaria electrónica los antecedentes relacionados con el inicio de actividades. Mediante esta declaración inicial el contribuyente cumplirá con todas las obligaciones de inscripción que correspondan, sin necesidad de otros trámites. Para estos efectos, el Servicio procederá a inscribir al contribuyente que realiza la declaración inicial en todos los registros pertinentes.

Los contribuyentes deberán comunicar al Servicio, a través de la carpeta tributaria electrónica, cualquier modificación a la información contenida en el formulario de inicio de actividades dentro del plazo de dos meses contados desde que se efectué la modificación respectiva o, si fuera procedente, desde la fecha de la inscripción respectiva en el Registro de Comercio correspondiente, adjuntando en la carpeta tributaria electrónica los antecedentes que dan cuenta de la modificación. La carpeta tributaria electrónica contendrá un formulario con los campos requeridos para la actualización de los registros. Conforme lo anterior, el contribuyente cumplirá con todas las obligaciones de actualización de información que le correspondan, sin necesidad de otros trámites, debiendo el Servicio actualizar todos los registros que correspondan e incorporar los antecedentes a la referida carpeta.

De la misma forma indicada en el inciso precedente, con iguales fines y en el mismo plazo, los contribuyentes deberán comunicar al Servicio las modificaciones de representantes legales o convencionales con poderes generales de administración; modificaciones de capital y de modificaciones de las cláusulas relativas al derecho a participar en las utilidades sociales tratándose de sociedades de persona; modificación de los socios, accionistas o comuneros; fusiones, incluyendo aquella que se produce por la reunión de la totalidad de la participación de una sociedad; divisiones; y, transformaciones o conversión de un empresario individual en una sociedad.

La obligación de informar las modificaciones de accionistas no regirá para sociedades anónimas abiertas, sin perjuicio de informarse en todo caso los cambios de controladores en los mismos plazos señalados.

Tratándose de contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles o fijos de operadores de telecomunicaciones que tengan infraestructura, o sin acceso a energía eléctrica o en un lugar decretado como zona de catástrofe conforme a la legislación vigente, no estarán obligados a dar la declaración de inicio de actividades, o de actualizar la información mediante la carpeta electrónica, pudiendo siempre optar por hacerlo en las oficinas del Servicio o en los puntos de atención que éste señale mediante resolución.

Las entidades sin personalidad jurídica estarán sujetas a las mismas obligaciones y procedimientos en caso que resulten aplicables a través de su respectivo administrador.

El incumplimiento de la obligación de información establecida en este artículo será sancionado conforme al número 1° del artículo 97.”.

35.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 69:

a)Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Todo contribuyente que, por terminación de su giro comercial o industrial, o de sus actividades, deje de estar afecto a impuestos, deberá dar aviso al Servicio a través de la carpeta tributaria electrónica del contribuyente, que incluirá un formulario que contendrá las enunciaciones requeridas para informar la terminación de sus actividades, adjuntando en la carpeta tributaria electrónica su balance de término de giro y los antecedentes para la determinación de los impuestos que correspondan, además de los que estime necesarios para dar cuenta del término de sus actividades, y deberá pagar el impuesto correspondiente determinado a la fecha del balance final, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de término de su giro o de sus actividades. Mediante esta declaración el contribuyente cumplirá con todas las obligaciones que le correspondan, sin necesidad de otros trámites y el Servicio procederá a actualizar la información en todos los registros que procedan. Una vez presentado el aviso de término de giro o actividades en la forma señalada precedentemente, el Servicio tendrá un plazo de sesenta días para girar cualquier diferencia de impuestos. En caso que el Servicio no se pronuncie en ese plazo, se entenderá aceptada la declaración del contribuyente, salvo que se acompañe nueva información o la entregada sea maliciosamente falsa, circunstancia que en este último caso deberá ser declarada por el Servicio mediante resolución fundada.”.

b)Intercálase los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser cuarto y quinto respectivamente, y así sucesivamente:

“Tratándose de contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles o fijos de operadores de telecomunicaciones que tienen infraestructura, o sin acceso a energía eléctrica o en un lugar decretado como zona de catástrofe conforme a la legislación vigente, no estarán obligados a efectuar la declaración de término de actividades mediante la carpeta electrónica, pudiendo siempre optar por hacerlo en las oficinas del Servicio o en los puntos de atención que éste señale mediante resolución.

Aceptada o teniéndose por aceptada la declaración de término de actividades formulada por el contribuyente, el Servicio quedará inhibido de pleno derecho para ejercer ulteriores revisiones o fiscalizaciones, debiendo notificar al contribuyente el cierre definitivo del procedimiento dentro del plazo de 15 días.”.

c)Reemplázase, en el inciso segundo, que en virtud de la modificación b) anterior, pasó a ser inciso cuarto, el párrafo que sigue al último punto seguido (“.”), y que empieza con “No obstante” por el siguiente:

“No obstante, la obligación de informar al Servicio de dichas modificaciones a través de la carpeta electrónica conforme con el artículo 68, las empresas que se disuelven deberán efectuar un balance de término de giro a la fecha de su disolución y las sociedades que se creen o subsistan, pagar los impuestos correspondientes de la Ley de la Renta contenida en el artículo 1° del decreto ley 824 de 1974, dentro del plazo señalado en el inciso primero, y los demás impuestos dentro de los plazos legales, sin perjuicio de la responsabilidad por otros impuestos que pudieran adeudarse.”.

d)Elimínase, en el inciso tercero, que en virtud de la modificación b) anterior, pasó a ser quinto, la palabra “social”.

e)Elimínase el actual inciso cuarto.

f)Reemplázase, en el inciso final, lo dispuesto a continuación del primer punto seguido (“.”), que empieza con “Dicha resolución” y hasta el punto final, por el siguiente párrafo:

“Dicha resolución podrá ser revisada conforme a lo dispuesto en el número 5°. - de la letra B.- del inciso segundo del artículo 6° o conforme lo dispuesto en el artículo 123 bis, sin perjuicio de poder reclamar conforme con el artículo 124 de la resolución que se dicte en dicho procedimiento. El Servicio agregará en la carpeta tributaria electrónica del contribuyente los antecedentes del caso incluyendo la constancia de no tener el contribuyente deuda tributaria vigente, en la forma y plazos señalados en el artículo 21.”.

36.Agrégase, en el artículo 98, a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser seguido (“.”),el siguiente párrafo:

“Tratándose de personas jurídicas, serán solidariamente responsables el gerente general, administrador o quienes cumplan las tareas de éstos, y los socios a quienes corresponda dicho cumplimiento, pero sólo en el caso que los mencionados anteriormente hayan incurrido personalmente en las infracciones.”.

37.Intercálase, en el artículo 99, entre la palabra “cumplimiento” y el punto final (“.”),una coma (“,”) y a continuación, agrégase la siguiente frase: “pero sólo en el caso que los mencionados anteriormente hayan personalmente incurrido en las infracciones.”.

38.Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso primero del artículo 100 bis:

a)Reemplázase la palabra “La”, que antecede a “persona natural” por la siguiente frase: “Con excepción del contribuyente, que se regirá por lo dispuesto en los artículos 4° bis y siguientes, la”.

b)Reemplázase el punto final (“.”), por una coma (“,”) y a continuación agrégase el siguiente párrafo: “salvo que exista reiteración respecto del mismo diseño o planificación, en cuyo caso la multa no podrá superar las 250 unidades tributarias anuales, considerando el número de casos, cuantía de todos los impuestos eludidos y las circunstancias modificatorias de responsabilidad descritas en los artículos 110, 111 y 112.”.

39.Agrégase el siguiente artículo 111 bis, nuevo:

“En los procesos criminales generados por infracción de las disposiciones tributarias, la imposición del monto de la multa inferior al señalado en este Código, conforme al artículo 70 del Código Penal, solo procederá comprobándose un efectivo o considerable resarcimiento al perjuicio fiscal causado, entendiéndose para estos efectos el pago de, al menos, el 50% del monto del impuesto adeudado, debidamente reajustado, más multas e intereses, a la fecha del pago.”.

40.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 123 bis:

a)Reemplázase, en la letra b), la palabra “rechazada” por “aceptada” y la palabra “noventa” por “sesenta”.

b)Agréganse las siguientes letras d), e) y f), nuevas, al inciso primero:

“d) El Director Regional podrá delegar la facultad de conocer y resolver las reposiciones administrativas a que se refiere este artículo en los funcionarios que determine, incluyendo la facultad de corregir de oficio o a petición de parte los vicios o errores manifiestos en que haya incurrido el acto impugnado.

La resolución que se pronuncie sobre la reposición administrativa podrá disponer la condonación de multas e intereses, conforme las políticas de condonación que fije el Ministerio de Hacienda, previo informe técnico del Servicio y de Tesorería.

e)Durante la tramitación de la reposición administrativa deberá darse audiencia al contribuyente para que diga lo propio a sus derechos y acompañe a dicha audiencia los antecedentes requeridos que sean estrictamente necesarios para resolver la petición.

f)La prueba rendida deberá apreciarse conforme las reglas de la sana crítica.”.

41.Agrégase el siguiente artículo 123 ter, nuevo:

“Artículo 123 ter.- En contra de lo resuelto en el recurso de reposición administrativa establecido en el artículo anterior podrá interponerse recurso jerárquico, sujeto a las siguientes reglas:

a)El recurso deberá presentarse, en forma electrónica, dentro del plazo de diez días, directamente ante el Director, quien tendrá el carácter de superior jerárquico para conocer y resolver este recurso.

b)El recurso sólo podrá fundarse en la existencia de un vicio o error de derecho al aplicar las normas e instrucciones impartidas por el Director o de las leyes tributarias, cuando el vicio o error incida sustancialmente en la decisión recurrida.

c)Dentro de décimo día contado desde su interposición, el recurso podrá ser declarado inadmisible por manifiesta falta de fundamento, mediante resolución fundada dictada al efecto. En contra de esta resolución no procederá recurso alguno.

d)Durante la tramitación del recurso no se admitirá prueba alguna, sin perjuicio que puedan acompañarse informes en derecho.

e)Interpuesto el recurso, el Director ordenará al funcionario que dictó la resolución impugnada para que informe, por medio electrónico y dentro del plazo de cinco días, sobre los fundamentos del recurso.

f)Evacuado el informe, o sin él, el Director deberá resolver fundadamente el recurso jerárquico dentro del plazo de treinta días contados desde su interposición.

g)Acogido el recurso, total o parcialmente, el Director remitirá los antecedentes al funcionario que dictó la resolución impugnada, ordenando se dicte, dentro del plazo de diez días, la resolución de reemplazo que corresponda. De esta última resolución podrá reclamarse conforme las reglas generales, dentro del plazo que reste para interponer la reclamación.

h)Interpuesto el recurso jerárquico y hasta la notificación de la resolución que se pronuncia al respecto o hasta el vencimiento del plazo señalado en la letra g), según corresponda, se suspenderá el plazo para interponer la reclamación judicial contemplada en el artículo 124. Con todo, la interposición del recurso jerárquico no suspenderá el plazo anterior en caso de notificarse, dentro de quinto día, la resolución que lo declara inadmisible por manifiesta falta de fundamento. En contra de esta última resolución no procederá recurso alguno.”.

42.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 124:

a)Reemplázase, en el inciso tercero, la palabra “noventa” por “sesenta”.

b)Agrégase el siguiente inciso quinto, nuevo:

“La resolución que califica las declaraciones, documentos, libros o antecedentes como no fidedignos conforme al inciso segundo del artículo 21 será reclamable conjuntamente con la resolución, liquidación o giro en que incida.”.

43.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 132:

a)Agrégase, en el inciso primero, a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser seguido (“.”),el siguiente párrafo:

“Si, con los argumentos y antecedentes presentados en el reclamo, el Servicio concluye que las alegaciones del reclamante desvirtúan el acto impugnado, en su contestación podrá aceptar llanamente la pretensión contraria en todo o parte, según corresponda. Si el allanamiento fuere total, el Tribunal Tributario y Aduanero, citará a las partes a oír sentencia sin más trámite. En virtud de esta aceptación, el Servicio no podrá ser condenado en costas.”.

b)Elimínase el inciso undécimo.

44.Reemplázase el inciso quinto del artículo 132 bis, por el siguiente:

“Sobre las bases de arreglo y la conciliación efectuada conforme a los incisos anteriores, y en la misma audiencia, deberá pronunciarse el abogado que represente al Servicio, quien podrá aceptarla o rechazarla. La decisión del abogado que represente al Servicio, cuando consista en aceptar la conciliación, total o parcial, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa y las condiciones de dicha aceptación. El Director, mediante resolución fundada, establecerá los criterios generales para aceptar las bases de arreglo.”.

45.Agrégase el siguiente artículo 132 ter, nuevo:

“Artículo 132 ter.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, trabada la litis y existiendo una gestión pendiente, el reclamante podrá ocurrir ante el Director, por una sola vez, para proponer las bases de un avenimiento extrajudicial sujeto a las mismas reglas y limitaciones dispuestas en el artículo anterior para la conciliación. Para estos efectos, no será necesario desistirse del reclamo.

Recibida la propuesta, el Director resolverá los términos en que, a su juicio exclusivo, corresponde aprobar el avenimiento, total o parcial, conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa y las condiciones del mismo.

El Director deberá resolver sobre el avenimiento dentro de los cuarenta días siguientes a la presentación de la propuesta efectuada por el reclamante. En caso de no resolver dentro de dicho plazo, se entenderá que acepta las bases de arreglo y el avenimiento extrajudicial.

Resuelto favorablemente el avenimiento extrajudicial, total o parcial, o teniéndose por aceptado en su caso, se procederá a levantar un acta firmada por las partes, la cual será autorizada por el tribunal competente. El acta deberá contener los términos del arreglo, así como una estricta relación de los antecedentes de hecho y de derecho en que se funda.

La propuesta que contiene las bases del avenimiento extrajudicial y demás documentos anexos tendrán el carácter de reservados. El Servicio publicará en su sitio web los antecedentes generales que permitan un adecuado entendimiento del avenimiento extrajudicial y los antecedentes de derecho en que se funda.”.

46.Agrégase al artículo 137 los incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“Previo a la notificación de una liquidación, el Servicio podrá solicitar esta medida en carácter de prejudicial ante el tribunal civil del domicilio del contribuyente en los casos a que se refiere el artículo 59 bis o en aquellos que, atendido el monto que deba liquidarse en comparación con el patrimonio del contribuyente, su comportamiento tributario previo y sector o segmento al que pertenece se deriven presunciones fundadas de que no se encontrará en condiciones de satisfacer oportunamente la acreencia fiscal. El Servicio deberá solicitar esta medida mediante resolución fundada que se pronuncie sobre las circunstancias que motivan la solicitud.

En contra de la resolución que se pronuncia sobre la solicitud del Servicio procederá el recurso de apelación, en el solo efecto devolutivo. Decretada la medida, el Servicio deberá notificar la liquidación correspondiente en el plazo de diez días. En caso contrario, la medida quedará sin efecto por el sólo ministerio de la ley, debiendo el Servicio poner en conocimiento dentro del plazo de cinco días al tribunal respectivo para que alce las medidas decretadas.

En ningún caso el Servicio podrá solicitar esta medida tratándose de deudas inferiores a mil unidades tributarias mensuales a la fecha de presentar la referida solicitud, de contribuyentes cuya renta líquida imponible del año comercial inmediatamente anterior sea inferior a 17.000 unidades de fomento o de contribuyentes que declaren rentas presuntas o de pequeños contribuyentes.”.

47.Agrégase el siguiente artículo 137 bis, nuevo:

“Artículo 137 bis. - En los casos que se hubiere decretado la medida a que se refiere el artículo anterior en el carácter de prejudicial y el contribuyente dedujere reclamación contra la liquidación notificada por el Servicio de conformidad con lo previsto en el artículo 124, la medida prejudicial se mantendrá durante el transcurso del proceso a que se dé lugar en los términos que señala el inciso primero del artículo 137, salvo que se desvirtúen las causas invocadas por el Servicio para obtener la medida ante el tribunal de apelación. Si venciere el plazo legal y no se hubiere deducido reclamación por parte del contribuyente en contra de la liquidación respectiva, la medida prejudicial se mantendrá hasta que Tesorería inicie los trámites a que se refiere el artículo 171.

En el caso a que se refiere la parte final del inciso tercero del artículo 124, la medida cesará con el pago, en cuyo caso, con el comprobante de pago respectivo, el contribuyente requerirá al tribunal civil para que alce la medida lo que se deberá decretar sin más trámites.”.

48.Agrégase, en el inciso segundo del artículo 145, a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser seguido (“.”),el siguiente párrafo:

“Para estos efectos, serán trámites esenciales, según correspondan, los mismos que establece el Código de Procedimiento Civil y, en especial, la recepción de la causa a prueba en primera instancia.”.

49.Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 160 bis, entre las palabras “naturaleza” y “económica”, las palabras “jurídica y”; y, reemplázase la expresión “hechos imponibles” por “hechos gravados”.

50.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 165:

a)Intercálase, en el inciso primero, a continuación de la coma (“,”) que sigue a al guarismo “97”, la frase siguiente: “en la primera parte del inciso cuarto del artículo 62 ter”.

b)Intercálase, en el N° 2°.- del artículo 165, a continuación de la coma (“,”) que sigue al guarismo “97”, la frase: “la primera parte del inciso cuarto del artículo 62 ter”.

51.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 192:

a)Reemplázase, en el inciso segundo, la frase que sigue a la coma (“,”) después de la palabra “aplicación” por la siguiente:

“ciñéndose estrictamente a las políticas de condonación que fije el Ministerio de Hacienda, previo informe técnico del Servicio y Tesorería.”.

b)Agrégase el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto, y así sucesivamente:

“Mientras el convenio de pago se encuentre vigente, el Servicio de Tesorerías podrá determinar que se condonen, total o parcialmente, los intereses moratorios a que se refiere el artículo 53 y las multas de los números 2 y 11 del artículo 97, que se devenguen durante la vigencia del convenio, ciñéndose estrictamente a las políticas señaladas en el inciso segundo precedente.”.

52.Agrégase un artículo 206, nuevo:

“La obligación de mantener reserva que este Código o las demás leyes tributarias imponen a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías se mantendrá incluso después de haber hecho éstos abandono de sus funciones. De esta forma los ex funcionarios serán responsables de todo daño que la vulneración de la reserva provocare a terceros. Si la vulneración se hubiere producido a cambio de un pago, recompensa o promesa, a la sanción del daño se adicionará una multa equivalente al 300 por ciento del monto a que ascendiere uno u otras. En los mismos términos señalados serán sancionadas las personas o entidades que directamente participen en actos destinados a trasgredir la obligación establecida en este artículo.”.

53.Agrégase un artículo 207, nuevo:

“Corresponderá al Ministerio de Hacienda fijar, mediante decreto y previo informe técnico del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías, las políticas de condonación a las cuales deberán ceñirse estrictamente los referidos Servicios en el ejercicio de sus facultades legales de condonación.”.

Artículo 2°.-Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974:

1.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 2°:

a)Elimínase en el número 1° la frase “perciban, devengan o atribuyan” por la siguiente “perciban o devenguen”.

b)Reemplázase el número 2°, por el siguiente:

“2.- Por “renta devengada”, aquélla sobre la cual se tiene un título o derecho, independientemente de su actual exigibilidad y que constituye un crédito para su titular.”.

c)Agrégase el siguiente número 10. – nuevo:

“10.- “Por capital propio tributario”, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, a valores tributarios, que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando al total de activos que representan una inversión efectiva de los propietarios de la empresa, el pasivo exigible, ambos a valores tributarios. Para la determinación del capital propio tributario deberán considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41, cuando corresponda aplicar dicha norma.

Tratándose de una empresa individual de responsabilidad limitada, formarán parte del capital propio tributario los activos y pasivos del empresario individual que hayan estado incorporados al giro de la empresa, debiendo excluirse los activos y pasivos que no originen rentas gravadas en la primera categoría o que no correspondan al giro, actividades o negocios de la empresa.”.

d)Agrégase el siguiente número 11. – nuevo:

“11.- Por “impuestos finales”, los impuestos global complementario y adicional establecidos en esta ley.”.

e)Agrégase el siguiente número 12. – nuevo:

“12. – Por “establecimiento permanente”, un lugar que sea utilizado para la realización permanente o habitual de todo o parte del negocio, giro o actividad de una persona o entidad sin domicilio ni residencia en Chile, ya sea utilizado o no en forma exclusiva para este fin, tales como, oficinas, agencias, instalaciones, proyectos de construcción y sucursales.

También se considerará que existe un establecimiento permanente cuando una persona o entidad sin domicilio ni residencia en Chile realice actividades en el país representado por un mandatario y en el ejercicio de tales actividades dicho mandatario habitualmente concluya contratos propios del giro ordinario del mandante, desempeñe un rol principal que lleve a su conclusión o negocie elementos esenciales de éstos sin que sean modificados por la persona o entidad sin domicilio ni residencia en Chile. Sin embargo, no constituirá establecimiento permanente de una persona o entidad sin domicilio ni residencia en Chile un mandatario no dependiente ni económica ni jurídicamente del mandante, que desempeñe actividades en el ejercicio de su giro ordinario, ni los mandatarios que se hayan constituido con facultades para celebrar actos o contratos con fines específicos, por un plazo fijo o para una obra determinada.

No se considerará que existe un establecimiento permanente si la persona o entidad sin domicilio ni residencia en Chile realiza exclusivamente actividades de organización y puesta en marcha en el país.”.

2.Reemplázase el artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4°.- Para los efectos de esta ley, la ausencia o falta de residencia en el país no es causal que determine la pérdida de domicilio en Chile si la persona conserva, en forma directa o indirecta, el asiento principal de sus negocios en Chile.”.

3.Intercálase, en el inciso primero del artículo 6°, entre la palabra “conyugal” y la coma (“,”) que le sigue, la siguiente frase: “o de la comunidad de bienes entre convivientes civiles que optaron por dicho régimen”.

4.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 10:

a)Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “de la” por la siguiente: “del uso, goce o”.

b)Reemplázase, en el inciso quinto la expresión “en el número 1, de la letra D.-“ por “la letra a), del número 7.-“

5.Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso tercero del artículo 11:

a)Elimínase, después de la frase “Igualmente, no se considerarán situadas en Chile”, la frase “las cuotas de fondos de inversión, regidos por la Ley de Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y”.

b)Elimínase la palabra “ambos”.

c)Agrégase, después del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: “Las cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos, se regirán por lo establecido en la ley N|20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales.”.

6.Agrégase al artículo 13 el siguiente inciso segundo nuevo:

“En caso que un partícipe de una asociación en cuentas en participación o un beneficiario de cualquier encargo fiduciario sea un contribuyente de impuesto de primera categoría, quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 14 en lo que se refiere a su participación. En caso que el partícipe o beneficiario sea un contribuyente de impuestos finales, podrá imputar como crédito el impuesto de primera categoría que gravó la asociación en cuentas en participación o el encargo, conforme a las reglas generales. En la forma y plazo que el Servicio determine mediante resolución, se deberá informar los saldos iniciales y finales de la participación o cuenta y los créditos respectivos.”.

7.Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

“Artículo 14.- Para aplicar los impuestos finales sobre las rentas o cantidades repartidas, remesadas, o distribuidas por las empresas sujetas al impuesto de primera categoría, determinadas según el Título II, se aplicarán las siguientes reglas:

A)Rentas provenientes de empresas obligadas a declarar el impuesto de primera categoría según renta efectiva determinada con contabilidad completa.

1.-Régimen tributario de los propietarios de las empresas, afectos a los impuestos finales.

Los propietarios de empresas que declaren el impuesto de primera categoría con base en renta efectiva determinada con contabilidad completa, quedarán gravados con los impuestos finales sobre todas las cantidades que a cualquier título retiren, les remesen, o les sean distribuidas desde dichas empresas, en conformidad a las reglas del presente artículo y lo dispuesto en los artículos 54, número 1; 58, números 1) y 2); 60 y 62 de la presente ley, salvo que se trate de ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas de los impuestos finales, rentas con tributación cumplida o de devoluciones de capital y sus reajustes efectuados de acuerdo al número 7°.- del artículo 17.

2.-Registros tributarios de las rentas empresariales.

Las empresas sujetas a las disposiciones de esta letra deberán confeccionar al término de cada ejercicio los siguientes registros tributarios, donde deberán efectuar y mantener el control de las siguientes cantidades:

a)Registro RAI o de rentas afectas a los impuestos finales. Deberán registrar las rentas o cantidades que correspondan a la diferencia positiva, entre:

i)El valor positivo del capital propio tributario, y

ii)El saldo positivo de las cantidades que se mantengan en el registro REX, sumado al valor del capital aportado efectivamente a la empresa más sus aumentos y menos sus disminuciones posteriores, debidamente reajustados.

Para estos efectos, si el capital propio fuese negativo, se considerará como valor cero.

Para el cálculo de estas rentas, se sumarán al capital propio tributario que se determine los retiros, remesas o dividendos efectuados durante el ejercicio, debidamente reajustados, y el saldo negativo del registro REX.

b)Registro DDAN o de diferencias entre la depreciación normal y las aceleradas que establecen los números 5 y 5 bis, del inciso cuarto del artículo 31.

Las empresas anotarán en este registro la diferencia positiva que se determine entre la depreciación acelerada y la normal de los bienes que se someten a depreciación acelerada. Asimismo, se anotarán los ajustes que correspondan por cualquier causa que impida continuar depreciando el bien, tales como su enajenación o que se haya terminado de depreciar aceleradamente.

Al confeccionar el registro, en primer término, se adicionará el remanente que provenga del ejercicio anterior, debidamente reajustado.

c)Registro REX o de rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta. Deberán registrarse las rentas exentas de los impuestos finales, los ingresos no constitutivos de renta obtenidos por la empresa, y las rentas con tributación cumplida, así como todas aquellas cantidades de la misma naturaleza que perciba a título de retiros o dividendos provenientes de otras empresas.

Al confeccionar el registro, en primer término, se adicionarán o deducirán, según corresponda, los remanentes de cada tipo de renta o cantidad que provengan del ejercicio anterior, debidamente reajustados.

De estas cantidades se rebajarán, previo a su incorporación en este registro, los gastos y desembolsos imputables a los ingresos netos de la misma naturaleza, según lo dispuesto en la letra e) del número 1 del artículo 33, de manera que se registrarán cantidades netas o líquidas disponibles para ser retiradas, remesadas o distribuidas. Si producto de esta rebaja se determina un saldo negativo, este deberá imputarse a los remanentes de ejercicios anteriores o a las rentas o cantidades que se determinen en el ejercicio siguiente, y así sucesivamente.

d)Registro SAC o de saldo acumulado de créditos. Deberá mantenerse el control y registro del saldo acumulado de créditos por impuesto de primera categoría que establecen los artículos 56, número 3), y 63, y el crédito total disponible contra impuestos finales establecido en el artículo 41 A, a que tendrán derecho los propietarios de estas empresas, sobre los retiros, remesas o distribuciones afectos a los impuestos finales, cuando corresponda conforme al número 5.- siguiente. Deberá controlarse de manera separada aquella parte de dichos créditos cuya devolución no sea procedente de acuerdo a la ley, en caso de determinarse un excedente producto de su imputación en contra del impuesto global complementario que corresponda pagar al propietario. Del mismo modo, se controlará en forma separada el crédito contra impuestos finales a que se refiere el artículo 41 A. El saldo acumulado de créditos estará compuesto por: (i) el impuesto de primera categoría que haya afectado a la empresa sobre la renta líquida imponible del año comercial respectivo; (ii) el monto del impuesto de primera categoría que corresponda a los retiros, dividendos o remesas afectos a los impuestos finales, que perciba de otras empresas sujetas a las disposiciones de esta letra o del número 3 de la letra D de este artículo, cuando no hayan sido absorbidos por pérdidas tributarias, y (iii) los créditos por impuestos pagados en el extranjero de acuerdo a las normas establecidas en el artículo 41 A, todos estos conceptos sumados al remanente de los mismos que provengan del ejercicio anterior, debidamente reajustados.

Del saldo así determinado al término del ejercicio deberán rebajarse aquellos créditos que sean asignados a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio y a las partidas del inciso segundo, del artículo 21, en la forma establecida en los números 4 y 5 siguientes. En el caso de las partidas del inciso segundo del artículo 21, salvo el caso del impuesto de primera categoría, deberá rebajarse a todo evento y como última imputación del año comercial, el monto del crédito correspondiente al impuesto de primera categoría que afectó a dichos agregados a la renta líquida imponible. Asimismo, de este registro se agregará o deducirá, según corresponda, el crédito asignado con motivo de reorganización de empresas, en los términos de la letra C), de este artículo. El Servicio determinará mediante resolución la forma en que deberán llevarse los registros con las cantidades que establece este número.

3.-Liberación de llevar ciertos registros. Con todo, quedan liberadas de llevar los registros RAI, DDAN y REX, las empresas que no mantengan rentas o cantidades que deban ser controladas en el registro REX, razón por la cual todos los retiros, remesas o distribuciones quedarán gravados con los impuestos finales, con derecho al crédito acumulado en el SAC, en los términos dispuestos en los números 4 y 5 siguientes, salvo que consistan en devoluciones de capital y sus reajustes efectuados de acuerdo al número 7°.- del artículo 17.

Sin embargo, en el caso que se efectúen retiros, remesas o distribuciones con cargo al capital aportado por los propietarios, en los términos del numeral v), del número 4 de esta letra, las empresas deberán reconstituir los registros antes señalados para el ejercicio correspondiente, para efectos de beneficiarse con el tratamiento tributario que se indica en dicho numeral.

4.-Orden de imputación y sus efectos tributarios.

Para la aplicación de los impuestos finales, los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio se imputarán al término del ejercicio respectivo, debidamente reajustados, en el orden cronológico en que los retiros, remesas o distribuciones se efectúen, hasta agotar el saldo positivo de los registros RAI, DDAN y REX del número 2 anterior, en el orden y con los efectos que se indican a continuación:

(i)En primer lugar, a las rentas o cantidades anotadas en el registro RAI, afectándose con el impuesto final que corresponda.

(ii)En segundo lugar, a las rentas o cantidades anotadas en el registro DDAN afectándose con el impuesto final que corresponda.

(iii)En tercer lugar, a las rentas exentas y posteriormente a los ingresos no constitutivos de renta y rentas con tributación cumplida, anotadas en el registro REX, las que no se afectarán con impuesto alguno, considerándose en todo caso aquellos efectuados con cargo a las rentas exentas del impuesto global complementario para efectos de la progresividad que establece el artículo 54. En el caso que las rentas solo estén exentas del impuesto global complementario, y no del impuesto adicional, corresponderá la tributación con este último.

(iv)Agotadas las cantidades señaladas con anterioridad, la imputación se efectuará a las utilidades de balance retenidas en exceso de las tributables, conforme se refleje en el balance de la empresa al término del ejercicio comercial, afectándose con el impuesto final que corresponda.

(v)Posteriormente, agotadas las utilidades de balance retenidas en exceso de las tributables, la imputación se efectuará al capital y sus reajustes, hasta la concurrencia de la participación que le corresponda al propietario en el capital. Cuando los retiros, remesas o distribuciones resulten imputados al capital y sus reajustes, no se afectarán con impuesto alguno, conforme al artículo 17 número 7°.-, en la medida que los retiros, remesas o distribuciones imputadas al capital sean formalizados como disminuciones de capital conforme al tipo de empresa que se trate. Para tal efecto, la disminución de capital deberá formalizarse a más tardar en el mes de febrero del año siguiente al del retiro, remesa o distribución. Tratándose del empresario individual, para hacer uso de esta imputación, la disminución de capital deberá informarse al Servicio dentro del mismo plazo.

(vi)Finalmente, cualquier retiro, remesa, o distribución que exceda de las cantidades señaladas precedentemente, se afectará con el impuesto final que corresponda.

El orden de imputación señalado precedentemente es sin perjuicio de las preferencias especiales de imputación establecidas en esta u otras leyes.

5.-Determinación del crédito aplicable a los propietarios de la empresa.

En todos aquellos casos en que, en conformidad al número anterior, los retiros, remesas o distribuciones de la empresa resulten afectos a los impuestos finales, los propietarios tendrán derecho al crédito a que se refieren los artículos 41 A, 56, número 3), y 63, con tope del saldo acumulado de crédito que se mantenga en el registro SAC al cierre del ejercicio.

El monto del crédito corresponderá al que resulte de aplicar a los retiros, dividendos y demás cantidades gravadas, el factor que corresponda conforme a las siguientes normas:

i.Un factor promedio resultante de dividir todos los créditos imputables a impuestos finales acumulados al término del ejercicio en el registro SAC, sin considerar el crédito a que se refiere el artículo 41 A, por las utilidades netas que se encuentren pendientes de tributación con los impuestos finales. Para estos efectos, se considerará utilidad neta aquella que resulte de sumar el saldo del registro DDAN al saldo del registro RAI, ambos determinados al término del ejercicio, antes de imputarles retiros, remesas o distribuciones, descontado el monto del impuesto de primera categoría que se encuentre pendiente de pago.

ii.Tratándose de las empresas liberadas de la obligación de llevar registros RAI, DDAN y REX, aplicarán las mismas reglas anteriores, pero se considerará utilidad neta aquella que determine para este solo efecto conforme a las normas del registro RAI, descontando el impuesto de primera categoría pendiente de pago.

El factor así determinado, se aplicará sobre los retiros, remesas o distribuciones afectos a impuestos finales y se imputará al SAC determinado al término del ejercicio, comenzando por la asignación de los créditos sin derecho a devolución, y una vez agotados estos, se asignarán los créditos con derecho a devolución.

Con todo, el factor máximo corresponderá al que resulte de dividir la tasa del impuesto de primera categoría vigente y aplicable según el régimen en que se encuentre la empresa en el año respectivo por cien menos la tasa del citado tributo.

Por su parte, en caso que el crédito por impuesto de primera categoría no sea determinable, por la inexistencia de RAI y DDAN, u otra causa, el crédito se asignará determinando el factor conforme con la tasa que corresponda según el régimen al cual esté sujeta la empresa, según lo indicado precedentemente.

El crédito a que se refiere el artículo 41 A, se asignará conjuntamente con las distribuciones o retiros de utilidades afectos a impuestos finales, o asignado a las partidas señaladas en el inciso segundo del artículo 21, según corresponda. Para este efecto, la distribución del crédito se efectuará aplicando una tasa de crédito que corresponderá a la diferencia entre la tasa de impuesto de primera categoría, según el régimen al que esté sujeta la empresa y la tasa de impuesto adicional o marginal del impuesto global complementario, sobre una cantidad tal que, al deducir dicha cantidad, el resultado arroje un monto equivalente al retiro, remesa, distribución o partida señalada, previamente incrementados en el monto del crédito que establecen los artículos 56 número 3) y 63. En todo caso, el crédito asignado no podrá ser superior al saldo de crédito contra impuestos finales que se mantenga registrado en el registro SAC.

En estos casos, cuando las rentas retiradas, remesadas o distribuidas tengan derecho al crédito por impuesto de primera categoría establecido en los artículos 56 número 3) y 63, o cuando deba rebajarse el crédito correspondiente a las partidas del inciso segundo del artículo 21, este se calculará sobre una cantidad tal que, al deducir dicho crédito de esa cantidad, el resultado arroje un monto equivalente al retiro, remesa, distribución o partida señalada, previamente incrementados en el monto del crédito que establece el artículo 41 A.

El remanente de crédito que se mantenga luego de las imputaciones referidas constituirá el saldo acumulado de crédito para el ejercicio siguiente.

6.-Opción de la empresa de anticipar a sus propietarios el crédito por impuesto de primera categoría.

En caso que los retiros, remesas o distribuciones resulten afectos a los impuestos finales y no se les asigne crédito, atendido que no existe un saldo acumulado de créditos al cierre del ejercicio o el total de éste haya sido asignado a una parte de dichos retiros, remesas o distribuciones, y quienes perciban tales cantidades sean contribuyentes que se encuentran gravados con dichos tributos, la empresa podrá optar voluntariamente por pagar a título de impuesto de primera categoría una suma equivalente a la que resulte de aplicar la tasa del referido tributo a una cantidad tal que al restarle dicho impuesto, la cantidad resultante sea el monto neto del retiro, remesa o distribución. Este impuesto deberá ser declarado y pagado según lo establecido en los artículos 65, 69 y 72, y podrá ser imputado por los propietarios en contra de los impuestos finales que graven a los retiros, remesas o distribuciones efectuados en el ejercicio conforme a lo dispuesto en el artículo 56, número 3) y 63.

Efectuado el pago del impuesto señalado, la empresa podrá deducir en la determinación de la renta líquida imponible correspondiente al año comercial en que se haya pagado el impuesto, y hasta el monto positivo que resulte de ésta, una suma equivalente a la cantidad sobre la cual se aplicó y pagó efectivamente la tasa del impuesto de primera categoría de acuerdo al párrafo anterior. Si de la deducción referida, se determinare un excedente, ya sea por la existencia de una pérdida para fines tributarios o por otra causa, dicho excedente, debidamente reajustado, podrá deducirse en el ejercicio siguiente y en los subsiguientes, hasta su total extinción.

Del pago voluntario de este impuesto no podrá deducirse ninguna clase de créditos que la ley establezca contra el impuesto de primera categoría.

7.-Normas para compensar rentas y créditos improcedentes.

Cuando la empresa hubiere informado al Servicio créditos de primera categoría en exceso de las sumas correspondientes, deberá restituir en su declaración de impuesto anual las diferencias respectivas debidamente reajustadas, en cuyo caso no procederá la rectificación de las declaraciones que hubieren sido presentadas por los respectivos propietarios, sea que se trate de contribuyentes de la primera categoría o de impuestos finales. El monto restituido corresponderá a una partida del inciso segundo del artículo 21 y deberá ser agregado al SAC en la medida que tal cantidad se haya rebajado de este registro.

Tampoco procederán dichas rectificaciones por los respectivos propietarios cuando se hubiere asignado un crédito menor respecto del ejercicio en que se constate la menor asignación del crédito por la empresa, lo que deberá informar al Servicio en la declaración anual de renta que corresponda. No obstante lo anterior, procederá la rectificación cuando así lo solicite el o los propietarios interesados, sin perjuicio que se ajusten los saldos del ejercicio y de los ejercicios siguientes, de las cantidades referidas en este artículo, cuando corresponda.

Lo dispuesto en los incisos anteriores también podrá aplicarse a las diferencias que se determinen sobre las utilidades o cantidades sobre las cuales se aplican los créditos e impuestos finales.

Con todo, procederá que el propietario o la empresa rectifique cuando se trate de diferencias que se originen en procesos de reorganización, respecto de los valores inicialmente registrados o declarados en procesos de fiscalización del Servicio, y que generen cambios impositivos en las declaraciones de los propietarios.

8.-Información anual al Servicio.

Las empresas sujetas a las disposiciones de esta letra A), deberán informar anualmente al Servicio, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, las siguientes materias:

a)El monto de los retiros, remesas o distribuciones que se realicen en el año comercial respectivo, y la renta que se asigne a los propietarios en virtud de lo señalado en la letra F) y en el número 6 de la letra D) de este artículo, con indicación de los propietarios que las reciben, la fecha en que se hayan efectuado y si se trata de rentas o cantidades afectas a los impuestos finales, rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta o rentas con tributación cumplida. También deberán informar el factor de crédito que hayan determinado para el ejercicio, y el monto del mismo, de acuerdo a los artículos 41 A, 56 número 3), y 63, con indicación si el excedente que se determine luego de su imputación puede o no ser objeto de devolución a contribuyentes del impuesto global complementario.

b)El remanente proveniente del ejercicio anterior, aumentos o disminuciones del ejercicio, así como el saldo final que se determine para los registros RAI, DDAN, REX y SAC, según resulte aplicable.

c)El detalle de la determinación del saldo anual del registro RAI, identificando los valores que han servido para determinar el capital propio tributario y el capital aportado efectivamente a la empresa, más sus aumentos y disminuciones posteriores, debidamente reajustados. Asimismo, las empresas deberán informar su patrimonio financiero determinado al término del ejercicio.

d)El monto de las diferencias entre la depreciación acelerada y la normal que mantenga la empresa a que se refiere el registro DDAN, determinadas para cada bien, según corresponda.

Con todo, quedarán liberados de entregar la información señalada en las letras b) y d) anteriores, las empresas que se encuentren eximidas de llevar los registros conforme a los señalado en el número 3 de esta letra A, a excepción del registro SAC, respecto del cual se deberá informar lo señalado en la letra b) anterior.

B)Rentas provenientes de empresas que declaren el impuesto de primera categoría determinado sin contabilidad completa.

1.- En el caso de empresas afectas al impuesto de primera categoría que declaren rentas efectivas y que no las determinen sobre la base de un balance general, según contabilidad completa, las rentas establecidas en conformidad con el Título II, más todos los ingresos o beneficios percibidos o devengados por la empresa por participaciones en otras entidades, se gravarán respecto de los propietarios con los impuestos finales, en el mismo ejercicio al que correspondan.

2.-Las rentas presuntas se afectarán con los impuestos de primera categoría e impuestos finales, en el mismo ejercicio al que correspondan.

En los casos señalados en los números 1.- y 2.- anteriores, las rentas se entenderán retiradas o distribuidas por los propietarios en proporción a su participación en las utilidades. Si se tratare de una comunidad, las rentas se asignarán en proporción a sus respectivas cuotas en la comunidad.

C)Efectos tributarios de las reorganizaciones empresariales para fines de registros y asignación de capital propio tributario.

1.-Efectos de la división, conversión y fusión de empresas obligadas a determinar su renta efectiva con contabilidad completa.

a)En caso de división, deberán confeccionarse a dicha fecha los registros RAI, DDAN, REX y SAC de la empresa que se divide. El saldo de la totalidad de las cantidades que deban anotarse en los registros RAI, REX y SAC de la empresa, según el caso, a esa fecha, se asignará a cada una de ellas en proporción al capital propio tributario respectivo; y el saldo de las cantidades que deban anotarse en el registro DDAN, debe ser asignado conjuntamente con los bienes físicos del activo inmovilizado que dieron origen a la diferencia entre la depreciación normal y acelerada.

En estos casos, el capital efectivamente aportado se asignará en cada una de las empresas en la misma proporción antes señalada, considerando como capital efectivamente aportado el monto considerado en la determinación del registro RAI a la fecha de la división.

No obstante, las empresas podrán solicitar al Servicio de Impuestos Internos autorización para efectos de realizar las asignaciones correspondientes en base al patrimonio financiero. Dicha solicitud deberá efectuarse con antelación a la división. En caso que no se realice la solicitud, se deberá informar la misma al Servicio, debiendo, para efectos tributarios, realizar las asignaciones en base a lo señalado en los párrafos precedentes. El Servicio deberá resolver fundadamente la petición en el plazo de 15 días desde que la empresa pone a disposición del Servicio todos los antecedentes necesarios para resolver su presentación, tomando como consideración principal para efectos de su decisión, el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias.

b)En el caso de la conversión o de la fusión, la empresa continuadora deberá llevar o mantener el registro y control de las cantidades anotadas en los registros RAI, DDAN, REX y SAC de la empresa convertida o absorbida determinadas a esa fecha. Estas cantidades se entenderán incorporadas a la empresa continuadora en la fecha en que se materialice la conversión o fusión, las que posteriormente se reajustarán al término del ejercicio. En estos casos, las empresas que se convierten o fusionan se afectarán con los impuestos que procedan, por las rentas determinadas en el año comercial correspondiente al término de su giro, sin que corresponda aplicar el impuesto de a que se refiere en el N° 1 del artículo 38 bis. En el caso que la empresa continuadora y las absorbidas no se encuentren obligadas a llevar los registros conforme a lo dispuesto en el número 3 de la letra A) de este artículo, la empresa continuadora mantendrá dicha liberación. Para efectos de continuar determinando el RAI, las empresas absorbentes o continuadoras deberán considerar como un aumento efectivo de capital el monto que se haya utilizado como tal en el cálculo del registro RAI efectuado por la empresa absorbida o convertida a la fecha de la fusión o conversión.

2.-Efectos de la fusión o absorción de empresas obligadas a determinar su renta efectiva con contabilidad completa, con empresas sujetas a lo dispuesto en los artículos 14 letra B) número 1, 14 letra D) número 6, y 34.

a)En la fusión o absorción de empresas, en que la absorbente se encuentre sujeta a las disposiciones de la letra A) de este artículo, y una o más de las empresas absorbidas o fusionadas se encuentren sujetas a lo dispuesto en el número 1 de la letra B) o en la letra D) número 6 del mismo artículo, estas últimas deberán determinar, a la fecha de fusión o absorción, un inventario inicial considerando todos sus activos y pasivos a valor tributario, considerando una depreciación normal y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41°.- para determinar un capital propio tributario al momento de la fusión. Para efectos tributarios, el capital propio tributario así determinado se entenderá que corresponde a un aumento efectivo de capital aportado por los nuevos propietarios a la empresa absorbente.

b)En la fusión o absorción de empresas, en que la absorbente se encuentre sujeta a las disposiciones de la letra A) de este artículo, y una o más de las empresas absorbidas o fusionadas se encuentren sujetas a lo dispuesto en el artículo 34, estas últimas deberán determinar a la fecha de fusión o absorción, un inventario inicial considerando todos sus activos y pasivos a valor tributario, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34.- y determinar un capital propio tributario al momento de la fusión. Para efectos tributarios, el capital propio tributario así determinado, se entenderá que corresponde a un aumento efectivo de capital aportado por los nuevos propietarios a la empresa absorbente.

c)En caso que una empresa sujeta a las disposiciones del artículo 14 letra B) número 1, a la letra D) número 6 de este artículo, o al artículo 34, absorba o se fusione con otra sujeta a las disposiciones de la letra A) de este artículo, la empresa absorbente deberá incorporarse al régimen de renta efectiva según contabilidad completa de la letra A) de este artículo 14, a contar del inicio del año comercial en que se efectúa la fusión o absorción; para estos efectos, a las empresas absorbentes les serán aplicables, en todo lo pertinente, las reglas establecidas en las letras a) y b) anteriores de este número 2. Posteriormente, se aplicarán las disposiciones de la letra b) del número 1 de esta letra C).

3.- Efectos en empresas obligadas a determinar su renta efectiva con contabilidad completa, acogidas al artículo 14 letra A), al momento de optar por sujetarse a lo dispuesto en los artículos 14 letra B) número 1, 14 letra D) número 6, o 34.

Las empresas obligadas a determinar su renta efectiva en base a con contabilidad completa, acogidas al artículo 14 letra A), que opten por sujetarse a lo dispuesto en los artículos 14 letra B) número 1, 14 letra D) número 6, o 34, deberán efectuar el siguiente tratamiento a las partidas que a continuación se indican, según sus saldos al 31 de diciembre del año anterior al que comiencen a tributar conforme al nuevo régimen, sin perjuicio de la tributación que afecte en dicho período a la empresa y a sus propietarios:

a) El saldo de rentas acumuladas en el registro RAI se entenderá retirado, remesado o distribuido al término del ejercicio anterior a aquel en que ingresan al nuevo régimen, a sus propietarios en la proporción en que participan en las utilidades de la empresa, para afectarse con los impuestos finales en dicho período, incremento en una cantidad equivalente al crédito por impuesto de primera categoría y el crédito por impuestos finales establecido en el artículo 41 A, incorporados en el registro SAC.

El monto que resulte gravado con los impuestos finales conforme a esta letra, tendrá derecho a la proporción que corresponda del saldo de créditos registrados en el registro SAC.

b) En los mismos términos de la letra anterior, se entenderá retirado, remesado o distribuido el saldo de rentas acumuladas en el registro REX.

c) Si la empresa opta por acogerse al artículo 14 letra B) número 1, se deberá también aplicar lo siguiente:

i) Las pérdidas tributarias determinadas al término del ejercicio anterior, que no hayan sido absorbidas conforme a lo dispuesto en el número 3 del artículo 31, deberán considerarse como un gasto del primer día del ejercicio inicial sujeto al nuevo régimen tributario.

ii) Los activos fijos físicos depreciables conforme a lo dispuesto en los números 5 y 5 bis del artículo 31, a su valor neto tributario, deberán considerarse como un gasto del primer día del ejercicio inicial sujeto al nuevo régimen tributario.

iii) Las existencias de bienes del activo realizable, a su valor tributario, deberán considerarse como un gasto del primer día del ejercicio inicial sujeto al nuevo régimen tributario.

iv) Los ingresos devengados y los gastos adeudados al término del ejercicio inmediatamente anterior al ingreso al nuevo régimen, no deberán ser reconocidos por el contribuyente al momento de su percepción o pago, según corresponda.

D)Cláusula Pyme.

1.-Concepto de Pyme.

Para efectos de este artículo, se entenderá por Pyme, aquella empresa que reúna las siguientes condiciones:

a)Que el promedio anual de ingresos brutos percibidos o devengados del giro, considerando los tres años anteriores a aquel en que se ejerza la opción, no sea superior a 50.000 unidades de fomento, y mantengan dicho promedio mientras se encuentren acogidos al mismo. Si la empresa que se acoge tuviere una existencia inferior a 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de existencia efectiva de ésta.

El valor de la unidad de fomento a utilizar para los cálculos y límites que establece esta letra será el que corresponda al último día del respectivo ejercicio.

Para efectuar el cálculo del promedio de ingresos brutos señalados, la empresa deberá sumar a sus ingresos los obtenidos por sus entidades relacionadas en el ejercicio respectivo, conforme a la definición de empresa relacionada contemplada en el artículo 8° número 17 del Código Tributario. En caso que la empresa o sus entidades relacionadas no lleven contabilidad completa o simplificada, el cálculo del límite se hará considerando los ingresos brutos que determine en base a la información de que disponga a través del Registro de Compra y Venta de la respectiva entidad relacionada.

En cualquiera de los casos de relación señalados precedentemente, el contribuyente deberá sumar a sus ingresos el porcentaje de los ingresos obtenidos por sus entidades relacionadas, que le corresponda según su participación en el capital, las utilidades, los ingresos o los derechos a voto, lo que resulte mayor.

Las entidades relacionadas, deberán informar anualmente a la empresa respectiva, en la forma y plazo que establezca el Servicio mediante resolución, el monto total de los ingresos de su giro percibidos o devengados en el ejercicio respectivo, los que se expresarán en unidades de fomento conforme a lo señalado en el párrafo de esta letra a).

Sin perjuicio de lo anterior, no se entenderán entidades relacionadas con la Pyme aquellas que participen en ella o la financien con el propósito de promover el emprendimiento e innovación tecnológica. Para estos efectos, la entidad que participa en la Pyme o la financia deberá estar previamente certificada por la Corporación de Fomento a la Producción y tener como objeto apoyar la puesta en marcha, el desarrollo y crecimiento de nuevas empresas. Mediante resolución conjunta con el Servicio de Impuestos Internos, la Corporación de Fomento a la Producción determinará los procedimientos de certificación y requisitos que deben cumplir las entidades. En todo caso, el Servicio de Impuestos Internos verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en este inciso conforme con las facultades establecidas en la ley.mu

b)Las empresas que inicien sus actividades con un capital propio tributario inferiora 60.000 unidades de fomento, según el valor de ésta al primer día del mes de inicio de las actividades.

c)Que los ingresos brutos del año comercial respectivo, correspondientes a las siguientes actividades, no excedan de un 35% del total de dichos ingresos:

i)Cualquiera de las descritas en los números 1°.- y 2°.- del artículo 20. Con todo, no se computarán para el cálculo del límite del 35% las rentas que provengan de la posesión o explotación de bienes raíces agrícolas.

ii)Participaciones en contratos de asociación o cuentas en participación.

iii)De la posesión o tenencia a cualquier título de derechos sociales y acciones de sociedades o cuotas de fondos de inversión.

Para los efectos señalados en esta letra, se considerarán solo los ingresos que consistan en frutos o cualquier otro rendimiento derivado del dominio, posesión o tenencia a título precario de los bienes y participaciones señaladas. No se considerará la enajenación esporádica del dominio de tales bienes o la cesión a título oneroso de los derechos reales constituidos sobre dichos bienes.

2.-Tributación de los propietarios de la Pyme.

Los propietarios de la Pyme se gravarán con los impuestos finales, conforme a las reglas generales establecidas en la letra A) de este artículo.

3.-Tributación de la Pyme.

La Pyme estará obligada a declarar renta efectiva según contabilidad completa, conforme a las reglas generales establecidas en esta ley, con las siguientes excepciones:

i.Deberá tributar anualmente con impuesto de primera categoría, con la tasa establecida en el artículo 20 para este tipo de empresas.

ii.Estará liberada de aplicar la corrección monetaria establecida en el artículo 41.

iii.Podrá depreciar sus activos físicos del activo inmovilizado de manera instantánea e íntegra en el mismo ejercicio comercial en que sean adquiridos o fabricados, quedando valorados dichos activos en un peso.

iv.Reconocerá como gastos, según corresponda, las existencias e insumos del negocio adquiridos o fabricados en el año y no enajenados o utilizados dentro del mismo.

v.Estará liberada de llevar el registro DDAN.

vi. Para determinar su base imponible, podrá considerar sólo los ingresos percibidos y en tal caso, deducir sólo los gastos pagados, ambos al término del ejercicio, sin perjuicio de su reconocimiento o reposición en el ejercicio posterior que corresponda. Lo indicado no se aplicará tratándose de operaciones con empresas relacionadas, según las normas establecidas en el artículo 8° número 17 del Código Tributario, caso en el cual, para la determinación de la base imponible y de los pagos provisionales aplicables, los ingresos deberán ser computados en el período en que se perciban o devenguen, y los gastos se considerarán pagados o adeudados, conforme con las normas generales.

4.-Procedimiento para acogerse a la cláusula Pyme.

Las empresas que al inicio de sus actividades cumplan con las condiciones establecidas en el número 1.- de la Letra D) para calificar bajo la cláusula Pyme, y que no hayan optado por los regímenes establecidos en la letra A) o número 1 de la letra B) ambos del artículo 14 o artículo 34, quedarán acogidas por el solo ministerio de la ley al régimen tributario señalado en el número 3.- de esta letra D) sin necesidad de efectuar una declaración expresa sobre la materia, situación que posteriormente será informada por el Servicio a la empresa en su sitio electrónico.

Tratándose de empresas que hayan iniciado actividades en ejercicios anteriores, o respecto de los cuales no haya operado la cláusula Pyme de pleno derecho, y cumplan con los requisitos del número 1.- de la letra D) para ingresar a la cláusula Pyme, la opción de acogerse a la misma se manifestará dando el respectivo aviso al Servicio desde el 1 de enero al 30 de abril del año calendario en que se incorporen al referido régimen, en la forma y plazo que establezca el Servicio mediante resolución.

5.-Efectos del retiro o exclusión de la cláusula Pyme.

Las empresas que opten por abandonar la cláusula Pyme o que por incumplimiento de alguno de los requisitos, deban abandonarla obligatoriamente, deberán dar aviso al Servicio entre el 1 de enero y el 30 de abril del año comercial en que deseen abandonarlo o del año comercial siguiente a aquel en que ocurra el incumplimiento, según corresponda, en la forma y plazo que establezca el Servicio mediante resolución, quedando sujetos a todas las normas comunes de esta ley a contar del día primero de enero del año comercial del aviso.

6.-Opción de declarar y pagar el impuesto de primera categoría e impuesto de los propietarios de la Pyme según propuesta del Servicio.

Las empresas sujetas a la cláusula Pyme cuyos ingresos brutos anuales no excedan de 10 mil unidades de fomento al cierre del ejercicio anterior y que pertenezcan a sectores previamente definidos por el Servicio y respecto de los cuales cuente con información comparativa suficiente, podrán optar por declarar la renta líquida imponible que le proponga el Servicio, conforme a las siguientes normas:

a)El Servicio determinará un margen resultante del promedio simple de los rangos de utilidad tributaria de cada clase de negocio determinados con la información que cuenta el Servicio para cada sector, industria o negocio, el que se deberá aplicar sobre los ingresos brutos de la empresa.

b)Para el cálculo de dicho margen, se utilizarán los ingresos brutos promedio del sector, industria o negocio considerando factores de costos, de gastos operacionales y de administración, tasas de uso o depreciación observados en el negocio respectivo.

c)El Servicio deberá publicar anualmente los márgenes de utilidad aplicables por sector, industria o negocio que determine para cada negocio, sobre las cuales podrá hacer propuestas de declaración a las Pyme que cumplan los requisitos de esta cláusula.

Si la empresa hace uso de la opción establecida en este número, el impuesto final de los propietarios de la Pyme se aplicará sobre la totalidad de la renta líquida propuesta por el Servicio, más las rentas que sean percibidas producto de la participación en otras empresas, con derecho al crédito por impuesto de primera categoría y el crédito a que se refiere el artículo 41 A, que corresponda conforme a las reglas generales y en la proporción de cada propietario en las utilidades de la empresa al 31 de diciembre del año comercial respectivo. El ejercicio de la opción de declarar los impuestos a la renta sobre la base de la propuesta del Servicio liberará a las Pyme de su obligación de llevar contabilidad para efectos tributarios, sin perjuicio de la obligación de la empresa de llevar un registro de ingresos brutos para efectos de verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados. El Servicio podrá ejercer sus facultades de fiscalización para corroborar que la empresa realiza efectivamente el negocio respectivo y el valor efectivo de sus ingresos brutos, pero acreditados dichos elementos, no podrá cuestionar el monto del impuesto propuesto aceptado por la empresa y sus propietarios.

En ningún caso podrán acogerse a esta modalidad las empresas que, en conjunto con sus entidades relacionadas, excedan los ingresos brutos de este número 6.-, incluyendo los ingresos brutos de empresas relacionadas en el cómputo a que se refiere la letra c) del número 1.-, de esta letra D), ni que posean propietarios personas jurídicas o residentes en el exterior.

Podrán acogerse las empresas que tengan varios giros efectivos minoristas, solamente si respecto de cada uno de ellos se puede establecer fehacientemente el ingreso bruto respectivo.

Los pagos provisionales mensuales se efectuarán con una tasa de 0,25% sobre los ingresos respectivos y su saldo anual debidamente reajustado se imputará de conformidad a lo dispuesto en los artículos 93 y 94, y en caso de remanente se podrán poner a disposición de los propietarios, según corresponda, de acuerdo con dichas normas. El Servicio instruirá la forma de determinación de los pagos provisionales y su puesta a disposición mediante resolución.

7.- Propuesta del Servicio.

Sin perjuicio de lo señalado en los números anteriores de esta letra D), y de lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 21 de Código Tributario, para la determinación de la renta líquida imponible del impuesto de primera categoría el Servicio podrá ofrecer a la empresa una propuesta con los valores e información tributaria que posea en sus bases de datos, la que podrá ser aceptada, complementada o modificada con los antecedentes que a juicio de la empresa sean necesarias para la correcta determinación del impuesto.

E)Incentivo al ahorro para empresas con ingresos brutos anuales inferiores a 100.000 unidades de fomento.

Las empresas obligadas a declarar su renta efectiva según contabilidad completa, cuyos ingresos brutos del giro no superen 100.000 unidades de fomento para el ejercicio correspondiente en que se invoca el beneficio, podrán optar anualmente por efectuar una deducción de la renta líquida imponible afectaal impuesto de primera categoría hasta por un monto equivalente al 50% de la renta líquida imponible que se mantenga invertida en la empresa.

La referida deducción no podrá exceder del equivalente a 4.000 unidades de fomento, según el valor de ésta el último día del año comercial respectivo.

Para los efectos señalados en esta letra, se considerará que la renta líquida imponible que se mantiene invertida en la empresa corresponde a la determinada de acuerdo al Título II de esta ley, descontados los gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21 que forma parte de ella y las cantidades retiradas, remesadas o distribuidas en el mismo año comercial, reajustadas de acuerdo al inciso final del número 1 del artículo 41, sea que éstas deban gravarse o no con los impuestos de esta ley.

Para el cálculo del límite de ingresos brutos que establece el párrafo primero de esta letra, los ingresos del ejercicio se expresarán en unidades de fomento según el valor de ésta en el último día del respectivo ejercicio y la empresa deberá sumar a sus ingresos los obtenidos por sus empresas relacionadas en los términos establecidos en el número 17 del artículo 8 del Código Tributario.

Los contribuyentes deberán ejercer la opción a que se refiere esta letra, dentro del plazo para presentar la declaración anual de impuestos a la renta respectiva, debiendo manifestarlo de manera expresa en la forma que establezca el Servicio mediante resolución.

No podrán invocar el incentivo que establece esta letra las empresas cuyos ingresos provenientes de instrumentos de renta fija y de la posesión o explotación a cualquier título de derechos sociales, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos mutuos, acciones de sociedades anónimas, contratos de asociación o cuentas en participación, excedan del 20% del total de sus ingresos brutos del ejercicio determinados de acuerdo al Título II de esta ley.

F)Opción de Régimen de Transparencia Tributaria.

Las empresas obligadas a declarar su renta efectiva según contabilidad completa cuyos ingresos brutos del giro no superen las 50.000 unidades de fomento en el ejercicio correspondiente en que se invoca el beneficio, que no sean sociedades anónimas abiertas, cuyos propietarios sean exclusivamente contribuyentes del impuesto global complementario al término del ejercicio, y mantenga esa condición a la fecha de la declaración de impuestos correspondiente, podrán optar por no quedar gravados con impuesto de primera categoría, quedando afectos sus propietarios sobre las rentas que determine la empresa con el impuesto global complementario, sin derecho al crédito establecido en el artículo 56 número 3), en la proporción que corresponda a cada propietario en las utilidades de la empresa al 31 de diciembre del cierre del ejercicio respectivo. Las empresas sujetas a esta letra deberán incorporar como parte de la renta líquida imponible las rentas o cantidades afectas a impuestos finales, percibidas a título de retiros o distribuciones de otras empresas cuando no resulten absorbidas por pérdidas conforme a lo dispuesto en el número 3 del artículo 31. En este caso los propietarios tendrán derecho al crédito establecido en el artículo 56 número 3) en la proporción que corresponda a cada propietario en dichas utilidades.

Cuando la renta líquida imponible contenga rentas gravadas en el exterior, y corresponda otorgar el crédito a que se refiere el artículo 41 A, dicho crédito se asignará a los propietarios en la misma proporción aludida en el párrafo anterior. Del mismo modo, se procederá respecto de este crédito que se encuentre asociado a los retiros o dividendos percibidos desde otras empresas.

En este caso, el monto equivalente a la renta líquida imponible de la empresa deberá incorporarse en el registro REX como una renta con tributación cumplida para futuras imputaciones de retiros o distribuciones, cuando corresponda.

Cuando se ejerza esta opción, a contar del mes siguiente, los pagos provisionales obligatorios mensuales deberán ser efectuados por la respectiva empresa considerando una tasa de 0,25%. A su vez, su monto total, junto a los pagos provisionales mensuales voluntarios, ambos reajustados, que haya efectuado la empresa durante el año comercial respectivo, serán imputados por sus propietarios en contra del impuesto global complementario que deban declarar, en la misma proporción que quedan afectos sobre las rentas que determine la empresa. Si de esta imputación resulta un excedente en favor del propietario, éste podrá solicitar su devolución conforme a lo dispuesto en los artículos 95 al 97.

La opción de acogerse a la transparencia que establece esta letra se ejercerá, en la forma que establezca el Servicio mediante resolución, y deberá ejercerse hasta el plazo legal para efectuar la declaración anual de impuesto a la renta de la empresa y deberá mantenerse durante al menos dos años comerciales consecutivos.

Para ejercer la opción, los empresarios individuales y las empresas individuales de responsabilidad limitada, deberán efectuar una declaración suscrita por el contribuyente, en la que se contenga la decisión de acogerse a la opción indicada en esta letra, según corresponda. Tratándose de comunidades, la declaración en que se ejerce el derecho a esta opción deberá ser suscrita por todos los comuneros, quienes deben adoptar por unanimidad dicha decisión. En el caso de las sociedades de personas y sociedades por acciones, la opción se ejercerá presentando la declaración suscrita por la sociedad, acompañada de una escritura pública en que conste el acuerdo unánime de todos los socios o accionistas. Tratándose de sociedades anónimas, la opción deberá ser aprobada en junta extraordinaria de accionistas, con acuerdo unánime de las acciones emitidas acompañada del acta reducida a escritura pública de dicha junta que cumpla con las solemnidades establecidas en el artículo 3° de la Ley número 18.046, en caso de ser aplicable.

Las empresas que se acojan a esta letra deberán informar al Servicio la renta que determinen y la proporción que corresponde a cada propietario.

G)Contribuyentes no sujetos al artículo 14.

Las disposiciones de este artículo no resultan aplicables a aquellos contribuyentes que, no obstante obtener rentas afectas al impuesto de primera categoría, carecen de un vínculo directo o indirecto con personas que tengan la calidad de propietarios y que resulten gravados con los impuestos finales, tales como las fundaciones y corporaciones reguladas en el Título XXXIII, del Libro I del Código Civil, y de las empresas en que el Estado tenga la totalidad de su propiedad.

H)Definiciones.

Para los efectos de este artículo y de las normas relacionadas con él, se entenderá por:

a)Empresa: la empresa individual, la empresa individual de responsabilidad limitada, los contribuyentes del artículo 38, las comunidades, las sociedades de personas, sociedades por acciones y sociedades anónimas, según corresponda.

b)Propietarios: el titular de la empresa individual o empresa individual de responsabilidad limitada, el contribuyente del artículo 58 número 1), el socio, accionista o comunero. También se considerará propietarios a los usufructuarios de dichos derechos o acciones, cuando corresponda.

c)Renta con tributación cumplida: rentas o cantidades que fueron gravadas con los impuestos a la renta contenidos en esta u otras leyes, sin que tengan pendiente tributación con impuestos finales.”.

8.Elimínase el artículo 14 ter.

9.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 17:

a)Reemplázase el número 5° por el siguiente:

“5°.- El valor de los aportes recibidos por sociedades y sus reajustes, sólo respecto de éstas, y el valor de los aportes efectuados por el o los fundadores a una fundación, corporación de derecho privado u otras asociaciones con personalidad jurídica, ya sea en la constitución o en un acto posterior, solo respecto de la entidad receptora y siempre que la fundación, corporación y otras asociaciones con personalidad jurídica se constituyan en Chile.

Tampoco constituirá renta el mayor valor o sobreprecio y sus reajustes obtenidos por sociedades anónimas en la colocación de acciones de su propia emisión, los que se considerarán capital respecto de la sociedad. Asimismo, no constituirán renta las sumas o bienes que tengan el carácter de aportes entregados por el asociado al gestor de una cuenta en participación, solo respecto de la asociación, y siempre que fueren acreditados fehacientemente.”.

b)Agrégase, en el número 6, el siguiente inciso segundo nuevo:

“Las acciones total o parcialmente liberadas o bien aquellas aumentadas en su valor nominal que señala el párrafo anterior, tendrán valor de adquisición cero en caso de futuras enajenaciones y no podrán beneficiarse del ingreso no renta contemplado en el artículo 107 respecto del mayor valor en su enajenación.”.

c)Reemplázase el número 7°. – por el siguiente:

“7°.- Las devoluciones de capital y sus reajustes, siempre que no correspondan a utilidades capitalizadas que deban pagar los impuestos de esta ley. Las sumas retiradas, remesadas o distribuidas por estos conceptos se imputarán y afectarán con los impuestos de primera categoría, global complementario o adicional, según corresponda, en la forma dispuesta por el artículo 14.”.

d)Introdúcense las siguientes modificaciones al número 8°.-:

i.Sustitúyase el enunciado por el siguiente:

“Las cantidades que se señalan a continuación, obtenidas por personas naturales, siempre que no se originen en la enajenación de bienes asignados a su empresa individual, con las excepciones y en los casos y condiciones que se indican en los párrafos siguientes:”.

ii.Sustitúyase la letra a) por la siguiente:

“a) Enajenación o cesión de acciones de sociedades anónimas, en comandita por acciones o de derechos sociales en sociedades de personas.

i) No constituirá renta aquella parte que se obtenga hasta la concurrencia del costo tributario del bien respectivo, esto es, aquel conformado por su valor de aporte o adquisición, incrementado o disminuido, según el caso, por los aumentos o disminuciones de capital posteriores efectuados por el enajenante, debidamente reajustados de acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el mes anterior al de adquisición, aporte, aumento o disminución de capital, y el mes anterior al de la enajenación.

ii) Para determinar el mayor valor que resulte de la enajenación, se deducirá del precio o valor asignado a dicha enajenación, el costo tributario del bien respectivo.

iii) Del mayor valor así determinado deberán deducirse las pérdidas provenientes de la enajenación de los bienes señalados en esta letra, obtenidas en el mismo ejercicio. Para estos efectos, dichas pérdidas se reajustarán de acuerdo con el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el mes anterior al de la enajenación que produjo esas pérdidas y el mes anterior al del cierre del ejercicio. En todo caso, para que proceda esta deducción, dichas pérdidas deberán acreditarse fehacientemente ante el Servicio.

iv) El mayor valor que se determine conforme a los literales anteriores, se afectará con un impuesto único y sustitutivo de 20% o bien, tratándose de personas naturales con domicilio o residencia en Chile, con el impuesto global complementario, a elección del enajenante, ambos sobre base de renta percibida.

v) Sin perjuicio de lo anterior, el señalado impuesto global complementario podrá declararse y pagarse sobre la base de renta devengada, en cuyo caso podrán aplicarse las siguientes reglas:

El mayor valor referido se entenderá devengado durante el período de años comerciales en que las acciones o derechos sociales que se enajenan han estado en poder del enajenante, hasta un máximo de diez años, en caso de ser superior a éste, y aun cuando en dichos años el enajenante no hubiere obtenido rentas afectas al señalado impuesto o las obtenidas hubieren quedado exentas del mismo. Para tal efecto, las fracciones de años se considerarán como un año completo.

La cantidad correspondiente a cada año se obtendrá de dividir el total del mayor valor obtenido, reajustado en la forma indicada en el párrafo siguiente, por el número de años de tenencia de las acciones o derechos sociales, con un máximo de diez.

Para los efectos de realizar la declaración anual, respecto del citado mayor valor serán aplicables las normas sobre reajustabilidad del número 4º del artículo 33, y no se aplicará en ningún período la exención establecida en el artículo 57.

Las cantidades reajustadas correspondientes a cada año se convertirán a unidades tributarias mensuales, según el valor de esta unidad en el mes de diciembre del año en que haya tenido lugar la enajenación, y se ubicarán en los años en que se devengaron, con el objeto de liquidar el impuesto global complementario de acuerdo con las normas vigentes y según el valor de la citada unidad en el mes de diciembre de los años respectivos.

Las diferencias de impuestos o reintegros de devoluciones que se determinen por aplicación de las reglas anteriores, según corresponda, se expresarán en unidades tributarias mensuales del año respectivo y se solucionarán en el equivalente de dichas unidades en el mes de diciembre del año en que haya tenido lugar la enajenación.

El impuesto que resulte de la reliquidación establecida precedentemente se deberá declarar y pagar en el año tributario que corresponda al año calendario o comercial en que haya tenido lugar la enajenación.

La reliquidación del impuesto global complementario conforme con los párrafos anteriores en ningún caso implicará modificar las declaraciones de impuesto a la renta correspondientes a los años comerciales que se tomaron en consideración para efectos del cálculo de dicho impuesto.

vi) Cuando el conjunto de los resultados determinados en la enajenación de los bienes a que se refieren las letras a), c) y d) de este número, no exceda del equivalente a 10 unidades tributarias anuales, según su valor al cierre del ejercicio en que haya tenido lugar la enajenación, se considerarán para los efectos de esta ley como un ingreso no constitutivo de renta. En caso que excedan dicha suma, los respectivos mayores valores se afectarán con la tributación que corresponda.”.

iii.Sustitúyase la letra b) por la siguiente:

“b)Enajenación de bienes raíces situados en Chile, o de derechos o cuotas respecto de tales bienes raíces poseídos en comunidad.

i)Se aplicarán, en lo que fuesen pertinentes, las reglas señaladas en los literales ii) y iii), de la letra a) anterior. No Obstante, para efectos de esta letra b), el costo tributario estará conformado por el valor de adquisición del bien respectivo y los desembolsos incurridos en mejoras que hayan aumentado su valor, reajustados de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior al de la adquisición o mejora, según corresponda, y el mes anterior a la enajenación. Las referidas mejoras deberán haber sido efectuadas por el enajenante o un tercero, siempre que hayan pasado a formar parte de la propiedad del enajenante, y declaradas en la oportunidad que corresponda ante el Servicio, en la forma que establezca mediante resolución, para ser incorporadas en la determinación del avalúo fiscal de la respectiva propiedad para los fines del impuesto territorial, con anterioridad a la enajenación.

ii)No constituirá renta, asimismo, aquella parte del mayor valor que no exceda, independiente del número de enajenaciones realizadas o del número de bienes raíces de propiedad del contribuyente, la suma total equivalente a 8.000 unidades de fomento. Para el cómputo del valor de ésta, se utilizará el valor de la unidad de fomento que corresponda al último día del ejercicio en que tuvo lugar la enajenación respectiva. El Servicio mantendrá a disposición de los contribuyentes los antecedentes de que disponga sobre las enajenaciones que realicen para efectos de computar el límite señalado.

iii) En caso que el mayor valor referido exceda en todo o en parte el límite del ingreso no constitutivo de renta anterior, se gravará dicho exceso con el impuesto global complementario o adicional, según corresponda, o bien, tratándose de personas naturales con domicilio o residencia en Chile, con un impuesto único y sustitutivo de 10%, a elección del enajenante, en ambos casos sobre la base de renta percibida.

iv)Sin perjuicio de lo anterior, el señalado impuesto global complementario podrá declararse y pagarse sobre la base de la renta devengada, en cuyo caso podrán aplicarse las reglas dispuestas en el literal v), de la letra a) anterior.

v)En la enajenación de los bienes referidos, adquiridos por sucesión por causa de muerte, el enajenante podrá deducir, en la proporción que le corresponda, como crédito en contra del impuesto respectivo, el impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte de la ley número 16.271 pagado sobre dichos bienes. El monto del crédito corresponderá a la suma equivalente que resulte de aplicar al valor del impuesto efectivamente pagado por el asignatario, la proporción que se determine entre el valor del bien raíz respectivo que se haya considerado para el cálculo del impuesto y el valor líquido del total de las asignaciones que le hubieren correspondido al enajenante de acuerdo a la ley. El monto del crédito a que tenga derecho el enajenante, se determinará al término del ejercicio en que se efectúe la enajenación, y para ello el valor del impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte, el valor del bien y de las asignaciones líquidas que le hubieren correspondido al enajenante, se reajustarán de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior a la fecha de pago del referido impuesto y el mes anterior al término del ejercicio en que se efectúa la enajenación.”.

iv.Sustitúyase la letra c) por la siguiente:

“c) Enajenación de pertenencias mineras y derechos de aguas. Para determinar el mayor valor obtenido en la enajenación de dichos bienes y el ingreso no constitutivo de renta, se aplicarán, en lo que fuesen pertinentes, las reglas establecidas en los literales i), ii), iii) y vi) de la letra a) anterior. En el evento que proceda gravar el mayor valor determinado, este se afectará con los impuestos global complementario o adicional, según corresponda, sobre la base de la renta percibida.”.

v.Sustitúyase la letra d) por la siguiente:

“d) Enajenación de bonos y demás títulos de deuda. Para determinar el mayor valor obtenido en la enajenación de dichos bienes y el ingreso no constitutivo de renta, se aplicarán, en lo que fuesen pertinentes, las reglas establecidas en los literales i), ii), iii) y vi) de la letra a) anterior. Sin embargo, en este caso, el valor de adquisición deberá disminuirse con las amortizaciones de capital recibidas por el enajenante, reajustadas de acuerdo al porcentaje de variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior a la amortización y el mes anterior a la enajenación. En el evento que proceda gravar el mayor valor determinado, este se afectará con los impuestos global complementario o adicional, según corresponda, sobre la base de renta percibida.”.

vi.Sustitúyase la letra f) por la siguiente:

“f) No constituye renta la adjudicación de bienes en la partición de una comunidad hereditaria y a favor de uno o más herederos del causante, de uno o más herederos de éstos, o de los cesionarios de ellos, ya sea que se trate de personas naturales o no. El valor de adquisición para fines tributarios de los bienes que se le adjudiquen corresponderá al valor que se haya considerado para los fines del impuesto a las herencias en relación al bien de que se trate, reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior al de la apertura de la sucesión y el mes anterior al de la adjudicación.”.

vii.Agrégase una nueva letra g), a continuación de la letra f) anterior, pasando las actuales letras g) y h), a ser las letras h) e i), respectivamente:

“g) No constituye renta la adjudicación de bienes que se efectúe en favor del propietario, comunero, socio o accionista, se trate de una persona natural o no, con ocasión de la liquidación o disolución de una empresa o sociedad, en tanto, la suma de los valores tributarios del total de los bienes que se le adjudiquen, no exceda del capital que haya aportado a la empresa, determinado en conformidad al número 7º.- de este artículo, más las rentas o cantidades que le correspondan en la misma y que se hayan considerado para efectos de la aplicación en el artículo 38 bis, al término de giro. El valor de adquisición de los bienes que se le adjudiquen corresponderá a aquel que haya registrado la empresa o sociedad de acuerdo a las normas de la presente ley al término de giro, conforme a lo establecido en el referido artículo 38 bis.”.

viii.En la actual letra g), que pasa a ser letra h), introdúzcanse las siguientes modificaciones:

-Agrégase, a continuación de la palabra “cónyuges”, la frase “, de comunidad de bienes a favor de cualquiera de los convivientes civiles”.

-Reemplázase la palabra “sus” por “los”.

-A continuación de la palabra “herederos”, agrégase la frase “de éstos o aquellos”.

–Sustitúyase el punto final por la expresión “, y ya sea que se trate de personas naturales o no. El valor de adquisición para fines tributarios de los bienes que se le adjudiquen corresponderá al valor de adjudicación, siempre que dicho valor corresponda, a su vez, al valor corriente en plaza del bien respectivo al momento de la adjudicación. Las reglas precedentes se aplicarán a la adjudicación de bienes con ocasión de la liquidación de la comunidad pactada por los convivientes civiles.”.

ix.Sustitúyase, en la actual letra h), que pasa a ser letra i), la expresión “. Para determinar el ingreso no constitutivo de renta y la tributación que corresponda sobre los mayores valores provenientes de la enajenación de dichos bienes, se aplicarán en lo que fuesen pertinentes las reglas establecidas en la letra a) anterior, salvo lo dispuesto en su numeral vi).”, por “, y aun cuando lo hubiere asignado a su empresa individual que tributa sobre renta presunta.”.

x.Agrégase una nueva letra j):

“j) No se considerará enajenación, para los efectos de esta ley, las cesiones de instrumentos financieros que se efectúen con ocasión de un contrato de retrocompra celebrado con un banco, corredora de bolsa o agente de valores. La diferencia que en estos casos se determine entre el valor de la compraventa al contado y el valor de la compraventa a plazo, celebradas ambas operaciones en forma conjunta y simultánea, será considerada para el vendedor al contado como un gasto por intereses de aquellos indicados en el número 1°.-, del inciso cuarto del artículo 31, y para el comprador al contado, como un ingreso percibido o devengado, según corresponda, el que tributará conforme a las normas generales de esta ley. Las reglas referidas en este párrafo se aplicarán ya sea que el comprador al contado sea una persona natural o no, y aun cuando actúe en su calidad de empresario individual.”.

xi.Agrégase una nueva letra k):

“k) No se considerará enajenación, para los efectos de esta ley, ya sea que las partes sean personas naturales o no, y aun cuando se trate de bienes asignados a su empresa individual, la cesión y la restitución de acciones de sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, que se efectúen con ocasión de un préstamo o arriendo de acciones, en una operación bursátil de venta corta, siempre que las acciones que se den en préstamo o en arriendo se hubieren adquirido en una bolsa de valores del país o en un proceso de oferta pública de acciones regido por el título XXV de la ley número 18.045, con motivo de la constitución de la sociedad o de un aumento de capital posterior, o de la colocación de acciones de primera emisión.

Para determinar los impuestos que graven los ingresos que perciba o devengue el cedente por las operaciones señaladas en el inciso anterior, se aplicarán las normas generales de esta ley. En el caso del cesionario, los ingresos que obtuviese producto de la enajenación de las acciones cedidas se entenderán percibidos o devengados, en el ejercicio en que se deban restituir las acciones al cedente, cuyo costo se reconocerá conforme a lo establecido en el artículo 30.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores se aplicará también al préstamo de bonos en operaciones bursátiles de venta corta. En todo caso, el prestatario deberá adquirir los bonos que deba restituir en alguno de los mercados formales a que se refiere el artículo 48 del decreto ley Nº 3.500, de 1980.”.

xii.Agrégase una nueva letra l):

“l) Tratamiento tributario de los planes de compensación laboral que consistan en la entrega de opciones para adquirir acciones, bonos u otros títulos emitidos en Chile o en el exterior.

i) Planes de compensación laboral pactados en contratos individuales de trabajo o en contratos o convenios colectivos de trabajo.

No constituye renta para los directores, consejeros y trabajadores, la entrega que efectúa la empresa, o sus relacionados, en los términos del número 17 del artículo 8° del Código Tributario, de una opción para adquirir acciones, bonos u otros títulos emitidos en Chile o en el exterior, así como tampoco el ejercicio de la misma. Sin embargo, el mayor valor obtenido en la enajenación de la respectiva opción tributará conforme a lo dispuesto en la letra m) siguiente, el que será equivalente a la diferencia entre el precio o valor de enajenación y el valor pagado con ocasión de la entrega de la opción, de existir.

El mayor valor obtenido en la enajenación de las acciones, bonos u otros títulos emitidos en Chile o en el exterior adquiridos una vez ejercida la opción tributará conforme a las reglas generales. Para estos efectos, se entenderá por mayor valor la diferencia entre el precio o valor de enajenación y el monto que se determine de la suma de los valores pagados con ocasión de la entrega o adquisición y ejercicio de la opción, de existir.

ii)Planes de compensación laboral que no fueron pactados en contratos individuales de trabajo o en convenios o contratos colectivos de trabajo.

No constituye renta para los directores, consejeros y trabajadores, la entrega que efectúa la empresa, o sus relacionados, en los términos del número 17 del artículo 8° del Código Tributario, de una opción para adquirir acciones, bonos u otros títulos emitidos en Chile o en el exterior.

Constituye mayor remuneración para las referidas personas el ejercicio de la respectiva opción, remuneración que se gravará con el impuesto único de segunda categoría, o con el impuesto global complementario o adicional, según corresponda, y que será equivalente a la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones, bonos u otros títulos emitidos en Chile o en el exterior, según se define dicho concepto en el literal iii) siguiente, y el monto que se determine de la suma de los valores pagados con ocasión de la entrega y ejercicio de la opción, de existir.

Asimismo, el mayor valor obtenido en la enajenación de la respectiva opción tributará conforme a lo dispuesto en la letra m) siguiente, y será equivalente a la diferencia entre el precio o valor de enajenación y el valor pagado con ocasión de la entrega de la opción, de existir.

El mayor valor obtenido en la enajenación de las acciones, bonos u otros títulos emitidos en Chile o en el exterior adquiridos una vez ejercida la opción, tributará conforme a las reglas generales. Para estos efectos, se entenderá por mayor valor la diferencia entre el precio o valor de enajenación y el valor de adquisición de dichas acciones, bonos o títulos, a que se refiere el literal iii) siguiente.

iii) Para efectos de lo dispuesto en los literales i) y ii) precedentes, se deberán tener presente las siguientes reglas, según corresponda:

Los valores pagados con ocasión de la entrega y ejercicio de una opción se reajustarán de acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el mes anterior al de su pago y el mes anterior al de la enajenación de la opción o de las de acciones, bonos u otros títulos emitidos en Chile o en el exterior, según corresponda.

Se considerará como valor de adquisición de las acciones, adquiridas mediante el ejercicio de una opción, el valor de libros o el valor de mercado, a que se refieren los artículos 130 a 132 del Decreto Supremo número 702, de 2011, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el nuevo reglamento de sociedades anónimas, según se trate de acciones de sociedades anónimas cerradas o abiertas. En el caso de acciones emitidas en el exterior, se utilizarán los mismos parámetros de valoración, atendiendo a las características de las acciones de que se trate.

Tratándose de bonos u otros títulos emitidos en Chile o en el exterior, adquiridos mediante el ejercicio de una opción, se considerará como valor de adquisición el valor de mercado, tomando en cuenta, entre otros elementos, su valor nominal, la tasa de cupón, el plazo para su rescate o la calificación del instrumento.

Los valores de adquisición referidos en los dos párrafos precedentes se reajustarán de acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el mes anterior al de la adquisición de las acciones, bonos o demás títulos y el mes anterior al de la enajenación de los mismos.”.

xiii.Agrégase una nueva letra m):

“m) Enajenaciones de toda clase de bienes no contemplados en las letras precedentes. Se aplicarán, en lo que fuesen pertinentes, las reglas señaladas en los literales i), ii) y iii), de la letra a) anterior. Sin embargo, en estos casos el costo tributario estará conformado por el valor de adquisición de los respectivos bienes, debidamente reajustado de acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el mes anterior a la adquisición y el mes anterior al de la enajenación disminuido por las depreciaciones correspondientes al periodo respectivo.”.

xiv.Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“No obstante lo dispuesto en las letras precedentes, si la enajenación de dichos bienes se efectúa a parte relacionada en los términos del número 17 del artículo 8° del Código Tributario, con exclusión enla entrega y el ejercicio de opciones a que se refiere en la letra l) anterior, el mayor valor obtenido se gravará con los impuestos global complementario o adicional, según corresponda, sobre la base de la renta devengada. En estos casos, no se aplicará lo dispuesto en los literales v) y vi) de la letra a) anterior, esto es, la renta no podrá considerarse devengada en más de un ejercicio y no tendrá lugar el ingreso no constitutivo de renta de 10 unidades tributarias anuales. Sin perjuicio de lo anterior, la tributación dispuesta precedentemente, solo será aplicable sobre el exceso, tratándose del ingreso no constitutivo de renta a que se refiere el literal ii) de la letra b) precedente.”.

xv.Elimínase los actuales incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y final.

e)En el número 31, agrégase, a continuación de la palabra “cónyuges”, la frase “o los convivientes civiles”.

10.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 20:

a)Reemplázase su enunciado por el siguiente:

“Artículo 20.- Establécese un impuesto de 25% que podrá ser imputado a los impuestos finales de acuerdo con las normas de los artículos 56, número 3) y 63. Conforme a lo anterior, los contribuyentes que se acojan a la cláusula Pyme contenida en la letra D) del artículo 14, la tasa será de 25%. En el caso de los contribuyentes sujetos al régimen del artículo 14 letra A, el impuesto será de 27%. Este impuesto se determinará, recaudará y pagará sobre:”.

b)Reemplázase, en el párrafo tercero de la letra b) del número 1°.-, la expresión “en los términos de los artículos 96 al 100 de la ley N° 18.045”, por la siguiente frase: “en los términos del número 17 del artículo 8° del Código Tributario”.

c)Reemplázase el número 2°.-, salvo su párrafo final, por los siguientes: “Las rentas provenientes de capitales mobiliarios, entendiéndose por estos últimos aquellos activos o instrumentos de naturaleza mueble, corporales o incorporales, que consistan en frutos derivados del dominio, posesión o tenencia a título precario de dichos bienes, como las que se obtengan con su enajenación.

En el caso de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere el artículo 104, las rentas se gravarán cuando se hayan devengado, y se considerarán devengadas en cada ejercicio, a partir de la fecha que corresponda a su colocación y así sucesivamente hasta su pago. El impuesto se aplicará a los titulares de los referidos instrumentos, y gravará los intereses que hayan devengado en el año calendario o comercial respectivo, desde la fecha de su colocación o adquisición hasta el día de su enajenación o rescate, ambas inclusive. El interés devengado se determinará de la siguiente forma: (i) multiplicando la tasa de interés nominal anual del instrumento, por el capital del mismo, a su valor nominal o par; (ii) el resultado obtenido conforme al literal anterior se dividirá por los días del año calendario, en base a lo establecido en los términos de emisión del instrumento respectivo para el pago del interés o cupón, y (iii) finalmente, se multiplicará tal resultado por el número de días del año calendario o comercial en que el título haya estado en poder del contribuyente titular, en base a lo establecido en los términos de emisión del instrumento respectivo para el pago del interés o cupón.”.

d)Elimínase, en el número 3°.-, la expresión “, sociedades de inversión o capitalización”.

11.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 21:

a)Efectúanse las siguientes modificaciones al inciso primero:

(i)Elimínase, en el numeral ii. a continuación de la palabra “artículos” la expresión “17, número 8 inciso quinto;”;

(ii)Intercálase entre el guarismo “35” y la coma que le sigue (“,”), la expresión “inciso tercero”; y reemplázase la expresión “los incisos tercero al sexto del” por “el”.

b)Elimínese el numeral iii. En el inciso tercero efectúanse las siguientes modificaciones:

(i)Sustitúyase, al final del numeral (iii) la coma (“,”) y la letra “y” por un punto y coma (“;”);

(ii)Agréguese la siguiente frase al final del numeral (iv) a continuación de la palabra “gasto”: “, y (v) los gastos efectuados por Corporaciones y Fundaciones chilenas, salvo que se aplique, según su naturaleza, los supuestos del numeral iii) del inciso tercero”.

c)Reemplázase, en el tercer párrafo del numeral iii) del inciso tercero, la frase “si no fuere habitual” por “si estuviera disponible y pudiera ser utilizada por todos los trabajadores de la empresa, bajo criterios de universalidad y sin exclusiones”; y reemplázase la palabra “habitual”, la segunda vez que aparece, por “exclusivo para ciertos trabajadores, para directores o para asesores de la empresa”.

d)Reemplázase, en el actual inciso final, el texto que va a continuación de la coma (,) que va luego de la palabra “cónyuges” por el siguiente: “convivientes civiles, hijos no emancipados legalmente, o bien a cualquier persona relacionada con aquellos conforme a las normas de relación del número 17 del artículo 8° del Código Tributario, y, además, se determine que el beneficiario final, en el caso de los préstamos y garantías es el propietario, socio, comunero o accionista respectivo.”.

12.Agrégase, en el artículo 29, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto y así sucesivamente:

“Con todo, no se considerará en los ingresos brutos la diferencia positiva entre el valor nominal y el de adquisición en operaciones de compra de títulos de crédito y carteras de crédito, sin perjuicio del reconocimiento como ingreso bruto de las sumas que sean percibidas. El mismo tratamiento tendrá la adquisición y colocación de bonos a un valor inferior al nominal o de emisión. Lo dispuesto en este inciso no se aplicará en el caso de empresas relacionadas conforme a la definición contemplada en el número 17 del artículo 8 del Código Tributario, salvo cuando se trate de operaciones celebradas entre instituciones financieras, considerando dentro de estas últimas a las empresas o sociedades de apoyo al giro domiciliadas en Chile. Para estos efectos, se entenderá que constituyen empresas o sociedades de apoyo al giro aquellas sociedades o empresas cuyo objeto único sea prestar servicios destinados a facilitar el cumplimiento o desarrollo del negocio de empresas relacionadas, o que por su intermedio se pueda realizar operaciones del giro de las mismas.”.

13.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 31:

a)En el inciso primero:

(i)Reemplázase, en el inciso primero, la frase contenida hasta el primer punto seguido, por la siguiente:

“La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos que cumplan las siguientes condiciones: (a) que se encuentren vinculados directa o indirectamente al desarrollo del giro, entendiendo por tal el que se realiza para el desarrollo de las operaciones o negocios de la empresa o el que se efectúa en el interés de la misma; incluyendo gastos ordinarios, extraordinarios, habituales, excepcionales, voluntarios u obligatorios; (b) que sean razonables en cuanto a su monto, atendidas las circunstancias particulares del caso; (c) que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30; (d) que se encuentren pagados o adeudados durante el ejercicio comercial correspondiente; (e) que tengan una causa lícita y no tengan su origen en comportamientos dolosos; y (f) que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio, en caso de fiscalización, a través de los medios de prueba que corresponda conforme a la naturaleza de los respectivos desembolsos.”.

(ii)Reemplázase el texto que sigue a continuación de “Tampoco procederá la deducción de gastos incurridos en supermercados” hasta el punto final (“.”), por el siguiente: “No obstante, procederá la deducción de los gastos respecto de los vehículos señalados, cuando el Director los califique previamente de necesarios, mediante resolución fundada”.

b)Reemplázase, en el inciso segundo, la frase final que comienza con “Aun en el caso”, hasta el punto final por la siguiente: “Aun en el caso de que no exista el respectivo documento de respaldo, si este cumple con los requisitos señalados en el inciso primero, se podrá acreditar el gasto por cualquier medio de prueba legal.”.

c)Efectúanse las siguientes modificaciones al inciso cuarto:

(i)Reemplázase el enunciado por el siguiente: “Procederá la deducción de los siguientes gastos especiales, siempre que, además de los requisitos que para cada caso se señalen, cumplan los requisitos generales de los gastos a que se refiere el inciso primero, en la medida que a estos últimos les sean aplicables estos requisitos generales conforme a la naturaleza del gasto respectivo:”.

(ii)Elimínase, en el primer párrafo del número 1°. - lo dispuesto después del primer punto seguido (“.”), que pasará a ser punto final (“.”).

(iii)Introdúcense las siguientes modificaciones al número 3°.–:

-Incorpóranse los siguientes tres párrafos a continuación del párrafo primero, pasando el actual segundo, a ser párrafo quinto y así sucesivamente:

“Se incluye, también, la deducción del costo para fines tributarios de aquellos alimentos destinados al consumo humano, alimentos para mascotas, productos de higiene y aseo personal, y productos de aseo y limpieza, libros, artículos escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción, entre otros, que correspondan a bienes de uso o consumo, cuyas características y condiciones se determinen mediante resolución del Servicio. Para estos efectos, se exigirá que se trate de bienes respecto de los cuales su comercialización se ha vuelto inviable por razones de plazo, desperfectos o fallas en su fabricación, manipulación o transporte, por modificaciones sustantivas en las líneas de comercialización que conlleven la decisión de productores y vendedores de eliminar tales bienes del mercado pero que, conservando sus condiciones para el consumo o uso según corresponda, son entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas ante el Servicio, para su distribución gratuita, consumo o utilización entre personas naturales de escasos recursos beneficiarias de tales instituciones, u otras instituciones sin fines de lucro que las puedan utilizar en el cumplimiento de sus fines, todas circunstancias que deberán ser acreditadas de manera fehaciente ante el Servicio, en la forma que éste determine mediante resolución.

Del mismo modo, se procederá en la entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos que autorice el reglamento que emite el Ministerio de Salud para el control de los productos farmacéuticos de uso humano, bajo los requisitos y condiciones que dicho reglamento determine, a los establecimientos asistenciales públicos o privados, para ser dispensados en la misma condición de gratuidad a los pacientes.

En conformidad con lo dispuesto en la ley número 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, no se aceptará como gasto y se afectará con el impuesto único establecido en el inciso primero del artículo 21, la destrucción voluntaria de materias primas o insumos que puedan ser entregados gratuitamente en los términos de los párrafos anteriores.”.

-Reemplázase, en el actual inciso segundo, que ahora pasa a ser inciso quinto, la palabra “precedente”, por “primero”.En el actual párrafo tercero, que pasó a ser séptimo, a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser coma (“,”) agrégase la frase “las que deberán imputarse a las referidas pérdidas en orden cronológico”.

-Reemplázase, en el párrafo final, la frase “en los términos que establece el artículo 100 de la Ley N° 18.045”, por la frase “en los términos que establece el número 17 del artículo 8° del Código Tributario.”.

(iv)Introdúcense las siguientes modificaciones al número 4°.–:

-Incorpórase un párrafo segundo, nuevo, pasando el actual párrafo segundo a ser tercero, y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán deducir de su renta líquida, salvo que se trate de operaciones con relacionados, en los términos del número 17.- del artículo 8° del Código Tributario, los créditos que se encuentren impagos por más de 365 días contados desde su vencimiento o el valor que resulte de aplicar un porcentaje sobre el monto de los créditos vencidos. El Servicio, mediante sucesivas resoluciones, establecerá los rangos de porcentajes tomando de referencia indicadores de incobrabilidad del sector o mercado relevante en que opera el contribuyente. Las recuperaciones totales o parciales de créditos se considerarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29.”.

- Reemplázase el actual párrafo segundo, que pasó a ser tercero, por el siguiente: “Las provisiones y castigos de los créditos incluidos en la cartera vencida de los bancos e instituciones financieras, entendiéndose dentro de estas últimas a las empresas operadoras y/o emisoras de tarjetas de crédito no bancarias, de acuerdo a las instrucciones que impartan en conjunto la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Servicio de Impuestos Internos. Las recuperaciones totales o parciales de créditos se considerarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29.”.

- Agrégase el siguiente párrafo final, nuevo:

“Lo dispuesto en el párrafo segundo no se aplicará en el caso de créditos entre empresas consideradas relacionadas conforme al número 17 del artículo 8° del Código Tributario, salvo que se trate de empresas o sociedades de apoyo al giro de acuerdo a lo establecido en el artículo 29.”

d)En el número 5 bis efectúanse las siguientes modificaciones:

(i)Reemplázase el párrafo primero, por el siguiente: ”Para los efectos de lo dispuesto en el número 5° precedente, los contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que comience la utilización del bien, sea que se trate de bienes nuevos o usados, tengan un promedio anual de ingresos del giro igual o inferior a 100.000 unidades de fomento, podrán depreciar los bienes del activo inmovilizado considerando como vida útil del respectivo bien el equivalente a un décimo de la vida útil fijada por la Dirección o Dirección Regional, expresada en años, despreciando los valores decimales que resulten. En todo caso, la vida útil resultante no podrá ser inferior a un año. Si la empresa tuviere una existencia inferior a 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de existencia efectiva.”.

(ii) Elimínase el párrafo segundo.

e)Incorpóranse las siguientes modificaciones al número 6°:

i.Reemplázase el párrafo primero, por el siguiente:

“Sueldos, salarios y otras remuneraciones, pagados o adeudados por la prestación de servicios personales.”

ii.Agrégase el siguiente párrafo segundo, nuevo, pasando el actual párrafo segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Se aceptarán como gasto las asignaciones de movilización, alimentación, viático, las cantidades por concepto de gastos de representación, participaciones, gratificaciones legales y contractuales e indemnizaciones, como así también otros conceptos o emolumentos de similar naturaleza, siempre que los mismos guarden relación directa con la naturaleza de la actividad de los trabajadores en la empresa. Tratándose de pagos voluntarios por estos conceptos, se aceptarán como gasto cuando se paguen o abonen en cuenta y se retengan o paguen los impuestos que sean aplicables.”..”.

iii.Reemplázase el actual párrafo tercero, ahora párrafo cuarto, por el siguiente:

“No obstante disposición legal en contrario, para fines tributarios, se aceptará como gasto la remuneración razonablemente proporcionada en los términos del párrafo anterior, que se asigne al socio, accionista o empresario individual que efectiva y permanentemente trabaje en el negocio o empresa. En todo caso, dichas remuneraciones se considerarán rentas del artículo 42, número 1.”.

iv.Reemplázase el párrafo final actual, por el siguiente:

“Las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero se aceptarán también como gastos, siempre que se acrediten con documentos fehacientes y se encuentren, por su naturaleza, vinculadas directa o indirectamente al desarrollo del giro.”.

v.Agrégase el siguiente párrafo final, nuevo:

“En el caso de reorganizaciones de grupos empresariales, sea que consistan en reorganizaciones societarias o de funciones, incluyendo los procesos de toma de control o traspasos dentro de grupos económicos, que contemplen el traslado total o parcial de trabajadores dentro de un mismo grupo empresarial, sin solución de continuidad laboral, en que se reconozcan por el nuevo empleador los años de servicio prestados a otras empresas del grupo, procederá la deducción como gasto el pago de las indemnizaciones que correspondan por años de servicio al término de la relación laboral, proporcionalmente según el tiempo trabajado en las empresas donde se hayan prestado efectivamente los servicios.”.

f)Agrégase, en el número 7°, luego de la coma que sigue a la palabra “fiscales”, la siguiente frase: “ya sea que los programas de instrucción sean realizados directamente por la institución donataria o a través de otras entidades o establecimientos docentes, académicos o educacionales,”.

g)Derógase el número 12.

h)Agrégase un nuevo número 13:

“13°.- Los gastos o desembolsos incurridos con motivo de exigencias, medidas o condiciones medioambientales impuestas para la ejecución de un proyecto o actividad, contenidas en la resolución dictada por la autoridad competente que apruebe dicho proyecto o actividad de acuerdo a la legislación vigente sobre medio ambiente.

También podrán deducirse los gastos o desembolsos que el titular incurra con ocasión de compromisos ambientales voluntarios incluidos en el estudio o en la declaración de impacto ambiental, respecto de un proyecto o actividad que cuente o deba contar, de acuerdo con la legislación vigente sobre medio ambiente, con una resolución dictada por la autoridad competente que apruebe dicho proyecto o actividad. Tales gastos o desembolsos deben constar en un contrato o convenio suscrito con una autoridad pública, una organización dotada de personalidad jurídica de acuerdo al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, una organización comunitaria constituida en conformidad a la ley número 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, o en conformidad a la ley número 19.253 sobre Comunidades Indígenas, y además deben guardar relación con grupos, sectores o intereses de la localidad respectiva. Dichos pagos o desembolsos no deben efectuarse directa o indirectamente en beneficio de empresas del mismo grupo empresarial en los términos del número 14 del artículo 8° del Código Tributario o de personas o entidades relacionadas en los términos del número 17 de la misma norma. Si los pagos o desembolsos exceden de la cantidad menor entre la suma equivalente al 2% de la renta líquida imponible del ejercicio respectivo, del 1,6 por mil del capital propio tributario de la empresa, según el valor de éste al término del ejercicio respectivo, o del 5% de la inversión total anual que se efectúe en la ejecución del proyecto, dicho exceso no será aceptado como gasto.”.

i)Agrégase el siguiente numeral 14°, nuevo:

“14°. Los desembolsos o descuentos, ordenados por entidades fiscalizadoras, que efectivamente pague el contribuyente en cumplimiento de una obligación legal de indemnizar o compensar el daño patrimonial a sus clientes o usuarios, cuando dicha obligación legal no exija probar la negligencia del contribuyente.

Las cantidades que obtenga el contribuyente tras repetir en contra de los terceros responsables se agregará a la renta líquida del ejercicio en que se perciban. En estos casos, las sumas que pague el tercero responsable para reembolsar los desembolsos o descuentos a que se refiere este número, no serán aceptados como gasto deducible de la renta líquida imponible del tercero responsable, pero no se gravarán con el impuesto establecido en el artículo 21 de esta ley. Asimismo, pendientes las acciones de repetición en contra de los terceros responsables, los desembolsos o descuentos efectuados en cumplimiento de la obligación legal de indemnizar o compensar no constituirán un activo para efectos tributarios ni tendrán el tratamiento contemplado en el número 4 de este artículo. Si se determina la negligencia del contribuyente por autoridad competente, los desembolsos o descuentos pagados no serán aceptados como gasto deducible de la renta líquida imponible, pero no se gravarán con el impuesto establecido en el artículo 21 de esta ley.

Las mismas reglas anteriores se aplicarán en caso que el contribuyente, sin mediar culpa infraccional de su parte, reponga o restituya un producto, o bonifique o devuelva cantidades pagadas, a sus clientes o usuarios en los términos de los artículos 19, 20 y 21 de la ley número 19.496. En estos casos, se considerarán como un menor ingreso del ejercicio en que se obtuvieron las cantidades pagadas y se agregarán a la renta líquida imponible del ejercicio en que efectúen la referida reposición, restitución, bonificación o devolución, y hasta el valor de reposición, tratándose de productos.

También constituyen gasto los desembolsos acordados entre partes no relacionadas que tengan como causa el cumplimiento de una transacción, judicial o extrajudicial, o el cumplimiento de una cláusula penal.”.

14.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 33:

a)Modifícase el número 1 en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la letra b) por la siguiente: “b) Las remuneraciones pagadas o adeudadas a los hijos solteros menores de 18 años de los propietarios, comuneros, socios o accionistas de las empresas;”.

ii.Agrégase, en la letra e), el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“En los casos de gastos y desembolsos imputables tanto a rentas gravadas como ingresos no renta y/o rentas exentas de los impuestos finales, se deberá agregar aquella parte asociada a los ingresos no renta y rentas exentas. Para determinar dicho valor el contribuyente deberá optar por una de las siguientes alternativas, la cual deberá mantener por al menos 3 años comerciales consecutivos:

1)Aplicar al total de gastos de utilización común, pagados o adeudados en el ejercicio, el porcentaje que resulte de dividir el total de ingresos no constitutivos de rentas y rentas exentas de los impuestos finales, sobre el total de ingresos brutos del ejercicio, incluyendo dentro de estos últimos los ingresos no renta y rentas exentas.

2)Aplicar al total de gastos de utilización común, pagados o adeudados en el ejercicio, el factor que resulte de multiplicar el resultado individual de las operaciones señaladas en las letras a) y b) siguientes:

a)La proporción entre el monto de los activos que generan rentas no gravadas y exentas de los impuestos finales sobre el monto total de activos asociados a la generación de tales rentas. Los valores aludidos se determinarán al cierre del ejercicio considerando lo dispuesto en el artículo 41, según proceda. Si dichos activos no existieren al término del ejercicio, se atenderá a su valor al inicio del ejercicio o en su defecto, al valor de adquisición.

b)La proporción entre los ingresos no constitutivos de rentas y rentas exentas de los impuestos finales, sobre el total de ingresos brutos, incluidos en estos últimos los ingresos no renta y rentas exentas, al término del ejercicio respectivo, relacionadas con los activos y gastos de este inciso.

Para las operaciones descritas en las letras a) y b) anteriores deberá considerarse la permanencia en días de dichos activos e ingresos brutos durante el ejercicio respectivo, tomando como base 365 días o la cantidad que corresponda al año comercial respectivo.

3)Con todo, cuando las metodologías señaladas anteriormente no reflejen adecuadamente la situación del modelo de negocios del contribuyente, éste podrá proponer al Servicio un método alternativo que podrá considerar factores de proporcionalidad, fijos o móviles, en base al valor presente de los flujos futuros de los respectivos bienes o funciones, u otra metodología basada en técnicas de general aceptación. Para este efecto, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 26 bis del Código Tributario, en la forma y con los requisitos que el Servicio regulará mediante resolución.”.

iii.Elimínase el párrafo final.

b)Agrégase, en el segundo párrafo del número 4°, a continuación del actual punto final (“.”), que pasa a ser seguido, agrégase la siguiente frase: “Tampoco quedará sujeta a las normas sobre reajuste antes señaladas, la renta líquida imponible que se determine por inversiones en el extranjero e ingresos de fuente extranjera, la cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 41 letra A número 7 letra a) y 41 B inciso primero.”.

c)Derógase el número 5°.

15.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 34:

a)Reemplázase, en el párrafo sexto del numeral 1°, la frase “y no se encuentren obligados a llevar el libro de compras y ventas, deberán llevar algún” por la siguiente: “considerarán la información de sus documentos tributarios electrónicos o en su defecto un”.

b)Reemplázase, en el primer párrafo del número 3.-, la expresión “o B), del artículo 14 según sea la opción del contribuyente, o de acuerdo al artículo 14 ter, letra A)” por la siguiente: “del artículo 14”

c)Reemplázase el párrafo tercero del numeral 3.- incluidos sus numerales i) al v), por los siguientes:

“Para estos efectos, se considerarán relacionados con una persona, empresa, comunidad, cooperativa o sociedad, cualquiera sea su naturaleza jurídica, los contribuyentes que cumplan con las normas de relación establecidas en el número 17 del artículo 8° del Código Tributario.

En estos casos deberán computar la proporción de los ingresos totales que corresponda a la relación que la persona natural mantiene con dicha entidad.”.

d)Reemplázase, en el párrafo cuarto del número 3.- que pasa a ser quinto, la frase “en los numerales i) y ii) anteriores” por la frase “en el número 17 artículo 8° del Código Tributario”.

e)Reemplázase, en el párrafo quinto, del número 3.-, que pasa a ser sexto, la frase “de acuerdo a los numerales iii) y iv) anteriores que no se encuentren bajo las hipótesis de los numerales i), ii) y v)” por la frase “del número 17 del artículo 8 del Código Tributario”;

f)Elimínese el actual párrafo sexto del número 3.-.

g)Reemplázase, en el actual párrafo séptimo, la frase “conforme a las reglas indicadas en los numerales i) al iv)precedentes”, por la siguiente: “del número 17 del artículo 8° del Código Tributario”.

h)Incorpóranse las siguientes modificaciones al párrafo primero del numeral 4.-:

i.A continuación del primer punto seguido (“.”), intercálase el siguiente párrafo:

“Sin perjuicio de lo anterior, si en el año, de manera individual, se excede el límite de ingresos que corresponda a cada actividad, se deberá establecer la renta líquida imponible de dicho año de acuerdo a un porcentaje sobre los ingresos brutos, en la forma que señala el número 5 siguiente.”.

ii.Elimínase la expresión “o B”, y reemplázase la expresión “del artículo 14 ter letra A)” por “de la cláusula Pyme del artículo 14 letra D)” y reemplázase la expresión “letra “B)” por “letra “A)”.

i)Elimínase, en el segundo párrafo del numeral 4.-, la expresión “o B” y reemplázase la expresión “letra A) del artículo 14 ter” por “cláusula Pyme de la letra D) del artículo 14”.

j)Reemplázase, en el tercer párrafo, la expresión “las letras A) o B)” por la expresión “la letra A)” y reemplázase la expresión “letra A), del artículo 14 ter” por “la cláusula Pyme de la letra D) del artículo 14”.

k)Agréguese el siguiente numeral 5.- nuevo:

“5.- Inventario de activos y pasivos, y utilidades acumuladas por el retiro o exclusión del régimen simplificado.

Los contribuyentes que se encuentren acogidos al régimen de tributación sobre renta presunta que establece este artículo y que opten o deban abandonarlo por dejar de cumplir los requisitos para mantenerse en el mismo, deberán en tales casos declarar su renta efectiva sobre la base de contabilidad completa, registrando sus activos y pasivos en el balance inicial que al efecto deberán confeccionar a contar del 1° de enero del año siguiente a la exclusión o retiro, de acuerdo a las siguientes normas:

A)Contribuyentes que exploten bienes raíces agrícolas.

a)Los terrenos agrícolas se registrarán por su avalúo fiscal a la fecha de balance inicial o por su valor de adquisición reajustado de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior al balance inicial, a elección del contribuyente.

b)Los demás bienes físicos del activo inmovilizado se registrarán por su valor de adquisición o construcción, debidamente documentado y actualizado de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al de la adquisición o desembolso y el último día del mes anterior al del balance, deduciendo la depreciación normal que corresponda por el mismo período en virtud de lo dispuesto en el número 5° del artículo 31 de esta ley.

c)El valor de costo de los bienes del activo realizable se determinará en conformidad con las normas del artículo 30, de acuerdo con la documentación correspondiente, y se actualizará a su costo de reposición según las normas contenidas en el artículo 41, número 3°.-.

d)Las plantaciones, siembras, bienes cosechados en el predio y animales nacidos en él, se valorizarán a su costo de reposición a la fecha del balance inicial, considerando su calidad, el estado en que se encuentren, su duración real a contar de esa fecha, y su relación con el valor de bienes similares existentes en la misma zona.

e)Los demás bienes del activo se registrarán por su costo o valor de adquisición, debidamente documentado y actualizado en conformidad con las normas del artículo 41.

f)Los pasivos se registrarán según su monto exigible, debidamente documentado y actualizado de acuerdo con las normas del artículo 41.

g)Los pasivos que obedezcan a operaciones de crédito de dinero sólo podrán registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampillas, a menos que se encuentren expresamente exentos de éste.

h)La diferencia positiva que se determine entre los activos y pasivos registrados en la forma antes indicada, se considerará capital para todos los efectos legales. Si la diferencia es negativa, en ningún caso podrá deducirse en conformidad con el artículo 31, número 3°.-.

B)Contribuyentes que desarrollan actividades mineras.

Estos contribuyentes deberán aplicar las normas establecidas en las letras a) a la h), de la letra A) anterior, a excepción de lo establecido en la letra d).

Lo señalado en la letra a) se aplicará respecto de los terrenos de propiedad del contribuyente que hayan sido destinados a su actividad de explotación minera.

C)Contribuyentes que desarrollan la actividad de transporte.

Estos contribuyentes deberán aplicar las normas establecidas en las letras a) a la h), de la letra A) anterior, a excepción de lo establecido en la letra d), con las siguientes modificaciones:

Lo señalado en la letra a) se aplicará respecto de los terrenos no agrícolas, de propiedad del contribuyente, que hayan sido destinados a su actividad de transporte.

Respecto de lo indicado en la letra b), opcionalmente podrán registrar los vehículos motorizados de transporte terrestre de carga o de pasajeros de acuerdo con su valor corriente en plaza, fijado por el Servicio en el ejercicio anterior a aquel en que deban determinar su renta según contabilidad completa. Ese valor deberá actualizarse por la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a la publicación de la lista que contenga dicho valor corriente en plaza en el Diario Oficial y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que esa lista haya sido publicada.

D)Normas comunes.

a)Para todos los efectos tributarios, se presumirá que los activos incluidos en el balance inicial han sido adquiridos con ingresos que tributaron con anterioridad. El Servicio podrá rebajar los valores registrados en el balance inicial, haciendo uso del procedimiento establecido en el artículo 64 del Código Tributario, en todos aquellos casos en que la valorización del contribuyente no cumpla los requisitos señalados en este número 5.- o no se acredite fehacientemente. Las diferencias que se determinen por aplicación de dicha facultad no se afectarán con lo dispuesto en el artículo 21.

b)Los contribuyentes a que se refiere este número, respecto de los bienes físicos del activo inmovilizado existentes a la fecha del balance inicial, podrán aplicar el régimen de depreciación acelerada establecido en los números 5 y 5 bis, ambos del artículo 31, en tanto cumplan los requisitos para tal efecto.

c)El primer año comercial en que deban declarar su renta efectiva mediante balance general, según contabilidad completa, los contribuyentes deberán dar aviso de esta circunstancia al Servicio, en la forma y plazo que éste establezca mediante resolución, debiendo acompañar el balance inicial mencionado en el párrafo primero de esta letra. La falta de este aviso hará aplicable el plazo de prescripción a que se refiere el inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario.

d)Los ingresos que se perciban a contar del momento en que el contribuyente deba determinar su renta efectiva según contabilidad completa, y que correspondan a contratos u operaciones celebrados con anterioridad a esa fecha, deberán ser considerados en el ejercicio de su percepción a menos que hubieran sido facturados y entregados los bienes o prestados los servicios, cuando el contribuyente estaba aún bajo el régimen de renta presunta, en cuyo caso se estará a las reglas generales sobre devengo.

e)Las enajenaciones del todo o parte de predios agrícolas, o del todo o parte de pertenencias mineras efectuadas por los contribuyentes a que se refiere este número 5.-, en el ejercicio inmediatamente anterior a aquél en que deban operar bajo el régimen de renta efectiva según contabilidad completa o en el primer ejercicio sometido a dicho régimen, obligarán a los adquirentes de tales predios o pertenencias mineras, según el caso, a tributar también según ese sistema. La misma norma se aplicará respecto de las enajenaciones hechas por estos últimos en los ejercicios citados. Lo dispuesto en esta letra se aplicará también cuando, durante los ejercicios señalados, los contribuyentes entreguen en arrendamiento o a cualquier otro título de mera tenencia el todo o parte de predios agrícolas, el todo o parte de pertenencias o vehículos de transporte de carga terrestre o de pasajeros. En tal circunstancia, el arrendatario o mero tenedor quedará también sujeto al régimen de renta efectiva según contabilidad completa. Se aplicará respecto de lo dispuesto en este inciso lo prescrito en el artículo 75 bis del Código Tributario; sin embargo, en estos casos, el enajenante, arrendador o persona que a título de mera tenencia entregue el predio, la pertenencia o el vehículo de carga, podrá cumplir con la obligación de informar su régimen tributario hasta el último día hábil del mes de enero del año en que deba comenzar a determinar su renta efectiva según contabilidad completa. En este caso, la información al adquirente, arrendatario o mero tenedor deberá efectuarse mediante carta certificada dirigida a través de un notario al domicilio que aquél haya señalado en el contrato y, en la misma forma, al Director Regional del Servicio correspondiente al mismo domicilio.

E)Sistemas de contabilidad que podrán llevar para acreditar la renta efectiva.

Para estos efectos, serán aplicables las disposiciones del Código de Comercio, del Código Tributario y de esta ley, en lo que resulten pertinentes.

Los contribuyentes que realicen actividades agrícolas deberán aplicar, además, lo dispuesto en el decreto supremo número 1.139, de 1990, del Ministerio de Hacienda, que establece Normas contables para los contribuyentes obligados a declarar la renta efectiva, o que opten a ello, para los efectos de la ley sobre impuesto a la renta y aprueba el Reglamento sobre Contabilidad Agrícola.

Los contribuyentes que exploten pertenencias mineras deberán aplicar lo dispuesto en el decreto supremo número 209, de 1990, del Ministerio de Minería, que reglamenta forma de costear el valor de adquisición de las pertenencias mineras.”.

16.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 35:

a)Incorpóranse los siguientes incisos primero y segundo, nuevos, pasando el actual inciso primero a ser tercero:

“Cuando la contabilidad del contribuyente no refleje adecuadamente la renta efectiva debido a caso fortuito o fuerza mayor, acreditada conforme a las reglas generales, el contribuyente dispondrá del plazo de 6 meses, contado desde que informe al Servicio sobre el hecho y en la forma que éste determine mediante resolución, para ajustar su contabilidad, reemplazando las declaraciones respectivas. Los plazos de prescripción se entenderán aumentados por igual plazo. Para estos efectos, el Servicio habilitará un expediente electrónico de acuerdo a lo dispuesto y con los efectos que señala el artículo 21 del Código Tributario. No podrán acogerse a este procedimiento quienes se encuentren formalizados, querellados o sancionados por delito tributario dentro de los 3 años tributarios anteriores al que corresponda.

Con todo, cuando la renta líquida del contribuyente respecto de los ingresos brutos se encuentre dentro de los márgenes observados para contribuyentes de similar actividad, negocio, segmento o localidad que publique el Servicio, no procederá la calificación de no fidedigna de la contabilidad, debiéndose en todo caso aplicar lo dispuesto en el inciso anterior.”.

b)Intercálase, en el actual inciso primero, que pasó a ser tercero, a continuación de la coma (“,”) que sigue a la expresión “otra circunstancia”, la siguiente frase: “imputable al contribuyente, situación que deberá ser declarada fundadamente por el Servicio en el acto respectivo,”.

c)Suprímase el actual inciso segundo.

17.Elimínase el artículo 37.

18.En el artículo 38, reemplázase la expresión “,41 B y 41 C, en este último caso, cuando hubiere sido procedente su aplicación de haberse obtenido las rentas por personas domiciliadas o residentes en Chile de un país con el cual exista un convenio para evitar la doble tributación internacional vigente, en el que se haya comprometido el otorgamiento de un crédito por el o los impuestos a la renta pagados en los respectivos Estados contratantes.”, por “y 41 B.”

19.Reemplázase el artículo 38 bis por el siguiente:

“Al término de giro de las empresas acogidas a las reglas de la primera categoría, sea que se haya declarado por la empresa o cuando el Servicio por aplicación de lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 69 del Código Tributario, pueda liquidar o girar los impuestos correspondientes, se aplicarán las siguientes normas:

1.- Las empresas que declaren sobre la base de su renta efectiva según contabilidad completa sujetas a las disposiciones de la letra A) del artículo 14, deberán considerar retiradas, remesadas o distribuidas las rentas o cantidades acumuladas en ella, indicadas en el inciso siguiente, incrementadas en una cantidad equivalente al crédito por impuesto de primera categoría y al crédito por impuestos finales establecido en el artículo 41 A, incorporados en el registro SAC, por parte de sus propietarios, en la proporción en que participan en las utilidades de la empresa, para afectarse con la tributación que a continuación se indica.

Tales cantidades corresponden a las diferencias positivas que se determinen entre el valor positivo del capital propio tributario de la empresa, a la fecha de término de giro incrementado en el saldo negativo del registro REX, asignándole valor cero si resultare negativo y las siguientes cantidades:

i)El saldo positivo de las cantidades anotadas en el registro REX; y

ii)El monto de los aportes de capital enterados efectivamente en la empresa, más los aumentos y descontadas las disminuciones posteriores que se hayan efectuado del mismo, todos ellos reajustados de acuerdo al porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a la fecha de aporte, aumento o disminución de capital, y el mes anterior al término de giro.

Para efectos de lo anterior, las empresas acogidas a lo dispuesto en el número 3.- de la cláusula Pyme contenida en la letra D) del artículo 14, deberán considerar en la determinación de capital propio tributario su activo realizable valorado a su costo de reposición, conforme a lo señalado en el artículo 41, y los bienes físicos de su activo inmovilizado, a su valor actualizado al término de giro, ello conforme a los artículos 31 número 5°.- y 41 número 2°.-, aplicando la depreciación normal.

Estas empresas tributarán por esas rentas o cantidades con un impuesto del 35%, sólo respecto a la parte de las rentas o cantidades que correspondan a los propietarios contribuyentes de impuestos finales o propietarios no obligados a llevar contabilidad completa. Contra este impuesto, podrá deducirse la proporción que corresponda del saldo de créditos registrados en el registro SAC. A su vez, aquella porción del impuesto de que trata este artículo, contra el cual se imputó créditos del SAC que fueron cubiertos o se originan en el crédito establecido en el artículo 41 A, no podrá ser objeto de devolución en caso de que se ejerza la opción del número 3 de este artículo.

El exceso de créditos que se produzca, luego de imputar los créditos señalados al impuesto del 35% por término de giro, no podrá ser imputado a ninguna otra obligación tributaria, ni dará derecho a devolución.

Respecto a la parte de las rentas o cantidades que correspondan a socios o accionistas de la empresa que sean contribuyentes de primera categoría obligados a determinar renta efectiva según contabilidad completa, ésta deberá considerarse retirada o distribuida a dichos propietarios a la fecha del término de giro, con el crédito que les corresponda proporcionalmente.

2.- Las empresas que en el ejercicio anterior al de término de giro se hubieren acogido a las disposiciones del número 6 de la cláusula Pyme contenida en la letra D) del artículo 14, podrán optar por declarar y pagar el impuesto señalado en el número anterior, en la proporción que corresponda a sus propietarios contribuyentes de impuestos finales, por las rentas del ejercicio correspondiente al término de giro, según la propuesta que podrá efectuar el Servicio, en conformidad a lo dispuesto en la citada norma. Por su parte, los socios o accionistas de la empresa que sean contribuyentes de primera categoría obligados a determinar renta efectiva según contabilidad completa, se sujetarán a lo indicado en el inciso precedente.

3.- Los propietarios que sean contribuyentes del impuesto global complementario podrán optar por declarar las rentas o cantidades que les correspondan, conforme a la determinación señalada en los números 1 y 2 anteriores, como afectas a dicho impuesto del año del término de giro de acuerdo con las siguientes reglas:

A estas rentas o cantidades se les aplicará una tasa de impuesto global complementario equivalente al promedio de las tasas más altas de dicho impuesto que hayan afectado al contribuyente en los 6 ejercicios anteriores al término de giro. Si la empresa hubiera existido sólo durante el ejercicio en el que se le pone término de giro, entonces las rentas o cantidades indicadas tributarán como rentas del ejercicio según las reglas generales.

Las rentas o cantidades indicadas gozarán del crédito del artículo 56 número 3), el cual se aplicará con una tasa del 35%. Para estos efectos, el crédito deberá agregarse en la base del impuesto en la forma prescrita en el inciso final del número 1 del artículo 54.

4.- En los casos señalados en los números 1 y 2 anteriores, la empresa que termina su giro deberá pagar los impuestos respectivos que se determinen a esa fecha.

En caso que la empresa haya optado voluntariamente por anticipar a sus propietarios el crédito por impuesto de primera categoría, conforme al N° 6 de la letra A) del artículo 14 de esta ley, podrá deducir de la renta líquida imponible del ejercicio de término de giro, hasta el monto positivo que resulte de ésta, la cantidad sobre la cual se aplicó y pagó efectivamente la tasa del impuesto de primera categoría, que no haya sido ajustada previamente. En caso que se produzca un excedente este se extinguirá.

5.- El valor de adquisición para fines tributarios de los bienes que se adjudiquen los propietarios de las empresas de que trata este artículo, en la disolución o liquidación de las mismas a la fecha de término de giro, corresponderá a aquel que haya registrado la empresa de acuerdo a las normas de la presente ley, a tal fecha, cuestión que la empresa certificará, en la forma y plazo que establezca el Servicio mediante resolución, al adjudicatario respectivo. En dicha adjudicación no corresponde aplicar la facultad de tasación dispuesta en el artículo 64 del Código Tributario.

Para este efecto, las empresas acogidas a lo dispuesto en el número 3 de la cláusula Pyme contenida en la letra D) del artículo 14, deberán considerar los mismos valores utilizados en la determinación del capital propio tributario, conforme a lo indicado en el número 1 anterior.”.

20.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 39:

a)Reemplázase el número 1° por el siguiente:

“1°.– Las utilidades pagadas por sociedades de personas respecto de sus socios y los dividendos pagados por sociedades anónimas o en comandita por acciones respecto de sus accionistas, con excepción de las que provengan de sociedades extranjeras, que no desarrollen actividades en el país.”.

b)Elimínase el número 3°.

21.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 40:

a)Intercálase, en el número 1°.-, a continuación de la palabra “Fisco” la frase “y demás instituciones que comparten la personalidad jurídica y patrimonio del Fisco, así como las instituciones fiscales y semifiscales”.

b)Reemplázase el número 4°. – por el siguiente:

“4°.- Las instituciones de beneficencia que determine el Presidente de la República. Sólo podrán impetrar este beneficio aquellas instituciones que no persigan fines de lucro y que tengan por objeto principal y efectivo proporcionar ayuda, aun cuando no se otorgue de manera totalmente gratuita, de modo directo a personas de escasos recursos económicos que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. En caso que, concedida la exención, el Servicio constate y declare fundadamente el incumplimiento de los requisitos señalados, podrá liquidar y girar los impuestos que corresponda por el o los años en que se verificó el incumplimiento.”.

c)Elimínase, en el número 6°.-, la frase “no acogidas al artículo 14 ter”.

d)Agrégase, en el inciso segundo, a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”),la siguiente frase:

“Para los efectos de este artículo, la empresa pertenece a una institución cuando, compartiendo su personalidad jurídica, permite a la institución realizar actividades a través de un conjunto constituido por el capital y el trabajo, encaminado a la realización de actividades mercantiles, industriales o de prestación de servicios con fines lucrativos.”.

22.Incorpóranse las siguientes modificaciones al número 1 del artículo 41:

a)Agréguese, a continuación de la palabra “propio”, la primera vez que aparece, la palabra “tributario”.

b)Elimínase, después del primer punto seguido, desde la expresión “Para los efectos” hasta el final del párrafo que termina con “actividades o negociaciones de la empresa.”.

23.Reemplázase el artículo 41 A.- por el siguiente:

“Artículo 41 A.- Los contribuyentes o entidades domiciliados, residentes, constituidos o establecidos en Chile, que obtengan rentas de fuente extranjera gravadas en Chile, se regirán por las normas de este artículo para efectos de utilizar como crédito los impuestos pagados en el extranjero sobre dichas rentas.

1.- Rentas de fuente extranjera cuyos impuestos soportados en el extranjero pueden ser utilizados como crédito.

Darán derecho a crédito los impuestos soportados en el extranjero respecto de las siguientes rentas:

a)Dividendos y retiros de utilidades;

b)Rentas por el uso de intangibles, tales como marcas, patentes y fórmulas;

c)Rentas por la prestación de servicios profesionales o técnicos, o servicios calificados de exportación;

d)Rentas clasificadas en los números 1 y 2 del artículo 42;

e)Rentas de establecimientos permanentes situados en el extranjero;

f)Rentas pasivas que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 G, cuando el impuesto pagado corresponda al impuesto a la renta de la entidad que lo computa o, en caso que el impuesto corresponda a un impuesto de retención sólo en caso que dicho impuesto corresponda a las rentas a que se refieren las letras a), b) y g) de este numeral; y

g)Rentas provenientes de países con los cuales Chile haya suscrito un convenio para evitar la doble tributación, que esté vigente y en el que se haya comprometido el otorgamiento de un crédito por el o los impuestos a la renta pagados en el otro país contratante.

2.- Impuestos soportados en el extranjero que pueden ser utilizados como crédito.

Darán derecho a crédito los siguientes impuestos soportados en el extranjero:

a)Crédito directo por impuesto de retención.

Dará derecho a crédito el impuesto a la renta retenido en el extranjero sobre las rentas de fuente extranjera señaladas en el número 1 de este artículo.

b)Crédito indirecto por impuesto corporativo.

Dará derecho a crédito el impuesto a la renta pagado por la sociedad o entidad en el extranjero, en la parte que proporcionalmente corresponda a las utilidades que se remesan a Chile, o que deban computarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 G.

Tratándose de establecimientos permanentes situados en el extranjero, o entidades controladas sin domicilio ni residencia en Chile conforme con el artículo 41 G, también darán derecho a crédito los impuestos a la renta que se adeuden hasta el ejercicio siguiente sobre las rentas de dichos establecimientos permanentes o entidades controladas que se deban incluir en la renta líquida imponible del contribuyente con domicilio, residencia, constituido o establecido en Chile. Para estos efectos, se considerarán sólo los impuestos pagados hasta el 31 de diciembre del ejercicio de presentación de la declaración anual de impuestos a la renta, conforme a lo dispuesto en el artículo 69. Para estos efectos, en caso que los impuestos sean pagados luego de la fecha de presentación de la declaración anual de impuestos a la renta, conforme a lo dispuesto en el artículo 69, el crédito podrá utilizarse en el ejercicio siguiente.

c)Crédito indirecto respecto de entidades subsidiarias.

También dará derecho a crédito el impuesto a la renta pagado o retenido por una o más sociedades o entidades en la parte que proporcionalmente corresponda a las utilidades que repartan a la sociedad o entidad que remesa dichas utilidades a Chile, o que se devenguen de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 G, siempre que todas se encuentren domiciliadas o residentes, o estén constituidas o establecidas en el mismo país y la referida sociedad o entidad que remesa las utilidades a Chile o cuyas rentas se devengan conforme con el artículo 41 G, sea dueña directa o indirecta del 10% o más del capital de las sociedades o entidades subsidiarias señaladas.

También se dará derecho a crédito por el impuesto pagado o retenido por una sociedad o entidad domiciliada o residente, constituida o establecida en un tercer país con el cual Chile haya suscrito un convenio para evitar la doble tributación internacional u otro que permita el intercambio de información para fines tributarios, que se encuentre vigente, en el cual se hayan aplicado los impuestos acreditables en Chile. En este caso, la sociedad o entidad que remesa las utilidades a Chile o cuya renta se devenga conforme con el artículo 41 G, deberá ser dueña directa o indirecta del 10% o más del capital de las sociedades o entidades subsidiarias señaladas.

d)Crédito por impuesto adicional.

Dará derecho a crédito el impuesto adicional de esta ley, cuando las rentas que deban reconocerse en Chile correspondan en su origen a rentas de fuente chilena obtenidas por contribuyentes o entidades sin domicilio ni residencia en el país.

3.- Determinación del monto de crédito por impuestos soportados en el extranjero.

Al término de cada ejercicio los contribuyentes determinarán una Renta Imponible de Fuente Extranjera, la cual estará conformada por la Renta Neta de Fuente Extranjera más la totalidad de impuestos que pueden ser utilizados como créditos, con sus respectivos topes.

La Renta Neta de Fuente Extranjera del ejercicio consiste en el resultado consolidado de utilidad líquida percibida o pérdida de fuente extranjera, afecta a impuesto en Chile, obtenida por el contribuyente, deducidos los gastos necesarios para producirla, en la proporción que corresponda. Su determinación se hará en la moneda extranjera respectiva, y para su cálculo se aplicarán en lo que correspondan las normas de esta ley sobre determinación de la base imponible de primera categoría, con excepción de la deducción de la pérdida de ejercicios anteriores, reglas de corrección monetaria y de depreciación.

El crédito total disponible corresponderá a los impuestos soportados en el extranjero, el cual no podrá exceder de la cantidad menor entre el tope individual y el tope global que se describen a continuación:

a)Tope individual.

Corresponderá a la cantidad menor entre el impuesto efectivamente soportado en el extranjero y un 35% sobre la renta bruta de cada tipo de renta gravada en el extranjero, considerada en forma separada. Cuando no pueda acreditarse la renta bruta de fuente extranjera, el crédito no podrá exceder del 35% de una cantidad tal, que al restarle dicho 35%, el resultado sea equivalente a la renta líquida percibida.

b)Tope global.

Corresponderá al 35% de la cantidad que resulte de sumar a la Renta Neta de Fuente Extranjera de cada ejercicio, la cantidad menor entre los impuestos soportados en el extranjero y el tope individual precedentemente indicado.

Los contribuyentes que deban considerar como devengadas o percibidas las rentas pasivas a que se refiere el artículo 41 G, deberán calcular la Renta Neta de Fuente Extranjera y los topes individual y global para la aplicación del crédito en el ejercicio en que se devenguen dichas rentas pasivas y, posteriormente, deberán realizar nuevamente dicha determinación en el ejercicio en que se perciban los dividendos o retiros de utilidades que correspondan a dichas rentas pasivas devengadas en ejercicios anteriores. Para la determinación del crédito y del tope individual y global en el ejercicio en que se percibe el retiro o dividendo, se deberá computar el impuesto soportado respecto de dichas rentas en el ejercicio en que se consideraron devengadas y el impuesto retenido sobre los dividendos o retiros percibidos. Del crédito así calculado, deberá descontarse aquel que se rebajó del impuesto respectivo en el ejercicio en que se devengaron las rentas pasivas del artículo 41 G, reajustado. La determinación del crédito en el ejercicio en que se percibe el retiro o dividendo no afectará en caso alguno el crédito utilizado en el ejercicio en que se devengó la renta pasiva.

4.- Imputación del crédito por impuestos soportados en el extranjero, correspondiente a rentas clasificadas en el artículo 20.

El crédito anual por impuestos soportados en el extranjero, determinado en conformidad a lo dispuesto en el número anterior, constituirá el crédito total disponible del contribuyente para el ejercicio respectivo, el que se deducirá del impuesto de primera categoría y de los impuestos finales, en la forma que se indica a continuación:

A) Aplicación del crédito en relación con empresas definidas en el artículo 14.

a)Crédito imputable contra el impuesto de primera categoría.

i)Se agregará a la base imponible del impuesto de primera categoría, el crédito total disponible referido en el inciso primero, de este número 4.

ii)El crédito que se podrá imputar contra el impuesto de primera categoría será equivalente a la cantidad que resulte de aplicar la tasa de dicho impuesto sobre la Renta Imponible de Fuente Extranjera.

iii)El crédito determinado en la forma indicada precedente, se imputará a continuación de aquellos créditos o deducciones que no dan derecho a reembolso y antes de aquellos que lo permiten.

iv)Cuando en el ejercicio respectivo se determine un excedente del crédito imputable contra el impuesto de primera categoría, ya sea por la existencia de una pérdida para fines tributarios o por otra causa, dicho excedente se imputará en los ejercicios siguientes, hasta su total extinción. Para efectos de su imputación, dicho crédito se reajustará en el mismo porcentaje de variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se haya determinado y el último día del mes anterior al cierre del ejercicio de su imputación.

v)El impuesto de primera categoría que haya sido pagado con crédito por impuestos soportados en el extranjero y que constituya, al momento del retiro o distribución, crédito conforme con lo que establecen los artículos 56 número 3) y 63, deberá registrarse en el saldo acumulado de crédito del registro SAC establecido en el artículo 14, letra A, número 2, letra d, y podrá deducirse de los impuestos finales, de acuerdo con lo indicado en la letra b) siguiente.

vi)No podrá en caso alguno ser objeto de devolución el impuesto de primera categoría en aquella parte en que se haya deducido de dicho tributo el crédito por impuestos soportados en el extranjero. Tampoco otorgará tal derecho, cualquier otro crédito al que se impute el crédito por impuestos de primera categoría que haya sido pagado de la forma indicada.

b)Crédito imputable contra los impuestos finales.

La cantidad que resulte después de restar al crédito total disponible, aquella parte imputable al impuesto de primera categoría conforme a lo establecido en la letra a) precedente, constituirá el saldo de crédito imputable contra los impuestos finales.

El saldo de crédito aludido en el párrafo anterior, deberá registrarse en el registro SAC establecido en el artículo 14, letra A, número 2, letra d, y podrá deducirse de los impuestos finales, sin derecho a devolución o imputación a otros impuestos, o a recuperarse en los años posteriores, en caso de existir un remanente.

B)Personas naturales domiciliadas o residentes en Chile.

Las rentas de fuente extranjera percibidas, o devengadas conforme con el artículo 41 G, por personas naturales domiciliadas o residentes en Chile, siempre que no formen parte de los activos asignados su empresa individual, se encontrarán exentas del impuesto de primera categoría, debiendo afectarse la Renta Imponible de Fuente Extranjera determinada de acuerdo a éste artículo, con el impuesto global complementario establecido en el artículo 52.

El crédito total disponible a que se refiere el inciso primero del presente número 4, se imputará contra el impuesto global complementario determinado en el ejercicio. El remanente de crédito que se determine, no dará derecho a devolución o imputación a otros impuestos ni podrá recuperarse en los años posteriores.

5.-Imputación del crédito por impuestos soportados en el extranjero, correspondiente a rentas clasificadas en los números 1 y 2 del artículo 42.

a)Imputación contra el impuesto global complementario.

Los contribuyentes domiciliados o residentes en Chile que perciban rentas de fuente extranjera clasificadas en el número 2 del artículo 42, podrán imputar como crédito contra el impuesto establecido en el artículo 52, los impuestos soportados en el extranjero respecto de dichas rentas.

El crédito anual por los impuestos soportados en el extranjero deberá ser imputado en contra del impuesto global complementario que se calcule sobre la Renta Imponible de Fuente Extranjera determinada de conformidad con lo establecido en el número 3 de este artículo.

El remanente de crédito que se determine, no dará derecho a devolución o imputación a otros impuestos, ni podrá recuperarse en los años posteriores.

b)Imputación contra el impuesto único de segunda categoría.

Los contribuyentes domiciliados o residente en Chile que perciban rentas de fuente extranjera clasificadas en el número 1 del artículo 42, podrán imputar como crédito contra el impuesto establecido en el número 1 del artículo 42, los impuestos soportados en el extranjero por dichas rentas.

Para efectos de determinar el crédito, se aplicará lo establecido en el número 3 precedente, considerando que la Renta Imponible de Fuente Extranjera estará conformada por las rentas líquidas percibidas de fuente extranjera clasificadas en el número 1 del artículo 42, más la totalidad de impuestos que pueden ser utilizados como créditos, aplicando sólo el tope individual.

Para la imputación del crédito, los contribuyentes deberán efectuar una reliquidación anual del impuesto único de segunda categoría en conformidad a lo dispuesto en el artículo 47. El crédito anual que corresponda por los impuestos soportados en el extranjero que se calcula sobre la Renta Imponible de Fuente Extranjera determinada conforme al párrafo anterior, deberá ser imputado en contra del impuesto único de segunda categoría reliquidado que corresponda a las rentas de fuente extranjera.

El exceso que resulte de la comparación del impuesto único de segunda categoría pagado o retenido en Chile y el de la reliquidación de dicho impuesto, rebajado el crédito, deberá imputarse a otros impuestos anuales o devolverse al contribuyente por el Servicio de Tesorerías de acuerdo con las normas del artículo 97.

Lo anterior salvo que los contribuyentes del artículo 42 número 1 obtuvieran, en el mismo ejercicio, otras rentas gravadas con el impuesto global complementario, en cuyo caso la Renta Imponible de Fuente Extranjera se gravará de acuerdo a la letra a) precedente.

El remanente de crédito que se determine, no dará derecho a devolución o imputación contra otros impuestos, ni podrá recuperarse en los años posteriores.

6.-Normas especiales respecto de servicios calificados como exportación.

Los contribuyentes que perciban rentas de fuente chilena gravadas en el extranjero por la prestación de servicios calificados como exportación, de conformidad a lo establecido en el número 16, de la letra E, del artículo 12 de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios contenida en el decreto ley 825 de 1974, cuyo promedio anual de ingresos de su giro no supere las 100.000 unidades de fomento en los tres últimos años comerciales, también podrán imputar como crédito contra el impuesto de primera categoría, los impuestos soportados en el extranjero por tales rentas, aplicando al efecto lo dispuesto en este artículo, como si se tratara de rentas de fuente extranjera.

7.-Normas comunes.

a)Para efectuar el cálculo del crédito por los impuestos soportados en el extranjero, tanto los impuestos respectivos como las rentas a que se refiere este artículo, se convertirán a su equivalente en pesos chilenos de acuerdo a la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda extranjera correspondiente, vigente en la fecha en que dichas cantidades son percibidas, salvo que se trate de contribuyentes que no estén obligados a aplicar las normas sobre corrección monetaria, en cuyo caso se utilizará la paridad cambiaria vigente al término del ejercicio respectivo.

Para determinar la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda extranjera, se estará a la información que publique el Banco Central de Chile en conformidad a lo dispuesto en el número 6 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales. Si la moneda extranjera en que se ha efectuado el pago no es una de aquellas informada por el Banco Central, el impuesto pagado en el extranjero en dicha divisa deberá primeramente ser calculado en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo a la paridad entre ambas monedas que se acredite en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, para luego convertirse a su equivalente en pesos chilenos de la forma ya indicada. A falta de norma especial, para efectos de establecer el tipo de cambio aplicable, se considerará el valor de las respectivas divisas en el día en que se ha percibido o devengado, según corresponda, la respectiva renta.

No se aplicará el reajuste a que se refiere este número cuando el contribuyente lleve su contabilidad en moneda extranjera, sin perjuicio de convertir los impuestos que corresponda pagar en el extranjero y las rentas gravadas en el extranjero a su equivalente en la misma moneda extranjera en que lleva su contabilidad.

b) Los contribuyentes que realicen inversiones de las que produzcan rentas respecto de las cuales se tendría derecho a crédito conforme con este artículo, deberán inscribirse en el Registro de Inversiones en el Extranjero que llevará el Servicio de Impuestos Internos. La inscripción deberá realizarse en el año en que se realiza la inversión respectiva. Alternativamente, en vez de inscribirse en el registro, los contribuyentes podrán presentar una declaración jurada en la forma y plazo que señale el Servicio mediante resolución. El Servicio emitirá una resolución donde determinará las formalidades del registro y la forma de realizar la inscripción. Asimismo, los contribuyentes deberán informar las inversiones, rentas e impuestos y demás antecedentes necesarios para identificar dichos conceptos en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. No estarán sujetos a esta obligación los contribuyentes que solo obtengan rentas clasificadas en los números 1 y 2 del artículo 42.

El retardo u omisión en la inscripción o presentación de las declaraciones establecidas en esta letra, o la presentación de dicha declaración incompleta o con antecedentes erróneos, será sancionada con una multa de diez unidades tributarias mensuales, incrementada con una unidad tributaria mensual adicional por cada mes de retraso, con tope de cien unidades tributarias mensuales. La referida multa se aplicará conforme al procedimiento establecido en el artículo 161 del Código Tributario.

c) Darán derecho a crédito los impuestos obligatorios a la renta pagados, retenidos o adeudados en forma definitiva en el extranjero, siempre que sean equivalentes o similares a los impuestos contenidos en la presente ley, ya sea que se apliquen sobre rentas determinadas de resultados reales o rentas presuntas sustitutivas de ellos. Los créditos otorgados por la legislación extranjera al impuesto pagado en el extranjero, se considerarán como parte de este último. Si el total o parte de un impuesto a la renta fuere acreditable a otro tributo a la renta, respecto de la misma renta, se rebajará el primero del segundo, a fin de no generar una doble deducción de un mismo impuesto respecto de la misma renta de fuente extranjera determinada por un contribuyente. Si la aplicación o monto del impuesto soportado en el extranjero depende de su admisión como crédito contra el impuesto a la renta que grava en el país de residencia al contribuyente que obtiene una renta de las incluidas en este artículo, dicho impuesto no dará derecho a crédito en Chile.

d) Los impuestos pagados, retenidos o adeudados en el extranjero, deberán acreditarse mediante el correspondiente comprobante de pago o declaración de impuestos en el extranjero, o bien, con un certificado oficial expedido por la autoridad competente del país extranjero. Para la acreditación será suficiente una traducción no oficial de los antecedentes, salvo que se requiera por motivos fundados una traducción oficial en un proceso de fiscalización conforme con el artículo 59 del Código Tributario. De la misma forma deberá acreditarse la participación en las sociedades y entidades extranjeras que dan origen al crédito directo e indirecto. Los funcionarios del Servicio deberán agotar todos los medios que estén a su disposición para los efectos de verificar la veracidad y exactitud de los antecedentes aportados, aun cuando se trate de documentos que no hubiesen sido traducidos, legalizados o autenticados.

e) El Servicio de Impuestos Internos podrá verificar la efectividad de los pagos o retenciones de los impuestos soportados en el extranjero y el cumplimiento de las demás condiciones que se establecen en el presente artículo, a través de intercambios de información de conformidad con los convenios suscritos que correspondan.”.

24.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 41 B:

a)Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la expresión “y g)” por “, g) y h)”.

ii.Reemplázase la expresión “el número 2 de la letra D” por “la letra b), del número 7.-”.

iii. Agrégase, a continuación del actual punto final (“.”), que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo: “Para efectos de lo anterior, los contribuyentes que obtengan ingresos de fuente extranjera o que retornen el capital invertido en el exterior, deberán convertir dichas cantidades a su equivalente en pesos chilenos de acuerdo a la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda extranjera correspondiente vigente al termino del ejercicio respectivo conforme a lo dispuesto en la letra a), del número 7.- del artículo 41 A.”.

b)Modifícase el número 1.- del inciso ssegundo en el siguiente sentido:

i.Elimínase la expresión “inciso segundo del”.

ii.Reemplázase la expresión “el número 1 de la letra D” por “la letra a), del número 7.-”.

c)Modifícase el número 3.- del inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la expresión “el número 1 de la letra D” por “la letra a), del número 7.-”.

ii.Reemplazáse la frase “que se encuentren acumuladas en la empresa a la fecha de enajenación y que previamente se hayan gravado con los impuestos de primera categoría y global complementario o adicional.”, por la frase: “que se encuentren acumuladas en la entidad controlada a la fecha de enajenación y que previamente se hayan gravado con el impuesto que corresponda al contribuyente o entidad que controla a dicha entidad.”.

d)Reemplázase, en el N° 4.- del inciso segundo, la expresión "renta líquida extranjera más el crédito por impuestos pagados en el exterior que en definitiva resulte aplicable.” por “renta imponible de fuente extranjera a que se refiere el número 3.- del artículo 41 A.”.

25.Suprímase el artículo 41 C.

26.En el primer inciso, del número 5.-, del artículo 41 D, vigente hasta el 31 de diciembre del año 2021, de acuerdo al artículo primero de las disposiciones transitorias de la ley número 21.047, sustitúyase la expresión “los números 2.-, 3.- y 4.- de la letra A.- del”, por “el”.

27.Intercálase, en el párrafo cuarto de la letra b) del número 1. –del artículo 41 E, a continuación de la palabra “cónyuges”, la frase “,convivientes civiles”.

28.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 41 F:

a)Reemplázase el numeral iv) del número 6, por el siguiente:

“iv) El financiamiento es otorgado con garantía directa o indirecta de terceros relacionados con el deudor en los términos señalados en los numerales ii), iii) y v) de este número, siempre que los terceros se encuentren domiciliados o residentes en el extranjero y sean los beneficiarios finales de los intereses del financiamiento.”.

b)Reemplázase el número 11 por el siguiente:

“11. Con todo, no se aplicará el impuesto que establece este artículo cuando el contribuyente acredite ante el Servicio, que el financiamiento obtenido y los servicios recibidos corresponden al financiamiento del desarrollo, ampliación o mejora de uno o más proyectos en Chile, otorgados mayoritariamente por entidades no relacionadas con el deudor, en que por razones legales, financieras o económicas, las entidades prestamistas o prestadoras de servicios hayan exigido constituir entidades de propiedad común con el deudor o sus entidades relacionadas, o que por otras circunstancias, los créditos otorgados queden comprendidos en las normas de relación del número 6 anterior, todo lo anterior siempre que los intereses y las demás cantidades a que se refiere el inciso primero, así como las garantías que existan, se hayan pactado a sus valores normales de mercado, para cuyos efectos se aplicará lo dispuesto en el artículo 41 E.”.

29.Instrodúzcanse las siguientes modificaciones en el artículo 41 G:

a)Intercálase, en el número 3. de la letra C.- del artículo 41 G, entre la palabra “remuneración” y el punto final (“.”),la siguiente frase “;excepto las rentas provenientes de proyectos de investigación y desarrollo definidos conforme a la letra f) del artículo 1° de la ley número 20.241, que establece un incentivo tributario a la inversión en investigación y desarrollo, y que sean aprobados previamente por la Corporación de Fomento a la Producción, conforme al procedimiento que determine dicha institución mediante resolución conjunta con el Servicio de Impuestos Internos.

b)En el número 4., de la letra D.-, sustitúyase la expresión “el número 1 de la letra D”, por “la letra a), del número 7.-“.

c)Elimínase la letra E.-, pasando las actuales letras F.- y G.-, a ser las letras E.- y F.-, respectivamente.

d)En la letra F.-, que pasa a ser letra E.-, sustitúyase la expresión “los artículos 41 A, letra B, y 41 C, según corresponda.”, por “el artículo 41 A.”.

e)Elimínase el último párrafo de la actual letra G.-, que pasa a ser letra F.-.

30.Reemplázase el artículo 41 H, por el siguiente:

“Artículo 41 H. Para los efectos de esta ley se considerará que un territorio o jurisdicción tiene un régimen fiscal preferencial cuando la carga real efectiva con impuestos a la renta en dicho territorio o jurisdicción sea inferior a una tasa del 30% o no grave las rentas de fuente extranjera.

Sin perjuicio de lo anterior, para estos efectos, no se considerará como un régimen fiscal preferencial un territorio o jurisdicción con el que existe un convenio vigente de cualquier naturaleza, bilateral o multilateral, suscrito con Chile, que permita el intercambio efectivo de información para fines tributarios.”.

31.Reemplázase, en el párrafo primero del número 1°.- del artículo 42, la frase a continuación de la expresión “retiro,”, y hasta el punto final de dicho párrafo, por la siguiente: “las cotizaciones que se destinen a financiar las prestaciones de salud, calculadas sobre el límite máximo imponible del artículo 16 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980. En el caso de pensionados, se considerará el límite máximo imponible indicado en el artículo 85 del Decreto Ley número 3.500, de 1980. Asimismo, se exceptúa la cotización para el seguro de desempleo establecido en la letra a), del artículo 5° de la Ley número 19.728, de 2001, que establece un seguro de desempleo, calculada sobre la base establecida en el artículo 6° de dicha ley, como también las cantidades por concepto de gastos de representación.”.

32.Agrégase, en el artículo 47, inciso primero, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “En los casos que de la reliquidación no resulte un mayor impuesto a pagar, el contribuyente no estará obligado a realizarla.”.

33.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 53:

a)Intercálase, en el inciso primero, a continuación de la frase “Código Civil,”, la siguiente frase: “así como los convivientes civiles que se sometan al régimen de separación total de bienes,”.

b)Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Sin embargo, los cónyuges o convivientes civiles con separación total convencional de bienes deberán presentar una declaración conjunta de sus rentas cuando los cónyuges no hayan liquidado efectivamente la sociedad conyugal o conserven sus bienes en comunidad o cuando los convivientes civiles no hayan liquidado su comunidad de bienes, o cuando, en uno u otro caso, cualquiera de ellos tuviere poder del otro para administrar o disponer de sus bienes.”.

34.Reemplázase, el número 1° del artículo 54, por el siguiente:

“1°.- La totalidad de las cantidades percibidas o retiradas por el contribuyente a cualquier título desde la empresa, comunidad o sociedad respectiva, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 y en el número 7°.- del artículo 17 de esta ley.

Las cantidades a que se refieren los literales i) al iv) del inciso tercero del artículo 21, en la forma y oportunidad que dicha norma establece, gravándose con el impuesto de este título el que se aplicará incrementado en un monto equivalente al 10% sobre las citadas partidas. Asimismo, formarán parte de la renta bruta global las rentas asignadas en virtud de lo establecido en la letra F) y en el número 6 de la letra D) del artículo 14.

Se incluirán también las rentas o cantidades percibidas de empresas o sociedades constituidas en el extranjero y aquellas que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 G, en ambos casos luego de haberse gravado previamente con el impuesto de primera categoría cuando corresponda, y las rentas establecidas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71.

Las rentas del artículo 20, número 2, y las rentas referidas en el número 8 del artículo 17, obtenidas por personas naturales que no estén obligadas a declarar según contabilidad, podrán compensarse rebajando las pérdidas de los beneficios que se hayan derivado de este mismo tipo de inversiones en el año calendario.

Se incluirán también todas las demás rentas que se encuentren afectas al impuesto de este título, y que no estén señaladas de manera expresa en el presente número o los siguientes.

Cuando corresponda aplicar el crédito establecido en el artículo 56, número 3, tratándose de las cantidades referidas en el párrafo primero de este número, retiradas o distribuidas de empresas sujetas a las disposiciones de la letra A del artículo 14, se agregará un monto equivalente a dicho crédito para determinar la renta bruta global del mismo ejercicio. Se procederá en los mismos términos cuando corresponda aplicar el crédito contra impuestos finales establecido en el artículo 41 A.”.

35.Elimínase el artículo 54 bis.

36.Intercálase, en la letra a) del inciso primero del artículo 55, entre la expresión “cuyas rentas no se computen en la renta bruta global” y el punto final (“.”),la siguiente frase: “así como tampoco en aquellos casos en que el impuesto territorial sea crédito contra el impuesto de este título”.

37.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 56:

a)Reemplázase el número 3) por el siguiente:

“3) La cantidad que resulte de aplicar a las rentas o cantidades que se encuentren incluidas en la renta bruta global, la misma tasa del impuesto de primera categoría con la que se gravaron. También tendrán derecho a este crédito por impuesto de primera categoría y el crédito contra impuestos finales que establece el artículo 41 A, por el monto que se determine conforme a lo dispuesto en el N°5, de la letra A), del artículo 14, sobre las rentas retiradas o distribuidas desde empresas sujetas a tal disposición, por la parte de dichas cantidades que integren la renta bruta global de las personas aludidas. Las personas naturales que sean socios o accionistas de sociedades, por las cantidades obtenidas por éstas en su calidad de socias o accionistas de otras sociedades, por la parte de dichas cantidades que integre la renta bruta global de las personas aludidas. También procederá el crédito que corresponda por aplicación de lo señalado en el número 6 de la letra D) del artículo 14.”.Agrégase el siguiente número 4), nuevo:

“4) En el caso de personas naturales propietarias o usufructuarias de bienes raíces no agrícolas, que tributen en renta efectiva por la explotación de dichos bienes mediante el respectivo contrato, podrán imputar como crédito el impuesto territorial pagado hasta el monto neto del impuesto global complementario determinado. El referido crédito se imputará antes de los que dan derecho a imputación o a devolución. En caso de generarse un excedente, éste no tendrá derecho a devolución ni a imputación a otro impuesto. Para este efecto, el respectivo impuesto territorial deberá estar pagado dentro del año comercial respectivo.”.

38.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 58:

a)Elimínase, en el número 1), las siguientes expresiones: ”atribuibles a estos”, “deban atribuir” y “,14 ter”.

b)Elimínase, en el número 2):

-en el primer párrafo las siguientes expresiones: “les atribuyan”, “,14 ter”; y elimínese en el segundo párrafo, la frase “tratándose de las cantidades distribuidas por empresas sujetas a las disposiciones de la letra A) y/o B) del artículo 14,”.

- ii. Sustitúyase la expresión “los artículos 41 A y 41 C., por “el artículo 41 A.”

c)Elimínase, en el párrafo quinto del número 3, la frase final que comienza “Con todo”.

d)Elimínase, en el párrafo final, después de la palabra “incluyendo”, la expresión “la aplicación del impuesto en carácter de único, o bien,”.

39.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 59:

a)Suprímase, en el inciso primero, el siguiente párrafo:

“En el caso de que ciertas regalías y asesorías sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, el Presidente de la República, previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción y del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, podrá elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%.”.

b)Reemplázase, en el inciso cuarto, número 1), letra b), el primer punto seguido por una coma, luego de la cual agrégase lo siguiente:

“siempre que éstos sean los beneficiarios finales de los intereses. Si el beneficiario final de los intereses es una entidad distinta de las indicadas en este numeral, la tasa aplicable será de 35%.”.

c)Agrégase, En el inciso cuarto, número 2), primer párrafo, a continuación del punto seguido que sigue a la palabra “especiales”, la siguiente frase:

“Lo anterior, no será aplicable a aquellas comisiones que correspondan a servicios de intermediación de servicios digitales.”.

40.Reemplázase el inciso primero del artículo 60 por el siguiente:

“Las personas naturales que no tengan residencia ni domicilio en Chile y las sociedades o personas jurídicas constituidas fuera del país, incluso las que se constituyan con arreglo a las leyes chilenas, que perciban o devenguen rentas de fuente chilena que no se encuentren afectas a impuesto de acuerdo con las normas de los artículos 58 y 59, pagarán respecto de ellas un impuesto adicional de 35%.”.

41.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62:

a)Reemplázase, en el inciso primero, la frase final que empieza con “También se sumarán” y termina con “38 bis”, por la siguiente: “Se incluirá la totalidad de las cantidades percibidas o retiradas por el contribuyente a cualquier título desde la empresa, en conformidad a lo dispuesto en la letra A) del artículo 14 y en el número 7°.- del artículo 17 de esta ley. El impuesto que grava estas rentas se devengará en el año en que se retiren de las empresas o se remesen al exterior.”

b)Elimínase el inciso sexto, que comienza con “Formarán también parte”.

c)Elimínase, en el inciso séptimo, la frase final desde “En el caso de sociedades” hasta “artículo 14”.

d)En el inciso final:

- Elimínese la expresión “y/o B)”.

- Sustitúyese la expresión “la letra A) del artículo 41 A y en el artículo 41 C.”, por “el artículo 41 A.”

42.Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

“Artículo 63°.- A los contribuyentes del impuesto adicional, que obtengan rentas señaladas en los artículos 58 y 60 inciso primero, se les otorgará un crédito equivalente al monto que resulte de aplicar las normas señaladas en el inciso siguiente.

El crédito corresponderá a la la cantidad que resulte de aplicar a las rentas o cantidades que se encuentren incluidas en la renta bruta, la misma tasa del impuesto de primera categoría con la que se gravaron. También tendrán derecho a este crédito por impuesto de primera categoría y el crédito contra impuestos finales que establece el artículo 41 A, por el monto que se determine conforme a lo dispuesto en el número 5, de la letra A), del artículo 14, sobre las rentas retiradas o distribuidas desde empresas sujetas a tal disposición, por la parte de dichas cantidades que integren la base imponible de las personas aludidas. En los demás casos, procederá el crédito por el impuesto de primera categoría que hubiere gravado las demás rentas o cantidades incluidas en la base imponible de este impuesto.

En ningún caso dará derecho al crédito referido en los incisos anteriores el impuesto del Título II, determinado sobre rentas presuntas y de cuyo monto puede rebajarse el impuesto territorial pagado.

Los créditos o deducciones que las leyes permiten rebajar de los impuestos establecidos en esta ley y que dan derecho a devolución del excedente se aplicarán a continuación de aquéllos no susceptibles de reembolso.”.

43.Reemplázase, en el párrafo segundo de la letra d) del artículo 64 bis, la frase “el numeral 2), del artículo 34 de esta ley”, por la siguiente frase: “el número 17 del artículo 8° del Código Tributario”.

44.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 65:

a)Elimínase, en el número 1°.-, la expresión “,atribuidas”.

b)Suprímase, en el número 3°.-, la expresión “o que les hayan sido atribuidas”.

c)Reemplázase el número 4°.- por el siguiente: “4°.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 60, inciso primero, por las rentas percibidas, devengadas o retiradas en el año anterior.”.

45.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 69:

a)Elimínase, en el inciso primero, las expresiones “o atribuidas” y “según proceda,”.

b)Reemplázase el número 3°.- por el siguiente: “3°.- Aquellos contribuyentes que obtengan rentas esporádicas afectas al impuesto de primera categoría o al impuesto global complementario, según sea el caso, deberán declarar dentro del mes siguiente al de obtención de la renta, a menos que el citado tributo haya sido retenido en su totalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 o 74. Se excluyen de esta norma los ingresos mencionados en las letras a) y d) del número 1 del artículo 41 A, esto es, los dividendos o retiros de utilidades y los ingresos por marcas, patentes, fórmulas, asesorías técnicas, otras prestaciones similares y servicios calificados como exportación que hayan sido gravados en el extranjero. Si se tratare de rentas afectas a impuesto global complementario, deberá utilizarse para esta declaración mensual la tabla de cálculo establecida en el artículo 43 y reliquidarse posteriormente según las reglas generales de este impuesto.”.

c)Agrégase el siguiente número 4°, nuevo:

“4.- Aquellos contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile que deban pagar el impuesto del artículo 58 número 3), en relación al mayor valor obtenido en las enajenaciones a que se refiere el inciso tercero del artículo 10, podrán declarar dentro del mes siguiente al de obtención de la renta correspondiente. Con todo, cuando estos contribuyentes se encuentren obligados a presentar una declaración anual por otras rentas, podrán abonar los impuestos declarados y pagados de conformidad a este número, debidamente reajustados o convertidos a moneda nacional, según proceda, en la forma que señale el Servicio mediante resolución.”.

46.Reemplázase, en el inciso primero del artículo 71, la frase “,de acuerdo con normas generales que dictará el Director” por la frase “o en caso de que no se encuentre obligado a llevarla, por cualquier medio de prueba legal”.

47.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 74:

a)Reemplázase el número 4 del artículo 74 por el siguiente:

“4º.- Las empresas que remesen al exterior, abonen en cuenta, pongan a disposición o paguen rentas o cantidades afectas al impuesto adicional de acuerdo con los artículos 58, 59 y 60, casos en los cuales la retención deberá efectuarse con la tasa de impuesto adicional que corresponda.

Tratándose de empresas sujetas a las disposiciones de la letra A) del artículo 14, la retención que deba efectuarse sobre los retiros, remesas o distribuciones realizadas afectas al impuesto adicional, se efectuará incrementando previamente la base en virtud de los artículos 58 y 62, con derecho a los créditos establecidos en los artículos 41 A y 63, determinados conforme a lo dispuesto en el número 5 de la letra A) del artículo 14. En estos casos la tasa de crédito por impuesto de primera categoría provisorio que se utilizará al momento de la retención, será la que haya correspondido asignar en el año inmediatamente anterior.

Si al término del ejercicio se determina que la deducción del crédito por impuesto de primera categoría establecido en el artículo 63, otorgado en forma provisoria sobre los retiros remesas o distribuciones, resultare indebida, total o parcialmente, la empresa deberá pagar al Fisco, por cuenta del contribuyente de impuesto adicional, la diferencia de impuesto que resulte al haberse deducido un mayor crédito, sin perjuicio del derecho de la empresa de repetir contra aquél. Esta cantidad se pagará en la declaración anual a la renta que deba presentar la empresa, reajustada en el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior al de la retención y el mes anterior a la presentación de la declaración de impuesto a la renta de la empresa.

Si el crédito por impuesto de primera categoría que fue imputado por la empresa en contra de la retención de impuesto adicional que afecta a los retiros, remesas o distribuciones es por un monto inferior al que corresponde, el propietario podrá solicitar la devolución del exceso de retención conforme a lo dispuesto en el artículo 126 del Código Tributario, o a través de su declaración anual de impuesto a la renta, aun cuando no se encuentre obligado a efectuar dicha declaración de acuerdo al artículo 65. También el propietario podrá solicitar que la respectiva suma incremente el SAC de la empresa al término del ejercicio correspondiente, que se debe llevar de conformidad al artículo 14, lo que se hará constar mediante una declaración jurada simple que la empresa deberá tener a disposición del Servicio, en su caso.

En el caso de las cantidades señaladas en los literales i) al iv) del inciso tercero del artículo 21, la empresa respectiva deberá efectuar una retención anual del 45% sobre dichas sumas, la que se declarará en conformidad a los artículos 65, número 1 y 69.

El monto de lo retenido provisionalmente se dará de abono al conjunto de los impuestos que declare el propietario respecto de las mismas rentas o cantidades afectadas por la retención.

Cuando al término del ejercicio los créditos establecidos en los artículos 41 A y 63, correspondientes a los retiros y remesas sean informados a los propietarios para efectos de imputarlos en su declaración anual de impuestos, sean de un monto mayor o menor al que corresponde, se aplicará lo dispuesto en el inciso primero o segundo del número 7.- de la letra A), del artículo 14, según corresponda.

Tratándose de las rentas señaladas en la letra B) del artículo 14, la retención se efectuará de manera anual, sobre la renta que corresponda al propietario con tasa del 35%, con deducción del crédito establecido en el artículo 63, cuando la empresa respectiva se hubiere gravado con el impuesto de primera categoría. La retención en estos casos se declarará en conformidad a los artículos 65, número 1 y 69.

Igual obligación de retener, tendrán los contribuyentes que remesen al exterior, pongan a disposición, abonen en cuenta o paguen a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, rentas o cantidades provenientes de las operaciones señaladas en las letras a), b), c), d), i) y m) del número 8 del artículo 17. La retención se efectuará con una tasa provisional del 10% sobre el total de las cantidades que se remesen al exterior, paguen, abonen en cuenta o pongan a disposición del contribuyente sin domicilio o residencia en Chile, sin deducción alguna, salvo que pueda determinarse el mayor valor afecto a impuesto, caso en el cual la retención se efectuará con la tasa del 35% sobre dicho mayor valor, montos que en ambos casos se darán de abono al conjunto de los impuestos que declare el contribuyente respecto de las mismas rentas o cantidades afectadas por la retención, sin perjuicio de su derecho de imputar en su declaración anual el remanente que resultare a otros impuestos anuales de esta ley o a solicitar su devolución en la forma prevista en el artículo 97. Si con la retención declarada y pagada se han solucionado íntegramente los impuestos que afectan al contribuyente, este último quedará liberado de presentar la referida declaración anual.

Sin perjuicio de la declaración anual a la que pueda encontrarse obligado, el contribuyente enajenante podrá presentar una solicitud al Servicio con anterioridad al vencimiento del plazo legal para la declaración y pago de la retención, en la forma que este establezca mediante resolución, con la finalidad de que se determine previamente el mayor valor sobre el cual deberá calcularse el monto de la retención. La presentación de esta solicitud suspenderá el plazo para efectuar la retención correspondiente contemplada en el artículo 79, hasta su resolución. Dicha solicitud deberá incluir, además de la estimación del mayor valor de la operación, todos los antecedentes que lo justifiquen. El Servicio se pronunciará fundadamente sobre dicha solicitud en un plazo de veinte días hábiles, contado desde la fecha en que el contribuyente enajenante haya puesto a disposición de aquel todos los antecedentes necesarios para resolver la solicitud, de lo que se dejará constancia en una certificación emitida por la oficina correspondiente del Servicio. Vencido este plazo sin que el Servicio se haya pronunciado sobre la solicitud, se entenderá que ésta ha sido aceptada, caso en el cual el monto de la retención se tendrá por determinado conforme a la propuesta del contribuyente enajenante. La retención se efectuará por el adquirente conforme a las reglas generales. El mayor valor que se haya determinado de acuerdo a lo anterior no podrá ser objeto de fiscalización alguna, salvo que los antecedentes acompañados por el contribuyente enajenante sean maliciosamente falsos, incompletos o erróneos, caso en el cual el Servicio, previa citación conforme al artículo 63 del Código Tributario, podrá liquidar y girar al contribuyente enajenante las diferencias de impuestos que se detecten conforme a las reglas generales, más los reajustes, intereses y multas pertinentes, o bien, en el caso que se proceda aplicar la tasación del valor de enajenación conforme al artículo 64 del Código Tributario.

En todo caso, podrá no efectuarse la retención si se acredita, en la forma que establezca el Servicio mediante resolución, que los impuestos de retención o definitivos aplicables a la operación han sido declarados y pagados directamente por el contribuyente de impuesto adicional, o que se trata de cantidades que correspondan a ingresos no constitutivos de renta o rentas exentas de los impuestos respectivos o que de la operación respectiva resultó un menor valor o pérdida para el contribuyente, según corresponda. En estos casos, cuando no se acredite fehacientemente el cumplimiento de alguna de las causales señaladas, el contribuyente obligado a retener, será responsable del entero de la retención a que se refiere este número, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra del contribuyente sin domicilio o residencia en Chile.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, los contribuyentes que remesen, distribuyan, abonen en cuenta, pongan a disposición o paguen rentas o cantidades a contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile que sean residentes de países con los que exista un convenio vigente para evitar la doble tributación internacional y sean beneficiarios de dicho convenio, tratándose de rentas o cantidades que conforme al mismo solo deban gravarse en el país del domicilio o residencia, o se les aplique una tasa inferior a la que corresponda de acuerdo a esta ley, podrán no efectuar las retenciones establecidas en este número o efectuarlas con la tasa prevista en el convenio, según sea el caso, cuando el beneficiario de la renta o cantidad les acredite mediante la entrega de un certificado emitido por la autoridad competente del otro Estado Contratante, su residencia en ese país y le declare en la forma que establezca el Servicio mediante resolución, que al momento de esa declaración no tiene en Chile un establecimiento permanente o base fija a la que se deban atribuir tales rentas o cantidades, y que cumple con los requisitos para ser beneficiario de las disposiciones del convenio respecto de la imposición de las rentas o cantidades señaladas. Se presumirá salvo prueba en contrario que un certificado de residencia fiscal emitido por autoridad competente, acreditará la residencia fiscal del contribuyente durante el año calendario en que se haya emitido. Cuando el Servicio establezca en el caso particular que no concurrían los requisitos para aplicar las disposiciones del respectivo convenio en virtud de las cuales no se efectuó retención alguna o la efectuada lo fue por un monto inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo a este artículo, el contribuyente obligado a retener, será responsable del entero de la retención que total o parcialmente no se hubiese efectuado, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de la persona no residente ni domiciliada en Chile.

Tratándose de las enajenaciones a que se refieren los artículos 10, inciso tercero, y 58, número 3), los adquirentes de las acciones, cuotas, derechos y demás títulos efectuarán una retención con una tasa provisional del 20% sobre el total de las cantidades que pongan a disposición del enajenante, sin deducción alguna, o 35% sobre la renta gravada determinada conforme a la letra b) del número 3) del artículo 58, retención que se declarará en conformidad a los artículos 65, número 1, y 69, o conforme al artículo 79, a elección del contribuyente.”.

b)Elimínase el número 7°.

48.Suprímase, en el artículo 76, la frase “los socios administradores de sociedades de personas y los gerentes y administradores de sociedades anónimas,”.

49.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 79:

a)Reemplázase la frase “los números 7° y” por la expresión “número”.

b)Elimínase la frase “en el primer caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la retención, sin reajuste alguno desde la fecha de retención respectiva; y en el segundo,”.

50.Agrégase, en el artículo 80, entre la palabra “tributaria” y la coma “,” que le sigue, la palabra “mensual”.

51.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 84:

a)Agrégase, en la letra a) del inciso primero, el siguiente párrafo final:

“Sin perjuicio de lo anterior, cuando el contribuyente experimente cambios relevantes en sus ingresos, costos o gastos que afecten o puedan afectar significativamente la renta líquida del ejercicio, podrá recalcular la tasa de los pagos provisionales a que se refiere esta letra. Para este efecto se considerarán las siguientes reglas:

a)La disminución en los ingresos o el aumento en los costos o gastos, o en una renta líquida estimada de manera provisional de acuerdo al literal siguiente, deberá ser al menos de un 30% respecto de los saldos determinados al 31 de diciembre del año anterior, o al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre del mismo ejercicio, según corresponda, de acuerdo a los registros contables respectivos.

b)La renta líquida provisional a que se refiere la letra a) anterior se formulará de acuerdo a las reglas generales de determinación de la renta líquida de ésta ley, sin considerar ajustes de corrección monetaria ni determinar partidas a que se refiere el artículo 21 y constituirán un estado de situación de conformidad al artículo 60 del Código Tributario.

c)La nueva tasa de pago provisional se determinará al aumentar o disminuir, según proceda, en la proporción que corresponda; en su caso, el valor que corresponda a la variación efectiva en dichos ingresos, costos o gastos, o en la renta líquida provisional referida anteriormente; y el impuesto de primera categoría provisorio que resultaría como si se tratase de la determinación anual definitiva.

d)La nueva tasa se utilizará a contar de los ingresos brutos que se perciban o devenguen a contar del mes siguiente de la fecha que corresponda a la determinación que permite este párrafo.

e)Los contribuyentes que modifiquen sus pagos provisionales mensuales por aplicación de este inciso deberán mantener a disposición del Servicio los antecedentes de la renta líquida provisional del trimestre respectivo en un expediente electrónico.

f)El Servicio, mediante una o más resoluciones, establecerá las reglas necesarias para facilitar y hacer efectiva esta opción, sin perjuicio de fiscalizar su correcto empleo.”.

b)Suprímase el inciso segundo.

c)Suprímase la letra i).

d)En el actual inciso final:

e)i. Sustitúyese la expresión “refieren las letras A.-, B.- y C.- del artículo 41 A, 41 C y”, por “refiere el artículo 41 A,”

f)ii. Agrégase, entre el número “15” y el punto que le sigue, la siguiente frase: “y las rentas señaladas en la letra a), del número 2, del artículo 33”.

52.Agrégase, en el artículo 86, a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: “Para estos efectos, no se considerarán rentas exentas, aquellas señaladas en la letra a), del número 2, del artículo 33.”.

53.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 97:

a)Agrégase, a continuación del inciso sexto, el siguiente inciso séptimo nuevo, pasando el actual inciso séptimo a ser inciso octavo:

“Sin embargo, no se devengará interés sobre la restitución de la parte indebidamente percibida, cuando dicha circunstancia se haya debido a una causa imputable al Servicio de Impuestos Internos o Tesorería, lo cual deberá ser declarado por el respectivo Director Regional o Tesorero Regional o Provincial en su caso.”.

b)Agrégase, en el actual inciso séptimo, que pasa a ser octavo, a continuación de la expresión “Con todo”, la frase “transcurrido dicho plazo,”.

54.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 104:

a)Reemplázase, en el número 1.-, en la letra c), la frase final que comienza con “y que, además” y termina con “del artículo 20” por un punto aparte.

b)Elimínase la letra d) y todos los párrafos que vienen a continuación hasta el final de este número 1.-.

c)Reemplázase, en el primer párrafo del número 2.-, la frase “en las letras a) o b) siguientes” por “a continuación”; elimínase el párrafo completo de la letra a), incluida ésta; y elimínase la letra “b)” que precede al actual párrafo individualizado con dicha letra, que quedará como párrafo segundo de este número 2.

55.Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso tercero del artículo 108:

a)Agrégase, a continuación de la expresión “fondo mutuo”, la frase “o fondo de inversión”, las cuatro veces que aparece y agrégase a continuación de la expresión “fondos mutuos” la frase “o fondos de inversión”.

b)Agrégase, a continuación de la palabra “numerales”, la expresión “2,”.

Artículo 3°.-Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el decreto ley N° 825, de 1974:

1.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 2°:

a)Modifícase el número 1°) en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “inmuebles, excluidos los terrenos” por “inmuebles construidos”.

ii.Agrégase, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente frase:“Los terrenos no se encontrarán afectos al impuesto establecido en esta ley.”.

b)Agrégase, en el número 2°), un párrafo segundo nuevo del siguiente tenor:

“Tratándose de un contribuyente que presta tanto servicios afectos como no afectos o exentos del impuesto establecido en esta ley, sólo se gravarán aquellos servicios que, por su naturaleza, se encuentren afectos. En consecuencia, cada servicio será gravado, o no, de forma separada y atendiendo a su naturaleza propia.”.

c)Modifícase el párrafo primero del número 3°) en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase "Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar, a su juicio exclusivo, la habitualidad” por el siguiente párrafo:

“Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar fundadamente la habitualidad para lo cual deberá tener presente la cantidad y frecuencia con que el contribuyente realiza las operaciones. Para estos efectos, en materia de venta de inmuebles construidos el Servicio, mediante resolución, determinará las situaciones que, de acuerdo a los criterios anteriores, generen habitualidad”.

ii.Elimínase la siguiente frase: “Para efectos de la venta de inmuebles, se presumirá que existe habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y su enajenación transcurra un plazo igual o inferior a un año.”.

iii.Agrégase a continuación del tercer punto seguido (“.”) la frase:

“Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ejercerse esta facultad, el contribuyente será considerado habitual desde la operación que dio origen a esta calificación, sin que proceda en este caso el cobro retroactivo de impuestos por operaciones realizadas con anterioridad a dicha operación, excepto cuando se trate de contribuyentes que hayan obrado de mala fe y respecto de los cuales el Servicio acredite la habitualidad y dicha mala fe mediante resolución fundada.”.

iv.Elimínase la siguiente frase: “La transferencia de inmuebles efectuada por contribuyentes con giro inmobiliario efectivo, podrá ser considerada habitual.”.

2.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 3°:

a)Elimínase, en el inciso tercero, la expresión “a su juicio exclusivo”.

b)Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “que les sea devuelto por el Servicio de Tesorerías en el plazo de treinta días de presentada la solicitud, la cual” por la siguiente frase: “, o a que les sea devuelto conforme a los artículos 80 y siguientes, caso en el cual la solicitud”.

c)Elimínase, en el actual inciso final, la expresión “a su juicio exclusivo,”.

d)Agrégase un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, la Dirección podrá, además, disponer mediante una o más resoluciones fundadas, que los operadores de sistemas de pago o tarjetas bancarias retengan el total o una parte de los impuestos contemplados en esta ley.”.

Igualmente, en estos casos el Servicio podrá disponer el cambio de sujeto del impuesto en el caso de importaciones, cualquiera sea la modalidad de internación, efectuadas por personas naturales, por entidades o personas que no se encuentren enrolados ante el Servicio y que tengan importaciones habituales, y en los casos a que se refiere el artículo 59 bis del Código Tributario, en la forma que señale el Servicio mediante una o más resoluciones.”.

3.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 8°:

a)Elimínase, en la letra b), la expresión “, a su juicio exclusivo,”.

b)Intercálase, en la letra d), el siguiente párrafo cuarto, nuevo pasando el actual párrafo cuarto a ser quinto:

“No se considerarán comprendidas en esta letra, las entregas gratuitas a que se refiere el N° 3 del artículo 31 de la ley sobre Impuesto a la Renta que cumplan con los requisitos que para cada caso establece la citada disposición. El proveedor respectivo no perderá el derecho al uso del crédito fiscal por el impuesto que se le haya recargado en la adquisición de los bienes respectivos ni se aplicarán las normas de proporcionalidad para el uso del crédito fiscal que establece esta ley.”.

c)Intercálase, en la letra f), entre las expresiones “de su giro” y el punto seguido (“.”),la siguiente frase: “o que formen parte del activo inmovilizado del contribuyente, estos últimos, siempre que cumplan los requisitos señalados en la letra m) del presente artículo.”.

d)Agrégase, en la letra g), el siguiente párrafo segundo:

“Para calificar que se trata de un inmueble amoblado o un inmueble con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial se deberá tener presente que los bienes muebles o las instalaciones y maquinarias sean suficientes para su uso para habitación u oficina; o para el ejercicio de la actividad industrial o comercial respectivamente. Para estos efectos, el Servicio, mediante resolución, determinará los criterios generales y situaciones que configurarán este hecho gravado.”.

e)Elimínase, en la letra l), a continuación del punto seguido (“.”), que pasa a ser punto punto y coma (“;”), la siguiente frase: “Para estos efectos, se presumirá que existe habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y la fecha de celebración del contrato transcurra un plazo igual o inferior a un año;”.

f)Reemplázase, en el párrafo segundo de la letra m), la frase “artículo 14 ter” por “artículo 14 letra D)”.

4.Introdúcense las siguientes modificaciones al numeral 10 de la letra B del artículo 12:

a)Modifícase el párrafo primero del siguiente modo:

i.Reemplázase la frase “Los inversionistas, sean estos establecidos, residentes o domiciliados”, por la siguiente frase: “Las personas naturales o jurídicas, sean éstas, residentes o domiciliadas”.

ii.Intercálase, entre la expresión “importados que” y la palabra “destinen”, la palabra “se”.

b)Reemplazase en el párrafo segundo la palabra “doce” por “dos”.

c)Modifícase el párrafo tercero del siguiente modo:

i.Reemplázase la palabra “inversionista” por “peticionario”.

ii.Elimínase, lo dispuesto a continuación del punto seguido (“.”), que pasa a ser punto final (“.”).

d)Modifícase el párrafo quinto del siguiente modo:

i.Elimínase las palabras “en una etapa inicial”.

ii.Reemplázase la frase a continuación de “de un mismo proyecto” por la siguiente frase: “, proyectos de expansión, una complementación del proyecto o en caso que se deba cambiar un bien por otro de idéntica naturaleza y valor a consecuencia de que el bien importado resulte defectuoso y que el vendedor lo reemplace.”.

5.Incorpóranse las siguiente modificaciones a la letra E del artículo 12:

a)Intercálase, en el número 7, entre las expresiones “servicios prestados” y “en Chile” la expresión “o utilizados”.

b)Reemplázase, en el número 15, la coma (“,”) y la conjunción “y” que le sigue, por un punto y coma (“;”).

c)Agrégase, en el número 17, a continuación de la frase “empresas hoteleras” la frase “y contribuyentes que arrienden inmuebles amoblados”; reemplázase la palabra “registradas” por “registrados”; y reemplázase la coma (“,”) y la conjunción “y” que le sigue, por un punto y coma (“;”).

d)Reemplázase, en el número 18, el punto aparte (“.”) por un punto y coma (“;”)

6.Agrégase un numero 19, nuevo, del siguiente tenor:

“19) Las prestaciones de salud establecidas por ley, financiadas por el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y aquellas financiadas por Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), pero hasta el monto del arancel FONASA en que se encuentre inscrito el prestador respectivo. Asimismo, la exención será aplicable a las cotizaciones obligatorias para salud, calculadas sobre la remuneración o renta imponible para efectos previsionales, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Decreto Ley 3.500 de 1980.”.

7.Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 13:

a)En el número 6):

i.Elimínanse las letras a), b) y c).

ii.Reemplázase la letra e) por la siguiente: “e) La Empresa de Correos de Chile”.

b)Reemplázase el número 7), por el siguiente: “7) Los Servicios de Salud y las personas naturales o jurídicas que en virtud de un contrato o una autorización los sustituyan en la prestación de los beneficios establecidos por ley; y”.

8.Reemplázase, en el artículo 15, inciso segundo, las expresiones “a juicio exclusivo del” por “ante el”.

9.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 16:

a)Suprímase, en la letra b), la expresión “, a su juicio exclusivo”.

b)Agrégase, en el párrafo segundo de la letra d), a continuación de la frase “del giro del vendedor”, lo siguiente: “o que formen parte de su activo inmovilizado, en la medida que hayan dado derecho a crédito fiscal en su adquisición, importación, fabricación o construcción,”.

c)En la letra g):

i.Elimínase, en el párrafo primero, la expresión “usados”.

ii.Suprímase, en el párrafo segundo, la expresión “como valor máximo asignado al terreno,”; y en su parte final, remplazase la expresión “asignado al” por la palabra “del”.

iii.Elimínase, en el párrafo tercero, la palabra “comercial”.

10.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 17:

a)Reemplázase, en los incisos primero y segundo, la expresión “podrá” por “deberá”.

b)En el inciso segundo:

i.Reemplázase, todas las veces que aparece en el texto la expresión “valor de adquisición” por “valor comercial”.

ii.Elimínase toda la frase a continuación del segundo punto seguido (“.”) que pasa a ser punto final (“.”) del inciso y que empieza con la expresión “Para estos efectos”.

c)Elimínase los incisos tercero, cuarto y quinto, pasando los actuales incisos sexto y séptimo a ser incisos tercero y cuarto.

d)Elimínase en el actual inciso sexto que pasó a ser tercero, la frase final, a continuación de la expresión “opción de compra del inmueble”.

11.Suprímase, en el inciso primero del artículo 19, la expresión “, a su juicio exclusivo”..

12.Agrégase, en el artículo 20, a continuación de su inciso tercero, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“En aquellos casos en que no pueda determinarse el débito fiscal del contribuyente por falta de antecedentes o cualquiera otra circunstancia imputable al contribuyente, el Servicio, mediante resolución fundada, podrá tasar el impuesto a pagar, tomando como base los márgenes observados para contribuyentes de similar actividad, negocio, segmento o localidad.

En la determinación del impuesto a pagar, el Servicio deberá estimar un monto de crédito fiscal imputable a un monto estimado como débito fiscal, conforme a los parámetros señalados u otros que permitan hacer una estimación razonable del monto a pagar en cada uno de los periodos tributarios en cuestión. Si la imposibilidad de determinar el débito fiscal proviene de caso fortuito o fuerza mayor, el contribuyente dispondrá de un plazo de 6 meses para reunir los antecedentes que le permitan realizar la declaración de los períodos tributarios involucrados de conformidad al artículo 35 de la ley sobre impuesto a la renta, para lo cual deberá presentar ante el Servicio de Impuestos Internos una petición en la forma que este determine mediante resolución. Los plazos de prescripción se entenderán aumentados por igual tiempo. No podrán acogerse a este procedimiento los contribuyentes que se encuentren formalizados, querellados o sancionados por delito tributario.

Con todo, cuandoel contribuyente fundadamente señale que no está en condiciones de determinar su impuesto a pagar, podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos que efectúe la tasación a que se refiere el inciso cuarto de este artículo.”.

13.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 23:

a)Intercálase en el número 3, entre la coma que sigue a la palabra "exentas" y la expresión "el crédito" que le sigue, la siguiente frase: "excluidas las operaciones no gravadas por esta ley,".

b)Modifícase el número 5 en el siguiente sentido:

i.Intercálase un nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:

“El contribuyente deberá aportar los antecedentes que acrediten las circunstancias de las letras a) y b) precedentes, dentro del plazo de un mes contado desde la fecha de notificación del requerimiento realizado por el Servicio de Impuestos Internos. En caso que no dé cumplimiento a lo requerido, previa certificación del Director Regional respectivo, se presumirá que la factura es falsa o no fidedigna, no dando derecho a la utilización del crédito fiscal mientras no se acredite que dicha factura es fidedigna.”.

ii.Reemplázase, en los dos últimos párrafos del actual inciso tercero que pasó a ser cuarto, las expresiones “incisos segundo y tercero” por “incisos segundo, tercero y cuarto”.

c)Agrégase, en el número 6, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Cuando los contribuyentes que se dediquen a la venta habitual de bienes corporales inmuebles o las empresas constructoras, no puedan determinar la procedencia del crédito fiscal conforme a los números 1 al 3 de este artículo, en el período tributario en que adquirieron o construyeron los bienes, deberán aplicar las siguientes reglas:

a)El impuesto soportado será considerado provisionalmente como crédito fiscal del período correspondiente; y

b)El crédito fiscal provisional deberá ser ajustado en cada periodo en que se realicen operaciones no gravadas o exentas, adicionando, debidamente reajustado, al débito fiscal de dicho período, el monto equivalente al impuesto soportado en la adquisición o construcción de la o las unidades que se transfieren en dichas operaciones.”.

14.Intercálase, en el inciso tercero del artículo 24, entre la frase “se reciban o se registren con retraso” y el punto final (“.”), lo siguiente: “, por hecho no imputable al contribuyente”.

15.Agrégase, en el artículo 26, después del inciso único, que pasa a ser inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Con todo, tratándose de contribuyentes que, en su declaración de impuesto correspondiente al período tributario de diciembre de cada año, cuando respecto de las mismas operaciones se de origen a remanentes de crédito fiscal o diferencias en débitos que se compensan de un mes a otro, el Servicio de Impuestos Internos podrá determinar la realización de una reliquidación anual del Impuesto al Valor Agregado que comprenda los doce meses del año calendario que finaliza. Si producto de esta reliquidación el contribuyente determina que el Impuesto al Valor Agregado es menor a la sumatoria del impuesto determinado de los meses sujetos a reliquidación, la diferencia a favor del contribuyente pasará a formar parte del remanente de crédito fiscal del período tributario inmediatamente siguiente.

El Servicio de Impuestos Internos deberá emitir una resolución para establecer los contribuyentes autorizados para efectuar la referida reliquidación, como asimismo la forma, plazo y procedimiento para llevarla a cabo.”.

16.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 27 bis:

a)Sustitúyase, en los incisos primero y segundo, la expresión “seis”, por la expresión “dos”, todas las veces que aparece.

b)Agréguese a continuación del punto aparte (“.”) del inciso primero, que ahora pasa a ser punto seguido (“.”), el siguiente párrafo:

“Tratándose de bienes corporales inmuebles, se entenderán como destinados a formar parte de su activo fijo, desde el momento en que la obra o cada una de sus etapas es recibida conforme por quien la encargó. En caso que el contribuyente haya obtenido devoluciones durante el desarrollo de la obra, deberá, al término de la misma, presentar, a requerimiento del Servicio, el certificado de recepción definitiva, y acreditar su incorporación efectiva al activo inmovilizado.”.

c)En el inciso cuarto:

i.Intercálase, entre las expresiones “deberán presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos” y la coma (“,”) que le sigue, lo siguiente: “conforme a los artículos 80 y siguientes.”.

ii.Elimínase el texto a continuación del primer punto seguido (“.”)que empieza con la expresión “El Servicio de Impuestos Internos” hasta el punto final.

17.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 27 ter:

a)Intercálase, en el inciso cuarto, entre las expresiones “deberán presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos” y “a fin de que este verifique y certifique”, lo siguiente: “, conforme a los artículos 80 y siguientes”.

b)Elimínanse las frases a continuación del primer punto seguido (“.”)que empieza con la expresión: “El Servicio de Impuestos Internos” hasta el punto final (“.”).

18.Elimínase, en el artículo 29, la expresión “, a su juicio exclusivo”.

19.Suprímase, en el artículo 32, la expresión “, a su juicio exclusivo”.

20.Agregase el siguiente artículo 35 bis, nuevo:

“Artículo 35 bis. - El Servicio de Impuestos Internos podrá disponer, mediante resolución, que determinados grupos de contribuyentes comercializadores que vendan al consumidor final, no comprendidos en el artículo 29, cuyas ventas no excedan de un promedio de 2.400 unidades de fomento en los últimos 3 años calendario, paguen el impuesto al valor agregado sobre el valor agregado que resulta al aplicar un margen bruto de comercialización sobre el monto neto de sus adquisiciones del período.

Lo anterior, también será aplicable respecto de los contribuyentes que inicien actividades, cuyo capital inicial no exceda de 200 unidades de fomento.

Dicho margen se establecerá por el Servicio de Impuestos Internos, para cada año calendario, tomando como base los elementos a que se refiere el número 6, de la letra D) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, considerando un promedio de los porcentajes obtenidos.

Los contribuyentes del presente artículo no tendrán derecho a crédito fiscal.

El Servicio de Impuestos Internos establecerá mediante resolución los requisitos y obligaciones para la aplicación de este régimen.”.

21.Reemplázase, en el artículo 36, inciso tercero, las frases “deberán obtener su reembolso en la forma y plazos que determine, por decreto supremo, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, previo informe favorable del Instituto de Promoción de Exportaciones” por la siguiente frase: “deberán obtener su reembolso conforme a los artículos 80 y siguientes, en forma anticipada o posterior a la exportación de acuerdo a lo que se determine mediante decreto supremo, emitido por el Ministro de Hacienda, previo informe técnico del Servicio de Impuestos Internos.”.

22.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 54:

a)Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i.Intercálase, a continuación de la expresión “compra,” la frase “guías de despacho, boletas de ventas y servicios,”.

ii.Elíminase, a continuación del primer punto seguido (“.”), la frase:

“Las guías de despacho y las boletas de ventas y servicios se podrán emitir, a elección del contribuyente, en formato electrónico o en papel.”.

iii.Elimínase la frase “tratándose de contribuyentes que hayan optado por emitir dichas boletas en formato papel,”.

23.Reemplázase el artículo 59, por el siguiente:

“Artículo 59.- Los documentos tributarios electrónicos emitidos o recibidos por vendedores o prestadores de servicios afectos a los impuestos de esta ley serán registrados en forma automatizada y cronológica por el Servicio de Impuestos Internos, respecto de cada contribuyente, en un libro especial electrónico denominado “Registro de Compras y Ventas”, mediante el sistema tecnológico que dicho Servicio disponga para tales efectos.

Por dicho medio, los contribuyentes deberán registrar respecto de cada período tributario, en la forma que determine la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, tanto la información relativa a documentos tributarios no electrónicos como aquella relativa a documentos tributarios electrónicos cuyo detalle no requiere ser informado al Servicio de Impuestos Internos, tales como boletas, vouchers o todo tipo de vales autorizados que reemplacen a una boleta, ya sea que respalden operaciones afectas, no afectas o exentas de Impuesto al Valor Agregado o los demás impuestos de esta ley.

La Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos podrá requerir, mediante resolución fundada, el registro de otros antecedentes adicionales, en cuanto sean necesarios para establecer con exactitud el impuesto al valor agregado que corresponda.”.

24.Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

“Artículo 61.- La Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos podrá liberar, por resolución fundada, a los contribuyentes vendedores y prestadores de servicios afectos al régimen especial de tributación establecido en el párrafo 7° del Título II, de las obligaciones señaladas en los artículos precedentes.”.

25.Elimínase el artículo 62.

26.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 63:

a)Reemplázase la frase “de las obligaciones establecidas” por la siguiente: “de lo dispuesto”.

b)Elimínase la expresión “, a su juicio exclusivo,”.

27.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 64:

a)Suprímase, en el inciso primero, la frase “, con excepción del impuesto establecido en el artículo 49°, el que se regirá por las normas de ese precepto”.

b)Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo y en el artículo 1° del decreto número 1.001, de 2006, del Ministerio de Hacienda, los contribuyentes acogidos a lo dispuesto en la letra D del artículo 14 de la ley sobre Impuesto a la Renta o acogidos al régimen general de contabilidad completa o simplificada, cuyo promedio anual de los ingresos de su giro no supere las 100.000 unidades de fomento en los últimos tres años calendario, podrán postergar el pago íntegro del impuesto al valor agregado devengado en un respectivo mes, hasta dos meses después de las fechas de pago señaladas en las precitadas disposiciones, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

1.Que se encuentren inscritos para ser notificados vía correo electrónico por el Servicio de Impuestos Internos conforme al artículo 11 del Código Tributario, salvo que se trate de contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles o fijos de operadores de telecomunicaciones que tienen infraestructura, o sin acceso a energía eléctrica o en un lugar decretado como zona de catástrofe conforme a la ley número 16.282;

2.Que al momento de la postergación no presenten morosidad reiterada en el pago del impuesto al valor agregado o en el impuesto a la renta, salvo que la deuda respectiva se encuentre pagada o sujeta a un convenio de pago vigente. Para estos efectos, se considerará que el contribuyente presenta morosidad reiterada cuando adeude a lo menos los impuestos correspondientes a tres períodos tributarios en los últimos 36 meses, en el caso del impuesto al valor agregado, o respecto a un año tributario, en el mismo período, en el caso del impuesto a la renta.

3.Que, al momento de la postergación, hayan presentado a lo menos, en tiempo y forma, la declaración mensual de impuesto al valor agregado de los 36 períodos precedentes y la declaración anual de impuesto a la renta de los 3 años tributarios precedentes.”.

28.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 69:

a)Intercálase, en el inciso primero, entre las expresiones “en las facturas” y la coma (“,”) que le sigue, las siguientes expresiones: “y boletas”.

b)Elimínase el inciso segundo.

29.Incorpórase, al final del Título IV “De la Administración del Impuesto”, a continuación del artículo 79°-, el siguiente Párrafo 6° nuevo, del siguiente tenor:

“Párrafo 6°

Procedimiento general para solicitar la devolución o recuperación de los impuestos de esta ley.

Artículo 80°.- Los contribuyentes deberán solicitar la devolución o recuperación de los impuestos de que trata esta ley, en los casos en que ello sea procedente, conforme las reglas del presente párrafo.

Artículo 81°.- Las solicitudes a que se refiere el artículo anterior se presentarán ante el Servicio de Impuestos Internos, en la forma que éste determine mediante resolución.

Dentro de quinto día, contado desde la presentación de la solicitud, el Servicio deberá, alternativamente:

a)Autorizar o denegar, total o parcialmente, la devolución o recuperación solicitada, mediante resolución fundada; o

b)Resolver fundadamente someter la solicitud, total o parcialmente, al procedimiento de fiscalización especial previa, establecido en el artículo 83°, salvo que se trate de solicitudes de devolución del artículo 27 bis, en cuyo caso se aplicarán las reglas generales de fiscalización; o

c)Realizar una revisión posterior a la devolución, de acuerdo a las normas del Código Tributario.

Con todo, el Servicio podrá utilizar las facultades que le confieren los artículos 8° ter, 8° quáter y 59 bis del Código Tributario, y podrá denegar la devolución en la parte que corresponda a débitos fiscales no enterados efectivamente, sin perjuicio que proceda el crédito fiscal de acuerdo a esta ley.

Artículo 82°.- La devolución o recuperación de los impuestos que procedan, será efectuada por el Servicio de Tesorería, en el plazo máximo de 5 días contados desde la comunicación a que se refiere el inciso siguiente.

Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos deberá comunicar a la brevedad y por medios electrónicos al Servicio de Tesorería las decisiones que adopte respecto de las solicitudes presentadas.

De igual forma, el Servicio de Impuestos Internos deberá comunicarle el inicio de alguna de las actuaciones o acciones a que se refiere el artículo siguiente.

Si, vencido el plazo establecido en el artículo precedente el Servicio de Impuestos Internos no se pronunciare, se entenderá aprobada la solicitud y el Servicio de Tesorería procederá a materializar la devolución con el solo mérito de la solicitud presentada por el contribuyente.

Artículo 83°.- El Servicio de Impuestos Internos podrá disponer una fiscalización especial previa de todo o parte de las operaciones que fundan la solicitud de devolución o recuperación del contribuyente cuyo plazo no será superior a 30 días, en los casos a que se refieren las letras b) y d) del artículo 59 bis del Código Tributario.

Sin perjuicio de lo anterior, para resolver una fiscalización especial previa sobre una petición de devolución a que se refiere el artículo 36, además de las actuaciones establecidas en el artículo 59 del Código Tributario, el Servicio podrá considerar los siguientes elementos:

i.Que el contribuyente se encuentre inconcurrente a una notificación del Servicio, relativa a la fiscalización del impuesto al valor agregado.

ii.Que los débitos fiscales, créditos fiscales o impuestos que se solicita recuperar no guarden relación con la solicitud efectuada.

iii.Que, en base a los antecedentes registrados en el Servicio, existan indicios fundados para estimar que los débitos fiscales, créditos fiscales o impuestos cuya devolución o recuperación se solicita no son reales o efectivos, o que hagan necesario efectuar constataciones previas antes de resolver la solicitud.

iv.Se trate de contribuyentes en contra de los cuales el Servicio hubiere iniciado una investigación administrativa por delito tributario, se hubiere deducido acción penal o notificado denuncio por infracción sancionada con multa y pena corporal.

Dentro del plazo de 5 días establecido en el artículo 81°, el Servicio deberá resolver si someterá la solicitud, total o parcialmente, al presente procedimiento de fiscalización especial previa. La resolución se deberá notificar al contribuyente dentro de décimo día contado desde la fecha de presentación de la solicitud, requiriendo la entrega de los antecedentes que determine como necesarios para la fiscalización, los cuales deberá acompañar en el expediente electrónico que se habilite al efecto, en el plazo de 10 días. Si el contribuyente no aportare los antecedentes requeridos dentro de dicho plazo, la solicitud se tendrá por no presentada.

El Servicio, de acuerdo con los antecedentes y dentro del plazo de 25 días contados desde la fecha en que se entregue la totalidad de los antecedentes requeridos, deberá dictar la respectiva resolución autorizando o denegando, en ambos casos total o parcialmente, la recuperación solicitada o el monto pendiente de devolución y en su caso, emitir una citación del artículo 63 del Código Tributario, liquidar o formular giros.

Artículo 84°.- Lo dispuesto en el presente párrafo es sin perjuicio de las actuaciones de fiscalización que, conforme a sus atribuciones legales, pueda efectuar o deducir el Servicio dentro de los plazos de prescripción.

Artículo 85°.- Salvo disposición en contrario, el contribuyente que perciba una cantidad mayor a la que en derecho corresponda deberá reintegrar la parte indebidamente percibida, reajustada previamente conforme al inciso primero del artículo 53 del Código Tributario, sin perjuicio de los intereses y sanciones respectivos, procediendo el giro inmediato y sin trámite previo, respecto de sumas registradas de los documentos tributarios electrónicos emitidos y recibidos o sumas contabilizadas, como también por las cantidades que hubieren sido devueltas o imputadas y en relación con las cuales se haya interpuesto acción penal por delito tributario.”.

Artículo 4°.–Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Justicia, de 2000:

1.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 1°:

a)Intercálase, en el inciso tercero, entre la palabra “país” y el punto final la siguiente frase: “o con las rentas que rindan aquellos”.

b)Agrégase los siguientes incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, nuevos:

“Para los efectos de la presente ley, se entenderá por donación lo dispuesto en el artículo 1.386 del Código Civil.

El impuesto a las donaciones gravará las donaciones, celebradas en Chile o en el extranjero, cuando el donatario tenga domicilio o residencia en Chile o los bienes donados se encuentren situados o registrados en Chile. Sin perjuicio de lo anterior, no estarán gravadas las donaciones celebradas en Chile, pero destinadas a entidades sin domicilio ni residencia en nuestro país, no relacionadas con el donante, en los términos del número 17 del artículo 8° del Código Tributario.

Si, por aplicación de las reglas anteriores, resulta gravada en Chile una donación celebrada en el extranjero, el donatario podrá utilizar como crédito contra el impuesto a las donaciones que deba pagar en Chile el impuesto que gravó la donación y haya sido pagado en el extranjero. El exceso de crédito contra el impuesto que se deba pagar en Chile no dará derecho a devolución.

Para los efectos de esta ley, se considerarán donaciones aquellos actos o contratos celebrados en el extranjero y que, independientemente de las formalidades o solemnidades exigidas en el respectivo país, cumpla lo dispuesto en el artículo 1.386 del Código Civil. Asimismo, sólo podrán imputarse en Chile como crédito aquellos impuestos pagados en el extranjero que tengan una naturaleza similar al impuesto establecido en esta ley.

El crédito por los impuestos pagados en el extranjero se calculará de acuerdo a la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda extranjera correspondiente. Para efectos de la paridad cambiaria se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo de la letra a) número 7 del artículo 41 A de la ley sobre impuesto a la renta, contenida en el decreto ley 824 de 1974.”.

2.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 2°:

a)Agrégase, en el inciso segundo, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido ,el siguiente párrafo:

“Con todo, si deferida la asignación y pagado efectivamente el impuesto sea dentro del plazo legal o vencido este, fallece el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, el valor equivalente a la parte de los bienes que corresponda a los legitimarios de estos últimos y que se afecta con el impuesto establecido en esta ley, estará exento del mismo respecto de quienes sean legitimarios tanto del primer causante como del cónyuge o conviviente civil sobreviviente.”.

b)Agrégase el siguiente inciso final:

“Una vez determinado el impuesto a pagar por aplicación de las reglas generales, los asignatarios o donatarios que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad tendrán derecho a una rebaja del 30% del monto del impuesto determinado, con un tope anual de 8.000 unidades de fomento.”.

3.Agrégase, en el artículo 8°, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“En caso de fallar la condición y se consolide la propiedad en el patrimonio del propietario fiduciario, este deberá sumar su valor y pagar el impuesto sobre el total de la cosa, a la fecha de la consolidación, con deducción de la suma o sumas de impuestos ya pagadas.

Por el contrario, si se cumple la condición y se verifica la restitución a favor del fideicomisario, este deberá pagar el impuesto por el total del valor líquido de la cosa a la fecha de la apertura de la sucesión, con deducción de la suma o sumas ya pagadas por concepto de impuestos.

Para los efectos de este artículo, la suma o sumas pagadas por concepto de impuesto en la constitución del fideicomiso serán convertidas a unidades tributarias mensuales a la fecha del referido pago y se imputarán contra el impuesto que se determine con motivo de consolidarse la propiedad o cumplirse la condición, según corresponda. Asimismo, el impuesto deberá pagarse dentro del plazo establecido en el artículo 50, contado desde que se consolide la propiedad o se cumpla la condición.”.

4.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 18:

a)Agrégase el siguiente número 8°, nuevo:

“8.° Las donaciones que realicen las personas naturales con recursos que han cumplido su tributación conforme a la ley sobre impuesto a la renta y destinadas a cualquier fin, hasta el 20% de su renta neta global a que se refiere el artículo 54 de la ley sobre impuesto a la renta, o de las rentas del artículo 42 N° 1, en el caso de los contribuyentes del impuesto único de segunda categoría, correspondiente al año anterior a la donación. Para tales efectos, dentro de la base podrán considerar los ingresos no renta obtenidos el año comercial anterior sin perjuicio que el monto anual de esta exención no podrá superar el equivalente a 500 unidades tributables mensuales determinadas al término del ejercicio comercial. En caso que estas donaciones se efectúen a los legitimarios en uno o varios ejercicios comerciales, todas las donaciones se acumularán en los términos del artículo 23 hasta por un lapso de 10 años comerciales, para cuyo efecto el legitimario deberá informar las donaciones conforme al siguiente inciso.

Para acceder a esta exención, las donaciones deberán ser informadas por los donatarios, por medios electrónicos, en la forma que determine el Servicio mediante resolución dentro de los dos meses siguiente al 31 de diciembre de cada año, respecto de las donaciones efectuadas en el respectivo ejercicio. El incumplimiento de este requisito de información dentro del plazo señalado hará inaplicable la exención, procediendo el pago de los impuestos que correspondan.”.

b)Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“A falta de regla especial, las asignaciones y donaciones de que tratan los números 1, 2, 3, 6 y 8 de este artículo estarán liberadas del trámite de la insinuación. Asimismo, estarán liberadas del trámite de insinuación las donaciones efectuadas por sociedades anónimas abiertas, siempre que sean acordadas en junta de accionistas y se efectúen a entidades no relacionadas conforme al número 17 del artículo 8° del Código Tributario.”.

5.Agrégase, en el artículo 29, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo:

“Las notarías deberán enviar electrónicamente dicha información. El envío de la información fuera de plazo será sancionado con la multa dispuesta en el artículo 70 de esta ley.”.

6.Reemplázasela letra a) del artículo 38 por la siguiente:

“a) Remitir anualmente, por medios electrónicos, información relativa a las cajas de seguridad, sea que las tenga arrendadas en Chile o en sus oficinas o sucursales en el extranjero, indicando en ella el número de la caja, rol único tributario, nombre y apellido o razón social del arrendatario.”.

7.Introdúcense las siguientes modificaciones, al artículo 46 bis:

a)Reemplázase el párrafo que sigue a continuación del punto seguido, por el siguiente:

“Para la determinación del valor corriente en plaza, serán aplicables las reglas de valorización establecidas en el artículo 64 del Código Tributario.”.

b)Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En los casos en que los bienes se valoricen conforme con este artículo, el Servicio deberá proceder al giro inmediato del impuesto, con el sólo mérito de los antecedentes aportados en la declaración del mismo.”.

8.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 50:

a)Agrégase, en el inciso primero, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido,el siguiente párrafo:

“Para estos efectos, presentada la declaración del impuesto, y con el sólo mérito de los antecedentes presentados, el Servicio deberá proceder al giro inmediato del mismo, sin perjuicio de ejercer posteriormente sus facultades de fiscalización. En el caso del giro inmediato a que se refiere el artículo 46 bis, y dentro de los sesenta días siguientes de presentada la declaración, el Servicio podrá citar al contribuyente para ejercer la facultad establecida en el artículo 64 del Código Tributario, pudiendo liquidar y girar las diferencias que determine.”.

b)Agrégase, en el inciso segundo, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido,el siguiente párrafo:

“Con todo, el pago del impuesto podrá diferirse en cuotas anuales pagaderas en tres años. Para tal efecto, los contribuyentes deberán, dentro del plazo señalado en el inciso primero de este artículo, presentar la solicitud de diferimiento del pago ante el Servicio, en cuyo caso se deberá aplicar el reajuste establecido en el inciso primero del artículo 53 del Código Tributario y el interés mensual del contemplado en el inciso tercero de dicho artículo sobre el monto reajustado. Las cuotas se contarán por años completos y a contar del año inmediatamente siguiente al vencimiento del plazo establecido en el inciso primero. El contribuyente que solicite esta modalidad no podrá solicitar la condonación de los intereses. Cada cuota de impuesto deberá pagarse, por cada asignatario, hasta el 31 de diciembre de cada año calendario, correspondiendo la primera cuota al año en que se resuelve la solicitud. Si uno o más herederos no paga cualquiera de las anualidades dentro de la fecha indicada, el o los herederos que no pagaron las anualidades señaladas deberán pagar el impuesto insoluto hasta el 30 de marzo del año calendario siguiente al incumplimiento.”.

c)Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En caso de cesión del derecho real de herencia, el cesionario será responsable, conforme a las reglas generales, por la declaración y pago del impuesto de no haberse efectuado previamente por el cedente.”.

9.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 52:

a)Intercálase, a continuación del segundo punto seguido (“.”),el siguiente párrafo:

“Para estos efectos, presentado el escrito sobre autorización judicial de una donación que deba insinuarse, el donatario podrá presentar su declaración de impuesto, debiendo el Servicio proceder al giro inmediato del mismo.”.

b)Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En caso que el donatario pague el impuesto y, en definitiva, el juez no autorice la donación, o autorizada la misma no se realice, el donatario podrá solicitar su restitución conforme lo dispuesto en el artículo 126 del Código Tributario.”

10.Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 55, la frase “una copia autorizada de ella en papel simple, la cual tendrá el valor de primera copia para todos los efectos legales” por la siguiente frase: “de manera electrónica los datos que este señale mediante resolución”.

11.Agrégase, en el inciso primero del artículo 60, a continuación del actual punto final (“.”), que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo:

“El Servicio pondrá a disposición de los contribuyentes los medios tecnológicos necesarios a fin que declaren y paguen los impuestos establecidos en esta ley, así como para cumplir las diversas obligaciones de informar. Al efecto, se habilitará una carpeta tributaria electrónica en el sitio personal del contribuyente.”.

12.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 64:

a)Intercálase, en el inciso primero, entre las expresiones “número 4°” y “del”, la expresión “del inciso primero”.

b)Sustitúyase, en el inciso tercero, las palabras “las investigaciones” por “la recopilación de antecedentes”.

Artículo 5°.-Incorpórase, en el inciso primero del artículo 10 de la ley N° 19.885, que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos, a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”),el siguiente párrafo final, nuevo:

“No obstante lo señalado en el párrafo anterior, en el caso en que los donantes indicados en el referido párrafo se encuentren en situación de pérdida tributaria, podrán considerar adicionalmente como límite global absoluto, el equivalente al 3,2 por mil de su capital propio tributario, o el 1,6 por mil del capital efectivo, sólo para los fines de rebajar como gasto tributario tales donaciones, en los términos dispuestos en el número 7, del artículo 31 de la Ley de la Renta.”.

Artículo 6°.-Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso primero del artículo 21 del decreto ley N° 910 de 1975, del Ministerio de Hacienda:

1.Intercálase, a continuación de la coma que sigue a la frase “2.000 unidades de fomento” y la preposición “con” que le sigue, la siguiente frase: “y el 0,45 respecto de aquellos, cuyo valor exceda de 2.000 y no supere las 4.000 unidades de fomento, en ambos casos,”.

2.Intercálase, entre la frase “por administración,” y la preposición “con” que le sigue, la siguiente frase: “en los mismos factores y”.

3.Reemplázase, la frase “que se encuentren exentas” por la siguiente frase: “y los contratos generales de construcción de viviendas que se encuentren exentos”.

4.Intercálase, en la parte final, entre las expresiones “valor de la venta” y “y se deducirá”, la expresión “una vez descontado el terreno, o del contrato,”.

Artículo 7°.-Elimínase el artículo duodécimo transitorio de la ley N° 20.780, de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario.

Artículo 8°.-Elimínase la ley N° 18.320, que establece normas que incentivan el cumplimiento tributario.

Artículo 9°.-Agrégase los siguientes incisos cuarto y final, nuevos, en el artículo 13 de la ley N° 20.544, que regula tratamiento tributario de los instrumentos derivados:

“No se aplicarán las sanciones establecidas en los incisos precedentes, y en consecuencia podrán deducirse las pérdidas y gastos asociados a la operación de derivados, en aquellos casos en que las declaraciones no hayan sido presentadas oportunamente o estas contengan información errónea o incompleta, siempre que los contribuyentes presenten oportunamente una o más declaraciones rectificatorias, en la forma, plazo y de acuerdo a los antecedentes que establezca el Servicio de Impuestos Internos por resolución exenta.

Con todo, en el caso de operaciones de derivados que no sean efectuadas a través de intermediarios autorizados, entendiéndose por tales a los Bancos, a las instituciones financieras u otros entes sometidos a la fiscalización de una Superintendencia de Bancos o a alguna de las entidades mencionadas en la letra a) del N°2 del artículo 6° de la Ley 20.544, sólo podrán deducirse las pérdidas y gastos asociados a la operación de derivados, si dicha operación cuenta con fecha cierta por alguno de los mecanismos que establece la ley.”.

Artículo 10°.-Elimínase, en el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N°2.398, de 1978, del Ministerio de Hacienda, que establece normar complementarias de administración financiera y de incidencia presupuestaria, modificado por el número 2, del artículo 17 de la Ley número 20.780 de 2014, de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario, la siguiente frase: ", así como las rentas o cantidades que se le atribuyan a”.

Artículo 11.-Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso tercero del artículo 2° de la ley N° 19.149, que establece el régimen preferencial aduanero y tributario para las comunas de Porvenir y Primavera de la provincia de Tierra del Fuego, de la XII región de Magallanes y de la Antártica Chilena, modifica el decreto supremo N° 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda, y otros cuerpos legales; modificado por el N° 4, del artículo 17 de la Ley N° 20.780 de 2014 y por la letra c), del N° 4, del artículo 8° de la Ley N° 20.899:

a)Sustitúyase la frase “, distribuyan o se les atribuyan” por “o distribuyan”.

b)Elimínase la expresión “14 ter”.

Artículo 12.-Incorpóranse las siguientes modificaciones al inciso tercero del artículo 2° de la ley N° 18.392, que establece un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, modificado por el número 5, del artículo 17 de la ley N° 20.780 de 2014, de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario:

a)Sustitúyase la frase “, distribuyan o se les atribuyan” por “o distribuyan”;

b)Elimínase la expresión “14 ter”.

Artículo 13.-Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 23 del decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda, sobre Zonas Francas, cuyo texto, refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el decreto con fuerza de ley N°2, de 2001, del Ministerio de Hacienda, modificado por el número 6, del artículo 17 de la ley N° 20.780 de 2014, de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario, y por la letra d), del número 4, del artículo 8° de la ley N° 20.899, que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, la frase completa a continuación del punto seguido (“.”), por la siguiente:

“No obstante la referida exención, los contribuyentes propietarios estarán afectos a impuesto global complementario o adicional por las rentas que retiren, les remesen o distribuyan en conformidad a los artículos 14; 17, número 7; 38 bis, 54, 58, 60 y 62 de la ley sobre impuesto a la renta y tendrán derecho a usar en la determinación de dichos impuestos, el 50% del crédito establecido en el número 3 del artículo 56 o del 63 de la misma ley, considerándose para ese sólo efecto que las referidas rentas han estado afectadas por el impuesto de primera categoría.”.

Artículo 14.-Reemplázase el inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 19.709, que establece régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería en la comuna de Tocopilla en la II región, modificado por el número 7, del artículo 17 de la ley N° 20.780 de 2014, de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario, y por la letra e), del número 4, del artículo 8° de la ley N° 20.899, que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, por el siguiente: "No obstante la referida exención, los contribuyentes propietarios estarán afectos a impuesto global complementario o adicional por las rentas que retiren, les remesen o distribuyan en conformidad a los artículos 14; 17, número 7; 38 bis, 54, 58, 60 y 62 de la ley sobre impuesto a la renta y tendrán derecho a usar en la determinación de dichos impuestos, el 50% del crédito establecido en el número 3 del artículo 56 o del 63 de la misma ley, considerándose para ese sólo efecto que las referidas rentas han estado afectadas por el impuesto de primera categoría.”.

Artículo 15.-Establécese, a beneficio fiscal, un impuesto específico, indirecto y sustitutivo de cualquier otro impuesto, a los servicios digitales prestados por personas o entidades domiciliadas o residentes en el extranjero, independiente del lugar en que se encuentre el servidor o la plataforma tecnológica que los soporten, y en la medida que dichos servicios sean utilizados en Chile por usuarios personas naturales.

Para los efectos de este impuesto específico, se entenderán por servicios digitales, cualquiera sea la denominación que le atribuyan las partes, los siguientes:

a)Los servicios remunerados de intermediación digital entre prestadores de cualquier clase de servicios y usuarios de los mismos que permitan concluir las respectivas transacciones por medios electrónicos, sea que la prestación de los servicios, objeto de la intermediación digital se lleve a cabo por medios tradicionales o electrónicos.

b)Los servicios remunerados de entretenimiento de contenido digital, como imágenes, películas, series, videos, música, juegos y cualquier otro servicio de entretenimiento digital, a través de descarga, streaming u otra tecnología.

c)Los servicios remunerados de publicidad en el exterior y de uso y suscripción de plataformas de servicios tecnológicos de internet.

d)Los servicios remunerados de almacenamiento de datos cualquiera sea su opción de operación tecnológica, tales como servicios de nube o software como servicios.

Este impuesto específico se aplicará independiente del dispositivo tecnológico utilizado para conectarse a Internet o a cualquier adaptación o aplicación de protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet u otra red.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que los servicios digitales se utilizan por usuarios personas naturales en Chile cuando los emisores de los medios de pago electrónicos utilizados, sean personas o entidades con domicilio o residencia en Chile, o agencias en Chile de dichas entidades.

Tratándose de servicios remunerados de intermediación digital, este impuesto específico se aplicará sin perjuicio de los demás impuestos que resulten aplicable a los contribuyentes cuyos servicios sean intermediados.

El impuesto específico establecido en este artículo no afecta la tributación de los servicios digitales que no queden afectos al mismo, los cuales tributarán con los impuestos que correspondan conforme a las reglas generales.

Este impuesto específico se determinará, recaudará y pagará conforme a las siguientes reglas:

1.Contribuyentes del impuesto específico.

Son contribuyentes de este impuesto las personas o entidades domiciliadas o residentes en el extranjero que presten los servicios digitales de que trata este artículo.

2.Tasa y base imponible.

La tasa de este impuesto específico será de 10% aplicada sobre el valor pagado por los usuarios, sin deducción alguna, a las personas o entidades domiciliadas o residentes en el extranjero que presten los servicios digitales de que trata este artículo.

En caso que los usuarios paguen los servicios digitales a través de medios de pago electrónicos, este impuesto específico será retenido, declarado y enterado conforme a los números 3 y siguientes.

En caso que los usuarios paguen los servicios digitales con dinero en efectivo, el Servicio de Impuestos Internos podrá girar y exigir el pago de este impuesto específico al contribuyente que establece el número 1 anterior, conforme a lo dispuesto en el párrafo final del número 6, siguiente.

3. Agentes retenedores y deber de retención.

Serán agentes retenedores de este impuesto específico los emisores de los medios de pago electrónicos utilizados por los usuarios de los servicios digitales de que trata este artículo, quienes deberán retener en su totalidad el impuesto respecto de las cantidades pagadas por los usuarios. La obligación de retención nacerá en la fecha que el usuario pague los servicios digitales a través del respectivo medio de pago electrónico.

El impuesto deberá ser declarado y enterado en arcas fiscales por los agentes retenedores dentro de los doce primeros días del mes siguiente a aquel en que deban retenerse los impuestos conforme al inciso anterior.

La responsabilidad por el pago del impuesto sujeto a retención en conformidad a las reglas anteriores recaerá únicamente sobre las personas o entidades obligadas a efectuar la retención, siempre que el contribuyente a quien se le haya debido retener el impuesto acredite que dicha retención se efectuó. Si no se efectúa la retención, la responsabilidad por el pago de este impuesto recaerá igualmente sobre los agentes retenedores, sin perjuicio que el Servicio de Impuestos Internos pueda girar el impuesto al contribuyente de este impuesto específico.

La infracción a lo dispuesto en los incisos anteriores hará incurrir a los agentes retenedores en los reajustes, intereses y multas establecidos en los artículos 53 y 97 números 2 u 11, ambos del Código Tributario. Con todo, cuando las diferencias no sean imputables al agente retenedor, el Servicio de Impuestos Internos deberá condonar el 100% de los intereses y multas.

4.Nómina de agentes retenedores.

El Servicio de Impuestos Internos confeccionará fundadamente una nómina que contenga información de los agentes retenedores obligados a retener, declarar y enterar en arcas fiscales el impuesto específico de que trata este artículo.

La nómina será publicada en el sitio web del Servicio y será actualizada cada vez que se incorpore información de un nuevo agente retenedor a la misma.

Los agentes retenedores señalados en el número 3 anterior, que no fueren incluidos en la referida nómina, debiendo serlo, deberán comunicar dicha situación al Servicio de Impuestos Internos, para efectos de su inclusión, en la forma y plazo que este establezca mediante resolución. El hecho de no informar o hacerlo con retardo no los eximirá de la obligación de retener, declarar y pagar el presente impuesto.

La referida resolución, también regulará la situación de aquellos agentes retenedores que dejen de contar con tal calidad, para efectos de su exclusión de la nómina de que trata este numeral.

5.Nómina de prestadores de servicios digitales.

Sobre la base de la información indicada en el párrafo primero del número 6 siguiente, el Servicio de Impuestos Internos confeccionará una nómina de los prestadores de servicios digitales gravados con este impuesto específico y respecto de los cuales los agentes retenedores estarán obligados a retener, declarar y enterar en arcas fiscales este impuesto.

Los prestadores de servicios digitales gravados con este impuesto y que no se encuentren en la nómina anterior tendrán la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos de esta situación. El hecho de no informar o hacerlo con retardo no los eximirá del impuesto específico que deban soportar conforme a este artículo.

La nómina será publicada en el sitio web del Servicio y será actualizada periódicamente. Esta nómina deberá ser comunicada a los agentes retenedores dentro del plazo de 5 días contado desde la fecha de la publicación o actualización de la misma.

Los prestadores de servicios digitales podrán proveer de información al Servicio de Impuestos Internos, en la forma que este determine mediante resolución, para efectos que este pueda incluir información adicional en la nómina de prestadores de servicios digitales, de manera de identificar los pagos que deban ser objeto de retención de aquellos que no correspondan a servicios digitales, en su caso.

6.Deberes de información.

Sin perjuicio de las obligaciones que les corresponden a los agentes retenedores conforme a los números precedentes, estos deberán cumplir, además, en la forma y plazo que el Servicio de Impuestos Internos establezca mediante resolución, con los siguientes deberes de información:

Comunicar al Servicio los antecedentes que posean respecto a la identificación de los prestadores de servicios digitales gravados con el impuesto específico de que trata este artículo.

Comunicar al Servicio los antecedentes que posean respecto a las cantidades que los contribuyentes de este impuesto, o quienes les presten o administren servicios de pagos o remesas, paguen o pongan a disposición de las personas que prestan en Chile los servicios intermediados.

En caso que los servicios digitales prestados por personas o entidades domiciliadas o residentes en el extranjero conforme al inciso primero de este artículo sean pagados, total o parcialmente, con dinero en efectivo por los usuarios de los mismos, los contribuyentes de este impuesto deberán informar de estas operaciones al Servicio, y declarar y pagar el impuesto que corresponda a los pagos recibidos en dinero en efectivo, en la forma y plazo que el Servicio establezca mediante resolución.

Artículo 16.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 8° de la ley número 20.780:

1.Reemplázase el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 8°.- Establécese un impuesto anual a beneficio fiscal que gravará las emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2), producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado, o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2).”.

2.En el inciso segundo, reemplázase la parte final que sigue a las palabras “haciendo uso”, por la siguiente frase: “de las señaladas fuentes fijas, generen emisiones de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) o dióxido de carbono (CO2).”.

3.En el inciso quinto, incorpórase a continuación de la expresión “zona latente” y antes de los dos puntos “:” la expresión “por concentración del respectivo contaminante”.

4.En el inciso séptimo, a continuación de la tabla agrégase la siguiente frase final que formará parte del inciso séptimo:

“El CSCpci de cada contaminante local será revisado cada diez (10) años por el Ministerio del Medio Ambiente.”.

5.En el inciso noveno, a continuación del punto final (“.”), agrégase lo siguiente: “La utilización de aditivos en la combustión de biomasa no altera la referida liberación.”.

6.Reemplázase el inciso onceavo por el siguiente:

“El Ministerio del Medio Ambiente publicará anualmente un listado de los establecimientos que deberán reportar de manera obligatoria sus emisiones durante el año calendario correspondiente, de conformidad con lo establecido en el reglamento, luego de lo cual publicará un listado de quienes se encuentren en la situación del inciso primero de este artículo, previa verificación de los reportes de emisiones de cada establecimiento. Asimismo, publicará anualmente el listado de las comunas que han sido declaradas como saturadas o latentes para efectos de este impuesto.”.

7.En el inciso decimotercero, reemplázase la expresión “afectos y,” por la expresión “que deban reportar sus emisiones y”.

8.En el actual inciso decimoctavo, incorpórase el siguiente párrafo a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”): “Del giro podrá reclamarse ante el Tribunal Ambiental correspondiente al domicilio de la fuente emisora, conforme las reglas generales.”

9.En el inciso decimonoveno, reemplázase las expresiones “Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) respectivo” y “CDEC respectivo” por “Coordinador Eléctrico Nacional”.

10.Agréganse los siguientes incisos finales nuevos:

“Los contribuyentes afectos al impuesto establecido en el presente artículo respecto al CO2, podrán compensar sus emisiones de CO2 gravadas, a través de la implementación de proyectos de reducción de emisiones de CO2 desarrollados a nivel nacional bajo los estándares y modalidades de participación establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente mediante resolución exenta. Para efectos de la compensación, los proyectos de reducción de emisiones de CO2 deberán ser certificados por un auditor externo autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente, según los procedimientos y metodologías que ésta estime.

Asimismo, la Superintendencia del Medio Ambiente deberá tener un registro de auditores externos autorizados, debidamente capacitados, para validar las reducciones de emisiones de CO2. La determinación de los requerimientos mínimos que deberán cumplir dichos auditores para ser parte del registro y sus atribuciones serán determinadas por medio de un reglamento elaborado por dicha entidad.

La Superintendencia precitada deberá llevar un registro público y único de los traspasos, compras y valores de los certificados de reducción de emisiones de CO2 de cada contribuyente.

La Superintendencia del Medio Ambiente, realizará la contabilidad previa de cada contribuyente, de manera de hacer envío del balance asociado a las emisiones de CO2, debiendo remitir dicha información al Servicio de Impuesto Internos, quien realizará el respectivo cálculo del gravamen.”.

Artículo 17.-Suprímase, en el inciso primero del artículo 171, del decreto con fuerza de ley N°1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, lo dispuesto a continuación del actual punto seguido (“.”), que pasa a ser final (“.”).

Artículo 18.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.712, ley de administración de fondos de terceros y carteras individuales:

1.Reemplázase, en el inciso final del artículo 80, la expresión “los artículos” por “el artículo” y elimínese la frase “y 18, inciso final”.

2.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 81:

a)Reemplázase, en el número 2), lo siguiente:

i.En el encabezado, la letra “B)”, por la letra “A)”.

ii.En la letra c), en el segundo párrafo, la letra “B)”, por la letra “A)”.

iii.En la letra c), en el tercer párrafo, la expresión “los artículos 41 A y 41 C”, por la frase “el artículo 41 A”, y reemplázase la letra “B)”, la segunda vez que aparece, por la letra “A)”.

b)Reemplázase, en el último párrafo del número 3), el guarismo “3” por “4”.

c)Reemplázase, en el primer inciso del número 7), la frase “los artículos 17, número 8, inciso cuarto, de la ley sobre Impuesto a la Renta y” por “el artículo”.

3.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 82:

a)Reemplázase, en el inciso segundo, la letra “B)”, por la letra “A)”.

b)Sustitúyase, en la letra b) de la letra A), la letra “B)”, por la letra “A)”.

c)Reemplázase, en el literal i) de la letra B), la letra “B)”, por la letra “A”.

4.Reemplázase, en el artículo 86, en el segundo párrafo de la letra A), la letra “B)”, por la letra “A”.

Artículo 19.-Elimínase el artículo 145-L del Código del Trabajo.

Artículo 20.-Toda referencia efectuada en la ley al derogado artículo 41 D del decreto ley N° 824, del Ministerio de Hacienda de 1974, que aprueba texto que indica la ley sobre impuesto a la renta, o al listado de países contemplado en dicha norma, debe entenderse efectuada al artículo 41 H de la misma ley.

Artículo 21.-Modifícase el artículo segundo de las disposiciones transitorias de la ley N° 21.047, que incorpora diversas medidas de índole tributaria:

a)Reemplázase el inciso primero del número 1. por el siguiente:

“1. Las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas cerradas acogidas a las disposiciones del artículo 41 D de la ley sobre impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2021, se deberán incorporar al régimen general de impuesto de primera categoría establecido en la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, contenida en el artículo 1 del decreto ley 824, de 1974, a partir del año comercial 2022.”.

b)Reemplázase, en el número 3. y en el número 5, la expresión “letra B” por “letra A”

c)Elimínese el número 8.

Artículo 22.–Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 7, del Ministerio de Hacienda, de 1980, que fija texto de la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos y adecua disposiciones legales que señala:

1.Agrégase, en el artículo 4° bis, el siguiente inciso final, nuevo:

“El Servicio mantendrá una carpeta electrónica por cada contribuyente, en la cual registrará los datos y antecedentes correspondientes a su inicio de actividades y actualización de información a que se refiere el artículo 68 del Código Tributario y término de giro a que se refiere el artículo 69 del mismo cuerpo legal. Al contenido de esta carpeta podrán acceder los funcionarios del Servicio y el contribuyente.”.

2.Agrégase, en el artículo 46, el siguiente inciso final, nuevo:

“Los abogados que asuman la representación del Servicio ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros en las reclamaciones, podrán asistir a las audiencias que se citen conforme al artículo 132 bis del Código Tributario, para los fines a que se refiere dicha disposición.”.

3.Agrégase el siguiente artículo 50 bis, nuevo:

“Artículo 50 bis. - El Servicio podrá enviar las cartas certificadas a que se refiere el artículo 11 del Código Tributario a través de Correos de Chile o a través de empresas de correos privadas.”.

Artículo 23.-Se crea la Defensoría del Contribuyente bajo el siguiente articulado:

Título I

“Naturaleza, objeto, patrimonio y domicilio”

Artículo 1. – Créase la Defensoría del Contribuyente en materias de tributación fiscal interna, en adelante también la “DEDECON” o la “Defensoría”, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de otros domicilios que pueda establecer en el país.

Artículo 2.- El patrimonio de la Defensoría estará compuesto por:

a)Los aportes que anualmente se le asignen de acuerdo con la Ley de Presupuestos del Sector Público;

b)Los recursos otorgados por leyes especiales;

c)Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título;

d)Los aportes de cooperación internacional que reciba a cualquier título;

e)Las costas judiciales y demás sumas que se otorguen en favor de los contribuyentes en los procesos en que sean representados por la Defensoría;

f)Los ingresos que reciba por convenios de investigación, asesoría o de otra naturaleza que celebren con universidades y otras entidades docentes o de investigación públicas o privadas nacionales;

g)El producto de la venta de bienes que administre y otros ingresos propios que perciba en el ejercicio de sus funciones;

h)Las donaciones que reciba, así como las herencias o legados que acepte. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil y del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones establecido en la ley N°16.271;

i)Los demás ingresos y recursos que determinen las leyes.

La Defensoría estará sujeto a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, orgánico de Administración Financiera del Estado, y a sus disposiciones complementarias.

Artículo 3.- La Defensoría tendrá por objeto velar por la protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes, en especial de los más vulnerables, en materias que sean de competencia del Servicio de Impuestos Internos, todo ello mediante el ejercicio de las atribuciones que le corresponden en conformidad con la ley.

La Defensoría deberá observar en el ejercicio de sus funciones los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio, control, probidad, transparencia y publicidad administrativa.

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, le corresponderán a la Defensoría las siguientes funciones y atribuciones:

a)Velar por la protección de los derechos constitucionales y legales de los contribuyentes, por la observancia del principio de legalidad de los actos del Servicio de Impuestos Internos emitidos o realizados en ejercicio de sus funciones y, en general, asegurar el respeto del estado de derecho por parte de la Administración en materias de tributación fiscal interna. Sin perjuicio de lo anterior, en el ejercicio de sus funciones, la Defensoría deberá promover el cumplimiento íntegro por parte de los contribuyentes de las obligaciones administrativas y tributarias que les correspondan en conformidad con la normativa legal vigente.

b)Orientar en las materias de su competencia a los contribuyentes que lo soliciten, en especial sobre las que digan relación con la potencial vulneración de sus derechos como contribuyentes; sobre los recursos disponibles en materia de tributación fiscal interna; sobre los posibles cursos de acción y medidas para cumplir con los requerimientos que impone el Servicio de Impuestos Internos. En ningún caso, la DEDECON prestará asesorías remuneradas a los contribuyentes sobre ninguna clase de materias ni podrán los contribuyentes entender que las orientaciones constituyen una asesoría legal, contable o jurídica exigible contractualmente.

c)Conocer las quejas de los contribuyentes afectados por actos u omisiones del Servicio de Impuestos Internos que puedan significar una limitación, vulneración o transgresión de los derechos de los contribuyentes, garantizados a nivel constitucional o legal ocurridas en el marco de procesos de revisión, fiscalización, tramitación de recursos, así como también aquellos que signifiquen una limitación en el ejercicio de actividades económicas tales como la restricción a la emisión de documentos, presentación de declaraciones de impuesto, rectificaciones u otras similares.

d)Proponer al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, a los Directores Regionales de dicho Servicio o al Director de Grandes Contribuyentes, cuando corresponda, las medidas necesarias que deberían ser adoptadas por un funcionario o autoridad administrativa para la protección de los derechos de los contribuyentes y la observancia de la ley.

e)Emitir, cuando corresponda, recomendaciones públicas no vinculantes respecto de los actos de la autoridad administrativa que vulneran los derechos del contribuyente o sean contrarios a la ley.

f)Disponer, cuando corresponda, la realización de acciones investigativas destinadas a verificar que los actos de la autoridad tributaria se ajusten a derecho, actuando de manera coordinada con el Servicio de Impuestos Internos, entidad que deberá tomar las medidas necesarias para la debida coordinación.

g)Denunciar a las autoridades competentes los hechos de que hubiere tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan dar lugar a responsabilidad penal, civil o administrativa por actos realizados por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.

h)Actuar como tercero en los procedimientos de mediación entre contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos, fomentando la aproximación de las partes y cooperando para que ellas logren un acuerdo sobre las pretensiones sostenidas por cada uno de ellos.

i)Conocer de las consultas dentro del ámbito de su competencia de los contribuyentes y emitir las opiniones que correspondan.

j)Realizar o encomendar la realización de estudios que identifiquen problemas de carácter general que afecten a la generalidad de contribuyentes o a un sector o grupo de ellos, y proponer al Servicio de Impuestos Internos medidas para su solución.

k)Proponer al Ministerio de Hacienda y al Congreso Nacional modificaciones a la normativa tributaria fiscal interna con el objeto de promover el debido cumplimiento de las leyes y proteger los derechos del contribuyente.

l)Proponer modificaciones, o representar la ilegalidad, los errores, las interpretaciones contrarias a la ley o las que exceden del marco legal a las instrucciones internas, incluyendo circulares, resoluciones y oficios del Servicio de Impuestos Internos cuando detecte prácticas que vulneren los derechos o la seguridad jurídica de los contribuyentes.

m)Solicitar la emisión al Servicio de Impuestos Internos de pronunciamientos tributarios sobre materias de interés público, en que la normativa legal no sea clara.

n)Emitir interpretaciones y opiniones técnicas respecto de la normativa tributaria interna previa solicitud del Servicio de Impuestos Internos o del Ministerio de Hacienda.

o)Citar y sostener reuniones periódicas con el Servicio de Impuestos Internos para efectos de promover la cooperación entre ambas instituciones; analizar problemas y situaciones que afecten los derechos de los contribuyentes o la legalidad vigente; realizar sugerencias respecto de las actuaciones de la autoridad y advertir o prevenir respecto de ciertos actos, programas o criterios que puedan constituir una vulneración de los derechos de los contribuyentes a efectos que la autoridad tome las medidas correspondientes.

p)Requerir al Servicio de Impuestos Internos para que señale cuál será la interpretación administrativa vigente ante la existencia de dos o más oficios contradictorios sobre una materia.

q)Promover el estudio, la enseñanza y difusión de la normativa tributaria, en especial las materias relativas a las garantías constitucionales y legales de los contribuyentes, las facultades y atribuciones de las autoridades administrativas, los recursos y procedimientos disponibles para reclamar los actos que vulneren los derechos de los contribuyentes.

r)Adoptar todas las medidas de publicidad necesarias con el objeto de informar a los contribuyentes respecto de sus derechos constitucionales y legales.

s)Fomentar y difundir el cumplimiento tributario, el pago de los impuestos, la presentación de declaraciones y, en general, la observancia de toda clase de obligaciones legales y administrativas que se apliquen a los contribuyentes. Para dichos efectos, la Defensoría podrá ejercer todas las acciones de difusión que estime pertinentes para promover una cultura contributiva basada en el cumplimiento tributario y el respeto de los derechos de los contribuyentes.

t)Las demás funciones y atribuciones que las leyes señalen.

Título II

“Organización de la Defensoría”

Párrafo I: De la Dirección y Administración Superior

Artículo 5.- La dirección y administración superior de la Defensoría corresponderá al Defensor Nacional del Contribuyente, en adelante el “Defensor”. La Defensoría, asimismo, contará con un Subdirector, que subrogará al Defensor y cumplirá las tareas que este le delegue, y con un Consejo de Defensoría del Contribuyente.

Párrafo II: Del Defensor Nacional del Contribuyente

Artículo 6.- El Defensor será nombrado por el Presidente de la República de acuerdo al procedimiento establecido en el título VI de la ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente de la Republica podrá nombrar mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda al primer Defensor, sujeto al cumplimiento de los requisitos generales para formar parte de la administración del Estado establecidos en la ley N° 18.575 y aquellos dispuestos en la presente ley.

El nombramiento del Defensor durará 4 años, pudiendo ser renovado por una sola vez en su cargo.

Artículo 7.- El Defensor deberá poseer el título de abogado, y contar con reconocida y vasta experiencia académica o laboral en materias de derecho tributario.

Artículo 8.-Corresponderá al Defensor:

a)Dirigir, coordinar, organizar, planificar, administrar y supervigilar el funcionamiento de la Defensoría, velando por el correcto cumplimiento de sus funciones;

b)Ejercer las facultades y realizar todas las acciones que estime necesarias con el fin de velar por la debida protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes;

c)Representar judicial y extrajudicialmente a la Defensoría;

d)Dictar las resoluciones de carácter general, las políticas, planes y programas que estime convenientes para el adecuado cumplimiento de las funciones de la Defensoría, previa opinión del Consejo;

e)Dictar las resoluciones de carácter general sobre la organización interna de la Defensoría, las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades, como asimismo el personal que se asigne a tales unidades, previa opinión del Consejo;

f)Establecer el calendario de reuniones ordinarias del Consejo, previa opinión de este;

g)Delegar en los demás funcionarios de la Defensoría el ejercicio de sus facultades, actuando “por orden del Defensor”;

h)Nombrar y remover a los funcionarios de la Defensoría personal del Servicio, de conformidad a esta ley y a las normas estatutarias;

i)Administrar el patrimonio de la Defensoría y celebrar los actos o contratos que considere necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines;

j)Celebrar convenios con otras entidades públicas o universidades, en materias de cooperación recíproca y promoción de las leyes y de los derechos de los contribuyentes;

k)Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas para la prestación de servicios necesarios para el cumplimiento de los fines de la Defensoría;

l)Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo;

m)Proponer el proyecto de presupuesto anual de la Defensoría;

n)Las demás atribuciones que las leyes señalen.

Párrafo III: Del Subdirector

Artículo 9.- El Subdirector será el encargado de asesorar y apoyar al Defensor en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 10.- El Subdirector subrogará, por el solo ministerio de la ley, al Defensor cuando éste no pueda ejercer su cargo por cualquier motivo.

Artículo 11.- El Subdirector será nombrado por el Defensor de acuerdo al procedimiento establecido en el título VI de la ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos. El nombramiento del Subdirector durará 4 años, pudiendo ser renovado por una sola vez en su cargo.

Artículo 12.- El Subdirector deberá ser un profesional con título de abogado, contador auditor o ingeniero, y poseer reconocida y vasta experiencia académica o laboral en materias de derecho tributario.

Artículo 13.- En el ejercicio de su cargo el Subdirector tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

a)Dirigir, coordinar, organizar, planificar, administrar y supervigilar el funcionamiento de la Defensoría, velando por el correcto cumplimiento de sus funciones;

b)Colaborar en la administración del patrimonio de la Defensoría y celebrar los actos o contratos que considere necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines;

c)Llevar a cabo y dirigir todas las funciones, facultades y servicios que le corresponden a la Defensoría, en conformidad con las resoluciones que emita el Defensor con aprobación del Consejo;

d)Subrogar al Defensor y cumplir además las tareas que éste le delegue; y

e)Las demás atribuciones que las leyes señalen.

Párrafo IV: Del Consejo de Defensoría del Contribuyente

Artículo 14.- El Consejo de Defensoría del Contribuyente, en adelante el “Consejo”, será un órgano técnico y colegiado, constituido por 3 consejeros independientes, en adelante los “Consejeros” y el Defensor.

El Consejo apoyará al Defensor en el ejercicio de sus funciones, aprobará o rechazará las resoluciones, políticas, programas y demás actuaciones que corresponda y realizará las demás funciones establecidas en la ley.

Artículo 15.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:

a)Asesorar y aconsejar al Defensor en el ejercicio de sus funciones;

b)Aprobar las resoluciones de carácter general propuestas por el Defensor relacionadas con las políticas, planes y programas de la Defensoría;

c)Opinar sobre las resoluciones de carácter general propuestas por el Defensor relacionadas con la organización interna, las atribuciones y funciones que corresponden a los funcionarios;

d)Opinar sobre las propuestas del Defensor relativas a las políticas y programas de difusión de cumplimiento de las leyes y de los derechos de los contribuyentes;

e)Opinar sobre el calendario de reuniones ordinarias presentada por el Defensor;

f)Informar, estudiar y analizar cualquier hecho, acto, normativa o circunstancia que motive el ejercicio de las facultades y atribuciones de la Defensoría. De esta forma, los Consejeros podrán hacer presente la existencia de problemas generales del sistema tributario, normativa administrativa emitida por el Servicio de Impuestos Internos, normativa legal u otros hechos, actos o circunstancias que afecten los derechos de los contribuyentes, la seguridad jurídica o la legalidad en materia tributaria;

g)Asesorar e informar al Ministro de Hacienda, cuando éste lo requiera, en materias de su competencia; y

h)Las demás atribuciones que las leyes señalen.

Artículo 16.- Los Consejeros serán nombrados por el Ministro de Hacienda, previa selección conforme al procedimiento establecido en el título VI de la ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos. Los Consejeros durarán 2 años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos inmediatamente y por dos veces.

El Ministro de Hacienda designará a los Consejeros de manera que en ellos se encuentren representados los contribuyentes a través de las universidades, institutos profesionales, colegios técnicos, asociaciones gremiales y agrupaciones que tengan reconocido conocimiento en materias de derecho tributario y promuevan la defensa de los derechos de los contribuyentes.

Los Consejeros deberán ser profesionales con reconocida y amplia experiencia académica o laboral en materias de derecho tributario.

Los Consejeros tendrán derecho a percibir una dieta correspondiente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 unidades de fomento por mes.

Artículo 17.- Los Consejeros estarán inhabilitados de intervenir en aquellos asuntos que conozca la DEDECON que afecten a contribuyentes o entidades, incluyendo sus representantes, sus socios, los accionistas de sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, los comuneros, a quienes estén prestando actualmente o hayan prestado en los seis meses anteriores su asesoría profesional, o mantengan o hayan mantenido durante ese tiempo algún vínculo laboral o de cualquier naturaleza.

Así mismo, deberán inhabilitarse los Consejeros que tengan vínculos de parentesco por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas indicadas en el inciso anterior.

Los Consejeros que, debiendo inhabilitarse, actúen en tales asuntos, serán removidos de su cargo y quedarán impedidos de ejercerlo nuevamente.

Artículo 18.- El Consejo sesionará ordinariamente a lo menos 1 vez cada dos meses y, extraordinariamente, cuando sea citado por el Defensor o convocado por, a lo menos, 2 de los Consejeros.

El Defensor y los Consejeros participarán en las sesiones con derecho a voz y voto.

Le corresponderá al Defensor presidir las sesiones.

El quórum mínimo para sesionar requerirá la presencia de 3 de sus miembros, y los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate, el voto del Defensor dirimirá el acuerdo.

El funcionamiento del Consejo se regulará por un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda al efecto.

A las sesiones ordinarias o extraordinarias podrán asistir en calidad de invitados y previa citación del Consejo, autoridades, representantes de asociaciones gremiales, representantes de grupos de contribuyentes y toda otra persona o entidad que los miembros estimaren relevante en atención a los temas discutidos en la sesión. Los invitados participarán con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

Título III

“Personal”

Artículo 19.- El personal que preste servicios para la Defensoría, ya sea en calidad de planta o a contrata, se regirá por las disposiciones de esta ley y, supletoriamente, por las disposiciones contenidas en el decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Las remuneraciones del personal de planta y a contrata se regirán por lo dispuesto para las instituciones fiscalizadoras de acuerdo al Título I del decreto ley N° 3.551, de 1981, y sus normas modificatorias.

Artículo 20.- Los funcionarios de la Defensoría serán nombrados y removidos por el Defensor, de conformidad a esta ley y a las normas estatutarias.

Artículo 21.- El Defensor podrá contratar bajo la modalidad de honorarios los servicios de terceros para la ejecución de labores o trabajos determinados.

Artículo 22.- Los funcionarios de la Defensoría tendrán dedicación exclusiva en el desempeño de sus cargos y no podrán ejercer labores remuneradas de ninguna naturaleza. Asimismo, los funcionarios tendrán prohibido ocupar cargos directivos, ejecutivos o administrativos en cualquier entidad con fines de lucro.

Sin perjuicio de lo anterior, los abogados de la Defensoría podrán comparecer en juicios en que ellos, su conviviente civil o su cónyuge tengan un interés directo y personal, siempre que cuenten con la autorización expresa del Defensor.

Se encontrarán exceptuadas de las prohibiciones señaladas en el inciso primero el ejercicio de actividades docentes o de investigación, hasta por un máximo de 12 horas semanales.

Los Consejeros no se encontrarán sujetos a las inhabilidades establecidas en este artículo.

Artículo 23.- Los funcionarios de la Defensoría cesarán en sus cargos por término de sus funciones dispuesto por el Defensor y las demás causales establecidas en el decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 24.- Se considerará un grave incumplimiento de los deberes de los funcionarios de la Defensoría la inobservancia de los plazos legales o reglamentarios que regulan los procedimientos de los servicios establecidos en los títulos V y VI de esta ley, la no emisión de los informes que correspondan, la no entrega de información oportuna y, en general, la omisión de las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los fines de los servicios establecidos en los títulos V y VI de esta ley, siempre que, como consecuencia de lo anterior, los plazos del contribuyente para interponer un recurso administrativo o judicial en contra del acto de autoridad cuestionado hubieren precluido.

Título IV

“Normas generales”

Artículo 25.- La Defensoría prestará sus servicios a todos los contribuyentes en forma gratuita.

El servicio de mediación a que se refiere el título V, párrafo III de esta ley, no podrá prestarse cuando, en el marco del mismo proceso de fiscalización, la Defensoría hubiere prestado algún servicio o hubiere ejercido alguna facultad o atribución en favor del solicitante.

Artículo 26.- Los procedimientos a los que se sujetarán los servicios y atribuciones de los títulos V y VI de esta ley, así como también los antecedentes y documentación necesaria que deberán presentar los contribuyentes para efectos de hacer procedente la prestación de los servicios, se regularán mediante un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda.

Artículo 27.- El ingreso de las solicitudes de prestación de servicio, formularios, documentación y antecedentes se realizará mediante la plataforma virtual que habilitará la Defensoría al efecto. Excepcionalmente, los contribuyentes que carezcan de medios tecnológicos suficientes podrán solicitar servicios y presentar documentación o antecedentes en forma presencial y en formato papel. En este caso, los contribuyentes que tengan domicilio fuera de la Región Metropolitana podrán presentar las solicitudes de servicio o documentación a través de las Intendencias Regionales o Gobernaciones Provinciales que correspondan. Para dichos efectos, el Intendente o Gobernador deberá designar a un funcionario encargado de remitir las solicitudes y antecedentes a la Unidad Regional de la Defensoría.

Artículo 28.- Las comunicaciones que deban realizarse a los contribuyentes en el marco de la prestación de los servicios, se efectuarán a través del correo electrónico indicado por el contribuyente en la solicitud de servicios. Excepcionalmente, cuando el contribuyente manifieste expresamente no tener acceso a medios tecnológicos, la comunicación podrá realizarse de forma personal o mediante carta certificada.

Las comunicaciones entre la Defensoría y el Servicio de Impuestos Internos se realizarán siempre por correo electrónico.

Los contribuyentes se comunicarán con la Defensoría a través del correo electrónico que se les indique al momento de requerir los servicios, o en su defecto, mediante su comparecencia personal. En tal caso, el funcionario respectivo registrará la asistencia y motivos de ella.

Artículo 29.- Los funcionarios de la Defensoría no podrán divulgar, en forma alguna, la información o datos de los contribuyentes a los que tuvieren acceso en el ejercicio de sus labores, ni permitirán que esta sea conocida por persona alguna ajena a la Defensoría.

El incumplimiento de la obligación señalada en el inciso anterior será considerado una falta grave para efectos administrativos.

La obligación de mantener reserva de este artículo se mantendrá incluso después de haber hecho abandono de sus funciones. De esta forma los ex funcionarios serán responsables de todo daño que la vulneración de la reserva provocare a terceros. Si la vulneración se hubiere producido a cambio de un pago, recompensa o promesa, a la sanción del daño se adicionará una multa equivalente al 300 por ciento del monto a que ascendiere uno u otras. En los mismos términos señalados serán sancionadas las personas o entidades que directamente participen en actos destinados a trasgredir la obligación establecida en este artículo.

Artículo 30.- Los funcionarios de la Defensoría deberán informar inmediatamente a sus superiores cuando en el ejercicio de sus funciones tomaren conocimiento de hechos que pudieren ser constitutivos de delito o dar lugar a responsabilidad civil o administrativa.

Cuando fuere procedente, el Defensor denunciará a la autoridad correspondiente los hechos del inciso anterior.

Artículo 31.- Se encontrarán inhabilitados para conocer o prestar algunos de los servicios establecidos en esta ley los funcionarios que incurran en alguna de las siguientes causales:

a)Tener interés personal en el asunto de que se trate, o tener litigio pendiente con el contribuyente, sus representantes, socios, accionistas o directores;

b)Tener relación de parentesco por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado con el contribuyente, sus representantes, socios, accionistas o directores;

c)Haber prestado asesoría profesional de cualquier naturaleza al contribuyente, sus representantes, socios, accionistas o directores, en los últimos dos años calendarios;

d)Tener relación de amistad o enemistad manifiesta con el contribuyente, sus representantes, socios, accionistas o directores; o

e)Haber actuado en los últimos dos años calendarios como representante del Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Nacional de Aduanas en un litigio llevado en contra del contribuyente, sus representantes, socios, accionistas o directores.

Los funcionarios o contribuyentes que constaten la concurrencia de alguna de las causales de inhabilidad señaladas precedentemente deberán seguir el procedimiento establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Artículo 32.- Se declarará improcedente cualquier solicitud de servicios presentada por los contribuyentes, cuando a juicio de la Defensoría, no existieren antecedentes o fundamentos jurídicos suficientes para cumplir los fines propios de cada servicio.

Artículo 33.- La Defensoría no podrá prestar servicios respecto de contribuyentes que estén formalizados o acusados por delito tributario conforme al Código Procesal Penal, o que hubieren sido condenados por este tipo de delitos mientras cumplan su pena.

Artículo 34.- Serán causales de terminación de los servicios prestados por la Defensoría las siguientes:

a)Manifestación expresa por parte del contribuyente de no querer continuar con los servicios;

b)Presentación por parte del contribuyente de antecedentes, documentación o información falsa o adulterada;

c)Incumplimiento en la entrega por parte del contribuyente de los antecedentes requeridos en el plazo que corresponda;

d)No concurrencia del contribuyente a entrevista o audiencia, luego de tres citaciones;

e)Las demás que se señalen en las resoluciones de carácter general propuestas por el Defensor y aprobadas por el Consejo.

Artículo 35.- Los servicios prestados por la Defensoría no tienen la naturaleza de recurso administrativo. Asimismo, los actos emitidos por la Defensoría no crean derechos ni extinguen obligaciones respecto de los contribuyentes.

Artículos 36.- Los plazos establecidos en esta ley serán de días hábiles, en los términos dispuestos en el artículo 25 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Artículo 37. - Las entrevistas personales establecidas en esta ley podrán llevarse a cabo por medios tecnológicos que permitan una comunicación directa e instantánea con los contribuyentes.

Título V

“Servicios prestados por la Defensoría”

Párrafo I: Orientación

Artículo 38.- Los contribuyentes podrán solicitar a la Defensoría orientación respecto de cualquier acto, hecho u omisión del Servicio de Impuestos Internos que vulnere o desconozca la ley o los derechos de los contribuyentes, o respecto de la forma en que debe darse cumplimiento a los requerimientos del Servicio de Impuestos Internos.

La orientación consistirá en entregar al contribuyente la información y ayuda necesaria para permitirle una adecuada comprensión del problema, entregándole una propuesta con las posibles vías de acción y los pasos a seguir para dar solución al problema o cumplir los requerimientos de la autoridad.

Artículo 39.- Recibida la solicitud de servicio de asesoría y la documentación mínima, el funcionario encargado deberá realizar una revisión preliminar de los antecedentes y emitir un informe declarando la procedencia o improcedencia del servicio, en los términos establecidos en el reglamento.

Si el servicio es procedente, el funcionario procederá a emitir en el plazo de 5 días un informe con propuestas de solución, indicando, cuando proceda, las facultades o los servicios que podrá prestar la Defensoría.

Notificado el informe, el contribuyente tendrá un plazo de 3 días para manifestar su interés en que la Defensoría preste sus servicios o ejerza sus facultades, en los casos que procedan. Transcurrido el plazo anterior sin respuesta del contribuyente, se tendrá por terminado el servicio.

Artículo 40.- El funcionario a cargo de la orientación estará facultado para citar en cualquier momento al contribuyente con el objeto de otorgarle ayuda.

Párrafo II: Queja

Artículo 41.- La queja tendrá por objeto: i) poner en conocimiento de la Defensoría la existencia de un acto administrativo o una acción u omisión de un funcionario de la autoridad tributaria que se estima vulnera la ley o los derechos de un contribuyente, ii) solicitar se lleven a cabo las investigaciones necesarias para acreditar la efectividad de los actos cuestionados, y iii) requerir a la Defensoría la proposición de medidas necesarias resguardar la ley y los derechos de los contribuyentes o la emisión de una recomendación cuando corresponda.

Artículo 42.- Recibida la solicitud de servicio de queja y la documentación mínima, el funcionario encargado deberá realizar una revisión preliminar de los antecedentes y emitir un informe declarando la procedencia o improcedencia de la queja, en los términos establecidos en el reglamento.

En la solicitud de servicio, los contribuyentes deberán identificar el acto administrativo, acción u omisión objeto de la queja, describiendo de forma concreta y detallada la manera en que este vulnera la ley o sus derechos como contribuyente.

Artículo 43.- El informe que declara procedente la queja será puesto en conocimiento del funcionario de la autoridad tributaria que se estima vulnera la ley o los derechos de un contribuyente, quien deberá emitir un informe de respuesta en que exponga los fundamentos jurídicos y de hecho que dieron lugar al acto cuestionado, dentro del plazo de 5 días. El referido funcionario podrá acompañar al informe de respuesta toda la documentación o antecedentes que estime pertinentes.

Artículo 44.- La Defensoría podrá instruir, dentro del plazo de 5 días desde la recepción del informe de respuesta, las acciones de carácter investigativas que estime convenientes para la acreditación de los hechos objeto de la queja.

En el ejercicio de esta facultad investigativa, la Defensoría podrá requerir a cualquier organismo o servicio público para que aporte los antecedentes que permitan esclarecer los hechos de la queja.

Las facultades investigativas señaladas en este u otros artículos de la presente ley, no otorgan a la Defensoría la calidad de ente fiscalizador.

Artículo 45.- Durante todo el procedimiento de queja la Defensoría podrá citar al funcionario de la autoridad tributaria sujeto de la queja y al contribuyente para efectos de acordar, en conjunto, mecanismos de resolución del conflicto.

Artículo 46.- Recibido el informe de respuesta o concluidas las acciones de investigación, la Defensoría deberá emitir una recomendación pronunciándose sobre la queja interpuesta.

En la recomendación, la Defensoría deberá exponer todos los antecedentes que le permitan concluir, de manera fundada, la existencia o no de una vulneración de la ley o de los derechos del contribuyente por parte de un funcionario.

Cuando en la recomendación se concluya la existencia de una vulneración, la Defensoría deberá señalar las medidas que considera deben ser adoptadas por la autoridad para resguardar la ley o los derechos del contribuyente.

Artículo 47.- Las recomendaciones de la Defensoría se referirán a casos concretos y no serán vinculantes para los funcionarios responsables, ni para el Servicio de Impuestos Internos.

Asimismo, la recomendación no tendrá efecto alguno sobre los actos cuestionados y no podrán aplicarse por analogía a otros casos.

Articulo 48.- La recomendación dictada en conformidad al artículo 41 deberá ser notificada al funcionario de la autoridad tributaria sujeto de la queja, quien, dentro del plazo de 4 días desde la notificación, deberá manifestar si acepta o rechaza las medidas propuestas, ya sea total o parcialmente.

En el evento de aceptar las medidas propuestas, el funcionario o la autoridad tributaria respectiva deberá acreditar a la Defensoría la adopción de las mismas dentro del plazo de 10 días.

Artículo 49.- Las recomendaciones dictadas por la Defensoría deberán ser publicadas en su página web en forma resumida, incluyendo los hechos esenciales para su adecuado entendimiento y los fundamentos de derecho que la sustentan, además del contenido que determine el Defensor mediante resolución general aprobada por el Consejo.

En aquellos casos en que el Defensor califique una vulneración como grave, reiterada o potencialmente aplicable a un número considerable de contribuyentes, la recomendación deberá publicarse en el diario oficial u otro medio de comunicación de amplia difusión, según se determine por resolución general.

No podrán ser publicadas aquellas recomendaciones cuyas medidas hayan sido aceptadas por el funcionario sujeto de la queja o por la autoridad tributaria respectiva y se haya acreditado a la Defensoría la adopción de las mismas dentro del plazo legal.

Párrafo III: Mediación

Artículo 50.- Sujeto al cumplimiento de lo establecido en el artículo [xx], los contribuyentes podrán solicitar a la Defensoría que promueva un procedimiento de mediación destinado a resolver de manera no adversarial y extrajudicial los conflictos que se promuevan entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos, según lo dispuesto en el artículo 51 siguiente.

La Defensoría no se encontrará obligada a prestar el servicio de mediación en aquellos casos en que estime que no existen antecedentes o fundamentos de hecho y derecho que sean suficientes que justifiquen su intervención.

Artículo 51.- La mediación procederá cuando el contribuyente estuviere en desacuerdo con la calificación jurídica o de hecho realizada por la autoridad tributaria respecto de determinados actos u omisiones llevados a cabo durante un procedimiento de fiscalización o respecto de la totalidad o parte de los elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de impuestos o en los elementos que sirven de base para determinarlo.

Artículo 52.- El procedimiento de mediación será flexible, basado en la comunicación directa entre las partes, la celeridad, y evitando, en lo posible, las formalidades.

La Defensoría deberá actuar en el procedimiento de mediación presumiendo la buena fe de las partes.

Artículo 53.- La mediación no podrá durar más de 30 días hábiles contados desde la primera audiencia llevada a cabo. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo anterior podrá aumentarse en 10 días hábiles previo acuerdo de las partes.

Transcurrido el plazo del inciso anterior sin haberse llegado a acuerdo, la mediación deberá declararse frustrada. Asimismo, se declarará frustrada la mediación en el evento de que una de las partes manifieste en cualquier momento su rechazo a seguir en el procedimiento o a llegar a acuerdo.

La declaración de mediación frustrada se efectuará por resolución. En ella, la Defensoría podrá señalar fundadamente si estima que el rechazo de la autoridad a llegar a acuerdo puede motivar la vulneración de la ley o de los derechos del contribuyente. En todo caso los informes y propuestas de la Defensoría constituirán una prueba para un eventual reclamo tributario.

Artículo 54.- La solicitud de servicio de mediación podrá ser presentada por el contribuyente en cualquier momento, desde que se reciba una notificación o solicitud de antecedentes por parte de la autoridad tributaria respectiva y siempre que no se hubiere interpuesto el recurso de reclamación establecido en el artículo 124 del Código Tributario.

En el evento que el servicio de mediación se solicite encontrándose pendiente el recurso establecido en el artículo 123 bis del Código Tributario, se entenderá que el procedimiento de mediación suplirá la audiencia descrita en la letra e) de la disposición señalada, siempre que esta no se hubiere llevado a cabo previamente.

Artículo 55.- Recibida la solicitud de servicio de mediación y la documentación mínima el funcionario encargado deberá realizar una revisión preliminar de los antecedentes en los términos establecidos en el reglamento.

Declarado procedente el servicio de mediación, el funcionario deberá elaborar una propuesta de acuerdo en base a los antecedentes presentados por el contribuyente, indicando los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la propuesta.

La propuesta anterior deberá ser comunicada al Servicio de Impuestos Internos a la brevedad, citando a las partes a una o más audiencias de mediación.

El Servicio de Impuestos Internos se encontrará obligado a participar, a lo menos, en la primera audiencia de mediación. En ella, el funcionario de la Defensoría deberá informar a las partes acerca de los objetivos de la mediación, sus etapas, la voluntariedad y efectos jurídicos de los acuerdos promovidos en el procedimiento.

Artículo 56.- El Director Regional del Servicio de Impuestos Internos que corresponda deberá designar un abogado para que represente al referido Servicio en el procedimiento de mediación regulado en esta ley. El Director Regional deberá regular mediante resolución fundada los criterios generales para la proposición, negociación y aceptación de bases de acuerdo.

Artículo 57.- En las audiencias, la Defensoría deberá instar a las partes a llegar a acuerdo, sin perjuicio de su facultad de proponer bases para el mismo. La Defensoría promoverá durante el procedimiento de mediación la condonación de los intereses y multas que fueren aplicables al contribuyente.

El procedimiento de mediación no suspenderá, en ningún caso, los plazos establecidos en el código tributario.

Artículo 58.- Si las partes llegan a acuerdo, la Defensoría levantará un acta con los puntos esenciales del mismo y procederá a elaborar un proyecto de transacción que notificará a las partes para su aprobación.

Notificado el proyecto de transacción, se iniciará un procedimiento de comentarios y observaciones con el objeto obtener un proyecto de transacción definitiva elaborado por la Defensoría, pero aprobado en su totalidad por el contribuyente y la autoridad tributaria.

Obtenida la aprobación definitiva del proyecto de transacción, la Defensoría citará a las partes para proceder a su celebración ante el Defensor en calidad de ministro de fe.

La transacción celebrada en conformidad a este artículo será confidencial, tendrá la calidad de instrumento público para todos los efectos legales y sólo se aplicará al caso concreto.

Artículo 59.- La transacción celebrada en conformidad con este título tendrá efecto de cosa juzgada.

Título VI

“Otros servicios y atribuciones”

Párrafo I: Consultas

Artículo 60.- La Defensoría podrá, previa solicitud de un contribuyente, entregar su opinión en derecho, emitiendo al efecto un Oficio no vinculante, que constituirá la opinión de la Defensoría sobre la materia, respecto de la correcta interpretación y aplicación de una o más normas tributarias a un caso particular controvertido por el Servicio de Impuestos Internos, ya sea en una liquidación, giro o resolución, o en cualquier otro acto administrativo de la autoridad tributaria.

Las opiniones emitidas por la Defensoría serán admisibles como prueba en procedimientos administrativos y judiciales.

Artículo 61.- La Defensoría deberá publicar en su página web, desde que sea recibida una consulta y los antecedentes necesarios para su entendimiento, una referencia general al objeto, el contribuyente solicitante, la fecha de presentación, el estado y la fecha de respuesta.

Artículo 62.- La interpretación y criterios contenidos en la opinión de la Defensoría tendrán carácter no vinculante, y no afectarán la validez de los actos administrativos consultados.

Artículo 63.- Las opiniones emitidas por la Defensoría serán publicadas en la página web, prohibiéndose el divulgar información de carácter confidencial, según se determine mediante instrucción general.

Párrafo II: Informes sobre problemas que vulneren o pongan en riesgo la aplicación de la ley y los derechos de los contribuyentes

Artículo 64.- La Defensoría podrá realizar investigaciones y estudios destinados a detectar problemas generales del ordenamiento tributario que afecten a grupos o segmentos de contribuyentes, regiones, industrias u otros, que vulneren o pongan en riesgo la aplicación de la ley y los derechos de los contribuyentes.

Artículo 65.- La Defensoría podrá iniciar las investigaciones relacionadas con la queja administrativa o en las materias propias de su competencia de oficio o a petición de cualquier persona o entidad interesada.

El procedimiento de investigación tendrá un carácter informal, pudiendo realizarse todo tipo de actividades investigativas.

Podrán convocarse reuniones o mesas de trabajo destinadas a identificar y discutir los problemas que puedan afectar a un grupo, sector o la generalidad de contribuyentes. A dichas reuniones podrá invitarse a representantes de contribuyentes, académicos, autoridades, universidades, colegios técnicos, asociaciones gremiales, y cualquier otro interesado.

Artículo 66.- Detectado un conflicto y siempre que este provenga de actos, prácticas o criterios atribuibles al Servicio de Impuestos Internos, la Defensoría deberá solicitarle un informe con los fundamentos legales y de hecho que motivan dichas prácticas.

El Servicio de Impuestos Internos deberá evacuar el informe referido dentro del plazo de 5 días contado desde la comunicación del inciso anterior.

Artículo 67.- Concluida la investigación e identificado el problema, la Defensoría podrá convocar a las autoridades correspondientes a reuniones voluntarias destinadas a evaluar alternativas de solución.

Cuando en las reuniones señaladas en el inciso anterior se adopten acuerdos de solución, la Defensoría publicará un comunicado en su página web dando cuenta del problema identificado, los compromisos adoptados por las autoridades y los plazos propuestos para ello.

Artículo 68.- Cuando en las reuniones señaladas en el artículo anterior no se llegue a acuerdo, la Defensoría podrá emitir un informe público proponiendo las medidas tendientes a reparar o dar solución al problema e identificando el funcionario a quien corresponde adoptarlas.

Si el Servicio de Impuestos Internos rechaza las medidas, esta deberá indicar fundadamente las consideraciones de hecho y de derecho que motivan su decisión.

La Defensoría podrá publicar el informe y la comunicación establecida en este artículo.

Párrafo III: Propuestas de modificación de normas tributarias

Artículo 69.- La Defensoría podrá, por propia iniciativa o a petición de cualquier persona o entidad interesada, presentar al Ministerio de Hacienda y al Congreso propuestas de modificación a las normas de tributación fiscal interna, destinadas a asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de los contribuyentes.

Las propuestas de modificación deberán estar respaldadas por un informe de la Defensoría, el que tendrá carácter público.

El informe deberá contener un análisis jurídico detallado del problema identificado y la forma en que la modificación legal propuesta da respuesta al mismo.

Párrafo IV: Propuestas de modificación a la regulación interna del Servicio de Impuestos Internos

Artículo 70.- La Defensoría podrá proponer a las autoridades del Servicio de Impuestos Internos la modificación de las instrucciones de carácter no públicas que regulan sus procedimientos y programas internos de actuación, cuando se estime que estos vulneran los derechos o la seguridad jurídica de los contribuyentes.

La Defensoría podrá tomar conocimiento de las instrucciones del inciso primero ya sea mediante el ejercicio de las facultades señaladas en esta ley o mediante presentaciones de los contribuyentes.

Artículo 71.- Para estos efectos, la Defensoría dictará un informe en el que señalará fundadamente los motivos por los cuales se estima que las instrucciones vulneran, los derechos o la seguridad jurídica de los contribuyentes incorporando una propuesta de modificación de las instrucciones que deberá ponerse en conocimiento de la autoridad tributaria.

El Servicio de Impuestos Internos deberá manifestar si acepta o rechaza la propuesta de modificación, indicando, además, el plazo comprometido para llevar a cabo las modificaciones en caso de aceptar la propuesta.

La Defensoría podrá convocar a la autoridad tributaria a reuniones con el objeto de discutir las propuestas de modificación.

Artículo 72.- Si la autoridad tributaria no efectúa la comunicación del artículo anterior en el plazo establecido en el reglamento, rechaza la propuesta de modificación o aceptándola no la lleva acabo en el plazo comprometido, la Defensoría deberá dictar una recomendación en los términos establecidos en el párrafo II del título V de esta ley.

Párrafo V: Interpretaciones de la normativa tributaria

Artículo 73.- La Defensoría podrá emitir interpretaciones y opiniones técnicas sobre la normativa tributaria previa solicitud del Director del Servicio de Impuestos Internos o del Ministro de Hacienda.

La opinión que se emita en ejercicio de esta facultad no tendrá efecto vinculante y será publicada en la página web de la Defensoría.

Párrafo VI: Reuniones con las autoridades tributarias

Artículo 74.- La Defensoría deberá celebrar reuniones periódicas con las autoridades del Servicio de Impuestos Internos con el objeto de promover la debida cooperación entre las instituciones, así como también con la finalidad de analizar cualquier tema que estimen relevante para el ejercicio de sus funciones, el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de los contribuyentes.

Artículo 75.- Podrán participar en las reuniones, previa autorización o convocatoria por parte de la Defensoría, representantes de contribuyentes, colegios técnicos, universidades, asociaciones de consumidores, asociaciones gremiales, sindicatos, y otros grupos de contribuyentes.

Artículo 76.- Las reuniones podrán ser de carácter ordinario o extraordinario.

Las reuniones de carácter ordinario deberán ser celebradas en forma trimestral, de acuerdo con el calendario de reuniones aprobado anualmente por el Consejo.

Por su parte, las reuniones extraordinarias podrán tener lugar en cualquier tiempo, previa citación de la Defensoría, y siempre que a su juicio existan circunstancias que afecten gravemente los derechos de los contribuyentes.

Artículo 77.- La Defensoría determinará los temas a tratar en cada una de las reuniones. Con dicho objeto, recibirá las propuestas de la autoridad tributaria. Por su parte, los contribuyentes podrán proponer a la Defensoría materias de discusión y análisis, quien podrá considerarlas para efectos de la elaboración de la tabla.

Artículo 78.- El Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos tendrán la obligación de asistir a las reuniones citadas por la Defensoría, sin perjuicio de poder nombrar un reemplazante en aquellos casos en que se encuentren impedidos de asistir por causas justificadas.

La Defensoría podrá solicitar la participación de funcionarios determinados en atención a los temas que se tratarán en la reunión.

Artículo 79.- En cada reunión se levantará un acta con los puntos tratados, las opiniones de los intervinientes y los acuerdos adoptados.

Las actas del inciso anterior serán publicadas en la página web de la Defensoría.

Párrafo VII: Solicitud de aclaración

Artículo 80.- La Defensoría podrá, de oficio o a petición de cualquier persona o entidad interesada, solicitar al Servicio de Impuestos Internos la emisión de un informe aclaratorio en que señale la interpretación administrativa vigente, cuando se constate la existencia de dos o más oficios contradictorios sobre una materia y siempre que la autoridad tributaria no hubiese declarado expresamente el cambio de criterio.

Artículo 81.- La Defensoría elaborará una solicitud en la que se indicarán los oficios que se estiman contradictorios y los fundamentos legales que justifican la necesidad de aclaración.

El Servicio de Impuestos Internos deberá emitir un informe aclaratorio dentro del plazo de 5 días desde la notificación de la solicitud, identificando cual es la interpretación administrativa vigente y el oficio en que esta se encuentra contenida.

Artículo 82.- La solicitud de aclaración y el informe del Servicio de Impuestos Internos deberán ser publicados en la página web de la Defensoría.

Artículos transitorios

Artículo primero transitorio. Las modificaciones establecidas en esta ley que no tengan una fecha especial de vigencia, entrarán en vigencia a contar del primer día del mes siguiente de su publicación en el diario oficial.

Artículo segundo transitorio. Las modificaciones establecidas en el artículo primero de esta ley, referidas a Código Tributario, contenido en el artículo 1° del decreto ley número 830, de 1974, entrarán en vigencia a contar del primer día del mes siguiente a su publicación en el diario oficial, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones transitorias de la presente ley.

Artículo tercero transitorio. Lo dispuesto en los números 6, letras b), d) y e); 40; 42; 43; 44 y 47 del artículo 1° de esta ley será aplicable a los procedimientos administrativos o judiciales en trámite a la fecha de entrar en vigencia dichas disposiciones.

Artículo cuarto transitorio. Lo dispuesto en los números 12, letra b); 20; 39 y 48 del artículo 1° de esta ley sólo será aplicable a las solicitudes o juicios, según corresponda, que se presenten o inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo quinto transitorio. Lo dispuesto en el número 7, letra d); 33, 34; 35; 41 y 45 del artículo 1° de la presente ley regirá transcurridos tres meses contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo sexto transitorio. En tanto no se dicte el decreto a que hace referencia el nuevo artículo 207 del Código Tributario, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Tesorerías deberán seguir aplicando las políticas de condonaciones fijadas en sus resoluciones y circulares vigentes a la fecha de publicación de esta ley en el diario oficial.

Artículo séptimo transitorio. Las modificaciones contenidas en los numerales del artículo segundo que digan relación con efectos tributarios para los convivientes del acuerdo de unión civil, regirán desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.830, que crea el acuerdo de unión civil.”

Artículo octavo transitorio. Las modificaciones a la ley sobre impuesto a la renta contenidas en el artículo 2° de la presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1° de enero de 2019.

La modificación de la tasa del impuesto de primera categoría establecida en el artículo 2° número 10, letra a), de esta ley, será aplicable para las rentas que se perciban o devenguen únicamente a partir del año comercial 2019.

Artículo noveno transitorio. Los contribuyentes que, al 31 de diciembre de 2018, se encuentren acogidos a los regímenes generales de las letras A o B del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente en la señalada fecha, se entenderán acogidos de pleno derecho al nuevo régimen general de la letra A.- de artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a partir del 1° de enero de 2019.

Sin perjuicio de lo anterior, y sujeto a que se cumplan los requisitos que corresponda en cada caso, los contribuyentes podrán optar por acogerse a la cláusula Pyme establecida en la letra D) del artículo 14 o al régimen del artículo 34, ambos de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019, dando aviso al Servicio de Impuestos Internos entre el 1° de enero y el 30 de abril del año comercial 2019.

Artículo décimo transitorio. Los contribuyentes sujetos al régimen de la letra A del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente al 31 de diciembre de 2018, que al 1° de enero de 2019 se incorporen al régimen de la letra A del señalado artículo, vigente a contar de dicha fecha, a partir de esta última fecha mantendrán el registro y control de las cantidades anotadas en sus registros tributarios al 31 de diciembre de 2018 conformándose sus saldos iniciales al 1° de enero de 2019 de la siguiente forma:

1.Las cantidades anotadas en los registros establecidos en las letras a) y c), del número 4.-, de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente al 31 de diciembre de 2018, se anotarán en como parte del saldo inicial del registro REX del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019, debiendo identificarse aquellas cantidades de la letra a) como rentas con tributación cumplida, mientras que las cantidades correspondientes a la letra c) mantendrán la misma calificación de acuerdo a su calidad o naturaleza tributaria. Las cantidades provenientes del registro establecido en la letra a) del número 4.-, de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente al 31 de diciembre de 2018, deberán ser imputadas en primer lugar para efectos de su retiro, remesa o distribución, sin considerar las reglas de imputación que establezca la ley sobre impuesto a la renta vigente a la fecha del retiro, remesa o distribución.

2.Las cantidades anotadas en el registro establecido en la letra b), del número 4.- de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente al 31 de diciembre de 2018, se considerará formando parte del saldo inicial del registro DDAN del artículo 14 de dicha ley, vigente a contar del 1° de enero de 2019.

3.El saldo inicial de las cantidades afectas a los impuestos finales que se contienen en el registro RAI del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019, corresponderá a la diferencia positiva que se determine al término del año comercial 2018 entre:

a)El valor positivo del capital propio tributario determinado de acuerdo al número 1 del artículo 41 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente al 31 de diciembre de 2018, comprendiéndose en su cálculo la suma del saldo negativo del registro establecido en la letra c), del número 4.-, de la letra A), del artículo 14 de la ley señalada vigente a esa fecha, asignándole el valor de cero si el resultado fuere negativo, y

b)El saldo positivo de las sumas anotadas en los registros establecidos en las letras a) y c), del número 4.- de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente al 31 de diciembre de 2018, sumado al valor del capital aportado efectivamente a la empresa más sus aumentos y menos sus disminuciones posteriores, debidamente reajustados. Sólo para estos efectos, se entenderá que forma parte del capital aportado, el saldo de inversiones que se mantenga en el registro que establecía el inciso segundo de la letra b), del número 3, de la letra A), del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2016, cuyo control a contar del 1 de enero de 2017 quedó establecido en el numeral i), de la letra b), del número 1, del numeral I.- del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780.

4.Finalmente, el saldo inicial acumulado de créditos a que se refiere el registro SAC del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019, se compondrá de la siguiente forma:

a)Respecto de los créditos sin derecho a devolución en caso de resultar un excedente al momento de su imputación contra el impuesto global complementario.

El saldo inicial estará compuesto por la suma de las siguientes cantidades registradas al 31 de diciembre de 2018, conforme a la norma vigente a esa fecha:

i.Saldo del crédito por impuesto de primera categoría sin derecho a devolución a que se refieren los artículos 56 número 3) y 63 de la ley sobre impuesto a la renta, acumulado hasta el 31 de diciembre de 2016, que figuren en el registro de la letra d), del N° 4.-, de la letra A) del artículo 14 del mismo cuerpo legal, vigente a esa fecha.

ii.Saldo de crédito total disponible contra impuestos finales a que se refieren los artículos 41 A y 41 C de la ley sobre impuesto a la renta, acumulado hasta el 31 de diciembre de 2016, que figuren en el registro de la letra d), del N° 4, de la letra A) del artículo 14 del mismo cuerpo legal, vigente a esa fecha.

b)Respecto de los créditos con derecho a devolución en caso de resultar un excedente al momento de su imputación contra el impuesto global complementario.

El saldo inicial estará compuesto por la suma de las cantidades registradas al 31 de diciembre de 2018, conforme a la norma vigente a esa fecha, que correspondan al saldo del crédito por impuesto de primera categoría con derecho a devolución a que se refieren los artículos 56 número 3) y 63 de la ley sobre impuesto a la renta, acumulado hasta el 31 de diciembre de 2016 y aquel generado a partir del 1° de enero de 2017, que figuren en el registro de la letra d), del N° 4.-, de la letra A) del artículo 14 del mismo cuerpo legal, vigente a esa fecha.

5. Formarán parte del saldo inicial de créditos, con o sin derecho a devolución, según corresponda de acuerdo a la ley, aquellos créditos establecidos por la ley de impuesto a la renta u otras leyes, que sean imputables a impuestos finales.

La imputación al registro SAC determinado conforme a los numerales 4 y 5 de este artículo transitorio, deberá sujetarse a las instrucciones contenidas en el número 5.-, letra A), del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 1° de enero de 2019.

Artículo decimoprimero transitorio. Los contribuyentes sujetos al régimen de la letra B) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente al 31 de diciembre de 2018, que al 1° de enero de 2019 deban incorporarse al régimen de la nueva letra A) del señalado artículo, vigente a contar de dicha fecha, mantendrán el registro y control de las cantidades anotadas en sus registros tributarios al 31 de diciembre de 2018, conformándose sus saldos iniciales al 1° de enero de 2019 de la siguiente forma:

1.El saldo inicial del registro RAI del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019, corresponderá a la diferencia positiva que se determine al término del año comercial 2018 entre:

a.El valor positivo del capital propio tributario determinado de acuerdo al número 1 del artículo 41 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente al 31 de diciembre de 2018, comprendiéndose en su cálculo la suma del saldo negativo del registro establecido en la letra c), del número 2.- de la letra B), del artículo 14 de la ley señalada, asignándole el valor de cero si el resultado fuera negativo, y

b.El saldo positivo de las cantidades que se mantengan en el registro señalado en la letra c), del número 2.- de la letra B) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, vigente al 31 de diciembre de 2018, sumado al valor del capital aportado efectivamente a la empresa, más sus aumentos y menos sus disminuciones posteriores, debidamente reajustados. Sólo para estos efectos, se entenderá que forma parte del capital aportado, el saldo de inversiones que se mantenga en el registro que establecía el inciso segundo de la letra b), del número 3, de la letra A), del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2016, cuyo control a contar del 1° de enero de 2017 quedó establecido en el numeral i), de la letra b), del número 1, del numeral I.- del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780.

2.Las cantidades anotadas en el registro establecido en la letra b), del número 2.- de la letra B) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente al 31 de diciembre de 2018, se considerará formando parte del saldo inicial del registro DDAN del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019.

3.Las cantidades anotadas en el registro establecido en la letra c), del número 2.-, de la letra B) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente al 31 de diciembre de 2018, se considerarán formando parte del saldo inicial del registro REX del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019, manteniéndose la misma calificación de las rentas de acuerdo a la calidad o naturaleza tributaria de las mismas.

4.Los créditos sin derecho a devolución en caso de resultar un excedente al momento de su imputación contra el impuesto global complementario, se deberán incorporar en el registro SAC del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019.

Para estos efectos, su saldo inicial estará compuesto por la suma de las siguientes cantidades registradas al 31 de diciembre de 2018, conforme a la norma vigente a esa fecha:

a)El saldo del crédito por impuesto de primera categoría sin derecho a devolución a que se refieren los artículos 56 número 3) y 63 de la ley sobre impuesto a la renta, acumulado hasta el 31 de diciembre de 2016, que figure en el registro de la letra d), del N° 2, de la letra B) del artículo 14 del mismo cuerpo legal, vigente a esa fecha.

b)El saldo del crédito por impuesto de primera categoría sin derecho a devolución a que se refieren los artículos 56 número 3) y 63 de la ley sobre impuesto a la renta, sujetos o no a la obligación de restitución, acumulado a partir del 1° de enero de 2017, que figure en el registro de la letra d), del N° 2, de la letra B) del artículo 14 del mismo cuerpo legal, vigente a esa fecha.

Para estos efectos, tratándose del crédito por impuesto de primera categoría que en conformidad con la ley de la renta vigente en la fecha señalada están sujetos a la obligación de restitución, para efectos de incorporarlos al registro SAC, se deberá reconocer como saldo al 1° de diciembre de 2019, el 100% de su monto total.

c)El saldo de crédito total disponible contra impuestos finales a que se refieren los artículos 41 A y 41 C de la ley sobre impuesto a la renta, acumulado hasta el 31 de diciembre de 2016 y aquel generado a partir del 1° de enero de 2017, que figuren en el registro de la letra d), del N° 2, de la letra B) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a esa fecha.

5.Los créditos con derecho a devolución en caso de resultar un excedente al momento de su imputación contra el impuesto global complementario, se incorporarán al registro SAC del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019, conforme con las siguientes reglas:

El saldo inicial estará compuesto por la suma de las siguientes cantidades registradas al 31 de diciembre de 2018, conforme a la norma vigente a esa fecha:

a)El saldo del crédito por impuesto de primera categoría con derecho a devolución a que se refieren los artículos 56 número 3) y 63 de la ley sobre impuesto a la renta, acumulado hasta el 31 de diciembre de 2016, que figure en el registro de la letra d), del N° 2, de la letra B) del artículo 14 del mismo cuerpo legal, vigente a esa fecha.

b)El saldo del crédito por impuesto de primera categoría con derecho a devolución a que se refieren los artículos 56 número 3) y 63 de la ley sobre impuesto a la renta, acumulado a partir del 1° de enero de 2017, sujetos o no a la obligación de restitución, conforme con la norma vigente a esa fecha, que figuren en el registro de la letra d), del N° 2, de la letra B) del artículo 14 del mismo cuerpo legal, vigente a esa fecha.

Para estos efectos, tratándose del crédito por impuesto de primera categoría que en conformidad con la ley de la renta vigente en la fecha señalada están sujetos a la obligación de restitución, para efectos de incorporar tales créditos al registro SAC, se deberá reconocer como saldo al 1° de diciembre de 2019, el 100% de su monto total.

6.Sin perjuicio de lo señalado en los números 4 y 5 anteriores de este artículo transitorio, los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2018 cuenten con saldos de créditos por impuesto de primera categoría con la obligación de restitución, establecida en los artículos 56 número 3) y 63 de la ley sobre impuesto a la Renta, con vigencia a dicha fecha, ya sea con o sin derecho a devolución en caso de resultar un excedente al momento de su imputación contra el impuesto global complementario, mantendrán dicha calidad y su correspondiente tratamiento al momento de su asignación e imputación conforme a las normas vigentes a contar del 1° de enero de 2019, incluido el deber de restitución establecido en las señaladas normas, con las mismas reglas vigentes al 31 de diciembre de 2018.

Con tal propósito, se deberá mantener un control separado de dichos créditos en el registro SAC de artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a partir del 1° de enero de 2019, para efectos de controlar tanto la restitución en los casos que proceda. En ningún caso la obligación de restitución aplicará a contribuyentes del impuesto adicional, residentes en países con los cuales Chile haya suscrito un convenio para evitar la doble tributación que se encuentre vigente, y que sean beneficiarios respecto de las rentas retiradas, remesadas o distribuidas. Asimismo, no aplicará la obligación de restitución señalada, conforme lo establecido en el artículo cuarto transitorio de la ley número 20.899, de 2016.

Cuando un contribuyente sujeto a la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a partir del 1° de enero de 2019, perciba retiros o distribuciones a los cuales se les haya asignado créditos por impuesto de primera categoría con obligación de restitución, el monto de dicho crédito se deberá incorporar a su control separado del registro SAC del mencionado artículo, para su debida imputación conforme a las normas establecidas en este número.

7.Cuando un contribuyente mantenga en su registro SAC del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a partir del 1° de enero de 2019, un saldo acumulado de crédito por impuesto de primera categoría sujeto a la obligación de restitución, conforme a las normas vigentes al 31 de diciembre de 2018, su imputación de acuerdo al número 5, de la letra A), del artículo señalado, se hará a continuación de aquel que no está sujeto a dicha obligación, y solo una vez que este último se agote.

8.Formarán parte del saldo inicial de créditos, con o sin derecho a devolución, según corresponda, aquellos créditos establecidos por la ley sobre impuesto a la renta u otras leyes, que sean imputables a impuestos finales.

Artículo decimosegundo transitorio. Desde la entrada en vigencia de la modificación efectuada por el artículo 2° número 7, toda referencia que las leyes hagan a la letra B) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente al 31 de diciembre de 2018, se entenderán efectuadas a la letra A) del artículo 14 del mismo cuerpo legal, vigente a contar del 1° de enero de 2019 o a contar de la fecha de publicación de la ley si ello ocurriere en una fecha posterior.

Artículo decimotercero transitorio. En la enajenación de acciones o derechos sociales en empresas que estuvieron acogidas a las disposiciones de la letra A), del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, se podrá rebajar del mayor valor que se determine, y sin que por este efecto se pueda determinar una pérdida en la enajenación, una cantidad equivalente a la parte de las rentas a que se refería la letra a), del número 4.- de la referida letra A) de dicho artículo, anotadas en el registro REX, establecido en el artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a partir del 1° de enero de 2019, que no hayan sido retiradas, remesadas o distribuidas al término del ejercicio comercial anterior al de la enajenación, en la proporción que corresponda a las acciones y derechos sociales que se enajenan, descontando previamente de esta suma el valor de los retiros, remesas o distribuciones que el enajenante haya efectuado o percibido desde la empresa, durante el mismo ejercicio en que se efectúa la enajenación y hasta antes de ésta, y que resulten imputados a las referidas rentas anotadas en el registro REX.

Para tal efecto, dichas rentas, retiros, remesas o distribuciones deberán reajustarse de acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el mes anterior al del último balance de la empresa, o del retiro, remesa o distribución respectiva, y el mes anterior al de enajenación, según corresponda.

La rebaja establecida en este artículo procederá solo respecto del enajenante que haya soportado de manera efectiva la tributación con impuesto global complementario o impuesto adicional, según corresponda, que resultó con motivo de la atribución de las rentas cuya deducción invoca, todo ello conforme a la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.

Para que proceda esta rebaja, la empresa respectiva deberá informar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma que este determine mediante resolución, el saldo de las rentas anotadas al 31 de diciembre de 2018, en el registro de la letra a), del número 4.- de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a esa misma fecha, que no hayan sido retiradas, remesadas o distribuidas al término del ejercicio comercial anterior al de la enajenación.

Artículo decimocuarto transitorio. Empresas acogidas a las disposiciones del artículo 14 ter letra A.- de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2018:

1) Las empresas acogidas al régimen establecido en el artículo 14 ter letra A.- de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2018, que es derogado a partir del 1° de enero de 2019 o en la fecha posterior en que ello ocurra, por el número 8) del artículo 2° de esta ley, que cumplan con las condiciones establecidas en el número 1.- de la letra D.- del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta para calificar bajo la cláusula Pyme, se entenderán acogidas de pleno derecho a dicha cláusula Pyme.

Sin perjuicio de lo anterior, estas empresas podrán optar por los regímenes establecidos en la letra A) del artículo 14, o artículo 34, todos de la ley sobre impuesto a la renta, cuando cumplan los requisitos exigidos en este último caso, dando aviso al Servicio de Impuestos Internos entre el 1° de enero y el 30 de abril del año comercial 2019.

2) Las empresas indicadas en el número 1) anterior, deberán practicar un inventario inicial de todos sus activos y pasivos a valor tributario y determinar un capital propio tributario. Para estos efectos, los activos fijos depreciables y las existencias del activo realizable, que hayan sido considerados como egreso bajo el régimen del derogado artículo 14 ter letra A.- y que formen parte del inventario al 31 de diciembre de 2018, deberán considerarse al valor de un peso y deberá permanecer en los registros contables hasta la venta, castigo, retiro u otra causa, según corresponda.

La diferencia que resulte de restar al capital propio tributario que se determine, el monto del capital efectivamente aportado, más los aumentos y descontadas las disminuciones posteriores que se hayan efectuado del mismo, todos ellos debidamente reajustados, deberá registrarse en el REX, comprendiéndose como rentas con tributación cumplida.

En cuanto al ingreso diferido que queda pendiente de imputación para los periodos siguientes, determinado conforme a las letras a) o b), del número 2.-, de la letra A.-, del artículo 14 ter de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2018, o hasta la fecha posterior en que permanezca vigente, deberá ser considerado en los ingresos de los ejercicios comerciales que faltaren por imputarse hasta completar su monto total.

Respecto de los ingresos devengados y no percibidos, así como los gastos adeudados y no pagados, ambos al 31 de diciembre de 2018, y que en su condición de tales no formaron parte del resultado tributario conforme al régimen de la letra A.-, del artículo 14 ter de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto al 31 de diciembre de 2018, deberán ser considerados por los contribuyentes al momento en que se incorporen a la cláusula Pyme de la letra D) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019. Conforme a ello, deberá reconocer o deducir al 1° de enero del año de su incorporación a la señalada cláusula Pyme, los ingresos devengados no percibidos y los gastos que se encontraban adeudados al 31 de diciembre del último ejercicio acogido al régimen de la letra A), del artículo 14 ter de la ley sobre impuesto a renta, respectivamente, salvo que opten por tributar de acuerdo a ingresos percibidos y gastos pagados, conforme con lo establecido en la referida cláusula Pyme.

En los términos indicados en el párrafo anterior, esto es, ajustando los ingresos y gastos según la base de tributación que corresponda, se deberá proceder si una empresa acogida al régimen establecido en el artículo 14 ter letra A.- de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2018 opta por acogerse al 1° de enero de 2019 o en la fecha posterior en que se encuentre vigente, al régimen de la letra A) del artículo 14 del señalado cuerpo legal, vigente a contar de dicha fecha.

Si al 31 de diciembre de 2018, se determina una pérdida tributaria de acuerdo a las normas de la letra A.-, del artículo 14 ter de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto al 31 de diciembre de 2018 o hasta la fecha posterior que corresponda, ella podrá deducirse en los ejercicios siguientes de conformidad al número 3 del artículo 31, de la referida ley.

En caso que las empresas acogidas al régimen establecido en el artículo 14 ter letra A.- de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2018,o el que corresponda a su vigencia, que luego de dicha fecha realicen un término de giro, no aplicarán la norma de valoración establecida en el inciso tercero, del número 1 del artículo 38 bis de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 1° de enero de 2019, respecto de los bienes que hayan considerado al valor de un peso al momento de pasar del régimen del derogado artículo 14 ter letra A.- al régimen de la letra A o de la letra D del artículo 14 de la ley de la renta vigente desde el 1° de enero de 2019.

Artículo decimoquinto transitorio. Los contribuyentes sujetos al impuesto de primera categoría sobre la base de un balance general según contabilidad completa, que se hubieren acogido al régimen simplificado de tributación, establecido en la letra A) del artículo 14 ter de la ley sobre impuesto a la renta, a contar del 1° de enero de 2015 o 2016, y que, vencidos los plazos que correspondían no ejercieron las opciones de tributación que se otorgaron en el número 8, del numeral III.- del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780, en reemplazo de lo que establecía la letra a), del número 2.-, de la letra A), del artículo 14 ter de acuerdo a su texto vigente al 31 de diciembre de 2016, que no hubieren cumplido con la obligación de pago que hubiere emanado de la aplicación de la referida norma, ya sea porque no se declararon los impuestos respectivos o, si habiéndose declarado, estos se encuentran pendientes de pago, podrán considerar como un ingreso diferido las rentas o cantidades que se mantenían pendientes de tributación, determinadas conforme a lo dispuesto en el número 2, de la letra A), del artículo 14 ter de la ley sobre impuesto a la renta según su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.

En caso que se ejerza esta opción, el ingreso diferido deberá computarse, considerándose dentro de los ingresos percibidos o devengados del ejercicio respectivo, en un período de hasta cinco ejercicios comerciales consecutivos, contando como primer ejercicio aquel terminado al 31 de diciembre del año en que se publique esta ley en el diario oficial, e incorporando como mínimo un quinto de dicho ingreso en cada ejercicio, hasta su total computación. Si el contribuyente pone término al giro de sus actividades, aquella parte del ingreso diferido cuyo reconocimiento se encuentre pendiente de computo, deberá incorporarse dentro de los ingresos del ejercicio de término de giro.

Para los efectos de su computo en el primer ejercicio, el ingreso diferido se reajustará de acuerdo al porcentaje de variación que experimente el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el mes anterior al año que precede al de su incorporación al régimen simplificado y el mes anterior al término del año comercial 2018. Para los ejercicios siguientes, el ingreso diferido se deberá computar debidamente reajustado de acuerdo al porcentaje de variación que experimente el índice de precios al consumidor con respecto a su último reconocimiento o computo.

El ingreso diferido de que trata esta opción se computará incrementado en una cantidad equivalente al crédito por impuesto de primera categoría establecido en los artículos 56 número 3 y 63, a que tienen derecho las utilidades acumuladas en el Fondo de Utilidades Tributables establecido en el número 3°.- de la letra A) del N°1) del artículo 14 de la ley de la renta vigente al 31 de diciembre de 2016, fijado por el artículo segundo transitorio de la ley número 20.780; y en el Fondo de Utilidades Reinvertidas, establecido en la letra b) del número 3°.- de la letra A) del N°1) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente al 31 de diciembre de 2016, fijado por el artículo segundo transitorio de la ley número 20.780.

Tal crédito podrá imputarse al impuesto de primera categoría que deba pagar el contribuyente a partir del año comercial 2018 y subsiguientes. Para tal efecto, en el primer ejercicio, el crédito se reajustará de acuerdo al porcentaje de variación que experimente el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el mes anterior al año que precede al de incorporación al régimen simplificado y el mes anterior al término del año comercial 2018. Para los ejercicios siguientes, el crédito se deberá imputar debidamente reajustado de acuerdo al porcentaje de variación que experimente el índice de precios al consumidor con respecto a su última imputación.

En caso de resultar un excedente de crédito del procedimiento anterior, este se imputará en la misma forma en el ejercicio siguiente y en los posteriores. El remanente de crédito no podrá imputarse a ningún otro impuesto ni se tendrá derecho a su devolución. Con todo, el crédito que se impute por este concepto en el ejercicio respectivo, no podrá exceder de una cantidad equivalente a la suma que se determine al aplicar la tasa vigente del impuesto de primera categoría sobre el monto del ingreso diferido incrementado que corresponda reconocer en dicho ejercicio. El ingreso diferido no se considerará para los efectos de lo dispuesto en el artículo 84 de la ley sobre impuesto a la renta.

La opción con efecto retroactivo de que trata este artículo deberá ser manifestada de manera expresa por los contribuyentes referidos, en la forma que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. Si no se ejerciere ninguna de las opciones, dentro del plazo establecido para ejercer la opción, se mantendrán los efectos tributarios establecidos en el número 2, de la letra A), del artículo 14 ter de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2016. El Servicio de Impuestos Internos deberá informar a la empresa que cumpla con los requisitos para ejercer esta opción mediante aviso incorporado en el sitio personal del contribuyente y a través de correo electrónico si se tuviere conocimiento de este.

Si a los propietarios, comuneros, socios o accionistas de las empresas, que se acogieron al régimen simplificado del artículo 14 ter referido a contar del 1° de enero de 2015 o 2016, y que, a la fecha del ejercicio de la presente opción se les hubiere notificado una liquidación o giro, estando este último pendiente de pago, fundado en el cobro de un mayor impuesto global complementario o adicional producto de considerar retiradas, remesadas o distribuidas el saldo de rentas o cantidades determinadas al 31 de diciembre del año anterior del ingreso al régimen simplificado del artículo 14 ter, ya referido, dichos propietarios, comuneros, socios o accionistas de las empresas podrán solicitar la anulación de la señalada liquidación o giro, debiendo el Servicio de Impuestos Internos aprobar dicha solicitud con la sola verificación que se cumplen los presupuestos de hecho establecidos en este artículo.

Artículo decimosexto transitorio. Las reinversiones de utilidades efectuadas a través de aportes de capital a una sociedad de personas, realizadas a partir del 1° de enero de 2015; y las efectuadas mediante la adquisición de acciones de pago, independientemente de la fecha de su adquisición, cuando no se hubieren cedido o enajenado los derechos o acciones respectivas, o no se hubiere efectuado una devolución de capital con cargo a dichas cantidades al 31 de diciembre de 2018, manteniéndose así a tal fecha en un registro separado de acuerdo a lo establecido en el número 2.-, del numeral I.-, del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780, deberán mantenerse en esa misma condición y en los mismos términos que se establece en dicha norma, a contar del 1° de enero de 2019.

Por tanto, en el registro separado se deberá especificar el socio o accionista que efectuó el aporte o adquirió las acciones, la oportunidad en que ello se realizó, el tipo de utilidad de que se trata y el crédito e incremento por el impuesto de primera categoría que les corresponde. A su vez, dichas cantidades se gravarán con los impuestos global complementario o adicional, cuando los contribuyentes enajenen las acciones o derechos por acto entre vivos, considerándose que el enajenante ha efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la adquisición de las acciones o de los aportes a la sociedad de personas respectiva, quedando sujeto en el exceso a las normas generales de la ley.

El contribuyente de impuestos finales podrá imputar el crédito por impuesto de primera categoría pagado en la sociedad desde la cual se hizo la reinversión, en contra del impuesto final que resulte aplicable sobre el retiro aludido en el párrafo anterior, de conformidad a las normas de los artículos 56 número 3), y 63 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2016. El mismo tratamiento previsto en este artículo transitorio tendrán las devoluciones totales o parciales de capital, el saldo de estas cantidades que se determine al término de giro del contribuyente o al momento de optar por un régimen de tributación en que no esté obligado a mantener los registros de las rentas pendientes de tributación, respecto de las acciones o derechos que se hayan adquirido con la reinversión. Para los efectos de la determinación del retiro y del crédito que corresponda, las sumas respectivas se reajustarán de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición de las acciones o de los aportes y el último día del mes anterior a la enajenación, disminución de capital, término de giro o abandono del régimen, según corresponda.

Los contribuyentes que cedan o enajenen los derechos sociales o las acciones respectivas, no podrán volver a reinvertir las cantidades que obtuvieren producto de la cesión o enajenación.

Para los efectos señalados, las devoluciones de capital que se efectúen a contar del 1° de enero de 2019, se sujetarán a lo dispuesto en el número 7, del artículo 17 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a contar de esa fecha, pero las sumas retiradas, remesadas o distribuidas por estos conceptos se imputarán en primer término a las cantidades que se mantengan anotadas como saldo en el registro señalado en este artículo transitorio, el que se reajustará de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior a aquel en que se efectuó el aporte o aumento de capital y el mes anterior a la devolución de capital, o al término del ejercicio respectivo, según corresponda.

Tratándose de la división o fusión de sociedades, entendiéndose dentro de esta última la disolución de una sociedad por la reunión del total de los derechos o acciones de una sociedad en manos de una misma persona, efectuada a partir del 1° de enero de 2019, se aplicará lo dispuesto en el número 1.- de la letra C), del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, de acuerdo a su texto vigente a esa fecha. Las cantidades y anotaciones a que se refieren este artículo transitorio, que se mantengan a la fecha de división o fusión, según corresponda, se entenderán incorporadas en la sociedad que se crea o subsiste, según el caso, siendo aplicable respecto de estas últimas lo dispuesto anteriormente. En las divisiones, para la asignación de tales cantidades, se estará a la proporción que se determine a la fecha de la misma conforme a la letra a), del número 1.- de la letra C) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 1° de enero de 2019 o en la fecha que corresponda.

Mientras se mantenga un saldo en el registro de las cantidades que señala este artículo transitorio, éste se considerará como mayor capital aportado con el solo fin de determinar, al término de cada año comercial, las rentas o cantidades mantenidas en el registro RAI del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 1° de enero de 2019.

Artículo decimoséptimo transitorio. Los contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letras A) o B), del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2018, que a dicha fecha mantengan un control de retiros en exceso de acuerdo a lo establecido en el número 4.-, del numeral I.-, del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780, y que pasen a estar sujetos a las disposiciones de la letra A), del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente a contar del 1° de enero de 2019 o de la fecha que corresponda, deberán seguir manteniendo el registro y control de tales partidas, así como de los propietarios o socios que efectuaron tales retiros, o sus cesionarios en su caso.

Lo anterior, a fin de imputar al 31 de diciembre de cada año, los señalados retiros en exceso, a continuación de los retiros, remesas o distribuciones efectuados durante el ejercicio, a las rentas o cantidades que se mantengan en los registros RAI, DDAN y REX del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente desde el 1° de enero de 2019, o de la fecha que corresponda en ese mismo orden. Cuando resulten imputados a las cantidades que se mantengan en los registros RAI y DDAN, se afectarán con los impuestos global complementario o adicional, con derecho al crédito y con el incremento que establecen los artículos 54, 56 número 3), 62 y 63 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente a contar del 1° de enero de 2019 o de la fecha que corresponda. En caso que aún persista un exceso, éste se imputará en el ejercicio siguiente, o subsiguientes, y así sucesivamente, hasta agotar el saldo de dichos retiros en exceso. Para estos efectos, el referido saldo se reajustará según la variación que experimente el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se efectuaron los retiros y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se imputen conforme a este artículo.

Tratándose de sociedades, los socios tributarán con los impuestos finales, sobre los retiros en exceso que les correspondan, y que resulten imputados a rentas afectas a dichos impuestos, conforme al inciso anterior. En el caso que el socio hubiere enajenado el todo o parte de sus derechos, el retiro referido se entenderá hecho por el o los cesionarios en la proporción correspondiente. Si el cesionario es una sociedad anónima, en comandita por acciones por la participación correspondiente a los accionistas, o un contribuyente del artículo 58, número 1, deberá pagar el impuesto a que se refiere el artículo 21, inciso primero, sobre el total del retiro que se le imputa. Si el cesionario es una sociedad de personas, las utilidades que le correspondan por aplicación del retiro que se le imputa se entenderán a su vez retiradas por sus socios en proporción a su participación en las utilidades. Si alguno de éstos es una sociedad, se deberán aplicar nuevamente las normas anteriores, gravándose las utilidades que se le imputan con el impuesto del artículo 21, inciso primero, o bien, entendiéndose retiradas por sus socios y así sucesivamente, según corresponda. En el caso de transformación de una sociedad de personas en una sociedad anónima, ésta deberá pagar el impuesto del inciso primero del artículo 21 en el o en los ejercicios en que se produzca la imputación de los retiros en exceso a los registros RAI o DDAN, según corresponda, por los retiros en exceso que existan al momento de la transformación. Esta misma tributación se aplicará en caso que la sociedad se transforme en una sociedad en comandita por acciones, por la participación que corresponda a los accionistas.

En la conversión de un empresario individual o en la división o fusión de sociedades, entendiéndose dentro de esta última la disolución de una sociedad por la reunión del total de los derechos o acciones de una sociedad en manos de una misma persona, efectuada a partir del 1 de enero de 2019, si la empresa que se convierte o la sociedad que se divide o fusiona, mantiene retiros en exceso, éstos se mantendrán pendientes de tributación en la empresa que se crea o subsiste, siendo responsable por los mismos quién hubiere efectuado los retiros en exceso, o su cesionario, de acuerdo a las reglas precedentes. En caso que la continuadora o la que nace de la división resulte ser una sociedad anónima o una sociedad en comandita por acciones, por la participación que corresponda a los accionistas, dicha sociedad deberá pagar el impuesto del inciso primero del artículo 21 en el o en los ejercicios en que corresponda de acuerdo a las reglas anteriores, por los retiros en exceso que existan al momento de la conversión, división o fusión respectiva. En las divisiones, la asignación de los retiros en exceso deberá sujetarse a la proporción que se determine a dicha fecha conforme a la letra a), del número 1.- de la letra C) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 1° de enero de 2019 o de la fecha que corresponda.

Artículo decimoctavo transitorio. Tratándose de contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2018,o de la fecha que corresponda que desde el 1° de enero de 2019 deban sujetarse a las disposiciones de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente a contar de dicha fecha, para los efectos de lo señalado en el inciso segundo, de la letra a), del artículo 84 de dicha ley, deberán recalcular el impuesto de primera categoría con la tasa de impuesto que rija en el año calendario 2019, para determinar el porcentaje que deben aplicar a los ingresos brutos por los meses de abril 2020 a marzo 2021.

Artículo decimonoveno transitorio. Tratándose de los contribuyentes que declaren sobre la base de su renta efectiva según contabilidad completa, sujetos a las disposiciones de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019,o desde la fecha que corresponda, que mantengan al 31 de diciembre de 2018 un saldo de rentas o cantidades de aquellas a que se refieren los numerales ii) y iv), de la letra a), del N° 1, del numeral I.- del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780, o un saldo acumulado en el SAC del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019, o desde la fecha pertinente que corresponda a crédito por impuesto de primera categoría con obligación de restitución, establecida en los artículos 56 número 3) y 63 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2018, que terminen su giro a contar del 1° de enero de 2019, sea que se haya declarado por la empresa o cuando el Servicio de Impuestos Internos por aplicación de lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 69 del Código Tributario, pueda liquidar o girar los impuestos correspondientes, deberán aplicar las normas establecidas en el artículo 38 bis de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente a contar del 1° de enero de 2019 o a contar de la fecha de publicación de la ley, considerando además las siguientes reglas especiales:

1.Deberán considerar retiradas, remesadas o distribuidas las rentas o cantidades acumuladas en la empresa indicadas en el numeral siguiente, por parte de sus propietarios, en la proporción en que participan en las utilidades de la empresa, para afectarse con la tributación que a continuación se indica.

2.Las cantidades indicadas en el número 1 anterior corresponderán a las diferencia positivas que se determinen al descontar a la suma entre: (i) el valor positivo del capital propio tributario de la empresa a la fecha de término de giro;(ii) el saldo negativo del registro REX del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta; y, (iii) los retiros en exceso a que se refiere el numeral iv), de la letra a), del N° 1, del numeral I.- del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780, que se mantengan a esa fecha, asignándole el valor de cero si resultase ser negativa dicha suma, las siguientes cantidades:

a.El saldo positivo de las cantidades anotadas en el registro REX del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta;

b.El monto de los aportes de capital enterados efectivamente en la empresa, más los aumentos y descontadas las disminuciones posteriores que se hayan efectuado del mismo, todos ellos reajustados de acuerdo al porcentaje de variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior a la fecha de aporte, aumento o disminución de capital, y el mes anterior al término de giro. Sólo para estos efectos, se entenderá que forma parte del capital aportado, el saldo de inversiones que se mantenga en el registro que establecía el inciso segundo de la letra b), del número 3 de la letra A), del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2016, cuyo control a contar del 1° de enero de 2017 quedó establecido en el numeral i), de la letra b) del número 1, del numeral I.- del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780.

Estos contribuyentes tributarán por esas rentas o cantidades, previamente incrementadas en una cantidad equivalente al crédito establecido en los artículos 56, número 3) y 63, y el crédito contra impuestos finales del artículo 41 A, todos de la ley sobre impuesto a la renta, que están incorporados en el registro SAC del artículo 14 de dicha ley, con un impuesto del 35%, sólo respecto a la parte de las rentas o cantidades que correspondan a los propietarios, contribuyentes de impuestos finales que no declaren renta efectiva según contabilidad completa. Contra este impuesto podrá deducirse la proporción que corresponda del saldo de créditos del registro SAC que estén formando parte de la base imponible. No obstante, cuando corresponda al saldo acumulado de crédito por impuesto de primera categoría sujeto a la obligación de restitución, conforme a las normas vigentes al 31 de diciembre de 2018, su imputación se aplicará sólo hasta un 65% de su monto. Por su parte, aquella porción del impuesto de que trata este artículo transitorio, contra el cual se imputó créditos del registro SAC que fueron cubiertos o se originan del crédito establecido en el artículo 41 A de la ley sobre impuesto a la renta, no podrá ser objeto de devolución en caso de que se ejerza la opción del número 3, del artículo 38 bis de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 1° de enero de 2019, o desde la fecha que corresponda o sobre la base de cualquier otra disposición legal.

El exceso de créditos que se produzca, luego de imputar los créditos señalados al impuesto del 35% por término de giro, no podrá ser imputado a ninguna otra obligación tributaria, ni dará derecho a devolución.

Respecto a la parte de las rentas o cantidades que correspondan a socios o accionistas de la empresa que sean contribuyentes de primera categoría obligados a determinar renta efectiva según contabilidad completa, ésta deberá considerarse retirada o distribuida a dichos propietarios a la fecha del término de giro, con el crédito que les corresponda proporcionalmente.

Por su parte, la tributación del saldo de inversiones que se mantenga a la fecha del término de giro en el registro que establecía el inciso segundo de la letra b), del número 3, de la letra A), del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto al 31 de diciembre de 2016, cuyo control a contar del 1 de enero de 2017 quedó establecido en el numeral i), de la letra b), del número 1, del numeral I.- del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780, procederá en la forma señalada en el artículo vigesimoquinto transitorio de esta ley.

Artículo vigésimo transitorio. Los contribuyentes que suscribieron contratos de derivados de aquellos a que se refiere la ley número 20.544, de 2011, durante los años comerciales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, y no hubiesen dado cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 13 de dicha ley, en relación a presentar oportunamente la información requerida por el Servicio de Impuestos Internos, o la presentada tuviese información o antecedentes erróneos o incompletos, podrán, rectificando las correspondientes declaraciones de impuestos, deducir las pérdidas o gastos provenientes de los derivados no declarados en forma oportuna, o declarados en forma incompleta y/o errónea, siempre que, cumpliendo con los demás requisitos que dicha disposición legal establece, hayan ya presentado, completado y/o corregido dicha información al citado Servicio o la presenten, completen o corrijan hasta 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, ello en la forma y oportunidad que establezca el Servicio señalado mediante resolución.

Artículo vigesimoprimero transitorio. Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, podrán depreciar los bienes físicos del activo inmovilizado nuevos o importados que adquieran dentro los veinticuatro meses siguientes a aquel en que se publique la presente ley en el Diario Oficial y que sean destinados a nuevos proyectos de inversión, considerando una depreciación instantánea e inmediata en el ejercicio en que comience la utilización del bien por el equivalente a un 50% del valor de adquisición del bien respectivo. Respecto del 50% del valor restante, el contribuyente podrá aplicar la depreciación acelerada conforme al artículo 31 número 5 o 5 bis de la ley sobre impuesto a la renta, según corresponda.

Para estos efectos, los nuevos proyectos de inversión deben corresponder al desarrollo, exploración, explotación, ampliación, extensión, mejora o equipamiento de proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, de infraestructura, de telecomunicaciones, de investigación o desarrollo tecnológico, médico o científico, entre otros, como asimismo, su modificación o complemento. Adicionalmente, el proyecto, deberá estar directamente vinculado con la producción de bienes o la prestación de servicios del giro o actividad del contribuyente.

En todo caso, cuando se aplique el régimen de depreciación indicado en este artículo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 letra A) de la ley sobre impuesto a la renta, sólo se considerará la depreciación normal que corresponde al total de los años de vida útil del bien. La diferencia que resulte en el ejercicio respectivo entre la depreciación que regula este artículo y la depreciación normal solo podrá deducirse como gasto para los efectos del impuesto de primera categoría, debiendo anotarse dicha diferencia en el registro DDAN del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta.

En lo demás, se aplicarán las reglas que establecen los números 5 o 5 bis del artículo 31 de la ley sobre impuesto a la renta.

El Ministerio de Hacienda emitirá un decreto estableciendo el procedimiento y demás requisitos para hacer uso de esta norma especial de depreciación.

Artículo vigesimosegundo transitorio. Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, que adquieran bienes físicos del activo inmovilizado nuevos o importados durante los veinticuatro meses siguientes a aquel en que se publique la presente ley en el Diario Oficial, para instalarlos físicamente y utilizarlos en la producción de bienes o prestación de servicios exclusivamente en la Región de la Araucanía, podrán depreciar dichos bienes de manera instantánea e íntegra, en el mismo ejercicio comercial en que sean adquiridos, quedando valorados dichos activos en un peso.

El activo fijo depreciado conforme al párrafo anterior deberá permanecer y ser utilizado en la producción de bienes o prestación de servicios exclusivamente en la Región de la Araucanía durante al menos 3 años desde realizada la inversión.

No obsta a lo anterior el hecho que los bienes sean trasladados temporalmente fuera de la referida región para efectos de reparaciones o mantenciones necesarias para su buen funcionamiento; o que, por la naturaleza de las actividades, deban desplazarse fuera de la región. Asimismo, no se perderá este beneficio como consecuencia de verificarse procesos de reorganización empresarial posteriores, en cuyo caso el beneficio podrá continuar siendo utilizado, en los mismos términos, por el contribuyente a quien, en definitiva, se le asignen los bienes objeto de esta depreciación tras la reorganización empresarial. En caso de destrucción del bien por caso fortuito o fuerza mayor, no corresponderá devolver el beneficio ya utilizado por el contribuyente.

En todo caso, cuando se aplique el régimen de depreciación indicado en este artículo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 letra A) de la ley sobre impuesto a la renta, sólo se considerará la depreciación normal que corresponde al total de los años de vida útil del bien. La diferencia que resulte en el ejercicio respectivo entre la depreciación que regula este artículo y la depreciación normal solo podrá deducirse como gasto para los efectos del impuesto de primera categoría, debiendo anotarse dicha diferencia en el registro DDAN del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta.

En lo demás, se aplicarán las reglas que establece el número 5 del artículo 31 de la ley sobre impuesto a la renta.

El Ministerio de Hacienda emitirá un decreto estableciendo el procedimiento y demás requisitos para hacer uso de esta norma especial de depreciación.

Artículo vigesimotercero transitorio. Para los efectos de lo dispuesto en la letra b) del número 8°.- del artículo 17 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2018, se entenderá que las operaciones a que se refiere el inciso tercero del referido número 8°.- fueron realizadas por contribuyentes que determinaban el impuesto de primera categoría sobre rentas efectivas, si al momento de su enajenación, los bienes formaban parte del giro, actividades o negociaciones de su empresa individual. La misma regla se aplicará para los efectos de lo dispuesto en el numeral XVI.- del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780.

Artículo vigesimocuarto transitorio. Las fundaciones y corporaciones reguladas en el Título XXXIII, del Libro I del Código Civil, para los efectos de determinar el mayor valor que obtengan en la enajenación de bienes raíces situados en Chile, o de derechos o cuotas respecto de tales bienes raíces poseídos en comunidad, adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2012, podrán considerar como valor de adquisición de los referidos bienes el valor de mercado de los mismos, a la fecha de publicación de esta ley, el que deberán controlar y acreditar fehacientemente ante el Servicios de Impuestos Internos. La tasación en referencia deberá ser comunicada al Servicio hasta el 30 de junio de 2019 o bien hasta 6 meses después de la fecha de publicación de la ley si fuere posterior si la entrada en vigencia fuera posterior al 1º de enero de 2019, en la forma que el mismo establezca mediante resolución.

Artículo vigesimoquinto transitorio. Los contribuyentes sujetos al impuesto de primera categoría sobre la base de un balance general según contabilidad completa, que hayan iniciado actividades con anterioridad al 1° de junio de 2018, y que al término del año comercial 2018 mantengan un saldo de utilidades tributables acumuladas generadas hasta el 31 de diciembre de 2016, conforme al numeral iii), letra b), N° 1, del numeral I.- del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780, podrán optar por pagar a título de impuesto de la ley sobre impuesto a la renta, un tributo sustitutivo de los impuestos finales con tasa de 30%, sobre una parte o el total de dicho saldo. Para estos efectos, se deberán aplicar las siguientes normas:

1.La opción para acogerse al tratamiento tributario establecido en este artículo, se podrá ejercer hasta el último día hábil bancario de diciembre de 2019 y 2020, respecto de los saldos que se determinen al 31 de diciembre de 2018 y 2019, respectivamente. Se entenderá que la opción se ejerce con la declaración y pago simultáneo a través del formulario que, para estos efectos, establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución.

2.Para determinar el saldo de utilidades que se puede acoger a esta opción, se deberá proceder como sigue:

a)Respecto del saldo de utilidades al 31 de diciembre de 2018:

En el caso de contribuyentes sujetos al régimen de la letra B) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según texto vigente al 31 de diciembre de 2018, o a la fecha posterior que corresponda, se deberá considerar el monto menor entre el saldo de utilidades tributables acumuladas y el saldo de las cantidades que se mantengan en el registro de la letra a) de su número 2.

En el caso de contribuyentes sujetos al régimen de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según texto vigente al 31 de diciembre de 2018, se deberá considerar el monto menor entre el saldo de utilidades tributables acumuladas y la diferencia positiva que se determine al término del año comercial 2018 entre:

i.El valor positivo del capital propio tributario determinado de acuerdo al número 1 del artículo 41 de la ley sobreimpuesto a la renta vigente al 31 de diciembre de dicho año, asignándole el valor de cero si resultase ser negativo, y

ii.El saldo positivo de las cantidades que se mantengan en los registros de las letras a) y c) de su número 4, sumado al valor del capital aportado efectivamente a la empresa más sus aumentos y menos sus disminuciones posteriores, reajustados éstos últimos de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior a aquel en que se efectúa el aporte, aumento o disminución y el mes anterior al del término del año comercial. Sólo para estos efectos, se entenderá que forma parte del capital aportado, el saldo de inversiones que se mantenga en el registro que establecía el inciso segundo de la letra b), del número, de la letra A), del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2016, cuyo control a partir del 1 de enero de 2017 quedó establecido en el numeral i), de la letra b), del número 1, del numeral I.- del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780.

Al monto menor que se determine según cada régimen, se le descontarán las siguientes imputaciones ocurridas entre el término del ejercicio y el día en que se ejerza la opción: retiros y dividendos soportados, movimientos por reorganizaciones empresariales, partidas del artículo 21 de la ley sobre impuesto a la renta, adeudadas al 31 de diciembre de 2016 y que se encuentren pagadas entre el 1° de enero y el día del ejercicio de la opción, del año en que se acoge a este régimen tributario; y los ajustes que determine el Servicio mediante resolución.

En los casos que el contribuyente ejerza la opción en más de una ocasión, deberá rebajar las rentas previamente gravadas con este impuesto sustitutivo, para determinar el nuevo saldo de utilidades susceptible de acogerse al tratamiento tributario establecido en este artículo.

b)Respecto del saldo de utilidades al 31 de diciembre de 2019:

En el caso de contribuyentes sujetos al régimen de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, para los fines de determinar el saldo total de utilidades tributables acumuladas susceptibles de acogerse al impuesto sustitutivo de que trata este artículo, se deberá proceder conforme a las siguientes instrucciones:

i.Considerar el monto menor entre el saldo de crédito por impuesto de primera categoría que figura en el registro SAC, y el saldo de crédito por el mismo concepto acumulado al 31 de diciembre de 2016, a que se refiere el inciso segundo del numeral i), letra a), número 1, del numeral I.- del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780, que mantenía controlado el contribuyente al 31 de diciembre de 2018, debidamente reajustado este último concepto al cierre del año comercial 2019.

ii.Dividir el monto resultante por la tasa de asignación de crédito por impuesto de primera categoría acumulado al 31 de diciembre de 2016, vigente al 31 de diciembre de 2018, determinada de acuerdo a la letra c), número 1, del numeral I.- del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780.

iii.Considerar el monto menor entre el valor resultante de la división anterior, siendo para estos fines las utilidades tributables acumuladas al 31 de diciembre de 2016, no retiradas, ni remesadas o distribuidas al 31 de diciembre de 2019, y el saldo de las cantidades que se mantengan en el registro RAI del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta.

Sobre la cantidad que resulte del procedimiento descrito, corresponderá aplicar los mismos ajustes señalados en los dos últimos párrafos de la letra a) anterior.

3.Contra el impuesto sustitutivo que establece este artículo, procederá la deducción del crédito por impuesto de primera categoría que establecen los artículos 56 número 3) o 63 de la ley sobre impuesto a la renta, que se asigne al monto del saldo que se acoge al tratamiento tributario establecido en este artículo, conforme a lo siguiente:

a)Al 31 de diciembre de 2018, determinado según las reglas de la letra c), del número 1, del numeral I.-, del artículo tercero transitorio de la ley número 20.780.

b)Al 31 de diciembre de 2019, determinado con la misma tasa de asignación de crédito que se utilizó en el numeral ii., de la letra b), del número 2 anterior.

El crédito así resultante deberá incrementar previamente la base imponible del impuesto en una cantidad equivalente a su monto, conforme a lo dispuesto en los artículos 54 y 62 de la ley sobre impuesto a la renta, según corresponda.

4.Cuando el crédito por impuesto de primera categoría sea imputado en los términos del párrafo precedente, se deberá deducir tal cantidad del registro SAC del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente desde el 1° de enero de 2019 o desde la fecha que corresponda. De mantenerse un remanente en el saldo acumulado de crédito, éste se mantendrá en dicho registro, a efectos de su asignación en ejercicios posteriores.

Además, cuando sea procedente, el monto de las utilidades asociadas al crédito por impuesto de primera categoría se deberá deducir de las cantidades afectas a los impuestos global complementario o adicional que figuren en el registro RAI del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente desde el 1° de enero de 2019 o desde la fecha que corresponda.

5.Sin perjuicio de lo señalado en los números 3 y 4 anteriores, si al imputar el crédito por impuesto de primera categoría en contra del impuesto sustitutivo de que trata este artículo, resulte un excedente, éste se extinguirá.

6.Todas las cantidades indicadas en los números anteriores deberán ser consideradas debidamente reajustadas de acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el mes anterior al año que precede al ejercicio de la opción, y el mes anterior a aquel en que se declare y pague el impuesto sustitutivo respectivo.

7.Las utilidades que se acojan a las disposiciones de este artículo conforme a las normas anteriores, no se considerarán retiradas, distribuidas o remesadas por los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, según sea el caso.

8.No obstante, con la declaración y pago del impuesto sustitutivo, se entenderá cumplida totalmente la tributación con el impuesto a la renta de tales cantidades, por lo que a dicha fecha se deberán anotar como rentas con tal calificación tributaria en el registro REX del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a contar del 1° de enero de 2019 o desde la fecha que corresponda.

9.Las cantidades efectivamente gravadas de conformidad a éste artículo, una vez declarado y pagado el citado tributo, podrán ser retiradas, remesadas o distribuidas a partir de ese momento en la oportunidad que se estime conveniente, con preferencia a cualquier otra suma y sin considerar las reglas de imputación que establezca la ley sobre impuesto a la renta vigente a la fecha del retiro, remesa o distribución. Los contribuyentes que paguen, remesen al exterior, abonen en cuenta o pongan a disposición estas cantidades, no deberán efectuar la retención de impuesto que establece el número 4, del artículo 74 de la ley sobre impuesto a la renta.

10.Si las cantidades afectadas con el impuesto sustitutivo fueren retiradas o distribuidas a un contribuyente de impuesto de primera categoría que tribute en base a renta efectiva determinada en base a contabilidad completa, deberán ser incorporadas al registro correspondiente al momento de su percepción, pudiendo ser retiradas o distribuidas a contar de tal fecha en cualquier momento, sin considerar las reglas de imputación establecidas en el artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta o el tipo jurídico de la empresa de que se trate.

11.Cuando el contribuyente de impuestos finales así lo solicite, la empresa respectiva deberá certificar que los retiros, distribuciones o remesas que se efectúen con cargo a las utilidades que se hayan afectado con este impuesto, han sido gravadas con tales tributos mediante la aplicación de este régimen de impuesto sustitutivo.

12.El impuesto pagado de conformidad a este artículo, como así también los gastos financieros y otros incurridos para su aplicación, deberán deducirse de las respectivas rentas que se afectaron con dicho impuesto sustitutivo, no pudiendo deducirse como gasto en la determinación de la renta líquida imponible del impuesto de primera categoría establecido en la ley sobre impuesto a la renta.

Artículo vigesimosexto transitorio. Las modificaciones efectuadas al artículo 21 del decreto ley 910, de 1975, en virtud del artículo 6° de la presente ley, entrarán en vigencia a contar de 1° de enero de 2019 o bien, a contar de la de publicación de la ley en el diario oficial si ello ocurriera después.

Artículo vigesimoséptimo transitorio. El impuesto establecido en el artículo 15 de la presente ley, entrará en vigencia 3 meses después de publicarse la presente ley y afectará a todas las sumas que, a partir de esa fecha, se paguen a los contribuyentes que establece el número 1 del artículo 15 de la presente ley.

Artículo vigesimoctavo transitorio. En tanto no se dicte el decreto a que hace referencia el nuevo inciso tercero del artículo 36° de la ley sobre impuesto al valor agregado contenida en el decreto 825 de 1974, los exportadores deberán obtener el reembolso de los impuestos relacionados con su actividad de exportación, en la oportunidad que determina el decreto ley 348 de 1975, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, el cual se mantendrá vigente, en todo lo que no que no sea modificado por la presente ley.

Artículo vigesimonoveno transitorio. Las modificaciones a los artículos 54 y 69 de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios contenida en el decreto ley número 825 de 1974, entrarán en vigencia seis meses después de la publicación de la presente ley en el diario oficial, tratándose de contribuyentes emisores de facturas electrónicas, y doce meses contados desde la misma fecha, para aquellos que no tengan tal calidad.”

Artículo trigésimo transitorio. Interprétase lo dispuesto en el inciso tercero del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la ley número 21.039, que perfecciona la justicia tributaria y aduanera, en el sentido que el llamamiento a conciliación a que se refieren los artículos 132 y 132 bis del actual texto del Código Tributario, puede efectuarse respecto de todas las reclamaciones que se encontraban pendientes de tramitación al 1 de noviembre de 2017, independientemente que a esa fecha se haya recibido o no la causa a prueba.

Artículo trigésimo primero transitorio. La modificación al inciso 1° del artículo 8° de la Ley N° 20.780 entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2020. Las demás modificaciones entrarán en vigor con la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.”

Artículo trigésimo segundo transitorio. Los contribuyentes obligados a determinar la renta efectiva según contabilidad completa que en el año tributario 2018 hayan informado al Servicio un capital propio tributario mayor o menor al que correspondía de acuerdo a las normas dispuestas en el artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, originados en diferencias generadas en, por ejemplo, la falta de reconocimiento de ingresos anotados como anticipos, por aplicación incorrecta de corrección monetaria, errores de cómputo, procesos de reorganizaciones empresariales u otros, podrán rectificar dicho valor en la declaración de renta del año tributario 2019 o 2020, según corresponda, de acuerdo a las siguientes normas:

a) Diferencias a nivel de la empresa fuente.

Las diferencias que fundamentan la rectificación, deberán tener su origen en activos tributarios y pasivos exigibles, capital pagado y sus aumentos o disminuciones, y los reajustes de todos éstos, respecto de los cuales se incurrió en errores de cómputo; su omisión involuntaria en la determinación respectiva, o su incorrecta valoración para fines tributarios; incluyendo las que provengan o se originen en procesos de reorganización.

Cuando producto de la rectificación se generen diferencias de impuesto en la empresa, estas se liberarán de multas, siempre que la respetiva declaración haya sido presentada oportunamente. Para este efecto, la suma de todas las diferencias de los años afectados se declarará y pagará de una sola vez en la declaración anual de renta del año tributario 2019 o 2020, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá optar por corregir todas las declaraciones anuales afectadas con dichas diferencias. En estos casos procederá que la empresa reconozca el impuesto de primera categoría, en la fecha de pago, como un agregado en el registro SAC a que se refiere la letra d) del número 2 de la letra A) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta vigente a partir del 1° de enero de 2019. En el caso que la empresa que rectifica haya estado sujeta en el año tributario 2018 al régimen de la letra B), del artículo 14, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2018, el agregado al registro SAC se controlará en forma separada por estar sujeto a la restitución a que se refieren los artículos 56 N° 3 y 63 de la ley antes señalada.

Si producto de la rectificación del capital propio tributario resultase un menor impuesto a pagar por parte de la empresa, esta podrá optar por mantener sin modificación el crédito por impuesto de primera categoría originalmente anotado en el registro SAC, y otorgar a la diferencia de impuesto de primera categoría pagado en exceso, el mismo tratamiento tributario correspondiente al pago de dicho tributo en forma voluntaria según lo dispuesto en el N° 6.- de la letra A), del artículo 14, según su texto vigente a contar del 1° de enero de 2019.

b) Diferencias en las empresas receptoras.

Si los propietarios de la empresa son a su vez contribuyentes del impuesto de primera categoría, obligados a llevar los registros a que se refiere el número 2 de la letra A), del artículo 14 vigente a partir del 1° de enero de 2019, que hayan estados sujetos al régimen de la letra B), del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, harán un agregado al registro REX por el monto de los retiros o distribuciones que no debieron ser certificados e informados como afectos a los impuestos finales, al término del año en que se produzca la rectificación del capital propio tributario de la empresa fuente.

Si la empresa fuente rectifica su declaración de impuestos del año tributario 2019, respecto a diferencias correspondientes al año tributario 2018 y la empresa receptora es un contribuyente sujeto al régimen de la letra A), del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2018, esta última realizará una deducción a su renta líquida imponible del mismo año tributario 2019, equivalente al mayor retiro o distribución que le haya sido certificado e informado como afecto a los impuestos finales.

Tratándose de retiros o distribuciones informados y certificados como no afectos a los impuestos finales debiendo haber correspondido su información y certificación como rentas afectas a tales tributos, la empresa receptora por aquellas cantidades deberá efectuar una deducción en el registro REX a que se refiere la letra c) del número 2 de la letra A) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2019. En el caso que no exista saldo positivo del registro REX que pueda ser reversado, se efectuará una deducción a todo evento al registro SAC equivalente al crédito por impuesto de primera categoría que habría correspondido en caso de tratarse de un retiro, remesa o distribución.

c) Diferencias a nivel de los propietarios.

Cuando producto de la rectificación referida en las letras anteriores, se aumentan las rentas o cantidades que deben declarar los propietarios originando diferencias de impuestos finales, la empresa respectiva podrá solucionar y pagar dichas diferencias de impuesto final de acuerdo a los artículos 65, 69 y 72 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sin que proceda la rectificación de la declaración de impuestos de los propietarios, en la forma que señale el Servicio mediante resolución; caso en el cual tales desembolsos se considerarán como partidas del inciso primero del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Cuando los retiros, remesas o distribuciones afectos a impuestos finales disminuyan la base declarada y se generen impuestos en exceso, podrá rectificar las declaraciones de impuestos a la renta de acuerdo al artículo 126 del Código Tributario.

Con todo, cuando en el año en que se ejerza este procedimiento especial los propietarios de la empresa sean distintos a aquellos que eran propietarios en el año o periodo al que correspondan las diferencias, se entenderá que los propietarios actuales han manifestado su voluntad de acogerse a la presente norma.

d) Tasa opcional en caso de imposibilidad material de establecer las diferencias de impuesto.

Con todo, cuando la empresa fundadamente no pueda determinar las diferencias de impuesto que le corresponden a ellas o a sus propietarios, se podrá optar por declarar y pagar un impuesto único sustitutivo por las diferencias determinadas con una tasa de 20%.

La diferencia de capital propio tributario determinada se anotará en el registro REX de la letra c) del número 2, de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a partir del 1° de enero de 2019.

El impuesto a que se refiere esta letra se declarará y pagará en la forma señalada en el inciso primero de la letra c) anterior, y se rebajará del registro REX aludido en el párrafo precedente.

e) Excepciones a la presente disposición.

Esta disposición no aplicará si, durante los 3 años calendarios anteriores a la rectificación del capital propio tributario, el contribuyente y/o sus propietarios han sido sancionados, mediante sentencia firme y ejecutoriada, en virtud del artículo 97 números 4, 5, 7, 16, 20, 21 y 23 del Código Tributario o, cuando han cometido una infracción tributaria que pueda ser sancionada con multa y pena privativa de libertad, y se determine perseguir la aplicación de la multa respectiva y ejercer el cobro civil de los impuestos en virtud del inciso 3° del artículo 162 del Código Tributario o , tratándose de contribuyentes personas naturales, cuando hubieren sido formalizados o condenados por alguno de los delitos señalados en el artículo 27 de la Ley N° 19.913 o, de contribuyentes respecto de los cuales se haya declarado judicialmente, mediante sentencia firme y ejecutoriada, la existencia de abuso o simulación, en los términos del artículo 160 bis del Código Tributario.

Tampoco se acogerán a esta disposición, cuando la empresa y/o sus propietarios a la fecha de publicación de esta ley se encuentre en un proceso de recopilación de antecedentes.

f) Normas de armonización.

Según corresponda, se considerarán los valores que surjan de la aplicación del artículo vigésimo quinto transitorio de esta ley, que establece un régimen transitorio para la aplicación de un impuesto único y sustitutivo sobre el saldo de utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2016 que se encuentren pendientes de tributación al 31 de diciembre de 2018, sin que puedan acogerse a éste artículo dichos valores.

El Servicio mediante resolución establecerá la forma de acreditar los ajustes que motivan la rectificación a que se refiere éste artículo, y las concordancias con el régimen señalado en el inciso anterior, tomándose para este efecto las reglas sobre acreditación de partidas del capital propio tributario.

Artículo trigésimo tercero transitorio. El Servicio no podrá, para efectos de fiscalizar la conformación de créditos que conforman el SAC, de acuerdo a lo dispuesto en la ley vigente con anterioridad a la vigencia de la presente ley y que pasen a forman parte del nuevo SAC una vez vigente la nueva ley, y que pueden tener origen entre otros, en las utilidades que se encontraban acumuladas en el Fondo de Utilidades Tributables y en el Fondo de Utilidades Reinvertidas previo al 31 de diciembre de 2016, exigir antecedentes anteriores a los plazos establecidos en el artículo 200 del Código Tributario. Cuando el Servicio revise reorganizaciones, partidas, actos, contratos u operaciones que tengan incidencia en la conformación de las utilidades acumuladas en el Fondo de Utilidades Tributables y en el Fondo de Utilidades Reinvertidas, no podrá exigir antecedentes anteriores a los plazos establecidos en el artículo 200 ni formalidades o solemnidades no contempladas por la ley para el acto, contrato u operación de que se trate.

Sólo por excepción el Servicio podrá exigir antecedentes relativos a dichas operaciones, para cuyo efecto el Director Regional deberá dictar una resolución fundada, especificando los antecedentes relevantes de hecho y de derecho requeridos. En estos casos, se presumirá que la conformación de las utilidades acumuladas en el Fondo de Utilidades Tributables y en el Fondo de Utilidades Reinvertidas se corresponde con los antecedentes informados por el contribuyente, salvo que el Servicio los controvierta con otros antecedentes, en forma precisa y fundada. Para estos efectos, no será suficiente la mera aserción que los antecedentes proporcionados por el contribuyente no forman convicción o no son suficientes para probar sus afirmaciones.

Artículo trigésimo cuarto transitorio. Las modificaciones al artículo 8° de la ley número 20.780 entrarán en vigencia con la publicación de la presente ley en el diario oficial.”

Artículo trigésimo quinto transitorio. La Defensoría del Contribuyente, entrará en vigencia a más tardar en el plazo de dos años contado desde la publicación de la presente ley en el diario oficial. Para esos efectos se establece lo siguiente:

I.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de dos años contado desde la fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda establezca las normas necesarias para:

1) Fijar las plantas de personal; determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8º de la ley Nº18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento en las plantas que fije.

2) Fijar la estructura orgánica de la Defensoría, establecer las unidades funcionales internas, determinar las funciones y responsabilidades de los funcionarios y otras normas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Defensoría;

2) Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios y funcionarias titulares de planta y a contrata, desde el Servicio de Impuestos Internos y los Tribunales Tributarios y Aduaneros a la Defensoría. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios o funcionarias que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Ministerio de Hacienda.

3) Determinar la dotación máxima del personal de la Defensoría del Contribuyente, a cuyo respecto no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

4) Determinar la fecha para la entrada en vigencia de las plantas que fije, del traspaso y del encasillamiento que se practique y de la iniciación de actividades de la Defensoría.

5) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad señalada en el numeral 1) de este artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

6) El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, cesación de funciones, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

7) Traspasar, en lo que corresponda, los bienes que determine, desde el Servicio de Impuestos Internos o los Tribunales Tributarios o Aduaneros, para que sean destinados a la Defensoría del Contribuyente.

8) Crear una asignación especial para el personal de planta y a contrata que se desempeñe en la Defensoría del Contribuyente, para lo cual podrá fijar las condiciones para su otorgamiento, percepción, pago, extinción y cualquier otra norma necesaria para la adecuada aplicación de la misma.

II.- La Defensoría deberá presentar al Ministerio de Hacienda, en un plazo máximo de veinticuatro meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, un informe que analice la factibilidad técnica de crear Defensorías Regionales, indicando sus potestades, funciones y el ámbito geográfico de cada una de ellas.

III.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Defensoría del Contribuyente y transferirá a ella los fondos necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

IV.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario, se financiará con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la ley de presupuestos del sector público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos para el sector público.

V.- No obstante lo señalado en el inciso primero del artículo sexto del artículo 24 de la presente ley que crea la Defensoría del Contribuyente, el Presidente de la Republica podrá nombrar mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda al primer Defensor, sujeto al cumplimiento de los requisitos generales para formar parte de la administración del Estado establecidos en la ley N° 18.575 y aquellos dispuestos en la presente ley.

Artículo trigésimo sexto transitorio. Establécese, a partir del primer día del tercer mes desde la publicación de esta ley en el diario oficial, un sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero por un periodo de doce meses, el que se regirá por las reglas que se señalan a continuación:

1.- Contribuyentes que pueden acogerse.

Los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1° de enero de 2018, podrán optar voluntariamente por declarar ante el Servicio de Impuestos Internos, en la forma que determine mediante resolución, bienes y rentas que se encuentren en el extranjero, aun cuando estos hayan sido consumidos o destinados a gastos de vida, que habiendo estado afectos a impuestos en el país, no hayan sido oportunamente declarados y cumplido con los impuestos correspondientes en Chile, aun cuando hayan sido declarados o informados para fines cambiarios, sea que se mantengan en forma directa o a través de personas o entidades en el exterior, tales como mandatarios, trusts u otros encargos fiduciarios. Cuando los bienes o rentas se mantengan indirectamente, a través de trusts, encargos fiduciarios, fundaciones o mandatarios, en la declaración se deberá identificar al constituyente o settlor, al administrador, encargado fiduciario o trustee y a los beneficiarios finales de tales bienes o rentas, según corresponda.

Dentro del plazo señalado, los contribuyentes podrán presentar cuantas declaraciones estimen pertinentes.

2.- Ingreso de los bienes o rentas declaradas al país.

Los contribuyentes que declaren bienes o rentas situados en el extranjero, podrán optativamente ingresarlos al país. Aquellos contribuyentes que opten por ingresarlos al país, deberán realizar el ingreso, cuando ello sea pertinente, a través de los bancos, según las instrucciones impartidas por el Banco Central de Chile para tal efecto.

3.- Reglas aplicables a los bienes y rentas que podrán acogerse.

3.1.- Bienes y rentas que se pueden declarar.

Podrán ser objeto de la declaración que establece este artículo los siguientes bienes o rentas:

a) toda clase de bienes incluyendo bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones o derechos en sociedades constituidas en el exterior, o el derecho a los beneficios de un trust o fideicomiso, bonos, cuotas de fondos, depósitos y todo tipo de instrumentos financieros o valores, seguros, divisas;

b las rentas que provengan de los bienes indicados en la letra anterior, tales como dividendos, utilidades, intereses, y todo incremento patrimonial que dichos bienes hayan generado;

c) los bienes o rentas consumidos o utilizados o desembolsados para gastos de vida y egresos relacionados, efectuados hasta el 31 de diciembre de 2018.

En el caso de bienes que conforme a la legislación extranjera sean de titularidad o propiedad común mientras viva uno de los titulares o propietarios, se considerará el porcentaje según la prorrata que fijen las partes mediante escritura pública suscrita hasta antes de la presentación de la declaración o según la prorrata simple que corresponda según el número de titulares o beneficiarios.

En ningún caso se podrá someter al presente sistema los bienes o rentas que, al momento de la declaración, se encuentren en países o jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo o no cooperativas en materia de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo por el Financial Action Task Force (FATF/GAFI).

3.2.- Fecha de adquisición de los bienes.

Sólo podrán acogerse a este artículo los bienes o derechos que el contribuyente acredite fehacientemente haber adquirido o ser beneficiario con anterioridad al 1° de enero de 2018 y las rentas percibidas o devengadas que provengan de tales bienes hasta el 31 de diciembre de 2018. Para estos efectos, se entenderá que si un bien tiene su origen en bienes de los que era propietario o beneficiario con anterioridad al 1° de enero de 2018, este se podrá acoger a la presente disposición, aun cuando sea adquirido con posterioridad a esta última fecha.

Las rentas percibidas o devengadas a contar del 1° de enero del año 2019 deberán declararse de acuerdo a las reglas generales, aplicando, asimismo las demás obligaciones que pudieren afectar a tales bienes o rentas conforme a las normas que les sean aplicables, para efectos de índole aduanera, cambiaria, societaria, de mercado de valores, entre otras. A los contribuyentes que declaren o rectifiquen su declaración de impuestos para efectos de incluir las rentas de este párrafo se les aplicaran las mismas reglas de los números 12 y 13 de este artículo.

3.3.- Prueba del dominio de los bienes y rentas.

Los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo deberán acompañar o poner a disposición los antecedentes necesarios que el Servicio de Impuestos Internos solicite y determine mediante resolución para acreditar su dominio, derecho a los beneficios o cualquier derecho o título fiduciario sobre los bienes o rentas declarados, o gastos o consumos financiados con dichas rentas, su origen, fecha de adquisición, o sobre las transacciones, pagos, y egresos que corresponda.

En todo caso en dicha resolución se deberá considerar que cuando se trate de antecedentes cuya tramitación requiera la participación de terceros y cuya obtención pueda exceder el plazo de presentación establecido en este artículo, el contribuyente dispondrá de hasta 3 meses adicionales contados desde la fecha de presentación de la declaración para ponerlos a disposición del Servicio.

Asimismo, dicha resolución deberá considerar que podrán incluirse en la declaración a que se refiere este artículo bienes respecto de los cuales, a la fecha de la declaración, no se cuente con documentos legalizados, autenticados o traducidos, sin perjuicio de presentarlos cuando el Servicio de Impuestos Internos lo requiera en el ejercicio de sus facultades de fiscalización.

4.- Valor probatorio, forma y plazo de la declaración.

La declaración a que se refiere este artículo, deberá ser presentada por el contribuyente al Servicio de Impuestos Internos, dentro del plazo que fija este artículo, junto con todos los antecedentes de hecho en que se funde, de los cuales debe desprenderse el cumplimiento de los requisitos de este sistema voluntario, transitorio y extraordinario de declaración. La declaración constituirá plena prueba respecto de los datos contenidos en ella y, desde el momento en que se presenta se entenderá que autoriza a las instituciones públicas a que se refiere este artículo para intercambiar información respecto de los bienes o rentas que consten en su declaración.

5.- Inventario y descripción de los bienes, rentas, consumos y gastos de vida.

Los contribuyentes deberán acompañar a la declaración establecida en este artículo, los que formarán parte integrante de la misma para todos los efectos, un inventario y descripción detallada de todos los conceptos que sean objeto de la misma, con indicación de su origen, naturaleza, especie, número, cuantía, lugar en que se encuentran o hayan sido celebradas o incurridas y personas o entidades que los tengan a cualquier título, cuando se mantengan a través de terceros o a nombre del contribuyente, incluyendo aquellos que con anterioridad se hayan omitido o declarado en forma incompleta o inexacta.

6.- Sanción por la incorporación dolosa de bienes o rentas de terceros en la declaración.

Aquellos contribuyentes que maliciosamente y con infracción a las disposiciones de este artículo incluyan en su propia declaración bienes o rentas de terceros, serán sancionados con multa del trescientos por ciento del valor de los bienes o rentas de que se trate, determinado según el numeral 7 de este artículo, y con presidio menor en sus grados medio a máximo. La multa que establece este numeral se aplicará de acuerdo al procedimiento que establece el número 2, del artículo 165, del Código Tributario.

7.- Reglas para la valoración de los bienes y rentas declaradas.

El contribuyente deberá informar los bienes a su valor comercial o de mercado al 31 de diciembre de 2018. Dicho valor será determinado de acuerdo a las siguientes reglas:

a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, en cuanto resulte aplicable considerando la naturaleza y ubicación de los bienes.

b) En el caso de acciones, derechos o cualquier título sobre sociedades o entidades constituidas en el extranjero; bonos y demás títulos de crédito, valores, instrumentos y cualquier activo que se transe en el extranjero o en Chile en un mercado regulado por entidades públicas del país respectivo o reconocidas en Chile, el valor de tales activos será alternativamente:

i.el precio promedio que se registre en tales mercados dentro del último semestre de 2018. Lo anterior deberá acreditarse con un certificado emitido por la respectiva autoridad reguladora o por un agente autorizado para operar en tales mercados, debidamente legalizado, autenticado y traducido al idioma español, según corresponda;

ii.el precio o valor que presenten al 31 de diciembre de 2018 o en la última cartola o liquidación de ese año;

iii.En el caso de inversiones financieras compuestas de diferentes instrumentos y contratos, se considerará el saldo global de todos ellos de acuerdo a la respectiva cuenta o portfolio, según los certificados o cartolas emitidos por las respectivas instituciones financieras o bancarias al 31 diciembre 2018.

c) Cuando no pueda aplicarse lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores, deberán declararlos a su valor comercial o de mercado, teniendo como base para tales efectos un informe de valoración elaborado por auditores independientes.

d) Los valores a que se refieren las letras precedentes, cuando sea pertinente, deberán convertirse a moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio informado para la respectiva moneda extranjera por el Banco Central de Chile según el número 6., del Capítulo I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales o el que dicho Banco establezca en su reemplazo, correspondiente al día hábil anterior a la declaración.

e) El valor determinado conforme a este numeral, una vez pagado el impuesto único que establece el presente artículo, constituirá el costo de dichos bienes para todos los efectos tributarios, excluyéndose aquellos bienes o rentas que fueron consumidas o utilizadas para gastos de vida.

f) En el caso de contribuyentes que declaren su renta efectiva en base a contabilidad completa afectas al impuesto de primera categoría, los bienes y las rentas declarados, deberán registrarse en la contabilidad a la fecha de su declaración, al valor determinado conforme a este numeral; y se considerarán como capital para los efectos de lo dispuesto en el número 29, del artículo 17, de la ley sobre impuesto a la renta, contenida en el artículo 1°, del decreto ley número 824, de 1974. Los demás contribuyentes deberán considerar dicho valor como costo de tales activos para todos los efectos tributarios.

g) Si el contribuyente no acreditare el valor de los bienes o la cuantía de las rentas conforme a lo dispuesto en este numeral, el Servicio de Impuestos Internos, podrá tasarlas conforme con el artículo 64 del Código Tributario y girar sin más trámite las diferencias de impuestos que se determinen. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del contribuyente a reclamar conforme al procedimiento general de reclamación. Una vez aceptada la tasación por parte del contribuyente o ratificada por el tribunal mediante sentencia ejecutoriada, los valores tasados formarán parte del costo de dichos bienes.

8.- Procedimiento.

Presentada la declaración que establece este artículo y con el sólo mérito de aquella, el Servicio de Impuestos Internos deberá girar dentro de los cinco días hábiles siguientes, un impuesto único y sustitutivo de los demás impuestos que pudieren haber afectado a los bienes, rentas, consumos y gastos de vida declarados, el que se aplicará con una tasa de 10%, sobre el valor de los mismos.

El pago de este impuesto deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del respectivo giro, debiendo dejarse constancia del pago en el expediente electrónico del contribuyente. El pago del impuesto podrá realizarse con los bienes o rentas incluidos en la declaración.

Mediante resolución el Servicio establecerá el procedimiento y la moneda en que se deberá hacer el pago.

9.- Tratamiento del impuesto único.

El impuesto de este artículo no podrá utilizarse como crédito contra impuesto alguno, ni podrá deducirse como gasto en la determinación del mismo impuesto único ni de ningún otro tributo. No obstante lo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 21 de la ley sobre impuesto a la renta.

10.- Regularización de información cambiaria.

Los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo, además de presentar la declaración y efectuar el pago del impuesto respectivo, en forma accesoria deberán regularizar, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia cambiaria por el Banco Central de Chile conforme a su ley orgánica constitucional, en la forma y en los plazos que esta institución determine.

11.- Prohibiciones.

No podrán acogerse a las disposiciones de este artículo las personas que al momento de efectuar la declaración: a) hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso en Chile por alguno de los delitos señalados en las letras a) o b), del artículo 27 de la ley número 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según estos se regulen en dicha ley o sean regulados en cualquier normativa que se dicte a futuro y que amplíe dicho concepto, siempre y cuando dicha ampliación se haya producido con anterioridad a la fecha en que el contribuyente se acoja a las disposiciones de este artículo; o, quienes hayan sido juzgados y condenados en el extranjero por el delito de lavado de dinero o delitos base o precedente. Con todo, en los casos de suspensión condicional del procedimiento, el contribuyente podrá acogerse al presente régimen en la medida que se haya cumplido la condición fijada por el respectivo tribunal. En ningún caso quienes hubieren sido condenados por lavado de activos a la fecha de la declaración podrán acogerse al procedimiento;

b) hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por delito tributario;

c) hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho en los términos previstos en la ley número 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas;

d) hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por alguno de los delitos establecidos en los artículos 59 y 64 de la ley orgánica constitucional que rige al Banco Central de Chile; o

e) que con anterioridad a la fecha de presentación hayan sido seleccionados para una fiscalización conforme con el artículo 59 del Código Tributario, sobre los bienes, rentas, consumos o gastos de vida que se pretenda incluir en la declaración a que se refiere este artículo o que respecto de dichos bienes o rentas se haya emitido una liquidación, reliquidación o giro respecto de una declaración de impuesto que se presentó o debió presentar en Chile.

12.- Efectos de la declaración y pago del impuesto.

Con la declaración y pago del impuesto único que establece el presente artículo, y siempre que se cumplan los requisitos que establece, se presumirá de derecho la buena fe del contribuyente respecto de la omisión de declaración o falta de cumplimiento de las obligaciones respectivas. Conforme a ello, y sobre la base del mérito de la resolución del Servicio de Impuestos Internos que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas para acogerse al sistema establecido por este artículo o transcurrido el plazo de doce meses que señala el número 13, se extinguirán de pleno derecho las responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación cambiaria, tributaria, de sociedades anónimas y de mercado de valores, tanto respecto de los bienes o las inversiones de cualquier naturaleza, como de las rentas que éstas hayan generado y que se incluyeron en la declaración respectiva para los fines del presente artículo. Lo dispuesto en este numeral no tendrá aplicación respecto de los deberes de información y lo establecido en el artículo 27 de la ley número 19.913.

13.- Sobre las acciones de tratamiento a las declaraciones.

Para el debido resguardo y fiscalización que corresponda en relación con la declaración establecida en este artículo, se aplicarán las siguientes reglas:

13.1.- Normas para el intercambio de información y el cumplimiento de otras disposiciones legales o reglamentarias:

a) Con la presentación de esta declaración, se entenderá que los contribuyentes autorizan al Servicio de Impuestos Internos, a la Unidad de Análisis Financiero y cualquier otra institución u órgano del Estado que pudiera tener injerencia en lo que respecta a la declaración materia de este artículo, para requerir a los bancos información específica sobre las rentas o bienes que se haya incluido en ella, quienes deberán entregarla sin más trámite que la solicitud de la respectiva institución, sin que deba ser solicitada ni acompañada copia de la respectiva declaración o de los antecedentes que la fundan. Para efectos de requerir información a los bancos, las instituciones o entidades respectivas deberán emitir una resolución que regule el procedimiento, eximiendo de aportar los antecedentes que ya hayan sido entregados por el contribuyente al Servicio de Impuestos Internos en la declaración presentada conforme con este artículo.

b) De la misma forma indicada en la letra a) las instituciones mencionadas en dicha letra podrán intercambiar entre sí la información recibida para la correcta aplicación de lo dispuesto en este artículo. Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades del Banco Central de Chile para requerir los antecedentes de operaciones de cambios internacionales de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional que lo rige, como asimismo para hacer entrega de información sujeta a reserva conforme al procedimiento que señala el artículo 66 de ese mismo cuerpo legal.

c) No obstante lo anterior, el Banco Central de Chile podrá conforme con sus facultades limitar o restringir la realización de operaciones de cambios internacionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 49 de la ley orgánica constitucional que lo rige, o de las atribuciones que otras leyes le otorgan en materia cambiaria, como de los avisos o informaciones que se deban reportar a la Comisión para el Mercado Financiero.

d) Para estos efectos, el Servicio deberá incluir, en lo que sea pertinente, las instrucciones que la Unidad de Análisis Financiero y demás instituciones u órganos del Estado a que se refiere el numeral 13.1 letra a) emitan respecto a la aplicación de este artículo en lo relativo a los resguardos necesarios para dar cumplimiento al intercambio de información entre tales instituciones, respecto de los bienes o rentas que los contribuyentes voluntariamente declaren o ingresen al país conforme a este régimen transitorio y extraordinario.

13.2.- Normas especiales para el Servicio de Impuestos Internos:

a) El Servicio dispondrá del plazo de doce meses contados desde la fecha del pago del impuesto, para la fiscalización del cumplimento de los requisitos que establece este artículo, vencido el cual, se presumirá de derecho que la declaración del contribuyente y los antecedentes en que se funda han sido presentados y cumplen con lo establecido en el mismo.

b) Dentro de ese plazo, el Servicio podrá ejercer la totalidad de las atribuciones que le confiere la presente disposición legal, y girar las eventuales diferencias de impuesto único que pudiesen resultar. Cuando el contribuyente solicitare mayor plazo para aportar los antecedentes que le fueren solicitados por el Servicio con motivo de una fiscalización iniciada de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, el plazo para la revisión se suspenderá hasta la entrega efectiva de los antecedentes solicitados por el Servicio. Una vez entregados los antecedentes por el contribuyente al Servicio, este plazo se reanudará.

c) Vencido el plazo de doce meses, caducarán de pleno derecho las facultades del Servicio para la revisión y fiscalización de la respectiva declaración.

d) En caso de incumplirse alguno de los requisitos que establece este artículo, el Servicio de Impuestos Internos notificará al contribuyente, dentro de los plazos señalados, una resolución fundada en que se declare el incumplimiento, que podrá ser total o parcial, con indicación del requisito de que se trate y solicitando, en cuanto ello sea posible, subsanarlo dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la respectiva notificación. Desde la referida notificación y hasta la resolución que deberá emitir el Servicio de Impuestos Internos respecto de haberse o no subsanado el incumplimiento, se suspenderá el plazo de doce meses que fija este número.

e) En caso de no haberse subsanado el incumplimiento, el Servicio podrá ejercer las facultades que le confiere el Código Tributario, su Ley Orgánica y las demás disposiciones legales, informando de ello al Banco Central de Chile, la Unidad de Análisis Financieros y demás órganos del Estado que corresponda. Contra la resolución que dicte el Servicio declarando fundadamente el incumplimiento de los requisitos de este artículo, el contribuyente tendrá derecho a reclamar conforme al procedimiento general que establece el Libro Tercero del Código Tributario. En caso de haberse declarado por sentencia firme el incumplimiento de los requisitos que establece este artículo, no procederá la devolución del impuesto único y sustitutivo pagado, ello sin perjuicio de que no se producirán en ese caso los efectos que el presente artículo atribuye al citado pago. No obstante, en caso que se incumplan los requisitos y se determine un impuesto a pagar sobre los bienes o rentas declaradas conforme con las reglas generales, podrá compensarse el impuesto pagado con el impuesto que se determine conforme con las referidas reglas generales.

f) El Servicio podrá requerir a los respectivos bancos, información relacionada con los bienes que se hubiesen radicado en el país, distinta de aquella que ya tiene a su disposición producto de la declaración.

g) Cuando se produzca un pago en exceso o indebido, por errores manifiestos incluidos en la declaración no imputables al contribuyente, o a causa de un tercero, procederá la solicitud de devolución de la respectiva suma dentro del mismo plazo establecido para la fiscalización. El Servicio dispondrá de 12 meses para pronunciarse sobre ésta petición.

h) El Servicio, finalizado el plazo de 12 meses que tiene para fiscalizar, incluyendo su posible extensión, deberá entregar al interesado que lo solicite un certificado electrónico en que se resuman las partidas acogidas al presente régimen y la circunstancia de haber cumplido los requisitos, total o parcialmente.

14.- Obligaciones que afectan a los funcionarios públicos.

El Servicio de Impuestos Internos, el Banco Central de Chile y la Unidad de Análisis Financiero, las demás instituciones u órganos del Estado y bancos, así como el personal que actúe bajo su dependencia, no podrán divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes, rentas, consumos, desembolsos o gastos de vida, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que efectúe conforme a este artículo.

Para estos efectos, se aplicará además lo dispuesto en los artículos 35 del Código Tributario, 66 de la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile y 13 de la ley número 19.913, según corresponda. Lo dispuesto en el párrafo precedente, no obsta a la entrega e intercambio de información de las instituciones a que se refiere este artículo respecto de la aplicación de la ley número 19.913 y al intercambio de información establecido en los numerales 1 y 17 de este artículo.

El Servicio no podrá utilizar la información conocida con motivo de estas declaraciones para iniciar un proceso administrativo de fiscalización conforme con las reglas generales.

15.- Radicación y registro en el país de activos subyacentes.

En el caso en que los contribuyentes que tengan los bienes y rentas declarados respecto de los cuales paguen el impuesto único que establece este artículo a través de sociedades, fundaciones u otras entidades o encargos fiduciarios, y siempre que den cumplimiento a las demás obligaciones de acceso de información para el adecuado intercambio de la misma entre las instituciones señaladas en el número 13.1 letra a) de este artículo, podrán solicitar ante las autoridades respectivas que, una vez pagado el tributo señalado, los activos que se encuentran radicados en tales sociedades, entidades o propietarios fiduciarios, se entiendan, para todos los efectos legales, radicados directamente en el patrimonio del contribuyente en Chile, ello siempre que se dé cumplimiento a las siguientes reglas:

a) Se disuelvan tales sociedades o entidades o dejen sin efecto los encargos fiduciarios, siendo título suficiente para efectos del registro o inscripción, según corresponda, de tales bienes a su nombre, la presente ley y el certificado que entregará el Servicio de acuerdo a lo dispuesto en el número 13.2 letra h) anterior.

b) Para estos efectos, el contribuyente deberá acreditar ante quien corresponda que los bienes o rentas a registrar o inscribir han sido materia de la declaración y se ha pagado a su respecto el impuesto que contempla esta ley.

La radicación de los bienes en el patrimonio del contribuyente no se considerará una enajenación, sino que una reorganización del mismo, siempre que los activos se registren de acuerdo al valor que haya quedado afecto a la declaración y pago del impuesto que contempla este artículo, caso en el cual el Servicio de Impuestos Internos no podrá ejercer las facultades que establece el artículo 64 del Código Tributario, salvo para el caso de determinar el valor de tales bienes para efectos de la aplicación del impuesto único a que se refiere el presente artículo.

c) La radicación a que se refiere este número deberá ser tramitada antes las autoridades y entidades respectivas. En ningún caso se presumirá la radicación por la sola circunstancia de haberse pagado el impuesto sobre las partidas que se pretende radicar.

16.- Vencido el plazo para presentar la declaración y pagar el impuesto que establece este artículo, no se podrá efectuar una nueva declaración en los términos del artículo 36 bis del Código Tributario, ni corregir, rectificar, complementar o enmendar la presentada originalmente, salvo que se trate de subsanar los errores en el plazo a que se refiere el número 13.2 letra g).

17.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 97 número 4 del Código Tributario, se considerará como una circunstancia agravante para la aplicación de la pena, el hecho de que el contribuyente no se haya acogido al régimen establecido en este artículo.

Sin embargo, no aplicará lo dispuesto en el número 16 del artículo vigesimocuarto transitorio de la Ley N°20.780 a los contribuyentes que no se hayan acogido a dicha norma, y que utilicen el presente régimen voluntario y extraordinario.

18.- De las medidas antilavado de activos y prevención del financiamiento del terrorismo.

Lo dispuesto en el presente artículo en ningún caso eximirá del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley número 19.913 y demás normas dictadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los sujetos obligados por dicha ley deberán coordinar e implementar sistemas y medidas de detección y análisis antilavado de las operaciones que se lleven a cabo en virtud del presente sistema, tendientes a identificar de manera eficiente la declaración o internación de bienes y rentas que puedan provenir de alguno de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28 de la ley número 19.913. El Servicio de Impuestos Internos deberá reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones que estimen como sospechosas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la ley número 19.913. Asimismo, la Unidad de Análisis Financiero tendrá, previa solicitud, acceso permanente y directo, para el debido cumplimiento de sus funciones legales, a toda la información recabada por las instituciones públicas referidas, respecto de los bienes y rentas declaradas por los contribuyentes conforme a este artículo, sin restricciones de ningún tipo, inclusive si esta está sujeta a secreto o reserva. El Servicio de Impuestos Internos deberá implementar controles sobre la identificación de los contribuyentes que se acojan al sistema de acuerdo a los estándares que establece el Grupo de Acción Financiera en sus Recomendaciones Antilavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo del GAFI, de acuerdo a lo que solicite expresamente la Unidad de Análisis Financiero. Por su parte, el Banco Central de Chile proporcionará los antecedentes que le soliciten la Unidad de Análisis Financiero o el Ministerio Público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley orgánica constitucional que lo rige.

Los documentos o declaraciones emitidas por las autoridades competentes en el marco del presente sistema de declaración no pueden ser considerados como declaraciones oficiales de que los activos, rentas o fondos declarados o ingresados son de origen lícito.

Los contribuyentes que ingresen activos conforme al presente sistema sólo podrán hacerlo en caso de que ellos provengan de países que cuenten con normativa antilavado que aplique las Recomendaciones del GAFI y cuyas Unidades de Inteligencia Financiera pertenezcan al Grupo Egmont.".

Dios guarde a V.E.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda

ANEXO

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA (BOLETÍN N° 12.043-05.)

Santiago, 08 de mayo de 2019.

N° 049-367/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esta H. Cámara:

AL ARTÍCULO 1°

1)Reemplázase el numeral 2 por el siguiente:

“2. Reemplázase el artículo 4° bis por el siguiente:

“Artículo 4° bis.- La elusión contraviene las leyes tributarias chilenas. Las obligaciones tributarias y hechos gravados contenidos en ellas, no podrán ser evitadas mediante elusión.

En consecuencia, las obligaciones tributarias nacerán y se harán exigibles con arreglo a la naturaleza jurídica y económica de los hechos, actos o contratos realizados, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los vicios o defectos que pudieran afectarles. El Servicio sólo podrá desconocer la forma de los hechos, actos jurídicos o contratos celebrados por los interesados y los efectos de estos para fines tributarios, en el caso de elusión, promoviendo previamente el procedimiento establecido en el artículo 4º quinquies, sin afectar la validez de tales hechos, actos o contratos.

Para estos efectos, se entenderá que existe elusión exclusivamente en los casos de abuso o simulación establecidos en los artículos 4º ter y 4º quáter, respectivamente.

No constituye elusión la legítima elección entre diversas conductas y alternativas contempladas en el ordenamiento jurídico, a menos que se determine que ha existido elusión en los términos establecidos en los artículos 4 bis y 4 ter y bajo el procedimiento establecido en el artículo 4 quinquies.

Corresponderá al Servicio probar la existencia de elusión. Determinada su existencia, se exigirá la obligación tributaria que emana de los hechos gravados eludidos establecidos en la ley.

Las situaciones contempladas en normas especiales antielusivas se regirán por las disposiciones legales que las establezcan y reglamentan y su aplicación excluirá la de los artículos 4 bis a 4º quinquies.

Se entenderán normas especiales antielusivas aquellas que permitan tasar o determinar la base imponible, los ingresos en los casos establecidos por la ley, o el precio o valor, establecer sistemas de tributación en base a renta presunta, rebajar gastos y, en general, las que facultan al Servicio para aplicar normas especiales de tributación. No obstante lo anterior, los artículos 4° ter y 4° quáter serán aplicables a las reorganizaciones empresariales descritas en el artículo 64 letra D. Una vez que el Servicio haya citado, o bien girado o liquidado un impuesto aplicando una norma especial antielusión, precluirá para el Servicio la facultad de aplicar los artículos 4° ter y 4° quáter sobre las mismas partidas fiscalizadas o los mismos actos jurídicos o contratos, salvo que los elementos esenciales o sustantivos de esos actos o contratos se vean alterados de manera significativa y tales modificaciones sean constitutivas de elusión. En caso que el Servicio cite al contribuyente en los términos del artículo 4° quinquies, precluirá la facultad de aplicar lo dispuesto en una norma especial antielusión respecto de los mismos actos jurídicos o contratos.

Lo dispuesto en los artículos 4 bis a 4 quinquies no será aplicable respecto del interesado, y sólo para la consulta planteada, en caso que el Servicio se hubiese pronunciado sobre una consulta en el marco de los dispuesto en el artículo 6, inciso segundo, letra A, número 2.”.

2)Reemplázase el numeral 3 por el siguiente:

“3. Reemplázase el artículo 4° ter, por el siguiente:

“Artículo 4º ter.- Se entenderá que existe abuso en materia tributaria cuando se evite la realización del hecho gravado o el nacimiento de la obligación tributaria, o se disminuya la base imponible, o se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación, mediante hechos, actos o contratos que, individualmente considerados, o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos. Para estos efectos, son notoriamente artificiosos aquellos actos jurídicamente impropios, anómalos o no pertinentes para la consecución del objetivo obtenido, o bien que contravengan la finalidad de la ley que contempla el hecho gravado o la obligación tributaria, y en ambos casos, en la medida que tales actos produzcan efectos meramente tributarios, carentes de efectos jurídicos o económicos para el contribuyente o para terceros, que sean propios de dicha clase de actos conforme al ordenamiento jurídico.

No constituirá abuso la sola circunstancia que el mismo resultado económico o jurídico se pueda obtener con otro u otros actos jurídicos o contratos que derivarían en una mayor carga tributaria; o que el acto jurídico o contrato escogido, o conjunto de ellos, no genere efecto tributario alguno, o bien los genere de manera reducida o diferida en el tiempo o en menor cuantía, siempre que estos efectos sean consecuencia de los actos y contratos realizados en conformidad al ordenamiento jurídico, y no se configure elusión en los términos del inciso precedente.”.

3)Reemplázase el numeral 4 por el siguiente:

“4. Reemplázase el artículo 4° quáter, por el siguiente:

Artículo 4°

quáter.- Habrá también elusión en los actos o contratos en los que exista simulación, excepto los casos de simulación expresamente tipificados como delito en la legislación nacional, en cuyo caso prevalecerá la aplicación de la normativa que tipifica dichos delitos.

Se entenderá que existe simulación para efectos tributarios, cuando los actos o contratos de que se trate, disimulen la configuración del hecho gravado del impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, o su verdadero monto o fecha de nacimiento.

En estos casos, los impuestos se aplicarán a los hechos efectivamente realizados por las partes, con independencia de los actos o contratos simulados.”.

4)Para modificar el numeral 6 de la siguiente forma:

a)Agrégase en la letra a), la siguiente frase a continuación del punto final, que pasa a ser seguido: “Asimismo, el Servicio mantendrá un reporte actualizado y de carácter público en su sitio web, informando la fecha de presentación de las consultas formuladas, nombre o razón social y rol único tributario del peticionario, un extracto de la materia y su fecha de respuesta.”.

b)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Agrégase el siguiente número 7°.-, nuevo:

“7°.- Regular y conocer del recurso jerárquico, el que para efectos tributarios procederá en contra de lo resuelto en el recurso de reposición administrativa establecido en el artículo 123 bis y sólo podrá fundarse en la existencia de un vicio o error de derecho al aplicar las normas o instrucciones impartidas por el Director o de las leyes tributarias, cuando el vicio o error incida sustancialmente en la decisión recurrida. Desde la interposición del recurso jerárquico y hasta la notificación de la resolución que se pronuncie al respecto, se suspenderá el plazo para interponer el reclamo establecido en el artículo 124, salvo que su interposición se declare racional y fundadamente como inadmisible por manifiesta falta de fundamento. El Director regulará el procedimiento para conocer de este recurso mediante resolución.”.

c)Agrégase nuevas letras d) y e), pasando las actuales letras d) y e) a ser f) y g), respectivamente:

“d) Agrégase en el número 1° de la letra B, luego de la palabra “tributarias” antes del punto final, la siguiente frase: “, las que serán tramitadas conforme a las mismas reglas a que se refiere el número 2, letra A, inciso segundo del presente artículo.”.

“e) Intercálase en el número 3 de la letra B, entre la palabra “rebajar” y la conjunción “o”, la palabra “, suspender”.

d)Reemplázase en el literal i de la letra d) actual, que pasa a ser f), la frase “por el Ministerio de Hacienda, previo informe técnico del Servicio y el Servicio de Tesorerías” por “conforme al artículo 207”.

e)Reemplázase el literal ii de la letra d) actual, que pasa a ser f, por el siguiente:

“ii. En el párrafo segundo:

- Elimínase la frase “a juicio del Director Regional” junto con la coma (“,”) que antecede y sucede a dicha frase.

- Agrégase, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la frase “Para rechazar la solicitud de condonación total en estos casos, el Director Regional deberá emitir una resolución donde racional y fundadamente señale las razones por las que se trata de una causa imputable al contribuyente.”.

f)Agrégase en la letra e) actual, que pasa a ser letra g), un literal i nuevo, pasando el literal i actual a ser ii, y así sucesivamente:

“i. Agrégase en el párrafo primero del número 5 de la letra B, entre las palabras “las” y “liquidaciones”, el término “resoluciones” seguido de una coma.”.

g)Reemplázase en el último párrafo del literal ii actual de la letra e), que pasa a ser literal iii de la letra g), las palabras “conforme a las reglas de la sana crítica” por las palabras “racional y fundadamente”.

5)Para reemplazar, en la letra e) del numeral 7, la letra d), por la siguiente:

“d) El gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario respecto de la asociación o negocio en que tiene derecho a más del 10% de las utilidades. Asimismo, los partícipes de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario respecto de la asociación o negocio en que tengan derecho a más del 10% de las utilidades.”.

6)Para modificar el numeral 8, del siguiente modo:

a)Modifícaese el número 4° del artículo 8 bis, de la siguiente forma:

i. Reemplázase la letra a), por la siguiente:

“a)Indiquen con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda. En efecto, toda actuación del Servicio deberá ser racional y fundada, esto es, expresar los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión, sea que la respectiva norma legal así lo disponga expresamente o no. Adicionalmente, deberán indicar de manera expresa el plazo dentro del cual debe ser concluida, en cuyo caso se aplicarán las reglas legales cuando existieran, y en ausencia de un plazo dispuesto por la ley, el Director mediante resolución dispondrá los plazos dentro de los cuales las actuaciones deberán ser finalizadas;”.

ii. Reemplázase en la letra c) las palabras “y los plazos de prescripción;” por la frase “. Todo contribuyente tendrá derecho a que se certifique a solicitud de parte interesada el plazo de prescripción que resulte aplicable;”.

iii. Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) Se informe a todo contribuyente, en cualquier momento y por un medio expedito, de su situación tributaria y el estado de tramitación de un procedimiento en que es parte;”

iv. Reemplázase en la letra e) el punto y coma (“;”) por un punto (“.”) seguido y agrégase luego la frase “Sin perjuicio de lo anterior el Servicio, en los casos que así lo determine, podrá exigir que los documentos se acompañen traducidos al español o apostillados;”

b)Sustitúyase el número 5° del artículo 8 bis por el siguiente:

“5° Que el Servicio no vuelva a iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización, ni en el mismo ejercicio ni en los periodos siguientes, respecto de partidas, criterios jurídicos o hechos que ya han sido objeto de un procedimiento de fiscalización. Para estos efectos se considerará como un procedimiento de fiscalización aquellos que se inicien con una citación conforme al artículo 63. No obstante, el Servicio podrá formular un nuevo requerimiento por el mismo período, o los periodos siguientes, y por los mismos impuestos asociados, sólo si dicho nuevo requerimiento tiene por objeto un procedimiento de fiscalización referido a hechos distintos de los que fueron objeto del requerimiento anterior. También el Servicio podrá realizar un nuevo requerimiento si aparecen nuevos antecedentes que puedan dar lugar a un procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161; o a la aplicación de lo establecido en el artículo 4 bis, 4 ter, 4 quáter, 4 quinquies, o a la aplicación del artículo 41 G o 41 H de la ley sobre Impuesto a la Renta; o que dichos nuevos antecedentes se obtengan en respuesta de solicitudes de información a alguna autoridad extranjera.”.

c)Elimínase en el número 6° del artículo 8 bis las palabras “de la identidad y cargo”.

d)Agrégase en el número 8° del artículo 8 bis, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente frase:

“El Servicio deberá apreciar racional y fundadamente toda prueba o antecedentes que se le presente.”.

e)Reemplázase el numero 10° del artículo 8 bis por el siguiente:

“10° Que las actuaciones del Servicio se lleven a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias, y en la forma menos costosa para el contribuyente, certificada que sea, por parte del funcionario a cargo, la recepción de todos los antecedentes solicitados y en cuanto no signifique el incumplimiento de las disposiciones tributarias. Lo anterior es sin perjuicio del derecho que asiste al Servicio de solicitar nuevos antecedentes si así resulta necesario en un procedimiento de fiscalización;”.

f)Reemplázase en el número 13° del artículo 8 bis la frase “Asimismo, deberá informar los oficios, circulares y resoluciones dictados previamente y que pierden vigencia en virtud de las nuevas instrucciones.” por la siguiente: “Asimismo, el Servicio deberá mantener un registro actualizado de los criterios interpretativos emitidos por el Director o por los Directores Regionales en el ejercicio de su facultad interpretativa, y de la jurisprudencia judicial en materia tributaria;”.

g)Reemplázase el número 17° del artículo 8 bis por el siguiente:

“17° Llevar a cabo las rectificaciones que sean necesarias, salvo en los casos establecidos en la ley y sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a la ley;”.

h)Elimínase en el número 18° del artículo 8 bis la frase “sin que pueda efectuarse ninguna clase de solicitud de su renuncia por parte del contribuyente, ni aun a pretexto de evitar una liquidación o giro, de llegar a un avenimiento del artículo 132 ter o de evitar alguna sanción.”.

i)Modifícase el inciso segundo del artículo 8 bis, de la siguiente forma:

i. Reemplázase las palabras “una queja administrativa” por “un recurso de resguardo”.

ii. Reemplaáase, entre las palabras “derechos producto de” y “acto u omisión”, la palabra “una” por “un”.

iii. Reemplazáse las palabras “la queja” por “dicho recurso”.

iv. Reemplazáse las palabras “Recibida la queja administrativa, ésta” por “Recibido el recurso de resguardo, este”.

v. Reemplázase las palabras “conforme con la sana crítica” por las palabras “racional y fundadamente”.

7)Para modificar el numeral 10, en el siguiente sentido:

a)Agrégase entre las palabras “Servicio y “mantendrá” la expresión “publicará y”.

b)Agrégase luego del punto final que pasa a ser seguido la frase:

“En caso que el Servicio no publique y mantenga dicha información en estos términos, no procederá que se difiera, revoque o restrinja las autorizaciones establecidas en el artículo precedente.”.

8)Para modificar el numeral 11, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase en la letra a) la palabra “cinco” por “diez”.

b)Agrégase entre las palabras “o representante.” y “Luego” la frase “El mandatario deberá acompañar los documentos que acrediten el término del mandato si los hubiere, o bien, una declaración simple del mandatario dando cuenta del término del mandato.”.

9)Para eliminar la letra b) del numeral 12.

10)Para modificar el numeral 13, de la siguiente forma:

a)Agrégase, en el inciso primero del artículo 11, entre las palabras “medio” y “establecido” la palabra “electrónico”.

b) Elimínase el punto final del inciso primero del artículo 11, y agrégase la siguiente frase:

“, indicando expresamente que es voluntario informar el correo electrónico al Servicio y aceptar notificaciones por esa vía.”.

11)Para reemplazar en el numeral 15, la palabra “Para”, a continuación del primer punto seguido, por la siguiente frase: “Salvo los casos señalados en el inciso cuarto del artículo 13, para”.

12)Para intercalar el siguiente numeral 17, nuevo, pasando el actual a ser 18 y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“17. Modifícase el artículo 18, número 2), letra c), reemplazando su punto final (“.”) por una coma (“,”) y agregando a continuación la siguiente oración: “como asimismo, tratándose de contribuyentes de primera categoría que determinan su renta efectiva según contabilidad completa, cuando dicha moneda extranjera influya en forma determinante y mayoritaria en la composición del capital social del contribuyente y sus ingresos.”.

13)Para modificar el numeral 17 actual, que pasa a ser 18, del siguiente modo:

a)Reemplázase la letra a) por la siguiente:

“a) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “antecedentes no sean fidedignos” por “antecedentes, ponderados en forma racional y fundada, sean calificados como no fidedignos y así se declare mediante resolución en base a los antecedentes de hecho y derecho tenidos a la vista. Esta resolución podrá impugnarse junto con la reclamación de la liquidación o giro respectivo, según lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 124 y para los efectos del inciso final del artículo 132”.

ii) Agrégase, entre las palabras “pruebas suficientes” y “las impugnaciones” la expresión “, que deberán ser ponderadas en forma racional y fundada,”.

b)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Agrégase los siguientes incisos sexto, y séptimo, nuevos:

“En ningún caso se podrán exigir formalidades o solemnidades no contempladas por la ley para el acto, contrato u operación de que se trate.

El Servicio, en los procedimientos de fiscalización o en cualquier proceso de revisión, sólo podrá exigir antecedentes otorgados dentro de los plazos del artículo 200. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá solicitar antecedentes otorgados en periodos anteriores a los señalados en el artículo 200, para efectos de revisar remanentes de crédito fiscal de impuesto al valor agregado, la utilización de pérdidas tributarias o la determinación de costos tributarios que no puedan acreditarse mediante contabilidad fidedigna, siempre que el Director Regional emita una resolución especificando en forma racional y fundada los motivos para realizar dicha revisión. En estos casos, se presumirá que el remanente de crédito, las pérdidas tributarias y los costos, señalados anteriormente, se corresponden con los antecedentes informados por el contribuyente, salvo que el Servicio los controvierta en forma racional y fundada. En este caso, no será suficiente la mera aserción que los antecedentes proporcionados por el contribuyente no forman convicción o no son suficientes para probar sus afirmaciones. La excepción descrita en este inciso no se aplicará a los antecedentes que acreditan el capital propio tributario y cualquier otro que no se encuentre expresamente previsto.”.

14)Para reemplazar el numeral 19 actual, que pasa a ser 20, por el siguiente:

“20. Agrégase al artículo 26, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“El contribuyente tendrá derecho a solicitar, conforme con el artículo 126, la devolución de los impuestos que, como consecuencia de las modificaciones a los documentos mencionados precedentemente, hayan sido pagados en forma indebida o en exceso a contar del ejercicio comercial en que se emitan las respectivas modificaciones. El contribuyente también tendrá derecho a solicitar una devolución de los impuestos que, como consecuencia de las referidas modificaciones, hayan sido pagados en forma indebida o en exceso, en una fecha posterior a la presentación de su consulta al Director y que motive la modificación respectiva. Las mismas reglas anteriores se aplicarán en caso que los documentos mencionados precedentemente fijen un criterio nuevo.”.

15)Para modificar el numeral 20 actual, que pasa a ser 21, del siguiente modo:

a)En la letra d), agrégase luego del punto final, que pasa a ser seguido, lo siguiente:

“Para estos efectos, iniciado un procedimiento de fiscalización y notificado el requerimiento de antecedentes conforme al artículo 59, el contribuyente requerido o quienes tengan interés en las materias objeto de revisión, sólo podrán efectuar la consulta a que alude el presente artículo antes que venza el plazo para dar respuesta al requerimiento indicado. La consulta efectuada en el marco del procedimiento de fiscalización suspenderá la prescripción y los plazos de caducidad a que alude el artículo 59 hasta la notificación de la respuesta respectiva.”.

b)Elimínase el numeral iv. de la letra f).

c)Agrégase la siguiente letra g) nueva:

“g) Agrégase el siguiente inciso sexto, nuevo:

“Sin perjuicio que tanto la consulta como la respuesta tendrán el carácter de reservadas, el Servicio deberá publicar en su sitio web un extracto con los puntos esenciales de la respuesta y los antecedentes generales que permitan su adecuado entendimiento, guardando reserva de la identidad del consultante y de antecedentes específicos que aporte tales como contratos, información financiera y estructuras corporativas.”.

16)Para modificar el numeral 22 actual, que pasa a ser 23, del siguiente modo:

a)Reemplázase el numeral iii del inciso primero del artículo 33, por el siguiente:

“iii. Solicitar antecedentes debiendo indicar en forma clara y precisa los objetivos de la solicitud, la materia consultada y demás fundamentos de la actuación. Asimismo, el Servicio podrá solicitar fundadamente y en casos calificados en forma específica, concreta y determinada, antecedentes respecto de operaciones de las que haya tomado conocimiento, ocurridas durante el período mensual o anual y que pudieran tener incidencia directa en la declaración de impuestos que deberá presentar el contribuyente en relación con el periodo respectivo. Las solicitudes de información contempladas en este literal en caso alguno podrá dar lugar a una fiscalización, sin perjuicio de las facultades del Servicio para requerir antecedentes para iniciar un procedimiento de fiscalización conforme con las reglas generales.”.

b)Reemplázase en el inciso segundo del artículo 33 la frase “efectuar una notificación conforme alguna de las formas previstas en el artículo 11, que contenga las siguiente menciones:” por la siguiente: “realizar un aviso mediante correo electrónico a los contribuyentes que hayan aceptado dicha forma de notificación, o en caso que no la hayan aceptado, mediante publicación en el sitio personal del contribuyente, acompañado de un aviso mediante correo electrónico, en los términos del inciso segundo del artículo 11. Luego de efectuado dicho aviso sin que se haya constatado acción alguna del contribuyente en el plazo que determine el Servicio mediante resolución, el aviso se podrá llevar a cabo por otros medios que resulten expeditos. En todos estos casos, el aviso deberá contener las siguientes menciones:”.

c)Reemplázase en el numeral ii del inciso segundo del artículo 33, las palabras “una actuación” por “medidas preventivas y de colaboración”.

d)Reemplázase en el numeral iv del inciso segundo del artículo 33, las palabras “de la notificación” por “del aviso”.

e)Agrégase luego del punto final del numeral iv del inciso segundo del artículo 33, que pasa a ser seguido, lo siguiente:

“No obstante, si el contribuyente no entrega los antecedentes solicitados dentro del precitado plazo, o si los entregados contienen errores o son incompletos o inexactos, el contribuyente podrá voluntariamente subsanar tales defectos en un plazo adicional de un mes contado desde el vencimiento del plazo inicial, sin que al efecto sea aplicable lo previsto en el artículo 59.”.

f)Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo al artículo 33, pasando el tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“El Servicio, mediante resolución, establecerá el plazo para efectuar los avisos y los medios expeditos específicos mediante los cuales se realizarán los avisos establecidos en el inciso anterior.”.

g)Agrégase en el inciso tercero actual del artículo 33, que pasa a ser inciso cuarto, luego del punto final, que pasa a ser seguido, lo siguiente:

“En caso que el contribuyente no se acoja voluntariamente a las actuaciones indicadas en este artículo, los avisos establecidos en el mismo no podrán reiterarse más de dos veces. Si luego de reiterado el aviso en dichos términos, el contribuyente no realiza acción alguna, el Servicio podrá iniciar, si corresponde, un procedimiento de fiscalización conforme con las reglas generales en caso que se deban corregir diferencias de impuestos respecto de las mismas partidas, impuestos asociados, periodo y hechos. El Servicio deberá enviar un aviso al contribuyente certificando la finalización de las medidas preventivas y colaborativas que contempla este artículo, salvo que determine el inicio de un procedimiento de fiscalización, según lo indicado.”.

17)Para modificar el numeral 23 actual, que pasa a ser 24, del siguiente modo:

a)Reemplázase en el primer párrafo del número 1 del artículo 33 bis, la palabra “acotada” por “determinada”.

b)Reemplázase en el párrafo segundo del número 1 del artículo 33 bis, la frase “para la individualización de terceros” por “sobre terceros”.

18)Para reemplazar el numeral 26, que pasa a ser 27, por el siguiente:

“27. Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso final del artículo 56:

a)Elimínase la frase “, a su juicio,”.

b)Agrégase, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la frase: “Para rechazar la solicitud de condonación total en estos casos, el Director Regional deberá emitir una resolución donde racional y fundadamente señale las razones por las que se trata de una causa imputable al contribuyente.”.

19)Para modificar el numeral 27 actual, que pasa a ser 28, del siguiente modo:

a)Reemplázase en el inciso primero del artículo 59 la frase que va desde las palabras “Dentro de los plazos” hasta la expresión “liquidación o resolución”, antes del segundo punto seguido, por el siguiente texto:

“Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá llevar a cabo procedimientos de fiscalización y revisión de declaraciones de los contribuyentes. Sin embargo, el Servicio no podrá iniciar un nuevo requerimiento, ni del mismo ejercicio ni en los periodos siguientes, respecto de partidas, criterios jurídicos o hechos que ya han sido objeto de un procedimiento de fiscalización, salvo que se trate de un nuevo requerimiento por el mismo período, o los periodos siguientes, y por los mismos impuestos asociados, si dicho nuevo requerimiento tiene por objeto un procedimiento de fiscalización referido a hechos distintos de los que fueron objeto del requerimiento anterior. Para estos efectos se considerará como un procedimiento de fiscalización aquellos que inicien con una citación conforme al artículo 63. También el Servicio podrá realizar un nuevo requerimiento si aparecen nuevos antecedentes que puedan dar lugar a un procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161; o a la aplicación de lo establecido en el artículo 4 bis, 4 ter, 4 quáter, 4 quinquies; o a la aplicación del artículo 41 G o 41 H de la ley sobre Impuesto a la Renta; o que dichos nuevos antecedentes se obtengan en respuesta a solicitudes de información a alguna autoridad extranjera.”.

b)Reemplázase en el inciso tercero del artículo 59 la palabra “autoridad” por “unidad del Servicio”.

c)En el inciso cuarto del artículo 59, agrégase entre las palabras “extranjera” y “en aquellos”, la conjunción “o”; y elimínase la expresión, “a excepción de las normas especiales antielusión”.

20)Para modificar el numeral 28 actual, que pasa a ser 29, del siguiente modo:

a)Reemplázase en la letra b) del artículo 59 bis la palabra “tres” por “dos”, la primera vez que aparece.

b)En la letra c) del artículo 59 bis:

i. Agrégase entre las palabras “acredite” y “fundadamente” las palabras “racional y”.

ii. Elíminase el punto final y agrégase la siguiente frase:

“o que la dirección, correo electrónico, número de rol de avalúo de la propiedad o teléfono declarados para la obtención de rol único tributario, la realización de un inicio de actividades o la información de una modificación, conforme con los artículos 66, 68 y 69, según corresponda, sean falsos o inexistentes.”.

21)Para sustituir en el numeral 29 actual, que pasa a ser 30, lo siguiente:

a)Reemplázase el inciso segundo del artículo 60 por el siguiente:

“Sin perjuicio de la facultad de iniciar una fiscalización conforme con el artículo 59, para efectos de llevar a cabo el examen indicado, el Servicio podrá solicitar antecedentes al contribuyente conforme a lo establecido en el artículo 33.”

b)Elimínase el inciso tercero del artículo 60.

22)Para agregar en la letra b) del numeral 30 actual, que pasa a ser numeral 31, antes de la expresión “En ningún caso” la siguiente frase:

“La facultad establecida en este artículo sólo permitirá el examen de los registros y libros señalados en el inciso primero, excluyendo, en todo caso, información sujeta a secreto comercial o empresarial, entendiendo por tal la información que no está disponible para el público en general y que es fundamental para la producción, distribución, prestación de servicios o comercialización, siempre que no formen parte de los referidos registros y libros.”.

23)Para modificar el numeral 31 actual, que pasa a ser 32, del siguiente modo:

Agrégase en el inciso segundo del artículo 60 ter, luego del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente frase:

“En el ejercicio de esta facultad el Ministerio podrá disponer la exigencia gradual de los sistemas, considerando, por ejemplo, el tipo de actividad o sector de contribuyentes, disponibilidad o dificultades de cumplimiento.”

24)Para modificar el numeral 32 actual, que pasa a ser 33, del siguiente modo:

a)Agrégase en el inciso primero del artículo 64, entre las palabras “El Servicio,” y “fundadamente” las palabras “racional y”.

b)Reemplázase las palabras “Grupo Empresarial” por “grupo empresarial”, todas las veces que aparece.

c)Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra A del artículo 64:

i.Agrégase en el inciso primero entre las palabras “en que estos” y “difieran notoriamente”, la expresión “, racional y fundadamente,”.

ii.Reemplázase en el inciso segundo la palabra “podrá” por “deberá”.

iii.Agrégase en el inciso tercero, entre las palabras “acredite” y “fundadamente” las palabras “racional y”.

iv.Agrégase en el inciso cuarto, entre las palabras “acredite” y “fundadamente”, las palabras “racional y”.

v.Reemplázase el número 1 por el siguiente:

“1. Para el caso de efectos públicos, bonos, debentures, acciones y demás valores mobiliarios que tengan cotización bursátil, el precio o valor que corresponda al promedio del valor de las transacciones realizadas dentro de los últimos 90 días, salvo que el precio o valor promedio determinado en dicho período se haya visto afectado significativamente por algún evento imprevisto y excepcional ocurrido en la respectiva bolsa de valores. Si no hubiere habido transacciones en el referido período de 90 días, esta presunción se aplicará respecto del precio o valor que corresponda a la fecha anterior más próxima a la de enajenación.

No se aplicará la presunción en aquellos casos en que el bien no hubiera sido transado en bolsa entre partes no relacionadas en los sesenta días anteriores a la enajenación.”.

vi.Reemplázase el número 3 por el siguiente:

“3. Para las cuotas, derechos, acciones o participaciones en entidades, sociedades de cualquier tipo o comunidades, acogidas a la Cláusula Pyme del artículo 14 letra D de la ley sobre impuesto a la renta, el valor que resulte de asignar a los derechos, cuotas, participación o acciones, según proceda, la proporción que les corresponda en el patrimonio financiero debidamente acreditado, asignando a los bienes del activo que consistan en los señalados en los números 1 y 2 precedentes, los valores que se determinen según dichos numerales.”

vii.Modifícase la letra b del número 4, en el siguiente sentido:

-Agrégase entre las palabras o “en su caso,” y “sujeta a la supervisión”, las palabras “una entidad”.

-Intercálase eentre las palabras “Instituciones Financieras” y “, se presumirá”, las palabras “o mediante la emisión de un bono”.

d)Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra B del artículo 64.-:

i.Reemplázase en el inciso primero la expresión “Grupo Empresarial en Chile” por “grupo empresarial en Chile según éste se define en las letras a) y b) del artículo 96 de la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores”.

ii.Elimínase en el inciso segundo la frase: “, salvo que el Servicio acredite lo contrario mediante resolución fundada”; y, agrégase, antes del primer punto seguido, la frase: “, salvo que el Servicio en forma racional y fundada acredite que no consisten en valores de mercado o que las entidades del grupo empresarial han asignado indebidamente gastos y rentas entre ellas.”

iii.Agrégase en el inciso cuarto, luego del punto final que pasa a ser seguido, la frase: “Podrán acogerse al procedimiento de fiscalización integral y consistente, las empresas que sean parte del grupo empresarial en Chile y se hayan informado como parte de dicho grupo empresarial al Servicio en la forma que éste determine mediante resolución.”.

iv.Reemplázase en el literal b), del inciso séptimo, la frase “deberá ser aprobado por el Director Regional dentro del plazo de 5 días” por “deberá ser resuelto por el Director Regional dentro del plazo de 5 días en forma favorable, salvo que racional y fundadamente resuelva en contrario de acuerdo a los criterios generales que fije el Director mediante resolución”.

v.En la letra c) del inciso séptimo:

-Reemplázase la palabra “jurisdicción” por “unidad del Servicio”, la primera vez que aparece y por “unidad”, la segunda vez.

-Agrégase, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente frase:

“Asimismo, una vez que se determine la unidad del Servicio en la cual se radicará la fiscalización, las entidades respectivas del grupo empresarial deberán designar a un mandatario común para efectos de recibir notificaciones.”.

e)En la letra C del artículo 64, reemplázase las palabras “de acuerdo a las reglas de la sana crítica” por “racional y fundadamente”.

f)En la letra D del artículo 64:

i.Reemplázase en el número 3 la frase “situados y registrados en Chile” por “situados o registrados en Chile”.

ii.Agrégase el siguiente párrafo final: “Los artículos 4° ter y 4° quáter serán aplicables a las reorganizaciones empresariales descritas en esta letra D.”.

25)Para sustituir en el numeral 34 actual, que pasa a ser 35, el párrafo “y de modificaciones de las cláusulas relativas al derecho a participar en las utilidades sociales tratándose de sociedades de persona”, por el siguiente:

“, acuerdos de participación en las utilidades distinta a la participación en el capital social y series de acciones que otorguen derechos para el pago preferente de dividendos”.

26)Para modificar el numeral 35 actual, que pasa a ser 36, del siguiente modo:

a)Sustitúyase en la letra a), la expresión “En caso que el Servicio no se pronuncie en ese plazo, se entenderá aceptada la declaración del contribuyente, salvo que se acompañe nueva información o la entregada sea maliciosamente falsa, circunstancia que en este último caso deberá ser declarada por el Servicio mediante resolución fundada.” por la siguiente:

“En caso que el Servicio no se pronuncie en ese plazo, se entenderá aceptada la declaración del contribuyente salvo que el Servicio tome conocimiento de nuevos antecedentes que modifiquen la determinación de impuestos del contribuyente, que el contribuyente presente antecedentes adicionales que no haya tenido a disposición al momento de realizar la declaración o se establezca mediante resolución fundada que ésta es maliciosamente falsa. El plazo para efectuar la revisión de los nuevos antecedentes será de sesenta días, contado desde que se tome conocimiento de ellos.”.

b)Intercálase en la letra e), entre la palabra “cuarto” y el punto final, la siguiente frase: “, pasando los actuales incisos quinto, sexto, séptimo y octavo a ser incisos sexto, séptimo, octavo y noveno, respectivamente.”.

c)Reemplázase en el encabezado de la letra f) la expresión “en el inciso final” por la siguiente frase: “en el actual inciso octavo, que por las modificaciones anteriores pasó a ser inciso noveno”.

27)Para modificar el numeral 36 actual, que pasa a ser 37, de la siguiente forma:

a)Elimínase la expresión “los mencionados anteriormente”.

b)Agrégase, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la frase:

“Se entenderá que incurren personalmente en las infracciones quienes hayan tomado parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite, o facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él.”

28)Para modificar el numeral 37 actual, que pasa a ser 38, de la siguiente forma:

a)Elimínase la expresión “los mencionados anteriormente”.

b)Agrégase, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la frase:

“Se entenderá que incurren personalmente en las infracciones quienes hayan tomado parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite, o facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él.”

29)Para modificar el numeral 39 actual, que pasa a ser 40, de la siguiente forma:

a)Agrégase antes de la frase “En los procesos” la expresión: “Artículo 111 bis.-”.

b)Agrégase luego del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “Lo establecido en este artículo aplicará también respecto de acuerdos reparatorios.”.

30)Modificase el numeral 40 actual, que pasa a ser 41, en su letra b), de la siguiente forma:

a)Reemplázase, en el párrafo segundo de la letra d) del artículo 123 bis, la frase “que fije el Ministerio de Hacienda, previo informe técnico del Servicio y Tesorería” por “fijadas conforme al artículo 207”.

b)Reemplázase, en la letra f) del artículo 123 bis, las palabras “conforme las reglas de la sana crítica” las palabras “racional y fundadamente”.

31)Elimínase el numeral 41 actual.

32)Para reemplazar la letra a) del numeral 42 actual, por la siguiente:

“a) Reemplázase, en el inciso tercero, la palabra “noventa” por “sesenta”, cada vez que aparece.”.

33)Para intercalar el siguiente numeral 43, nuevo, pasando el actual 43 a ser 44:

“43. Agrégase al inciso cuarto del artículo 130, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente frase:

“Esta limitación no comprende las sentencias definitivas de primera instancia, las cuales conforme con el inciso final del artículo 1 de la ley N° 20.322, deberán ser publicadas por la Unidad Administradora del Tribunal y mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico de los Tribunales Tributarios Aduaneros.”.

34)Para modificar el numeral 43 actual, que pasa a ser 44, de la siguiente forma:

a)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Agrégase al inciso cuarto, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la frase: “El Servicio y el contribuyente deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento.”.

b)Agrégase la siguiente letra c), nueva:

“c) Elimínase el inciso duodécimo y décimo tercero”.

c)Agrégase la siguiente letra d) nueva:

“d) Agrégase en el inciso décimo quinto actual, entre las palabras “apreciada” y “por el Juez” las palabras “racional y fundadamente”.

d)Agrégase la siguiente letra e), nueva:

“e) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“En los reclamos que recaigan sobre la resolución que califica las declaraciones, documentos, libros o antecedentes como no fidedignos conforme al inciso quinto del artículo 124, el Tribunal Tributario y Aduanero podrá dejar sin efecto la respectiva resolución por falta de fundamentación.”.

35)Para reemplazar el numeral 44 actual, que pasa a ser 45, por el siguiente:

“45. Modifícase el artículo 132 bis de la siguiente forma:

a)Agrégase un nuevo inciso tercero, pasando el tercero a ser cuarto, y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“No obstante lo señalado en el artículo 132, el Tribunal Tributario y Aduanero que esté actualmente conociendo del asunto, de oficio o a petición de parte, podrá llamar a las mismas a conciliación en cualquier estado del juicio tramitado ante ellos.”.

b)“Reemplázase el inciso quinto actual, que pasa a ser sexto, por el siguiente:

“Sobre las bases de arreglo y la conciliación efectuada conforme a los incisos anteriores, y en la misma audiencia, deberá pronunciarse el abogado que represente al Servicio, quien podrá aceptarla o rechazarla. La decisión del abogado que represente al Servicio, cuando consista en aceptar la conciliación, total o parcial, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa y las condiciones de dicha aceptación. El Director, mediante resolución fundada, establecerá los criterios generales para aceptar las bases de arreglo.”.

36)Para modificar el numeral 45 actual, que pasa a ser 46, de la siguiente forma:

a)Agrégase en el inciso segundo del artículo 132 ter, luego del punto final que pasa a ser seguido, la frase: ”Previo a resolver el Director solicitará un informe que deberá ser elaborado y suscrito por los subdirectores normativo, jurídico y de fiscalización.”.

b)Reemplázase en el inciso tercero del artículo 132 ter, la palabra “acepta” por “rechaza”.

c)Elimínase en el inciso cuarto del artículo 132 ter la frase: “o teniéndose por aceptado en su caso,”.

d)Reemplázase el inciso final del artículo 132 ter por el siguiente:

“El Servicio mantendrá en su sitio web, la nómina de los juicios a que se haya puesto término conforme con este artículo, identificados por su número de rol y parte reclamante. Adicionalmente, el Servicio publicará en su sitio web los antecedentes generales que permitan un adecuado entendimiento de cada avenimiento extrajudicial acordado y los antecedentes de derecho en que se funda.”.

37)Para sustituir en el numeral 46 actual, que pasa a ser 47, las palabras “tribunal civil” por “Tribunal Tributario y Aduanero”.

38)Para intercalar un numeral 49 nuevo, pasando el actual 48 a ser 50 y así sucesivamente:

“49. Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 139:

a)En el inciso primero, reemplázase la frase “sólo podrá interponerse el recurso de apelación” por la siguiente: “podrá interponerse recurso de apelación y de casación en la forma”.

b)En el inciso tercero, reemplázase las palabras “para apelar” por la siguiente frase: “para interponer recurso de apelación y casación en la forma”.

39)Para intercalar un numeral 50 nuevo, pasando el actual 48 a ser 51 y así sucesivamente:

“50. Derógase el artículo 140.”

40)Para intercalar un numeral 51 nuevo, pasando el actual 48 a ser 52, y así sucesivamente:

“51. Reemplázase en el artículo 144, la frase “, así como de los establecidos en el inciso decimoquinto del artículo 132, será corregida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.”, por: “podrá ser objeto de los recursos procesales que correspondan.”.

41)Para reemplazar el numeral 48 actual, que pasa a ser 52, por el siguiente texto:

“52. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 145:

a)En el inciso primero, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, agrégase la siguiente frase:

“Será procedente el recurso de casación en la forma en la medida que la sentencia de segunda instancia contenga una motivación alejada notoriamente de los antecedentes probatorios o una estimación irracional, ilógica o contraria a la experiencia, que carezca de una fundamentación racional.”

b)En el inciso segundo, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, agrégase el siguiente párrafo:

“Para estos efectos, serán trámites esenciales, según correspondan, los mismos que establece el Código de Procedimiento Civil y, en especial, la recepción de la causa a prueba en primera instancia.”.

c)Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo:

“Con todo, en los juicios sobre reclamaciones tributarias no regirá la limitación contenida en el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil respecto de las causales de procedencia del recurso de casación en la forma.”

42)Para intercalar un numeral 53 nuevo, pasando el actual 49 a ser 54 y así sucesivamente:

“53. Agrégase en el artículo 150, a continuación de la coma (“,”) que sigue a la palabra “predios” la expresión “o de contribuciones,”.

43)Para intercalar un numeral 54 nuevo, pasando el actual 49 a ser 55 y así sucesivamente:

“54. En el inciso segundo del artículo 156 entre las palabras “apreciará” y “la prueba”, agrégase las palabras “racional y fundadamente”.

44)Reemplázase en el numeral 51 actual, que pasa a ser 57, la frase “que fije el Ministerio de Hacienda, previo informe técnico del Servicio y Tesorería” por la frase “fijadas conforme al artículo 207”.

45)Modifícase el numeral 53 actual, que pasa a ser 59, de la siguiente forma:

a)Agrégase al artículo 207 entre las palabras “fijar” y “, mediante”, las palabras “un reglamento”.

b)Reemplázase en el artículo 207 las palabras “previo informe técnico” por “previa circular conjunta”.

ARTÍCULO 24, NUEVO

46)Para agregar el siguiente artículo 24, nuevo:

“Artículo 24.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 38 del decreto ley N° 3.529, de 1980, Normas complementarias de administración financiera y de incidencia presupuestaria, el guarismo “2025” por “2035”.”.

ARTÍCULO 25, NUEVO

47)Para agregar el siguiente artículo 25, nuevo:

“Artículo 25.- Modifícase el artículo 1° de la ley N° 19.606, que Establece incentivos para el desarrollo económico de las Regiones de Aysén y de Magallanes, y de la Provincia de Palena, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase en su inciso primero, el guarismo “2025” por “2035”.

b)Reemplázase en su inciso segundo, el guarismo “2045” por “2055”.”.

ARTÍCULO 26, NUEVO

48)Para agregar el siguiente artículo 26, nuevo:

“Artículo 26.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 19.853, que Crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones I, XV, XI, XII y Provincias de Chiloé y Palena, el guarismo “2025” por “2035”.”.

ARTÍCULO 27, NUEVO

49)Para agregar el siguiente artículo 27, nuevo:

“Artículo 27. Modifícase el inciso segundo del artículo octavo transitorio de la ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Sustitúyase la conjunción “o” entre “el Tribunal de Contratación Pública” y “el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia” por una coma. Asimismo, agrégase a continuación de “Tribunal de Defensa de la Libre Competencia” la frase “, los Tribunales Tributarios y Aduaneros”.

ARTÍCULO 28, NUEVO

50)Para agregar el siguiente artículo 28, nuevo:

“Artículo 28. Modifícase el artículo primero de la ley N° 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, agregando el siguiente inciso final:

Las sentencias definitivas de primera instancia deberán ser publicadas por la Unidad Administradora del Tribunal y mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.”.

AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIO

51)Para reemplazar su texto por el siguiente:

“Artículo trigésimo cuarto transitorio. Los contribuyentes que, a la entrada en vigencia de la presente ley, mantuvieren gestiones judiciales pendientes por reclamos de giros o liquidaciones de tributos ante Tribunales Tributarios y Aduaneros, Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, por una única vez dentro de un plazo de 24 meses, contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, podrán poner término a dichas gestiones judiciales, sobre la base que, reconociendo la deuda tributaria debidamente reajustada, se les conceda una condonación total de intereses y multas por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Para tal efecto, los contribuyentes se sujetarán a las siguientes reglas:

1)Los contribuyentes deberán presentar una solicitud al Servicio de Impuestos Internos a través de su sitio web u otros medios electrónicos, acompañando los antecedentes y ofreciendo caución suficiente del pago de la deuda tributaria, de conformidad a la resolución a que se refiere el número 5) siguiente.

2)Con el sólo mérito del comprobante de ingreso de la solicitud, el contribuyente podrá concurrir ante el tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente para que suspenda el procedimiento por un plazo de 30 días, prorrogables sucesivamente por otros 30 días en caso de que así sea solicitado por el contribuyente. Esta prórroga podrá ser solicitada nuevamente hasta la fecha en que el Servicio de Impuestos Internos resuelva conforme al número 3 siguiente.

3)Dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud, el Servicio de Impuestos Internos revisará el cumplimiento formal de los requisitos establecidos en el presente artículo y la suficiencia de la caución ofrecida. Una vez verificados dichos requisitos, dictará una resolución, la que será ingresada al tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente. Una vez ingresada la resolución por parte del Servicio de Impuestos Internos, rendida la caución por el contribuyente y ratificada ante el tribunal, se levantará un acta dentro de quinto día, la que pondrá término a las gestiones judiciales que corresponda, considerándose como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

4)En caso que el fallo de primera instancia o de apelación, haya sido parcialmente favorable al reclamo, el contribuyente podrá acogerse a lo dispuesto en este artículo sobre la parte del fallo de primera instancia o apelación, según corresponda, que no le fue favorable, reconociendo y pagando la deuda tributaria correspondiente a esa parte, y concediéndosele la condonación del total de los intereses y multas que corresponda a la misma. Respecto de la parte del fallo que fue favorable al interés del contribuyente, una vez presentada la solicitud y dentro del proceso de revisión formal de los requisitos de procedencia, el Servicio de Impuestos Internos evaluará si corresponde poner término al juicio por esta vía teniendo presente los argumentos vertidos y las expectativas de ganancia o pérdida en el juicio.

5)El Servicio de Impuestos Internos, por resolución fundada, regulará el procedimiento administrativo a que se refiere el presente artículo, así como la forma y plazo en que se deba ofrecer caución suficiente.

6)El cobro de la deuda que se gire por el Servicio de Impuestos Internos de conformidad con este artículo podrá acogerse a las facilidades que establece el artículo 192 del Código Tributario en los términos que dicha norma señala.

7)El Servicio de Impuestos Internos publicará en su sitio web, la nómina de los juicios que se haya puesto término conforme a este artículo, identificados por su número de rol y parte reclamante.

8)Lo dispuesto precedentemente no será aplicable respecto de hechos en relación con los cuales el Servicio de Impuestos Internos haya ejercido acción penal, salvo cuando se haya decretado sobreseimiento o absolución respecto del contribuyente; cuente con un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del procedimiento, ambos cumplidos; o, finalmente, cuando exista en la respectiva carpeta una decisión de no perseverar en la investigación por parte del Ministerio Público. Asimismo, no se aplicará respecto de los reclamos de liquidaciones o giros de impuesto por parte del Servicio de Impuestos Internos que se relacionen con los hechos conocidos en juicios a que se refiere el artículo 160 bis del Código Tributario. En caso de haberse denegado una solicitud por alguna de las causales que contempla este numeral, el contribuyente podrá reiterarla, cumpliendo los demás requisitos, si resulta sobreseído, absuelto, o cuenta con acuerdo reparatorio, suspensión condicional o la decisión de no perseverar la investigación verificadas una vez vencido el plazo de 24 meses a que se refiere el inciso primero de este artículo”.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO NUEVO

52)Para agregar el siguiente artículo trigésimo séptimo transitorio nuevo:

“Artículo trigésimo séptimo transitorio.- Durante el plazo de 24 meses contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, existirá un órgano colegiado llamado Comisión Anti-Elusión cuya función será conocer y resolver sobre la configuración de elusión de acuerdo al artículo 4° ter y 4°quater del Código Tributario y la aplicación de la multa del artículo trigésimo octavo transitorio , para efectos de que el Servicio pueda proceder con las actuaciones indicadas en este artículo.

Para que el Servicio pueda emitir una liquidación, giro, resolución o multa fundada en la configuración de elusión conforme a los artículos 4 ter, 4 quáter del Código Tributario y artículo trigésimo octavo transitorio, será necesario que previamente la Comisión Anti-Elusión, a que hace referencia este artículo, haya declarado racional y fundadamente la configuración de elusión, y se observe el procedimiento establecido en este artículo.

A. Comisión Anti-Elusión y Comité Especial del Servicio

La Comisión Anti-Elusión estará conformada por los siguientes cinco miembros: el Director del Servicio; el Fiscal Nacional Económico; un Comisionado del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, de preferencia de profesión abogado si hubiere uno entre sus miembros, designado por dicha Comisión; el presidente del Tribunal de la Libre Competencia; y un abogado experto o académico en materias tributarias, con 15 años de experiencia, designado por la mayoría de los restantes miembros de la Comisión entre una nómina de 5 expertos confeccionada mediante concurso de alta dirección pública, conforme a lo determinado en el decreto señalado en el inciso sexto de esta letra A. Cada miembro titular tendrá un miembro subrogante o suplente, según corresponda, conforme a las leyes que regulan las instituciones respectivas. Respecto del Director del Servicio, será subrogante el Director de Grandes Contribuyentes y respecto del abogado experto o académico en materias tributarias, será suplente otro de los nominados mediante concurso de alta dirección pública que será elegido por la Comisión.

La Comisión Anti-Elusión se convocará para cada caso en que el Comité Especial del Servicio, a que hace referencia el inciso séptimo de esta letra A, acuerde que le corresponde conocer y resolver sobre la configuración de elusión y la aplicación de la multa, de acuerdo con los artículos 4 ter, 4 quáter del Código Tributario y artículo trigésimo octavo transitorio.

La Comisión Anti-Elusión deberá sesionar con la totalidad de sus miembros, ya sea, titulares, subrogantes o suplentes, según corresponda, y sus decisiones deberán adoptarse por mayoría absoluta. La Comisión Anti-Elusión será presidida anualmente en forma alternada por uno de sus miembros de acuerdo al orden correlativo indicado en el inciso segundo de esta letra A. La participación de los miembros en la Comisión Anti-Elusión será ad-honorem.

Los miembros de la Comisión se abstendrán de intervenir en el procedimiento de acuerdo a las causales establecidas en el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, debiendo comunicar dicha circunstancia a la Comisión. Adicionalmente, los miembros de la Comisión y las actas de las sesiones, estarán sujetos a reserva conforme al artículo 35 y 206 del Código Tributario.

Un decreto supremo emitido por el Ministerio de Hacienda establecerá el procedimiento para convocar a la Comisión Anti-Elusión y su funcionamiento, y dicho Ministerio le brindará el apoyo administrativo necesario con esos fines.

Asimismo, existirá en el Servicio un Comité Especial que se constituirá por el mismo tiempo referido en el inciso primero, para efectos de la aplicación de este artículo transitorio, que se denominará Comité Especial del Servicio y cuya función será analizar y resolver la procedencia de convocar o no a la Comisión Anti-Elusión y elaborar un informe con los antecedentes de hecho y de derecho que justifican dicha convocatoria.

El Comité Especial del Servicio, estará integrado por los subdirectores normativo, jurídico y de fiscalización. Este Comité Especial deberá sesionar con la totalidad de sus miembros y sus decisiones deberán adoptarse por mayoría absoluta.

El Director emitirá una resolución para establecer el funcionamiento del Comité Especial del Servicio.

B. Procedimiento

En caso que en un procedimiento de fiscalización una unidad del Servicio detecte indicios de que se podría configurar elusión y resultar aplicable una multa conforme con los artículos 4 ter, 4 quáter del Código Tributario y artículo trigésimo octavo transitorio, dicha unidad deberá citar al contribuyente y a los eventuales responsables de la multa del artículo trigésimo octavo transitorio, conforme al artículo 63 del Código Tributario, requiriéndole los antecedentes que considere necesarios y pertinentes, incluidos aquellos que sirvan para determinar la procedencia de la multa del referido artículo trigésimo octavo transitorio, sin perjuicio del derecho que asiste al contribuyente para acompañar todos los antecedentes que estime necesarios y pertinentes. El contribuyente deberá dar respuesta a la citación en los plazos establecidos en el referido artículo 63. Recibida la respuesta de la citación, o en ausencia de respuesta expirado el plazo legal, la unidad a cargo de la fiscalización tendrá un plazo de dos meses para pronunciarse, ya sea para establecer que existen indicios que podrían configurar elusión y resultar aplicable una multa respectiva conforme con los artículos 4 ter, 4 quáter del Código Tributario y artículo trigésimo octavo transitorio, en cuyo caso continuará con el procedimiento de conformidad con el inciso siguiente, o, en caso contrario, certificará al contribuyente que la fiscalización iniciada por aplicación del procedimiento establecido en este artículo ha concluido.

Establecido por la unidad del Servicio que existen indicios que podrían configurar la existencia de elusión, dentro del plazo de dos meses señalado en el inciso anterior, deberá preparar un informe del caso acompañando los antecedentes que lo fundan. La unidad del Servicio deberá someter dicho informe a la aprobación del superior jerárquico del funcionario que lo haya preparado y del Director Regional. Una vez aprobado y firmado el referido informe por el funcionario respectivo de la unidad del Servicio, su superior jerárquico y el Director Regional, este último deberá enviarlo al Comité Especial del Servicio en un plazo no superior a cinco días hábiles. Si el informe no se aprobare en la forma referida o no se enviare al Comité Especial del Servicio en los términos señalados, se certificará al contribuyente que ha finalizado la fiscalización por elusión.

Recibido el informe por el Comité Especial del Servicio, este deberá revisar y analizar los antecedentes de hecho y derecho en los que se funda, quedando inhabilitada la Dirección Regional que remitió el informe para continuar conociendo del proceso de fiscalización, hasta que termine el procedimiento.

El Comité Especial del Servicio tendrá un plazo de tres meses, contados desde la recepción del informe, para elaborar un nuevo informe por el cual racional y fundadamente determine si se debe convocar a la Comisión Anti-Elusión a consecuencia de persistir los indicios que a su juicio justifiquen la configuración de elusión tributaria y la procedencia de la aplicación de una multa, conforme a los artículos 4 ter, 4 quáter del Código Tributario y artículo trigésimo octavo transitorio. El precitado término de tres meses no se aplicará cuando el remanente de plazo de prescripción de la obligación tributaria sea menor, en cuyo caso se aplicará éste último. Cumplido este plazo, el Comité Especial del Servicio no podrá convocar a la Comisión Anti-Elusión. No se aplicarán al procedimiento descrito en los incisos anteriores los plazos para fiscalizar establecidos en el artículo 59 del Código Tributario.

En caso de que, dentro del plazo de tres meses, el Comité Especial del Servicio resuelva convocar a la Comisión Anti-Elusión, deberá enviarle un informe detallado del caso, que contenga las razones de hecho y de derecho que justifican los indicios de configuración de elusión y la procedencia de la aplicación de la multa de los artículos 4 ter, 4 quáter del Código Tributario y artículo trigésimo octavo transitorio, junto con una copia del expediente completo del caso que incluya todos los antecedentes y respuestas entregadas por el contribuyente y los posibles responsables de la multa del referido artículo trigésimo octavo transitorio.

La Comisión Anti-Elusión tendrá un plazo de cuatro meses contados desde su convocatoria para determinar si se configura elusión conforme a los artículos 4 ter o 4 quáter del Código Tributario, y si resulta aplicable la multa del artículo trigésimo octavo transitorio. Este plazo podrá ser ampliado fundadamente por dicha Comisión, hasta por un mes. La Comisión Anti-Elusión, iniciará el procedimiento notificando al contribuyente y a los posibles responsables del diseño o planificación de los actos constitutivos de elusión para que concurran al trigésimo día corrido de practicada la notificación a una audiencia ante la Comisión Anti-Elusión para que expongan sobre el caso y puedan aportar los antecedentes adicionales que estimen pertinentes. Si la fecha de la referida audiencia cayera en día inhábil, el contribuyente y los posibles responsables del diseño o planificación de los actos constitutivos de elusión se entenderán citados para el día siguiente hábil. La notificación deberá ir acompañada del informe del Comité Especial del Servicio, y de los antecedentes en que éste se funda. Adicionalmente, en forma previa a resolver, la Comisión Anti-Elusión podrá citar por una sola vez al Comité Especial del Servicio.

En caso que la Comisión Anti-Elusión resuelva que se configura elusión conforme a los artículos 4 ter o 4 quáter del Código Tributario y que resulta aplicable la multa del artículo trigésimo octavo transitorio, deberá dejar constancia de ello en una resolución que incluya los antecedentes en que se funda, junto con señalar a las personas naturales o jurídicas responsables de la multa establecida en el referido artículo trigésimo octavo transitorio. Asimismo, dicha resolución deberá incluir los votos disidentes, en caso que hubieren, con sus argumentaciones. Adicionalmente, la Comisión Anti-Elusión en la resolución podrá indicar al Servicio la necesidad de ejercer acciones prejudiciales precautorias u otras medidas para el resguardo del interés fiscal.

La resolución de la Comisión Anti-Elusión que determine que se ha configurado elusión y la aplicación de una multa conforme con los artículos 4 ter, 4 quáter del Código Tributario y artículo trigésimo octavo transitorio, habilitará al Servicio para emitir una liquidación, giro, resolución o multa, conforme con dichos artículos, según corresponde de acuerdo con las reglas generales.

Transcurrido el plazo de cuatro meses indicado anteriormente, y la prórroga en su caso, sin que la Comisión Anti-Elusión haya adoptado una decisión, se entenderá rechazada la configuración de elusión conforme a los artículos 4 ter o 4 quáter del Código Tributario, y la procedencia de la aplicación de la multa del artículo trigésimo octavo transitorio.

Desde la fecha de la citación que realiza la unidad del Servicio encargada de la fiscalización hasta la fecha en que la Comisión Anti-Elusión emita su resolución o bien expire el plazo legal para la misma, se suspenderá el cómputo de los plazos establecidos en los artículos 200 y 201 del Código Tributario.

Los informes y resoluciones que emitan el Comité Especial del Servicio y la Comisión Anti-Elusión no serán susceptibles de recurso de reclamación. La liquidación, giro o resolución que emita el Servicio en conformidad con este artículo serán reclamables de conformidad a los artículos 123 y siguientes del Código Tributario. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo y durante todas las instancias jurisdiccionales que se desarrollen como consecuencia de este procedimiento, el Servicio mantendrá la carga de la prueba.”.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO TRANSITORIO NUEVO

53)Para agregar el siguiente artículo trigésimo octavo transitorio nuevo:

“Artículo trigésimo octavo transitorio.- Durante el periodo de 24 meses a que hace referencia el artículo trigésimo séptimo transitorio, el Servicio podrá sancionar con una multa a la persona natural o jurídica que, de conformidad con lo resuelto por la Comisión Anti-Elusión en aplicación del procedimiento establecido en el artículo trigésimo séptimo transitorio, ha diseñado o planificado actos o contratos constitutivos de elusión. La multa ascenderá hasta la cantidad de 100% de todos los impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, de no haber mediado los actos o contratos realizados por el contribuyente que la Comisión Anti-Elusión haya calificado que configuran elusión. Con todo, dicha multa no podrá superar las 100 unidades tributarias anuales, salvo que exista reiteración respecto del mismo diseño o planificación, en cuyo caso la multa no podrá superar las 250 unidades tributarias anuales, considerando el número de casos, cuantía de todos los impuestos eludidos y las circunstancias modificatorias de responsabilidad descritas en los artículos 110, 111 y 112 del Código Tributario.

Para estos efectos, en caso que la infracción haya sido cometida por una persona jurídica, la multa señalada será aplicada a sus directores o representantes legales si hubieren infringido sus deberes de dirección y supervisión.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el Servicio sólo podrá aplicar la multa a que se refieren los incisos precedentes cuando la Comisión Anti-Elusión, de acuerdo al procedimiento descrito en el artículo trigésimo séptimo transitorio, haya declarado la existencia de actos o contratos constitutivos de elusión, la procedencia de la aplicación de la multa de este artículo y la persona natural o jurídica que hubiere diseñado o planificado dichos actos o contratos. La prescripción de la acción para perseguir esta sanción pecuniaria será de seis años contados desde el vencimiento del plazo para declarar y pagar los impuestos no pagados a consecuencia de los actos o contratos que haya sido declarado que configuran elusión, el que se suspenderá desde la fecha en que el Servicio cite al contribuyente en los términos indicados en el inciso primero de la letra B del artículo trigésimo séptimo transitorio, hasta la notificación de la sentencia ejecutoriada que resuelva los recursos judiciales respectivos o la expiración del plazo para interponerlos.

La resolución, liquidación o giro que determine el pago de una multa de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, podrá ser objeto de reclamación por parte de la persona natural o jurídica designada responsable por la Comisión Anti-Elusión del diseño o planificación de actos o contratos que configuran elusión, de acuerdo a los artículos 123 y siguientes del Código Tributario.”

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO NUEVO

54)Para agregar el siguiente artículo trigésimo noveno transitorio nuevo:

“Artículo trigésimo noveno transitorio.- Durante el mismo plazo referido en el artículo trigésimo séptimo transitorio anterior, se suspenderá la aplicación del artículo 4 quinquies, 100 bis y 160 bis del Código Tributario.”

Dios guarde a V.E.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda

ANEXO

Valparaíso, 16 de mayo de 2019

OFICIO Nº065/2019

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA SEÑOR HAROLDO BRITO CRUZ

La COMISIÓN DE HACIENDA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS acordó recabar, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N°18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, por su intermedio, la opinión de la Excma. Corte Suprema respecto de las materias que se señalan, contenidas en el artículo 1° que modifica el Código Tributario, del proyecto de ley que Moderniza la Legislación Tributaria, boletín N° 12043-05.

Se adjunta, para su mejor comprensión, el comparado correspondiente al artículo 1° del proyecto de ley en comento, referido a las modificaciones del Código Tributario.

1.- Incisos tercero y cuarto del artículo 8 bis que se propone:

“Artículo 8 bis.- Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes, los siguientes:

1°El ser informado sobre el ejercicio de sus derechos, el que se facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y a obtener información clara del sentido y alcance de todas las actuaciones en que tenga la calidad de interesado.

2°El ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna, con el debido respeto y consideración.

3°Pagar el monto de impuestos que corresponda en conformidad con las obligaciones tributarias establecidas en la ley y a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes tributarias, debidamente actualizadas.

4°Que las actuaciones del Servicio, constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización:

a)Se realicen por razones fundadas y a que en todas ellas se indique de manera expresa el plazo dentro del cual debe ser concluida. En ausencia de un plazo dispuesto por la ley, el Director a través de normas de aplicación general, dispondrá los plazos dentro de los cuales las actuaciones deben ser concluidas;

b)Se entregue información clara, sobre el alcance y contenido de la actuación;

c)Se informe la naturaleza y materia a revisar, el plazo para interponer alegaciones o recursos y los plazos de prescripción;

d)Se informe, en cualquier momento y por un medio expedito, la situación tributaria del contribuyente y el estado de tramitación de un procedimiento;

e)Se admita la acreditación de los actos, contratos u operaciones celebrados en Chile o en el extranjero con los antecedentes que correspondan a la naturaleza jurídica de los mismos y al lugar donde fueron otorgados, sin que pueda solicitarse la acreditación de actos o contratos exigiendo formalidades o solemnidades que no estén establecidas en la ley;

f)Se notifique, al término de la actuación de que se trate, certificándose que no existen gestiones pendientes respecto de la materia y por el período revisado o que se haya fiscalizado.

5°Que no se vuelva a fiscalizar ni revisar ni en el mismo ejercicio ni en los períodos siguientes, las partidas, criterios jurídicos o antecedentes probatorios que ya fueron objeto de un proceso de fiscalización, sea que en dicho proceso se haya emitido o no una citación, un giro, liquidación o resolución.

6ºEl ser informado acerca de la identidad y cargo de los funcionarios del Servicio bajo cuya responsabilidad se tramitan los procesos en que tenga la condición de interesado y si se hubiera obtenido información de terceras partes. Lo anterior no será aplicable respecto de las materias tratadas en el artículo 161 número 10, ni de los procedimientos del artículo 4 quinquies. Asimismo, el derecho a ser informado, si ha sido objeto de una solicitud de intercambio de información, siempre que no implique un eventual incumplimiento de obligaciones tributarias.

7°Obtener copias en formato electrónico, o certificaciones de las actuaciones realizadas o de los documentos presentados en los procedimientos, en los términos previstos en la ley.

8°Eximirse de aportar documentos que no correspondan al procedimiento o que ya se encuentren acompañados al Servicio y a obtener, una vez finalizado el procedimiento respectivo, la devolución de los documentos originales aportados.

9°Que en los actos de fiscalización se respete la vida privada y se protejan los datos personales en conformidad con la ley; y que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código.

10°Que las actuaciones del Servicio se lleven a cabo en la forma que resulte menos gravosa para el contribuyente, siempre que no signifique el incumplimiento de las disposiciones tributarias y, asimismo, a que las actuaciones del Servicio se lleven a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias, certificada que sea, por parte del funcionario a cargo, la recepción de todos los antecedentes solicitados.

11°Ejercer los recursos e iniciar los procedimientos que correspondan, personalmente o representados; a formular alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos previstos en la ley y que tales antecedentes sean incorporados al procedimiento de que se trate y debidamente considerados por el funcionario competente.

12°Plantear, en forma respetuosa y conveniente, sugerencias y quejas sobre las actuaciones del Servicio en que tenga interés o que le afecten.

13°Tener certeza de que los efectos tributarios de sus actos o contratos son aquellos previstos por la ley, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización que corresponda de acuerdo con la ley. Al respecto, el Servicio deberá publicar en su sitio web los oficios, resoluciones y circulares, salvo aquellos que sean reservados en conformidad con la ley. Asimismo, deberá informar los oficios, circulares y resoluciones dictados previamente y que pierden vigencia en virtud de las nuevas instrucciones.

14°Que las actuaciones del Servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley. En el caso que se tomen medidas de esta naturaleza por el Servicio, como la prevista en el artículo 8 ter, el contribuyente tendrá derecho a que se le notifiquen previamente las razones que fundamentaron tales medidas.

15ºEl ser notificado de cualquier restricción de informar los actos y modificaciones a que aluden los artículos 68 y 69, u otras acciones que afecten el ciclo de vida del contribuyente, la posibilidad de informar modificaciones de otra índole o realizar cualquier clase de actuaciones ante el Servicio.

16ºEl ser informado de toda clase de anotaciones que le practique el Servicio.

17ºPresentar declaraciones de impuestos y declaraciones juradas fuera de los plazos legales y llevar a cabo las rectificaciones que sean necesarias, salvo en los casos establecidos en la ley y sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a la ley.

18ºQue, para todos los efectos legales y cualquiera sea el caso, se respeten los plazos de prescripción o caducidad tributaria establecidos en la ley, sin que pueda efectuarse ninguna clase de solicitud de su renuncia por parte del contribuyente, ni aun a pretexto de evitar una liquidación o giro, de llegar a un avenimiento del artículo 132 ter o de evitar alguna sanción.

19ºQue se presuma que el contribuyente actúa de buena fe.

El contribuyente podrá presentar una queja administrativa al considerar vulnerados sus derechos producto de una acto u omisión del Servicio, ante el competente Director Regional o ante el Director Nacional en su caso, si la actuación es realizada por el Director Regional, dentro de décimo día contado desde su ocurrencia, debiendo recibirse todos los antecedentes que el contribuyente acompañe a la presentación para fundar el acto u omisión que origina la queja. Recibida la queja administrativa, ésta deberá resolverse fundadamente dentro de quinto día, ordenando se adopten las medidas que corresponda. Toda prueba que sea rendida deberá apreciarse conforme con la sana crítica.

De lo resuelto por el Director Regional se podrá reclamar ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero de este Código.

Sin perjuicio de lo anterior, alternativamente los contribuyentes podrán reclamar en forma directa en contra de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos establecidos en este artículo ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del párrafo 2° del Título III del Libro Tercero de este Código.

El Servicio deberá tomar las medidas necesarias para que los funcionarios actúen en conocimiento y cabal respeto de los derechos del contribuyente.

En toda dependencia del Servicio deberá exhibirse, en un lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se consignen los derechos de los contribuyentes expresados en la enumeración contenida en el inciso primero. Asimismo, deberán exhibirse en un lugar visible en el sitio web del Servicio.”.

2.-El inciso sexto del artículo 60 que se propone

“Artículo 60.- En caso que conforme al inciso segundo del artículo 21 el Servicio determine que las declaraciones, documentos, libros o antecedentes acompañados no son fidedignos, podrá examinar los inventarios, balances, libros de contabilidad, documentos del contribuyente y hojas sueltas o sistemas tecnológicos que se hayan autorizado o exigido, en conformidad a los incisos cuarto y final del artículo 17. En dicho examen, se podrán revisar todos los elementos que sirvan de base para la determinación de las obligaciones tributarias que fundamentan tal examen. En los mismos casos y con igual objeto, el Servicio podrá examinar los libros, documentos, hojas sueltas o sistemas tecnológicos que los sustituyan, de las personas obligadas a retener un impuesto.

Sin perjuicio de la facultad de iniciar una fiscalización conforme con el artículo 59, para efectos de llevar a cabo el examen indicado, el Servicio podrá realizar un requerimiento de antecedentes al contribuyente o su representante, telefónicamente o por la vía más expedita posible, lo que deberá ir precedido de una notificación efectuada por correo electrónico en caso que sea aplicable o conforme con las reglas generales. Tanto en la comunicación y en la notificación, respectivamente, se deberá indicar en forma precisa las materias consultadas, el plazo otorgado para aportar la información requerida, la circunstancia de no tratarse de un procedimiento de fiscalización y los efectos que resultan para el contribuyente de no proveer los antecedentes que se requieren por parte del Servicio. El plazo para que el contribuyente aporte los antecedentes que le sean requeridos no podrá ser inferior a xxx ni exceder de un mes contado desde la notificación. De no entregarse los antecedentes requeridos dentro del precitado plazo, o si los entregados contienen errores o son incompletos o inexactos, el contribuyente podrá subsanar tales defectos en un plazo adicional de un mes, sin que al efecto sea aplicable lo previsto en el artículo 59.

Si transcurridos los plazos a que se refiere el inciso anterior, el contribuyente no diera respuesta o ésta fuera incompleta, errónea o extemporánea, ello solo se considerará como un antecedente adicional en el proceso de selección de contribuyentes para fiscalización.

Sujeto a lo establecido en el inciso primero, el Director Regional también podrá disponer que los contribuyentes presenten, en los casos que así lo determine, un estado de situación donde se incluya, entre otros antecedentes, el valor de costo y fecha de adquisición de los bienes que especifique el Director Regional. No obstante lo anterior, no se podrá requerir que el estado de situación incluya información sujeta a secreto o reserva bancaria, ni bienes muebles de uso personal del contribuyente ni los objetos que forman parte del mobiliario de su casa habitación, con excepción de los vehículos terrestres, marítimos y aéreos de uso personal.

Sujeto también a lo establecido en el inciso primero, el Director Regional podrá solicitar la confección o modificación de inventarios la que podrá ser presenciada por los funcionarios del Servicio autorizados, quienes, además, podrán confeccionar inventarios o confrontar en cualquier momento los inventarios de contribuyentes con las existencias reales. El examen, confección o confrontación deberá efectuarse en el plazo de un mes, en la forma que determine el Servicio mediante resolución y podrá realizarse en cualquier lugar en que el interesado mantenga los libros, documentos, antecedentes, bienes u otros que el Servicio señale. En ningún caso el ejercicio de esta facultad podrá entorpecer las operaciones normales de los contribuyentes.

El Director o el Director Regional, según el caso podrá solicitar al respectivo Tribunal Tributario y Aduanero que ordene que el inventario se confronte con el auxilio de la fuerza pública, cuando exista oposición de parte del contribuyente.

Para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias, el Servicio fundadamente podrá pedir declaración jurada por escrito sobre materias específicas o citar a toda persona domiciliada dentro de la jurisdicción de la oficina que la cite, para que concurra a declarar, bajo juramento, sobre hechos, datos o antecedentes específicos de cualquiera naturaleza relacionados con terceras personas. Para estos efectos, la citación, deberá indicar fundadamente la razón por la que se requiere de su comparecencia y los hechos sobre los que se deberá declarar. Asimismo, en caso que no se pueda comparecer por razones justificadas, se deberá establecer una segunda fecha de citación para que comparezca en el plazo de un mes. Estarán exceptuados de estas obligaciones, salvo en los casos de sucesión por causa de muerte o comunidades en que sean comuneros; los parientes; el cónyuge o conviviente civil, los parientes por consanguinidad en la línea recta o dentro del cuarto grado de la colateral, el adoptante, el adoptado, y los parientes por afinidad en la línea recta o dentro del segundo grado de la colateral de dichos terceros. Además, estarán exceptuadas de estas obligaciones las personas obligadas a guardar secreto profesional o que estén sujetas a obligaciones de confidencialidad.

No estarán obligadas a concurrir a declarar las personas indicadas en el artículo 300 del Código Procesal Penal, a las cuales el Servicio, para los fines expresados en el inciso precedente, deberá pedir declaración jurada por escrito.”.

3.-El inciso quinto del artículo 64 que se propone

“Artículo 64.- El Servicio, fundadamente, podrá tasar la base imponible de un impuesto, con los antecedentes que tenga en su poder, en los casos que el contribuyente no concurriere o no contestare la citación que se le hiciere de acuerdo con el artículo 63 o si en su respuesta no subsanare las deficiencias que se comprueben por el Servicio.

Asimismo, el Servicio podrá tasar la base imponible de un impuesto, en los casos del inciso segundo del artículo 21 y del artículo 22.

Para estos efectos, se aplicarán las siguientes normas:

A.- Reglas de valoración para la determinación de la base imponible.

Cuando el precio o valor asignado a la enajenación de un bien o al servicio prestado sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto, el Servicio, previa citación, podrá tasar dicho precio o valor en los casos en que estos difieran notoriamente de los precios o valores normales de mercado que hayan o habrían acordado partes no relacionadas considerando las circunstancias en que se realiza la operación, tales como las características de las industrias, sectores o segmentos relevantes, las funciones asumidas por las partes, las características específicas de los bienes o servicios contratados y de las partes contratantes, así como también cualquier otra circunstancia relevante.

Para efectos de justificar el precio o valor respectivo, el contribuyente podrá aplicar cualquier método de valoración basado en técnicas de general aceptación.

Se presumirá, salvo que el Servicio acredite fundadamente lo contrario en la liquidación o resolución de que se trate, que el precio o valor asignado en operaciones entre partes no relacionadas corresponde a precios o valores normales de mercado.

Sin perjuicio de la presunción establecida en el párrafo anterior, se presumirá para efectos tributarios, salvo que el Servicio acredite fundadamente lo contrario en la liquidación o resolución de que se trate, que el precio o valor asignado corresponde al precio o valor de mercado, en los casos que dichos precios o valores se determinen de la siguiente forma:

1.Para el caso de efectos públicos, bonos, debentures, acciones y demás valores mobiliarios que tengan cotización bursátil, el precio o valor que corresponda a dicha cotización a la fecha de la enajenación o, si no hubiere habido transacciones en aquella fecha, en la fecha anterior más próxima a la de enajenación.

No se aplicará la presunción en aquellos casos en que el bien no hubiera sido transado en bolsa entre partes no relacionadas en los sesenta días anteriores a la enajenación.

2.Para bienes inmuebles, será el precio o valor fijado en enajenaciones de inmuebles de características y ubicación similares, en la localidad respectiva, en los 12 meses precedentes a la enajenación.

3.Para los negocios, empresas, cuotas o derechos en comunidades, sociedades anónimas cerradas, derechos en sociedades de personas, de cualquier origen, y cuotas de fondos de inversión, el valor que resulte de asignar a los mencionados bienes, la proporción que les corresponda en el patrimonio financiero debidamente acreditado.

4.Para operaciones de financiamiento entre partes relacionadas el precio o valor que se determine según las reglas siguientes:

a)Si el acreedor es una persona natural que no determina rentas efectivas según contabilidad completa, no desarrolla como giro habitual operaciones de financiamiento y no ha asignado los bienes respectivos a su contabilidad como empresario individual, el reajuste en conformidad a la variación del índice de precios al consumidor o a la unidad de fomento. En estos casos no será necesario que el financiamiento establezca una tasa de interés.

b)Si para realizar la operación de financiamiento el acreedor, que determina su renta efectiva en base a contabilidad completa o corresponde a un fondo reglamentado por la ley número 20.712, ha obtenido financiamiento de una persona o entidad no relacionada que sea un banco o una institución financiera extranjera o en su caso, sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se presumirá que la operación es de mercado si se ha estipulado una tasa de interés y cargos financieros que le permitan cubrir sus gastos de operación y obtener una utilidad que corresponda a las normales de mercado que hayan o habrían acordado partes no relacionadas.

B.-Normas especiales sobre operaciones en Chile dentro de un grupo empresarial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra A.-, en las operaciones de cualquier naturaleza entre entidades del mismo Grupo Empresarial en Chile, que incluyan transferencia de bienes, pagos por prestación de servicios, regalías, intereses, constitución de garantías, celebración de cuentas corrientes o cuentas de gestión, entre otras, la determinación de los precios o valores sólo podrán ser fiscalizados por el Servicio conforme al artículo 59, considerando como elemento sustantivo los resultados tributarios obtenidos por las entidades del grupo empresarial, debiendo, por tanto, considerar los efectos tributarios entre las partes de una misma operación o contrato y que dichos efectos tributarios se determinen y, en su caso, se impugnen por el Servicio en forma integral y consistente, considerando entre otros factores, las consecuencias tributarias que para ambas partes tiene la operación y la aplicación de los impuestos que correspondan en la operación.

Se presumirá, salvo que el Servicio acredite lo contrario mediante resolución fundada, que el precio o valor asignado en la prestación de servicios o funciones entre entidades que son parte de un Grupo Empresarial corresponde a los normales de mercado que habrían acordado partes no relacionadas, en los casos que dichos precios o valores correspondan al costo asociado a la prestación de dichos servicios o funciones más una utilidad que corresponda a las normales de mercado que hayan o habrían acordado partes no relacionadas considerando las circunstancias en que se realiza la operación. Si un mismo servicio o función beneficia a más de una entidad que es parte del Grupo Empresarial, cada entidad deberá soportar la prorrata respectiva en base al beneficio recibido.

Para acreditar el precio o valor determinado y el beneficio obtenido en operaciones entre entidades de un Grupo Empresarial será suficiente un contrato marco junto con los registros contables que correspondan de las entidades respectivas.

En caso que entidades de un Grupo Empresarial en Chile hayan realizado operaciones o transacciones con otras entidades del mismo grupo a las que se les haya notificado un requerimiento conforme con el artículo 59, procederá un solo procedimiento de fiscalización, que considerará las diferentes partidas de manera integral y consistente.

En estos casos, las entidades deberán ser notificadas de la respectiva fiscalización conforme con las reglas generales.

El Director establecerá las instrucciones que permitan dirimir la unidad que deba llevar adelante la fiscalización en el caso que los contribuyentes del Grupo Empresarial que han sido notificados de una fiscalización se encuentren en la jurisdicción de más de una Dirección Regional.

En todo caso, la señalada fiscalización, se sujetará a las siguientes reglas:

a)Se deberá notificar, conforme con las reglas generales, a dichos contribuyentes la resolución fundada en que el Director Regional determine realizar una fiscalización en un territorio jurisdiccional distinto al del domicilio correspondiente.

b)Recibida la notificación, la entidad controladora del grupo empresarial podrá solicitar en el plazo de 5 días ante cualquiera de las unidades que notifica la resolución, que la fiscalización de las entidades sea efectuada en la jurisdicción que corresponde a su domicilio, lo que deberá ser aprobado por el Director Regional dentro del plazo de 5 días.

c)Una vez determinada la jurisdicción en que se radicará la fiscalización, dicha jurisdicción se entenderá facultada para realizar todas las actuaciones relacionadas con la fiscalización respectiva, y de resolver todos los recursos y procedimientos pertinentes, incluyendo otorgar una condonación en caso que corresponda.

Será competente para conocer de los reclamos que correspondiera interponer a las entidades del mismo Grupo Empresarial que sean fiscalizadas en la forma indicada en el inciso anterior el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional del domicilio de la unidad que lleve a cabo la fiscalización.

El Servicio emitirá una resolución en que establecerá el procedimiento para el ejercicio de la facultad de fiscalización establecida en los incisos precedentes.

C.- Medios de prueba admisibles para acreditar enajenaciones y servicios.

Los contribuyentes podrán acreditar el valor de las enajenaciones y prestaciones de servicios a través de la contabilidad, prueba documental, testimonial, informes periciales o cualquier otra capaz de producir fe, debiendo valorarse la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica y sin exigir formalidades o solemnidades diversas a las establecidas en el derecho común para el respectivo acto o contrato.

D.- Exclusiones relativas a las reorganizaciones empresariales.

No se aplicará la facultad de tasar establecida en este artículo en los siguientes casos:

1.En la división o fusión, siempre que la nueva sociedad o la subsistente mantenga registrado el costo tributario que tenían los bienes en la sociedad dividida o absorbida.

2.En el aporte, total o parcial, de bienes de cualquier clase, corporales o incorporales, situados en Chile o en el extranjero que realice una persona natural, sociedad o entidad constituida, domiciliada o residente en Chile o en el extranjero, y que impliquen la constitución o un aumento de capital de una sociedad, agencia o establecimiento permanente en Chile, y que no originen flujos efectivos de dinero para el aportante, siempre que los aportes se efectúen y registren al costo tributario que corresponda al aportante.

3.En el aporte, total o parcial, de bienes de cualquier clase, corporales o incorporales, situados y registrados en Chile que realice una sociedad o entidad constituida en el extranjero, y que impliquen la constitución o un aumento de capital de otra entidad o sociedad extranjera, siempre que se hayan efectuado en el contexto de una reorganización del Grupo Empresarial, no origine flujos efectivos de dinero para el aportante y que el aporte se efectúe al costo tributario que corresponda al aportante. El aportante y la receptora deberán acreditar, en caso de ser necesario, que el aporte se ha efectuado al costo tributario que correspondía al aportante.

4.En los procesos de división y fusión internacional efectuados por sociedades constituidas en el extranjero en el contexto de una reorganización de un grupo empresarial, que comprendan bienes situados o registrados en Chile, siempre que sus consecuencias jurídicas se puedan asimilar o sean análogas a aquellas consecuencias jurídicas establecidas en la legislación interna para las fusiones y divisiones, y que en dichas operaciones se mantenga registrado o controlado el costo tributario que tenían los activos y pasivos en la sociedad dividida o absorbida. Tampoco se aplicará la facultad de tasación del Servicio en la fusión internacional efectuada entre una sociedad chilena y una sociedad extranjera, siempre que la sociedad chilena sea la entidad absorbente y se cumplan los requisitos indicados en este número.”.

4.-Las siguientes modificaciones propuestas en el artículo 132:

A la letra a)

“a) Si, con los argumentos y antecedentes presentados en el reclamo, el Servicio concluye que las alegaciones del reclamante desvirtúan el acto impugnado, en su contestación podrá aceptar llanamente la pretensión contraria en todo o parte, según corresponda. Si el allanamiento fuere total, el Tribunal Tributario y Aduanero, citará a las partes a oír sentencia sin más trámite. En virtud de esta aceptación, el Servicio no podrá ser condenado en costas.”.

La letra d) nueva que se agrega

“d) Agrégase en el inciso décimo quinto actual, entre las palabras “apreciada” y “por el Juez” las palabras “racional y fundadamente”.

La letra e) nueva que se agrega

“e) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“En los reclamos que recaigan sobre la resolución que califica las declaraciones, documentos, libros o antecedentes como no fidedignos conforme al inciso quinto del artículo 124, el Tribunal Tributario y Aduanero podrá dejar sin efecto la respectiva resolución por falta de fundamentación.”.

5.- El inciso tercero, nuevo que se intercala en el artículo 132 bis:

“No obstante lo señalado en el artículo 132, el Tribunal Tributario y Aduanero que esté actualmente conociendo del asunto, de oficio o a petición de parte, podrá llamar a las mismas a conciliación en cualquier estado del juicio tramitado ante ellos.”.

6.-El inciso cuarto del nuevo artículo 132 ter propuesto

“Artículo 132 ter.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, trabada la litis y existiendo una gestión pendiente, el reclamante podrá ocurrir ante el Director, por una sola vez, para proponer las bases de un avenimiento extrajudicial sujeto a las mismas reglas y limitaciones dispuestas en el artículo anterior para la conciliación. Para estos efectos, no será necesario desistirse del reclamo.

Recibida la propuesta, el Director resolverá los términos en que, a su juicio exclusivo, corresponde aprobar el avenimiento, total o parcial, conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa y las condiciones del mismo.

El Director deberá resolver sobre el avenimiento dentro de los cuarenta días siguientes a la presentación de la propuesta efectuada por el reclamante. En caso de no resolver dentro de dicho plazo, se entenderá que acepta las bases de arreglo y el avenimiento extrajudicial.

Resuelto favorablemente el avenimiento extrajudicial, total o parcial, o teniéndose por aceptado en su caso, se procederá a levantar un acta firmada por las partes, la cual será autorizada por el tribunal competente. El acta deberá contener los términos del arreglo, así como una estricta relación de los antecedentes de hecho y de derecho en que se funda.

La propuesta que contiene las bases del avenimiento extrajudicial y demás documentos anexos tendrán el carácter de reservados. El Servicio publicará en su sitio web los antecedentes generales que permitan un adecuado entendimiento del avenimiento extrajudicial y los antecedentes de derecho en que se funda.”.

7.- El inciso quinto nuevo, que se agrega en el artículo 137

“Previo a la notificación de una liquidación, el Servicio podrá solicitar esta medida en carácter de prejudicial ante el tribunal civil del domicilio del contribuyente en los casos a que se refiere el artículo 59 bis o en aquellos que, atendido el monto que deba liquidarse en comparación con el patrimonio del contribuyente, su comportamiento tributario previo y sector o segmento al que pertenece se deriven presunciones fundadas de que no se encontrará en condiciones de satisfacer oportunamente la acreencia fiscal. El Servicio deberá solicitar esta medida mediante resolución fundada que se pronuncie sobre las circunstancias que motivan la solicitud.

En contra de la resolución que se pronuncia sobre la solicitud del Servicio procederá el recurso de apelación, en el solo efecto devolutivo. Decretada la medida, el Servicio deberá notificar la liquidación correspondiente en el plazo de diez días. En caso contrario, la medida quedará sin efecto por el sólo ministerio de la ley, debiendo el Servicio poner en conocimiento dentro del plazo de cinco días al tribunal respectivo para que alce las medidas decretadas.

En ningún caso el Servicio podrá solicitar esta medida tratándose de deudas inferiores a mil unidades tributarias mensuales a la fecha de presentar la referida solicitud, de contribuyentes cuya renta líquida imponible del año comercial inmediatamente anterior sea inferior a 17.000 unidades de fomento o de contribuyentes que declaren rentas presuntas o de pequeños contribuyentes.”.

8.- La modificación efectuada en el artículo 137, que reemplaza las palabras “tribunal civil” por “Tribunal Tributario y Aduanero”.

9.- El artículo 137 bis, nuevo

“Artículo 137 bis. - En los casos que se hubiere decretado la medida a que se refiere el artículo anterior en el carácter de prejudicial y el contribuyente dedujere reclamación contra la liquidación notificada por el Servicio de conformidad con lo previsto en el artículo 124, la medida prejudicial se mantendrá durante el transcurso del proceso a que se dé lugar en los términos que señala el inciso primero del artículo 137, salvo que se desvirtúen las causas invocadas por el Servicio para obtener la medida ante el tribunal de apelación. Si venciere el plazo legal y no se hubiere deducido reclamación por parte del contribuyente en contra de la liquidación respectiva, la medida prejudicial se mantendrá hasta que Tesorería inicie los trámites a que se refiere el artículo 171.

En el caso a que se refiere la parte final del inciso tercero del artículo 124, la medida cesará con el pago, en cuyo caso, con el comprobante de pago respectivo, el contribuyente requerirá al tribunal civil para que alce la medida lo que se deberá decretar sin más trámites.”.

10.- Las siguientes modificaciones propuestas en el artículo 139:

a)En el inciso primero, reemplázase la frase “sólo podrá interponerse el recurso de apelación” por la siguiente: “podrá interponerse recurso de apelación y de casación en la forma”.

b)En el inciso tercero, reemplázase las palabras “para apelar” por la siguiente frase: “para interponer recurso de apelación y casación en la forma”.

11.- La derogación propuesta del artículo 140

12.-La modificación propuesta en el artículo 144

Reemplázase la frase “, así como de los establecidos en el inciso decimoquinto del artículo 132, será corregida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.”, por: “podrá ser objeto de los recursos procesales que correspondan.”.

13.- Las siguientes modificaciones introducidas en el artículo 145:

a)En el inciso primero, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, agrégase la siguiente frase:

“Será procedente el recurso de casación en la forma en la medida que la sentencia de segunda instancia contenga una motivación alejada notoriamente de los antecedentes probatorios o una estimación irracional, ilógica o contraria a la experiencia, que carezca de una fundamentación racional.”

b)En el inciso segundo, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, agrégase el siguiente párrafo:

“Para estos efectos, serán trámites esenciales, según correspondan, los mismos que establece el Código de Procedimiento Civil y, en especial, la recepción de la causa a prueba en primera instancia.”.

c)Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo:

“Con todo, en los juicios sobre reclamaciones tributarias no regirá la limitación contenida en el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil respecto de las causales de procedencia del recurso de casación en la forma.”.

Lo que me permito poner en su conocimiento en cumplimiento del referido acuerdo, por orden del Presidente de la Comisión Diputado don Daniel Núñez Arancibia.

Dios guarde a V. E.

María Eugenia Silva Ferrer

Abogado Secretaria de la Comisión

RETIRA Y FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA (BOLETÍN N° 12.043-05.)

_______________________________

Santiago,29 de mayo de 2019.

N° 077-367/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en retirar las proposiciones contenidas en el N° 4 letras b, c), d), e), f) y g); N°5, N°6 letras a) número i. y ii., b), d), f), h) e i) número v.; N°8 letra b); N°13; N°18; N°19; N°20 letra b); N°24 letras a), c) número i., iii., iv., v. y vii, d) número ii. y iv. y e); N°26 letra a); N° 27 letra b); N°28 letra b); N°29 letra b); N°30 letra b); N° 32; N°34 letra c); N°43 y N°51, del Mensaje 048-367, de fecha 8 de mayo de 2019.

Al mismo tiempo, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de ésta H. Corporación:

AL ARTÍCULO PRIMERO

1)Para modificar el numeral 6 de la siguiente forma:

a)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b)Agrégase el siguiente número 7°.-, nuevo:

“7°.- Conocer del recurso jerárquico, el que para efectos tributarios procederá en contra de lo resuelto en el recurso de reposición administrativa establecido en el artículo 123 bis y sólo podrá fundarse en la existencia de un vicio o error de derecho al aplicar las normas o instrucciones impartidas por el Director o de las leyes tributarias, cuando el vicio o error incida sustancialmente en la decisión recurrida. Desde la interposición del recurso jerárquico y hasta la notificación de la resolución que se pronuncie al respecto, se suspenderá el plazo para interponer el reclamo establecido en el artículo 124, salvo que su interposición se declare fundadamente como inadmisible por manifiesta falta de fundamento. El Director regulará el procedimiento para conocer y resolver de este recurso mediante resolución.”.”.

b)Agrégase nuevas letras d) y e), pasando las actuales letras d) y e) a ser f) y g), respectivamente:

“d) Agrégase en el número 1° de la letra B, luego de la palabra “tributarias” antes del punto final, la siguiente frase: “, las que serán tramitadas conforme a las mismas reglas a que se refiere el número 2, letra A, inciso segundo del presente artículo”.

e) Intercálase en el número 3 de la letra B, entre la palabra “rebajar” y la conjunción “o”, la palabra “, suspender”.”.

c)Reemplázase en el literal i de la letra d) actual, que pasa a ser f), la frase “por el Ministerio de Hacienda, previo informe técnico del Servicio y el Servicio de Tesorerías” por “conforme al artículo 207”.

d)Reemplázase el literal ii de la letra d) actual, que pasa a ser f), por el siguiente:

“ii. En el párrafo segundo:

-Elimínase la frase “a juicio del Director Regional” junto con la coma (“,”) que antecede y sucede a dicha frase.

-Agrégase, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la frase “Para rechazar la solicitud de condonación total en estos casos, el Director Regional deberá emitir una resolución donde fundadamente señale las razones por las que se trata de una causa imputable al contribuyente.”.

e)Agrégase en la letra e) actual, que pasa a ser letra g), un literal i nuevo, pasando el literal i actual a ser ii, y así sucesivamente:

“i.Agrégase en el párrafo primero del número 5 de la letra B, entre las palabras “las” y “liquidaciones”, el término “resoluciones” seguido de una coma.”.

f)Reemplázase en el último párrafo del literal ii actual de la letra e), que pasa a ser literal iii de la letra g), las palabras “conforme a las reglas de la sana crítica” por la palabra “fundadamente”.

2)Para modificar la letra e) del numeral 7 de la siguiente forma:

a)Reemplázase la frase “17.- Por “contribuyentes relacionados”:” por la frase siguiente frase:

“17. Salvo que alguna disposición legal establezca algo distinto, se entenderá por “relacionados”:”.

b)Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) El gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario respecto de la asociación o negocio en que tiene derecho a más del 10% de las utilidades. Asimismo, los partícipes de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario respecto de la asociación o negocio en que tengan derecho a más del 10% de las utilidades.”.

3)Para modificar el numeral 8, del siguiente modo:

a)Modifícase el número 4° del artículo 8 bis, de la siguiente forma:

i)Reemplázase la letra a), por la siguiente:

“a)Indiquen con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda. En efecto, toda actuación del Servicio deberá ser fundada, esto es, expresar los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión, sea que la respectiva norma legal así lo disponga expresamente o no. Adicionalmente, deberán indicar de manera expresa el plazo dentro del cual debe ser concluida, en cuyo caso se aplicarán las reglas legales cuando existieran, y en ausencia de un plazo dispuesto por la ley, el Director mediante resolución dispondrá los plazos dentro de los cuales las actuaciones deberán ser finalizadas;”.

ii)Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Se informe la naturaleza y materia a revisar y el plazo para interponer alegaciones o recursos. Todo contribuyente tendrá derecho a que se certifique, previa solicitud, el plazo de prescripción que resulte aplicable;”.

b)Sustitúyese el número 5 del artículo 8 bis por el siguiente:

“5° Que el Servicio no vuelva a iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización, ni en el mismo ejercicio ni en los periodos siguientes, respecto de partidas o hechos que ya han sido objeto de un procedimiento de fiscalización. Para estos efectos se considerará como un procedimiento de fiscalización aquel iniciado formalmente por el Servicio mediante una citación conforme al artículo 63, excluyendo revisiones iniciadas por otros medios, salvo que la revisión concluya formalmente con una rectificación, giro, liquidación, resolución o certificación que acepte los hechos o partidas objeto de la revisión. No obstante, el Servicio podrá formular un nuevo requerimiento por el mismo período, o los periodos siguientes, y por los mismos impuestos asociados, sólo si dicho nuevo requerimiento tiene por objeto un procedimiento de fiscalización referido a hechos distintos de los que fueron objeto del requerimiento anterior. También el Servicio podrá realizar un nuevo requerimiento si aparecen nuevos antecedentes que puedan dar lugar a un procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161; o a la aplicación de lo establecido en el artículo 4 bis, 4 ter, 4 quáter, 4 quinquies, o a la aplicación del artículo 41 G o 41 H de la ley sobre Impuesto a la Renta; o que dichos nuevos antecedentes se obtengan en respuesta de solicitudes de información a alguna autoridad extranjera.”.

c)Agrégase en el número 8° del artículo 8 bis, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente frase:

“El Servicio deberá apreciar fundadamente toda prueba o antecedentes que se le presenten.”.

d)Reemplázase en el número 13° del artículo 8 bis la frase “Asimismo, deberá informar los oficios, circulares y resoluciones dictados previamente y que pierden vigencia en virtud de las nuevas instrucciones.” por la siguiente: “Asimismo, el Servicio deberá mantener un registro actualizado de los criterios interpretativos emitidos por el Director en ejercicio de sus facultades interpretativas o por los Directores Regionales en el ejercicio de la facultad establecida en el artículo 6, letra B N° 1, y de la jurisprudencia judicial en materia tributaria;”.

e)Elimínase en el número 18° del artículo 8 bis la frase “sin que pueda efectuarse ninguna clase de solicitud de su renuncia por parte del contribuyente, ni aun a pretexto de evitar una liquidación o giro, de llegar a un avenimiento del artículo 132 ter o de evitar alguna sanción.” y reemplázase la coma (“,”) que la antecede por un punto y coma (“;”).

f)Reemplázase en el inciso segundo del artículo 8 bis, las palabras “conforme con la sana crítica” por la palabra “fundadamente”.

4)Para agregar en la letra c) del numeral 11, entre las palabras “o representante.” y “Luego” la frase “El mandatario deberá acompañar los documentos que acrediten el término del mandato si los hubiere, o bien, una declaración simple del mandatario dando cuenta del término del mandato.”.

5)Para modificar el numeral 17, del siguiente modo:

a)Reemplázase la letra a) por la siguiente:

“a)Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “antecedentes no sean fidedignos” por “antecedentes, ponderados en forma fundada, sean calificados como no fidedignos y así se declare mediante resolución en base a los antecedentes de hecho y derecho tenidos a la vista. Esta resolución podrá impugnarse junto con la reclamación de la liquidación o giro respectivo, según lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 124 y para los efectos del inciso final del artículo 132”.

ii.Agrégase, entre las palabras “pruebas suficientes” y “las impugnaciones” la expresión “, que deberán ser ponderadas en forma fundada,”.

b)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b)Agréganse los siguientes incisos sexto, y séptimo, nuevos:

“En ningún caso se podrán exigir formalidades o solemnidades no contempladas por la ley para el acto, contrato u operación de que se trate.

El Servicio, en los procedimientos de fiscalización o en cualquier proceso de revisión, sólo podrá exigir antecedentes otorgados dentro de los plazos del artículo 200. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá solicitar antecedentes otorgados en periodos anteriores a los señalados en el artículo 200, para efectos de revisar remanentes de crédito fiscal de impuesto al valor agregado, la utilización de pérdidas tributarias o la determinación de costos tributarios, siempre que el Director Regional emita una resolución especificando fundadamente los motivos para realizar dicha revisión. En estos casos, se presumirá que el remanente de crédito, las pérdidas tributarias y los costos, señalados anteriormente, se corresponden con los antecedentes informados por el contribuyente, salvo que el Servicio los controvierta fundadamente. En este caso, no será suficiente la mera aserción que los antecedentes proporcionados por el contribuyente no forman convicción o no son suficientes para probar sus afirmaciones. La excepción descrita en este inciso no se aplicará a los antecedentes que acreditan el capital propio tributario y cualquier otro que no se encuentre expresamente previsto.”.”.

6)Para reemplazar la letra a) del numeral 18, por la siguiente:

“a)En el inciso segundo:

i.Elimínase las palabras “de noventa días”.

ii.Reemplázase lo dispuesto a continuación del primer punto seguido, y hasta el segundo punto seguido, por lo siguiente:

“Si el contribuyente hubiere deducido reclamación, los impuestos y multas correspondientes a la parte no reclamada de la liquidación se girarán con prescindencia de las partidas o elementos de la liquidación que hubieren sido objeto de la reclamación. Por su parte, los impuestos y multas correspondientes a la parte reclamada de la liquidación se girarán respecto de aquella parte del reclamo que sea desechada, una vez que sea notificado el fallo respectivo del Tribunal Tributario y Aduanero. En ese caso, el giro se emitirá con prescindencia de las partidas o elementos de la liquidación que hubieren sido acogidas o hubieran sido conciliadas por o con el Tribunal Tributario y Aduanero. Respecto de las liquidaciones o partidas de la misma cuyo reclamo haya sido acogido por el Tribunal Tributario y Aduanero competente, el giro que corresponda se emitirá sólo en caso que se dicte una sentencia revocatoria en una instancia superior y una vez que dicho fallo se encuentre firme o ejecutoriado.”.”.

7)Para reemplazar el numeral 26, por el siguiente:

“26. Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso final del artículo 56:

a.Elimínase la frase “, a su juicio,”.

b.Agrégase, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la frase: “Para rechazar la solicitud de condonación total en estos casos, el Director Regional deberá emitir una resolución donde fundadamente señale las razones por las que se trata de una causa imputable al contribuyente.”.”.

8)Para modificar el numeral 27, del siguiente modo:

a)Reemplázase en el inciso primero del artículo 59, la frase que va desde las palabras “Dentro de los plazos” hasta la expresión “liquidación o resolución”, antes del segundo punto seguido, por el siguiente texto:

“Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá llevar a cabo procedimientos de fiscalización y revisión de declaraciones de los contribuyentes. Sin embargo, el Servicio no podrá iniciar un nuevo requerimiento, ni del mismo ejercicio ni en los periodos siguientes, respecto de partidas o hechos que ya han sido objeto de un procedimiento de fiscalización, salvo que se trate de un nuevo requerimiento por el mismo período, o los periodos siguientes, y por los mismos impuestos asociados, si dicho nuevo requerimiento tiene por objeto un procedimiento de fiscalización referido a hechos distintos de los que fueron objeto del requerimiento anterior. Para estos efectos se considerará como un procedimiento de fiscalización aquel iniciado formalmente por el Servicio mediante una citación conforme al artículo 63, excluyendo revisiones iniciadas por otros medios, salvo que la revisión concluya formalmente con una rectificación, giro, liquidación, resolución o certificación que acepte los hechos o partidas objeto de la revisión. También el Servicio podrá realizar un nuevo requerimiento si aparecen nuevos antecedentes que puedan dar lugar a un procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161; o a la aplicación de lo establecido en el artículo 4 bis, 4 ter, 4 quáter, 4 quinquies; o a la aplicación del artículo 41 G o 41 H de la ley sobre Impuesto a la Renta; o que dichos nuevos antecedentes se obtengan en respuesta a solicitudes de información a alguna autoridad extranjera. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el inciso séptimo del artículo 21”.

b)Reemplázase en el inciso tercero del artículo 59 la palabra “autoridad” por “unidad del Servicio”.

c)En el inciso cuarto del artículo 59, agrégase entre las palabras “extranjera” y “en aquellos”, la conjunción “o”; y elimínase la expresión, “a excepción de las normas especiales antielusión,”.

9)Para eliminar en el numeral 28, en la letra c) del inciso primero del artículo 59 bis, el punto final y agrégase la siguiente frase:

“o que la dirección, correo electrónico, número de rol de avalúo de la propiedad o teléfono declarados para la obtención de rol único tributario, la realización de un inicio de actividades o la información de una modificación, conforme con los artículos 66, 68 y 69, según corresponda, sean declarados fundadamente como falsos o inexistentes.”.

10)Para modificar el numeral 32, del siguiente modo:

a)Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra A del artículo 64:

i.Agrégase en el inciso primero entre las palabras “en que estos” y “difieran notoriamente”, la expresión “, en forma fundada,”.

ii.Reemplázase el número 1 por el siguiente:

“1. Para el caso de efectos públicos, bonos, debentures, acciones y demás valores mobiliarios que tengan cotización bursátil, el precio o valor que corresponda al promedio del valor de las transacciones realizadas dentro de los últimos 90 días, salvo que el precio o valor promedio determinado en dicho período se haya visto afectado significativamente por algún evento imprevisto y excepcional ocurrido en la respectiva bolsa de valores.

No se aplicará la presunción en aquellos casos en que el bien no hubiera sido transado en bolsa entre partes no relacionadas en los sesenta días anteriores a la enajenación.”.

iii.Modifícase la letra b) del número 4, en el siguiente sentido:

-Agrégase entre las palabras o “en su caso,” y “sujeta a la supervisión”, las palabras “una entidad”.

-Intercálase entre las palabras “Instituciones Financieras” y “, se presumirá”, las palabras “o mediante la emisión de un bono”.

b)Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra B del artículo 64:

i.Elimínase en el inciso segundo la frase: “, salvo que el Servicio acredite lo contrario mediante resolución fundada,”; y, agrégase, antes del primer punto seguido, la frase: “, salvo que el Servicio en forma fundada acredite que no consisten en valores de mercado o que las entidades del grupo empresarial han asignado indebidamente gastos y rentas entre ellas”.

ii.Reemplázase en el literal b), del inciso séptimo, la frase “deberá ser aprobado por el Director Regional dentro del plazo de 5 días” por “deberá ser resuelto por el Director Regional dentro del plazo de 5 días en forma favorable, salvo que fundadamente resuelva en contrario de acuerdo a los criterios generales que fije el Director mediante resolución”.

c)En la letra C del artículo 64, reemplázase las palabras “de acuerdo a las reglas de la sana crítica” por “fundadamente”.

11)Para reemplazar la letra a) del numeral 35 por la siguiente:

“a) Todo contribuyente que, por terminación de su giro comercial o industrial, o de sus actividades, deje de estar afecto a impuestos, deberá dar aviso al Servicio a través de la carpeta tributaria electrónica del contribuyente, que incluirá un formulario que contendrá las enunciaciones requeridas para informar la terminación de sus actividades, adjuntando en la carpeta tributaria electrónica su balance de término de giro y los antecedentes para la determinación de los impuestos que correspondan, además de los que estime necesarios para dar cuenta del término de sus actividades, y deberá pagar el impuesto correspondiente determinado a la fecha del balance final, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de término de su giro o de sus actividades. Mediante esta declaración el contribuyente cumplirá con todas las obligaciones que le correspondan, sin necesidad de otros trámites y el Servicio procederá a actualizar la información en todos los registros que procedan. Una vez presentado el aviso de término de giro o actividades en la forma señalada precedentemente, el Servicio tendrá un plazo de seis meses para girar cualquier diferencia de impuestos y certificar el término de giro. En caso que el Servicio no se pronuncie en ese plazo, se entenderá aceptada la declaración del contribuyente salvo que el Servicio tome conocimiento de nuevos antecedentes que modifiquen la determinación de impuestos del contribuyente, o que el contribuyente presente antecedentes adicionales que no haya tenido a disposición al momento de realizar la declaración, o se establezca mediante resolución fundada que la declaración es maliciosamente falsa. El plazo para efectuar la revisión de los nuevos antecedentes será de tres meses, contado desde que se tome conocimiento de ellos. Si el Servicio no se pronuncia dentro de los plazos señalados, procederá lo dispuesto en los artículos 59 y 200.”.

12)Para agregar en el numeral 36, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la frase:

“Se entenderá que incurren personalmente en las infracciones quienes hayan tomado parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite, o facilitando los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él.”.

13)Para agregar en el numeral 37, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la frase:

“Se entenderá que incurren personalmente en las infracciones quienes hayan tomado parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite, o facilitando los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él.”.

14)Para agregar en el numeral 39, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “Lo establecido en este artículo aplicará también para aceptar la procedencia de acuerdos reparatorios.”.

15)Para reemplazar en el numeral 40, letra b), la letra f) del artículo 123 bis, las palabras “conforme las reglas de la sana crítica” por la palabra “fundadamente”.

16)Para eliminar la letra a) del numeral 42, pasando la letra b) a ser la letra a).

17)Para agregar al numeral 43, la siguiente letra d) nueva:

“d) Agrégase en el inciso décimo quinto actual, antes del segundo punto seguido, la frase: “y, asimismo, el razonamiento lógico y jurídico para llegar a su convicción”.

18)Para intercalar un numeral 49 nuevo, pasando el actual 49 a ser 50, y así sucesivamente:

“49. En el inciso segundo del artículo 156, reemplázase la frase “a las reglas de la sana crítica” por “a lo establecido en el inciso duodécimo del artículo 132”.

AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIO

19)Para reemplazar su texto por el siguiente:

“Artículo trigésimo cuarto transitorio. Los contribuyentes que, a la entrada en vigencia de la presente ley, mantuvieren gestiones judiciales pendientes por reclamos de giros o liquidaciones de tributos ante Tribunales Tributarios y Aduaneros, Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, por una única vez dentro de un plazo de 24 meses, contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, podrán poner término a dichas gestiones judiciales, sobre la base que, reconociendo la deuda tributaria debidamente reajustada, se les conceda una condonación total de intereses y multas por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Para tal efecto, los contribuyentes se sujetarán a las siguientes reglas:

1)Los contribuyentes deberán presentar una solicitud al Servicio de Impuestos Internos a través de su sitio web u otros medios electrónicos, acompañando los antecedentes y ofreciendo caución suficiente del pago de la deuda tributaria, de conformidad a la resolución a que se refiere el número 5) siguiente.

2)Con el sólo mérito del comprobante de ingreso de la solicitud, el contribuyente podrá concurrir ante el tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente para que suspenda el procedimiento mientras el Servicio de Impuestos Internos no resuelva conforme al número 3 siguiente.

3)Dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud, el Servicio de Impuestos Internos revisará el cumplimiento formal de los requisitos establecidos en el presente artículo y la suficiencia de la caución ofrecida. Una vez verificados dichos requisitos, dictará una resolución, la que será ingresada al tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente. Una vez ingresada la resolución por parte del Servicio de Impuestos Internos, rendida la caución por el contribuyente y ratificada ante el tribunal, se levantará un acta dentro de quinto día, la que pondrá término a las gestiones judiciales que corresponda, considerándose como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

4)En caso que el fallo de primera instancia o de apelación, haya sido parcialmente favorable al reclamo, el contribuyente podrá acogerse a lo dispuesto en este artículo sobre la parte del fallo de primera instancia o apelación, según corresponda, que no le fue favorable, reconociendo y pagando la deuda tributaria correspondiente a esa parte, y concediéndosele la condonación del total de los intereses y multas que corresponda a la misma. Respecto de la parte del fallo que fue favorable al interés del contribuyente, una vez presentada la solicitud y dentro del proceso de revisión formal de los requisitos de procedencia, el Servicio de Impuestos Internos evaluará si corresponde poner término al juicio por esta vía teniendo presente los argumentos vertidos y las expectativas de ganancia o pérdida en el juicio.

5)El Servicio de Impuestos Internos, por resolución fundada, regulará el procedimiento administrativo a que se refiere el presente artículo, así como la forma y plazo en que se deba ofrecer caución suficiente.

6)El cobro de la deuda que se gire por el Servicio de Impuestos Internos de conformidad con este artículo podrá acogerse a las facilidades que establece el artículo 192 del Código Tributario en los términos que dicha norma señala.

7)El Servicio de Impuestos Internos publicará en su sitio web, la nómina de los juicios que se haya puesto término conforme a este artículo, identificados por su número de rol y parte reclamante.

Lo dispuesto precedentemente no será aplicable respecto de hechos en relación con los cuales el Servicio de Impuestos Internos haya ejercido acción penal, salvo cuando se haya decretado sobreseimiento o absolución respecto del contribuyente; cuente con un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del procedimiento, ambos cumplidos; o, finalmente, cuando exista en la respectiva carpeta una decisión de no perseverar en la investigación por parte del Ministerio Público. Asimismo, no se aplicará respecto de los reclamos de liquidaciones o giros de impuesto por parte del Servicio de Impuestos Internos que se relacionen con los hechos conocidos en juicios a que se refiere el artículo 160 bis del Código Tributario. En caso de haberse denegado una solicitud por alguna de las causales que contempla este numeral, el contribuyente podrá reiterarla, cumpliendo los demás requisitos, si resulta sobreseído, absuelto, o cuenta con acuerdo reparatorio, suspensión condicional o la decisión de no perseverar la investigación verificadas una vez vencido el plazo de 24 meses a que se refiere el inciso primero de este artículo.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN

Ministro de Hacienda

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA (BOLETÍN N° 12.043-05.)

_______________________________

Santiago, 19 de junio de 2019.

N° 100-367/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de ésta H. Corporación:

AL ARTÍCULO PRIMERO

1)Para agregar en el numeral 32, en el inciso primero de la letra A del artículo 64, luego de las palabras “y de las partes contratantes, así como”, la frase “su relación de acuerdo con el artículo 8 número 17 o entre cónyuges, convivientes civiles o ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, y”.

2)Para intercalar un numeral 33 nuevo, pasando el actual 33 a ser 34, y así sucesivamente, del siguiente modo:

“33. Incorpórase un nuevo artículo 65 bis:

“Artículo 65 bis. – La unidad del Servicio que realice un requerimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59, o una citación según lo dispuesto en el artículo 63, será competente para conocer de todas las actuaciones de fiscalización posteriores, relacionadas con dicho requerimiento o citación.”.

3)Para agregar en el numeral 34, que pasa a ser numeral 35, que reemplaza el inciso cuarto del artículo 68, luego del punto final que pasa a ser seguido, la frase “Tratándose de una empresa individual, se deberá comunicar además los activos relevantes del empresario que se incorporan al giro de la empresa individual, según lo determine el Servicio mediante resolución.”.

AL ARTÍCULO SEGUNDO

4)Para reemplazar el número xiv. de la letra d), del numeral 9, por el siguiente:

“xiv. Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“No obstante lo dispuesto en las letras precedentes, si la enajenación de dichos bienes se efectúa: por el propietario a una sociedad de personas o anónima cerrada en que participe directa o indirectamente; o, al cónyuge, conviviente civil o parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad; o, a un relacionado en los términos del número 17 del artículo 8° del Código Tributario, con exclusión de la entrega y el ejercicio de opciones a que se refiere en la letra l) anterior, el mayor valor obtenido se gravará con los impuestos global complementario o adicional, según corresponda, sobre la base de la renta devengada. En estos casos, no se aplicará lo dispuesto en los literales v) y vi) de la letra a) anterior, esto es, la renta no podrá considerarse devengada en más de un ejercicio y no tendrá lugar el ingreso no constitutivo de renta de 10 unidades tributarias anuales”.”.

5)Para reemplazar la letra b) del numeral 10, por la siguiente:

“b) Reemplázase, en el párrafo tercero de la letra b) del número 1°.- la expresión “, a personas, sociedades o entidades relacionadas en términos de los artículos 96 al 100 de la ley N° 18.045.”, por la siguiente frase, “al cónyuge, conviviente civil, o parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad; o, a relacionados conforme con el artículo 8 número 17 del Código Tributario; o, al cónyuge, conviviente civil, o parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad de las personas señaladas en las letras c) y e) del artículo 8 número 17 del Código Tributario, ya referido.”.

AL ARTÍCULO CUARTO

6)Para reemplazar en el inciso sexto del artículo primero, incorporado por la letra b) del número 1., la frase “, a entidades sin domicilio ni residencia en nuestro país, no relacionadas con el donante, en los términos del número 17 del artículo 8° del Código Tributario.”, por la frase, “a personas o entidades sin domicilio ni residencia en el país, siempre que no se destinen al cónyuge, conviviente civil, o ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad del donante; o, a relacionados con el donante conforme al artículo 8 número 17 del Código Tributario; o, a relacionados, conforme al artículo 8 número 17 del Código Tributario, con el cónyuge, conviviente civil, o ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad del donante. Las donaciones, traspasos o transferencias de bienes, a título gratuito, efectuadas a personas o entidades sin domicilio ni residencia en Chile deberán ser informadas anualmente al Servicio de Impuestos Internos, mediante la presentación de una declaración en la forma y plazo que éste determine mediante resolución. El retardo u omisión de la presentación de la declaración, o la presentación incompleta o con antecedentes erróneos, será sancionada con una multa de hasta diez unidades tributarias mensuales. La multa referida se aplicará en conformidad al procedimiento establecido en el artículo 161 del Código Tributario.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN

Ministro de Hacienda

RETIRA Y FORMULA INDICACIÓN AL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA (BOLETÍN N° 12.043-05).

_______________________________

Santiago, 3 de julio de 2019.

N° 102-367/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en retirar la proposición contenida en el N° 12 del Mensaje 049-367, de fecha 8 de mayo de 2019.

Asimismo, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de ésta H. Corporación:

AL ARTÍCULO PRIMERO

-Para intercalar el siguiente numeral 17, nuevo, pasando el actual a ser 18 y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“17. Modifícase el artículo 18, número 2), letra c), reemplazando su punto final (“.”) por una coma (“,”) y agregando a continuación la siguiente oración: “como asimismo, tratándose de contribuyentes de primera categoría que determinan su renta efectiva según contabilidad completa, cuando dicha moneda extranjera influya en forma determinante o mayoritaria en la composición del capital social del contribuyente y sus ingresos.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN

Ministro de Hacienda

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA (BOLETÍN N° 12.043-05.)

Santiago, 3 de julio de 2019.

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

N° 105-367/

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esta H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1°

1)Para agregar al numeral 50, la siguiente letra c) nueva:

“c) Reemplázase en el N° 3.-, las palabras “14 ter” por “14 letra D) N° 8”.

AL ARTÍCULO 2°

2)Para modificar el numeral 1 en el siguiente sentido:

a)Elimínase en la letra c) la expresión “de responsabilidad limitada”.

b)En la letra e):

i)Reemplázase, en el párrafo segundo del número 12, la expresión “Sin embargo” por la expresión “En consecuencia”

ii)Elimínase en el párrafo segundo del número 12 la frase ”, ni los mandatarios que se hayan constituido con facultades para celebrar actos o contratos con fines específicos, por un plazo fijo o para una obra determinada”.

iii)Reemplázase, en el párrafo tercero del número 12, la expresión “actividades de organización y puesta en marcha en el país” por “actividades auxiliares del negocio o giro, o actividades preparatorias para la puesta en marcha del mismo en el país”.

3)Para reemplazar en el numeral 4 la letra a), por la siguiente:

“a) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “de la”, la primera vez que aparece, por las palabras “del uso, goce o”.”.

4)Para reemplazar en el numeral 5, letra c), la expresión “N|” por “N°”.

5)Para modificar el numeral 7 del siguiente modo:

a)Modifícase la letra A) del artículo 14, del siguiente modo:

i)Reemplázase, en el párrafo segundo de la letra d) del número 2, en la frase “Asimismo, de este registro se agregará”, la palabra “de” por “en”.

ii)En el número (v) del número 4:

-Reemplázase las palabras “y sus reajustes”, la primera vez que aparecen, por “o el valor de adquisición, en ambos casos pagados y reajustados”.

-Agrégase, entre las palabras “al capital” y “y sus reajustes”, la segunda vez que aparecen, las palabras “o al valor de adquisición”

iii)Reemplázase, en el número i. del número 5, la frase “aquella que resulte de sumar el saldo del registro DDAN al saldo del registro RAI, ambos determinados al término del ejercicio, antes de imputarles retiros, remesas o distribuciones” por la frase “el saldo del registro RAI determinado al término del ejercicio, antes de imputarle retiros, remesas o distribuciones”.”.

iv)Agrégase el siguiente número 9, nuevo:

“9.- Facultad especial de revisión del Servicio de Impuestos Internos.

Tratándose de una empresa que tenga, directa o indirectamente, propietarios contribuyentes de impuesto global complementario y que todos sus propietarios, directos o indirectos, sean contribuyentes relacionados, el Servicio de Impuestos Internos podrá revisar, conforme con este número 9, las razones comerciales, económicas, financieras, patrimoniales o administrativas para que la distribución anual de sus utilidades se realice en forma desproporcionada a la participación de los propietarios en el capital de la empresa.

Si de la revisión efectuada el Servicio fundadamente determina que, considerando las circunstancias de la empresa y la de sus propietarios, las distribuciones desproporcionadas carecen de las razones señaladas en el inciso anterior, previa citación del artículo 63 del Código Tributario, se aplicará a la empresa que realiza la distribución, un impuesto único de tasa 35% sobre la parte de la distribución que corresponde al exceso sobre la participación en el capital del propietario.

El impuesto único podrá también ser declarado por la propia empresa.

Producto de la declaración y pago del impuesto establecido en este número 9, se entenderá cumplida totalmente la tributación con el impuesto a la renta de tales cantidades, por lo que el contribuyente del impuesto de primera categoría, receptor de las mismas, las anotará en el registro REX señalado en la letra c) del número 2 de la letra A) de este artículo, como un ingreso no constitutivo de renta y podrán ser retiradas, remesadas o distribuidas en la oportunidad que se estime conveniente, con preferencia a cualquier otra suma y sin considerar las reglas de imputación que establece esta ley que estén vigentes a la fecha del retiro, remesa o distribución.

Si un propietario hubiere pagado impuesto global complementario por las utilidades percibidas, como consecuencia de la pretensión del Servicio de Impuestos Internos del impuesto único establecido en este número 9, se les devolverá el impuesto pagado en el mismo procedimiento administrativo, mediante una rectificación de su declaración.

Para estos efectos, se entenderán relacionados los cónyuges, convivientes civiles y parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.”.

b)Modifícase la letra C) del artículo 14, de la siguiente forma:

i)Reemplázase las palabras “14 letra D) número 6 por “14 letra D”, las tres veces que aparece.

ii)Agrégase el siguiente número 4, nuevo:

“4.- Información de antecedentes sobre reorganizaciones empresariales:

Las empresas que se hayan sometido a algún proceso de reorganización empresarial, deberán comunicarlo al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que establece el inciso sexto del artículo 68 del Código Tributario. Para esos efectos, el Servicio mediante resolución, establecerá la información que deberán proporcionar las empresas según cada tipo de reorganización de que se trate.”.

c)Remplázase la letra D) del artículo 14, por la siguiente:

“D) Cláusula para las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes)

Se aplicará un régimen especial para incentivar la inversión, capital de trabajo y liquidez de las Pymes, denominado Cláusula Pyme, según lo que se establece a continuación:

1.- Concepto de Pyme

Para efectos de este artículo, se entenderá por Pyme, aquella empresa que reúna las siguientes condiciones copulativas:

(a)Que el capital efectivo al momento del inicio de sus actividades no exceda de 85.000 unidades de fomento, según el valor de esta al primer día del mes de inicio de las actividades.

(b)Que el promedio anual de ingresos brutos percibidos o devengados del giro, considerando los tres ejercicios anteriores a aquel en que se vaya a ingresar al régimen, no exceda de 75.000 unidades de fomento, y mantenga dicho promedio mientras se encuentren acogidos al mismo. Si la empresa ejerciera actividades por menos de 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios que corresponda a los que realice sus actividades.

Una vez ingresado al régimen de la Cláusula Pyme, para efectos de calcular el promedio de tres años señalado en el párrafo anterior, solo se considerarán los ejercicios que corresponda a aquellos en que la Pyme ha estado acogida a este régimen.

El límite de ingresos promedio de 75.000 unidades de fomento podrá excederse por una sola vez. Con todo, los ingresos brutos de un ejercicio no podrán exceder en ningún caso de 85.000 unidades de fomento.

Para efectos de realizar el cómputo, se considerarán ingresos del giro los que provienen de la actividad que realiza habitualmente el contribuyente, incluyendo ventas, exportaciones, prestaciones de servicios y otras operaciones; y, excluyendo aquellos ingresos extraordinarios, como en el caso de ganancias de capital, o esporádicos, como los obtenidos en la venta de activo inmovilizado.

Para el cómputo de los ingresos brutos del giro no se considerará el impuesto al valor agregado ni otros impuestos adicionales o específicos que se recarguen al precio o remuneración ni las rentas señaladas en la letra c) siguiente.

Para los cálculos y límites que establece esta letra se utilizará el valor de la unidad de fomento que corresponda al último día del respectivo ejercicio.

El cálculo del promedio de ingresos brutos se determinará en base a la información de ventas contenida en el registro electrónico de compras y ventas, establecido en el artículo 59 de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, contenida en el decreto ley 825 de 1974. Dicha información será puesta a disposición en el sitio personal del contribuyente por el Servicio de Impuestos Internos y deberá ser complementada o ajustada por la empresa, según corresponda. El Servicio mediante una o más resoluciones establecerá la forma en que se llevará a cabo la determinación del ingreso bruto y la forma de poner a disposición la información.

Los créditos incobrables que correspondan a ingresos devengados que se castiguen durante el ejercicio, se descontarán para efectos del cómputo del promedio anual de ingresos brutos.

Adicionalmente, para el cálculo del promedio de ingresos brutos se deberá sumar los ingresos brutos del giro percibidos o devengados por las empresas o entidades relacionadas, y además, sumar las rentas de dichas empresas o entidades relacionadas provenientes del rescate o enajenación de las inversiones en capitales mobiliarios a que se refiere el número 2º del artículo 20, de la enajenación de derechos sociales, y las rentas que las entidades relacionadas perciban con motivo de participaciones en otras empresas o entidades.

Para efectos de este artículo, se considerarán empresas o entidades relacionadas según se establece en el artículo 8° número 17 del Código Tributario y los ingresos de las entidades relacionadas se sumarán, en su totalidad, en los casos de la letra a) y b) de dicho artículo; en tanto que, en los casos de las letras c), d) y e) del artículo referido se considerará la proporción que corresponda a la participación en el capital, utilidades, ingresos o derechos a votos, según resulte mayor.

Las empresas o entidades relacionadas deberán informar anualmente a la empresa respectiva, en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, el monto total de los ingresos que deban sumarse para efectos de determinar la aplicación de este régimen, los que se expresarán en unidades de fomento conforme a lo señalado en el párrafo sexto de esta letra (b).

(c)Que los ingresos que percibe la Pyme en el año comercial respectivo, correspondientes a las siguientes actividades, no excedan de un 35% del total de sus ingresos brutos del giro:

(i)Cualquiera de las descritas en los números 1°.- y 2°.- del artículo 20. Con todo, no se computarán para el cálculo del límite del 35% las rentas que provengan de la posesión o explotación de bienes raíces agrícolas.

(ii)Participaciones en contratos de asociación o cuentas en participación.

Para los efectos señalados en esta letra, se considerarán solo los ingresos que consistan en frutos o cualquier otro rendimiento derivado del dominio, posesión o tenencia a título precario de los bienes y participaciones señaladas. No se considerarán las enajenaciones de tales bienes que generen una renta esporádica o la cesión a título oneroso de los derechos reales constituidos sobre dichos bienes.

2.- Acceso al financiamiento de la Pyme

El Servicio de impuestos Internos, previa solicitud, entregará, en el sitio personal de la Pyme, un informe de la situación tributaria de la empresa, con la información que mantenga a su disposición y sea relevante para facilitar el acceso al financiamiento de la Pyme, según lo determine mediante resolución. La Pyme podrá utilizar este informe para efectos de obtener financiamiento u otros que les parezca necesario, siendo de su exclusiva responsabilidad la veracidad de la información que contenga y entregarlo a terceros.

Con el propósito de promover el emprendimiento e innovación tecnológica, no se entenderán entidades relacionadas con la Pyme, aquellas que participen en ella o la financien con ese fin. Para estos efectos, el acuerdo en que conste la participación o financiamiento de la entidad en la Pyme, deberá estar previamente certificada por la Corporación de Fomento a la Producción y tener por finalidad apoyar la puesta en marcha, el desarrollo o crecimiento de emprendimientos o de proyectos de innovación tecnológica.

Mediante resolución conjunta con el Servicio de Impuestos Internos, la Corporación de Fomento a la Producción determinará los procedimientos de certificación y requisitos que deben cumplir los acuerdos entre las entidades y la Pyme. Dicha resolución deberá exigir, al menos, que el acuerdo contenga: (a) un plan de ejecución y desarrollo del emprendimiento o del proyecto de innovación tecnológica por un plazo no menor a 2 años, que refleje adecuadamente los costos en que incurrirá la Pyme para el logro de su objetivo, los que deberán ajustarse a las condiciones observadas en el mercado, (b) una prohibición de efectuar disminuciones de capital que afecten el aporte de la entidad que participa o financia la Pyme, durante el plazo de su plan de ejecución y desarrollo y (c) una declaración jurada de no encontrarse la entidad y la Pyme relacionadas de manera previa o coetánea al acuerdo en cuestión, a menos que esto ocurra únicamente por uno o más acuerdos previamente certificados en éstos términos.

3.- Tributación de la Pyme

La Pyme acogida al régimen de esta letra D) podrá optar por declarar su renta efectiva según contabilidad simplificada de acuerdo a lo establecido en el artículo 68, entre el 1° de enero y el 30 de abril del año en que ejerza dicha opción, la que se ejercerá en la forma y plazo que determine el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. La Pyme que no ejerza dicha opción deberá llevar contabilidad completa en cuyo caso, la determinación de sus resultados tributarios se realizará igualmente conforme a lo establecido en esta letra D, mediante los ajustes que corresponda realizar. Aún en el caso que la Pyme opte por llevar contabilidad simplificada, podrá llevar contabilidad completa, sin que ello altere la determinación de sus resultados tributarios conforme a esta letra D).

Para efectos de llevar la contabilidad simplificada y determinar la tributación de la Pyme, se aplicarán las siguientes reglas:

(a)El Servicio de Impuestos Internos pondrá a disposición, en el sitio personal del contribuyente, entre el 15 y el 30 de abril del año tributario respectivo, la información digital con la que cuente, en especial aquella contenida en el registro electrónico de compras y ventas establecido en el artículo 59 de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, contenida en el decreto ley N° 825 de 1974, para que la Pyme realice su declaración y el pago de los impuestos anuales a la renta, complementando o ajustando, en su caso, la información que corresponda. Lo anterior no liberará a la empresa de realizar una rectificación de su declaración en caso que dicha empresa o terceros hayan entregado información inexacta o fuera de plazo al Servicio, siendo aplicables en ese caso los intereses y multas que correspondan de conformidad a la ley, sin perjuicio de lo establecido en el número 7 de la letra A) de este artículo que resultará aplicable a la Pyme.

Lo dispuesto en esta letra (a) también será aplicable respecto de las Pymes que opten por el régimen del número 8 de esta letra D).

(b)Deberá tributar anualmente con impuesto de primera categoría, con la tasa establecida en el artículo 20 para este tipo de empresas. Serán procedentes todos los créditos que correspondan conforme a las normas de esta ley a las Pymes sujetas a este régimen.

(c)Estará liberada de aplicar la corrección monetaria establecida en el artículo 41.

(d)Depreciará sus activos físicos del activo inmovilizado de manera instantánea e íntegra en el mismo ejercicio comercial en que sean adquiridos o fabricados.

(e)Reconocerá como gasto o egreso, las existencias e insumos del negocio adquiridos o fabricados en el año y no enajenados o utilizados dentro del mismo, según corresponda.

(f)Determinará la base imponible, sumando los ingresos del giro percibidos en el ejercicio y deduciendo los gastos o egresos pagados en el mismo, salvo en operaciones de la Pyme con entidades relacionadas que estén sujetas al régimen de tributación de la letra A) de este artículo, en cuyo caso la Pyme deberá determinar la base imponible y los pagos provisionales computando los ingresos percibidos o devengados y los gastos pagados o adeudados, conforme con las normas generales.

Para la determinación de la base imponible se aplicarán además las siguientes reglas:

(i)Normas especiales respecto de los ingresos

Para determinar los ingresos provenientes del rescate o enajenación de las inversiones en capitales mobiliarios a que se refiere el número 2º del artículo 20, o de la enajenación de participaciones a que se refiere la letra c), del número 1.- de esta letra D), o en general, en la enajenación de bienes que no pueden depreciarse conforme a esta ley, se rebajará del ingreso percibido, y en el mismo ejercicio en que ocurra, el valor de la inversión efectivamente realizada, reajustada de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el mes que antecede al del egreso o inversión y el mes anterior al de su enajenación o rescate, según corresponda.

En ningún caso formarán parte de los ingresos para efectos de determinar la base imponible de la Pyme las rentas percibidas con motivo de participaciones en otras empresas o entidades sujetas a la letra A de este artículo o al régimen del número 3 de la letra D de este artículo.

(ii)Normas especiales respecto de los egresos o gastos

Se entenderá por gastos pagados o egresos aquellas cantidades efectivamente pagadas por concepto de compras, importaciones, prestaciones de servicios, remuneraciones, honorarios, intereses e impuestos que no sean los de esta ley. Asimismo, corresponderá a un egreso o gasto las pérdidas de ejercicios anteriores y los créditos incobrables castigados durante el ejercicio que previamente hayan sido reconocido en forma devengada o por préstamos otorgados por la Pyme.

En el caso de adquisiciones de bienes o servicios pagaderos en cuotas o a plazo, podrán rebajarse sólo aquellas cuotas o parte del precio o valor efectivamente pagado durante el ejercicio correspondiente.

Tratándose de inversiones en capitales mobiliarios a que se refiere el número 2° del artículo 20, o en participaciones a que se refiere la letra c), del número 1.- de esta letra D), o en general, en bienes que no pueden depreciarse conforme a esta ley, el egreso respectivo, correspondiente al valor de la inversión efectivamente realizada, se deducirá en el ejercicio en que se perciba el valor de rescate o enajenación, reajustada de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el mes que antecede al de la inversión y el mes anterior al de su enajenación o rescate, según corresponda.

Para la deducción de los egresos o gastos, aplicará el artículo 31, con las modificaciones que establece este artículo y considerando la naturaleza de Pyme de las empresas acogidas a este régimen.

(g)Estará liberada de mantener y preparar los registros de rentas empresariales establecido en las letras (a), (b) y (c) el número 2 de la letra A) de este artículo, salvo que perciba o genere rentas exentas de los impuestos finales, ingresos no constitutivos de renta o rentas con tributación cumplida. En este último caso, podrá eximirse de esta obligación en caso que las modificaciones de capital, retiros o distribuciones y en general las operaciones que afecten el capital propio o los créditos respectivos se realicen mediante la emisión de documentos tributarios electrónicos según determine el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución y de acuerdo a las reglas que se establecen a continuación.

Si la empresa no emitiera los documentos electrónicos respectivos, la Pyme con contabilidad simplificada preparará y mantendrá los registros de rentas empresariales a que se refieren las letras (a), (c) y (d) del número 2 de la letra A) de este artículo, para lo cual considerará el capital propio tributario que se determine conforme a la letra (j) del número 3 de esta letra D.

(h)No aplicará un orden de imputación a los retiros, remesas o distribuciones de utilidades si la Pyme no obtiene rentas exentas de los impuestos finales, ingresos no constitutivos de renta o rentas con tributación cumplida que se controlen en el registro REX, gravándose, en ese caso, todo retiro, remesa o distribución con impuestos finales, con derecho al crédito por impuesto de primera categoría, cuando proceda, según lo dispuesto en la letra (i) siguiente.

En los demás casos, para la aplicación de los impuestos finales, los retiros, remesas o distribuciones se imputarán conforme a lo dispuesto en el número 4 de la letra A) de este artículo.

(i)Asignará el crédito del registro SAC en base al factor que resulte de dividir la tasa del impuesto de primera categoría vigente para las Pymes al inicio del ejercicio del retiro, remesa o distribución, por cien menos la tasa de dicho tributo, todo ello expresado en porcentaje.

Si correspondiera asignar créditos contra los impuestos finales a que se refiere el artículo 41 A, aplicará tanto para la asignación de dichos créditos como para la asignación del crédito por impuesto de primera categoría, las normas del número 5.- de la letra A) de este artículo.

(j)Reglas especiales para determinar un capital propio tributario simplificado.

Para todos los efectos, la forma de determinación del capital propio tributario, al 1° de enero de cada año, de una Pyme acogida a la Cláusula Pyme, se realizará determinando la diferencia entre:

-El valor del capital aportado formalizado mediante las disposiciones legales aplicables al tipo de empresa, más las bases imponibles del impuesto de primera categoría determinada cada año, según corresponda, más las rentas percibidas con motivo de participaciones en otras empresas; y,

-El valor de las disminuciones de capital, de las pérdidas, de las partidas del inciso segundo del artículo 21 pagadas y de los retiros y distribuciones efectuadas a los propietarios en cada año.

El capital propio tributario será informado por el Servicio de Impuestos Internos a la empresa, para que proceda a su complementación o rectificación en caso que corresponda, de acuerdo lo establezca mediante resolución.

(k)Reglas especiales para determinar los pagos provisionales mensuales

Las empresas acogidas a la Cláusula Pyme efectuarán un pago provisional conforme a lo siguiente:

(i)En el año del inicio de sus actividades, la tasa será de 0,25%.

Si los ingresos brutos del giro del año anterior no exceden de 50 mil unidades de fomento, se efectuarán con una tasa de 0,25% sobre los ingresos respectivos.

Si los ingresos brutos del giro del año anterior exceden de 50 mil unidades de fomento, se efectuarán con una tasa de 0,5% sobre los ingresos respectivos.

El saldo anual debidamente reajustado se imputará y podrá ponerse a disposición de los propietarios, según corresponda, de acuerdo a los artículos 93 a 97. El Servicio de Impuestos Internos instruirá la forma de determinación de los pagos provisionales y su puesta a disposición mediante resolución.

4.- Tributación de los propietarios contribuyentes de impuestos finales de la Pyme

Los propietarios de la Pyme quedarán afectos a los impuestos finales, conforme a las reglas establecidas en la letra A) de este artículo, considerando las disposiciones de esta letra D).

5.- Procedimiento para acogerse a la Cláusula Pyme

Las empresas que cumplan con las condiciones establecidas en el número 1.- de esta letra D), y que no opten por otro régimen al momento de iniciar sus actividades, quedarán acogidas por el solo ministerio de la ley al régimen tributario de la Cláusula Pyme sin necesidad de efectuar una declaración expresa. Lo anterior será informado por el Servicio de Impuestos Internos en el sitio personal del contribuyente al momento del inicio de actividades.

Tratándose de contribuyentes que hayan iniciado actividades en ejercicios anteriores, o respecto de los cuales no haya operado la Cláusula Pyme por el ministerio de la ley, la opción de acogerse a la misma se manifestará dando el respectivo aviso al Servicio de Impuestos Internos entre el 1° de enero al 30 de abril del año calendario en que se incorporen al referido régimen, en la forma y plazo que establezca dicho Servicio mediante resolución.

No obstante lo anterior, serán reclasificadas por el Servicio de Impuestos Internos al régimen de la Cláusula Pyme aquellas Pymes que se encuentren sujetas a la letra A del artículo 14, que al término del año comercial del inicio de sus actividades obtengan ingresos que no excedan de 1.000 unidades de fomento y que cumplan los requisitos que el Servicio establezca mediante resolución. En estos casos el Servicio de Impuestos Internos deberá realizar un aviso en el sitio personal del contribuyente, incluyendo información con las implicancias de este cambio.

6.- Traslado desde el régimen de la letra A) de este artículo a la Cláusula Pyme

Las empresas sujetas al régimen de la letra A) de este artículo que pasen a estar sujetas al régimen de la Cláusula Pyme, deberán efectuar el siguiente tratamiento a las partidas que a continuación se indican, según los valores contabilizados o saldos al 31 de diciembre del año anterior al ingreso al régimen, sin perjuicio de la tributación que afecte en dicho período a la empresa y a sus propietarios:

(a)Reconocerán como gasto o egreso del primer día del ejercicio sujeto a este régimen los activos fijos depreciables conforme a lo dispuesto en el número 5 o 5 bis del artículo 31, según su valor neto determinado conforme a esta ley.

(b)Reconocerán como gasto o egreso del primer día del ejercicio sujeto a este régimen las existencias e insumos que formen parte del activo realizable.

(c)Considerarán como un gasto o egreso del primer día del ejercicio sujeto a este régimen las pérdidas tributarias determinadas conforme a las disposiciones de esta ley, que no hayan sido absorbidas de acuerdo a lo dispuesto en el número 3 del artículo 31.

(d)No deberán reconocer nuevamente, al momento de su percepción o pago, según corresponda, los ingresos devengados y los gastos adeudados hasta el término del ejercicio inmediatamente anterior al del ingreso al presente régimen, sin perjuicio de la obligación de mantenerlos registrados y controlados.

(e)Registrarán como saldo inicial del registro RAI, el saldo del registro RAI que mantenga al 31 de diciembre del año anterior al de ingreso al régimen.

(f)Registrarán como saldo inicial del registro REX, el saldo del registro REX que mantenga al 31 de diciembre del año anterior al de ingreso al régimen.

(g)Reconocerán como saldo inicial del registro SAC, el saldo acumulado de crédito en el registro SAC al 31 de diciembre del año anterior al ingreso al régimen.

Lo dispuesto en las letras (e) y (f) de este número aplicará sólo en caso que la empresa que ingresa al régimen Cláusula Pyme tenga a esa fecha rentas exentas de los impuestos finales, ingresos no constitutivos de renta o rentas con tributación cumplida.

El Servicio de Impuestos Internos mediante resolución señalará la forma de preparar y mantener la información y los registros respectivos.

Las Pymes que ingresen al régimen informarán al Servicio de Impuestos Internos entre el 1° de enero al 30 de abril del año calendario en que se incorporen al mismo, si tuvieren saldos en los registros señalados en las letras (e), (f) y (g), según lo determine el Servicio mediante resolución.

7.- Retiro o exclusión de la Cláusula Pyme

Las empresas que opten por abandonar el régimen de la Cláusula Pyme o que, por incumplimiento de alguno de los requisitos, deban abandonarla obligatoriamente, darán aviso al Servicio de Impuestos Internos entre el 1° de enero y el 30 de abril del año comercial en que decidan abandonarlo o del año comercial siguiente a aquel en que ocurra el incumplimiento, según corresponda, en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. En este caso, las empresas quedarán sujetas a las normas de la letra A) de este artículo a contar del día 1° de enero del año comercial del aviso.

Con motivo del cambio de régimen, los ingresos devengados y los gastos adeudados que no hayan sido computados en virtud de las disposiciones de esta letra D) deberán ser reconocidos y deducidos, respectivamente por la empresa, al momento de su incorporación al régimen de la letra A) de este artículo.

Adicionalmente, cuando la empresa decida o deba abandonar el régimen de la Cláusula Pyme y corresponda aplicar el régimen de la letra A) de este artículo, se estará a las siguientes reglas:

(a)Capital propio tributario

Se considerará el valor resultante de lo dispuesto en el capital propio tributario determinado conforme a la letra (j) del número 3.- de esta Cláusula Pyme.

(b)Valoración del inventario inicial de activos y pasivos

Se deberá preparar un inventario inicial, aplicando las siguientes reglas:

(i)Maquinarias, vehículos, equipos y enseres

Serán valorizados en un peso, los que no quedarán sometidos a las normas del artículo 41 y deberán permanecer en los registros contables hasta la eliminación total del bien motivada por la venta, castigo, retiro u otra causa.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá reconocer el valor neto de adquisición debidamente actualizado, menos una amortización lineal por el plazo transcurrido entre su adquisición y la fecha de cambio de régimen.

(ii)Materias primas y productos en diferentes estados

Serán valorizados en un peso, los que no quedarán sometidos a las normas del artículo 41 y deberán permanecer en los registros contables hasta la eliminación total del bien motivada por la venta, castigo, retiro u otra causa. Sin perjuicio de lo anterior, podrá reconocer el valor de adquisición o de traspaso de costos o de venta menos el margen de comercialización del respectivo contribuyente, según proceda.

(iii)Bienes raíces

Tratándose de bienes raíces depreciables, éstos serán valorizados en un peso, los que no quedarán sometidos a las normas del artículo 41 y deberán permanecer en los registros contables hasta la eliminación total del bien motivada por la venta, castigo, retiro u otra causa.

(iv)Intangibles tales como marcas, patentes o derechos

El valor de adquisición pagado, o su valor de inscripción a falta de aquel, reajustado.

(v)Bienes no depreciables

Se reconocerá el valor de adquisición, reajustado entre el mes anterior a la adquisición y el mes anterior al cierre del ejercicio respectivo.

(vi)Otros bienes

Los criterios señalados en los literales i), ii), iv) o v) serán aplicables según corresponda a la naturaleza del respectivo bien.

El Servicio de Impuestos Internos podrá definir un criterio aplicable distinto en caso de ser requerido por un contribuyente.

(vii)Los pasivos exigibles se reconocerán según el tipo de obligación de que se trate, sean éstos reajustables, en moneda extranjera o de otro tipo.

Cuando la valorización de los activos que corresponda se realice en un peso o según el valor de adquisición reajustado en caso de bienes no depreciables o intangibles, no procederá efectuar ningún ajuste a los resultados que se obtengan a partir del 1° de enero del año en que se encuentre bajo el régimen de la letra A) de este artículo. En aquellos casos en que se aplique una valorización distinta a la señalada anteriormente en este inciso, se reconocerán los efectos en la determinación del capital propio tributario al término del ejercicio en que se encuentre bajo el régimen de la letra A) de este artículo y procederá en su caso la depreciación normal del artículo 31, sin que se deba reconocer un ingreso tributable por el cambio de régimen.

La incorporación al régimen de la letra A no podrá generar utilidades o pérdidas distintas a las señaladas en los incisos anteriores, provenientes de partidas que afectaron o debían afectar el resultado de algún ejercicio bajo la aplicación del régimen de la Cláusula Pyme.

(c)Registro de las utilidades acumuladas al cambio de régimen

A contar del capital propio señalado en la letra (a) precedente y del capital efectivamente pagado, deberá determinarse la cantidad o los ajustes a las utilidades pendientes de tributación, a las rentas exentas de los impuestos finales, a los ingresos no constitutivos de renta, a las rentas con tributación cumplida y el crédito de primera categoría que pudiere estar disponible, las que pasarán a formar parte de los saldos iniciales de los registros a que se refiere la letra A) de este artículo. El Servicio establecerá mediante resolución la forma y plazo para dar cumplimiento a estos registros.

8.- Régimen opcional de transparencia tributaria

Las Pymes podrán optar por acogerse a un régimen de transparencia tributaria, en caso que, además de los requisitos establecidos en el número 1 anterior, sus propietarios sean contribuyentes de impuestos finales durante el ejercicio respectivo, incluyendo a los contribuyentes que se encuentren en el tramo exento de impuesto global complementario. Para estos efectos, aquel empresario individual que haya asignado la participación en la Pyme a la contabilidad de la empresa individual deberá igualmente tributar con impuestos finales sobre la base imponible que determine la Pyme, en la forma que señala la letra (b) siguiente.

(a)Tributación de la Pyme en el régimen de transparencia tributaria

La Pyme que opte por el régimen se sujetará a las siguientes reglas:

(i)Quedará liberada del impuesto de primera categoría y sus propietarios se afectarán con impuestos finales sobre la base imponible que determine la empresa, en la forma que señala la letra (b) siguiente.

(ii)Estará liberada, para efectos tributarios, de llevar contabilidad completa, practicar inventarios, confeccionar balances, efectuar depreciaciones, aplicar corrección monetaria conforme con el artículo 41 y llevar los registros de rentas empresariales establecidos en el número 2 de la letra A.

(iii)Realizará el control de los ingresos y egresos de acuerdo al registro electrónico de compras y ventas establecido en el artículo 59 de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, contenida en el decreto ley N° 825 de 1974, salvo en caso que no se encuentre obligada a llevar dicho registro, en que llevará un libro de ingresos y egresos, en el que se registrará el resumen diario, tanto de los ingresos percibidos como devengados que obtenga, así como los egresos pagados o adeudados, según instruya el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución.

Adicionalmente, las Pymes acogidas a este régimen deberán llevar un libro de caja que reflejará cronológicamente el resumen diario del flujo de sus ingresos y egresos, según instruya el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución.

La Pyme podrá también llevar contabilidad completa, sin que se altere la forma de determinación de sus resultados tributarios conforme a este número 8.

(iv)Determinará la base imponible, aplicando lo establecido en las letras (d), (e) y (f) del número 3, con los siguientes ajustes:

Para efectos de determinar la base imponible, se incluirán todos los ingresos y egresos, sin considerar su fuente u origen ni si se trata de cantidades no afectas o exentas conforme a la ley.

Formarán también parte de los ingresos para efectos de determinar la base imponible, las rentas percibidas con motivo de participaciones en otras empresas o entidades sujetas a la letra A del artículo 14 o sujetas al régimen del número 3 de esta letra D.

Estas rentas se incorporarán a la base imponible incrementándose previamente en una cantidad equivalente al crédito por impuesto de primera categoría que establecen los artículos 56 número 3) y 63. Dicho crédito se imputará en contra de los impuestos finales que deban pagar los propietarios en el mismo ejercicio. Para los efectos de su imputación, dicho crédito se reajustará según la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior al del cierre del ejercicio en que se haya determinado y el mes anterior al cierre del ejercicio de su imputación.

(v)La base imponible se afectará con los impuestos finales en el mismo ejercicio en que se determine, de la que no podrá deducirse ningún crédito o rebaja, salvo los que se establecen en este número 8 y en el artículo 33 bis, no siendo aplicable lo señalado en la letra (i) del número 3 de esta letra D.

El crédito del artículo 33 bis, se imputará a los impuestos finales que afecten a los propietarios, y se asignará en la forma dispuesta en la letra b) siguiente. Para todos los efectos, este crédito se entenderá que corresponde a un crédito por impuesto de primera categoría y no podrá exceder del monto del impuesto que hubiere gravado a la base imponible que determine la empresa durante el ejercicio si está hubiere estado afecta.

El Servicio de Impuestos Internos entregará a la empresa la información que tenga a su disposición respecto de los créditos a que se refiere este número (v), para su complementación o rectificación, según determine mediante resolución.

(vi)No aplicará un orden de imputación a los retiros, remesas o distribuciones de utilidades.

(vii)Las Pymes con ingresos que excedan las 50.000 unidades de fomento determinadas en conformidad a la letra (b) del número 1 de esta letra D), y estén sometidas a este régimen opcional de transparencia tributaria, determinarán un capital propio tributario simplificado según la información que dispone el Servicio de Impuestos Internos de acuerdo a lo establecido en la letra (j) del número 3 de la letra D) de este artículo, considerando las disposiciones de esta letra (a).

(viii)Para determinar los pagos provisionales mensuales aplicará lo señalado en la letra k del número 3 de esta letra D.

(b)Tributación de los propietarios de la Pyme acogida a la transparencia tributaria

Los propietarios de la Pyme quedarán afectos a los impuestos finales, conforme a las reglas establecidas en la letra A) de este artículo, considerando las disposiciones de este número 8 de la letra D).

La tributación de los propietarios sobre la base imponible que determine la Pyme corresponderá según la forma que ellos hayan acordado repartir sus utilidades de acuerdo a lo estipulado en el pacto social, los estatutos o, si no son procedentes dichos instrumentos por el tipo de empresa de que se trata, en una escritura pública. En caso que no resulte aplicable lo anterior, la proporción que corresponderá a cada propietario se determinará de acuerdo a la participación en el capital enterado o pagado, y en su defecto, el capital aportado o suscrito. Para el caso de comuneros que no hayan acordado una forma distinta mediante una escritura pública, la proporción se determinará según su cuota en el bien de que se trate.

(c)Procedimiento para acogerse a la transparencia tributaria

Tratándose de contribuyentes que inicien sus actividades, la opción de acogerse al régimen de transparencia tributaria se manifestará hasta el 30 de abril del año calendario siguiente a dicho inicio. En este caso, transcurrido el primer año calendario acogido a este régimen, podrán excepcionalmente optar por abandonarlo a contar del 1° de enero del año calendario siguiente, debiendo avisar tal circunstancia al Servicio de Impuestos Internos entre el 1° de enero y el 30 de abril del año en que se incorporan al régimen de la letra A) o del número 3 de la letra D) de este artículo.

El Servicio de Impuestos Internos informará de la opción del régimen de transparencia tributaria a las empresas que realicen un inicio de actividades.

Tratándose de otros contribuyentes, la opción de acogerse se manifestará dando el respectivo aviso al Servicio de Impuestos Internos entre el 1° de enero al 30 de abril del año calendario en que se incorporen al referido régimen, en la forma y plazo que establezca dicho Servicio mediante resolución.

Para ejercer la opción, los empresarios individuales, las empresas individuales de responsabilidad limitada y los contribuyentes del artículo 58, número 1), deberán presentar al Servicio de Impuestos internos, en la oportunidad que este señale mediante resolución, una declaración suscrita por la Pyme, en la que contenga la decisión de acogerse a la transparencia tributaria. Tratándose de comunidades, la declaración en que se ejerce el derecho a esta opción deberá ser suscrita por todos los comuneros, quienes deben adoptar por unanimidad dicha decisión. En el caso de sociedades de personas y sociedades por acciones, la opción se ejercerá presentando la declaración suscrita por la sociedad, acompañada de una escritura pública en que conste el acuerdo unánime de todos los socios o accionistas. Tratándose de sociedades anónimas, la opción se ejercerá presentando la declaración suscrita por la sociedad, acompañada de una escritura pública de la junta extraordinaria en que conste el acuerdo de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto.

(d)Traslado desde el régimen de la letra A) de este artículo o desde el régimen del número 3 de esta letra D) al régimen de transparencia tributaria

Las empresas que opten por ingresar desde el régimen de la letra A) o desde el régimen del número 3 de esta letra D), al régimen de transparencia tributaria, aplicarán lo señalado en el número 6 de esta letra D), con los siguientes ajustes:

(i)No determinarán los registros RAI, REX y SAC, según lo señalan las letras (e), (f) y (g) del número 6 de esta letra D), sin perjuicio de informar el saldo de dichos registros al cierre del año anterior al ingreso al régimen, al Servicio de Impuestos Internos, según lo determine mediante resolución.

(ii)Deberán considerar como un ingreso diferido, las rentas o cantidades que correspondan a la diferencia entre el valor positivo del capital propio tributario y las cantidades que se indicación a continuación:

-El monto de los aportes de capital efectivamente pagados o enterados, más los aumentos y descontadas las disminuciones del mismo, todos reajustados según la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior al aporte, aumento o disminución y el último mes del año anterior al cambio de régimen.

-Las cantidades anotadas en el registro REX, establecido en el número 2 de la letra A) o de acuerdo a la letra (g) del número 3 de la letra D).

El ingreso diferido se computará incrementado en una cantidad equivalente al crédito por impuesto de primera categoría establecido en los artículos 56 número 3) y 63, que mantenga la empresa registrados en el SAC establecido en el número 2 de la letra A] o según la letra g del número 3 de la letra D). Tal crédito se imputará a los impuestos finales que deban pagar los propietarios luego de que la empresa se incorpore al régimen de transparencia tributaria. Para tal efecto, el crédito se reajustará según la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior al cambio de régimen y el mes anterior al término del ejercicio respectivo. En caso de resultar un excedente de crédito, este se imputará contra los impuestos finales en la misma forma en los ejercicios siguientes. Este crédito no dará derecho a devolución, o a imputación contra impuestos distintos a los impuestos finales. Con todo, el crédito que se impute en el ejercicio respectivo, no excederá de la cantidad que se determine al aplicar la tasa efectiva de impuestos finales de cada propietario sobre el ingreso diferido incrementado que les corresponda reconocer en dicho ejercicio.

El Servicio de Impuestos Internos entregará a la empresa la información que tenga a su disposición respecto de los créditos a que se refiere este número (v), para su complementación o rectificación, según determine mediante resolución.

El ingreso diferido se computará dentro de los ingresos percibidos o devengados del ejercicio respectivo, en un periodo de hasta diez ejercicios comerciales consecutivos, contados desde el ingreso al régimen de transparencia tributaria. Para esos efectos se computará como mínimo una décima parte del ingreso en cada ejercicio, hasta su total computación independientemente que abandonen o no el régimen de transparencia. En caso que la empresa termine sus actividades, aquella parte del ingreso diferido cuyo reconocimiento se encuentre pendiente se computará como un ingreso del ejercicio del término de giro. Para efectos de su cómputo, el ingreso diferido se reajustará de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior al cierre del año que precede al de incorporación al régimen y el mes anterior al término del ejercicio en que se compute.

El ingreso diferido no se considerará para efectos del artículo 84 ni para computar el límite de ingresos establecido en la letra (b) del número 1 de esta letra D).

(e)Retiro o exclusión del régimen de transparencia tributaria

Las empresas que opten por abandonar el régimen de transparencia tributaria o que, por incumplimiento de alguno de los requisitos, deban abandonarla obligatoriamente, les será aplicable lo señalado en el número 7 de esta letra D), cuando pasen al régimen de la letra A). En aquellos casos en que pasen al régimen del número 3 de la letra D), sólo deberán preparar los registros respectivos en los casos que corresponda, y determinar su capital propio tributario conforme con la letra (a) este número 8, sin que se produzcan utilidades o pérdidas, provenientes de partidas que afectaron o debían afectar el resultado de algún ejercicio bajo la aplicación del régimen de transparencia.

Las empresas que se hayan retirado del régimen de la Cláusula Pyme podrán volver a incorporarse después de transcurridos cinco años comerciales consecutivos acogidos a las reglas de la letra A) o a las del número 3 de la letra D) de este artículo, pudiendo para estos efectos sumar el plazo en cualquiera de dichos regímenes.

(f)Obligación de informar y certificar

Las empresas acogidas al régimen de transparencia tributaria deberán informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos y certificar a sus propietarios, en la forma y plazo que el Servicio determine mediante resolución, la base imponible y la parte que le corresponda a los propietarios, y el monto de los pagos provisionales y el monto de los créditos que conforme a este régimen le corresponda a cada propietario declarar e imputar, según corresponda al régimen de este número 8.

d)Modifícase la letra E) del artículo 14, de la siguiente forma:

i)Reemplázase el párrafo primero por el siguiente:

“Los contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letra A) y D) del presente artículo, salvo aquellos acogidos al número 8.- de la referida letra D), cuyo promedio anual de ingresos de su giro no exceda de las 100.000 unidades de fomento en los tres años comerciales anteriores, podrán optar anualmente por efectuar una deducción de la renta líquida imponible afecta al impuesto de primera categoría hasta por un monto equivalente al 50% de la renta líquida imponible que se mantenga invertida en la empresa.”.

ii)En el párrafo tercero:

-Elíminase la frase: “reajustadas de acuerdo al inciso final del número 1 del artículo 41,”.

-Agrégase, luego del punto final que pasa a ser seguido, la frase “Las empresas sujetas a la letra A) de ese artículo deberán reajustar dichas cantidades de acuerdo al inciso final del número 1 del artículo 41.”.

iii)En el párrafo cuarto:

-Reemplázase la frase “los ingresos del ejercicio se expresarán”, por “las empresas sujetas a la letra A) de este artículo expresarán los ingresos del ejercicio”.

-Agrégase, luego del punto final que pasa a ser seguido, la frase:

“Por su parte, las empresas acogidas a la letra D) de este artículo, aplicarán lo señalado en la letra (b) del número 1 de dicha letra.”.

iv)Reemplázase, en el párrafo sexto las palabras “de acuerdo al Título II de esta ley” por “según lo señalado en el inciso cuarto anterior”.

e)Reemplázase la letra F), por la siguiente:

“F) Exención de impuesto adicional por ciertos pagos al extranjero.

Los pagos realizados por empresas sujetas a lo establecido en el artículo 14 letra A) o C) cuyo promedio anual de ingresos de su giro no exceda de 100.000 unidades de fomento en los tres años comerciales anteriores a aquel en que se realiza el pago respectivo, por la prestación de servicios de publicidad en el extranjero y el uso y suscripción de plataformas de servicios tecnológicos de internet, a contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile, estarán exentos del impuesto adicional establecido en el número 2 del artículo 59.

Para efectos de determinar los ingresos de su giro, las empresas sujetas a la letra D) de este artículo aplicarán lo establecido en su letra (b) número 1. Por su parte, las empresas sujetas a la letra A) de este artículo convertirán sus ingresos del ejercicio según el valor de la unidad de fomento al último día del cierre del año respectivo y deberán aplicar las normas para la letra (b) del número 1 de la letra D) de este artículo para sumar los resultados de sus empresas o entidades relacionadas.

No obstante, si el contribuyente no domiciliado ni residente en Chile que presta el servicio se encuentran en la circunstancia indicada en la parte final del inciso primero del artículo 59, que se acredite y declare en la forma señalada en dicho inciso, no será procedente la exención y en su reemplazo aplicará una tasa de impuesto adicional de 20%.”.

6)Para modificar el numeral 9, del siguiente modo:

a)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b)Agrégase, en el número 6, el siguiente inciso segundo nuevo:

“Las acciones totalmente liberadas a que refiere el párrafo anterior, no tendrán valor de adquisición en su futura enajenación y el mayor valor obtenido en la misma no se beneficiará del ingreso no renta contemplado en el artículo 107. Tratándose de acciones parcialmente liberadas o de acciones que aumentaron su valor nominal, no formará parte del valor de adquisición de las mismas aquella parte liberada o aquella en que aumentó su valor nominal, respectivamente, no siendo procedente en dicha parte el beneficio del ingreso no renta contemplado en el artículo 107 respecto del mayor valor obtenido en su enajenación.”.

b)Modifícase la letra d), del siguiente modo:

i)Modifícase en el número iii, el número i) de la letra b) del número 8, del artículo 17, reemplazando la palabra “Obstante” por “obstante”.

ii)Modifícase el numeral viii., del siguiente modo:

-Intercálase en la primera viñeta una coma (“,”) entre la palabra “civiles” y el cierre de comillas.

-Intercálase en la tercera viñeta la frase “o cesionarios” entre la apertura de comillas y la palabra “de”.

-Incorpórase la siguiente cuarta viñeta, nueva, pasando la actual cuarta viñeta a ser quinta:

-Elimínase la frase “, o de los cesionarios de ambos”.

-Elimínase en la actual cuarta viñeta, que pasó a ser quinta, la coma (“,”) entre la apertura de comillas y la letra “y”.

iii)Reemplázase en el numeral xii, en el párrafo segundo del literal ii) de la nueva letra l) del artículo 17, la frase “según se define dicho concepto” por la frase “de acuerdo a lo indicado”.

7)Para modificar la letra c) del numeral 10, de la siguiente forma:

a)Reemplázase en el numeral (i) del párrafo segundo, la palabra “nominal”, la primera vez que aparece, por la palabra “fiscal”.

b)Agrégase, en el numeral (i) del párrafo segundo, entre las palabras “anual del instrumento” y “, por el capital del mismo” la frase “determinada conforme al artículo 104”.

8)Para modificar el numeral 11, del siguiente modo:

a)Reemplázase en el número (i), que pasa a ser (ii), de la letra a) la palabra “quinto” por “cuarto”.

b)Elimínase en la letra b) todo lo que sigue a continuación del primer punto seguido.

c)Agrégase la siguiente letra c) nueva, pasando la letra c) a ser d), y así sucesivamente:

“c) En el inciso segundo, sustitúyase al final del numeral (iii) la expresión “, y” por un punto y coma (“;”), y agrégase la siguiente frase al final del numeral (iv) a continuación de la palabra “gasto”: “, y (v) los gastos efectuados por Corporaciones y Fundaciones chilenas, salvo que se aplique, según su naturaleza, los supuestos del numeral iii) del inciso tercero”.

d)Reemplázase la letra c) que pasa a ser d) por la siguiente:

“d)Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

(i) Reemplázase, en el numeral (i), las palabras “podrá determinar fundadamente” por “podrá, fundadamente, determinar”.

(ii) Agrégase un párrafo segundo en el numeral (i), del siguiente tenor:

“El Servicio de Impuestos Internos podrá revisar la efectividad de los montos declarados como utilidades no retiradas, remesadas o distribuidas de la empresa, y los activos que la representan para efectos de determinar la procedencia de lo señalado en el número (i) del inciso tercero. Si de la revisión efectuada el Servicio determina fundadamente que las utilidades declaradas y registradas en la empresa, han beneficiado a sus propietarios contribuyentes de impuestos finales, conforme a lo señalado en dicho número, aplicará lo dispuesto en el inciso tercero.”.

iii) Reemplázase, en el tercer párrafo del numeral iii), la frase “si no fuere habitual” por “si estuviera disponible y pudiera ser utilizada por todos los trabajadores de la empresa, bajo criterios de universalidad y sin exclusiones”; y reemplázase la palabra “habitual”, la segunda vez que aparece, por “exclusivo para ciertos trabajadores o para directores de la empresa”.”.

9)Para modificar el numeral 13, del siguiente modo:

a)Reemplázase en el número (i) de la letra a), la frase que inicia con “La renta de las personas referidas y hasta el punto final, por “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla, entendiendo por tales aquellos que tengan aptitud de generar renta, en el mismo o futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30°, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio.”.

b)Modifícase el numeral (ii) de la letra a), del siguiente modo:

i)Elimínase la frase “los califique previamente de necesarios”.

ii)Agrégase al final del numeral (ii), a continuación de la palabra “fundada”, la frase “, lo establezca por cumplirse los requisitos establecidos en la primera parte de este inciso”.

c)Modifícase el numeral (iii) de la letra c), del siguiente modo:

i)Reemplázase en el tercer párrafo del primer guion, la palabra “o” que sigue a la palabra “primas” por una coma (“,”) y agrégase a continuación de la palabra “insumos”, una coma (“,”), seguida de la frase “o bienes procesados o terminados,”.

ii)Reemplázase el segundo guion, por el siguiente:

“-Reemplázase, en el actual párrafo segundo, que pasa a ser párrafo quinto, la palabra “precedente”, por “primero”.”.

d)Reemplázase en el numeral iv. de la letra e), la frase “se acrediten con documentos fehacientes" por “se acrediten fehacientemente”.

e)Modifícase en la letra h) el inciso segundo del número 13°, del siguiente modo:

i)Agrégase entre las palabras “También podrá deducirse” y “los gastos o desembolsos que el titular”, la expresión “:a)”.

ii)Agrégase entre las palabras “los gastos o desembolsos” y “que el titular incurra con ocasión” las palabras “en los”.

iii)Reemplázase, incluyendo el punto seguido (“.”) anterior a su inicio, la frase “. Tales gastos o desembolsos deben constar en un contrato o convenio suscrito con una autoridad pública” por la frase “; y b) los gastos o desembolsos efectuados en favor de la comunidad y que supongan un beneficio de carácter permanente, tales como gastos asociados a la construcción de obras o infraestructuras de uso comunitario, su equipamiento o mejora, el financiamiento de proyectos educativos o culturales específicos y otros aportes de similar naturaleza. Ambos gastos o desembolsos deben constar en un contrato o convenio suscrito con un órgano de la administración del Estado”.”.

10)Para eliminar en la letra b) del numeral 14, la palabra “agrégase”, la segunda vez que aparece, y la palabra “letra” entre el guarismo “41” y la letra “A”.

11)Para modificar el numeral 15, del siguiente modo:

a)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Reemplázase, en el primer párrafo del número 3.-, la expresión “a la letra A) o B), del artículo 14 según sea la opción del contribuyente, o de acuerdo al artículo 14 ter, letra A)” hasta el punto final (“.”), por la siguiente: “al artículo 14 A o según a los contemplados en la letra D) del mismo artículo, si cumplen los requisitos para acogerse a esta última disposición.”.

b)Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) Reemplázase, en el párrafo cuarto del número 3, que pasa a ser quinto, la frase “en los numerales i) y ii) anteriores” por la frase “en las letras a) y b) del número 17 del artículo 8° del Código Tributario”.”.

c)Reemplázase la letra e), por la siguiente:

“e) Reemplázase, en el párrafo quinto del número 3, que pasa a ser sexto, la frase “de acuerdo a los numerales iii) y iv) anteriores que no se encuentren bajo las hipótesis de los numerales i), ii) y v)” por la frase “de acuerdo a las letras c) y d) del número 17 del artículo 8 del Código Tributario, que no se encuentren en las situaciones descritas en las letras a), b) y e) del mismo artículo.”.

d)Reemplázase la letra g), por la siguiente:

“g)Reemplázase, en el actual párrafo séptimo del número 3, la frase “indicadas en los numerales i) al iv) precedentes”, por “del número 17 del artículo 8° del Código Tributario”.

12)Para reemplazar en el párrafo primero de la letra a) del numeral 16, las frases “contado desde que informe al Servicio sobre el hecho y en la forma que éste determine mediante resolución, para ajustar su contabilidad, reemplazando las declaraciones respectivas. Los plazos de prescripción se entenderán aumentados por igual plazo.” por las frases “contado desde el hecho respectivo, para ajustar su contabilidad, y reemplazar las declaraciones correspondientes. Los plazos de prescripción se entenderán aumentados por igual plazo. El contribuyente deberá informar al Servicio en la forma que éste determine mediante resolución.”.

13)Para modificar el numeral 19, del siguiente modo:

a)Intercálase en el inciso primero entre la comilla inicial y las palabras “Al término” la expresión “Artículo 38 bis.–“.

b)Reemplázase en el inciso primero del artículo 38 bis la expresión “inciso séptimo” por “inciso sexto”.

c)Elimínase el párrafo segundo del numeral ii) del número 1 del artículo 38 bis.

d)Reemplázase el número 2 del artículo 38 bis, por el siguiente:

“2.- Las empresas acogidas al número 3 de la letra D) del artículo 14, cuyos propietarios tributan en base a retiros, deberán considerar retiradas, remesadas o distribuidas las rentas o cantidades acumuladas en ella, indicadas en el número 1.- precedente. Para este efecto, deberán considerar como capital propio tributario de la empresa el determinado considerando el siguiente valor de los activos:

(i)Aquellos que formen parte de su activo realizable, valorados según costo de reposición.

(ii)Los bienes físicos de su activo inmovilizado, a su valor actualizado al término de giro, conforme a los artículos 31, número 5, y 41, aplicando la depreciación normal.

La diferencia de valor que se determine entre la suma de las partidas señaladas en los numerales i) y ii) precedentes y el monto de las pérdidas determinadas conforme a esta ley al término de giro, se gravará con el impuesto final correspondiente a los propietarios, si corresponde.

En este caso, también procederá lo dispuesto en el número 3.- siguiente.

Las empresas acogidas al régimen de transparencia tributaria del número 8 de la letra D) del artículo 14, al término de giro deberán practicar un inventario final en el que registrarán los siguientes bienes:

(i)Aquellos que formen parte de su activo realizable, valorados según su costo de reposición.

(ii)Los bienes físicos de su activo inmovilizado, a su valor actualizado al término de giro, conforme a los artículos 31, número 5, y 41, aplicando la depreciación normal.

La diferencia de valor que se determine entre la suma de las partidas señaladas en los numerales (i) y (ii) precedentes y el monto de las pérdidas determinadas conforme a esta ley al término de giro, se gravará con el impuesto final que corresponde entendiéndose percibida por los propietarios. También se gravará al término de giro el ingreso diferido pendiente de tributación, al que se refiere la letra (d) del número 8 de la letra D) del artículo 14.

En este caso, también procederá lo dispuesto en el número 3.- siguiente, pero sólo si las cantidades que se determinen a la fecha de término de giro, no tienen derecho al crédito del artículo 56, número 3.”.

e)Modifícase el número 3, de la siguiente forma:

i)Intercálase en el párrafo primero, a continuación de la frase “Los propietarios”, una coma (“,”), y a continuación de la frase “que sean contribuyentes del impuesto global complementario”, la frase “o que en su defecto hayan estado afectos al impuesto del número 1 del artículo 43,”.

ii)Reemplázase en el párrafo primero la frase “a dicho impuesto”, por la frase “al impuesto global complementario”.

iii)Elimínase del párrafo segundo la frase “de impuesto global complementario”.

iv)Reemplázase en el párrafo segundo la frase “de dicho impuesto”, por la frase “del impuesto global complementario, o en su defecto, del impuesto del número 1 del artículo 43 en caso de contribuyentes que no hubieren estado afectos a impuesto global complementario,”.

v)Reemplázase en el párrafo segundo la frase “anteriores al término de giro”, por la frase “o en los 72 meses anteriores al término de giro, según corresponda”.

f)Elimínase el párrafo segundo del número 5.- del artículo 38 bis.

14)Para reemplazar la letra a) del numeral 21, por la siguiente:

“a)Reemplázase, en el número 1°.-, la palabra “Fisco,” por “Fisco y demás instituciones que comparten la personalidad jurídica del Fisco, así como”.

15)Para modificar numeral 23, del siguiente modo:

a)Reemplázase en el inciso primero del artículo 41 A, la frase “de fuente extranjera gravadas en Chile” por la frase “que hayan soportado impuestos en el extranjero”, y elimínase la frase “en el extranjero”.

b)Modifícase el número 1 del artículo 41 A, de la siguiente forma:

i)Elimínase en el encabezado, la frase “de fuente extranjera”.

ii)Elimínase en la letra f), la frase “el impuesto pagado corresponda al impuesto a la renta de la entidad que lo computa o, en caso que el impuesto corresponda a un impuesto de retención sólo en caso que dicho impuesto”.

c)Modifícase el número 2 del artículo 41 A, de la siguiente forma:

i)Elimínase en la letra a), la frase “de fuente extranjera”.

ii)Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b), a continuación del segundo punto seguido (“.”) la frase “Para estos efectos, en”, por la palabra “En”.

iii)Reemplázase en el párrafo segundo de la letra c), la frase “También se dará derecho a crédito por”, por la frase “Asimismo, dará derecho a crédito”.

d)Modifícase el número 3 del artículo 41 A, de la siguiente forma:

i)Reemplázase el primer y segundo párrafo, y agrégase un párrafo tercero nuevo, pasando el actual tercero a ser cuarto:

“Al término de cada ejercicio los contribuyentes determinarán una Renta Imponible y una Renta Neta para efectos del uso del crédito conforme con este artículo.

La Renta Imponible estará conformada por la Renta Neta más la totalidad de impuestos que pueden ser utilizados como créditos, con sus respectivos topes.

La Renta Neta consistirá en el resultado consolidado de utilidad líquida percibida o pérdida en relación a rentas respecto de las cuales se soportaron los impuestos en el extranjero, que constituya la renta del contribuyente afecta a impuesto en Chile, deducidos los gastos para producirla, en la proporción que corresponda. Para la determinación de la Renta Neta, se aplicarán, en lo que corresponda, las normas de esta ley sobre determinación de la base imponible de primera categoría, con excepción de la deducción de la pérdida de ejercicios anteriores y de la aplicación de las reglas de corrección monetaria y de depreciación.”.

ii)Elimínase en la letra a) del tercer párrafo actual, que pasó a ser cuarto, la frase “de fuente extranjera”.

iii)Elimínase en la letra b) del tercer párrafo actual, que pasó a ser cuarto, la frase “de Fuente Extranjera”.

iv)Reemplázase en el cuarto párrafo actual, que pasó a ser quinto, la frase que comienza con “Los contribuyentes que deban considerar” hasta el primer punto seguido (“.”), por la frase “Los contribuyentes que deban considerar como devengadas o percibidas las rentas pasivas a que se refiere el artículo 41 G, calcularán la Renta Neta y los topes individual y global para la aplicación del crédito, en el ejercicio en que se devenguen las rentas pasivas y, posteriormente, realizarán nuevamente la referida determinación en el ejercicio en que se perciban los dividendos o retiros de utilidades que correspondan a dichas rentas pasivas devengadas en ejercicios anteriores, considerando los valores reajustados.”.

e)Modifícase la letra a), de la letra A) del número 4 del artículo 41 A, de la siguiente forma:

i)Reemplázase en el numeral ii, las palabras “se podrá imputar”, por “se imputará” y las palabras “de Fuente Extranjera”, por “determinada de acuerdo a este artículo”

ii)Reemplázase en el numeral iv), la frase “en el mismo porcentaje de variación que haya experimentado el”, por la frase “según la variación del”.

f)Reemplázase en el párrafo primero de la letra B) del número 4 del artículo 41 A, la frase “Las rentas de fuente extranjera”, por “Las rentas que soportaron impuestos en el extranjero”, y elimínase las palabras “de Fuente Extranjera”.

g)Modifícase la letra a) del número 5 del artículo 41 A, de la siguiente forma:

i)Reemplázase en el primer párrafo, la frase “de fuente extranjera”, por la frase “que soportaron impuestos en el extranjero”.

ii)Elimínase en el segundo párrafo, la frase “de Fuente Extranjera”.

h)Modifícase la letra b) del número 5 del artículo 41 A, de la siguiente forma:

i)Reemplázase en el primer párrafo, la frase “de fuente extranjera”, por la frase “que soportaron impuestos en el extranjero”.

ii)Reemplázase en el segundo párrafo, las palabras “de Fuente Extranjera” por “determinada conforme con este artículo”.

iii)Elimínase en el segundo párrafo, las palabras “de fuente extranjera”.

iv)Agrégase en el segundo párrafo, la conjunción “los”, entre las palabras “totalidad de” y “impuestos que pueden ser”.

v)Elimínase en el tercer párrafo las palabras “de Fuente Extranjera”.

vi)Reemplázase en el tercer párrafo las palabras “de fuente extranjera” por “que soportaron los impuestos en el extranjero”.

vii)Reemplázase en el cuarto párrafo la frase “deberá imputarse a otros impuestos anuales o devolverse” por la frase “se imputará a otros impuestos anuales o se devolverá”.

viii)Incorpórase en el quinto párrafo, a continuación de las palabras “Lo anterior”, una coma (“,”).

ix)Reemplázase en el quinto párrafo, las palabras “de Fuente Extranjera”, por las palabras “determinada conforme con este artículo”.

x)Reemplázase en el sexto párrafo la frase “El remanente de crédito que se determine,” por “Si se determina un remanente de crédito, este”.

i)Reemplázase el número 6 del artículo 41 A, por el siguiente:

“6.- Registro de Inversiones en el Extranjero y deberes de información.

Los contribuyentes que realicen inversiones de las que produzcan rentas respecto de las cuales se tendría derecho a crédito conforme con este artículo, deberán inscribirse en el Registro de Inversiones en el Extranjero que llevará el Servicio de Impuestos Internos. La inscripción deberá realizarse en el año en que se efectúe la inversión respectiva. Alternativamente, en vez de inscribirse en el registro, los contribuyentes podrán presentar una declaración jurada en la forma y plazo que señale el Servicio mediante resolución. El Servicio emitirá una resolución donde determinará las formalidades del registro y la forma de realizar la inscripción. Asimismo, los contribuyentes deberán informar las inversiones, rentas e impuestos y demás antecedentes necesarios para identificar dichos conceptos en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución.

El retardo u omisión en la inscripción o presentación de las declaraciones establecidas en esta letra, o la presentación de dicha declaración incompleta o con antecedentes erróneos, será sancionada con una multa de diez unidades tributarias mensuales, incrementada con una unidad tributaria mensual adicional por cada mes de retraso, con tope de cien unidades tributarias mensuales. La referida multa se aplicará conforme al procedimiento establecido en el artículo 161 del Código Tributario.”.

j)Modifícase el número 7 del artículo 41 A, de la siguiente forma:

i)Reemplázase en el primer párrafo de la letra a), las palabras “son percibidas”, por “se perciban”.

ii)Elimínase la letra b), pasando la actual letra c) a ser b), y así sucesivamente.

iii)Modifícase la actual letra c), que pasó a ser b), de la siguiente forma:

-Reemplázase la palabra “tributo” por “impuesto”.

-Elimínase las palabras “de fuente extranjera”.

-Incorpórase entre las palabras “determinada por un” y la palabra “contribuyente.”, la palabra “mismo”.

iv)Incorpórase en la actual letra d), que pasó a ser c), a continuación del primer punto seguido la frase “Cuando no se disponga del comprobante de pago, declaración de impuestos en el extranjero o el certificado oficial expedido por la autoridad competente del país extranjero, el contribuyente podrá acreditarlo por cualquier medio de prueba legal.”.

16)Para modificar el numeral 24, del siguiente modo:

a)Modifícase la letra a), de la siguiente forma:

i)Incorpórase el siguiente número ii nuevo, pasando el actual ii a ser iii, y así sucesivamente:

“ii. Agrégase a continuación de la palabra “registrada en”, la expresión “o declarada ante”.”.

ii)Reemplázase el numeral ii actual, que pasa a ser iii, por el siguiente:

“iii. Reemplázase las palabras “el número 2 de la letra D”, por las palabras “el número 6.”.

iii)Incorpórase un número iv nuevo, pasando a el actual iii a ser el v:

“iv. Agrégase, a continuación de la palabra “registro”, la expresión “o declaración”.”.

b)Modifícase el encabezado de la letra b), reemplazando la expresión “ssegundo” por “segundo”.

17)Para reemplazar el numeral 27, por el siguiente:

“27. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 41 E:

a)Intercálase, en el párrafo cuarto de la letra b) del número 1, a continuación de la palabra “cónyuges”, la frase “, convivientes civiles,”.

b)En el numeral 6:

i)Reemplázase, la palabra “declaración”, la primera vez que aparece, por la expresión “o más declaraciones”.

ii)Reemplázase, luego del primer punto seguido, las palabras “dicha declaración” por “dichas declaraciones”.

iii)Reemplázase, luego del segundo punto seguido, las palabras “esta declaración” por “la declaración que corresponda”.

iv)Reemplázase, luego del quinto punto seguido, las palabras “la declaración presentada” por “una declaración presentada”.

v)Reemplázase, luego del sexto punto seguido, las palabras “la citada declaración” por “la declaración que corresponda”.”.

18)Para modificar el numeral 30, de la siguiente forma:

a)Reemplázase en el inciso primero del artículo 41 H, el guarismo “30” por el guarismo “17,5”.

b)Agrégase en el inciso segundo del artículo 41 H, a continuación de la frase “información para fines tributarios”, la frase “o si se trate de miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”.

19)Para incluir un nuevo numeral 32, pasando el numeral 32 actual a ser 33 y así sucesivamente:

“32. En el número 2 del artículo 43 reemplázase la palabra “anterior” por el guarismo “42”.

20)Para reemplazar en el párrafo segundo del número 1° del numeral 34, que pasa a ser 35, la frase “en la letra F) y en el número 6” por “en el número 8”.

21)Para sustituir el numeral 37, que pasó a ser 38, por el siguiente:

“38.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 56:

a)Reemplázase el número 3) por el siguiente:

“3) La cantidad que resulte de aplicar a las rentas o cantidades que se encuentren incluidas en la renta bruta global, la misma tasa del impuesto de primera categoría con la que se gravaron. También tendrán derecho a este crédito por impuesto de primera categoría y el crédito contra impuestos finales que establece el artículo 41 A, por el monto que se determine conforme a lo dispuesto en el N°5, de la letra A), del artículo 14, sobre las rentas retiradas o distribuidas desde empresas sujetas a tal disposición, por la parte de dichas cantidades que integren la renta bruta global de las personas aludidas, sea que al momento de generarse dichos créditos la entidad respectiva tenga o no propietarios contribuyentes de impuestos finales. Asimismo, tendrán derecho a crédito las personas naturales que sean socios o accionistas de sociedades, por las cantidades obtenidas por éstas en su calidad de socias o accionistas de otras sociedades, por la parte de dichas cantidades que integre la renta bruta global de las personas aludidas. También procederá el crédito que corresponda por aplicación de los números 3 y 4 de la letra D) del artículo 14 y de las letras (a) y (d) del número 8 de la referida letra D).”.

b)Agrégase antes del párrafo que comienza con un 4), una nueva letra b) con el siguiente enunciado:

“b) Agrégase el siguiente número 4), nuevo:”.

c)Elimínase el párrafo final del número 3.

22)Para modificar el numeral 39, que pasó a ser 40, del siguiente modo:

a)Incorpórase una nueva letra a), pasando la actual a) a ser b), y así sucesivamente:

“a) Reemplázase en el inciso primero, las palabras “cassette, diskette, cinta magnética u otro soporte material o medio”, por “un soporte físico o intangible”.

b)Reemplázase la letra b) que pasa a ser c), por la siguiente:

“c) Modifícase la letra b) del número 1 del inciso cuarto, de la siguiente forma:

i)Elimínase, en el párrafo primero, las frases a continuación del primer punto seguido.

ii)Intercálanse los siguientes párrafos segundo, tercero y cuarto, nuevos, pasando el segundo actual a ser quinto:

“Para la procedencia de la tasa de 4% conforme con el párrafo anterior, el crédito no deberá ser otorgado mediante cualquier tipo de acuerdo estructurado de forma tal que la institución bancaria o financiera extranjera o internacional que reciba los intereses, los transfiera a otra persona o entidad que sea domiciliada o residente en el extranjero, y que no tendría derecho a la tasa reducida si hubiera recibido directamente los intereses del deudor. Adicionalmente, para la procedencia de la tasa de 4%, la institución bancaria o financiera deberá entregar al pagador de los intereses una declaración en la que deje constancia que no ha celebrado un acuerdo estructurado en los términos señalados.

Para efectos de lo dispuesto en este numeral, se entenderá por institución financiera extranjera o internacional, aquella entidad domiciliada, residente o constituida en el extranjero que tenga por objeto principal el otorgamiento de créditos, financiamiento u otras operaciones con esos fines, siempre que sus ingresos provengan mayoritariamente de su objeto principal, que sus operaciones de financiamiento sean realizadas en forma periódica, y que dicha entidad financiera cuente con un capital pagado y reservas igual o superior a la mitad del mínimo que se exija para la constitución de los bancos extranjeros en Chile, por la Ley General de Bancos, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 3 de 1997, del Ministerio de Hacienda. Mediante resolución el Servicio de Impuestos Internos establecerá un registro voluntario de inscripción de instituciones financieras extranjeras o internacionales, y el respectivo procedimiento de inscripción, para efectos de que una entidad financiera pueda verificar el cumplimiento de estos requisitos en caso de así requerirlo.

El pagador del interés informará al Servicio de Impuestos Internos en el plazo que este determine, las condiciones de la operación.”.”.

c)Elimínase la letra c) actual.

23)Para incorporar un nuevo numeral 41, pasando el actual 41 a ser 43, y así sucesivamente:

“41. Agrégase el siguiente artículo 59 bis, nuevo:

“Artículo 59 bis.- Los contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile estarán exentos del impuesto adicional por la prestación de los servicios señalados en el artículo 8 letra n) de la ley de impuesto a las ventas y servicios contenida en el decreto ley N° 825 de 1974, a personas naturales que no tienen la calidad de contribuyentes del impuesto establecido en el referido decreto ley.”.”.

24)Para modificar en el numeral 42, que pasó a ser 44, el inciso segundo del artículo 63, reemplazando la expresión “la la cantidad” por “la cantidad”.

25)Para agregar un numeral 47, nuevo, pasando el actual número 45 a ser 48, y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“47. Agrégase las siguientes letras c) y d), nuevas, al inciso cuarto del artículo 68:

“c) Los contribuyentes acogidos al artículo 14 letra D), de acuerdo a las reglas señaladas en el número 3 de dicho artículo. No obstante llevar contabilidad simplificada a estos contribuyentes les aplicará lo establecido en el artículo 21, lo que excluye a los contribuyentes del número 8 de la referida letra D) del artículo 14.

d) Las Fundaciones y Corporaciones que únicamente perciban aportes o donaciones cuyo destino esté exclusivamente orientado a ejecutar el objeto o fin para el cual fueron constituidas, y que no desarrollen actividades gravadas con el impuesto de primera categoría, podrán llevar un estado de fuentes y usos, el cual contendrá al menos la identificación del aportante o donante, el monto y tipo de aportes o donaciones recibidas y las especificaciones de uso de los mismos, considerando datos del perceptor de tales desembolsos, monto total pagado, número y tipo de documentos recibidos o emitidos, según corresponda. El registro de las operaciones en el estado de fuentes y usos deberá efectuarse en orden cronológico.”.”.

26)Para reemplazar en la letra b) del numeral 45, que paso a ser 48, la frase “y d) del número 1 del artículo 41 A, esto es, los dividendos o retiros de utilidades y los ingresos por marcas, patentes, fórmulas, asesorías técnicas, otras prestaciones similares y servicios calificados como exportación que hayan sido gravados en el extranjero.”, por la frase: “, b) y c) del número 1.- del artículo 41 A.”.

27)Para modificar el numeral 47, que pasó a ser 50, del siguiente modo:

a)Modifícase la letra a), del siguiente modo:

i)Reemplázase en el primer párrafo, la frase “Las empresas”, por la frase “Las personas o entidades”.

ii)Reemplázase el segundo párrafo, por el siguiente:

“Tratándose de empresas sujetas a las disposiciones de la letra A) del artículo 14, la retención que deba efectuarse sobre los retiros, remesas o distribuciones realizadas que se afecten con el impuesto adicional, se efectuará incrementando previamente la base en virtud de los artículos 58 y 62, con derecho a los créditos establecidos en los artículos 41 A y 63, determinados conforme a lo dispuesto en el número 5 de la letra A) del artículo 14. En estos casos se otorgará un crédito provisorio por impuesto de primera categoría que se utilizará al momento de la retención, cuya tasa será la que haya correspondido asignar en el año inmediatamente anterior. También se otorgará un crédito provisorio por aquel a que se refiere el artículo 41 A, siempre que, al momento de la retención, la empresa mantenga un saldo en el registro SAC al término del ejercicio anterior y, en ese caso, hasta el tope del crédito mantenido en el saldo del SAC, o bien, cuando en el ejercicio en que se realice la retención, la empresa que la debe realizar haya percibido retiros o dividendos que den derecho a dicho crédito, caso en el cual el crédito provisorio se otorgará hasta el tope del impuesto pagado en el extranjero. En todo caso, la tasa de crédito provisorio que procede según el artículo 41 corresponderá a la diferencia entre la tasa del impuesto adicional y la tasa provisoria de crédito por impuesto de primera categoría que resulte aplicable en el año inmediatamente anterior.”.

iii)Modifícase el tercer párrafo, de la siguiente forma:

-Reemplázase la frase “el artículo 63, otorgado”, por la frase “o el crédito a que se refiere el artículo 41 A, otorgados”.

-Reemplázase la frase “Índice de Precios al Consumidor”, por la frase “índice de precios al consumidor”.

-Elimínase la frase “de la empresa”, la segunda vez que aparece.

iv)Modifícase el cuarto párrafo, de la siguiente forma:

-Reemplázase la frase “fue imputado”, por la frase “se imputó”.

-Reemplázase la frase “es por un monto inferior”, por la frase “consiste en un monto menor”.

-Reemplázase la frase “a lo dispuesto en el”, por la palabra “al”.

-Reemplázase la frase “También el propietario podrá” hasta el punto aparte (“.”), por la frase “El propietario podrá también solicitar que la respectiva suma incremente el SAC, establecido en la letra d) del número 2 de la letra A) del artículo 14, de la empresa al término del ejercicio correspondiente, lo que se hará constar mediante una declaración jurada simple que, en ese caso, la empresa deberá tener a disposición del Servicio.”.

v)Reemplázase en el sexto párrafo, la palabra “propietario” por “contribuyente”.

vi)Modifícase el séptimo párrafo, de la siguiente forma:

-Reemplázase la frase “sean informados”, por la frase “, se informen”.

-Reemplázase la frase “sean de”, por la frase “y asciendan a”.

-Reemplázase la palabra “corresponda.”, por la frase “resulte aplicable.”.

vii)Modifícase el décimo párrafo, de la siguiente forma:

-Agrégase a continuación de la palabra “Servicio”, la primera vez que aparece, la frase “de Impuestos Internos”.

-Reemplázase la frase “. La retención”, por la frase “y la retención”.

viii)Reemplázase en el duodécimo párrafo, la frase “de la persona no residente ni domiciliada en Chile.”, por la frase “del contribuyente no residente ni domiciliado en Chile.”.

b)Reemplázase la letra b), por la siguiente:

“b) Modifícase el número 7, de la siguiente forma:

i.Modifícase el párrafo primero, eliminando la conjunción “los” que sigue a la frase “Los emisores de”.

ii.Modifícase el párrafo cuarto de la siguiente forma:

-Reemplázase las palabras “estado en”, las dos veces que aparecen por “sido de”.

-Reemplázase la frase “en el plazo transcurrido” por “durante el plazo transcurrido”.

iii.Reemplázase en el párrafo quinto la frase “Se exceptúa de la obligación de este numeral a los” por “Se exceptúa al emisor de la obligación de retener el 4% establecido en este numeral cuando se trate de”.”.

28)Para reemplazar el numeral 49, que pasó a ser 52, por el siguiente:

“52. Agrégase en el artículo 79, a continuación de las palabras “retención respectiva” la frase “, lo que se entenderá que ocurre cuando se produce el pago de interés al inversionista”.”.

29)Para reemplazar la letra a) del numeral 51, que pasó a ser 54, por el siguiente:

“a) Agrégase, en la letra a) del inciso primero, el siguiente párrafo final:

“Sin perjuicio de lo anterior, cuando el contribuyente experimente cambios relevantes en sus ingresos, costos o gastos que afecten o puedan afectar significativamente la renta líquida del ejercicio, podrá recalcular la tasa de los pagos provisionales a que se refiere esta letra. Para este efecto se considerarán las siguientes reglas:

i)La disminución o aumento de la renta líquida estimada de manera provisional determinada de acuerdo al literal siguiente, deberá ser al menos de un 30% respecto del monto de dicho concepto determinado por el trimestre que finaliza el 31 de marzo, 30 de junio o 30 de septiembre del mismo ejercicio, según corresponda, de acuerdo a los registros contables respectivos.

ii)La renta líquida provisional a que se refiere el numeral i) anterior se preparará de acuerdo a las reglas generales de determinación de la renta líquida de ésta ley, sin considerar ajustes de corrección monetaria ni determinar partidas a que se refiere el artículo 21 y constituirán un estado de situación de conformidad al artículo 60 del Código Tributario.

iii)La nueva tasa de pago provisional se determinará multiplicando la tasa de pago provisional mensual que debió utilizar el contribuyente en el trimestre inmediatamente anterior por uno más el porcentaje de variación determinado conforme al numeral i) anterior.

iv)La nueva tasa se utilizará a contar de los ingresos brutos que se perciban o devenguen a contar del mes siguiente de la fecha que corresponda a la determinación que permite este párrafo.

v)Los contribuyentes que recalculen sus pagos provisionales mensuales por aplicación de este inciso deberán mantener a disposición del Servicio de Impuestos Internos los antecedentes de la renta líquida provisional del trimestre respectivo mediante el expediente electrónico.

vi)El Servicio, mediante una o más resoluciones, establecerá las reglas necesarias para facilitar y hacer efectiva esta opción.”.

30)Para reemplazar el numeral 54, actual que pasa a ser 57, de la siguiente forma:

“57. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 104:

a)Reemplázase las palabras “Superintendencia de Valores y Seguros” por “Comisión para el Mercado Financiero”, todas las veces que aparece.”

b)Modifícase el número 2, de la siguiente forma:

i)Reemplázase la palabra “que” la primera vez que aparece por “o la liberación de transcurrir un plazo, según”.”

ii)Agrégase en el párrafo segundo de la letra b), a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente frase “El representante, custodio, intermediario, depósito de valores o quién haya sido contratado o designado, deberá proveer la información que el Servicio de Impuestos Internos les requiera, en la oportunidad y plazos que éste fije.”.

31)Para incorporar un numeral 59, nuevo:

“59. Incorpórase el siguiente artículo 110, nuevo:

“Artículo 110.- Para efectos de lo dispuesto en esta ley, constituirán valores de presencia bursátil aquellos definidos en el artículo 4 bis, letra g), de la ley N° 18.045 de Mercado de Valores.

Sin perjuicio de lo anterior, si la presencia bursátil está dada en virtud de contratos que aseguren la existencia diaria de ofertas de compra y venta de los valores conforme con el párrafo tercero de la letra g) del artículo 4 bis de la ley N° 18.045, el tratamiento del mayor valor como un ingreso no renta según las reglas de este Título VI, requerirá también que se haya celebrado uno o más de dichos contratos que en forma separada o conjunta tengan una vigencia que exceda de un año continuo previo a la fecha de la enajenación del respectivo valor.”.”.

AL ARTÍCULO 3º

32)Para modificar el numeral 2, de la siguiente forma:

a)Reemplázase la letra b), por la siguiente:

“b)Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “que les sea devuelto por el Servicio de Tesorerías en el plazo de treinta días de presentada la solicitud, la cual” por la siguiente frase: “que les sea devuelto conforme a los artículos 80 y siguientes, caso en el cual la solicitud”.”.

b)Reemplázase la letra d), por la siguiente:

“d) Agréganse los siguientes incisos séptimo y octavo, nuevos:

“La Dirección podrá disponer, mediante una o más resoluciones fundadas, que los emisores de tarjetas de pago con provisión de fondos, débito, crédito u otros sistemas de pago análogos retengan el total o una parte de los impuestos contemplados en esta ley, respecto de todo o parte de las operaciones realizadas por prestadores domiciliados o residentes en el extranjero que se solucionen por su intermedio.

En el caso de ventas de bienes corporales muebles ubicados fuera del territorio nacional, la Dirección podrá autorizar, a solicitud de parte, mediante una o más resoluciones fundadas, que el vendedor o el intermediario retenga y entere en arcas fiscales, en forma anticipada, el impuesto que afectará su importación, cuando dichos bienes tengan por destino el territorio nacional y sean comprados por personas domiciliadas o residentes en Chile que no tengan la calidad de contribuyentes del Título II de esta ley.”.”.

33)Para incorporar un nuevo numeral 3, pasando el actual numeral 3 a ser 4, y así sucesivamente:

“3. Agrégase al artículo 5°, el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el tercero a ser cuarto y así sucesivamente:

“Tratándose de los servicios del artículo 8 letra n) que sean prestados en forma digital, se presumirá que el servicio es utilizado en el territorio nacional si, al tiempo de contratar dichos servicios o realizar los pagos correspondientes a ellos, concurriese alguna de las siguientes situaciones:

i.Que la dirección IP del dispositivo utilizado por el usuario u otro mecanismo de geolocalización indiquen que este se encuentra en Chile; o

ii. Que la tarjeta, cuenta corriente bancaria u otro medio de pago utilizado para el pago se encuentre emitido o registrado en Chile.”.”.

34)Para modificar el numeral 3 que pasa a ser 4, de la siguiente forma:

a)Reemplázase el encabezado de la letra d), por el siguiente:

“d) Reemplázase, al final de la letra g), el punto y coma (“;”) por un punto aparte (“.”) y agrégase el siguiente párrafo segundo, nuevo:”.

b)Reemplázase en la letra e), la frase “punto punto y coma” por la frase “punto y coma”.

c)Incorpórase la letra g) nueva:

“g) Agrégase una letra n), nueva, del siguiente tenor:

“n) Los siguientes servicios remunerados realizados por prestadores domiciliados o residentes en el extranjero:

1. La intermediación de servicios prestados en Chile, cualquiera sea su naturaleza, o de ventas realizadas en Chile o en el extranjero siempre que estas últimas den origen a una importación;

2. El suministro o la entrega de contenido de entretenimiento digital, tal como videos, música, juegos u otros análogos, a través de descarga, streaming u otra tecnología, incluyendo para estos efectos, textos, revistas, diarios y libros;

3. La puesta a disposición de software, almacenamiento, plataformas o infraestructura informática; y

4. La publicidad, con independencia del soporte o medio a través del cual sea entregada, materializada o ejecutada.”.”.

35)Para incorporar un numeral 5 nuevo, pasando el actual 4 a ser 6, y así sucesivamente:

“5. Reemplázase la letra e) del artículo 11, por la siguiente:

“e) El beneficiario del servicio que sea un contribuyente del impuesto de este Título, siempre que la prestación sea realizada por un prestador domiciliado o residente en el extranjero;”.

36)Para reemplazar la letra d) del número 5, que pasa a ser 7, por la siguiente:

“d) Reemplázase, en el número 18, el punto aparte (“.”) por una coma (",”), e incorpóráse a continuación la conjunción “y”.

37)Para reemplazar el encabezado el número 6, que pasa a ser 8, por el siguiente:

“6. Agrégase, al final de la letra E del artículo 12, un número 19, nuevo, del siguiente tenor:”.

38)Para reemplazar en el numeral 12, que pasa a ser 14, en el inciso sexto del artículo 20, la frase “cuandoel” por la frase “cuando el”.

39)Para incorporar un numeral 15 nuevo, pasando el 15 actual a ser 18, y así sucesivamente:

“15. Intercálase en el inciso primero del artículo 22, entre las palabras “dicho período” y “hayan subsanado”, la frase “o a más tardar el período siguiente”.

40)Para reemplazar la letra a) del numeral 13, que pasa a ser 16, por la siguiente:

“a) Reemplázase, en el número 3° las palabras “y exentas”, por “y operaciones exentas o a hechos no gravados por esta ley”.

41)Para reemplazar el numeral 14, que pasa a ser 17, por el siguiente:

“17. Modifícase el inciso tercero del artículo 24, de la siguiente forma:

a)Reemplázase la frase “sólo cuando las respectivas notas de crédito y débito o las facturas”, por la siguiente “sólo cuando las respectivas notas de crédito y débito, las facturas o comprobantes de ingreso del impuesto tratándose de importaciones”.

b) Intercálase, entre la frase “se reciban o se registren con retraso” y el punto final, la frase “, por cualquier hecho no imputable al contribuyente”.”.

42)Para reemplazar el numeral i de la letra c) del numeral 16, que pasa a ser 19, por el siguiente:

“i. Intercálase, entre las expresiones “deberán presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos” y la coma que le sigue, lo siguiente: “conforme a los artículos 80 y siguientes,”.

43)Para incorporar un numeral 24 nuevo, pasando el actual numeral 24 a ser 28, y así sucesivamente:

“24. Agrégase un Párrafo 7° bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Párrafo 7° bis

Del régimen simplificado para contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile

Artículo 35

A.- Los contribuyentes no domiciliados o residentes en Chile que presten servicios gravados conforme al artículo 8°, letra n), para ser utilizados en el territorio nacional por personas naturales que no son contribuyentes de los impuestos establecidos en esta ley, quedarán sujetos al régimen de tributación simplificada que tratan los artículos siguientes. Asimismo, los contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile podrán solicitar al Servicio de Impuestos Internos sujetarse a este régimen de tributación simplificada por la prestación de otros servicios a las referidas personas naturales.

Artículo 35

B.- El Director, estará facultado para, eximir total o parcialmente a los contribuyentes del presente régimen de las obligaciones dispuestas en el artículo 51, mediante normas de carácter general, y, asimismo, de las obligaciones establecidas en el Párrafo 2° del Título IV del Libro Primero del Código Tributario, o bien, para sustituirlas por otros procedimientos que constituyan un trámite simplificado.

Artículo 35

C.- Los contribuyentes sujetos a lo establecido en el régimen de este Párrafo 7° bis no tendrán derecho a crédito fiscal y se encontrarán liberados de la obligación de emitir documentos tributarios por sus operaciones.

Artículo 35

D.- Los contribuyentes sujetos a lo establecido en el régimen de este Párrafo 7° bis deberán recargar a la contraprestación recibida por los servicios afectos, el impuesto de esta ley, el que se calculará aplicando a dicha contraprestación la tasa establecida en el artículo 14.

El impuesto que estos contribuyentes deberán pagar se determinará sobre la base de la suma de los impuestos recargados conforme al inciso primero, por los servicios prestados en el período tributario respectivo. Para estos efectos, se entenderá por “período tributario” un periodo de uno o tres meses seguidos, a elección del contribuyente.

Artículo 35

E.- Los contribuyentes sujetos a lo establecido en el régimen de este Párrafo 7° bis deberán declarar en forma simplificada y pagar los impuestos devengados en un período tributario, hasta el día 20 del primer mes siguiente.

La declaración y pago del impuesto se realizará electrónicamente, a través del portal o mecanismo digital que el Servicio de Impuestos Internos habilite al efecto, estando facultado con ese objeto para disponer y requerir información en idiomas distintos al español.

Artículo 35

F.- El Director, mediante norma de general aplicación, establecerá los procedimientos necesarios para la determinación y pago del impuesto en moneda extranjera.

De igual forma, el Director podrá autorizar que la determinación y pago del impuesto se realice en moneda nacional, cuando la operación se efectúe en moneda extranjera. Para determinar la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda extranjera, se estará al tipo de cambio a la fecha de pago del impuesto según a la información que publique el Banco Central de Chile en conformidad a lo dispuesto en el número 6 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales. Si la moneda extranjera en que se ha efectuado el pago no es una de aquellas informada por el Banco Central, el impuesto pagado en el extranjero en dicha divisa deberá primeramente ser calculado en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo a la paridad entre ambas monedas, para luego convertirse a su equivalente en pesos chilenos de la forma ya indicada.

Artículo 35

G.- En los casos de descuentos, anulación, rescisión, terminación o resolución de servicios, el contribuyente que hubiere devuelto al consumidor del servicio el impuesto respectivo, podrá descontar del monto del impuesto que le correspondería pagar en el periodo tributario en que aquellas situaciones se hayan producido, o los periodos tributarios posteriores si en el mismo periodo tributario no correspondiera realizar un pago o si el que procede fuera menor.

Artículo 35

H.- No será aplicable lo dispuesto en el Párrafo 3º del Título IV, ni las demás disposiciones de esta ley en lo que no sean compatibles con la naturaleza del régimen establecido en el presente párrafo.

Artículo 35

I.- El Servicio de Impuestos Internos podrá utilizar todos los medios de fiscalización tecnológicos de que disponga para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que digan relación con los hechos gravados establecidos en el artículo 8 letra n) u otros en que se autorice el régimen simplificado establecido en el artículo 35 A, y que sean prestados digitalmente, independientemente del lugar o jurisdicción donde la información respectiva se encuentre alojada.

Asimismo, el Servicio podrá solicitar, fundadamente, a los contribuyentes sujetos a lo establecido en el régimen de este Párrafo 7° bis que intermediación y de las cantidades que se paguen o pongan a disposición de dichos vendedores o prestadores.

44)Para reemplazar el numeral 22, que pasa a ser 26, por el siguiente:

“26. Incorpóranse las siguientes modificaciones al inciso primero del artículo 54:

i.Intercálase, a continuación de las expresiones “guías de despacho,” la frase “boletas de ventas y servicios,”.

ii.Elíminase, a continuación del primer punto seguido, la frase: “Las boletas de ventas y servicios se podrán emitir, a elección del contribuyente, en formato electrónico o en papel.”.

iii. Elimínase la frase “Los contribuyentes que sólo emitan documentos en papel podrán emitir guías de despacho que no importen ventas por este mismo medio.”.

iv.Elimínase la frase “tratándose de contribuyentes que hayan optado por emitir dichas boletas en formato papel,”.

v.Reemplázase la frase “hayan optado” por emitir” por “emitan”.”.

45)Para eliminar en el numeral 23, que pasa a ser 27, en el inciso segundo del artículo 59, la frase “tales como boletas, vouchers o todo tipo de vales autorizados que reemplacen a una boleta,”.

46)Para modificar el numeral 29, que pasa a ser 33 de la siguiente forma:

a)Modifícase el artículo 81, de la siguiente forma:

i)Reemplázase el encabezado del inciso segundo, por el siguiente “Dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, el Servicio deberá, alternativamente:”.

ii)Agrégase en la letra b) del inciso segundo, una coma (“,”) a continuación de la frase “en cuyo caso”, y reemplázase la frase “; o,”, por un punto aparte (“.”).

iii)Elimínase la letra c).

iv)Incorpórase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual tercero a ser cuarto:

“El Servicio podrá realizar revisiones posteriores de las devoluciones autorizadas, de acuerdo con las normas del Código Tributario.”.

b)Para modificar el artículo 82 de la siguiente forma:

i)Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“El Servicio de Impuestos Internos deberá comunicar a la brevedad y por medios electrónicos al Servicio de Tesorería las decisiones que adopte respecto de las solicitudes presentadas, así como del inicio de alguna de las actuaciones a que se refiere el artículo siguiente.”.

ii)Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“La devolución o recuperación de los impuestos que corresponda será efectuada por el Servicio de Tesorería, en el plazo máximo de cinco días contados desde la comunicación a que se refiere el inciso anterior.”.

iii)Elimínase el inciso tercero.

c)Modifícase el artículo 83, de la siguiente forma:

i)Agrégase en el inciso primero, entre las palabras “a 30 días,” y “en los casos”, la palabra “salvo”.

ii)En el inciso segundo del artículo 83:

-Reemplázase la palabra “actuaciones” por “circunstancias”.

-Reemplázase las palabras “el artículo 59” por, “en las letras b) y d) del artículo 59 bis”.

-Reemplázase las palabras “los siguientes elementos” por “las siguientes situaciones”.

iii)Reemplázase el inciso tercero del artículo 83, por el siguiente:

“Dentro del plazo de 5 días establecido en el artículo 81°, el Servicio deberá resolver si someterá la solicitud, total o parcialmente, al procedimiento de fiscalización especial previa establecido en este artículo. En caso que el Servicio resuelva que procederá dicho procedimiento, deberá notificar la resolución al contribuyente dentro de un plazo de 10 días, contado desde que se recibió la solicitud, requiriendo los antecedentes que estime necesarios para realizar una fiscalización. El contribuyente deberá acompañar dichos antecedentes mediante un expediente electrónico que se habilite por el Servicio, dentro del plazo de 10 días desde recibida la notificación. Si el contribuyente no aportare los antecedentes requeridos dentro de plazo, la solicitud se tendrá por no presentada.”.

iv)Reemplázase el inciso cuarto del artículo 83, por el siguiente:

“Dentro del plazo de 25 días contado desde que se reciban la totalidad de los antecedentes requeridos, el Servicio deberá resolver si autoriza o deniega, en ambos casos total o parcialmente, la solicitud. En caso que sea procedente, el Servicio podrá emitir una citación, liquidación o giro, de acuerdo a las normas establecidas en el Código Tributario.”.

AL ARTÍCULO 6º

47)Para reemplazar en el número 1 del artículo 6° el guarismo “4.000” por “3.000”.

AL ARTÍCULO 13

48)Para reemplazar el artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda, sobre Zonas Francas, cuyo texto, refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el decreto con fuerza de ley N°2, de 2001, del Ministerio de Hacienda, del siguiente modo:

a)Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 23, la frase completa a continuación del punto seguido (“.”), por la siguiente:

“No obstante la referida exención, los contribuyentes propietarios estarán afectos a impuesto global complementario o adicional por las rentas que retiren, les remesen o distribuyan en conformidad a los artículos 14, 17 número 7, 38 bis, 54, 58, 60 y 62 de la ley sobre Impuesto a la Renta y tendrán derecho a usar en la determinación de dichos impuestos, el 50% del crédito establecido en el número 3 del artículo 56 o del artículo 63 de la misma ley, considerándose para ese sólo efecto que las referidas rentas han estado afectadas por el impuesto de primera categoría.”.

b)Reemplázase en el artículo 28 el guarismo “2025” por “2035”.

AL ARTÍCULO 14

49)Para reemplazar el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14.- Modifícase la ley N° 19.709, que establece régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería en la comuna de Tocopilla en la II región, de la siguiente forma:

a)Modifícase el artículo primero, de la siguiente forma:

i)Reemplázase en el inciso primero la frase “y por un período de veinticinco años” por la frase “hasta el año 2035”.

ii)Reemplázase en el inciso segundo la frase “con posterioridad a la publicación de la presente ley y dentro del lapso de doce años, contados desde dicho evento” por la frase “hasta el año 2023”.

b)Reemplázase el inciso segundo del artículo 2°, por el siguiente:

“No obstante la referida exención, los contribuyentes propietarios estarán afectos a impuesto global complementario o adicional por las rentas que retiren, les remesen o distribuyan en conformidad a los artículos 14, 17 número 7, 38 bis, 54, 58, 60 y 62 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y tendrán derecho a usar en la determinación de dichos impuestos, el 50% del crédito establecido en el número 3 del artículo 56 o del artículo 63 de la misma ley, considerándose para ese sólo efecto que las referidas rentas han estado afectadas por el impuesto de primera categoría.”.

AL ARTÍCULO 15

50)Para reemplazar el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Reemplázase en el inciso séptimo del artículo 1° de la ley N° 19.420 que establece Incentivos para el Desarrollo Económico de las Provincias de Arica y Parinacota, y Modifica Cuerpos Legales que Indica, cuyo texto, refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el decreto con fuerza de ley N°1, de 2001, del Ministerio de Hacienda, el guarismo “2025” por “2035” y el guarismo “2045” por “2055”.”.

AL ARTÍCULO 23

51)Para reemplazar el artículo 23, por el siguiente:

“Artículo 23.- Se crea la Defensoría del Contribuyente bajo el siguiente articulado:

“Título I: Naturaleza, objeto, patrimonio y domicilio

Artículo 1

. – Créase la Defensoría del Contribuyente, en adelante también la “DEDECON” o la “Defensoría”, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica, con patrimonio propio y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de otros domicilios que pueda establecer en el país.

Artículo 2.-

El patrimonio de la Defensoría estará compuesto por:

a)Los aportes que anualmente se le asignen de acuerdo con la Ley de Presupuestos del Sector Público;

b)Los recursos otorgados por leyes especiales;

c)Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título;

d)Los aportes de cooperación internacional que reciba a cualquier título;

e)Los ingresos que reciba por convenios de investigación, asesoría o de otra naturaleza que celebren con universidades y otras entidades docentes o de investigación públicas o privadas nacionales;

f)El producto de la venta de bienes que administre y otros ingresos propios que perciba en el ejercicio de sus funciones;

g)Los demás ingresos y recursos que determinen las leyes.

La Defensoría estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, orgánico de Administración Financiera del Estado, y a sus disposiciones complementarias.

Artículo 3.-

La Defensoría tendrá por objeto principal velar por la protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes, en las materias de tributación fiscal interna. En el ejercicio de sus atribuciones legales, la Defensoría deberá velar especialmente por la protección y resguardo de los derechos de los más vulnerables y de la micro, pequeña y mediana empresa.

Para efectos de lo establecido en la presente ley, se entenderá por “contribuyente” aquel definido en el numeral 5° del artículo 8 del Código Tributario. Asimismo, se entenderá por “derechos de los contribuyentes” aquellos establecidos en el artículo 8 bis del Código Tributario, en el artículo 17 de la ley N° 19.880, el derecho a la seguridad jurídica y las garantías constitucionales en materia tributaria.

La Defensoría deberá observar en el ejercicio de sus funciones los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio, control, probidad, transparencia y publicidad administrativa.

Artículo 4.-

Para el cumplimiento de su objeto, le corresponderán a la Defensoría las siguientes funciones y atribuciones:

a)Velar por la protección de los derechos de los contribuyentes, la observancia del principio de legalidad y, en general, asegurar el respeto del estado de derecho. Adicionalmente, en el ejercicio de sus funciones, la Defensoría promoverá el cumplimiento íntegro por parte de los contribuyentes de las obligaciones administrativas y tributarias que les correspondan en conformidad con la normativa legal vigente.

b)Orientar a los contribuyentes que lo soliciten, en las materias de su competencia, sobre los recursos disponibles en materia de tributación fiscal interna, así como posibles cursos de acción y medidas para cumplir con los requerimientos realizados por el Servicio de Impuestos Internos.

c)Conocer las quejas de los contribuyentes afectados por actos administrativos, acciones u omisiones del Servicio de Impuestos Internos, que puedan significar una vulneración de los derechos de los contribuyentes o la ley, así como también aquellos que signifiquen una limitación en el ejercicio de actividades económicas tales como la restricción a la emisión de documentos, presentación de declaraciones de impuesto, rectificaciones u otras similares.

d)Emitir, cuando corresponda, recomendaciones públicas no vinculantes respecto de los actos del Servicio de Impuestos Internos que vulneran los derechos del contribuyente o sean contrarios a la ley.

e)Disponer, conforme a sus facultades legales que se lleven a cabo estudios, análisis e investigación para resolver las quejas de los contribuyenes.

f)Actuar como tercero en los procedimientos de mediación entre los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos, fomentando la aproximación y cooperación de las partes, e instándolas a llegar a acuerdo.

g)Conocer las solicitudes de los contribuyentes y emitir opiniones técnicas dentro del ámbito de sus competencias.

h)Realizar o encomendar la realización de estudios que identifiquen problemas generales del ordenamiento tributario que dificulten la aplicación de la ley o vulneren los derechos de los contribuyentes, y proponer al Servicio de Impuestos Internos medidas para su solución.

i)Informar al Ministerio de Hacienda propuestas de modificaciones a la normativa tributaria fiscal interna destinadas a resolver problemas generales del ordenamiento tributario o proteger los derechos de los contribuyentes. Asimismo, podrá informar al Congreso Nacional sobre normas o interpretaciones que puedan afectar los derechos de los contribuyentes, en particular, durante la tramitación de un proyecto de ley.

j)Informar al Servicio de Impuestos Internos la existencia de prácticas que afecten los derechos de los contribuyentes, y proponer modificaciones a las mismas.

k)Solicitar al Servicio de Impuestos Internos que en el ejercicio de sus facultades se pronuncie o aclare materias de interés público.

l)Emitir opiniones técnicas respecto de la normativa tributaria fiscal interna previa solicitud del Servicio de Impuestos Internos o del Ministerio de Hacienda.

m)Coordinar reuniones periódicas con el Servicio de Impuestos Internos para efectos de promover la cooperación entre ambas instituciones; analizar problemas y situaciones que afecten los derechos de los contribuyentes o la legalidad vigente; realizar sugerencias respecto de ciertos actos, programas o criterios que puedan constituir una vulneración de los derechos de los contribuyentes, de manera que la autoridad pueda tomar las medidas correspondientes.

n)Solicitar al Servicio de Impuestos Internos para que señale cual es la interpretación administrativa vigente ante la existencia de dos o más oficios que contengan criterios no concordantes sobre una materia.

o)Promover el estudio, enseñanza y difusión de la normativa tributaria, en especial lo relacionado con los derechos de los contribuyentes, las facultades y atribuciones de las autoridades administrativas, y los recursos y procedimientos disponibles para reclamar de los actos que vulneren dichos derechos.

p)Adoptar todas las medidas de publicidad necesarias con el objeto de informar a los contribuyentes sobre sus derechos.

q)Fomentar y difundir el cumplimiento tributario, el pago de los impuestos, la presentación de declaraciones y, en general, la observancia de toda clase de obligaciones legales y administrativas que apliquen a los contribuyentes. Para dichos efectos, la Defensoría podrá ejercer todas las acciones de difusión que estime pertinentes para promover una cultura contributiva basada en el cumplimiento tributario y el respeto de los derechos de los contribuyentes.

r)Las demás funciones y atribuciones que las leyes señalen.

Título II

Organización de la Defensoría

Párrafo I: De la Dirección y Administración Superior

Artículo 5.-

La dirección y administración superior de la Defensoría corresponderá al Defensor Nacional del Contribuyente, en adelante el “Defensor”. Además, la Defensoría contará con un Subdirector y un Consejo de Defensoría del Contribuyente.

Párrafo II: Del Defensor Nacional del Contribuyente

Artículo 6.-

El Defensor será nombrado por el Presidente de la República de acuerdo al procedimiento establecido en el título VI de la ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos.

El nombramiento del Defensor durará cuatro años, pudiendo ser renovado por una sola vez en su cargo.

Artículo 7.-

El Defensor deberá poseer el título de abogado, y contar con reconocida y vasta experiencia académica o laboral en materias de derecho tributario.

Artículo 8.-

Corresponderá al Defensor:

a)Dirigir, coordinar, organizar, planificar, administrar y supervigilar el funcionamiento de la Defensoría, velando por el correcto cumplimiento de sus funciones;

b)Ejercer las facultades y realizar todas las acciones que estime necesarias, con el fin de velar por la debida protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes;

c)Representar judicial y extrajudicialmente a la Defensoría;

d)Dictar las resoluciones de carácter general, planes y programas que estime convenientes para el adecuado cumplimiento de las funciones de la Defensoría, previa opinión del Consejo;

e)Dictar las resoluciones de carácter general sobre la organización interna de la Defensoría, las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades, como asimismo el personal que se asigne a tales unidades, previa opinión del Consejo;

f)Establecer el calendario de reuniones ordinarias del Consejo, previa opinión de este;

g)Delegar en los demás funcionarios de la Defensoría el ejercicio de sus facultades, con excepción de las establecidas en las letras d) y e) de este artículo, actuando “por orden del Defensor”;

h)Nombrar y remover a los funcionarios de la Defensoría, de conformidad a esta ley y las normas estatutarias;

i)Administrar el patrimonio de la Defensoría y celebrar los actos o contratos que considere necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines;

j)Actuar como ministro de fe en las transacciones celebradas entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes, como resultado de las mediaciones llevada a cabo por la Defensoría;

k)Celebrar convenios con otras entidades públicas o universidades, en materias de cooperación recíproca y promoción de las leyes y de los derechos de los contribuyentes;

l)Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas para la prestación de servicios necesarios para el cumplimiento de los fines de la Defensoría;

m)Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo;

n)Proponer el proyecto de presupuesto anual de la Defensoría;

o)Las demás atribuciones que las leyes señalen.

Párrafo III: Del Subdirector

Artículo 9.-

El Subdirector será el encargado de asesorar y apoyar al Defensor en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 10.-

El Subdirector subrogará, por el solo ministerio de la ley, al Defensor cuando este no pueda ejercer su cargo por cualquier motivo.

Artículo 11.-

El Subdirector será nombrado por el Defensor de acuerdo al procedimiento establecido en el título VI de la ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos. El nombramiento del Subdirector durará 4 años, pudiendo ser renovado por una sola vez en su cargo.

Artículo 12.-

El Subdirector deberá ser un profesional con título de abogado, contador auditor o ingeniero, y poseer reconocida y vasta experiencia académica o laboral en materias de derecho tributario.

Artículo 13.-

En el ejercicio de su cargo, el Subdirector tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

a)Apoyar y asesorar al Defensor en las labores de dirección, coordinación, organización, planificación y supervigilancia del funcionamiento de la Defensoría;

b)Colaborar en la administración del patrimonio de la Defensoría;

c)Llevar a cabo y dirigir todas las funciones, facultades y servicios que le corresponden a la Defensoría, en conformidad con las resoluciones que emita el Defensor;

d)Subrogar al Defensor y cumplir las tareas que este le delegue; y,

e)Las demás atribuciones que las leyes señalen.

Párrafo IV: Del Consejo de Defensoría del Contribuyente

Artículo 14.-

El Consejo de Defensoría del Contribuyente, en adelante el “Consejo”, será un órgano técnico y colegiado, compuesto por tres consejeros independientes, en adelante los “Consejeros”, y el Defensor.

Artículo 15.-

El Consejo tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:

a)Asesorar y aconsejar al Defensor en el ejercicio de sus funciones;

b)Opinar sobre las resoluciones de carácter general propuestas por el Defensor relacionadas con los planes y programas de la Defensoría;

c)Opinar sobre las resoluciones de carácter general propuestas por el Defensor relacionadas con la organización interna, y las atribuciones y funciones que corresponden a los funcionarios;

d)Opinar sobre las propuestas del Defensor relativas a las políticas y programas de difusión de cumplimiento de las leyes y protección de los derechos de los contribuyentes;

e)Opinar sobre el calendario de reuniones ordinarias presentada por el Defensor;

f)Informar, estudiar y analizar cualquier hecho, acto, normativa o circunstancia que motive el ejercicio de las facultades y atribuciones de la Defensoría. De esta forma, los Consejeros podrán hacer presente la existencia de problemas generales del sistema tributario, normativa administrativa, normativa legal u otros hechos, actos o circunstancias que afecten los derechos de los contribuyentes, la seguridad jurídica o la legalidad en materia tributaria;

g)Asesorar e informar al Ministro de Hacienda, cuando este lo requiera, en materias de su competencia; y

h)Las demás atribuciones que las leyes señalen.

Artículo 16.-

Los Consejeros serán nombrados por el Ministro de Hacienda, previa selección conforme al procedimiento establecido en el título VI de la ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos. Los Consejeros durarán 2 años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos inmediatamente y por una sola vez.

El Ministro de Hacienda designará a los Consejeros de manera que en ellos se encuentren representados los contribuyentes a través de las universidades, institutos profesionales, colegios técnicos, asociaciones gremiales y agrupaciones que tengan reconocido conocimiento en materias de derecho tributario y promuevan la defensa de los derechos de los contribuyentes.

Los Consejeros deberán ser profesionales con reconocida y amplia experiencia académica o laboral en materias de derecho tributario.

Los Consejeros tendrán derecho a percibir una dieta correspondiente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 unidades de fomento mensual.

Artículo 17.-

Los Consejeros estarán sujetos a las inhabilidades establecidas en el artículo 31 de la presente ley. Asimismo, no podrán ser nombrados consejeros los que hayan sido condenado por crimen o simple delito.

Los Consejeros que, debiendo inhabilitarse, actúen en dichos asuntos, serán removidos de su cargo y quedarán impedidos de ejercerlo nuevamente.

Artículo 18.-

El Consejo sesionará ordinariamente a lo menos una vez cada dos meses y, extraordinariamente, cuando sea citado por el Defensor o convocado por, a lo menos, dos de los Consejeros.

El Defensor y los Consejeros participarán en las sesiones con derecho a voz y voto.

Le corresponderá al Defensor presidir las sesiones.

El quórum mínimo para sesionar requerirá la presencia de tres de sus miembros, y los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate, el voto del Defensor dirimirá el acuerdo.

El funcionamiento del Consejo se regulará por un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda.

A las sesiones ordinarias y extraordinarias podrán asistir voluntariamente, en calidad de invitados y previa citación del Consejo, autoridades, representantes de asociaciones gremiales, representantes de grupos de contribuyentes y toda otra persona o entidad que los miembros del Consejo estimen relevante citar en atención a los temas discutidos en la sesión. Los invitados participarán con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

Título III

Personal

Artículo 19.-

El personal que preste servicios para la Defensoría, se regirá por las disposiciones de esta ley y, supletoriamente, por las disposiciones contenidas en el decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Las remuneraciones del personal de planta y a contrata se regirán por lo dispuesto para las instituciones fiscalizadoras de acuerdo al Título I del decreto ley N° 3.551, de 1981, y sus normas modificatorias.

Artículo 20.-

Los funcionarios de la Defensoría serán nombrados y removidos por el Defensor, de conformidad a esta ley y a las normas del Estatuto Administrativo.

Artículo 21.-

El Defensor podrá contratar bajo la modalidad de honorarios los servicios de terceros para la ejecución de labores o trabajos determinados.

Artículo 22.-

Los funcionarios de la Defensoría tendrán dedicación exclusiva en el desempeño de sus cargos y no podrán ejercer labores remuneradas de ninguna naturaleza. Asimismo, los funcionarios tendrán prohibido ocupar cargos directivos, ejecutivos o administrativos en cualquier entidad con fines de lucro.

Sin perjuicio de lo anterior, los abogados de la Defensoría podrán comparecer en los juicios que ellos, su cónyuge o conviviente civil, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, tengan un interés directo y personal, siempre que cuenten con la autorización expresa del Defensor.

Se encontrarán exceptuadas de las prohibiciones señaladas en el inciso primero, el ejercicio de actividades docentes o de investigación, hasta por un máximo de 12 horas semanales.

Los Consejeros no se encontrarán sujetos a las inhabilidades establecidas en este artículo.

Artículo 23.-

Los funcionarios de la Defensoría cesarán en sus cargos según lo establecido en el Estatuto Administrativo.

Artículo 24.-

Se considerará un incumplimiento grave de los deberes de los funcionarios de la Defensoría, la inobservancia de los plazos legales o reglamentarios que regulan los procedimientos de los servicios establecidos en los títulos V y VI de esta ley, la falta de emisión de los actos, decisiones o informes que correspondan, la falta de entrega de información oportuna y, en general, la omisión de las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los fines de los servicios señalados, siempre que, como consecuencia de lo anterior, los plazos del contribuyente para interponer un recurso administrativo o judicial en contra del acto de autoridad cuestionado hubieren precluido.

Título IV

Normas generales

Artículo 25.-

La Defensoría prestará sus servicios a todos los contribuyentes en forma gratuita. Estos servicios no constituirán una asesoría legal, contable o jurídica.

El servicio de mediación a que se refiere el título V, párrafo III de esta ley, no podrá prestarse cuando, en el marco del mismo proceso de fiscalización, la Defensoría hubiere prestado algún servicio o hubiere ejercido alguna facultad o atribución en favor del solicitante.

Artículo 26.-

Los servicios y atribuciones de los títulos V y VI de esta ley se sujetarán a los procedimientos establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, dicho reglamento regulará los antecedentes y la documentación mínima que deberán presentar los contribuyentes para efectos de hacer procedente la prestación de los servicios.

Artículo 27.-

El ingreso de las solicitudes de prestación de servicio, formularios, documentación y antecedentes se realizará mediante la plataforma virtual que habilitará la Defensoría al efecto.

Excepcionalmente, los contribuyentes que carezcan de los medios tecnológicos suficientes para acceder a la plataforma virtual, podrán solicitar los servicios y presentar la documentación o antecedentes en forma presencial y en formato papel. En este caso, los contribuyentes que tengan domicilio fuera de la Región Metropolitana podrán presentar las solicitudes de servicio o documentación a través de las Delegaciones Presidenciales Regionales o Provinciales que correspondan. Para dichos efectos, el Delegado Presidencial Regional o Provincial deberá designar a un funcionario encargado de remitir las solicitudes y antecedentes a la Unidad Regional de la Defensoría.

Artículo 28.-

Las comunicaciones que deban realizarse a los contribuyentes en el marco de la prestación de los servicios, se efectuarán a través del correo electrónico indicado por el contribuyente en la solicitud de servicios. Excepcionalmente, cuando el contribuyente manifieste expresamente no tener acceso a medios tecnológicos, la comunicación podrá realizarse mediante carta certificada.

Las comunicaciones entre la Defensoría y el Servicio de Impuestos Internos se realizarán por correo electrónico.

Los contribuyentes se comunicarán con la Defensoría a través del correo electrónico que se les indique al momento de requerir los servicios, o en su defecto, mediante su comparecencia personal. En tal caso, el funcionario respectivo registrará la asistencia y el motivo de la misma.

Artículo 29.-

Los funcionarios de la Defensoría no podrán divulgar, en forma alguna, la información o datos de los contribuyentes a los que tuvieren acceso en el ejercicio de sus labores, ni permitir que esta información o datos sean conocidos por persona alguna ajena a la Defensoría.

El incumplimiento esta obligación será considerada una falta grave para efectos administrativos.

La obligación de mantener reserva se mantendrá incluso después de haber hecho abandono de sus funciones. De esta forma, los ex funcionarios serán responsables de todo daño que la vulneración de la reserva provocare a terceros. Si la vulneración se hubiere producido a cambio de un pago, recompensa o promesa, a la sanción del daño se adicionará una multa equivalente al 300 por ciento del monto a que ascendiere uno u otras. En los mismos términos señalados serán sancionadas las personas o entidades que directamente participen en actos destinados a trasgredir la obligación establecida en este artículo.

Artículo 30.-

Los funcionarios de la Defensoría deberán informar inmediatamente a sus superiores cuando en el ejercicio de sus funciones tomaren conocimiento de hechos que pudieren ser constitutivos de delito o dar lugar a responsabilidad civil o administrativa.

Cuando fuere procedente, el Defensor denunciará a la autoridad correspondiente los hechos del inciso anterior.

Artículo 31.-

Se encontrarán inhabilitados para conocer o prestar algunos de los servicios establecidos en esta ley los miembros del consejo y los funcionarios que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a)Tener interés personal en el asunto de que se trate, o tener litigio pendiente con el contribuyente, sus representantes, socios, accionistas o directores;

b)Tener relación de parentesco por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado con el contribuyente, sus representantes, socios, accionistas o directores;

c)Haber prestado asesoría profesional de cualquier naturaleza al contribuyente, sus representantes, socios, accionistas o directores, en los últimos dos años calendarios;

d)Tener relación de amistad o enemistad manifiesta con el contribuyente, sus representantes, socios, accionistas o directores; o

e)Haber actuado en los últimos dos años calendarios como representante del Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Nacional de Aduanas en un litigio llevado en contra del contribuyente, sus representantes, socios, accionistas o directores.

Los funcionarios o contribuyentes que constaten la concurrencia de alguna de las causales de inhabilidad señaladas deberán seguir el procedimiento establecido en el artículo 12 de la ley Nº 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Artículo 32.-

Se declarará improcedente cualquier solicitud de servicios cuando, a juicio de la Defensoría, no existieren antecedentes o fundamentos jurídicos suficientes para cumplir sus fines propios.

Artículo 33.-

La Defensoría no podrá prestar servicios a contribuyentes que estén formalizados o acusados por delito tributario conforme al Código Procesal Penal, o a contribuyentes que hubieren sido condenados por este tipo de delitos, mientras cumplan su pena.

Artículo 34.-

Serán causales de terminación de los servicios las siguientes:

a)Manifestación expresa por parte del contribuyente de no querer continuar con los servicios;

b)Presentación por parte del contribuyente de antecedentes, documentación o información falsa o adulterada;

c)Incumplimiento en la entrega por parte del contribuyente de los antecedentes requeridos en el plazo que corresponda;

d)No concurrencia del contribuyente a entrevista o audiencia, luego de tres citaciones;

e)Las demás que se señalen en las resoluciones de carácter general dictadas por el Defensor, previa opinión por parte del Consejo.

Artículo 35.-

Los servicios prestados por la Defensoría no tienen la naturaleza de recurso administrativo. Asimismo, los actos emitidos por la Defensoría no crean derechos ni extinguen obligaciones respecto de los contribuyentes.

Artículo 36.-

Los plazos establecidos en esta ley serán de días hábiles, en los términos dispuestos en el artículo 25 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Artículo 37.-

Las entrevistas personales establecidas en esta ley podrán llevarse a cabo por medios tecnológicos que permitan una comunicación directa e instantánea con los contribuyentes.

Título V

Servicios prestados por la Defensoría

Párrafo I: Orientación

Artículo 38.-

Los contribuyentes podrán solicitar a la Defensoría orientación respecto de cualquier acto, hecho u omisión del Servicio de Impuestos Internos que vulnere o desconozca la ley o los derechos de los contribuyentes. Asimismo, los contribuyentes podrán solicitar orientación respecto de la forma en que deben dar cumplimiento a los requerimientos del Servicio de Impuestos Internos.

La orientación consistirá en entregar al contribuyente la información y ayuda necesaria para permitirle una adecuada comprensión del problema, y presentarle una propuesta con las posibles vías de acción y los pasos a seguir para dar solución al problema o cumplir los requerimientos de la autoridad.

Artículo 39.-

Recibida la solicitud de servicio de asesoría y la documentación mínima, el funcionario encargado deberá realizar una revisión preliminar de los antecedentes y emitir un informe declarando la procedencia o no del servicio, en los términos establecidos en el reglamento.

Si el servicio es procedente, el funcionario procederá a emitir en el plazo de cinco días un informe con propuestas de solución, indicando, cuando proceda, las facultades que podrá ejercer o los servicios que podrá prestar la Defensoría.

Notificado el informe, el contribuyente tendrá un plazo de tres días para manifestar su interés en que la Defensoría preste sus servicios o ejerza sus facultades, en los casos que procedan. Transcurrido el plazo anterior sin respuesta del contribuyente, se tendrá por terminado el servicio.

Artículo 40.-

El funcionario a cargo de la orientación estará facultado para citar al contribuyente en cualquier momento con el objeto de otorgarle ayuda.

Párrafo II: Queja

Artículo 41.-

La queja tendrá por objeto: i) poner en conocimiento de la Defensoría la existencia de un acto administrativo, una acción u omisión de un funcionario del Servicio de Impuestos Internos que se estima vulnera la ley o los derechos de un contribuyente, ii) solicitar se lleven a cabo las investigaciones necesarias para acreditar la efectividad de los actos indicados, y iii) requerir a la Defensoría la proposición de medidas para resguardar la ley y los derechos de los contribuyentes o la emisión de una recomendación, cuando corresponda.

Artículo 42.-

Recibida la solicitud de servicio de queja y la documentación mínima, el funcionario encargado deberá realizar una revisión preliminar de los antecedentes y emitir un informe declarando la procedencia o no de la queja, en los términos establecidos en el reglamento.

En la solicitud de servicio, los contribuyentes deberán identificar el acto administrativo, acción u omisión objeto de la queja, describiendo de forma concreta y detallada la manera en que este vulnera la ley o sus derechos como contribuyente.

Artículo 43.-

El informe que declara procedente la queja será puesto en conocimiento del funcionario del Servicio de Impuestos Internos sujeto de la queja, quien deberá emitir un informe de respuesta en que exponga los fundamentos jurídicos y de hecho que dieron lugar al acto cuestionado, dentro del plazo de cinco días. El referido funcionario podrá acompañar al informe de respuesta toda la documentación o antecedentes que estime pertinentes.

Artículo 44.-

La Defensoría podrá instruir, dentro del plazo de cinco días desde la recepción del informe de respuesta, las acciones de carácter investigativas que estime convenientes para la acreditación de los hechos objeto de la queja.

En el ejercicio de esta facultad investigativa, la Defensoría podrá requerir a cualquier organismo o servicio público para que entregue antecedentes que permitan esclarecer los hechos de la queja.

Las facultades investigativas señaladas en este u otros artículos de la presente ley, no otorgan a la Defensoría la calidad de ente fiscalizador.

Artículo 45.-

Durante todo el procedimiento, la Defensoría podrá citar al contribuyente y solicitar la asistencia del funcionario del Servicio de Impuestos Internos sujeto de la queja, para efectos de acordar, en conjunto, mecanismos de resolución del conflicto.

Artículo 46.-

Recibido el informe de respuesta o concluidas las acciones de investigación, la Defensoría deberá emitir una recomendación pronunciándose sobre la queja interpuesta.

En la recomendación, la Defensoría deberá exponer todos los antecedentes que le permitan concluir, de manera fundada, si se han vulnerado o no la ley o los derechos del contribuyente.

Cuando la recomendación concluya la existencia de una vulneración, la Defensoría deberá señalar las medidas que considera deben ser adoptadas por la autoridad para resguardar la ley o los derechos del contribuyente.

Artículo 47.-

Las recomendaciones de la Defensoría se referirán a casos concretos y no serán vinculantes para los funcionarios, ni para el Servicio de Impuestos Internos.

Asimismo, la recomendación no tendrá efecto alguno sobre los actos cuestionados y no podrá aplicarse por analogía a otros casos.

Artículo 48.-

La recomendación dictada en conformidad al artículo 46 deberá ser notificada al funcionario sujeto de la queja, quien, dentro del plazo de cuatro días desde la notificación, deberá manifestar si acepta o rechaza las medidas propuestas, ya sea total o parcialmente.

En el evento de aceptar las medidas propuestas, el funcionario o la autoridad correspondiente deberá acreditar a la Defensoría la adopción de las mismas dentro del plazo de diez días.

Artículo 49.-

Las recomendaciones dictadas por la Defensoría deberán ser publicadas en su página web en forma resumida, incluyendo los hechos esenciales para su adecuado entendimiento y los fundamentos de derecho que la sustentan, además del contenido que determine el Defensor mediante resolución general, previa opinión del Consejo.

En aquellos casos en que el Defensor califique una vulneración como grave, reiterada o potencialmente aplicable a un número considerable de contribuyentes, la recomendación deberá publicarse en el Diario Oficial u otro medio de comunicación de amplia difusión, según se determine por resolución general.

No podrán ser publicadas aquellas recomendaciones cuyas medidas hayan sido aceptadas por el funcionario sujeto de la queja o por la autoridad correspondiente, y se haya acreditado a la Defensoría la adopción de las mismas dentro del plazo legal.

Párrafo III: Mediación

Artículo 50.-

Sujeto al cumplimiento de lo establecido en el artículo 25, los contribuyentes podrán solicitar a la Defensoría que promueva un procedimiento de mediación destinado a resolver de manera no adversarial y extrajudicial los conflictos que mantengan con el Servicio de Impuestos Internos.

La Defensoría no se encontrará obligada a prestar el servicio en aquellos casos en que estime que no existen antecedentes o fundamentos de hecho y derecho que sean suficientes para justificar su intervención.

Artículo 51.-

La mediación procederá cuando el contribuyente estuviere en desacuerdo con la calificación jurídica o de hecho de los elementos contenidos en los actos emitidos por el Servicio de Impuestos Internos durante un procedimiento de fiscalización, en la totalidad o parte de los elementos de una liquidación, giro o resolución, que incidan en el pago de impuestos, o en los elementos que sirven de base para determinarlo.

Artículo 52.-

El procedimiento de mediación será flexible, sin mayores formalismos, y se basará en la comunicación directa entre las partes.

La Defensoría deberá actuar en el procedimiento de mediación presumiendo la buena fe de las partes.

Artículo 53.-

La mediación no podrá durar más de treinta días contados desde la primera audiencia llevada a cabo. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo anterior podrá aumentarse en diez días previo acuerdo de las partes.

Transcurrido el plazo del inciso anterior sin haberse llegado a acuerdo, la mediación deberá declararse frustrada. Asimismo, se declarará frustrada en el evento de que una de las partes manifieste, en cualquier momento, su rechazo a seguir en el procedimiento o a llegar a acuerdo.

La declaración de mediación frustrada se efectuará por resolución. En ella, la Defensoría podrá señalar fundadamente si estima que el rechazo de la autoridad a llegar a acuerdo puede motivar la vulneración de la ley o de los derechos del contribuyente. En todo caso, los informes y propuestas de la Defensoría podrán constituir antecedentes para un eventual reclamo tributario.

Artículo 54.-

La solicitud de servicio de mediación podrá presentarse en cualquier momento, desde la fecha de la notificación o solicitud de antecedentes, y siempre que no se hubiere interpuesto el recurso de reclamación establecido en el artículo 124 del Código Tributario.

En el evento que el servicio de mediación se solicite encontrándose pendiente el recurso de reposición administrativa establecido en el artículo 123 bis del Código Tributario, se entenderá que el procedimiento de mediación suplirá la audiencia descrita en la letra e) de la disposición señalada, siempre que ésta no se hubiere llevado a cabo previamente.

Artículo 55.-

Recibida la solicitud de servicio de mediación y la documentación mínima, el funcionario encargado deberá realizar una revisión preliminar de los antecedentes en los términos establecidos en el reglamento.

Declarado procedente el servicio, el funcionario deberá elaborar una propuesta de acuerdo en base a los antecedentes presentados por el contribuyente, indicando los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la propuesta.

La propuesta anterior deberá ser comunicada a la brevedad al Servicio de Impuestos Internos, citando a las partes a una o más audiencias de mediación.

El Servicio de Impuestos Internos deberá participar, a lo menos, en la primera audiencia de mediación. En ella, el funcionario de la Defensoría deberá informar a las partes acerca de los objetivos de la mediación, sus etapas y la voluntariedad y efectos jurídicos de los acuerdos promovidos en el procedimiento.

Artículo 56.-

El Director Regional del Servicio de Impuestos Internos que corresponda deberá designar un abogado para que represente al referido Servicio en el procedimiento de mediación. El Director Regional deberá regular mediante resolución fundada los criterios generales para la proposición, negociación y aceptación de bases de acuerdo.

Artículo 57.-

En las audiencias, la Defensoría deberá instar a las partes a llegar a acuerdo, sin perjuicio de su facultad de proponer bases para el mismo. La Defensoría promoverá durante el procedimiento de mediación la condonación de los intereses y multas que fueren aplicables al contribuyente en conformidad con las políticas de condonación fijadas por el Ministerio de Hacienda de acuerdo al artículo 207 del Código Tributario.

El procedimiento de mediación no suspenderá, en ningún caso, los plazos establecidos en el Código Tributario.

Artículo 58.-

Si las partes llegan a acuerdo, la Defensoría levantará un acta con los puntos esenciales del mismo y procederá a elaborar un proyecto de transacción que notificará a las partes para su aprobación.

Notificado el proyecto de transacción, se iniciará un procedimiento de comentarios y observaciones con el objeto obtener un proyecto de transacción definitivo elaborado por la Defensoría, pero aprobado en su totalidad por el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos.

Obtenida la aprobación definitiva del proyecto de transacción, la Defensoría citará a las partes para proceder a su celebración ante el Defensor en calidad de ministro de fe.

La transacción celebrada en conformidad a este artículo será confidencial, tendrá la calidad de instrumento público para todos los efectos legales y sólo se aplicará al caso concreto.

Artículo 59.-

La transacción celebrada en conformidad con este título tendrá efecto de cosa juzgada.

Título VI

Otros servicios y atribuciones

Párrafo I: Solicitud de opinión técnica

Artículo 60.-

La Defensoría podrá, previa solicitud de un contribuyente, entregar su opinión técnica respecto de la aplicación de una o más normas tributarias a un caso particular controvertido por el Servicio de Impuestos Internos, contenido en una liquidación, giro o resolución, o en cualquier otro acto administrativo.

Las opiniones emitidas por la Defensoría podrán ser admisibles como antecedentes en procedimientos administrativos y judiciales.

Artículo 61.-

Solicitada una opinión técnica, la Defensoría publicará en su página web una referencia general sobre su materia, la fecha de su presentación, su estado de tramitación y la fecha de resolución.

Artículo 62.-

Los criterios contenidos en la opinión técnica de la Defensoría tendrán carácter no vinculante y no afectarán la validez de los actos administrativos sometido a su conocimiento mediante este servicio.

Artículo 63.-

Las opiniones emitidas por la Defensoría serán publicadas en la página web, prohibiéndose el divulgar información de carácter confidencial, según se determine mediante resolución general.

Párrafo II: Informes sobre problemas que vulneren o pongan en riesgo la aplicación de la ley y los derechos de los contribuyentes

Artículo 64.-

La Defensoría podrá realizar investigaciones y estudios destinados a detectar problemas generales del ordenamiento tributario que afecten a grupos o segmentos de contribuyentes, regiones, industrias u otros, que vulneren o pongan en riesgo la aplicación de la ley o los derechos de los contribuyentes.

Artículo 65.-

La Defensoría podrá iniciar las investigaciones relacionadas con la queja o las materias propias de su competencia, de oficio o a petición de cualquier persona o entidad interesada.

El procedimiento de investigación tendrá un carácter informal, pudiendo realizarse todo tipo de actividades investigativas.

Podrán convocarse reuniones o mesas de trabajo destinadas a identificar y discutir los problemas que puedan afectar a un grupo, sector o a la generalidad de contribuyentes. A dichas reuniones podrá invitarse a representantes de contribuyentes, académicos, autoridades, universidades, colegios técnicos, asociaciones gremiales, y cualquier otro interesado.

Artículo 66.-

Conforme a lo indicado en el artículo 64, si se detectan uno o más problemas cuyo origen sean actos, prácticas o criterios del Servicio de Impuestos Internos, la Defensoría deberá solicitar a éste último un informe con los fundamentos legales y de hecho que motivan dichas prácticas.

El Servicio de Impuestos Internos deberá evacuar el informe referido dentro del plazo de cinco días contado desde la comunicación del inciso anterior.

Artículo 67.-

Concluida la investigación e identificado el problema, la Defensoría podrá convocar a las autoridades correspondientes a reuniones voluntarias destinadas a evaluar alternativas de solución.

Si en las reuniones señaladas en el inciso anterior se adoptan acuerdos de solución, la Defensoría deberá publicar un comunicado en su página web dando cuenta del problema identificado, los compromisos adoptados por las autoridades y los plazos propuestos para ello.

Artículo 68.-

Si en las reuniones señaladas en el artículo anterior no se llega a acuerdo, la Defensoría podrá emitir un informe público proponiendo las medidas para dar solución al problema.

Si la autoridad del Servicio de Impuestos Internos que corresponda rechaza las medidas, esta deberá indicar fundadamente las consideraciones de hecho y de derecho que motivan su decisión.

La Defensoría podrá publicar el informe y la comunicación establecida en este artículo, los que podrán ser presentados como antecedentes en los procedimientos administrativos y judiciales que correspondan.

Párrafo III: Propuestas de modificación de normativa tributaria

Artículo 69.-

La Defensoría podrá, por propia iniciativa o a petición de cualquier persona o entidad interesada, informar al Ministerio de Hacienda propuestas de modificación a las normas de tributación fiscal interna, destinadas a solucionar problemas generales del ordenamiento tributario o asegurar la protección de los derechos de los contribuyentes.

Las propuestas de modificación deberán estar respaldadas por un informe de la Defensoría, el que tendrá carácter público.

El informe deberá contener un análisis jurídico detallado del problema identificado y la forma en que la modificación legal propuesta da respuesta al mismo.

Párrafo IV: Opiniones técnicas sobre la regulación administrativa

Artículo 70.-

La Defensoría podrá emitir opiniones técnicas sobre las instrucciones de carácter no públicas que regulan procedimientos y programas internos de actuación del Servicio de Impuestos Internos, cuando estime que estos pueden vulneran los derechos de los contribuyentes.

La Defensoría podrá tomar conocimiento de las instrucciones del inciso primero ya sea mediante el ejercicio de las facultades señaladas en esta ley o mediante presentaciones de los contribuyentes.

Artículo 71.-

Para estos efectos, la Defensoría dictará un informe en el que señalará fundadamente los motivos por los cuales se estima que las instrucciones pueden vulneran los derechos de los contribuyentes, incorporando una propuesta de modificación de las instrucciones. El informe y la propuesta deberán ponerse en conocimiento de la autoridad correspondiente del Servicio de Impuestos Internos.

El Servicio de Impuestos Internos deberá manifestar su opinión sobre la propuesta dentro del plazo de cinco días desde su notificación. En caso de aceptar la propuesta, deberá indicar el plazo en el que llevará a cabo las modificaciones.

La Defensoría podrá invitar a la autoridad tributaria a reuniones destinadas a discutir la opinión técnica emitida y las propuestas realizadas.

Artículo 72.-

Si la autoridad tributaria no efectúa la comunicación del artículo anterior en el plazo establecido, rechaza la propuesta o aceptándola no la lleva acabo en el plazo comprometido, la Defensoría podrá dictar una recomendación en los términos establecidos en el párrafo II del título V de esta ley.

Párrafo V: Opiniones técnicas sobre la normativa tributaria

Artículo 73.-

La Defensoría podrá emitir opiniones técnicas sobre la normativa tributaria previa solicitud del Director del Servicio de Impuestos Internos o del Ministro de Hacienda.

La opinión que se emita en ejercicio de esta facultad no tendrá efecto vinculante y será publicada en la página web de la Defensoría.

Párrafo VI: Reuniones con el Servicio de Impuestos Internos

Artículo 74.-

La Defensoría deberá celebrar reuniones periódicas con las autoridades del Servicio de Impuestos Internos para cumplir con los fines establecidos en la letra o) del artículo 4 de esta ley.

Artículo 75.-

Podrán participar en las reuniones, previa autorización o convocatoria por parte de la Defensoría o el Servicio de Impuestos Internos, representantes de contribuyentes, colegios técnicos, universidades, asociaciones de consumidores, asociaciones gremiales, sindicatos, y otros grupos de contribuyentes.

Artículo 76.-

Las reuniones podrán ser de carácter ordinario o extraordinario.

Las reuniones de carácter ordinario deberán ser celebradas en forma trimestral, de acuerdo con el calendario de reuniones aprobado anualmente por la Defensoría y el Servicio de Impuestos Internos.

Por su parte, las reuniones extraordinarias podrán tener lugar en cualquier tiempo, previo acuerdo de la Defensoría y el Servicio de Impuestos Internos, y siempre que a su juicio existan circunstancias que afecten gravemente los derechos de los contribuyentes.

Artículo 77.-

La Defensoría determinará en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos los temas a tratar en cada una de las reuniones. Por su parte, los contribuyentes podrán proponer a la Defensoría materias de discusión y análisis, quien podrá considerarlas para efectos de la elaboración de la tabla.

Artículo 78.-

El Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos podrá asistir a las reuniones citadas por la Defensoría personalmente o nombrando a un reemplazante en aquellos casos en que se encuentre impedido de asistir.

La Defensoría podrá solicitar la participación voluntaria de funcionarios determinados en atención a los temas que se tratarán en la reunión.

Artículo 79.-

En cada reunión se levantará un acta con los puntos tratados, las opiniones de los intervinientes y los acuerdos adoptados.

Las actas del inciso anterior serán publicadas en la página web de la Defensoría.

Párrafo VII: Solicitud de aclaración

Artículo 80.-

La Defensoría podrá, de oficio o a petición de cualquier persona o entidad interesada, solicitar al Servicio de Impuestos Internos la emisión de un informe aclaratorio en que señale la interpretación administrativa vigente, cuando constate la existencia de dos o más oficios con criterios no coincidentes sobre una materia y siempre que la autoridad tributaria no hubiese declarado expresamente el cambio de criterio.

Artículo 81.-

La Defensoría elaborará una solicitud en la que se indicarán los oficios con criterios diferentes y los fundamentos legales que justifican la necesidad de una aclaración.

El Servicio de Impuestos Internos deberá emitir un informe aclaratorio dentro del plazo de diez días desde la notificación de la solicitud, identificando cual es la interpretación administrativa vigente y el oficio en que esta se encuentra contenida.

Artículo 82.-

La solicitud de aclaración y el informe del Servicio de Impuestos Internos deberán ser publicados en la página web de la Defensoría.”.

ARTÍCULO 29, NUEVO

52)Para incorporar el siguiente artículo 29 nuevo:

“Artículo 29.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1° de la ley N° 20.732, que rebaja el impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente:

a)Sustitúyese en el inciso primero la frase “En caso que el importe de la tercera y cuarta cuota de impuesto territorial de un año y de la primera y segunda cuota de dicho impuesto del año siguiente, todas correspondientes a una propiedad no agrícola con destino habitacional, sea superior al cinco por ciento de los ingresos anuales del contribuyente de dicho impuesto del año anterior al año de la tercera y cuarta cuota aludidas, el importe referido será disminuido de forma tal que sea equivalente a dicho cinco por ciento, siempre que, además, se cumplan los siguientes requisitos copulativos:” por la siguiente frase, que pasa a ser el inciso primero del artículo:

“En caso que se cumplan los requisitos establecidos en el inciso siguiente, el monto del impuesto territorial correspondiente a la suma del valor de las cuotas tercera y cuarta del impuesto territorial del segundo semestre de un año y primera y segunda del primer semestre del año siguiente será disminuido a la cantidad menor determinada entre el cincuenta por ciento de la suma de dichas cuotas de impuesto territorial y el cinco por ciento de los ingresos anuales del contribuyente de dicho impuesto. Para efectos de calcular la cantidad que corresponde al límite del cinco por ciento de los ingresos anuales del contribuyente se considerarán los ingresos al cierre del año calendario anterior al que correspondan las cuotas terceras y cuarta indicadas, en su equivalente a la unidad tributaria anual del mes de diciembre de dicho año”.

b)Antes del numeral 1.-, intercálase un nuevo enunciado pasando a ser parte de un nuevo inciso segundo, y el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“El beneficio establecido en el inciso anterior se aplicará respecto de un inmueble no agrícola con destino habitacional, siempre que se cumplan los siguientes requisitos copulativos:”.

c)Sustitúyese el numeral 5.- del actual inciso primero que pasó a ser segundo, por el siguiente:

“5.-Que el avalúo fiscal vigente del inmueble en el semestre en que se realiza el cobro del impuesto territorial y se invoca el beneficio, no exceda de la cantidad de ciento veintiocho millones de pesos, al 1° de julio de 2018, cantidad que se reajustará semestralmente a contar del 1° de enero de 2019, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9º de la ley Nº 17.235. En forma adicional a ese reajuste, cada vez que se practique un reavalúo de bienes inmuebles no agrícolas con destino habitacional de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo tercero de la ley N° 17.235, dicha cantidad se reajustará en la misma proporción en que varíen en promedio los avalúos fiscales de dichos inmuebles. En caso que el contribuyente sea propietario de más de un inmueble que califique para el beneficio, éste se aplicará al que tenga el avalúo fiscal mayor.”.

d)Reemplázase en el numeral 6 del actual inciso primero que pasó a ser segundo, la frase “no exceda de cien millones de pesos” por la siguiente “no exceda de la cantidad de ciento setenta y un millones de pesos al 1° de julio de 2018”, y luego de la oración “reajustada en la misma forma” y antes de la coma, agregase la oración “establecida en el número 5 anterior”.

e)Agrégase antes del inciso final, el siguiente inciso octavo nuevo:

“Cada vez que se realice un proceso de reavalúo de bienes inmuebles no agrícolas con destino habitacional de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo tercero de la ley N° 17.235, el Servicio de Impuestos Internos deberá publicar en el Diario Oficial el porcentaje de variación promedio de los avalúos fiscales de dichos inmuebles. Esta publicación deberá realizarse dentro del mes siguiente de la realización del respectivo proceso de reavalúo fiscal.”.

ARTÍCULO 30, NUEVO

53)Para agregar el siguiente artículo 30, nuevo:

“Artículo 30.- Agrégase a la letra B) del párrafo I del Cuadro Anexo, Nómina de Exenciones al Impuesto Territorial de la ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial, el numeral 21 nuevo:

“21) Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores calificados mediante decreto por el Ministerio de Hacienda, que atiendan principalmente a personas vulnerables y dependientes, conforme a la certificación otorgada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en la parte destinada a atender a dichas personas, siempre que los establecimientos no generen rentas por actividades distintas al objetivo señalado y cuyo administrador sea una persona jurídica sin fines de lucro, propietaria del inmueble o que lo ocupe a título gratuito.

En caso que, concedida la exención, el Servicio de Impuestos Internos constate y declare fundadamente el incumplimiento de los requisitos señalados, podrá dejar sin efecto la exención, y girar los impuestos que corresponda por el o los años en que se verificó el incumplimiento.”.”.

ARTÍCULO 31, NUEVO

54)Para agregar el siguiente artículo 31, nuevo:

“Artículo 31.- Modifícase la exención del impuesto territorial a predios forestales, de la siguiente forma:

a)Reemplázase el inciso primero del artículo 13 del decreto ley N° 2565, de 1979, que sustituye el Decreto Ley N°701, de 1974, que somete los terrenos forestales a las disposiciones que señala, por el siguiente:

“Los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal que cuenten con bosques nativos, estarán exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas.”.

b)Derógase el artículo 4° transitorio de la Ley N°19.561.”.

ARTÍCULO 32, NUEVO

55)Para agregar el siguiente artículo 32, nuevo:

“Artículo 32.- Modifícae el artículo 24 del decreto N° 2.385 del Ministerio del Interior, de 1996, que fija texto refundido y sistematizado del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales:

a)Agrégase en el inciso quinto, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la frase “No obstante lo anterior, los contribuyentes obligados a determinar un capital propio tributario simplificado conforme con el artículo 14 letra D), en su número 3 letra (j) y su número 8 letra (a) número (vii), de la ley sobre impuesto a la renta, contenida en el decreto ley N° 824 de 1974, pagarán su patente en base a dicho capital propio, según lo señalado en los incisos anteriores.”.

b)Sustitúyese en el inciso sexto la frase “refiere el inciso segundo” por “refieren los incisos segundo y quinto”.”.

ARTÍCULO 33, NUEVO

56)Para agregar el siguiente artículo 33, nuevo:

“Artículo 33.- Establécese la siguiente contribución para el desarrollo regional.

Artículo 1°

. Del contribuyente y el hecho gravado. Los contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa pagarán, por una única vez, una contribución para el desarrollo regional respecto de los proyectos de inversión que se ejecuten en Chile y, copulativamente, cumplan los siguientes requisitos:

a)Que comprendan la adquisición, construcción o importación de bienes físicos del activo inmovilizado por un valor total igual o superior a diez millones de dólares, considerando el tipo de cambio de la fecha de adquisición de cada activo inmovilizado que forme parte del proyecto de inversión. Se considerará como bienes físicos del activo inmovilizado del proyecto de inversión aquellos que se destinen al proyecto de inversión en virtud de un contrato de arriendo con opción de compra. En todos estos casos, se considerará, para el solo efecto de esta norma, el valor total del contrato a la fecha de su suscripción.

b)Que deban someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente y su reglamento.

Para estos efectos, se entenderá que conforman un mismo proyecto de inversión el conjunto de estructuras e instalaciones donde se localizan los bienes físicos del activo inmovilizado que, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, constituyen una unidad coherente comercial y geográficamente.

Se entiende que el proyecto de inversión constituye una unidad coherente comercial y geográficamente cuando, entre otras circunstancias, las estructuras e instalaciones comparten un área geográfica delimitada, y se encuentran próximas físicamente para funciones complementarias, o están destinadas a ejecutar un mismo contrato u operación.

Estarán exentos de la contribución para el desarrollo regional aquellos proyectos de inversión destinados exclusivamente al desarrollo de actividades de salud, educacionales, científicas, de investigación o desarrollo tecnológico, y de construcción de viviendas y oficinas. Para el otorgamiento de esta exención, el contribuyente deberá presentar una solicitud ante el Ministerio de Hacienda, la cual será tramitada y resuelta conforme lo dispuesto en el numeral 10 de la Letra B del artículo 12 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el decreto ley N° 825, de 1974. Facúltase al Ministerio de Hacienda para que, mediante decreto supremo, precise las características de los proyectos de inversión a que se refiere este inciso, así como la forma y procedimiento en que deberán presentarse los antecedentes que deban acompañarse para efectuar el análisis de la solicitud de exención.

Artículo 2°

. Tasa y base imponible. La contribución tendrá una tasa del 1%, la cual será aplicada sobre el valor de adquisición de todos los bienes físicos del activo inmovilizado que comprenda un mismo proyecto de inversión, pero sólo en la parte que exceda la suma de diez millones de dólares. Para estos efectos, el valor de adquisición de los bienes físicos del activo inmovilizado será convertido al tipo de cambio vigente a la fecha de la factura del proveedor. Tratándose de bienes importados, se considerará su valor CIF según tipo de cambio vigente a la fecha de la factura del proveedor extranjero, los derechos de internación y gastos de desaduanamiento.

En caso que el proyecto se ejecute en varias etapas, la contribución se aplicará de la forma establecida en el inciso anterior una vez que, en cualquiera de las etapas, se iguale o supere la suma de diez millones de dólares, considerando para estos efectos la totalidad de los bienes físicos del activo inmovilizado adquiridos para la realización del proyecto de inversión. Una vez alcanzado o superado este monto, la tasa se aplicará exclusivamente sobre el valor de los bienes físicos del activo inmovilizado que se vayan adquiriendo en cada nueva etapa y que tengan por objeto ampliar el proyecto de inversión.

Tratándose de proyectos de inversión en que, bajo cualquier forma contractual, participen distintos contribuyentes, el valor total del proyecto, para los efectos de lo dispuesto en la letra b) del artículo 1° y el cálculo de la base imponible, se determinará sumando el valor de adquisición de todos los bienes físicos del activo inmovilizado comprendidos en un mismo proyecto de inversión. En estos casos, la contribución se prorrateará entre cada uno de los contribuyentes de acuerdo a la proporción que les corresponda entre el valor de adquisición de los bienes físicos del activo inmovilizado respecto de cada contribuyente y el valor de adquisición del total de los bienes físicos del activo inmovilizado comprendidos en el proyecto de inversión. El Servicio de Impuestos Internos podrá requerir información, en la forma y plazo que establezca mediante resolución, para determinar el valor de adquisición de los bienes físicos del activo inmovilizado respecto de cada contribuyente.

El mero reemplazo o reposición de bienes físicos del activo inmovilizado comprendidos en un proyecto de inversión no devengará contribución alguna, salvo que importe una ampliación del proyecto que deba someterse a un nuevo proceso de calificación ambiental, en cuyo caso se aplicarán las reglas precedentes.

Artículo 3°

. Devengo. La contribución se devengará en el primer ejercicio en que el proyecto genere ingresos operacionales, sin considerar la depreciación, siempre que se haya obtenido la recepción definitiva de obras por parte de la respectiva Dirección de Obras Municipales, o en caso de que la referida recepción no sea aplicable al proyecto, que se haya informado a la Superintendencia del Medio Ambiente de la gestión, acto o faena mínima del proyecto o actividad que dé cuenta del inicio de su ejecución, conforme a lo estipulado en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental y el artículo 25 ter de la ley N° 19.300.

El Servicio de Impuestos Internos podrá requerir información, en la forma y plazo que establezca mediante resolución, para determinar los ingresos operacionales asociados a cada proyecto de inversión de manera separada.

Artículo 4°

. Declaración y pago. La contribución deberá ser declarada y pagada en la Tesorería General de la República, en las oficinas bancarias autorizadas por el Servicio de Tesorerías o mediante cualquier medio electrónico, en abril del ejercicio siguiente al devengo de la contribución, junto con la declaración anual de impuesto a la renta.

Sin perjuicio de lo anterior, el contribuyente podrá convertir el valor de la contribución en unidades tributarias mensuales y dividirla en cinco cuotas anuales y sucesivas, pagando la primera cuota en la forma y plazo indicado en el inciso precedente y las cuotas restantes en los sucesivos años tributarios junto con la declaración anual de impuesto a la renta.

Para los efectos de la conversión a que se refiere el inciso procedente se estará al valor de la unidad tributaria mensual en que deba pagarse la primera cuota. Las cuotas restantes, expresadas en unidades tributarias mensuales, se convertirán al valor en pesos que corresponda a cada pago.

Artículo 5°

. Suspensión o término de los pagos. En caso que, por un acto de autoridad, se paralice el proyecto una vez iniciadas sus operaciones, el contribuyente podrá suspender el pago de las cuotas pendientes.

Una vez reiniciadas las operaciones, en el mismo ejercicio o en el inmediatamente siguiente, según corresponda, deberá continuar el pago de las cuotas pendientes.

En caso que se afecte la operación del proyecto por caso fortuito o fuerza mayor, y de forma definitiva, se extinguirá la obligación de pagar las cuotas pendientes.

En cualquier caso, el contribuyente no tendrá derecho a devolución respecto de la contribución o de las cuotas ya pagadas.

Artículo 6°

. Responsabilidad por el pago de la contribución. En caso que, pendiente el pago de las cuotas, el proyecto de inversión sea transferido, transmitido o traspasado, el tercero será solidariamente responsable por el pago de las cuotas pendientes. En el caso de fusiones, transformaciones, divisiones, disoluciones o cualquier otro acto jurídico u operación que implique un cambio total o parcial del titular del proyecto de inversión que originó la obligación de pago de la contribución, la entidad original y la nueva serán solidariamente responsables del pago de las cuotas pendientes.

Artículo 7°

. Entrega de información. La autoridad encargada de notificar las resoluciones, emitir los certificados o dar cuenta de las circunstancias a que se refiere el artículo 3° deberá informar del hecho al Servicio de Impuestos Internos, por medios electrónicos, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la recepción definitiva de obras por parte de la Dirección de Obras Municipal, o en caso de que la referida recepción no sea aplicable al proyecto, desde que se haya informado a la Superintendencia del Medio Ambiente de la gestión, acto o faena mínima del proyecto o actividad que dé cuenta del inicio de su ejecución conforme a lo estipulado en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental y el artículo 25 ter de la ley N° 19.300.

El Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución, determinará la información que permita individualizar debidamente a la empresa que adquirió, construyó o importó los bienes físicos del activo inmovilizado, el proyecto al cual se adscribe y demás datos relevantes.

Artículo 8°

. Normas supletorias y fiscalización de la contribución. En lo no previsto en la presente ley serán aplicables, según corresponda, las disposiciones del Código Tributario.

La aplicación y fiscalización de la contribución, así como la interpretación de las disposiciones de la presente ley, corresponderán al Servicio de Impuestos Internos, pudiendo además impartir instrucciones y dictar órdenes al efecto.

Artículo 9°

. Objeto de la contribución. El monto recaudado ingresará al Tesoro Público para financiar proyectos de inversión y obras de desarrollo local o regional.

Para tal efecto, los montos recaudados podrán distribuirse de la siguiente manera:

a)Hasta una tercera parte podrá destinarse a complementar los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional creado por el decreto ley N° 573, de 1974, bajo la denominación “Fondo de Contribución Regional”; y

b)Hasta dos terceras partes podrán destinarse a las regiones en las cuales los proyectos de inversión afectos se emplacen y ejecuten, bajo la denominación “Fondo de Contribución Regional”. Hasta la mitad de los recursos asignados a cada una de estas regiones deberán ser puestos a disposición de las comunas donde se emplacen los proyectos de inversión que dan origen a las contribuciones pagadas. Estos recursos deberán ser adjudicados en razón de concursos convocados por los Gobiernos Regionales respectivos.

Los criterios específicos de asignación de recursos y los mecanismos para ponerlos a disposición de quienes corresponda se contendrán en un Reglamento emitido por el Ministerio de Hacienda, el que podrá establecer límites a los montos asociados a cada una de las iniciativas de inversión regionales o locales.

Artículo 10

. Tratamiento de la contribución para fines tributarios. Las empresas que paguen la contribución tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% del monto de la contribución o la cuota respectiva, el que se imputará contra el impuesto de primera categoría que corresponda al ejercicio en que se efectúa su pago. El crédito se reajustará en la forma establecida para los pagos provisionales obligatorios de la ley sobre impuesto a la renta a contar de la fecha de pago de la contribución o cuota de ella. Si luego de imputado el crédito resultare un exceso, este no se devolverá ni podrá ser imputado a ningún otro impuesto, pero podrá ser imputado al impuesto de primera categoría de los ejercicios siguientes. El crédito que regula este artículo se imputará con posterioridad a los créditos que sí dan derecho a devolución.

El pago de la contribución para el desarrollo regional no podrá rebajarse como gasto para efectos de la determinación de la renta líquida imponible del contribuyente, pero no estará afecta al artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7°, en el caso de fusiones, transformaciones, divisiones, disoluciones o cualquier otro acto jurídico u operación que implique un cambio del dominio del proyecto de inversión, el crédito de que trata este artículo, y las obligaciones que se hubieren determinado de acuerdo a esta ley, corresponderán al adquirente o sucesor.

Artículo 11

. Prohibiciones y sanciones. Los contribuyentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de alterar el valor del proyecto de inversión en los términos definidos por la presente ley.

Será competencia del Servicio de Impuestos Internos, previa citación al contribuyente e informe de la Superintendencia del Medio Ambiente, determinar la infracción a esta prohibición para liquidar y girar la contribución que corresponda. El retardo u omisión de declaración y pago de la contribución será sancionada con una multa equivalente al diez por ciento de la contribución adeudada, siempre que dicho retardo u omisión no sea superior a 5 meses. Pasado este plazo, la multa se aumentará en un dos por ciento por cada mes o fracción de mes de retardo, con tope del treinta por ciento del valor de la contribución adeudada.”.

ARTÍCULO 34, NUEVO

57)Para agregar el siguiente artículo 34, nuevo:

“Artículo 34.- Reemplázase el artículo 234 de la ley N° 16.840, por el siguiente:

“Artículo 234.- Estarán exentas del impuesto adicional del artículo 59 y 60 de la ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el decreto ley N° 824 de 1974, las cantidades pagadas o abonadas en cuenta por las universidades reconocidas por el Estado, a personas o entidades sin domicilio ni residencia en el país por: i) trabajos técnicos, ii) servicios profesionales o técnicos prestados a través de un consejo, informe o plano, iii) congresos, conferencias o capacitaciones realizadas en Chile y iv) otras prestaciones similares, siempre que se encuentren directamente vinculadas con las actividades docentes que les son propias.”.

AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO

58)Para modificar el artículo trigésimo quinto transitorio, de la siguiente forma:

a)Modifícase el numeral I, de la siguiente forma:

i)Reemplázase en el encabezado, las palabras “dos años” por “un año”.

ii)Reemplázase el guarismo “2.” Que aparece previo a las palabras “Disponer, sin solución de continuidad”, por el guarismo “3.”, pasando a ser el actual 3 a número 4, y así sucesivamente.

iii)Agrégase en el número 3 nuevo, a continuación de las palabras “a la Defensoría” la frase “que voluntariamente decidan postular y sean seleccionados a través del llamado a concurso que se abra al efecto”.

iv)Elimínase el número 7, pasando el actual 8 a ser 7, y así sucesivamente.

b)Elimínase en el numeral V, la frase “y aquellos dispuestos en la presente ley”.

c)Reemplázase en el numeral V, la frase “artículo 24” por “artículo 23”.

d)Agrégase el numeral VI nuevo siguiente:

“Para efectos de lo dispuesto en el artículo 27 del artículo 23 de la presente ley, mientras no sean designados los Delegados Presidenciales Regionales o Provinciales, los contribuyentes que no tengan domicilio en la Región Metropolitana podrán presentar las solicitudes de servicio y documentación a los funcionarios designados por el Intendente o Gobernador.”.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO, NUEVO

59)Para agregar el siguiente artículo trigésimo séptimo, nuevo:

“Artículo trigésimo, séptimo.- “Las modificaciones establecidas en la letra b) del numeral 39 del artículo 2°, se aplicarán respecto de los intereses que se paguen, abonen en cuenta o se pongan a disposición de contribuyentes no domiciliados ni residentes en el país, en virtud de créditos contraídos a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, así como también de aquellos contraídos con anterioridad a esa fecha, cuando con posterioridad a la misma, hayan sido novadas, cedidas, o se modifique el monto del crédito o la tasa de interés.”.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO TRANSITORIO, NUEVO

60)Para agregar el siguiente artículo trigésimo octavo transitorio, nuevo:

“Artículo trigésimo octavo transitorio.- Desde la fecha de publicación de esta ley, se dará inicio a un proceso de fortalecimiento tecnológico y transformación digital del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de dotarlo de herramientas que le permitan ejercer correctamente las atribuciones y facultades establecidas en la ley, y mejorar la asistencia remota a los contribuyentes, fortalecer los mecanismos de fiscalización por medios digitales, potenciar y aumentar la capacidad de análisis y procesamiento de información, agilizar los procedimientos llevados de manera digital y promover la integración tecnológica del Servicio de Impuestos Internos con otros organismos.”

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO, NUEVO

61)Para agregar el siguiente artículo trigésimo noveno transitorio, nuevo:

“Artículo trigésimo noveno transitorio.- La derogación dispuesta en el artículo 31 tendrá efecto a contar del primer día del primer semestre siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, independientemente de la fecha que se otorgaron las exenciones.”.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TRANSITORIO, NUEVO

62)Para agregar el siguiente artículo cuadragésimo transitorio, nuevo:

“Artículo cuadragésimo transitorio. La contribución establecida en el artículo 33 se aplicará a los nuevos proyectos de inversión, definidos en el artículo 1°, introducido por el artículo 33 de la presente ley, cuyo proceso de evaluación de impacto ambiental se inicie a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

En caso que el proceso de evaluación de impacto ambiental, iniciado con posteridad a la entrada en vigencia de la presente ley, recaiga sobre la ampliación de un proyecto de inversión, la suma a que se refiere la letra a) del artículo 1°, inversión, definidos en el artículo 1°, introducido por el artículo 33 de la presente ley, sólo deberá considerar los bienes del activo fijo inmovilizado que comprenda la respectiva ampliación del proyecto de inversión o sus ampliaciones y modificaciones futuras.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIO, NUEVO

63)Para agregar el siguiente artículo artículo cuadragésimo primero, nuevo:

“Artículo cuadragésimo primero transitorio.- A contar del 3° de julio del año 2019, tratándose de una empresa que tenga, directa o indirectamente, propietarios contribuyentes de impuesto global complementario y que todos sus propietarios, directos o indirectos, sean contribuyentes relacionados, el Servicio de Impuestos Internos podrá revisar, conforme con este artículo, las razones comerciales, económicas, financieras, patrimoniales o administrativas para que la distribución anual de utilidades se realice en forma desproporcionada a la participación de los propietarios en el capital de la empresa cuando resulten imputadas al REX proveniente de la declaración y pago del tributo sustitutivo de los impuestos finales contenido en el número 11.- del numeral I.- del artículo tercero transitorio de la ley N° 20.780 y en el artículo primero transitorio de la ley N° 20.899.

Si de la revisión efectuada, el Servicio fundadamente determina que, considerando las circunstancias de la empresa y la de sus propietarios, las distribuciones desproporcionadas carecen de las razones señaladas en el inciso anterior, y sujeto a que la distribución se realice a un contribuyente de impuesto global complementario, se aplicará a la empresa que realiza la distribución, un impuesto único de tasa 25% sobre la parte de la distribución que corresponde al exceso sobre la participación del propietario en el capital, previa citación del artículo 63 del Código Tributario.

Si, en ese caso, en la forma y previo a los trámites señalados, la distribución se realiza a un contribuyente de impuesto de primera categoría, se deberá registrar la utilidad distribuida en exceso en el registro REX señalado en la letra c) del número 2 de la letra A) de este artículo del propietario respectivo, y dicha utilidad quedará, al momento del retiro, distribución o remesa efectiva, sujeta las reglas generales de imputación establecidas en el número 4 de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, contenida en el decreto ley N° 824 de 1974.

Para estos efectos, se entenderán relacionados los cónyuges, convivientes civiles y parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN

Ministro de Hacienda

ANEXO

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA (BOLETÍN N° 12.043-05.)

Santiago, 10 de julio de 2019.

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H.CÁMARA DE DIPUTADOS

N° 115-367/

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esta H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1°

1)Para eliminar en el numeral 47 la palabra “civil”.

2)Para reemplazar el numeral 52, por el siguiente:

“52. Agrégase un artículo 206, nuevo:

“Artículo 206.- La obligación de reserva establecida en el artículo 35 u otras leyes tributarias, se mantendrá respecto de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías incluso después de haber cesado en sus funciones. De esta forma, si un ex funcionario de dichos servicios vulnera la obligación de reserva, se le aplicará una sanción por el daño producido por la vulneración de la reserva, así como una multa equivalente al cien por ciento de cualquier pago, promesa o recompensa que se hubiere recibido a cambio del acto que vulnera la reserva. La sanción y la multa serán aplicables una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero conforme al procedimiento al que se refiere el artículo 161. En los mismos términos señalados y conforme al mismo procedimiento serán sancionadas las personas o entidades que directamente participen en actos destinados a trasgredir la obligación establecida en este artículo.”.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN

Ministro de Hacienda

RETIRA Y FORMULA INDICACIÓN AL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA (BOLETÍN N° 12.043-05.)

Santiago, 17 de julio de 2019.

N° 120-367/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en retirar la proposición contenida en el número 31 del Mensaje 105-367, de fecha 3 de julio de 2019 y en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esta H. Corporación:

AL ARTÍCULO 2°

-Para incorporar un numeral 59, nuevo:

“59.Incorpórase el siguiente artículo 110, nuevo:

“Artículo 110.- Para efectos de lo dispuesto en esta ley, constituirán valores de presencia bursátil aquellos definidos en el artículo 4 bis, letra g), de la ley N° 18.045 de Mercado de Valores.

Sin perjuicio de lo anterior, si la presencia bursátil está dada en virtud de contratos que aseguren la existencia diaria de ofertas de compra y venta de los valores conforme con el párrafo tercero de la letra g) del artículo 4 bis de la ley N° 18.045, el tratamiento del mayor valor como un ingreso no renta según las reglas de este Título VI, requerirá también que se haya celebrado uno o más de dichos contratos que en forma separada o conjunta tengan una vigencia que exceda de un año continuo previo a la fecha de la enajenación del respectivo valor.

El requisito establecido en el inciso anterior no será aplicable durante el plazo de un año contado desde la primera oferta pública de valores que se realice una vez inscrito el emisor o depositado el reglamento en el correspondiente registro de la Comisión para el Mercado Financiero, según corresponda.”.”.

Dios guarde a V.E.,

ANDRÉS CHADWICK PIÑERA

Vicepresidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN

Ministro de Hacienda

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA (BOLETÍN N° 12.043-05.)

Santiago, 7 de agosto de 2019.

N° 142-367/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en retirar las proposiciones contenidas en el N° 32 letra b), N° 47 y Nº 50 del Mensaje 105-367, de fecha 3 de julio de 2019; y en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esta H. Corporación:

AL ARTÍCULO 2º

1)Para modificar el numeral 9 letra d), en el siguiente sentido:

a)Reemplázase en el numeral ii., el párrafo que comienza con el numeral “iv)” hasta el punto final (“.”), por el siguiente:

“iv) El mayor valor que se determine conforme a los literales anteriores, se afectará con impuestos finales, según corresponda.”.

b)Reemplázase en el numeral xiii., la expresión “ii) y iii)” por “ii), iii) y iv)”.

2)Para reemplazar en la letra h) del numeral 13, en el inciso segundo del número 13°, la palabra “menor” por “mayor”.

AL ARTÍCULO 3º

3)Para reemplazar la letra d) del numeral 2, por la siguiente:

“d) Agréganse los siguientes incisos séptimo y octavo, nuevos:

“La Dirección podrá disponer, mediante una o más resoluciones fundadas, que los emisores de tarjetas de pago con provisión de fondos, débito, crédito u otros sistemas de pago análogos retengan el total o una parte de los impuestos contemplados en esta ley, respecto de todo o parte de las operaciones realizadas por prestadores domiciliados o residentes en el extranjero que no se hayan sujetado al régimen de tributación simplificada establecido en el párrafo 7° bis y que se solucionen por su intermedio.

En el caso de ventas de bienes corporales muebles ubicados fuera del territorio nacional, la Dirección podrá autorizar, a solicitud de parte, mediante una o más resoluciones fundadas, que el vendedor o el intermediario retenga y entere en arcas fiscales, en forma anticipada, el impuesto que afectará su importación, cuando dichos bienes tengan por destino el territorio nacional y sean comprados por personas domiciliadas o residentes en Chile que no tengan la calidad de contribuyentes del Título II de esta ley. Para este efecto, será aplicable el régimen simplificado establecido en el párrafo 7° bis.”.

4)Para eliminar el numeral 15.

5)Para eliminar el numeral 20.

AL ARTÍCULO 4º

6)Para eliminar la letra a) del numeral 1.

7)Para reemplazar el segundo párrafo de la letra a) del número 4, por el siguiente:

“Las donaciones efectuadas en el respectivo ejercicio deberán ser informadas, dentro de los dos meses siguientes al 31 de diciembre de cada año, mediante medios electrónicos en la forma que determine el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. El incumplimiento de este deber de información dentro del plazo señalado, importará la aplicación de una multa equivalente a una unidad tributaria anual por cada año o fracción de retraso en informar con tope de 6 unidades tributarias anuales.”.

8)Para modificar el numeral 5, de la siguiente forma:

a)Reemplázanse las palabras “Las notarías” por “Los conservadores” y las palabras “dicha información” por “dichas nóminas”.

b)Elimínanse las palabras “de la información”.

AL ARTÍCULO 5°

9)Para reemplazar el artículo 5º, por el siguiente:

“Artículo 5º.- Modifícase el artículo 10 de la ley Nº 19.885, que incentiva y norma el buen uso de las donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos, de la siguiente forma:

a)Incorpórase en el inciso primero a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo:

“No obstante lo señalado en el párrafo anterior, en el caso en que los donantes indicados en el referido párrafo se encuentren en situación de pérdida tributaria, podrán considerar como límite global absoluto, el equivalente al 4,8 por mil de su capital propio tributario, o el 1,6 por mil del capital efectivo, sólo para los fines de rebajar como gasto tributario tales donaciones, en los términos dispuestos en el número 7 del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Sin embargo, este límite global absoluto, no se aplicará en los casos en que la ley especial que establece beneficios tributarios por donaciones, contenga un límite particular para el caso en que exista pérdida tributaria en el ejercicio.”.

b)Elimínase en el inciso tercero la frase “que determinen sus rentas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y aquellos contribuyentes afectos al impuesto contemplado en el número 1º del artículo 43 del mismo texto legal”.

AL ARTÍCULO 6°

10)Para modificar el artículo 6°, de la siguiente forma:

a)Elimínase en el encabezado la frase “inciso primero del”.

b)Agrégase el siguiente numeral 1, nuevo:

“1. Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:”.

c)Reemplázase los números “1”, “2”, “3” y “4” que dan inicio a cada párrafo, por las letras “a)”, “b)”, “c)” y “d)”, respectivamente.

d)Reemplázase en el número 1 actual, que pasa a ser letra a), el guarismo “4.000” por “3.000”.

e)Elimínase en el número 4 actual, que pasa a ser la letra d), la coma que sigue a la frase “o del contrato” y agrégase a continuación la frase “para unidades cuyo valor no exceda de 2.000, o a un 0.0855 para unidades cuyo valor exceda de 2.000 y no supere las 3.000 unidades de fomento”.

f)Agrégase el siguiente numeral 2, nuevo:

“2. Reemplázase en el inciso sexto la frase “2.000 unidades de fomento y otros que sobrepasen tal monto” por la frase “2.000 o 3.000 unidades de fomento, según corresponda, y otros que sobrepasen tales montos”.

AL ARTÍCULO 15

11)Para reemplazar el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Modificase la ley N° 19.420 que establece Incentivos para el Desarrollo Económico de las Provincias de Arica y Parinacota, y Modifica Cuerpos Legales que Indica, cuyo texto, refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el decreto con fuerza de ley N°1, de 2001, del Ministerio de Hacienda, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase en el inciso séptimo del artículo 1° el guarismo “2025” por “2035” y el guarismo “2045” por “2055”.”.

b)Reemplázase en el inciso primero del artículo 35 el guarismo “2025” por “2035”.

AL ARTÍCULO 18°

12)Para modificar el artículo 18, de la siguiente forma:

a)Agrégase al final del numeral ii. de la letra a) del número 2., un punto y coma (;) y a continuación la frase “y elimínase la frase final que inicia en “Para estos efectos,” y finaliza en “que no da derecho a devolución.”.

b)Reemplázase la letra b) del número 2, por la siguiente:

“b) Reemplázase en el último párrafo del número 3), la expresión “y 3.-” por “, 4.- y 5.-, y reemplázase la letra “B)” por la letra “A)”.”.

c)Agrégase la siguiente letra c) al número 2, pasando la actual c) a ser letra d):

“c) Agrégase en el último párrafo del numeral 6), a continuación de la palabra “cónyuge”, las dos veces que aparece, la expresión “o conviviente civil,”.”.

ARTÍCULO 35, NUEVO

13)Para agregar el siguiente artículo 35, nuevo:

“Artículo 35.- Agrégase en el penúltimo inciso del artículo único de la ley Nº 20.658, a continuación del punto aparte (“.”), que pasa a ser una coma (“,”), la siguiente frase “en su redacción vigente al 31 de diciembre de 2019.”.

AL ARTÍCULO DECIMOCUARTO TRANSITORIO

14)Para reemplazar el artículo decimocuarto transitorio, por el siguiente:

“Artículo decimocuarto transitorio.- Respecto de las empresas acogidas a las disposiciones del artículo 14 ter letra A.- de la ley sobre impuesto a la renta vigente al 31 de diciembre de 2019:

1) Las empresas acogidas al régimen establecido en el artículo 14 ter letra A.- de la ley sobre impuesto a la renta, vigente al 31 de diciembre de 2019, que cumplan con las condiciones para acogerse al número 8 de la letra D) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a partir del 1° de enero de 2020, se entenderán, a partir de dicha fecha, acogidas de pleno derecho al régimen que establece dicho artículo 14 letra D) número 8.

En este caso las empresas deberán mantener sus registros y tributar en la forma que establece el número 8 de la letra D) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a partir del 1° de enero de 2020, en la forma que determine el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución.

2) Las empresas indicadas en el número 1) anterior podrán optar por acogerse, al 1° de enero de 2020, al régimen establecido en el número 3 de la letra D) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a partir del 1° de enero de 2020. Dicha opción se deberá informar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma que determine mediante resolución, hasta el 30 de abril del año 2020.

En este caso, la empresa deberá practicar un inventario inicial de todos sus activos y pasivos a valor tributario y determinar un capital propio tributario conforme a las normas de la letra D) del referido artículo 14. Para estos efectos, los activos fijos depreciables y las existencias del activo realizable, que hayan sido considerados como un egreso bajo el régimen del derogado artículo 14 ter letra A.- y que formen parte del inventario al 31 de diciembre de 2019, deberán considerarse a un valor de un peso y deberá permanecer en los registros contables hasta su venta, castigo, retiro u otra causa que los haga perder la calidad de activos para la empresa.

La diferencia que resulte de restar al capital propio tributario que se determine, el monto del capital efectivamente aportado, más sus aumentos y descontadas sus disminuciones posteriores, todos ellos reajustados, deberá registrarse en el registro REX, comprendiéndose como rentas con tributación cumplida, las que se imputarán en primer lugar para efectos de su retiro, remesa o distribución, sin considerar las reglas de imputación que establezca la ley sobre impuesto a la renta vigente a la fecha del retiro, remesa o distribución.

Los ingresos devengados y no percibidos, así como los gastos adeudados y no pagados, ambos al 31 de diciembre de 2019, y que en tal condición, no formaron parte del resultado tributario conforme al régimen de la letra A.-, del artículo 14 ter de la ley sobre impuesto a la renta vigente 31 de diciembre de 2019, se considerarán conforme con las reglas del artículo 14 letra D) de la ley sobre impuesto a la renta vigente a partir del 1° de enero de 2020.

3) Las empresas indicadas en el número 1) anterior podrán optar por acogerse, al 1° de enero de 2020, al régimen establecido en la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a partir del 1° de enero de 2020. Dicha opción se deberá informar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma que determine mediante resolución, hasta el 30 de abril del año 2020.

En este caso, la empresa deberá reconocer o deducir, al 1° de enero del año 2020 en que se incorpora al régimen, los ingresos devengados no percibidos y los gastos que se encontraban adeudados al 31 de diciembre del año 2019 y aplicarán lo establecido en la letra (e) del número 8 de la letra D) del artículo 14 vigente a partir del 1° de enero de 2020.

4) Para los casos del número 1) y 2) anteriores, en cuanto al ingreso diferido determinado conforme a las letras a) o b), del número 2.-, de la letra A.-, del artículo 14 ter de la ley sobre impuesto a la renta vigente al 31 de diciembre de 2019, que se mantenga pendiente de imputación para los periodos siguientes, deberá ser considerado en los ingresos de los ejercicios comerciales que faltaran hasta completar su total imputación.

5) Si al 31 de diciembre de 2019, se determina una pérdida tributaria de acuerdo a las normas de la letra A.-, del artículo 14 ter de la ley sobre impuesto a la renta vigente al 31 de diciembre de 2019, dicha pérdida podrá deducirse en los ejercicios siguientes de conformidad al número 3 del artículo 31 de la ley sobre impuesto a la renta.

6) Las empresas acogidas al régimen establecido en el artículo 14 ter letra A.- de la ley sobre impuesto a la renta vigente al 31 de diciembre de 2019, que luego de dicha fecha realicen un término de giro, no aplicarán la norma de valoración establecida en el número 2 del artículo 38 bis de la ley sobre impuesto a la renta vigente al 1° de enero de 2020, respecto de los bienes que se hayan considerado al valor de un peso al momento de pasar del régimen del derogado artículo 14 ter letra A.- a los regímenes del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente desde el 1° de enero de 2020.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN

Ministro de Hacienda

ANEXO

RETIRA Y FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA (BOLETÍN N° 12.043-05.)

Santiago, 12 de agosto de 2019.

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

N° 154-367/

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en retirar las proposiciones contenidas en el N° 59 y N° 61 del Mensaje 105-367, de fecha 3 de julio de 2019, y en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esta H. Corporación:

AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO

1)Para agregar en el artículo tercero transitorio entre la expresión “y e)” y el punto y coma (“;”) la expresión “número i.”.

AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO

2)Para modificar el artículo quinto transitorio, de la siguiente forma:

a)Agrégase entre las palabras “Lo dispuesto en el número” y “7”, las palabras “6, letra a) y e) número ii.;”.

b)Agrégase entre las palabras “7, letra d);” y “33” la frase “8, sólo respecto del número 7° y 16° que se agregan al artículo 8 bis del Código Tributario; 13,”.

c)Agrégase entre las palabras “45 del artículo 1°” y “de la presente ley” la frase “; y en el número 11 del artículo 4°, ambos”.

d)Agrégase luego de las palabras “de la presente ley”, la primera vez que se menciona, una coma (“,”).

AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO

3)Para reemplazar en el artículo séptimo transitorio, el punto final (“.”) por una coma (“,”) y agregar a continuación, la frase “salvo las contenidas en los números 11 y 27, que se regirán por la vigencia establecida en el artículo octavo transitorio.”.

AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO

4)Para modificar el artículo octavo transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase en el inciso primero y segundo el número “2019” por “2020”.

b)Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser seguido, la frase: “En consecuencia, se aplicarán sus disposiciones a los hechos ocurridos a contar de dicha fecha.”.

AL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO

5)Para modificar el artículo noveno transitorio, de la siguiente forma:

a)Modifícase el inciso primero, en el siguiente sentido:

i.Reemplázase el número “2018” por “2019”.

ii.Reemplázase el número “2019,”, por la frase: “2020, salvo aquellos que cumplen los requisitos de la Cláusula Pyme contenida en la letra D) del referido artículo 14 que se acogerán de pleno derecho a dicho régimen.”.

b)Para modificar el inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “a la cláusula Pyme establecida en la letra D) del artículo 14 o al régimen del artículo 34” por “al número 8 de la letra D) del artículo 14 o al artículo 34”.

ii.Reemplázase, las dos veces que aparece, el número “2019” por “2020”.

AL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

6)Para modificar el artículo décimo transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase en el enunciado, las dos veces que aparecen, el número “2018” por “2019” y el número “2019” por “2020”.

b)Modifícase el número 1., de la siguiente forma:

i.Reemplázase, las dos veces que aparece, el número “2018” por “2019” y el número “2019” por “2020”.

ii.Elimínase, la palabra “en” entre las palabras “se anotarán” y “como parte del saldo inicial”.

c)Reemplázase en el número 2., el número “2018” por “2019” y “2019” por “2020”.

d)Modifícase el número 3., de la siguiente forma:

i.Reemplázase, en el enunciado, el número “2019” por “2020” y el número “2018” por “2019”.

ii.Modifícase la letra a), de la siguiente forma:

-Reemplázase la palabra “del” entre las palabras “El valor positivo” y “capital propio tributario”, por “que resulte de sumar al”.

-Reemplázase el número “2018” por “2019”.

-Reemplázase la frase “comprendiéndose en su cálculo la suma del saldo negativo del registro establecido en la letra c), del número 4.-, de la letra A), del artículo 14 de la ley señalada vigente a esa fecha, asignándole el valor de cero si el resultado fuere negativo, y” por “el valor del saldo negativo del registro establecido en la letra c), del número 4.-, de la letra A), del artículo 14 de la ley señalada, vigente a esa fecha, el que se considerará en su valor positivo para efectos de sumarlo. Si el resultado de esta suma fuere negativo, se considerará un valor equivalente a cero; y”.

iii.Modifícase la letra b), de la siguiente forma:

-Reemplázase el número “2018” por “2019”.

-Reemplázase las palabras “quedó establecido” por “se estableció”.

e)Modifícase el número 4. de la siguiente forma:

i.Reemplázase, en el enunciado, el número “2019” por “2020”.

ii.Modifícase el párrafo segundo de la letra a) de la siguiente forma:

-Reemplázase el número “2018” por “2019”.

-Agrégase, entre la palabra “fecha” y los dos puntos (“:”), la frase “, debiendo mantenerse su control en forma separada a contar del 1 de enero de 2020”.

iii.Reemplázase en el párrafo segundo de la letra b), el número “2018” por “2019”.

f)Reemplázase en el párrafo segundo del número 5., el número “2019” por “2020”.

AL ARTÍCULO DECIMOPRIMERO TRANSITORIO

7)Para modificar el artículo decimoprimero transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase en el enunciado, las dos veces que aparecen, el número “2018” por “2019” y el número “2019” por “2020”.

b)Modifícase el número 1., de la siguiente forma:

i.Reemplázase en el enunciado, el número “2019” por “2020” y el número “2018” por “2019”.

ii.Modifícase la letra a) de la siguiente forma:

-Reemplázase la palabra “del” entre las palabras “El valor positivo” y “capital propio tributario” por “que resulte de sumar al”.

-Reemplázase el número “2018” por “2019”.

-Reemplázase la frase “comprendiéndose en su cálculo la suma del saldo negativo del registro establecido en la letra c), del número 2.-, de la letra B), del artículo 14 de la ley señalada, asignándole el valor de cero si el resultado fuere negativo, y” por “el valor del saldo negativo del registro establecido en la letra c), del número 2.-, de la letra B), del artículo 14 de la ley señalada, vigente a esa fecha, el que se considerará en su valor positivo para efectos de sumarlo. Si el resultado de esta suma fuere negativo, se considerará un valor equivalente a cero; y”.

iii.Modifícase la letra b), de la siguiente forma:

-Reemplázase el número “2018” por “2019”.

-Reemplázase las palabras “quedó establecido” por “se estableció”.

c)Reemplázase en el número 2., el número “2018” por “2019” y el número “2019” por “2020”.

d)Reemplázase en el número 3., el número “2018” por “2019” y el número “2019” por “2020”.

e)Modifícase el número 4., de la siguiente forma:

i.Reemplázase en el párrafo primero, el número “2019” por “2020”.

ii.Reemplázase en el párrafo segundo, el número “2018” por “2019” y agrégase, entre la palabra “fecha” y los dos puntos (“:”) la frase “, debiendo mantenerse su control separado a contar del 1 de enero de 2020”.

iii.Reemplázase en el párrafo segundo de la letra b) del párrafo segundo, las palabras “para efectos” por “al momento” y el número “2019” por “2020”.

f)Modifícase el número 5., de la siguiente forma:

i.Reemplázase en el enunciado, el número “2019” por “2020”.

ii.Reemplázase, en el primer párrafo luego del enunciado el número “2018” por “2019”.

iii.Reemplázase en el párrafo segundo de la letra b), las palabras “para efectos” por “al momento” y el número “2019” por “2020”.

g)Modifícase el número 6., de la siguiente forma:

i.Modifícase el párrafo primero, de la siguiente forma:

-Reemplázase, las dos veces que aparece, el número “2018” por “2019” y el número “2019” por “2020”.

-Agrégase, entre las palabras “sin derecho a devolución” y “en caso de resultar un excedente” una coma (“,”).

ii.Modifícase el párrafo segundo, de la siguiente forma:

-Reemplázase la palabra “de” entre las palabras “el registro SAC” y “artículo 14 de la ley”, por “del”.

-Reemplázase el número “2019” por “2020”.

-Elimínase la palabra “tanto” entre las palabras “efectos de controlar” y “la restitución en los casos que proceda”.

-Reemplázase la frase “y que sean beneficiarios respecto de las rentas retiradas, remesadas o distribuidas” por “y del cual sean beneficiarios, conforme con lo establecido en dichos convenios, respecto de las rentas retiradas, remesadas o distribuidas, en el que se haya acordado la aplicación de impuesto adicional siempre que el impuesto de primera categoría sea deducible de dicho impuesto, o se contemple otra cláusula que produzca este mismo efecto”.

iii.Reemplázase en el párrafo tercero, el número “2019” por “2020”.

h)Reemplázase, en el número 7., el número “2019” por “2020” y el número “2018” por “2019”.

AL ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO TRANSITORIO

8)Para modificar el artículo decimosegundo transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase, el número “2018” por “2019” y el número “2019” por “2020”.

b)Elimínase la frase “o a contar de la fecha de publicación de la ley si ello ocurriere en una fecha posterior.”.

AL ARTÍCULO DECIMOTERCERO TRANSITORIO

9)Para modificar el artículo decimotercero transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase, las tres veces que aparece, el número “2018” por “2019” y el número “2019” por “2020”.

b)Elimínase en el inciso primero las palabras “de esta suma” entre las palabras “descotando previamente” y “el valor de los retiros”.

AL ARTÍCULO DECIMOQUINTO TRANSITORIO

10)Para modificar el artículo decimoquinto transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase en el inciso tercero, el número “2018” por “2019”.

b)Modifícase el inciso quinto, de la siguiente forma:

i.Reemplázase, la primera vez que aparece, el número “2018” por “2020”.

ii.Reemplázase la palabra “subsiguientes” por “siguientes”.

iii.Reemplázase, la segunda vez que aparece, el número “2018” por “2019”.

c)Reemplázase en el inciso séptimo, las palabras “ninguna de las opciones, dentro del plazo establecido para ejercer la opción” por “la opción, dentro del plazo establecido para ejercerla”.

AL ARTÍCULO DECIMOSEXTO TRANSITORIO

11)Para modificar el artículo decimosexto transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase en el inciso primero, el número “2018” por “2019” y el número “2019” por “2020”.

b)Reemplázase en el inciso tercero, la coma (“,”) entre las palabras “totales o parciales de capital” y “el saldo de estas cantidades que se determine al” por la conjunción “y”.

c)Reemplázase en el inciso quinto, el número “2019” por “2020”.

d)Modifícase el inciso sexto, de la siguiente forma:

i.Reemplázase, las dos veces que aparece, el número “2019” por “2020”.

ii.Reemplázase la palabra “anteriormente” por las palabras “en este artículo”.

iii.Elimínanse las palabras “o en la fecha que corresponda”.

e)Reemplázase en el inciso séptimo, el número “2019” por “2020”.

AL ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO TRANSITORIO

12)Para modificar el artículo decimoséptimo transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase el número “2018” por “2019” y el número “2019” por “2020”, todas las veces que aparecen.

b)Elimínase, todas las veces que aparece, la expresión “o de la fecha que corresponda” incluyendo la coma (“,”) en los casos que la precede.

c)Reemplázase en el inciso cuarto, la palabra “precedentes” por “establecidas en este artículo”.

AL ARTÍCULO DECIMOCTAVO TRANSITORIO

13)Para modificar el artículo decimoctavo transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase el número “2018” por “2019” y, las dos veces que aparece, el número “2019” por “2020”.

b)Elimínanse las palabras “o de la fecha que corresponda”.

AL ARTÍCULO DECIMONOVENO TRANSITORIO

14)Para modificar el artículo decimonoveno transitorio, de la siguiente forma:

a)Modifícase el encabezado del inciso primero, de la siguiente forma:

i.Reemplázase la frase “2019, o desde la fecha que corresponda” por “2020”.

ii.Reemplázase el número “2018” por “2019”, las dos veces que aparece.

iii.Reemplázase la frase “2019, o desde la fecha pertinente que corresponda a crédito” por “2020, que corresponda a un crédito”.

iv.Reemplázase en la frase “que terminen su giro a contar del 1° de enero de 2019”, el número “2019” por “2020”.

v.Reemplázase la expresión “inciso séptimo del artículo 69 del Código Tributario” por “inciso sexto del artículo 69 del Código Tributario”.

vi.Reemplázase la frase “2019 o a contar de la fecha de publicación de la ley”, por “2020”.

b)Modifícase el encabezado del número 2 del inciso primero, de la siguiente forma:

i.Reemplázase la frase “diferencia positivas que se determinen” por “diferencia positiva que se determine”.

ii.Reemplázase la frase “valor positivo del capital propio tributario” por “valor del capital propio tributario”.

iii.Incorpórase en el numeral (ii) a continuación de la palabra “renta” y antes del punto y coma (“;”) que la siguen, la frase “, considerado en su valor positivo para efectos de sumarlo”.

iv.Incorpórase en el numeral (iii) a continuación del número “20.780,” la frase “considerado también en su valor positivo para efectos de sumarlos,”.

v.Reemplázase en el numeral (iii), la frase que comienza con “asignándole el valor de cero si resultase” hasta los dos puntos (“:”), por “asignándole al resultado de esta suma un valor equivalente a cero si resultase una cantidad negativa, las siguientes cantidades:”.

c)Elimínase en la letra b del número 2 del inciso primero, la expresión “del mismo”.

d)Modifícase el inciso segundo, de la siguiente forma:

i.Reemplázase el número “2018” por “2019”.

ii.Reemplázase la frase “2019, o desde la fecha que corresponda” por “2020”.

e)Reemplázase en el inciso cuarto, el punto aparte (“.”) por una coma (“,”), y agrégase la siguiente frase a continuación “conforme con las reglas del artículo 14 vigente al 1° de enero de 2020.”.

AL ARTÍCULO VIGÉSIMO TRANSITORIO

15)Para reemplazar en el artículo vigésimo transitorio, la frase “durante los años comerciales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018” por “entre los años comerciales 2014 y 2019”.

AL ARTÍCULO VIGESIMOPRIMERO TRANSITORIO

16)Para modificar el artículo vigesimoprimero transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase la frase “los veinticuatro meses siguientes a aquel en que se publique la presente ley en el Diario Oficial” por “de los veinticuatro meses siguientes al 1° de octubre de 2019”.

b)Modifícase el inciso tercero, de la siguiente forma:

i.Incorpórase a continuación de la expresión “artículo 14 letra A) de la ley sobre impuesto a la renta,” la frase “vigente desde el 1° de enero de 2020,”.

ii.Agrégase a continuación de la expresión “registro del DDAN del” la palabra “referido”.

AL ARTÍCULO VIGESIMOSEGUNDO TRANSITORIO

17)Para modificar el artículo vigesimosegundo transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase en el inciso primero, la frase “a aquel en que se publique la presente ley en el Diario Oficial” por “al 1° de octubre de 2019”.

b)Modifícase el inciso cuarto, de la siguiente forma:

i.Incorpórase a continuación de la expresión “artículo 14 letra A) de la ley sobre impuesto a la renta,” la frase “vigente desde el 1° de enero de 2020,”.

ii.Agrégase a continuación de la expresión “registro del DDAN del” la palabra “referido”.

AL ARTÍCULO VIGESIMOTERCERO TRANSITORIO

18)Para reemplazar en el artículo vigésimo tercero transitorio el número “2018” por “2019”.

AL ARTÍCULO VIGESIMOCUARTO TRANSITORIO

19)Para reemplazar en el artículo vigesimocuarto transitorio la frase “2019 o bien hasta 6 meses después de la fecha de publicación de la ley si fuera posterior si la entrada en vigencia fuera posterior al 1° de enero de 2019” por “2020 o bien hasta 6 meses después de la fecha de publicación de la ley si su entrada en vigencia fuera posterior”.

AL ARTÍCULO VIGESIMOQUINTO TRANSITORIO

20)Para modificar el artículo vigesimoquinto transitorio, de la siguiente forma:

a)Modifícase el encabezado, de la siguiente forma:

i.Elimínase la frase “que hayan iniciado actividades con anterioridad al 1° de junio de 2018, y”.

ii.Reemplázase en la frase “año comercial 2018”, el número “2018” por “2019”.

iii.Agrégase a continuación de la expresión “utilidades tributables acumuladas” la expresión “que hayan sido”.

b)Reemplázase en el numeral 1, el número “2019”, la primera vez que aparece, por “2020”, la expresión “y 2020” por “, 2021 o hasta el último día hábil de abril de 2022”, el número “2018” por “2019” y la expresión “y 2019” por “, 2020 y 2021”.

c)Modifícase la letra a) del número 2, de la siguiente forma:

i.Reemplázase en el encabezado, el número “2018” por “2019”.

ii.Reemplázase en el párrafo primero, la frase “2018, o a la fecha posterior que corresponda” por “2019”.

iii.Reemplázase en el encabezado del párrafo segundo, el número “2018” por “2019”, las dos veces que aparece.

iv.Reemplázase en el numeral i. del párrafo segundo, la frase “asignándole el valor de cero” por “asignándole un valor equivalente a cero”.

v.Elimínase en el numeral ii. del párrafo segundo, la expresión “éstos últimos”.

vi.Modifícase el párrafo tercero, de la siguiente forma:

-Reemplázase la frase “Al monto menor que se determine según cada régimen” por “Al monto que se determine según la aplicación de las reglas anteriores para cada régimen”.

-Agrégase a continuación de la expresión “término del ejercicio” la palabra “anterior”.

-Agrégase a continuación de la palabra “Servicio” la expresión “de Impuestos Internos”.

d)Reemplázase en la letra b) del número 2, el número “2019” por “2020 o 2021, según corresponda”, las tres veces que aparece, y el número “2018” por “2019”, las dos veces que aparece.

e)Reemplázase en la letra a) del número 3, el número “2018” por “2019”.

f)Modifícase la letra b) del número 3, de la siguiente forma:

i.Reemplázase en el párrafo primero el número “2019” por “2020, o 2021, según corresponda”.

ii.Reemplázase el párrafo segundo, por el siguiente:

“La base imponible del impuesto deberá incrementarse en una cantidad equivalente al monto del crédito que se determine, conforme a lo dispuesto en los artículos 54 y 62 de la ley sobre impuesto a la renta, según corresponda.”.

g)Reemplázase en el número 4, las dos veces que aparece, la frase “2019 o desde la fecha que corresponda” por el número “2020”.

h)Reemplázase en el número 7, la frase “los impuestos global complementario o adicional” por “impuestos finales”.

i)Reemplázase en el número 8, la frase “2019 o desde la fecha que corresponda” por “2020”.

AL ARTÍCULO VIGESIMOSEXTO TRANSITORIO

21)Para reemplazar en el artículo vigesimosexto transitorio, la frase que comienza “entrarán en vigencia a contar” hasta el punto final (“.”), por la frase “entrarán en vigencia desde la publicación de la ley en el Diario Oficial.”.

AL ARTÍCULO VIGESIMOSEPTIMO TRANSITORIO

22)Para reemplazar el artículo vigesimoséptimo transitorio por el siguiente:

“Artículo vigesimoséptimo transitorio. En el saldo acumulado de créditos al que se refiere la letra c) del artículo 81 de la ley N° 20.712, se deberá mantener el control en forma separada de aquellos créditos sujetos a la restitución a que se refieren los artículos 56 N° 3 y 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, vigente al 31 de diciembre de 2019, así como de aquella parte del crédito que no da derecho a devolución, y de los créditos que se rijan por lo dispuesto en el artículo décimo primero transitorio de la presente ley.”.

AL ARTÍCULO VIGESIMOCTAVO TRANSITORIO

23)Para modificar el artículo vigesimoctavo transitorio, en el siguiente sentido:

a)Agrégase entre las palabras “de exportación, en la” y “oportunidad que determina” las palabras “forma y”.

b)Reemplázase las palabras “que no sea modificado por” por “sea incompatible con”.

AL ARTÍCULO VIGESIMONOVENO TRANSITORIO

24)Para incorporar el siguiente ar inciso segundo, nuevo, al artículo vigesimonoveno transitorio:

“Las modificaciones al inciso cuarto del artículo 27 bis del referido decreto ley N° 825 de 1974, entrará en vigencia transcurridos tres meses desde la entrada en vigencia de esta ley. Por su parte, lo dispuesto en los incisos séptimo y octavo del artículo 3°, el inciso tercero del artículo 5°, la letra e) del artículo 11; el artículo 8° letra n) y el Párrafo 7 bis, que se introducen al señalado decreto ley N° 825, de 1974, entrarán en vigencia a contar del 1 de enero de 2020.”.

AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO

25)Para reemplazar el artículo trigésimo segundo transitorio por el siguiente:

“Artículo trigésimo segundo transitorio.- Con el objeto de solucionar diferencias de impuestos cuyo origen corresponda a diferencias en el capital propio tributario informado al Servicio de Impuestos Internos, se podrán ejercer las opciones que se establecen en este artículo. Respecto de las diferencias que se solucionen conforme con este artículo no procederán multas, intereses ni el ejercicio de facultades de fiscalización posteriores.

Los contribuyentes obligados a determinar su renta efectiva según contabilidad completa que en el año tributario 2019 hayan informado al Servicio de Impuestos Internos un capital propio tributario mayor o menor al que correspondía de acuerdo a las normas dispuestas en el artículo 41 de la ley sobre impuesto a la renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, originada entre otros conceptos, por falta de reconocimiento de anticipos, aplicación incorrecta de corrección monetaria, errores de cómputo, procesos de reorganizaciones empresariales, podrán rectificar dicha diferencia en la declaración de renta del año tributario 2020 o 2021, según corresponda, de acuerdo a las siguientes normas:

a) Diferencias a nivel de la empresa fuente.

En caso que producto de la rectificación del capital propio tributario se generen diferencias de impuesto de primera categoría por un ajuste de la renta líquida imponible, para acogerse a este artículo, la empresa deberá haber presentado oportunamente sus declaraciones de impuesto.

La diferencia de impuesto que se determine se declarará y pagará en una sola oportunidad en la declaración anual de renta del año tributario 2020 o 2021, según corresponda, quedando, de esa forma, resuelta toda diferencia que se haya presentado en los años anteriores. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá a su elección corregir sus declaraciones anuales de cada año en que se haya mantenido la diferencia.

La empresa reconocerá el impuesto pagado, en la fecha del pago, como un agregado en el registro SAC a que se refiere el artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a partir del 1° de enero de 2020.

En el caso que la diferencia que se rectifique tenga su origen en los años 2017 a 2019, y que la empresa haya estado sujeta en esos años al régimen de la letra B), del artículo 14, de la ley sobre impuesto a la renta, vigente al 31 de diciembre de 2019, el impuesto pagado que se agregará al registro SAC se controlará en forma separada por tratarse de un crédito sujeto a la restitución a que se refieren los artículos 56 N° 3 y 63 de dicha ley vigente en esos años según lo establecido en el artículo decimoprimero transitorio de esta ley.

Si producto de la rectificación del capital propio tributario resultase un menor impuesto a pagar por parte de la empresa, esta deberá mantener el crédito por impuesto de primera categoría originalmente anotado en el registro SAC, y la diferencia de impuesto de primera categoría pagado en exceso quedará sujeta al tratamiento tributario dispuesto en el N° 6.- de la letra A), del artículo 14, vigente a contar del 1 de enero de 2020.

b) Diferencias para los propietarios.

i. Los propietarios que correspondan a empresas acogidas a la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a partir del 1 de enero de 2020, deberán agregar al registro REX, del referido artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, el monto de los retiros o distribuciones que se hayan imputado a utilidades afectas a impuesto finales de la empresa fuente de dichas distribuciones. Este agregado al registro REX se realizará al término del año en que se produzca la rectificación del capital propio tributario de la empresa fuente.

Tratándose de retiros o distribuciones realizados desde la empresa fuente que se hayan imputado a rentas exentas o no afectas a impuestos finales, debiendo corresponder a rentas afectas, la empresa receptora deberá efectuar una deducción del registro REX establecido en el artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a partir del 1 de enero de 2020. En el caso que no se mantenga un saldo positivo en el registro REX, se efectuará una deducción del saldo acumulado en el registro SAC equivalente al crédito por impuesto de primera categoría que habría correspondido deducir de dicho registro en caso de tratarse de un retiro, remesa o distribución por la cantidad respectiva.

ii. Propietarios que correspondan a contribuyentes de impuestos finales.

En caso que la rectificación genere un aumento en las rentas o cantidades que deben declarar los propietarios como afectas a impuestos finales, la empresa respectiva podrá solucionar y pagar dichas diferencias de acuerdo a los artículos 65, 69 y 72 de la ley sobre impuesto a la renta, sin que se deba realizar una rectificación de la declaración de impuestos de los propietarios, en la forma que señale el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. En estos casos, tales desembolsos se considerarán como partidas del inciso primero del artículo 21 de la ley sobre impuesto a la renta.

En caso que la rectificación de las diferencias genere una disminución de los retiros, remesas o distribuciones que se afecten con impuestos finales y, por tanto, se haya pagado un impuesto en exceso, los propietarios podrán solicitar una devolución conforme con el artículo 126 del Código Tributario, lo que se deberá declarar o rectificar en su declaración de impuesto correspondiente al año en que la empresa fuente ejerza la opción.

Este régimen de rectificación procederá, no obstante que se hayan producido modificaciones de los propietarios.

c) Tasa opcional en caso de la imposibilidad material de establecer el origen de las diferencias en la determinación del capital propio tributario.

En caso que la empresa no pueda determinar el origen de las diferencias en la determinación del capital propio tributario, podrá optar por declarar y pagar un impuesto único y sustitutivo de 20% que se aplicará sobre las diferencias detectadas.

La cantidad que resulte gravada con el impuesto único establecido en el inciso anterior se anotará en el registro REX establecido en el artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a partir del 1 de enero de 2020.

El impuesto a que se refiere esta letra se declarará y pagará en la forma señalada en el párrafo segundo de la letra a) de este artículo, y la cantidad pagada se rebajará del registro REX aludido en el párrafo precedente.

La diferencia de impuesto que se declare conforme con esta letra se entenderá devengada en el año en que el contribuyente optó por acogerse a este régimen.

d) Excepciones a la presente disposición.

Lo establecido en este artículo no aplicará si, durante los 3 años calendarios anteriores a la rectificación del capital propio tributario, el contribuyente o sus propietarios: han sido sancionados, mediante sentencia firme y ejecutoriada, en virtud del artículo 97 números 4, 5, 7, 16, 20, 21 y 23 del Código Tributario o, cuando hubieran cometido una infracción tributaria que pueda ser sancionada con multa y pena privativa de libertad, y se persiga la aplicación de la multa respectiva y el cobro civil de los impuestos en virtud del inciso 3 del artículo 162 del Código Tributario o, tratándose de contribuyentes personas naturales, cuando hubieren sido formalizados o condenados por alguno de los delitos señalados en el artículo 27 de la ley N° 19.913 o, para contribuyentes respecto de los cuales se haya declarado judicialmente, mediante sentencia firme y ejecutoriada, la existencia de abuso o simulación, conforme al artículo 160 bis del Código Tributario.

Tampoco aplicará el régimen de este artículo a una empresa o sus propietarios que a la fecha de publicación de esta ley se encuentren en un proceso de recopilación de antecedentes, salvo que se declare no procedente continuar con dicho procedimiento por el Servicio de Impuestos Internos.

e) Instrucciones del Servicio de Impuestos Internos.

El Servicio de Impuestos Internos mediante resolución establecerá la forma de acreditar los ajustes que motivan la rectificación a que se refiere este artículo, y las concordancias con los valores acogidos al régimen establecido en el artículo vigésimo quinto transitorio de esta ley, debiendo seguirse para estos efectos las reglas sobre determinación del capital propio tributario.”.

AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIO

26)Para modificar el inciso primero del artículo trigésimo tercero transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase la frase que comienza con “El Servicio no podrá, para efectos de fiscalizar” hasta el punto seguido (“.”), por “El Servicio de Impuestos Internos no podrá, para efectos de fiscalizar la conformación de los créditos acumulados al 31 de diciembre de 2016 que conforman el registro SAC establecido en el artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta o el registro SAC establecido en los artículos décimo transitorio, decimoprimero transitorio y decimosexto transitorio de esta ley, exigir antecedentes anteriores a los plazos establecidos en el artículo 200 del Código Tributario.”.

b)Reemplázase en la frase “utilidades acumuladas en el Fondo de Utilidades Tributables y en el Fondo de Utilidades Reinvertidas”, la conjunción “y” por “o”.

AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO TRANSITORIO

27)Para modificar el artículo trigésimo sexto transitorio, de la siguiente forma:

a)Modifícase el numeral 3.1, de la siguiente forma:

i.Incorpórase en la letra a), a continuación de la expresión “toda clase de bienes”, la palabra “nominativos”.

ii.Reemplázase en la letra c), el número “2018” por “2019”.

b)Modifícase el numeral 3.2, de la siguiente forma:

i.Incorpórase en el párrafo primero, a continuación de la expresión “o ser beneficiario” la palabra “final”.

ii.Reemplázase en el párrafo primero, el guarimos “2018”, la segunda vez que aparece, por “2019”.

iii.Reemplázase en el párrafo segundo, el número “2019” por “2020”.

c)Reemplázase en el numeral 7, el número “2018” por “2019”, las cuatro veces que aparece.

d)Reemplázase en el párrafo primero del numeral 8, la palabra “cinco” por “diez”.

e)Reemplázase en la letra e) del numeral 11, la expresión “seleccionados para” por “notificados de”.

f)Modifícase el numeral 13.2, de la siguiente forma:

i.Reemplázase en la letra b), la expresión “se reanudará” por “continuará corriendo”.

ii.Reemplázase en la letra e) la frase “compensarse el impuesto pagado con el impuesto que se determine” por “imputarse el impuesto pagado para solucionar el impuesto que se determine”.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO, NUEVO

28)Para incorporar el siguiente artículo trigésimo séptimo transitorio, nuevo:

“Artículo trigésimo séptimo transitorio.- Las modificaciones realizadas en la letra b) del número 1 del inciso cuarto del artículo 59 la ley sobre impuesto a la renta, se aplicarán respecto de los intereses que se paguen, abonen en cuenta o se pongan a disposición de contribuyentes no domiciliados ni residentes en el país, en virtud de créditos contraídos a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, así como también de aquellos contraídos con anterioridad a esa fecha, cuando con posterioridad a la misma, hayan sido novadas, cedidas, o se modifique el monto del crédito o la tasa de interés.”.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO, NUEVO

29)Para incorporar el siguiente artículo trigésimo noveno transitorio, nuevo:

“Artículo trigésimo noveno transitorio.- Lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la presente ley tendrá efecto a contar del 1° de enero de 2020 en forma independiente de la fecha que se otorgaron las exenciones a que se refiere el artículo 31.”.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO, NUEVO

30)Para incorporar el siguiente artículo cuadragésimo segundo transitorio, nuevo:

“Artículo cuadragésimo segundo transitorio.- Las empresas obligadas a determinar su renta efectiva según contabilidad completa, acogidas al artículo 14 letra B) de la ley sobre impuesto a la renta vigente al 31 de diciembre de 2019, aplicarán las siguientes reglas en los casos que se señalan:

1) Aquellas que queden acogidas al régimen dispuesto en el artículo 14 letra D) de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a partir del 1 de enero de 2020:

a) Deberán considerar los saldos de los registros señalados en el número 2 de del artículo 14 letra B) de la ley sobre impuesto a la renta vigente al 31 de diciembre de 2019, como saldos iniciales de los registros a que se refiere la letra D) del artículo 14 de dicha ley vigente a partir del 1 de enero de 2020, y aplicarán respecto de ellos las normas establecidas en el número 3) de la referida letra D) del referido artículo 14.

b) Las pérdidas tributarias determinadas al término del ejercicio anterior, que no hayan sido absorbidas conforme a lo dispuesto en el número 3 del artículo 31 de la ley sobre impuesto a la renta, deberán considerarse como un gasto o egreso del primer día del ejercicio inicial sujeto al nuevo régimen tributario.

c) Los activos fijos físicos depreciables conforme a lo dispuesto en los números 5 y 5 bis del artículo 31 de la ley sobre impuesto a la renta, a su valor neto tributario, deberán considerarse como un gasto o egreso del primer día del ejercicio inicial sujeto al nuevo régimen tributario.

d) Las existencias de bienes del activo realizable, a su valor tributario, deberán considerarse como un gasto del primer día del ejercicio inicial sujeto al nuevo régimen tributario.

e) Los ingresos devengados y los gastos adeudados al término del ejercicio inmediatamente anterior al ingreso al nuevo régimen, no deberán ser reconocidos por el contribuyente al momento de su percepción o pago, según corresponda.

2) Aquellas que opten por el régimen establecido en el número 8) de la letra D) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta vigente a partir del 1 de enero de 2020:

a) Aplicará lo señalado en las letras del número 1) anterior, salvo la letra a).

b) El saldo de rentas acumuladas en el registro RAI se entenderá que constituye un ingreso diferido el que se deberá agregar a la base imponible determinada conforme al referido número 8 del artículo 14 hasta en diez ejercicios comerciales, incluyendo el derecho al crédito respectivo por aquellas cantidades registradas en el SAC, todo lo anterior según establece la letra (d) del ya referido número 8 del artículo 14.

c) Se entenderá retirado, remesado o distribuido el saldo de rentas acumuladas en el registro REX.”.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO TRANSITORIO, NUEVO

31)Para incorporar el siguiente artículo cuadragésimo tercero transitorio, nuevo:

“Artículo cuadragésimo tercero transitorio.- Para calcular el promedio a que se refiere la letra b) del número 1.- de la letra D) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de los ingresos brutos del año comercial 2017, se considerará la información disponible en las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos, la que será puesta a disposición en el sitio personal del contribuyente y deberá ser complementada o ajustada por la empresa, según corresponda.”.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO TRANSITORIO, NUEVO

32)Para incorporar el siguiente artículo cuadragésimo cuarto transitorio, nuevo:

“Artículo cuadragésimo cuarto transitorio.- Los contribuyentes sujetos a la letra A) o B) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta vigente al 31 de diciembre de 2019, que hubieren pagado voluntariamente a título de impuesto de primera categoría un determinado monto, conforme a los incisos séptimo y octavo del número 5.-, de la mencionada letra A); y los incisos noveno y décimo del número 3.-, de la mencionada letra B), podrán continuar deduciendo en la determinación de su renta líquida imponible, el equivalente a la cantidades sobre la cual se aplicó y pagó efectivamente el señalado tributo y que se encuentre como el excedente pendiente de deducción a la fecha referida, en los mismos términos establecidos en dichas normas, hasta su total extinción.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN

Ministro de Hacienda

CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR

Ministra del Medio Ambiente

ANEXO

OFICIO N° 166 - 2019

INFORME PROYECTO DE LEY N° 22-2019

Antecedente: Boletín N° 12.043-05

Santiago, 5 de agosto de 2019

Por oficio 065/2019, de 16 de mayo pasado, la Abogada Secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, señora María Eugenia Silva Ferrer, puso en conocimiento de la Excma. Corte Suprema el proyecto de ley, iniciado por mensaje, que Moderniza la Legislación Tributaria, de conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. (Boletín N° 12.043-05).

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión de 15 de julio en curso, presidida por su titular señor Haroldo Brito Cruz, e integrada por los ministros señores Muñoz G., Künsemüller y Silva G., señora Egnem, señores Fuentes, Cisternas y Blanco, señora Chevesich, señores Valderrama, Dahm y Silva C. y suplente señor Muñoz P., acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

A LA SECRETARIA

COMISIÓN DE HACIENDA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

SEÑORA MARÍA EUGENIA SILVA FERRER,

VALPARAÍSO

“Santiago, dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por oficio 065/2019, de 16 de mayo pasado, la Abogada Secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, señora María Eugenia Silva Ferrer, puso en conocimiento de la Excma. Corte Suprema el proyecto de ley, iniciado por mensaje, que Moderniza la Legislación Tributaria, de conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. (Boletín N° 12.043-05).

Segundo: El mensaje presidencial que da inicio al proyecto, expresa que el objetivo de la iniciativa es la búsqueda de equidad y justicia en la distribución de tributos, la simplicidad de las normas y procesos tributarios, la certeza y seguridad jurídica, la competitividad en materia de inversión, la estabilidad de la normativa tributaria y la suficiencia para hacer frente a los gastos del Estado. Para tales efectos, se introducen numerosas modificaciones al Código Tributario y a otros cuerpos legales que contienen normativa tributaria. Además, se crea la institución de la Defensoría del Contribuyente.

Tercero: A continuación, se analizan las disposiciones del proyecto relativas a la organización y atribuciones de los tribunales:

Reclamación judicial por vulneración de derechos (artículo 8 bis del Código Tributario): Se propone reemplazar íntegramente el artículo 8° bis del Código Tributario con el objeto de incorporar nuevos derechos de los contribuyentes al listado que actualmente prevé tal precepto y establecer un procedimiento de queja administrativa por su vulneración, con eventual tutela judicial, sin perjuicio de mantener la reclamación judicial directa vigente en contra de las actuaciones vulneratorias del Servicio de Impuestos Internos.

Sin perjuicio de la amplitud que exhibe la modificación de esta disposición, el Oficio sólo consulta respecto de los incisos 3° y 4° de dicho artículo, relativos a la reclamación judicial de resoluciones, actos y omisiones del Servicio de Impuestos Internos, de esta manera el proyecto propone que, ante una vulneración de derechos, el contribuyente pueda elegir entre reclamar, alternativamente, por vía administrativa (queja administrativa) o judicial (reclamo).

El inciso 3° de la propuesta de artículo 8° bis dispone que la resolución del Director Regional es reclamable ante el Juez Tributario y Aduanero, de acuerdo al procedimiento del Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero del Código Tributario, mismo que hoy rige a esta reclamación. Se observa que el proyecto no se pronuncia sobre el reclamo de la resolución dictada por el Director Nacional, desconociéndose los motivos o razones que dan sustento a esta decisión, opción que se estima, ciertamente, deficitaria.

Por su parte, el inciso 4° del artículo 8° bis indica que, alternativamente, el contribuyente podrá reclamar de los actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos ante el Juez Tributario y Aduanero, de acuerdo al citado procedimiento. De la expresión “alternativamente” se puede concluir que los proponentes han optado por entregar al contribuyente la elección de la sede de reclamo (administrativa, con revisión judicial posterior, o directamente judicial), operando entonces las reglas generales de agotamiento e inhibición previstas en el artículo 54 de la Ley N° 19.880.

Cuarto: Confrontación de inventarios con auxilio de la fuerza pública

En materia de confección o modificación de inventarios por los contribuyentes, el actual artículo 60 del Código Tributario le otorga a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos la potestad de confrontar los inventarios del contribuyente con las existencias reales. En caso de oposición por parte del contribuyente, se le entrega la potestad al Director Nacional y a los Directores Regionales para requerir directamente el auxilio de la fuerza pública para proceder a la confrontación indicada, mediante resolución que se debe presentar ante el Jefe de Carabineros más inmediato, quien la debe conceder sin más trámite que la exhibición de dicha resolución, con la posibilidad de proceder con allanamiento y descerrajamiento.

La propuesta suprime la potestad del Director Nacional y a los Directores Regionales de poder requerir en forma directa el auxilio de la fuerza pública, pues ésta deberá ser requerida al respectivo Tribunal Tributario y Aduanero. Al respecto, se hace presente que el proyecto no regula el procedimiento mediante el cual se deberá tramitar la solicitud del Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio que se advierte que, por tratarse de una solicitud de autorización, bastará la solicitud debidamente fundada –lo que supone entregar antecedentes en que conste la oposición a la diligencia- para que el juez se pronuncie, sin que sea requisito el emplazamiento del contribuyente. De cualquier modo, se sugiere explicitar esto último y definir la posibilidad de apelación del Servicio de Impuestos Internos de la resolución denegatoria. Por último, se elimina de la regulación la posibilidad de proceder con allanamiento y descerrajamiento, lo que podría limitar la eficacia de la medida o la claridad necesaria para los operadores en la aplicación práctica de esta regla.

Quinto: Competencia relativa en materia reclamos de grupos empresariales

En materia de tasación de la base imponible de un impuesto, el actual artículo 64 del Código Tributario permite impugnar administrativa o judicialmente tanto la tasación como el giro del impuesto, mediante el procedimiento general de reclamaciones contenido en el Título II del Libro III del mismo cuerpo legal.

En cuanto a la materia cuyo informe fue solicitado, ésta se refiere a las reglas relativas a los grupos empresariales y a los reclamos judiciales que pudiesen presentar con ocasión de un procedimiento de fiscalización. Al respecto, el proyecto se encarga de radicar en una sola unidad determinada del Servicio de Impuestos Internos la fiscalización de entidades que conforman un Grupo Empresarial, y dispone que los reclamos judiciales que correspondiera interponer a las entidades del mismo grupo empresarial que sean fiscalizadas, serán conocidas por el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional del domicilio de la unidad que lleve a cabo la fiscalización.

Para estos efectos, se debe tener presente el artículo 3° de la Ley N° 20.322 que establece el territorio jurisdiccional de los Tribunales Tributarios y Aduaneros que operan en el país. Asimismo, se debe tener en consideración lo preceptuado en el artículo 115 del Código Tributario en cuanto a las reglas generales en materia de competencia relativa en asuntos contenciosos tributarios. Una de dichas reglas establece que es competente para conocer de los reclamos que presenten los contribuyentes el Tribunal Tributario y Aduanero cuyo territorio jurisdiccional corresponda al de la unidad del Servicio de Impuestos Internos que dictó la resolución en contra de la cual se reclame.

Por lo anterior, encontrándose encargada la fiscalización sólo a una unidad del Servicio de Impuestos Internos, la regla de competencia propuesta tendrá el mismo efecto que la regla general ya indicada. Estas definiciones propuestas de competencia relativa no pueden sino advertirse como positivas.

Sexto: Reclamos que recaigan sobre la resolución que califica las declaraciones, documentos, libros o antecedentes como no fidedignos

En la propuesta de nuevo inciso final del artículo 64 del Código Tributario se pretende otorgar al tribunal la potestad de dejar sin efecto la resolución que, según el artículo 21 del Código Tributario, califica las declaraciones, documentos, libros o antecedentes de los contribuyentes como no fidedignos, cuando dicha resolución carezca de fundamentación. Esta modificación es positiva, toda vez que se manifiesta en forma concordante a la posibilidad de reclamación conjunta de la resolución, con la liquidación y el giro en que ella incida, en términos tales que favorece la extensión de la competencia del juez tributario a los actos previos que sirvieron para determinar los impuestos impugnados.

Séptimo: Modificaciones al artículo 132 del Código Tributario.

a) Allanamiento del Servicio en procedimientos de reclamo: en materia de reclamos se agrega una sección final al inciso 1° del artículo 132, mediante la cual se otorga al Servicio la facultad de allanarse total o parcialmente al reclamo en su contestación. En caso que el allanamiento sea total, el Tribunal Tributario y Aduanero deberá citar a las partes a oír sentencia sin más trámite, regla similar a la del inciso 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, se observa como favorable la consagración expresa de la consecuencia del allanamiento, así como de la orden de no condenar en costas en el caso que el allanamiento sea total, pues permite que el proceso no se vea dilatado cuando existe aceptación a las pretensiones del reclamante. En tal sentido, se vela por la economía procesal, la celeridad de los procedimientos y la buena fe en la litigación.

b) Valoración de la prueba: el proyecto pretende que se apruebe la inclusión de una exigencia al proceso de valoración de la prueba, requiriendo que tal proceso sea “racional y fundado”.

Al respecto, se hace presente que tales requisitos solo vienen al reiterar el modelo de valoración existente, pues la apreciación de la prueba de acuerdo a la sana crítica obliga al juez a realizar su análisis de acuerdo a las reglas de la lógica, lo que lleva implícito el actuar racional del juez. Por otro lado, el requisito de fundamentación de las sentencias ya se encuentra contenido en el artículo 144 y en el inciso 15° del artículo 132, ambos del Código Tributario, en el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la materia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Código Tributario; en el N° 6 del Auto Acordado de 1920 de este tribunal sobre la forma de las sentencias, aplicable a los Tribunales Tributarios y Aduaneros en atención a que se encuentran bajo la superintendencia directiva, correccional y económica de esta Corte, en virtud de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 82 de la Constitución Política de la República.

Octavo: Llamado a conciliación en cualquier estado del juicio.

El actual artículo 132 bis del Código Tributario regula los aspectos sustantivos de la conciliación, los procedimientos en los cuales no resulta aplicable, las potestades del juez para rechazarla y sus efectos procesales. Por su parte, el artículo 132 del Código Tributario establece la obligatoriedad del llamado a conciliación en audiencia oral, una vez concluida la etapa de discusión, a instancia de parte o de oficio por el juez. Además, se faculta al tribunal llamar a conciliación, esta vez solo a instancia de parte, luego de vencido el plazo para hacer observaciones a la prueba.

Ahora bien, el proyecto innova facultando al tribunal a llamar a conciliación en cualquier estado del juicio, de oficio o a petición de parte, iniciativa que se estima favorable pues propende a una solución adecuada al interés de las partes generada y dirigida por el juez tributario, sin que se trate de una nueva actuación prefijada por el legislador o en manos de las partes que entorpezcan la marcha del juicio. Sin embargo, resulta necesario reiterar la conveniencia que se prevea la posibilidad que las Cortes de Apelaciones que revisan sentencias de los jueces tributarios y aduaneros, llamen a las partes facultativamente a conciliación, tal como se manifestara en el Oficio N° 16-2016 de 01 de febrero de 2016, emitido por la Corte Suprema a propósito del proyecto de ley contenido en el Boletín N° 9.982-07.

Noveno: Avenimiento.

Mediante el nuevo artículo 132 ter, el referido proyecto crea un procedimiento administrativo para que el contribuyente que ha reclamado judicialmente pueda proponer al Servicio de Impuestos Internos la celebración de un avenimiento extrajudicial, al cual se le aplican las limitaciones al objeto del acuerdo previstas para la conciliación.

Presentada la propuesta, el Director debe aprobarla o rechazarla. Si la aprueba, debe manifestar los fundamentos de hecho y de derecho y sus condiciones. El Director cuenta con un plazo de cuarenta días para resolver. En caso que no resuelva dentro de dicho plazo, se entenderá que lo acepta (aplicación del principio de silencio positivo). Una vez aprobado el avenimiento (por resolución o falta de pronunciamiento) se deberá firmar un acta “la cual será autorizada por el tribunal”. Tanto la propuesta que contiene las bases del avenimiento extrajudicial como los documentos anexos tendrán el carácter de reservados, debiendo el Servicio de Impuestos Internos publicar sólo aquellos antecedentes que permitan el adecuado entendimiento del acuerdo.

Al respecto, se puede observar que no resulta completamente claro el alcance que para el juez tendría la expresión “la cual será autorizada por el tribunal”, esto es, si debe o no controlar el cumplimiento de los requisitos legales, aprobando, rechazando u ordenando subsanar el avenimiento, además de decretar el término del procedimiento de aprobarlo. En consecuencia, se sugiere aclarar la función que cumplirá el juez con el objeto de despejar las dudas que pudiera ofrecer la aplicación de la norma.

Décimo: Medida cautelar prejudicial de prohibición de celebrar actos y contratos.

El actual artículo 137 del Código Tributario regula la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos, la cual puede ser solicitada por el Servicio de Impuestos Internos ante el Tribunal Tributario y Aduanero en los procedimientos de reclamo de contribuyentes, ello en caso que éstos no ofrezcan suficiente garantía o exista motivo racional para creer que procederán a ocultar sus bienes, tramitándose en forma incidental.

El proyecto propone agregar al artículo 137 los incisos cuarto, quinto y sexto, mediante los cuales se establece la procedencia de tales medidas, en carácter de “prejudiciales” en los procedimientos de fiscalización (artículo 59 bis del Código Tributario) y “en aquellos que, atendido el monto que deba liquidarse en comparación con el patrimonio del contribuyente, su comportamiento tributario previo y sector o segmento al que pertenece se deriven presunciones fundadas de que no se encontrará en condiciones de satisfacer oportunamente la acreencia fiscal”, solo respecto de contribuyentes cuyas deudas y rentas superen el umbral que prefija el precepto.

La solicitud del Servicio de Impuestos Internos debe conducirse mediante resolución administrativa fundada –que dé cuenta de los motivos de la solicitud-; presentarse ante el tribunal civil; y en caso que el tribunal acceda a la medida se deberá notificar la liquidación correspondiente en el plazo de diez días. En caso que no se realice la notificación en el plazo indicado, la medida quedará sin efecto por el sólo ministerio de la ley, debiendo el Servicio de Impuestos Internos poner en conocimiento dentro del plazo de cinco días al tribunal respectivo para que alce las medidas decretadas. Por último, la resolución judicial que se pronuncie respecto de la medida precautoria es impugnable mediante recurso de apelación, el cual se concederá en el sólo efecto devolutivo.

Al respecto, surge la interrogante en el sentido de determinar si es que a la resolución que se pronuncie sobre la medida debiese preceder notificación de la solicitud al contribuyente y cuáles serían sus posibilidades de oposición. En todo caso, de procederse sin audiencia previa del contribuyente, la resolución judicial que concede la medida debiese notificársele, sin embargo, la regulación nuevamente omite una referencia de este tipo, previéndose únicamente la notificación de la liquidación, hito de cuyo cumplimiento pende el no alzamiento de la medida. Cabe recordar que la exigencia de notificación de la resolución que concede la medida al contribuyente afectado por la prohibición es de vital importancia para configurar la nulidad civil de los actos que se celebren sobre los respectivos bienes; sin notificación de la medida al contribuyente, la prohibición pierde toda eficacia.

La propuesta también introduce un artículo 137 bis nuevo que desarrolla la regulación de las medidas concedidas. En primer lugar, se establece que si, concedida una medida, el contribuyente dedujere reclamo en contra de la liquidación, la medida decretada se mantendrá, a menos que “se desvirtúen las causas invocadas por el Servicio de Impuestos Internos para obtener la medida ante el tribunal de apelación”.Como se puede apreciar, el proyecto limita de manera poco razonable el alzamiento de la medida, ya que se requiere que se desvirtúen las causas que se tuvieron a la vista ante la Corte de Apelaciones que conoció el recurso de apelación, instancia que es obviamente eventual. Por lo demás, y cómo se viene apuntando, la regulación todavía no establece si la resolución que accede a la medida ha de ser notificada ni en qué oportunidad.

En todo caso, la regulación propuesta altera la regla general en materia de medidas cautelares, las cuales deben cesar en caso que desaparezca los motivos que las hicieron procedentes, pues se podría concluir que de no existir apelación, la medida no se podrían alzar de modo alguno. Por lo anterior, se recomienda eliminar esta exigencia adicional en pos de preservar la igualdad de las partes en el proceso y la naturaleza cautelar de las medidas en cuestión.

En segundo lugar, se establece que, de no existir reclamo del contribuyente a la liquidación, la medida se mantendrá hasta que se inicie el procedimiento contemplado en el artículo 171 del Código Tributario, esto es, el cobro ejecutivo administrativo de la obligación tributaria, en que, como puede preverse operará la figura del embargo. Además, se dispone que la medida se alzará en caso que el contribuyente pague el impuesto, respecto del cual podrá posteriormente reclamar de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en dicho pago o en los elementos que sirvan de base para determinarlo el impuesto. El alzamiento deberá solicitarse al tribunal civil, quien así lo decretará sin más trámite. Al respecto, cabe afirmar la incongruencia que implica radicar este asunto ante el tribunal civil en vez del juez tributario, pues este último es el que habrá decretado la prohibición y que se encuentra en mejor posición de pronunciarse al respecto en razón de su especialidad e información disponible. En atención a lo anterior, se sugiere corregir este punto.

Otra observación que se puede relevar es que la “prejudicialidad” de las medidas en cuestión no resulta ser tal, pues, la existencia de “juicio” o litigio es puramente eventual, dependiente del reclamo del contribuyente y en cuya ausencia, entonces, el procedimiento de concesión de las medidas deviene autónomo, al servicio de la seguridad del crédito fiscal que se vuelve controvertido solo por el acto de reclamo del contribuyente.

Undécimo: Casación en la forma respecto de sentencias de primera instancia que fallan reclamos.

Actualmente, el artículo 139 del Código Tributario dispone que en contra de la sentencia de primera instancia que falle un reclamo sólo podrá interponerse el recurso de apelación. Concordantemente, el artículo 140 del Código Tributario señala que en contra de la sentencia de primera instancia no procede el recurso de casación en la forma ni se puede decretar su anulación de oficio; a diferencia de lo que ocurre con la sentencia de segunda instancia que dictan las Cortes de Apelaciones.

En consecuencia, mediante la modificación de los citados preceptos se propone que la sentencia de primera instancia que falle un reclamo pueda ser impugnada por el recurso de casación en la forma y que la Corte de Apelaciones pueda anularla de oficio, iniciativa que se considera favorable, pues al ampliar el grado de control y revisión de las sentencias dictadas por los Tribunales Tributarios y Aduaneros a las formas procesales, permitirá dar mayor eficacia a las garantías de las partes y, en definitiva, al debido proceso.

Duodécimo: Modificación del artículo 144 del Código Tributario.Actualmente, el artículo 144 del Código Tributario ordena a los Tribunales Tributarios y Aduaneros fundar sus fallos. En caso que se omita lo anterior o que falte el análisis de la prueba en los términos del inciso 15° del artículo 132 del Código Tributario, la Corte de Apelaciones que conozca del recurso de apelación deberá corregir dichos vicios, herramienta que compensa la ausencia de la casación forma como medio de impugnación y anulación de oficio.

Con la modificación propuesta, se elimina la referencia a los requisitos del artículo 132, se suprime la referencia a la posibilidad de corregir la sentencia según el artículo 140 y se agrega que el en caso de omisión de la fundamentación de la sentencia procederán los recurso procesales, lo cual constituye una clara alusión al otorgamiento del recurso de casación en la forma y la causal de la regla 5ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, haber sido pronunciada la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, la disposición en comento pareciera perder toda utilidad dada la introducción de la casación forma y anulación de oficio.

Décimo tercero: Modificación de la casación en la forma en contra de sentencias definitivas de segunda instancia.

Actualmente, el artículo 145 del Código Tributario contiene las reglas aplicables a los recursos de casación de casación en la forma y en el fondo en contra de las sentencias de segunda instancia. En relación con lo anterior, el proyecto aborda el primer recurso en tres aspectos.

A).- Crea una causal de casación en la forma –aplicable, importa recalcar, sólo a las sentencias definitivas de segunda instancia- que se relaciona específicamente con la motivación de la sentencia y valoración de la prueba, aunque mediante una redacción enrevesada y altamente discrecional. Demostración de esto último es la alusión a una fórmula de intensidad, tal como “notoriamente”.

Esta técnica de regulación implica tres aspectos en que que se advierten inconvenientes:

Primero: Que el control de motivación acerca de la valoración probatoria se hará por la Corte Suprema respecto de las sentencias de las Cortes de Apelaciones, cuando éstas carecerán de esta forma de control –por no aplicar la causal en cuestión en la revisión de sentencias de primera instancia-, discordancia que se estima injustificada.

Segundo: Pareciera recomendable emplear una figura reconocible en el ordenamiento nacional como “infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”, presente en sede laboral, en vez de una fórmula que suma un conjunto de elementos difíciles de conjugar e inteligir, particularmente, la exigencia que la motivación alejada notoriamente del material probatorio o irracional, ilógica o contraria a la experiencia, requiera además carecer de fundamentación racional –¿sería entonces plausible sostener la validez de una sentencia cuya motivación se distancia de la prueba pero tiene una fundamentación racional?-.

Tercero: Dado que el control de motivación de las sentencias se hará por la Corte Suprema, mas no por las Cortes de Apelaciones, se debe anticipar que los asuntos tributarios se resolverán, en definitiva, ante el máximo tribunal, pues bastará que las partes no compartan la valoración de las sentencias para que sean de su conocimiento, convirtiéndose en una verdadera tercera instancia, desfigurando su rol uniformador del derecho.

B).- Se establece en forma expresa que serán trámites esenciales los señalados en el Código de Procedimiento Civil, en especial la recepción de la causa a prueba en primera instancia. Al respecto, se debe destacar que el artículo en comento ya señala que se aplicarán a los recursos que procedan en contra de las sentencias de segunda instancia, las disposiciones del Título XIX “Del recurso de casación” del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, por lo que la modificación parece innecesaria, por contener dicho título las materias que ahora se agregan en forma expresa.

C).- Se propone agregar un nuevo inciso 3° al artículo 145, con el fin de no aplicar la regla contenida en el inciso 2° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la cual: “En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de este artículo y también en el número 5° cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido”. Al respecto, se debe tener presente que el inciso 2° del artículo 766: “Procederá, asimismo, respecto de las sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, con excepción de aquéllos que se refieran a la constitución de las juntas electorales y a las reclamaciones de los avalúos que se practiquen en conformidad a la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial y de los demás que prescriban las leyes”.

En relación con lo anterior, se observa que del tenor del nuevo inciso 3° del artículo 145 no resulta claro si las limitaciones se alzarán sólo respecto de la casación en la forma de la sentencia de segunda instancia o si también se aplicará a la impugnación de la sentencia de primera instancia, pues si bien por su ubicación se podría llegar a la primera interpretación, la redacción general (“en los juicios de reclamaciones tributarias”) lleva a la segunda. Por ello, se recomienda aclarar la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que Moderniza la Legislación Tributaria, de conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. (Boletín N° 12.043-05).

Se deja constancia que la ministra señora Egnem fue de opinión de informar desfavorablemente la modificación que se plantea al artículo 145 del Código Tributario, por estimar que la propuesta remitida resulta confusa, en circunstancias que la norma vigente resulta clara en su sentido y alcance.

Ofíciese.

PL-22-2019”

Saluda atentamente a V.S.

SERGIO MUÑOZ GAJARDO

Presidente (s)

JORGE SÁEZ MARTIN

Secretario

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA (BOLETÍN N° 12.043-05.)

Santiago, 14 de agosto de 2019.

N° 157-367/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esta H. Corporación:

AL ARTÍCULO 4°

1)Para reemplazar en el inciso sexto del artículo primero, incorporado por la letra b) del número 1., las palabras “a personas o entidades sin” por “a entidades sin fines de lucro que no tengan”.

ARTÍCULO 16º

2)Para reemplazar el artículo 16, por el siguiente:

“Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 8° de la ley N° 20.780:

a)Reemplázase en inciso primero, la frase que comienza con “fijas, conformadas por calderas o turbinas” hasta el punto final (“.”), por “emisoras, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado (MP), o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2).”.

b)Agréganse los incisos segundo y tercero nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Para efectos de la aplicación de este artículo, se entenderá por:

(a) Establecimiento: un recinto o local en el que se lleve a cabo una o varias actividades económicas que implique una transformación de la materia prima o de los materiales empleados, o se de origen a nuevos productos, cuyas fuentes emisoras estén bajo un control operacional único o coordinado.

(b) Fuente emisora: una fuente fija cuyas emisiones sean generadas, en todo o parte, a partir de combustión.

(c) Combustión: un proceso de oxidación de sustancias o materias sólidas, líquidas o gaseosas que desprende calor y en el que se libera su energía interna para la producción de electricidad, vapor o calor útil, con la excepción de la materia prima que sea necesaria para el proceso productivo.

No obstante, se excluyen de la aplicación del impuesto las emisiones asociadas a calderas de agua caliente utilizadas en servicios vinculados exclusivamente al personal y de grupos electrógenos de potencia menor a 500 kWt.”.

c)Reemplázase el inciso cuarto, actual segundo, por el siguiente:

“El impuesto establecido en este artículo afectará a las personas naturales o jurídicas, titulares de los establecimientos cuyas fuentes emisoras generen las emisiones de MP, óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) o CO2.”.

d)Modifícase el inciso quinto, actual tercero, de la siguiente forma:

i.Reemplázase, en el enunciado, la frase “material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2)” por “MP, NOx y SO2”.

ii.Agrégase en el párrafo que comienza con “Tij = Tasa del impuesto”, después de la palabra “Ton”, un punto final (“.”).

iii.Agrégase en el párrafo que comienza con “CSCpci”, después de la letra ““i”” un punto final (“.”).

e)Modifícase el inciso sexto, actual cuarto, de la siguiente forma:

i.Reemplázase en el enunciado, la frase “material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) o dióxido de azufre (SO2)” por “MP, NOx o SO2”.

ii.Reemplázase en el párrafo que comienza con “Tij”, la expresión “CCAj” por “CCAji”.

iii.En el párrafo que comienza con “CCAj”:

-Reemplázase la expresión “CCAj” por “CCAji”.

-Agrégase antes del punto final (“.”) la frase “para el contaminante “i”.”

f)Agrégase en el enunciado del inciso séptimo, actual quinto, entre la expresión “zona latente” y los dos puntos (“:”) que le siguen, la frase “por concentración del respectivo contaminante, conforme con lo siguiente”.

g)Reemplázase en la tabla del inciso noveno, actual séptimo, la palabra “Norteamérica” por “América”.

h)Incorpórase un inciso décimo nuevo, pasando el actual inciso octavo a ser decimoprimero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“El Ministerio del Medio Ambiente realizará cada diez años un informe respecto del CSCpci de cada contaminante local, con objeto de realizar una propuesta para su actualización.”.

i)Modifícase el inciso decimosegundo, actual noveno, de la siguiente forma:

i.Reemplázase las palabras “dióxido de carbono” por “CO2”, las dos veces que aparecen.

ii.Reemplázase la palabra “Norteamérica” por “América”.

iii.Reemplázase la palabra “fijas” entre “fuentes” y “que” por “emisoras”.

iv. Agrégase, entre las palabras “ley General de Servicios Eléctricos” y el punto seguido (“.”), la frase “, sea que se utilicen o no aditivos en la combustión de biomasa”.

j)Elimínase el inciso décimo actual.

k)Agrégase el siguiente inciso decimotercero, nuevo:

“Para efectos del cálculo del impuesto se deberán considerar todas las emisiones de MP, NOx, SO2 o CO2 generadas por las fuentes emisoras de cada establecimiento, en forma independiente del umbral de emisiones establecidas en el inciso primero por cuyo exceso se encuentren afectos.”.

l)Reemplázase el inciso decimoprimero actual, que pasa a ser decimocuarto, por el siguiente:

“El Ministerio del Medio Ambiente publicará anualmente un listado de los establecimientos que deberán reportar de manera obligatoria sus emisiones de conformidad con lo establecido en un reglamento. Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente publicará anualmente un listado de las comunas que han sido declaradas como saturadas o latentes para efectos de determinar el impuesto correspondiente al año siguiente, de acuerdo al inciso sexto de este artículo. Una vez realizado el reporte por parte de los establecimientos, la Superintendencia del Medio Ambiente publicará, durante el primer trimestre de cada año, un listado de aquellos que hayan cumplido las condiciones establecidas en el inciso primero. Los establecimientos gravados con este impuesto y que no se encuentren en el listado anterior tendrán la obligación de informar a la Superintendencia del Medio Ambiente de esta situación. El hecho de no informar o hacerlo con retardo no los eximirá del impuesto que deban soportar conforme a este artículo.”.

m)Elimínase el inciso decimosegundo actual.

n)Modifícase el inciso decimoquinto, actual decimotercero, de la siguiente forma:

i.Reemplázase la frase “Un reglamento expedido por el” por la palabra “El”.

ii.Incorpórase entre las palabras “fijará” y “las obligaciones”, las palabras “, mediante reglamento,”.

iii.Reemplázase las palabras “afectos y,” por la frase “que se encuentren en la situación del inciso primero y”.

o)Modifícase el inciso decimosexto, actual decimocuarto, de la siguiente forma:

i.Reemplázase la frase “para cada norma de emisión para fuentes fijas que sea aplicable” por las palabras “según resulte aplicable para cada contaminante”.

ii.Reemplázase la frase “precitada Superintendencia, quien la otorgará por resolución exenta” por “y, en su caso, otorgada mediante resolución exenta, por la referida Superintendencia”.

p)Modifícase el inciso decimoséptimo, actual decimoquinto, de la siguiente forma:

i.Reemplázase la frase “determine el señalado organismo, el que además podrá definir” por “dicha Superintendencia determine. En las referidas instrucciones se definirán”.

ii.Elimínase la expresión “la información adicional,”.

iii.Agrégase entre las palabras “los formatos y” y “medios correspondientes” la conjunción “los”.

iv.Agréguese a continuación de las palabras “entrega de información” y antes del punto final (“.”), la frase “y la información adicional que sea necesaria para efectos del reporte”.

q)Incorpóranse los incisos decimonoveno a vigesimoprimero nuevos, pasando el actual inciso decimoséptimo a ser vigesimosegundo y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Para efectos de aplicar la fórmula establecida en este artículo, en el mes de marzo de cada año, la Superintendencia del Medio Ambiente consolidará las emisiones informadas por cada contribuyente en el año calendario anterior.

La Superintendencia del Medio Ambiente deberá enviar al Servicio de Impuestos Internos un informe con los datos y antecedentes necesarios para que proceda al cálculo y giro del impuesto a los contribuyentes que se encuentren afectos conforme a este artículo. De la determinación de la forma de cuantificar las emisiones sujetas al impuesto establecido en este artículo podrá reclamarse ante el Tribunal Ambiental, conforme lo dispuesto en el artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600. En caso que el Tribunal Ambiental, mediante sentencia ejecutoriada modifique los antecedentes que fundamenten el giro, el Servicio de Impuestos Internos emitirá un nuevo giro. Por otra parte, cualquier diferencia de cálculo contenida en un giro emitido por el Servicio de Impuestos Internos conforme a este artículo, podrá reclamarse ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 123 y siguientes del Código Tributario.

El pago del impuesto deberá efectuarse al Servicio de Tesorerías en el mes de abril del año calendario siguiente a la generación de las emisiones, en moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio vigente a la fecha del pago, previo giro efectuado por el Servicio de Impuestos Internos.”.

r)Elimínase el inciso decimoctavo actual.

s)Modifícase el inciso vigesimotercero, actual inciso decimonoveno, de la siguiente forma:

i.Reemplázase la expresión “Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) respectivo” por “Coordinar Eléctrico Nacional”.

ii.Reemplázase la expresión “CDEC respectivo” por “Coordinador Eléctrico Nacional”.

iii.Reemplázase las palabras “fuente emisora” por “contribuyente”.

t)Incorpórase los siguientes incisos vigesimocuarto a vigesimonoveno, nuevos:

“Los contribuyentes afectos al impuesto establecido en este artículo, podrán compensar todo o parte de sus emisiones gravadas, para efectos de determinar el monto del impuesto a pagar, mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante, sujeto a que dichas reducciones sean adicionales, medibles, verificables y permanentes. En todo caso las reducciones deberán ser adicionales a las obligaciones impuestas por planes de prevención o descontaminación, normas de emisión, resoluciones de calificación ambiental o cualquier otra obligación legal.

Los proyectos de reducción de emisiones de MP, NOx o SO2 sólo podrán ser ejecutados en la zona declarada como saturada o latente en que se generen las emisiones a compensar, o en la misma comuna en que se generen dichas emisiones en el caso de no haberse realizado la declaración de zona saturada o latente a la fecha de presentación del proyecto de reducción.

Para la procedencia de un proyecto de reducción en los términos señalados en los incisos anteriores se deberá presentar una solicitud ante el Ministerio del Medio Ambiente, el que deberá pronunciarse, mediante resolución exenta, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha en que se reciban todos los antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos que resultan aplicables. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá mediante un reglamento la forma y antecedentes requeridos para acreditar las características necesarias para la procedencia de dichos proyectos, el procedimiento para presentar la solicitud y los antecedentes que se deberán acompañar a la misma.

Para acreditar la reducción de emisiones, los proyectos deberán ser certificados por un auditor externo autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente, sujeto a las metodologías que dicha Superintendencia determine. Para estos efectos, el Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante reglamento los procedimientos de certificación, los requisitos mínimos para que un auditor forme parte del registro que llevará al efecto y las atribuciones de los auditores registrados.

Una vez que se haya acreditado ante la Superintendencia del Medio Ambiente la ejecución del proyecto de reducción de emisiones, dicha Superintendencia realizará el cálculo de las emisiones de cada contribuyente afecto al impuesto, incluyendo aquellas reducciones de emisiones que se hayan utilizado como mecanismo de compensación, y deberá remitir dicha información al Servicio de Impuesto Internos, para efectos de realizar el cálculo y giro del impuesto que establece este artículo.

La Superintendencia del Medio Ambiente mantendrá un registro público de los auditores externos autorizados a que hacen referencia los incisos anteriores. Asimismo, la Superintendencia deberá llevar un registro público de los proyectos cuya reducción de emisiones haya sido verificada de conformidad con los incisos anteriores, en el que se consignará, adicionalmente, las reducciones que se utilicen para compensar las emisiones gravadas con el impuesto que se establece en este artículo.”.

AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIO

3)Para reemplazar el artículo trigésimo primero transitorio, por el siguiente:

“Artículo trigésimo primero transitorio.- Las modificaciones a los incisos primero, segundo y tercero del artículo 8° de la ley N° 20.780 entrarán en vigencia a contar del 1° de enero del año 2025. Por su parte, lo establecido en los incisos vigesimocuarto a vigesimonoveno del señalado artículo, entrará en vigencia una vez transcurridos tres años contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. En consecuencia, dentro de dicho plazo, el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente dictarán los reglamentos respectivos, definirán las metodologías y protocolos que correspondan y realizarán las restantes actuaciones necesarias para la procedencia de las medidas que en ellos se establecen. Las demás modificaciones al referido artículo entrarán en vigencia desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑAN

Ministro de Hacienda

CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR

Ministra del Medio Ambiente

ANEXO

?INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Boletín N° 12.043-05

________________________________________________________________________

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República don Sebastián Piñera Echenique, e ingresado a tramitación el 23 de agosto de 2018.

Este informe es el complemento del Certificado enviado por esta Comisión, y tratado por la Sala de la Corporación en la sesión que celebrara el 22 de agosto pasado, en cuanto contiene todos los antecedentes considerados tanto en la discusión en general como en particular, tales como audiencias efectuadas, documentos entregados[1] y consultados, como asimismo, el debate habido y las indicaciones e informes financieros hechos presentes tanto por diputados como por el Ejecutivo, todo lo cual en ningún caso altera el texto aprobado por esta Comisión de Hacienda y sometido a consideración y que se contiene, asimismo, en el Certificado mencionado.

La Comisión contó con la presencia del Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán, y del Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Vial, acompañados de las siguientes personas: Subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno Guzmán y Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade y de los asesores del Ministerio de Hacienda señora Carolina Fuensalida Merino, Coordinadora de Modernización Tributaria, y señores Manuel Alcalde Peñafiel, Coordinador de Política Tributaria, José Riquelme González, Coordinador Legislativo, Hermam González, Coordinador Macroeconómico y Tomás Kovacevic, Asesor de Políticas Tributarias del mismo ministerio.

En el trámite de audiencia pública concurrieron las siguientes personas en representación de las instituciones que se señalan:

1.-El Presidente de SOFOFA, señor Bernardo Larraín Matte, acompañado por el economista señor Ramón Delpiano y el abogado señor Eduardo Torretti.

2.-El Presidente Nacional de CONUPIA, señor Roberto Rojas Pugas, acompañado del señor Mario García Salinas, Presidente de la Asociación Distribuidores de Combustibles de Chile (Adico).

3.-El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Santiago CNC, señor Manuel Melero Abaroa.

4.-El Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio CPC, señor Alfonso Swett Opazo.

5.-El Presidente del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino H.,

6.- El Director Ejecutivo Centro de Estudios Tributarios, Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, señor Gonzalo Polanco Zamora. Acompañado de los profesores Juan Pablo Cabello, Osiel Gonzalez y Bernardo Marchant.

7.- La Economista Senior Programa Económico del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Macarena García Aspillaga, acompañada de la Economista del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Natalia González.

8.-El Gerente General de Chilealimentos, señor Guillermo González, acompañado de Roberto Murphy, Director; Andrés Fernández, Abogado y Marcela Alt, Abogada de Imaginaccion.

9.-El Presidente de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio de Chile (AMCHAM), señor Guillermo Carey , acompañado del señor Hugo Hurtado, Consejero de Amcham; Cristóbal Lea-Plaza, Gerente de Contenidos de Amcham y Daniela Cancino, Coordinadora de Políticas Públicas de Amcham.

10.-El Presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (CONAPYME), señor Marcos Carter Bertolotto, acompañado por Juan Araya Jofré, CNDC; Germán Dastres, CNP; José Carreño, Fechipan; Felix Luque, CNP; David Singh, Conatacoch y Oscar Bruna, Confedech.

11.-Socio Lider del Departamento de Impuestos Empresa Deloitte, señor Joseph Courand.

12.-Encargada de Departamento de Impuestos de la Empresa Deloitte, señora Ximena Niño Roa.

13.- Andrés Vial Infante; Presidente de Familias Empresarias de Chile, acompañado de la señorita María Ignacia Fernández, representante de TaxAdvisors.

14.- Jorge Hermann, Director de Hermann Consultores.

Servicios Públicos:

Fernando Barraza Luengo, Director del Servicio de Impuestos Internos

Acompañado de Víctor Villalón, Subdirector de Fiscalización; Eduardo Pantoja, Subdirector (S) de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios; Juan Alberto Rojas, Subdirector Normativo;-Miguel Zamora, Subdirector Jurídico; Simón Ramírez, Jefe del Departamento Técnica Tributaria de la Subdirección Normativa de este Servicio, además de su Jefe de Prensa, Carlos Essus.

En representación de Asociaciones de Funcionarios de Servicios Públicos:

1.-Asociación Nacional de Magistrados de Tribunales Tributarios de Chile ANMTTACH, señor Hernán Farías Sepúlveda, Presidente, acompañado de Luis Pérez Manríquez (Juez del 1er. TTA de la Región Metropolitana) y Javier Alarcón (Abogado del mismo TTA)

2.- Marcos González Alvarez, Presidente Nacional Funcionarios del SII Aneiich

3.-Javier Alarcón Rojas, Presidente (S) Asociación de Tribunales Tributarios y Aduaneros;

4.- Víctor Hugo Mora Astroza, Presidente de la Confederación Nacional, Unión de Funcionarios Municipalidades de Chile (UFEMUCH), acompañado por Christián Gajardo Altamirano, Director Encargado Comisión Técnica; Jaime Olate Jara, Tesorero Nacional; Hugo Cárdenas Vera, Director; Teresa Román Gómez, Directora y Isis Zamudio Román, Periodista de Ufemuch.

5.-Presidente Nacional AFIICH, señor Juan Apablaza Gallardo, Acompañado de Paola Tresoldi, Max Zapata, Ma Eliana Quiñones, Jaime Castro; Oriana Urrutia Grez y Luis Pereira.

Economistas y Académicos

1.- ExTesorero General de la República, señor Hernán Frigolett

2.- ExDirector de SII, señor Michel Jorratt

3.- El Economista y Académico, señor Ramón López Opazo.

4.- El Economista y Académico, señor Klaus Schmidt-Hebbel.

5.- El Economista y Académico, señor Ignacio Briones Rojas.

6.- El Economista y exsubsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco Aguayo.

7.- El Economista, señor Bernardo Fontaine Talavera.

8.- El Profesor de Derecho Tributario de Universidad Católica de Chile, señor Jaime Del Valle Valenzuela.

9.- El Profesor de la Facultad de Derecho Universidad Católica de Chile Cristián Boetsch.

10.- El Profesor de Derecho Tributario de la Universidad De Chile, señor Francisco Selame Marchant,

11.- El Académico del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, señor Juan Manuel Baraona.

Sesión especial lunes 27 de mayo de 2019

En el marco de la discusión del proyecto de ley, con el objeto de conocer la opinión de las instituciones que se indican a continuación, en la creación de una Comisión de anti elusión tributaria, señalada en el artículo trigésimo séptimo transitorio nuevo, expusieron las siguientes personas

El Fiscal Nacional Económico, señor Ricardo Riesco Eyzaguierre.

El Presidente del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero CMF, señor Joaquín Cortez Huerta.

El Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), señor Enrique Vergara Vial.

El Presidente Nacional AFIICH, señor Juan Apablaza Gallardo.

El Subdirector Jurídico de SII., señor Miguel Zamora Rendic.

Asimismo, durante la discusión en particular, la Comisión contó en todas la sesiones con la presencia del Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán y del asesor señor Manuel José Alcalde Peñafiel, Coordinador de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda, y del asesor del Presidente de la Comisión, señor Diego Riquelme Ruiz.

Igualmente, participaron el señor Enrique Aldunate Esquivel, asesor legislativo de la Bancada del Partido Socialista, el señor Alfredo Ugarte Soto, abogado tributarista y el especialista de la Biblioteca del Congreso Nacional en materias tributarias, señor Juan Pablo Cavada Herrera.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

1.-SÍNTESIS DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES:

Avanzar hacia un sistema tributario más moderno, simple y más equitativo, que promueva la innovación y el emprendimiento e incentive el ahorro y la inversión, con un marco legal más preciso y con reglas claras en su comprensión, contenido y espíritu; que se haga cargo de los avances tecnológicos en la economía digital y colaborativa; que se proyecte en el tiempo, cimentado en base al principio de legalidad tributaria y equidad horizontal, y que permita, por una parte, otorgar mayor certeza a los contribuyentes, y, por la otra, contar con los recursos suficientes que le permitan al Estado financiar responsablemente sus funciones, inversiones y políticas sociales.

2.- APROBACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO:

La iniciativa fue aprobada por la mayoría de ocho votos a favor y cinco en contra. Votaron a favor los diputados Carlos Ignacio Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. Votaron en contra los diputados Pepe Auth Stewart, Giorgio Jackson Drago, Daniel Núñez Arancibia (Presidente), Manuel Monsalve Benavides y Marcelo Schilling Rodríguez.

3.- CONOCIMIENTO DE LA CORTE SUPREMA

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N°18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, fue consultada con fecha 16 de mayo del año en curso, la opinión de la Excma. Corte Suprema sobre las materias contenidas en el artículo primero que modifica el Código Tributario, en lo que respecta a la competencia de los tribunales tributarios y aduaneros.

4.- NORMAS DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL:

El análisis respectivo se ha realizado tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional ha determinado explícitamente, cuáles materias deben regularse mediante leyes orgánicas constitucionales, en lo que respecta a la organización y atribuciones de los tribunales, adoptando una interpretación restrictiva de su alcance. En particular, respecto de la norma contenida en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, ha señalado que por “organización” de los tribunales debe entenderse la estructura básica de aquellos, y sobre el concepto de “atribuciones” de los tribunales, señala que debe entenderse como exclusivamente referido a la competencia de aquellos.

Dicho lo anterior, las siguientes normas contenidas en el texto del proyecto de ley sometido a consideración, deben aprobarse en el carácter de ley orgánica constitucional:

Artículo primero, que modifica el Código Tributario:

a)N° 46 y 47: Hacen procedente, medidas prejudiciales precautorias ante los tribunales tributarios y aduaneros, y regulan la subsistencia de la medida durante el transcurso del proceso de reclamación.

b)N° 48: Hace procedente el recurso de casación en la forma.

c)N° 49, 50 y 51: Establecen normas adecuatorias en relación a los nuevos recursos procedentes, y declara que en los juicios sobre reclamaciones tributarias no regirá la limitación contenida en el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil respecto de las causales de procedencia del recurso de casación en la forma.

En síntesis, contra la sentencia que falle un reclamo, procederán no sólo el recurso de apelación (ya existente) sino además, el recurso de casación en la forma. Respecto de la sentencia de segunda instancia, el reclamante o el Servicio de Impuestos Internos, podrán interponer el recurso de casación, estableciéndose que para que proceda el recurso de casación en la forma, la sentencia de segunda instancia deberá contener una motivación alejada notoriamente de los antecedentes probatorios o una estimación irracional, ilógica o contraria a la experiencia, que carezca de una fundamentación racional.

d)N° 52: Amplía la materia de reclamo tributario a las contribuciones.

e)N° 53: Modifica la regla de valoración de la prueba, pasando de la sana crítica al “razonamiento lógico y jurídico para llegar a su convicción”.

Artículo vigésimo séptimo: Obliga a los tribunales tributarios y aduaneros a mantener en sus sitios electrónicos, y debidamente actualizados, los antecedentes indicados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.

Artículo vigésimo octavo: Establece que las sentencias definitivas de primera instancia deberán ser publicadas y mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico de los tribunales tributarios y aduaneros.

5.-ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS:

1).-Artículos rechazados: (numerales)

Artículo 1. (Pasó a ser Artículo primero)

-Número 1.Agrégase, en el artículo 4°, un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, la interpretación y aplicación de las disposiciones tributarias, de los actos jurídicos y de los contratos, deberá considerar las normas de derecho común. En consecuencia, el intérprete debe considerar las normas y criterios interpretativos recogidos por el ordenamiento jurídico común, entre los que se cuentan los principios generales del derecho.”.

-Número 2.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 4° bis.-:

a)Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la palabra “imponibles” por “gravados”.

ii.Agrégase a continuación de la expresión “naturaleza jurídica” la expresión “y económica”.

iii.Elimínase la palabra “hechos” la segunda vez que aparece en el texto y la coma (“,”) que le sigue.

iv.Agrégase después de la palabra “actos”, la palabra “jurídicos”.

v.Reemplázase la palabra “negocios”, por la palabra “contratos”.

vi.Agrégase después del punto final (“.”) que pasa a ser seguido (“.”) la siguiente frase:

“En consecuencia, el Servicio sólo podrá desconocer la forma de los actos jurídicos o contratos celebrados por los interesados y los efectos de estos para fines tributarios en el caso de elusión y promoviendo previamente el procedimiento establecido al efecto en los artículos 4° quinquies y 160 bis.”.

b)Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Elimínase la expresión “o negocios”.

ii.Agrégase después de la palabra “jurídicos”, la expresión “o contratos”.

c)Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i.Elimínase la expresión “o negocios”.

ii.Agrégase después de la expresión “jurídicos o” la expresión “contratos o”.

iii.Reemplázase la palabra “imponibles” por la palabra “gravados”.

iv.Elimínase la palabra “tributarias”.

v.Elimínase la frase que sigue al punto seguido (“.”) que pasa a ser punto final (“.”).

d)Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:

“Se entenderá que existe elusión de los hechos gravados exclusivamente en los casos de abuso o simulación establecidos en los artículos 4º ter y 4º quáter, respectivamente. Determinada la existencia de elusión, se exigirá la obligación tributaria que emana de los hechos gravados eludidos establecidos en la ley.”.

e)Modifícase el inciso quinto en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “abuso o simulación en los términos del artículo 4° ter y 4° quáter, respectivamente” por la palabra “elusión”.

ii.Reemplázase la frase “del abuso o la simulación” por la siguiente: “de la existencia de elusión”.

f)Incorpórase los siguientes incisos sexto y séptimo, nuevos:

“Salvo que un caso se encuentre cubierto por el ámbito de aplicación de una norma especial antielusión, la existencia de abuso o simulación y sus consecuencias jurídicas se regirán por lo dispuesto en los artículos 4° ter y 4° quáter. Para estos efectos, se entenderán normas especiales antielusión aquellas que permitan tasar la base imponible o el precio o valor, establecer sistemas de tributación en base a renta presunta, establecer normas especiales para rebajar gastos y, en general, las que facultan al Servicio para aplicar normas especiales de tributación. No obstante lo anterior, los artículos 4° ter y 4° quáter serán aplicables a las reorganizaciones empresariales descritas en el artículo 64 letra D. Una vez que el Servicio haya citado, o bien girado o liquidado un impuesto aplicando una norma especial antielusión, precluirá para el Servicio la facultad de aplicar los artículos 4° ter y 4° quáter sobre los mismos actos jurídicos o contratos, salvo que los elementos sustantivos de esos actos o contratos se vean alterados de manera significativa y tales modificaciones sean constitutivas de elusión. En caso que el Servicio cite al contribuyente en los términos del inciso tercero del artículo 4° quinquies, precluirá la facultad de aplicar lo dispuesto en una norma especial antielusión respecto de los mismos actos jurídicos o contratos.

Lo dispuesto en los artículos 4° bis a 4° quinquies no será aplicable respecto del interesado y para la consulta planteada, en caso que el Servicio se pronuncie sobre una consulta en el marco de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso segundo, Letra A, número 2 o en el caso que de manera directa o bien al operar el silencio positivo se descarte la existencia de elusión conforme al artículo 26 bis.

-Número 3.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4º ter.-:

a)Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la palabra “imponibles” que sigue a la expresión “los hechos”, por la palabra “gravados”.

ii.Elimínase las expresiones “total o parcialmente” y “o la obligación tributaria”.

iii.Reemplázase la palabra “dicha” que sigue a la frase “o se postergue o difiera el nacimiento de”, por la palabra “la”.

iv.Intercálase la palabra “tributaria” entre la palabra “obligación” y la coma (“,”), que antecede a la frase “mediante actos”.

v.Elimínase la expresión “o negocios”.

vi.Intercálase entre la palabra “jurídicos” y la frase “que, individualmente considerados”, la expresión “o contratos”.

vii.Agrégase después de la coma (“,”) que sigue a la frase “individualmente considerados o en su conjunto” la frase “sean notoriamente artificiosos para la consecución del resultado obtenido y”.

viii.Elimínase la palabra “relevantes” y la expresión “que sean”.

ix.Agrégase después del punto final (“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”), la siguiente frase: “Para estos efectos, se entiende que es artificioso aquel acto jurídico o contrato que, careciendo de una causa o de causa lícita contraviene la finalidad de la ley.”.

b)Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “razonable opción de” por la frase “elección entre diversas”.

ii.Reemplázase la frase “la legislación tributaria” por la frase “el ordenamiento jurídico”.

iii.Agrégase después de las expresiones “actos jurídicos” y “acto jurídico” las expresiones “o contratos” y “o contrato”, respectivamente.

iv.Reemplázase la expresión “la ley tributaria” por la siguiente: “los actos jurídicos o contratos realizados de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.

c)Suprímase el inciso final.

-Número 4.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4º quáter.-:

a)Agrégase después de la frase “Habrá también elusión” la frase “de los hechos gravados contenidos en las leyes tributarias”.

b)Reemplázase la expresión “o negocios” que antecede a la frase “en los que exista simulación”, por la frase “jurídicos o contratos”.

c)Intercálase entre la frase “en los que exista simulación” y el primer punto seguido (“.”) la siguiente frase:

“absoluta o relativa, excepto los casos de simulación expresamente tipificados como delito conforme a lo dispuesto en los números 4°, 8°, 9°, 23, 24 y 25 del artículo 97, artículo 64 de la Ley sobre Impuesto de Herencias, Asignaciones y Donaciones, y artículo 470 número 8 del Código Penal”.

d)Reemplázase la expresión “y negocios jurídicos” por “jurídicos o contratos”.

e)Reemplázase la palabra “data” por “fecha”.

-Número 5.Intercálase, en el inciso final del artículo 4° quinquies, entre las expresiones “de los actos jurídicos” y “abusivos o simulados”, la expresión “o contratos”.

-Número 8.Reemplázase el artículo 8 bis, por el siguiente:

“Artículo 8 bis.- Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes, los siguientes:

3°Pagar el monto de impuestos que corresponda en conformidad con las obligaciones tributarias establecidas en la ley y a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes tributarias, debidamente actualizadas.”

-Número 17.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 21:

a)Agrégase, en el inciso segundo, entre la expresión “no sean fidedignos” y el punto seguido (“.”) el siguiente párrafo: “y así se declare mediante resolución fundada en base a los antecedentes de hecho y de derecho tenidos a la vista. Esta resolución podrá impugnarse junto con la reclamación de la liquidación o giro respectivo”.

b)Agrégase los siguientes incisos sexto y séptimo, nuevos:

“El Servicio no podrá, para efectos de fiscalización ni para ningún otro efecto, exigir antecedentes otorgados con anterioridad a los plazos establecidos en el artículo 200. Lo anterior también se aplicará a la revisión y determinación del capital propio tributario, a la utilización de pérdidas tributarias o de remanentes de crédito fiscal de impuesto al valor agregado. Cuando el Servicio revise reorganizaciones, partidas, actos, contratos u operaciones que tengan incidencia en la determinación del capital propio tributario o en la utilización de pérdidas tributarias o en el remanente de crédito fiscal, no podrá exigir antecedentes anteriores a los plazos establecidos en el artículo 200.

En ningún caso se podrán exigir formalidades o solemnidades no contempladas por la ley para el acto, contrato u operación de que se trate.

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de utilización de pérdidas tributarias y remanentes de crédito fiscal de impuesto al valor agregado, que se originen en operaciones ocurridas en periodos anteriores a los señalados en el artículo 200, sólo por excepción el Servicio podrá exigir antecedentes relativos a dichas operaciones, para cuyo efecto el Director Regional deberá dictar una resolución fundada, especificando los antecedentes relevantes de hecho y de derecho requeridos. En estos casos, se presumirá que las pérdidas y remanente señalados anteriormente se corresponden con los antecedentes informados por el contribuyente, salvo que el Servicio los controvierta con otros antecedentes, en forma precisa y fundada. Para estos efectos, no será suficiente la mera aserción que los antecedentes proporcionados por el contribuyente no forman convicción o no son suficientes para probar sus afirmaciones.”.

-Número 30.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 60 bis:

a)Elimínase el inciso tercero.

-Número 32.Reemplázase el artículo 64 por el siguiente:

“Artículo 64.- El Servicio, fundadamente, podrá tasar la base imponible de un impuesto, con los antecedentes que tenga en su poder, en los casos que el contribuyente no concurriere o no contestare la citación que se le hiciere de acuerdo con el artículo 63 o si en su respuesta no subsanare las deficiencias que se comprueben por el Servicio.

Asimismo, el Servicio podrá tasar la base imponible de un impuesto, en los casos del inciso segundo del artículo 21 y del artículo 22.

Para estos efectos, se aplicarán las siguientes normas:

A.- Reglas de valoración para la determinación de la base imponible.

Cuando el precio o valor asignado a la enajenación de un bien o al servicio prestado sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto, el Servicio, previa citación, podrá tasar dicho precio o valor en los casos en que estos ? difieran notoriamente de los precios o valores normales de mercado que hayan o habrían acordado partes no relacionadas considerando las circunstancias en que se realiza la operación, tales como las características de las industrias, sectores o segmentos relevantes, las funciones asumidas por las partes, las características específicas de los bienes o servicios contratados y de las partes contratantes, así como también cualquier otra circunstancia relevante.

Para efectos de justificar el precio o valor respectivo, el contribuyente podrá aplicar cualquier método de valoración basado en técnicas de general aceptación.

Se presumirá, salvo que el Servicio acredite ? fundadamente lo contrario en la liquidación o resolución de que se trate, que el precio o valor asignado en operaciones entre partes no relacionadas corresponde a precios o valores normales de mercado.

Sin perjuicio de la presunción establecida en el párrafo anterior, se presumirá para efectos tributarios, salvo que el Servicio acredite ? fundadamente lo contrario en la liquidación o resolución de que se trate, que el precio o valor asignado corresponde al precio o valor de mercado, en los casos que dichos precios o valores se determinen de la siguiente forma:

1.Para el caso de efectos públicos, bonos, debentures, acciones y demás valores mobiliarios que tengan cotización bursátil, el precio o valor que corresponda a dicha cotización a la fecha de la enajenación o, si no hubiere habido transacciones en aquella fecha, en la fecha anterior más próxima a la de enajenación.

No se aplicará la presunción en aquellos casos en que el bien no hubiera sido transado en bolsa entre partes no relacionadas en los sesenta días anteriores a la enajenación.

2.Para bienes inmuebles, será el precio o valor fijado en enajenaciones de inmuebles de características y ubicación similares, en la localidad respectiva, en los 12 meses precedentes a la enajenación.

3.Para los negocios, empresas, cuotas o derechos en comunidades, sociedades anónimas cerradas, derechos en sociedades de personas, de cualquier origen, y cuotas de fondos de inversión, el valor que resulte de asignar a los mencionados bienes, la proporción que les corresponda en el patrimonio financiero debidamente acreditado.

4.Para operaciones de financiamiento entre partes relacionadas el precio o valor que se determine según las reglas siguientes:

a)Si el acreedor es una persona natural que no determina rentas efectivas según contabilidad completa, no desarrolla como giro habitual operaciones de financiamiento y no ha asignado los bienes respectivos a su contabilidad como empresario individual, el reajuste en conformidad a la variación del índice de precios al consumidor o a la unidad de fomento. En estos casos no será necesario que el financiamiento establezca una tasa de interés.

b)Si para realizar la operación de financiamiento el acreedor, que determina su renta efectiva en base a contabilidad completa o corresponde a un fondo reglamentado por la ley número 20.712, ha obtenido financiamiento de una persona o entidad no relacionada que sea un banco o una institución financiera extranjera o en su caso, ? sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ?, se presumirá que la operación es de mercado si se ha estipulado una tasa de interés y cargos financieros que le permitan cubrir sus gastos de operación y obtener una utilidad que corresponda a las normales de mercado que hayan o habrían acordado partes no relacionadas.

B.-Normas especiales sobre operaciones en Chile dentro de un grupo empresarial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra A.-, en las operaciones de cualquier naturaleza entre entidades del mismo Grupo Empresarial en Chile, que incluyan transferencia de bienes, pagos por prestación de servicios, regalías, intereses, constitución de garantías, celebración de cuentas corrientes o cuentas de gestión, entre otras, la determinación de los precios o valores sólo podrán ser fiscalizados por el Servicio conforme al artículo 59, considerando como elemento sustantivo los resultados tributarios obtenidos por las entidades del grupo empresarial, debiendo, por tanto, considerar los efectos tributarios entre las partes de una misma operación o contrato y que dichos efectos tributarios se determinen y, en su caso, se impugnen por el Servicio en forma integral y consistente, considerando entre otros factores, las consecuencias tributarias que para ambas partes tiene la operación y la aplicación de los impuestos que correspondan en la operación.

Se presumirá, salvo que el Servicio acredite lo contrario mediante resolución fundada, que el precio o valor asignado en la prestación de servicios o funciones entre entidades que son parte de un Grupo Empresarial corresponde a los normales de mercado que habrían acordado partes no relacionadas, en los casos que dichos precios o valores correspondan al costo asociado a la prestación de dichos servicios o funciones más una utilidad que corresponda a las normales de mercado que hayan o habrían acordado partes no relacionadas considerando las circunstancias en que se realiza la operación ?. Si un mismo servicio o función beneficia a más de una entidad que es parte del Grupo Empresarial, cada entidad deberá soportar la prorrata respectiva en base al beneficio recibido.

Para acreditar el precio o valor determinado y el beneficio obtenido en operaciones entre entidades de un Grupo Empresarial será suficiente un contrato marco junto con los registros contables que correspondan de las entidades respectivas.

En caso que entidades de un Grupo Empresarial en Chile hayan realizado operaciones o transacciones con otras entidades del mismo grupo a las que se les haya notificado un requerimiento conforme con el artículo 59, procederá un solo procedimiento de fiscalización, que considerará las diferentes partidas de manera integral y consistente.?

En estos casos, las entidades deberán ser notificadas de la respectiva fiscalización conforme con las reglas generales.

El Director establecerá las instrucciones que permitan dirimir la unidad que deba llevar adelante la fiscalización en el caso que los contribuyentes del Grupo Empresarial que han sido notificados de una fiscalización se encuentren en la jurisdicción de más de una Dirección Regional.

En todo caso, la señalada fiscalización, se sujetará a las siguientes reglas:

a)Se deberá notificar, conforme con las reglas generales, a dichos contribuyentes la resolución fundada en que el Director Regional determine realizar una fiscalización en un territorio jurisdiccional distinto al del domicilio correspondiente.

b)Recibida la notificación, la entidad controladora del grupo empresarial podrá solicitar en el plazo de 5 días ante cualquiera de las unidades que notifica la resolución, que la fiscalización de las entidades sea efectuada en la jurisdicción que corresponde a su domicilio, lo que deberá ser aprobado por el Director Regional dentro del plazo de 5 días.

c)Una vez determinada la jurisdicción en que se radicará la fiscalización, dicha jurisdicción se entenderá facultada para realizar todas las actuaciones relacionadas con la fiscalización respectiva, y de resolver todos los recursos y procedimientos pertinentes, incluyendo otorgar una condonación en caso que corresponda.

Será competente para conocer de los reclamos que correspondiera interponer a las entidades del mismo Grupo Empresarial que sean fiscalizadas en la forma indicada en el inciso anterior el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional del domicilio de la unidad que lleve a cabo la fiscalización.

El Servicio emitirá una resolución en que establecerá el procedimiento para el ejercicio de la facultad de fiscalización establecida en los incisos precedentes.

C.- Medios de prueba admisibles para acreditar enajenaciones y servicios.

Los contribuyentes podrán acreditar el valor de las enajenaciones y prestaciones de servicios a través de la contabilidad, prueba documental, testimonial, informes periciales o cualquier otra capaz de producir fe, debiendo valorarse la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica y sin exigir formalidades o solemnidades diversas a las establecidas en el derecho común para el respectivo acto o contrato.

D.- Exclusiones relativas a las reorganizaciones empresariales.

No se aplicará la facultad de tasar establecida en este artículo en los siguientes casos:

1.En la división o fusión, siempre que la nueva sociedad o la subsistente mantenga registrado el costo tributario que tenían los bienes en la sociedad dividida o absorbida.

2.En el aporte, total o parcial, de bienes de cualquier clase, corporales o incorporales, situados en Chile o en el extranjero que realice una persona natural, sociedad o entidad constituida, domiciliada o residente en Chile o en el extranjero, y que impliquen la constitución o un aumento de capital de una sociedad, agencia o establecimiento permanente en Chile, y que no originen flujos efectivos de dinero para el aportante, siempre que los aportes se efectúen y registren al costo tributario que corresponda al aportante.

3.En el aporte, total o parcial, de bienes de cualquier clase, corporales o incorporales, situados y registrados en Chile que realice una sociedad o entidad constituida en el extranjero, y que impliquen la constitución o un aumento de capital de otra entidad o sociedad extranjera, siempre que se hayan efectuado en el contexto de una reorganización del Grupo Empresarial, no origine flujos efectivos de dinero para el aportante y que el aporte se efectúe al costo tributario que corresponda al aportante. El aportante y la receptora deberán acreditar, en caso de ser necesario, que el aporte se ha efectuado al costo tributario que correspondía al aportante.

4.En los procesos de división y fusión internacional efectuados por sociedades constituidas en el extranjero en el contexto de una reorganización de un grupo empresarial, que comprendan bienes situados o registrados en Chile, siempre que sus consecuencias jurídicas se puedan asimilar o sean análogas a aquellas consecuencias jurídicas establecidas en la legislación interna para las fusiones y divisiones, y que en dichas operaciones se mantenga registrado o controlado el costo tributario que tenían los activos y pasivos en la sociedad dividida o absorbida. Tampoco se aplicará la facultad de tasación del Servicio en la fusión internacional efectuada entre una sociedad chilena y una sociedad extranjera, siempre que la sociedad chilena sea la entidad absorbente y se cumplan los requisitos indicados en este número.”.

-Número 49.Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 160 bis, entre las palabras “naturaleza” y “económica”, las palabras “jurídica y”; y, reemplázase la expresión “hechos imponibles” por “hechos gravados”.

Artículo 2° (Pasó a ser Artículo segundo)

-Número 9.- Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 17:

d)Introdúcense las siguientes modificaciones al número 8°.-:

ii.Sustitúyase la letra a) por la siguiente:

iv) El mayor valor que se determine conforme a los literales anteriores, se afectará con un impuesto único y sustitutivo de 20% o bien, tratándose de personas naturales con domicilio o residencia en Chile, con el impuesto global complementario, a elección del enajenante, ambos sobre base de renta percibida.

-Número 10.- Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 20:

d)Elimínase, en el número 3°.-, la expresión “, sociedades de inversión o capitalización”.

-Número 11.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 21:

a)Efectúanse las siguientes modificaciones al inciso primero:

(i)Elimínase, en el numeral ii. a continuación de la palabra “artículos” la expresión “17, número 8 inciso quinto;”;

(ii)Intercálase entre el guarismo “35” y la coma que le sigue (“,”), la expresión “inciso tercero”; y reemplázase la expresión “los incisos tercero al sexto del” por “el”.

-Número 13.-Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 31:

b)Reemplázase, en el inciso segundo, la frase final que comienza con “Aun en el caso”, hasta el punto final por la siguiente: “Aun en el caso de que no exista el respectivo documento de respaldo, si este cumple con los requisitos señalados en el inciso primero, se podrá acreditar el gasto por cualquier medio de prueba legal.”.

g)Derógase el número 12.

-Número 17.Elimínase el artículo 37.

-Número 48.Suprímase, en el artículo 76, la frase “los socios administradores de sociedades de personas y los gerentes y administradores de sociedades anónimas,”.

Artículo 3° (Pasó a ser Artículo tercero)

-Número 10.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 17:

b)En el inciso segundo:

i.Reemplázase, todas las veces que aparece en el texto la expresión “valor de adquisición” por “valor comercial”.

ii.Elimínase toda la frase a continuación del segundo punto seguido (“.”) que pasa a ser punto final (“.”) del inciso y que empieza con la expresión “Para estos efectos”.

c)Elimínase los incisos tercero, cuarto y quinto, pasando los actuales incisos sexto y séptimo a ser incisos tercero y cuarto.

d)Elimínase en el actual inciso sexto que pasó a ser tercero, la frase final, a continuación de la expresión “opción de compra del inmueble”.

Número 16.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 27 bis:

c)En el inciso cuarto:

i.Intercálase, entre las expresiones “deberán presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos” y la coma (“,”) que le sigue, lo siguiente: “conforme a los artículos 80 y siguientes.”.

ii.Elimínase el texto a continuación del primer punto seguido (“.”) que empieza con la expresión “El Servicio de Impuestos Internos” hasta el punto final.

Artículo trigésimo tercero transitorio. El Servicio no podrá, para efectos de fiscalizar la conformación de créditos que conforman el SAC, de acuerdo a lo dispuesto en la ley vigente con anterioridad a la vigencia de la presente ley y que pasen a forman parte del nuevo SAC una vez vigente la nueva ley, y que pueden tener origen entre otros, en las utilidades que se encontraban acumuladas en el Fondo de Utilidades Tributables y en el Fondo de Utilidades Reinvertidas previo al 31 de diciembre de 2016, exigir antecedentes anteriores a los plazos establecidos en el artículo 200 del Código Tributario. Cuando el Servicio revise reorganizaciones, partidas, actos, contratos u operaciones que tengan incidencia en la conformación de las utilidades acumuladas en el Fondo de Utilidades Tributables y en el Fondo de Utilidades Reinvertidas, no podrá exigir antecedentes anteriores a los plazos establecidos en el artículo 200 ni formalidades o solemnidades no contempladas por la ley para el acto, contrato u operación de que se trate.

Sólo por excepción el Servicio podrá exigir antecedentes relativos a dichas operaciones, para cuyo efecto el Director Regional deberá dictar una resolución fundada, especificando los antecedentes relevantes de hecho y de derecho requeridos. En estos casos, se presumirá que la conformación de las utilidades acumuladas en el Fondo de Utilidades Tributables y en el Fondo de Utilidades Reinvertidas se corresponde con los antecedentes informados por el contribuyente, salvo que el Servicio los controvierta con otros antecedentes, en forma precisa y fundada. Para estos efectos, no será suficiente la mera aserción que los antecedentes proporcionados por el contribuyente no forman convicción o no son suficientes para probar sus afirmaciones.

Artículo trigésimo sexto transitorio.

“Establécese, a partir del primer día del tercer mes desde la publicación de esta ley en el diario oficial, un sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero por un periodo de doce meses, el que se regirá por las reglas que se señalan a continuación:

1.- Contribuyentes que pueden acogerse.

Los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1° de enero de 2018, podrán optar voluntariamente por declarar ante el Servicio de Impuestos Internos, en la forma que determine mediante resolución, bienes y rentas que se encuentren en el extranjero, aun cuando estos hayan sido consumidos o destinados a gastos de vida, que habiendo estado afectos a impuestos en el país, no hayan sido oportunamente declarados y cumplido con los impuestos correspondientes en Chile, aun cuando hayan sido declarados o informados para fines cambiarios, sea que se mantengan en forma directa o a través de personas o entidades en el exterior, tales como mandatarios, trusts u otros encargos fiduciarios. Cuando los bienes o rentas se mantengan indirectamente, a través de trusts, encargos fiduciarios, fundaciones o mandatarios, en la declaración se deberá identificar al constituyente o settlor, al administrador, encargado fiduciario o trustee y a los beneficiarios finales de tales bienes o rentas, según corresponda.

Dentro del plazo señalado, los contribuyentes podrán presentar cuantas declaraciones estimen pertinentes.

2.- Ingreso de los bienes o rentas declaradas al país.

Los contribuyentes que declaren bienes o rentas situados en el extranjero, podrán optativamente ingresarlos al país. Aquellos contribuyentes que opten por ingresarlos al país, deberán realizar el ingreso, cuando ello sea pertinente, a través de los bancos, según las instrucciones impartidas por el Banco Central de Chile para tal efecto.

3.- Reglas aplicables a los bienes y rentas que podrán acogerse.

3.1.- Bienes y rentas que se pueden declarar.

Podrán ser objeto de la declaración que establece este artículo los siguientes bienes o rentas:

a) toda clase de bienes incluyendo bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones o derechos en sociedades constituidas en el exterior, o el derecho a los beneficios de un trust o fideicomiso, bonos, cuotas de fondos, depósitos y todo tipo de instrumentos financieros o valores, seguros, divisas;

b las rentas que provengan de los bienes indicados en la letra anterior, tales como dividendos, utilidades, intereses, y todo incremento patrimonial que dichos bienes hayan generado;

c) los bienes o rentas consumidos o utilizados o desembolsados para gastos de vida y egresos relacionados, efectuados hasta el 31 de diciembre de 2018.

En el caso de bienes que conforme a la legislación extranjera sean de titularidad o propiedad común mientras viva uno de los titulares o propietarios, se considerará el porcentaje según la prorrata que fijen las partes mediante escritura pública suscrita hasta antes de la presentación de la declaración o según la prorrata simple que corresponda según el número de titulares o beneficiarios.

En ningún caso se podrá someter al presente sistema los bienes o rentas que, al momento de la declaración, se encuentren en países o jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo o no cooperativas en materia de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo por el Financial Action Task Force (FATF/GAFI).

3.2.- Fecha de adquisición de los bienes.

Sólo podrán acogerse a este artículo los bienes o derechos que el contribuyente acredite fehacientemente haber adquirido o ser beneficiario con anterioridad al 1° de enero de 2018 y las rentas percibidas o devengadas que provengan de tales bienes hasta el 31 de diciembre de 2018. Para estos efectos, se entenderá que si un bien tiene su origen en bienes de los que era propietario o beneficiario con anterioridad al 1° de enero de 2018, este se podrá acoger a la presente disposición, aun cuando sea adquirido con posterioridad a esta última fecha.

Las rentas percibidas o devengadas a contar del 1° de enero del año 2019 deberán declararse de acuerdo a las reglas generales, aplicando, asimismo las demás obligaciones que pudieren afectar a tales bienes o rentas conforme a las normas que les sean aplicables, para efectos de índole aduanera, cambiaria, societaria, de mercado de valores, entre otras. A los contribuyentes que declaren o rectifiquen su declaración de impuestos para efectos de incluir las rentas de este párrafo se les aplicaran las mismas reglas de los números 12 y 13 de este artículo.

3.3.- Prueba del dominio de los bienes y rentas.

Los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo deberán acompañar o poner a disposición los antecedentes necesarios que el Servicio de Impuestos Internos solicite y determine mediante resolución para acreditar su dominio, derecho a los beneficios o cualquier derecho o título fiduciario sobre los bienes o rentas declarados, o gastos o consumos financiados con dichas rentas, su origen, fecha de adquisición, o sobre las transacciones, pagos, y egresos que corresponda.

En todo caso en dicha resolución se deberá considerar que cuando se trate de antecedentes cuya tramitación requiera la participación de terceros y cuya obtención pueda exceder el plazo de presentación establecido en este artículo, el contribuyente dispondrá de hasta 3 meses adicionales contados desde la fecha de presentación de la declaración para ponerlos a disposición del Servicio.

Asimismo, dicha resolución deberá considerar que podrán incluirse en la declaración a que se refiere este artículo bienes respecto de los cuales, a la fecha de la declaración, no se cuente con documentos legalizados, autenticados o traducidos, sin perjuicio de presentarlos cuando el Servicio de Impuestos Internos lo requiera en el ejercicio de sus facultades de fiscalización.

4.- Valor probatorio, forma y plazo de la declaración.

La declaración a que se refiere este artículo, deberá ser presentada por el contribuyente al Servicio de Impuestos Internos, dentro del plazo que fija este artículo, junto con todos los antecedentes de hecho en que se funde, de los cuales debe desprenderse el cumplimiento de los requisitos de este sistema voluntario, transitorio y extraordinario de declaración. La declaración constituirá plena prueba respecto de los datos contenidos en ella y, desde el momento en que se presenta se entenderá que autoriza a las instituciones públicas a que se refiere este artículo para intercambiar información respecto de los bienes o rentas que consten en su declaración.

5.- Inventario y descripción de los bienes, rentas, consumos y gastos de vida.

Los contribuyentes deberán acompañar a la declaración establecida en este artículo, los que formarán parte integrante de la misma para todos los efectos, un inventario y descripción detallada de todos los conceptos que sean objeto de la misma, con indicación de su origen, naturaleza, especie, número, cuantía, lugar en que se encuentran o hayan sido celebradas o incurridas y personas o entidades que los tengan a cualquier título, cuando se mantengan a través de terceros o a nombre del contribuyente, incluyendo aquellos que con anterioridad se hayan omitido o declarado en forma incompleta o inexacta.

6.- Sanción por la incorporación dolosa de bienes o rentas de terceros en la declaración.

Aquellos contribuyentes que maliciosamente y con infracción a las disposiciones de este artículo incluyan en su propia declaración bienes o rentas de terceros, serán sancionados con multa del trescientos por ciento del valor de los bienes o rentas de que se trate, determinado según el numeral 7 de este artículo, y con presidio menor en sus grados medio a máximo. La multa que establece este numeral se aplicará de acuerdo al procedimiento que establece el número 2, del artículo 165, del Código Tributario.

7.- Reglas para la valoración de los bienes y rentas declaradas.

El contribuyente deberá informar los bienes a su valor comercial o de mercado al 31 de diciembre de 2018. Dicho valor será determinado de acuerdo a las siguientes reglas:

a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, en cuanto resulte aplicable considerando la naturaleza y ubicación de los bienes.

b) En el caso de acciones, derechos o cualquier título sobre sociedades o entidades constituidas en el extranjero; bonos y demás títulos de crédito, valores, instrumentos y cualquier activo que se transe en el extranjero o en Chile en un mercado regulado por entidades públicas del país respectivo o reconocidas en Chile, el valor de tales activos será alternativamente:

i.el precio promedio que se registre en tales mercados dentro del último semestre de 2018. Lo anterior deberá acreditarse con un certificado emitido por la respectiva autoridad reguladora o por un agente autorizado para operar en tales mercados, debidamente legalizado, autenticado y traducido al idioma español, según corresponda;

ii.el precio o valor que presenten al 31 de diciembre de 2018 o en la última cartola o liquidación de ese año;

iii.En el caso de inversiones financieras compuestas de diferentes instrumentos y contratos, se considerará el saldo global de todos ellos de acuerdo a la respectiva cuenta o portfolio, según los certificados o cartolas emitidos por las respectivas instituciones financieras o bancarias al 31 diciembre 2018.

c) Cuando no pueda aplicarse lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores, deberán declararlos a su valor comercial o de mercado, teniendo como base para tales efectos un informe de valoración elaborado por auditores independientes.

d) Los valores a que se refieren las letras precedentes, cuando sea pertinente, deberán convertirse a moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio informado para la respectiva moneda extranjera por el Banco Central de Chile según el número 6., del Capítulo I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales o el que dicho Banco establezca en su reemplazo, correspondiente al día hábil anterior a la declaración.

e) El valor determinado conforme a este numeral, una vez pagado el impuesto único que establece el presente artículo, constituirá el costo de dichos bienes para todos los efectos tributarios, excluyéndose aquellos bienes o rentas que fueron consumidas o utilizadas para gastos de vida.

f) En el caso de contribuyentes que declaren su renta efectiva en base a contabilidad completa afectas al impuesto de primera categoría, los bienes y las rentas declarados, deberán registrarse en la contabilidad a la fecha de su declaración, al valor determinado conforme a este numeral; y se considerarán como capital para los efectos de lo dispuesto en el número 29, del artículo 17, de la ley sobre impuesto a la renta, contenida en el artículo 1°, del decreto ley número 824, de 1974. Los demás contribuyentes deberán considerar dicho valor como costo de tales activos para todos los efectos tributarios.

g) Si el contribuyente no acreditare el valor de los bienes o la cuantía de las rentas conforme a lo dispuesto en este numeral, el Servicio de Impuestos Internos, podrá tasarlas conforme con el artículo 64 del Código Tributario y girar sin más trámite las diferencias de impuestos que se determinen. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del contribuyente a reclamar conforme al procedimiento general de reclamación. Una vez aceptada la tasación por parte del contribuyente o ratificada por el tribunal mediante sentencia ejecutoriada, los valores tasados formarán parte del costo de dichos bienes.

8.- Procedimiento.

Presentada la declaración que establece este artículo y con el sólo mérito de aquella, el Servicio de Impuestos Internos deberá girar dentro de los cinco días hábiles siguientes, un impuesto único y sustitutivo de los demás impuestos que pudieren haber afectado a los bienes, rentas, consumos y gastos de vida declarados, el que se aplicará con una tasa de 10%, sobre el valor de los mismos.

El pago de este impuesto deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del respectivo giro, debiendo dejarse constancia del pago en el expediente electrónico del contribuyente. El pago del impuesto podrá realizarse con los bienes o rentas incluidos en la declaración.

Mediante resolución el Servicio establecerá el procedimiento y la moneda en que se deberá hacer el pago.

9.- Tratamiento del impuesto único.

El impuesto de este artículo no podrá utilizarse como crédito contra impuesto alguno, ni podrá deducirse como gasto en la determinación del mismo impuesto único ni de ningún otro tributo. No obstante lo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 21 de la ley sobre impuesto a la renta.

10.- Regularización de información cambiaria.

Los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo, además de presentar la declaración y efectuar el pago del impuesto respectivo, en forma accesoria deberán regularizar, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia cambiaria por el Banco Central de Chile conforme a su ley orgánica constitucional, en la forma y en los plazos que esta institución determine.

11.- Prohibiciones.

No podrán acogerse a las disposiciones de este artículo las personas que al momento de efectuar la declaración: a) hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso en Chile por alguno de los delitos señalados en las letras a) o b), del artículo 27 de la ley número 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según estos se regulen en dicha ley o sean regulados en cualquier normativa que se dicte a futuro y que amplíe dicho concepto, siempre y cuando dicha ampliación se haya producido con anterioridad a la fecha en que el contribuyente se acoja a las disposiciones de este artículo; o, quienes hayan sido juzgados y condenados en el extranjero por el delito de lavado de dinero o delitos base o precedente. Con todo, en los casos de suspensión condicional del procedimiento, el contribuyente podrá acogerse al presente régimen en la medida que se haya cumplido la condición fijada por el respectivo tribunal. En ningún caso quienes hubieren sido condenados por lavado de activos a la fecha de la declaración podrán acogerse al procedimiento;

b) hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por delito tributario;

c) hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho en los términos previstos en la ley número 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas;

d) hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por alguno de los delitos establecidos en los artículos 59 y 64 de la ley orgánica constitucional que rige al Banco Central de Chile; o

e) que con anterioridad a la fecha de presentación hayan sido seleccionados para una fiscalización conforme con el artículo 59 del Código Tributario, sobre los bienes, rentas, consumos o gastos de vida que se pretenda incluir en la declaración a que se refiere este artículo o que respecto de dichos bienes o rentas se haya emitido una liquidación, reliquidación o giro respecto de una declaración de impuesto que se presentó o debió presentar en Chile.

12.- Efectos de la declaración y pago del impuesto.

Con la declaración y pago del impuesto único que establece el presente artículo, y siempre que se cumplan los requisitos que establece, se presumirá de derecho la buena fe del contribuyente respecto de la omisión de declaración o falta de cumplimiento de las obligaciones respectivas. Conforme a ello, y sobre la base del mérito de la resolución del Servicio de Impuestos Internos que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas para acogerse al sistema establecido por este artículo o transcurrido el plazo de doce meses que señala el número 13, se extinguirán de pleno derecho las responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación cambiaria, tributaria, de sociedades anónimas y de mercado de valores, tanto respecto de los bienes o las inversiones de cualquier naturaleza, como de las rentas que éstas hayan generado y que se incluyeron en la declaración respectiva para los fines del presente artículo. Lo dispuesto en este numeral no tendrá aplicación respecto de los deberes de información y lo establecido en el artículo 27 de la ley número 19.913.

13.- Sobre las acciones de tratamiento a las declaraciones.

Para el debido resguardo y fiscalización que corresponda en relación con la declaración establecida en este artículo, se aplicarán las siguientes reglas:

13.1.- Normas para el intercambio de información y el cumplimiento de otras disposiciones legales o reglamentarias:

a) Con la presentación de esta declaración, se entenderá que los contribuyentes autorizan al Servicio de Impuestos Internos, a la Unidad de Análisis Financiero y cualquier otra institución u órgano del Estado que pudiera tener injerencia en lo que respecta a la declaración materia de este artículo, para requerir a los bancos información específica sobre las rentas o bienes que se haya incluido en ella, quienes deberán entregarla sin más trámite que la solicitud de la respectiva institución, sin que deba ser solicitada ni acompañada copia de la respectiva declaración o de los antecedentes que la fundan. Para efectos de requerir información a los bancos, las instituciones o entidades respectivas deberán emitir una resolución que regule el procedimiento, eximiendo de aportar los antecedentes que ya hayan sido entregados por el contribuyente al Servicio de Impuestos Internos en la declaración presentada conforme con este artículo.

b) De la misma forma indicada en la letra a) las instituciones mencionadas en dicha letra podrán intercambiar entre sí la información recibida para la correcta aplicación de lo dispuesto en este artículo. Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades del Banco Central de Chile para requerir los antecedentes de operaciones de cambios internacionales de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional que lo rige, como asimismo para hacer entrega de información sujeta a reserva conforme al procedimiento que señala el artículo 66 de ese mismo cuerpo legal.

c) No obstante lo anterior, el Banco Central de Chile podrá conforme con sus facultades limitar o restringir la realización de operaciones de cambios internacionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 49 de la ley orgánica constitucional que lo rige, o de las atribuciones que otras leyes le otorgan en materia cambiaria, como de los avisos o informaciones que se deban reportar a la Comisión para el Mercado Financiero.

d) Para estos efectos, el Servicio deberá incluir, en lo que sea pertinente, las instrucciones que la Unidad de Análisis Financiero y demás instituciones u órganos del Estado a que se refiere el numeral 13.1 letra a) emitan respecto a la aplicación de este artículo en lo relativo a los resguardos necesarios para dar cumplimiento al intercambio de información entre tales instituciones, respecto de los bienes o rentas que los contribuyentes voluntariamente declaren o ingresen al país conforme a este régimen transitorio y extraordinario.

13.2.- Normas especiales para el Servicio de Impuestos Internos:

a) El Servicio dispondrá del plazo de doce meses contados desde la fecha del pago del impuesto, para la fiscalización del cumplimento de los requisitos que establece este artículo, vencido el cual, se presumirá de derecho que la declaración del contribuyente y los antecedentes en que se funda han sido presentados y cumplen con lo establecido en el mismo.

b) Dentro de ese plazo, el Servicio podrá ejercer la totalidad de las atribuciones que le confiere la presente disposición legal, y girar las eventuales diferencias de impuesto único que pudiesen resultar. Cuando el contribuyente solicitare mayor plazo para aportar los antecedentes que le fueren solicitados por el Servicio con motivo de una fiscalización iniciada de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, el plazo para la revisión se suspenderá hasta la entrega efectiva de los antecedentes solicitados por el Servicio. Una vez entregados los antecedentes por el contribuyente al Servicio, este plazo se reanudará.

c) Vencido el plazo de doce meses, caducarán de pleno derecho las facultades del Servicio para la revisión y fiscalización de la respectiva declaración.

d) En caso de incumplirse alguno de los requisitos que establece este artículo, el Servicio de Impuestos Internos notificará al contribuyente, dentro de los plazos señalados, una resolución fundada en que se declare el incumplimiento, que podrá ser total o parcial, con indicación del requisito de que se trate y solicitando, en cuanto ello sea posible, subsanarlo dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la respectiva notificación. Desde la referida notificación y hasta la resolución que deberá emitir el Servicio de Impuestos Internos respecto de haberse o no subsanado el incumplimiento, se suspenderá el plazo de doce meses que fija este número.

e) En caso de no haberse subsanado el incumplimiento, el Servicio podrá ejercer las facultades que le confiere el Código Tributario, su Ley Orgánica y las demás disposiciones legales, informando de ello al Banco Central de Chile, la Unidad de Análisis Financieros y demás órganos del Estado que corresponda. Contra la resolución que dicte el Servicio declarando fundadamente el incumplimiento de los requisitos de este artículo, el contribuyente tendrá derecho a reclamar conforme al procedimiento general que establece el Libro Tercero del Código Tributario. En caso de haberse declarado por sentencia firme el incumplimiento de los requisitos que establece este artículo, no procederá la devolución del impuesto único y sustitutivo pagado, ello sin perjuicio de que no se producirán en ese caso los efectos que el presente artículo atribuye al citado pago. No obstante, en caso que se incumplan los requisitos y se determine un impuesto a pagar sobre los bienes o rentas declaradas conforme con las reglas generales, podrá compensarse el impuesto pagado con el impuesto que se determine conforme con las referidas reglas generales.

f) El Servicio podrá requerir a los respectivos bancos, información relacionada con los bienes que se hubiesen radicado en el país, distinta de aquella que ya tiene a su disposición producto de la declaración.

g) Cuando se produzca un pago en exceso o indebido, por errores manifiestos incluidos en la declaración no imputables al contribuyente, o a causa de un tercero, procederá la solicitud de devolución de la respectiva suma dentro del mismo plazo establecido para la fiscalización. El Servicio dispondrá de 12 meses para pronunciarse sobre ésta petición.

h) El Servicio, finalizado el plazo de 12 meses que tiene para fiscalizar, incluyendo su posible extensión, deberá entregar al interesado que lo solicite un certificado electrónico en que se resuman las partidas acogidas al presente régimen y la circunstancia de haber cumplido los requisitos, total o parcialmente.

14.- Obligaciones que afectan a los funcionarios públicos.

El Servicio de Impuestos Internos, el Banco Central de Chile y la Unidad de Análisis Financiero, las demás instituciones u órganos del Estado y bancos, así como el personal que actúe bajo su dependencia, no podrán divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes, rentas, consumos, desembolsos o gastos de vida, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que efectúe conforme a este artículo.

Para estos efectos, se aplicará además lo dispuesto en los artículos 35 del Código Tributario, 66 de la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile y 13 de la ley número 19.913, según corresponda. Lo dispuesto en el párrafo precedente, no obsta a la entrega e intercambio de información de las instituciones a que se refiere este artículo respecto de la aplicación de la ley número 19.913 y al intercambio de información establecido en los numerales 1 y 17 de este artículo.

El Servicio no podrá utilizar la información conocida con motivo de estas declaraciones para iniciar un proceso administrativo de fiscalización conforme con las reglas generales.

15.- Radicación y registro en el país de activos subyacentes.

En el caso en que los contribuyentes que tengan los bienes y rentas declarados respecto de los cuales paguen el impuesto único que establece este artículo a través de sociedades, fundaciones u otras entidades o encargos fiduciarios, y siempre que den cumplimiento a las demás obligaciones de acceso de información para el adecuado intercambio de la misma entre las instituciones señaladas en el número 13.1 letra a) de este artículo, podrán solicitar ante las autoridades respectivas que, una vez pagado el tributo señalado, los activos que se encuentran radicados en tales sociedades, entidades o propietarios fiduciarios, se entiendan, para todos los efectos legales, radicados directamente en el patrimonio del contribuyente en Chile, ello siempre que se dé cumplimiento a las siguientes reglas:

a) Se disuelvan tales sociedades o entidades o dejen sin efecto los encargos fiduciarios, siendo título suficiente para efectos del registro o inscripción, según corresponda, de tales bienes a su nombre, la presente ley y el certificado que entregará el Servicio de acuerdo a lo dispuesto en el número 13.2 letra h) anterior.

b) Para estos efectos, el contribuyente deberá acreditar ante quien corresponda que los bienes o rentas a registrar o inscribir han sido materia de la declaración y se ha pagado a su respecto el impuesto que contempla esta ley.

La radicación de los bienes en el patrimonio del contribuyente no se considerará una enajenación, sino que una reorganización del mismo, siempre que los activos se registren de acuerdo al valor que haya quedado afecto a la declaración y pago del impuesto que contempla este artículo, caso en el cual el Servicio de Impuestos Internos no podrá ejercer las facultades que establece el artículo 64 del Código Tributario, salvo para el caso de determinar el valor de tales bienes para efectos de la aplicación del impuesto único a que se refiere el presente artículo.

c) La radicación a que se refiere este número deberá ser tramitada antes las autoridades y entidades respectivas. En ningún caso se presumirá la radicación por la sola circunstancia de haberse pagado el impuesto sobre las partidas que se pretende radicar.

16.- Vencido el plazo para presentar la declaración y pagar el impuesto que establece este artículo, no se podrá efectuar una nueva declaración en los términos del artículo 36 bis del Código Tributario, ni corregir, rectificar, complementar o enmendar la presentada originalmente, salvo que se trate de subsanar los errores en el plazo a que se refiere el número 13.2 letra g).

17.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 97 número 4 del Código Tributario, se considerará como una circunstancia agravante para la aplicación de la pena, el hecho de que el contribuyente no se haya acogido al régimen establecido en este artículo.

Sin embargo, no aplicará lo dispuesto en el número 16 del artículo vigesimocuarto transitorio de la Ley N°20.780 a los contribuyentes que no se hayan acogido a dicha norma, y que utilicen el presente régimen voluntario y extraordinario.

18.- De las medidas antilavado de activos y prevención del financiamiento del terrorismo.

Lo dispuesto en el presente artículo en ningún caso eximirá del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley número 19.913 y demás normas dictadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los sujetos obligados por dicha ley deberán coordinar e implementar sistemas y medidas de detección y análisis antilavado de las operaciones que se lleven a cabo en virtud del presente sistema, tendientes a identificar de manera eficiente la declaración o internación de bienes y rentas que puedan provenir de alguno de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28 de la ley número 19.913. El Servicio de Impuestos Internos deberá reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones que estimen como sospechosas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la ley número 19.913. Asimismo, la Unidad de Análisis Financiero tendrá, previa solicitud, acceso permanente y directo, para el debido cumplimiento de sus funciones legales, a toda la información recabada por las instituciones públicas referidas, respecto de los bienes y rentas declaradas por los contribuyentes conforme a este artículo, sin restricciones de ningún tipo, inclusive si esta está sujeta a secreto o reserva. El Servicio de Impuestos Internos deberá implementar controles sobre la identificación de los contribuyentes que se acojan al sistema de acuerdo a los estándares que establece el Grupo de Acción Financiera en sus Recomendaciones Antilavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo del GAFI, de acuerdo a lo que solicite expresamente la Unidad de Análisis Financiero. Por su parte, el Banco Central de Chile proporcionará los antecedentes que le soliciten la Unidad de Análisis Financiero o el Ministerio Público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley orgánica constitucional que lo rige.

Los documentos o declaraciones emitidas por las autoridades competentes en el marco del presente sistema de declaración no pueden ser considerados como declaraciones oficiales de que los activos, rentas o fondos declarados o ingresados son de origen lícito.

Los contribuyentes que ingresen activos conforme al presente sistema sólo podrán hacerlo en caso de que ellos provengan de países que cuenten con normativa antilavado que aplique las Recomendaciones del GAFI y cuyas Unidades de Inteligencia Financiera pertenezcan al Grupo Egmont.".

2).-Indicaciones rechazadas:

Al artículo 1°, que modifica el Código Tributario (pasó a ser Artículo primero):

Del Ejecutivo:

1)Reemplázase el numeral 2 por el siguiente:

“2. Reemplázase el artículo 4° bis por el siguiente:

“Artículo 4° bis.- La elusión contraviene las leyes tributarias chilenas. Las obligaciones tributarias y hechos gravados contenidos en ellas, no podrán ser evitadas mediante elusión.

En consecuencia, las obligaciones tributarias nacerán y se harán exigibles con arreglo a la naturaleza jurídica y económica de los hechos, actos o contratos realizados, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los vicios o defectos que pudieran afectarles. El Servicio sólo podrá desconocer la forma de los hechos, actos jurídicos o contratos celebrados por los interesados y los efectos de estos para fines tributarios, en el caso de elusión, promoviendo previamente el procedimiento establecido en el artículo 4º quinquies, sin afectar la validez de tales hechos, actos o contratos.

Para estos efectos, se entenderá que existe elusión exclusivamente en los casos de abuso o simulación establecidos en los artículos 4º ter y 4º quáter, respectivamente.

No constituye elusión la legítima elección entre diversas conductas y alternativas contempladas en el ordenamiento jurídico, a menos que se determine que ha existido elusión en los términos establecidos en los artículos 4 bis y 4 ter y bajo el procedimiento establecido en el artículo 4 quinquies.

Corresponderá al Servicio probar la existencia de elusión. Determinada su existencia, se exigirá la obligación tributaria que emana de los hechos gravados eludidos establecidos en la ley.

Las situaciones contempladas en normas especiales antielusivas se regirán por las disposiciones legales que las establezcan y reglamentan y su aplicación excluirá la de los artículos 4 bis a 4º quinquies.

Se entenderán normas especiales antielusivas aquellas que permitan tasar o determinar la base imponible, los ingresos en los casos establecidos por la ley, o el precio o valor, establecer sistemas de tributación en base a renta presunta, rebajar gastos y, en general, las que facultan al Servicio para aplicar normas especiales de tributación. No obstante lo anterior, los artículos 4° ter y 4° quáter serán aplicables a las reorganizaciones empresariales descritas en el artículo 64 letra D. Una vez que el Servicio haya citado, o bien girado o liquidado un impuesto aplicando una norma especial antielusión, precluirá para el Servicio la facultad de aplicar los artículos 4° ter y 4° quáter sobre las mismas partidas fiscalizadas o los mismos actos jurídicos o contratos, salvo que los elementos esenciales o sustantivos de esos actos o contratos se vean alterados de manera significativa y tales modificaciones sean constitutivas de elusión. En caso que el Servicio cite al contribuyente en los términos del artículo 4° quinquies, precluirá la facultad de aplicar lo dispuesto en una norma especial antielusión respecto de los mismos actos jurídicos o contratos.

Lo dispuesto en los artículos 4 bis a 4 quinquies no será aplicable respecto del interesado, y sólo para la consulta planteada, en caso que el Servicio se hubiese pronunciado sobre una consulta en el marco de los dispuesto en el artículo 6, inciso segundo, letra A, número 2.”.

2.-Del Ejecutivo:

Reemplázase el numeral 4 por el siguiente:

“4. Reemplázase el artículo 4° quáter, por el siguiente:

Artículo 4° quáter.- Habrá también elusión en los actos o contratos en los que exista simulación, excepto los casos de simulación expresamente tipificados como delito en la legislación nacional, en cuyo caso prevalecerá la aplicación de la normativa que tipifica dichos delitos.

Se entenderá que existe simulación para efectos tributarios, cuando los actos o contratos de que se trate, disimulen la configuración del hecho gravado del impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, o su verdadero monto o fecha de nacimiento.

En estos casos, los impuestos se aplicarán a los hechos efectivamente realizados por las partes, con independencia de los actos o contratos simulados.”.

3.-Del Ejecutivo:

En el número 17

a)Reemplázase la letra a) por la siguiente:

“a)Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “antecedentes no sean fidedignos” por “antecedentes, ponderados en forma fundada, sean calificados como no fidedignos y así se declare mediante resolución en base a los antecedentes de hecho y derecho tenidos a la vista. Esta resolución podrá impugnarse junto con la reclamación de la liquidación o giro respectivo, según lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 124 y para los efectos del inciso final del artículo 132”.

ii.Agrégase, entre las palabras “pruebas suficientes” y “las impugnaciones” la expresión “, que deberán ser ponderadas en forma fundada,”.

b)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b)Agréganse los siguientes incisos sexto, y séptimo, nuevos:

“En ningún caso se podrán exigir formalidades o solemnidades no contempladas por la ley para el acto, contrato u operación de que se trate.

El Servicio, en los procedimientos de fiscalización o en cualquier proceso de revisión, sólo podrá exigir antecedentes otorgados dentro de los plazos del artículo 200. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá solicitar antecedentes otorgados en periodos anteriores a los señalados en el artículo 200, para efectos de revisar remanentes de crédito fiscal de impuesto al valor agregado, la utilización de pérdidas tributarias o la determinación de costos tributarios, siempre que el Director Regional emita una resolución especificando fundadamente los motivos para realizar dicha revisión. En estos casos, se presumirá que el remanente de crédito, las pérdidas tributarias y los costos, señalados anteriormente, se corresponden con los antecedentes informados por el contribuyente, salvo que el Servicio los controvierta fundadamente. En este caso, no será suficiente la mera aserción que los antecedentes proporcionados por el contribuyente no forman convicción o no son suficientes para probar sus afirmaciones. La excepción descrita en este inciso no se aplicará a los antecedentes que acreditan el capital propio tributario y cualquier otro que no se encuentre expresamente previsto.”.”.

4.-Indicación de los diputados Auth, Jackson, Lorenzini, Monsalve y Núñez, y Schilling:

Para agregar un nuevo artículo 24

Artículo 24.- lntrodúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1)Agréguese en el inciso primero del artículo 1, después de la expresión "470, numerales 1° y 11 del Código Penal;" y antes del punto y coma, la expresión "y en el artículo 97, números 4 y 5, del Código Tributario".

2)lntercálase en el inciso primero del artículo 15, entre "Código Penal," y "y en el artículo 8º", la expresión "en los delitos sancionados en el artículo 97, números 4 y 5, del Código Tributario".

5.-Del Ejecutivo:

En el número 32

“Para modificar el numeral 32 actual, que pasa a ser 33, del siguiente modo:

a)Reemplázase las palabras “Grupo Empresarial” por “grupo empresarial”, todas las veces que aparece.

b)Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra A del artículo 64:

i.Agrégase en el inciso primero entre las palabras “en que estos” y “difieran notoriamente”, la expresión “, en forma fundada,”.

ii.Reemplázase en el inciso segundo la palabra “podrá” por “deberá”.

6.-Del Ejecutivo, al número 32:

Para agregar en el numeral 32, en el inciso primero de la letra A del artículo 64, luego de las palabras “y de las partes contratantes, así como”, la frase “su relación de acuerdo con el artículo 8 número 17 o entre cónyuges, convivientes civiles o ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, y”.

iii) Reemplázase el número 1 por el siguiente:

“1. Para el caso de efectos públicos, bonos, debentures, acciones y demás valores mobiliarios que tengan cotización bursátil, el precio o valor que corresponda al promedio del valor de las transacciones realizadas dentro de los últimos 90 días, salvo que el precio o valor promedio determinado en dicho período se haya visto afectado significativamente por algún evento imprevisto y excepcional ocurrido en la respectiva bolsa de valores.

No se aplicará la presunción en aquellos casos en que el bien no hubiera sido transado en bolsa entre partes no relacionadas en los sesenta días anteriores a la enajenación.”.

iv.Reemplázase el número 3 por el siguiente:

“3. Para las cuotas, derechos, acciones o participaciones en entidades, sociedades de cualquier tipo o comunidades, acogidas a la Cláusula Pyme del artículo 14 letra D de la ley sobre impuesto a la renta, el valor que resulte de asignar a los derechos, cuotas, participación o acciones, según proceda, la proporción que les corresponda en el patrimonio financiero debidamente acreditado, asignando a los bienes del activo que consistan en los señalados en los números 1 y 2 precedentes, los valores que se determinen según dichos numerales.”

v. Modifícase la letra b) del número 4, en el siguiente sentido:

-Agrégase entre las palabras o “en su caso,” y “sujeta a la supervisión”, las palabras “una entidad”.

-Intercálase entre las palabras “Instituciones Financieras” y “, se presumirá”, las palabras “o mediante la emisión de un bono”.

c)Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra B del artículo 64.-:

i.Reemplázase en el inciso primero la expresión “Grupo Empresarial en Chile” por “grupo empresarial en Chile según éste se define en las letras a) y b) del artículo 96 de la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores”.

ii. Elimínase en el inciso segundo la frase: “, salvo que el Servicio acredite lo contrario mediante resolución fundada,”; y, agrégase, antes del primer punto seguido, la frase: “, salvo que el Servicio en forma fundada acredite que no consisten en valores de mercado o que las entidades del grupo empresarial han asignado indebidamente gastos y rentas entre ellas”.

iii.Agrégase en el inciso cuarto, luego del punto final que pasa a ser seguido, la frase: “Podrán acogerse al procedimiento de fiscalización integral y consistente, las empresas que sean parte del grupo empresarial en Chile y se hayan informado como parte de dicho grupo empresarial al Servicio en la forma que éste determine mediante resolución.”.

iv.Reemplázase en el literal b), del inciso séptimo, la frase “deberá ser aprobado por el Director Regional dentro del plazo de 5 días” por “deberá ser resuelto por el Director Regional dentro del plazo de 5 días en forma favorable, salvo que fundadamente resuelva en contrario de acuerdo a los criterios generales que fije el Director mediante resolución”.

v.En la letra c) del inciso séptimo:

-Reemplázase la palabra “jurisdicción” por “unidad del Servicio”, la primera vez que aparece y por “unidad”, la segunda vez.

-Agrégase, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente frase:

“Asimismo, una vez que se determine la unidad del Servicio en la cual se radicará la fiscalización, las entidades respectivas del grupo empresarial deberán designar a un mandatario común para efectos de recibir notificaciones.”.

d) En la letra C del artículo 64, reemplázase las palabras “de acuerdo a las reglas de la sana crítica” por “fundadamente”.

f)En la letra D del artículo 64:

i.Reemplázase en el número 3 la frase “situados y registrados en Chile” por “situados o registrados en Chile”.

ii.Agrégase el siguiente párrafo final: “Los artículos 4° ter y 4° quáter serán aplicables a las reorganizaciones empresariales descritas en esta letra D.”.

7.-Indicación del diputado Jackson:

Para reemplazar el numeral 36 por el siguiente:

36. Agrégase, en el artículo 98, a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser seguido (“.”), el siguiente párrafo:

“Tratándose de personas jurídicas, serán solidariamente responsables el gerente general, administrador o quienes cumplan las tareas de éstos, y los socios a quienes corresponda dicho cumplimiento, pero sólo en el caso que los mencionados anteriormente hayan sido responsables en las infracciones o hayan, en el ejercicio de su cargo, debido saber de los actos que den origen a las infracciones”.

8.-Indicación de los diputados Auth, Jackson, Lorenzini, Monsalve y Núñez, y Schilling:

Para agregar un nuevo numeral 58 al artículo 1°

58.Agrégase un nuevo artículo 97 bis:

"Artículo 97 bis. Si antes de iniciarse un procedimiento penal en su contra el responsable se denunciare ante el Servicio de Impuestos Internos y se pagaren en su caso los impuestos adeudados con intereses y reajustes el tribunal impondrá solo la pena de multa.

Si antes de iniciarse el respectivo procedimiento penal el responsable se denunciare e hiciere entrega voluntaria de las mercaderías objeto de alguno de los delitos previstos en la legislación aduanera, el tribunal estimará la concurrencia de una atenuante muy calificada.".

Al artículo 2°, que Modifica la Ley de la Renta (pasó a ser Artículo segundo)

1.-Indicación del Ejecutivo

Para modificar el numeral 11, del siguiente modo:

a)Reemplázase en el número (i), que pasa a ser (ii), de la letra a) la palabra “quinto” por “cuarto”.

Al artículo 3°, que Modifica la Ley de Impuesto al Valor Agregado, IVA (pasó a ser Artículo tercero).

Del Ejecutivo:

1.-“Para reemplazar el numeral i de la letra c) del numeral 16, que pasa a ser 19, por el siguiente:

“i. Intercálase, entre las expresiones “deberán presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos” y la coma que le sigue, lo siguiente: “conforme a los artículos 80 y siguientes,”.

2.-Para agregar el siguiente artículo 33, nuevo:

“Artículo 33.- Establécese la siguiente contribución para el desarrollo regional.

Artículo 10. Tratamiento de la contribución para fines tributarios. Las empresas que paguen la contribución tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% del monto de la contribución o la cuota respectiva, el que se imputará contra el impuesto de primera categoría que corresponda al ejercicio en que se efectúa su pago. El crédito se reajustará en la forma establecida para los pagos provisionales obligatorios de la ley sobre impuesto a la renta a contar de la fecha de pago de la contribución o cuota de ella. Si luego de imputado el crédito resultare un exceso, este no se devolverá ni podrá ser imputado a ningún otro impuesto, pero podrá ser imputado al impuesto de primera categoría de los ejercicios siguientes. El crédito que regula este artículo se imputará con posterioridad a los créditos que sí dan derecho a devolución.

El pago de la contribución para el desarrollo regional no podrá rebajarse como gasto para efectos de la determinación de la renta líquida imponible del contribuyente, pero no estará afecta al artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7°, en el caso de fusiones, transformaciones, divisiones, disoluciones o cualquier otro acto jurídico u operación que implique un cambio del dominio del proyecto de inversión, el crédito de que trata este artículo, y las obligaciones que se hubieren determinado de acuerdo a esta ley, corresponderán al adquirente o sucesor”.

3)Para agregar el siguiente artículo 33, nuevo:

Artículo 33.- Establécese la siguiente contribución para el desarrollo regional.

Artículo 10. Tratamiento de la contribución para fines tributarios. Las empresas que paguen la contribución tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% del monto de la contribución o la cuota respectiva, el que se imputará contra el impuesto de primera categoría que corresponda al ejercicio en que se efectúa su pago. El crédito se reajustará en la forma establecida para los pagos provisionales obligatorios de la ley sobre impuesto a la renta a contar de la fecha de pago de la contribución o cuota de ella. Si luego de imputado el crédito resultare un exceso, este no se devolverá ni podrá ser imputado a ningún otro impuesto, pero podrá ser imputado al impuesto de primera categoría de los ejercicios siguientes. El crédito que regula este artículo se imputará con posterioridad a los créditos que sí dan derecho a devolución.

El pago de la contribución para el desarrollo regional no podrá rebajarse como gasto para efectos de la determinación de la renta líquida imponible del contribuyente, pero no estará afecta al artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7°, en el caso de fusiones, transformaciones, divisiones, disoluciones o cualquier otro acto jurídico u operación que implique un cambio del dominio del proyecto de inversión, el crédito de que trata este artículo, y las obligaciones que se hubieren determinado de acuerdo a esta ley, corresponderán al adquirente o sucesor.

4) Al Artículo 16

Para reemplazar el artículo 16, por el siguiente:

“Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 8° de la ley N° 20.780:

b)Agréganse los incisos segundo y tercero nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Para efectos de la aplicación de este artículo, se entenderá por:

(a) Establecimiento: un recinto o local en el que se lleve a cabo una o varias actividades económicas que implique una transformación de la materia prima o de los materiales empleados, o se de origen a nuevos productos, cuyas fuentes emisoras estén bajo un control operacional único o coordinado”.

Indicación del Diputado Jackson

Al artículo 16

Para reemplazar el número “diez” por “cinco”, en la letra h) del número 2.

Indicación de los diputados Auth, Jackson, Monsalve y Schilling:

Al Artículo 23:

Para reemplazar, en el inciso primero, del artículo 3, la palabra “especialmente” por “exclusivamente”.

AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIO

Del Ejecutivo

“Para modificar el inciso primero del artículo trigésimo tercero transitorio, de la siguiente forma:

a)Reemplázase la frase que comienza con “El Servicio no podrá, para efectos de fiscalizar” hasta el punto seguido (“.”), por “El Servicio de Impuestos Internos no podrá, para efectos de fiscalizar la conformación de los créditos acumulados al 31 de diciembre de 2016 que conforman el registro SAC establecido en el artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta o el registro SAC establecido en los artículos décimo transitorio, decimoprimero transitorio y decimosexto transitorio de esta ley, exigir antecedentes anteriores a los plazos establecidos en el artículo 200 del Código Tributario.”.

b)Reemplázase en la frase “utilidades acumuladas en el Fondo de Utilidades Tributables y en el Fondo de Utilidades Reinvertidas”, la conjunción “y” por “o”.

AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO TRANSITORIO

Indicación del Ejecutivo

27)Para modificar el artículo trigésimo sexto transitorio, de la siguiente forma:

a)Modifícase el numeral 3.1, de la siguiente forma:

i.Incorpórase en la letra a), a continuación de la expresión “toda clase de bienes”, la palabra “nominativos”.

ii.Reemplázase en la letra c), el número “2018” por “2019”.

b)Modifícase el numeral 3.2, de la siguiente forma:

i.Incorpórase en el párrafo primero, a continuación de la expresión “o ser beneficiario” la palabra “final”.

ii.Reemplázase en el párrafo primero, el guarimos “2018”, la segunda vez que aparece, por “2019”.

iii.Reemplázase en el párrafo segundo, el número “2019” por “2020”.

c)Reemplázase en el numeral 7, el número “2018” por “2019”, las cuatro veces que aparece.

d)Reemplázase en el párrafo primero del numeral 8, la palabra “cinco” por “diez”.

e)Reemplázase en la letra e) del numeral 11, la expresión “seleccionados para” por “notificados de”.

f)Modifícase el numeral 13.2, de la siguiente forma:

i.Reemplázase en la letra b), la expresión “se reanudará” por “continuará corriendo”.

ii.Reemplázase en la letra e) la frase “compensarse el impuesto pagado con el impuesto que se determine” por “imputarse el impuesto pagado para solucionar el impuesto que se determine”

6.-INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES

En virtud de los incisos cuarto número 1° y quinto, del artículo 65 de la Constitución Política de la República

1.-De los diputados Auth, Jackson, Monsalve, Núñez y Schilling: Para modificar el literal e) del numeral 7 en el siguiente sentido: Agrégase un literal g) nuevo con el siguiente texto:

“g) Las personas con su cónyuge o conviviente civil, sus parientes, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.”

2.-Del Diputado Jackson: Para reemplazar el numeral 32 por el siguiente:

“32. Reemplázase el artículo 64 por el siguiente:

Artículo 64.- El Servicio, fundadamente, podrá tasar la base imponible de un impuesto, con los antecedentes que tenga en su poder, en los casos que el contribuyente no concurriere o no contestare la citación que se le hiciere de acuerdo con el artículo 63 o si en su respuesta no subsanare las deficiencias que se comprueben por el Servicio.

Asimismo, el Servicio podrá tasar la base imponible de un impuesto, en los casos del inciso segundo del artículo 21 y del artículo 22.

Para estos efectos, se aplicarán las siguientes normas:

A.- Reglas de valoración para la determinación de la base imponible.

Cuando el precio o valor asignado a la enajenación de un bien, corporal o incorporal, o al servicio prestado sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto, el Servicio, previa citación, podrá tasar dicho precio o valor en los casos en que estos difieran notoriamente de los precios o valores normales de mercado que hayan o habrían acordado partes no relacionadas considerando las circunstancias en que se realiza la operación, tales como las características de las industrias, sectores o segmentos relevantes, las funciones asumidas por las partes, las características específicas de los bienes o servicios contratados y de las partes contratantes, así como también cualquier otra circunstancia relevante.

Para efectos de justificar el precio o valor respectivo, el contribuyente podrá aplicar cualquier método de valoración basado en técnicas de general aceptación y presentar los informes que contengan la valoración.

En el acto en cual el Servicio ejerza la facultad de tasación deberá contener los antecedentes y fundamentos que le permitan concluir que los precios o valores utilizados por el contribuyente no se ajustan a los valores de mercado que hayan o habrían acordado partes no relacionadas considerando las circunstancias en que se realiza la operación, el método utilizado por el Servicio para ejecutar la tasación y cuál es el valor o precio que se ajusta y que en opinión del Servicio corresponde al valor o precio de mercado. En aquellos casos que el Servicio cuestione el método de valoración utilizado por el contribuyente deberá además indicar por qué dicho método no es aplicable a la operación y por qué el método utilizado por el Servicio refleja de mejor forma las condiciones de la operación analizada.

B.- Normas especiales sobre operaciones en Chile dentro de un grupo empresarial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra A.-, en las operaciones de cualquier naturaleza entre entidades del mismo Grupo Empresarial en Chile, que incluyan transferencia de bienes, pagos por prestación de servicios, regalías, intereses, constitución de garantías, celebración de cuentas corrientes o cuentas de gestión, entre otras, la determinación de los precios o valores sólo podrán ser fiscalizados por el Servicio conforme al artículo 59 y se deberá considerar las consecuencias tributarias que para cada parte tiene la operación.

En caso que entidades de un Grupo Empresarial en Chile hayan realizado operaciones o transacciones con otras entidades del mismo grupo a las que se les haya notificado un requerimiento conforme con el artículo 59, procederá un solo procedimiento de fiscalización, que considerará las diferentes partidas de manera integral y consistente.

En estos casos, las entidades deberán ser notificadas de la respectiva fiscalización conforme con las reglas generales. El Director establecerá las instrucciones que permitan dirimir la unidad que deba llevar adelante la fiscalización en el caso que los contribuyentes del Grupo Empresarial que han sido notificados de una fiscalización se encuentren en la jurisdicción de más de una Dirección Regional.

Será competente para conocer de los reclamos que correspondiera interponer a las entidades del mismo Grupo Empresarial que sean fiscalizadas en la forma indicada en el inciso anterior el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional del domicilio de la unidad que lleve a cabo la fiscalización.

El Servicio emitirá una resolución en que establecerá el procedimiento para el ejercicio de la facultad de fiscalización establecida en los incisos precedentes.

C.- Medios de prueba admisibles para acreditar enajenaciones y servicios.

Los contribuyentes podrán acreditar el valor de las enajenaciones y prestaciones de servicios a través de la contabilidad, prueba documental, testimonial, informes periciales o cualquier otra capaz de producir fe.

D.- Exclusiones relativas a las reorganizaciones empresariales.

No se aplicará la facultad de tasar establecida en este artículo en los siguientes casos:

1. En la división o fusión, siempre que la nueva sociedad o la subsistente mantenga registrado el costo tributario que tenían los bienes en la sociedad dividida o absorbida.

2. En el aporte, total o parcial, de bienes de cualquier clase, corporales o incorporales, situados en Chile o en el extranjero que realice una persona natural, sociedad o entidad constituida, domiciliada o residente en Chile o en el extranjero, y que impliquen la constitución o un aumento de capital de una sociedad, agencia o establecimiento permanente en Chile, siempre que se hayan efectuado en el contexto de una reorganización del Grupo Empresarial, exista una legítima razón de negocios, que no originen flujos efectivos de dinero para el aportante y siempre que los aportes se efectúen y registren al costo tributario que corresponda al aportante.

3. En el aporte, total o parcial, de bienes de cualquier clase, corporales o incorporales, situados y registrados en Chile que realice una sociedad o entidad constituida en el extranjero, y que impliquen la constitución o un aumento de capital de otra entidad o sociedad extranjera, siempre que se hayan efectuado en el contexto de una reorganización del Grupo Empresarial, exista una legítima razón de negocios, no origine flujos efectivos de dinero para el aportante y que el aporte se efectúe al costo tributario que corresponda al aportante. El aportante y la receptora deberán acreditar, en caso de ser necesario, que el aporte se ha efectuado al costo tributario que correspondía al aportante.

4. En los procesos de división y fusión internacional efectuados por sociedades constituidas en el extranjero en el contexto de una reorganización de un grupo empresarial, que comprendan bienes situados o registrados en Chile, siempre que sus consecuencias jurídicas se puedan asimilar o sean análogas a aquellas consecuencias jurídicas establecidas en la legislación interna para las fusiones y divisiones, y que en dichas operaciones se mantenga registrado o controlado el costo tributario que tenían los activos y pasivos en la sociedad dividida o absorbida. Tampoco se aplicará la facultad de tasación del Servicio en la fusión internacional efectuada entre una sociedad chilena y una sociedad extranjera, siempre que la sociedad chilena sea la entidad absorbente y se cumplan los requisitos indicados en este número.”.

3.-De los diputados Auth, Jackson, Lorenzini, Monsalve y Núñez y Schilling Para agregar un nuevo numeral 60 al artículo 1°

60.Agrégase un nuevo artículo 162 bis:

"Art. 162 bis.- Sin perjuicio del ejercicio exclusivo de la acción penal mediante denuncia o querella del Servicio a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, la persecución penal de cualquiera de los hechos previstos en el artículo 97 podrá también iniciarse por decisión fundada del Fiscal Nacional, siempre que la cuantía exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales.".

4.-Del Diputado Jackson

Para reemplazar en el inciso noveno, del artículo octavo de la ley 20.780, el guarismo “5” por “32,5”

5.-Del Diputado Jackson

Al artículo 16

En la letra t) del artículo 16 de la indicación del Ejecutivo:

1.- Intercálase la frase “respecto al C02”, entre las palabras “artículo” y “podrán”.

2.- Reemplázase la frase “todo o parte” por “hasta un 40%”

3.- Agrégase la siguiente frase final: “En caso de que la compensación sea mediante captura de carbono, deberá realizarse mediante proyectos de plantación o conservación de bosque nativo.”

6.- DIPUTADO INFORMANTE: El señor Guillermo Ramírez Diez

II.-ANTECEDENTES GENERALES DE LA INICIATIVA

1.- CONTENIDO DEL MENSAJE:

El proyecto clasifica las modificaciones propuestas en las siguientes categorías:

A) MEDIDAS PRO CRECIMIENTO

1.Depreciación general y para la Región de La Araucanía. Establece un incentivo a la inversión consistente en un régimen transitorio, que se extenderá por dos años, de depreciación instantánea equivalente al 50% de la inversión realizada en activos fijos nuevos o importados (incluyendo inversiones en obras y construcciones), una vez que se inicie su utilización. Respecto a la Araucanía, propone un régimen de depreciación instantánea por el total de las nuevas inversiones realizadas en dicha región durante los próximos dos años, en activos fijos nuevos o importados (incluyendo inversiones en obras y construcciones).

2.IVA en la construcción. Extiende la rebaja de crédito fiscal IVA que actualmente tienen las viviendas de un valor de hasta UF 2.000, equivalente al 65% del IVA, para permitir que viviendas de hasta un valor de UF 4.000 puedan también usar el crédito especial de IVA, pero por un monto equivalente al 45% de dicho IVA.

3.Extensión de beneficio para zonas extremas. Modifica las leyes que establecen franquicias tributarias de contribuyentes en zonas extremas, ampliando sus beneficios hasta el año 2035.

4.Modernización de procedimientos de solicitud de devolución de IVA. Reduce el plazo para recuperar el IVA soportado en la adquisición de activo fijo de 6 a 2 meses contados desde la fecha de la inversión y acorta el plazo de respuesta del Servicio de 60 a 5 días, sujeto a una fiscalización posterior.

B) INICIATIVAS MODERNIZADORAS, DE SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y DE SEGURIDAD JURÍDICA

1.Modernización y simplificación del sistema de tributación de las empresas: Sistema único y más equitativo. Propone un sistema integrado con una tasa corporativa única de 27% (excepto Pymes, 25%), imputable en un 100% como crédito a los impuestos personales, calculados estos en base a retiros efectivos.

2.Modernización y simplicidad del Régimen de Tributación de las Pymes. Propone una “cláusula Pyme”, en virtud de la cual sus propietarios deben tributar en base a un sistema de integración total, con una tasa especial de impuesto de primera categoría de 25%, pudiendo optar voluntariamente por tributar en base percibida. Los dueños deben tributar con impuestos finales en base a los retiros efectivos que realicen, con la opción de elegir la transparencia tributaria de su Pyme, en cuyo caso las utilidades que genere la Pyme se gravarán directamente con la tasa del Impuesto de Global Complementario de sus dueños, evitando así el pago de un impuesto de primera categoría superior que los obliga a solicitar la devolución del exceso. La “cláusula Pyme” permitirá que estas empresas queden liberadas de llevar el registro tributario de Diferencia entre la Depreciación Acelerada y Normal (“DDAN”) y de aplicar las reglas tributarias de corrección monetaria. Finalmente, se fomenta la inversión en activo fijo de las Pymes, confiriéndoles una depreciación instantánea de las inversiones que realicen en dicho tipo de activos.

Se permite el acceso a este régimen especial a todas las Pymes, independiente de su naturaleza jurídica y de la de sus socios, a condición de que tengan ingresos anuales iguales o inferiores a UF 50.000 y que obtengan rentas activas iguales o superiores al 65% de sus ingresos. Las empresas que cumplan con los requisitos de incorporación a la Cláusula Pyme se acojan a este régimen por el sólo ministerio de la ley.

Las empresas con ingresos anuales inferiores a UF 10.000 la opción de declarar su renta líquida imponible de acuerdo a una propuesta elaborada anualmente por el Servicio sobre la base de márgenes de rentabilidad determinados por tipos de industria o negocio.

Para las empresas con ingresos anuales no superiores a UF 100.000, se mantiene el beneficio de deducción de la renta líquida imponible de hasta un 50% del monto que se mantengan invertido en la empresa, con tope de UF 4.000. Para estas empresas se mantiene la posibilidad de diferir el pago del IVA hasta en 60 días.

3.Normas que introducen seguridad jurídica.

a.Modificaciones sustantivas que brindan seguridad jurídica.

1.Silencio positivo. Se establece como principio general, salvo norma legal en contrario, que operarán las reglas de silencio positivo para todas las solicitudes, presentaciones y recursos de cualquier tipo o naturaleza que redunden en un acto administrativo final.

2.Implementación de recursos administrativos. Reconocimiento a nivel tributario de la ley Nº 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, como lo es el recurso de carácter jerárquico o la queja administrativa ante el Director Regional o Nacional o la nueva Defensoría de los Derechos del Contribuyente.

3.Derecho a que las fiscalizaciones observen fielmente los plazos de prescripción. Se explicita que el Servicio no podrá solicitar antecedentes anteriores a los plazos de prescripción, lo que incluye la revisión de capital propio tributario, pérdidas tributarias y remanente de crédito fiscal. Sólo se podrá exceptuar de los plazos de prescripción la situación especial y excepcional, cuando así se establezca mediante resolución fundada, y partiendo de la presunción que la pérdida y el remanente de crédito fiscal IVA se corresponden con los antecedentes presentados por el contribuyente.

4.Modernización del concepto de gastos del giro de la empresa. Dispone que serán tales los que cumplan las siguientes condiciones: (a) que se encuentren vinculados directa o indirectamente al desarrollo del giro, entendiendo por tal el que se realiza para el desarrollo de las operaciones o negocios de la empresa o el que se efectúa en el interés de la misma; incluyendo gastos ordinarios, extraordinarios, habituales, excepcionales, voluntarios u obligatorios; (b) que sean razonables en cuanto a su monto, atendidas las circunstancias particulares del caso; (c) que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30[2]; (d) que se encuentren pagados o adeudados durante el ejercicio comercial correspondiente; (e) que tengan una causa lícita y no tengan su origen en comportamientos dolosos; y (f) que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio, en caso de fiscalización, a través de los medios de prueba que corresponda conforme a la naturaleza de los respectivos desembolsos.

5.Norma general de tasación. Se incorporan ejemplos de las circunstancias concomitantes que deben considerarse al ejercer esta facultad; se explicita el derecho del contribuyente de aplicar cualquier método de valoración basado en técnicas de general aceptación para efectos de justificar el precio o valor respectivo; se establecen presunciones que otorgan puertos seguros a los contribuyentes respecto de los valores que pueden considerar para realizar ciertas operaciones; y se incorporan normas más modernas de reorganización de grupos empresariales, que exigen darles una mirada consolidada para efectos de calificar sus efectos tributarios o de fiscalizarlas, y se regula dicho procedimiento. Asimismo, se otorgan seguridades respecto de los medios de prueba que puede utilizar el contribuyente para acreditar los valores utilizados.

b.Adecuaciones particulares en materia de seguridad jurídica

1.Norma de interpretación en materia tributaria. La interpretación y aplicación de las disposiciones tributarias, de los actos jurídicos y de los contratos deberá considerar las normas del derecho común, incluyendo criterios interpretativos y principios generales de derecho, sin perjuicio de las materias que la normativa regule de manera específica.

2.Norma General Antielusión. incorporar ciertos ajustes a la NGA, fundamentalmente contemplada en los artículos 4 bis, 4 ter, 4 quáter, 4 quinquies[3], 26 bis, 100 bis y 160 bis, todos del Código Tributario (“CT”), a efectos de obtener una doble finalidad: primero, otorgar un mayor grado de certeza a los contribuyentes, en orden a qué pueden y qué no pueden hacer; y, segundo, hacer que la NGA sea una herramienta que, de modo eficiente, el Servicio pueda aplicar en la práctica. Las principales adecuaciones son las siguientes:

-Ajuste relativo a que el Servicio, para hacer valer la sustancia sobre la forma, necesariamente debe seguir el procedimiento de la NGA. Los dos primeros inciso del artículo 4 bis se traducen en que el CT consagra positivamente el denominado principio de “sustancia sobre forma” (inciso primero), disponiendo que el Servicio debe reconocer y consecuentemente ajustar su obrar y partir de la base que existe una coincidencia entre sustancia y forma (inciso segundo). Así, los únicos casos en que el Servicio puede desatender la “forma” –para buscar y hacer efectiva una “sustancia” que no coincida con ella– son las hipótesis de elusión que la ley reglamenta (abuso y simulación), para lo cual necesaria e ineludiblemente debe seguir el procedimiento administrativo y judicial que el legislador ha establecido al efecto.

-Se establece que en los casos que el Servicio inicia un proceso de fiscalización de acuerdo a una norma especial anti elusión no podrá posteriormente iniciar un proceso por NGA por los mismos actos jurídicos y contratos. Lo mismo ocurre en sentido contrario, cuando el Servicio haya decidido perseverar en la aplicación de la NGA.

-Se reincorpora a la norma una frase contenida en el proyecto original de la Ley N° 20.780[4] (y que, a su turno, era la empleada por la norma española que se empleó como modelo), consistente en que los actos deben ser “notoriamente artificiosos” para la consecución del resultado obtenido. Con ello, se quiere denotar que, para que exista abuso, no basta la existencia de una operación no habitual o usual, sino que derechamente falsa, ficticia y artificial (tal y como lo define el diccionario de la Real Academia Española), al punto de ser indiciaria de ser el acto fraudulento, esto es, “contrario al fin de la ley” conforme a los términos del artículo 11 del Código Civil[5].

-Ajuste relativo al alcance y ámbito de aplicación de la figura de la “economía de opción”. La interpretación actual del Servicio respecto del inciso segundo del artículo 4 ter ha sido que la economía de opción o legítima opción de conductas y alternativas por parte del contribuyente debe restringirse únicamente a las franquicias tributarias u opciones expresamente reguladas en la legislación tributaria, lo cual restringe gravemente la autonomía de la voluntad y además hace en la práctica inaplicable la economía de opción a gran parte de los actos y contratos incluso regulados, por no encontrarse expresamente contemplados -como es de toda lógica- en la legislación tributaria, de manera que se propone compatibilizar la economía de opción con el ordenamiento jurídico y no sólo con la ley tributaria. Se elimina también el concepto “razonable” opción de conductas, puesto que le introduce un factor de objetividad que hace incierta la norma tanto para el Servicio como para el contribuyente.

-Se introduce un ajuste relativo al alcance y ámbito de aplicación de la figura de la “simulación”, explicitando en el artículo 4 quáter que puede configurar elusión tanto la simulación absoluta como la relativa, en cuanto que se trata de términos unívocos para la doctrina y jurisprudencia nacional (Corte Suprema, rol 5183-2015, sentencia de fecha 22 de octubre de 2015.)

c.Precisión de habitualidad en el IVA. Se lleva el concepto de habitualidad del IVA a nivel legal en vez de reglamentario. Se establece la obligación del Servicio de dictar una resolución para calificar la habitualidad que es necesaria para que una venta se considere afecta a IVA, basado en la frecuencia y cantidad. Se señala que la calificación de habitualidad del Servicio no se hará con efecto retroactivo a operaciones anteriores.

d.Derechos del Contribuyente: “Defensoría de Derechos del Contribuyente” (“DEDECON”) y nuevo catálogo acorde a la experiencia internacional. Se trata de un nuevo organismo, que dependerá del Ministerio de Hacienda y estará a cargo de la velar por el respeto de los derechos de los contribuyentes, especialmente de los más vulnerables y las Pymes. Será una entidad que sin tener facultades jurisdiccionales, ni de representación judicial de los contribuyentes, tendrá un relevante rol de mediación de los conflictos que se presenten entre el Servicio y los contribuyentes, recibiendo quejas de estos últimos, pudiendo proponer buenas medidas en pos de una mejor política pública, e incentivando el cumplimiento tributario, entre otras.

Tendrá funciones operativas como las de recibir quejas de los contribuyentes que prefieren acercarse a la defensoría para que represente ante el Servicio dicha queja. Es una entidad que puede efectuar recomendaciones para mejorar la relación fiscal entre contribuyente y el Servicio; también podrá actuar como entidad de mediación y coadyuvar a la celebración de acuerdos entre Servicio y contribuyentes.

Podrá ejercer funciones de estudio relevantes en materia tributaria, efectuar propuestas que ayuden a mejorar la política pública, proponer modificaciones a la normativa de la autoridad tributaria, desarrollar labores de investigación y análisis de problemas sistemáticos (grupos de contribuyentes), proponer modificaciones a disposiciones legales, desarrollar reuniones periódicas con el Servicio a fin de que actúen con debida coordinación; y emitir opiniones técnicas.

Su sede estará en Santiago y la relación con los contribuyentes de regiones se podrá realizar a través de las Intendencias Regionales o Gobernaciones Provinciales.

Al cabo de dos años de iniciado su funcionamiento, el Ministerio de Hacienda deberá emitir un informe que analice la necesidad de instalar o no en algunas regiones del país unidades regionales de la DEDECON.

Se hace una completa y exhaustiva revisión del artículo 8 bis[6], del artículo 8 ter[7] y de varias normas que contemplan facultades fiscalizadoras y revisoras del Servicio, como lo son el artículo 33[8] y siguientes y 59[9] y siguientes del CT, contemplando correlativamente derechos a fiscalizaciones con fines, objetivos y plazos claros y específicos; derecho a que se le informe la situación tributaria y el estado de tramitación de un procedimiento; derecho a que se admita la acreditación de los actos, contratos, etc., mediante los medios probatorios que correspondan conforme al ordenamiento común y si se trata de actos suscritos en el exterior a que no se exijan requerimientos incumplibles; a obtener certificaciones de no existir gestiones pendientes; a no ser fiscalizados por las mismas partidas y períodos que ya han sido objeto de una fiscalización anterior; entre otros.

4.Otras Medidas Modernizadoras.

1.Documentación electrónica. La exitosa experiencia de la implementación de la factura electrónica en materia de recaudación fiscal, reducción de la evasión y el consecuente aumento de la formalidad de la economía nos indican que es necesario seguir avanzando en esta línea. Esa es la razón por la que en este proyecto de ley se introduce la obligatoriedad del uso de la boleta electrónica.

2.-Modernización y facilitación de normativa sobre donaciones y entregas de bienes a título gratuito. Se permitirá a los contribuyentes que puedan reconocer como un gasto el costo de los bienes de primera necesidad, para el uso o consumo humano, que por razones diversas (próxima fecha de vencimiento, fallas de producción, desperfectos de embalaje, etc.) no pueden comercializarse, que sean entregados a entidades sin fines de lucro inscritas en el Servicio. Se introducen ciertas adecuaciones en materia de donaciones para facilitar la posibilidad que ciertos contribuyentes que quieren donar no pueden hacerlo por sus especiales restricciones. Se incluyen en las leyes más relevantes de donaciones la posibilidad de donar en situación de pérdida tributaria, con ciertos límites, pero en tal caso, sólo podrán deducir los montos donados como gasto y no como crédito.

3.-Modernización de la tributación de las ganancias de capital. Para acciones y derechos sociales, se establece como posibilidad para las personas naturales el poder tributar con un impuesto único de tasa de 20%, atenuando así, de alguna manera, la doble tributación que se genera por los dividendos y utilidades que estos bienes generan al ser enajenados. Se genera un nuevo y más moderno y cercano tratamiento tributario a los planes de compensación laboral, de modo de no castigar esta clase de herramientas que pueden ser de gran utilidad para fortalecer el compromiso de los trabajadores con la empresa y de sus dueños para con ellos. Se reconoce bajo una mirada más económica el desarrollo de los pactos de retrocompra y asimismo, las transacciones sobre títulos de crédito. También se contempla en el proyecto una nueva definición de capitales mobiliarios en el artículo 20 Nº 2 de la LIR[10].

4.- Modernización y simplificación de las normas de tributación internacional.

a)Concepto doméstico de establecimiento permanente. Se define el concepto de establecimiento permanente desde una perspectiva doméstica, recogiendo las más recientes directrices de la OCDE pero adecuando ciertos conceptos internacionales a la realidad específica de nuestra de legislación tributaria.

b)Normas de alivio de la doble tributación internacional, artículos 41 A y 41 C. Se unifican en el artículo 41 A de la LIR el uso de créditos por impuestos pagados en el extranjero por contribuyentes residentes y domiciliados en Chile, que actualmente se encuentran disgregados en los artículos 41 A, 41 C y 41 G de la LIR. Con el mismo propósito, se armonizan los topes aplicables a la utilización de dichos créditos y se otorga certeza respecto de los tipos de rentas que dan derecho a crédito, cuando existe inversión en un tercer país. Adicionalmente, se simplifica la acreditación de los impuestos pagados en el extranjero con el objetivo de evitar que se pierda dicho crédito debido a las dificultades de cumplimiento de las formalidades rígidas exigidas.

c)Reconocimiento excepcional del royalty como una renta productiva, en casos de vehículos controlados en el exterior. El artículo 41 G de la LIR constituye una excepción a la regla general de reconocimiento de las rentas de fuente extranjera sobre base líquida percibida, estableciendo la obligación de tributar en base devengada las rentas pasivas de entidades sin domicilio ni residencia en el país, controladas por contribuyentes chilenos. Esta norma tiene por propósito evitar el diferimiento del impuesto a la renta chileno respecto de rentas de fácil movilidad como lo son las rentas pasivas.

De manera general, entre las rentas pasivas se consideran las derivadas de la cesión del uso, goce o explotación de marcas, patentes, fórmulas, programas computacionales y otras prestaciones similares, sea que consistan en regalías o cualquier otra forma de remuneración.

Con el objetivo de incentivar la innovación se agrega una excepción a dicha calificación respecto de actividades empresariales de desarrollo tecnológico que empresas chilenas emprendan a través de filiales en el extranjero.

Adicionalmente, se elimina la limitación especial al gasto por concepto de regalías que actualmente contempla el número 12 del artículo 31 de la LIR[11], sujetando dichos gastos a las normas generales.

d)Nueva definición de territorios o jurisdicciones con régimen fiscal preferencial. Se establece como elemento preponderante para definir la calidad de régimen fiscal preferencial la no existencia de intercambio efectivo de información con las autoridades fiscales de dicho territorio, lo que va en línea con los avances que en dicha materia ha tenido nuestro país a través de la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales en pos de la transparencia fiscal internacional.

e) Eliminación de obligaciones de responsabilidad solidaria en caso de operaciones en el extranjero. Se elimina la responsabilidad solidaria adicional que se había establecido respecto de la sociedad residente en Chile cuyas acciones o derecho eran indirectamente enajenadas por una entidad residente en el exterior. Dicha extensión de responsabilidad implica que una sociedad residente que no tiene información ni derecho alguno respecto de las transacciones que se llevan a cabo en el exterior sobre la entidad que es dueña de sus derechos o acciones, fuera la responsable de enterar al fisco los impuestos que, en su caso, dejara de pagar o retener el enajenante o el adquirente de las acciones o derechos.

f) Modificaciones en materia de tributación de financiamiento vía créditos externos. Se modifica la norma de relación del numeral iv del artículo 41 F de la LIR, eliminando aquellas hipótesis que afectan a operaciones celebradas entre un deudor y un acreedor que no son ni directa ni indirectamente relacionados, y que crean inequidades respecto de financiamientos con garantía.

Adicionalmente, el artículo 41 F contempló una norma de excepción a la aplicación de las restricciones de exceso de endeudamiento, respecto del financiamiento de proyectos de inversión de gran envergadura conocidos como project finance[12]. La norma de excepción trató de evitar que este tipo de proyectos, generalmente de gran importancia para el desarrollo de Chile, fueran afectados por las amplias normas de relación establecidas, ya que este tipo de financiamientos indefectiblemente requieren del otorgamiento de garantías de variada índole.

Sin embargo, los términos rígidos en que ésta fue redactada, en que se intenta definir cómo se estructura un project finance, no permite salvaguardar las distintas estructuras comerciales que se utilizan en nuestro país y en el mundo para el financiamiento de este tipo de proyectos.

Con el propósito de solucionar estas dificultades, se modifica la norma de excepción que busca salvaguardar proyectos de gran envergadura, otorgando un concepto lo suficientemente amplio para que capte las diversas formas de estructura de este tipo de financiamiento, para no encarecer sin mayores razones su financiamiento y desarrollo.

g) Restricción del uso de tasa preferencial 4% respecto de financiamientos tipo back-to-back[13]. Se modifica el artículo 59 de la LIR[14], con el objeto de restringir el uso de la tasa preferencial de impuesto adicional de 4% sobre intereses proveniente de créditos otorgados desde el exterior por instituciones bancarias o financieras extranjeras o internacionales, a aquellos casos en que el banco o institución financiera extranjera o internacional sea el beneficiario final o efectivo de los intereses. Producto de esta modificación legal, la utilización de estructuras de financiamiento del tipo back-to-back no podrán beneficiarse de la tasa reducida del 4%. Si un banco o institución financiera extranjera o internacional no es el beneficiario final de los intereses, la tasa aplicable de impuesto adicional será la tasa general de 35%.

h)Reorganizaciones internacionales. A la fecha no existe en nuestra legislación tributaria normativa que regule los efectos tributarios de reorganizaciones internacionales que involucren activos o partes chilenas, salvo las consideradas excepcionalmente para situaciones de transferencias indirectas de activos chilenos. Lo anterior, ha llevado a que el Servicio ha debido responder vía administrativa numerosas consultas sobre la materia y sus efectos. Con el fin de dar certeza a estas operaciones, se propone dar consagración legal a sus efectos y los requisitos aplicables para reconocer que se trata de procesos tributariamente neutros, ya que no implican realización.

5.Impuesto a los Servicios Digitales (“ISD”)

Se propone establecer un impuesto con las siguientes características:

a)Es un impuesto específico, indirecto y sustitutivo de cualquier otro impuesto, de tasa 10%, que grava los servicios digitales prestados por empresas extranjeras, en la medida que dichos servicios sean utilizados en Chile por usuarios personas naturales. En caso de que estos servicios digitales sean utilizados por empresas chilenas, estos se gravaran con impuesto adicional conforme a las reglas de los artículos 59 y siguientes de la LIR.

b)La tasa se aplica sobre el monto total de la transacción, sin deducción alguna, y pretende ser una tasa justa y equilibrada considerando las dificultades que existen para su definición ante la existencia de distintos modelos de negocios y la necesidad de un sistema impositivo simple y certero.

Asimismo, se establece un sistema de retención por parte de las entidades emisoras de los medios de pago utilizados en las transacciones, pues se estima que de las alternativas existentes es aquélla que mejor responde a las necesidades de eficiencia, simplicidad y fiscalización.

c)Se aplica sobre los servicios digitales, de manera que no afecta la compra de bienes físicos por medios tecnológicos, los cuales se afectan conforme a las reglas vigentes por los impuestos aduaneros e IVA a la importación. En esta materia, el Gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para mejorar los procesos de fiscalización que permitan asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias vigentes para este tipo de transacciones.

6.Modificaciones al impuesto verde a las fuentes fijas.

Se proponen varias modificaciones, que tienen por objeto perfeccionar este instrumento, pionero en la región, con el propósito principal de otorgar certezas respecto a los distintos elementos que componen este gravamen.

En particular, sustituye el criterio para determinar quiénes son contribuyentes del impuesto, pasando del actual valor de potencia térmica de calderas o turbinas que individualmente consideradas o en su conjunto generen 50 megavatios térmicos o más, a uno que considera el material particulado emitido (100 o más toneladas anuales) o dióxido de carbono emitido (25000 o más toneladas anuales).

Establece también la revisión cada diez años del CSCpci[15] de cada contaminante local por el Ministerio del Medio Ambiente. Explicita que tratándose de fuentes fijas que operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía primaria sea la energía biomasa -las que se encuentran exentas del gravamen-, la utilización de aditivos en su combustión no altera la referida liberación.

Consagra que los establecimientos consignados en el listado que anualmente elabora el Ministerio de Medio Ambiente deberán reportar de manera obligatoria sus emisiones durante el año calendario correspondiente. Permite al contribuyente reclamar del giro del impuesto ante el Tribunal Ambiental. Sustituye la referencia al Centro de Despacho Económico de Carga[16] (CDEC) por el Coordinador Eléctrico Nacional[17], en lo que se refiere a la reliquidación que debe realizarse cuando las unidades de generación marginal del sistema cuyo costo total unitario, siendo éste el costo variable considerado en el despacho, adicionado el valor unitario del impuesto, sea mayor o igual al costo marginal, y en consecuencia, la diferencia entre la valorización de sus inyecciones a costo marginal y a dicho costo total unitario, sea pagada por todas las empresas eléctricas que efectúen retiros de energía del sistema, a prorrata de sus retiros.

Permite a los contribuyentes compensar sus emisiones de CO2 gravadas, a través de la implementación de proyectos de reducción de emisiones de CO2 desarrollados a nivel nacional bajo los estándares y modalidades de participación establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente.

7.Modernización de Facultades de Fiscalización del Servicio.

Se potencian y modernizan las facultades de revisión y fiscalización del Servicio. Asimismo, se fomenta la relación colaborativa del Servicio y los contribuyentes para potenciar la confianza y el correcto cumplimiento tributario que requiere de la auto determinación y auto declaración de los impuestos, junto con entregar certeza respecto de la forma en que el Servicio realiza sus actuaciones de requerimiento de información o fiscalización.

En efecto, en el artículo 33 bis del CT, se potencian las facultades del Servicio para solicitar declaraciones juradas de los contribuyentes y respecto de terceros señalando los plazos en que deberá emitir las respectivas resoluciones y los antecedentes el Servicio podrá requerir para el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias. Asimismo, en el artículo 59 bis del CT se regula la posibilidad del Servicio de requerir la comparecencia de contribuyentes en los casos específicos que dicha norma señala; y, en el artículo 60 del CT[18] se precisa el procedimiento para requerir información como medio especial de fiscalización.

Por su parte, en el artículo 33 del CT se regula la labor de facilitación que le compete al Servicio respecto de los contribuyentes para el debido cumplimiento tributario, regulando la facultad del Servicio de proponer declaraciones de impuestos, indicar al contribuyente inconsistencias respecto de la información que recibe, y de solicitar información respecto de operaciones que podrían tener incidencia en sus declaraciones de impuesto. Todo lo anterior sujeto a la aceptación voluntaria del contribuyente. Asimismo, en el artículo 8 ter del CT[19] se precisan las causales por las cuales el Servicio podría denegar la emisión de documentos tributarios, tales como facturas, en base a los criterios que ha definido el Servicio.

Otro de los objetivos es otorgar certeza. En esa materia, en el artículo 21 del CT[20] se establecen reglas respecto del plazo de revisión de operaciones que inciden en el capital propio tributario, pérdidas tributarias y remanentes de crédito fiscal en periodos que excedan del plazo extraordinario de prescripción de 6 años y el artículo 59 del CT[21], se precisan las materias que pueden ser objeto de fiscalización y los plazos en que deberán llevarse a cabo dichas actuaciones.

C.ARTÍCULOS TRANSITORIOS

En los artículos transitorios se especifica de manera detallada los plazos de vigencia de las modificaciones efectuadas en este proyecto, que como regla general regirán a partir del 1 de enero de 2019, y se regula de manera clara y ordenada el tránsito desde los actuales sistemas generales de tributación correspondientes a los regímenes atribuido, semi integrado y 14 ter[22], al nuevo sistema único tributario, que incluye a la Cláusula Pyme.

Se incorporan además disposiciones transitorias que tienen por objeto regularizar y facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, especialmente considerando los variados cambios normativos que ha sufrido la legislación tributaria en los últimos años. Entre dichas medidas, destacan las siguientes:

1.Impuesto Sustitutivo al FUT

Se establece una nueva puerta para que contribuyentes que mantienen saldos de utilidades tributables puedan pagar un impuesto único y sustitutivo de los impuestos finales, de tasa única y fija de 30%, que goce de preferencia para efectos de imputación, para los contribuyentes que al término del año comercial 2018 mantengan un saldo de utilidades tributables acumuladas generadas hasta el 31 de diciembre de 2016.

2.Avenimiento en juicios pendientes

A fin de desconcentrar la carga de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y de dar solución a juicios de larga data, se abre la oportunidad por un plazo de dos años a contar de la vigencia de la ley para celebrar un avenimiento en todos los juicios que en la actualidad se encuentran pendientes en las distintas instancias, con una condonación del 100% de los intereses y multas. La solicitud del contribuyente deberá ser acogida por el Servicio a través de una resolución, con tal que se rinda caución suficiente del pago de la deuda tributaria por parte del contribuyente.

3.Declaración de diferencias en el capital propio tributario.

Dado que el capital propio tributario es clave en la tributación con impuestos finales de los propietarios de las empresas, y que habiendo existido ya en nuestra legislación tributaria, especialmente para efectos de la determinación de la patente municipal a pagar, hay contribuyentes que se encontraron con diferencias relevantes en su capital propio tributario desde hace larga data, por ejemplo, por diferencias por aplicación incorrecta de corrección monetaria, errores de cómputo, procesos de reorganizaciones empresariales u otros, podrán declarar y pagar las diferencias de una sola vez en la declaración anual de renta del año tributario 2019 o 2020, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá optar por corregir todas las declaraciones anuales afectadas con dichas diferencias.

4.Registro de capitales en el exterior no declarados.

Se establece un régimen transitorio por 1 año, que entrará en vigencia dos meses después de la publicación de esta ley, relativo a un procedimiento de declaración de rentas y bienes de toda clase (muebles e inmuebles) que se encuentren en el extranjero, sujetos a un impuesto único con tasa de 10%.

El 4 de junio de 2015, el país se comprometió, junto con otras 93 jurisdicciones, a implementar, a través de lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal[23] (en adelante, “MAAT”), un nuevo estándar global y único para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras de no residentes, denominado Normas Comunes de Reporte (“CRS” por sus siglas en inglés). CRS fue desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y requiere que las jurisdicciones que se han comprometido a su implementación proporcionen a las otras jurisdicciones adscritas, determinada información sobre cuentas financieras, de forma bilateral, anual y automática, al amparo de las normas de un tratado internacional que autorice el intercambio de información financiera, tal como el MAAT, los convenios para evitar la doble tributación internacional y los tratados específicos sobre intercambio de información en materia tributaria, debiéndose garantizar el debido resguardo de la confidencialidad de la información intercambiada.

A partir de junio de 2018 entran en sucesiva vigencia las diversas obligaciones ligadas al intercambio de información automática de (esto es, intercambio de información sin conocimiento ni consentimiento del afectado) de las cuentas financieras que el residente extranjero mantenga en la jurisdicción incumbente.

Considerando ese cambio de circunstancias se establece un régimen excepcional para declarar activos situados en el exterior, y pagar un impuesto sustitutivo a una tasa de 10% del valor patrimonial por un plazo de un año.

Para esos efectos se ha trabajado en conjunto con el Servicio para establecer un nuevo régimen en que se aproveche la experiencia obtenida en el proceso de declaración realizado en el año 2014. Conforme con lo anterior, se introdujeron adecuaciones a los requisitos para acogerse, al proceso de declaración y las facultades de fiscalización posteriores a la declaración.

En efecto, se permitirá declarar no sólo divisas, derechos, acciones, trust, sino otra clase de activos que quedaron excluidos, tales como bienes raíces y ciertos productos financieros sobre los cuales no existía claridad si podrían acogerse o no a la declaración bajo la norma anterior. Asimismo, se aclaran la fecha en que se deberá determinar el valor de los activos, dejando expresamente establecido en la ley que la rentabilidad obtenida respecto de los bienes respectivos en el año 2019 deberá declararse, conforme con las reglas generales, en la declaración de impuesto del año tributario 2020.

III.- INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA O PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

El Ejecutivo presentó once informes financieros; en el primero, ingresado junto con el proyecto de ley se da cuenta de los efectos sobre el presupuesto fiscal considerado en su presentación original. Los demás, que implican gastos y que se incluyen en este certificado, dicen relación con las indicaciones presentadas producto del debate habido en la Comisión. Los restantes, precisan que las indicaciones a que se refieren, no irrogan mayor gasto.

Efectos del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Medidas Pro Crecimiento

Depreciación semi instantánea transitoria e instantánea transitoria en la Araucanía.

Para estimar el impacto en recaudación de las medidas de depreciación semi instantánea, se compara el gasto en depreciación que se genera con la implementación de dicha medida versus la depreciación normal o acelerada que se hubiese optado sin el incentivo en cuestión. Además, se asume un adelanto en la inversión para los años comerciales en que se aplica la medida (2019-2020), elevando su tasa de crecimiento de la inversión respecto a un escenario sin la medida propuesta.

Para las estimaciones se utilizan las cifras de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) de las Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile. La serie se ajusta para descontar la inversión pública, y, a la vez, considerar solamente a las grandes empresas (quienes realizan un 78% de las importaciones y compras de activo fijo). A la serie también se le descuenta la inversión en servicios de vivienda, que es inversión de los hogares y no de las empresas.

Luego, se distribuye la serie ajustada de FBCF entre inversión en Maquinaria y equipo y Construcción y obras, según sus las proporciones de las Cuentas Nacionales. Seguidamente, se calcula la depreciación para los años 2019-2020 según las medidas propuestas en el presente Proyecto de Ley, considerando una vida útil promedio de 11 años para Maquinaria y equipo y 20 años para Construcción y obras.

Para estimar el porcentaje de inversión en construcción y obras que entrará en operación cada año, se utilizan la cantidad de años requeridos para construir los proyectos de acuerdo al catastro de la Corporación de Bienes de Capital, ponderando por el monto de cada proyecto, respectivamente.

Desde el año 2021 en adelante, el costo tributario de los proyectos de inversión iniciados durante 2019-2020 que sigan entrando en operación se irá revirtiendo, debido a que proyectos que iban a depreciarse a 1/3 de la vida útil ya habrán depreciado gran parte de su valor.

En cuanto a la depreciación instantánea en la región de La Araucanía, se utiliza la misma serie ajustada de FBCF para el cálculo de la depreciación semi instantánea, pero con un ajuste adicional según la proporción de inversión privada que representa la zona. Se estima entonces la menor recaudación tributaria por depreciar el 100% del gasto de capital realizado en La Araucanía durante los 2 años calendario que dura esta medida (2019-2020).

a)IVA en la construcción

La medida se estima en base a información del SII utilizando el monto del Crédito Especial de Empresas Constructoras del año 2013, que es el penúltimo año en que a las empresas constructoras se les permitió deducir de sus PPM el 65% del IVA en la venta de viviendas cuyo valor no excedía las UF 4.500. El crédito de aquel año se proyecta anualmente hasta el año 2017, según la variación del PIB nominal.

En base a dicha información, se obtiene una proporción en base al beneficio que se extenderá a las viviendas con valor no mayor a UF 4.000, y un beneficio del 45% del IVA como crédito para las viviendas con valores entre UF 2.000 y menores a UF 4.000.

b)Prórroga de zonas extremas

Se trata de una medida que ya está en curso y que se prolonga por 10 años respecto de lo contemplado originalmente. No presenta impacto fiscal en el periodo 2019-2025.

c)Modernización de procedimientos de solicitud de devolución de IVA

La reducción del plazo para la devolución del IVA por la adquisición de activos fijos de 6 a 2 meses genera un impacto que se traduce en una menor recaudación solo durante su primer año de aplicación. Se estima -en base a información proporcionada por el SII- calculando cuánto habría sido el costo de la medida de haberse aplicado entre 2015 y 2018 al mes con información más reciente, utilizando el valor promedio para dicho periodo.

Iniciativas Modernizadoras, de Simplificación del Sistema Tributario y Seguridad Jurídica

a)Modernización y simplificación del sistema de tributación de las empresas: Sistema único y más equitativo

El efecto del cambio desde los sistemas integrados parcialmente y sobre rentas atribuidas a un sistema integrado total sobre retiros efectivos (SIT), se calcula con la información preliminarmente procesada por parte del SII parar el año tributario 2018.

En primer lugar, se determina el resultado de la Operación Renta (OR) 2018 con una tasa del impuesto de Primera Categoría de 27%, en vez de 25,5%, para las empresas acogidas al régimen de Sistema Integrado Parcial (SIP). Luego, se simula el resultado para dicho grupo de empresas en caso de que hubiese existido integración total. Además, se simula la integración total con pago del impuesto personal en base a retiros para las empresas que para la OR 2018 no estuvieran en el SIP, sino en el régimen de Utilidad Atribuida (RUA) y/o acogidos al artículo 14 Ter de la LIR, pero que tuvieron ventas mayores a UF 50.000 o un socio contribuyente del Impuesto Adicional, es decir, quienes no se habrían podido acoger a la Cláusula Pyme. En base a dichos resultados, se estima la restitución potencial que deberían pagar los retiros, remesas o dividendos que se realizaron en la OR 2018, aplicando una tasa de 9,45% a dichos montos. El resultado de esta operación asciende a un monto en torno a los US$ 560 millones.

Cabe hacer notar que en la OR 2018 se registraron retiros con cargo a lo declarado para el ISFUT aplicado en años anteriores. Dichos montos no pagaron impuestos personales, dada la tasa rebajada que pagaron previamente. El total de montos declarados entre los años 2015 – 2017 para el pago de ISFUT corresponden a impuestos ya pagados que disminuyen el impacto en el corto plazo del costo de la reintegración. En la OR 2018 se retiraron cerca de US$ 3.200 millones de dicho ISFUT, que al aplicar la tasa de 9,45% resulta un monto cercano a los US$ 270 millones.

Dado lo anterior, se trabajó bajo el siguiente supuesto:

i. En régimen, al costo de US$560 millones (calculado con información de la OR 2018) se le debe adicionar un mayor valor equivalente a los retiros que en esta ocasión se realizaron con cargo al ISFUT, pero que sin esta medida hubiesen pagado los impuestos personales.

Dado que el ISFUT habría redundado en un porcentaje de retiros mayor si no hubiese existido dicha medida, estimamos que el impacto en régimen es de aproximadamente la mitad de lo retirando con cargo a ISFUT en la OR 2018, es decir, US$135 millones. Por lo tanto, el costo de la reintegración, en moneda de 2018, es de aproximadamente US$ 700 millones.

ii. Aún quedan más impuestos declarados que pagaron ISFUT y no retirados de las empresas. Estimamos que, en los próximos seis años, se efectuarán los retiros proporcionales necesarios para que dicho monto vaya a cero. Este supuesto descansa en el hecho de lo cuantioso de los recursos que no pagarán el impuesto personal al momento de ser retirados. De ocurrir dicho patrón, el costo de la reintegración para los próximos años será menor en 2/3 respecto al costo en régimen.

b)Modernización y simplicidad del Régimen de Tributación de la Pyme

Para determinar el efecto en recaudación asociado a la modernización y simplificación del Régimen de Tributación de la Pyme (Cláusula Pyme), se utiliza el número de empresas que quedarían sujetas a éste sistema según información del Servicio de Impuestos Internos.

Las empresas actualmente acogidas al artículo 14 Ter de la LIR que se acojan a la figura de la transparencia tributaria seguirán pagando sus impuestos personales. Para las que no, existe una compensación en la recaudación dada entre 1) las empresas que estaban en RUA, pero ahora tributarán bajo el SIT, 2) las empresas que no estaban en RUA ni acogidas al artículo 14 Ter, sino en SIP, y que ahora pagarán tasa de Primera Categoría de 25%, y 3) las empresas que por desconocimiento no estaban acogidas a beneficios tributarios, pero que ahora -por defecto- estarán regidas por la Cláusula Pyme. De esta forma, vemos un impacto en recaudación neutro para esta medida.

Respecto al impacto que conlleve la estimación del impuesto a la renta por parte del SII en base a márgenes de la industria para las Pymes con ventas menores a UF 10.000, no se cuenta con información preliminar para estimar un efecto distinto al neutro en recaudación.

Adicionalmente, el SII estima que para realizar el procesamiento masivo de información y posterior elaboración de las propuestas de tributación según los márgenes promedio de la industria, se incurriría en mayores gastos de US$ 246 miles en régimen.

c)Normas que introducen seguridad jurídica

No se cuenta con información preliminar para estimar un efecto distinto al neutro en recaudación.

d)Derechos del Contribuyente: “Defensoría de Derechos del Contribuyente” (“DEDECON”) y nuevo Catálogo acorde a la experiencia internacional

Para la DEDECON se estima una primera etapa de implementación con una sede única en Santiago. Sus gastos en personal alcanzan a 45 cargos (Defensor Nacional, Sub-defensor Nacional, 3 consejeros, 9 Jefes de Unidad y 31 cargos para asesores, técnicos, auxiliares o administrativos) y serían de US$4,6 millones en régimen.

e)Otras medidas modernizadoras

La obligatoriedad del uso de la boleta electrónica aumentará los ingresos fiscales vía menor evasión. En base a estimaciones del SII, ya el uso de los vouchers de Transbank como boletas en algunos comercios habría reducido la evasión en un 9,9% tratándose de micro empresas y, en torno a 12,1%, en el caso de las pequeñas empresas.

Para estimar el impacto de la boleta electrónica obligatoria se proyecta una reducción de la evasión de tasas similares para las micro y pequeñas empresas respecto a la experiencia con el uso de los vouchers de Transbank como boletas. También se estima una reducción permanente en la evasión de las medianas y grandes empresas en 5% y 1,5%, respectivamente. Dada la mayor recaudación de IVA el primer año de la medida, se agrega a partir del segundo un aumento en la recaudación por mayores ingresos declarados para el pago del impuesto a la renta.

En el caso de la modernización y simplificación de las normas de tributación internacional, donde se unifica el uso de créditos por impuestos pagados en el extranjero y se armonizan los topes aplicables a los mismos, se estima el impacto de elevar el tope actual de 32% a 35%, y se utiliza el promedio de los valores registrados en los años 2015 a 2017.

Por otro lado, para facilitar el cumplimiento tributario a través de la digitalización de la atención de los trámites que deben realizar los contribuyentes en el SII, es necesario fortalecer la plataforma tecnológica. Para esto se requiere un gasto adicional en régimen de US$ 2,3 millones, que corresponde a almacenamiento de documentación, licencias, hardware y soporte, desarrollo y mantención.

f)Impuesto a los servicios Digitales (“ISD”)

El efecto en recaudación por el impuesto a los servicios digitales se calcula estimando los ingresos en Chile de los principales servicios utilizados por los consumidores nacionales. La información se obtiene de estudios provenientes de la Comisión Nacional de Productividad, Emarketer y estadísticas proporcionadas al público por las propias empresas. En base un escenario conservador en la estimación de ventas para dichas plataformas, se calcula el impuesto con la tasa de 10%. La proyección del crecimiento de los ingresos para cada plataforma hasta alcanzar estado de régimen difiere de acuerdo a la información proporcionada por cada empresa.

g)Modificaciones al impuesto verde a las fuentes fijas

El efecto en recaudación del impuesto verde a las fuentes fijas se estima con información histórica del número de toneladas de emisiones contaminantes por empresa, obtenidas del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes para los años 2014 y 2015, y en base a la fórmula de cálculo del impuesto, manteniendo un criterio conservador en base a la información de emisiones para dichos años. Luego, para la estimación del efecto en los años posteriores a la implementación de la medida propuesta en el presente Proyecto de Ley, se asume una disminución de 5% anual en la emisión de contaminantes por parte de las nuevas empresas durante los primeros años.

h)Modernización de facultades de Fiscalización SII

Dentro de las medidas de modernización de las facultades de fiscalización del SII, mejora la regulación del comercio electrónico transfronterizo. En este marco, se estima en base a información de la Cámara de Comercio de Santiago al año 2016, el impacto en recaudación sobre el comercio electrónico transfronterizo por concepto de mayor pago de IVA.

i)Normativas transitorias

Respecto al Impuesto Sustitutivo al FUT, se estima que aún hay más de US$300.000 millones de recursos relacionados al FUT acumulados por las empresas. El impacto del presente ISFUT se calcula en base a la experiencia pasada, que, bajo una tasa fija de 30%, se declararán algo menos de US$5.000 millones en el lapso indicado en el Proyecto de Ley.

Para el avenimiento en los juicios pendientes, se utiliza el monto total de impuestos, multas intereses y reajustes adeudados a agosto del presente año. Bajo un supuesto de ganancia de litigios por parte del SII, se asume que al menos un tercio de las causas pendientes se resolverán gracias a esta medida, con la ganancia en recaudación el primer año, pero con menor recaudación por la no recepción de multas e intereses en los años siguientes. Respecto a la declaración de diferencias en el capital propio tributario, no se cuenta con información preliminar para estimar un efecto distinto al neutro en recaudación.

Por último, para el establecimiento de un régimen excepcional para declarar activos situados en el exterior, y pagar un impuesto sustitutivo a una tasa de 10% del valor patrimonial por un plazo de doce meses, que abarca hasta algunos meses al inicio de 2020, se estima que este recaudará al menos dos tercios de lo ingresado por la ventana de repatriación de capitales en el extranjero otorgada en años previos, con una mayor concentración de recaudación, tal como en la experiencia pasada, en los últimos meses del plazo.

El Cuadro N° 1 muestra el impacto transitorio en recaudación de cada una de las medidas mencionadas anteriormente, para los años 2019 a 2023, así como también, el impacto en régimen de la Modernización Tributaria, que se alcanzaría con posterioridad al periodo proyectado.

Todas las medidas consideran un aumento anual por mayor crecimiento económico. Se utiliza como supuesto de tipo de cambio un valor de $650.

El detalle de los mayores gastos, por subtítulo y en miles de pesos, se encuentra en los cuadros N°s 2 a 4 siguientes:

Finalmente, el mayor gasto fiscal que irrogue el proyecto de ley se hará con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos vigente, sin perjuicio de recursos que se otorguen por leyes especiales.

2.- Informe financiero: N° 68 de 8 de mayo de 2019

II.Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

En relación a las modificaciones al Artículo 1º, numeral 13), respecto a las nuevas condiciones que faculta al contribuyente a llevar la contabilidad en moneda extranjera, esto es, el caso de contribuyentes de primera categoría que determinan su renta efectiva según contabilidad completa, cuando dicha moneda extranjera influya determinantemente en la composición del capital social del contribuyente y sus ingresos los obtenga en moneda extranjera, no es posible generar una estimación del impacto en los ingresos fiscales. Sin embargo, cualquier movimiento al alza o a la baja del tipo de cambio determinará si el impacto final se traduce en mayores o menores ingresos fiscales, respectivamente.

Respecto a los nuevos artículos trigésimo séptimo, octavo y noveno transitorios, en lo referido a la Comisión Anti-Elusión y al Comité Especial del Servicio, cabe señalar que los ejercicios de sus respectivas funciones no irrogan mayor gasto fiscal, toda vez que sólo se trata de funciones que se suman a las actualmente desempeñadas por cada uno de los miembros de los respectivos Comités y Comisiones. En el caso de los miembros de la Comisión Anti-Elusión, su labor será ad­honorem, y el Ministerio de Hacienda, mediante un decreto supremo, establecerá el procedimiento para convocar a la Comisión y su funcionamiento, además de brindar el apoyo administrativo necesario con esos fines. En relación a las multas que se cursen a los contribuyentes que hayan incurrido en una conducta elusiva, según lo resuelto por dicha Comisión, no es posible cuantificar la magnitud de estas. Sin perjuicio de ello, las transacciones se registrarán en la partida presupuestaria del Tesoro Público, en los años que corresponda.

Para las demás medidas, al tratarse de precisiones y/o ajustes en la redacción de los contenidos desarrollados en el mensaje del Proyecto, los efectos fiscales ya han sido incorporados en el Informe Financiero Nº 146, de agosto de 2018, que acompañó el proyecto de ley, de manera que no se modifica la estimación de ingresos y gastos ya señalados allí.

Incidencia presupuestaria respecto de las demás indicaciones presentadas por el Ejecutivo (Compensaciones)

El conjunto de medidas agrupadas entre i) las que compensan parte de la menor recaudación resultante de contar con un Sistema Integrado Total, particularmente para los contribuyentes de impuesto Global Complementario que se encuentran en los tramos de tasas marginales más altas, ii) otras, que tienen impacto en los ingresos fiscales, y iii) las demás, que tienen impacto en los gastos fiscales. Finalmente, hay otro grupo de modificaciones formales que no tienen impacto fiscal.

i.Medidas compensatorias en los ingresos fiscales

1. Limitar el uso de market makers

El artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR) establece que la ganancia obtenida en la enajenación de acciones y cuotas de fondos, con presencia bursátil, constituirán un ingreso no renta, en la medida que se cumplan ciertos requisitos.

Entre los requisitos se encuentra que los instrumentos tengan “presencia bursátil”, lo que se ha interpretado que corresponde a lo que define el artículo 4 bis de la ley N° 18.045, sobre mercado de valores; esto es, la calificación de la presencia bursátil corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La SVS (actual CMF) determinó en la Norma de Carácter General N° 327, de 2012, que la presencia bursátil consiste en: (i) haber tenido transacciones diarias en bolsa de 1.000 UF o más por al menos 45 de 180 días hábiles bursátiles, o, (ii) que el emisor del respectivo valor haya suscrito un contrato con un market maker[24].

Al respecto, se establece que el uso de contratos con el servicio de market maker habilitará para el uso del beneficio tributario, en la medida que dicho contrato tenga una duración previa de un año a la fecha de la venta. Esta medida generará mayor recaudación, toda vez que habrá operaciones que generen ganancias de capital que, por la limitación en el uso de market makers, no podrán acogerse al beneficio tributario.

2.Limitación de operaciones afectas a tasa reducida de 4% en caso de estructuras “back to back”

El artículo 59 de la LIR establece que aplicará una tasa reducida de impuesto adicional del 4% a los intereses pagados al extranjero a ciertos acreedores calificados, como es el caso de bancos o instituciones financieras.

Al respecto, se avanzará en la limitación del beneficio a los financiamientos desde el extranjero vía B2B (o estructuras análogas de “fronting”). En estos casos se entenderá que el acreedor efectivo del crédito no es el banco y, en consecuencia, no se podrá aplicar la tasa reducida del 4% al pago de dichos intereses (sea o no que se encuentre en exceso de endeudamiento).

Adicionalmente, se definirá un nuevo concepto de institución financiera extranjera, con mayores requisitos de sustancia económica, siendo procedente la tasa reducida del 4% sólo respecto de aquéllas que cumplan con dichos requisitos.

Respecto de la vigencia de estas normas, se determina que se mantendrán sujetos a las normas vigentes los créditos otorgados antes de la publicación de la ley siempre que no se modifiquen sustancialmente, en consecuencia, se aplicará sólo respecto de intereses que deriven de nuevos créditos. De esta manera, operaciones que actualmente se acogen a una tasa reducida del 4%, comenzarán a pagar una tasa del 10%, 15% o 35%, dependiendo de si se trata de un país que cuente con un convenio tributario con Chile referido a la materia, o no.

3. Norma especial antielusión por retiros desproporcionados

En algunos tipos sociales (sociedades de personas), la ley, en reconocimiento al aporte personal del socio por sobre la participación en el capital, permite a los dueños realizar retiros desproporcionados respecto de su participación en el capital.

Para efectos de evitar usos indebidos, se incorpora al artículo 14 letra A) de la LIR, una norma que aplicará un impuesto único del 35% (equivalente a la tasa más alta de global complementario) a los retiros desproporcionados a la participación en el capital, que no tengan una razonabilidad económica o comercial.

En relación a las utilidades retenidas en la empresa que se acogieron al impuesto único y sustitutivo del FUT (ISFUT), de acuerdo régimen transitorio incorporado por la reforma tributaria del año 2014, que permitía pagar un impuesto sobre el FUT acumulado y luego retirar libre de impuestos dichas utilidades. También se incorpora una sanción, impuesto único de 25% (asimilable a la tasa general más alta del impuesto de donaciones), a los retiros desproporcionados, considerando que, si bien se tratan de utilidades que solucionaron su tributación en lo referente a la renta, podría prestarse para abusos en materia de donaciones.

Esta medida incrementará la recaudación en dos componentes, a saber: uno permanente, para los retiros de utilidades desproporcionados a la participación y, otro transitorio, asociado al ISFUT.

4. Contribución del 1% de las inversiones regionales

Los contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría de la LIR que tributan sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa pagarán una contribución para el desarrollo regional respecto de los proyectos de inversión que se ejecuten en Chile y, copulativamente, cumplan los siguientes requisitos:

a)Que comprendan la adquisición, construcción o importación de bienes físicos del activo inmovilizado por un valor total igual o superior a diez millones de dólares, considerando el tipo de cambio de la fecha de adquisición de cada activo inmovilizado que forme parte del proyecto de inversión. Se considerará como bienes físicos del activo inmovilizado del proyecto de inversión aquellos que se destinen al proyecto de inversión en virtud de un contrato de arriendo con opción de compra en que se considerará, para el solo efecto de esta norma, el valor total del contrato al momento de su suscripción

b)Que deban someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente y su reglamento.

Estarán exentos de la contribución para el desarrollo regional, previa solicitud de los interesados, aquellos proyectos de inversión destinados al desarrollo de actividades de salud, educacional, científica, de investigación o desarrollo tecnológico, y de construcción de viviendas y oficinas, previa solicitud al Ministerio de Hacienda.

La contribución tendrá asociada una tasa del 1% a ser aplicada sobre el valor de adquisición de todos los bienes físicos del activo inmovilizado que comprenda un mismo proyecto de inversión, en la parte que exceda la suma de diez millones de dólares de Estados Unidos de América.

La contribución deberá ser declarada y pagada en la Tesorería General de la República, en abril del ejercicio siguiente al devengo de la contribución, junto con la declaración y pago anual del impuesto a la renta. El contribuyente podrá convertir el valor de la contribución en unidades tributarias mensuales (UTM) y dividirla en cinco cuotas anuales y sucesivas, pagando la primera cuota en la forma y plazo indicado y las cuotas restantes en los sucesivos años tributarios junto con la declaración y pago anual del impuesto a la renta. Las empresas que paguen la contribución tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% del monto de la contribución o la cuota respectiva, el que se imputará contra el impuesto de primera categoría que corresponda al ejercicio en que se efectúa su pago.

Para tal efecto, los montos recaudados podrán distribuirse de la siguiente manera:

a)Hasta una tercera parte podrá destinarse a complementar los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, bajo la denominación “Fondo de Contribución Regional”; y

b)Hasta dos terceras partes podrán destinarse a las regiones en las cuales los proyectos de inversión afectos se emplacen y ejecuten, bajo la denominación “Fondo de Contribución Regional”. Hasta la mitad de los recursos asignados a cada una de estas regiones deberán ser puestos a disposición de las comunas donde se emplacen los proyectos de inversión que dan origen a las contribuciones pagadas. Estos recursos deberán ser adjudicados en razón de concursos convocados por los Gobiernos Regionales respectivos.

Los criterios específicos de asignación de recursos y los mecanismos para ponerlos a disposición de quienes corresponda se contendrán en un Reglamento emitido por el Ministerio de Hacienda, el que podrá establecer límites a los montos asociados a cada una de las iniciativas de inversión regionales o locales.

5. Eliminación exención de contribuciones de predios forestales (excepto bosque nativo)

El Decreto Ley N° 2.565, de 1979, que sustituye al Decreto Ley N° 701, de 1974, establece una exención de impuesto territorial a los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal que cuenten con plantaciones bonificadas (por un plazo de 2 años) y a los bosques nativos. Asimismo, a los terrenos cubiertos con bosques de protección (aquellos ubicados en suelos frágiles con pendientes y los próximos a recursos hídricos). Además, estos terrenos y bosques no se consideran para el impuesto a las herencias y donaciones.

Se propone eliminar esta exención, manteniéndola para el bosque nativo.

6. Limitar exención de impuesto adicional a Universidades

El artículo 234 de la ley N° 16.840, establece que estarán exentas de impuesto adicional las cantidades pagadas o abonadas en cuenta por universidades reconocidas por el Estado a personas sin domicilio ni residencia en el país.

Al respecto se ha propuesto que, en conformidad con el espíritu de la ley, se precise que dicha exención aplicará sólo respecto de i) trabajos técnicos, ii) servicios profesionales o técnicos, iii) capacitaciones, charlas o conferencias y iv) otras similares, siempre que se relacionen con las actividades docentes que le son propias.

ii.Otras medidas que tienen impacto en los ingresos fiscales

1. Ajuste en modificación al Crédito especial para empresas constructoras

En el proyecto de ley original se elevaba de UF 2.000 a UF 4.000 el límite superior del precio de las viviendas en que las empresas constructoras pueden usar el crédito especial del IVA, manteniendo el tope de UF 225, con un porcentaje de crédito de 65% del IVA para viviendas hasta UF 2.000, y de 45% para viviendas hasta UF 4.000.

La presente indicación disminuye el límite superior de UF 4.000 a UF 3.000, manteniendo las demás las características para los topes en el uso del crédito.

2. Eliminación de Diferencia entre la Depreciación Acelerada y Normal (DDAN) para la determinación de la TEF

Se elimina del factor que determina el crédito de impuesto de primera categoría aplicable a las distribuciones de las utilidades relacionadas con la diferencia entre la depreciación normal y la acelerada (DDAN) en el artículo 14 letra A) de la LIR.

3. Servicios Digitales, afectos a IVA

En el proyecto de ley original se establecía un impuesto específico, indirecto y sustitutivo de cualquier otro impuesto, de tasa 10%, que grava los servicios digitales prestados por empresas extranjeras, en la medida que dichos servicios sean utilizados en Chile por usuarios personas naturales.

En línea con los lineamientos de la OCDE, el impuesto a los servicios digitales se reformulará como un hecho gravado con IVA. Para estos efectos, se creará un registro simplificado para el cumplimiento de las obligaciones de pago de IVA por las plataformas extranjeras, manteniendo, de forma supletoria, el método de retención en base a la institución financiera que contempla el proyecto actual.

4.Modificaciones a la Cláusula Pyme

Mediante indicación, se reemplaza íntegramente la Cláusula Pyme incorporada en la letra D) del artículo 14 de la LIR.

La nueva regulación especial que se contempla para las Pymes es congruente con el sistema único e integrado propuesto por el Proyecto de Modernización Tributaria, ya que, con los ajustes previstos en la cláusula, acordes a la realidad y necesidades de estas empresas.

La nueva Cláusula Pyme, contempla un aumento del tope promedio de ingresos que pueden recibir las sociedades sujetas a este régimen especial, elevándolo desde 50.000 UF actuales, hasta 75.000 UF adicionalmente, mantiene la tasa reducida del 25%, el acceso automático y la eliminación de restricciones por tipo de empresa o socios.

Por otra parte, se estructura bajo un régimen general aplicable a todas las Pyme y un régimen opcional de transparencia tributaria, reconociendo por esta vía tres potenciales etapas en el desarrollo de un emprendimiento:

(i)Etapa inicial: aplicación del régimen Pyme, con opción de transparencia tributaria.

Lo fundamental de esta etapa, es que se libera a la Pyme del pago del Impuesto de Primera Categoría y tributa directamente el propietario con Impuesto Global Complementario o Impuesto Adicional, según corresponda.

Esta medida representa un alivio para el financiamiento de las Pymes, ya que en aquellos casos en que los socios o accionistas están sujetos a una tasa de impuesto global complementario menores a 25%, pagan dicho impuesto inferior y no deben esperar la devolución del Impuesto de Primera Categoría utilizado como crédito para obtener liquidez.

(ii)Etapa intermedia: aplicación del régimen Pyme, de tributación en base a retiros por parte del propietario.

La Pyme se sujeta al régimen especial de tributación y paga Impuesto de Primera Categoría, pero con una tasa reducida del 25% y pudiendo optar por contabilidad simplificada.

(iii)Etapa final: crecimiento de la Pyme y transición de ésta a una empresa de mayor tamaño que continúa tributando en base a retiros efectivos, pero con tasa del 27%. En esta última etapa en la que son aplicables las reglas para transición de regímenes y la salida de la Cláusula Pyme, no genera impuestos para la empresa ni sus dueños, en atención a que se trata del mismo sistema en su esencia.

Con independencia de la etapa en la que se encuentre la Pyme, la posibilidad de acceder a financiamiento ha sido hasta ahora una dificultad más para su desarrollo. Considerando lo anterior, además de la opción de transparencia tributaria, la nueva Cláusula Pyme contempla las siguientes medidas:

(i)Previa solicitud del contribuyente, el SII entregará un certificado de la situación tributaria de la empresa, con la información que mantenga a su disposición y sea relevante para facilitar el acceso al financiamiento y,

(ii)Adicionalmente, se mantiene la posibilidad de recibir aportes de otras empresas para fomentar la innovación, cuestión que, certificada por CORFO, tendrá como consecuencia que los ingresos de la empresa inversionista no serán contemplados para el límite de ingresos.

5.Beneficios a Adultos Mayores

La ley N° 20.732, que rebaja el impuesto territorial de propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, estableció que los contribuyentes beneficiados pagarán como máximo al año el 5% de sus ingresos anuales, por su vivienda de mayor avalúo. Los requisitos para ser beneficiario son los siguientes:

•Tener al menos 60 años de edad si es mujer o 65, si es hombre, en el año anterior a aquel en que se haga efectiva la rebaja,

•Que, los ingresos anuales del contribuyente no excedan la cantidad equivalente al tramo exento de pago del Global Complementario (13,5 UTA, equivalente a $7.609.464 anuales o $634.122 mensuales, en moneda del 31 de diciembre de 2017) y

•Que, la suma de los avalúos fiscales de los bienes raíces del contribuyente no exceda los 100 millones de pesos, al 1 de julio de 2013, independiente de su serie o destino ($118.688.500 en moneda del segundo semestre de 2018, último semestre de aplicación del beneficio).

Los requisitos del predio sobre el cual se aplicará la rebaja son los siguientes:

•Que, el inmueble se encuentre destinado efectivamente a la habitación,

•Que, su avalúo fiscal vigente en el semestre que se hace efectiva la rebaja, no exceda de la cantidad de 75 millones de pesos, al 1 de julio de 2013 ($89.016.375 en moneda del segundo semestre de 2018, último semestre de aplicación del beneficio), y

•Que, el año de Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, a nombre del beneficiario, tenga más de 2 años de antigüedad.

La presente indicación incrementa los avalúos límites para la aplicación del beneficio, en la proporción en que suben los avalúos habitacionales con ocasión del reavalúo (44% este año). Adicionalmente y, como ya mencionó, el beneficio consistirá en que el contribuyente no pagará más de un 5% de sus ingresos anuales o bien, pagará el 50% de sus contribuciones, aquello que le sea más favorable.

Junto a lo anterior, se sumaría una exención del impuesto territorial a los Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores (ELEAM) sin fines de lucro, agregándolos a la Nómina de Exenciones al Impuesto Territorial de la ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial.

iii.Medidas que generan mayor gasto fiscal

1. Fondo de Contribución Regional

Tal como se indicó previamente, se creará un Fondo de Contribución Regional, el que, de acuerdo a la distribución que determina el proyecto de ley, podrá destinarse a complementar los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. También podrá destinarse a las regiones del país que cuenten con proyectos de inversión afectos a la contribución de la tasa del 1% donde se emplacen y ejecuten.

2. Fortalecimiento tecnológico del SII

Desde la fecha de publicación de esta ley, se dará inicio a un proceso de fortalecimiento tecnológico y transformación digital del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de dotarlo de herramientas que le permitan ejercer correctamente las atribuciones y facultades establecidas en la ley, mejorar la asistencia remota a los contribuyentes, fortalecer los mecanismos de fiscalización por medios digitales, potenciar y aumentar la capacidad de análisis y procesamiento de información, agilizar los procedimientos llevados de manera digital y promover la integración tecnológica del Servicio con otros organismos.

I.Efectos del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

A continuación, se da cuenta de las metodologías de cálculo, fuentes de información e impactos fiscales estimados de las medidas abordadas, en el mismo orden en que fueron presentadas. Finalmente, se agregan algunas precisiones respecto a las estimaciones de impacto fiscal para algunas medidas contenidas en el Informe Financiero N° 146, de 23.08.2018.

i.Medidas compensatorias con impacto positivo en los ingresos

1. Limitar el uso de market makers

Para la estimación del impacto fiscal se utiliza información provista por la CMF sobre los valores que cuentan con contrato de market maker, el monto de transacciones anuales y el número de operaciones anuales. En particular, se utiliza información para los años 2016-2018.

Así, en primer lugar, se determina qué valores dejarían de estar exentos; es decir, aquellos que cuentan con market maker hace menos de un año y que no quedan exentos por la condición (i) de tener presencia bursátil. Para eso, la base se trabaja de la siguiente manera:

-La base de datos de la CMF permite conocer los contratos vigentes de market maker a diciembre de cada año. Dado lo anterior, se observan los contratos en el mes de diciembre y, se reduce la base a aquellos valores que tienen un contrato con vigencia inferior a 1 año.

-Se asume que quienes transen más de 1.000 UF por al menos 90 días dentro de los 365 días del año, en general, cumplirán con la condición (i) de transar más de 1.000 UF durante 45 días en un rango de 180 días. Así, estos valores seguirán estando exentos debido a la condición (i), por lo que también se excluyen de la base.

-Los valores restantes en la base son aquellos que tienen contrato de market maker, pero con vigencia hace menos de 1 año y, que no tienen presencia bursátil (condición i). Es decir, estos son los valores que habrían pagado el impuesto a la ganancia de capital con la restricción al uso del market maker.

En segundo lugar, se utiliza la información de la CMF para obtener el precio promedio anual de cada valor, sobre el cual se imputa un supuesto de rentabilidad respecto del precio de compra del 35%. Luego, se multiplica el 35% del precio por el número de transacciones anuales de cada valor, obteniendo la ganancia de capital.

-De acuerdo a información del SII reportada voluntariamente por contribuyentes en el Formulario 22, las tasas de rentabilidad sobre el precio de compra de acciones y derechos sociales fluctúan entre un 44,1% y un 64,8%. Lo anterior sugiere que asumir una rentabilidad de 35% es conservador.

-Por otro lado, la rentabilidad promedio anual del IPSA de los últimos 4 años (expresada en pesos) es de 9,7%. Así, una rentabilidad de 35% equivaldría a mantener las acciones del IPSA durante aproximadamente 3 años antes de venderlas.

La tasa de impuestos promedio se asume en 26,3%, basado en los registros del SII[25].

Por último, se castiga la cifra en 34,2%, asumiendo algún cambio de comportamiento en el mercado ante la nueva normativa. Este guarismo toma como referencia que, utilizando la base de la CMF con datos del periodo de 2016-2018, en el universo de operaciones que contaban con un market maker con menos de un año de antigüedad y no cumplían la condición (i), el 34,2% de los montos transados contaban con contratos de duración entre 9 a 11 meses, lo que hace suponer que estas operaciones habrían tenido una mayor maniobra para no pagar el impuesto a la ganancia de capital.

Así, tomando el promedio de los años 2016 – 2018, y aplicando un castigo de 34,2%, se obtiene una mayor recaudación por US$ 42,8 millones. Luego, aplicando un aumento por crecimiento de la economía, el impacto fiscal del primer año de recaudación, en 2021, sería de US$45,8 millones.

1.-Limitación de operaciones afectas a tasa reducida de 4% en caso de estructuras “back to back”

Para el año tributario 2018, el total de ingresos fiscales generados por concepto de intereses surgidos de operaciones B2B que pagaron la tasa del 4% ascendió a cerca de US$1.730 millones. Dada la dificultad para determinar cuáles empresas operaron bajo el esquema de financiamiento que se espera regular, la estimación del impacto fiscal se realiza a partir de las cifras declaradas e informadas de remesas por intereses de un sub-conjunto de empresas. Este sub-conjunto se compone de aquellas instituciones que aparecen involucradas en casos internacionalmente conocidos en que ciertos bancos, instituciones financieras e intermediarios tributarios, aparecen involucrados en esquemas back to back.

A contar de ello, se identificaron los intereses afectados con la tasa del 4% relacionados a esos bancos e instituciones financieras y se asumió que los respectivos intereses se originaban en un esquema back to back. Luego, se amplifica la base desde la tasa de retención del 4% para determinar la base afecta a la tasa general del 35% (en el sub-conjunto de empresas identificado no había empresas de países con convenio tributario con Chile sobre la materia). A la base así determinada se le aplica la tasa general del 35% menos el impuesto del 4% soportado en la remesa respectiva. Dado que se está trabajando con un sub-conjunto de empresas, este cálculo se considera conservador.

Tomando de base el promedio simple de los años 2016 y 2017, se obtiene una mayor recaudación promedio anual de US$59,7 millones. Adicionalmente, si se asume la tasa de crecimiento del impuesto retenido de tasa 4% en los últimos 2 períodos (63% promedio), para el año 2018, se tendría que en base a un promedio estimado o nocional 2017-2018, la mayor recaudación promedio anual ascendería a US$96,5 millones.

Desde ese punto de partida, aplicando un supuesto de crecimiento igual al de la economía, el impacto fiscal del primer año de recaudación, 2021, sería de US$103,2 millones.

2. Norma especial antielusión por retiros desproporcionados

Se simula la recaudación de un impuesto sobre los retiros de utilidades y de ISFUT no realizados de acuerdo a los derechos sobre las utilidades que tienen los socios que perciben dichas utilidades. En este contexto, se define la base imponible de este impuesto como la diferencia generada entre el monto del retiro o ISFUT que hubiera correspondido si se utiliza la participación en los derechos a utilidades y, lo efectivamente retirado, para los casos en que esta diferencia sea positiva. En el caso de ISFUT, el efecto de esta medida no repercute en contribuyentes de Primera Categoría.

Los retiros efectivos se obtuvieron de las Declaraciones Juradas que los contienen (N°s 1941 y 1942), mientras que las participaciones sobre los derechos a las utilidades se calcularon utilizando un algoritmo que considera distintas fuentes para estimarlas[26].

La tributación que se les aplica queda del siguiente modo:

•Para los retiros, se gravaron con una tasa del 35% (equivalente a la tasa más alta del impuesto global complementario) en el caso de los contribuyentes de global complementario y adicional, dado que ya están considerados en la base imponible de dichos impuestos.

•Para el IS-FUT, se le aplica una tasa del 25%.

A continuación, se exponen más detalles sobre los supuestos del cálculo:

•La tasa de participación estimada como efectiva proviene de un libro de socios referencial, construido a partir de información disponible en el SII, en el que se ajustan al 100% los casos en los que la participación obtenida es diferente y, que podría no representar la participación societaria efectiva cuando los contribuyentes informan erróneamente o no informan en los plazos debidos. En relación a este punto, también se asume que los contribuyentes no modifican los derechos de participación en las utilidades ni explican la diferencia generada entre la participación y lo efectivamente retirado, lo que haría que se eliminara la desproporción. Estas condiciones dejan de lado acuerdos de distribución de utilidades basados en razones comerciales, que tendría prioridad sobre la participación en el capital.

•Se consideran por separado los retiros y el ISFUT para determinar la diferencia respecto a los derechos a las utilidades (si un socio obtiene exactamente su participación, en el total de utilidades distribuidas, puede aparecer como desproporcionado en alguna de las dos fuentes: ISFUT o retiros sobre utilidades afectas).

•No se considera en el análisis los casos en que la proporción de retiros es menor a la de los derechos de participación en las utilidades.

Con el fin de contar con una estimación que se aproxime conservadoramente al nuevo hecho gravado, se simuló un escenario distinto, en el que se estiman los ingresos adicionales por este esquema de tributación, con algunas restricciones que se señalan a continuación:

•Para las utilidades sujetas a ISFUT, se consideraron sólo los retiros provenientes desde contribuyentes que acogieron utilidades a este impuesto y, no a aquéllas que mantengan saldos de éstas tras haberlas recibido de las empresas que originalmente las generaron.

•Para las utilidades afectas, se consideraron sólo los retiros desproporcionados de contribuyentes que no recibieron utilidades desde las empresas en las que participan.

Bajo estos ajustes, el resultado de aplicar un impuesto multa a este sub-conjunto de casos que presentan retiros desproporcionados, arroja un incremento en recaudación de $226.771 millones.

Finalmente, se hace presente que, conforme la norma propuesta, este impuesto sólo se aplicaría en los casos en que el retiro sea “desproporcionado”, es decir, distinto del porcentaje de participación acordado por los socios e independiente del aporte en el capital, y que carezca de justificación comercial o económica. Dicha información no es posible obtenerla previamente.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el impacto por ISFUT es transitorio (duraría entre 6 y 9 años).

Entonces, para obtener una aproximación de cuánto se recaudaría por la aplicación de esta nueva norma, debe castigarse nuevamente las cifras estimadas del Cuadro N° 2. Así, se supone que el 60% del monto del Global Complementario, el 60% del monto del Adicional y el 40% del monto de Otros, relacionado a contribuyentes de Primera Categoría, se traducirían en mayor recaudación. Sin embargo, en régimen, el impacto solo estará relacionado a los retiros afectos y no al ISFUT. Por tanto, para el primer año de aplicación de la norma, es decir, AT 2021, se estima un impacto de US$151 millones, que se descompone entre US$ 126 millones por concepto de retiros afectos, y US$ 25 millones, por ISFUT. En régimen, el impacto solo obedece a retiros afectos, aumentado por el crecimiento de la economía, llegando a US$ 135 millones.

3. Contribución de 1% de las inversiones regionales

Para estimar el impacto de esta medida, se utiliza el catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC). En particular, se utiliza el catastro del primer trimestre de 2019, el último disponible a la fecha. Para obtener la base de los cálculos, se consideran los proyectos de inversión que inician su construcción en 2019 (dado que el beneficio se paga al iniciar las obras) y se obtiene el monto de inversión por región sobre la que se aplica el 1% a beneficio regional.

Para estimar la dinámica hacia el año 2024, se utiliza la proyección del crecimiento de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) de la Subsecretaría de Hacienda. Para construir la composición de las inversiones regionales, se crearon ponderadores basados en el catastro de la CBC para 2019 y se fijaron hacia el futuro. Finalmente, se supone que el beneficio comienza a regir en el año comercial 2020, es decir, para proyectos que tengan tanto devengo de la contribución como ingresos por esas inversiones dicho año.

El impacto en los ingresos fiscales de esta medida consistirá en:

- las contribuciones que se comienzan a pagar en 2021, y

- el crédito relacionado a dicha contribución que se descuenta del impuesto de Primera Categoría en la OR 2021.

Para mantener un criterio conservador en el cálculo, se asume que todas las contribuciones se pagarán en cinco cuotas anuales y sucesivas, y que se irán traslapando la entrada de recursos en la medida que ingresen al Tesoro Público cada año. Así, en 2021 ingresarían aproximadamente US$ 35,5 millones. En régimen, se asumen mayores ingresos netos en el Tesoro Público por US$107,7 millones.

4. Eliminación exención de contribuciones de predios forestales (excepto bosque nativo)

De acuerdo a las cifras del SII, los ingresos adicionales por concepto de pago de contribuciones del total de predios fueron US$5,14 millones y, de los predios sin bosque nativo, US$2,57 millones. Sin embargo, los predios forestales en manos de empresas que tengan utilidades y, que no se encuentren en el tramo exento, podrán utilizar el pago de contribuciones como crédito contra el impuesto de Primera categoría.

De acuerdo a la simulación realizada por el SII, el monto descontado fluctuaría entre el 5% y 7% del total del pago adicional por contribuciones. Lo anterior implica una recaudación fiscal neta a variar entre US$2,44 a US$2,49 millones. En régimen, el monto alcanzaría en torno a US$2,9 millones. Cabe aclarar que este incremento no se ve reflejado en los ingresos totales del Gobierno Central, pero sí del Gobierno General.

5. Limitar exención de impuesto adicional a Universidades

Las transacciones beneficiadas por esta exención se deben informar en la Declaración Jurada N° 1946, sobre operaciones en Chile. Luego, se identificaron 62 universidades, de las cuales 27 (44%) la presenta. De éstas, 6 declaran operaciones exentas del impuesto adicional, con un monto de renta bruta que alcanza a los $3.681 millones. Aplicando la tasa del impuesto adicional del 35% y, considerando el tipo de cambio promedio del 2017 de $649,3 por dólar, el efecto fiscal sería de US$ 1,98 millones. A partir de esto, el impacto fiscal en el primer año sería de US$2,20 millones. Dado que esta medida limita la exención y no la elimina, se le castiga con un factor de 50%, por lo que el impacto fiscal sería US$1,10 el primer año de recaudación.

6. Impacto total de medidas compensatorias

A continuación, el Cuadro N° 3 contiene el impacto en los ingresos fiscales de las medidas compensatorias previamente abordadas. Se asume que las modificaciones del presente Proyecto de Ley comenzarán a observarse en el año calendario 2020 y, por lo tanto, el impacto en mayores ingresos fiscales se percibirá a partir del año tributario 2021.

Respecto a las indicaciones al proyecto de ley presentadas con fecha 03.07.2019, donde entre otras medidas se estableció un nuevo requisito al beneficio tributario a la ganancia obtenida por transacciones bursátiles en los casos en que se utiliza un market maker, el informe financiero precisó el ámbito de uso del citado beneficio.

I.Efectos del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal.

Disminuye la mayor recaudación estimada para la nueva norma en el uso de servicios de market makers contenida en el Informe Financiero N° 110, de 03.07.2019, al precisar su uso para operaciones que cuentan con un contrato de aquéllos, sin exigir un año de vigencia, respecto de una oferta pública inicial de valores.

En el análisis de su efecto se utilizó como base la misma información entregada por la CMF para los cálculos iniciales del Informe Financiero citado en el párrafo anterior.

La menor recaudación es calculada con información derivada de las transacciones bursátiles realizadas en los años 2016, 2017 y 2018. Así, se indentificaron los valores que corresponden a emisores recientemente registrados o cuyos reglamentos se depositaron en el respectivo registro de la CMF en el período considerando y que tuvieran un contrato de market maker iniciado en uno de estos períodos.

Durante el período 2016-2018, se determinó la rentabilidad promedio para el período de todas las transacciones para el caso de cuotas, que resultó ser de un 4,9%, según la diferencia generada en el precio de la acción entre enero y diciembre de cada año, considerando los casos en que existe información al respecto. Luego, a la ganancia estimada se le aplicó un impuesto de 26,3%, supuesto idéntico al utilizado en el cálculo del Informe Financiero anterior.

Como resultado, obtenemos una menor recaudación promedio de US$2,5 millones respecto del cálculo previamente presentado. En régimen y, suponiendo que la cifra crece en línea con el crecimiento proyectado para la economía, el menor ingreso de esta exención respecto de cálculo previamente presentado equivale a US$3,1 millones.

Por otro lado, no es posible anticipar cuántas ofertas públicas iniciales de acciones se realizarán en el futuro. Es por esto que el cálculo presentado en el Informe Financiero d 03.07.2019 no contenía un supuesto de nuevas aperturas para los próximos años ni para el tratamiento en régimen. Con todo, durante el período 2016-2018 solo tuvo lugar una de dichas operaciones que utilizó un contrato de market maker. Al descontar esa operación, la base de cálculo estimado en el Informe Financiero previo, disminuye finalmente en US$1,3 millones.

Por lo tanto, en régimen, la media que establece el nuevo requisito al uso de contratos de market maker tiene un impacto en mayor recaudación de US$ 44,9 millones, descontando el impacto acumulado del incentivo que introduce la indicación que es de una menor recaudación en régimen de US$4,2 millones respecto a lo presentado en el Informe Financiero de 03.07.2019.

El Cuadro N°1 presenta la diferencia que esta indicación genera respecto a la medida propuesta originalmente.

El último informe financiero dice relación con el artículo 16 del proyecto que, a su vez, modifica el artículo 8° de la ley N° 20.780 en lo relacionado al comúnmente denominado “impuesto verde” aplicable a las emisiones generadas por las fuentes fijas que señala. También se reemplaza el artículo 31° transitorio, respecto a la entrada en vigencia de dicha modificación.

Así, se precisa que los establecimientos afectos son aquéllos que consistan en fuentes fijas (en oposición a las móviles) cuyas emisiones provengan de combustión, y aquéllas que excedan la producción de 100 a más toneladas anuales de material particulado (MP), o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono CO2. Lo anterior excluye a las calderas de agua caliente para el servicio del personal y los grupos electrógenos de respaldo (potencia menor a 500 kwt). Además, sea cuál sea el umbral de emisiones que se sobrepasen (CO2 o MP), se gravarán, de acuerdo a las fórmulas que se indican, todas las emisiones de MP, NOx, SO2 y CO2.

Las fórmulas para el cálculo del impuesto son:

-Para CO2: 5 USD/ton CO2

-Para contaminantes locales: 0.1 CCA, CSC, Pob, donde Pob, es la población de la comuna j donde se encuentra el establecimiento, CCA, es el Coeficiente de Calidad del Aire de la comuna j (1,2 para Zona Saturada y 1,1 para Zona Latente) y CSC, es el Costo Social del Contaminante i.

Adicionalmente, se otorga la posibilidad de compensación (offsets) tanto en contaminantes locales, siempre que se realicen en la misma zona o comuna, como en contaminantes globales, que entrará en operación una vez transcurridos tres años desde la publicación de la ley.

Finalmente, se establece el año de entrada en vigencia de la norma respecto del nuevo hecho gravado desde el año 2025.

Efectos del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal.

En lo referido al denominado Impuesto Verde, en primer lugar, se debe señalar que, a la fecha, existe mayor información que la utilizada para el cálculo del que se da cuenta en el IF 146, de 23.08.2018, es decir, al momento de estimar el impacto de la modificación en el “impuesto verde” en el Proyecto original. En dicha ocasión, solo se disponía de información histórica respecto del número de toneladas de emisiones contaminantes generadas por empresas, obtenidas del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) para los años 2014 a 2016, años en que el impuesto en cuestión aún no entraba en vigencia. Además, se asumió un criterio conservador, considerando solo los años 2014 y 2015 y utilizando las menores emisiones contenidas en la base de cálculo. Actualmente, ya se cuenta con información del RETC para el año 2017, además de tener la cifra de recaudación al cierre de 2018 del “impuesto verde” a las fuentes fijas, que ascendió a la suma de $115.352 millones.

Así, en base a las emisiones registradas en el RETC para el año 2017 y, tomando como base de cálculo el impuesto pagado en 2018, se estima que el impacto en la recaudación fiscal del “impuesto verde” que resulta de la aplicación de la presente indicación seria de US$51 millones. Sin embargo, se espera que, tomando en consideración tanto el plazo para la entrada en vigencia de la norma como por la posibilidad de generar offsets tres años después de publicada la ley, las empresas reduzcan su nivel de emisión de contaminantes al momento de comenzar a percibir la recaudación asociada a este impuesto modificado. Bajo este supuesto, el impacto recaudatorio en régimen será menor, luego, estimamos que, en régimen, la mayor recaudación fiscal será US$35,4 millones, que comenzará a percibirse a partir del año 2025.

IV.-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

1.-Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín Bascuñán presentó el proyecto de ley, iniciado en Mensaje que “Moderniza la legislación tributaria” (Boletín Nª 12.045-05). Señaló que dicha iniciativa gira en torno a los siguientes lineamientos:

1.- Pro inversión y empleo. El proyecto busca incentivar el crecimiento económico, la inversión, la creación de empleos y el ahorro. Manifestó su alegría por el crecimiento que está mostrando la economía, pero recordó que es necesario sostenerlo, a través de reformas esenciales.

2.- Modernización y certeza jurídica.

? Respeta la equidad vertical y restituye la equidad horizontal. En este sentido, expresó que actualmente esta equidad se encuentra rota, existiendo mucho espacio para el arbitrio, no la arbitrariedad; ? Busca otorgar certeza jurídica y ser predecible para todos los contribuyentes; ? Incorpora a la nueva economía digital; ? Moderniza la relación del contribuyente con el SII, por ejemplo, a través de la creación del Defensor del Contribuyente.

3.- Pro MiPymes. El proyecto se concentra en hacer el camino más fácil a las MiPymes y los emprendedores. Explicó que la gran cantidad de las MiPyme son empresas con ventas de menos de 200 UF mensuales, las micro empresas. Hay un grupo importante de Pymes, consideradas las que tienen ventas por 2400 UF hasta 50.000 UF anuales. Y finalmente, existe un grupo de las medianas, con ventas de menos de 100.000 UF anuales.

4.- Resguarda los equilibrios fiscales. En el diseño de esta iniciativa se tuvo especial cuidado en mantener un efecto neutro en la recaudación.

Hecho esto, explicó los aspectos fundamentales del “Sistema Único de Tributación”, un sistema general y único de tributación para todas las empresas Sistema Integrado Total (“SIT”), con una cláusula especial para Pymes. Caracterizó este sistema de la siguiente manera:

1.- Integración total El impuesto corporativo será imputable en un 100% contra los impuestos finales.

2.- Vigencia a contar del año comercial 2019 (Año tributario 2020)

3.-Tributación con impuestos finales sobre la base de retiros efectivos.

Respecto a la pregunta por qué integrar totalmente, señaló que una manera de responder es a través de constatar que existen 150.000 Pymes en el sistema integrado parcial. Además, es preciso mirar en qué tasas están las personas que son los socios de estas empresas. Cerca de 80.000 tienen tasa 0% del Impuesto Global Complementario (IGC), es decir ingresos inferiores a $640.000. Sin embargo, estas personas tributan con una tasa de 9,45% por estar en el sistema integrado parcial.

En definitiva, el 91% de las personas que son socios de estas empresas, están en tramos inferiores al 13,5%.

Explicó que la integración actúa para estas personas como un impuesto adicional, de 9,45%, independiente de cuál sea la tasa de IGC que corresponda a las personas naturales socias.

La sobre tasa de 9,45% aplica a todos los tramos del IGC, afectando en mayor proporción a los tramos más bajos de IGC. Se convierte en una especie de impuesto plano o flat tax.

Indicó que la integración del sistema favorece proporcionalmente más a las personas de menores ingresos (tramos bajos IGC).

Por otra parte, mantiene la equidad vertical y refuerza la equidad horizontal. Implica una baja de 9,45% en las tasas de impuestos que pagan todas las personas socios de empresas SIP, en especial, las 257 mil personas de tramos bajos. Elimina diferencias:

?Entre rentas del capital y del trabajo, en particular porque a misma renta, bajo el sistema actual, dos personas que tienen ingresos por cerca de $600.000, una como empresario y la otra como empleado, la primera tributa casi $60.000 y la segunda cero.

?Entre la tributación de inversionistas nacionales y extranjeros, porque hoy es más conveniente ser extranjero, ya que se cuenta con un 100% de crédito, si es que viene de un país con el que Chile ha suscrito un tratado de doble tributación o hay un convenio suscrito, aún cuando no haya sido aprobado por el Congreso, beneficio que se ha extendido hasta el año 2021. Agregó que prácticamente no hay países que establezcan este tipo de discriminación en contra de sus nacionales;

?Entre inversionistas extranjeros con y sin convenios con Chile. Explicó que si el extranjero es de un país con convenio, tributa un máximo de 35%, con un 100% de crédito respecto del Impuesto de Primera Categoría (IDPC). Si viene de un país sin convenio, tributa un 44,5%;

?Entre invertir en Chile o fuera de Chile. Invirtiendo fuera de Chile existe un crédito de un 100% en los países con convenio. Invertir dentro de Chile puede pagar hasta 44,5%.

Respecto al costo de la integración, que asciende a 830 millones de dólares, advirtió que hay que entender bien los números, y constatar cómo se distribuye esta cifra.

Conforme, al gráfico anterior, explicó que la mayor parte del costo de la integración, no se lo llevan las empresas grandes, ni sus accionistas o socios. El 40% que corresponde al impuesto adicional, corresponde a inversionistas extranjeros. En este sentido, indicó que hoy Chile tiene convenios vigentes con 32 países y suscritos, pero aún no ratificados por el Congreso otros tantos y en el futuro seguirán firmándose tratados de doble tributación, lo que implica de forma inmediata que el contribuyente pasa a gozar de un crédito del 100%, tal como se explicó anteriormente. Así, más que un costo de la integración en sí misma, es un costo derivado del derecho del contribuyente recién indicado. Entre los países que hoy no cuentan con tratado con Chile, pero con los que se está negociando destacó Alemania, Holanda, India y Finlandia, a los que calificó como inversionistas importantes. Recordó que los tratados de doble tributación, al igual que los de libre comercio, establecen beneficios recíprocos entre los nacionales de cada país, agregando que esta práctica forma parte no de una política de este gobierno, sino que es ya una política de Estado. Por otra parte, un 18% del costo corresponde a las grandes empresas, sus propietarios nacionales y un 40% a MiPymes con ventas menores a 100 mil UF. Integrantes de la comisión solicitaron al Ministro distinguir esta última cifra según el volumen de venta de las MiPymes. El Ministro tomó en consideración esta solicitud y le dará respuesta más adelante.

Continuó señalando que el SIT establece una simplificación de registros tributarios para los contribuyentes que no generen REX (rentas no tributables), se eximen de llevar registros, salvo el Registro de Créditos (“SAC”). Se mantiene el Capital Propio Tributario (CPT) como factor de conexión para la determinación de la tributación de los propietarios. Y se mantiene la tasa Impuesto de Primera Categoría (IDPC) en un 27%, pero para los contribuyentes de la Cláusula MiPymes será del 25%, para empresas con ventas no superiores a 50 mil UF. Distinguió el concepto MiPyme en términos generales, que considera ventas de no más de 100 mil UF, del concepto tributario, cuyo techo de ventas es 50 mil UF. Finalmente, en este ámbito, en materia de fiscalizaciones se crea un resguardo ante fiscalizaciones por diferencias históricas entre CPT y patrimonio financiero y también para FUT dentro de un plazo de 6 años. Explicó que estas diferencias tienen su origen en que son dos conceptos distintos, por ejemplo, el CPT considera los activos con la depreciación ya efectuada, incluso totalmente, pero mantiene ese activo un valor dentro de la empresa. Si se considerara el valor financiero del activo, habría que tomar en cuenta el valor de mercado, el que evidentemente puede ser distinto al del CPT que puede estar en 0. También se buscó uniformar la revisión en este ámbito, estableciendo un plazo de 6 años.

Pasando a las medidas pro inversión, indicó que el objetivo convertirse en un destino de inversiones, dentro de un mundo globalizado con economías competitivas, es lo que convoca a crear condiciones atractivas. El proyecto propone las siguientes medidas:

Depreciación instantánea transitoria: Régimen transitorio por 2 años, 2019 y 2020, para nuevas inversiones en activo fijo, consistente en depreciación instantánea de 50% de la nueva inversión, y de forma acelerada por el 50% restante, en el ejercicio que inicien su utilización. Aclaró que hoy todas las empresas pueden aplicar la depreciación acelerada, que consiste en reducir a un tercio los años de vida útil de los bienes que conforman el activo inmovilizado.

Incentivo especial para invertir en La Araucanía: Para la Región de la Araucanía el beneficio es depreciación 100% instantánea, por inversiones en activo fijo durante los próximos dos años. Justificó esta medida en razón de que la Región de la Araucanía es la con peores cifras de pobreza del país. Agregó que toda la literatura económica y la evidencia indican que el máximo de efectos se logra con mecanismos transitorios en materia de inversión, porque los inversionistas tratan de aprovechar aquel periodo en el que existe el mecanismo. Tras cuatro años de baja inversión, consideró importante promover un shock de inversión para recuperar la economía, el crecimiento potencial y la capacidad instalada. Por otra parte, esta medida solo tiene un costo por dos años.

Depreciación especial permanente: Se mantiene la depreciación semiinstantánea (1/10 de vida útil) que existe para todos los contribuyentes que obtienen ingresos anuales iguales o menores a UF 100.000. Se mantiene la depreciación instantánea para las MiPymes.

Extensión Zonas Extremas: Hasta el año 2035 Hasta 10 años adicionales en caso de vencer en 2025. Explicó que esto se vincula a los beneficios establecidos para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y las provincias de Chiloé y Palena. Advirtió que este tema se menciona en el mensaje, pero el articulado específico se presentará vía indicación. Señaló que es importante extender los beneficios, porque hay proyectos de inversión con horizontes mucho más amplios. En la medida que se acerque la caducidad del beneficio, se producirá una baja en la inversión. Se busca enviar el mensaje al inversionista para que no deje de invertir.

Devoluciones oportunas de IVA:

? Se reduce plazo para solicitar devolución del IVA por inversiones realizadas en activo fijo (27 bis) de 6 meses a 2 meses;

? El plazo de respuesta del SII a la solicitud que se le formula, se reduce de 60 a 5 días, sujeto a una fiscalización posterior;

? En definitiva, considerando lo anterior, se reduce el plazo total desde 8 meses a 65 días.

Extensión de rebaja crédito fiscal de IVA en la construcción de viviendas: Se extiende la rebaja de crédito especial IVA a la construcción de viviendas, hasta de un valor de UF 4.000, que se pueden observar en dos tramos:

La diputada Cid valoró la propuesta, toda vez que responde y se hace cargo del alza sostenida en los precios de las viviendas de los últimos años. El Ministro recordó que este beneficio existía hasta hace muy poco para viviendas de hasta 4500 UF. El proyecto acota esta cifra a 4000 UF y también el crédito se reduce de un 65% a 45%. Compartió que el fundamento es el señalado por la diputada Cid.

Respecto de las medidas pro pymes explicó que estas se formulan sobre la base de que estas empresas emplean cerca de 4 millones y medio de trabajadores, cerca del 54% del empleo total del país total.

Según el diagnóstico del gobierno, solo una minoría de las MiPymes se beneficia del régimen especial actual del art. 14 ter Pyme, según información del SII, considerando MiPymes aquellas empresas operativas con ingresos anuales de hasta 50 mil UF (en función exclusiva de sus ingresos).

En este sentido, cerca de 700 mil MiPymes no tienen los beneficios del 14 ter, a saber:

?No aplican depreciación instantánea;

?No aplican contabilidad simplificada;

?No pagan menos PPM

Lo anterior significa también que 150 mil MiPymes están afectas a impuesto de 27%.

Explicó que lo anterior se produce principalmente porque hay una restricción respecto de las características de los socios de las empresas, que deben ser personas naturales, y a la estructura jurídica de la empresa. Solo ciertas características permiten el ingreso al 14 ter. Así, las SpA no pueden acceder. Por otra parte, el mecanismo de ingreso al 14 ter estableció un peaje bastante oneroso, que consiste en el pago de todo el impuesto completo de las utilidades retenidas, como si se hubieran retirado. Este impuesto podía pagarse en un plazo de 5 años, si es que el contribuyente lo expresaba, pero como muchos no lo hicieron, se ven enfrentados a pagar en 1 año, lo que plantea un problema bastante serio.

El diputado Monsalve solicitó información más detallada de las razones por las cuales ciertos contribuyentes no ingresan a este régimen y la cantidad de empresas que no lo hacen. El Ministro señaló que, descartando la razón de la estructura jurídica, pueden existir diversas razones para no ingresar, pero que estiman la más probable sería este peaje.

Prosiguió el Ministro explicando la cláusula pro MiPyme.

- Sistema tributario único. Integración total y tributación de dueños en base a retiros efectivos

-Tasa del Impuesto de Primera Categoría de un 25%.

-Opera en forma automática. El empresario MiPyme no necesita realizar gestión alguna, quedará acogido a la cláusula por el sólo ministerio de la ley.

- Propuesta declaración Renta. El SII elaborará una propuesta de declaración a todas las MiPymes, tal y como lo hace hoy con las personas naturales. Se distinguirá entre las empresas con ventas de hasta 10000 UF, a la que se le hará una propuesta de declaración sobre la base de los márgenes de la industria en la que opera, no requiriendo llevar contabilidad ni quedar sujeta a fiscalización posterior. Luego, hasta 50000 UF se hará una propuesta sobre la base de toda la información recabada por el SII, principalmente de forma electrónica.

-No distingue por estructura jurídica ni por tipo de socios

? Sociedades de personas;

? Sociedades anónimas;

? Sociedades por acciones

-Incentivo a la reinversión de utilidades. Rebaja de tasa efectiva del 25% al 12,5%, por las primeras 8.000 UF de ingreso. Esto existe hoy, pero curiosamente no se aplica al 14 ter. Entienden que no fue la intención de legislador, y que esta situación responde a un error.

-Limitación de ingresos anuales promedio de UF 50.000 en los últimos tres años, todo bajo robustas normas de relación.

-Se mantiene opción de transparencia tributaria para dueños de MiPymes personas naturales: Tributan con su tasa de global complementario.

-Depreciación instantánea. Se deduce como gasto en el mismo ejercicio de la inversión.

-Pago diferido IVA. Se mantiene el pago diferido del IVA hasta por 60 días.

-Peaje. No aplica un impuesto para entrar a la Cláusula MiPyme. Opción de diferir el impuesto devengado para los que entraron en el pasado hasta 5 ejercicios.

-Impuesto único Ganancia de Capital

? Se establece un impuesto único con tasa del 20%;

? Por ganancias de capital generadas por personas naturales;

? Por ingresos cuya fuente es la venta de acciones y derechos sociales.

-Empresas productivas. Se mantiene para empresas productivas (umbral máximo de ingresos por inversiones pasivas de 35%)

-Estrictas normas de control Partes relacionadas

? Se establece una definición legal, general y amplia en el Código Tributario;

? Se avanza en información y control de las partes relacionadas

Pasando a las propuestas en materia de normativa moderna y certeza jurídica expresó que se tuvo plantean con una mirada de futuro para un Chile que busca el desarrollo integral, sustentable e inclusivo, con reglas claras y certeras.

En su segunda intervención expuso sobre el Defensoría del Contribuyente (DEDECON) cuya función es velar por el respeto y observancia de los derechos del contribuyente en su relación con el SII y por el cumplimiento por los contribuyentes de las normas tributarias. Se busca obtener soluciones eficientes y menos costosas, tanto para el Fisco como para el contribuyente, evitando litigios tributarios innecesarios (se agregan medios alternativos de solución de conflictos). Se buscar otorgar orientación tributaria a los contribuyentes, cumpliendo un rol relevante de mediación en los conflictos que se presenten entre el Servicio y éstos. Se fomenta la confianza recíproca entre el contribuyente y la autoridad tributaria, fomentando buenas prácticas de fiscalización y cumplimiento tributario. Explicó que esta propuesta fue una de las necesidades más intensamente planteadas por las Pymes. Descongestionará los Tribunales Tributarios y Aduaneros, evitando juicios innecesarios aplicando mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se implementará en un plazo máximo de dos años desde la promulgación de la ley y en el tiempo intermedio se designará a un Defensor Nacional para que organice el equipo de la Defensoría. En una primera etapa se implementa la Defensoría con una sede única en Santiago con una unidad interna encargada de regiones. La relación directa con los contribuyentes de regiones se podrá realizar a través de las Intendencias Regionales o Gobernaciones Provinciales. En cuanto a su organización será un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda con igual jerarquía que el SII. El diputado Núñez consultó si esta igual jerarquía pudiera ocasionar alguna colisión de funciones entre ambos órganos. El Ministro explicó que, debido a que el Defensor es un órgano asesor del contribuyente y que media entre este y el SII, no uno que resuelve e impone sus planteamientos.

El Defensor Nacional es nombrado conforme al Sistema de Alta Dirección Pública y los Consejeros son designados por el Ministerio de Hacienda.

Señaló el Ministro que en cuanto a las funciones y áreas de la Defensoría, se tomó como modelo la experiencia mexicana, que en opinión del Ejecutivo ha tenido muy buenos resultados.

El Ministro se refirió a la modernización general de normas legales, argumentando que la simplicidad del sistema tributario debe permitir una adecuada comprensión y aplicación del mismo, lo que implica contar con reglas claras y asequibles en su comprensión.

Con una mirada actual y de futuro, se realizan mejoras y modernizan normas:

? Código Tributario (CT);

? Ley de Renta (LIR);

? Ley de Impuesto al Valor Agregado (LIVA);

? Ley de Impuesto a las Herencias y Donaciones (LHD)

Se proponen también medidas tendientes a otorgar certeza jurídica en materia tributaria, predictibilidad de la ley, y aplicación irrestricta del principio de legalidad por contribuyentes y autoridades, apuntando a una compatibilización de certeza y seguridad jurídica de los contribuyentes con resguardo del interés fiscal.

Otro tema tratado del proyecto fue la modernización de trámites ante el SII. En este ámbito, destacó que se fomenta la realización de trámites online del ciclo de vida del contribuyente:

? Iniciación de actividades;

? Cambios sociales;

? Poderes;

? Sucursales;

? Término de giro

Se digitaliza la relación entre el contribuyente y el SII para simplificar procesos y plazos:

? Carpeta electrónica;

? Expediente electrónico;

? Declaraciones de impuestos que hoy no se pueden hacer online (ej. Impuesto Herencia);

? Devoluciones de IVA por activo fijo;

? Devoluciones de IVA exportador

Se fortalece la documentación electrónica. Se lleva toda la documentación tributaria a formato electrónico, inclusive la boleta al consumidor. Se establecen criterios claros y objetivos sobre bloqueo de emisión de documentación tributaria y procedimientos para levantar la medida. Explicó lo anterior sobre la base de que ciertos contribuyentes pueden sufrir estas situaciones de bloqueo, por periodos relativamente largos, las que por cierto pueden ocurrir, pero siempre precedidas por un procedimiento regulado con normas claras, por ejemplo, con causales específicas en virtud de las cuales procede. Se establecen normas sobre transparencia y eficiencia en las consultas tributarias generales (solicitud de oficios) y en las consultas sobre aplicación de la Norma General Antielusión. Ejemplificó esto último señalando que hoy existe incerteza respecto al plazo y procedimiento para la resolución de consultas al SII, algunas resolviéndose rápidamente y otras tardando años, sin razón aparente. Adicionalmente, se está reduciendo el plazo para resolver las consultas de los contribuyentes por Norma General Antielusión de 90 a 40 días.

Continuó explicando las propuestas de modernización de recursos ante el SII. Se establece como regla general el silencio positivo en favor del contribuyente, sujeto a que se advierta de la ausencia de respuesta al superior jerárquico del funcionario a cargo de la revisión, con 5 días de anticipación al vencimiento del plazo. El diputado Núñez consultó por el efecto fiscal de la aplicación de esta norma. Reconoció que el contribuyente tiene un derecho a que se le responda oportunamente, pero el silencio positivo puede incidir en operaciones de alto valor, lo que puede impactar fuertemente en la recaudación. El diputado Monsalve indicó que a nivel comparado no existe esta norma de silencio positivo. El Ministro indicó que la OCDE promueve la certeza jurídica, y esta propuesta va en esa línea.

Se establece una norma de reserva vitalicia en la información para todos los funcionarios del SII. Se sanciona al funcionario que hace solicitación de contribuyentes para ofrecerles asesoría remunerada, personal o de terceros. Se fortalecen y reconocen recursos a nivel administrativo (ante el SII) a fin de evitar constante, costosa y eterna judicialización:

? Reposición Administrativa (se fortalece la RAV);

? Recurso Jerárquico (ante el Director Nacional);

? Queja Administrativa (para derechos del contribuyente)

Se fortalecen los derechos del contribuyente a través de la modernización del catálogo de derechos del contribuyente.

Respecto a la norma general antielusión:

? Se mantiene y profundiza la NGA a fin de hacer plenamente aplicable para el contribuyente y SII el principio de legalidad tributaria;

? Se reconoce y profundiza sobre la base de conceptos propios de nuestro derecho;

? Se mantiene en dos vertientes, de simulación y abuso de forma jurídica, pero respecto de esta última se sanciona como elusiva el actuar de manera artificiosa, por ejemplo, se considera como hecho elusivo la simulación absoluta, hecho que antes no estaba considerado, el que puede consistir en actuar a través de un tercero, o que asesores tributarios participen de forma reiterada en esquemas elusivos;

? En la facultad de tasar del SII, se establecen presunciones que otorgan mayor certidumbre a los contribuyentes respecto de los valores que pueden considerar para realizar ciertas operaciones.

? Se confiere una mirada de consolidación tributaria en fiscalización de grupos empresariales.

Consideró que con esto no se debilita la norma, sino que se fortalece.

Continuó con las normas relativas a la modernización de la Ley de Impuesto a la Renta:

. Se simplifica y perfecciona normas de tributación de planes de acciones a favor de los trabajadores de la empresa. Cuando una stock option o compensación de acciones forma parte de un contrato de trabajo individual o colectivo, se tributa cuando se obtiene la ganancia de esta, es decir, cuando se venden las acciones. La norma actual desincentiva el ejercicio de las opciones de acciones para trabajadores porque el beneficio patrimonial no ocurre cuando se ejerce la opción, sino cuando se venden las acciones que son objeto de la opción, por lo que en ese momento debe tributar.

Respecto a la reglas para deducir gastos tributarios, las propuestas fueron formuladas con un renovado enfoque comercial. En este sentido, serán deducibles:

? Pagos por cláusulas penales;

? Acuerdos judiciales o transacciones.

En cuanto a la modernización de normas internacionales se perfecciona y simplifica sistema de créditos por impuestos pagados en el extranjero. Se equipara en 35% el tope del crédito tratándose de rentas provenientes de países con o sin Convenio. Se elimina la posibilidad de utilizar tasas rebajadas de Impuesto Adicional en estructuras extranjeras de financiamiento del tipo back to back, donde el acreedor formal no corresponde al beneficiario final del crédito, y este último no califica para la utilización de tasas rebajadas. Se introducen conceptos legales y adecuaciones relevantes para la tributación local e internacional, tales como:

? Residencia fiscal. En Chile está establecido como un periodo de permanencia ininterrumpida de 6 meses, pero ocurre que en ocasiones se sale del país por un día, con lo que se empieza un nuevo periodo. El concepto propuesto considera 183 días de permanencia total en el país en un año, no necesariamente continuos.

? Establecimiento permanente (se otorga definición legal). Chile ha suscrito la iniciativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), promovida por la OCDE para evitar la erosión de la base imponible. Esta propuesta va en la misma línea.

En materia de modernización de donaciones se otorga la posibilidad de donar a empresas que tengan pérdidas, siempre que tengan capital propio o capital efectivo positiva, sujeto a ciertos límites. Los límites son un 3,2% del capital propio y un 1,6% del capital efectivo. Este último es el capital que se ha aportado por los socios originalmente más los aumentos de capital. El capital propio incluye las utilidades retenidas de la empresa.

Se permite la entrega gratuita de bienes de uso o consumo de primera necesidad que no puedan ser comercializados, considerando el costo de los bienes como gasto:

? Bancos de alimentos;

? Pañales;

? Productos de higiene de primera necesidad;

? Remedios y otros.

Se reconoce la posibilidad de personas naturales de efectuar donaciones exentas de impuesto a las donaciones respecto de fondos ya tributados (con un límite anual máximo de 500 UTM).

Se uniforman normas en materia de condonaciones, llevando al Ministerio de Hacienda en forma exclusiva la reglamentación de la política de condonaciones. El fundamento de esta propuesta radica en la actual existencia de normativas y criterios en materia de condonaciones de Tesorería y el SII que se establecen con criterios distintos. Hay expertos que arbitran entre normas contradictorias. Con este planteamiento se busca evitar lo anterior. El Ministerio no contralará; sólo establecerá la norma.

Sobre la modernización del IVA se aclaran normas de proporcionalidad en materia de crédito fiscal IVA, en relación a las ventas exentas y afectas. Se aclaran normas de habitualidad; hoy existen ciertas presunciones, por ejemplo, el plazo de un año entre una compra y una venta, entre otros. Se intenta ir más al fondo que a la forma, alejando un criterio tan rígido. Se establece la obligación de separar el IVA en las boletas. Se gravan con IVA las transferencias de universalidades, en función de los activos que se transfiere. Una universalidad corresponde a un conjunto de activos, algunos afectos a IVA y otros no.

Respecto a la modernización de la Ley de Impuesto a la Herencia, se establece exención que permitirá eliminar la doble tributación en la sucesión de cónyuges, convivientes civiles e hijos en común. Dentro de una misma generación fallece un cónyuge primero, se produce la sucesión y se paga el impuesto por parte del otro cónyuge. Luego muere el otro, opera la sucesión respecto de sus bienes, que incluye los que ya pagaron el impuesto en la primera oportunidad, produciéndose una doble tributación. Se permite el pago del impuesto en cuotas de hasta 3 años para evitar liquidaciones de bienes para el pago de impuesto (con reajuste e interés). Esta disposición fue pensada tomando en cuenta la situación que viven muchas empresas familiares que se ven enfrentadas al pago de un impuesto de muy alto valor repentinamente tras la muerte de quien fuera el dueño del negocio. Se establece exención de 30% a personas registradas por discapacidad.

Expuso también las principales propuestas de modernización de las facultades del SII:

-Solicitud de mayor información a contribuyentes

-Citar a contribuyentes por incumplimientos reiterados

-Medidas prejudiciales para asegurar recaudación

-Digitalización de relación entre SII y contribuyentes

-Sistematización fiscalización IVA exportador

Respecto al impuesto verde explicó que actualmente se requiere cumplir de dos requisitos para que se gatille el impuesto verde: (i) la existencia de potencia térmica instalada de a lo menos 50 MWt; y (ii) la emisión de material particulado (MP), óxido de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2) o dióxido de carbono (CO2). Las modificaciones buscan hacer más verde este impuesto, eliminando el requisito de la potencia térmica instalada.

El impuesto pasará a determinarse exclusivamente en base a las emisiones de MP, NOX, SO2 y CO2, fijando como umbrales mínimo de emisión: (i) 25 mil toneladas de CO2; y 100 toneladas de MP. Además se incorpora mecanismos de compensación del impuesto por la implementación de medidas de mitigación.

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín Bascuñán recapituló los temas expuestos y complementó la exposición relativa a la cláusula pro pyme, sobre la base del siguiente cuadro comparativo:

El Ministro consideró que la eliminación del peaje constituirá un incentivo potente para que aquellas empresas que, cumpliendo los requisitos, puedan incorporarse a este régimen.

Respecto a la propuesta que elaborará el SII, señaló que esta idea se elaboró en conversación con el SII, como una manera de abordar un serio problema de fiscalización de las pequeñas empresas.

Sobre el impuesto único a las ganancias de capital, indicó que se busca dar una oportunidad a emprendedores que enajenan derechos y obtienen ganancias de capital, pero que no tienen presencia bursátil o alguna forma de evitar este impuesto, emparejando la situación frente a otras empresas.

Respecto a la modernización de recursos ante el SII, y particularmente en el contexto de la Norma General Antielusión se mantiene y profundiza, a fin de hacer plenamente aplicable para el contribuyente y el SII el principio de legalidad tributaria. Se amplía la hipótesis de simulación para incluir simulación absoluta (hoy solo relativa). Se hace expresamente aplicable la NGA a reorganizaciones empresariales. Se aumentan las multas a asesores tributarios que participen reiteradamente en estructuras elusivas.

En cuanto a la modernización de facultades del SII y normas especiales antielusión detalló el nuevo marco legal a facultades del SII:

-Informar a los contribuyentes respecto de inconsistencias y presentar propuestas de declaraciones

-Facultad de solicitar información de operaciones en forma previa a una declaración de impuestos

-Solicitud de información sobre operaciones en el extranjero

-Registro de Compras y Ventas

-Procedimiento de IVA exportador

-Identificaciones impresas para la fiscalización.

Solicitud de comparecencia de contribuyentes por incumplimientos reiterados:

-Inconsistencias sobre 2.500 UTM

-Incumplimientos formales con la contabilidad

-Falta de instalaciones para su giro

-Formalizado o acusado por delito tributario

Digitalización de actuaciones:

Se fomenta la digitalización de la relación entre el SII y los contribuyentes lo que hace más eficientes los procesos de fiscalización, por ejemplo, inicio de actividades y término de giro, información de modificaciones, entrega de información, entrega de antecedentes para impuesto a la herencia.

Medida prejudicial

Busca garantizar que el contribuyente tenga recursos para cumplir sus obligaciones tributarias, luego de una fiscalización.

La medida consiste en la prohibición de celebrar actos sobre ciertos bienes (por ejemplo, no podría vender un activo para pagar otras deudas).

Se debe solicitar ante un tribunal civil antes de la liquidación.

Normas especiales antielusión

Se precisan o amplían conceptos para la aplicación de normas especiales antielusión:

-Establecimiento permanente

-Residencia

-Financiamientos a través de back-to-back (hoy permitido)

-Paraíso fiscal

Nuevas facultades para fiscalización de IVA

-Retención de IVA por operadores de sistemas de pago

-Cambio de agente retenedor IVA en caso de importaciones

Regulación emisión documentos tributarios

Para asegurar la correcta aplicación de la medida, se precisan las causales por las cuales el SII puede denegar la emisión de documentos tributarios, tales como facturas, en base a los criterios que ha definido el SII.

Expuso también sobre los cambios propuestos al impuesto verde. Actualmente se requiere cumplir con dos requisitos para que se gatille el impuesto verde: 1. Potencia térmica instalada de a lo menos 50 MWt (megavatios térmicos).2. Emisión de material particulado (MP), óxido de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2) o dióxido de carbono (CO2).

Las modificaciones buscan hacer más verde este impuesto, eliminando el requisito de la potencia térmica instalada (se terminan posibles inequidades cuando existen emisiones estacionales con alta potencia instalada versus emisiones durante todo el año con potencia menor a los 50 MWt).

El impuesto pasará a determinarse exclusivamente en base a las emisiones de MP, NOX, SO2 y CO2, fijando como umbrales mínimos de emisión: 100 toneladas de MP y 25 mil toneladas de CO2. Se incorpora un mecanismo de compensación del impuesto por la implementación de medidas de mitigación.

En el ámbito de la economía digital el proyecto establece las siguientes modificaciones:

Se fortalecen medidas de fiscalización de derechos aduaneros e IVA a la importación, cuando procede. Indicó que aquí no hay un cambio en cuanto a la tasa del impuesto. Lo que ha ocurrido en el último tiempo es una explosión en el arribo de paquetes a Chile, que actualmente superan los 15 millones anuales, y hace 10 años no eran más de 300 mil. Existe una convención internacional a la que Chile adhiere que establece un criterio según el cual no se cobra arancel por paquetes avaluados en menos de 30 dólares, el IVA debe cobrarse siempre. El problema es que la mayoría de los paquetes están bajo este monto, ya sea porque han sido divididos cuando esto puede hacerse, o bien porque hay sub declaración. En virtud de lo anterior, se hace necesario robustecer la fiscalización a través de Correos de Chile y Aduanas. Frente a la pregunta de miembros de la Comisión sobre el aumento de fiscalizadores para abordar estas tareas, el Ministro respondió que el proyecto considera que este robustecimiento provenga fundamentalmente de la aplicación de herramientas tecnológicas hoy disponibles.

En los servicios digitales prestados en Chile por entidades constituidas en el extranjero se distinguirá entre:

Servicios digitales B2B (business to business o negocio a negocio). Se aplicará a tributación ya existente conforme a las reglas generales de tributación de empresa

Servicios digitales B2C (business to consumer o negocio a consumidor).Se aplicará un impuesto único, indirecto, especial y sustitutivo de cualquier otro impuesto (“Impuesto a los Servicios Digitales” o “ISD”). Permitirá gravar la utilización de servicios digitales prestados a través de aplicaciones tales como Netflix, Airbnb, y Spotify. Sus elementos son los siguientes:

?Contribuyente: empresas no domiciliadas en Chile

?Hecho gravado: Servicios digitales (streaming, entretenimiento, cloud, intermediación, etc.) utilizados en Chile por usuarios personas naturales

?Tasa: 10% sobre el valor bruto

?Retención: emisor de medio de pago electrónico

El diputado Auth consultó por qué se optó por una tasa del 10%. El Ministro indicó que este tributo no es un IVA, sino un impuesto único. Se intentó transitar un camino desde el 0% actual que no resulte tan brusco como para desincentivar la actividad económica de estos contribuyentes.

El diputado Jackson preguntó si este impuesto está limitado solo a las empresas extranjeras, y si esto crearía un incentivo para que empresas nacionales se constituyan en el extranjero. El Ministro señaló que solo se aplica a empresas internacionales, y sobre el incentivo, expresó que lo tienen más hoy, porque de migrar, pagarían tasa 0.

Sobre las medidas de carácter transitorias:

Registro de capitales en el exterior no declarados

?Se establece la posibilidad de registrar por el plazo de un año capitales y bienes de toda clase (incluyendo divisas, derechos, acciones, bienes muebles e inmuebles) no declarados y no tributados, que se encuentren en el extranjero

?Tasa de 10%

?Vigencia: 1 año desde la fecha de publicación de la ley

?Control suficiente por SII y UAF

Pago de Impuesto Sustitutivo al FUT

?Se abre una ventana para declarar las utilidades de FUT acumuladas a diciembre de 2016 con una tasa única de 30% y con preferencia en los órdenes de imputación

?Vigencia hasta 2020

Avenimiento en juicios pendientes

?A fin de desconcentrar la carga de los tribunales y de dar solución a juicios de larga data, se abre la oportunidad a los contribuyentes por un plazo de dos años a contar de la vigencia de la ley para celebrar un avenimiento con el SII en todos los juicios que se encuentran pendientes, con una condonación de 100% de los intereses y multas

?En ningún caso se condonará impuestos ni reajustes a los mismos

Respecto al resguardo de los equilibrios fiscales, El proyecto recauda en régimen US$ 428 millones, equivalentes al 0,1% del PIB:

Respecto a la obligatoriedad de la boleta electrónica, principal fuente de ingresos de este proyecto, recordó la tramitación en 2013 de la factura electrónica. En el informe financiero de ese proyecto, la cifra que se esperó recaudar fue de 680 millones de dólares en régimen, y en realidad se recaudó bastante más. Se subestimó porque lo que ocurrió desde que comenzó la operación es una caída de 3% en la evasión, calculada desde un potencial teórico que considera una situación en la que todos pagaran IVA. En definitiva, se recaudó más del doble de lo esperado, cerca de 1700 millones de dólares, según cifras del SII. Algo similar ocurriría con la boleta electrónica. Una parte de la recaudación vendrá por un mayor cobro del IVA en sí mismo, pero también esto repercute en la constitución de un ingreso, aumentando también el impuesto a la renta. Los cerca de 1180 millones que se espera recaudar por este concepto en régimen responde en un 40% al IVA y 60% impuesto a la renta, por la sencilla razón que el IVA tiene una tasa del 19% y la del impuesto de primera categoría es de un 25% o 27%. El IVA actualmente presenta un 20% de evasión. Según niveles de la OCDE, en promedio es 10%. Estiman reducir en 1,5% esta evasión, llegando a un 18,5%, que es la mitad de lo que se logró con la factura electrónica.

Otro tema vinculado es la implementación por parte de los que hoy emiten boletas. Para los que actualmente emiten factura electrónica el tránsito es casi trivial, no supone mayor dificultad. Para el resto, se da un periodo de transición más largo, de un año, para lo cual el SII proveerá una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes. Tratándose de pequeños negocios, destacó que los kioscos tienen un sistema de tributación simplificado, no estando afectos al IVA. Los almacenes por su parte, tendrán esta aplicación en el teléfono, y cuando llegue un cliente, emitirá la boleta por esa vía, pasando del papel a lo electrónico. Se envía por whatsapp o al correo electrónico al comprador. La verificación del envío se hará contrastando la información sobre las compras hechas por los comercios, operaciones respecto de las cuales habrá una factura de por medio frente a la emisión o no de las respectivas boletas.

Luego de la presentación del proyecto por parte del Ministro de Hacienda, algunos diputados integrantes hicieron valer sus puntos de vista.

Sobre la interrogante planteada por diversos parlamentarios sobre el carácter regresivo de la aplicación de tributos indirectos, como el Impuesto a las Ventas y Servicios, el Ministro explicó que en términos generales los países no planifican cuánto pueden recaudar de un tipo de impuesto y de otros. Las estructuras tributarias responden al nivel de ingresos del país, de modo que aquellos con niveles bajos, empíricamente tienen una proporción mayor de impuestos indirectos, la que va cediendo a favor de los directos a medida que aumentan los ingresos. A este respecto, Chile se encuentra en una etapa intermedia, por lo que debe tratar de conjugar ambos tipos de impuestos.

La mayoría, valoró la boleta electrónica que se introduce como un gran aporte a la evasión.

El diputado Jackson preguntó qué hace pensar que la sola digitalización será capaz de reducir la evasión del impuesto en el grado estimado. Consideró simplista esta forma de abordar la problemática.

El Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, Herman González Bravo indicó que el cálculo se hizo a través de diversas conversaciones con el SII, quienes les plantearon que la experiencia de la introducción del voucher de Transbank sirvió como base para estimar el impacto de la introducción de la boleta electrónica en el sistema tributario. El SII tiene el volumen de aumento de la declaración de débitos de IVA en las micro y pequeñas empresas asociado a la introducción del voucher, por lo que recomendaron utilizar este fenómeno como referencia para este caso. El voucher significó un aumento de un 10% de los débitos declarados. Para las grandes se supuso una cifra del 1% y en las medianas 5%, presumiendo que hay rendimientos decrecientes en la capacidad de recaudar y que hay una menor evasión reconocida, porque tienen menos espacio para evadir que las pequeñas. Además de lo anterior, reconoció que la evasión experimenta ciclos, por ejemplo el 2009 hubo un aumento importante.

Respecto a los costos asociados al proyecto, el señor González señaló que los gastos del proyecto incluidos en el informe financiero fueron discutidos con la Dipres y el SII. Por ejemplo, sobre la Defensoría del Contribuyente se planteó una estructura de personas, y con un procedimiento estándar de la Dipres para evaluar presupuestos públicos se contabilizó cuándo costaría este nuevo organismo, tanto en su implementación como en régimen. Respecto a la declaración según propuesta en base a márgenes de la industria, al igual que en la digitalización, se conversó con el SII y se llegó a la siguiente estimación:

V.- AUDIENCIAS EFECTUADAS

1.-Expuso el Exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt De Luis. Centró su presentación en una visión general del proyecto estructurada a través de los siguientes elementos:

a) Notoria disociación entre el discurso y el texto del proyecto de ley

b) Retroceso en equidad horizontal

c) Retroceso en progresividad

d) No hay una real simplificación

e) No se aprecia la modernización

f) Retroceso en recaudación

g) Debilita a la administración tributaria

Respecto a la equidad horizontal, indicó que el discurso dice que el proyecto de ley, al integrar, restaura la equidad horizontal, y que en realidad es todo lo contrario, pues el proyecto restablece el trato preferencial a las rentas del capital. Los sistemas integrados en base a retiros son horizontalmente inequitativos. Un trabajador dependiente paga impuestos por sus rentas devengadas, en cambio, el empresario puede diferir una parte hasta el momento del retiro. El pequeño empresario se perjudica. Si retiene utilidades, paga 25%, aunque en Global Complementario esté exento.

Frente a la pregunta por cómo cambia la tributación de las rentas empresariales con la propuesta del Gobierno presentó las siguientes cifras:

Comparó el sistema anterior al de la reforma de 2014, el sistema de renta atribuida, el semi-integrado y el propuesto en la iniciativa del Ejecutivo. Concluyó que ante iguales utilidades, luego de aplicar el impuesto de primera categoría y luego el global complementario neto, el sistema de renta atribuida implica un incremento en la recaudación de un 35%, el sistema semi-integrado un 24% y la propuesta que actualmente se discute un 13%.

Respecto a la progresividad, sentenció que el proyecto es claramente regresivo. La integración del semi-integrado va en directo beneficio de las personas de mayores ingresos (1% más rico). Otros elementos que apoyan esta tesis son la propuesta de una tasa preferencial de 20% a las ganancias de capital (supuesta “modernización”), la ampliación del crédito para empresas constructoras y la depreciación instantánea transitoria, que también es regresiva, porque la PYME actualmente tiene regímenes de depreciación más favorables que aquellos.

Sobre la simplificación, manifestó que el discurso dice que el proyecto simplifica, al reemplazar los 3 confusos regímenes actuales por un régimen tributario único, en base a retiros, y una cláusula especial para las Pymes. Se simplifican registros y se libera de llevarlos a ciertos contribuyentes, pero en realidad se mantiene el régimen de renta atribuida, se integra completamente el semi integrado (pero en lo demás queda igual), se deroga el 14 ter y se crean tres nuevos regímenes, pasando de 3 a 5 regímenes y se mantienen los mismos registros actuales, con pequeños cambios. Concluyó que la liberación no tendrá impacto. Explicó todo lo anterior sobre la base del siguiente cuadro comparativo de los sistemas:

En cuanto al tratamiento de las PYMES, consideró que el discurso dice que se crea un sistema tributario para PYMES que es “simple, moderno y equitativo”. Cuando en realidad el régimen propuesto para Pymes no es más simple que el 14 ter, tampoco es equitativo, ni vertical ni horizontalmente y no tiene nada de moderno. Explicó su afirmación de que el régimen propuesto para Pymes no es más simple que el 14 ter apoyándose en los siguientes antecedentes:

Sobre la propuesta del proyecto que permitiría al SII proponer una declaración basada en margen presuntos sobre ingresos a empresas con ingresos menores a 10000 UF, indicó que eso ya es factible, toda vez que el SII tiene la información de las compras y ventas a través de la factura electrónica, al igual que de las remuneraciones, y puede plantear dicha propuesta a todas las empresas acogidas al 14 ter, y no solo a aquellas con ingresos menores a 10000 UF.

Respecto a la inexistencia de equidad vertical, expuso la información siguiente:

Explicó con un ejemplo de dos empresarios, uno que celebra ventas por 12000 UF y otro por 50000 UF, ambos con un margen de utilidad del 20%. Indicó que si ambos empresarios retienen sus utilidades, pagan su impuesto de primera categoría, el empresario pequeño, que si fuera al global complementario pagaría una tasa muy baja, termina pagando un 25%, lo que en el ejemplo asciende a $16.200.000. Por esto consideró que los sistemas de tributación en base a retiros no funcionan para la PYME, toda vez que para estas empresas lo conveniente es atribuir renta.

Continuó explicando por qué el sistema tampoco es horizontalmente equitativo:

En un ejemplo de dos empresarios que presenten iguales ventas, uno decide retener utilidades y el otro no, el que retiene curiosamente paga más, aunque pareciera que tributar en base a retiros es un beneficio, nuevamente porque paga el impuesto de primera categoría. En cambio el que retira paga menos, lo que constituye un incentivo a retirar.

La tributación en base a retiros que se propone es conveniente para empresarios con utilidades anuales superiores a $132 millones ($11 millones mensuales). Para evitar perjudicar a los empresarios que ganan menos que esta cantidad, el proyecto propone un régimen opcional alternativo: la renta atribuida, pero se lo bautiza con otro nombre: Régimen de Transparencia.

Por otra parte, señaló que el discurso dice que se elimina el 14 ter porque se usa poco, solo el 24% de las empresas se ha acogido (236 mil) En realidad el 14 ter ha sido un éxito, teniendo en cuenta que en los anteriores regímenes simplificados no había más de 80 mil empresas. Agregó que el discurso dice que el proyecto favorece a 150 mil Pymes que están en el régimen semi-integrado, pagando una sobre tasa de 9,45%. En realidad, dentro de esas 150 mil Pymes debe haber unas 80 mil sociedades de inversión. Esas 150 mil Pymes pudieron haber optado por 14 ter o renta atribuida. En el peor de los casos, se equivocaron al elegir el régimen. Pero muchas de ellas consideraron que el costo de 9,45% era menor al beneficio de diferir el impuesto personal.

En cuanto a los recursos que el proyecto recaudará, estimó que la compensación a la pérdida de recaudación descansa casi exclusivamente en la boleta electrónica, pero el impacto de la boleta electrónica en la recaudación es marginal. Indicó que nada tiene que ver con la factura electrónica, porque en este caso el SII tiene la posibilidad de comparar lo que el vendedor dice que vendió con lo que el comprador dice que compró, y si hay un vendedor que dice que vendió algo respecto de lo cual no hay un comprador que lo declare, entonces hay una factura falsa, frente a la cual se fiscaliza. Tampoco es comparable con el comprobante de tarjeras bancarias. Indicó que el SII introdujo una norma que permitió que el comprobante reemplazara a la boleta, lo que habría impactado positivamente en la recaudación. Pero lo que impacta no es que se emita al comprobante con una máquina, sino que el SII recibe a raíz de esto de la empresa encargada del sistema, todas las transferencias realizadas con tarjeta de crédito. Por tanto si un vendedor intenta no declarar lo que vendió a través de este medio, será fiscalizado. Lo que falta es extender este sistema a las transacciones en efectivo. Cabe preguntarse por qué razón un comerciante que no da boleta en papel, estaría dispuesto a darla por medios electrónicos. Quizás una razón podría ser en el caso de un vendedor que emite boletes, y que llegado el momento de declarar, lo hace por un monto menor a lo que realmente recibió, pero eso representa un beneficio marginal.

Agregó que hay medidas que tienen costo y no están cuantificadas en el informe financiero: DEDECON, nueva definición de gastos aceptados, 20% a ganancias de capital, etc. En definitiva, el proyecto es deficitario en alrededor de US$1.000 millones anuales.

Para finalizar, destacó un hallazgo de última hora:

Se está eliminando la siguiente frase del párrafo quinto del número 3 del artículo 58:

“Con todo, responderá solidariamente sobre las cantidades señaladas, junto con el adquirente de las acciones, la entidad, empresa o sociedad emisora de los activos subyacentes a que se refiere el literal (i) del inciso tercero del artículo 10, o la agencia u otro establecimiento permanente en Chile a que se refiere el literal (ii) de la citada disposición.”

Esto podría hacer impracticable el cobro de impuestos por venta de derechos, en el exterior, representativos del capital de empresas chilenas (caso Disputada de Las Condes, año 2002).

Tras la presentación, los diputados presentes quisieron formular una serie de preguntas, pero ante la inminencia del término de la sesión, se acordó volver a invitar al señor Jorratt para que pueda recibirlas y contestarlas.

2.-El señor Bernardo Larraín Matte, Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), quien luego de hacer una breve presentación de la institución que representa, pasó a exponer una visión general sobre el proyecto. Consideró que constituye un buen primer paso para iniciar una discusión muy pertinente y también más amplia respecto al sistema tributario nacional. El análisis que plantearán surge de la experiencia recabada a partir de la interacción de la gran cantidad de empresas vinculadas a SOFOFA, de diversos tamaños. Consideró importante que el énfasis de cualquier reforma en esta materia esté puesto en fomentar y promover el desarrollo de empresas en proceso dinámicos de crecimiento, independientemente de su tamaño. Esas empresas requieren un entorno regulatorio que cumpla con eficacia y eficiencia sus objetivos, sin introducir desincentivos o distorsiones al proceso de ahorro, inversión o crecimiento.

Consideró que el sistema tributario tiene al menos tiene dos roles, recaudar y redistribuir, que no está cumpliendo con eficacia, y está introduciendo desincentivos. Reconoció que el Congreso ha hecho modificaciones importantes, pero el proceso debe continuar y profundizarse. Recordó que SOFOFA publicó un documento que da cuenta de cinco modernizaciones institucionales y regulatorias importantes para subir el umbral de crecimiento potencial. Una de esas propuestas es precisamente en materia tributaria. Agregó que diversos gremios en otros países también están promoviendo cambios en esta misma línea. Indicó que países como Australia e Inglaterra han introducido modificaciones a sus sistemas tributarios que en algunos casos han implicado rebajas en sus tasas. También expresó que existe cierto consenso respecto a la necesidad de actualizar los sistemas tributarios a la realidad económica y social, que difiere considerablemente a la que regía hace algunas décadas.

Bajando la discusión a la realidad nacional, estimó pertinente dividir el debate en dos partes: por una parte, las correcciones urgentes de corto plazo que deben hacerse al sistema, y otras de carácter evolutivo de largo plazo. Consideró que a veces la urgencia en lo primero, puede provocar las imperfecciones en lo segundo, como ocurrió con la reforma de 2014.

Entre las modificaciones de corto plazo, destacó la necesidad de corregir el artículo 14 ter, toda vez que no está cumpliendo el objetivo que se propuso, lo que se evidencia a partir del gran número de PYMES que no se han acogido al régimen que establece.

Por otra parte, tampoco consideró positivo que existan numerosos regímenes que convivan simultáneamente, porque atenta contra la simplicidad del sistema. En este sentido, estimó adecuado que se tienda al establecimiento de un régimen general único, que debiera ser 100% integrado. La complejidad tributaria también constituye hoy un impedimento para los procesos de inversión en Chile.

En materia de certeza jurídica también estimó son necesarias algunas correcciones. La aplicación de normas y sanciones debe ser lo amplia que se requiera, pero con la certeza que le permita al regulado anticipar con un cierto grado de certidumbre el efecto de sus acciones. Si los criterios son inciertos, surge el potencial de la arbitrariedad, siendo nocivo que las empresas terminen gestionando arbitrariedad.

También consideró imperativo corregir ciertas asimetrías, entre rentas del trabajo y del capital, nacionales y extranjeras y la regresividad del impuesto adicional en el sistema semi-integrado.

Entre las reformas evolutivas o a largo plazo, señaló que un importante objetivo es resolver cómo a igual recaudación, se aumenta la competitividad para el ahorro e inversión, a la vez que se adapta el sistema a la realidad del siglo XXI. Expresó que la reforma del año 2014 tuvo por legítimo objetivo el aumento de la recaudación. Si se logró o no, no es materia de este debate. En este sentido, consideró que en esta discusión debe explicitarse que el objetivo no es necesariamente aumentar la recaudación, sino mantenerla, pero cumpliendo a la vez estos otros objetivos mencionados. Preguntó si es la integración realmente un incentivo al ahorro y la inversión o si constituye un mayor incentivo modificar el impuesto que realmente afecta las utilidades que se reinvierten, a saber, el impuesto de primera categoría.

Frente a esta interrogante, los sistemas comparados han optado por bajar el impuesto a las empresas o establecer créditos tributarios de distinta índole, para incentivar la inversión en el activo fijo, por ejemplo, a través de la depreciación instantánea, o en investigación y desarrollo, etc. Los países que han optado por el establecimiento de créditos tributarios, terminan con una tasa de impuesto nominal muy distanciada de la tasa definitiva. Opinó que resulta más efectivo establecer una tasa nominal baja y pareja, evitando consagrar un número demasiado grande de créditos o de regímenes especiales. Señaló que es importante establecer ciertas reglas especiales que incentiven la inversión en capital, la investigación y desarrollo y la inversión privada en capital de riesgo, esta última debiendo tener las ganancias de capital de esta fuente un tratamiento similar a aquellas que provienen de acciones con alta presencia bursátil.

Entre las fuentes de la recaudación, comparó la situación de Chile con la de los países de la OCDE. En nuestro país, un se recauda más de las empresas y del consumo, y menos de las personas:

Tratándose de los gravámenes a las externalidades negativas medioambientales, señaló que existen actualmente una serie de asimetrías entre distintos combustibles y sectores, en circunstancias que debiera propenderse hacia un sistema más homogéneo.

En cuanto a la economía digital, indicó que actualmente se debate internacionalmente sobre la mejor manera de gravar este sector.

Finalmente, manifestó que el trabajo moderno también plantea una serie de desafíos tanto al sistema tributario como al de pensiones.

3.-A continuación expuso el Presidente Nacional de la Confederación Nacional Unida de la Micro, Pequeña, Mediana Industria y Artesanado de Chile (CONUPIA) señor Roberto Rojas Pugas. Agradeció la oportunidad de formar parte de esta importante y pertinente discusión. Aclaró que en esta instancia representa a la Convergencia Nacional de Gremios PYME, que surge a partir de la discusión de la Ley de Pronto Pago en el Congreso Nacional y que agrupa a más de 100 organizaciones de Arica a Magallanes, 6 confederaciones nacionales y 5 federaciones regionales.

Manifestó la impresión que tiene su organización sobre que las PYMES dan para todo, en el sentido de que se han transformado en una especie de paraguas para cualquier problema que tenga otro sector de la economía nacional. No todo lo que se plantea favorece a las PYMES. Respecto al proyecto en estudio, señaló que debe tramitarse con calma y profundidad, de manera tal que pueda obtenerse una buena reforma. Estimó poco pertinente proponer una reforma en un momento en que la reforma anterior, de 2014, no se encuentra plenamente vigente.

Tampoco estuvo de acuerdo con que este proyecto sea una iniciativa pro-PYME. Primero, porque no tiene ningún impacto financiero o presupuestario que de cuenta que se está haciendo un esfuerzo por las PYMES. Segundo, tampoco habría la pretendida simplificación, en razón de que se está eliminando el estatuto del 14 ter, el que facilita la vida de las PYMES, principalmente porque las libera de la obligación de llevar contabilidad completa y les permite una operatividad mayor, que hoy se verá comprometida si se deroga. Consideró razonable conservar y profundizar el 14 ter.

Respecto a la implementación de la boleta electrónica en las micro empresas, artesanos, comerciantes de ferias libres, entre otros, que no facturan más de 2400 UF al año, estimó que la recaudación será exigua, y no alcanzará lo proyectado en el respectivo informe financiero. Y por el contrario, impondrá un serio gravamen a estos contribuyentes, consistente en la adquisición de instrumentos electrónicos y capacitación.

4.-Continuó la presentación de CONUPIA, el señor Mario García Salinas, Vicepresidente Nacional de la Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile (ADICO). Manifestó que se ha planteado que esta modernización tributaria se encamina fundamentalmente a simplificar el sistema. Se preguntó si esto se puede lograr transitando de 4 grandes sistemas, a saber, renta presunta, simplificada, atribuida y semi-integrada, a 5 regímenes: presunta, propuesta del Servicio, cláusula PYME, integrado 27% e integrado 25%. Recordó que la tasa del 27% obedece a un acuerdo final a través del cual se logró la aprobación de la última reforma tributaria, en que se cambió que los que quedaban afectos al 27% no quedaban afectos a renta atribuida.

Para las PYMES no se observa mejora económica o tributaria alguna. Consideró que el 14 ter es un sistema muy bueno, al punto que el año 2017 se subió su tope de 10000 UF de ventas anuales a 50000 UF. Si bien es cierto que, según el SII, en Chile existen 934.000 empresas que registran ventas, de las cuales 909.000 (93%) no superan las 50000 UF anuales. De este último segmento, 115.839 (13%) tributan bajo renta presunta,

En lo que dice relación con el Sistema Semi Integrado actual, que sería reemplazado por Sistema Integrado de 27%, en el que la Empresa seguirá afecta a una tasa del 27% como Impuesto de Primera Categoría, conlleva un beneficio directo al empresario o socio, al subir el crédito a impuestos finales de un 65% al 100% del I.P.C.

EJEMPLO: Impuesto por un retiro de $100 millones

a.- Con sistema semi-integrado actual un contribuyente por sus Retiros o Dividendos de las sociedades que sea participe, paga de Impuesto Global

Complementario $ 8.019.698.-

b.- Con sistema Integrado Total (SIT). Sistema que se propone en el nuevo proyecto el mismo contribuyente del caso anterior recibiría una devolución por su declaración de Impuesto Global Complementario de $ 2.185.740.

De tal manera estos contribuyentes de Impuesto Global Complementario tendrán una rebaja efectiva de un 10,21% de su renta

Este beneficio para empresarios, socios o accionistas de empresas no significa un fomento a la inversión, sino un estímulo al consumo, ya que el mayor crédito va a las personas no a las empresas.

Por su parte, el art. 14 Ter o régimen simplificado del Art. 14 letra A, es un sistema tributario para empresas PYME el que tiene como principal característica el Registro de Caja, asentando en él, los Ingresos y Egresos de la empresa, por medio de ello determinar la renta o utilidad de la empresa, esto es tributación de acuerdo con Ingresos Percibidos menos Egresos Efectivos, determinando de esta manera la Renta Líquida Imponible.

Este art. 14 Ter abarcaría a la gran mayoría de empresas registradas según SII, que van desde la micro y parte importante de la mediana empresa, que registren ventas anuales desde 0,01 a 50.000 UF y alcanza a 909.119 empresas de un total de 934.717. Lo que representa un 97% del total, de acuerdo con estadística del SII. Y con sistema tributario según cuadro:

Si bien las empresas acogidas al art. 14 ter representan un 34%, se debe, en parte, a que el sistema integró a las empresas de hasta 50.000.-UF de venta anual, sólo a contar del año 2017. Al mismo tiempo un gran desconocimiento de los contribuyentes de este segmento conformado según ventas:

CARACTERISTICAS DEL ART. 14 TER:

1.- Libera al contribuyente de una serie de Obligaciones Tributarias, como son, no llevar contabilidad completa, (Balance, Inventarios, Corrección Monetaria, etc.).

2.- El contribuyente goza de Depreciación Instantánea de Activos (el mismo año en que los adquiere).

3.- Fácil determinación de su Renta líquida Imponible.

4.- Liberado de llevar registros de créditos pendientes de Impuesto de 1ª. Categoría, como tampoco registro de utilidades no distribuidas.

5.- El sistema simplificado tiene la ventaja de que no se requiere conocimientos técnicos contables y puede ser administrado por el propio contribuyente, esto y la no obligación de registros especiales, va en beneficio de reducir sus costos operacionales.

6.- Quedan exentos de Impuesto de Primera Categoría, debiendo el empresario o socio tributar por impuestos finales (Impuesto Global Complementario), y corresponde a 695.465 empresas, igual a 76.5%

Ejemplo: (valores al 31/12/2017)

Empresario con venta anual de 2.400 UF $ 64.315.536 con Utilidad de 10% queda exento de impuestos finales.

7.- Por igual razón quedan exentos de impuestos finales cuando se trata de empresas con dos o más socios y hasta con ventas anuales de hasta 4.259 UF.

8.- Quedando afecto a impuestos finales, al momento de alcanzar una venta superior a 5.000 UF. Con dos socios pagaría cada uno $ 52.930.- equivalente a 0,59% como impuesto final, corresponde a 91.204.- empresas, igual a 10%

9.- Con ventas de 10.000 a 50.000.-UF anuales y con el supuesto de 10% de utilidad con dos socios en la empresa, pagarían un impuesto final 2,51% y 20,28% respectivamente, de impuesto final. Corresponde a 63.188.- empresas, igual 6.95%.

10.- Siguiendo los ejemplos anteriores una empresa con 73.576.-UF de ventas anuales alcanza su punto de equilibrio en el I.P.C pagado y los impuestos finales de los socios 25%

Continuó refiriéndose al sistema de tributación sobre propuesta del SII, respecto del cual señaló que las pequeñas empresas quedarán al arbitrio de este órgano, y no tendrán la capacidad de contratar profesionales que les permitan controvertir, en su caso, lo que el Servicio determine como sus rentas. Al mismo tiempo, se estaría creando un nuevo régimen de renta presunta, que se sumaría a los tres ya existentes.

Al derogar la contabilidad simplificada, el SII ofrecería a los contribuyentes con ventas iguales o menores a 10.000.- UF anuales, de acuerdo con márgenes, para tipo de industrias similares, sobre ingresos determinados por el SII.

Esto sería un nuevo sistema de renta presunta, basado en una presunción de utilidades, perdiendo el principio de que cada unidad económica tiene su propia estructura de costos, distinta de otras de igual giro o actividad.

Si el contribuyente no acepta la Propuesta del SII. Tendrá que presentar contabilidad completa y todos los registros contables requeridos, para poder, demostrar porque no está de acuerdo con la propuesta. Con todo lo que significa una potencial revisión del SII.

Sobre el sistema en reemplazo del art. 14 letra A de Renta Atribuida, indicó que este sistema tiene como fin reemplazar la Renta Atribuida (renta devengada o Utilidad), como base imponible a los impuestos finales del empresario o socios de empresa. Por el de Retiros Efectivos (ingresos percibidos).

Con esta modificación se vuelve a un sistema de FUT, o como se llame el nuevo registro que el SII determine, para contabilizar las utilidades acumuladas menos las retiradas y las que como saldo correspondan a Utilidades no Tributadas con los impuestos finales del empresario o Socios. Las que, a menor retiro de Utilidades, este Valor se irá incrementando en él tiempo, produciéndose una postergación del pago de impuestos finales.

El efecto de cambio se concreta en el momento que los Retiros Efectivos sean inferiores a la Renta Líquida Imponible de la empresa, dado que a menor retiro se determina una menor base imponible a los impuestos finales, resultando un menor impuesto a pagar, incluso conseguir devolución por crédito de impuesto de primera categoría.

El volver a sistema de rentas de acuerdo con los Retiros que efectúen los empresarios, socios o accionistas de empresas, deriva además en una inequidad con el impuesto al trabajo, mientras los impuestos del capital son postergados de acuerdo con los retiros (renta percibida), el trabajo paga impuesto único por el total de sus rentas ya que son consideradas devengadas y percibidas.

5.-Expuso el señor Klaus Schmid-Hebbel, Profesor Titular, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Comenzó su exposición planteando las siguientes preguntas que debiera responderse para poder calificar a un sistema tributario como bueno.

1.-Fomenta (no daña) ahorro, inversión, trabajo, emprendimiento. Indicó que comparado con el ideal al que es posible aproximarse, otros países lo hacen bastante mejor, en este ámbito.

2.- Cuida salud y medio ambiente. Consideró que esto se cumple medianamente, toda vez que existen impuestos verdes, pero que son perfectibles.

3.- Neutralidad sectorial. Hay cierta neutralidad, pero existen excepciones sectoriales: rentas presuntas en algunos sectores, etc.

4.- Certidumbre legal y de tratamiento tributario por la autoridad. Señaló que no la hay, hay mucha incertidumbre, numerosas normas infra legales, etc.

5.- Grava al agente que genera los ingresos. Estimó que no, por cuanto el sistema atribuido no hace la separación, y eso no es bueno.

6.- Capacidad de fiscalización de pago de impuestos. La calificó de mediana, que se ha perfeccionado con el tiempo, pero también ha dado lugar a ciertas arbitrariedades en la fiscalización y en la interpretación.

7.- Equidad horizontal. Personas de igual ingreso en Chile no pagan lo mismo.

8.- Equidad vertical. Personas de mayores ingresos pagan más, pero podría ser más progresivo o menos progresivo.

9.- Recaudación. El sistema es regular en cuanto a su eficiencia recaudatoria.

10.- Simplicidad. Es un sistema complejo, lo que explica el explosivo crecimiento experimentado por el sector de los asesores tributarios.

11.- Equilibrio de derechos y deberes del contribuyente. Los derechos se podrían fortalecer y los deberes podrían aclararse.

Debido a la complejidad de este proyecto, que presenta una serie de elementos relevantes, y en razón del tiempo, sólo abordó tres temas que consideró centrales: integración total, tributación de PYMES y ampliación de bases tributarias.

Respecto al actual sistema semi-integrado, lo calificó de regresivo e ineficiente. Para explicar lo anterior, expuso un gráfico que detalla el número de socios de empresas afectados por la sobretasa (9,45%) de la semi-integración (2018)

Explicó que hay 250.000 chilenos que en vez de pagar 0% de Global Complementario pagan 9,45%, 13,45% o 17,45%, dependiendo de si se encuentran en el tramo del 0, 4 u 8%. Ello es altamente regresivo, por cuanto genera una discriminación en contra de los emprendedores que obtienen igual renta que un trabajador dependiente. A su vez, es un fuerte elemento inhibidor el emprendimiento.

Destacó las ventajas de un sistema totalmente integrado, a saber: Mejora incentivos para ahorro, inversión, emprendimiento, innovación y crecimiento; restablece equidad horizontal; puede mejorar equidad vertical (especialmente en combinación con reducción al 25% de tasa a pymes); simplifica sistema tributario: reemplaza tres sistemas base (con 12 variantes para pymes) por un sistema base (con 3 variantes para pymes). Finalmente, al eliminar renta atribuida, restablece principio (casi) universal de gravar al agente que genera los ingresos. Indicó que sistemas de este tipo han sido establecidos en Australia, Canadá, Méjico, Nueva Zelandia, Estonia, Eslovaquia, entre otros. En este sentido, indicó que con este proyecto no solo se vuelve a un sistema que regía en Chile hace cuatro años atrás, sino que se adoptan las mejores prácticas internacionales en la materia.

Respecto a la tributación de las PYMES, consideró que el proyecto mejora incentivos para ahorro, inversión, emprendimiento, innovación y crecimiento de pymes, al reducir tasa al 25% y permitir depreciación instantánea y establece otros beneficios pro pymes.

Sobre las ampliaciones de las bases tributarias, señaló que el proyecto contempla varias:

-Impuesto a servicios digitales (a tasa de 10%).

-Modificación de impuesto verde.

-Declaración de activos en el extranjero: además de incluir activos no declarados, se amplía la base de declaración (de impuestos futuros) a activos inmobiliarios y algunos activos financieros previamente excluidos.

-Boleta electrónica obligatoria.

-Mejor fiscalización de comercio transfronterizo.

Manifestó que estas ampliaciones de bases tributarias son buenas para: justicia tributaria, recaudación tributaria y eficiencia en asignación de recursos.

Sobre la metodología aplicada en la estimación efectos crecimiento y empleo, expresó que es adecuada porque los cambios tributarios tienen efectos permanentes sobre los niveles de capital, productividad, empleo y PIB, pero no sobre sus tasas de crecimiento. Las parametrizaciones para Chile se basan en información tributaria, de cuentas nacionales y estudios técnicos de terceros. Consideró que resulta posible una sobreestimación del aumento de ingreso por integración debido al supuesto que las decisiones de inversión se hacen a nivel de las personas naturales dueñas de empresas, lo que es solo parcialmente efectivo. La evidencia indica que muchas empresas (medianas, grandes) toman decisiones de inversión sin considerar la tributación de sus dueños.

Continuó señalando que en virtud de un principio conservador no se consideran efectos de recaudación por mayor crecimiento. La estimación recaudación por boleta electrónica (menor evasión de IVA por 1,5% más menor evasión por impuesto renta) está fundada en evasión actual por tamaño de empresas y en experiencia previa de introducción de factura electrónica. No se considera menor recaudación por mayores gastos de empresas deducibles de impuestos, cambios en impuesto a la herencia ni cambios a impuesto a ganancia de capital de personas naturales. No se considera mayor recaudación por impuesto global complementario de personas naturales por activos adicionales en el exterior (US$ 50-100 m. anuales), menor costo de reintegración por tratados de doble tributación y mayor certeza jurídica y DEDECON, que elevan la tasa de retorno ajustada por riesgo, aumentando inversión y recaudación. En resumen, señaló que la estimación global del efecto agregado sobre recaudación tributaria es adecuada.

Frente a las mismas preguntas planteadas al inicio de su presentación, pero ahora enfocados desde la perspectiva del proyecto de ley en estudio señaló que este ciertamente fomenta (no daña) ahorro, inversión, trabajo, emprendimiento, porque acerca la tasa del impuesto corporativo al promedio de la OCDE, que ronda el 23%.

El proyecto cuida la salud y medio ambiente en cierta medida al modificar el impuesto verde.

En cuanto a la neutralidad sectorial, consideró que el efecto del proyecto es 0.

Sobre si grava al agente (RUT) que genera los ingresos, indicó que el proyecto apunta ciertamente en este sentido.

Respecto a la capacidad de fiscalización de pago de impuestos, estimó que los efectos del proyecto son inciertos, pero positivos, porque da mayor poder a Aduanas y SII para fiscalizar los paquetes importados, lo mismo que al ampliar cinco bases tributarias y al limitar en alguna medida la discrecionalidad, a través del DEDECON y la norma que establece el silencio positivo, reduciendo la incertidumbre.

En equidad horizontal, el proyecto es muy positivo, al igualar las condiciones para personas que reciben los mismos ingresos. En equidad horizontal, los efectos son inciertos: por una parte puede ser más distributivo, y por otra más progresivo. No hay estudios en este tema.

Los efectos en la recaudación serán positivos o cercanos a ser neutros.

En simplicidad, también representa un avance, al pasar de 3 regímenes a uno solo, salvo en las PYMES, pero estas pueden elegir voluntariamente.

Concluyó indicando que esta es una buena propuesta de reforma tributaria para Chile, pero para el futuro quedan otras reformas pendientes para lograr un sistema tributario de frontera internacional. Por ejemplo, las propuestas planteadas por: Grupo Res Publica Chile (2013); CEP (Arellano y Corbo, 2013) y Evópoli (2018).

6.- EXPUSO EL ECONOMISTA Y ACADÉMICO, DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE SEÑOR RAMÓN LÓPEZ OPAZO. Comenzó aclarando que su presentación versará sobre un aspecto del proyecto que se encuentra en el centro del sistema tributario, a saber, la integración total propuesta. Explicó que los últimos 30 años de la ciencia económica han dado cuenta de un avance vertiginoso. Muchos estudios han aparecido de especialistas en impuestos como por ejemplo Robin Bodway, autoridad mundial en la materia y Clemens Fuest, de la Universidad de Múnich. Bodway plantea que el rol de la integración tributaria en una economía abierta y pequeña no cumple los objetivos que le han sido atribuidos, ya que en lugar de eliminar la doble tributación sobre los ingresos, solo remueve la tributación primaria de los ahorros a través de la empresa. En este sentido, tiene un nulo efecto sobre la inversión. Por ello, no se recomienda, en economías pequeñas y abiertas al capital extranjero como la chilena, adoptar sistemas completamente integrados. El efecto de estos sistemas opera en la forma de un reacondicionamiento de la inversión, reestructurando desde el inversionista extranjero al inversionista local. Consideró que lo anterior es serio en Chile, porque el inversionista nacional invierte muy poco en investigación y desarrollo, lo que se prueba a partir de los exiguos índices de productividad.

Por su parte, Fuest señala que no es deseable ofrecer alivios a la doble tributación de dividendos pagados por firmas nacionales a inversionistas nacionales. Esto implica que el nivel real de inversión no se ve afectado por la tributación de los ingresos de dividendos domésticos al nivel del inversionista. Una reducción de la carga tributaria sobre los dividendos constituye meramente un subsidio indeseable a favor de los tenedores de activos domésticos. En Chile, según sus estimaciones, este subsidio ascendería a 900 millones de dólares.

Respecto a la afirmación de que la reintegración favorece la equidad horizontal, en el sentido de tratar de manera igual ingresos del mismo monto, sea que provengan del trabajo, del capital o de otra fuente. Señaló que en el mundo la evasión consiste en disfrazar ingresos del capital como si fueran ingresos del trabajo. En Chile ocurre exactamente lo opuesto, se disfrazan los ingresos del trabajo como si fueran ingresos del capital.

Manifestó que para evaluar un impuesto se debe considerar que en Chile las ganancias de capital de las empresas que se transan en la bolsa, no pagan impuesto, cuestión casi única en el mundo.

Explicó las diferencias entre la tasa de segunda categoría efectiva, el impuesto pagado por el 30% de utilidades que estas empresas deben distribuir, y la inequidad que se genera frente a los ingresos del trabajo, conforme al siguiente ejercicio:

En definitiva, en el tramo de mayores ingresos, el capital paga un 32,4% y los trabajadores 35%. En el sistema actual, hay una inequidad en este ámbito del 2,6%, pero el régimen propuesto la eleva a 5,6%.

Al integrar el sistema, se está beneficiando al dividendo ya extraído de la empresa. Este dividiendo es utilizado en consumo en una proporción de 2/3. El otro 1/3 se utiliza como inversión especulativa, adquisición de tierras, entre otros. De manera tal, que difícilmente se podría estar fomentando la inversión.

Consideró llamativo que se comparen las tasas de impuesto chilenas con las de países de la OCDE. Primero porque incluso con la ley vigente, el accionista goza de un crédito al menos parcial por lo pagado a nivel corporativo. Y segundo, porque Chile no tiene impuesto a las ganancias de capital, en circunstancias que todos estos otros países sí lo tienen.

También destacó el gran número de mecanismos que tienen actualmente los grandes inversionistas frente a un trabajador que podría recibir el mismo nivel de ingresos. Explicó lo anterior con el siguiente ejemplo: un profesional, que estudia 6 o 7 años, se encuentra actualmente tributando en la tasa marginal máxima. Este profesional invirtió el costo financiero de la educación para obtener su título, su costo de oportunidad por cada año que se dedicó a estudiar, y además por lo general se endeuda. Este profesional no tiene derecho a deducir nada, ni el costo de su inversión en capital humano, ni la depreciación del mismo, etc.

7.-EXTESORERO GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEÑOR HERNÁN FRIGOLETT CÓRDOVA. Estructuró su presentación conforme a los siguientes temas: Informe Financiero; Reducción de Recaudación y Mayor Gasto Tributario; Compensaciones Regresivas; y Simplificaciones con Aumento de Carga.

Sobre el informe financiero, presentó las siguientes cifras (en millones de USD):

Puso de manifiesto un cambio en el eje de recaudación, toda vez que aumenta la de carácter indirecto a través del consumo y disminuye la recaudación de impuestos personales de rentas del capital. Esto, a su juico, va en la línea opuesta de lo que siempre ha propuesto la OCDE para Chile. Explicó que se ha estimado un equilibrio que generaría un excedente recaudatorio de USD 435 millones, que dependen del éxito del control de la evasión. El margen de seguridad requiere que estas medidas no sean inferiores al 70%, de lo contrario, en términos de recaudación, el proyecto tendrá un impacto negativo. Si el umbral exitoso está más cercano al 50%, se genera un efecto de menor recaudación anual de USD 300 millones. Ejemplificó señalando que en el caso de la aplicación de factura electrónica ha permitido reducir la evasión del IVA del 25 al 21% en 5 años.

Respecto al presupuesto de la actual administración, expresó que hay un aumento en la recaudación, que se desglosa de la siguiente manera:

En este contexto, la recaudación directa se reduce, ya que las medidas transitorias y el impacto parcial de la reintegración generan un déficit de USD 1.000 millones. Por su parte, hay un financiamiento transitorio de USD 2.000 millones sobre la base de regímenes especiales de regularización de impuestos. Ambos mecanismos se aplicaron con el anuncio de situación extraordinaria por única vez en Administración de Presidenta Bachelet.

La recaudación indirecta provee financiamiento, toda vez que cubre el déficit de USD 1.000 millones de la recaudación directa. Constituye un aporte financiamiento neto por USD 4.700 millones. Si el umbral de éxito de las medidas anti evasión es de 70%, el financiamiento neto baja a USD 3.000 millones y se está en el umbral de 50% los recursos disponibles serían de USD 1.850 millones. En virtud de lo expuesto, consideró complejo que se pueda financiar, por ejemplo, la reforma previsional, que supuestamente requiere cerca de USD 3.000 mil millones.

Continuó recordando el origen de la llamada desintegración. El Sistema General propuesto, en la reforma tributaria de 2014, era de integración plena sobre base devengada, independientemente del tamaño del agente económico, y así se aplica hoy en los sistemas de renta atribuida y 14ter. Precisamente, se buscó instalar la equidad vertical entre las rentas del capital y del trabajo. Las grandes empresas del sistema parcialmente desintegrado se mantienen en el pago de impuestos personales sobre la base de renta percibida, y debe considerarse que distribuyen aproximadamente el 40% de sus utilidades. A cambio de ello se validó la fórmula de una mayor tasa de IDPC a 27% y de crédito parcial de 65% del IDPC en el IGC. Este mecanismo cerraba la brecha de equidad horizontal con respecto al tratamiento tributario de las rentas empresariales del sistema plenamente integrado sobre base devengada, que se mantenía para el resto de los agentes. En el proyecto se vuelve completamente atrás en materia de equidad horizontal de rentas del capital y trabajo. En cuanto a equidad vertical, se devuelven impuestos a contribuyentes de los mayores tramos de ingreso. El conteo de socios no es la medida adecuada, ya que la ponderación debe considerar su peso accionario, al igual que en las juntas de accionistas.

Preguntó también cuál es el grupo objetivo del aumento del crédito especial a la construcción, e indicó que las empresas constructoras tienen un subsidio que les permite pagar menos IVA por las viviendas que construyen. En la medida que se incrementa su valor tope, las empresas reciben mayor subsidio y por ende pagan menor IVA, afectando la recaudación. La reforma de Bachelet había reducido a UF 2000 el tope del valor de la vivienda, quedando beneficiadas viviendas de hasta UF 4000 de valor comercial, aproximadamente. Con el cambio de tope, las viviendas acogidas al beneficio serán de hasta UF 8000 de valor comercial aproximado. Preguntó quiénes compran viviendas de más de UF 6000, o más de 165 millones de pesos. El dividendo de 130 millones de préstamo, a 20 años, es de más de 1.100.000 pesos, por tanto se requiere de una renta mayor a 4,5millones. Esta medida deja de recaudar 200 millones de dólares por año. Según la declaración de renta ganan más de 4.5 millones de pesos al mes, el 8% de los contribuyentes, aproximadamente 300 mil personas.

Respecto a la depreciación instantánea, explicó que esta implica que todo lo que se compre como maquinaria y equipo se considera 50% gasto y por tanto va a disminuir las utilidades drásticamente. Puede significar que durante 2 años la empresa disminuye la base tributable. Las actividades que concentran la inversión, cerca del 80%, según Banco Central (Cuentas Nacionales), son la Minería, el Sector Eléctrico, Telecomunicaciones, el Gas y el Agua, la construcción y el transporte. Poca presencia de Pymes. Preguntó cuál es el real efecto sobre el crecimiento, y respondió que esto dependerá del tipo de inversión: Si es en maquinaria y equipo que se anticipa por parte de actividades establecidas, el componente es importado por tanto no afecta crecimiento y empleo, sólo genera margen financiero. Si es en construcción para ampliación o creación de plantas su efecto será más permanente y se vislumbraría impacto en crecimiento y empleo. Las Pyme quedan fuera del incentivo porque la mayoría se desempeña en servicios con baja intensidad de capital fijo.

En cuanto a la “compensación por una vez”, expresó que se propone un impuesto especial para las inversiones no declaradas y que están en el extranjero. Recordó que esto ya se hizo, con carácter excepcional, porque lo que constituye realmente es un “perdonazo”. Ahora se propone incluir bienes físicos adicionalmente a los activos financieros. Esto genera incertidumbre respecto a la trazabilidad de los bienes, los que pueden provenir, por ejemplo, de ingresos del narcotráfico. Agregó que el SII ya dispone de información y podrá identificar a los evasores. Lo que correspondería es aplicar la fiscalización y recaudar lo que corresponde. Es una fuente de recaudación, pero esconde un menor impuesto a pagar para capitales que no se declararon en la excepción de la Administración de la Presidenta Bachelet.

Abordó también la forma cómo se compensa de forma permanente la recaudación. Señaló que hacer obligatoria la boleta electrónica generará la mayor parte de los mayores ingresos esperados. Dudas se han presentado con respecto a la estimación de mayor recaudación, porque supone una evasión desmedida. Mucho ya está con boleta electrónica porque se considera el recibo de la tarjeta de crédito o débito. Cuando hay evasión, no se concentra en el final de la cadena, sino que al inicio y esos flujos no se revertirán porque se imponga la boleta electrónica. La mayor evasión se concentra en la cadena de productos frescos agropecuarios y de la pesca, de acuerdo a las cuentas nacionales que publica el Banco Central, y requiere de mayor intensidad de recursos desplegados territorialmente para lograr una fiscalización efectiva.

Expuso el siguiente gráfico para explicar la recaudación a partir del IVA, en base a las Cuentas Nacionales que publica el Banco Central, las que se encuentran actualizadas sólo hasta 2014.

Instó a los parlamentarios a solicitar la información más reciente al Banco Central. Así fue acordado.

Respecto al IVA consumo, dio cuenta de las cifras que lo componen a partir de sus principales rubros:

Manifestó que para combatir esta evasión se requiere fiscalización en la calle, constituyéndose en los centros de distribución, particularmente. Advirtió que este no se logrará en poco tiempo, sino que en varios años, y aplicando un plan estratégico.

Continuó preguntándose qué pasará con los sistemas simplificados de pequeños contribuyentes. Señaló que son sistemas aplicados por los municipios tanto para renta como para IVA. Son ampliamente utilizados en los sistemas de ferias que comercializan productos frescos y también para el artesanado. Son de muy bajo costo administrativo y muy fáciles de cumplir para el contribuyente que administra un local ambulante que monta y desmonta. Para el Municipio la administración es simple porque todo se vincula al acto administrativo de patentes. Implementar la boleta electrónica será bastante complejo por la infraestructura y la cultura arraigada en estas micro empresas.

En cuanto a las mejoras para las Pyme, indicó que el 14 ter desaparece junto a su esquema simplificador. La base tributable IEDP vuelve a ser la ganancia devengada y no el flujo de caja. Se pierde el beneficio de depreciación instantánea permanente. Se aplica un sistema simplificado que le entrega al SII la administración de un 14 ter acotado para ventas de UF 10.000 y además hay que llevar contabilidad. No se avanza en acotar aún más la renta presunta y hay un efecto recaudación en la medida que la base tributable del IDPC se incrementa para los Pyme.

Por otra parte, advirtió que hay varias medidas que no se han cuantificado que permiten disminuir los impuestos que pagan hoy las familias de Alto Patrimonio, a saber: modificación del impuesto a la herencia; capitalización de fundaciones dentro y fuera del país; e impuesto sustitutivo para mayor valor accionario de 20%. Consideró que aquí el SII debe proporcionar información de los mayores valores de las rentas personales de más de 100 millones de pesos, así como de la cantidad de contribuyentes que perciben este tipo de rentas. En el Informe financiero no hay estimaciones de estos efectos. Tampoco las hay respecto al gasto por responsabilidad social de las empresas; a las Compensaciones medioambientales son gastos necesarios para la operación. No hay claridad sobre si se les tratará como gastos amortizables durante toda la operación. Tampoco respecto a si las donaciones de productos no comercializables se valorizan a precio de mercado o a precio de saldo.

Concluyó expresando que la reforma actual se financia con el aporte de todos los hogares de Chile. La boleta electrónica obligatoria para las ventas minoristas recaudará casi 1.200 millones de dólares anuales, que pagarán las familias chilenas sin distingo. Desaparecen sistemas simplificados que administran los municipios. Se aplicarán nuevos impuestos a servicios tecnológicos que consumen las familias chilenas como Netflix, Spotify y Ali Express. Preguntó si será legal utilizar los medios de pago como mecanismo de recaudación. Si estas fuentes de recaudación no son exitosas, el gasto público se verá afectado porque dispondrá de menos financiamiento. La reforma es regresiva porque concentra sus beneficios en los segmentos de mayores ingresos y lo financia el consumo de todos los chilenos.

8.- IGNACIO BRIONES ROJAS, DOCTOR EN ECONOMÍA Y DECANO DE LA FACULTAD DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ[27].

Comenzó señalando que su presentación se centrará en algunos elementos de la discusión que le parece se prestan para equívocos, los que deben ser clarificados para poder debatir sobre un piso común. Indicó que lo que se le puede pedir a un sistema tributario, cualquiera sea el punto de vista ideológico, es que sea simple, tanto para el contribuyente como para el fiscalizador; justo, en el sentido que las personas paguen lo que tengan que pagar, según sus rentas, independientemente de su origen; y eficiente, que distorsione lo menos posible los precios relativos. Consideró que en términos generales el proyecto es muy bienvenido para el cumplimiento de estos ideales.

Primero, se refirió a la integración en base a retiros. Destacó que los impuestos siempre los pagan siempre las personas. La integración implica que se reconoce como crédito el impuesto pagado por la empresa cuando sus dueños pagan sus impuestos personales. En otras palabras, actúa como una retención. En este sentido, señaló que es importante no confundir integración con la base del impuesto: atribuida o retiros. Un sistema integrado es condición necesaria (aunque no suficiente) para la equidad horizontal.

Trató la siguiente afirmación común: “Con Integración los dueños del capital pagan impuesto al consumo mientras que trabajadores dependientes enfrentan impuesto al ingreso.” El empresario ahorraría en la empresa a tasa corporativa (27%), pero trabajador lo haría a la tasa personal (marginal) que puede llegar a 35%. Es un argumento válido solo cuando por cada peso ahorrado, el trabajador enfrenta una tasa marginal mayor que la corporativa de 27% que enfrentaría el empresario. En IGC, esto corresponde en el margen al caso de rentas gravadas con tasa marginal de 30,4% o más => ingresos superiores a $50 millones/año, es decir, el 1,5% de los contribuyentes. Se verá que para el 98,5% de los contribuyentes esta discusión es irrelevante, habiendo plena equidad horizontal.

La brecha solo se produce entre personas de rentas altas. Para rentas por 250 millones al año (¿0,1% de la población?), la brecha podría ser incluso inexistente si se considera la posibilidad de ahorrar vía APV y Depósito Convenido (caso relevante con horizonte de ahorro de largo plazo). Para rentas “súper altas” ($5.000 millones al año), la brecha máxima al momento de generarse tiende a 8%.

Para ingresos empresariales “súper altos”, con ahorro en la empresa, la brecha de la tasa impuesto efectiva tiende a 8%. Pero ese 8% se pagará cuando retire. En consecuencia, el momento en que retire es clave para evaluar el verdadero ahorro de impuestos que obtiene. Si retira mañana, la brecha se elimina; si no retira nunca, la brecha se mantiene. Por su parte, el régimen semi integrado aplica un “peaje” de 9,45% adicional cuando retire. En otras palabras pagará el 8% “adeudado” más el 9,45%. Ese 9,45% puede verse como una suerte de tasa de interés implícita por diferir el pago de impuesto. Dependiendo el momento, el año, en que se efectúe el retiro, la tasa de interés implícita varía, conforme al siguiente cuadro:

Así, es dable apreciar que la tasa es menor para una persona que tiene ingresos por 5.000 millones de pesos al año, retirando en 1 año, que para una persona que tiene ingresos por 80 millones de pesos al año.

Una segunda afirmación que comúnmente se expresa es la siguiente: “Integración no favorece equidad tributaria horizontal, sino lo contrario”. Se dice que los empresarios con rentas personales que enfrentan tasa personal menor a 27% estarían penalizados al ahorrar en la empresa pagando 27%. Pero esto es falaz: en un esquema integrado en base a retiros, el empresario siempre puede retirar, pagar la tasa personal que corresponda y luego volver a invertir en la empresa. Esto implica que la equidad horizontal entre empresario y trabajador queda asegurada para rentas que enfrentan tasa marginal personal inferior a 27% (23% en tabla Impuesto Global Complementario). En este sentido, preguntó si tiene sentido centrar la discusión en brecha de equidad horizontal acotada y que solo se produce entre dos personas que pertenecen al 1% de mayores ingresos (y quizás al 0,1% = 250 millones al año), a lo que respondió que no. Por otra parte, preguntó si es cierto que las rentas empresariales solo tributan al consumir, a lo que también respondió que no, en tanto hay una tasa de 27% que se paga hoy (impuesto corporativo que es crédito del dueño si hubiera retirado) y una diferencia máxima de 8% que queda por pagar cuando retire y que será total o parcial dependiendo del momento del retiro. Finalmente, preguntó si es cierto que la integración en base a retiros castiga al empresario de menores ingresos que tendrá que pagar 27% en lugar de la tasa personal que le corresponde, no por las mismas razones ya expuestas.

Por su parte, la semi integración, en cambio sí afecta gravemente la equidad horizontal. La razón es que grava a todos los tramos de renta con un “peaje” de 9,45%. Si el argumento a favor de la semi integración es que los “súper ricos no retiran nunca”, entonces aplicarles un peaje de 9,45% es por definición irrelevante (el valor presente tiende a 0). El efecto del “peaje” es proporcionalmente mucho mayor para las rentas bajas y para quienes retiran las utilidades antes (típicamente los de menores ingresos).

El empresario que, por renta, debía pagar 0% a nivel personal termina pagando 9,45%. Es decir, infinito % más. El empresario que debía pagar tasa efectiva de 2%, termina pagando casi 6 veces más. Y el empresario con tasa media de 35%, paga solo 27% más. Mientras menor sea la renta, mayor es el impacto del peaje.

La tercera afirmación abordada por el señor Briones fue la siguiente: “Costo fiscal de integrar beneficia básicamente al 1% más rico”. El costo integración de USD 830 millones, que se explica por paso del artículo 14 B (régimen semi integrado) a integración en base retiros (9,45% que se dejaría de recaudar). Este monto se divide en: Contribuyentes Impuesto adicional (extranjeros) = USD 350 millones (aproximadamente) y contribuyentes nacionales 14 B: USD 480 millones. Conforme a los deciles de ingreso, el desglose según cantidad de contribuyentes beneficiarios es el siguiente:

Señaló que es importante precisar que se trata de las rentas totales de los socios y no necesariamente del total de rentas empresariales de estos (no se dispone de esta última partición).

Entre los elementos deseables que debieran estar en este proyecto y no están, destacó la renta presunta, que en un sistema moderno, carecen de fundamento. Su gasto tributario asciende a USD 300 millones /año aproximadamente, atenta contra equidad horizontal y se presta para malos usos.

Otro tema importante sería emparejar la cancha para los combustibles y corregir externalidades. El diesel paga 1.5 UTM/M3 (de las más bajas OCDE) y considera un reintegro a favor de los camioneros (US$90 millones /año). La gasolina paga 6 UTM/M3. Igualar las tasas recaudaría US$1600 millones/año aproximadamente. La economía política podría ser subir el impuesto al diesel con gradualidad o incluso a cambio de una rebaja al IVA.

También consideró relevante discutir en los mismos términos la tributación de los alcoholes, debiendo hacerlo por cantidad de alcohol, en lugar de según su valor. Graficó la situación vigente de la siguiente manera:

Si lo que se pretende evitar es el daño que causan estas bebidas, lo que debiera gravarse es la cantidad de alcohol que contienen y no su precio, ya que este puede estar influido por otros factores que no debieran ser afectados con un impuesto.

Algo similar podría ocurrir respecto a los cigarrillos, que hoy tienen un elemento específico y uno ad valorem en lo que respecta a su tributación. Así, se encuentran afectos a un impuesto promedio cercano al 60%, impuesto que se descompone en un impuesto específico de $50 pesos por cigarrillo y un impuesto ad valorem de 30%.

Respecto a la modernización de la legislación, consideró esencial contar con un texto legal que resulte entendible por las personas a quienes va dirigida, los contribuyentes. Cuando una norma es muy compleja, se presta para el arbitraje regulatorio y el abuso a través de asesores especializados. Valoró la idea de crear una defensoría del contribuyente en este contexto. También consideró importante la incorporación de una carpeta electrónica del contribuyente.

9.-EXDIRECTOR DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, SEÑOR MICHEL JORRATT DE LUIS, quien concurrió para responder las preguntas que suscitó su presentación en una sesión anterior[28].

El diputado Melero expresó que quienes pagaron la sobretasa del 9,45% del sistema semi integrado fueron personas de menores ingresos. Preguntó si existe la posibilidad, técnicamente, de que algún contribuyente de bajos ingresos reciba un dividendo y quede afecto al impuesto del 9,45% del sistema semi integrado. Si existe esa posibilidad, consultó si le parece que se debe ajustar para informarse y cambiarse de régimen, y si necesitará asesoría para ello. Preguntó también si distingue la capacidad contributiva de los contribuyentes o aplica a todos por igual. Finalmente, si, en ese supuesto, sigue sosteniendo que este sistema es uno regresivo. Por otra parte, si sólo 1 de cada 4 pymes se acogieron al 14 ter, cerca de 700 mil no están en este régimen, y de ellas, solo 150 mil están en el semi integrado, 130 mil de las cuales tienen un giro operativo y 14 mil giro solo de inversiones, preguntó si existen requisitos formales para acogerse, si para hacerlo, deben pagarse impuestos por las utilidades acumuladas, o hay desconocimiento respecto a esta opción. Preguntó si le parece exitoso un régimen que incluye solo al 24% de las pymes, y si le parece deseable que automáticamente se le permita a las pymes acceder a los beneficios consagrados en su favor. Respecto a la vigencia de la reforma tributaria, consultó si sabía el señor Jorrat que las propuestas se trabajaron con los profesionales del SII, considerando la experiencia de la factura electrónica y la consideración del voucher de Transbank como boleta.

El señor Jorrat señaló que teóricamente existe la posibilidad de que una empresa pequeña pague el 9,45%, pero el punto es que la hipótesis del gobierno es que la integración total del actual régimen semi integrado, restauraría la equidad horizontal que supuestamente se perdió. El error de ese análisis es que no hay pyme obligada a estar en el régimen semi integrado si no quiere estarlo, porque puede optar por el 14 ter o la renta atribuida. Recordó que el régimen semi integrado fue propuesto por la entonces oposición. Reconoció que existen ciertas limitaciones, por ejemplo, para las sociedades anónimas, pero aclaró que estas constituyen solo un 1,6% de todas las pymes.

Sobre el eventual éxito del sistema evaluado desde la perspectiva del porcentaje de pymes que se acogieron a él, señaló que hay que ver que más del 80% están en el sistema de renta atribuida o en el 14 ter. No consideró malo que haya cerca de 200 mil en el 14 ter, porque en los sistemas anteriores no llegaban a los 80 mil. Desde este punto de vista, es un éxito.

Respecto a la recaudación a partir de la boleta electrónica, la pregunta que debiera responder el Ejecutivo es cuál es el mecanismo a partir del cual este cambio recaudará más de 1 peso, cuestión que nadie ha mencionado. No por el hecho que el comerciante haga la boleta en el celular, va a estar más dispuesto a dar la boleta.

El diputado Ramírez indicó que se está discutiendo este proyecto para arreglar los problemas que dejó la reforma anterior, que lesionó la capacidad de crecer del país, redujo la inversión, generó pérdidas del empleo, etc. Algunos de los errores que se cometieron tuvieron que ver con la falta de capacidad de las personas que la defendieron en esa época de predecir bien cuáles iban a ser sus efectos. En ese entonces se dijo que la reforma recaudaría 3 puntos del PIB, incluso más de USD 8.200 millones por efectos del crecimiento, el que en definitiva no se produjo. Sus predicciones estuvieron erradas, y hoy hace otra predicción que consideró el señor Ramírez particularmente grave, a saber, que la boleta electrónica recaudará 0. Preguntó en qué se basa para afirmar esto.

El diputado Núñez recordó que en la discusión de la ley de presupuestos en la Sala de Sesiones, le consultó al Director de Presupuestos por la recaudación de la reforma tributaria vigente, dato con el que aún no cuentan, lo que consideró inverosímil. Agregó que no puede votarse responsablemente un cambio al sistema sin no se conocen estos antecedentes.

El diputado Auth señaló que se dice que el principal cambio tributario, que significaría una pérdida de USD 800 millones, se compensaría principalmente por el incremento en la recaudación del IVA a través de la boleta electrónica. Existe discusión respecto de quién es el beneficiario de esos USD 800 millones, que podrían ser el 1% más rico y los extranjeros que tributan en Chile. Consideró regresivo que una pérdida en la recaudación que beneficia a un pequeño porcentaje se resuelva con un impuesto que grava a la totalidad de la población. Por otra parte, consultó cómo se fundamenta la recaudación en régimen de más de USD 1.000 millones por la vía de la boleta electrónica, es decir, por qué pasar de escribir algo con la mano a hacerlo mediante un celular u otro dispositivo, generará de manera espontánea esta cantidad de recursos. Lo que debe discutirse es la carga tributaria y quién aporta a la recaudación fiscal, no sobre la reducción de impuestos a un sector y su compensación a través de mayor recaudación desde otro sector. Puso de manifiesto que ciertos elementos de la reforma que a su juicio tendrían impacto financiero, no aparecen reflejados en el respectivo informe, por ejemplo, las modificaciones al concepto de gastos. Si se amplía el concepto, es lógico que haya una menor recaudación, siendo algo básico que se cuantifique. Por otra parte, preguntó qué sentido tiene que la bencina y el diesel se encuentren gravados de forma diferente, cuando tienen ambos un impacto sobre el medio ambiente, al igual que lo tiene tanto el automóvil particular como la retroexcavadora.

El diputado Kuschel se refirió al efecto de la reforma tributaria de 2014 y el brusco aumento de la deuda pública chilena experimentado entre el 2014 y el 2018. Solicitó se explique si es que existe una relación entre ambos.

El diputado Pérez consultó cuál de los dos sistemas, el vigente o el propuesto, es más fácil de cumplir y de fiscalizar.

El señor Jorrat expresó en primer lugar que el advirtió durante la discusión del régimen semi integrado que este era especialmente vulnerable a la elusión, debido, por ejemplo, a la posibilidad de que sobre endeudando a la empresa la carga tributaria se ve disminuida. Respecto a la boleta electrónica, recordó que el mensaje presidencial señala que la estimación se basa en la experiencia de la factura electrónica, que habría permitido reducir la evasión del 25% al 20% entre 2014 y 2015. Advirtió que ahí hay un error contundente porque la obligatoriedad de la factura electrónica rigió a partir de 2016 y 2017. Por otra parte, la factura electrónica es muy distinta a la boleta, porque aquella permite que SII contraste la información del vendedor, con la que entrega el comprador, y por tanto si no cuadra, detecta la evasión. En el caso de las ventas al consumidor final, no hay una contrastación de información, porque no está obligado a declarar nada ante SII respecto a sus compras. El informe financiero consigna que la estimación se hizo en base a un estudio del SII sobre la experiencia del voucher de las tarjetas de crédito como reemplazo de la boleta. El estudio concluyó que eso tenía cierto efecto en la recaudación, pero no es comparable, porque aquí lo que genera un aumento en la recaudación es que el SII, a raíz de una facultad incorporada el 2014, puede acceder a la base de datos de Transbank, conociendo las ventas que cada comercio efectuó con tarjeta de crédito o débito, imposibilitando la evasión respecto a esas operaciones. Respecto a las transacciones en efectivo, da lo mismo el medio por el que se haga la boleta, si no se quiere hacer, no se hará, aún cuando deba hacerse a través de una máquina. Agregó que algunas personas dan las boletas en papel, pero llegado el momento de declarar el impuesto, se dan cuenta que no tienen los recursos suficientes para pagarlos, y deciden no declarar algunas boletas ya hechas. Eso podría eliminarse con la boleta electrónica, porque la información llegaría al SII al momento de hacer la boleta, pero esto es muy marginal, según un estudio realizado en 2017. Otra razón que podría incidir en la mayor recaudación es que el sistema electrónico da una mayor sensación de control sobre los comerciantes.

El diputado Melero consultó por el efecto que tendría la obligación que recaerá en el comerciante de conciliar lo que compró con factura electrónica respecto a lo que vende con boleta electrónica, dificultándole, por consiguiente, evadir. El señor Jorrat explicó que actualmente los comerciantes deben cuadrar lo que compran y lo que venden, porque de lo contrario, quienes tienen una relación débito-crédito muy baja son candidatos a ser fiscalizados. Lo que podría contribuir a la recaudación es que se promueva el uso de tarjetas como medio de pago. Por otra parte, valoró el efecto que tiene la boleta electrónica desde el punto de vista de los deberes del contribuyente, particularmente el hecho que lo exime del timbrado de papeles, pero enfatizó que el efecto recaudatorio es marginal. El diputado Melero solicitó a la comisión recibir a Carolina Fuensalida Merino, Coordina de Modernización Tributaria del Ministerio de Hacienda, para que pueda explicar este tema. Así se acordó.

La señorita Fuensalida agradeció la oportunidad, advirtió que no es la autora del informe financiero, pero manifestó su interés en relevar el modo en que va a actuar la boleta electrónica desde el punto de vista de la recaudación. Consideró importante destacar que la obligación de emitir electrónica es de carácter legal, cuyo objetivo es reducir la evasión. No se pretende financiar el proyecto a costa de todos los chilenos, sino que se quiere utilizarla como un medio de digitalización, tal como ocurrió con la guía de despacho y la factura electrónica. Agregó que hoy la factura electrónica muestra comportamientos relevantes de quienes se dedican al comercio, su relación crédito-débito. Hoy, al no existir la boleta electrónica, lo que sucede es que pueden existir desfases relevantes entre la emisión de la boleta manual y electrónica. Esta última, permite que el SII cuente en tiempo real con información que antes tenía que recibir con retrasos de hasta 3 meses, a través de los formularios 29. Esto permite disminuir en forma significativa la evasión tributaria. Hizo presente que el actual Director del SII y sus Subdirectores fueron los que entregaron informes que contienen antecedentes que avalan esta afirmación. Por otra parte, advirtió que el informe financiero no solo se refiere a la mayor recaudación por esta vía, sino que también contempla el impuesto a la renta, se ve afectado por lo que ocurre respecto al IVA. Coincidió en que avanzar hacia una economía más “plástica”, en el sentido de que el pago por medio de tarjetas supere progresivamente al uso de efectivo, constituirá un gran paso hacia mejores herramientas de recaudación.

El señor Jorrat manifestó que sigue sin entender cómo esa información que pasará de ser recibida mensualmente a estar disponible en tiempo real, ayudará al Servicio a reducir la evasión. También será relevante evaluar si el SII tendrá la capacidad de utilizar esta gran cantidad de información.

El señor Frigolett coincidió con el señor Jorrat, y graficó la situación actual de los comerciantes, quienes hacen compras, acumulan stock para hacer las ventas de todo un mes. En este contexto, indicó que no hay diferencia respecto a que el comerciante haga esto, cierre su local, llegue a su casa, y ahí emita las boletas correspondientes. Preguntó si se estará controlando el horario y lugar en que se emiten las boletas.

La señorita Fuensalida explicó que la forma en que han trabajado con el SII, revela que la información georreferencial que podrá tener en tiempo real, impedirá su manipulación o la confección de boletas irregulares. Porque en su combinación con la factura electrónica, y a través de la comparación con los márgenes de la industria, del sector geográfico, etc., significará para el SII contar con la información necesaria para combatir la evasión.

El diputado Auth recordó que el informe financiero señala que la principal fuente de compensación a la reducción de la recaudación es justamente la boleta electrónica. Manifestó su interés por conocer cómo se llega a la cifra concreta y cómo puede incidir la digitalización de la boleta en el comportamiento del comerciante. La señorita Fuensalida indicó que lo que se quiere es utilizar procedimientos valiosos y expeditos para hacer efectiva una obligación legal que se encuentra vigente. Aclaró que no niega que esta sea una importante forma de recaudación, pero sí está en desacuerdo con que se diga que esta es una medida que va a en contra de todos los chilenos. Finalmente, sí considera que, tal como ocurrió con el voucher, la boleta electrónica tendrá un importante efecto en el comportamiento de los contribuyentes.

El señor Jorrat expresó que, desde un punto de vista de la sencillez para cumplir y fiscalizar, ambos sistemas, el actual y el propuesto, son iguales, porque en el fondo, hoy hay un régimen único, el semi integrado, con dos para pymes, que se cambia por el sistema integrado con varias alternativas para pymes y los registros que se deben llevar son básicamente los mismos.

El diputado Schilling consultó cómo se compatibiliza este mecanismo, cuyo objetivo es evitar la elusión, con la propuesta que relaja la redacción de la norma antielusión.

La señora Fuensalida señaló que el gobierno ha manifestado en forma reiterada la necesidad de una norma antielusión, en el estado de avance tributario del país. Pero consideró que esa norma no es más que el reflejo de ciertos principios generales del derecho que ya existían en Chile, y que hizo necesario que el SII contara con las atribuciones para modelar las conductas de los contribuyentes en lo que a elusión tributaria se refiere. La norma promulgación de la norma constituyó un avance, pero no se ha logrado aplicar en ningún caso. Este proyecto incorpora normas que son propias del derecho chileno, no imita legislación de otras naciones. Utiliza un lenguaje conocido por los tribunales y el SII. Aumenta las sanciones a los asesores tributarios, teniendo plena conciencia que son muchas veces estos quienes no dan los buenos consejos que se necesitan. Manifestó la disposición del gobierno a introducir todas las mejoras que sean necesarias.

10.-PRESIDENTE NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, SEÑOR MARCOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ[29]. Agradeció la oportunidad de comentar un proyecto que, advirtió, ha sido elaborado a puertas cerradas por el Ministerio. Consideró que el Servicio de Impuestos Internos que es la institución encarga de los impuestos en Chile, no puede ser relegada a una caja de recepción de las declaraciones de los contribuyentes, limitándose sus atribuciones e interviniendo en su autonomía con la creación de la DEDECON. Estructuró su presentación a partir de las razones por las cuales manifiestan su rechazo al proyecto, a saber, razones institucionales, sindicales y ciudadanas.

Las razones institucionales dicen relación con que este proyecto asume a priori una crítica infundada a nuestra institución, que no se condice con los numerosos reconocimientos otorgados por organismos públicos y privados nacionales e internacionales, ni con los indicadores de fallos en tribunales. Destacó, entre los principales reconocimientos de los últimos 10 años el Premio Procalidad 2018 (UAI-PRAXIS), el Premio Anual a por excelencia institucional (PAEI 2008, 2010, 2012, 2018), el premio del Club CIO 2015 (CETIUC), el Premio a la innovación tecnológica 2011 (DNSC), el premio del Colegio de Ingenieros 2010 (aporte al desarrollo del país) y el Premio a la integridad y Transparencia (CIAT 2010).

Las estadísticas relativas a gastos observados o rechazados revelan que estos representan una ínfima proporción respecto al total, lo que da cuenta del foco legalista de la institución en sus acciones fiscalizadoras.

Continuó con una segunda observación del proyecto, a saber, que sustrae las principales atribuciones fiscalizadoras del Servicio:

1.Elimina facultad exclusiva de interpretación de normas tributarias.

2.Deroga en la práctica norma general anti elusión.

3.Nos quita la facultad de cuestionar los gastos tributarios y amplía ítems que reducirán la base imponible: sueldos empresariales, créditos incobrables, pagos compensatorios, responsabilidad social empresarial.

4.Establece limitaciones a solicitud de documentos y pruebas a plazos de prescripción (3 y 6 años): perdidas de arrastre, remanentes IVA, capital propio, reorganizaciones (incisos 6,7 y 8, art. 21).

5.Impone silencio positivo en materia tributaria, criterio explícitamente excluido de la Ley 18.880 en áreas que involucren patrimonio fiscal (art.65) y que no se aplica en Iberoamérica e interamérica (CIAT (2015): Código tributario para América Latina (art. 88 y 95). Incluye a 42 países, entre ellos Chile, EEUU, España, Francia, España, México y toda Sudamérica. Organismo financiado por el BID.) Incluye una cláusula de aviso previo, que limitará su uso a contribuyentes asesorados.

6.Elimina normas de radicación de arts. 59 y 59 bis (cambio domicilio).

7.Incorpora como derecho de los contribuyentes el que no se repita el examen de antecedentes en procesos de fiscalización (arts. 8 y 59 bis), lo que pone en riesgo planes de fiscalización selectiva.

8.Nueva norma general de tasación, otorga derecho al contribuyente de escoger métodos de valoración.

9.Supedita normas tributarias al del derecho común.

10.Peso de la prueba recae en el SII, cuando por norma y jurisprudencia, éste recae en quien invoca un derecho (contribuyente.

Todos estos cambios van en sentido opuesto a los estándares tributarios modernos y modificaran sustantivamente la fiscalización tributaria. El impacto en recaudación de todas estas limitaciones a la fiscalización, no están cuantificadas en el informe financiero del proyecto.

Agregó que el proyecto también debilita la autonomía del SII, porque la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), estará dirigida por actores que son contrapartes interesadas ante el SII, que tendrán facultades para interpretar normas tributarias, observar planes y programas institucionales, denunciar actuaciones de autoridades y funcionarios, y citarlos a declarar. Impone mediaciones obligatorias y plazos de respuesta acotados. Se crea un registro público de no acuerdos e incumplimiento de plazos, manteniendo en secreto los acuerdos y cumplimientos. Contempla también un “perdonazo” de multas e intereses de causas radicadas en Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Por otra parte, el proyecto exige nuevos estándares y desafíos, reduciendo la dotación de personal del Servicio. Plantea una reducción de un número indeterminado de funcionarios, que va en contraposición al reciente aumento a partir de la reforma tributaria y ley de fortalecimiento del SII. Demanda la implementación de nuevas soluciones tecnológicas, con una dotación informática que se está haciendo insuficiente y reduce sustantivamente plazos de respuesta en procesos clave, sin considerar la capacidad de respuesta de la dotación vigente.

Entre las razones sindicales para oponerse al proyecto, indicó que este continúa debilitando el modelo de empleo público, porque otorga facultades amplias al Presidente de la República para redestinar a funcionarios a la nueva Defensoría del Contribuyente en dos etapas: creación y ampliación a regiones. Incluye cláusulas que permiten el despido de funcionarios ante incumplimientos de plazos, indistintamente su calidad jurídica (planta o contrata). Transgrede derechos fundamentales en el trabajo, a través de registro público de denuncias, prohibiciones de por vida y redestinación.

Como razones ciudadanas de oposición al proyecto, manifestó que aumenta las desigualdades en el país. Plantea una rebaja indirecta de impuestos para grandes empresas y personas de mayores ingresos, por más de 1.000 millones de dólares al año (equivalente a 17 teletones). Para compensar esta rebaja, aumenta la carga tributaria de toda la población, a través de impuestos a la economía digital y boleta electrónica. El diseño planteado, amplía las diferencias entre las rentas de trabajo y capital e introduce diferencias territoriales (Araucanía) y entre economía tradicional v/s digital.

Por otra parte, arriesga una reducción significativa del presupuesto Estatal. El informe financiero se sustenta en fundamentos hipotéticos de alto riesgo e incertidumbre, que permiten suponer que se trata de un proyecto financieramente deficitario. Existen importantes dudas si es que la boleta electrónica obligatoria podrá recaudar lo que se proyecta (se estima en máximo 162 USD millones, 15% de lo proyectado). Las dudas se acrecientan, al no existir estimaciones del impacto económico de medidas de limitaciones al rol fiscalizador del SII. De ocurrir esto, el proyecto arriesga una reducción importante de los ingresos fiscales, que inevitablemente impactará en la sustentabilidad de políticas sociales y del empleo público.

A su vez, consolida un escenario de cambios tributarios permanentes, ante cambios de coaliciones de gobierno. En vez de simplificar, complejiza el sistema y tributación, aumentando de 3 a 5 regímenes: general (14A) y 4 regímenes pymes: 14D (contabilidad completa, en base caja y renta presunta) y renta de transparencia (14F). Porque instala costos adicionales a contribuyentes más pequeños, a través del sistema de boleta electrónica y requisitos de contabilidad pymes.

Como conclusión, propuso rechazar este proyecto de ley, por no contar con bases mínimas; generar un debate amplio, democrático y ciudadano, que otorgue legitimidad y representatividad de medidas sobre modernización tributaria y fortalecimiento de derechos de los contribuyentes; impulsar programas de formación cívica en materia tributaria, para elevar el nivel de comprensión y compromiso de la ciudadana; y continuar fortaleciendo nuestros organismos tributarios: SII, Aduanas, Tesorería y Tribunales Tributarios y Aduaneros.

El diputado Melero planteó que un importante grupo de empleados del SII participaron en la elaboración de este proyecto. Además, que es aquí, en el Congreso, donde se plantean las diversas posiciones de la sociedad y se delibera en torno a ellas. Consultó si el Director Nacional, el Subdirector Jurídico, el de Fiscalización, entre otros, que consta que participaron en la elaboración del proyecto, los representan en alguna medida. Preguntó si durante la elaboración y discusión del proyecto de reforma de 2014 tuvieron como asociación alguna participación. Respecto a la presunta derogación en la práctica de la NGA, consideró que este proyecto, al contrario, la robustece. Por ello, pidió mayor detalle y fundamentos de su afirmación. Respecto a la definición general de gasto, que fue muy trabajada con el SII, pidió también mayores antecedentes. En el tema de la prescripción, estimó que el proyecto apunta a su aplicación efectiva, por lo que también pidió más información.

El diputado Auth consultó si tienen alguna estimación de los costos financieros no considerados en el informe y en qué medida el cambio en la norma anti elusión generaría mayor elusión.

El diputado Kuschel indicó que la reforma anterior generó un sistema altamente complejo que pocas personas logran incluso hoy comprender, sobre todo en regiones. Expresó que en su región, la de Los Lagos, cayó la inversión en los sectores turísticoS, agroindustrial y salmonero. Paralelamente con eso, aumentó la deuda pública, de las empresas y de las familias. Solicitó que el expositor formule algunas sugerencias para poder solucionar la complejidad del sistema actual.

El diputado Monsalve recordó que el proyecto original era bastante simple. Durante su tramitación en el Senado se agregó la complejidad a través de la introducción del sistema semi integrado. Por otra parte, la deuda pública chilena es de 25 puntos del PIB, siendo de las más bajas de Latinoamérica. Pidió más detalle respecto a lo afirmado en torno a las facultades para fiscalizar los gastos, y dónde se concentran los litigios por este tema, geográficamente y según qué tipo de contribuyente. También solicitó mayor información respecto a las limitaciones propuestas a los plazos de prescripción. Finalmente, respecto al silencio positivo, pidió información sobre si esta disposición tiene símiles en el derecho comparado en materia tributaria o al menos en otras ramas del derecho.

El diputado Ramírez indicó que si se considera que el sistema semi integrado es el que genera complejidades e inequidades, la meta debe ser cómo se reforma ese sistema. Expresó que diversos expositores, con cifras y estudios, han desmentido esa afirmación que asegura que esta reforma recauda mil millones de dólares menos y que eso va en beneficio del 1% más rico de la población.

El diputado Schilling manifestó que no se niega de plano a la idea de legislar en esta materia. Consideró necesario modernizar y simplificar, pero a favor de las pequeñas y medianas empresas, no de las grandes. Estimó que no tienen la misma naturaleza las rentas provenientes del trabajo que las del capital. Está dispuesto a reintegrar el sistema, pero con una discusión transparente que exponga a través de qué impuestos se equilibrará la menor recaudación que traería aparejada.

El diputado Santana consultó cuál es el fundamento para afirmar que la boleta electrónica recaudará sólo un 15% de lo proyectado. Respecto a la DEDECON pidió entregar la visión de los expositores, desde la perspectiva de los derechos del contribuyente.

El señor González anunció el envío por escrito de los insumos que actualmente se encuentran elaborando para nutrir la discusión del proyecto. Indicó que como política sindical han ido consolidando una política de participación activa en la discusión de todo proyecto de ley que pudiera tener un impacto sobre los funcionarios. Respecto al monto de la recaudación a partir de la implementación de la boleta electrónica, indican que es un error conceptual homologar lo acaecido con la factura, porque esta da derecho a crédito. Agregó que el grueso de la recaudación a partir de boletas se hace actualmente a través de un convenio con Transbank. Respecto a la prescripción, planteó la pregunta sobre por qué sólo rige para las facultades del SII y no también para ciertos actos que el contribuyente debe ejecutar. Sobre la estimación de los costos financieros no consignados en el informe, reconoció que es un tema complejo. Sin embargo, observó que, a partir de la base de los gastos rechazados, que equivalen al 0,1% del total de gastos, y de este porcentaje, el 98% corresponde a grandes empresas, entienden que sea de este sector desde el cual se plantea esta demanda. En cuanto al silencio positivo, recordó que antes de la reforma tributaria, es el propio SII uno de los actores que promovieron la creación de los TTA, y celebran también que se formalicen los derechos de los contribuyentes, pero este tema plantea también la pregunta sobre por qué se propone en Chile, en circunstancias que países como EEUU, Argentina o España no lo consideran. Tampoco es recomendado por organizaciones internacionales. Respecto a la NGA, a nivel comparado se contempla como una herramienta privativa de los organismos de fiscalización tributaria. En Chile se permite incluso su utilización por los TTA. Lo anterior obliga a preguntarse por qué se legisla aumentando la complejidad en su aplicación. Concluyó señalando que su presentación da cuenta de las ideas de los funcionarios del órgano de fiscalización tributaria. Esperó continuar aportando a la discusión, e instó a los legisladores a no debilitar las facultades de los órganos del Estado.

11.-JAVIER ALARCÓN ROJAS, PRESIDENTE (S) ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS[30] Comenzó recordando que el año 2009 se aprobó la Ley Nº 20.322, cuyo principal objetivo era perfeccionar la justicia tributaria y aduanera en nuestro país. La situación anterior a dicha norma era que los problemas impositivos entre los particulares, el Servicio de Impuestos Internos (“SII”) y el Servicio Nacional de Aduanas (“Aduanas”) eran resueltos por la misma institución. Por tanto, si un particular era afectado en su patrimonio por el SII, éste debía reclamar ante el mismo Servicio. El conflicto de interés era evidente, porque tanto Aduanas como el SII se constituían en juez y parte, lo cual atentaba contra los valores básicos de imparcialidad e independencia que exige toda judicatura. Actualmente, existen 18 Tribunales Tributarios y Aduaneros, que ejercen su jurisdicción, en primera instancia, a lo largo del país.

Se refirió a las problemáticas actuales en materia de acceso a la Justicia Tributaria y Aduanera. Indicó que el artículo 19, numeral 3°, inciso 1°, de la Constitución de la República, garantiza a todas las personas "la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”. De dicha garantía constitucional, podemos reconocer ciertas condiciones implícitas que ha dispuesto la Constitución, y que tanto la Jurisprudencia y la Doctrina han reconocido:

- Derecho a la acción;

- Derecho de acceso a la justicia;

- Derecho a la defensa jurídica y letrada (gratuita, en algunos casos); etc.

En este contexto, los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), han sido testigos de problemas graves en el acceso a la justicia en los juicios que conocen, en particular, de aquellos contribuyentes que carecen de los medios económicos para defenderse de actuaciones emanadas desde la administración tributaria (SII y/o Aduanas). Así, podemos advertir las siguientes causas:

- Desinformación por parte de los contribuyentes para reclamar y ejercer sus derechos;

- Concurrencia a los TTA sin asistencia letrada;

- Costo/beneficio de reclamar;

- Creencia sesgada que los TTA fallan a favor del FISCO; etc.

Como consecuencia de lo anterior, según el resultado estadísticas del año 2017, a nivel nacional, el 70% de los juicios son resueltos a favor del FISCO y 29,6% a favor del contribuyente.

El proyecto sobre Modernización Tributaria, en su artículo 23, contempla la creación de un NUEVO servicio público, la Defensoría del Contribuyente DEDECON), la cual apoyamos, pero discrepamos de cuestiones esenciales de su competencia y organización. Al respecto, el Ejecutivo señala como fundamento para su generación, lo siguiente:

“(DEDECON) estará a cargo de velar por el respeto de los derechos de los contribuyentes, especialmente de los más vulnerables y pymes. Será una entidad que sin tener facultades jurisdiccionales, ni de representación judicial de los contribuyentes, tendrá un relevante rol de mediación de los conflictos que se presenten entre el Servicio y los contribuyentes…”.

Así, del tenor de las facultades y competencias de la DEDECON, podemos advertir las siguientes críticas:

1. Carece de la facultad de representación judicial, no haciéndose cargo del grave problema de acceso a la justicia, que enfrentan pequeños contribuyentes y pymes.

2. La Defensoría omite a los contribuyentes de Aduanas y de la Tesorería General de la República.

3. La Defensoría viene en desmantelar y pone en peligro la independencia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y del SII.

4. Limita la publicidad y transparencia de los acuerdos que se alcancen por intermedio de la Defensoría entre Contribuyentes y el SII, plantea una incongruencia con el art. 8º de la CPR[31] y Ley Nº 20.285[32].

5. Dependencia del Ministerio de Hacienda, no asegura la debida independencia de la administración tributaria.

6. No cuenta con representaciones u oficinas regionales. Sobre este punto, la señora Marlene Leyton González, Directora de la Asociación manifestó que se trata de meros receptores de las presentaciones de los contribuyentes, las que serán tramitadas en su totalidad en Santiago.

7. Causal cesación en el cargo por disposición del Defensor infringe Estatuto Administrativo, empleos precarios e inestables.

El diputado Schilling consultó dónde se encuentra radicada la mayor cantidad de litigios tributarios.

El señor Alarcón respondió que la alta concentración de causas, aproximadamente en un 80%, se encuentra en la Región Metropolitana, específicamente en los tribunales tercero y cuarto, que tienen competencia sobre las comunas del sector oriente de la capital. Son los juicios más complejos, y su cuantía alcanzaría en conjunto alcanzaría cerca de USD 4.500 millones.

Añadió que tampoco fueron invitados a participar en la elaboración del proyecto por parte del Ministerio de Hacienda.

En cuanto al fortalecimiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, luego de 8 años de funcionamiento de los TTA, existe espacio para mejorar ciertos procedimientos e impulsar mejoras institucionales que permitan seguir avanzando en una judicatura especializada e independiente. Al respecto, proponen:

1. Encasillamiento de Funcionarios en calidad de contrata para plantas vacantes.

2. Especialización de la Segunda Instancia (Cortes de Apelaciones).

3. Instaurar la carrera funcionaria como un derecho.

4. Generar cambios en la Administración de los TTA, por ejemplo, migrando desde el Ministerio de Hacienda al de Justicia.

5. Mejoras en la tramitación de juicios: Incentivar la conciliación en sede judicial. Planteó lo anterior, porque el año pasado el Congreso Nacional despachó la ley 21.039 que estableció la conciliación como procedimiento alternativo de resolución de conflictos al interior de los tribunales, para evitar dilaciones innecesarias. En la práctica esta norma no tiene aplicación, ya que no se ha recibido de parte de las Direcciones Regionales del SII o Aduanas, las instrucciones necesarias para tal efecto.

Como observaciones al proyecto de ley en materia procedimientos ante TTA destacó los siguientes:

1. Disminuye plazo para interponer reclamaciones tributarias a 60 días (actualmente 90 días). Modifica el actual art. 124.

2. Burocratiza la relación contribuyente-administración tributaria: El proyecto agrega recurso jerárquico ante el recurso de reposición administrativa. Dilata proceso administrativo previo al judicial. (Nuevo art. 123 ter).

3. Despotencia la conciliación judicial recién implementada en Ley N° 21.039 (publicada en año 2017), al establecer un avenimiento extrajudicial. Duplica innecesariamente equivalentes jurisdiccionales de término de conflicto. (Nuevo Art. 132 ter)

El diputado Ramírez expresó que cuando se anunció el DEDECON se imaginó una figura que tuviera uñas y dientes, y con algún grado de injerencia en el ámbito judicial. Solicitó al Ejecutivo considerar las siete críticas que se plantearon en la presentación.

El diputado Melero recordó que esta figura del DEDECON fue muy solicitada por la pequeña y mediana empresa. Reconoció que el gobierno realizó algo innovador al plantearla, independientemente que se pueda fortalecer. Consultó si los expositores consideran que constituye un buen primer paso o si no sirva para nada. Agregó que el mensaje es muy claro al señalar que con esta figura se busca dar este primer paso. Preguntó qué proporción de los juicios seguidos ante los TTA podrían lograr una solución a través de la mediación.

El diputado Lorenzini adelantó que en estas condiciones rechazará el artículo relativo a la DEDECON.

El diputado Auth preguntó si, de focalizarse el DEDECON en representar y asesorar judicialmente a los pequeños contribuyentes, cumpliría una labor efectiva. Manifestó que reemplazar algunas funciones propias de los TTA no le parece el camino correcto. Estimó que el acceso asimétrico a la justicia es el problema a cuya solución se debe apuntar.

El señor Alarcón indicó que no se oponen a la creación de una defensoría, pero agregó que este es un ente mediador, no una defensoría. Hizo el símil con la justicia de familia, donde existe una instancia de mediación, pero además existe una corporación de asistencia judicial que provee de representación judicial gratuita a quienes no pueden proveérsela.

La señora Leyton indicó que este defensor no es un tercero imparcial, sino que participa, por ejemplo, en la elaboración de políticas públicas. En cuanto a la mediación, además consideró que no es del todo voluntaria, porque frente a un rechazo del acuerdo propuesto por el defensor, el contribuyente tendrá que acudir a los TTA asesorado por un abogado, cuestión que implica el desembolso de considerables recursos. Por otra parte, si el SII rechaza este acuerdo, el funcionario concreto se verá expuesto en la página web de la defensoría y en medios de comunicación.

El señor Alarcón agregó que están dispuestos a seguir trabajando para mejorar la redacción del articulado que regulará la DEDECON. Concluyó haciendo presente que hoy el pequeño contribuyente pierde el juicio por no contar con la adecuada representación.

12.-CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y TURISMO DE CHILE. EXPUSO SU PRESIDENTE, EL SEÑOR MANUEL MELERO ABAROA[33]. Inició su intervención manifestando que el sector que representan pasa por un momento difícil en cuanto a sus ventas y a su empleo formal. Ha caído en términos reales a una tasa anual del 2,4%, experimentando una pérdida de cerca de 50 mil empleos. Destacó que son los primeros empleadores nacionales, contratando a más de 1.5 millones de personas, en un 60% mujeres. Son los primeros en contratación de mujeres, jóvenes, adultos mayores e inmigrantes.

Acusó un crecimiento desmedido de la informalidad en la economía. En este sentido, consideró que la reforma tributaria puede y debe hacer mucho en la promoción del comercio formal.

Por su parte, otra amenaza al comercio formal la constituye la informalidad electrónica. En este ámbito estiman 5 mil millones de dólares de evasión de IVA. Aclaró que no están en contra de la digitalización, pero estimó que es necesario hacer un esfuerzo monumental de modernización y establecer sistemas de pago a través de plataformas electrónicas. Consideran muy adecuado avanzar en la boleta electrónica tal como lo propone el proyecto.

Respecto a los impuestos digitales, le han solicitado al gobierno su establecimiento. A este respecto, quieren competir con el mundo digital, pero en igualdad de condiciones. El modelo argentino considera un impuesto del 21%. Piden que a lo menos se iguale al 19% del IVA. Estiman que con esto se podría recaudar cerca de 300 millones de dólares, según consignó un Estudio CLAPES – UC, el que la comisión acordó solicitar.

Consideró que si bien el proyecto puede ser mejorado en diversos aspectos, este avanza en la línea correcta. Señaló que otro punto a perfeccionar es el término de la exención de que goza el ingreso al país de productos con valor FOB inferior a 30 dólares. Contabilizan 36 millones de paquetes que se encuentran en esta situación, en virtud de la cual no pagan impuesto alguno.

13.-TAMBIÉN EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, EXPUSO EL SEÑOR CHRISTIAN ASTE MEJÍAS, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN TRIBUTARIA DE LA MENCIONADA ASOCIACIÓN GREMIAL.

Expresó que en términos generales, la Cámara está a favor del proyecto, porque responde a los requerimientos de simplificación que se solicitan desde la publicación de la Ley 20.780 y asume y resuelve la inequidad que genera la subsistencia de dos sistemas de tributación. Recordó el principio constitucional de igual repartición de las cargas públicas e igualdad ante la ley. Advirtió que, conforme a la legislación vigente, por la estructura societaria de una empresa, se aplica un sistema de renta atribuida o bien uno parcialmente integrado. Lo anterior no responde a niveles de ingreso. Podría argumentarse que para estos efectos se estableció el artículo 14 ter, pero lo cierto es que dicha norma establece exigencias que muchas Pyme no estaban en condiciones de cumplir, porque debían reconocer un ingreso diferido por la diferencia entre el capital propio inicial y final.

Así, bajo el Sistema de Renta Atribuida (SRA), que aplica para determinados contribuyentes una tasa del IDPC de un 25% y en el que este constituye un crédito contra el Impuesto Final (IGC e IA) en un 100%, por una renta de 100 paga un 35%. En contraste, el Sistema Parcialmente Integrado (SPI) aplica para el resto de contribuyentes una tasa del IDPC de un 27%, que constituye un crédito contra el Impuesto Final (IGC e IA) solo en un 65%, lo que tiene como consecuencia que por 100 paga un 44,45%. Lo anterior implica una vulneración al principio de equidad, porque ante la misma riqueza, se establecen tributos diferentes. El proyecto viene a solucionar esta situación, a través de un sistema único integrado.

En este sentido, el proyecto integra el sistema y no limita esa integración a quienes reconozcan como retirada toda la utilidad de la empresa (SRA). Se establece bajo el artículo 14 Letra A) un solo régimen general, con tasa del 27% y 100% integrado. Se mantiene como base de tributación el concepto de capital propio tributario y se fijan límites temporales a la acción de fiscalización del SII. Sobre este último punto, destacó que los contribuyentes juegan en una cancha complicada, en razón de que el plazo de revisión que tiene el SII de 3 años, ampliado a 6 años cuando el contribuyente no declara, o su declaración es maliciosamente falsa. El proyecto lo que hace es impedir que, luego de una revisión exhaustiva al contribuyente, el SII revise nuevamente la misma partida que fue objeto de fiscalización. Consideró que esta propuesta no debiera generar ningún problema ni complicación para los funcionarios del Servicio que actúan con celo y rigor en las fiscalizaciones.

Por otra parte, se modifica el concepto de gasto, tornándolo más conforme a la realidad de los negocios. Puso como ejemplo a una persona que deja todos sus activos a una fundación con el propósito de que esta tome esos activos, y utilice sus dividendos para financiar la educación de niños pobres. La fundación receptora de los dividendos, los aplica al objetivo propuesto y el SII puede objetar la calidad de gasto de esta operación, porque no está en correlación a un ingreso. En este caso está en función de los estatutos de la fundación.

En relación al acceso al régimen especial del artículo 14 letra D) “Cláusula Pyme” es automático, lo que constituye un avance, frente a la ley actual que exige condiciones. El problema de la presunta complejidad por la existencia de tantas alternativas no es tal, porque opera por el solo ministerio de la ley a favor de ciertos contribuyentes. El beneficio para ellos es una tasa de 25% y no 27%. Es necesario llevar CONTABILIDAD, lo que resulta beneficioso porque las obliga a tener un sistema de información y les permite acceder a financiamiento.

Además, permite a quienes registran ingresos por menos de 10.000 UF, evitar pagar el IDPC y pagar en cambio el IGC según la propuesta del SII, elaborada conforme a la información que obra en su poder.

Se incorpora otra norma, llamada norma de transparencia, que autoriza a las empresas, cuyos dueños sean personas naturales y con ingresos menores a 50.000 UF, a eximirse del IDPC pagando directamente el IGC, lo que beneficiará a las empresas cuyos dueños tributan con una tasa final menor a la del IDPC (25%)

En cuanto a la implementación de la boleta electrónica, reconoció que constituye un evidente avance, pero que producirá los efectos esperados en la recaudación, solo si se avanza en una mayor bancarización, se masifica la emisión de tarjetas de prepago.

Se incorporaron modificaciones al Código Tributario que apuntan a reforzar los derechos de los contribuyentes:

-Aplicación supletoria de los principios generales del Derecho.

-Preclusión administrativa, tal como se expuso en torno a esta prohibición de desarrollar revisiones sobre cuestiones ya fiscalizadas.

-Más alternativas para resolver las controversias administrativas.

-Se incluye la figura del defensor del contribuyente. Agregó en este punto que hoy la ley exige la comparecencia de un abogado cuando la cuantía es de 32 UTM, lo que en la práctica se traduce en que todos quienes litigan ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros lo hacen con un abogado. Sería conveniente extender la tramitación digital también a estos tribunales. Coincidió con la necesidad de contar con una segunda instancia especializada. También estuvo de acuerdo con la propuesta de derogar el inciso undécimo del artículo 132 del Código Tributario, porque lo que procura es equilibrar al contribuyente frente a la administración, a través de la eliminación de una exclusión probatoria que le impide probar con antecedentes que el Servicio le requirió. El proyecto elimina ese inciso, permitiendo al contribuyente probar incluso con antecedentes que no pudo acompañar en la etapa administrativa.

Sugirió que bajo la cláusula PYME se incluyan a todas las empresas que la Ley 20.416 considera como tales (aquellos con ingresos por ventas de 100.000 UF), y no se restrinja su aplicación solo a las empresas con ingresos menores a 50.000 UF. Recordó que una empresa puede tener mucho ingreso pero poca utilidad.

También sugirió que se autorice a las empresas actualmente acogidas al artículo 14 ter, a aplicar el régimen sustitutivo que se reconoció a favor de las grandes empresas, considerando el promedio del IGC de sus dueños.

La salvedad de que se reconozca como alternativa de pago, el promedio del IGC de los dueños, en reemplazo de la tasa del 30% que refiere el artículo 25 transitorio del proyecto, responde a que éstos en general no están sujetos a esa tasa, sino a una mucho menor.

Propuso que se modifique la normativa que regula a los pequeños contribuyentes y que se contiene en el artículo 22 y siguientes, estableciendo que las micro empresas (ingresos anuales iguales o menores a 2,400 UF) paguen a su elección:

-El impuesto que el SII determine en función de los márgenes de la industria; o

-Un impuesto de un 20% aplicado sobre el 10% de su ingreso.

En cualquier caso, se les debe presumir ingresos para justificar inversiones por el equivalente a 1000 UF anuales.

Planteó que el Impuesto a los Servicios Digitales sea un 19% y no un 10%, y debiera aplicarse sobre el 100% del precio que se paga cuando el beneficiario es la plataforma digital, y sólo sobre la comisión y no el precio cuando lo que se paga corresponde a una comisión por una gestión de intermediación, como por ejemplo Uber o Airbnb. Recordó que a fines de junio comenzó a operar en Argentina el impuesto a las plataformas digitales con una tasa del 21%

Además, que el Defensor del Contribuyente se relacione con el Presidente de la República por medio del Ministerio de Justicia y no sea un órgano que dependa del Ministerio de Hacienda.

Consideró que constituye un imperativo económico y de justicia la aprobación de la integración (que el IDPC sea crédito en un 100% para todos los contribuyentes) y si es cuestionado por razones de recaudación, sugirió compensar el déficit bajo la fórmula que se distinga entre los contribuyentes que sean PYMES y el resto de las empresas, estableciéndose que sólo respecto de las PYMES (que incluiría a las empresas que facturan menos de 100.000 UF) el crédito por el IDPC dará derecho a devolución, y que en el resto de los contribuyentes, el IDPC no de derecho a devolución.

Graficó lo anterior sobre la base de los siguientes ejemplos:

1.- Situación actual. Empresa PyME – SpA - acogida al SPI. Tasa del 27% con crédito contra el IGC de sólo el 65%:

Explicó que el sistema actual, frente a una PYME acogida al régimen parcialmente integrado, debido a su estructura de SPA, si hace un retiro de $109.500.000 en función de una utilidad de $150.000.000, termina pagando $33.889.886 y el fisco le devuelve $6.610.114. La posición de la Cámara es que las empresas con ingresos por menos de 100.000 UF puedan acogerse a este sistema de pagar en función del retiro, con una tasa del 25% y 100% integrado.

2.- Situación contribuyentes acogidos al 14 ter. No pueden ser S.A. ni sociedades integradas por personas jurídicas. Tasa del 25%. Con crédito del 100%:

Planteó la siguiente alternativa de la CNC para las PYMES de tributación en base retiros:

Si el retiro es igual a la utilidad tributaria disponible para retirarse, el Impuesto a pagar sería equivalente al Sistema de Renta Atribuida:

Si el retiro es levemente menor a la utilidad tributaria disponible para retirarse, el impuesto que ingresaría a la caja fiscal sería levemente inferior:

Si el retiro es significativamente menor a la utilidad tributaria disponible para retirarse, el impuesto que ingresaría a la caja fiscal no disminuiría, sino que aumentaría, porque el IDPC no sería un crédito inmediato, sino que un crédito que aumenta el SAC (Saldo acumulado de crédito). Dos ejemplos:

1.- Uno de los socios posterga su retiro:

2.- Todos los socios retiran, conservando en beneficio de la empresa una parte de su utilidad tributaria:

Por otra parte, presentó la alternativa de la CNC para empresas NO PYMES: Que el IDPC sea crédito pero no de derecho a devolución.

1.- Ejemplo 1 CNC:

2.- Alternativa del gobierno:

3.- Ejemplo 2 CNC:

4.- Alternativa del gobierno:

Señaló que a nivel de la declaración, esta alternativa se podría materializar a través de dos formularios 22 separados: uno que consigne todas las rentas, salvo los retiros, los dividendos y el crédito; y otro con los retiros y los dividendos. Así, cuando la empresa madre no pueda acogerse a la cláusula PYME, el régimen no dará derecho a devolución, independiente del monto que tenga que pagar el contribuyente. Esto se traduce en que se evita el efecto indeseado en la recaudación y se beneficia a quienes tienen menos capacidad económica, las PYMES.

Concluyó expresando que desde la Cámara Nacional de Comercio consideran que el proyecto es extraordinariamente bueno y avanza significativamente en aspectos jurídicos relevantes. Recalcó que la integración debe establecerse con los matices que explicó.

Tras las exposiciones, el diputado Auth manifestó su completo acuerdo con el establecimiento de un impuesto a la economía digital coincidente con el que se aplica para el resto de la economía, no habiendo razones que justifiquen un trato diferenciado. Por otra parte, sobre los plazos dentro de los cuales el Servicio puede fiscalizar a un contribuyente, consultó si las sucesivas revisiones que realizan no son consecuencia de que a partir de la primera se revelan antecedentes que motivan una segunda y así. Respecto a la ampliación del concepto de gasto, consideró que no hay oposición de plano a su respecto, sino que lo que se exige es que se contabilice financieramente el costo de esa propuesta. En cuanto a la boleta electrónica, también se mostró partidario de su implementación, pero no que se incorpore como compensación de la pérdida en la recaudación. Por último preguntó cuánto significaría en términos de recursos para el fisco la no devolución del crédito del impuesto pagado a las grandes empresas.

El diputado Melero valoró la exposición, que es producto de haber recogido la opinión de todos los gremios que representan a nivel nacional. Preguntó si consideran que se alcanzará una meta de recaudación de al menos de USD 1.000 millones con la incorporación de la boleta electrónica y si esto ocurriría en un plazo breve. Por otra parte, consultó por el efecto positivo que genera la composición de factura electrónica y boleta electrónica, como elementos reductores de la evasión. Solicitó fundamentos para lo afirmado en torno a que el defensor se relacione con el Ministerio de Justicia y no con el de Hacienda. Finalmente, preguntó si la alternativa propuesta por la Cámara, tendiente a distinguir en la integración, a empresas grandes y a las PYMES pudiera generar algún efecto contraproducente.

El señor Melero señaló que no es lo mismo la evasión que se consiguió evitar con la factura electrónica que lo que se podría lograr con la boleta electrónica, por cuanto la primera genera un incentivo a emitirla para ambas partes, cuestión que no ocurre con la segunda. Creen que los USD 1.000 millones consignados en el proyecto puede ser una cifra conservadora, como también inalcanzable. Consideró que para llegar a esa cifra es necesaria la bancarización, la extensión del comercio y medios de pago electrónicos, entre otros factores. Hay una relación entre la boleta y factura electrónica, si es que el SII establece la trazabilidad de ese proceso, incluyendo la orden de compra. Hoy la tecnología permite muchísimas alternativas de cara a este objetivo, con el que están muy de acuerdo.

El señor Aste se refirió al fenómeno de la preclusión administrativa. Advirtió que justamente esa calificación deja a salvo las acciones penales que podrían ejercerse en caso de configurarse un ilícito penal, como por ejemplo, la entrega de información falsa.

Respecto al concepto gasto, señaló que la práctica consiste en que la empresa refleja como gasto todo lo que él señaló en su exposición, y lo que paga como impuesto es la utilidad ajustada conforme a la normativa tributaria. Muchas empresas interpretan que lo que han gastado constituye gasto necesario, por lo que no tiene efecto en la recaudación. El problema se produce en la fiscalización, porque cuando la hay, el SII irá a los gastos y le dirá al contribuyente que reconoció como gasto un ítem que no incide en la generación de la renta, y como consecuencia, lo rechazará.

El diputado Auth manifestó que si se amplía el concepto de gasto, es evidente que el rechazo de estos disminuirá, y que como consecuencia, se recaudarán menos impuestos. El señor Aste estuvo de acuerdo con lo planteado, pero expresó que lo que debe preguntarse es si rechazar gastos como los expuestos es o no justo.

Sobre la dependencia del defensor del Ministerio de Hacienda, señaló que proponen que pasa el de Justicia para evitar conflictos, porque si todos los organismos dependen del mismo Ministerio, se generan problemas al interior de la administración. Frente a ellos, es evidente que Hacienda estará del lado del SII, porque es el que genera la recaudación.

En cuanto a la propuesta relativa a la devolución del crédito, evidentemente tendrá un efecto significativo, porque los contribuyentes que tienen riqueza en Chile normalmente tienen muchos hijos y también sociedades de inversión, por lo que sus globales complementarios se ubican en los tramos bajos. En razón de ello, los retiros que hacen, si se les concede derecho a devolución, siempre el Fisco tendrá que girar un cheque. En cambio, los contribuyentes PYME, dueños de empresas que tienen un margen del 10%, tienen tasas finales de menos de un 35%, por ende es razonable que el Fisco les devuelva, ya que de lo contrario, estarían pagando en la práctica una tasa mayor al 27%.

14.-LA COMISIÓN RECIBIÓ AL SEÑOR FERNANDO BARRAZA LUENGO, DIRECTOR DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, quien comenzó su exposición destacando que el compromiso del Servicio de Impuestos Internos es asegurar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, para que el país cuente con los recursos necesarios para implementar las políticas públicas que aseguren el desarrollo y progreso de Chile y sus habitantes.

Agregó que El SII es un organismo técnico, y en ese rol le corresponde ejecutar e implementar las normas tributarias. Son un equipo humano de 5 mil funcionarios, altamente especializados, que contamos con las capacidades técnicas para adecuarnos a un contexto en permanente cambio, en que las normas tributarias están también en permanente revisión y evolución. Una de las funciones establecidas en nuestra ley orgánica constitucional apunta precisamente a “Asesorar e informar al Ministro de Hacienda, cuando este lo requiera, en materias de competencia del Servicio y en la adopción de las medidas que a su juicio sean necesarias para la mejor aplicación y fiscalización de las leyes tributarias…” • Es lo que han hecho en esta oportunidad, y es lo que han hecho también en todas las últimas reformas: participando institucionalmente con equipos multidisciplinarios de funcionarios, de distintas subdirecciones, en el análisis técnico de todos aquellos ámbitos de nuestra competencia. El SII en sus 116 años de trayectoria, como organismo técnico, ha debido trabajar con distintos gobiernos, en múltiples iniciativas de modificaciones tributarias y esta no ha sido la excepción.

La gestión del SII está basada principalmente en una estrategia integral de acción preventiva, que considera por una parte un Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario, basado en la gestión de riesgos y que considera acciones de tratamiento proporcionales al nivel de cumplimiento tributario, complementado con un Modelo de Atención y Asistencia al Contribuyente, con foco en mejorar la experiencia del contribuyente en su relación con nuestro Servicio, proceso en el que es fundamental hacernos cargo de sus percepciones y expectativas. Todo ello, basado en procesos estandarizados a nivel nacional, que buscan asegurar la equidad tributaria y evitar discrecionalidad.

Destacó que en Chile el 98% de la recaudación proviene del cumplimiento voluntario. Las acciones del Servicio comienzan con medidas de facilitación masivas para quienes cumplen, y con medidas de orientación y asistencia para quienes quieren cumplir pero a veces no saben cómo hacerlo. Luego se van aumentando la intensidad del control, dependiendo del nivel de incumplimiento, continuando con monitoreo y revisiones hasta llegar a auditorías más profundas, sanciones, e incluso querellas, en aquellos casos en que se detecta que deliberadamente se busca no cumplir con las obligaciones tributarias.

Los resultados de esta estrategia de gestión son positivos, tal como lo indican las cifras. Además del aumento sostenido de recaudación en los últimos años, solo en lo que va de este año, hasta octubre pasado, se ha registrado un aumento del 6,4% en materia de ingresos tributarios netos, donde los impuestos más relevantes siguen siendo Renta e IVA:

Respecto al proyecto de Ley de MT, éste incorpora distintos elementos que refuerzan nuestra acción:

• En general el proyecto moderniza la forma de relacionarse con el contribuyente en base a las tendencias y mejores prácticas observadas a nivel internacional considerando la progresiva digitalización de la economía y de los servicios.

• Aquellos contribuyentes que muestran buenos niveles de cumplimiento tributario podrán hacer todos sus trámites electrónicamente a distancia, mientras que aquellos que han decidido incumplir deberán siempre exponerse a las revisiones y sanciones que autoriza la Ley.

• Esto refuerza y consolida en la norma la relación digital que el SII hace años viene privilegiando.

• Se facilita el cumplimiento tributario, se hacen más simples los trámites y se logra mayor eficiencia.

• Lo que redunda en beneficios para el contribuyente.

• Y también para el SII porque permite contar con información de mejor calidad siempre disponible en archivos digitales, liberando horas que podrán destinarse a mejor fiscalización y cumplimiento tributario por parte del SII.

En materia preventiva, por ejemplo, introduce la carpeta tributaria electrónica equivalente a un escritorio virtual de interacción del contribuyente con el SII (art. 68 y 69 CT). Permite la reliquidación anual del IVA en casos de remanentes o diferencias de débitos transitorias mes a mes (art. 26 IVA). Incluye de manera expresa las acciones preventivas y colaborativas (art. 33 CT). Permite al SII comunicar los incumplimientos de manera electrónica, antes de proceder a una fiscalización correctiva y permite la autocorrección a distancia (art. 33 CT).

El proyecto refuerza también el foco correctivo de nuestro trabajo ante incumplimientos certeros, así por ejemplo, autoriza al SII a solicitar que ciertos trámites a distancia sean finalizados en una oficina, cuando el contribuyente presenta incumplimientos o alertas evidentes que además deberán serle comunicados en tiempo real (nuevo art. 59 bis CT). Permite la solicitud de medidas precautorias prejudiciales durante la fiscalización frente a contribuyentes que pudieran ocultar patrimonio para evitar la cobranza de la deuda tributaria (art. 137 CT). Se habilita al SII a presumir la falsedad de una factura para restringir el uso del crédito fiscal cuando no se logra acreditar el pago y no está contabilizada la cuenta bancaria (art. 23 N°5 IVA). Autoriza el giro inmediato de sumas registradas por la emisión de documentos electrónicos (art. 24 CT).

En materia de deberes, se fortalece la certeza tributaria, para el contribuyente, ya que establece plazos diferenciados y transparentes para las revisiones, de acuerdo a la profundidad de éstas (art. 59 CT). Establece reglas de revisión no duplicada, y reglas para la fiscalización consolidada e integral de grupos empresariales, evitando las revisiones parciales en diferentes equipos de fiscalización (art. 59 y 64 CT). Establece la condonación total cuando las causas del pago atrasado no son imputables al contribuyente (art. 56 CT). Amplia el catálogo de derechos de los contribuyentes fijando procedimientos especiales (art 8 bis CT). Introduce Silencio Positivo (art 10 CT) y Recurso Jerárquico. Especifica plazos y procedimientos en los siguientes casos:

• Posibilidad de revisar solo una vez (art. 59 CT).

• Revisión integral de grupos económicos (art. 64 CT).

• Plazo de antigüedad de los antecedentes (art. 21 CT).

• Plazo de certificación de recepción de antecedentes (art. 59 CT).

Respecto del silencio positivo, consideró que es una medida que no debiera afectar mayormente nuestra gestión, considerando, por ejemplo, que del total de peticiones que recibimos como servicio, casi el 99% se resuelven dentro de 3 meses, en los plazos que corresponden.

Con todo, en la historia del Servicio, han demostrado que contamos con las capacidades necesarias para asumir e implementar cualquier modificación a la norma tributaria, con los más altos estándares de eficiencia y efectividad.

Pero además, en su objetivo de poner al contribuyente al centro de la gestión, les interesa modelar nuestra relación con el contribuyente. Así si se quiere que cumpla, también se le debe cumplir, si se quiere que responda oportunamente, también se le debe responder oportunamente.

Independiente de ello, han estado conversando con las autoridades para incorporar algunas indicaciones para que en algunos casos no opere el silencio positivo:

Por ejemplo:

• Peticiones cuya resolución depende de información o documentación deba ser aportada por otra institución pública, chilena o extranjera.

• Peticiones en que se requiere la toma de razón de la CGR, como corresponde a las devoluciones de IVA, cuando superan las 2.500 UTM.

Respecto del Defensor del Contribuyentes, es una medida que forma parte de nuevas tendencias y prácticas a nivel internacional en las AT. Vela porque se respeten los derechos de los contribuyentes, con lo cual nosotros como SII somos los más interesados en que ocurra, como lo hemos demostrado con iniciativas como el rediseño de la RAV, a la cual puede acudir el contribuyente en sede administrativa. Creemos que su ámbito de acción es distinto al nuestro, porque opera en momentos distintos. Como Servicio, el foco es preventivo, buscando evitar el incumplimiento y entregándole al contribuyente la asistencia que requiera. En cambio, el DEDECON entra en acción cuando ya se ha producido una controversia entre el SII y el contribuyente. Con todo, consideró necesario precisar la manera en la cual se producirá el traspaso de funcionarios del SII y los TTA al DEDECON, debiendo ser en base a una postulación voluntaria, del mismo modo como fue en su oportunidad la conformación de la dotación de los TTA. Esto también ha sido conversado con las autoridades.

Respecto a la Cláusula PYME, trae una serie de medidas de simplificación, manteniendo los topes de ingreso para poder acogerse, se simplifican los requisitos de ingreso, autoriza al SII para liberar al contribuyente de la obligación de registros. Sobre la tributación en base a márgenes, indicó que es un procedimiento voluntario que asegura la correcta tributación del impuesto a la renta, mediante una propuesta de declaración de impuestos que se le ofrece al contribuyente. La tributación en base a márgenes es posible debido a que el SII ya genera propuestas pre-llenadas del formulario 29 (IVA, retenciones, PPM) y del formulario 22 (personas naturales y pequeñas empresas), en base a la información que entregan diferentes agentes retenedores o informantes, las que son utilizadas por más del 90% de los contribuyentes. Se trata de servicios de clase mundial que facilitan y simplifican el cumplimiento tributario, con altos niveles de certeza tributaria.

Sus requisitos son:

• Ventas propias y de relacionados hasta UF 10.000 al año (universo potencial de 782.000 contribuyentes).

• Sectores serán previamente definidos por el SII (ejemplo: comercio, restaurantes, sectores primarios, otros).

• El margen resultante es el promedio simple de los rangos de utilidad tributaria de cada clase de negocio y se aplicará sobre los ingresos brutos del contribuyente.

• Para determinar el margen se considerarán factores de costos, de gastos operacionales y de administración, tasas de uso o depreciación observados en el negocio respectivo.

Sus beneficios son:

• No aplica la fiscalización en la medida que contribuyente se mantenga dentro de rango del margen y no altere sus ingresos (relación con boleta electrónica es clave) ni tenga operaciones anómalas (como facturas falsas).

• Considera tributación completa con impuestos finales y transparencia. Se emitirá un certificado de movimientos que sea válido para fines comerciales y bancarios.

• Permite reconocer IVA crédito fiscal cuando el contribuyente no acredita sus adquisiciones efectivas.

Respecto a la norma antielusiva, la consideró muy relevante para la gestión del Servicio, para mantener y mejorar los niveles de cumplimiento tributario. Si bien a la fecha no han presentado aún ningún caso ante los TTA, en el marco de todas las acciones que hemos desarrollado, esta norma está en pleno uso. De hecho, los contribuyentes ya no están utilizando planificaciones tributarias agresivas y han comenzado a hacer consultas en el marco de la posibilidad que entrega la misma norma. A su vez, a través del catálogo de esquemas tributarios están preventivamente informando cuáles son los esquemas en los que están poniendo especial atención, lo que refuerza que la norma se está aplicando también a través de este instrumento. Desde esa perspectiva no ven que esto vaya a cambiar con las modificaciones que se están proponiendo, porque el carácter preventivo de la norma se mantiene. A su vez, consideramos que los cambios legales que se están estudiando no limitan las facultades de fiscalización del SII. Por su parte, si bien se imponen mayores niveles de exigencia operativa para el SII a la hora de decidir casos en que pudiese ser procedente la calificación de elusión, ello le otorga mayor certeza a los contribuyentes. Además, se establecen plazos más acotados para las respuestas a las consultas previas, lo que debiera incentivar aún más esta herramienta por parte de los contribuyentes. El enfoque preventivo es más eficaz que el correctivo en la modelación de la conducta de los contribuyentes y la disminución de brechas de cumplimiento tributario. Las actuales normas antielusivas admiten perfeccionamientos en materia de plazos y certeza. La propuesta establece mayores niveles de exigencia operacional y en plazos, lo que debiera incentivar herramientas como la consulta previa.

En cuanto al Impuesto a los Servicios Digitales, indicó que la revolución de las tecnologías de la información y comunicación está transformando la economía, sus cadenas de valor, y el modo en que se hacen los negocios, incidiendo en los sistemas tributarios. Existen diferentes modelos de negocios en constante evolución y a nivel global no existe un criterio uniforme para fines fiscales. La economía digital plantea desafíos a las administraciones tributarias:

• Identificación del contribuyente

• Determinación de la magnitud y alcance de la actividad

• Recopilación y comprobación de datos

• Identificación de los clientes

Respecto de la situación en Chile, destacó que la participación de la Economía Digital en el PIB alcanzaría el 3% (OECD y otros).

El nuevo impuesto constituye un avance importante para abordar el proceso tributario en la economía digital acorde con las acciones que se han venido tomando a nivel internacional. Les permitirá obtener información de:

• Prestadores de servicios digitales: Plataformas extranjeras.

• Agentes retenedores: Operadores de medios de pago.

• Prestadores domésticos de servicios intermediados.

El SII administrará las nóminas de agentes retenedores y prestadores de servicios digitales, e identificará aquellos que no estén incluidos, debiendo estarlo.

Sobre el concepto de gastos necesarios para producir la renta, señaló que los montos de Gastos Rechazados en el AT 2017 llegaron a 712 millones de dólares, los que sin embargo representan el 0,1% del total de gastos reportados en dicho período. La distribución de estos conceptos muestra una concentración en las empresas grandes, tanto para gastos rechazados como para gastos aceptados, representando e ambos casos en torno al 83% del total nacional.

Ello no es de extrañar debido a que un elemento relevante que muestran las cifras es que la estructura económica y tributaria del país está concentrada en las grandes empresas.

En cuanto a la integración, expresó que en las estimaciones de su impacto se obtiene un beneficio para los contribuyentes de 833 millones de dólares, en régimen. De éstos, 336 millones (un 40%) corresponde a contribuyentes de impuesto adicional, es decir no residentes en Chile que reciben utilidades de empresas chilenas. El 60% restante, unos 497 millones de dólares, se distribuye entre contribuyentes residentes en Chile, que por regla general tributan con Impuesto Global Complementario.

Por su parte, por tamaño de empresas, de los US$ 497 millones, destinados al Impuesto Global Complementario, el 69% corresponde a socios o accionistas de Mipymes, y el 31% restante a socios o accionistas de grandes empresas.

Al revisar la distribución de empresas por régimen del año 2017, se observa que de un total de 1.068.170, el 56% se encuentran adscritas al régimen atribuido (14 A), 27% al régimen simplificado PYME (14 ter) y el 17% restante al régimen parcialmente integrado (14 B). La integración de impuestos a la renta beneficia en total a los socios de las 184.270 empresas del 14 B. De ellas, el 94% (172.714 empresas), son Mipymes, esto es empresas cuyas ventas anuales no sobrepasan las 100.000 UF.

En materia de evasión, a pesar de los esfuerzos que han venido haciendo sistemáticamente en los últimos años, gracias a los que han venido bajando prácticamente un punto por año la evasión, todavía hay hoy una evasión estimada del 19,95% que presenta 5.400 millones de dólares, solo en IVA. Aquí está lo relevante en materia de recaudación. Cada punto de la evasión supera los 600 millones de dólares, sumado IVA y Renta. En esta reducción de un punto de evasión por año, ha sido relevante la implementación de la factura electrónica. Sin embargo, ya llegamos a la implementación del 100% de la factura electrónica, y corremos el riesgo de que la pendiente de reducción de la evasión empiece a ser asintótica. Por lo tanto, requerimos de un cambio estructural que nos permita generar un punto de inflexión tal que podamos seguir reduciendo drásticamente la evasión. Y ese cambio es la boleta electrónica.

La boleta electrónica es parte de una estratégica que han venido desarrollando para enfrentar la evasión del IVA desde hace muchos años. Ya el 2003 comenzaron con la factura electrónica y han seguido incorporando otros productos destinados a combatir la evasión. Así como la factura electrónica mostró su efectividad, el próximo paso necesario, imprescindible y natural es la boleta electrónica, que es el último eslabón de la cadena del control de la evasión del IVA que falta.

Permite reducir la evasión mediante el uso y administración de la información en línea de las ventas, junto con mecanismos de control que aseguren el registro de las operaciones. Refuerza la estrategia preventiva gracias a una mayor percepción de control que genera en los contribuyentes el aumento y oportunidad de información disponible en el SII, lo que desincentiva el incumplimiento. Hace posible entregar mayores facilidades, por ejemplo, una propuesta completa de IVA a contribuyentes que hoy deben complementarla. Permite elaborar estrategias de fiscalización que respondan a las características específicas de cada segmento, aumentando el nivel de efectividad.

Respecto de la estimación de recaudación de la boleta electrónica, los cálculos son conservadores, porque en primer lugar estamos planteando que con la sola introducción de la boleta deberíamos recaudar en principio alrededor del 7,5% del total de la evasión, que llega a los 5.400 millones de dólares y dar cuenta de 1,5 puntos de los 19,5 de evasión existentes en la actualidad.

Esta reducción de la evasión en más de 400 millones de dólares, representan solo 1,5 punto de evasión. Eso además tiene un tremendo impacto en renta, que alcanza a otros 536 millones. Con esto se alcanza una mayor recaudación de 943 millones de dólares, solo por la incorporación de la boleta electrónica. Aplicando la proyección oficial de crecimiento al 2023, se explican los 1.181 millones de dólares estimados.

Un estudio realizado por el SII en 2016, asociado al impacto del uso del voucher como comprobante tributario, arrojó un incremento en el uso de débito de las Mypes del 10,4%. En la estimación del impacto de la boleta electrónica se espera generar un cambio de comportamiento al menos del mismo orden. Esto además se refuerza por otros estudios, como el “No Taxation without Information: Deterrence and Self-Enforcement in the Value Added Tax”, de 2010, destinado a evaluar el efecto de distintos tipos de mensajes en las mypes para ver en qué forma modifican su pago y declaración de IVA. Respecto del estudio “Evasión del IVA con Boletas de Mypes según Método del Punto Fijo”. En la versión 2016, se agrega un análisis para medir el efecto que tiene la fiscalización de punto fijo, el cual indica que genera un aumento del pago de impuestos en los siguientes dos meses a la visita del fiscalizador, principalmente por sus débitos, sin efecto en los créditos.

Finalmente, detalló los pasos de la metodología para estimar la recaudación de la boleta electrónica:

Para efectos de garantizar que los contribuyentes emitan sus boletas, y dado que contarán con las boletas electrónicas en línea, estarán controlando también en línea su emisión. Explicó que hoy conocen todas las compras a través de la factura electrónica, por lo que saben cuáles son sus créditos y les entregamos una propuesta de declaración de IVA. Algunos contribuyentes se están ajustando a estos créditos con sus débitos, y como no tienen los débitos, porque no cuentan con las boletas, tienen que creer al contribuyente. Con la boleta electrónica podrán conocer en línea lo que el contribuyente vaya haciendo. Por lo tanto, podrán comparar minuto a minuto la relación entre los débitos y los créditos, por lo que los contribuyentes ya no van a poder ajustarse. Todo esto irá reforzado con medidas preventivas, por ejemplo, a través del envío de mensajes para notificar situaciones anómalas. También habilitarán canales para que los contribuyentes puedan denunciar cuando no les emitan sus documentos tributarios y finalmente, se focalizará la acción fiscalizadora en terreno, en casos en que se detecten incumplimientos reiterados.

Tras la presentación, el diputado Santana consultó por la participación del SII en la elaboración del proyecto, particularmente preguntó quiénes participaron. En cuanto a la recaudación proyectada en la reforma 2014 consultó si fue conseguida durante los años en que ha estado vigente y si es correcto afirmar que este proyecto de modernización tributaria favorece al 1% más rico del país.

El diputado Auth consultó a qué personas, en específico de qué ingresos, favorece la menor recaudación que proyecta esta iniciativa. Expresó que no constituye una compensación a la menor recaudación, una mayor eficiencia en el cobro de un impuesto. Agregó que hay diferencias entre las proyecciones de recaudación de la boleta electrónica y que no parece plausible asociar una eficacia de la boleta aproximada de 2/3 de la que tuvo la factura electrónica, porque esta tiene una implicancia tributaria mucho más relevante que aquella, en cuanto a hacer efectivo los créditos y débitos en el sistema del impuesto a las ventas y servicios. Concluyó preguntando que, para quienes no quieren dar y quienes no quieren recibir boleta, qué diferencia hace que esta sea electrónica.

El diputado Melero preguntó si en su opinión, el sistema propuesto en el proyecto, es más simple o no que el actual, y si avanza en materia de certeza jurídica. Respecto a la creación del DEDECON, consultó si constituye un avance o debilita al SII.

El diputado Ortiz manifestó su preocupación respecto a que con este proyecto se rebaje la carga tributaria del 1% más rico, en función de la integración.

El diputado Von Mühlenbrock consultó si en la reforma del 2014 y en la actual, el Ministerio trabajó con funcionarios del SII. También preguntó qué opina que se diga que este proyecto favorece al 1% más rico, y si esta reforma impone una mayor carga a las PYMES, o sólo incorpora mecanismos de fiscalización más eficientes. Respecto a las modificaciones a la NGA, inquirió si estas aumentarán o reducirán la elusión.

El diputado Jackson preguntó por qué inventar un impuesto nuevo, el a los servicios digitales, si se puede insistir en el cobro de IVA respecto a esos mismos servicios. Respecto a la NGA, consultó si es factible que el SII pueda cumplir en juicio con todo lo que esta exige, particularmente la causa ilícita. En cuanto a redistribución, consideró deseable contar con una modelación que indique cuánto más o menos se recaudará de cada empresa según tamaño.

El diputado Pérez consultó, respecto a la cláusula PYME, qué ganan estas empresas con ella, ya que sólo el 24% se acogió al 14 ter. Preguntó si podría este proyecto permitir que un porcentaje mayor se acogieran a la cláusula PYME.

El diputado Lorenzini consideró que este proyecto crea un DEDECON y no potencia a los TTA que son los terceros imparciales que debieran dirimir las contiendas tributarias, entre el SII y el contribuyente.

El diputado Núñez estimó que este es un proyecto muy complejo, con muchos detalles. Hay muchas normas que favorecen al gran contribuyente, como por ejemplo, los avenimientos en causas tributarias pendientes. Son los grandes contribuyentes los que mantienen conflictos pendientes con el Estado en los tribunales. Otro caso es el de las modificaciones en materia de herencias y donaciones. Se van a permitir donaciones liberadas de impuesto incluso cuando los donatarios son herederos del donante, burlándose así el impuesto que grava las asignaciones. Manifestó su preocupación respecto a la ampliación del concepto de gastos necesarios para producir la renta, incluyendo, por ejemplo, las multas pagadas por la empresa. Agregó que la creación de la DEDECON puede generar pugnas interpretativas entre ella y el SII en materia tributaria. Finalmente, estimó que aún no se ha visto el resultado de la ley vigente y ya se la quiere reformar.

El diputado Kuschel preguntó en qué medida se simplifica el sistema con esta reforma. Preguntó a cuánto asciende el comercio informal, cuál es su estacionalidad y su distribución geográfica. Opinó que la reforma 2014 implicó un aumento de la deuda pública, de las empresas y personas, generándose una pérdida de crecimiento económico.

El señor Barraza indicó que el SII siempre ha participado de acuerdo a los requerimientos de las autoridades, en los distintos proyectos que se han tramitado. En este proyecto participaron todos los subdirectores y 26 funcionarios, en el análisis, simulación y redacción. No estimó prudente calificar la complejidad del sistema vigente, pero destacó que a partir de su rol, el SII siempre busca simplificar el cumplimiento tributario. Consideró que el dinamismo en los cambios que se han introducido en la normativa tributaria genera un grado de complejidad que pesa sobre el contribuyente, fenómeno que no es exclusivo de Chile. Recién en la operación renta del próximo año se podría hacer un balance de la recaudación de la reforma anterior.

Por otra parte, indicó que no es simple saber quiénes son los contribuyentes que se verían beneficiados por la integración, pero pueden acercarse a una estimación. Las cifras presentadas demuestran que en términos numéricos hay un beneficio importante para las más pequeñas, como empresas. El trabajo que resta es identificar a los socios de esas empresas.

En cuanto a la boleta electrónica, señaló que permitirá constituir este punto fijo virtual, que entregará información respecto al comportamiento de compras y ventas de cada uno de los contribuyentes del IVA. Sobre la pregunta acerca de que esta mayor recaudación compense la pérdida producto de la integración, consideró que esa decisión corresponde al legislador, y que por tanto, no se pronunciará.

Estimó que el proyecto entrega más certeza jurídica al contribuyente, por ejemplo, a través de la incorporación de un catálogo legal de derechos del contribuyente.

Sobre la DEDECON, opinó que es un avance, porque constituye una instancia que vela por el respeto de los derechos del contribuyente. El SII también lo hace, pero en un momento distinto. Sobre la eventual duplicidad de interpretaciones de la ley tributaria, recordó que el proyecto mantiene la facultad del SII en esta materia, y lo que puede hacer la DEDECON es observar y también solicitar modificaciones legales. No está del todo precisado cómo se conformará la dotación de esta institución. Sobre su vinculación con el Ministerio de Hacienda o no, consideró que como están planteadas sus funciones, no tiene mucho sentido que esté en otro Ministerio, como sería el de Justicia.

Respecto a si la boleta electrónica impondría una carga tributaria adicional, consideró que ello no es así, porque la obligación ya existe, y lo que se busca es que se cumpla con ella.

Sobre el impuesto a los servicios digitales, indicó que es opinable y no hay acuerdo si lo mejor es un nuevo impuesto o cobrar el IVA, pero lo que sí corresponde es adoptar medidas que permitan que esta nueva forma de economía tribute.

15.- PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES TRIBUTARIOS DE CHILE (ANMTTACH), SEÑOR HERNÁN FARÍAS SEPÚLVEDA. Expresó que recibieron con gratitud la noticia de que en el proyecto se crearía una Defensoría del Contribuyente, por cuanto muchas veces los ciudadanos llegan a los tribunales sin la preparación necesaria. Sin embargo, estimó que la redacción de la norma debe ser mejorada, particularmente en lo que respecta a la posibilidad de que el Presidente de la República, mediante decreto con fuerza de ley, podrá destinar el traspaso de funcionarios y bienes de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de del SII. Eso significa una grave amenaza a la independencia de los tribunales, en su calidad de órgano jurisdiccional que ha experimentado una progresiva evolución en su planta. La propuesta que planteó es la de eliminar la figura del traspaso de funcionarios y bienes, estableciéndose en su reemplazo, que los profesionales de la

DEDECON deberán, preferentemente, tener conocimiento y experiencia en materias tributarias. Agregó que entienden que el Ministerio de Hacienda está llano a introducir ciertas modificaciones en este sentido.

En cuanto a la representación judicial de la DEDECON, manifestó que muchas veces el contribuyente presenta su reclamo, no alega todo lo que puede alegar, y su reclamo queda en el camino. Esto, sumado al hecho que el artículo 21 del Código Tributario dispone que sea el contribuyente el que debe acreditar la veracidad de sus declaraciones para revertir la actuación del Servicio, hace muy necesaria la existencia de una buena defensa del contribuyente. Propuso facultar a la DEDECON para representar a los contribuyentes, al menos a las Pymes, o en subsidio, facultar a la Corporación de Asistencia Judicial para hacerlo.

A propósito de la conciliación, reconoció que a través del proyecto se establecen tres mejoras que solucionan ciertos obstáculos que actualmente impiden la concreción de un mayor número de conciliaciones, a saber la eliminación del trámite de aceptación del Director del S.I.I., la facultad de los abogados de SII para pronunciarse sobre la conciliación y la interpretación de la Ley N° 21.039, sobre aplicación de la conciliación. Consideró que más allá de lo anterior, la conciliación puede ser mejorada aún más, estableciendo que las partes, en cualquier tiempo, puedan solicitar al TTA el llamado a conciliación. Y respecto de las causas anteriores al 01-11-2017, cuando se llegue a conciliación, que por ley se otorgue la condonación de las multas e intereses.

Estimó que el proyecto carece de ciertas medidas de fortalecimiento de los TTA. Planteó una propuesta de fortalecimiento, basada en medidas de apoyo para el caso de congestión de causas en los TTA: creación de un quinto TTA en la Región Metropolitana, siguiendo el criterio pro el cual se determinó su número, a saber, guardar equivalencia con las direcciones regionales del SII, que actualmente en dicha región son cinco; y permitir aplicar una institución del Código Orgánico de Tribunales, la del juez ad hoc, que faculta al secretario del tribunal para, transitoriamente, asumir la función de juez suplente.

Otra propuesta dice relación con la disponibilidad de espacio físico en los TTA. Podría establecerse en este proyecto la custodia de causas terminadas en el Archivero Judicial.

También estimó necesario contar con una segunda instancia especializada, una corte tributaria y aduanera nacional, con sede en Santiago, la que agilizaría la resolución de los conflictos y uniformaría los criterios interpretativos.

Se refirió a la necesidad de un nuevo modelo de administración de los TTA. Actualmente, existe una unidad administradora dependiente de la subsecretaria de Hacienda, pero los jueces de los TTA no tienen mayor participación en la toma de decisiones. Propuso la creación de un consejo administrativo, similar a los existentes en los demás tribunales.

Finalmente, expresó que por una omisión en el proyecto no se estableció expresamente que todas las modificaciones procesales están también referidas a las reclamaciones aduaneras. De lo contrario, estas quedarían regidas por el texto vigente.

El diputado Ortiz representó la inmensa responsabilidad de los TTA, que colaboraron en terminar con la calidad de juez y parte que el SII detentaba hasta antes de su creación. Consultó por la recarga de trabajo que justificaría la creación de un quinto tribunal en la Región Metropolitana. Por otra parte, las cuestiones relativas a infraestructura debieran conversarse directamente con el ministerio del cual dependen.

El diputado Auth valoró la precisión de los planteamientos expuestos. Estimó que la aceptación por parte del SII en la condonación de multas puede tener cabida, mas no la que recae en los intereses, pues estos constituyen la actualización del dinero al tiempo presente.

El diputado Melero consultó al expositor sobre los derechos de los contribuyentes, en el contexto de las exigencias de mayor fundamentación, particularmente en relación a los plazos de prescripción. Preguntó también su opinión sobre las normas que el proyecto establece para alcanzar mayor certeza jurídica y las relativas al fortalecimiento de la prescripción.

El diputado Schilling preguntó cuál es la naturaleza de las causas que se tramitan en los TTA, qué materias, la cuantía, cómo se fallan, etc. Agregó que entiende que la mayor parte de la congestión de los TTA se encuentra radicada en el cuarto, que tiene competencia sobre la comuna de Las Condes, donde a su vez tienen su casa matriz la mayoría de las grandes empresas del país.

El señor Farías expresó que en la actualidad existe una tendencia, producto de una serie de cambios en el cumplimiento de los deberes legales del SII, de perfeccionamiento de sus procesos de fiscalización, como consecuencia de la creación de un tercero imparcial que resuelve los litigios. La facultad de condonación se ha ejercido dentro de los márgenes legales, y ello ha constituido un incentivo para no reclamar, acogiéndose a una buena condonación, en lugar de exponerse a una litigación incierta.

Eu cuanto a la congestión de los tribunales, explicó que se preveía que esta ocurriera particularmente en la Región Metropolitana en el cuarto tribunal, razón por la cual se dispuso el nombramiento de dos jueces, pero que sólo se concretó en una persona.

Sobre las temáticas de infraestructura o de mobiliario, lo que plantean es que los TTA funcionan en sedes pequeñas, por lo que cualquier traspaso implicará un grave perjuicio.

Respecto a la condonación, comentó que los reajustes no se pueden condonar, pero las multas e intereses sí, en virtud de la facultad del director regional del SII. La condonación del 100% a través del avenimiento judicial que contempla este proyecto, no requiere la anuencia de ningún órgano administrativo porque es la propia ley la que la establece como un beneficio para causas antiguas.

Tratándose de la mayor fundamentación del acto administrativo, expresó que es un argumento muy frecuentemente alegado por el contribuyente, a través del cual se plantea que el SII funde tanto en los hechos como en el derecho, sus decisiones.

En relación a las propuestas para dotar de mayor certeza al sistema, expresó que se trata de un tema de fondo, que responde a la política tributaria del gobierno, respecto a la cual, en general, creen que apuntan a un fin positivo para el país. En este sentido avanzan las normas sobre plazos de prescripción.

Sobre la naturaleza de los juicios que se tramitan ante los TTA, se trata de conflictos entre el contribuyente y el fisco, a través de los cuales el primero busca la anulación total o parcial del acto del segundo. Un problema es que el contribuyente debe probar todas sus afirmaciones para lograr ese objetivo. Si no lo logra, el TTA no puede ir más allá del mérito del proceso, resolviéndose conforme a lo expuesto.

El señor Luis Pérez Manríquez, Juez del primer TTA de la Región Metropolitana complementó a su colega indicando que en relación a las materias reclamadas son principalmente: gastos necesarios para producir la renta, PPUA (Pago provisional por utilidades absorbidas), potestades o calificaciones en relación a infracciones tributarias, justificación de inversiones, rebote de rentas empresariales en los socios, entre otras. Respecto a la fundamentación del acto administrativo, expresó que entre las competencias de los TTA se encuentra la de declarar la nulidad de los actos reclamables. En este contexto, algunos sostienen que la competencia para conocer la nulidad de derecho público abarca la fundamentación suficiente del acto administrativo, y que la detentan los TTA desde su creación. Otros argumentan que esta facultad rige desde la vigencia del número 8 del artículo 1 de la ley 20.322, incorporado el 20 de octubre de 2017.

16.-PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO CPC, SEÑOR ALFONSO SWETT OPAZO.

Primeramente, identificó los objetivos del sistema tributario:

-Obtener la recaudación tributaria necesaria para financiar gasto público (provisión de bienes públicos).

-Redistribuir el ingreso (impuestos progresivos) con equidad horizontal.

-Incentivar la inversión y el crecimiento, que permita aumentar la base imponible en el mediano y largo plazo, y generar bienestar.

-Eliminar externalidades negativas (impuestos pigouvianos).

Consideró que la reforma anterior dejó fuera el aspecto de incentivo a la inversión y el crecimiento.

Definió tres grandes principios orientadores de la discusión, a saber:

1. Progresividad y equidad horizontal para lograr una mayor justicia social

2. Responsabilidad fiscal

3. Sistema pro ahorro e inversión

Como contexto, expuso que Chile ha sido el único país miembro de la OCDE que ha aumentado impuesto a las empresas: 12 puntos porcentuales (del 15% al 27%).

Cambios en las tasas de impuestos corporativos en la OCDE (2000-2018):

Expuso también la recaudación del impuesto corporativo como % del PIB en la OCDE:

Agregó que a nivel internacional, se está experimentando una guerra comercial, definida por un alza de aranceles y una baja de los impuestos corporativos.

Continuó recordando los objetivos de la reforma anterior, cuales son:

- Terminar con el FUT para recaudar más

Para el último año (2016) que se pudo aplicar en un 100% la antigua Ley, el total de créditos del impuesto de primera categoría (FUT) representó el 0,5%del PIB. La recaudación por este concepto se estima que sería un poco más de 200 MM de dólares.

- Que el alza de impuesto lo paguen los más ricos

80 mil socios de empresas que antes pagaban 0% de Global Complementario pasaron a pagar una tasa promedio de 9,45%. 130 mil socios de empresas que pagaban 2,2% de Global Complementario pasaron a pagar una tasa promedio de 11,65%. Solo 10.000 socios de empresas pagan el 35%, que es la escala más alta del Global Complementario.

- Al subir las tasas, se recaudaría un 3% adicional del PIB

El 2017 se recaudó en torno a un 1,5%adicional del PIB. El Estado tuvo que duplicar su deuda del 2014 al 2017.

En cuanto a los resultados macroeconómicos y tributarios, Chile creció 5,1% promedio compuesto desde 1990 a 2013 y 1,7% promedio compuesto desde 2014 a 2017. Por su parte, la inversión decreció por 4 años consecutivos entre 2014 y 2017. Agregó que la relación crecimiento/recaudación, se traduce en que un 1% adicional de crecimiento del PIB recaudaría en 5 años la suma de 10.000 millones de dólares.

Expuso cuatro pilares que debiera tener la ley tributaria:

- Competitividad

° Tasa de Impuesto de 1ª Categoría

° Impuestos digitales

° Externalidades negativas

- Incentivar la inversión de la empresa

° Integración

° Incentivos a la inversión

° Gastos de carácter social y ambiental necesarios para producir renta

- Certeza Jurídica

° Norma anti-elusión

° Impuestos encubiertos

° Eficiencia en la administración del Sistema Tributario

En materia de competitividad, planteó una comparación entre el proveedor en Chile frente al proveedor a través de internet:

Agregó que a los proveedores como AliExpress no se les aplica la normativa vigente en materia de derechos del consumidor, sanitaria, etc.

Detalló la evolución de los envíos recibidos por Chile:

Propuso que los bienes y servicios que se entregan por vía digital a consumidores sean clasificados como una importación de servicios (Spotify-Netflix), importación de bienes (Alibaba-Amazon) o como servicios profesionales (Airbnb-Uber), aplicándose a los primeros los aranceles e IVA correspondientes, y a los segundos el impuesto tasa adicional que grava las rentas de origen chileno que reciben las personas naturales o jurídicas no residentes en Chile. Para cobrar estos tributos, se estima que la alternativa más eficiente es delegar en quien realiza el pago.

Respecto al segundo pilar, incentivar la inversión, expresó que la inequidad horizontal y el desincentivo al emprendimiento que genera la desintegración son muy grandes. Por ejemplo: en el caso de un trabajador dependiente y un dueño de una pyme, ambos con ingresos de $500 mil mensuales, la inequidad es grande ya que el trabajador dependiente paga 0 de impuestos y el dueño de la empresa paga 25% en su impuesto global complementario.

En este ámbito, propuso evaluar el establecimiento de la depreciación instantánea de forma permanente y también evaluar reponer norma de reinversión cerrando las rendijas que hubo en el pasado. La Ley Tributaria debe incluir normas que se hagan cargo de las obligaciones ambientales y las demandas de la sociedad. Se debe considerar como gasto cualquier desembolso de la empresa que sea necesario para generar renta. Por ejemplo, estudios de impacto ambiental exigidos por el SEIA y gastos incurridos en gestión comunitaria temprana. Incentivar la inversión de la empresa en beneficio de la sociedad

Finalmente, con respecto al último pilar, la certeza jurídica, expresó que un principio fundamental es una NGA robusta, como herramienta disuasiva y de justicia, que dé certeza jurídica y promueva la inversión. Por otra parte, también juega un rol fundamental el fortalecimiento y consagración legal de la economía de opción: Razón de negocios como principio orientador para la libre elección de las formas jurídicas y económicas.

Preguntó si la nueva norma de gastos es un nuevo impuesto encubierto que genera incerteza jurídica. La esencia y origen de la norma de gastos rechazados es evitar y castigar reparto encubierto utilidades.

En cuanto a qué conceptos debería tener la nueva norma de gastos Ampliación del concepto, señaló que se vinculen directa o indirectamente al desarrollo del giro; que se incluyan gastos ordinarios, extraordinarios, habituales, excepcionales, voluntarios u obligatorios; que tengan una causa lícita y no tengan su origen en comportamientos dolosos, como los gastos en materia medioambiental. Debe promover la razonabilidad económica y modernización del concepto. Planteó la posibilidad de delimitar el concepto amplio a operaciones con terceros: Contribuyentes incurren en gastos efectivos con terceros no relacionados por razones legítimas de su negocio.

Finalmente, planteó las principales propuestas respecto al proyecto:

- Bajar la tasa corporativa cuando baje el déficit fiscal.

- Implementar impuestos digitales al gasto a lo menos en el IVA.

- Integrar 100%, reponer norma de reinversión y evaluar depreciación instantánea permanente.

- Redefinir y precisar correctamente el concepto de gasto necesario para producir la renta.

Dejó formulados los siguientes temas relevantes:

- Renta presunta

- Impuestos verdes

- Venta de bienes raíces

- Goodwill y Badwill

- Rentas en extranjero

- IVA en asilos de anciano

- Impuesto al diesel

- Impuesto único a ganancias de capital

- Impuesto sustitutivo

El diputado Schilling hizo referencia a la evidencia empírica que da cuenta de que una baja en los impuestos corporativos no redunda en un alza de la inversión, sino en un aumento del consumo suntuario. Agregó que desde el año 90 a la fecha el ingreso per cápita ha aumentado desde los US$ 5.000 a los actuales US$25.000, habiendo aumentado los impuestos, lo que implica un contrasentido con la afirmación planteada por el expositor. Consideró atendible permitir beneficios para la reinversión de utilidades, pero con un límite que garantice que no se prestará a la elusión. Sobre los gastos necesarios para producir la renta, consideró impresentable que se incluyan en el las compensaciones por daño ambiental. Consultó por las medidas que contempla el sector que representa para combatir la integración monopólica vertical y la colusión.

El diputado Melero preguntó si considera que este proyecto entrega al sistema tributario mayor simplicidad, certeza jurídica, competitividad e incentivos a la inversión. Por otra parte, consultó si cree que la implementación de la boleta electrónica será sencilla para los contribuyentes y si será capaz de recaudar lo que el informe financiero estima. Preguntó qué tan preocupados están sus representados sobre el contenido de la reforma, y cómo ello afecta la inversión en el país. Pidió también la opinión del expositor sobre el eventual aumento de la tasa máxima del global complementario a un 40%.

El diputado Auth consultó qué le parece que antes de que entre plenamente en vigor la reforma anterior ya se esté discutiendo una nueva modificación de esta envergadura. Preguntó cuáles serían para la CPC las medidas de compensación más razonables para financiar la reintegración. Compartió la idea que postula un tratamiento igualitario entre los vendedores sitos en Chile que en el extranjero. Finalmente, consultó su opinión respecto al establecimiento de un régimen más favorable a los recursos que se reinvierten en lugar de la integración.

El diputado Jackson recordó que la reforma anterior, en su redacción original, era mucho más simple y progresiva que el texto que en definitiva se promulgó. Consideró que entender la correlación entre reforma tributaria y caída del crecimiento como causalidad es erróneo. Pidió tener en cuenta las recomendaciones de la OCDE tendientes a promover el gasto público en áreas que incentiven el desarrollo económico, como la investigación y la educación.

El señor Swett expresó que nunca es bueno evaluar el conjunto, sino que siempre se debe primero evaluar las partes. En este sentido, la reforma anterior no benefició la inversión, no fue progresiva, no promovió la equidad horizontal y no permitió alcanzar el 5% de crecimiento proyectado. En materia de recaudación, reconoció que el análisis está pendiente.

Por otra parte, señaló que nunca puede mirarse solamente la rebaja en la tasa de un impuesto, sino que también deben considerarse la forma en que se determina la base. Respecto a la pregunta sobre la correlación o causalidad entre la reforma y la baja del crecimiento, explicó que desde la CPC hicieron un análisis histórico de la inversión y los impuestos corporativos en Chile, el que permitió concluir que existió causalidad entre ambos.

Sobre la compensación de la reintegración, destacó que la eliminación de los regímenes de renta presunta, con los que no están de acuerdo, porque además de posibilitar esquemas elusivos, genera distorsiones, permitiría recaudar entre US$ 259 millones hasta US$386 millones. En cuanto al impuesto digital, si se llevara al menos al 19%, recaudaría cerca de US$ 500 millones. Con respecto al diesel, reconoció que se trata de un tema difícil, que debiera ser abordado paulatinamente, pero que según sus cálculos podría recaudar cerca de US$ 1600 millones.

En cuanto a la relación entre inversión e integración, señaló que su propuesta, consensuada con todas las Pymes, indicó que el mayor costo de la desintegración se lo han llevado las pequeñas empresas. Citando el ejemplo de Estados Unidos, expresó que allí rigen dos sistemas, uno integrado y otro desintegrado, agregando que el que más está creciendo y que más eficiencia presenta es el integrado.

Respecto a la incorporación de las compensaciones al daño ambiental dentro del concepto de gasto, especificó que lo que buscan sea considerado son los desembolsos que deben hacer durante la tramitación de los proyectos con impacto ambiental, no los costos de las externalidades ambientales.

El diputado Schilling consultó, respecto a la correlación o causalidad entre baja tributaria y aumento de la inversión, cuándo, entre los años 1990 y 2018, se produjo la disminución de la carga impositiva que posibilitó el crecimiento económico sostenido. El señor Swett contestó que ese análisis debe hacerse dentro de cierto horizonte temporal. Así, el año 1984 se produce una reducción importante del impuesto corporativo, del 55% al 10%. Luego, el año 1989, se reduce del 10% al 0%. De esta manera, las inversiones no se materializan el mismo año en que se adoptan esas nuevas tasas, sino que impactan 5 o 10 años después.

Se mostró partidario de fomentar el emprendimiento, particularmente en los jóvenes, como mecanismo al cual debe focalizarse el gasto público. Asimismo, estuvo de acuerdo con favorecer el establecimiento de un sistema basado en la certeza jurídica y la simplicidad para todos.

17.- PRESIDENTE DEL CONSEJO MINERO, SEÑOR JOAQUÍN VILLARINO HERRERA.

Estimó, en esta primera instancia de tramitación del proyecto, pertinente referirse a tres aspectos que hasta ahora no han aparecido en el debate y que a su juicio son relevantes. Los tres son de alcance transversal, con impacto en diversos sectores, entre ellos la minería.

Estos temas son el tratamiento a los gastos de responsabilidad social empresarial, el impuesto verde y tasa preferencial de impuesto sobre intereses, respecto de los cuales a continuación planteamos nuestras observaciones y sugerencias.

1. Gastos de responsabilidad social empresarial

En el mensaje del proyecto de ley se señala que “se incorporan en el catálogo del artículo 31 [de la Ley de la Renta] nuevos gastos especiales, tales como los gastos relacionados con responsabilidad social empresarial”.

Se valora muy positivamente la afirmación anterior. Sin embargo, en su opinión, la redacción de la norma, al circunscribirse solo a los gastos ambientales, no da cuenta de la diversidad de los gastos relacionados con responsabilidad social empresarial (RSE) que el mensaje busca cubrir. Además, el requisito de inclusión en un instrumento medioambiental y los topes de montos harán inoperante la norma en los casos en que más sentido tiene aplicarla.

De acuerdo a lo anterior, sugirió las siguientes modificaciones:

a) Permitir deducir los gastos o desembolsos en que el titular incurra con ocasión de compromisos de RSE voluntarios respecto de un proyecto o actividad, además de los ambientales.

A través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) los impactos ambientales y socioculturales de los proyectos mineros son evaluados, mitigados y compensados, y con ello se evita afectar esta dimensión del bienestar de las comunidades. Además de las obligaciones que surgen del SEIA, las empresas, entre ellas las mineras, desarrollan iniciativas de RSE, que abarcan el aporte y el desarrollo de acciones e iniciativas a beneficio directo de las comunidades aledañas a sus proyectos en materias tan diversas como educación, capacitación y empleo; desarrollo de proveedores y emprendedores; construcción de infraestructura; mejoras a la salud y la calidad de vida; cultura, deporte y recreación, etc.

Estos gastos en RSE resultan ser tan necesarios como los ambientales para “obtener la licencia social” y con ello poder desarrollar un proyecto de inversión u operar en una localidad.

b) No exigir que los gastos o desembolsos en que se incurra con ocasión de compromisos de RSE voluntarios estén incluidos en el estudio (EIA) o en la declaración de impacto ambiental (DIA). Tampoco debiera exigirse su inclusión en una resolución de calificación ambiental (RCA).

Varias razones existen para eliminar estas obligaciones y con ello hacer operativa la norma. En primer lugar, las DIA, EIA y RCA son instrumentos de naturaleza medioambiental, mientras la RSE tiene otra esencia. Además, la modificación de cualquier aspecto de una RCA es sumamente rígida, impidiendo la adaptación de los aportes de la empresa a la localidad, en función de nuevas necesidades emergentes. Por otro lado, es inconveniente “teñir” la evaluación ambiental con posibles beneficios para la comunidad en materia de RSE, en un contexto en que el SEIA ya se encuentra suficientemente estresado y debe evitarse abultarlo con aspectos de otra naturaleza que lo complejizan y dilatan. Finalmente, los tiempos y las oportunidades para dialogar y acordar entre la empresa y la comunidad los gastos de RSE, no son los mismos en que se elaboran los DIA, EIA y RCA.

c) No considerar como tope de gastos de RSE la cantidad menor entre “la suma equivalente al 2% de la renta líquida imponible del ejercicio respectivo, del 1,6 por mil del capital propio tributario de la empresa, según el valor de éste al término del ejercicio respectivo, o del 5% de la inversión total anual que se efectúe en la ejecución del proyecto”. Esta restricción hace inoperante la norma cuando una empresa está en situación de pérdida tributaria o de capital propio tributario negativo. Esto suele ocurrir al comienzo de la actividad de las empresas que están desarrollando proyectos de inversión, justo cuando es más necesario este tipo de gastos de RSE. Una forma de solucionar este problema, entre muchas otras, sería simplemente reemplazar la palabra “menor” por “mayor”.

Destacó que con estas sugerencias en caso alguno están planteando que los gastos de RSE no deban someterse a formalidades y requisitos estrictos, en particular los señalados en el proyecto de ley. De hecho, estimamos que éstos son indispensables.

2. Impuesto verde

Actualmente este impuesto grava las emisiones al aire de material particulado (MP), óxido de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), provenientes de fuentes fijas calderas o turbinas que, individualmente o en su conjunto, sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt.

Con la modificación, este impuesto gravaría las emisiones de cualquier fuente fija (no sólo calderas o turbinas) que, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de MP o 25.000 o más toneladas de CO2.

Otra modificación es que las emisiones de CO2 gravadas se podrían compensar mediante la implementación de proyectos de reducción de CO2.

Agregó que es pertinente señalar apoyo del Consejo Minero al uso de instrumentos económicos para controlar la contaminación, entre ellos los impuestos, y como se verá a continuación, nuestras aprensiones se refieren a la aplicación específica que propone la iniciativa de cambio legal, principalmente por problemas de imprecisión y de consistencia con regulaciones ya vigentes.

Observaciones de diseño:

a) Al eliminar la especificación de calderas y turbinas, dejando abierta la interpretación de “fuentes fijas”, el sujeto y el hecho gravado quedan sustancialmente indefinidos.

Estimaciones preliminares sobre el pago de impuestos que le correspondería a las faenas mineras varían en más de 30 veces en función de una u otra definición de fuente fija. En conversaciones con el Ejecutivo se nos ha dado a entender que se busca gravar las emisiones de chimenea provenientes de procesos específicos, como combustión.

Manifestó que esperan que esto quede así especificado en la ley, para evitar la incerteza señalada. A este respecto cabe notar que el mensaje que acompaña al proyecto dice que los cambios al impuesto verde son “con el propósito principal de otorgar certezas respecto a los distintos elementos que componen este gravamen.”

b) Dada la redacción del artículo, se puede interpretar que al sobrepasar el umbral de emisiones de MP, también se paga el impuesto al CO2 y viceversa. Entendiendo que esto no es lo que se busca, porque carece de sentido, vemos necesario aclarar que el impuesto a pagar sería por la emisión del contaminante (local o global) cuyo umbral se supera.

c) Con la redacción del artículo también se puede interpretar que, si se supera el umbral de emisiones, se paga impuesto por el total de emisiones y no solo por las que exceden del umbral. Esto daría origen a situaciones en que si una empresa emite 99 toneladas anuales de MP y otra empresa emite 100, la primera no paga impuesto alguno y la segunda paga por las 100 toneladas. Lo lógico es que quien sobrepase el umbral pague por las emisiones en exceso del umbral, lo que es habitual en el cálculo de muchos impuestos.

d) El informe financiero que acompaña al proyecto señala que con el cambio al impuesto verde se espera recaudar US$ 50 millones el año 2020 y US$ 40 millones en régimen. Estimaciones preliminares muestran que la recaudación solo de la minería superaría en varias veces esos montos, con un rango de variación considerable dependiendo de interpretaciones como las anteriormente señaladas. A raíz de esto solicitamos que el Ejecutivo muestre cómo se llegó a su proyección de recaudación.

Observaciones de mérito:

a) Como instrumentos de política ambiental existen los de tipo económico y los de comando y control, cada uno con sus virtudes y defectos. Lo habitual es que para regular una situación específica de contaminación se opte por uno u otro, y solo a veces se usen ambos, lo que requiere un diseño cuidadoso para no obtener resultados inapropiados. Este es el riesgo con el impuesto verde al aplicarse en conjunto con normas de emisión y/o con medidas establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y/o con planes de prevención o descontaminación. En particular, la política ambiental vigente contempla la definición de normas de calidad para distintos contaminantes locales, entre ellos MP, NOX y SO2, obtenidas a través de un análisis de costos y beneficios económicos, ambientales y sociales. Una vez definida la norma, si en una zona la concentración de un contaminante no sobrepasa la norma, se entiende que la calidad ambiental es aceptable. Si es sobrepasada, se establecen medidas forzosas para quienes emiten el contaminante (medidas de comando y control), de modo que se alcance la norma. Ahora bien, si además de esas medidas se cobra un impuesto, se estaría induciendo a que el nivel de contaminación esté aún más abajo de la norma de calidad ambiental. Algunos podrán pensar que esto es positivo, pero lo cierto es que da origen a una evidente contradicción. Si queremos tener menor contaminación, entonces revisemos nuestras normas de calidad y hagamos un nuevo análisis de impacto económico, ambiental y social, pero fijar estas normas, aplicar medidas para que sean cumplidas y a continuación fijar un impuesto para reducir aún más la contaminación es un contrasentido. Dicho de otra forma, si el impuesto verde se sobrepone con los planes de descontaminación, el nivel de contaminación al que se llega no refleja el equilibrio de costos económicos, ambientales y sociales que el mismo país se ha definido, sino algo distinto, con un menor bienestar general.

b) En parte relacionado con lo anterior, con el impuesto verde tal como se está concibiendo en la ley también se da el contrasentido de castigar las emisiones de empresas ubicadas en zonas con buena calidad de aire (donde se está lejos por debajo de la norma). El Ejecutivo ha sostenido que este cambio al impuesto verde no tiene un objetivo recaudatorio, sino, como señala el mensaje del proyecto, “perfeccionar el instrumento”. Con esto en mente, estimamos apropiado revisar la compatibilidad entre el impuesto verde en su componente para contaminantes locales, y los instrumentos regulatorios ambientales que hoy se están aplicando, para asegurarnos de alcanzar un mejor desarrollo sostenible, en sus componentes ambiental, económico y social.

c) Con la norma vigente, el 94% del impuesto a fuentes fijas es pagado en primera instancia por la generación eléctrica. Decimos en primera instancia, porque este impuesto está siendo traspasado a los clientes eléctricos de todos los sectores económicos, a través de mayores tarifas. Con la reforma, los sectores exportadores que pasan a estar afectos al impuesto verde enfrentarían una suerte de doble castigo, ya que junto con mayores tarifas eléctricas tendrán que pagar el nuevo impuesto, cuyos mayores costos no podrán traspasar a precios, por la competencia internacional que enfrentan. Así, para sectores exportadores, entre ellos la minería, el cambio al impuesto verde va a significar una pérdida de competitividad, que se suma a la provocada por el traspaso del impuesto verde de la generación eléctrica. En los fundamentos del cambio legal no hemos visto un análisis del impacto en competitividad y esperamos que sea parte de la discusión.

d) Un caso particular en que aplican las consideraciones anteriores es el de las fundiciones y refinerías del sector minero. Sabido es el interés por fomentar esta actividad, ya sea como herramienta para añadir mayor valor a nuestra producción minera, para hacer frente a impurezas en el concentrado de cobre (por ejemplo arsénico), o bien como elemento estratégico de protección frente a un mercado mundial de fundiciones que tiende a concentrarse. También es sabido que nuestras fundiciones son escasamente competitivas, por lo que la fijación de un nuevo impuesto, que se sumaría a la obligación de cumplir con la norma de emisiones del DS N°28 y a todas las demás obligaciones ambientales (SEIA y planes de descontaminación), las dejaría en una situación precaria.

Debido a lo anterior, sugirió estimar el pago de impuestos que recaería sobre las fundiciones para conocer el impacto en su viabilidad financiera. Los ejercicios preliminares que han conocido muestran efectos preocupantes.

En suma, debido a problemas de diseño y de mérito que detectaron en los cambios al impuesto verde, estiman necesario hacer una revisión profunda de los fundamentos que los sustentan, de la forma concreta en que se aplicarían y de los impactos que tendrían.

3. Tasa preferencial de impuesto sobre intereses

El proyecto de ley busca modificar el artículo 59 de la Ley de Impuesto a la Renta, con el objeto de que la tasa preferencial de impuesto adicional de 4% sobre intereses proveniente de créditos otorgados desde el exterior por instituciones bancarias o financieras extranjeras o internacionales, solo aplique cuando esas instituciones sean los beneficiarios finales o efectivos de los intereses. De no darse ese caso, la tasa aplicable de impuesto adicional sería la tasa general de 35%. El mensaje señala que con esta modificación, la utilización de estructuras de financiamiento del tipo back-to-back no podrán beneficiarse de la tasa reducida del 4%. La primera observación que nos surge es la pertinencia de regular esta materia, teniendo presente que ya existe una normativa orgánica y sistemática contenida en el artículo 41 F de la Ley de Impuesto a la Renta, que tiene por propósito limitar y controlar el endeudamiento externo con partes relacionadas cuando los intereses quedan afectos a una tasa de impuesto de retención menor del 35%. Cabe notar que ese artículo 41 F fue actualizado recientemente, con modificaciones legales en 2016 y 2017.

Dado lo anterior, la inquietud que surge con la propuesta de modificación al artículo 59 es que dé origen a reglas no consistentes con la normativa vigente, con la subsecuente incerteza y el riesgo de que se termine restringiendo el financiamiento de proyectos a través de créditos.

Hay dos elementos concretos de la propuesta del artículo 59 que dan origen a interpretaciones. Por una parte, se utiliza el concepto de “beneficiario final o efectivo” de los intereses y por otra, adquiere importancia la calificación que en la práctica se haga de las “instituciones bancarias o financieras extranjeras o internacionales” habilitadas para que aplique la tasa de 4%. A partir de lo anterior, nuestra sugerencia es verificar la pertinencia de introducir cambios al artículo 59, existiendo el artículo 41 F y, de resultar pertinente, asegurar que la propuesta de modificación tenga alcances que puedan ser razonablemente precisados, de modo de evitar efectos colaterales negativos para el financiamiento de proyectos.

Tras la presentación, el diputado Schilling expresó que hay que ser especialmente cuidadoso al resolver las ambigüedades que plantea el proyecto en su redacción actual, particularmente en lo que respecta a los hechos que serán gravados.

El diputado Von Mühlenbrock consideró que la responsabilidad social de la empresa es un tema central, respecto del cual Chile está al debe. Citó al profesor de Harvard, Michael Porter, quien comenzó a hablar del valor compartido, un paso que va mucho más allá de lo ambiental, y que importa la inclusión de todos los grupos sociales locales.

El diputado Melero estuvo de acuerdo con la propuesta de incluir los compromisos de responsabilidad social empresarial voluntarios respecto de un proyecto o actividad, además de los ambientales. Estos desembolsos no pueden tener por objeto silenciar a las comunidades frente al desarrollo de un proyecto.

El diputado Ortiz reconoció la complejidad de las materias medioambientales. Lo anterior se ve reflejado en el tiempo que toman ciertos proyectos que significarán importantes desarrollos regionales.

El señor Villarino recalcó la importancia de distinguir las compensaciones ambientales económicas, de aquellas en las que se incurre para conseguir permisos ambientales. Agregó que lo que se busca hoy es alcanzar acuerdos de largo plazo con las comunidades, de modo que estas reconozcan a las empresas como un elemento más de la comunidad.

18.-DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS, DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, SEÑOR GONZALO POLANCO ZAMORA presentó brevemente la organización que representa. Explicó que esta nace oficialmente el año 2008 al alero de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Entregan capacitación a través de cursos y publicaciones. Estas últimas se distribuyen a una base de datos de más de 14.000 usuarios. Se vinculan con el CET más de 70 docentes de diferentes especialidades de la tributación fiscal. Para elaborar el informe sobre el proyecto, el CET hizo convocatoria abierta a docentes y el trabajo reúne aportes técnicos en 6 áreas: rentas empresariales, rentas personales, tributación internacional, impuestos digitales, IVA y Código Tributario.

En cuanto a la Norma General Antielusión (NGA), indicó que no hay ninguna que genere completa seguridad al contribuyente. Se estima positivo ciertas precisiones en el uso de términos (vg. referencia a hechos gravados y no “hechos imponibles”, eliminación de la expresión “negocios jurídicos”) y aclaraciones (sólo se puede declarar elusión por el procedimiento del Art. 4 quinquies). La actual es una norma más de carácter preventivo que de aplicación práctica. Preguntó ¿Podría existir mayor aplicación con los cambios propuestos? Probablemente no. Propuso estudiar la eliminación de la “causa” como parámetro para determinar si hay o no elusión y estudiar con mayor detención la eliminación de la expresión “relevante” del Art. 4 ter.

Respecto a las modificaciones al sistema, manifestó que el sistema tributario se debe ver de manera global: Contribuyentes-Fisco. Por su parte, la DEDECON debería tener facultades de representación y no depender de Hacienda. Además, respecto del SII, debería discutirse su autonomía. Recordó que Tesorería sigue cobrando por ley un interés moratorio de 1,5% mensual, el que resulta altísimo para el contribuyente. Respecto a los TTA y la Segunda Instancia, consideró que debería existir una segunda instancia especializada y los TTA no depender de Hacienda.

Sobre los regímenes transitorios, señaló que en materia de repatriación, la regularización de rentas no puede ser recurrente. Considerando la experiencia anterior, sí existiría espacio para regularizar casos no cubiertos por el mecanismo de repatriación anterior (por ejemplo bienes raíces). También se puede analizar la posibilidad de repatriar capitales invertidos en el extranjero cuando no hubo incumplimiento. Las mismas consideraciones son aplicables para el Impuesto Sustitutivo.

Tratándose de la Imposición a la Renta, consideró que los cambios que se proponen son lógicos. El planteamiento sobre deducción de gastos va en el sentido correcto. Propuso considerar la posibilidad de establecer consolidación tributaria, para facilitar la fiscalización. Respecto a la norma para subsanar diferencias en el Capital Propio Tributario (base de la tributación de los socios), expresó que no está ajustada a la realidad de los contribuyentes.

Expuso la siguiente lámina, relativa al fortalecimiento de los derechos del contribuyente en el proyecto y las modificaciones a las atribuciones del SII.

El ticket verde es lo que se estima positivo y con una cruz roja se denotan las preocupaciones.

Agregó que, para dotar al SII de la capacidad de cumplir adecuadamente con todas sus funciones, la inversión en tecnología debe ponerse a un nivel cercano al que actualmente existe respecto a los recursos humanos:

Finalmente, destacó que falta tratar en la discusión los siguientes temas:

• Retornar a la tasa máxima del impuesto a las personas al 40%.

• Aumentar el impuesto al diesel e igualarlo al impuesto a las gasolinas.

• Aumento de contribuciones a inmuebles de alto valor.

• Eliminación de renta presunta y evaluación de exenciones a las ganancias de capital.

• Devolución del crédito por Impuesto de Primera Categoría a los cotizantes de fondos de pensiones.

• Modificaciones al IVA, ampliando la base de actividades afectas. Deuda pendiente: disminuir la tasa.

El diputado Schilling consultó por el efecto que tendría la eliminación del término “relevante” en el artículo 4 ter y precisar el concepto “causa”, en el combate de la elusión.

El señor Polanco explicó que la eliminación del término “relevante” procede porque en la actualidad, el juez tributario, a la hora de determinar la existencia de abuso, tiene que concluir que el acto o contrato no se hizo por ninguna razón jurídica o económica relevante. Entonces, lo controvertido del término se deriva de la falta de competencias necesarias en el juez para poder concluir lo anterior. Hay otros que postulan que la derogación de ese concepto implicaría dejar sin efecto la norma antielusión. Respecto de la causa, reconoció que es un concepto sumamente controversial. Se lo introdujo como un requisito de las figuras elusivas. Consideró que es una materia que debe ser discutida con los jueces tributarios.

19.-EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALIZADORES DE SII (AFIICH), SEÑOR JUAN APABLAZA GALLARDO. Comenzó destacando que consideran que el principal objetivo de un sistema tributario no es la recaudación, sino acortar la brecha de desigualdad. En este contexto, para desarrollarse Chile requiere invertir en bienes públicos e igualdad.

El gasto tributario es aquélla recaudación que se deja de percibir producto de la aplicación de franquicias o regímenes impositivos especiales para promover un determinado sector, actividad, región o agente de la economía. Estimó que este debiera ser más equilibrado, por cuanto de los US$8.000 millones que calculan existe, el 80% se destina a las grandes empresas y el 20% a las Pymes, en circunstancias que el empleo que estas generan alcanza el 60%.

Reseñó los requisitos generales para deducir gastos necesarios para producir la renta, cuales son: relación directa con el giro, que efectivamente se haya incurrido en él, que sea necesario para producir la renta y que se lo acredite. En el proyecto se agregan dos conceptos al gasto: indirecto y voluntario. No se presenta el efecto en la recaudación de esta modificación. También genera un impacto en la norma antielusiva. En el derecho comparado hay un requisito sine qua non, cual es el de la correlación ingreso-gasto. España lo establece como un principio básico en la deducibilidad del gasto. El resto de los países, no aceptan como regla general las liberalidades. Preguntó en este contexto si el Fisco asume costos por decisiones voluntarias del contribuyente y si esto podría implicar aceptar meras apreciaciones del contribuyente, o estimaciones, como provisiones financieras. Comentó el caso “Cocacola Embonor”, resuelto en 2013 por la Corte Suprema, en el que se impugnaron gastos por intereses generados por una agencia extranjera radicada en un paraíso fiscal. La Corte resolvió a favor del Fisco, decretando que la empresa no puede descontar como gasto los intereses sin haber producido ingresos, además de haberse originado en un paraíso fiscal. La pérdida tributaria en ese caso se disminuyó en 98 mil millones de pesos y el perjuicio fiscal ascendería a $26.460.000.000.

Expuso los resultados de una investigación llevada a cabo sobre los gastos rechazados, a partir del análisis de los formularios 22, identificando cuál es su monto, qué porcentaje del total representan y a quién corresponden:

Por otra parte, el proyecto dispone que se podrán deducir como gasto:

- Los créditos que se encuentren impagos por más de 365 días contados desde su vencimiento, o

- El valor que resulte de aplicar un porcentaje sobre el monto de los créditos vencidos. (El Servicio, mediante sucesivas resoluciones, establecerá los rangos de porcentajes tomando de referencia indicadores de incobrabilidad del sector o mercado relevante en que opera el contribuyente).

Agregó que no hay exigencias de demostrar que se efectuaron gestiones de cobranza (en el derecho comparado esto se requiere).

Por otra parte, respecto a la Responsabilidad Social Empresarial, consideró que es un tema tratado internacionalmente. Estimó razonable que se incorporen con las limitaciones que se establecen, pues las empresas deben incurrir en ellos si quieren desarrollar sus actividades. Sin embargo terminan con un inciso que dice: “También constituyen gasto los desembolsos acordados entre partes no relacionadas que tengan como causa el cumplimiento de una transacción, judicial o extrajudicial, o el cumplimiento de una cláusula penal.” No aclara la limitación en la que el contribuyente no haya incurrido en negligencia, culpa o dolo, toda vez que no es posible admitir que se beneficie de su propia negligencia o culpa o dolo.

Sobre la restricción a la fiscalización de pérdidas de arrastre prescripción, consideró que las limitaciones que se imponen, imposibilitan la aplicación real de recurrir a la emisión de una resolución del Director Regional:

a) Se invierte la carga de la prueba

b) Presunción de validez de los antecedentes del contribuyente.

c) Se debe especificar los antecedentes requeridos: es imposible cómo se va a poder especificar si se desconoce la composición de dicha pérdida. Se obliga a un imposible.

d) Se previene que sólo debe ser excepcional: es decir no será práctica de un proceso de fiscalización ordinario.

e) La Corte Suprema reconoce la fiscalización mas allá de la prescripción en estos casos.

En este mismo contexto, la no aplicación de los requisitos generales del gasto a las pérdidas de arrastre, implica que no aplicarán los requisitos generales del gasto por tanto:

1. No deberá acreditarse de manera fehaciente

2. No se le puede exigir la razonabilidad del monto

3. No se le podrá exigir tampoco en pérdidas generadas por planificaciones agresivas, lo indispensable de haber efectuado dicha planificación.

En cuanto a la boleta electrónica, reconoció el carácter controversial de la discusión. Indicó que no están en contra de ella, porque no se trata de una iniciativa desarrollada a partir de este proyecto de ley, sino que existe ya hace bastante tiempo. Indicó que tienen diferencias respecto a las cifras de recaudación por efecto de la boleta electrónica. Tomaron todas las declaraciones de IVA del 2016 y llegaron a las siguientes cifras:

Sobre las modificaciones al artículo 59 del Código Tributario, relativo a la facultad del SII de examinar y revisar las declaraciones de los contribuyentes dentro de los plazos de prescripción, señaló que antes se podía revisar en el plazo de 3 o 6 años. Luego, se acorta a 9 y 12 meses. Además, no se puede volver a revisar por los mismos hechos, impuestos y periodos. Ahora, con lo propuesto en el proyecto de ley, no se puede revisar nuevamente por los mismos hechos. A este respecto, detectó las siguientes consecuencias y riesgos:

1. Es imposible anticipar todos los tipos de impuestos que alguien puede haber evadido o eludido.

2. No cuenta con los antecedentes para determinar fehacientemente con qué impuesto se va a gravar y si las circunstancias son distintas para un período tributario distinto, no sabe con exactitud…Ése es justamente el objetivo de la fiscalización.

3. Por ejemplo, si se tiene una partida de gasto, no se sabe siquiera si se gravará con impuesto de primera categoría o con impuesto único del artículo 21, porque sólo después de la auditoría sabremos si fue pagado o no, con los comprobantes contables y de pago.

Además, estas modificaciones tendrán incidencia en la aplicación de los Convenios de Intercambio de Información y el Convenio Internacional de Asistencia Mutua MAAT, porque para que la administración tributaria chilena le pueda consultar a su par extranjero respecto de una situación de un contribuyente, existe un plazo de menos de 9 meses. En la experiencia práctica estos intercambios de información no demoran menos de 6 meses, y a veces se requiere consultar dos o tres veces, por lo que la modificación dejaría como letra muerta lo dispuesto en los convenios. Agregó que según un informe de 2017 de la Cepal, los flujos ilícitos desde Chile al extranjero suman US$8.500 millones, principalmente como consecuencia de la evasión, elusión, presiones de transferencia, narcotráfico y lavado de dinero. También podría restringir facultades de la UAF y Aduanas.

Sobre el Defensor del Contribuyente, expresó que constituye la creación de una herramienta institucional que eventualmente puede ser instrumentalizada, coartando la capacidad fiscalizadora del SII. Implica el traspaso de funcionarios y bienes del SII, a nivel nacional en un plazo de 2 años y el debilitamiento de las facultades del SII. Podría ejercer competencias que le corresponden a la Contraloría General de la República, a los Tribunales Tributarios y Aduaneros y a las autoridades del SII.

En cuanto a otras modificaciones, señaló que el Derecho Tributario está integrado por normas de orden público distintas a las normas del derecho común. Respecto a la norma antielusión, elimina “efectos relevantes” distintos a los tributarios y basta que acto esté contemplado en legislación común. Cambia los términos “Hechos imponibles” a “Hechos Gravados” y cambia los términos “Actos jurídicos o negocios” a “Actos jurídicos o Contratos”.

Concluyó expresando que este proyecto de ley disminuye facultades del SII, distribuye US$ 833 millones al 1% más rico. Los cambios a la normativa tributaria que favorecen la elusión. Por su parte, estimó que la DEDECON constituye más bien superintendencia. El proyecto evita judicialización por temor. Y respecto de los gastos y otras medidas, no se ha dimensionado y cuantificado el menor ingreso en la recaudación.

20.-DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS SII, SEÑOR FERNANDO BARRAZA LUENGO

En su segunda intervención abordó las consultas formuladas por los integrantes en sesión anterior, las que clasificó conforme a las siguientes categorías: Cláusula Pyme, Boleta electrónica, NGA, Reintegración y otras.

Respecto a la Cláusula Pyme, se refirió a las siguientes consultas: ¿Qué ganan las pymes que están en el 14 Ter con la propuesta? ¿Qué pierden? ¿Hay una posibilidad de crecimiento a través de la Cláusula Pyme, del 24% que hoy está en el 14 Ter? La principal diferencia es que se eliminan las barreras de entrada del actual 14 Ter (24%) sin distinguir por tipo de contribuyente ni de socios para acogerse. La Cláusula Pyme propone tributación por margen, que beneficiará potencialmente a 782 mil contribuyentes con ingresos menores a UF 10 mil.

Realizó una comparación aspectos principales 14 ter vigente frente a la cláusula Pyme:

Tratándose de la boleta electrónica, abordó las siguientes preguntas: ¿Cómo se previene que se burle el sistema? Contestó que con fiscalización en terreno, con presencia fiscalizadora tras incumplimientos reiterados, un Punto Fijo Virtual, la comparación en línea de la relación débitos/créditos, impidiendo el “ajuste” por parte del contribuyente y con control ciudadano. Agregó que los consumidores podrán realizar sus denuncias mediante aplicativos cuando no les hayan sido emitidos sus datos electrónicos. Destacó el rol de la mensajería preventiva en línea, de los avisos notificando situaciones anómalas, tales como la no emisión de boletas, ventas bajo promedio, stock superior a las ventas, etc.

Respecto a la DEDECON, las preguntas planteadas fueron las siguientes ¿Funcionará como defensa a los contribuyentes pequeños o como relativización de la norma para grandes empresas? Señaló que el proyecto no establece como función del DEDECON asumir la representación ni defensa judicial en las reclamaciones tributarias de los contribuyentes, sino que está diseñado para orientar a los contribuyentes. Por su parte, la interpretación de la norma tributaria se mantiene en el SII.

En cuanto a la reintegración, abordó la petición de que se pudiera hacer una modelación con respecto a cuánto recaudarán las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas o cuánto más o menos recaudarán cada RUT aunque esté individualizado y anonimizado, para tererminar los beneficios de estos 830 millones se va a distribuir entre cuántas personas y en qué cantidades o magnitudes. En términos de personas ¿Quién será el mayor beneficiado con integración? ¿Con qué magnitud entrega una respuesta a lo que se ha planteado también de que esta modernización tributaria favorecería al 1% más rico del país?

Expuso la concentración estructural de la economía y la tributación:

De acuerdo a la información exhibida en la sesión anterior, de los US$ 833 millones de crédito de primera categoría que se reintegran: US$ 336 millones corresponden a contribuyentes de impuesto adicional y US$ 497 millones corresponden a contribuyentes de Impuesto Global Complementario, 69% Micro y Pequeñas Empresas según clasificación del SII.

En cuanto a la integración total de regímenes tributarios, entregó la siguiente información, desglosada por tramos de renta, especificando el número de contribuyentes que se encuentran en cada uno de ellos:

Sobre la Norma General Antielusión, recordó las preguntas formuladas: En un juicio, ¿cómo podrá el SII probar la causa ilícita? Respondió que una causa ilícita se prueba en base al mérito del caso, por lo que no es posible responder de manera genérica a la forma en que se probará este tipo de causas.

¿La modificación a la norma antielusión, hará perder el efecto disuasivo de esta? Contestó que la capacidad disuasiva de la norma se mantiene. Los cambios que se están proponiendo no cambiarán el efecto preventivo que se produce en los contribuyentes.

Respecto a otros temas, dio respuesta a las siguientes interrogantes:

Gastos. ¿Cómo quedan en este proyecto de Modernización Tributaria los gastos que van realizando las empresas? Pregunta que fue complementada con la siguiente contextualización: Porque existe el riesgo que multas que imparte el SII sean, al calor de este proyecto de ley, pasadas como gastos necesarios para producir la renta. Tenemos un ejemplo clásico que fue cuando el SII aceptó la multa que se aplicó a LAN Cargo en Estados Unidos como gasto. Por supuesto que ahí el efecto de la multa se pierde. No tiene sentido aplicar multas, si después las empresas las pasan por gastos.

En el caso que se mencionó en la pregunta, lo afirmado no es efectivo. El gasto nunca fue aceptado por el SII. Se emitieron liquidaciones de impuesto en su oportunidad. Respecto a las multas que imparte el SII, en el proyecto la situación no cambia.

Silencio positivo y tiempos de respuesta. Sobre el 98% de respuesta dentro de los primeros 3 meses de la solicitud ¿Cómo es la distribución después, o sea los que no se demoran tres meses, ¿se demoran un año? ¿O todos están en los próximos días posteriores a los tres meses? ¿Cómo es la curva de respuestas si es que tienen detalladas esa distribución?

Del 2% restante, el 99% se responde en los 4 meses siguientes Quedan algunos casos aislados que, por su complejidad, pueden tomar algo más de tiempo.

Norma transitoria de avenimiento. Según dirigentes de los TTA, con la Reforma se incluye también una norma transitoria para “perdonar” a infractores tributarios ¿Es esto así?

En el mensaje del proyecto se propone un mecanismo de avenimiento con el pago del 100% de la deuda en impuesto, con la condonación total de los recargos, sin distinción de tipo ni tamaño de contribuyente. Se excluirán los juicios respecto de los cuales el SII haya ejercido acción penal. La recaudación potencial asociada a las causas reclamadas de mayor cuantía alcanzaría a US$ 1.041 millones (en el Informe Financiero se estimó un recupero de US$ 413 millones.

El diputado Melero valoró la presencia del SII en la discusión de este proyecto de ley. Expresó que las cifras entregadas, ponen de manifiesto el carácter regresivo del actual sistema semi integrado. Consultó si considera que el derecho civil permite actuar de mala fe, con ánimo de perjudicar al fisco, en el contexto de las afirmaciones que se han formulado en torno a que su aplicación en el ámbito tributario limitaría las facultades fiscalizadoras del SII.

El diputado Jackson preguntó por el efecto concreto que tendría el hecho que los contribuyentes del 14 ter sólo pagarían impuestos cuanto efectúen retiros, en el contexto de la declaración del informe financiero que señala que esta modificación sería neutra para el Fisco. Por otra parte, consultó cuáles podrían ser los efectos en términos de costo fiscal, en un primer momento, respecto de aquellas pymes que no migraron al 14 ter por el tema del FUT acumulado. Puso de manifiesto las diferencias existentes entre el costo per cápita promedio que generan los beneficios propuestos para las pymes y para las grandes empresas, que consideró poco progresivas.

El diputado Von Mühlenbrock recordó lo expuesto por la Asociación de Fiscalizadores del SII, particularmente sus conclusiones relativas a que con el proyecto se disminuyen las facultades, se distribuyen 833 millones al 1% más rico, que los cambios a la normativa tributaria favorecen la elusión, que la Dedecon es más bien una superintendencia, que se evita la judicialización, y que respecto a los gastos y otras medidas no se ha dimensionado ni cuantificado el impacto en la recaudación.

El diputado Auth recordó lo expuesto por el Director, sobre que el 80% de las ventas, el 75% de la retención del impuesto único de segunda categoría y el 70% del de primera categoría radican en las grandes empresas. En este contexto, consultó cómo se explica que ese 70% sólo constituya un 30% de global.

El diputado Ramírez solicitó que se informe en promedio, cuánto paga efectivamente cada contribuyente según cada tramo. Recordó que este sistema es progresivo, porque los ricos pagarán en promedio 45 millones de pesos de impuesto, y que por lo tanto, no parece razonable que para no bajarle la carga a cerca de 25 mil contribuyentes de altos ingresos, se esté perjudicando a otras 850 mil. Agregó que lo que la Constitución permite, en virtud de la proscripción de toda discriminación arbitraria, es que se establezcan diferencias a nivel de las tasas pero no en cuanto a los sistemas.

El señor Barraza indicó que no se hará cargo de las afirmaciones del Presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, siendo lo correcto que él absuelva las dudas que ellas generaron en otra sesión.

El subdirector jurídico del SII, señor Miguel Zamora Rendic, explicó que la propuesta de considerar las normas del derecho común, es completamente coherente con una norma ya vigente, a saber, el artículo 2 del CT, que dispone que en ausencia de norma tributaria, el derecho común colma ese vacío. Agregó que esto tiene frecuente aplicación, por ejemplo, en materia de fusión y reorganización empresarial.

21.-INSTITUTO LIBERTAD Y DESARROLLO, REPRESENTADO POR LA SEÑORA MACARENA GARCÍA ASPILLAGA, ECONOMISTA SÉNIOR DEL PROGRAMA ECONÓMICO Y NATALIA GONZÁLEZ BAÑADOS, SUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS.

La señora García comenzó destacando que la iniciativa constituye un importante avance en eficiencia, equidad, simplicidad, suficiencia y transparencia. El proyecto de modernización tributaria corrige distorsiones del actual sistema tributario. Las mejoras se observarían en todos los atributos de nuestro sistema tributario:

I. Eficiencia: incentiva el emprendimiento, la inversión, el ahorro y el empleo, impulsando finalmente el crecimiento

II. Equidad: reduce actual problema de inequidad horizontal y vertical producto de la RT2014

III. Simplicidad: facilita cumplimiento tributario a Pymes y emprendedores

IV. Suficiencia: reducido, incluso positivo, impacto fiscal V. Transparencia: informa al consumidor su carga tributaria.

Recordó que la reforma tributaria de 2014 tuvo cuatro objetivos, y que son plenamente aplicables al proyecto en trámite:

Primer objetivo: “Introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos al ahorro e inversión”. Indicó que solo en 5 de los últimos 20 años Chile ha crecido menos que el mundo, y la inversión:

En este mismo punto, el proyecto en discusión, a través de la Cláusula Pyme incentivaría la inversión en las Pymes, por las siguientes razones:

? Disponible para todas las Pymes por pleno derecho: 688.663 (76%) de las Pymes no tienen actualmente beneficios del 14 ter.

? Sin peajes de entrada: las 150.533 Pymes no tendrán que pagar por utilidades acumuladas.

? Reducción de impuesto a la empresa de 27 a 25% a 688.663 Pymes en semi integrado.

? Reducción de sobretasa de 9,45% a los dueños de 150.533 Pymes, de las cuales casi 280.000 socios tienen ingresos personales en los primeros cuatro tramos del IGC.

? Con tributación de los dueños en base a retiros efectivos.

? Con tributación de los dueños en base a integración total.

? Con depreciación instantánea.

? Con propuesta de declaración en base a margen para Pymes con ingresos hasta UF10.000: universo potencial de 782.000 contribuyentes (86%).

? Contabilidad completa con simplificaciones: 688.663 (76%) ya utiliza contabilidad completa sin simplificaciones.

Dado que cerca de 70% de las Pymes utilizan recursos propios como principal fuente de financiamiento, la Cláusula Pyme genera incentivos a la inversión, emprendimiento, innovación y crecimiento en este segmento. Adicionalmente, el proyecto de modernización tributaria considera:

1. Un régimen especial transitorio de depreciación para resto de empresas, lo que acelera la inversión luego de 4 años de caída en esta.

2. Una extensión de la rebaja de crédito especial IVA a viviendas construidas de valor entre UF2.000 y 4.000 (45% del IVA) (57% de las casas y 41% de los departamentos se encuentra en este tramo), fomentando la inversión habitacional en el segmento de ingreso medio.

Expresó que el Instituto encargó una encuesta, que evaluó con 300 Pymes, de las que el 75% tiene ventas por menos de 10.000 UF, preguntándoseles por diversos aspectos de la reforma tributaria, y estos fueron sus resultados:

Más del 50% de las Pymes tiene una buena evaluación (Positiva + Muy Positiva) del proyecto de modernización tributaria.

Se les preguntó en específico por la nota que asignarían al reemplazo del actual Régimen 14 Ter por la Cláusula Pyme, consistente en un estatuto especial, que requiere de contabilidad completa, dotado de una serie de beneficios, tales como la liberación de aplicar corrección monetaria, la posibilidad de aplicar la depreciación instantánea, una tasa de impuesto de primera preferente de un 25%, entre otros aspectos:

El reemplazo del actual régimen 14 Ter por la Cláusula Pyme obtiene en promedio una nota de 5,2.

Segundo objetivo: “Aumentar la carga tributaria para financiar, con ingresos permanentes, los gastos permanentes de la reforma educacional que emprenderemos, otras políticas del ámbito de la protección social y el actual déficit estructural en las cuentas fiscales”. En este punto, señaló que a pesar de la reforma de 2014, el balance estructural llegó a -2,0% en 2017:

Por su parte, respecto del proyecto en discusión en régimen, el informe financiero muestra aumento en recaudación por US$428 millones (+0,2% PIB):

1) Disminución de recaudación por integración (-US$833 mill.; -0,2% PIB)

2) Aumento de recaudación por boleta electrónica (US$1.174 mill., +0,3%

PIB)

a) No considera crecimiento: mayor crecimiento estimado de 0,6-0,8% genera entre US$360-480 millones adicionales (+0,2% PIB)

b) Costo integración menor en US$300 mil por TDT (+0,1% PIB).

Tercer objetivo: “Avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso. Los que ganan más aportarán más, y los ingresos del trabajo y del capital deben tener tratamientos similares”. En este punto, indicó que la distribución de ingresos no tiene sentido si no va acompañada de una economía en crecimiento. Presentó una serie de citas de diversos actores relevantes expresadas en los últimos años:

“Los chilenos han experimentado personalmente los beneficios del crecimiento, lo que se ha traducido en incremento de los ingresos y el consumo para toda la sociedad. Incluso políticas de redistribución radical producen solo una fracción de lo que el crecimiento puede producir en términos de ingresos (R. Valdés 2018).

“El impacto en el crecimiento depende del tipo de gravamen: los impuestos corporativos serían los que generan mayor impacto negativo, seguidos por los impuestos a los ingresos personales, a los impuestos al consumo y, finalmente, a la propiedad. Este ranking se justifica en el hecho que primero habría que generar riqueza para que luego ésta sea consumida, por lo que aquellos impuestos que afectan la capacidad de generar riqueza en la economía (como al capital o trabajo) impactan su creación (OCDE 2008).”

“Una publicación que consideró 26 estudios empíricos publicados entre 1983 y 2012 que analizaban el impacto en el crecimiento económico del alza de impuestos, concluyó que en 23 de los 26 documentos considerados sí se observó un efecto negativo entre el incremento tributario y el crecimiento, la inversión y, en última instancia, en el empleo de la economía (Tax Foundation 2012)”

Por su parte, la CASEN 2017 reporta una caída en la pobreza de 5,8 puntos entre 2013 y 2017, buena noticia sin duda, pero modesta si se compara con la disminución de 10,9 puntos del cuatrienio precedente de mayor crecimiento económico (2009-13). En cuanto a la distribución del ingreso, los resultados muestran un aumento de la desigualdad en este segundo período medida a través de los ingresos del trabajo.

Es posible inferir que:

i. El menor dinamismo de la economía finalmente tiene efecto negativo entre los más pobres.

ii. Ese efecto no es posible de revertir mediante la entrega de subsidios por parte de Estado.

iii. Por tanto, el crecimiento económico y la política social van de la mano, y si queremos avances en materia social, no pueden desasociarse.

Si el análisis se hace desde la perspectiva de las personas, las cifras son las siguientes:

80.000 personas, antes exentas, ahora pagan 9,45% por estos ingresos y el 91% de los socios en este sistema se ubica en niveles bajos de ingresos.

Concluyó este punto señalando que el régimen tributario actual semi integrado es regresivo afectando equidad vertical.

Por otra parte, el actual sistema semi integrado (65% de crédito) aumentó la tasa de impuesto del Global Complementario de los que reciben ingresos provenientes de empresas (303.703 dueños/accionistas) en 9,45% con respecto de la tasa de impuesto de los ingresos provenientes del trabajo.

En este escenario, dos personas que ganan lo mismo, pagarían distintas tasas de impuestos dependiendo del origen de los ingresos. La equidad horizontal entre empresario y trabajador ve afectada con tratamiento semi integrado, generando asimetrías:

i. Entre emprendimiento y trabajo

ii. Entre empresario nacional y extranjero con tratado de doble tributación.

iii. Entre empresarios extranjeros con y sin tratado de doble tributación.

En el mismo estudio ya citado, se les preguntó a las Pymes por la nota que asignarían a la reintegración del sistema tributario chileno, consistente en que se pueda usar el 100% de los impuestos pagados por las empresas como un crédito para los impuestos personales:

La integración del sistema tributario es evaluada en promedio con nota 6,0.

Añadió que el actual sistema tributario es indiscutiblemente complejo:

? Es muy difícil para los ciudadanos comunes cumplir con sus obligaciones tributarias sin ayuda de profesionales expertos, ya que, como el sujeto del impuesto es la persona, es muy fácil caer en delitos tributarios, y de acuerdo a la legislación chilena, es responsabilidad de cada uno de nosotros cumplir con dichas obligaciones.

? Esta es la base para decir que es un sistema injusto:

? Si bien los impuestos a la renta en Chile son progresivos (en la medida que se gana más, se paga más), para quien tiene mayores recursos es mucho más fácil contar con estas asesorías en la materia para utilizar los mecanismos que la misma ley entrega para pagar menos impuestos y no incurrir en errores involuntarios.

Ante la pregunta sobre cuánto ha aumentado aproximadamente el gasto real de las Pymes relativo al cumplimiento tributario, estas contestaron lo siguiente:

Para el 78% de las Pymes aumentó el gasto real relativo al cumplimiento tributario luego de la reforma del 2014.

Cuarto objetivo: “Velar porque se pague lo que corresponda de acuerdo a las leyes, avanzando en medidas que disminuyan la evasión y la elusión”, En este contexto, expresó que reducir la evasión aumenta la justicia y equidad del sistema. Una reducción de -1,5% de la evasión producto de la boleta electrónica no se observa exigente y menos en contexto internacional.

Natalia González Bañados, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos se refirió a los aspectos relativos a la certeza jurídica que presenta el proyecto, la que consideró importante porque es un factor determinante para el desarrollo económico. El desarrollo económico, a su vez, es pivotante para el desarrollo integral. Explicó que, en términos simples, consiste en saber a qué atenerse. Por ello, se dice que la certeza jurídica es la suma de la certidumbre, del respeto al principio de legalidad, al de jerarquía de las normas y su publicidad, de la irretroactividad de sus efectos (aspecto positivo de la seguridad jurídica) y el destierro de la arbitrariedad (aspecto negativo de la seguridad jurídica).

En suma, se trata nada más ni nada menos que de la confiabilidad y previsibilidad de nuestro sistema jurídico. Si hay certeza jurídica, los individuos conocen las consecuencias de sus actos y las de los demás y saben qué esperar, y qué podrá exigir el cumplimiento de tales actos. Lo anterior, en beneficio de quién De los ciudadanos (contribuyentes), por cierto, especialmente de quienes no tienen recursos para contratar asesorías costosas, pero también de la autoridad. Mayores definiciones y precisiones legales contribuyen a que la autoridad pueda ejercer sus facultades dentro del marco jurídico, reduciendo espacios para la interpretación y la consecuente litigiosidad. Apunta a así a dar vida a los principios de justicia, libertad e igualdad.

Según el reporte de la OCDE y el FMI en certeza tributaria (años 2017 y 2018), “Tax Certainty”, las decisiones de inversión y de localización de la inversión consideran tanto factores comerciales o de negocios (corrupción, condiciones macro, certeza política, el ambiente de tributación y los costos laborales) y factores tributarios.

Entre los factores que atentan contra la certeza jurídica en materia tributaria, destacó que estos son los más relevantes para los contribuyentes:

• Poca claridad de la normativa tributaria, redacción compleja y deficiente

• Falta de predictibilidad y tratamiento inconsistente por parte de la autoridad tributaria y por parte de los tribunales de justicia

• Burocracia considerable para el cumplimiento tributario

• Imposibilidad de contar con certeza inicial a través de circularse o normativa administrativa

• Tiempo de resolución de conflictos o de interrogantes relacionadas con la interpretación de las normas, muy extenso.

• Interpretación de autoridades locales respecto de los estándares internacionales a ser aplicables

• Poca coordinación autoridades tributarias transfronterizas

• Falta de entendimiento por parte de la autoridad de la forma de hacer negocios

• Planificación tributaria agresiva por parte de los contribuyentes

Las recomendaciones del reporte son las siguientes:

• Normas más sencillas, redacciones menos complejas y una regulación más completa. Evitar el gobierno de la norma administrativa

• El contrasentido de lo anterior es que justamente la simpleza y generalidad de la regulación legal constituyen una bendición para el fiscalizador, al facilitar los procesos de supervisión y evitar conflictos y disputas costosas para el Estado y poco eficientes para el desempeño de la sociedad en general.

• Se deben evitar las dificultades, que no son pocas, con las que se encuentra el destinatario de las normas. Debe haber un razonable grado de facilidad, incluso para materias complejas. Pymes enfrentan muchas incertidumbres, personas naturales también, las inversiones tienen prolongados periodos de maduración.

• Guías prácticas detalladas para cumplir con la legislación. Mayor transparencia por parte de la autoridad tributaria sobre su aproximación al cumplimiento tributario (criterios, ejemplos, guías, manuales, etc.).

• Reducción sustantiva de la burocracia para cumplir con la legislación tributaria.

• Mecanismos de consulta, audiencias en el proceso de reforma y cambios en la legislación deben ser explicados con detalle y con anticipación.

• Mecanismos administrativos expeditos de respuesta a consultas y solución de controversias ágiles, en que se respetan los derechos de los contribuyentes, resueltos en plazos útiles.

• Colaboración internacional por parte de las autoridades tributarias

En suma, la seguridad jurídica involucra a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El desarrollo integral de cualquier nación depende directamente de su sistema jurídico. Un marco jurídico sólido, que respeta los principios constitucionales genera confianzas. Sin las confianzas necesarias, no hay bases estables para evitar los conflictos y se desalentará el progreso. El simple hecho de proponerse y acometer la simplificación y buscar mayores grados de certeza jurídica es un gran paso que no tiene colores políticos.

En concreto, formuló las siguientes recomendaciones:

En específico sobre la Norma General Anti-Elusión (NGA), expuso que se mantiene con ajustes para otorgar mayor certeza a los contribuyentes y al SII y así aspirar a que la norma tenga aplicación práctica.

Planteó algunos ejemplos, para graficar la forma en que se respondería hoy frente a distintas situaciones:

• Si un cliente decide hacer un negocio con otra parte, fusionándose con el mismo en vez de estructurar la transacción como una venta genera un beneficio tributario. Puede que el beneficio tributario no sea el principal elemento que motivó a las partes hacia el negocio, sino simplemente una sinergia. Pero si se genera un beneficio tributario, como muchas veces ocurre, la autoridad podría considerar que es más relevante que el económico, preguntó ¿Es elusión optar por una fusión?

• Una empresa, constituida como SA, que está en régimen semi integrado se transforma jurídicamente en sociedad de responsabilidad limitada para cambiarse al régimen atribuido. Así tendrá tasa final del 35% y no 44,45%, y una tasa corporativa de 25% y no de 27%. Preguntó si se consideraría esto elusión.

• Opciones: No llevar a cabo la operación ¿Ineficiencias? Llevarla a cabo y esperar que SII califique Preguntó ¿tiene SII hoy claridad para embarcarse en proceso fiscalizador y luego judicial?

Respecto a lo que la reforma actual propone, indicó que se precisa que para que el SII pueda recalificar un acto debe necesariamente invocar elusión esto es: (i) abuso formas jurídicas o (ii) simulación. Solo así puede desatender la “forma” para buscar la “sustancia”. Para ello debe seguir el procedimiento establecido en la ley.

Situación actual:

– Abuso: Evitar total o parcialmente la realización del hecho gravado, disminuir la base imponible o la obligación tributaria, o postergar o diferir el nacimiento de ésta, mediante actos o negocios jurídicos que no produzcan resultados o efectos jurídicos o económicos relevantes para el contribuyente o un tercero, distintos de los meramente tributarios.

– Efecto jurídico o económico debe hoy ser más relevante que el tributario. ¿Cómo se sopesa el efecto más relevante?

– Se elimina calificación de “relevante” y se establece que el acto o contrato debe ser notoriamente artificioso (norma española de base así lo establecía)

– Simulación: Actos y negocios jurídicos que disimulen la configuración del hecho gravado o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, o su verdadero monto o data de nacimiento.

Se aclara la economía de opción: ¿Qué es? Es la posibilidad de elegir entre dos o más fórmulas jurídicas que la ley ofrece, con sus correlativos contenidos económicos y tratamientos tributarios diferentes, pudiendo todas ellas servir al fin práctico o resultado real que el contribuyente se propone alcanzar.

– Actualmente: Si del acto se deriva en un beneficio tributario, el derecho de opción requiere que los efectos estén contemplados por la ley tributaria, esto es, previstos en forma particular por ley tributaria. Las dinámicas corporativas van más rápido que el derecho tributario, y el derecho corporativo puede estar contemplando figuras que lo tributario no contempla.

– Entonces se establece que es legítimo elegir alternativas contempladas en el ordenamiento jurídico en general (no solo en la legislación tributaria).

– Respecto de la simulación: Se explicita en el artículo 4 quáter que puede configurar elusión tanto la simulación absoluta como la relativa.

• Se aclara que NGA excluye aplicación norma específica anti-elusión y vice/versa (facultad de tasación; gasto rechazado, normas en impuesto a las herencias).

22.- CHILEALIMENTOS A.G., REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, EL SEÑOR GUILLERMO GONZÁLEZ GALDAMES DE LA CERDA, DIRECTOR

El señor Murphy expuso que el suyo es un gremio con 75 años de existencia en el país. Representan a agroindustrias procesadoras de frutas y hortalizas: Productores de jugos concentrados, pasta de tomates, pulpas de fruta, conservas de durazno, entre otros productos.

Procesan:

El 50% de las manzanas que se producen en el país.

El 100% del tomate industrial

El 100% de duraznos conserveros

A su vez, generan 298 mil empleos

En forma agregada, la agroindustria generó en 2017 el 55% de todo el volumen de exportación de frutas y hortalizas que produce el país.

Manifestó que Chilealimentos comparte el espíritu de la Ley de Impuestos Verdes de “que el contamina paga”.

Destacó el aporte agroindustria a la sustentabilidad: El trabajo que han realizado por empresas agroindustriales a favor de la sustentabilidad ha sido notable, de alto reconocimiento y con resultados de gran significación: disminuir la huella de carbono 30% a través de la suscripción de 3 Acuerdos de Producción Limpia.

Pero tienen un reparo: los Impuestos Verdes se aplican a la agroindustria de frutas y hortalizas que tienen un efecto neto de descontaminación. Desde el punto de vista ambiental, el país necesita fomentar su agroindustria y no limitarla a través del impuesto verde.

Solicitan el mismo trato contemplado en la Ley al excluir el uso de biomasa, bajo el principio que los bosques abaten CO2. Los frutales y los demás vegetales que producen materia prima para la agroindustria cumplen la misma función que la biomasa.

Respecto al daño a la agroindustria y el país de afectar a esta actividad con el Impuesto Verde, indicó que este constituye un freno a la expansión de esta actividad y su competitividad, ya que pone un techo al tamaño de las empresas, siendo que el crecer es la forma de competir internacionalmente que tiene esta actividad.

La agroindustria de Chile compite internacionalmente con terceros países en condiciones de desigualdad, ya que la agroindustria a nivel internacional goza de subsidios. El Impuesto verde no es traspasable a precio para la agroindustria.

La agroindustria mundial es una actividad de bajo margen, en torno al 4-6%. Su viabilidad económica (en ausencia de subsidios) se encuentra en el tamaño de la empresa. Con el Impuesto Verde, la carga tributaria equivale a pagar más del 40% de la utilidad de la empresa, lo que lo configura como un impuesto desproporcionado para la agroindustria.

La recaudación del impuesto aplicado a la agroindustria equivale al 1% del total de contaminantes gravados en el país, causando un efecto negativo, directo e indirectos, de gran magnitud.

Además, afecta no sólo a la agroindustria en forma directa, sino que a toda la producción de frutales y hortalizas de los agricultores. Los agricultores no pueden dejar de dar un destino comercial a la producción que no se destine al consumo en fresco en Chile y en el exterior. Todas las especies tienen proporciones importantes de frutas u hortalizas con destino agroindustrial:

Ventas productos directamente afectados

US$ Millones, Año 2017

Todas actividades de márgenes muy estrechos, que, para poder ser viables, requieren de altos volúmenes de capital y grandes escalas de producción.

Destacó que Chilealimentos respeta el espíritu del Impuesto Verde. Sin embargo, la redacción del 2014 dejó secuelas para el sector agroindustrial, no deseadas.

Actualmente hay un convencimiento transversal en que el sector agroindustrial, en torno a los siguientes puntos:

- Ha sido perjudicado con la redacción del 2014.

- La agroindustria de frutas y hortalizas es un captador neto de CO2 y que este aspecto no fue considerado en la ley publicada el 2014.

- Con la nueva redacción propuesta ha habido un avance: el impuesto verde ahora es más verde porque:

- Se aplica sobre emisión real 25.000 Tn de CO2 o 100 toneladas de material particulado al año y no sobre capacidad instalada (50 MWt).

- Se mantiene la exclusión de la biomasa por ser captador de CO2

- Se aplica a todas las fuentes fijas, y no solo a calderas y turbinas (quedan incluidas las fundiciones que la ley las exceptuaba sin una razón verde).

En este escenario falta que el legislador reconozca el abatimiento de CO2 que realiza la agroindustria de frutas y hortalizas, tal como lo hizo con la Biomasa, en virtud del principio “Donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición”.

Añadió que Chilealimentos ha suscrito 3 Acuerdos de Producción Limpia en 12 años. Ello han implicado lograr metas de sustentabilidad por sobre lo contemplado en la Ley Ambiental, todas auditadas por organismos independientes. Sus logros en los últimos 5 años son:

- Reducción de 39% de huella de carbono y 47% de ahorro en consumo de energía total.

- Reducción 27% del consumo de agua.

- Capacitación del 100% del personal en producción limpia.

- Evaluación de uso de Energía Solar Fotovoltaica para todas sus empresas.

39% de disminución de la Huella de Carbono Total

47% de Ahorro en Energía Total

El Gerente General de Chilealimentos, señor Guillermo González Galdames expresó que en Chile, los Frutales y Cultivos industriales abaten anualmente entre 773 mil y 1,3 millones de toneladas de CO2 (1) y el impuesto a las agroindustrias equivale a sólo 363 mil toneladas de CO2 (1), conforme a un Informe del Dictuc 2018 considerando sólo los cultivos de uva, manzana, durazno conservero, tomate industrial y remolacha:

Los cultivos agroindustriales más directamente afectados por impuesto verde abaten entre 778 mil y 1,3 millones de toneladas de CO2.

Solicitó el mismo trato contemplado en la ley al excluir el uso de biomasa, bajo el principio que los bosques abaten CO2. Los frutales y los demás vegetales que producen materia prima para la agroindustria cumplen la misma función que la biomasa. Lo contrario implica un grave daño para el país, su agroindustria y su agricultura

Andrés Fernández Alemany, abogado de Chilealimentos, indicó que la redacción actual, contempla una excepción, aplicable a las emisiones provenientes de la biomasa. Si se analiza la normativa internacional, señaló que no hay muchos casos de impuestos verdes en general, pero además de eso, la norma chilena es bastante única, porque no establece una nómina de situaciones excepcionales o la incorporación de cierta gradualidad. La excepción actual se mantiene en el actual proyecto, lo que responde a una razón ambiental, cual es la compensación entre el carbono que la biomasa capta y sus emisiones, razón que es igualmente aplicable a la agroindustria, en el sentido que sus cultivos son captadores netos de carbono.

Solicitó que en Chile se aplique a la agroindustria la misma excepción que actualmente se contempla para la biomasa.

El diputado Ortiz consultó a la señora Fuensalida si se han reunido con Chilealimentos. Respondió afirmativamente, agregando que ellos lo solicitaron a través de la ley del lobby, reunión que incluyó también al Ministerio de Energía y al de Medio Ambiente. Indicó que lo plasmado en el proyecto responde a lo planteado por quienes intervinieron en dicha instancia.

El Subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno Guzmán manifestó la disposición del gobierno para trabajar en la discusión particular en orden a perfeccionar en la máxima medida posible el impuesto verde.

23.-PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALIZADORES DE SII (AFIICH), SEÑOR JUAN APABLAZA GALLARDO precisó, en su segunda audiencia, lo expuesto en relación a las modificaciones del artículo 59, relativo a la facultad del Servicio para examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Destacó las dificultades que impondría un plazo de fiscalización menor a tres meses, particularmente en las solicitudes de información a administraciones tributarias extranjeras.

Respecto a las modificaciones al artículo 132, relativo al procedimiento seguido ante los TTA, el proyecto de ley dispone que los documentos que no han sido presentados ante el SII, puedan ser acompañados ante el TTA. Esto permitiría presentar primero una parte de la documentación ante la administración, y luego la totalidad a la judicatura, lo que implica un traspaso de facultades de aquella a esta.

El diputado Auth preguntó si el proyecto, en lo que se refiere a las modificaciones del concepto de gasto y de la norma antielusión, fortalece o debilita la fiscalización del SII.

El señor Apablaza señaló que la consagración de una NGA, constituyó un avance, pero que no está exento de perfeccionamientos. Estimó que el proyecto disminuye su fuerza, pierde su razón de ser y queda prácticamente nula, en particular porque establece una primacía del derecho común, que regula las relaciones entre los privados. Dio el siguiente ejemplo: respecto al artículo 64, que dispone la facultad del Servicio de tasar la base imponible en ciertos casos, el proyecto establece que el SII sólo podrá tasar previa citación, en circunstancias que, en materia aduanera, el propio arancel es el que fija una tasación de manera genérica y sin citación. Respecto a los gastos y las pérdidas, asociar el apellido “voluntario e indirecto”, abre la puerta a que cualquier gasto rechazado sea aceptado, y eso no se ha medido en su impacto fiscal.

El diputado Schilling consultó por las modificaciones que proponen considerar entre los gastos los desembolsos por Responsabilidad Social Empresarial. También preguntó por la compensación de la boleta electrónica por la menor recaudación.

El señor Apablaza expresó que actualmente ciertos gastos de RSE se aceptan. Sin embargo, previno que es necesario precisar el concepto de gasto ambiental o de RSE. Respecto a la recaudación a partir de la implementación de la boleta electrónica, indicó que no están en contra de ella. Por otra parte, todo adelanto tecnológico debe tener normas especiales para los pequeños contribuyentes que no pueden modernizarse. Finalmente, la fortaleza tecnológica es esencial. El SII requiere 2 o 3 veces el presupuesto asignado al área informática, cerca de 30 mil millones de pesos.

Destacó que no es bueno ni para la administración ni para el contribuyente experimentar reformas tributarias cada cuatro años.

24.-PRESIDENTE DE LA CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO DE CHILE AMCHAM, SEÑOR GUILLERMO CAREY CLARO manifestó que han estado contribuyendo en incrementar la competitividad del país, intensificar la presencia de empresas estadounidenses en el país, permitiendo que Chile se convierta en una plataforma de negocios para el continente.

Hugo Hurtado Aravena, Consejero de la Cámara comenzó señalando que el proyecto en general simplifica el sistema tributario chileno y favorece la certeza jurídica.

Expresó que para reactivar la inversión extranjera en Chile, se debe eliminar cualquier forma de discriminación contra los inversionistas extranjeros. Plantean establecer un único régimen tributario, con una tasa máxima de impuestos de 35%. Actualmente la tasa puede llegar al 44.45%, lo que deja a Chile en desmedro frente a otros países de la región. Además, propuso establecer en los artículos transitorios una extensión del plazo para ratificar los convenios internacionales al 31 de diciembre de 2035.

Con el objeto de posicionar a Chile como un una plataforma para los inversionistas extranjeros, propuso eximir de impuestos las rentas operativas de otros países, establecer un sistema de control especial de la norma y un sistema en línea con la mayoría de los países OCDE.

En cuanto al impuesto a las plataformas digitales planteó esperar análisis OCDE al 2020 y aplicar regímenes tributarios generales existentes, lo que rigen para cualquier prestación de servicios, es decir, el IVA, y no crear nuevos impuestos. Agregó que cualquier gravamen debe aplicarse sobre el precio percibido por prestador de servicios y no sobre todo el valor pagado o transferido por el usuario.

Sobre el apoyo al incentivo tributario con empresas que inviertan en Investigación y Desarrollo, recomendó modificar el actual sistema de incentivos a la investigación y desarrollo, establecido en la Ley N° 20.241, aumentando los beneficios tributarios y disminuyendo o simplificando la cantidad de procesos. También planteó la posibilidad de otorgar créditos tributarios que puedan ser utilizados contra otros impuestos, por ejemplo, el de segunda categoría, porque generalmente los emprendimientos los primeros años sólo tienen pérdidas, por lo que no hay ingresos contra los cuales impetrar dichos créditos. En definitiva, propuso otorgar más espacio al inversionista para que él decida cómo usar sus fondos.

El diputado Melero consultó cuáles son las certezas jurídicas que más se valoran en el proyecto y qué le parecen las normas que fortalecen los derechos de los contribuyentes. Respecto a la derogación del DL 600, consultó si esta significó una pérdida para Chile o fue inocua.

El señor Hurtado destacó que tener las reglas claras es más importante para un inversionista que una tasa baja. Un caso especialmente valorado es el del silencio positivo. Es preferible tener una respuesta negativa dentro de un plazo razonable, que pueda ser reclamada ante los TTA, que no tener una respuesta nunca. También es importante tener claridad respecto a qué desembolsos serán considerados como gastos. Los derechos del contribuyente también están siendo fortalecidos adecuadamente, pero estiman que los fondos destinados a la DEDECON podrían ser mayores, y además debería contar con la facultad de representación judicial del contribuyente. En cuanto a la derogación del DL 600, consideran que ha tenido un impacto en la inversión extranjera. En los dos últimos años ha habido una baja por distintos motivos. El DL 600 tenía tasa del 42%, pudiendo acogerse a la tasa general. Muy poca gente se acogió al DL 600, excepto a partir de la desintegración del sistema. El inversionista extranjero valoraba la seguridad que le otorgaba el DL a partir del contrato que se suscribía con el Estado.

25.-PRESIDENTE DE FAMILIAS EMPRESARIAS DE CHILE, SEÑOR ANDRÉS VIAL INFANTE inició su presentación refiriéndose a las familias empresarias y las empresas familiares y su importancia para la economía. Destacó la participación de su organización en diversos encuentros, foros y actividades nacionales e internacionales, vinculadas al fomento y fortalecimiento de las familias empresarias.

Indicó cuánto representan las familias empresarias chilenas en el PIB nacional:

Agregó que de las 500 más grandes de USA, 33% son Familiares, en Europa 50% y Latinoamérica 66%. Aportan entre un 50 y 70% de PIB y empleo, son 12% más rentable que las no familiares, mantienen empleos más estables y las Pymes son casi todas familiares.

Planteó algunas propuestas concretas de modificación a institutos tributarios específicos.

Respecto al impuesto a las asignaciones hereditarias, indicó que para las familias empresarias a partir de US$ 1MM, la tasa es del 25%, lo que en definitiva destruye a las empresas. El Estado chileno recauda por este concepto menos del 0,17% del total de la recaudación anual. El Legislador no reconoce a las familias empresarias y empresas familiares y por lo tanto no le da un tratamiento especial, cosa que sí ocurre en otros países. Postuló reconocer a las familias empresarias y empresas familiares en el texto legal. Separar el patrimonio de quien fallece en dos:

a) Derechos en sociedades productivas y de servicios

b) Activos personales no incluidos en el negocio.

Para el patrimonio:

a) Legislación especial con incentivo tributario

b) La tasa que corresponda.

Para las familias empresarias que facturen hasta UF 100.000.- al año, si no venden la(s) empresa(s) productivas o de servicios, por el plazo de 10 años, se extingue la obligación pendiente de pagar el impuesto a las asignaciones. Se excluyen las empresas pasivas o de inversiones y los bienes de uso personal.

El diputado Kuschel indicó que el abandono de ciertas pequeñas localidades se debe en parte por criterios administrativos y tributarios que tienden a la concentración económica en términos geográficos.

El diputado Auth coincidió en que la tasa que se aplica en materia tributaria es cercana a la multa. Es una materia que debe ser discutida no sólo para las empresas familiares, sino en general. Se trata de contribuyentes que no han violado la ley, y se les aplica un interés que parece más una sanción. Consultó cuál sería el interés de la sociedad en que se promueva la existencia de empresas familiares.

El señor Vial expresó que la muerte de las empresas familiares, implica que estas son compradas por extranjeros, trasladándose la producción al exterior, por lo que se produce a su vez una pérdida de recaudación.

26.-PRESIDENTE (S) DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE CHILE (CONAPYME), SEÑOR MARCOS CARTER BERTOLOTTO inició recordando las palabras del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín Bascuñán quien, describiendo este proyecto, expresó que su eje central es “hacer más fácil la vida de las pymes”. En este sentido, el señor Carter estimó que se debe alcanzar un sistema simple, equitativo y que reconozca la realidad de Chile, del que son responsables todos los sectores políticos.

Reconoció el hecho que tanto el gobierno como los parlamentarios estén escuchando los planteamientos de las pymes. Consideró que el proyecto en estudio es bueno desde la perspectiva de las pymes, porque, entre otras cosas, simplifica los procedimientos administrativos, modernizando y facilitando el cumplimiento tributario. Aumenta los beneficios del 14 ter actual y elimina una serie de barreras de entrada.

Valoró el hecho que el proyecto contempla la creación de la DEDECON, lo cual da respuesta a un largo anhelo del sector. Esta figura es necesaria para que las pymes cuenten con un apoyo altamente calificado, que esté orientado a evitar conflictos judiciales. También destacó la redefinición del concepto de los gastos necesarios, y la posibilidad de que los dueños de las pymes puedan fijarse remuneraciones acorde a los valores del mercado.

Estimó que el proyecto favorece la competitividad de las pymes, permitiendo a su vez mejorar la estabilidad de las más de 50 mil personas que emplean.

27.-PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL, UNIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALIDADES DE CHILE UFEMUCH, SEÑOR VÍCTOR HUGO MORA ASTROZA. Comenzó detallando los principios de equidad y justicia en la distribución de los tributos.

Las normas tributarias deben converger en todo momento a la búsqueda de la equidad, lo que significa que contribuyentes de similares características deben ser tratados de manera similar. Los contribuyentes deben percibir que cada uno tributa de acuerdo a sus capacidades - sin que sea admisible la elusión o la evasión- así como que el fisco cobra a cada uno exclusivamente lo que corresponde.

En materia de certeza y seguridad jurídica, el contribuyente debe poder tomar sus decisiones teniendo claros los efectos y consecuencias tributarias de las mismas (Fiscal y Municipal). En efecto, resulta esencial que nuestro ordenamiento jurídico establezca normas que sancionen de manera severa la evasión, que permitan recalificar los actos jurídicos y contratos efectuados bajo elusión; que establezca posibilidades de tasación de base imponible; que señale gastos que no son aceptados por el legislador.

Otro elemento fundamental es la suficiencia a fin de hacer frente a los gastos del municipio. Para contribuir a financiar responsablemente los gastos derivados de su funcionamiento y operación. (Considerar Ley Pago a 30 Días).

En cuanto a la declaración de diferencias en el capital propio tributario, dado que el capital propio tributario es clave en la tributación con impuestos finales de los propietarios de las empresas, y que habiendo existido ya en nuestra legislación tributaria, especialmente para efectos de la determinación de la patente municipal a pagar, hay contribuyentes que se encontraron con diferencias relevantes en su capital propio tributario desde hace larga data, por ejemplo, por diferencias por aplicación incorrecta de corrección monetaria, errores de cómputo, procesos de reorganizaciones empresariales u otros, podrán declarar y pagar las diferencias de una sola vez en la declaración anual de renta del año tributario 2019 o 2020, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá optar por corregir todas las declaraciones anuales afectadas con dichas diferencias.

En esa línea la Ley, debe garantizar que el SII, informe a las respectivas municipalidades, las variaciones del capital propio, independiente del mes en que se produzca.

Tratándose de la Norma General Antielusión, expresó que están convencidos que la NGA constituyó un avance que, a la fecha, ha generado fundamentalmente un efecto disuasivo de realizar planificaciones destinadas a defraudar la finalidad de la normativa tributaria, a simular actos o contratos, o a realizar tales actos, contratos o planificaciones sin causa u objeto alguno. Están convencidos que el cumplimiento tributario exige el respeto irrestricto del principio de legalidad por los contribuyentes. Deben cumplir con sus obligaciones tributarias en la forma y en el fondo, no siendo lícita la elusión.

Por tanto, en los procesos de Declaración de Rentas, debe obligarse a los contribuyentes a ingresar en la respectiva columna, el Capital Propio tributario, de lo contrario, se considera como capital cero y como consecuencia, la municipalidad solo puede cobrar una Patente anual de 1 UTM.

Entregó ciertos antecedentes del Proyecto de Ley que Modifica el Decreto Ley 3.063 de Rentas Municipales Ley 20.280/2008. Se eliminó la obligación de los contribuyentes de patentes municipales, de presentar anualmente ante la municipalidad una declaración de capital propio.

En su reemplazo se establece que el Servicio de Impuestos Internos deberá remitir a la respectiva municipalidad, por medios electrónicos y dentro del mes de mayo de cada año, información sobre el capital propio declarado por cada contribuyente, su Rol Único Tributario y el respectivo código de la actividad tributaria.

Esta adecuación busca aliviar la carga burocrática de los contribuyentes y, además, asegurar la veracidad de la información que éstos remiten a la municipalidad para calcular el monto de las patentes municipales. (Fundamentos prioritarios de la Ley del 2008).

Por otra parte, se refirió a la Circular Nº55 del año 1975 del SII que impartió instrucciones respecto del comercio en la vía pública y el pago de impuestos aplicable a:

a) Las que en forma ambulante vendan o presten servicios;

b) Los que en forma estacionada en la vía pública vendan o prestan servicios, y

c) Los comerciantes de ferias libres.

Este tributo debe ser recaudado por la respectiva municipalidad, conjuntamente con el derecho que ésta cobra por el permiso o licencia para ejercer el comercio en la vía pública, debiéndose señalar separadamente el impuesto referido.

Detalló también la recaudación municipal a favor del SII (2017):

Planteó las siguientes propuestas concretas:

- Aplicar la Retención por Mandato, en caso de deuda por derechos por Impuestos por Patente Municipal.

- En las gestiones ante el Servicio de Impuestos Internos, se debe garantizar la recaudación del impuesto por Patente Municipal. (Termino de Giro-Facturas)

- Garantizar que el proceso de Rectificación de Capitales Propios ante el SII, debe ser informado al Municipio, en cualquier mes del año.

- Facultar a los municipios, para efectuar revisiones a los Capitales Propios.

- Obligatoriedad de ingresar en la respectiva columna en Capital Propio, declarado en la Renta Anual, a fin de evitar que se tome como capital cero.

28.-Señor Alejandro Micco Aguayo, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, comenzó destacando que el proyecto de ley del Gobierno es un cambio estructural, por las siguientes razones:

• Integración, cuyo costo asciende a US$800 Millones

• Modifica drásticamente la Norma General Anti-elusión

• Cambio en la definición de gasto necesario para la renta

• Cambios a los impuestos a la vivienda.

• Impuesto único a la ganancia de Capital

• Economistas como José de Gregorio han planteado que es poco prudente hacer una reforma estructural cada 4 años.

• Gobierno se apega a su programa y envía un cambio mayor.

• Es prudente realizar un alto, ver puntos de acercamiento.

Consideró que ha sido importante plantear el tema en términos de objetivos y principios, a saber:

• Mantener la recaudación

• Mantener la progresividad

• Atacar la evasión y elusión

• Fomentar el crecimiento

Estimó que el proyecto tiene grandes deficiencias para cumplir estos objetivos.

En cuanto a la recaudación, indicó que es fundamental que se aclaren, en forma conjunta, los impactos de los siguientes cambios:

• Costo de la integración US$800 millones

• Ingresos por boleta electrónica US$ 1.200 millones

Por su parte, el informe financiero no incluye referencias a temas importantes como:

• Cambios a los gastos necesarios para producir renta

• Impuesto único a las ganancias de capital de 20%

• Cambios a la norma general antielusión

• Defensoría del Contribuyente

En cuanto a la recaudación, indicó que falta más información:

Manifestó que la comisión y el Ejecutivo deben ser capaces de cerrar estos vacíos.

Por otra parte, expresó que la evasión viene cayendo por la inversión realizada en el SII. Se ha reducido la evasión del IVA en casi tres puntos porcentuales desde casi 23% a poco menos de 20%. Entre 2014 y 2017 hemos logrado progresar en mayor recaudación por menor evasión de IVA en US$745 millones y en Renta en US$ 940 millones.

En cuanto a las acciones de tratamiento para cumplimiento tributario y disminución de evasión (2016), se refirió a la “Mensajería Emergente:

En el año 2015 se desplegaron cerca de 820.000 mensajes, los que estuvieron fuertemente marcados por alertas relacionadas a ratios de débito-crédito, subdeclaración de IVA y no declaración de F29. Hasta junio del 2016 se han desplegado cerca de 90.000 mensajes relacionados a situaciones pendientes de resolver, compras en supermercados e inconsistencias en formulario 29 (subdeclarantes y no declarantes, principalmente). Para el segundo semestre se contemplan mensajes emergentes relacionados con cambio de sujeto, estaciones de servicio, compras con facturas realizadas en supermercados, no declarantes y subdeclarantes.

Agregó que el proyecto de ley, sin ajustes adicionales, es regresivo, por lo siguiente:

• Integración reduce la recaudación en US$800 millones

• El subsidio a la vivienda abarca los inmuebles avaluados en hasta UF7000

• La depreciación acelerada debe ser discutida teniendo en cuenta que el artículo 14 ter ya la contempla, y que bienes por hasta UF 100.000 pueden verse beneficiados por este mecanismo.

Indicó que esta es información entregada por el Banco Central es interesante, pero falta información, a saber, cuántos son retiros de sociedades familiares (esposo/hijos) y cuántos hay de renta presunta.

Respecto a la norma general antielusión, los cambios “afectan” la Norma de Facto. Los cambios a la norma se entienden como una sujeción del derecho tributario al derecho civil. El objeto de la NGA es que el sentido de la ley tributaria prime por sobre lo que acuerden las partes en un contrato para temas de pago de impuestos. La norma solo debe aplicar a grandes transacciones, a las mega empresas: fusiones, movimientos de propiedad que implique millones de US$ no a las empresas pequeñas, mediana ni siquiera gran empresa. Si no está claro se debe corregir.

Tratándose de la modernización del sistema, destacó lo siguiente:

• Impuestos a las plataformas digitales: Reduce un forado que se está abriendo en la base del IVA

• Boleta Electrónica: Acelera el proceso de digitalización del sistema.

• Apoyo al contribuyente: Seguir con ampliación de “propuestas de declaración de impuestos” a otros contribuyentes /

• Reducir Registros

Entre las medidas pro crecimiento, se refirió a las siguientes:

• Depreciación Acelerada: Es medida contra-cíclica – Principalmente adelanta inversión. Las pymes hasta 100.000 UF ya tienen depreciación hiper-acelarada (1/10).

• Vivienda: Es un subsidio, tiene impulso (pero, ¿es el mejor instrumento?). Se amplía el ámbito de aplicación, de viviendas avaluadas de 3500 a 7000 UF.

• Simplificación: Elimina dos regímenes, pero crea a la vez dos.

En cuanto a la relación entre reintegración e inversión, señaló que el sistema semi integrado genera incentivos a la reinversión, debido a que la tasa que se aplica a las utilidades reinvertidas es de un 27%, y las retiradas para consumo son gravadas con un 44.45%, lo que genera una brecha entre ambas del 17,45%. Por su parte, reintegrar disminuye los incentivos a la reinversión, en tanto la brecha entre ambas es menor, de un 8%, contrastando el 27% que se pagan sobre las utilidades reinvertidas y la tasa de 35% si es que retira para consumo.

Finalmente, destacó algunos pasos pendientes:

• Terminar de entender la recaudación de la boleta electrónica

• Regresividad

• Gastos necesarios para producir la renta

• Norma antielusión

Respecto a las medidas compensatorias propuso:

• Reponer tasa del 40% e introducir una adicional del 45% en el impuesto personal.

• Establecer una obligación de redistribuir un 30% de las utilidades de todas las empresas.

• Aumentar el impuesto a las emisiones de US$5/ton a US$20/ton, considerando la posibilidad de destinar una parte de la recaudación a la comuna donde se genera la contaminación.

• Eliminar la renta presunta en un plazo de 5 a 10 años.

• Poner límite de tiempo a la utilización de las pérdidas tributarias.

• Poner obligación de distribución a los fondos de inversión acogidos al artículo 104.

El diputado Melero consultó si están los elementos para aprobar la idea de legislar, y dar paso a una discusión pormenorizada de la iniciativa.

El diputado Auth consultó por las medidas que considera más necesarias para estimular el crecimiento, y si como medida compensatoria de la pérdida por reintegrar podría considerarse un impuesto al dividendo de retención en la fuente, excluyendo por cierto a los fondos de pensiones.

El diputado Kuschel preguntó cómo se explica que con un sistema –como el vigente- que promovería la inversión, esta cayó en todo nivel. Por otra parte, también bajo esta ley vigente, la deuda pública aumentó de 20 mil millones de dólares a 70 mil millones de dólares.

El señor Micco indicó que ha habido avances en la materia, pero en su opinión, deben aclararse aún con mayor profundidad las cifras asociadas a la recaudación, particularmente en relación a la boleta electrónica. Estimó que podría dividirse el proyecto en aquellos aspectos en los que hay consenso, para no retrasar la tramitación por la mayor discusión que se generará en otros ámbitos.

29.-Señor Jorge Hermann Anguita, Profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director de Hermann Consultores, en primer lugar se refirió a la integración tributaria. Indicó que Hoy existe un variopinto de sistemas tributarios utilizados dentro de la OCDE. Un 42% de países utiliza el sistema clásico tipo retención, 25% clásico puro, 14% imputado, 11% clásico tipo inclusión parcial y 8% con otros en el 2018.

La gracia del sistema imputado del país es que el impuesto sobre las empresas es un pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos por dividendos que se aplica a nivel de persona, evitando la doble tributación y reduciendo el sesgo hacia el financiamiento con deuda.

Desintegrar el sistema sería un enredo, porque habría que tener un impuesto diferenciado para las ganancias de capital en acciones y para los ingresos por dividendos.

El crédito fiscal puede basarse en la cantidad de impuestos pagados a nivel corporativo sobre los dividendos distribuidos como en Australia, México y Nueva Zelanda con integración/imputación total o puede establecerse con una tasa fija como en Canadá y Chile con integración parcial.

El sistema tributario puede ser utilizado para fomentar el ahorro e inversión en una economía.

En el caso de que la tasa de impuesto a los dividendos es superior a la tasa corporativa, las empresas se ven incentivadas a reinvertir sus utilidades por tener un impuesto más bajo, generando una fuente de financiamiento más barata que la emisión de acciones, por ejemplo.

En los últimos ocho años, se ha observado en la OECD una tendencia hacia la disminución del impuesto a las empresas y un aumento en el impuesto a los dividendos (personas) como una forma de incentivar la inversión.

Es evidente que, en un trascurso de ocho años, Chile en materia tributaria va en contra de la corriente con el alza del impuesto a las empresas y dividendos. Por ejemplo, el impuesto corporativo subió desde un 17% a 27% en ocho años, la mayor alza dentro de la OECD.

Gravar las rentas empresariales desalienta el ahorro empresarial (principal fuente), desestimula la inversión, el emprendimiento y la innovación, y favorece un mayor endeudamiento (dado que los intereses se deducen de la renta imponible). Los altos impuestos corporativos son entonces reñidos con el objetivo de propender a un mayor crecimiento económico.

Por lo que, volver a la integración total, propuesta por el gobierno, es un acierto para fomentar la inversión.

En cuanto a la cláusula PYME, señaló que en la práctica, el “régimen 14 ter” de la reforma 2014 no tuvo el efecto deseado.

Tan sólo 219 mil PYMES se acogieron dentro del grupo potencial de 909 mil empresas con ventas menores a 50.000 UF anuales; y 150 mil PYMES se acogieron al sistema semi-integrado con una tasa de impuesto corporativo del 27% en vez de 25% del sistema atribuido.

El régimen 14 ter obliga a eliminar el fondo de utilidades tributables y a pagar por el retiro, es engorroso volver a la contabilidad completa cuando crece la empresa (inventario y activos), existen las inentendibles circulares 20 y 43 del 2016, y se exige contabilidad completa para otorgar un crédito a la PYME.

La Cláusula PYME propuesta por el gobierno se hace cargo de varios de los actuales problemas, siendo un importante avance (ver presentación Ministro Hacienda, 25 septiembre 2018).

Propuso algunas sugerencias tributarias para facilitar el emprendimiento:

i)Evaluar permitir la contabilidad completa y simplificada donde cada Pyme elige libremente entre ambos, más allá de que la completa es la más acertada para una empresa en crecimiento.

ii)Incorporar el no pago de PPM cuando el dueño no paga impuesto personal, voluntario.

iii)Evaluar si es factible que las cooperativas pequeñas puedan utilizarlo.

iv)Revisar las trabas para recibir a contribuyentes desde la renta presunta, para su eliminación en un plazo de 4 años.

v)Aplicación de la boleta electrónica según tamaño de la empresa, replicar experiencia factura electrónica.

vi)Incentivo tributario que establezca deducciones fiscales para inversiones (capital semilla y etapa inicial) y exenciones tributarias para las ganancias de capital.

Sobre el Defensor del Contribuyente, manifestó que la propuesta del gobierno permite reducir la litigiosidad, disminuir costos y mejorar la justicia tributaria para las Pymes.

El nuevo organismo defienda a los contribuyentes solo ante el SII y no ante la justicia como propone el empresariado.

La propuesta establece a la mediación como un mecanismo alternativo al mecanismo judicial como en EE.UU, UK, Australia, Italia y Holanda.

El modelo planteado es similar a EE.UU en que el defensor ayuda a los contribuyentes cuyos problemas tributarios con el SII les genera problemas económicos, en especial Pymes.

Además, tiene la función de estudiar, analizar y presentar propuestas de recomendación normativa tributaria.

Por último, se establece una alternativa de resolución extrajudicial de disputas a través de la mediación.

Por lo que es correcto que la propuesta del gobierno no incluya que el defensor litigue en tribunales defendiendo al contribuyente, dado que es absurdo que quien realiza la mediación por un lado, sea a la vez por otro representante judicial tributario del contribuyente.

Dicha dualidad es improcedente, porque el mediador debe ser especialmente cuidadoso en la preservación de su neutralidad.

El modelo del gobierno busca que la mediación sea aplicada con carácter general en relación con las cuestiones suscitadas con ocasión de la aplicación y recaudación de impuestos, dejando como última instancia la litigación judicial.

En conclusión, expresó que el proyecto de ley sobre simplificación tributaria es Pro Pyme, porque se hace cargo de una realidad evidente: el fracaso del actual régimen 14 ter que más que ayudar, limitaba el avance de la Pyme.

El Estado debe ser visto como un socio de los emprendedores y no como un organismo que le pone trabas a su desarrollo productivo a través de cobrarle más impuestos.

Consideró que el proyecto de ley es una oportunidad única de impulsar el emprendimiento y potenciar el fomento productivo de las pequeñas empresas que generan cerca del 60% del empleo del país.

El diputado Kuschel preguntó por qué con la reforma del 2014 cayó la inversión en las PYMES en general, la inversión pública y simultáneamente aumentó la deuda pública.

El señor Hermann señaló que en el transcurso de 8 años aumentó en el país el impuesto a las empresas desde un 17% a un 27%. Ello disminuye la brecha que existía antes entre la tasa de impuesto a los dividendos versus la tasa de impuesto a las empresas, lo que desincentiva la inversión, en el sentido de utilizar recursos propios con preferencia al endeudamiento, porque les es más fácil deducir los intereses de la renta imponible. Eso podría haber incidido en un mayor endeudamiento y en una menor inversión.

El diputado Auth indicó que se ha escuchado a los gremios en esta comisión, los que han expresado su beneplácito por el 14 ter, solicitando la reducción de las barreras a su acceso, particularmente la obligación del pago inmediato del FUT. Preguntó cómo se explica la recuperación de la tasa de crecimiento e inversión sin haberse modificado el sistema tributario, e incluso habiéndose rechazado la pretensión de rebajar la tasa del impuesto corporativo.

El señor Hermann explicó que la inversión se ve afectada por varios elementos, tales como el crecimiento económico, las expectativas y el sistema tributario propiamente tal. Una reforma que propone aumentar la tasa del impuesto corporativo de un 20% a un 27% como fue la de 2014, puede afectar la inversión. El ciclo bajo del sector minero, que hoy comienza a recuperarse, es otro factor que incide en la inversión. La recuperación de la economía mundial, particularmente la de Estados Unidos, también afecta positivamente.

El diputado Schilling recordó que muchos expositores han hecho una relación entre reducción de impuestos y fomento del crecimiento y la inversión. Agregó que Chile entre el año 90 a la fecha creció desde un ingreso per cápita de US$5.000 a US$25.000. En este contexto, preguntó en qué periodo o en qué año de este ciclo se redujeron los impuestos para permitir este espectacular crecimiento de un 500%.

El señor Hermann expresó que Chile en los 90 tenía una economía con un stock de capital bajo, la inversión en minería era nula. La inversión en este ámbito, llevó a un repunte de la economía nacional. Existen cifras también que revelan un aumento considerable de la productividad entre los 90 y el 2000. Es cierto que los impuestos a las empresas han sido elevados progresivamente desde los 90, pero también es cierto que a pesar de ello, las bondades del aumento de la productividad en la economía y el aumento en la inversión, fomentados por una rentabilidad mayor a la que hoy existe, compensaban y sobrepasaban los efectos de las alzas impositivas.

-Señor Bernardo Fontaine Talavera, economista, comenzó expresando que la integración parcial no es justa, porque un empleado tiene una tasa máxima de impuesto del 35% y para un emprendedor es de 44,5%, para un mismo ingreso La reintegración entrega más equidad tributaria al igualar la tasa de impuestos que afecta a un emprendedor y a un empleado que ganan lo mismo.

Manifestó que la discusión de esta reforma ha estado rodeada de mitos. Un primer mito consiste en que la reintegración beneficia a las 1000 empresas más grandes del país.

Indicó que no es relevante el tamaño de las empresas porque la reintegración determina el impuesto personal de sus dueños, no el de la empresa.

Un segundo mito es el que a afirma que la reintegración sólo beneficia a las personas de más altos ingresos.

Explicó que 97% de los beneficiados no son los de más altos ingresos. Los de menores ingresos reciben 100% de rebaja de impuestos y los de mayores ingresos la menor rebaja (12%). Este sector pagará el 78% del impuesto a dividendos y retiros con reintegración. Actualmente pagan el 70%. Afirmó que la reintegración mejora la progresividad, a pesar que el sector de mayores ingresos recibe una rebaja importante. Recibe una rebaja importante porque los impuestos se pagan de acuerdo a la renta. Sólo el 20% más rico en Chile paga impuesto a la renta, cuestión que es única en el mundo. Obviamente si se baja un impuesto, más se benefician en términos absolutos los que más ganan, pero proporcionalmente, porcentualmente, la rebaja es mayor en los sectores de menores ingresos.

Un tercer mito señala que la integración parcial es efectiva para redistribuir porque grava las rentas de los que más ganan con una tasa del 44,5%. Ello no es así, porque la reforma de 2014 incluyó una gigantesca rebaja de impuesto al que pagan los dueños de empresas por los dividendos y retiros. Esa rebaja tuvo varias partes: bajar de 40% a 35% la tasa, pero también tuvo el impuesto sustitutivo, el que permitía a la persona, pagando una tasa muy baja, incluso 0%, retirar sin pagar global complementario. Los datos revelan que hay US$30.000 millones de utilidades que no van a pagar global complementario porque pagaron este impuesto sustitutivo. Esto tuvo un costo para el país de US$3.000 millones. Además, permitía en una sociedad limitada promediar las tasas de los socios, lo que se traducía, por ejemplo, en que un empresario cuya familia era socia de la sociedad, promediaba su tasa de hasta un 40% con las tasas de los demás que podía ser de 0%.

Un cuarto mito dice que la integración parcial iguala el impuesto de las rentas de capital con el impuesto de las rentas del trabajo.

Las empresas se comportan de manera distinta al promedio. Para la economía y la sociedad no son lo mismo las utilidades reinvertidas que las retiradas. La gran decisión de todo empresario es si destinar sus utilidades al consumo o al ahorro y la inversión. El sistema tributario chileno siempre se basó, al igual que los miembros de la OCDE, en aplicar un régimen que premie la reinversión y ahorro de las utilidades y castigar su retiro para consumo. Así, entre los años 2000 al 2009 la tasa de impuesto a las empresas era del 16,5% y la de las personas por los retiros de utilidades era del 41,8%. Hoy la tasa empresarial es de un 27% y la personal aplicable a los retiros es del 44,5%. Esto es importante viendo el concierto internacional:

Chile tiene una tasa superior incluso a la del promedio de la OCDE, como también la vigente en un país considerando el paradigma del Estado de bienestar como es Suecia.

31.-Señor Jaime Del Valle Valenzuela, Profesor de Derecho Tributario de Universidad Católica de Chile se refirió a los principios fundamentales del proyecto de ley:

1. La equidad y justicia en la distribución de los tributos:

“Contribuyentes deben percibir que cada uno tributa conforme a sus capacidades -sin que sea admisible la elusión o la evasión- así como que el fisco cobrar a cada uno lo que exclusivamente corresponde”

A. Equidad horizontal:

•A igualdad de renta - capacidad contributiva, debe existir el mismo tributo.

•Eliminación arbitrariedad

•Avance sustantivo al establecer un sistema único

B. Equidad vertical, progresividad:

•Eliminación factor regresivo: impuesto plano o sobretasa de 9,45%.

•Incremento 945% (tramo 0%) vs. 22% (tramo 35%).

•Cifras SII del año tributario 2018: se afectó con sobretasa a 867.528 personas.

?65% tramo exento (568.510 personas)

?17% tramo 4% (148.523 personas)

?3% tramo 35% (24.917 personas)

•Avance relevante en equidad vertical, al eliminar impuesto plano, regresivo, independiente de necesaria discusión en seguir avanzando en legítimos mecanismos adicionales de progresividad.

2. La simplicidad de las normas y los procesos tributarios

•Sistema asequible para contribuyente común.

•Que paga, por qué paga. Entender obligaciones y también derechos.

•Dotación de relación público privada de nivel de paridad: SII y contribuyentes no son contrapartes.

•Apoyo transversal de objetivo en si mismo.

Un proyecto de ley que avance en esta materia debe ser discutido en detalle desde perspectiva técnica, concreta y eficaz.

Manifestaciones concretas de relevantes avances en Proyecto de Ley:

?Digitalización de la relación del SII con el contribuyente

?Sistema único

?Relevante liberación de obligación de llevar registros

?Procesos de devolución de IVA expeditos

?Simplificación de normas de ganancias de capital, mercado de capitales, tributación internacional

Manifestaciones concretas en materia de PYME (14 ter 2.0):

?Simplificación y justicia en calificación: ingresos anuales UF 50.000

?Simplificación de normas de tránsito a régimen general

?Depreciación instantánea automática

?Tributación en base a propuesta SII

?Transparencia tributaria: tributación con impuesto global complementario empresario

Consideró que se trata de medidas concretas que benefician a la PYME obligan a una impostergable y rápida discusión sobre su implementación.

3. La necesidad de avanzar en certeza y seguridad jurídica

•Principio fundamental en Estado de Derecho, aspiración básica en relación público privada

•Predictibilidad del sistema, obligaciones y derechos para ambos actores

•“Observancia irrestricta en materia tributaria del principio de legalidad de los tributos”. Doble dimensión.

•Principio de reserva legal

Afirmó que cualquier iniciativa que avance en esa materia dota de seguridad al contribuyente, al órgano estatal, corrige distorsiones y regresa la potestad legal donde corresponde: al poder legislativo.

Manifestaciones concretas contenidas en Proyecto de Ley:

?Se robustece catálogo de los derechos del contribuyente, remarcando derechos básicos y presentes en la relación con cualquier entidad estatal.

?Creación de Defensoría de los Derechos del Contribuyente.

?Robustecimiento y dotación de juridicidad a la Norma General Anti – Elusión.

?Normativa probatoria: amplitud conforme al ordenamiento jurídico.

?Objetivización de normativa sobre gastos deducibles. Improcedencia de calificación de debilitamiento por otorgar certeza jurídica y objetividad, claridad, al ente fiscalizador y contribuyente.

?Reconocimiento de recursos administrativos contemplados en ley Nº 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen a los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Recurso jerárquico y de queja.

?Precisiones en concepto de habitualidad.

?Precisión y definiciones en materia de tasación.

?Interpretación en materia tributaria: fundamental interacción de derecho tributario con demás ramas del derecho, principio fundamental de derecho, coexistencia y especialidad.

Como conclusiones en este punto, expresó las siguientes:

?El Proyecto de Ley de Modernización Tributaria propone un avance significativo y técnicamente prioritario en los objetivos planteados.

?Avance del Proyecto de Ley de Modernización Tributaria en cada una de estas importantes materias es incontrarrestable, lo que hace necesaria e impostergable discusión en particular sobre el detalle de cada una de las propuestas y mecanismos para lograr los objetivos perseguidos y técnicamente compartidos.

32.--Señor Cristián Boetsch Gillet, profesor de la Facultad de Derecho Universidad Católica de Chile se refirió a los ajustes a la norma general anti-elusión. Expresó que el mensaje del proyecto da cuenta de una mantención de la estructura de la NGAE, aclaración, ajustes y adecuaciones que dotan de certeza jurídica.

Respecto a la aplicación de la NGAE, formuló las siguientes observaciones:

?No ha sido aplicada.

?Futura desaparición del efecto disuasivo ante dificultad de aplicación.

?Necesidad de aclaración y certeza jurídica para eficacia de la norma. Fortaleza en aplicación práctica.

Consideró que el Proyecto de Ley avanza en correcciones adecuadas que dotan de seguridad jurídica y efectividad a la NGAE, particularmente en los siguientes aspectos:

?Aclaración frente a las normas especiales antielusión.

?Certidumbre para contribuyente que consulta sobre caso particular, fortalece atribución del SII y otorga resguardo al órgano administrativo.

•Ajustes a la norma sobre abuso tributario:

?Se elimina la referencia al a “relevancia” de la operación, término que mayores dudas interpretativas ha generado.

?Incorporación de referencia a “actos artificiosos”.

?Adecuada interacción conforme a nuestro ordenamiento jurídico: con herramientas del Derecho Civil se busca dar debida satisfacción a la finalidad de la ley tributaria.

•Ajustes a la norma sobre simulación tributaria:

?El Proyecto amplía el ámbito de aplicación de la simulación, y por tanto de la NGAE.

?El Proyecto aclara que la NGAE no derogó tácitamente las normas que sancionan penalmente la simulación.

Concluyó planteando las siguientes consideraciones a propósito de las modificaciones que el proyecto formula en el ámbito de la NGA:

?Otorga mayor certeza sobre el sentido y alcance de la NGA, lo que beneficiará tanto al SII como a los contribuyentes.

?Es altamente probable que con estos ajustes la NGAE no solo tenga un efecto disuasivo, sino que derechamente comience a ser aplicada por el SII y los tribunales, cuestión que a su turno permitirá erradicar cualquier viso de una cultura elusiva.

El diputado Auth consultó al señor Valle por los problemas que deben ser resueltos de manera distinta a cómo están siéndolo en el proyecto. Preguntó al señor Boetsch por las razones que justifican reemplazar el concepto “artificioso” por “relevante”, en la NGA.

33.-El señor Francisco Selamé Marchant, Profesor de Derecho Tributario de la Universidad De Chile, comenzó su presentación reseñando la relación histórica entre el nacimiento de los parlamentos y los límites a las potestades tributarias de los soberanos, particularmente a partir de la Carta magna inglesa de 1215.

Planteó que el propósito general de la iniciativa es doble:

•Reencauzar la práctica del derecho tributario por el sendero de la legalidad

•Reacción a deterioro en la previsibilidad de la aplicación de las normas

Destacó el especial lugar que ocupa en este contexto el principio de reserva legal, en virtud del cual los tributes solo pueden ser establecidos por ley, potestad que reviste dos especiales características:

•Competencia exclusiva (Poder Legislativo).

•Competencia excluyente (Poder Ejecutivo, Administración, Poder Judicial)

Consideró que constituye una gran ventaja para los ciudadanos en un Estado de Derecho, pero también un imperativo para los parlamentos.

Estimó que en algunos aspectos el derecho tributario se sustenta sobre una legislación incompleta, anacrónica, ineficiente. En este contexto, serán los tribunales o el SII los órganos que llenarán esos espacios. No porque sean órganos abusivos, sino porque la falta de legislación abre espacios a la discrecionalidad.

Entre los efectos que surgen a partir de lo anterior, destacó los siguientes:

•Falta de previsibilidad

•Inequidad entre contribuyentes

•Judicialización

Se refirió a las materias que se completan haciéndose cargo de ciertas deficiencias:

Gastos rechazados

•Ampliación desmedida del gasto rechazado, ha englobado un sinnúmero de desembolsos bajo el concepto.

•Modernización del concepto de gasto es necesaria para combater esta situación. Consideró apropiada la propuesta de poder descontar como gasto la donación de productos próximos a vencer.

Prescripción

•Ampliación desmedida del plazo en pérdidas. En materia de créditos fiscales y capital propio el SII fiscaliza situaciones que pueden haber ocurrido 20 o 30 años atrás, lo que siempre es muy complejo para el contribuyente.

•Limitaciones a los términos generales de la prescripción.

Derechos de los contribuyentes

•Constituyen garantías mínimas en un Estado de Derecho.

•Deben establecerse sin desmedro facultades fiscalizadoras.

Norma General Antielusiva

• En su redacción actual, persenta contradicciones conceptuales. Durante la discussion se reemplazó el concepto “artificioso” por el de “efectos jurídicos o económicos relevantes”, cuestión que incidió profundamente en la aplicabilidad de la norma, por cuanto cualquier acto puede tener efectos jurídicos o económicos relevantes. Consideró que la NGA se ha aplicado, sin perjuicio de que el procedimiento respectivo no haya tenido aplicación.

• Se precisa introducir ajustes que permitan su ejecutabilidad y vigencia.

Certeza y seguridad jurídica en material tributaria

•En el foro de administraciones fiscales OCDE Santiago 26-28 de Marzo de 2019, se tratarán dos temas fundamentals: Leyes claras como factor fundamental y el esfuerzo legislativo para procesar reforma y mejorar la legislación tributaria

El diputado Schilling preguntó cómo se explica el crecimiento desde US$5000 a US$25000 per cápita desde el año 1990 sin haberse bajado los impuestos. Agregó que se da por sentado que la simplificación es positiva para el crecimiento, y puede que lo sea. En este sentido, consideró que una forma de simplificar es establecer un sistema único de tributación, pero por qué optar por un sistema integrado y no por uno parcialmente integrado o por el de renta atribuida.

El diputado Von Mühlenbrock consultó qué es lo más importante que los expositores destacan en el proyecto de modernización y qué elementos no los satisface completamente.

El diputado Auth preguntó si acaso no es más simple liberar el peaje de acceso al 14 ter y eliminar el requisito de la determinada estructura societaria, en lugar de enredar el panorama con distintos regímenes PYME. Respecto a la pérdida de recaudación, cerca de 300 millones corresponde a la tributación de extranjeros. El 46,1% de la pérdida, favorece al 4,5% de los 867.000 contribuyentes. Concluyó expresando que eso no puede leerse como incremento de progresividad de un sistema.

El diputado Ramírez consultó por la redacción de la NGA propuesta. Pidió al señor Fontaine su opinión respecto al nivel de impacto que puede tener sobre la inversión y el crecimiento el hecho de no sacar adelante este proyecto de ley.

El señor Selamé hizo referencia a un estudio que revela que países con normas más claras tienen un índice de crecimiento mayor. Eso ha facilitado el crecimiento de Chile desde el 90 hasta hoy. Últimamente se ha producido un deterioro en la certeza jurídica que daña al país. Respecto a la renta atribuida, explicó que no funcionaba porque exige atribuir la renta al 31 de diciembre de cada año. En ese momento se saca una foto a quienes son los dueños de las acciones de las empresas. En el caso de un S.A. abierta, el efecto de dicha constatación sobre el precio de las acciones es muy intenso. A fin de año las acciones bajarían su precio porque todos querrían venderlas, para evitar la atribución de la renta. Al 1 de enero los antiguos titulares querrían volver a comprarlas, pero no pagarían impuesto, porque la renta sería atribuida a un contribuyente anterior. Si lo que se quería era que los empresarios pagaran una tasa del 35%, preguntó por qué no se hizo eso, en circunstancias que hoy la tasa del 27% se acerca mucho. En cuanto a la redacción de la NGA, valoró que la propuesta aclare una serie de situaciones que generan problemas y espacios de discrecionalidad, por ejemplo, a través de la introducción del concepto de “actos artificiosos”, en reemplazo de “efectos jurídicos relevantes”. Hoy la gran norma antielusiva que aplica el SII es la de los gastos rechazados, siendo que no es la vía adecuada. Es correcto limitar el concepto de gastos rechazados y dar mayor preponderancia a la NGA para controlar la elusión.

El señor Boetsch complementó indicando que se da una situación absurda respecto a la NGA: el SII evita aplicarla. Estimó que es bueno volver a la redacción original, eliminando la referencia a los efectos relevantes e ir a los actos artificiosos, porque existe jurisprudencia española, país que cuya legislación ha inspirado esta norma, que puede servir mucho en su aplicación y además la dota de un contenido, recurriendo al concepto de causa del derecho civil. Se podría mejorar, por ejemplo, en lo que se refiere a la eventual superposición del derecho civil por el tributario, convirtiéndose su procedimiento de aplicación en un juicio de nulidad, siendo útil para salvar esta dificultad explicitar que la declaración de elusión no versará sobre la nulidad.

El señor del Valle indicó que en relación al 14 ter tal vez sería más fácil mejorarlo, y estimó que el proyecto precisamente hace eso. El 14 pyme podría establecer la tributación sobre base devengada, pasando a uno sobre rentas pagadas efectivamente. El proyecto actual les da un plazo de 12 meses, pero un día después las obliga a pagar por un incobrable. Lo segundo es que se establecen normas de transparencia que son un avance en simplificación. El 14 pyme no es un sistema distinto, sino una mejora del existente. Lo que si es sustancialmente distinto es la contabilidad, precisamente porque el actual es un sistema atribuido, de manera que si este régimen se suprime, deben introducirse las modificaciones que lo hagan coherente con el resto del sistema. En este sentido se propuso una contabilidad completa, lo que puede ser discutible. En cuanto a la progresividad del proyecto, indicó que un hecho objetivo es que el sistema actual tiene dos defectos que es preciso corregir: la equidad horizontal, que personas que ganan lo mismo paguen lo mismo; y la equidad vertical, en tanto no es justo que por subir un 22% el tramo de más altos ingresos, paguen su costo el 97% de los contribuyentes con un alza del 945%.

El señor Bernardo Fontaine Talavera, expresó que el sistema parcialmente integrado es fruto de una negociación entre dos posiciones políticas. Luego la redacción del proyecto de ley en concreto complicó mucho las cosas, por ejemplo, cambiando el cálculo de la base imponible e introduciendo demasiadas restricciones y modificaciones. Para lograr el mismo objetivo de mayor recaudación, habría sido más sencillo simplemente subir las tasas y no crear un sistema, registros, etc. nuevos. Destacó como elementos positivos de la reforma del 2014 su esfuerzo por combatir la elusión y la evasión, el impuesto a las ganancias de capital de los bienes raíces, la restricción a la renta presunta y el IVA a las viviendas. Agregó que el sistema parcialmente integrado inhibe el emprendimiento porque a la misma renta un empresario paga un impuesto más alto que un empleado. El sistema integrado es progresivo porque el porcentaje de beneficio aumenta a medida que el ingreso baja. La integración parcial no es buena para redistribuir, porque gravando más al segmento más alto, se termina perjudicando en una mayor proporción a los de menores ingresos. Destacó también que la tasa del 44,5%, que resulta de la integración parcial para gravar al sector de más altos ingresos, no es efectiva. Porque grava una cantidad de personas que no está en el sector de más altos ingresos y porque gracias al impuesto sustitutivo hubo US$30.000 millones que pagaron solo US$2.000 millones, en circunstancias que debieron pagar US$5.000. Los que no pagaron ese impuesto, por falta de caja, de información o cualquier otra razón, son los que pagan la tasa del 44,5%. Respecto a los problemas del sistema atribuido, indicó que el principal es que aplica una tasa muy alta a las utilidades que se reinvierten en la empresa, constituyendo un castigo al ahorro y la inversión. Las empresas que actualmente son grandes se desarrollaron con tasas muy inferiores a la que enfrentan las empresas en crecimiento, por lo que tienen un escenario mucho más duro para prosperar. En cuanto al 14 ter, estimó que el 14 pyme es una versión mejorada. Hace que la empresa pague el impuesto de los socios, pero hay muchas pymes que están creciendo y prefieren reinvertir sus utilidades. Por eso el 14 ter no será siempre útil para todas las pymes. Respecto a las compensaciones por la menor recaudación, es un tema muy discutible, pero no legislar es dar la espalda a las pymes, a 867.000 contribuyentes y a todos quienes sufren la relación de David contra Goliat, al enfrentarse al SII.

El señor Selamé acotó que respecto a las utilidades que fueron gravadas por el impuesto sustitutivo, se había constatado que estaban en el FUT, que no se habían retirado por años y que no iban a ser retiradas. Por ello, se estimó preferible contar con US$2.000 millones en lugar de esperar indefinidamente por los US$5.000 que hipotéticamente se habría podido recaudar.

34.-Señor Juan Manuel Baraona, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile comenzó su exposición considerando que un tema importante al que se le ha puesto poca atención es el de la educación de gastos. El que sin su ocurrencia, la actividad económica no existe o decrece considerablemente. Que un gasto no sea deducible tributariamente equivale principio a gravarlo con la tasa de impuesto de la empresa, inicialmente en un 10% y actualmente en un 27%. Por cada $100 de gasto que no se deduce, el Fisco pierde $27 y el contribuyente $73. No se ve entonces en principio incentivo a incurrir en gastos no vinculados a la actividad de la empresa.

Pero hay casos en que ello ocurre y la ley ha limitado la rebaja a los gastos necesarios para producir la renta.

La cuestión está en la extensión limitada que ha esta expresión le han dado el SII y los tribunales: necesario = indispensable = mínimo suficiente

Gastos que han sido calificados como no aceptados por el SII y los tribunales:

1.Las patentes mineras.

2.Las transacciones de los bancos respecto de clientes en mala situación.

3.Costas procesales.

4.Pérdidas en derivados destinados a proteger pérdida cambiaria en aumento de capital.

5.Pagos acordados con comunidades indígenas para mitigar impactos ambientales no contemplados en resolución aprobatoria.

El Proyecto corrige lo anterior permitiendo la rebaja de los gastos:

Que se encuentren vinculados directa o indirectamente con el giro, entendiendo por tal el que se realiza para el desarrollo de las operaciones o negocios de la empresa o el que se efectúa en el interés de la misma.

Perfecciona además ciertos requisitos de deducción de algunos gastos establecidos específicamente y se agregan otros.

La penalización de los gastos rechazados

1.Desde 1984 los gastos no deducibles que representen desembolsos efectivos están sujetos a tributación especial que hoy es de 40%.

2.El objetivo definido fue evitar que los propietarios extrajeren recursos de la empresa al margen de tributación.

Esta disposición ha sido aplicada más allá de su objetivo inicial a todo desembolso rechazado el que queda gravado con tasa de 40%.

1.El criterio restrictivo en la deducción de gastos conlleva a aplicación extensiva de este impuesto.

2.Debe volverse a su objeto inicial gravando solamente aquellos desembolsos que ceden en beneficio de los propietarios. La sanción de tributación con 27% es suficiente en relación con el 10% que a la época de establecimiento del tributo gravaba los gastos no deducibles.

Facultades de tasación del SII

1.Contenidas principalmente en el artículo 64 del CT.

2.En la práctica tributaria la autoridad suele utilizar criterios alejados de la realidad de los negocios lo que, atendido el régimen probatorio y los criterios jurisprudenciales dejan al contribuyente en una situación extremadamente difícil.

Ejemplos:

1.Venta de una importante sociedad operativa tomando como precio de las acciones su cotización bursátil.

2.Venta de derechos en sociedad holding valorados por cotización bursátil de acciones de subsidiaria operativa, sin considerar restricciones que afectan a los derechos respecto de la administración, acceso a dividendos, disposición a de activos, etc.

1.El proyecto se hace cargo de esto en modificaciones al artículo 64.

Integración tributaria

Se ha dicho que la integración tributaria es regresiva y favorece a los súper ricos. Ello, por el mayor crédito de 9,45% aplicable al GC. Esto no es a mi juicio efectivo. Los “súper ricos”, sean quienes sean, no viven del global complementario.

El actual régimen lleva a que quienes hoy están en el sistema atribuido puedan pagar año a año más del 35% en la medida que no retiren toda la renta tributable debido a:

1.Cuentas por cobrar

2.Inversiones financiadas con capital propio.

El impuesto pagado por estas cantidades no se deduce de los años siguientes en la medida en que la empresa siga teniendo utilidades y la mayor tributación puede mantenerse.

La gran ventaja del sistema integrado es que equipara a los contribuyentes independientemente del origen de sus rentas. Chile perfectamente podría seguir con el sistema actual, pero cabe preguntarse si dicho sistema genera los incentivos adecuados para fomentar la inversión y el crecimiento. Un sistema no integrado supone un impuesto en la empresa y un complemento solamente en el impuesto al dividendo. Esto genera ciertas diferencias entre las rentas de los empleados frente a las rentas provenientes de fuentes financieras.

Exenciones

A tener presente la derogación de exenciones con fines recaudatorios.

1.En el IVA las exenciones suelen:

1.Favorecer a la clase media.

2.Afectarían los servicios a particulares más que a las empresas para las cuales el IVA es un crédito y respecto de ellos la evasión es más fácil, salvo quizás en salud.

1.Exenciones financieras en la LIR. Puede ser que el resultado no sea recaudatorio sino simplemente que no se realicen las operaciones en Chile.

35.-Señor Joseph Courand, Socio Líder del Departamento de Impuestos Deloitte planteó en primer lugar ciertos antecedentes, en términos generales, respecto al proyecto en discusión:

1. Urgente Simplificación – Resulta insostenible mantener 2 sistemas de tributación con múltiples situaciones no previstas.

2. Necesidad de tener un sistema de tributación único, 100% integrado, que no discrimine entre inversionistas extranjeros de países con y sin convenio de doble tributación.

36-Señora Ximena Niño Roa, Socia de Impuestos de Deloitte indicó que valoran la creación de un sistema general de tributación 100% integrado, que reemplace los 2 sistemas actuales. Por otra parte, también consideró valioso que las empresas queden automáticamente comprendidas en el nuevo sistema, como asimismo que el sistema de renta atribuida no fomenta el crecimiento y la inversión, al tener que tributar el 100% de la renta en el mismo ejercicio, aunque sea una tasa total de 35% (25 + 10). El Sistema Semi Integrado provoca una distorsión importante al tener que pagar impuesto Global Complementario por 9,45 puntos de una renta inexistente.

Para explicar lo anterior, planteó los siguientes ejemplos respecto al sistema actual de tributación:

Comparó la situación de un profesional que recibe un honorario bruto de $10.000.000 frente a un empresario que recibe el mismo monto, ambos en el plazo de un año. En el caso de la empresa sujeta al régimen semi integrado, suponiendo que se percibirán las utilidades luego de haberse pagado el impuesto de primera categoría, el socio accionista que retira deberá pagar el impuesto personal correspondiente, descontando como crédito el 65% por la empresa. El 35% restante del impuesto pagado, no constituye crédito, pero sí es considerado en la ley y por la interpretación del SII, como parte integrante de la base de tributación, aumentando el gravamen sobre una renta inexistente, que jamás llega al bolsillo de la persona. El impacto de lo anterior, es un incremento en el impuesto de casi el doble.

En el caso de una renta mayor, también se produce una mayor tributación que la que podría considerarse razonable, pero en una proporción menor que en caso anterior. En la experiencia de Deloitte, todos los contribuyentes son perjudicados con la tributación de 9,45%, los de rentas altas y bajas.

Por su parte, la mayoría de los contribuyentes de altos ingresos y altos patrimonios, usaron el Impuesto Sustitutivo del FUT. Lo anterior implica retiros libres de tributación por mucho tiempo. Tener un solo sistema, simplifica la operación, administración y la fiscalización de la tributación de los contribuyentes.

A continuación se refirió a las mejoras que propone el proyecto de ley para simplificar:

1. A nivel de la empresa se mantiene el pago del impuesto (tasa 27%) sobre la renta tributable (Renta líquida imponible, RLI). Con prescripción de 3 años, como regla general.

2. A nivel de las utilidades para reparto a los socios/accionistas, propuso modificar la metodología de cálculo de los registros:

a) Modificación en la metodología de cálculo de las utilidades tributarias. A partir de la RLI + Dividendos o Utilidades Percibidas. Son rentas trazables.

b) No conformar registros a partir del Patrimonio Tributario. Esta es la principal causa de complejidad.

c) Eliminación de Registros (Diferencias de Depreciación Normal y Acelerada DDAN, Ex FUF).

d) Simplificar la metodología para realizar imputaciones en los registros de utilidades y créditos. Primero a las utilidades retenidas y luego a las utilidades del ejercicio. El proyecto considera realizarlas al cierre de cada ejercicio.

e) La simplificación en las imputaciones, facilita las retenciones por las remesas al exterior.

f) El proyecto define la tasa de asignación de créditos considerando las rentas afectas a impuestos + diferencias de depreciación (RAI + DDAN), con tope de la tasa del impuesto de primera categoría.

• Tasa crédito = Créditos/ (RAI + DDAN) < Tasa 1° Categoría

• Beneficio de depreciación acelerada o instantánea, perjudica la asignación de créditos.

• Proponemos asignar créditos en base a la tasa del I. 1° Categoría.

g) El Proyecto permite no llevar registros siempre que no existan Rentas Exentas o Ingresos No Renta – 3 Observaciones:

g.1) Sin perjuicio de lo anterior, se debe construir el RAI (Registro de Rentas Afectas), para calcular la tasa de asignación del crédito.

g2) Quienes no lleven registros y tengan depreciación acelerada, podrán tener una mejor tasa de asignación de créditos, puesto que consideran solo el RAI y no el DDAN (permite arbitrajes).

g.3) En caso de una devolución de capital, se deben construir todos los registros.

Medida Recaudatoria del Proyecto:

- Falta explicar diferencias de utilidades entre el antiguo sistema en base a FUT y el Nuevo Sistema.

- Posibilidad de rectificar y pagar diferencias de impuesto detectadas o pedir devoluciones de impuesto según corresponda.

- Las diferencias no explicadas se gravarán con un impuesto único con tasa de 20%. ¿y si la diferencia se produce más allá de los 3 o 6 años de prescripción?

Modernización en la definición de Gastos Deducibles

1. Comparten las modificaciones que contiene el proyecto.

2. La interpretación fiscal y de tribunales en el sistema actual es extremadamente formalista.

3. Lo que se debe proteger es la simulación de retiros de utilidades como gasto.

En materia de pérdidas tributarias

1. Con base en el artículo 31 N° 3 de la Ley de la Renta, el SII audita e impugna pérdidas tributarias desde el origen (más allá de los plazos de prescripción del artículo 200 del Código Tributario).

2. No obstante lo anterior, no hay simetría para el contribuyente, ya que no se le permite invocar gastos que incrementen la pérdida tributaria cuando la data es superior a los plazos del artículo 200.

3. Solicitan que los plazos sean equivalentes para el SII y para los contribuyentes.

En materia de IVA

Respecto de las devoluciones del artículo 27 Bis

1. Se valora la reducción del plazo para la devolución del IVA de 6 a 2 meses que contiene el Proyecto de Modernización Tributaria, relativa a los proyectos de inversión (activos fijos).

2. No obstante lo anterior, sugerimos la modificación del concepto de “activo fijo” para tales efectos a la de “proyectos de inversión”, puesto que derivado de la interpretación fiscal sobre los activos fijos, los plazos se extienden por mucho tiempo.

Respecto de Peticiones Administrativas

1. Solicitamos que se modifique el artículo 126 del Código Tributario, en orden a permitir la posibilidad de realizar peticiones que incrementen el remanente de crédito fiscal, dentro de los plazos de prescripción, sin necesidad de tener que pasar a una situación de pago.

2. Lo solicitado simplificaría los procesos de rectificación en proyectos de largo desarrollo.

Situación Especial de las Concesionarias

1. El actual sistema tributario, no permite el carry-back de las pérdidas tributarias. Ello puede significar un gran perjuicio para las concesionarias en casos de relicitaciones con obras pre-existentes.

2. La Ley de la Renta (Artículo 15) permite deducir el costo de construcción de las obras, desde la puesta en servicio de ellas.

3. En general, en las relicitaciones, se generan ingresos desde la adjudicación, pero la deducción de los costos de construcción comienzan desde la puesta en servicio de las obras nuevas.

4. En el evento que la duración de la concesión, no sea suficiente para la total deducción del costo de construcción, la concesionaria podría quedar con pérdida tributaria y total descalce entre los ingresos obtenidos en todo el período que dura la concesión y los costos de construcción de las obras nuevas.

5. Solicitamos: a) que a través de una modificación del artículo 15 de la Ley de la Renta, se permita a los adjudicatarios de concesiones de obras de uso público, poder invocar el carry back de la pérdida tributaria en los casos señalados, y b) Armonizar las normas de la Ley de la Renta, con las del Fondo de Infraestructura.

Terminadas las audiencias, el diputado Núñez (Presidente) expresó que transversalmente en las exposiciones se habla en nombre de las PYMES y se sacan conclusiones en nombre de ellas. Indicó que las PYMES le han manifestado su valoración del régimen 14 ter actual, y que su inquietud es cómo ampliar dicho régimen, por ejemplo, a través de la eliminación de las barreras a la entrada. Consultó si una posibilidad de apoyar a las PYMES que están en el régimen atribuido consistiría en facilitar su tránsito al régimen 14 ter.

El diputado Melero señaló que cualquier pretensión de las PYMES se concretará sólo si se aprueba la idea de legislar. Consultó por el grado de complejidad del sistema actual, y si la propuesta del Ejecutivo es efectiva desde el punto de vista de la disminución de esa complejidad, con el objetivo de favorecer la promoción de la inversión y el desarrollo económico. Preguntó también por la opinión acerca de la cláusula PYME y del defensor del contribuyente. Solicitó poner en conocimiento del SII las propuestas de Deloitte para conocer su opinión respecto a ellas. Destacó también el consenso de los expositores en torno a la inconveniencia de mantener el sistema en su configuración actual.

El diputado Schilling consultó si una beca educativa que otorga una empresa a los jóvenes que residen en una zona donde dicha empresa contamina es un gasto necesario para producir la renta.

El diputado Kuschel se refirió al aumento de la deuda de las empresas, particularmente las pequeñas y medianas. Ante ese contexto, no puede rechazarse la idea de legislar.

El diputado Auth se mostró de acuerdo con actualizar la definición de gasto. Consideró imperativo establecer una redacción que permita separar en forma nítida aquello que tiene que ver con el giro de la empresa de aquello que no. Definir el gasto en términos del interés de la empresa es algo peligroso, porque puede abarcar una cantidad demasiado amplia de situaciones, favoreciendo la elusión. Se refirió a los sistemas tributarios de los países de la OCDE, que mayoritariamente son desintegrados, como un referente a los cuales debiera avanzar Chile. Indicó que los sistemas integrados son la excepción.

El señor Baraona indicó que no le cabe duda que en materia de impuesto a la renta y de rentas empresariales la propuesta avanza en simplificación. Concordó respecto a lo planteado respecto a la complejidad actual de los registros. Es cierto que el FUT concentraba las críticas como elemento que presentaba todos los defectos del sistema tributario. Pero el sistema actual tiene también un FUT, con distinta metodología. Por otra parte, estimó que es posible tener un sistema semi integrado o desintegrado en absoluto, pero eso obliga a repensar todo el ordenamiento tributario, particularmente a partir de la existencia de una tasa de primera categoría del 27%, y la necesidad de definir la tasa de impuesto a los dividendos. Sea del 3%, 5% o 8%, en definitiva se convertirá en el sistema más regresivo, porque gravará con prácticamente la misma tasa a los accionistas grandes y pequeños. Por su parte, un sistema integrado, al contar con un sistema de créditos, permite que todas las rentas tengan una misma tasa de impuestos, con independencia de la actividad o forma de organización. Hizo presente, respecto de los gastos, que cuando estos se rechazan, se gravan con una alta tasa de impuestos. Planteó como ejemplo, que si se rechaza el pago de una multa municipal, eso raya en lo inconstitucional, toda vez que se está sancionando una infracción con la multa en sí misma, y a la vez se está gravando esa pena en un 40%. En términos generales, llamó a tener presente que al rechazar un gasto a un contribuyente, se lo está castigando. Consideró estupenda la idea de crear un defensor del contribuyente, porque la defensa judicial es especialmente necesaria para los pequeños contribuyentes. Estimó que se requiere una institución más robusta que pueda llevar a cabo la defensa judicial de esos contribuyentes.

La señora Niño enfatizó la urgencia de simplificar el sistema. Indicó que no es que no estén de acuerdo con un sistema desintegrado, pero agregó que eso implicaría construir completamente desde la base un nuevo sistema. Expresó que lo que complejiza es la existencia del sistema semi integrado, y el camino más expedito hacia la simplificación es establecer un sistema único.

El señor Courand indicó respecto al concepto de gasto necesario, todo pasa por la interpretación del elemento de la obligatoriedad. Una cosa son las sanciones que se aplican a ciertos actos y otra los mecanismos recaudatorios del Estado. Ir más allá del concepto del interés de la empresa, implica entrar incluso en el ámbito que corresponde a la administración de la misma. Respecto a la desintegración o integración del sistema, expresó que hay dos caminos: integrar, que es lo más fácil, por la tradición chilena, porque el impuesto de primera categoría es un anticipo y evita la doble tributación, lo que lo vuelve muy efectivo. Por su parte, desintegrar requiere una discusión más amplia y un diseño completamente nuevo. En cuanto a las PYMES, consideró que el 14 ter avanzó en mejorar su situación, pero existen espacios que aún pueden ser perfeccionados. La actual complejidad encarece y dificulta el cumplimiento tributario de las PYMES. Concluyó señalando que se están incorporando cosas buenas a este respecto a través de la propuesta del Ejecutivo.

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-MINISTRO DE HACIENDA, SEÑOR FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Al término de las audiencias, expuso el Ministro de Hacienda quien señaló que el 14 de enero, los parlamentarios de oposición de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados entregaron al Gobierno, representado por el Ministro de Hacienda, el documento titulado “Condiciones para legislar en materia tributaria”.

En enero y febrero el Ministerio de Hacienda organizó cuatro reuniones en las que participaron técnicos de dicha repartición y los asesores/as de los Parlamentarios.

El 14 de marzo, el Ministro de Hacienda recibió de manos del Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un documento que contiene el análisis de la oposición sobre el debate general en torno al proyecto de modernización tributaria.

Dicho documento contiene cinco puntos centrales que el Ejecutivo respondió con miras a alcanzar un acuerdo amplio que permita obtener el respaldo de los Diputados y aprobar la idea de legislar, los que se resumen del modo siguiente:

-En materia de progresividad: el gobierno se compromete a presentar en la discusión en particular nuevas fuentes de ingresos fiscales y regionales de carácter progresivo, de modo de compensar la menor recaudación que se produce por la integración en los dos tramos más altos del impuesto global complementario (US$274 millones).

El diputado Jackson señaló que hay un cuestionamiento a cuántos contribuyentes del primer tramo exento son personas que obtienen rentas del capital, o tributan sobre renta presunta. Por otra parte, en cuanto a la gradualidad, manifestó sus dudas por el hecho de dejar fuera a los contribuyentes extranjeros.

El Ministro expresó que sobre el 80% de los recursos del impuesto adicional corresponden a un convenio de doble tributación que hoy está a punto de concluirse, con Holanda. En cuanto a las personas que forman parte del tramo exento, se trata de quienes perciben menos de $600.000, sumando ingresos del trabajo y del capital. Al global complementario también se suman las rentas presuntas, si es que esa persona tiene otros ingresos.

El diputado Núñez (Presidente) se refirió a la posibilidad de que esos contribuyentes sean familiares de los accionistas de empresas, por lo que responderían a esquemas de planificación tributaria agresivos y no a personas de bajos ingresos. Solicitó tener claridad respecto a ese punto.

El diputado Monsalve se preguntó por la cifra que sea capaz de dar una cuenta objetiva de la progresividad. Indicó que sería razonable sostener otra reunión entre los equipos técnicos para precisar algunos detalles.

El Ministro mostró su disposición a entregar detalles en torno a las cifras, pero recordó que no es dable estigmatizar a las familias que trabajan y son accionistas de una misma empresa. Una gran parte del tramo exento está constituido por socios de sociedades de responsabilidad limitada.

-En materia de recaudación: se considerará como fuentes de recaudación, regímenes especiales de rentas empresariales, exenciones, hechos no gravados e impuestos verdes. Por ejemplo:

•Aumentar el impuesto a las plataformas digitales a la tasa general del IVA (US$ 40 millones).

El diputado Ortiz recordó que este gravamen lo pagarán las personas, porque las empresas trasladan la carga al consumidor, en el precio final de venta.

El diputado Jackson preguntó por una estimación de esta medida en los precios finales de los servicios que prestan las plataformas digitales.

El diputado Melero expresó que en este tema hay bastante consenso en que no puede mantenerse en 0 como es hoy, por la inequidad que existe y por la competencia desleal que se genera. Cuando se presentó el proyecto, se explicó que la tasa del 10% propuesta era un “desde”. Indicó que los precios que cobran estas plataformas son por lo general bajos, por lo que el impacto del gravamen es menor.

El Ministro afirmó que plataformas como Airbnb o Netflix actualmente compiten con empresas constituidas en Chile que pagan impuesto a la renta e IVA.

•Incrementar el impuesto a las emisiones de carbono (US$ 50 millones por cada US$ por tonelada de CO2).

El diputado Melero preguntó por los impactos sectoriales de este tributo.

El Ministro explicó que el principal sector es el de generación energética, particularmente a través de termoeléctricas. El diputado Núñez preguntó si este mayor costo podría ser traspasado a los consumidores, vía aumento a la tarifa.

El Ministro expresó que actualmente se encuentran licitados los precios regulados de este sector hasta el año 2024.

•Limitar el uso del “market maker” para efectos del impuesto a las ganancias de capital, entre otras.

El diputado Schilling preguntó por la aplicación de la NGA en estos casos. El Ministro indicó que este tema, por la mera existencia de la NGA, está abierto a la interpretación judicial, cuestión que se pretende dejar clara a través de una modificación.

Afirmó que presentarán un informe financiero corregido con las observaciones de la mesa técnica.

Continuó expresando que el gobierno está abierto al diálogo y está disponible para sumar propuestas que permitan mejorar el régimen especial para PYMES.

En particular, existe la disposición para mejorar y simplificar el acceso de las PYMES a este régimen especial de tributación, incorporando temas como:

•Contabilidad simplificada

•Un aumento relevante del tope de ventas para acceder al beneficio, entre otras medidas.

Por otra parte, señaló que el gobierno está preparando un proyecto de ley que contemplará nuevas fuentes de ingreso para las regiones y se compromete a enviarlo al Congreso al 30 de noviembre de este año o 30 días después del despacho del proyecto de ley de modernización tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior, el gobierno incorporará algún elemento que entregue nuevos ingresos permanentes y significativos a las regiones dentro del proyecto de modernización tributaria.

En particular, se considera proponer un aporte a las regiones del 1% de los grandes proyectos de inversión que se ejecuten en ellas, con las siguientes características:

•El 1% será considerado gasto necesario para producir la renta

•Plazo de 5 años para pagar este aporte, desde el momento que se comienza a materializar el proyecto.

El diputado Melero consultó si esta propuesta considera a la Región Metropolitana. Por otra parte, preguntó si la comuna recibe algún aporte o va directo al fondo regional.

El Ministro explicó que se están estudiando los detalles, pero la idea general es que haya un reparto entre comuna y región.

Continuó indicando que el Ejecutivo comparte la necesidad de avanzar en el combate de la elusión y la evasión, la modernización y fortalecimiento del SII y la Norma General Antielusión. Están disponibles para ajustar la redacción y aclarar aspectos del proyecto que puedan prestarse para una interpretación errónea y también para evitar discrecionalidades arbitrarias y dar mayor certeza jurídica al contribuyente.

En materia de fortalecimiento tecnológico del SII, actualmente el proyecto considera recursos para la digitalización de la atención del contribuyente ($2.727 millones el primer año y $1.476 millones en régimen). Se considerará recursos adicionales para potenciar la capacidad tecnológica del SII, con el objeto de entregar mejores servicios virtuales e integrarlos con trámites de otros organismos del Estado. También se potenciará la capacidad de Big Data y analítica avanzada y se incorporará inteligencia artificial a los procesos.

El diputado Jackson señaló que un área donde el Big Data y la inteligencia artificial pueden contribuir enormemente es en el combate de la elusión y la evasión, siempre que exista colaboración del mundo bancario.

El diputado Melero manifestó que este fortalecimiento necesariamente debe contemplar una capacitación al personal del SII y una campaña comunicacional dirigida a los contribuyentes. El Ministro expresó que a través de un sistema más simple se ayudará al contribuyente, siendo necesario además explicarle lo que se ha hecho. En esta línea, existen plataformas web de consultas así como espacios físicos para resolver dudas.

En cuanto al acceso de las cuentas bancarias, el Ministro indicó que la legislación vigente sólo permite indagar en ellas en virtud de una autorización judicial.

Respecto a los incentivos a la inversión y al crecimiento, el Ministro señaló que este es un principio que el gobierno comparte plenamente y forma parte de los lineamientos centrales del proyecto presentado al Congreso.

En esta línea, existe plena disposición para incorporar en este proyecto de ley, nuevas medidas que permitan apoyar aún más el crecimiento de largo plazo, resguardando y compensando los potenciales efectos en recaudación de dichas iniciativas.

Entre otras, se considerará una extensión del incentivo de depreciación que establece el proyecto.

El diputado Jackson recordó que algunos expositores señalaron que la depreciación acelerada adelanta inversión, pero al largo plazo no redunda necesariamente en un crecimiento sostenido.

El diputado Schilling planteó por qué no sería preferible otorgarles a los gobiernos regionales la facultad de determinar ciertas exenciones tributarias, como ocurre en cierta medida con las patentes comerciales.

El Ministro consideró que la depreciación tiene ambos elementos, tanto a corto como a largo plazo, porque disminuye la tasa efectiva de costo de capital, haciendo rentables algunos proyectos que antes no lo eran. Estimó también necesario un “shock” de inversión, en el momento económico del que viene saliendo el país.

Respecto a la exención parcial del IVA a la construcción, el Ejecutivo manifiesta su disposición para reducir el umbral considerado en el proyecto para efectos de la exención parcial del IVA a la construcción de UF 4.000 a UF 3.000.

De acuerdo con el Informe financiero del proyecto, la propuesta inicial tiene un costo en régimen de US$ 204 millones.

Con el cambio que se propone, el costo de la medida se reduce en US$ 92 millones el primer año y US$ 106 millones en régimen.

Respecto a las contribuciones de los adultos mayores, el gobierno incorporará una propuesta para rebajar las contribuciones de los adultos mayores vulnerables y de clase media.

La medida está dirigida a:

Mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años

Ingresos anuales que no excedan el tramo exento del IGC ($652.766) mensuales a marzo de 2019), 1.582.848 personas cumplen los requisitos 1 y 2

Propiedades con destino habitacional con un valor máximo a determinar. Al cierre de 2018, de las personas que cumplen el requisito 1 y 2, 96.270 presentan propiedades con destino habitacional y pagan contribuciones.

En resumen, las compensaciones a la menor recaudación por integración son las siguientes:

VI.-VOTACIÓN EN GENERAL (10 de abril 2019)

Terminadas las audiencias y la exposición explicativa del Ministro de Hacienda en cuanto a las indicaciones que presentaría en la discusión en particular del proyecto, los diputados integrantes de la Comisión debatieron en cuanto a la idea de legislar del proyecto y fundamentaron su voto.

El diputado Auth señaló que votar la idea de legislar a favor no es votar a favor o en contra de modificar el sistema tributario en general, sino votar a favor o en contra de este proyecto en particular. Representa la opinión global de cada parlamentario respecto a la iniciativa. Recordó también que la entonces oposición votó en contra del proyecto de reforma tributaria de 2014. Se manifestó al ministro la inconveniencia de promover una nueva reforma estructural al sistema antes de que la de 2014 entrara plenamente en vigor. Agregó que estuvo dispuesto a mirar las medidas de compensación a los costos de la reintegración. Indicó que la Expresidente Bachelet, con mayoría en ambas cámaras, modificó el corazón de su reforma tributaria, con el objetivo de que fuera aprobada con un apoyo transversal. La postura del actual gobierno es completamente distinta: a pesar de no tener mayoría en las cámaras, no ha hecho verdaderas concesiones. Consideró que el sistema tributario es un elemento clave en el combate de la desigualdad. Reconoció que el proyecto ya cuenta con los votos necesarios para ser aprobado, y en esas circunstancias, se mostró dispuesto a participar en la discusión en particular, velando porque la ley que se apruebe fomente la inversión y el empleo, que fortalezca las posibilidades de desarrollo de las pymes y buscando impedir toda medida que haga más regresivo un sistema que ya es demasiado indiferente a la desigualdad. Votó en contra.

El diputado Jackson expuso que Chile es uno de los países más desiguales del mundo, y que el sistema tributario es actualmente incapaz de contribuir a su solución, cuestión que debe ser reconocida. Expresó que pronunciarse en general sobre un proyecto no es negarse a legislar en la materia sobre la que versa, sino que es siempre respecto a un proyecto específico en concreto. Muchas veces se ha votado en contra de la idea de legislar de numerosos proyectos, y no por eso cabe calificar de obstruccionistas a quienes así han manifestado su voluntad. Este proyecto busca retornar a un sistema integrado en base a retiros. Agregó que el oficialismo no busca defender a las pymes o a la clase media, sino mantener los privilegios de una elite, como el FUT, que ha permitido amasar cuantiosas riquezas y prorrogar en forma indefinida el pago de impuestos. Preguntó al Ministro y a quienes votarán a favor, si están de acuerdo con volver al sistema integrado, que le entrega más de US$ 640 millones a los dueños de las empresas más ricas, a través del aplazamiento del pago de impuestos. Preguntó también al Ministro si, de aprobarse los instrumentos destinados a favorecer a las pymes o a los adultos mayores o a las regiones, pero se rechaza la integración, presentarán un veto que busque imponer la voluntad del Ejecutivo. Concluyó citando a los Expresidentes del Banco Central, Vergara y de Gregorio, quienes señalan que esta reforma es macroeconómicamente insignificante para los objetivos de desarrollo a largo plazo. Votó en contra.

El diputado Kuschel consideró que esta modernización tributaria es sumamente necesaria atendidas las circunstancias de inversión del país, tanto privada como pública, particularmente de las pymes. Agregó que hoy existen empresas que no tienen un incentivo a crecer, por la serie de barreras que se les imponen, a medida que aumentan su tamaño. Estimó que este proyecto es un paso, aún insuficiente, pero que se debe dar cuanto antes. Llamó a los parlamentarios a despejar prontamente la incertidumbre en torno a la discusión tributaria, para poder avanzar hacia el debate de las bases económicas que permitirán a Chile retomar la senda del desarrollo. Votó a favor.

El diputado Melero estimó que esta reforma resulta esencial para favorecer el crecimiento económico, promover el emprendimiento, el desarrollo del país y el combate de la inequidad y el desempleo. Resulta además clave para las pymes, porque mejora su impulso productivo; más de 900 pequeños empresarios que concurrieron unánimemente pidiendo el apoyo a esta reforma. Este proyecto representa una primera señal descentralizadora en beneficio de las regiones, al dejar el 1% de las reformas que se realicen en ellas. Es un alivio a más de 300 mil adultos mayores vulnerables, que verán rebajadas sus contribuciones. También favorecerá a la clase media, al ver reducidos los precios de las viviendas, valoradas entre 2000 y 4000 UF. Es una contribución a la simplificación y a la progresividad. Entrega certezas jurídicas y consagra derechos a favor de los contribuyentes. Incorpora la tecnología digital en la tramitación administrativa, fortalece al SII y mantiene la actual recaudación para financiar el gasto social. Las modificaciones anunciadas por el gobierno responden a los planteamientos de la oposición, lo que da cuenta del espíritu de diálogo del Ejecutivo. Votó a favor.

El diputado Monsalve reconoció el valioso diálogo sostenido con el gobierno. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo previo a la idea de legislar. Estimó que el gobierno ingresó un mal proyecto, cuyo único interés es la integración. El rol de la oposición ha permitido modificar tres propuestas: cláusula pyme, las rentas regionales y los beneficios a los adultos mayores. Pero no se logró acuerdo en el núcleo central del proyecto. Si se analiza la integración, se constata que se genera un espacio de abuso encubierto como beneficio a las pymes y las cooperativas. A medida que se discuta en particular, se develarán las implicancias de la integración. Todo lo que se logra en recaudación, se obtiene a partir de lo que pagará la clase media: boleta electrónica, impuestos digitales, etc. Respecto a la injusticia que genera el régimen semi integrado para los socios de pymes, se mostró dispuesto a resolverla, pero no a utilizar este problema como fundamento para aprobar una reforma que favorecerá a los más ricos en desmedro del resto de la sociedad. Votó en contra.

El diputado Ortiz manifestó que legislar implica escuchar a todos los intervinientes, y que la política es el arte de lo posible, pero también de decir la verdad. El parlamento es el lugar donde se deben debatir todas las iniciativas que avancen en equidad y calidad de vida de las personas. Las mejoras que se han propuesto al proyecto, han sido fruto de la negociación entre oficialismo y oposición, entre ellas, mejoras a la cláusula pyme, ingresos para las comunas y regiones y beneficios para los adultos mayores. Manifestó que no está disponible para rebajar impuestos a las grandes empresas o a los súper ricos. Indicó que negarse a la idea de legislar sería ir en contra de la historia en materia de reformas tributarias: ninguna ha sido rechazada en esta instancia. Por otra parte, proceder en tal sentido significaría renunciar a la competencia de esta comisión, traspasándola a la Sala. Vota a favor.

El diputado Pérez expresó que el trabajo de un diputado, impuesto por la constitución y las leyes, es legislar. En este contexto, negarse a la idea de legislar, más allá de las legítimas diferencias frente al proyecto, implica no entrar a discutir los detalles del proyecto. Este proyecto de modernización es necesario, y con él no se están rebajando los tributos, salvo en el caso de las pymes. Valoró las modificaciones que han sido anunciadas por el Ejecutivo, particularmente los beneficios a los adultos mayores y a las regiones. Votó a favor.

El diputado Ramírez recordó que se han formulado múltiples argumentos para negarse a la idea de legislar. Uno de ellos es que el gobierno no ha cedido en nada respecto a su proyecto, en circunstancias que ha anunciado una gran cantidad de cambios, los que han resultado del diálogo con la oposición. Agregó que el argumento que señala que este proyecto beneficia a las grandes empresas es falso, por cuanto la tasa que las grava sigue siendo la misma. Por su parte, la integración promueve la equidad horizontal, al gravar con una misma carga a personas con idéntico ingreso, pero que provienen de fuentes distintas: el capital y el trabajo. Elimina también el “peaje” del 9,45% que se aplica a todos los empresarios, grandes y pequeños, gravamen sumamente regresivo. Manifestó que todo lo logrado a través del diálogo entre gobierno y oposición se perdería de votarse en contra la idea de legislar. Votó a favor.

El diputado Santana recordó que el proyecto de reforma tributaria de 2014 se votó 21 días después de ingresado a tramitación. Agregó que esta reforma, en particular en lo referido a las pymes, ha sido solicitada por más de 900 mil pequeños empresarios. Asimismo, busca corregir los errores cometidos por la reforma de 2014, que llevaron a que Chile creciera por debajo del promedio mundial durante los últimos años. Este proyecto ha sido tramitado por más de ocho meses, con diálogo entre equipos técnicos de gobierno y oposición, con la socialización de sus propuestas y con concesiones y anuncios de modificaciones. Votó a favor.

El diputado Schilling se refirió a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia tributaria. Planteó que la discusión central está en dilucidar si el proyecto es regresivo o progresivo. Agregó que un sistema integrado no es la norma general a nivel internacional, poniendo como ejemplo a los países de la OCDE. Se refirió al crecimiento económico experimentado por el país desde el año 90 a la fecha, periodo en el que no hubo ninguna rebaja de la carga tributaria. Votó en contra

El diputado Von Mühlenbrock señaló que esta modernización tributaria plantea un sistema más justo, más simple, que promueve el crecimiento y la inversión y que no va a detener el emprendimiento. Reseñó los numerosos beneficios que presenta este proyecto, en el ámbito de las regiones, las pymes y los adultos mayores. Agregó que durante los ocho meses de discusión, la comisión ha recibido a más de 80 personas. Señaló que la política de los acuerdos es la que hace bien al país, y por eso, votó a favor.

El diputado Lorenzini (Presidente) manifestó que el proyecto de reforma de 2014 se aprobó rápidamente porque era un proyecto claro y preciso, que posteriormente fue modificado en el Senado. Consideró que respecto a este proyecto hay votos a favor para una serie de materias y en contra para tantas otras, y que en aquello donde aún se puede discutir, debe continuar el debate durante el estudio en particular. Es en dicha instancia donde deben plantearse las posiciones políticas. Votó a favor.

El diputado Núñez (Presidente) reivindicó dos reformas tributarias progresistas: la de 1990, destinada a corregir la brutal deuda social dejada por la dictadura y la de 2014, cuyo objetivo era financiar la reforma educacional. Citó al Banco Mundial, que reconoció que el aporte del 0,1% de los contribuyentes más ricos se incrementó del 38% al 47,5% del total de los ingresos provenientes del impuesto a la renta después de la reforma de 2014. Calificó esta como una buena política pública. Agregó que Chile no necesita esta contrarreforma, porque recauda poco, de forma injusta, poniendo en riesgo las finanzas públicas y aumentando la desigualdad social. Votó en contra.

VOTACIÓN

Concluida la votación, resultó aprobada la idea de legislar por ocho votos a favor y cinco en contra. Votaron a favor los diputados Kuschel, Lorenzini, Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los diputados Auth, Jackson, Núñez (Presidente), Monsalve y Schilling.

El Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán valoró la el proceso y la capacidad de diálogo de los miembros de esta comisión. Como miembro del gobierno está consciente de que se han respondido y recogido muchas de las propuestas planteadas. Hay acuerdo en gran parte de ellas. Decir que esta reforma favorece a 1000 grandes empresas es un error conceptual, porque el mayor gravamen que impone la desintegración está en el socio o accionista de la empresa y no en la empresa. Por su parte, son las pymes las que están pidiendo que se legisle en la materia. Respecto a las regiones, adultos mayores y clase media se han logrado un avances importantes, que esperó puedan continuar debatiéndose. Recordó que legislar es dialogar y conversar y que como Ejecutivo están disponibles para enriquecer el proyecto en la discusión en particular.

El Ministro Gonzalo Blumel Mac-Iver consideró que hay acuerdo en esta comisión en que debe avanzarse hacia un sistema que promueva el crecimiento de las pymes, que contenga medidas en favor de la clase media y de los adultos mayores. Estimó que no contar con una mayoría parlamentaria obliga a alcanzar acuerdos, pero no solo por esa razón, sino porque se busca alcanzar consensos que sean buenos para el país. Agregó que este proyecto ha sido valorado por la OCDE, por el FMI y por cientos de pymes. Señaló que durante los ocho meses de tramitación se ha podido discutir sobre cómo generar más progreso, oportunidades y justicia. Ese objetivo es ampliamente compartido por la propuesta del gobierno. Expresó que todas las empresas, grandes y pequeñas, pueden y deben contribuir al progreso de Chile, por lo que no procede entenderlas en el contexto de una lucha de clases. Si se comparten los mismos objetivos, lo que debe discutirse con los mecanismos para alcanzarlos. Llamó a los parlamentarios a enfrentar este desafío a través de un camino de colaboración y no de confrontación.

El diputado Núñez (Presidente) solicitó que prontamente se presenten las indicaciones del Ejecutivo que recogen las propuestas planteadas, con su respectivo informe financiero. Una vez se presenten las indicaciones, se iniciará la discusión en particular.

VII.- VOTACIÓN EN PARTICULAR

1.- Presentación del contenido

La Comisión, antes de iniciar el estudio pormenorizado de los artículos del proyecto, recibió al Ministro de Hacienda señor Felipe Larraín quien presentó la iniciativa en particular, como asimismo, anunció indicaciones en diversos ámbitos.

El Ministro inició su exposición señalando los principios y lineamientos del proyecto de Modernización Tributaria:

1. Pro crecimiento. Busca incentivar el crecimiento, la inversión, la innovación, la creación de empleos y el ahorro.

2. Simplicidad. Persigue simplificar el sistema tributario.

3. Pro mipyme. Persigue hacer el “camino más fácil” a las mipymes y a los emprendedores.

4. Certeza jurídica y digitalización. Por una parte, busca dar certeza jurídica y ser predecible para todos los contribuyentes y para el Servicio de Impuestos Internos (SII o el Servicio), y la digitalización del SII y de la relación con el contribuyente.

5. Resguardo de equilibrios fiscales. En el diseño de esta iniciativa legal se tuvo especial cuidado en mantener un efecto neutro en la recaudación.

Sobre el contenido general del proyecto de ley destacó:

a) Sistema tributario único, simple y equitativo.

- Simplificación en 1 solo sistema tributario (versus 3 estructurales).

- Corrección de inequidades:

- Elimina el 9,45% de sobretasa a más de 570.000 contribuyentes del tramo exento.

- Misma tasa para rentas de trabajo y del capital.

- Equipara reglas para inversionistas nacionales con extranjeros y extranjeros entre sí.

b) Medidas Pro Inversión

- Integración

- Depreciación instantánea

- Devolución de IVA por activo fijo

- Extensión beneficios zonas extremas

- Crédito IVA a la construcción

c) Medidas Pro Mipyme

- Incorporación automática de todas las mipymes con rentas productivas

- Se elimina “peaje” para entrada

- Contabilidad simplificada en nuevas propuestas

d) Digitalización

- Digitalización SII

- Digitalización relación con el contribuyente

- Documentos tributarios electrónicos

e) Certeza jurídica

- Defensoría de los contribuyentes

- Nuevas facultades de fiscalización del SII

- Procedimientos administrativos y judiciales

- Modernización de leyes tributarias, por ejemplo, Norma General Antielusiva, gastos, créditos tributarios por impuestos extranjeros, entre otros.

f) Economía digital. Tributación de la economía digital para “equiparar la cancha” de empresas de servicios digitales con las empresas chilenas.

Entre las medidas de carácter transitorio, el Ministro precisó:

- Registro de capitales en el exterior no declarados:

- Activos excluidos de procedimiento anterior

- Tasa de 10%

- Plazo de un año

- Validado con la UAF y el SII

- Pago de Impuesto Sustitutivo al FUT

Se abre una ventana para declarar las utilidades de FUT acumuladas a diciembre de 2016 con una tasa única de 30% y con preferencia en los órdenes de imputación.

- Avenimiento en juicios pendientes

Desconcentrar carga de tribunales y solucionar juicios de larga duración. Los contribuyentes aceptarán la pretensión fiscal y se les dará una condonación de 100% sólo de los intereses y multas. El impuesto y su reajuste no se tocan. Plazo de 2 años.

Luego, se refirió a cada uno de los temas de discusión.

Integración.

Al efecto, el Ministro acompañó las siguientes láminas:

Se refirió a la composición de los 568.510 contribuyentes del tramo exento, que están afectados en mayor medida por el semi-integrado, dato que desagregó en los siguientes términos: 5.712 (1%) reciben rentas presuntas; 403.619 (71%) reciben rentas del trabajo, y 476.183(84%) son cooperados de cooperativas.

Cláusula Pyme

- Se eliminan barreras de entrada.

- Incorporación automática de pymes con rentas productivas.

- Se elimina el “peaje”.

- Integración total y tributación en base a retiros.

- Se establece legalmente que el SII les realizará una propuesta de declaración (como a las personas naturales).

- Régimen de tributación en base a margen de la industria para pymes con ingresos hasta UF 10 mil (sin contabilidad ni sujeta a fiscalizaciones).

- Tasa de 12,5% por primeras UF 8 mil reinvertidas.

Certeza jurídica

- Precisiones a la Norma General Antielusión que buscan darle aplicación efectiva, certeza a ambas partes de la relación jurídica y utilización de un lenguaje acorde a nuestro sistema jurídico.

- Nueva norma de gastos deducibles de la base imponible de primera categoría (de enfoque comercial y reconocimiento de la realidad de los negocios).

- Derechos de los contribuyentes/Defensoría del Contribuyente.

- Recursos procesales a nivel administrativo y judicial.

En relación con la estructura del proyecto, el titular de la Cartera, observó que la iniciativa consta de 23 artículos permanentes, donde se modifican los principales cuerpos normativos tributarios de nuestro ordenamiento jurídico.

Las modificaciones al Código Tributario se desarrollan a través de 53 numerales distintos.

Las modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), están contenidos en 55 numerales.

Las modificaciones a la Ley de Impuestos al Valor Agregado (IVA), están contempladas en 29 numerales.

Las modificaciones a la Ley sobre Impuesto de Herencias y Donaciones están contempladas en 12 numerales.

Por otra parte, el proyecto de ley contiene, en su artículo 23, una ley en sí misma, que propone crear la Defensoría del Contribuyente.

En el artículo 15 se incorpora un impuesto a los servicios digitales.

En el artículo 16 se modifica el impuesto verde.

Finalmente, existen 36 disposiciones transitorias donde se especifican los plazos de vigencia, el tránsito ordenado desde los actuales varios sistemas de tributación al nuevo sistema único de tributación y las propuestas de regímenes especiales de duración limitada.

Luego, el Ministro hizo una pequeña reseña de la tramitación de la iniciativa legal a través de las siguientes láminas:

Mencionó la formación de mesas de trabajo para la discusión con representantes de la oposición; se llevaron a cabo cuatro sesiones donde se respondieron todas las preguntas formuladas, se agregaron nuevos supuestos excepcionales solicitados y se demostró disposición a hacer nuevos cálculos de acuerdo a materias que originalmente fue imposible incluir o modificaron criterios históricos de cálculo.

Sobre la revisión del Informe Financiero, dejó constancia de que se incorporó un supuesto que modifica criterios históricos respecto de la forma de computar la menor evasión de IVA e impuesto a la renta.

Asimismo, dio cuenta de la revisión de casos concretos de las dos direcciones regionales más relevantes del país respecto de posibles impactos en recaudación de la nueva norma sobre gastos.

Sobre el punto, dijo que incorporando estas medidas, el proyecto sigue manteniendo un impacto positivo en recaudación de aprox. US$200 millones en régimen.

Enseguida, puso de relieve la entrega de información adicional, dando respuesta a más de 40 preguntas formuladas por todos los parlamentarios de oposición.

El Ministro se refirió al apoyo de organismos internacionales y técnicos. Al efecto, expresó que la OCDE ha destacado los efectos de la modernización tributaria sobre la inversión, el crecimiento y las pymes:

“… varias medidas de la propuesta tributaria de 2018 apoyarán la inversión y el crecimiento, tales como el retorno a un sistema tributario único y totalmente integrado, un régimen mejorado para las pymes, nuevas reglas diseñadas para la certeza tributaria, la depreciación tributaria acelerada y el reembolso más rápido del IVA.”

Asimismo, dio cuenta de la percepción positiva del Fondo Monetario Internacional sobre el proyecto de ley, y destaca los efectos de la integración para la eficiencia del sistema y el crecimiento:

“Los directores tomaron positivas notas de la propuesta del Gobierno de reformular el sistema tributario para hacerlo más eficiente y favorable al crecimiento.”

“La integración tributaria debiese aumentar la eficiencia respecto del sistema existente… junto a la depreciación acelerada y una devolución del IVA al activo fijo más acelerada, debería impulsar la inversión y el crecimiento.”

A mayor abundamiento, hizo presente un extracto de la carta enviada por especialistas en materia tributaria:

“La urgencia que plantea la iniciativa legal respecto a generar la discusión de mejorar nuestro sistema de tributación a la renta, de brindar una mayor certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes y de dar parámetros adecuados que permitan una correcta interpretación y aplicación de las normas, procesos y justicia en materia tributaria - al tiempo de fomentar la actividad económica y competitividad de nuestros país - son argumentos suficientes que nos motivan a recomendarle al Congreso Nacional, que apruebe la idea de legislar el Proyecto de Ley sobre “Modernización Tributaria.”

El Ministro de Hacienda señor Larraín efectuó una propuesta de trabajo para la discusión particular, a través de una categorización entre propuestas de mayor facilidad, sin discusión estructural y propuestas de discusión estructural.

Categoría I. Propuestas de mayor facilidad, sin discusión estructural

1. Extensión de beneficios a zonas extremas, se amplía el período que vence en el año 2025 hasta el año 2035 (artículos 24 a 26).

2. Eliminación del artículo 145-L del Código del Trabajo (artículo 19)

Soluciona situación de retención de impuesto aplicable a trabajadores de artes y espectáculos obligados a tributar como independientes, equiparándolos con restantes trabajadores dependientes.

3. Corrección de referencias a normas que se refieren a “paraísos fiscales”, artículo 41 H de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR) (para ajustar leyes desactualizadas) (artículo 20).

4. Norma para determinar qué juicios tributarios pueden acceder a una conciliación (artículo 30).

La ley N° 21.039, del año 2017, que perfeccionó la justicia tributaria y aduanera estableció la conciliación en materia tributaria. Se precisa los juicios que pueden acceder a dicha conciliación.

5. Modificaciones a la Ley de IVA (artículo 3)

Ejemplos: boleta electrónica –obligatoria-, separación de IVA en la boleta, procedimiento de devolución de IVA por activo fijo y de IVA exportador.

6. Modificaciones a la Ley sobre Impuesto de Herencias y Donaciones (artículo 4).

Por ejemplo, elimina doble tributación de hijos cuando muere madre y después padre, o viceversa.

7. Modificaciones a la Ley de Tratamiento Tributario de Derivados (artículos 9 y 20 transitorio)

Ajusta sanción desproporcionada por errores en declaraciones.

8. Impuesto sustitutivo de 30% por utilidades acumuladas en el FUT previo a 2017 (artículo 25 transitorio)

9. Defensoría del contribuyente (artículos 23 y 35 transitorio)

Se introducirán varias medidas recogidas de diversos expositores, incluyendo funcionarios y magistrados de Tribunales Tributarios y Aduaneros, gremios del mundo pyme y expertos contables y tributarios, tales como, mención expresa a que traspaso de funcionarios será voluntario y se elimina referencia a transferencia patrimonial.

10. Posibilidad de avenimiento en juicios de larga duración (artículo 34 transitorio)

Para desconcentrar la carga de tribunales y solucionar juicios de larga duración se establece, por 2 años, la posibilidad de aceptar pagar 100% del impuesto y se condonará 100% de multas e intereses en un avenimiento (acuerdo) con el SII ante el Tribunal Tributario y Aduanero.

Categoría II. De discusión estructural

1. Modificaciones al Código Tributario (artículo 1 y otros relacionados)

Entre ellas, modificaciones a la Norma General Antielusión, derechos de los contribuyentes, nuevas facultades de fiscalización preventivas del SII y digitalización de la relación del SII y contribuyentes.

2. Modificaciones a la LIR (artículo 2 y otros relacionados)

Por ejemplo, sistema único e integrado y cláusula pyme y norma sobre gastos deducibles de la base imponible.

3. Modificación al crédito IVA a la construcción (artículos 6, 7 y 26 transitorio)

4. Régimen de depreciación transitoria (artículo 21 transitorio, para todo el país, y artículo 22 transitorio, para la Araucanía).

5. Modificaciones al Impuesto a las Fuentes Fijas (impuesto verde) (artículos 16 y 31 transitorio). Se introducirán medidas recogidas de expositores e instituciones.

6. Impuesto a los Servicios Digitales (artículo 15 y 27 transitorio)

7. Registro de capitales no declarados en el extranjero (artículo 36 transitorio). Pago de impuesto único de 10%

Frente a la exposición, los diputados presentes expresaron sus observaciones e inquietudes, entre las que se destaca, el impacto en los cooperados (de cooperativas) en relación con los sistemas de integración, la solicitud de mayores antecedentes en materia de impuesto a la herencia, particularmente, en derecho comparado; la graduación del impuesto a la herencia para no afectar la liquidez de las empresas familiares, la necesidad de corregir sanciones desproporcionadas por errores en declaraciones ante el SII, y se enfatizó en la voluntariedad del traspaso de funcionarios.

2.- ACUERDOS ALCANZADOS

La iniciativa en estudio presentada por el Ejecutivo, a su ingreso, contenía 23 artículos permanentes y 35 transitorios, los cuales, en lo medular se refieren a las siguientes materias:

Artículo 1: Modificar mediante 53 numerales, el Código Tributario.

Artículo 2: Modificar mediante 55 numerales, la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo1° del decreto ley N° 824, de 1974.

Artículo 3: Modifica mediante 29 numerales la ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) contenida en el decreto ley N 825, de 1974.

Artículo 4: Modifica mediante 12 numerales, la ley N° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el artículo 8 del decreto con fuerza de ley N°1, del Ministerio de Hacienda de 2000.

Artículo 5: Modifica la ley N° 19.885 que Incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos.

Artículo 6: Modifica mediante 4 numerales, el decreto ley N° 910, de 1975, del Ministerio de Hacienda, que Establece beneficios tributarios a la construcción (crédito especial IVA).

Artículo 7: Elimina el artículo duodécimo transitorio, de la ley N° 20.780, de Reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario. (Se refiere a la compra de viviendas).

Artículo 8: Elimina la ley N° 18.320, que Establece normas que incentivan el cumplimiento tributario.

Artículo 9: Agrega contenidos mediantes dos incisos nuevos, en el artículo 13 de la ley N° 20.544, que regula tratamiento tributario de los instrumentos derivados.

Artículo 10: Modifica el inciso primero del artículo 2, del decreto ley N° 2.398, de 1978, del Ministerio de Hacienda, que Establece normas complementarias de administración financiera y de incidencia presupuestaria.

Artículo 11: Modifica el inciso tercero del artículo 2 de la ley N° 19.149, que Establece un régimen preferencial de tratamiento aduanero y tributario para las comunas de Porvenir y Primavera de la provincia de Tierra del Fuego, XII región e introduce modificaciones a diversos cuerpos legales que indica.

Artículo 12: Modifica el inciso tercero del artículo 2 de la ley N° 18.392, que Establece un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, por un plazo de 25 años.

Artículo 13: Reemplaza el inciso segundo del artículo 23 del decreto con fuerza de ley N° 341 de 1977, del Ministerio de Hacienda, sobre Zonas Francas, cuyo texto, refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el decreto con fuerza de ley N°2, de 2001, del Ministerio de Hacienda, modificado por el número 6, del artículo 17 de la ley N° 20.780 de 2014, de reforma tributaria, que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario, y por la letra d), del número 4, del artículo 8° de la ley N° 20.899, que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias.

Artículo 14: Reemplaza el inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 19.709, que Establece régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería en la comuna de Tocopilla en la II región, modificado por el número 7, del artículo 17 de la ley N° 20.780 de 2014, de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario, y por la letra e), del número 4, del artículo 8° de la ley N° 20.899, que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias.

Artículo 15: Establece, a beneficio fiscal, un impuesto específico, indirecto y sustitutivo de cualquier otro impuesto a los servicios digitales.

Artículo 16: Modifica mediante 10 numerales, el artículo 8 de la ley N° 20.780, sobre Reforma Tributara, referido al denominado Impuesto Verde.

Artículo 17: Suprime el inciso primero del artículo 171, del decreto con fuerza de ley N°1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933, que Crea la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, dicta normas para el otorgamiento de prestaciones por Isapre y deroga el decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Salud, de 1981, y N° 18.469, que Regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud.

Artículo 18: Modifica, mediante 4 numerales, la ley N° 20.712, sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales.

Artículo 19: Elimina el artículo 145-L, del Código del Trabajo, que exige que todo trabajador del mundo de las artes y del espectáculo, por ser considerado tributariamente un independiente, emita siempre una boleta de honorarios, incluso cuando tiene un contrato laboral vigente por esa misma labor.

Artículo 20: Ajuste de referencia respecto de lo efectuado en la ley al derogado artículo 41 D del decreto ley N° 824, del Ministerio de Hacienda de 1974, que aprueba texto que indica la ley sobre impuesto a la renta, o al listado de países contemplado en dicha norma, debe entenderse efectuada al artículo 41 H de la misma ley.

Artículo 21: Modifica el artículo segundo de las disposiciones transitorias de la ley N° 21.047, que incorpora diversas medidas de índole tributaria respecto de las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas cerradas acogidas a las disposiciones del artículo 41 D de la Ley sobre Impuesto a la Renta, al 31 de diciembre de 2021, las cuales, se deberán incorporar al régimen general de impuesto de primera categoría establecido en la letra A) del artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, contenida en el artículo 1 del decreto ley 824, de 1974, a partir del año comercial 2022.

Artículo 22: Modifica, mediante 3 numerales, el decreto con fuerza de ley N° 7, del Ministerio de Hacienda, de 1980, que fija texto de la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos y adecua disposiciones legales.

Artículo 23: Crea la Defensoría del Contribuyente mediante 82 artículos permanentes.

Artículos transitorios

El proyecto de ley consta de 36 artículos transitorios, los cuales refieren a distintos artículos permanentes y que serán analizados en su oportunidad

INDICACIONES PRESENTADAS POR EL EJECUTIVO

El Ejecutivo se hizo cargo de las aprensiones de los integrantes de la Comisión y presentó indicaciones en tres oportunidades, antes de proceder a la votación en particular, las que fueron explicadas por el Ministro de Hacienda don Felipe Larraín Bascuñán.

Primera indicación: El Ministro de Hacienda comenzó destacando los objetivos de las indicaciones presentadas en esta oportunidad:

- Otorgar certeza jurídica

- Fortalecimiento de la Norma General Antielusión (NGA)

- Derechos de los contribuyentes

- Fortalecimiento de los recursos administrativos y equivalentes jurisdiccionales

- Digitalización de la relación entre el contribuyente y el SII

- Nuevas facultades del SII

Explicó que las modificaciones al Código Tributario se desarrollan a través de 55 numerales distintos establecidos en el Artículo 1° permanente, como asimismo, las modificaciones relacionadas con el Artículo 1°, se encuentran en el artículo 22 permanente y en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 33, 34, 37 y 38 transitorios. Adicionalmente, en esta oportunidad, se proponen 48 indicaciones al Artículo 1°.

Artículo 1° (numerales).

- N°1 que modifica el artículo 4° Se establece que en la interpretación de la ley tributaria se deben considerar las normas de derecho común y los principios generales del derecho

- N° 2, 3, 4 y 5 que modifican los artículos 4° bis, ter, quáter y quinquies

a) Se fortalece la NGA introduciendo aclaraciones y ajustes que tienen por objeto otorgar mayor certeza a los contribuyentes y permitir una aplicación eficaz de la norma por parte del SII

b) Además, se adapta la norma al lenguaje de nuestro ordenamiento jurídico modificando, por ejemplo, “hecho imponible” por “hecho gravado”, “negocios” por “contratos” y “data” por “fecha”.

c) Indicaciones: Artículo 4 bis, se establece que la elusión contraviene las leyes tributarias chilenas y que las obligaciones tributarias no podrán ser evitadas mediante elusión Se aclara que puede desconocerse la “forma” de los actos y contratos sólo cuando se hubiere verificado una hipótesis de elusión Se eliminan las referencias a la buena fe del contribuyente contenidas en la norma actual por tratarse de un principio general del derecho.

Artículo 4 ter, se precisa la hipótesis de elusión “abuso de las formas” bajo el concepto de “notoriamente artificioso”.

Artículo 4 quáter, se precisa la hipótesis de elusión “simulación” y se aclara que las normas penales que sancionan la simulación se aplican con preferencia a la NGA.

El Ministro indicó que esta propuesta responde a lo planteado en numerosas oportunidades por integrantes de la comisión y no a una petición de un grupo particular.

Artículo 4 quinquies, Declaración de configuración de elusión por la Comisión Anti Elusión Transitorio: norma transitoria sobre la Comisión Anti Elusión.

Esta última norma implica la creación de una nueva institucionalidad mediante una “Comisión Anti-Elusión”, que estará encargada de resolver la configuración de elusión y la procedencia de la aplicación de multas a los asesores que planifiquen los actos o contratos elusivos. Esta Comisión conocerá de los posibles casos de elusión previa solicitud un nuevo órgano técnico creado al interior del SII denominado “Comité Especial del Servicio”. El Comité tendrá a su cargo la revisión y presentación de los actos o contratos potencialmente elusivos ante la Comisión.

Todas las propuestas tienen por objeto principal, de conformidad a las necesidades de nuestro país y a los estándares internacionales, el fortalecimiento de la NGA y reconocer la necesidad de mayor autonomía en esta materia. La autonomía que se incorpora mediante la creación de la Comisión Anti-Elusión permite la aplicación de la NGA de forma eficaz y eficiente, sin caer en arbitrariedades ni perdiendo certeza jurídica. En particular sobre este punto, podemos destacar la composición de la Comisión Anti-Elusión: Director del SII, Fiscal Nacional Económico, un Consejero de la CMF, presidente del Tribunal de la Libre Competencia y un experto en materias tributarias con 15 años de experiencia, designado por concurso de alta administración pública, lo que garantiza, por una parte, experiencia técnica y profesional de primer nivel, y por la otra, una mirada heterogénea, multilateral, transversal y diversa de cada caso que sea puesto a su conocimiento.

N° 6 que modifica el artículo 6° CT: a) Se establece un procedimiento digital y transparente para la tramitación de consultas al SII para interpretar la ley tributaria Indicación: Reporte público de las consultas en la página web del SII

b) Se establece la facultad para resolver el recurso jerárquico Indicación: se agrega en el artículo 6° la regulación del recurso jerárquico, para efectos de orden normativo

c) Se establece para el Director un deber de fomentar el uso de medios tecnológicos

d) Indicación: se amplía la digitalización para la tramitación de consultas ante los Directores Regionales

e) Indicación: Se autoriza a los Directores Regionales para suspender la aplicación de sanciones administrativas

f) Se establece que la condonación total podrá ser entregada por el SII, sujeto a la definición de criterios fijados por Hacienda previa circular conjunta del SII y Tesorería Indicación: en caso de rechazo de la condonación, el Director Regional deberá fundamentar la decisión

g) Procedimiento de corrección de errores o vicios administrativos (RAF) Indicación: se pueden corregir vicios en resoluciones emitidas por el mismo SII; y, establece expresamente deber de fundamentación para la calificación de los antecedentes

N°7 que modifica el artículo 8°. Se incorporan nuevas definiciones: (a) “residente”, (b) “Grupo Empresarial”, (c) “sitio web del SII”, (d) “sitio personal”, “carpeta tributaria electrónica” y “expediente del contribuyente”, (e) “contribuyentes relacionados”. El Ministro expuso que aquí no hay modificaciones. El diputado Núñez señaló que esta norma debiera ser modificada, por cuanto ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. El Ministro tomó nota de lo señalado. El diputado Jackson recordó que el Ejecutivo también propuso eliminar la relación de parentesco en la venta de acciones y de inmuebles, por lo que sería perjudicial mantener esta norma sin alteraciones. El Ministro señaló que se está endureciendo la norma.

N°8 que reemplaza el artículo 8° bis. Se moderniza el catálogo de derechos de los contribuyentes y se establece un recurso de resguardo para asegurar su efectiva protección Indicación: Se precisan, en general el catálogo de derechos del contribuyente Indicación: Se precisa que todo acto administrativo del SII debe ser racional y fundado Indicación: Se aclara que el SII podrá iniciar una nueva fiscalización respecto de periodos e impuestos ya fiscalizados, si se trata de hechos distintos

N° 9 que modifica el artículo 8° ter. Se aclaran las situaciones que autorizan al SII para “bloquear” la emisión de documentos tributarios

N° 10 que modifica el artículo 8° quáter. Se establece que el SII deberá publicar y mantener en el sitio personal del contribuyente toda la información relevante sobre la adopción y mantenimiento de un “bloqueo” para la emisión de documentos al contribuyente Indicación: Se aclara que si el SII no publica la información, no procederá el bloqueo

N°11 que modifica el artículo 9°. Se contempla una norma para que un mandatario pueda comunicar al SII que dejó de ser el representante

N°12 que modifica el artículo 10°. Se aclara la forma en que se cuentan los plazos (administrativos y judiciales) considerando días hábiles o inhábiles Indicación: se aclara que el silencio positivo no constituye la regla general, sin perjuicio de los casos específicos en que conforme a la regulación actual resulte aplicable, como por ejemplo, en caso de consultas al Director sobre si un acto es elusivo.

N°13 que modifica el artículo 11°. Se realizan ajustes a la notificación por correo electrónico. Aviso por correo electrónico de respaldo en todos los casos Indicación: Se aclara que el SII debe informar en sus avisos que la notificación por correo electrónico es una medida voluntaria

N°14 que agrega el artículos 11 bis. Se aclara el marco normativo de las notificaciones electrónicas

N°15 que agrega el artículos 11 ter. Se establece una nueva forma de notificación mediante su publicación en el sitio personal del contribuyente aplicable a ciertas resoluciones, diligencias o actuaciones de carácter general, en forma excepcional

N° 16 que modifica el artículo 14. Se precisa que los gerentes, administradores o presidentes de la sociedad informados digitalmente al SII podrán ser notificados ü

Indicación: incorpora un N°17 nuevo que modifica el artículo 18. Se aclaran reglas sobre los casos en que el contribuyente puede llevar contabilidad en moneda extranjera (si el capital se pagó en moneda extranjera y los ingresos se obtienen en moneda extranjera)

N° 17 (que pasa a ser N°18) modifica el artículo 21

a) Para rechazar antecedentes presentados por un contribuyente, el SII deberá realizar una calificación racional y fundada, comunicando lo más claro posible los efectos a los contribuyentes

b) El SII podrá exigir antecedentes más allá de los plazos de prescripción (hasta 3 o 6 años), cuando existiendo diferencias de impuestos, el Director Regional respectivo emita una resolución fundada Indicación: aclara que podrán revisarse los antecedentes relacionados a los costos tributarios que no puedan acreditarse mediante contabilidad, otorgados con anterioridad a los plazos de prescripción, previa resolución del Director

N°18 (que pasa a ser N° 19) modifica el artículo 24 a). Se corrige una situación que se daba en los juicios tributarios en que, producto de la redacción de la ley, el SII estaba obligado a emitir un giro contra el contribuyente a pesar de que el TTA acepte su reclamo b) Se establecen facilidades para que el SII gire el IVA si no fue declarados oportunamente por el contribuyente de acuerdo a la información del registro de compras y ventas electrónico

Indicación: N°19 (que pasa a ser N° 20) modifica el artículo 26. Se aclara la posibilidad de solicitar devolución de impuestos en caso de cambio de criterio del SII Indicación: Se especifica que, en caso de un cambio de criterio, los contribuyentes sólo podrán pedir devolución de los impuestos pagados en el mismo ejercicio en que se dicte el cambio de criterio. Si un contribuyente realiza una consulta al Director, cuya respuesta motive el cambio de criterio, podrá pedir devolución de los impuestos pagados luego de la presentación de su consulta

N°20 (que pasa a ser N°21) modifica el artículo 26 bis. Se precisa y hace más expedito el procedimiento para que el SII resuelva si un acto o contrato podría caer en la NGA o alguna norma especial antielusión Indicación: Se establece que en caso de que el SII haya requerido antecedentes al contribuyente, éste podrá presentar una consulta conforme al artículo 26 bis dentro del plazo para dar respuesta a la solicitud de antecedentes

N°21 (que pasa a ser N° 22) modifica el artículo 28. Se reubica esta norma donde corresponde en la Ley de la Renta

N°22 (que pasa a ser N°23) que reemplaza el artículo 33. Se establecen nuevas facultades preventivas y de colaboración para el SII (por ejemplo, informar inconsistencias entre impuestos e información del SII) Indicación: Se regula la facultad de solicitar antecedentes, la que deberá ejercerse indicando en forma clara y precisa sus objetivos Indicación: Se establece un procedimiento digital más expedito de comunicación con los contribuyentes para el ejercicio de las facultades preventivas y de colaboración

N°23 (que pasa a ser N°24) que agrega el artículo 33 bis. Se fortalece marco normativo a la facultad del SII para solicitar declaraciones juradas

N°24 (que pasa a ser N°25) modifica el artículo 35. Se aclara el deber de reserva de los funcionarios del SII sobre los contenidos de los procesos de fiscalización

N°25 (que pasa a ser N°26) modifica el artículo 36 bis. Se aclara que, previa autorización del SII, los contribuyentes pueden presentar rectificaciones de sus declaraciones de impuestos, en los procedimientos de reposición administrativa (RAV) y de corrección administrativa de actuaciones con vicios o errores manifiestos (RAF)

N°26 (que pasa a ser N°27) modifica el artículo 56. El Director Regional podrá condonar intereses cuando el atraso no es imputable al contribuyente Indicación: en caso de rechazo de la solicitud de condonación, el Director Regional deberá fundamentar su decisión

N°27 (que pasa a ser N°28) reemplaza el artículo 59. Se establecen precisiones a los procedimientos de fiscalización. Las reglas que señala este artículo ya existen y se complementa con ciertos elementos adicionales Indicación: Se amplían los casos en que podrá iniciarse una nueva fiscalización si aparecen nuevos antecedentes.

N°28 (que pasa a ser N°29) que reemplaza el artículo 59 bis

Se incorporan nuevas facultades del SII para solicitar la comparecencia de los contribuyentes en casos de inconsistencias o incumplimientos considerados más graves (por ejemplo, en caso de delitos tributarios, no contar con instalaciones para el ejercicio del giro, no exhibir contabilidad reiteradamente).

Indicación: se precisa que el incumplimiento es reiterado cuando ocurra 2 o más veces en un periodo de 3 años y se incluye como caso de incumplimiento grave entregar información falsa en inicio de actividades, modificaciones sociales o término de giro.

N°29 (que pasa a ser N°30) reemplaza el artículo 60

Se regula y precisa el procedimiento para realizar solicitudes de antecedentes.

Indicación: se hace referencia cruzada al artículo 33 que permitirá solicitar antecedentes por cualquier medio que resulte expedito según lo determine el SII mediante resolución. El Ministro explicó que esta norma permitirá solicitar antecedentes con anterioridad al proceso de fiscalización.

N°30 (que pasa a ser N° 31) modifica el artículo 60 bis

Se elimina la exclusión de medios probatorios en juicios tributarios relacionados a antecedentes tecnológicos solicitados en sede administrativa.

Indicación: en los procesos en que el SII solicita acceso o conexión a los sistemas tecnológicos del contribuyente, se establece el resguardo del secreto comercial o empresarial, que no forme parte de los registros y libros contables.

N°31 (que pasa a ser N° 32) reemplaza el artículo 60 ter

Se amplía la facultad del SII de exigir la utilización de sistemas tecnológicos de control como sellos digitales o identificaciones impresas (como códigos de barra). Además, el SII puede celebrar acuerdos con grupos de contribuyentes que deseen voluntariamente usar estos sistemas de control.

Indicación: se establece que estas medidas podrán ser implementadas gradualmente. El Ministro señaló que la indicación busca dar facilidades a las PYMES para cumplir con esta disposición.

N°32 (que pasa a ser N°33) reemplaza el artículo 64

- Se actualiza la facultad de tasación del SII

- Se establecen puertos seguros para la realización de operaciones

- Se modernizan las normas de reorganización empresarial y se permite la fiscalización consolidada e integral de grupos empresariales

Indicación:

- Se precisan conceptos y forma de determinar valores para que se entiendan ajustados al precio de mercado (p.ej. plazo para determinar valores con cotización bursátil; se restringe la posibilidad de utilizar el patrimonio financiero como valor de una participación en sociedades de personas, empresas u otras que no tengan presencia bursátil ni activos valorizables, sólo al caso de Pymes; y se amplía el concepto de operaciones de financiamiento a las emisiones de bono). El Ministro detalló que el concepto de operaciones de financiamiento no incluye la emisión de bonos, donde el acreedor es un conjunto de bonistas.

- Se establece que para acceder a la fiscalización integral de grupos empresariales, se deberá haber informado al SII la composición del mismo y designar un mandatario común para que reciba las notificaciones. El Ministro explicó que esto tiene por objeto facilitar la labor del SII. El diputado Schilling señaló que esto no necesariamente favorecerá al SII, porque a través de este único mandatario se cerrarán todas las fisuras y discordancias existentes entre los miembros del grupo que le permitirían al Servicio detectar las irregularidades. El Ministro contestó que esta propuesta se estudió junto al SII, y tiene por sentido facilitar el proceso de fiscalización, y no obsta al Servicio a solicitar otros antecedentes a terceros.

- Se refuerza que la NGA es aplicable a las reorganizaciones de grupos empresariales (aún cuando esto ya estaba regulado en el artículo 4 ter, para hacerlo coherente con el artículo 4 bis).

N°33 (que pasa a ser N° 34) modifica el artículo 66

Se digitaliza el trámite de inscripción en el rol único tributario, a través de la carpeta electrónica del contribuyente, liberándolo de comparecer personalmente.

N°34 (que pasa a ser N° 35) modifica el artículo 68

Se digitalizan todos los trámites asociados al ciclo de vida de los contribuyentes (inicio de actividades, información de modificaciones, etc.)

Indicación: se agrega la obligación de informar los acuerdos de distribución de utilidades distintos a la proporción en el capital y las series de acciones. El Ministro agregó que en la Ley de la Renta se agregará que cuando no estén debidamente fundadas, se sancionará pecuniariamente.

N°35 (que pasa a ser N° 36) modifica el artículo 69

Se digitaliza el trámite de término de giro. Actualmente hay empresas que con término de giro, existen legalmente por mucho tiempo.

Indicación: se precisa que el SII tendrá plazo adicional de 60 días, a los actuales 60, para girar diferencias de impuestos si hay nuevos antecedentes o la información presentada es maliciosa.

N°36 (que pasa a ser N° 37) modifica el artículos 98

Se precisa que la responsabilidad por multas se aplica a los gerentes o administradores de una empresa cuando hayan incurrido personalmente.

Indicación: se aclara qué significa incurrido personalmente (tener participación directa e inmediata, facilitar medios o presenciar).

N°37 (que pasa a ser N° 38) modifica el artículos 99

Se precisa la responsabilidad por sanciones corporales y apremios a los gerentes o administradores cuando hayan incurrido personalmente en ellos

Indicación: se aclara qué significa incurrido personalmente (tener participación directa e inmediata, facilitar medios o presenciar).

N°38 (que pasa a ser N° 39) modifica el artículo 100 bis

Se establece una mayor sanción a los asesores por la reiteración de diseño o planificación sancionada bajo la NGA.

N°39 (que pasa a ser N° 40) agrega el artículo 111 bis

Se establece que las multas en procesos criminales inferiores a las establecidas en materia tributaria, sólo serán procedentes cuando el imputado haya pagado al menos un 50% del impuesto adeudado.

Indicación: se precisa que lo anterior también aplica respecto de la procedencia de acuerdos reparatorios.

N°40 (que pasa a ser N° 41) modifica el artículo 123 bis

- Se mejora el procedimiento de reposición administrativa voluntaria (RAV)

- Se disminuye el plazo para su resolución de 90 a 60 días

- Se permite al SII condonar multas e intereses, se establece una audiencia y se incorporan normas de valoración de la prueba de acuerdo a la sana crítica

Indicación: se refuerza el principio de motivación en materia de prueba y se hacen ajustes formales de referencia cruzada a otra norma respecto de la facultad de condonar.

Respecto de esta última modificación propuesta, el diputado Auth planteó dudas en torno a la conveniencia de reducir los plazos para la resolución del Servicio, junto con el establecimiento de la norma del silencio positivo.

El Ministro indicó que esto se equilibra en tanto también se está reduciendo a 60 días el plazo para que el reclamante interponga su acción. Agregó que esta norma fue consensuada con el SII.

El diputado Auth replicó que en la medida en que el Director del SII sea un funcionario dependiente del Ministerio de Hacienda, ese último argumento carece de fuerza. El Ministro recordó que los Directores y Subdirectores del SII son nombrados vía ADP, habiendo sido el actual Director nominado por el Gobierno anterior.

El Coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, señor Manuel Alcalde Peñafiel expresó que el proyecto hace una revisión global de los plazos establecidos en el Código Tributario, buscando aumentar la certidumbre en los procedimientos, tanto respecto a la dictación de las resoluciones como para la presentación de recursos.

El diputado Núñez (Presidente) recordó que en aquellos casos en que existan dudas respecto a disposiciones específicas del proyecto, la comisión puede recurrir a funcionarios y expertos para ilustrar el debate.

El Ministro estimó oportuno discutir con mayor detalle algunas propuestas del proyecto, pero sin dilatar en demasía su tramitación.

El diputado Ortiz valoró estas normas, en tanto elevan a nivel legal cuestiones que muchas veces son resueltas por la vía de circulares del SII, fortaleciendo la certeza jurídica en materia tributaria.

N°41 actual (que se elimina) artículo 123 ter

Indicación: para hacer aplicable la ley de bases de los procedimientos administrativos, se lleva la regulación del nuevo recurso jerárquico al artículo 6 que faculta al Director Nacional para conocer dicho recurso.

N°42 modifica el artículo 124

- Se rebaja el plazo para interponer reclamo tributario de 90 a 60 días

- Se establece posibilidad de interponer reclamo tributario respecto de la resolución que califique como no fidedignos antecedentes acompañados por los contribuyentes

Indicación: formal, sólo se corrigen aspectos de redacción del artículo.

N° 43 nuevo que modifica el artículo 130

Se establece la publicación de las sentencias de primera instancia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA)

Indicación: se precisa la forma de establecer esta regulación en relación con los artículos 27 y 28 nuevos del proyecto de MT (modificaciones a ley de transparencia y de fortalecimiento de los TTA)

N° 43 (que pasa a ser N 44 modifica el artículo 132

- Se autoriza al SII a allanarse si, con motivo de una reclamación, los argumentos presentados por el contribuyente desvirtúan el acto del SII objeto del recurso, en cuyo caso el TTA dictará sentencia de término

- Se elimina la prohibición actual que impide a los contribuyentes presentar ante los TTA los antecedentes que no pudieron ser acompañados en la citación hecha por el SII

Indicación

- Se precisa el deber tanto del SII como del contribuyente de acreditar sus pretensiones en el término probatorio

- Se establece que puede reclamarse de una resolución que rechaza sin la debida fundamentación los antecedentes presentados por un contribuyente

N 44 (que pasa a ser N 45 modifica el artículo 132 bis

Se fortalece el trámite de la conciliación en los procedimientos judiciales ante los TTA y se permite que el abogado que representa al SII se pronuncie sobre la conciliación, sujeto a los criterios que fije el Director Nacional

Indicación: se permite que el TTA en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, llame a una conciliación

N 45 (que pasa a ser N 46 agrega el artículo 132 ter

Se incorpora el avenimiento extrajudicial

Indicación: Director Nacional del SII aceptará o rechazará el avenimiento previo informe de los subdirectores normativo, jurídico y de fiscalización Además, se elimina la reserva de los antecedentes para resguardar la transparencia, estableciendo una publicación en el sitio web del SII

N 46 (que pasa a ser N 47 modifica el artículo 137

Se establece una nueva facultad del SII para solicitar medidas prejudiciales con el objeto de resguardar el interés fiscal (por ejemplo, solicitar una prohibición de enajenar bienes)

Indicación: se aclara que las medidas prejudiciales se solicitan ante los TTA en reemplazo de los tribunales civiles

N 47 (que pasa a ser N 48 agrega el artículo 137 bis

Se mantendrán las medidas prejudiciales durante el juicio de reclamación, salvo que se determine que el interés fiscal se encuentra suficientemente resguardado

Indicación N 49 y N 50 que modifican los artículos 139 y 140

Se aclara la procedencia del recurso de casación en contra de las sentencias en materia tributaria

Indicación N 51 que modifica el artículo 144

Indicación: meramente formal de referencias cruzadas

N 48 (que pasa a ser N 52 modifica el artículo 145

Se aclaran las materias que fundamentan un recurso de casación contra las sentencias de la Corte de Apelaciones

Indicación: se precisan las causales y se determinan los trámites esenciales para efectos de casación

Indicación N 53 que modifica el artículo 150

Se aclara que las contribuciones son susceptibles del procedimiento de reclamo

Indicación N 54 que modifica el artículo 156

Se refuerza el deber de fundamentación por parte de los TTA en los procedimientos sobre vulneración de derecho

N 49 (que pasa a ser N 55 modifica el artículo 160 bis

Se efectúan algunas precisiones del lenguaje jurídico

N 50 (que pasa a ser N 56 modifica el artículo 165

Se agregan al procedimiento especial para aplicación de multas, los incumplimientos relacionados con no entregar información al SII exigida para cumplir con convenios internacionales de intercambio de información

N 51 (que pasa a ser N 57 modifica el artículo 192

Se establece que los criterios de condonación deben ser uniformes, por lo que el Ministerio de Hacienda fijará las políticas de condonación conforme al artículo 207 previo informe técnico del SII y Tesorería La facultad de condonar se mantiene en el SII o Tesorería

Indicación: formal con referencia cruzada a otra norma

N 52 (que pasa a ser N 58 agrega el artículo 206

Se establece que la obligación de reserva persiste luego que los funcionarios cesen en sus funciones

N 53 (que pasa a ser N 59 agrega el artículo 207

Se establece que los criterios de condonación deben ser uniformes, por lo que se fijarán políticas de condonación por el Ministerio de Hacienda mediante decreto, previo informe técnico de SII y Tesorería La facultad de condonar se mantiene en el SII o Tesorería

Indicación: se aclara que el decreto se emitirá previa circular conjunta del SII y Tesorería

Continuó exponiendo el Ministro respecto a otras disposiciones del proyecto de ley, que se vinculan con las ya presentadas.

Artículo 22 mediante el cual se proponen modificaciones a la Ley Orgánica del SII

• N 1 que modifica el artículo 4 bis se incorpora la carpeta tributaria electrónica

• N 2 que modifica el artículo 46 se agrega la facultad de los abogados que asuman representación del SII en causas tributarias para asistir a las audiencias de conciliación establecidas en el artículo 132 del CT

• N 2 agrega el artículo 50 bis se incorpora la facultad del SII para enviar cartas certificadas a través de Correos de Chile o empresas de correos privadas

Indicaciones Artículo 24 al 26

Se extienden beneficios tributarios a zonas extremas

Indicaciones Artículo 27 y 28

Incorpora a los TTA a las medidas de transparencia respecto de la publicación de las sentencias

Artículo 30 transitorio

Se establece una norma interpretativa de la ley N 21 039 que perfecciona la justicia tributaria y aduanera, para ampliar el stock de juicios tributarios que pueden ser objeto de la conciliación (artículo 132 bis CT), abarcando a todas las reclamaciones que estaban pendientes de tramitación al 1 de noviembre de 2017

Indicación Artículo 34 transitorio

- Se incorpora norma que se había comprometido en el mensaje de la MT, que establece un régimen transitorio destinado a desconcentrar la carga de los tribunales y solucionar juicios de larga duración

- Por un plazo de dos años los contribuyentes que tengan litigios ante los TTA o los tribunales superiores de justicia, podrán celebrar un avenimiento (con el SII ante los TTA, aceptando pagar el 100% de los impuestos debidos asociados al juicio y accediendo a la condonación del 100 de multas e intereses

- El SII dictará una resolución regulando el procedimiento administrativo de solicitud de avenimiento ante el mismo.

Respecto de lo expuesto, el diputado Núñez (Presidente) señaló que serán sólo los grandes contribuyentes los que podrán acceder a los beneficios propuestos.

El diputado Jackson estimó razonable que se establezca un procedimiento más claro, pero manifestó sus dudas respecto a la posibilidad que la condonación de intereses se convierta en un incentivo para postergar los pagos de impuestos, porque podría operar en la práctica como un préstamo gratuito.

El diputado Melero preguntó qué tan sobrecargados están los TTA como para proponer esta disposición transitoria.

El señor Alcalde indicó que la norma tiene dos sentidos: primero, anticipar el pago del impuesto, en un contexto de un juicio en el que el Fisco tiene una expectativa y no una certeza; y segundo, entendiendo que el interés fiscal es mayor que el comercial, a saber, de un 1,5% mensual, 18% anual, la medida busca descongestionar los TTA durante estos dos años y establecer un incentivo mayor para cerrar el juicio mediando concesiones recíprocas entre las partes.

El diputado Jackson preguntó si esta norma se aplicaría sólo a los juicios pendientes o también a los que nazcan con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma. El Ministro explicó que la disposición está pensada para juicios vigentes, por lo que se mostró abierto a incorporar expresamente en el artículo una mención en tal sentido.

La señora Fuensalida, asesora del Ministro de Hacienda, explicó que es perfectamente posible que un contribuyente de menor tamaño recurra al procedimiento judicial, por ejemplo, porque tras el proceso administrativo no le fue posible aportar algún antecedente o un elemento probatorio. Reconoció que efectivamente litigar en sede judicial es complejo, pero igualmente estará disponible para un pequeño contribuyente la posibilidad de llegar a un avenimiento si es que aceptan pagar la totalidad de los impuestos debidos.

El Ministro agregó que en este ámbito, también se considera una participación del Defensor del Contribuyente, como organismo orientador.

Respecto a la congestión de los TTA, el señor Alcalde indicó que en primera instancia hay congestión en ciertos tribunales, tardándose en algunos casos 2 años en recibirse la causa a prueba. Manifestó su convencimiento respecto a que la medida propuesta ayudará a dar más celeridad a los procesos pendientes.

Indicación Artículo 37, 38 y 39 transitorios nuevos

- Se crea una nueva institucionalidad y procedimiento para la declaración de la configuración de elusión, y la determinación de la multa a los asesores responsables de la planificación de los actos y contratos

- La nueva institucionalidad y procedimiento se aplicará durante un plazo transitorio de 2 años, para efectos de evaluación

- Comisión Anti Elusión estará encargada de declarar la configuración de elusión y la aplicación de multa a asesores

- Compuesta por 5 miembros que otorgarán independencia y capacidad técnica en el ámbito tributario, jurídico y económico

- Formarán parte de la Comisión i) Director del SII, ii) Fiscal Nacional Económico, iii) un consejero de la CMF, iv) el presidente del Tribunal de la Libre Competencia y un experto en materias tributarias con más de 15 años de experiencia designado por alta dirección pública

- Comité Especial del SII se lleva a la ley la institucionalidad del SII creada en la Circular N 41 de 2016 que estará encargada de analizar los casos en que podría configurarse elusión. Estará conformada por los subdirectores de normativa, jurídica y fiscalización

- Procedimiento de declaración de elusión

• La unidad de fiscalización que detecte indicios de elusión presentará un informe al Comité Especial del SII,

• El Comité Especial determinará si procede convocar a la Comisión Anti Elusión y preparar un informe,

• La Comisión Anti Elusión determinará si se configura elusión luego de escuchar al SII, el contribuyente y los asesores

- Declarada la elusión, el SII podrá liquidar, girar o dictar resolución, la que es reclamable por el contribuyente

El diputado Jackson se mostró plenamente de acuerdo con el fondo de esta propuesta. Preguntó si las instituciones involucradas han sido consultadas. Estimó poco conveniente que este órgano se cree en un artículo transitorio.

El diputado Auth manifestó sus dudas respecto a las características de esta iniciativa, en tanto se constituye una Comisión que evaluará lo que propone un Comité, cuyo nivel de experticia de este es superior al de aquella. También consideró que al incluir a las instituciones propuestas en la Comisión, se está comprometiendo su prestigio institucional, por lo que debieran incluirse personas de acuerdo a sus méritos personales y su experticia.

El diputado Lorenzini preguntó por qué se crea una Comisión encargada de determinar si procede lo que ha resuelto un Comité de expertos. Señaló que la evasión es la conducta ilegal por la que se pretende evitar la configuración de una obligación tributaria, y que por el contrario, la elusión es una actividad legal que tiene por objeto aprovecharse de los vacíos de la normativa.

El diputado Jackson solicitó al Ejecutivo pronunciarse sobre el tema, manifestando que él considera que en virtud de las normas antielusión, la elusión no es una conducta legal.

El Ministro reconoció el carácter debatible de esta propuesta. Explicó que la idea es avanzar hacia una institucionalidad colegiada que resuelva en este ámbito, por lo que es discutible quiénes la integrarán. Agregó que si la labor de esta institucionalidad es valorada positivamente, se podrá presentar un proyecto de ley permanente, el que eventualmente podrá ser complementado y mejorado a partir de la experiencia. Señaló que en materia de elusión, los aspectos jurídicos no son los únicos a tomar en consideración, puesto que los elementos macroeconómicos, financieros, etc. también son relevantes.

El diputado Ortiz valoró la propuesta, pero advirtió que esto no debe convertirse en un debilitamiento de la labor del SII.

El diputado Núñez (Presidente) propuso conocer la posición de los organismos involucrados, como también de los funcionarios fiscalizadores del SII. Expresó que, de acuerdo a la redacción propuesta de la norma antielusión, queda abierta la posibilidad para que contribuyentes de gran patrimonio eludan el impuesto a las herencias, por la vía de hacer donaciones a entidades constituidas en el extranjero.

El señor Diego Riquelme Ruiz, asesor legislativo del diputado Núñez, explicó que en la redacción de la norma sobre partes relacionadas, no se incluye a los familiares. En este sentido, es perfectamente posible que un hijo constituya una entidad en el extranjero, a la que el padre dona la totalidad de su patrimonio, operación que quedaría exenta del pago del impuesto a las donaciones, por no considerarse como una operación entre partes relacionadas. Consideró un avance que se unifique el concepto de partes relacionadas, pero hay una serie de situaciones en las que los familiares deben ser considerados como partes relacionadas. Agregó que a esta conclusión llega a partir de la descripción de partes relacionadas que propone el proyecto, la cual tiene implicancias en diversas disposiciones, tales como la venta de bienes, prestación de servicios, donaciones, herencias, entre otras, en cuanto cada una de ellas consigna una remisión a la norma relativa al concepto de partes relacionas.

El Ministro y la señora Fuensalida consideraron adecuada la observación, y manifestaron la disposición del Ejecutivo a introducir las modificaciones pertinentes para evitar la configuración de las situaciones descritas.

La señora Fuensalida precisó que desde el primer momento el presente proyecto declaró que no es tolerable ni aceptable la elusión tributaria, entendiendo por esta el soslayo de la norma tributaria pretendido por un contribuyente, utilizando algún tipo de herramienta legal. Una de las recientes indicaciones introducidas al artículo 4 bis establece que las obligaciones tributarias no podrán ser eludidas. La simulación y el abuso de las formas jurídicas son inadmisibles e inaceptables, sin perjuicio de la economía de opción. Reconoció el dinamismo de las relaciones jurídicas, fundadas en los principios de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, pero respetando siempre el marco de la legalidad que impone el ordenamiento jurídico.

Respecto a los integrantes de la Comisión Antielusión, indicó que se pensó en ellos porque la normativa antielusión es una materia que no está reservada únicamente a los abogados tributaristas, sino que es esencial que se tome en consideración la experiencia de las personas vinculadas al mundo financiero, la libre competencia, etc. Especialmente relevante también es la presencia del Director del SII, en tanto su principal función es velar por el cumplimiento tributario, particularmente evitando la concreción de conductas elusivas o evasivas.

El diputado Lorenzini manifestó que la elusión no tiene nada que ver con la norma antielusión, sino aquellas se produce por los vacíos que quedan en las normas tributarias específicas. En este sentido, estimó que lo relevante es el perfeccionamiento de las normas a partir de las cuales se está eludiendo.

El Ministro concluyó su presentación valorando los planteamientos de los integrantes de la comisión.

SEGUNDO INFORME FINANCIERO

Las indicaciones presentadas por el Ministro de Hacienda don Felipe Larraín fueron acompañadas del informe financiero N°68, de 8 de mayo de 2019, emitido por la Dirección de Presupuestos, el que consigna lo siguiente respecto del efecto en el presupuesto fiscal.

-En relación a las modificaciones al Artículo 1º, numeral 13), respecto a las nuevas condiciones que faculta al contribuyente a llevar la contabilidad en moneda extranjera, esto es, el caso de contribuyentes de primera categoría que determinan su renta efectiva según contabilidad completa, cuando dicha moneda extranjera influya determinantemente en la composición del capital social del contribuyente y sus ingresos los obtenga en moneda extranjera, no es posible generar una estimación del impacto en los ingresos fiscales. Sin embargo, cualquier movimiento al alza o a la baja del tipo de cambio determinará si el impacto final se traduce en mayores o menores ingresos fiscales, respectivamente.

-Respecto a los nuevos artículos trigésimo séptimo, octavo y noveno transitorios, en lo referido a la Comisión Anti-Elusión y al Comité Especial del Servicio, cabe señalar que los ejercicios de sus respectivas funciones no irrogan mayor gasto fiscal, toda vez que sólo se trata de funciones que se suman a las actualmente desempeñadas por cada uno de los miembros de los respectivos Comités y Comisiones. En el caso de los miembros de la Comisión Anti-Elusión, su labor será ad­honorem, y el Ministerio de Hacienda, mediante un decreto supremo, establecerá el procedimiento para convocar a la Comisión y su funcionamiento, además de brindar el apoyo administrativo necesario con esos fines. En relación a las multas que se cursen a los contribuyentes que hayan incurrido en una conducta elusiva, según lo resuelto por dicha Comisión, no es posible cuantificar la magnitud de estas. Sin perjuicio de ello, las transacciones se registrarán en la partida presupuestaria del Tesoro Público, en los años que corresponda.

-Para las demás medidas, al tratarse de precisiones y/o ajustes en la redacción de los contenidos desarrollados en el mensaje del Proyecto, los efectos fiscales ya han sido incorporados en el Informe Financiero Nº 146, de agosto de 2018, que acompañó el proyecto de ley, de manera que no se modifica la estimación de ingresos y gastos ya señalados allí.

AUDIENCIA ESPECÍFICA SOBRE LA INDICACIÓN DEL EJECUTIVO PRESENTADA EL 8 DE MAYO DE 2019, QUE CREA UNA COMISIÓN ANTI-ELUSIÓN

En primer lugar, la Comisión recibió al Fiscal Nacional Económico, señor Ricardo Riesco Eyzaguirre. Agradeció a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de Chile, a por la invitación a exponer la opinión de la Fiscalía Nacional Económica ("FNE") respecto del proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria ("Proyecto de Ley"), específicamente respecto de la indicación de fecha 8 de mayo de 2019 ("Indicación") que crea una Comisión Anti-Elusión que estaría integrada, entre otros, por el Fiscal Nacional Económico.

A este respecto, la opinión de la FNE se funda en cinco aspectos que desarrolló de la siguiente forma:

En primer lugar, el mensaje del Proyecto de Ley destaca la necesidad de otorgar una mayor certeza y seguridad jurídica como una de las principales razones que justificarían una reforma tributaria en Chile. Fundado en un informe conjunto de la OCDE y del FMI, el mensaje del Proyecto de Ley señala que la certeza y seguridad jurídica son esenciales para promover la inversión y el comercio. A este respecto, señaló que la FNE está plenamente de acuerdo en que el ordenamiento jurídico nacional, quizás muy especialmente en materia tributaria, debe tender a otorgar la mayor certeza y seguridad jurídica posible como condición indispensable para el crecimiento y desarrollo económico del país. De esta forma, la FNE no puede sino estar de acuerdo con todos los esfuerzos que nuestras autoridades políticas realicen con tal fin.

En segundo lugar, el mensaje del Proyecto de Ley identifica como una de las principales causas de incertidumbre jurídica en nuestro sistema tributario actual la supuesta inconsistencia en la interpretación y aplicación de las normas tributarias, mereciendo especial cuidado la norma general anti-elusión. Sin perjuicio de desconocer si existe o no inconsistencia en la interpretación y aplicación de las normas tributarias, la FNE también está de acuerdo con todos los esfuerzos que nuestras autoridades políticas realicen con el objeto de dar correcta, efectiva y eficaz interpretación y aplicación a la norma general antielusión, toda vez que la elusión contraviene las leyes tributarias chilenas y causa perjuicio fiscal.

En tercer lugar, con el objeto de reducir esta supuesta incertidumbre jurídica en cuanto a la interpretación y aplicación de la norma general anti-elusión, la indicación propone, entre otras cosas, que se cree una Comisión Anti-Elusión. En suma, la Comisión Anti-Elusión tendría por objeto determinar si existe o no elusión conforme a los artículos 4° ter y quáter del Código Tributario y, en la afirmativa, aplicar una multa conforme al artículo trigésimo octavo transitorio del Código Tributario. A este respecto, expresó que, si la introducción de una instancia adicional al Servicio de Impuestos Internos fuese conveniente con miras a lograr una correcta, efectiva y eficaz interpretación y aplicación a la norma general anti­elusión, lo que manifestó desconocer, la FNE estima que una instancia con las características que se contemplan para la Comisión Anti-Elusión -en cuanto órgano administrativo colegiado, independiente, técnico y experimentado, sujeto a un procedimiento reglado y cuyas decisiones son recurribles ante los tribunales tributarios y aduaneros- parecería adecuado desde una perspectiva orgánica y funcional.

De hecho, en Chile existen experiencias exitosas con esta clase de comisiones, tales como el Panel de Expertos del Transporte Público, el Panel Técnico de Concesiones y el Panel de Expertos de la Ley Eléctrica.

En cuarto lugar, surge la pregunta si es o no pertinente que el Fiscal Nacional Económico integre la Comisión Anti-Elusión. La respuesta a esta pregunta dependerá, en su opinión, de dos cuestiones fundamentales: primero, de las capacidades técnicas que se estime que deben tener los integrantes de la Comisión Anti-Elusión y, segundo, de la disponibilidad que se estime que deben tener los integrantes de la Comisión Anti-Elusión.

Consideró que no le corresponde responder estas preguntas, sino sólo establecer los posibles criterios y parámetros para su respuesta, que es de competencia exclusiva y excluyente de las autoridades políticas y técnicas que fueren pertinentes.

A)En cuanto a las capacidades técnicas de los integrantes de la Comisión Anti-Elusión

A.1)Las normas anti-elusión están contenidas en los artículos 4° bis, ter, quáter y quinquies del Código Tributario.

Si se estima que hay que tener conocimientos técnicos de Derecho Tributario y experiencia en Derecho Tributario para determinar si existe o no elusión, entonces los integrantes de la Comisión Anti-Elusión deberían tener esas capacidades.

Si ello fuese así, el Fiscal Nacional Económico no debería formar parte de la Comisión Anti-Elusión toda vez que el Fiscal Nacional Económico no es experto en Derecho Tributario ni tampoco tiene un piso mínimo de conocimiento técnico y experiencia práctica en materias tributarias. En efecto, el Fiscal Nacional Económico es un experto en materias de libre competencia, lo que resulta más que razonable considerando que es el jefe superior de la FNE, servicio público que tiene como misión exclusiva y excluyente, conforme a los artículos 1° y 2º del DL 211, promover y defender la libre competencia en los mercados de todo el territorio de Chile.

A.2)No obstante lo anterior, el Proyecto de Ley modifica el artículo 4° del Código Tributario con el objeto de establecer que, en la interpretación de la ley tributaria, se deben considerar las normas de derecho común y los principios generales de Derecho. Asimismo, el artículo 4° bis del Código Tributario señala que existirá elusión, conforme a los parámetros establecidos en los artículos 4° ter y quáter, si se determina que hubo abuso -actos o contratos notoriamente artificiosos- o simulación, que es una figura propia del Derecho Civil.

En virtud de lo anterior, se podría eventualmente estimar que, para determinar si hay o no elusión, habría que tener conocimiento y experiencia sobre la forma en que operan la economía y los mercados y, también, sobre la forma en que se desarrollan los negocios

Bajo ese supuesto y suponiendo también que no fuese necesario un piso mínimo de conocimiento técnico y experiencia práctica en materias tributarias, el Fiscal Nacional Económico sí podría teórica e hipotéticamente integrar la Comisión Anti­ Elusión.

B)En cuanto a la disponibilidad de los integrantes de la Comisión Anti­ Elusión

Atendida la enorme importancia de las normas anti-elusión, asumió que la Comisión Anti-Elusión requerirá de una disponibilidad alta de sus integrantes.

Si ello fuese así, pese a agradecer muy sinceramente que se les haya considerado para integrar la Comisión Anti-Elusión, toda vez que entendemos que ello constituye un reconocimiento al prestigio de la FNE producto de su trabajo serio, técnico e independiente, manifestó que el Fiscal Nacional Económico no debería formar parte de la Comisión Anti-Elusión.

En efecto, la FNE tiene como misión promover y defender la libre competencia en los mercados de todo el territorio nacional.

Para cumplir con esta significativa labor, la FNE cuenta tan sólo con 111 funcionarios divididos en 7 divisiones. De estos 111 funcionarios, 81 están dedicados al giro principal de la FNE y 30 forman parte de equipos administrativos de soporte o apoyo esenciales para cumplir la misión de la FNE.

El trabajo diario de la FNE consiste, fundamentalmente, en investigar hechos que pudieran ser constitutivos de carteles o colusiones entre competidores -como el caso farmacias, pollos o papel confort- y también hechos que pudieran ser constitutivos de abusos de posición dominante, precios predatorios y actos de competencia desleal. Si las investigaciones llevan a concluir que existen ilícitos anticompetitivos, la FNE demanda a quienes corresponda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es un tribunal imparcial e independiente de la FNE. En este sentido, cabe señalar desde ya que, en razón de ello, no resulta muy adecuado que el Fiscal Nacional Económico y el Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia participen en conjunto de una comisión resolutiva como sería la Comisión Anti-Elusión.

De esta forma, la FNE es un órgano esencialmente persecutor de infracciones a la libre competencia. En este sentido, también cabe señalar desde ya que formar parte de una comisión resolutiva, como sería la Comisión Anti­ Elusión, desvirtuaría en parte el carácter persecutor de la FNE.

Agregó que a partir de 2016 se le entregaron a la FNE nuevas responsabilidades. Ellas son pronunciarse sobre las operaciones de concentración -fusiones, adquisiciones y joint ventures- que puedan reducir sustancialmente la competencia en los mercados chilenos, así como realizar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados en Chile. Hasta la fecha, se han pronunciado respecto de más de 100 operaciones de concentración y hemos realizado tres estudios de mercado sobre rentas vitalicias, notarios y textos escolares.

Expresó que no cabe duda que la labor de la FNE es extremadamente amplia, técnica y compleja, estando a cargo de casos que tienen un alto impacto en la ciudadanía. De hecho, entre el 2017 y el día de hoy la carga de trabajo de la FNE se ha duplicado. En definitiva, la FNE tiene una labor gigantesca para los funcionarios con que cuenta.

En consecuencia, por todas las razones antedichas la FNE estima que es indeseable que se desvíe la atención del Fiscal Nacional Económico a otras materias, por importantes que pudieren ser, que no sea cumplir con la importante misión que le encomienda la ley.

Por último y en quinto lugar, si el conocimiento y experiencia sobre la forma en que operan la economía y los mercados y, también, sobre la forma en que se desarrollan los negocios, se estimase como una cualidad esencial para integrar la Comisión Anti-Elusión, independientemente de si se tienen o no conocimientos "duros" de Derecho Tributario, la FNE solicita formalmente que por favor se considere alternativamente a otras personas que, cumpliendo con esos requisitos y teniendo esas capacidades, podrían integrar la Comisión Anti-Elusión a un menor costo que el que supondría la participación del Fiscal Nacional Económico.

Por ejemplo, se podría recurrir a personas que hubiesen ocupado en el pasado cargos equivalentes, tales como ex Fiscales Nacionales Económicos, ex ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ex Superintendentes de Valores y Seguros, ex Superintendentes de Bancos e Instituciones Financieras, ex consejeros del Banco Central, ex Vicepresidentes Ejecutivos de Corfo, ex miembros del Consejo Directivo de Corfo, ex presidentes del Comité de Inversión Extranjera, hoy lnvestChile, actuales o ex decanos de Facultades de Derecho o de Escuelas de Ingeniería, entre otros.

Estimó que con integrantes de ese tipo, u otros alternativos pero con capacidades equivalentes, la Comisión Anti-Elusión ciertamente podría cumplir la importante misión que se le pretende encomendar, pero a la vez no desviaría al Fiscal Nacional Económico del cumplimiento estricto y oportuno de la importantísima misión que le encomienda expresamente la ley, como es promover y defender la libre competencia en los mercados de todo el territorio nacional, condición indispensable para el correcto funcionamiento de una economía social de mercado como la que existe en Chile.

En segundo lugar, expuso el Presidente del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero CMF, señor Joaquín Cortez Huerta. Comenzó agradeciendo la invitación de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para dar a conocer la visión de la CMF acerca de la Comisión Anti-Elusión en el Proyecto de Modernización Tributaria.

Hablando desde su experiencia durante los últimos 14 meses como Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, valoró los beneficios que tiene un cuerpo colegiado para la toma de decisiones complejas de carácter técnico que afectan a la ciudadanía.

En el caso de la CMF, pasaron de una autoridad unipersonal, como era el caso del superintendente que dirigía la antecesora SVS, a un gobierno colegiado y autónomo. Estimó que esto es muy importante en el caso de una entidad que no solo dicta normas, sino también que investiga y sanciona.

La conformación de un Consejo ha permitido contrapesar opiniones no solo en procesos sancionatorios, sino también en el caso de la emisión de nuevas normas, para lo cual también deben pasar por un proceso de consulta pública y proveer un informe de impacto regulatorio.

Aunque no siempre las decisiones son compartidas y existen votos de minoría, señaló que ha sido testigo de cómo la confrontación de opiniones diversas termina por enriquecer tales decisiones. En este sentido, afirmó que la Comisión ha funcionado bien.

Consideró que es una buena idea generar institucionalidad que contrapese decisiones de la autoridad que afecten a la ciudadanía. No solo confiere las debidas garantías a las personas e instituciones fiscalizadas, son también introduce estabilidad a las decisiones de la autoridad. Así es como un gobierno colegiado, por su naturaleza, confiere estas características a las políticas de regulación y supervisión.

En este sentido, estimó que una Comisión como la propuesta, conformado por personas de diferente formación y especialidades que se encargue de analizar y decidir si efectivamente actos analizados por un organismo técnico, como es el SII, configuran un acto de elusión, es un adelanto importante. La comisión Anti-Elusión debe constituir un contrapeso.

Manifestó su impresión respecto a que para integrar la Comisión Anti-Elusión no se requiere ser un experto en derecho tributario sino tener cierta práctica en analizar cómo normalmente se estructuran determinadas operaciones en los negocios. En este sentido, señaló que no necesariamente deba estar constituido por abogados, sino también se requiere de experiencia en materias económicas y financieras.

A título personal, indicó que es un honor que un miembro de la Comisión haya sido considerado para integrar esta instancia. Dicho eso, recordó los mandatos legales entregados a la Comisión y que fueron recientemente ampliados con la aprobación de la modificación a la Ley General de Bancos.

La Comisión para el Mercado Financiero tiene el mandato legal de velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Mantendrá una visión general y sistémica del mercado, considerando los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados, así como el resguardo del interés público.

Con este contexto en mente, estimó conveniente puntualizar lo siguiente:

1.- Si bien es cierto que en la Comisión para el Mercado Financiero existen parte importante de los conocimientos requeridos para entender la racionalidad económica, financiera y regulatoria de los casos que se presenten en la Comisión Anti-Elusión, este nuevo encargo escapa del mandato legal, antes mencionado.

2.- El Comisionado que participe del Comité puede verse enfrentado a tomar una decisión que entre en conflicto con alguno de los objetivos que el legislador impuso a la Comisión, como puede ser el mandato de protección de los inversionistas, depositantes o asegurados, o el cuidado de la Estabilidad Financiera. Por ejemplo, un caso relacionado con un banco o una compañía de seguros que eventualmente pueda colocar a dicha institución en una posición de dificultad financiera o que afecte a los inversionistas, depositantes o asegurados.

3.- Recordó que el perímetro de supervisión de la Comisión es muy amplio, por lo cual es posible que la participación del Comisionado en cuestión le haga tomar conocimiento y pronunciarse sobre operaciones que también digan relación con los mandatos que el legislador le asignó a la Comisión, pudiendo provocar que posteriormente se deba inhabilitar en la misma situación si llega a tener que analizarse en el seno de nuestra Comisión. Lo mismo puede darse al revés, esto es, que la misma operación haya sido analizada por la Comisión dentro de su perímetro regulatorio, impidiendo que el mismo comisionado pueda analizarla imparcialmente en este nuevo órgano, dado el análisis y pronunciamiento previo emitido, pudiendo generarse una inhabilidad a su respecto.

4.- Adicionalmente, dado el amplio número de fiscalizados del Servicio de Impuestos Internos, esta nueva tarea podría significar una carga de trabajo relevante para el Comisionado que se designe en el nuevo organismo Anti-elusión.

Dicho lo anterior, y en base a la experiencia que ha obtenido en este último año como Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, señaló que la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda va en la dirección correcta, ya que establece contrapesos a decisiones administrativas que afectan directamente a la ciudadanía en un tema importante como es el Tributario.

En tercer lugar, la Comisión recibió al Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), señor Enrique Vergara Vial. Inició valorando toda iniciativa que persiga fortalecer la debida recaudación tributaria en el país, especialmente en una materia tan sensible como es la elusión de los tributos.

En cuanto al diseño institucional y los procedimientos idóneos para prevenir y sancionar estas conductas, expresó que desconoce las mejores prácticas internacionales sobre la materia. Sin perjuicio de ello, la creación de comisiones compuestas por gente idónea para conocer este tipo de conductas, las que de por si son extraordinariamente complejas como se puede apreciar de la simple lectura de los artículos 4 ter, 4 quáter del Código Tributario y artículo trigésimo octavo transitorio, no puede sino ser bienvenida. En efecto, los cuerpos colegiados permiten aportar distintas visiones sobre un mismo tema, todo lo cual enriquece el debate y la calidad de las decisiones.

Sin embargo, en lo que se refiere a la integración de esta comisión, específicamente la participación del Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la misma, se refirió a ciertas aprehensiones sobre su conveniencia. Dichas observaciones se relacionan con la especialidad de la materia, la dedicación que demande dicho trabajo y las eventuales inhabilidades que pueden surgir.

En cuanto a la especialización y dedicación, se debe tener presente que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es un órgano jurisdiccional e independiente, sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema cuya misión es prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia.

Tiene múltiples funciones, tanto jurisdiccionales como extra jurisdiccionales. En cuanto a la función jurisdiccional, que es la más importante, el Tribunal debe conocer las situaciones que pudieren constituir infracciones a la presente ley a solicitud de parte o del Fiscal Nacional Económico.

En cuanto a las tareas extra jurisdiccionales, en primer lugar , el Tribunal debe conocer, a solicitud de quienes sean parte o tengan interés legítimo en los hechos, actos o contratos existentes o por celebrarse distintos de las operaciones de concentración a las que se refiere el Título IV del D.L. Nº 211, o del Fiscal Nacional Económico, los asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las disposiciones de esta ley, para lo cual podrá fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en tales hechos, actos o contratos.

En segundo lugar, puede dictar instrucciones de carácter general de conformidad a la ley, las cuales deberán considerarse por los particulares en los actos o contratos que ejecuten o celebren y que tuvieren relación con la libre competencia o pudieren atentar contra ella.

En tercer lugar, puede proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Estado que corresponda, la modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia, como también la dictación de preceptos legales o reglamentarios cuando sean necesarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se presten en condiciones no competitivas.

En cuarto lugar, el Tribunal tiene las demás atribuciones que señalen otras leyes (art. 18 Nº 7). Entre ellas, debe realizar informes especiales como, por ejemplo, los informes contemplados en el artículo 14 de la Ley Nº 19.542, Ley de Puertos, o del artículo 31 del D.F.L. Nº 323, Ley de Servicios de Gas.

En quinto lugar, debe autorizar las diligencias solicitadas por la Fiscalía Nacional Económica conforme con lo dispuesto en el artículo 39 del D.L. Nº 211.

Junto con todas estas funciones, diversas leyes han asignado al Tribunal la tarea de designar o nombrar integrantes de algunos organismos. Así, el Tribunal participa en la elaboración de la nómina de profesionales para integrar la Comisión Arbitral regulada en el artículo 36 bis de la Ley de Concesiones; en el nombramiento de los integrantes del Panel de Expertos Eléctrico; y, además, el Presidente del Tribunal o el Ministro designado al efecto, es parte del Comité Especial de Nominaciones del Coordinador Eléctrico conforme al art. 212-7 de la ley Nº 20.936.

Asimismo, mediante la modificación legal propuesta en la ley Nº 20.945, publicada el año 2016, se agregaron dos nuevas atribuciones. La de substanciar, a solicitud exclusiva del notificante de una operación de concentración, el procedimiento de revisión especial de operaciones de concentración, cuando éstas hubieren sido prohibidas por el Fiscal Nacional Económico conforme a lo establecido en el artículo 57 del D.L. Nº 211; y la de dictar, de conformidad a la ley, los autos acordados que sean necesarios para una adecuada administración de justicia.

Debido a la mayor carga de trabajo, dicha ley también incorporó la obligación de dedicación exclusiva en el desempeño de su cargo durante el período para el cual los Ministros del Tribunal fueron nombrados. Dicha obligación es sólo para los Ministros titulares quienes no podrán prestar servicios de ningún tipo a personas naturales o jurídicas, o ejercer en cualquier forma aquellas actividades propias del título o calidad profesional que poseen.

En cuanto al número de causas ingresadas al Tribunal, se ha observado un aumento constante a partir del año 2017 triplicándose su número. Todo indica que este año esta tendencia no sólo se mantendrá, sino que, además, aumentará.

Como se aprecia, tanto la naturaleza altamente especializada de las funciones del tribunal como la dedicación que deben tener sus miembros no hace aconsejable que su Presidente integre la Comisión Anti-Elusión.

Por último, en cuanto a eventuales inhabilidades, es probable que el Presidente deba inhabilitarse en el Tribunal cuando éste conozca una causa en la que participe como parte una empresa que haya sido objeto de un pronunciamiento por parte de la Comisión Anti­ Elusión. Esto afectaría la dedicación que le debe corresponder al Presidente del Tribunal.

En cuarto lugar, expuso el Presidente de la Asociación de Fiscalizadores de SII (AFIICH), señor Juan Apablaza Gallardo. Consideró que la necesidad de contar con una norma general antielusión surge a partir de la resolución de la Corte Suprema sobre el caso Coca Cola Embonor, de 2013. Asimismo, las directrices de la OCDE en materia de erosión de base imponible y elusión agresiva apuntan en el mismo sentido.

Expresó que en virtud del principio de legalidad los impuestos se crean por ley y los elementos esenciales del hecho gravado se encuentren establecidos por ley, entonces, cabe preguntar, si puede ser posible dejar sin aplicación la ley sin cometer un acto ilegal. Manifestó que no es aceptable que los particulares determinen si deben o no tributar y en qué cantidad.

Según los fallos Roles N° 17.586-2014, 22.382-14, 25.915-2014 y 29.358-2014, Corte Suprema, todos de fecha 27 de julio de 2015 “la elusión no consiste en la elección lícita dentro de determinadas opciones que el propio legislador tributario entrega, sino que en el comportamiento del obligado tributario consistente en evitar el presupuesto de cualquier obligación tributaria, o en disminuir la carga tributaria a través de un medio jurídicamente anómalo, sin violar directamente el mandato de la regla jurídica pero sí los valores o principios del sistema tributario, y dada las actividades, en principio lícitas, tuvieron un fin ilícito, cual es el dotar a la operación de venta de acciones de un contexto que impidiese su normal tributación, generando una merma en las arcas fiscales que, en este caso, dadas las apariencias que se usaron para encubrir la actividad, no resulta admisible.”

Como límites a la aplicación de la norma general antielusión, indicó que primer lugar que la fuente de la obligación no es la mera voluntad de la administración tributaria, la que se encuentra sujeta a limitaciones (abuso/simulación) y control jurisdiccional.

Respecto a las diferencias entre los conceptos de abuso y simulación y las economías de opción, indicó que radican en determinar si el propósito negocial que no está destinado a defraudar la norma, lo que se recoge en la ley como la existencia de un resultado jurídico o económico relevante.

Otra limitante a la aplicación de la norma es que el peso de la prueba es del SII y que sólo se solicita declaración al TTA cuando diferencias son mayores a 250 UTM.

Agregó que no se aplica NGA cuando la situación se encuentra regulada:

- Por las disposiciones sobre tasación del artículo 64 del Código Tributario;

- Por las normas sobre “gastos rechazados” del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta;

- Por los preceptos sobre “justificación de inversiones” de los artículos 70 y 71 de la Ley sobre Impuesto a la Renta;

- Por el N° 8 del artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta;

- Por el artículo 41 E de la LIR; precios de transferencia

- Por las normas del artículo 41 F de la LIR; Exceso endeudamiento

- Por el artículo 63 de la ley 16.271, sobre Impuesto a las Herencias y Donaciones.

Entre los beneficios y resguardos establecidos para el contribuyente destacó los siguientes:

- Consulta del contribuyente por situaciones posible de afectar con NGA. Carácter vinculante sólo para el contribuyente.

- Catálogo de esquemas tributarios, 43 casos al 2018

- Procedimiento judicial resguarda el debido proceso

- Oficina de Análisis de Elusión, Subdirección de Fiscalización

Se refirió al trabajo profesional y de especialización de los fiscalizadores del SII a partir del caso Nutrien, en el que se recaba información de fuentes nacionales e internacionales, en especial la Dirección de Grandes Contribuyentes y la Dirección Regional Santiago Oriente. Se efectuó una revisión de convenios de para evitar doble tributación, como también de los efectos tributarios de la operación.

Dio cuenta de la existencia del Comité Especial de Casos, integrado por las Subdirecciones de Fiscalización, Normativa y Jurídica, que analiza y evalúa los trabajos realizados, aprueba las acciones propuestas o solicita diligencias adicionales.

La empresa canadiense Nutrien también aporta información al SII y termina pagando los impuestos determinados por US$1.002,5 millones, que corresponden a las utilidades originadas en la operación afectas al Impuesto de Primera Categoría y a impuestos finales.

Indicó los siguientes casos de posible aplicación de Normas Antielusivas:

- Caso Ivonne Brogle, con el SII (Rol 3345-2001 CS)

- Caso Walmart (publicado en Ciperchile), Operación back to back con Banco HSBC. Ahorro fiscal habría ascendido al monto de $ 80 mil millones

- Caso Glencore (publicado en Ciperchile) ahorro fiscal habría ascendido a $ 112 mil millones

- Casos Goodwill AFP’s Cuprum y Provida (ambos casos publicados en prensa y recurso de nulidad de derecho público en ICA de Santiago por la fusión de AFP Cuprum en Argentum). El ahorro fiscal ascendió $80.000 millones en el caso la fusión Cuprum en Argentum y de $180.000 millones en el caso de la fusión Provida en Acquisition

- Caso Betlan Dos S.A. con SII (RIT GR-10-00075-2015 del TTA del Bio-Bio). Devolución por Pago Provisional por Utilidades Absorbidas ascendentes a $2.744.754.660

Explicó por qué es necesaria una NGA sólo como facultad del SII. De aplicarse a los casos anteriormente expuestos, habría un ahorro fiscal cierto de US$700 millones. Agregó que el último de informe de la Cepal sobre flujos ilícitos de capital, del año 2013, revela que desde Chile salen de forma ilícita US$8.500 millones. Agregó que establecer una NGA como facultad del SII, está en en concordancia con la OCDE y el CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias). Este último ente, en su Modelo de Código Tributario contempla normas especiales y generales antielusivas. El comentario N°6 del Art. N°11, relativo a esta materia, indica que la adopción de cláusulas antielusivas generales en los ordenamientos, como la prevista en el modelo no supone la apertura a la arbitrariedad, por el contrario, corresponderá a las Administraciones Tributarias sustentar con los elementos de prueba que admite el sistema legal, el carácter impropio, inadecuado o artificial de las operaciones efectuadas por los obligados tributarios.

Planteó el parecer de los miembros de su asociación respecto a la inconveniencia de crear una Comisión Antielusión, sin perjuicio de que las instituciones propuestas en la indicación del Ejecutivo puedan ser consultadas vía oficio para que entreguen información que pueda servir de base o fundamento para la prueba de la simulación o abuso. Alemania e Italia no poseen comité. Perú lo incorpora y se hace inaplicable. Produce una vulneración del principio de especialidad técnica en los órganos del Estado, en tanto los funcionarios de la FNE, del TDLC y la CMF, difícilmente podrán tener la especialización técnica necesaria en materias tributarias. Agregó que también podría producirse una nulidad de derecho público, en virtud de que se estarían otorgando facultades que no están contempladas en la ley orgánica del SII, a personas que no forman parte de la administración tributaria. Señaló que ya existen múltiples comités en el SII para analizar procedencia de la NGA (Regional, Nacional, Subdirecciones respectivas, Oficina de Análisis de Elusión). Podrían producirse inconsistencias con el art. 26 bis, relativo a la consulta vinculante, porque si un contribuyente consulta al SII respecto a una situación, el SII responde que en ella se podría aplicar la NGA, y más tarde la Comisión resuelve lo contrario, desaparece el carácter vinculante de la consulta. Agregó que hay un traslado de funciones fiscalizadoras, que sólo ocasiona debilitamiento al SII y a la aplicación de la NGA, por cuanto el comité propuesto difícilmente podría contar con la especialización y conocimientos técnicos tributarios.

Finalmente, dio a conocer algunas sugerencias para que se haga aplicable la NGA:

- Publicación en la página del SII de los hechos que se están investigando, sin nombrar al contribuyente.

- Que la decisión de aplicar la NGA quede radicada en el SII.

- Que el TTA intervenga a petición del contribuyente si se le ha aplicado la NGA.

Finalmente, expuso el Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), señor Miguel Zamora Rendic. Detalló en primer lugar el contenido del artículo transitorio en estudio, el cual dispone que durante 24 meses, se establece la creación de un Comisión Anti-Elusión y asimismo se lleva a la ley el Comité interno del Servicio que tiene actualmente naturaleza administrativa. Ambos estamentos deberán resolver en el caso concreto si existe elusión. Al término de los 24 meses, deberá evaluarse el funcionamiento de esta nueva institucionalidad y legislarse para que continúe. Asimismo, se establece una nueva definición de abuso y de simulación como actos elusivos, en los nuevos artículos 4 ter y 4 quáter.

Sus integrantes serán (i) Director SII. (ii) Fiscal Nacional Económico. (iii) Comisionado del Consejo del CMF. (iv) Presidente Tribunal Libre Competencia. (v) Abogado Tributario Profesor de Derecho Tributario, con mínimo 15 años de experiencia. Debe conocer y resolver respecto de la existencia de Elusión Tributaria en un caso determinado que sea propuesto por el Comité Anti-elusión del SII. Debe sesionar con la totalidad de sus miembros y sus decisiones se adoptan por mayoría absoluta. La participación de sus miembros no tiene remuneración.

A los miembros de la Comisión les afectan las causales de abstención contenidas en el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 19.880 (Ley Bases de Procedimientos Administrativos), esto es, (i) tener interés personal; (ii) razones de parentesco; (iii) amistad íntima o enemistad manifiesta; (iv) haber intervenido como perito o testigo; y, (v) relación de servicio. Quedan, asimismo, sujetos a la reserva tributaria conforme al artículo 35 y 206 del Código Tributario. Ese secreto tributario no debiere intervenir en el ejercicio de sus funciones propias.

Se refirió a las principales experiencias a nivel de derecho comparado relativas a la creación de este tipo de organismos:

Continuó expresando que la estructura actual de la NGA obliga al Servicio a requerir a los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTAs) que decidan previo a continuar con la fiscalización, si en el caso concreto existe o no elusión tributaria. Los TTAs son soberanos para resolver respecto de dicha materia.

La indicación propuesta reemplaza dicha revisión judicial por una revisión de la Comisión Anti-Elusión respecto de la cual el Director Nacional forma parte y como tal tiene la capacidad de influir y votar.

Los TTAs mantienen competencia para conocer del reclamo tributario que pudiere presentar el contribuyente respecto de las diferencias de impuesto que determine el Servicio.

Respecto al Comité Anti-Elusión del SII, sus integrantes serían: (i) Subdirector de Fiscalización; (ii) Subdirector Normativo; y, (iii) Subdirector Jurídico.

Entre sus funciones, indicó que debe analizar y resolver la procedencia de convocar o no a la Comisión Anti-Elusión respecto de un caso propuesto por una Dirección Regional. Debe para ello elaborar un informe con los antecedentes de hecho y de derecho que justifican dicha convocatoria. También debe sesionar con la totalidad de sus miembros y sus decisiones deberán adoptarse por mayoría absoluta.

Manifestó que la indicación propuesta lleva a rango legal la institucionalidad actualmente vigente a nivel administrativo en el SII. En efecto, dicho comité fue creado por la Resolución Exenta Nº 68 de 2016, en conformidad a lo dispuesto en las Circulares Nº 65/2015 y 41/2016 del Servicio y tiene funcionamiento periódico.

Al dictarse las instrucciones, se consideró que los subdirectores referidos son las personas idóneas desde un punto de vista técnico y de imparcialidad al interior del Servicio para dar opinión y recomendar al Director Nacional respecto de los casos concretos sometidos a su revisión. La Dirección Regional que origina el caso no forma parte del Comité, pues si lo ha originado ya se ha formado convicción respecto del mismo.

Es un estamento asesor del Director, cuya función es aconsejar, recomendar y proponer definiciones y líneas de acción en materia de aplicación de las normas anti elusivas a casos particulares, así como analizar los diversos asuntos que se sometan a su opinión, en el desarrollo de los Procedimientos Administrativos Anti Elusión. La integran el Director Nacional (preside el Comité), Subdirectores Jurídico, Normativo y de Fiscalización. Por su naturaleza o complejidad, el Director puede invitar a sesiones del Comité a expertos en materias tributarias o a expertos en otras áreas que sean atingentes al tema analizado. El Comité Anti Elusión sesionó por primera vez el 24 de octubre de 2016. A la fecha ha sesionado 22 veces.

Respecto a todas las consultas de contribuyentes, en virtud del artículo 26 bis del Código Tributario, el SII no ha considerado necesario accionar y perseguir la NGA ante los TTA. En este sentido, consideró que la norma tiene un efecto disuasivo.

Concluyó señalando que el enfoque preventivo es más eficaz que el correctivo en la modelación de la conducta de los contribuyentes y la disminución de brechas de cumplimiento tributario. Las actuales normas admiten perfeccionamientos que permitan hacer más eficiente el ejercicio de esta facultad por parte del SII. La propuesta legal establece mayores niveles de exigencia operacional, para abordar esta problemática.

Tras las presentaciones, el diputado Lorenzini valoró las exposiciones, que calificó de francas y realistas. Estimó que crear un nuevo organismo, en el actual sistema conformado por SII, contribuyente y TTAs, no le parece adecuado, sobre todo porque las instituciones propuestas no tienen la especialización necesaria.

El diputado Ortiz reconoció la importante labor que desempeña el SII. Estimó que el procedimiento vigente es el adecuado, sin perjuicio que la existencia, en la ley, de un comité como el que hoy existe en virtud de una resolución administrativa, es algo que podría tener efectos positivos. Manifestó que votará en contra de la creación de la Comisión, porque no aporta nada y a la vez desconoce el rol jugado por el SII.

El diputado Melero coligió de las 5 presentaciones, que 4 están de acuerdo con la creación y 1 en contra. Quienes se mostraron a favor, consideraron un avance la creación de este órgano, sin perjuicio de objetar su participación en él. Recordó que el Ministro de Hacienda se mostró dispuesto a revisar la integración. Pidió a los expositores señalar su opinión respecto a la importancia que supone la creación de esta Comisión. Manifestó que este nuevo ente fortalece las funciones del SII, porque genera un elemento adicional y excepcional de conocimiento, experiencia y objetividad, que no priva en ningún aspecto de facultades al SII o a los TTAs.

El diputado Pérez preguntó al Subdirector cuántos procedimientos de elusión se desarrollan en un año. Consultó al Presidente de AFIICH si los US$8500 millones de supuestos flujos ilícitos han sido fiscalizados o no.

El diputado Schilling estimó que es evidente que todos los invitados han planteado la inconveniencia de su participación en este órgano, sin perjuicio de valorar la creación de un ente colegiado en esta materia. Añadió que la certeza jurídica es un elemento que favorece tanto a los contribuyentes como al fisco. Señaló, respecto a la propuesta de que sean las exautoridades de las respectivas instituciones las que integren esta nueva Comisión, que ellas tampoco presentan el nivel de especialización técnica requerido para desarrollar adecuadamente sus competencias. Planteó que una buena alternativa es consagrar en la ley el actual Comité del SII.

El diputado Jackson consideró que no es bueno mantener la norma vigente sin modificaciones, siendo inadecuado judicializar la situación. Indicó que una buena alternativa es mantener el Comité en el SII, el que eventualmente pueda oficiar a diversos organismos para requerir los antecedentes que resulten necesarios. Advirtió que la actual composición de la Comisión propuesta no genera consenso, por lo que instó al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para modificarla.

El diputado Núñez (Presidente) valoró el debate y las exposiciones. Consideró que la indicación del Ejecutivo en este punto revela una improvisación, sobre todo tomando en cuenta que las propias instituciones propuestas no fueron consultadas. Asimismo, estimó que esto da a entender la confusión que existe en el Ejecutivo en torno a la manera en que se combate la elusión.

El señor Apablaza se refirió a la cifra de flujos ilícitos, indicando que ella comprende la evasión y elusión, precios de transferencia y lavado de dinero. El informe de la Cepal es de enero de 2017 y será enviado a la Secretaría de la Comisión. Agregó que recientemente la ONU publicó un informe que da cuenta de la evasión llevada a cabo por las empresas mineras, cuantificada en más de US$44.000 millones, en cuatro casos a nivel global, uno de ellos chileno. Por otra parte, explicó que el SII no constituye la última instancia respecto a la aplicación de la NGA, existiendo un procedimiento judicial de revisión. Indicó que si el Director del SII tiene la facultad para querellarse por delitos tributarios, con mayor razón debería tenerla para aplicar la NGA. En cuanto a la posibilidad de que los organismos propuestos participen en la resolución de casos que el SII estudia respecto a la NGA, manifestó sus dudas respecto a sus capacidades actuales para hacerse cargo del alto volumen que hoy existe, el que requiere, además, de una particular expertise.

El señor Riesco expresó que para la FNE toda medida que apunte a reducir la elusión y evasión tributaria en el país es bienvenida. Sobre si es pertinente o no la creación de la Comisión para alcanzar este objetivo, indicó que es una decisión política sobre la que no le corresponde pronunciarse. Si es que se considera pertinente, la pregunta por la integración debe tomar en cuenta que la FNE no se especializa en esta materia.

El señor Cortez señaló que su exposición la realizó a partir de su experiencia como miembro de un cuerpo colegiado, que sucedió a una autoridad personal, lo que a su juicio enriqueció enormemente los debates que se producen en su seno, a partir de la diversidad de opiniones que se manifiestan. Consideró que en la integración de la Comisión propuesta, no se requiere ser experto en derecho tributario, porque los expertos son los funcionarios del SII, siendo importante que participen especialistas de otras áreas, como los negocios o las finanzas. Concluyó señalando que los entes regulados por la CMF son aproximadamente 8000, respecto de los cuales podría ser necesario que el consejero designado se inhabilitare, por su participación en la Comisión Antielusión.

El señor Vergara también valoró los esfuerzos por el combate a la elusión y evasión y coincidió en que la diversidad de opiniones siempre enriquece los debates. Sin embargo, por razones de especialidad y de dedicación, consideró que no es una buena idea que el Presidente del TDLC integre la Comisión Antielusión. Respecto a las eventuales inhabilidades, señaló que no es problema que el Presidente se inhabilite en un caso de la Comisión Antielusión, sino que su membresía en ella contamine su integración en el Tribunal.

El señor Zamora reconoció un avance en la propuesta del Ejecutivo, porque no solo se plantea la creación de una Comisión, sino también el reemplazo de la revisión preventiva por parte de los TTA de la decisión del SII de aplicar la NGA. Recordó que de las más de 7000 auditorías selectivas y emergentes llevadas a cabo el año tributario anterior, sólo 90 corresponden a materias vinculadas a la NGA. En particular respecto a los precios de transferencia, el SII cuenta con facultades expresas en la Ley de la Renta desde el año 2012, las que le permiten cuestionar las transacciones respectivas, sin necesidad de invocar la NGA.

El Subsecretario Moreno manifestó que no hay ninguna improvisación del Ejecutivo en este tema, sino que se trata de una indicación presentada, que es la manera en que participa en el proceso legislativo, siendo precisamente instancias como esta las que permiten tomar conocimiento de las posiciones de las entidades involucradas. Indicó que antes de la votación del día miércoles, harían una presentación donde se analizarían en detalle todas las perspectivas tratadas en la presente sesión.

TERCER INFORME FINANCIERO

La Dirección de Presupuestos presentó con fecha 29 de mayo de 2019, un informe financiero a propósito del retiro de indicaciones por parte del Presidente de la República.

Además, se realizan -en general- precisiones, ajustes y modificaciones de concordancia a las proposiciones ya presentadas para entregar mayor claridad o simplicidad respecto de algunas materias discutidas en la Comisión.

Entre las medidas incorporadas se contemplan ajustes formales en las proposiciones contenidas en el Nº 6, Nº 7 letra e) y d), Nº 8, Nº 11 letra c), Nº 17, Nº 26, Nº 27, Nº 28 letra c), N° 32, Nº 35 letra a), Nº 36, Nº 37, Nº 39, Nº 40 letra b), Nº 43 letra d) nueva, y Nº 49 nuevo. Junto con lo anterior, se reemplaza el Nº 18 letra a), que tiene por objeto conciliar el plazo en que se emitirán los giros relacionados con cobros de impuestos, se elimina el Nº 42 letra a), y vuelve a 90 días el plazo para interponer la reclamación tributaria como es hoy acogiendo la solicitud de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, se reemplaza el artículo trigésimo cuarto transitorio, que establece un avenimiento transitorio por dos años que permite, en caso que los contribuyentes reconozcan el 100% obligación tributaria, se les condone el 100% de las multas e intereses asociadas a esa obligación.

Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Las medidas contempladas en las presentes indicaciones, no modifican los efectos fiscales que ya han sido cuantificados en el Informe Financiero Nº 146, de agosto de 2018, que acompañó el proyecto de ley, al tratarse de precisiones y/o ajustes formales en la redacción de los contenidos desarrollados en las indicaciones presentadas el 8 de mayo de 2019.

VOTACIÓN PORMENORIZADA DE LOS ARTÍCULOS DEL PROYECTO

Al respecto, la Comisión acordó que en caso de aprobarse o de rechazarse las indicaciones presentadas, se entenderá que también se está aprobando o rechazando, por la misma votación, el numeral original del proyecto, salvo solicitud de votación separada.

I.-ARTÍCULOS PERMANENTES

Artículo 1°.-Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974:

Los numerales 1 al 5 tratan las normas antielusión, del siguiente modo:

N°1).- Consagra que las normas tributarias se sujetan a las mismas normas de interpretación que el derecho.

“Número 1.Agrégase, en el artículo 4°, un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, la interpretación y aplicación de las disposiciones tributarias, de los actos jurídicos y de los contratos, deberá considerar las normas de derecho común. En consecuencia, el intérprete debe considerar las normas y criterios interpretativos recogidos por el ordenamiento jurídico común, entre los que se cuentan los principios generales del derecho.”.

El diputado Ramírez indicó que esta propuesta tiene por objeto incorporar en el Código Tributario una disposición que está presente en diversos cuerpos normativos, y que permite la aplicación del derecho común en el derecho tributario, de manera supletoria.

El diputado Auth consultó si la incorporación de esta norma no resultará innecesaria por reiterativa, en circunstancias que el derecho común siempre puede ser consultado en la aplicación de una materia específica.

El diputado Jackson expresó que lo indicado por el diputado Ramírez está expresamente contenido en el artículo 2 del Código Tributario, el que prescribe que en lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias, se aplicarán las normas de derecho común contenidas en leyes generales o especiales. Agregó que justamente en materia antielusión, artículos 4 y siguientes, el Código citado sí prevé disposiciones, por lo que si se añade la norma propuesta, se estaría distorsionando lo dispuesto en esos artículos. El diputado Núñez recordó que la norma en discusión es tal vez la más importante en materia antielusión.

El señor Juan Pablo Cavada explicó que el inciso propuesto contiene una remisión a normas y criterios de interpretación. Ello ya existe en parte en el artículo 2, y en ese sentido la norma podría ser reiterativa, pero el inciso 1 vigente ya es reiterativo porque repite en parte lo consagrado en el artículo 1. Consideró que la norma propuesta intenta aterrizar el criterio en materia de norma antielusión. Estimó que hoy existe discusión en torno a si el derecho común es aplicable en este ámbito, porque sí puede haber controversia entre norma especial y general. Además, destacó que el derecho tributario no contiene definiciones, por ejemplo, de los actos o contratos cuyos efectos impositivos regula.

El diputado Ortiz agregó que si se modifica este artículo, se aumentaría considerablemente la judicialización de las controversias relativas a la norma general antielsuión.

La señora Fuensalida expresó que esta norma ilumina no solo la norma antielusión, sino la legislación sobre impuesto a la renta, ventas y servicios, etc. Explicó que efectivamente los artículos 2 y 4 recogen el principio de especialidad, en virtud del cual la norma específica prima por sobre la general. Añadió que el derecho tributario es regulatorio, en cuanto norma los efectos impositivos de actos de naturaleza civil o económica. Con la propuesta, se busca dejar claro al intérprete que debe recurrir también a los principios generales del derecho, porque ramas como ámbito comercial o financiero, es esencialmente cambiante y muy dinámico, por lo que el derecho siempre llega en segundo lugar, siendo esencial tener la posibilidad de recurrir al derecho común y particularmente sus principios.

El diputado Ramírez señaló que la frase “sin perjuicio de lo anterior” no deja sin efecto lo preceptuado en el resto del artículo, porque el derecho común sólo se aplicará en casos de vacíos existentes en materia tributaria.

Puesto en votación, el número 1 resultó rechazado por siete votos en contra y seis a favor. Votaron a favor los diputados Kuschel, Melero, Pérez, Ramírez, Santana y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los diputados Auth, Jackson, Lorenzini, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz y Schilling.

N°2) Normas antielusión:

-Cambia menciones a hechos imponibles por hechos gravados.

-Considera naturaleza económica para exigibilidad de obligaciones tributarias

-Consagra que forma de los contratos sólo puede ser cuestionada bajo las premisas de los artículos 4 quinquies y 160 bis.

-Consagra que elusión sólo existe en los casos de abuso o simulación de acuerdo con los art s. 4 ter y 4 quáter, que se exige la obligación tributaria de los actos eludidos y que el SII debe probar su existencia basado en los artículos 4º quinquies y 160 bis.

-Consagra que elusión se rige por los artículos 4º ter y 4º quáter salvo que exista una norma especial antielusiva (en cuyo caso no se aplicarán). Excepción: reorganizaciones empresariales, art 64 letra D.

"Número 2.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 4° bis:

a)Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la palabra “imponibles” por “gravados”.

ii.Agrégase a continuación de la expresión “naturaleza jurídica” la expresión “y económica”.

iii.Elimínase la palabra “hechos” la segunda vez que aparece en el texto y la coma (“,”) que le sigue.

iv.Agrégase después de la palabra “actos”, la palabra “jurídicos”.

v.Reemplázase la palabra “negocios”, por la palabra “contratos”.

vi.Agrégase después del punto final (“.”) que pasa a ser seguido (“.”) la siguiente frase:

“En consecuencia, el Servicio sólo podrá desconocer la forma de los actos jurídicos o contratos celebrados por los interesados y los efectos de estos para fines tributarios en el caso de elusión y promoviendo previamente el procedimiento establecido al efecto en los artículos 4° quinquies y 160 bis.”.

b)Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Elimínase la expresión “o negocios”.

ii.Agrégase después de la palabra “jurídicos”, la expresión “o contratos”.

c)Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i.Elimínase la expresión “o negocios”.

ii.Agrégase después de la expresión “jurídicos o” la expresión “contratos o”.

iii.Reemplázase la palabra “imponibles” por la palabra “gravados”.

iv.Elimínase la palabra “tributarias”.

v.Elimínase la frase que sigue al punto seguido (“.”) que pasa a ser punto final (“.”).

d)Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:

“Se entenderá que existe elusión de los hechos gravados exclusivamente en los casos de abuso o simulación establecidos en los artículos 4º ter y 4º quáter, respectivamente. Determinada la existencia de elusión, se exigirá la obligación tributaria que emana de los hechos gravados eludidos establecidos en la ley.”.

e)Modifícase el inciso quinto en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “abuso o simulación en los términos del artículo 4° ter y 4° quáter, respectivamente” por la palabra “elusión”.

ii.Reemplázase la frase “del abuso o la simulación” por la siguiente: “de la existencia de elusión”.

f)Incorpórase los siguientes incisos sexto y séptimo, nuevos:

“Salvo que un caso se encuentre cubierto por el ámbito de aplicación de una norma especial antielusión, la existencia de abuso o simulación y sus consecuencias jurídicas se regirán por lo dispuesto en los artículos 4° ter y 4° quáter. Para estos efectos, se entenderán normas especiales antielusión aquellas que permitan tasar la base imponible o el precio o valor, establecer sistemas de tributación en base a renta presunta, establecer normas especiales para rebajar gastos y, en general, las que facultan al Servicio para aplicar normas especiales de tributación. No obstante lo anterior, los artículos 4° ter y 4° quáter serán aplicables a las reorganizaciones empresariales descritas en el artículo 64 letra D. Una vez que el Servicio haya citado, o bien girado o liquidado un impuesto aplicando una norma especial antielusión, precluirá para el Servicio la facultad de aplicar los artículos 4° ter y 4° quáter sobre los mismos actos jurídicos o contratos, salvo que los elementos sustantivos de esos actos o contratos se vean alterados de manera significativa y tales modificaciones sean constitutivas de elusión. En caso que el Servicio cite al contribuyente en los términos del inciso tercero del artículo 4° quinquies, precluirá la facultad de aplicar lo dispuesto en una norma especial antielusión respecto de los mismos actos jurídicos o contratos.

Lo dispuesto en los artículos 4° bis a 4° quinquies no será aplicable respecto del interesado y para la consulta planteada, en caso que el Servicio se pronuncie sobre una consulta en el marco de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso segundo, Letra A, número 2 o en el caso que de manera directa o bien al operar el silencio positivo se descarte la existencia de elusión conforme al artículo 26 bis”.

Indicación del Ejecutivo

Reemplázase el numeral 2 por el siguiente:

“2. Reemplázase el artículo 4° bis por el siguiente:

“Artículo 4° bis.- La elusión contraviene las leyes tributarias chilenas. Las obligaciones tributarias y hechos gravados contenidos en ellas, no podrán ser evitadas mediante elusión.

En consecuencia, las obligaciones tributarias nacerán y se harán exigibles con arreglo a la naturaleza jurídica y económica de los hechos, actos o contratos realizados, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los vicios o defectos que pudieran afectarles. El Servicio sólo podrá desconocer la forma de los hechos, actos jurídicos o contratos celebrados por los interesados y los efectos de estos para fines tributarios, en el caso de elusión, promoviendo previamente el procedimiento establecido en el artículo 4º quinquies, sin afectar la validez de tales hechos, actos o contratos.

Para estos efectos, se entenderá que existe elusión exclusivamente en los casos de abuso o simulación establecidos en los artículos 4º ter y 4º quáter, respectivamente.

No constituye elusión la legítima elección entre diversas conductas y alternativas contempladas en el ordenamiento jurídico, a menos que se determine que ha existido elusión en los términos establecidos en los artículos 4 bis y 4 ter y bajo el procedimiento establecido en el artículo 4 quinquies.

Corresponderá al Servicio probar la existencia de elusión. Determinada su existencia, se exigirá la obligación tributaria que emana de los hechos gravados eludidos establecidos en la ley.

Las situaciones contempladas en normas especiales antielusivas se regirán por las disposiciones legales que las establezcan y reglamentan y su aplicación excluirá la de los artículos 4 bis a 4º quinquies.

Se entenderán normas especiales antielusivas aquellas que permitan tasar o determinar la base imponible, los ingresos en los casos establecidos por la ley, o el precio o valor, establecer sistemas de tributación en base a renta presunta, rebajar gastos y, en general, las que facultan al Servicio para aplicar normas especiales de tributación. No obstante lo anterior, los artículos 4° ter y 4° quáter serán aplicables a las reorganizaciones empresariales descritas en el artículo 64 letra D. Una vez que el Servicio haya citado, o bien girado o liquidado un impuesto aplicando una norma especial antielusión, precluirá para el Servicio la facultad de aplicar los artículos 4° ter y 4° quáter sobre las mismas partidas fiscalizadas o los mismos actos jurídicos o contratos, salvo que los elementos esenciales o sustantivos de esos actos o contratos se vean alterados de manera significativa y tales modificaciones sean constitutivas de elusión. En caso que el Servicio cite al contribuyente en los términos del artículo 4° quinquies, precluirá la facultad de aplicar lo dispuesto en una norma especial antielusión respecto de los mismos actos jurídicos o contratos.

Lo dispuesto en los artículos 4 bis a 4 quinquies no será aplicable respecto del interesado, y sólo para la consulta planteada, en caso que el Servicio se hubiese pronunciado sobre una consulta en el marco de los dispuesto en el artículo 6, inciso segundo, letra A, número 2.”.

La indicación trata lo siguiente:

-Se establece expresamente en el encabezado del artículo 4 bis que la elusión contraviene las leyes tributarias chilenas y que las obligaciones tributarias no podrán ser evitadas mediante elusión.

-Se aclara que puede desconocerse la “forma” de los actos y contratos cuando se hubiere verificado una hipótesis de elusión de los artículos 4 ter o 4 quáter.

-Se eliminan las referencias a la buena fe del contribuyente contenidas en la norma actual por tratarse de un principio general del derecho aplicable a todas las ramas del derecho y encontrarse, además, expresamente recogido en el nuevo catálogo de derechos del contribuyente (artículo 8 bis).

-Se precisa que el SII podrá iniciar un proceso de recalificación en base a la NGA, sólo si previamente no ha realizado una citación, giro o liquidación respecto de los mismos actos o contratos aplicando una norma especial antielusión, salvo que los elementos esenciales o sustantivos de los actos o contratos revisados bajo dicho procedimiento de fiscalización se vean alterados significativamente.

-Se aclara que el procedimiento de declaración de elusión no procederá en los casos en que previamente el SII se hubiere pronunciado sobre una consulta de un contribuyente, únicamente respecto de este y solo sobre los actos consultados.

El diputado Melero pidió al Ejecutivo una explicación respecto a la frase que señala que “el Servicio sólo podrá desconocer la forma de los hechos, actos jurídicos o contratos celebrados por los interesados y los efectos de estos para fines tributarios, en el caso de elusión” en los términos de los artículos 4 ter y 4 quáter.

El Ministro expresó que esta indicación intenta fortalecer la norma general antielusión, adaptándola al lenguaje del ordenamiento jurídico, modificando conceptos como hecho imponible, hecho gravado, negocios, entre otros.

La señora Fuensalida explicó que la modificación al artículo 4 bis, tanto en su propuesta original como en la configuración tras las indicaciones, busca recoger las distintas visiones que han sido expuestas durante la discusión general. En particular, dejar constancia expresa que la elusión contraviene las leyes tributarias chilenas, principio que ilumina la legislación antielusión. Se buscó dotar al artículo de la suficiente especificidad con el fin de evitar que un contribuyente pudiera argumentar que en su situación particular la norma general antielusión no se puede aplicar.

El diputado Auth reconoció que por una parte se explicita la ilicitud de la elusión, y por otra, se establece que existe elusión exclusivamente en los casos de abuso o simulación establecidos en los artículos 4º ter y 4º quáter, respectivamente. Asimismo, se indica qué es lo que no constituye elusión, cuestión que llamó su atención, particularmente en una norma que busca desalentar conductas. Esto último, consideró constituye una reducción del ámbito de aplicación de la norma, y en definitiva, su debilitamiento.

El diputado Melero estimó que la indicación no trae aparejada el riesgo descrito por el diputado Auth, porque evita distraer la acción fiscalizadora respecto de conductas que no han sido llevadas a cabo para eludir.

Puesto en votación, la indicación y el número 2 resultó rechazado por no alcanzarse le quórum de aprobación. Votaron a favor Kuschel, Melero, Pérez, Ramírez, Santana y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los diputados Jackson, Lorenzini, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz y Schilling. Se abstuvo el diputado Auth.

N°3.-Concepto de abuso tributario

?Consagra la economía de opción en cuanto todo el ordenamiento jurídico, no sólo la legislación tributaria, es lo relevante para establecer la legalidad de una alternativa tomada.

“Número 3.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4º ter.-:

a)Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la palabra “imponibles” que sigue a la expresión “los hechos”, por la palabra “gravados”.

ii.Elimínase las expresiones “total o parcialmente” y “o la obligación tributaria”.

iii.Reemplázase la palabra “dicha” que sigue a la frase “o se postergue o difiera el nacimiento de”, por la palabra “la”.

iv.Intercálase la palabra “tributaria” entre la palabra “obligación” y la coma (“,”), que antecede a la frase “mediante actos”.

v.Elimínase la expresión “o negocios”.

vi.Intercálase entre la palabra “jurídicos” y la frase “que, individualmente considerados”, la expresión “o contratos”.

vii.Agrégase después de la coma (“,”) que sigue a la frase “individualmente considerados o en su conjunto” la frase “sean notoriamente artificiosos para la consecución del resultado obtenido y”.

viii.Elimínase la palabra “relevantes” y la expresión “que sean”.

ix.Agrégase después del punto final (“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”), la siguiente frase: “Para estos efectos, se entiende que es artificioso aquel acto jurídico o contrato que, careciendo de una causa o de causa lícita contraviene la finalidad de la ley.”.

b)Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “razonable opción de” por la frase “elección entre diversas”.

ii.Reemplázase la frase “la legislación tributaria” por la frase “el ordenamiento jurídico”.

iii.Agrégase después de las expresiones “actos jurídicos” y “acto jurídico” las expresiones “o contratos” y “o contrato”, respectivamente.

iv.Reemplázase la expresión “la ley tributaria” por la siguiente: “los actos jurídicos o contratos realizados de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.

c)Suprímase el inciso final.

Indicación del Ejecutivo

Reemplázase el numeral 3 por el siguiente: (Pasó a ser N°1.-)

“3. Reemplázase el artículo 4° ter, por el siguiente:

“Artículo 4º ter.- Se entenderá que existe abuso en materia tributaria cuando se evite la realización del hecho gravado o el nacimiento de la obligación tributaria, o se disminuya la base imponible, o se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación, mediante hechos, actos o contratos que, individualmente considerados, o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos. Para estos efectos, son notoriamente artificiosos aquellos actos jurídicamente impropios, anómalos o no pertinentes para la consecución del objetivo obtenido, o bien que contravengan la finalidad de la ley que contempla el hecho gravado o la obligación tributaria, y en ambos casos, en la medida que tales actos produzcan efectos meramente tributarios, carentes de efectos jurídicos o económicos para el contribuyente o para terceros, que sean propios de dicha clase de actos conforme al ordenamiento jurídico.

No constituirá abuso la sola circunstancia que el mismo resultado económico o jurídico se pueda obtener con otro u otros actos jurídicos o contratos que derivarían en una mayor carga tributaria; o que el acto jurídico o contrato escogido, o conjunto de ellos, no genere efecto tributario alguno, o bien los genere de manera reducida o diferida en el tiempo o en menor cuantía, siempre que estos efectos sean consecuencia de los actos y contratos realizados en conformidad al ordenamiento jurídico, y no se configure elusión en los términos del inciso precedente.”.

-Se aclara el concepto de “abuso de las formas jurídicas” especificando que este existirá cuando los actos o contratos sean “notoriamente artificiosos”. Para estos efectos, se precisa que son artificiosos los actos que son (i) jurídicamente impropios, anómalos o no pertinentes para la consecución del objetivo obtenido, o (ii) que contravengan la finalidad de la ley que establece el impuesto o la obligación tributaria, en ambos casos siempre que los actos produzcan efectos meramente tributarios y carezcan de los efectos jurídicos o económicos propios de dicha clase de actos conforme al ordenamiento jurídico.

-Actualmente, para efectos de calificar como elusivo un acto bajo la hipótesis de “abuso de las formas jurídicas”, dicho acto no debe producir resultados jurídicos o económicos “relevantes”. Se propone eliminar el término “relevante” debido a su ambigüedad y subjetividad, lo que dificulta la aplicación de la NGA.

-Actualmente, la economía de opción se limita a las conductas y alternativas expresamente establecidas en la ley tributaria. La mayoría de las conductas y alternativas que pueden tomar los contribuyentes no están recogidas expresamente en la ley tributaria, sino que en la legislación general. Por ello, se clarifica que la “economía de opción” se refiere a la elección legítima de los contribuyentes de las conductas y alternativas establecidas en el “ordenamiento jurídico”, teniendo como límite la configuración de elusión.

El diputado Núñez (Presidente) advirtió que con la indicación se introduce el concepto de acto “notoriamente artificioso”, el cual no tiene una definición en el ordenamiento jurídico, por lo que su incorporación generaría más incertidumbre que claridad. En el mismo sentido, se eliminan las palabras “razonable” en relación a las opciones del contribuyente y “relevante” al referirse a los efectos económicos. En definitiva, se desnaturaliza el concepto de abuso como caso de elusión, haciendo inaplicable la norma antielusión a través de la eliminación de ciertas palabras.

El diputado Ortiz estimó que con esta redacción se le están sustrayendo atribuciones al SII.

El Ministro señor Larraín señaló que se define de mejor manera esta materia, incluyendo una nueva forma de elusión.

La señora Fuensalida expresó que desde la promulgación de la norma antielusión, contempla dos vertientes: abuso de formas jurídicas, en el artículo 4 ter y simulación, en el 4 quáter. Actualmente, la norma exige la existencia de efectos jurídicos o económicos relevantes. Toda persona que desarrolla actos o negocios en la vida del derecho, siempre lo hace con un propósito económico, financiero o jurídico, por lo que interpretar su relevancia es muy difícil. Para tratar de dar una aplicación práctica, se define de otra manera el abuso de formas jurídicas. Adicionalmente, señaló que con la indicación se repone un concepto que estuvo presente en la discusión de la reforma anterior, el de actos notoriamente artificiosos, proveniente del derecho español, y que fue rechazada en su minuto porque no venía acompañado de una definición. En esta instancia, se introduce una definición que busca disuadir la celebración de actos o contratos sólo destinados a producir efectos tributarios, carentes de efectos jurídicos o económicos para el contribuyente o terceros.

El diputado Núñez (Presidente) advirtió que aumentar la especificidad de la norma antielusión, la hace menos general, y en consecuencia, permite a los contribuyentes evitar su aplicación con más facilidad y dificulta la acción fiscalizadora.

El diputado Melero estimó que con esta norma se le entregan más y mejores herramientas a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, que a la larga, contribuirán a la formación de una jurisprudencia que dará certeza jurídica a los contribuyentes.

El diputado Auth se mostró convencido por la argumentación del Ejecutivo, porque la indicación agrega un concepto suficientemente detallado de actos “notoriamente artificiosos”, un elemento que fue expuesto durante la discusión general del proyecto.

El diputado Jackson señaló que a pesar de estar de acuerdo con la mayoría de las modificaciones contempladas en el artículo primero del proyecto, esta en específico es una norma que no debe ser aprobada, porque no mejora, no esclarece y sí debilita la norma actualmente vigente.

El diputado Ortiz expresó que su mayor preocupación es que se preserve el rendimiento recaudatorio de los impuestos actualmente establecidos. Consideró que con esta propuesta se reducen las posibilidades elusorias de los grandes grupos empresariales.

El diputado Ramírez recordó que en el artículo 4 ter actual se hace referencia al abuso de las formas jurídicas, es decir, la búsqueda de un fin ilegítimo –la elusión- a través de instrumentos legales. Con la aprobación de este nuevo 4 ter, se elimina el concepto de abuso de formas jurídicas. El Ejecutivo, previendo esto, incorporó estas normas en la indicación al 4 bis, pero como esta se rechazó, el Código Tributario quedará sin norma sobre abuso de formas jurídicas. Llamó la atención sobre la forma en que se está legislando, porque se acaba de generar un problema que tendrá que ser resuelto con posterioridad.

El diputado Schilling manifestó que mientras más se especifican las normas antielusión, más herramientas se le entregan a los elusores para subvertir el sistema.

El diputado Núñez (Presidente) recordó que fue en virtud de un acuerdo de la comisión que se aceptó su propuesta para tramitar este proyecto. Agregó que en la votación de cada una de sus disposiciones se debe manifestar la posición política, y en su caso, votará en contra cada vez que se trate de una norma que beneficie a los grandes grupos económicos, lo que constituye una pésima política pública. Indicó que la norma limita la actuación fiscalizadora sólo a los actos más evidentes, aumentando la cantidad de elementos probatorios que el Servicio deberá acompañar para acreditar las conductas elusivas.

Puesta en votación, la indicación resultó aprobada por ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Votaron a favor los diputados Auth, Kuschel, Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los diputados Jackson, Monsalve, Núñez y Schilling. Se abstuvo el diputado Lorenzini.

Por la misma votación se aprobó el numeral 3.

N°4).- Actos de simulación tributaria

Se especifica que tanto simulación absoluta como relativa configuran elusión, salvo en los casos que ésta sea delito.

“Número 4.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4º quáter.-:

a)Agrégase después de la frase “Habrá también elusión” la frase “de los hechos gravados contenidos en las leyes tributarias”.

b)Reemplázase la expresión “o negocios” que antecede a la frase “en los que exista simulación”, por la frase “jurídicos o contratos”.

c)Intercálase entre la frase “en los que exista simulación” y el primer punto seguido (“.”) la siguiente frase:

“absoluta o relativa, excepto los casos de simulación expresamente tipificados como delito conforme a lo dispuesto en los números 4°, 8°, 9°, 23, 24 y 25 del artículo 97, artículo 64 de la Ley sobre Impuesto de Herencias, Asignaciones y Donaciones, y artículo 470 número 8 del Código Penal”.

d)Reemplázase la expresión “y negocios jurídicos” por “jurídicos o contratos”.

e)Reemplázase la palabra “data” por “fecha”.

Indicación del Ejecutivo

Reemplázase el numeral 4 por el siguiente:

“4. Reemplázase el artículo 4° quáter, por el siguiente:

Artículo 4° quáter.- Habrá también elusión en los actos o contratos en los que exista simulación, excepto los casos de simulación expresamente tipificados como delito en la legislación nacional, en cuyo caso prevalecerá la aplicación de la normativa que tipifica dichos delitos.

Se entenderá que existe simulación para efectos tributarios, cuando los actos o contratos de que se trate, disimulen la configuración del hecho gravado del impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, o su verdadero monto o fecha de nacimiento.

En estos casos, los impuestos se aplicarán a los hechos efectivamente realizados por las partes, con independencia de los actos o contratos simulados.”.

-Se precisa la hipótesis de “simulación” para configurar elusión. Si bien se elimina la referencia, se mantiene una referencia genérica al concepto de elusión que incluye tanto la simulación absoluta como la relativa.

-Se aclara que las normas penales que sancionan la simulación se aplican con preferencia a la NGA.

-Se precisa que, en caso de elusión por simulación, se aplicarán los impuestos derivados de los hechos efectivamente realizados por las partes.

El diputado Melero consultó por qué se elimina la expresión “negocios jurídicos” y cuáles serían los efectos de ello.

El diputado Jackson preguntó por qué se mezcla el concepto de simulación, con la normativa que sanciona penalmente esta figura.

El diputado Auth consultó por el sentido de la frase “en estos casos, los impuestos se aplicarán a los hechos efectivamente realizados por las partes, con independencia de los actos o contratos simulados”.

El diputado Ramírez recordó que la norma antielusión actual ha tenido nula aplicación en la práctica. Agregó que en un contribuyente para eludir, muchas veces ejecuta un acto simulado para encubrir uno real, que tendría en efecto de aumentar su carga impositiva. El sentido de la norma es permitir cobrar el impuesto por el acto efectivamente realizado. El diputado Jackson replicó que no parece muy razonable que aquellas conductas tipificadas como delito no pudieran ser consideradas a la vez como elusivas.

El diputado Núñez (Presidente) preguntó por qué se cambia el término “negocios” por “contrato”, y si este último es más específico, qué se deja fuera.

El Ministro expresó que la certeza jurídica es un valor que favorece tanto al contribuyente como al Fisco, porque permite planificar mejor las inversiones, y a la vez, permite al Estado conocer con claridad los impuestos que recaudará.

El diputado Ramírez señaló que este artículo establece una regla general, en virtud de la cual prima la norma penal, sobre la tributaria, en el caso de una simulación expresamente tipificada como delito.

El diputado Auth indicó que la propuesta en la práctica elimina toda sanción tributaria por elusión, en circunstancias que estas pueden convivir con las sanciones penales.

El diputado Ramírez replicó que en virtud del principio non bis in ídem una persona no puede ser castigada dos veces por un mismo hecho. En esta situación, la ley debe resolver qué legislación sancionatoria se aplicará en el caso concreto.

El diputado Núñez (Presidente) solicitó la asesoría del señor Diego Riquelme.

El señor Riquelme estimó que con la norma se restringe la aplicación de la norma antielusión, por la vía de establecer una serie de trabas u obstáculos. Se restringen las facultades del SII para perseguir correctamente la elusión.

La señora Fuensalida explicó que la razón de haber incluido esta disposición, es que cuando se incorpora la normativa antielusión, había tesis doctrinarias que postulaban que esta, por ser especial, primaría sobre la legislación penal. En virtud de lo anterior, se propone esta modificación para dilucidar las dudas en esta materia, y no poner trabas al SII a la hora de fiscalizar y perseguir la elusión.

El diputado Núñez consideró que la redacción actual de la norma brinda la amplitud suficiente para garantizar una adecuada persecución de la elusión. Agregó que no tiene antecedentes que revelen una aplicación arbitraria de la misma.

El diputado Monsalve preguntó al Ejecutivo cuál es el problema práctico que se pretende resolver con esta propuesta.

La señora Fuensalida explicó que con la incorporación del concepto “actos o contratos” se pretende incluir todo el espectro de fenómenos jurídicos, conforme a la nomenclatura nacional, de manera tal que se aplique a la mayor cantidad de casos posibles.

Puesto en votación el número 4 y su indicación, resultó rechazado por siete votos en contra y seis a favor. Votaron en contra los diputados Auth, Jackson, Lorenzini, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz y Schilling. Votaron a favor los diputados Kuschel, Melero, Pérez, Ramírez, Santana y Von Mühlenbrock.

N°5) Norma antielusión

“Número 5.-Intercálase, en el inciso final del artículo 4° quinquies, entre las expresiones “de los actos jurídicos” y “abusivos o simulados”, la expresión “o contratos”.

El diputado Núñez (Presidente) propuso vincular este numeral con el 49, por cuanto versa sobre la actuación del SII respecto al procedimiento judicial en materia antielusión.

N°49) Certeza jurídica. Precisa calificación en abuso o simulación

“Número 49.-Intercálase, en el inciso cuarto del artículo 160 bis, entre las palabras “naturaleza” y “económica”, las palabras “jurídica y”; y, reemplázase la expresión “hechos imponibles” por “hechos gravados”.

El diputado Auth estimó que estos numerales no introducen modificaciones relevantes. Agregó que le gustaría que en el futuro la norma antielusión fuera reclamable para quien elude, y no que el procedimiento judicial fuera un paso previo.

Puestos en votación ambos numerales, fueron rechazados por seis votos en contra y seis a favor. Votaron a favor los diputados Kuschel, Melero, Pérez Ramírez, Santana y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los diputados Auth, Lorenzini, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz y Schilling. Se abstuvo el diputado Jackson.

El Ministro propuso votar a continuación el número 38, por su conexión con las materias en estudio.

N°38) Certeza jurídica. Multas a las infracciones tributarias. (pasó a ser N° 37)

“Número 38.Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso primero del artículo 100 bis:

a)Reemplázase la palabra “La”, que antecede a “persona natural” por la siguiente frase: “Con excepción del contribuyente, que se regirá por lo dispuesto en los artículos 4° bis y siguientes, la”.

b)Reemplázase el punto final (“.”), por una coma (“,”) y a continuación agrégase el siguiente párrafo: “salvo que exista reiteración respecto del mismo diseño o planificación, en cuyo caso la multa no podrá superar las 250 unidades tributarias anuales, considerando el número de casos, cuantía de todos los impuestos eludidos y las circunstancias modificatorias de responsabilidad descritas en los artículos 110, 111 y 112.”.

Proyecto libera de la aplicación del 100 bis al contribuyente en caso que sea acreditado haber diseñado o planificado actos constitutivos de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4º ter, 4º quáter, 4º quinquies. En este caso les aplica el artículo 4º bis y siguientes.

?Proyecto mantiene multa máxima en 100 UTA, pero agrega excepc10n en el caso de reiteración. En este caso la multa máxima será de 250 UTA. Proyecto libera de la aplicación del 100 bis al contribuyente en caso que sea acreditado haber diseñado o planificado actos constitutivos de abuso o simulación, según lo dis­ puesto en los artículos 4º ter, 4º quáter, 4º quinquies. En este caso les aplica el artículo 4º bis y siguientes.

Proyecto mantiene multa máxima en 100 UTA, pero agrega excepción en el caso de reiteración. En este caso la multa máxima será de 250 UTA.

El Ministro explicó que se busca aumentar las sanciones aplicables a la reiteración de actos de planificación elusiva.

Fue aprobado por la unanimidad de los trece diputados presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini, Melero, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

El Presidente puso en discusión el Número 20 (paso a ser 16)

N°20) Certeza jurídica. (pasó a ser 26)

“Número 20.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 26 bis:

a)Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i.Entre las expresiones “4° quáter” y “a los actos”, intercálase la siguiente frase: “o de otras normas especiales antielusivas”.

ii.A continuación del primer punto seguido (“.”) y antes de la palabra “Asimismo”, intercálase el siguiente párrafo:

“Dentro de quinto día contado desde su presentación, el Servicio podrá requerir al contribuyente que complete su consulta cuando sólo contenga datos referenciales, circunstancias hipotéticas o, en general, antecedentes vagos que impidan responder con efecto vinculante. En caso que, transcurrido quinto día desde que sea notificado el requerimiento, el contribuyente no cumpla o cumpla sólo parcialmente, el Servicio declarará inadmisible la consulta mediante resolución fundada. Para los efectos anteriores, junto con la presentación de la consulta, el contribuyente deberá informar una cuenta de correo electrónico habilitada donde efectuar las notificaciones y solicitar antecedentes. El Servicio habilitará un expediente electrónico para tramitar la consulta.”.

iii.Reemplázase la frase “las respuestas respectivas” por la siguiente: “las respuestas a las consultas que se formulen conforme a este artículo”.

b)Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “noventa” por “cuarenta”.

c)Agrégase, en el inciso segundo, luego del punto final (“.”), que pasa a ser seguido (“.”), el siguiente párrafo:

“Sin perjuicio de lo anterior, en caso que, junto con aportar nuevos antecedentes, el contribuyente varíe sustancialmente su consulta o los antecedentes en que se funda, se suspenderá el plazo para contestar siempre que se dicte resolución fundada al efecto, notificada dentro de quinto día desde la presentación de los nuevos antecedentes. El plazo para contestar la consulta se reanudará una vez acompañados los nuevos antecedentes.”.

d)Reemplázase el inciso tercero, por el siguiente:

“No obstante, el plazo para contestar la consulta será de sesenta días en caso que se trate de un acto, contrato, negocio o actividades económicas que involucren otra jurisdicción o territorio, o si un contribuyente ha sido notificado de una fiscalización por el Servicio en relación con el acto, contrato, negocio o actividad económica objeto de la consulta.”.

e)Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase final después de la coma (“,”), por la siguiente: “se entenderá que no son aplicables al caso consultado los artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter ni las normas especiales antielusivas.”.

f)Modifícase el inciso quinto en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “y deberá señalar expresamente si” por la siguiente: “debiendo señalar expresa y fundadamente de qué manera”.

ii.Entre las expresiones “4° quáter” y el punto seguido (“.”), intercálase la siguiente frase: “o si están cubiertos por alguna norma especial antielusiva”.

iii.Reemplázase la frase “La respuesta no obligará al Servicio cuando varíen los antecedentes de hecho o de derecho en que se fundó” por la siguiente frase:

“La respuesta no obligará al Servicio si se produce una variación sustantiva de los antecedentes de hecho o de derecho en que se fundó la consulta, en cuyo caso podrá girar o liquidar los impuestos que se devenguen en periodos posteriores, si procedieren, señalando de manera fundada las razones por las cuales se estima se ha producido la variación sustantiva a que alude el presente inciso.”.

iv.Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin perjuicio que tanto la consulta como la respuesta tendrán el carácter de reservadas, el Servicio deberá publicar en su sitio web un resumen con los puntos esenciales de la respuesta y los antecedentes generales que permitan su adecuado entendimiento, guardando reserva de la identidad del consultante y de antecedentes específicos que aporte tales como contratos, información financiera y estructuras corporativas.”.

-Mediante este número, se amplía la posibilidad de consulta sobre la aplicación de normas antielusivas, incluyendo a normas específicas. Ley actual sólo considera 4º bis, 4º ter y 4º quáter del Código Tributario.

-Especifica que, al 5º día de presentada la consulta, el SII puede pedir antecedentes adicionales y de no cumplirse a cabalidad lo solicitado al quinto día, la solicitud no se considera presentada.

-Consagra que consultas se realizarán mediante un expediente electrónico, por lo que el contribuyente debe entregar una dirección mail para recibir notificaciones.

-Reduce plazo de respuesta del SII desde 90 a 40 días, contados desde el momento de contar con todos los antecedentes para responder.

-Plazo de respuesta será de 60 días en caso de que consulta involucre otro territorio al de donde se realiza la consulta o en caso de fiscalización de los actos que motivan la consulta.

-Aplica silencio positivo (para el caso consultado) de no tener respuesta en el plazo establecido. Ley actual señala que se entiende como no-realizada la consulta.

-Obliga al SII a fundamentar su respuesta a las consultas.

-Respuesta o silencio positivo, no obligará al SII en caso de que antecedentes varíen sustantivamente (lo que deberá ser fundamentado por el SII). Impuestos se girarán en periodos posteriores a dicha variación.

-Si bien consultas y respuestas son reservadas, proyecto obliga a publicar en su sitio web los puntos esenciales de su respuesta así como antecedentes esenciales para entenderla, haciendo reserva de identidad del consultante.

Indicación de los diputados Auth, Jackson, Lorenzini, Núñez y Ortiz:

Para modificar el numeral 20 del artículo 1º en el siguiente sentido:

a) Reemplazáse el numeral ii de la letra a) por el siguiente:

“Dentro del día quince contado desde su presentación, el Servicio podrá requerir al contribuyente que complete su consulta cuando sólo contenga datos referenciales, circunstancias hipotéticas o, en general, antecedentes vagos que impidan responder con efecto vinculante. En caso que, transcurrido el día quince desde que sea notificado el requerimiento, el contribuyente no cumpla o cumpla sólo parcialmente, el Servicio declarará inadmisible la consulta mediante resolución fundada. Para los efectos anteriores, junto con la presentación de la consulta, el contribuyente deberá informar una cuenta de correo electrónico habilitada donde efectuar las notificaciones y solicitar antecedentes. El Servicio habilitará un expediente electrónico para tramitar la consulta.”.

b) Elimínase la letra b)

c) Elimínase la letra d)

d) Elimínase la letra e)

La indicación establece que en caso de que el SII haya requerido antecedentes al contribuyente en un procedimiento de fiscalización, éste podrá presentar una consulta conforme al artículo 26 bis en la medida que lo haga dentro del plazo para dar respuesta a la solicitud de antecedentes.

El Ministro consultó si la indicación, en su literal a), es admisible.

La Secretaría manifestó que la norma resulta admisible, por cuanto es una disposición meramente procedimental, que no impone, modifica ni crea tributos.

El diputado Auth explicó que la indicación tiene por objeto alterar los plazos contemplados en el artículo, los que a su juicio resultan inadecuados.

El Ministro indicó que se busca establecer un plazo de 40 días, considerado suficiente para que el SII pueda emitir un pronunciamiento. La señora Fuensalida agregó que la propuesta del Ejecutivo pretende que esta herramienta pueda ser utilizada en la máxima medida por los contribuyentes.

El diputado Ramírez expresó que cuando un contribuyente consulta al SII, lo que hace es obtener un pronunciamiento para definir el modo en que debe actuar. Consideró que desincentivar este procedimiento no es apropiado.

El señor Riquelme manifestó que el SII necesita un plazo prudente para poder tomar la decisión correcta, en el contexto de casos que son generalmente complejos.

El diputado Melero preguntó cómo va a ser razonable un plazo de 90 días cuando la norma, según datos de la última cuenta pública, presenta sólo 37 casos vigentes.

El diputado Auth recordó que la discusión por el plazo sería banal, si no estuviera en discusión también la modificación del silencio positivo.

La señora Fuensalida manifestó que la intención es promover que los contribuyentes consulten lo más posible al SII. Lo anterior se logra reduciendo los plazos de respuesta, en conjunto con el efecto del silencio positivo en caso que el plazo venza.

El diputado Pérez hizo presente que el Ejecutivo retiró las normas propuestas que establecían el silencio positivo.

El Ministro replicó que fue removido en general, pero en este caso puntual, se decidió mantenerlo.

Puesta en votación la letra a) de la indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los once diputados presentes señores Auth, Jackson, Lorenzini, Kuschel, Melero, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Schilling y Von Mühlenbrock.

Puesta en votación la letra b) de la indicación resultó aprobada por seis votos a favor y cinco en contra. Votaron a favor Auth, Jackson, Lorenzini, Núñez (Presidente), Ortiz y Schilling Votaron en contra los diputados Kuschel, Melero, Pérez, Ramírez y Von Mühlenbrock.

Respecto a la letra c) del proyecto de ley, el diputado Lorenzini comentó que no se justifica mantenerla, por cuanto la lógica existía en la redacción original del proyecto, y no ya tras la aprobación de las indicaciones anteriores.

Puesta en votación la letra c) del proyecto de ley, que no presenta indicación, resultó aprobada por once votos a favor y dos en contra. Votaron a favor los diputados Auth, Jackson, Kuschel, Melero, Monsalve, Núñez, Ortiz, Pérez, Ramírez Santana y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los diputados Lorenzini y Schilling.

En cuanto a la letra c) de la indicación, el diputado Ramírez planteó que dado que se mantuvo el plazo de 90 días, cabe aprobar esta indicación, ya que de lo contrario habrá menos plazo para operaciones más complejas. Recordó que una de las peticiones de las PYMES consistía en la reducción de plazos. Agregó que sería procedente eliminar el inciso tercero del artículo 26 bis, de la ley actual, ya que de lo contrario, se establecería un plazo de hasta 120 días.

Puesta en votación la letra c) de la indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los trece diputados presentes señores Auth, Jackson, Lorenzini, Kuschel, Melero, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

Indicación de los diputados Kuschel, Melero, Ramírez, Pérez, Santana y Von Mühlenbrock:

Para derogar el inciso tercero del artículo 26 bis del Código Tributario.

Puesta en votación, resultó aprobada por la unanimidad de los trece diputados presentes señores Auth, Jackson, Lorenzini, Kuschel, Melero, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

Indicación del Ejecutivo.

Para modificar el numeral 20 actual, que pasa a ser 21, del siguiente modo:

a)En la letra d), agrégase luego del punto final, que pasa a ser seguido, lo siguiente:

“Para estos efectos, iniciado un procedimiento de fiscalización y notificado el requerimiento de antecedentes conforme al artículo 59, el contribuyente requerido o quienes tengan interés en las materias objeto de revisión, sólo podrán efectuar la consulta a que alude el presente artículo antes que venza el plazo para dar respuesta al requerimiento indicado. La consulta efectuada en el marco del procedimiento de fiscalización suspenderá la prescripción y los plazos de caducidad a que alude el artículo 59 hasta la notificación de la respuesta respectiva.”.

El diputado Núñez (Presidente) planteó que esta indicación debiera ser rechazada para guardar coherencia con el articulado ya aprobado.

El Ministro replicó que esta norma constituye una protección para el SII, por lo que con la mira de conservarla, propuso modificarla en lo pertinente. Se acordó por unanimidad eliminar la frase “Para estos efectos”.

Puesta en votación, con la modificación acordada, resultó aprobada por la unanimidad de los trece diputados presentes señores Auth, Jackson, Lorenzini, Kuschel, Melero, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

Número 20 letra d)

Respecto de la indicación de los diputados Auth, Jackson, Lorenzini, Núñez y Ortiz Jackson, en su literal d), el diputado Jackson explicó que con la eliminación de la letra e) del proyecto, se pretende evitar la posible interpretación según la cual la falta de respuesta del SII constituiría en la práctica un silencio positivo, entendiendo que lo consultado no constituye elusión. En este contexto, la desidia de un funcionario, o su sobrecarga de trabajo que le impide cumplir con los plazos, no puede constituir una validación de ciertas actuaciones de los contribuyentes.

El diputado Ramírez hizo presente que son las PYMES las que más consultan al SII, porque no tienen la capacidad económica para asesorarse por expertos tributarios privados. El literal e) del proyecto responde justamente a la petición de las PYMES en este ámbito.

El diputado Auth coincidió con que la falta de respuesta de parte del SII no pueda constituir una absolución de las conductas elusivas. Agregó que las PYMES no consultan en esta materia, porque el monto mínimo para la calificación de la elusión supera con creces el movimiento tributario de estas empresas.

El diputado Melero señaló que el contribuyente efectúa estas consultas con una finalidad preventiva, para evitar cometer un error y tributar adecuadamente.

El señor Riquelme recordó que las normas antielusión tienen por objeto disuadir las planificaciones tributarias agresivas, por lo que no puede permitirse que por el descuido o sobrecarga de un fiscalizador se valide una operación de esta naturaleza. Propuso, para dar más certeza al contribuyente, que la consulta del contribuyente, vencido el plazo, se entienda rechazada, en lugar de no presentada.

El diputado Núñez hizo presente que se está discutiendo sobre las consultas hechas al SII sobre la aplicación de la norma antielusión y no en términos generales.

El Ministro propuso una fórmula, consistente en que el contribuyente, ante la proximidad del vencimiento del plazo, notifique al SII de este hecho, y que ello extienda el plazo en 30 días más, luego de los cuales, opere la norma que plantea el Ejecutivo.

En definitiva, la indicación fue presentada por los diputados Auth, Jackson, Kuschel, Melero, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock, del siguiente tenor:

“En el número 20, para reemplazar su letra e) por la siguiente:

e) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes dos incisos:

“Expirado el plazo para contestar sin que el Servicio haya emitido respuesta, la consulta se tendrá por no presentada para todos los efectos legales, a menos que dentro de los diez días previos al vencimiento del plazo, el contribuyente notifique, mediante correo electrónico, al superior jerárquico que corresponda sobre la proximidad de su vencimiento. En este caso, el Servicio deberá resolver la consulta dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo original. Vencido este plazo, sin que el Servicio conteste, se entenderá que no son aplicables al caso consultado los artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter, ni las normas especiales antielusivas.

El Servicio informará en su sitio web y en un lugar visible de la unidad que reciba las consultas de este artículo, el correo electrónico del superior jerárquico a cargo de recibir las comunicaciones de que trata el inciso anterior a fin de que adopte las medidas pertinentes.

El Ministro señaló que la propuesta tiene por objeto que, próximo a la expiración del plazo, el interesado pueda notificar de ello al Servicio, lo que gatilla una prórroga del plazo para que el Servicio expida su resolución. Asimismo, en caso que expire esta prórroga, opera el silencio positivo.”

Puesta en votación la propuesta, resultó aprobada por la unanimidad de los once Diputados presentes señores Auth, Jackson, Melero, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

Número 20, letra f), números i, ii y iii:

“Modifícase el inciso quinto en el siguiente sentido:

i.Reemplázase la frase “y deberá señalar expresamente si” por la siguiente: “debiendo señalar expresa y fundadamente de qué manera”.

ii.Entre las expresiones “4° quáter” y el punto seguido (“.”), intercálase la siguiente frase: “o si están cubiertos por alguna norma especial antielusiva”.

iii.Reemplázase la frase “La respuesta no obligará al Servicio cuando varíen los antecedentes de hecho o de derecho en que se fundó” por la siguiente frase:

“La respuesta no obligará al Servicio si se produce una variación sustantiva de los antecedentes de hecho o de derecho en que se fundó la consulta, en cuyo caso podrá girar o liquidar los impuestos que se devenguen en periodos posteriores, si procedieren, señalando de manera fundada las razones por las cuales se estima se ha producido la variación sustantiva a que alude el presente inciso.”.

Puesta en votación la letra, resultó aprobada, en los términos propuestos, sin debate, por la unanimidad de los once Diputados presentes señores Auth, Jackson, Melero, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

Número 20, letra f), número iv:

iv.Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin perjuicio que tanto la consulta como la respuesta tendrán el carácter de reservadas, el Servicio deberá publicar en su sitio web un resumen con los puntos esenciales de la respuesta y los antecedentes generales que permitan su adecuado entendimiento, guardando reserva de la identidad del consultante y de antecedentes específicos que aporte tales como contratos, información financiera y estructuras corporativas.”.

Indicación del Ejecutivo: Elimínase el numeral iv. de la letra f).

El señor Alcalde explicó que esta eliminación se justifica por la agregación que se propone en la indicación siguiente. Se trata sólo de un ajuste formal solicitado por el SII.

Indicación del Ejecutivo: Agrégase la siguiente letra g) nueva:

“g) Agrégase el siguiente inciso sexto, nuevo:

“Sin perjuicio que tanto la consulta como la respuesta tendrán el carácter de reservadas, el Servicio deberá publicar en su sitio web un extracto con los puntos esenciales de la respuesta y los antecedentes generales que permitan su adecuado entendimiento, guardando reserva de la identidad del consultante y de antecedentes específicos que aporte tales como contratos, información financiera y estructuras corporativas.”.

Puestas en votación, las indicaciones resultaron aprobadas por la unanimidad de los once Diputados presentes señores Auth, Jackson, Melero, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

N°6) Funciones del Director del SII (Pasó a ser N°2)

Número 6:

Incorpóranse las siguientes modificaciones al inciso segundo del artículo 6°:

a)Intercálase, en el número 2°. – de la letra A, entre la palabra “autoridades” y el punto final (“.”), una coma (“,”) y a continuación el siguiente párrafo: “y, en general, toda otra persona. Para este último caso, el Servicio, mediante resolución, regulará entre otras materias, el plazo en que debe pronunciarse, la forma en que se deberá presentar la consulta y su tramitación, contemplando un procedimiento que permita al consultante imponerse sobre el estado de la misma, a través del sitio web del Servicio, en el cual se publicarán, entre otras cuestiones, la fecha de presentación, un extracto de la materia consultada, los trámites intermedios con sus respectivas fechas y la respuesta a la consulta.”.

-Se establece un procedimiento digital y transparente para la tramitación de las consultas realizadas al Director Nacional del SII respecto de la forma en que se interpretará la ley tributaria.

El Ministro indicó que el número 6 fundamentalmente apunta a establecer mejores normas de transparencia, apoyado en la digitalización del SII. Se publicarán en la página web los criterios aplicados a las consultas de los contribuyentes. También se faculta al Director Nacional para conocer del nuevo recurso jerárquico, que tiene por objeto unificar criterios legales para todo el Servicio. Se establece que, a través del Ministerio de Hacienda, se podrá unificar los criterios de condonación de multas, cuestión que resulta importante en tanto existe una suerte de arbitraje tributario, que se aprovecha de las diferencias de criterios entre Tesorería y el Servicio.

El Diputado Núñez (Presidente) advirtió que lo señalado respecto al recurso jerárquico podría generar una nueva instancia administrativa para el contribuyente, lo que incidiría en una mayor presión burocrática que alargue los plazos del procedimiento administrativo.

Respecto al recurso jerárquico, el señor Alcalde indicó que ya está reconocido en la 19.880, y que se está estableciendo de forma expresa en materia tributaria dentro de las atribuciones del Director Nacional, acotándolo exclusivamente a aspectos de derecho y no de hecho, con el objetivo de que esta autoridad pueda establecer un criterio uniforme, aplicado por cada una de las Direcciones Regionales y unidades fiscalizadoras.

El señor Riquelme manifestó que sería más conveniente homologar este recurso al contemplado en la ley 19.880, permitiendo que el jerárquico pueda ser interpuesto en subsidio. De lo contrario, se establecería una triple etapa dentro de la administración, lo que extenderá demasiado los plazos de la fiscalización. Agregó que no ve una gran necesidad de tratar de forma diferenciada este recurso en materia tributaria, a la regulación vigente en la ley de procedimiento administrativo.

El señor Alcalde señaló que lo propuesto apunta a resolver aspectos acotados de derecho, cuya judicialización se busca evitar.

El señor Cavada explicó que la Reposición Administrativa Voluntaria actual, contemplada en el artículo 15 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, no admite un recurso jerárquico que permita revisar la decisión de un Director Regional ante el Director Nacional, por lo que lo propuesto no constituye en estricto rigor una redundancia.

Indicación del Ejecutivo: Para modificar el numeral 6 de la siguiente forma:

a)Agrégase en la letra a), la siguiente frase a continuación del punto final, que pasa a ser seguido: “Asimismo, el Servicio mantendrá un reporte actualizado y de carácter público en su sitio web, informando la fecha de presentación de las consultas formuladas, nombre o razón social y rol único tributario del peticionario, un extracto de la materia y su fecha de respuesta.”.

El Ejecutivo explicó que con el objeto de avanzar en digitalización y transparencia, se establece que el SII mantendrá en su sitio web un reporte público con las consultas formuladas, información del peticionario, un extracto de la materia y la fecha de respuesta.

Se faculta al Director Nacional del SII para conocer del nuevo recurso jerárquico que procederá en contra de lo resuelto en el recurso de reposición administrativa voluntaria y se fundará en la existencia de un error de derecho al aplicar las normas o las instrucciones impartidas por el Director Nacional. El recurso tiene por objeto tiene por objeto unificar criterios jurídicos o legales para todo el SII

Número 6, letra b):

Agrégase el siguiente número 7°. -, nuevo:

“7°.- Conocer del recurso jerárquico establecido en el artículo 123 ter.”.

Indicación del Ejecutivo:

Reemplázase la letra b) por la siguiente:

Agrégase el siguiente número 7°.-, nuevo:

“7°.- Conocer del recurso jerárquico, el que para efectos tributarios procederá en contra de lo resuelto en el recurso de reposición administrativa establecido en el artículo 123 bis y sólo podrá fundarse en la existencia de un vicio o error de derecho al aplicar las normas o instrucciones impartidas por el Director o de las leyes tributarias, cuando el vicio o error incida sustancialmente en la decisión recurrida. Desde la interposición del recurso jerárquico y hasta la notificación de la resolución que se pronuncie al respecto, se suspenderá el plazo para interponer el reclamo establecido en el artículo 124, salvo que su interposición se declare fundadamente como inadmisible por manifiesta falta de fundamento. El Director regulará el procedimiento para conocer y resolver de este recurso mediante resolución.”

Número 6, letra c):

Agrégase el siguiente número 8°. -, nuevo:

“8°.- Implementar, de acuerdo con las políticas que fije el Ministerio de Hacienda mediante decreto, todas las medidas tendientes a fomentar y promover el uso de documentos tributarios y el empleo de medios tecnológicos.”.

Indicación del Ejecutivo:

Agrégase nuevas letras d) y e), pasando las actuales letras d) y e) a ser f) y g), respectivamente

“d) Agrégase en el número 1° de la letra B, luego de la palabra “tributarias” antes del punto final, la siguiente frase: “, las que serán tramitadas conforme a las mismas reglas a que se refiere el número 2, letra A, inciso segundo del presente artículo”.

e) Intercálase en el número 3 de la letra B, entre la palabra “rebajar” y la conjunción “o”, la palabra “, suspender”.”.

Número 6, letra d): (pasó a ser f)

En el número 4°. - de la letra b):

i.Intercálase, en el párrafo primero, entre la palabra “ley” y el punto final (“.”), la siguiente frase: “ciñéndose estrictamente a las políticas de condonación fijadas por el Ministerio de Hacienda, previo informe técnico del Servicio y el Servicio de Tesorerías.”.

ii.Reemplázase, en el párrafo segundo, la palabra “podrá” por “deberá” y elimínase la frase “a juicio del Director Regional” junto con la coma (“,”) que antecede y sucede a dicha frase, respectivamente.

Indicación del Ejecutivo:

Reemplázase en el literal i de la letra d) actual, que pasa a ser f), la frase “por el Ministerio de Hacienda, previo informe técnico del Servicio y el Servicio de Tesorerías” por “conforme al artículo 207”.

Reemplázase el literal ii de la letra d) actual, que pasa a ser f), por el siguiente:

“ii. En el párrafo segundo:

-Elimínase la frase “a juicio del Director Regional” junto con la coma (“,”) que antecede y sucede a dicha frase.

-Agrégase, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la frase “Para rechazar la solicitud de condonación total en estos casos, el Director Regional deberá emitir una resolución donde fundadamente señale las razones por las que se trata de una causa imputable al contribuyente.”.

Artículo primero, número 6, letra e): (pasó a ser g)

En el número 5°.- de la letra B:

i.Reemplázase, en el párrafo segundo, la frase “las mismas pretensiones planteadas previamente por el contribuyente en sede jurisdiccional” por la siguiente: “la misma causa de pedir y se funden en los mismos antecedentes presentados previamente por el contribuyente en sede jurisdiccional o administrativa, salvo el caso previsto en el artículo 132 ter.”.

ii.Agrégase los siguientes párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“El procedimiento, que se llevará en un expediente electrónico, deberá promover la solución de vicios o errores manifiestos y evitar dilaciones innecesarias, independientemente de si los vicios o errores fueron oportunamente alegados o no por el contribuyente.

Deberán recibirse todos los antecedentes que se acompañen durante la tramitación del procedimiento y darse audiencia al contribuyente para que diga lo propio a sus derechos.

El Servicio deberá resolver fundadamente dentro del plazo de sesenta días contados desde la presentación de la petición administrativa. De estimarlo necesario, el Servicio deberá requerir, por la vía más expedita, antecedentes adicionales que permitan resolver la petición administrativa.

La prueba rendida deberá apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica y lo resuelto no será susceptible de recurso o reclamación.”.

Indicación del Ejecutivo:

Agrégase en la letra e) actual, que pasa a ser letra g), un literal i nuevo, pasando el literal i actual a ser ii, y así sucesivamente:

“i.Agrégase en el párrafo primero del número 5 de la letra B, entre las palabras “las” y “liquidaciones”, el término “resoluciones” seguido de una coma.”.

Reemplázase en el último párrafo del literal ii actual de la letra e), que pasa a ser literal iii de la letra g), las palabras “conforme a las reglas de la sana crítica” por la palabra “fundadamente”.

El Diputado Jackson solicitó votar de forma separada la letra b) del número 6. Puesto en votación el número 6, con excepción de su letra b), resultó aprobado por la unanimidad de los once Diputados presentes señores Auth, Jackson, Melero, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

La letra b), con su indicación respectiva, resultó aprobada por siete votos a favor, tres en contra y una abstención. Votaron a favor los Diputados Auth, Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los Diputados Jackson, Monsalve y Núñez (Presidente). Se abstuvo el Diputado Schilling.

N°7) Certeza jurídica. Modifica y agrega definiciones (Pasó a ser N°3)

Número 7.-

7.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 8°:

a)Reemplázase el número 8° por el siguiente:

“8°. - Por “residente”, toda persona que permanezca en Chile, en forma ininterrumpida o no, por un período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un lapso cualquiera de doce meses.”.

b)Agrégase el siguiente número 14°, nuevo:

“14°.- Por “Grupo Empresarial” el definido en el inciso segundo del artículo 96 de la ley N° 18.045 de Mercado de Valores ”.

c)Agrégase el siguiente número 15°, nuevo:

“15°.- Por “sitio web” del Servicio, el dominio www.sii.cl.”.

d)Agrégase el siguiente número 16°, nuevo:

“16°.- Por “sitio personal” el medio electrónico que, previa identificación, le permite al contribuyente o al administrador de una entidad sin personalidad jurídica ingresar al sitio web del Servicio a través de una conexión segura, con el objeto de comunicarse con éste, efectuar trámites personales o tomar conocimiento de las actuaciones de aquel.

Dentro del sitio personal habrá una “carpeta tributaria electrónica” que contendrá una base de datos administrada por el Servicio, que recopilará, integrará y actualizará en conformidad a la ley la información relativa a la identidad tributaria y ciclo de existencia de un contribuyente o entidad sin personalidad jurídica.

Asimismo, en el sitio personal se alojarán los “expedientes electrónicos” que contendrán el registro electrónico de escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el procedimiento de que se trate ante el Servicio. Tales antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación o verificación a través de cualquier medio que garantice su fidelidad, integridad y reproducción de su contenido. En caso que los documentos o escritos acompañados se encuentren en blanco, sin las menciones necesarias o no sean los exigidos por las normas legales, se tendrán por no presentados; sin perjuicio de las sanciones que procedan por incumplir las referidas normas legales.

Una vez acompañados los escritos, documentos y demás actuaciones, será responsabilidad del Servicio velar por su almacenamiento, integridad y protección, evitando su pérdida o modificación posterior.”.

e)Agrégase el siguiente número 17°, nuevo:

“17.- Por “contribuyentes relacionados”:

a)El controlador y las controladas. Se considerará como controlador a toda persona o entidad o grupo de ellas con acuerdo explícito de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas o entidades, es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee o tiene derecho a más del 50% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas de otra entidad, empresa o sociedad. Estas últimas se considerarán como controladas.

Para estos efectos, se entenderá que existe un acuerdo explícito de actuación conjunta cuando se verifique una convención entre dos o más personas o entidades que participan simultáneamente en la propiedad de la sociedad, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas controladas, mediante la cual se comprometen a participar con idéntico interés en la gestión de la sociedad u obtener el control de la misma.

b)Todas las entidades que se encuentren bajo un controlador común.

c)Las entidades y sus dueños, usufructuarios o contribuyentes que a cualquier otro título posean, directamente o a través de otras personas o entidades, más del 10% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas.

d)El gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario en que es partícipe en más del 10%.

e)Las entidades relacionadas con una persona natural de acuerdo a los literales c) y d) anteriores, que no se encuentren bajo las hipótesis de las letras a) y b), se considerarán relacionadas entre sí. Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores con la respectiva entidad, así como toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por cualquiera de ellos.

Indicación del Ejecutivo:

Para modificar la letra e) del numeral 7 de la siguiente forma:

a)Reemplázase la frase “17.- Por “contribuyentes relacionados”:” por la frase siguiente frase:

“17. Salvo que alguna disposición legal establezca algo distinto, se entenderá por “relacionados”:”.

f)Las matrices o coligantes y sus filiales o coligadas, en conformidad a las definiciones contenidas en la ley N° 18.046.”.

b) Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) El gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario respecto de la asociación o negocio en que tiene derecho a más del 10% de las utilidades. Asimismo, los partícipes de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario respecto de la asociación o negocio en que tengan derecho a más del 10% de las utilidades.”.

Indicación de los Diputados Auth, Jackson, Monsalve, Núñez y Schilling: Para modificar el literal e) del numeral 7 en el siguiente sentido: Agrégase un literal g) nuevo con el siguiente texto:

“g) Las personas con su cónyuge o conviviente civil, sus parientes, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.”

El Ministro explicó que este numeral contiene una serie de definiciones, por ejemplo, la de “residente”, concepto que actualmente comprende a una persona que permanece de forma ininterrumpida por 6 meses en el territorio nacional. Esto permite a un contribuyente eludir esta calidad, saliendo brevemente del país. Se propone un concepto más moderno, que considera un total de 183 días de permanencia en Chile, sean ininterrumpidos o no. Se refirió también a otras definiciones que están orientadas a apoyar el proceso de digitalización del Servicio y las actuaciones de este y del contribuyente.

El señor Alcalde agregó que también se modifica el artículo 8 en el concepto de “grupo empresarial”, recogiendo lo dispuesto en la ley del mercado de valores. También define “parte relacionada”, porque existen en la legislación tributaria, dispersas en varios cuerpos normativos, normas de relación con distintos estándares. El proyecto busca establecer una norma general aplicable a todas las disposiciones tributarias, pero reconociendo los distintos estándares a aplicar según la materia específica, fijando un piso mínimo de aplicación general, inspirado en los conceptos trabajados en 2014 para efectos del artículo 14 ter, que restringieron los regímenes de renta presunta. Allí donde se requiera un estándar mayor, se establecen excepciones.

El Diputado Auth manifestó su conformidad con que se consideren partes relacionadas los familiares, excluyéndolos eso sí del 14 ter, para evitar su aplicación a las PYMEs.

El Diputado Ortiz expresó su preocupación en torno que con estas modificaciones brindaría acceso a empresas familiares grandes a tasas más bajas, aplicables a operaciones de venta de acciones e inmuebles y también donaciones.

El Diputado Jackson consideró que las propuestas del Ejecutivo conversan bien con la indicación parlamentaria.

El Diputado Núñez (Presidente) indicó que en este ámbito se debe ser sumamente explícito, de manera tal que no se dejen abiertas puertas para que grandes contribuyentes accedan a regímenes tributarios más beneficiosos.

El señor Alcalde explicó que una norma general de relación que establezca un piso, acompañada de excepciones, tiene lógica porque existen una serie de situaciones específicas en que la relación para efectos tributarios relevantes es la exclusivamente patrimonial. Por ejemplo, para determinar el régimen PYME, del artículo 14 ter, lo que interesa es determinar nivel de ingresos, por lo que la relación de parentesco no es relevante. Lo mismo sucede respecto de los regímenes de renta presunta. Por otra parte, tratándose de enajenaciones de bienes raíces y acciones, sí es relevante el parentesco, por lo que se incorporará expresamente una norma de relación que tome en cuenta este factor, en la disposición respectiva en la ley de la renta. Lo mismo ocurrirá en materia de donaciones y contribuciones de bienes raíces.

La Secretaría explicó que la indicación parlamentaria presenta vicios de inadmisibilidad, en tanto está determinando uno de los elementos de la obligación tributaria, a saber, los sujetos obligados del impuesto, materia reservada a una ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme a lo prescrito en el artículo 65 de la Constitución Política de la República.

El señor Riquelme estimó que son más los casos en que hay que considerar las relaciones familiares que aquellos en que hay que establecer excepciones. En razón de ello, es entendible que la norma general las incluya, y luego se excluya expresamente en los casos específicos.

El señor Cavada manifestó que desconoce, para efectos de practicar la mejor técnica legislativa, qué alternativa resulta más eficiente. No queda claro en cuántos casos habrá que establecer excepciones en uno u otro caso.

El señor Alcalde expresó que no disminuirá ni atenuará ninguna de las normas de relación actualmente contempladas en la legislación tributaria. Consideró que por técnica legislativa, el piso mínimo debe ser una norma de relación patrimonial exigente, y establecer excepciones en los casos que resulten pertinentes.

El Ministro se comprometió a presentar las indicaciones respectivas en todas aquellas instancias donde existan referencias a parientes relacionados.

El resto del número 7 del artículo primero resultó aprobado por la unanimidad de los once Diputados presentes señores Auth, Jackson, Melero, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

N°8) Modifica derechos del contribuyente. (Pasó a ser N°4)

Número 8

8.Reemplázase el artículo 8 bis, por el siguiente:

“Artículo 8 bis.- Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes, los siguientes:

1°El ser informado sobre el ejercicio de sus derechos, el que se facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y a obtener información clara del sentido y alcance de todas las actuaciones en que tenga la calidad de interesado.

2°El ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna, con el debido respeto y consideración.

3°Pagar el monto de impuestos que corresponda en conformidad con las obligaciones tributarias establecidas en la ley y a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes tributarias, debidamente actualizadas.

4°Que las actuaciones del Servicio, constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización:

a)Se realicen por razones fundadas y a que en todas ellas se indique de manera expresa el plazo dentro del cual debe ser concluida. En ausencia de un plazo dispuesto por la ley, el Director a través de normas de aplicación general, dispondrá los plazos dentro de los cuales las actuaciones deben ser concluidas;

b)Se entregue información clara, sobre el alcance y contenido de la actuación;

c)Se informe la naturaleza y materia a revisar, el plazo para interponer alegaciones o recursos y los plazos de prescripción;

d)Se informe, en cualquier momento y por un medio expedito, la situación tributaria del contribuyente y el estado de tramitación de un procedimiento;

e)Se admita la acreditación de los actos, contratos u operaciones celebrados en Chile o en el extranjero con los antecedentes que correspondan a la naturaleza jurídica de los mismos y al lugar donde fueron otorgados, sin que pueda solicitarse la acreditación de actos o contratos exigiendo formalidades o solemnidades que no estén establecidas en la ley;

f)Se notifique, al término de la actuación de que se trate, certificándose que no existen gestiones pendientes respecto de la materia y por el período revisado o que se haya fiscalizado.

5°Que no se vuelva a fiscalizar ni revisar ni en el mismo ejercicio ni en los períodos siguientes, las partidas, criterios jurídicos o antecedentes probatorios que ya fueron objeto de un proceso de fiscalización, sea que en dicho proceso se haya emitido o no una citación, un giro, liquidación o resolución.

6ºEl ser informado acerca de la identidad y cargo de los funcionarios del Servicio bajo cuya responsabilidad se tramitan los procesos en que tenga la condición de interesado y si se hubiera obtenido información de terceras partes. Lo anterior no será aplicable respecto de las materias tratadas en el artículo 161 número 10, ni de los procedimientos del artículo 4 quinquies. Asimismo, el derecho a ser informado, si ha sido objeto de una solicitud de intercambio de información, siempre que no implique un eventual incumplimiento de obligaciones tributarias.

7°Obtener copias en formato electrónico, o certificaciones de las actuaciones realizadas o de los documentos presentados en los procedimientos, en los términos previstos en la ley.

8°Eximirse de aportar documentos que no correspondan al procedimiento o que ya se encuentren acompañados al Servicio y a obtener, una vez finalizado el procedimiento respectivo, la devolución de los documentos originales aportados.

9°Que en los actos de fiscalización se respete la vida privada y se protejan los datos personales en conformidad con la ley; y que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código.

10°Que las actuaciones del Servicio se lleven a cabo en la forma que resulte menos gravosa para el contribuyente, siempre que no signifique el incumplimiento de las disposiciones tributarias y, asimismo, a que las actuaciones del Servicio se lleven a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias, certificada que sea, por parte del funcionario a cargo, la recepción de todos los antecedentes solicitados.

11°Ejercer los recursos e iniciar los procedimientos que correspondan, personalmente o representados; a formular alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos previstos en la ley y que tales antecedentes sean incorporados al procedimiento de que se trate y debidamente considerados por el funcionario competente.

12°Plantear, en forma respetuosa y conveniente, sugerencias y quejas sobre las actuaciones del Servicio en que tenga interés o que le afecten.

13°Tener certeza de que los efectos tributarios de sus actos o contratos son aquellos previstos por la ley, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización que corresponda de acuerdo con la ley. Al respecto, el Servicio deberá publicar en su sitio web los oficios, resoluciones y circulares, salvo aquellos que sean reservados en conformidad con la ley. Asimismo, deberá informar los oficios, circulares y resoluciones dictados previamente y que pierden vigencia en virtud de las nuevas instrucciones.

14°Que las actuaciones del Servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley. En el caso que se tomen medidas de esta naturaleza por el Servicio, como la prevista en el artículo 8 ter, el contribuyente tendrá derecho a que se le notifiquen previamente las razones que fundamentaron tales medidas.

15ºEl ser notificado de cualquier restricción de informar los actos y modificaciones a que aluden los artículos 68 y 69, u otras acciones que afecten el ciclo de vida del contribuyente, la posibilidad de informar modificaciones de otra índole o realizar cualquier clase de actuaciones ante el Servicio.

16ºEl ser informado de toda clase de anotaciones que le practique el Servicio.

17ºPresentar declaraciones de impuestos y declaraciones juradas fuera de los plazos legales y llevar a cabo las rectificaciones que sean necesarias, salvo en los casos establecidos en la ley y sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a la ley.

18ºQue, para todos los efectos legales y cualquiera sea el caso, se respeten los plazos de prescripción o caducidad tributaria establecidos en la ley, sin que pueda efectuarse ninguna clase de solicitud de su renuncia por parte del contribuyente, ni aun a pretexto de evitar una liquidación o giro, de llegar a un avenimiento del artículo 132 ter o de evitar alguna sanción.

19ºQue se presuma que el contribuyente actúa de buena fe.

El contribuyente podrá presentar una queja administrativa al considerar vulnerados sus derechos producto de una acto u omisión del Servicio, ante el competente Director Regional o ante el Director Nacional en su caso, si la actuación es realizada por el Director Regional, dentro de décimo día contado desde su ocurrencia, debiendo recibirse todos los antecedentes que el contribuyente acompañe a la presentación para fundar el acto u omisión que origina la queja. Recibida la queja administrativa, ésta deberá resolverse fundadamente dentro de quinto día, ordenando se adopten las medidas que corresponda. Toda prueba que sea rendida deberá apreciarse conforme con la sana crítica.

De lo resuelto por el Director Regional se podrá reclamar ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero de este Código.

Sin perjuicio de lo anterior, alternativamente los contribuyentes podrán reclamar en forma directa en contra de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos establecidos en este artículo ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del párrafo 2° del Título III del Libro Tercero de este Código.

El Servicio deberá tomar las medidas necesarias para que los funcionarios actúen en conocimiento y cabal respeto de los derechos del contribuyente.

En toda dependencia del Servicio deberá exhibirse, en un lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se consignen los derechos de los contribuyentes expresados en la enumeración contenida en el inciso primero. Asimismo, deberán exhibirse en un lugar visible en el sitio web del Servicio.”.

Indicación del Ejecutivo:

Para modificar el numeral 8, del siguiente modo:

a)Modifícase el número 4° del artículo 8 bis, de la siguiente forma:

i)Reemplázase la letra a), por la siguiente:

“a)Indiquen con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda. En efecto, toda actuación del Servicio deberá ser fundada, esto es, expresar los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión, sea que la respectiva norma legal así lo disponga expresamente o no. Adicionalmente, deberán indicar de manera expresa el plazo dentro del cual debe ser concluida, en cuyo caso se aplicarán las reglas legales cuando existieran, y en ausencia de un plazo dispuesto por la ley, el Director mediante resolución dispondrá los plazos dentro de los cuales las actuaciones deberán ser finalizadas;”.

ii)Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Se informe la naturaleza y materia a revisar y el plazo para interponer alegaciones o recursos. Todo contribuyente tendrá derecho a que se certifique, previa solicitud, el plazo de prescripción que resulte aplicable;”.

iii. Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) Se informe a todo contribuyente, en cualquier momento y por un medio expedito, de su situación tributaria y el estado de tramitación de un procedimiento en que es parte;”

iv. Reemplázase en la letra e) el punto y coma (“;”) por un punto (“.”) seguido y agrégase luego la frase “Sin perjuicio de lo anterior el Servicio, en los casos que así lo determine, podrá exigir que los documentos se acompañen traducidos al español o apostillados;”

b)Sustitúyese el número 5 del artículo 8 bis por el siguiente:

“5° Que el Servicio no vuelva a iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización, ni en el mismo ejercicio ni en los periodos siguientes, respecto de partidas o hechos que ya han sido objeto de un procedimiento de fiscalización. Para estos efectos se considerará como un procedimiento de fiscalización aquel iniciado formalmente por el Servicio mediante una citación conforme al artículo 63, excluyendo revisiones iniciadas por otros medios, salvo que la revisión concluya formalmente con una rectificación, giro, liquidación, resolución o certificación que acepte los hechos o partidas objeto de la revisión. No obstante, el Servicio podrá formular un nuevo requerimiento por el mismo período, o los periodos siguientes, y por los mismos impuestos asociados, sólo si dicho nuevo requerimiento tiene por objeto un procedimiento de fiscalización referido a hechos distintos de los que fueron objeto del requerimiento anterior. También el Servicio podrá realizar un nuevo requerimiento si aparecen nuevos antecedentes que puedan dar lugar a un procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161; o a la aplicación de lo establecido en el artículo 4 bis, 4 ter, 4 quáter, 4 quinquies, o a la aplicación del artículo 41 G o 41 H de la ley sobre Impuesto a la Renta; o que dichos nuevos antecedentes se obtengan en respuesta de solicitudes de información a alguna autoridad extranjera.”.

c)Elimínase en el número 6° del artículo 8 bis las palabras “de la identidad y cargo”.

d)Agrégase en el número 8° del artículo 8 bis, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente frase:

“El Servicio deberá apreciar fundadamente toda prueba o antecedentes que se le presenten.”.

e)Reemplázase el número 10° del artículo 8 bis por el siguiente:

“10° Que las actuaciones del Servicio se lleven a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias, y en la forma menos costosa para el contribuyente, certificada que sea, por parte del funcionario a cargo, la recepción de todos los antecedentes solicitados y en cuanto no signifique el incumplimiento de las disposiciones tributarias. Lo anterior es sin perjuicio del derecho que asiste al Servicio de solicitar nuevos antecedentes si así resulta necesario en un procedimiento de fiscalización;”.

f) Reemplázase en el número 13° del artículo 8 bis la frase “Asimismo, deberá informar los oficios, circulares y resoluciones dictados previamente y que pierden vigencia en virtud de las nuevas instrucciones.” por la siguiente: “Asimismo, el Servicio deberá mantener un registro actualizado de los criterios interpretativos emitidos por el Director en ejercicio de sus facultades interpretativas o por los Directores Regionales en el ejercicio de la facultad establecida en el artículo 6, letra B N° 1, y de la jurisprudencia judicial en materia tributaria;”.

g)Reemplázase el número 17° del artículo 8 bis por el siguiente:

“17° Llevar a cabo las rectificaciones que sean necesarias, salvo en los casos establecidos en la ley y sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a la ley;”.

h)Elimínase en el número 18° del artículo 8 bis la frase “sin que pueda efectuarse ninguna clase de solicitud de su renuncia por parte del contribuyente, ni aun a pretexto de evitar una liquidación o giro, de llegar a un avenimiento del artículo 132 ter o de evitar alguna sanción.” y reemplázase la coma (“,”) que la antecede por un punto y coma (“;”).

i)Modifícase el inciso segundo del artículo 8 bis, de la siguiente forma:

i. Reemplázase las palabras “una queja administrativa” por “un recurso de resguardo”.

ii. Reemplaáase, entre las palabras “derechos producto de” y “acto u omisión”, la palabra “una” por “un”.

iii. Reemplazáse las palabras “la queja” por “dicho recurso”.

iv. Reemplazáse las palabras “Recibida la queja administrativa, ésta” por “Recibido el recurso de resguardo, este”.

v. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 8 bis, las palabras “conforme con la sana crítica” por la palabra “fundadamente”.

El señor Riquelme manifestó que resulta poco adecuado, desde un punto de vista teórico, incluir en el numeral tercero, como un derecho, el deber de pagar los impuestos determinados conforme a la ley. En el numeral sexto, indicó que no queda clara cuál es la implicancia de que el Servicio deba informarle al contribuyente en los casos en que pudiese haber obtenido información de terceras partes. Esto último, agregó, podría obligar al Servicio a revelar su estrategia de fiscalización.

El Diputado Ortiz agregó que en el quinto numeral se establece un derecho a que no se vuelva a fiscalizar ni revisar ni en el mismo ejercicio ni en los períodos siguientes, las partidas, criterios jurídicos o antecedentes probatorios que ya fueron objeto de un proceso de fiscalización, sea que en dicho proceso se haya emitido o no una citación, un giro, liquidación o resolución. Consideró que con esta disposición se están limitando fuertemente las facultades del Servicio.

El Diputado Ramírez estimó confusa y equívoca la redacción del numeral tercero. En cuanto al sexto, consultó cuál sería el problema de revelar la estrategia de fiscalización del Servicio, en el contexto de un procedimiento transparente.

El Diputado Auth advirtió que la indicación al proyecto de ley salva las inquietudes de la oposición respecto a la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización.

El Diputado Núñez (Presidente) estimó que la redacción del número 6 podría implicar una limitación a las facultades de fiscalización del Servicio, ya que se estarían ventilando demasiados antecedentes por parte de este.

El señor Cavada coincidió en que pagar impuestos es una obligación y no un derecho. Sin embargo, hoy podría darse el problema práctico que el contribuyente quiera pagar y no pueda, por estar bloqueado por cualquier razón de fiscalización. Ello evitaría que la deuda tributaria aumente por aplicación de intereses, volviéndola imposible de pagar para el contribuyente.

El Ministro propuso eliminar en el número 6 la frase “y si se hubiera obtenido información de terceras partes”. Se acordó por unanimidad introducir este cambio.

El señor Alcalde señaló que en el número 5 se dejó a salvo la situación en que aparecen nuevos antecedentes respecto a un contribuyente, permitiendo al Servicio desarrollar un nuevo procedimiento de fiscalización. En cuanto al número 3, explicó que tiene dos aspectos: por una parte, reconocer el carácter tanto de obligación como de derecho al pago de impuestos: nacida la obligación tributaria el contribuyente tiene derecho a solucionarla. Por otra parte, se busca vincular este numeral con las facultades de condonación que tiene el Servicio: en aquellas situaciones en que el contribuyente no ha podido cumplir con su obligación, por razones que no le son imputables, tiene derecho a que se le condonen intereses. De la misma forma, tiene derecho a que se le restituya lo pagado en exceso.

El señor Riquelme, en otro tema, advirtió que la indicación del Ejecutivo reemplaza la referencia hecha por el proyecto a un recurso de queja, por una a un recurso de resguardo, que no tiene regulación legal.

El señor Alcalde explicitó que el proyecto busca entregar una herramienta que haga efectivo el catálogo de derechos del contribuyente. El recurso de resguardo, que puede ser presentado ante el Director Regional o el Nacional, permite, en sede administrativa, resolver el incumplimiento de estos derechos, o recurrir judicialmente.

El número 8 con excepción del numeral 3, resultó aprobado por la unanimidad de los nueve Diputados presentes señores Auth, Jackson, Melero, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Schilling y Von Mühlenbrock.

El artículo primero, número 3, resultó rechazado por cinco votos en contra y cuatro a favor. Votaron a favor los señores Melero, Pérez, Ramírez y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los señores Auth, Jackson, Núñez (Presidente), Ortiz y Schilling.

N° 9) Modifica restricciones para autorizar emisión de documentos tributarios. (Pasó a ser N°5)

Número 9:

9.Reemplázase el artículo 8° ter, por el siguiente:

“Artículo 8° ter.- Los contribuyentes tendrán derecho a que se les autoricen los documentos tributarios que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad.

En el caso de los contribuyentes que por primera vez deben emitir dichos documentos, la autorización procederá previa entrega de una declaración jurada simple sobre la existencia de su domicilio y la efectividad de las instalaciones que, de acuerdo a la naturaleza de las actividades o giro declarado por el contribuyente, permitan el desarrollo de los mismos, efectuada en la forma y por los medios que disponga el Servicio. Lo anterior es sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización del Servicio.

Las autorizaciones otorgadas conforme a este artículo podrán ser diferidas, revocadas o restringidas, por la Dirección Regional, mediante resolución fundada a contribuyentes que se encuentren en algunas de las situaciones a que se refieren las letras b), c) y d) el artículo 59 bis, y sólo mientras subsistan las razones que fundamentan tales medidas, y a contribuyentes respecto a los cuales se haya dispuesto un cambio total de sujeto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley N°825, de 1974.

La presentación maliciosa de la declaración jurada simple a que se refiere el inciso segundo, conteniendo datos o antecedentes falsos, configurará la infracción prevista en el inciso primero del número 23 del artículo 97 y se sancionará con la pena allí asignada, la que se podrá aumentar hasta un grado atendida la gravedad de la conducta desplegada, y multa de hasta 10 unidades tributarias anuales.”.

Se aclaran las situaciones que autorizan al SII para “bloquear” la emisión de documentos tributarios, ya que este bloqueo limita el ejercicio de la actividad económica de los emprendedores. Los contribuyentes que podrán ser bloqueados son aquellos que presentan las causales del artículo 59 bis, esto es, incumplimientos reiterados, diferencias considerables de impuestos, no tengan instalaciones para ejercer su giro o hayan sido formalizados por delito tributario.

N°10).-Obliga al SII mantener informado al contribuyente sobre medidas aplicadas. (Pasó a ser N°6)

Número 10:

10.Reemplázase el artículo 8° quáter, por el siguiente:

“Artículo 8 quáter.- El Servicio mantendrá actualizada y a disposición del contribuyente en su sitio personal, la información referida a la adopción y vigencia de cualquiera de las medidas a que se refiere el artículo anterior.”.

El Ministro propuso estudiar en esta instancia el artículo primero número 28.

Indicación del Ejecutivo:

Para modificar el numeral 10, en el siguiente sentido:

a)Agrégase entre las palabras “Servicio y “mantendrá” la expresión “publicará y”.

b)Agrégase luego del punto final que pasa a ser seguido la frase:

“En caso que el Servicio no publique y mantenga dicha información en estos términos, no procederá que se difiera, revoque o restrinja las autorizaciones establecidas en el artículo precedente.”.

Los números 8, 9 y 10 del artículo primero, resultaron aprobados, con la indicación respectiva, sin debate, por la unanimidad de los nueve Diputados presentes señores Auth, Jackson, Melero, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Schilling y Von Mühlenbrock.

El Ministro propuso, debatir, a continuación, el número 28 del artículo primero.

N°28) Incorpora solicitud de comparecencia preventiva. (Pasó a ser N°24)

Número 28:

28.Reemplázase el artículo 59 bis, por el siguiente:

“Artículo 59 bis.- Con el propósito de asistir a los contribuyentes y prevenir el incumplimiento tributario originado en actuaciones u omisiones del propio contribuyente o de terceros, el Servicio podrá solicitar la comparecencia de los contribuyentes que se encuentren en las situaciones que se señalan a continuación, las que podrán comparecer personalmente o representadas:

a)Presenten inconsistencias tributarias respecto de los datos registrados en el Servicio o respecto de información proporcionada por terceros, por montos superiores a 2.500 unidades tributarias mensuales durante los últimos 36 meses, excepto aquellos contribuyentes que se encuentran cumpliendo convenios de pago ante el Servicio de Tesorerías.

b)Incurran reiteradamente en las infracciones establecidas en los números 6, 7 o 15 del artículo 97. Para estos efectos, se entenderá que existe reiteración cuando se cometan tres o más infracciones en un período inferior a tres años.

c)Con base en los antecedentes en poder del Servicio se acredite fundadamente que el contribuyente no mantiene las instalaciones mínimas necesarias para el desarrollo de la actividad o giro declarado ante el Servicio.

d)Que el contribuyente esté formalizado o acusado conforme al Código Procesal Penal por delito tributario o sea condenado por este tipo de delitos mientras cumpla su pena.

En estos casos, el Servicio deberá notificar al contribuyente conforme con las reglas generales e indicar detalladamente las razones por las que se solicita la comparecencia, el plazo para comparecer, el funcionario a cargo de la actuación y los demás antecedentes que permitan al contribuyente actuar en forma informada. En caso que el contribuyente no comparezca o, si comparece, no aclare las materias específicas señaladas por el Servicio, se dictará una resolución fundada dando cuenta del hecho.”.

El Ejecutivo explicó que se incorporan nuevas facultades del SII para solicitar la comparecencia de los contribuyentes en casos de inconsistencias o incumplimientos considerados más graves, tales como: (i) cuando se presenten inconsistencias en la información de los contribuyentes por montos sobre 2.500 UTM en los últimos 3 años, salvo que exista un convenio de pago con Tesorería, (ii) incurran reiteradamente en infracciones relacionadas con la exhibición de libros de contabilidad o documentos tributarios en menos de 3 años, (iii) no cuenten con las instalaciones necesarias para ejercer el giro que han declarado, o (iv) acusado por delitos tributarios.

Indicación del Ejecutivo:

Para modificar el numeral 28 actual, que pasa a ser 29, del siguiente modo:

a)Reemplázase en la letra b) del artículo 59 bis la palabra “tres” por “dos”, la primera vez que aparece.

b) Para eliminar en el numeral 28, en la letra c) del inciso primero del artículo 59 bis, el punto final y agrégase la siguiente frase:

“o que la dirección, correo electrónico, número de rol de avalúo de la propiedad o teléfono declarados para la obtención de rol único tributario, la realización de un inicio de actividades o la información de una modificación, conforme con los artículos 66, 68 y 69, según corresponda, sean declarados fundadamente como falsos o inexistentes.”.

El Ministro explicó que en este ámbito el proyecto incorpora nuevas facultades para el Servicio, para solicitar la comparecencia personal de los contribuyentes en caso de incumplimientos e inconsistencias consideradas más graves.

El Diputado Melero consultó por qué se reemplaza el número “tres” por “dos”, para efectos de determinar la reiteración.

El Ministro señaló que se entendió que para que se configure reiteración, dos veces ya es suficiente. Se hizo más exigente la norma.

El señor Riquelme señaló que por el numeral 28 se reemplaza el actual artículo 59 bis, referido a la competencia para conocer ciertas actuaciones de fiscalización, ámbito que quedaría sin regulación. Por otra parte, preguntó por qué la propuesta no contempla la aplicación de las normas a contribuyentes que tengan ingresos bajo el umbral planteado de 2.500 UTM durante los últimos 3 años. Señaló que justamente los contribuyentes más pequeños son los que presentan inconsistencias por errores o desconocimiento.

El señor Alcalde aclaró que el artículo 59 bis vigente se relaciona con una ley derogada, la 18.320, que establece normas que incentivan el cumplimiento tributario. En segundo lugar, en relación a las causales contempladas y a los montos señalados por el artículo, separó dos niveles de fiscalización: uno es la facultad específica del artículo 59 bis, relacionada con aquellas situaciones graves que autorizan al Servicio al bloqueo de la documentación tributaria. Y otro, la posibilidad de la autoridad tributaria exigir la comparecencia personal del contribuyente. Se trata, en ambos casos, de facultades que impactan fuertemente en el contribuyente, de ahí que se exija un estándar alto para su ejercicio.

Puesto en votación, el número 28 resultó aprobado por la unanimidad de los nueve Diputados presentes señores Auth, Jackson, Melero, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Schilling y Von Mühlenbrock.

Continuando con la discusión en particular, el Ministro propuso votar conjuntamente los números 11, 12, 13, 14, 15 y 16, referidos a las notificaciones en el contexto del procedimiento de fiscalización. Aceptada por la Comisión la propuesta, se estudiaron los siguientes números:

N°11) Comparecencia ante el SII (pasó a ser N°7)

Número 11.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 9°:

a)Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “dentro del plazo que él mismo determine” por la siguiente frase: “dentro del plazo de cinco días”.

b)Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “mediante aviso dado por escrito por los interesados a la Oficina del Servicio que corresponda”, por la siguiente: “mediante aviso dado conforme con el artículo 68.”.

c)Agregase el siguiente inciso final, nuevo:

“En todo caso, un representante o mandatario podrá comunicar al Servicio, por escrito en la Oficina del Servicio que corresponda a su domicilio o en los lugares habilitados que determine el Servicio mediante resolución, que se ha extinguido el mandato o sus facultades de representación, lo que deberá ser registrado por el Servicio de manera tal que no se entenderá válida la notificación efectuada a dicho mandatario o representante. Luego de la referida comunicación, el Servicio realizará las notificaciones que procedan conforme con el artículo 13 o 14, según corresponda.”.

Indicación del Ejecutivo:

8)Para modificar el numeral 11, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase en la letra a) la palabra “cinco” por “diez”.

b)Agrégase entre las palabras “o representante.” y “Luego” la frase “El mandatario deberá acompañar los documentos que acrediten el término del mandato si los hubiere, o bien, una declaración simple del mandatario dando cuenta del término del mandato.”.

La indicación amplía el plazo para acreditar ante el SII la calidad de representante y se establecen los documentos que deben ser presentados para comunicar el cese de la representación. Además, se efectúa una precisión formal respecto del lugar en que debe incorporarse el nuevo párrafo en el artículo 9.

N°12) Precisa concepto de plazos (Pasó a ser N°8)

Número 12.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 10:

a)Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “Los plazos de días insertos en los procedimientos administrativos establecidos en este Código” por la siguiente frase:

“Salvo los plazos establecidos para procedimientos judiciales o por disposición legal en contrario, todos los plazos de días establecidos en este Código y demás leyes tributarias de competencia del Servicio”.

b)Agréganse los siguientes incisos sexto y séptimo, nuevos:

“Salvo disposición legal en contrario, operarán las reglas de silencio positivo para todas las solicitudes, presentaciones y recursos de cualquier tipo o naturaleza que redunden en un acto administrativo final, presentadas ante el Servicio que no sean resueltas dentro de plazo legal y siempre que el peticionario comunique al Servicio sobre la proximidad del vencimiento del plazo. La comunicación deberá enviarse mediante correo electrónico al superior jerárquico que corresponda, el quinto día anterior al vencimiento del plazo en cuestión. En su sitio web y en un lugar visible de cada unidad del Servicio, se informará el correo electrónico del superior jerárquico a cargo de recibir las comunicaciones de que trata este inciso a fin de que adopte las medidas pertinentes. Para estos efectos, se entenderá como acto administrativo final la resolución dictada por el Servicio que ponga fin al procedimiento administrativo de que se trate, resolviendo fundadamente las cuestiones planteadas, sin perjuicio de los recursos que procedan en contra de ella.

En caso que el peticionario no efectúe la comunicación a que se refiere el inciso anterior no operará el silencio positivo. No obstante, una vez que el peticionario realice dicha comunicación, el Servicio dispondrá de cinco días para pronunciarse, y si transcurrido dicho plazo no se pronunciara operará el silencio positivo en la forma establecida en el inciso anterior.”.

Indicación del Ejecutivo:

9)Para eliminar la letra b) del numeral 12.

N°13) Agrega notificaciones electrónicas del SII. (Pasó a ser N°9)

Número 13.Reemplázase el artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11.- Toda notificación que el Servicio deba practicar se hará personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, salvo que una disposición legal expresa ordene una forma específica de notificación o el contribuyente solicite expresamente o acepte ser notificado por correo electrónico u otro medio establecido por la ley, en cuyo caso el Servicio deberá informarle al contribuyente claramente los efectos de su aceptación.

Independientemente de la forma en que deba efectuarse la notificación, y salvo que corresponda practicarla por correo electrónico, el Servicio deberá además remitir copia de la misma al correo electrónico del contribuyente que conste en sus registros o comunicársela mediante otros medios electrónicos. El envío de esta copia sólo constituirá un aviso y no una notificación por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el aviso por correo electrónico no viciará la notificación, sin que pueda el Servicio, salvo disposición legal en contrario, estimarla como una forma de notificación válida.”.

Indicación del Ejecutivo:

10)Para modificar el numeral 13, de la siguiente forma:

a)Agrégase, en el inciso primero del artículo 11, entre las palabras “medio” y “establecido” la palabra “electrónico”.

b) Elimínase el punto final del inciso primero del artículo 11, y agrégase la siguiente frase:

“, indicando expresamente que es voluntario informar el correo electrónico al Servicio y aceptar notificaciones por esa vía.”.

N°14) Notificaciones electrónicas. (Pasó a ser N° 10)

Número 14.

Agrégase el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis.- Las notificaciones por correo electrónico podrán efectuarse en días y horas inhábiles, entendiéndose efectuadas para estos efectos en la fecha del envío del mismo, certificada por un ministro de fe.

El correo contendrá una trascripción de la actuación del Servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia y será remitido a la dirección electrónica que indique el contribuyente, quien deberá mantenerla actualizada, informando sus modificaciones al Servicio conforme al artículo 68. Cualquier circunstancia ajena al Servicio por la que el contribuyente no reciba el correo electrónico, no anulará la notificación salvo que el contribuyente acredite que no recibió la notificación por caso fortuito o fuerza mayor.

Exceptuando las normas especiales sobre notificaciones contenidas en este Código, o en otras disposiciones legales, la solicitud o aceptación del contribuyente para ser notificado por correo electrónico regirá para todas las notificaciones que en lo sucesivo deba practicarle el Servicio. En cualquier momento el contribuyente podrá dejar sin efecto esta solicitud o su aceptación, siempre que en dicho acto individualice un domicilio válido para efectos de posteriores notificaciones.

El Servicio, además, mantendrá a disposición del contribuyente en su sitio personal, una imagen digital de la notificación y actuación realizadas.”

N°15) Notificaciones electrónicas (Pasó a ser N°11)

Número 15.

Agrégase el siguiente artículo 11 ter, nuevo:

“Artículo 11 ter.- Excepcionalmente, solo en los casos expresamente establecidos en la ley o cuando se trate de resoluciones o disposiciones de cualquier clase y de carácter general, el Servicio podrá efectuar determinadas notificaciones mediante su publicación en el sitio personal del contribuyente. Para que proceda esta notificación se requerirá autorización expresa del contribuyente, quien podrá dejarla sin efecto en cualquier momento, indicando un domicilio o dirección válida de correo electrónico para posteriores notificaciones. El Servicio deberá adoptar los resguardos necesarios para que el contribuyente acepte de modo informado este tipo de notificación y sus consecuencias.

Esta notificación se practicará mediante la publicación de una transcripción íntegra de la resolución, diligencia o actuación del Servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia en el sitio personal del contribuyente, donde quedará registrada cronológicamente por año, día y hora. La mera falta de ingreso del contribuyente a su sitio personal no afectará la validez de la notificación efectuada de conformidad con lo dispuesto en este artículo.”.

Indicación del Ejecutivo:

11)Para reemplazar en el numeral 15, la palabra “Para”, a continuación del primer punto seguido, por la siguiente frase: “Salvo los casos señalados en el inciso cuarto del artículo 13, para”.

N°16) Sujeto de notificaciones del SII. (Pasó a ser N°12)

Número 16.

16.Reemplázase el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14.- Según corresponda al tipo de entidad, el gerente, administrador o presidente de dichas entidades con o sin personalidad jurídica, en cuanto haya sido debidamente informado al Servicio conforme con el artículo 68, se entenderá autorizado para ser notificado a nombre de ellas, no obstante cualquiera limitación establecida en sus estatutos, actos constitutivos o fundacionales.”.

Puestos en votación los numerales precedentes, con las indicaciones respectivas, sin debate, resultaron aprobados por mayoría de once de los Diputados presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Melero, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana y Von Mühlenbrock. Votó en contra del Diputado Lorenzini.

N°17) nuevo: Precisa requisito para contabilidad en moneda extranjera. (Pasó a ser N°13)

Indicación del Ejecutivo:

12)Para intercalar el siguiente numeral 17, nuevo, pasando el actual a ser 18 y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“17. Modifícase el artículo 18, número 2), letra c), reemplazando su punto final (“.”) por una coma (“,”) y agregando a continuación la siguiente oración: “como asimismo, tratándose de contribuyentes de primera categoría que determinan su renta efectiva según contabilidad completa, cuando dicha moneda extranjera influya en forma determinante y mayoritaria en la composición del capital social del contribuyente y sus ingresos.”.

Fue aprobada por la unanimidad de los Diputados(as) presentes señores(as) Auth, Cid, Jackson, Kuschel, Lorenzini, Melero, Monsalve, Núñez (Presidente), Ortiz, Ramírez, Santana, Schilling, Von Mühlenbrock.

El señor Alcalde expresó que la modificación propuesta se relaciona con las situaciones en que un contribuyente puede solicitar llevar contabilidad en dólares.

El Diputado Melero consultó qué casos presentan las características que motivan la aplicación de esta norma.

El señor Alcalde indicó que un caso es el de una empresa chilena que tiene la totalidad de sus inversiones en el extranjero, ya que será la moneda extranjera la que influirá en la determinación de su base imponible.

El Diputado Lorenzini advirtió que con la indicación se sigue legislando con redacciones generales que admiten prácticas elusivas. En este sentido, consideró que los conceptos “determinante y mayoritaria” no se encuentran definidos y su aplicación concreta quedará al arbitrio de un fiscalizador.

El señor Alcalde expresó que se busca evitar un resultado tributario que esté determinado exclusivamente por las diferencias en el tipo de cambio. Complementó señalando que ambas palabras se incorporan para permitir que el Servicio determine, caso a caso, si la porción mayoritaria de capital en moneda extranjera, influye de forma determinante en la generación de ingresos.

El Diputado Auth indicó que la conjunción copulativa “y” implica la concurrencia del elemento mayoritario junto con el determinante.

El Diputado Ramírez consultó si existe la posibilidad de presentar una indicación reemplazando la palabra “y” por “o”.

Consultada la Secretaría, expresó que la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia tributaria abarca el procedimiento de determinación de la base imponible, componente constitutivo del hecho gravado, a su vez elemento esencial de los tributos, por lo que al alterar las reglas según las cuales se lleva la contabilidad de un contribuyente, debe ser propuesto por el Presidente de la República.

El Ministro comprometió la presentación de una indicación en el sentido propuesto.

N°17 Delimita exigencia de antecedentes (pasó a ser 18)

Número 17.

Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 21:

a)Agrégase, en el inciso segundo, entre la expresión “no sean fidedignos” y el punto seguido (“.”) el siguiente párrafo: “y así se declare mediante resolución fundada en base a los antecedentes de hecho y de derecho tenidos a la vista. Esta resolución podrá impugnarse junto con la reclamación de la liquidación o giro respectivo”.

b)Agrégase los siguientes incisos sexto y séptimo, nuevos:

“El Servicio no podrá, para efectos de fiscalización ni para ningún otro efecto, exigir antecedentes otorgados con anterioridad a los plazos establecidos en el artículo 200. Lo anterior también se aplicará a la revisión y determinación del capital propio tributario, a la utilización de pérdidas tributarias o de remanentes de crédito fiscal de impuesto al valor agregado. Cuando el Servicio revise reorganizaciones, partidas, actos, contratos u operaciones que tengan incidencia en la determinación del capital propio tributario o en la utilización de pérdidas tributarias o en el remanente de crédito fiscal, no podrá exigir antecedentes anteriores a los plazos establecidos en el artículo 200.

En ningún caso se podrán exigir formalidades o solemnidades no contempladas por la ley para el acto, contrato u operación de que se trate.

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de utilización de pérdidas tributarias y remanentes de crédito fiscal de impuesto al valor agregado, que se originen en operaciones ocurridas en periodos anteriores a los señalados en el artículo 200, sólo por excepción el Servicio podrá exigir antecedentes relativos a dichas operaciones, para cuyo efecto el Director Regional deberá dictar una resolución fundada, especificando los antecedentes relevantes de hecho y de derecho requeridos. En estos casos, se presumirá que las pérdidas y remanente señalados anteriormente se corresponden con los antecedentes informados por el contribuyente, salvo que el Servicio los controvierta con otros antecedentes, en forma precisa y fundada. Para estos efectos, no será suficiente la mera aserción que los antecedentes proporcionados por el contribuyente no forman convicción o no son suficientes para probar sus afirmaciones.”.

Indicación del Ejecutivo:

13)Para modificar el numeral 17 actual, que pasa a ser 18, del siguiente modo:

a)Reemplázase la letra a) por la siguiente:

“a) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “antecedentes no sean fidedignos” por “antecedentes, ponderados en forma racional y fundada, sean calificados como no fidedignos y así se declare mediante resolución en base a los antecedentes de hecho y derecho tenidos a la vista. Esta resolución podrá impugnarse junto con la reclamación de la liquidación o giro respectivo, según lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 124 y para los efectos del inciso final del artículo 132”.

ii) Agrégase, entre las palabras “pruebas suficientes” y “las impugnaciones” la expresión “, que deberán ser ponderadas en forma racional y fundada,”.

b)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Agrégase los siguientes incisos sexto, y séptimo, nuevos:

“En ningún caso se podrán exigir formalidades o solemnidades no contempladas por la ley para el acto, contrato u operación de que se trate.

El Servicio, en los procedimientos de fiscalización o en cualquier proceso de revisión, sólo podrá exigir antecedentes otorgados dentro de los plazos del artículo 200. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá solicitar antecedentes otorgados en periodos anteriores a los señalados en el artículo 200, para efectos de revisar remanentes de crédito fiscal de impuesto al valor agregado, la utilización de pérdidas tributarias o la determinación de costos tributarios que no puedan acreditarse mediante contabilidad fidedigna, siempre que el Director Regional emita una resolución especificando en forma racional y fundada los motivos para realizar dicha revisión. En estos casos, se presumirá que el remanente de crédito, las pérdidas tributarias y los costos, señalados anteriormente, se corresponden con los antecedentes informados por el contribuyente, salvo que el Servicio los controvierta en forma racional y fundada. En este caso, no será suficiente la mera aserción que los antecedentes proporcionados por el contribuyente no forman convicción o no son suficientes para probar sus afirmaciones. La excepción descrita en este inciso no se aplicará a los antecedentes que acreditan el capital propio tributario y cualquier otro que no se encuentre expresamente previsto.”.

El Diputado Núñez (Presidente) estimó que la indicación mejora la redacción del proyecto, pero no es del todo satisfactoria, en tanto pone trabas a la labor fiscalizadora del Servicio y altera la carga probatoria, pasando del contribuyente al Servicio la prueba de las pérdidas.

El Ministro replicó que no se está alterando la carga probatoria, que sigue correspondiendo al contribuyente. Sólo se está proponiendo que para rechazar los antecedentes de un contribuyente, tiene que haber una fundamentación, elemento que no es ajeno a todo acto administrativo. El señor Alcalde complementó expresando que el artículo 21 establece un principio general: la carga probatoria es del contribuyente. En ese tema, el proyecto no innova, pero sí se le impone a la administración fundamentar sus decisiones y expresar este fundamento. En relación a la revisión de las pérdidas tributarias, el proyecto reconoce un principio, el de la prescripción, establecido ya expresamente en materia tributaria. Se proponen ciertas salvaguardas o situaciones de excepción, en que considerando la naturaleza de la revisión o auditoría que podría realizar el Servicio, se permita exceptuar dicha norma de presuscripción, siendo una de ellas la revisión de pérdidas tributarias. En aquellos casos en que el Director Regional establezca por resolución fundada que existen los antecedentes suficientemente relevantes para dejar sin efecto la norma general de prescripción, pueda revisar más allá de los 3 o 6 años de plazo, operaciones que generan pérdidas tributarias.

El Diputado Lorenzini argumentó que una buena legislación tributaria debe evitar al máximo los espacios interpretativos que admitan situaciones de elusión.

El Diputado Ramírez señaló que la indicación le impone la obligación al contribuyente de acompañar antecedentes ponderados y fundados, elementos cuya concurrencia juzgará el Servicio. La fundamentación de la respuesta del Servicio es una exigencia mínima en un Estado de Derecho. Esto no limita las atribuciones del Servicio, sino que limita la eventual arbitrariedad del Servicio. Por otra parte, al permitir al Director Regional revisar operaciones más allá del plazo de prescripción, constituye un fortalecimiento de sus facultades.

El Diputado Auth expresó sus dudas en relación al uso de las pérdidas como crédito tributario. Al limitar la posibilidad del Servicio de ir más allá de los 6 años, se produce un desajuste natural, porque el contribuyente no tiene que explicar lo que ocurrió antes de ese plazo. Conjuntamente, debiera limitarse la posibilidad de utilizar las pérdidas producidas con antes de los 6 años.

El señor Riquelme señaló que esta excepción a las normas de prescripción por pérdidas se debe a que estas se integran como un gasto del ejercicio todos los años. Como el contribuyente reintegra las pérdidas de arrastre –las ocasionadas en ejercicios anteriores- como un gasto del ejercicio en curso, es a partir de ese hecho que el Servicio entiende que tiene la posibilidad de revisar las pérdidas desde su origen, criterio que ha sido validado por la Corte Suprema. La nueva redacción establece una presunción consistente en que el remanente de crédito, las pérdidas tributarias y los costos, señalados anteriormente, se corresponden con los antecedentes informados por el contribuyente, salvo que el Servicio los controvierta en forma racional y fundada, cuestión que sí constituye una inversión de la carga de la prueba. Agregó que se deduce, a partir de la exigencia de fundamentación, que las liquidaciones y resoluciones del Servicio son mayoritariamente fundadas, cuestión que no tiene sustento en la realidad. Por otra parte, consideró que una verdadera medida modernizadora del sistema tributario consiste en la limitación del uso de pérdidas tributarias en el tiempo, tal como hacen la mayoría de los países.

El Ministro indicó que, si el Servicio está actualmente fundando sus resoluciones, no hay ningún inconveniente en establecer en la ley la exigencia de fundamentación. Habiendo fundamentación, se faculta al Servicio para ir más allá de los 6 años para fiscalizar las pérdidas.

El Diputado Núñez (Presidente) consultó por qué se limita una facultad para ir más allá de los 6 años que actualmente detenta el Servicio.

El señor Alcalde expresó que el proyecto busca equilibrar la certeza del contribuyente con las atribuciones del Servicio. La propuesta no inhibe al Servicio de ir más allá de los plazos de prescripción, sino que justamente lo faculta a hacerlo, existiendo una resolución fundada del Director Regional. Tampoco lo inhibe de revisar que la pérdida esté debidamente acreditada. La ley permite que un contribuyente con pérdidas pueda arrastrar ese resultado negativo indefinidamente hacia el futuro, lo que no significa que en el periodo en que se genera la pérdida, no tenga la obligación de declararla. Suponiendo que una pérdida se genera en el año 80, en la declaración correspondiente a ese año el contribuyente la declara, la que se arrastrará hacia el futuro, siendo declarada cada año. Si la utiliza en el año 2019, tiene que acreditarla. Resulta poco razonable tener que buscar los antecedentes de hace 40 años, siendo que la ha declarado todos los años. La propuesta, es que opere la prescripción como regla general, sin perjuicio que puedan revisarse periodos más antiguos, de forma excepcional y fundada. El Ministro manifestó que existen negocios con periodos de maduración muy largos, que tienen pérdidas durante mucho tiempo antes de ver utilidades.

El Diputado Ramírez estimó que la presunción sólo opera en el evento que el Servicio promueva una fiscalización más allá de los plazos de prescripción, criterio que consideró razonable entendiendo que se estarían solicitando antecedentes eventualmente muy antiguos.

El Diputado Jackson manifestó que en esta discusión hay dos grandes temas: la exigencia de fundamentación de la resolución del Servicio y la carga probatoria. Consideró que la propuesta establece una limitación a las facultades del Servicio, que favorecerá a los grandes contribuyentes que pretendan arrastrar pérdidas hacia el futuro.

El Diputado Schilling consideró que constituye una exigencia mínima para los órganos públicas que estos funden sus resoluciones. Señaló que es aceptable que, tratándose de un mismo contribuyente, este pueda utilizar sus pérdidas en el futuro. Pero si la empresa cambia de dueño, no debiera permitírsele la utilización de las pérdidas, porque en él no existe el fundamento expresado por el Ministro.

El señor Riquelme coincidió en que la presunción operaría cuando se estén revisando hechos más allá de los plazos de prescripción, cuestión que resulta relevante desde la perspectiva de la utilización de las pérdidas. Siendo el contribuyente quien tiene los antecedentes para acreditar una pérdida, y no el Servicio, alterar la carga probatoria deja a este último en una peor situación frente a la actual. Respecto a la exigencia de fundamentación, sin perjuicio de tratarse de un principio general que orienta la actividad de la administración, el fundamento de revisar hechos anteriores a los plazos de prescripción, es justamente el origen anterior de la pérdida. Resultaría, en este sentido, redundante. Por otra parte, pueden existir casos en que la generación de utilidades tributarias tarde más de 6 años. Pero no es lo mismo que una empresa promueva inversiones que duren más de 6 años a que tenga pérdidas por más de 6 años, porque las inversiones no son gasto, no generan pérdidas, sino que constituyen un activo para la compañía.

El Diputado Ramírez manifestó que lo que la ley presume es que los antecedentes acompañados por el contribuyente se corresponden con las pérdidas declaradas. El contribuyente tiene la obligación de acompañar los antecedentes que acrediten las pérdidas y el Servicio tiene 6 años para objetarlos. Lo que la norma señalaría es que si ello no ocurrió, tendrá que ser el Servicio quien deba probar la falta de acreditación. En cuanto a la propuesta del Diputado Schilling, en el sentido de limitar el uso de las pérdidas dependiendo de si se trata de un mismo contribuyente, o si hubo transferencia de la titularidad de una empresa, planteó distinguir si es que se continúa o no desarrollando el giro de la empresa.

El señor Alcalde recordó que desde el año 2001 la legislación tributaria combate, a través de una norma especial antielusión, los cambios de propiedad de empresas con pérdida tributaria. El artículo 31 de la Ley de la Renta, en su número 3, inciso final, restringe específicamente esa situación, en la que se produce un cambio de propiedad, luego del cual se altera el giro, para efectos exclusivos de poder aprovechar su pérdida tributaria. Efectivamente en materia de pérdidas, no está regulada la facultad del Servicio para fiscalizar más allá de los plazos de prescripción, cuestión que ha dado lugar a diversas controversias. La Corte Suprema ha reconocido esta facultad, pero no existe norma legal que lo permita. El proyecto reconoce esa realidad, permitiendo la revisión de pérdidas con un requisito que considera razonable, a saber, que se fundamente la decisión de ir más allá del plazo de prescripción.

El Diputado Núñez (Presidente) propuso dejar pendiente la votación de este numeral, con el objeto de solicitar y contar con la posición del Director del Servicio en la materia, o bien, un informe en derecho de algún especialista en la materia.

El Diputado Melero expresó que la totalidad del proyecto en estudio ha sido puesto en conocimiento y consensuado con el Director del Servicio.

El Ministro agregó que esta norma ha sido particularmente conversada y trabajada con el Director del Servicio y el Subdirector Jurídico.

Puesto en votación el número 17, con sus indicaciones, fue rechazado por no alcanzar mayoría de votos a favor. Votaron en contra los Diputados Jackson, Lorenzini, Núñez (Presidente) y Schilling. Votaron a favor los Diputados Kuschel, Melero, Ramírez y Von Mühlenbrock. Se abstuvo el Diputado Ortiz.

El Diputado Núñez (Presidente) propuso votar conjuntamente los numerales 18 a 27 del artículo primero, por tratarse de disposiciones respecto de las cuales la oposición no tiene reparo alguno.

El Diputado Melero consultó si el rechazo de alguno de los números anteriores genera algún conflicto con estas normas.

El señor Alcalde respondió que a primera vista no se genera ninguna discrepancia o conflicto.

N°18) Liquidación de giros reclamados. (Pasó a ser N°14)

Número 18.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 24:

a)Reemplázase, en el inciso segundo, lo dispuesto a continuación del primer punto seguido (“.”), y hasta el segundo punto seguido, por lo siguiente:

“Si el contribuyente hubiere deducido reclamación, los impuestos y multas correspondientes a la parte no reclamada de la liquidación se girarán con prescindencia de las partidas o elementos de la liquidación que hubieren sido objeto de la reclamación. Por su parte, los impuestos y multas correspondientes a la parte reclamada de la liquidación se girarán respecto de aquella parte del reclamo que sea desechada, una vez que sea notificado el fallo respectivo del Tribunal Tributario y Aduanero. En ese caso, el giro se emitirá con prescindencia de las partidas o elementos de la liquidación que hubieren sido acogidas o hubieran sido conciliadas por o con el Tribunal Tributario y Aduanero. Respecto de las liquidaciones o partidas de la misma cuyo reclamo haya sido acogido por el Tribunal Tributario y Aduanero competente, el giro que corresponda se emitirá sólo en caso que se dicte una sentencia revocatoria en una instancia superior y una vez que dicho fallo se encuentre firme o ejecutoriado.”.

b)Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación de la coma (“,”) que sigue a la expresión “sumas contabilizadas,” lo siguiente: “incluyendo las sumas registradas conforme al artículo 59 de la ley de impuestos a las ventas y servicios contenida en el decreto ley número 825 de 1974, así”.

N°19) Devolución de impuesto pagado en exceso. (Pasó a ser N°15)

Número 19.Agrégase al artículo 26 el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Las modificaciones a los documentos mencionados precedentemente tendrán efecto retroactivo siempre que sean favorables para los contribuyentes y no lesionen derechos de terceros. El contribuyente tendrá derecho a solicitar, conforme al artículo 126, la devolución de los impuestos que, como consecuencia de las modificaciones, se entiendan pagados en forma indebida o en exceso. El Servicio procederá a la devolución de los impuestos que hayan sido pagados durante los últimos tres años tributarios anteriores a la fecha de presentarse la solicitud. Las mismas reglas anteriores se aplicarán en caso que los documentos mencionados precedentemente fijen un criterio nuevo.”.

Indicación del Ejecutivo:

Para reemplazar el numeral 19 actual, que pasa a ser 20, por el siguiente:

“20. Agrégase al artículo 26, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“El contribuyente tendrá derecho a solicitar, conforme con el artículo 126, la devolución de los impuestos que, como consecuencia de las modificaciones a los documentos mencionados precedentemente, hayan sido pagados en forma indebida o en exceso a contar del ejercicio comercial en que se emitan las respectivas modificaciones. El contribuyente también tendrá derecho a solicitar una devolución de los impuestos que, como consecuencia de las referidas modificaciones, hayan sido pagados en forma indebida o en exceso, en una fecha posterior a la presentación de su consulta al Director y que motive la modificación respectiva. Las mismas reglas anteriores se aplicarán en caso que los documentos mencionados precedentemente fijen un criterio nuevo.”.

N°21).- Elimina presunción partícipes en rentas. (Pasó a ser N° 17)

Número 21.Elimínase, en el artículo 28, la frase que comienza con “Las rentas que correspondan a los partícipes” a continuación del primer punto seguido, que pasa a ser final.

N°22) Introduce medidas preventivas y de colaboración del cumplimiento tributario. (Pasó a ser N° 18)

Número 22.Reemplázase el artículo 33, por el siguiente:

“Artículo 33.- A fin de evitar el incumplimiento de las obligaciones tributarias, sea por errores del contribuyente o por su conocimiento imperfecto de las disposiciones u obligaciones tributarias, el Servicio podrá, con los antecedentes que obren en su poder, ejecutar las siguientes medidas preventivas y de colaboración:

i.Informar a los contribuyentes el detalle de sus registros, impuestos o devoluciones y presentarles, a través de los sistemas destinados al efecto, propuestas de sus declaraciones. Los contribuyentes, voluntariamente, podrán aceptar, rechazar o complementar la información y las propuestas proporcionadas por el Servicio.

ii.Enviar una comunicación al contribuyente para efectos meramente informativos si existen diferencias de información o de impuestos de acuerdo con los antecedentes que obren en su poder.

iii.Solicitar fundadamente y en casos calificados en forma específica, concreta y acotada, antecedentes respecto de operaciones de las que haya tomado conocimiento el Servicio ocurridas durante el período mensual o anual y que pudieran tener incidencia directa en la declaración de impuestos que deberá presentar el contribuyente en relación con el periodo respectivo, lo que en caso alguno podrá dar lugar a una fiscalización.

Para la realización de dichas actuaciones el Servicio en forma previa deberá efectuar una notificación conforme alguna de las formas previstas en el artículo 11, que contenga las siguientes menciones:

i.Individualización del funcionario a cargo de la actuación.

ii.Señalar que se trata de una actuación ejecutada en el marco de este artículo y que por tanto no constituye un procedimiento de fiscalización.

iii.Informar que la actuación es voluntaria y que su incumplimiento no genera consecuencias tributarias ni sanciones para el contribuyente.

iv.Señalar el plazo en que el Servicio realizará las actuaciones que correspondan, el que no podrá exceder de un mes, y el plazo en que el contribuyente podrá realizar las actuaciones que correspondan, el que no podrá ser inferior a 15 días contado desde la fecha de la notificación.

En caso que el contribuyente voluntariamente se acoja a las actuaciones indicadas en este artículo, y se detectaren o rectificaren diferencias de impuestos, el Servicio deberá aplicar lo establecido en el inciso segundo del artículo 56 y en el artículo 106.

Todas las actuaciones realizadas conforme con lo establecido en este artículo, se agregarán a la carpeta electrónica del contribuyente.

El Servicio podrá promover, por sí o en conjunto con los contribuyentes, acciones de formación y divulgación tendientes a dar a conocer las disposiciones tributarias y prevenir el incumplimiento involuntario de las mismas.”.

N°23) Fija normas generales y especiales de entrega de información. (Pasó a ser N°19)

Número 23.Agrégase el siguiente artículo 33 bis, nuevo:

“Artículo 33 bis.- Junto con sus declaraciones, los contribuyentes deberán acompañar o poner a disposición del Servicio, en virtud de las disposiciones legales o administrativas que correspondan, documentos y antecedentes, conforme a las siguientes reglas:

1.Normas generales para la entrega de información.

El Servicio, mediante resolución fundada, podrá requerir a los contribuyentes informes o declaraciones juradas sobre materias específicas e información acotada propia del contribuyente o de terceros.

Para el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, estarán obligados a entregar información para la individualización de terceros y los montos o rentas distribuidos, los contribuyentes que distribuyan rentas o beneficios de cualquier naturaleza y, en general, aquellos que paguen rentas o cantidades por cuenta de terceros, salvo los casos exceptuados por la ley.

El Servicio podrá liberar de estas obligaciones a determinadas personas o grupos de personas en razón de su escaso movimiento operacional o nivel de conocimiento de las obligaciones tributarias, cuando exista causa justificada y sea posible validar el correcto cumplimiento tributario.

Para la entrega de información conforme con este inciso, el Servicio deberá emitir resoluciones indicando en forma precisa las obligaciones y fechas en que serán requeridos los informes o declaraciones juradas. Estas resoluciones deberán dictarse con, a lo menos, cuatro meses de anticipación al término del año o periodo respecto del cual se requerirá la información. Dicho plazo podrá ser inferior en caso que exista una disposición legal que así lo determine o si lo determina fundadamente el Director por razones de buen servicio.

Cuando se determine en un proceso de fiscalización, o a petición voluntaria del contribuyente, que los créditos, beneficios, rebajas o retenciones informadas por terceros excede del monto establecido en la ley, el contribuyente deberá reintegrar la diferencia que corresponda. En esos casos no será necesario rectificar las declaraciones presentadas por terceros.

2.Normas especiales para la entrega de información.

Conforme las reglas del número 1 anterior, y hasta la fecha de presentación de la respectiva declaración de impuestos, el Servicio podrá requerir información sobre operaciones, transacciones o reorganizaciones que:

a)Se realicen en el extranjero y carezcan de regulación legal en Chile.

b)Se realicen o celebren con personas o entidades situadas en un territorio o jurisdicción a los que se refiere el artículo 41 H de la ley sobre impuesto a la renta.

La falta de entrega de la información indicada en las letras a) y b) precedente, o la omisión de datos relevantes relacionados a ellas, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 97 número 1 del Código Tributario.

3.Contribuyentes que llevan contabilidad.

Mediante resolución fundada, el Servicio podrá exigir que los contribuyentes sujetos a la obligación de llevar contabilidad comuniquen, junto con sus declaraciones, información relativa a los balances e inventarios, los que se mantendrán a disposición del Servicio con la firma del representante y contador.

El Servicio podrá exigir la presentación de otros documentos tales como información contable, detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias, y demás antecedentes que justifiquen el monto de las obligaciones tributarias y de las partidas anotadas en la contabilidad.

El contribuyente podrá cumplir con estas obligaciones acreditando que lleva un sistema autorizado por el Director Regional.”.

Indicación del Ejecutivo:

Para modificar el numeral 23 actual, que pasa a ser 24, del siguiente modo:

a)Reemplázase en el primer párrafo del número 1 del artículo 33 bis, la palabra “acotada” por “determinada”.

b)Reemplázase en el párrafo segundo del número 1 del artículo 33 bis, la frase “para la individualización de terceros” por “sobre terceros”.

N°24) Confidencialidad de los datos del contribuyente. (Pasó a ser N°20)

Número 24.Agrégase, en el inciso segundo del artículo 35, a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser seguido (“.”), el siguiente párrafo:

“Tampoco podrán divulgar el contenido de ningún proceso de fiscalización realizado en conformidad a las leyes tributarias, destinado a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente”.

N°25) Declaraciones rectificatorias. (Pasó a ser N°21)

Número 25.Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 36 bis:

“Excepcionalmente, previa autorización del Servicio, los contribuyentes podrán presentar declaraciones rectificatorias también en los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 6°, letra B, N° 5 y 123 bis. En los casos en que el contribuyente presente una rectificación el Servicio deberá, a solicitud de éste, certificar que las diferencias en los montos impuestos se encuentran solucionadas.”.

N°26) Facultad discrecional en condonación de intereses. (Pasó a ser N°22).

Número 26.Reemplázase, en el inciso final del artículo 56, la frase “podrá, a su juicio,” por la palabra “deberá”.

Indicación del Ejecutivo:

Para reemplazar el numeral 26, que pasa a ser 27, por el siguiente:

“27. Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso final del artículo 56:

a)Elimínase la frase “, a su juicio,”.

b)Agrégase, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la frase: “Para rechazar la solicitud de condonación total en estos casos, el Director Regional deberá emitir una resolución donde racional y fundadamente señale las razones por las que se trata de una causa imputable al contribuyente.”.

N°27) Delimita plazos y materias de fiscalización. (Pasó a ser N°23)

Número 27.Reemplázase el artículo 59, por el siguiente:

“Artículo 59.- Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá llevar a cabo procesos de fiscalización y revisión de declaraciones de los contribuyentes. Sin embargo, el Servicio no podrá fiscalizar ni revisar ni en el mismo ejercicio ni en los períodos siguientes, las partidas, criterios jurídicos o antecedentes probatorios que ya fueron objeto de un proceso de fiscalización, sea que en dicho proceso se haya emitido o no una citación, un giro, liquidación o resolución. Cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deban ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo máximo de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, citar para los efectos referidos en el artículo 63, liquidar o formular giros, cuando corresponda, o bien declarar si el contribuyente así lo solicita que no existen diferencias derivadas del proceso de fiscalización. El funcionario a cargo tendrá el plazo de 10 días, contados desde que recibió los antecedentes solicitados para realizar dicha certificación.

El plazo señalado en el inciso anterior para citar, liquidar o formular giros será de doce meses, en los siguientes casos:

a)Cuando se efectúe una fiscalización en materia de precios de transferencia.

b)Cuando se deba determinar la renta líquida imponible de contribuyentes con ventas o ingresos superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales al 31 de diciembre del año comercial anterior.

c)Cuando se revisen los efectos tributarios de procesos de reorganización empresarial.

d)Cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas.

Si, dentro de los plazos señalados la autoridad que lleva a cabo un proceso de fiscalización respecto de un determinado impuesto detecta diferencias impositivas por otros conceptos, deberá iniciarse un nuevo requerimiento o actuación de fiscalización por la autoridad competente. En tal caso, deberá notificarse conforme con las reglas generales al contribuyente indicando con claridad y precisión sobre el contenido y alcance de la nueva revisión, resguardando así su derecho contenido en el número 4 del artículo 8 bis.

El plazo será de 18 meses, ampliable mediante resolución fundada por una sola vez por un máximo de 6 meses más en los casos en que se requiera información a alguna autoridad extranjera en aquellos casos relacionados con un proceso de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161. Igual norma se aplicará en los casos a que se refieren los artículos 4° bis, a excepción de las normas especiales antielusión, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies, y los artículos 41 G y 41 H de la ley sobre Impuesto a la Renta.

Vencidos los plazos establecidos en este artículo sin que el Servicio haya notificado una citación en los términos del artículo 63, una liquidación o giro, según corresponda, el Servicio, a petición del contribuyente, certificará que el proceso de fiscalización ha finalizado.”.

Indicación del Ejecutivo:

Para modificar el numeral 27 actual, que pasa a ser 28, del siguiente modo:

a)Reemplázase en el inciso primero del artículo 59 la frase que va desde las palabras “Dentro de los plazos” hasta la expresión “liquidación o resolución”, antes del segundo punto seguido, por el siguiente texto:

“Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá llevar a cabo procedimientos de fiscalización y revisión de declaraciones de los contribuyentes. Sin embargo, el Servicio no podrá iniciar un nuevo requerimiento, ni del mismo ejercicio ni en los periodos siguientes, respecto de partidas, criterios jurídicos o hechos que ya han sido objeto de un procedimiento de fiscalización, salvo que se trate de un nuevo requerimiento por el mismo período, o los periodos siguientes, y por los mismos impuestos asociados, si dicho nuevo requerimiento tiene por objeto un procedimiento de fiscalización referido a hechos distintos de los que fueron objeto del requerimiento anterior. Para estos efectos se considerará como un procedimiento de fiscalización aquellos que inicien con una citación conforme al artículo 63. También el Servicio podrá realizar un nuevo requerimiento si aparecen nuevos antecedentes que puedan dar lugar a un procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161; o a la aplicación de lo establecido en el artículo 4 bis, 4 ter, 4 quáter, 4 quinquies; o a la aplicación del artículo 41 G o 41 H de la ley sobre Impuesto a la Renta; o que dichos nuevos antecedentes se obtengan en respuesta a solicitudes de información a alguna autoridad extranjera.”.

b)Reemplázase en el inciso tercero del artículo 59 la palabra “autoridad” por “unidad del Servicio”.

c)En el inciso cuarto del artículo 59, agrégase entre las palabras “extranjera” y “en aquellos”, la conjunción “o”; y elimínase la expresión, “a excepción de las normas especiales antielusión”.

Puestos en votación los numerales transcritos, con sus respectivas indicaciones, resultaron aprobados, sin debate, por la unanimidad de los Diputados presentes señores Jackson, Kuschel, Melero, Núñez (Presidente), Ortiz, Ramírez, Schilling y Von Mühlenbrock.

N°29) Precisa procedimientos de fiscalización al contribuyente. (Pasó a ser N°25)

Número 29.Reemplazase el artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- En caso que conforme al inciso segundo del artículo 21 el Servicio determine que las declaraciones, documentos, libros o antecedentes acompañados no son fidedignos, podrá examinar los inventarios, balances, libros de contabilidad, documentos del contribuyente y hojas sueltas o sistemas tecnológicos que se hayan autorizado o exigido, en conformidad a los incisos cuarto y final del artículo 17. En dicho examen, se podrán revisar todos los elementos que sirvan de base para la determinación de las obligaciones tributarias que fundamentan tal examen. En los mismos casos y con igual objeto, el Servicio podrá examinar los libros, documentos, hojas sueltas o sistemas tecnológicos que los sustituyan, de las personas obligadas a retener un impuesto.

Sin perjuicio de la facultad de iniciar una fiscalización conforme con el artículo 59, para efectos de llevar a cabo el examen indicado, el Servicio podrá realizar un requerimiento de antecedentes al contribuyente o su representante, telefónicamente o por la vía más expedita posible, lo que deberá ir precedido de una notificación efectuada por correo electrónico en caso que sea aplicable o conforme con las reglas generales. Tanto en la comunicación y en la notificación, respectivamente, se deberá indicar en forma precisa las materias consultadas, el plazo otorgado para aportar la información requerida, la circunstancia de no tratarse de un procedimiento de fiscalización y los efectos que resultan para el contribuyente de no proveer los antecedentes que se requieren por parte del Servicio. El plazo para que el contribuyente aporte los antecedentes que le sean requeridos no podrá ser inferior a xxx ni exceder de un mes contado desde la notificación. De no entregarse los antecedentes requeridos dentro del precitado plazo, o si los entregados contienen errores o son incompletos o inexactos, el contribuyente podrá subsanar tales defectos en un plazo adicional de un mes, sin que al efecto sea aplicable lo previsto en el artículo 59.

Si transcurridos los plazos a que se refiere el inciso anterior, el contribuyente no diera respuesta o ésta fuera incompleta, errónea o extemporánea, ello solo se considerará como un antecedente adicional en el proceso de selección de contribuyentes para fiscalización.

Sujeto a lo establecido en el inciso primero, el Director Regional también podrá disponer que los contribuyentes presenten, en los casos que así lo determine, un estado de situación donde se incluya, entre otros antecedentes, el valor de costo y fecha de adquisición de los bienes que especifique el Director Regional. No obstante lo anterior, no se podrá requerir que el estado de situación incluya información sujeta a secreto o reserva bancaria, ni bienes muebles de uso personal del contribuyente ni los objetos que forman parte del mobiliario de su casa habitación, con excepción de los vehículos terrestres, marítimos y aéreos de uso personal.

Sujeto también a lo establecido en el inciso primero, el Director Regional podrá solicitar la confección o modificación de inventarios la que podrá ser presenciada por los funcionarios del Servicio autorizados, quienes, además, podrán confeccionar inventarios o confrontar en cualquier momento los inventarios de contribuyentes con las existencias reales. El examen, confección o confrontación deberá efectuarse en el plazo de un mes, en la forma que determine el Servicio mediante resolución y podrá realizarse en cualquier lugar en que el interesado mantenga los libros, documentos, antecedentes, bienes u otros que el Servicio señale. En ningún caso el ejercicio de esta facultad podrá entorpecer las operaciones normales de los contribuyentes.

El Director o el Director Regional, según el caso podrá solicitar al respectivo Tribunal Tributario y Aduanero que ordene que el inventario se confronte con el auxilio de la fuerza pública, cuando exista oposición de parte del contribuyente.

Para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias, el Servicio fundadamente podrá pedir declaración jurada por escrito sobre materias específicas o citar a toda persona domiciliada dentro de la jurisdicción de la oficina que la cite, para que concurra a declarar, bajo juramento, sobre hechos, datos o antecedentes específicos de cualquiera naturaleza relacionados con terceras personas. Para estos efectos, la citación, deberá indicar fundadamente la razón por la que se requiere de su comparecencia y los hechos sobre los que se deberá declarar. Asimismo, en caso que no se pueda comparecer por razones justificadas, se deberá establecer una segunda fecha de citación para que comparezca en el plazo de un mes. Estarán exceptuados de estas obligaciones, salvo en los casos de sucesión por causa de muerte o comunidades en que sean comuneros; los parientes; el cónyuge o conviviente civil, los parientes por consanguinidad en la línea recta o dentro del cuarto grado de la colateral, el adoptante, el adoptado, y los parientes por afinidad en la línea recta o dentro del segundo grado de la colateral de dichos terceros. Además, estarán exceptuadas de estas obligaciones las personas obligadas a guardar secreto profesional o que estén sujetas a obligaciones de confidencialidad.

No estarán obligadas a concurrir a declarar las personas indicadas en el artículo 300 del Código Procesal Penal, a las cuales el Servicio, para los fines expresados en el inciso precedente, deberá pedir declaración jurada por escrito.”.

Indicación del Ejecutivo:

Para sustituir en el numeral 29 actual, que pasa a ser 30, lo siguiente:

a)Reemplázase el inciso segundo del artículo 60 por el siguiente:

“Sin perjuicio de la facultad de iniciar una fiscalización conforme con el artículo 59, para efectos de llevar a cabo el examen indicado, el Servicio podrá solicitar antecedentes al contribuyente conforme a lo establecido en el artículo 33.”

b)Elimínase el inciso tercero del artículo 60.

Indicación de los Diputados Auth, Jackson, Lorenzini, Núñez y Ortiz: Para reemplazar en el numeral 29 del artículo 1º la expresión 30 días por “quince días”.

El señor Alcalde señaló que las modificaciones tienen por objeto precisar el procedimiento y las facultades de la autoridad para realizar revisiones y solicitar antecedentes a los contribuyentes. Se incorpora una referencia al artículo 33, donde se establece el procedimiento preventivo y colaborativo para que el Servicio pueda contactar en forma expedita al contribuyente y solucionar ciertas diferencias en materia de impuestos.

El Diputado Jackson explicó que su indicación intenta establecer un plazo allí donde el proyecto no establece ninguno.

El señor Alcalde indicó que en el proyecto original efectivamente no se establecía un plazo. Sin embargo, mediante la indicación del Ejecutivo, y la referencia al artículo 33, sí establece un plazo.

La Secretaría informó que, en virtud de la aprobación del número 22, se reemplaza el artículo 33 del Código Tributario por uno que fija como plazo hasta 30 días para la realización de actuaciones del Servicio.

Puesto en votación el número 29 con la indicación del Ejecutivo, resultó aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores Jackson, Kuschel, Melero, Núñez (Presidente), Ortiz, Ramírez, Schilling y Von Mühlenbrock.

N°30) Elimina declaración de información sustancial. No afectar actividades del contribuyente. (Pasó a ser N°26)

Número 30.Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 60 bis:

a)Elimínase el inciso tercero.

b)Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“En ningún caso el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo podrá afectar el normal desarrollo de las operaciones del contribuyente.”.

Indicación del Ejecutivo:

Para agregar en la letra b) del numeral 30 actual, que pasa a ser numeral 31, antes de la expresión “En ningún caso” la siguiente frase:

“La facultad establecida en este artículo sólo permitirá el examen de los registros y libros señalados en el inciso primero, excluyendo, en todo caso, información sujeta a secreto comercial o empresarial, entendiendo por tal la información que no está disponible para el público en general y que es fundamental para la producción, distribución, prestación de servicios o comercialización, siempre que no formen parte de los referidos registros y libros.”.

El Ministro señaló que la intención de estas normas es eliminar la exclusión de medios probatorios en un juicio, por ejemplo, no restringir hechos que puedan no haber sido presentados formalmente con anterioridad a un procedimiento judicial. El señor Alcalde agregó que la indicación complementa lo anterior estableciendo un resguardo respecto a la información sujeta a secreto comercial o empresarial.

El señor Riquelme consultó, respecto a la eliminación del inciso tercero, por qué resulta relevante permitir a un contribuyente que durante el procedimiento administrativo se opuso al análisis de antecedentes, presentar en juicio dichos antecedentes. Recordó que esta norma fue incorporada por la reforma anterior, con el objetivo de incentivar al contribuyente a participar durante el proceso de fiscalización. No se trata de situaciones en las que el contribuyente no pudo colaborar, sino que decidió no hacerlo. El señor Alcalde respondió que la modificación propuesta pretende recoger la garantía constitucional del debido proceso, que permite al contribuyente controvertir en sede jurisdiccional las pretensiones de la autoridad, ejerciendo su derecho a la defensa. El juez tiene la facultad para declarar inadmisible un determinado medio probatorio si es que considera que el contribuyente obstaculizó la actividad de la administración.

Puesta en votación la letra a) del número 30, resultó rechazada por no alcanzar quórum de aprobación. Votaron a favor los Diputados Kuschel, Melero, Ramírez y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los Diputados Jackson, Lorenzini, Núñez (Presidente) y Schilling. Se abstuvo el Diputado Ortiz.