Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.
Fecha 06 de octubre, 1992. Mensaje en Sesión 1. Legislatura 325.
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. INICIA EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 1993 (BOLETÍN Nº 809-05).
Honorable Cámara de Diputados:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política de la República, cumplo con remitir a esa Corporación el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1993.
Las estimaciones de ingresos y gastos del sector público se encuentran contenidas en el artículo 1º del proyecto las que en moneda nacional alcanzan a $ 3.866.243 millones y en moneda extranjera a US $ 1.255 millones. Estas magnitudes representan la agregación de los presupuestos tanto fiscal como de las instituciones y servicios públicos regidos por el Decreto Ley Nº 1.263, de 1975.
A su vez, la proyección de recursos a percibir por el Fisco, que ingresan a rentas generales de la Nación, y su destinación al otorgamiento de aportes a los organismos del sector público y al financiamiento de programas especiales de administración y ejecución directa del Ministerio de Hacienda, conforman el Presupuesto del Tesoro Público que se incluye en el artículo 2º de esta iniciativa.
Los ingresos tributarios estimados para 1993 muestran un crecimiento que obedece a la evolución esperada en la economía.
En el gasto público, se continúa con el incremento en los programas sociales de salud, vivienda, educación y previsión social. Se destinan recursos adicionales a inversión en infraestructura sectorial y regional, con un mayor grado de participación de las instancias regionales en su distribución. Por otra parte se aumentan los niveles asignados al Poder Judicial, a los Servicios dependientes del Ministerio de Justicia y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
En el próximo ejercicio presupuestario se busca favorecer el crecimiento económico en concordancia con el de una mayor justicia social; enfatizándose, asimismo, lo relativo a la protección ciudadana.
Se contempla un endeudamiento público, de $ 253.202 millones correspondiendo en su mayor parte a recursos externos provenientes de organismos financieros internacionales, no afectándose en consecuencia las disponibilidades de crédito interno.
El artículo 3º del proyecto, otorga la autorización legal para contraer obligaciones destinadas a financiar el presupuesto fiscal. En su inciso segundo, se concede igual autorización para contratar créditos destinados a financiar proyectos a ejecutar en 1993 y su continuación en años posteriores. En atención a las características de este tipo de endeudamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución Política de la República se hace necesario que este artículo sea aprobado con quórum calificado.
Los artículos 4º al 14 mantienen, en términos generales, la estructura de la normativa de similar tenor y objetivo aprobada en el presupuesto del presente año, aplicable a los organismos del sector público, y que contiene regulaciones específicas relativas a procedimientos, autorizaciones y limitaciones sobre identificación de proyectos de in-versión, dotaciones de personal y vehículos; adquisición y arriendo de equipos de procesamiento de datos; operaciones de leasing; transferencias y demás necesarias para la ejecución presupuestaria.
Las normas, respecto de la situación del personal interino y contratado e incompatibilidad entre cargos de planta y a contrata, que se estima necesario mantener por el año 1993, se proponen en los artículos 15 al 17. El artículo 18 contempla un mecanismo de reducción de las dotaciones máximas de los Servicios basado en una reposición parcial del personal que cese en funciones durante el ejercicio.
Los artículos 19 y 20 autorizan a efectuar en el mes de diciembre del año en curso, los procesos necesarios para la implementación de la Ley de Presupuestos.
El artículo 21 contiene una prórroga de la vigencia de la bonificación a la mano de obra, aplicable en las zonas extremas, establecidas en el Decreto Ley N° 889, de 1975.
Finalmente, el proyecto que se propone se ha estructurado sobre la base de mantener la estabilidad económica y equilibrio alcanzado, teniendo presente la incidencia del gasto público y ahorro, en los niveles de inversión y en los esfuerzos por continuar reduciendo los porcentajes de inflación.
Dentro del plazo que establece la norma constitucional citada, tengo el honor de someter a vuestra consideración para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
"I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS
Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1993, según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:
Artículo 2º.- Apruebanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1993 a las Partidas que se indican.
II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 3º.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, hasta por la cantidad de $ 57.698.833 miles que, por concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US $ 1.100.000 miles moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. En todo caso, la parte de endeudamiento en el país no podrá exceder del 20% de la suma indicada.
Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1993, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.
La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer.
Artículo 4º.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítem 61 al 74 y 80 al 97, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. En la identificación de los proyectos con cargo a los ítem del subtítulo 30, no será necesario determinar la cantidad destinada a cada proyecto.
La identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior.
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a diez millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 3% del presupuesto de inversión de la respectiva región.
Los Intendentes Regionales podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos de inversión aprobados para la Región correspondiente de acuerdo con lo establecido en los incisos segundos y tercero de este artículo. Estos contratos deberán adjudicarse a través del mecanismo de propuestas públicas.
La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítem 53 "Estudios para Inversiones". En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.
Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.
Autorízase para efectuar en el mes de diciembre de 1992, las publicaciones de llamado a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en 1993, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichas publicaciones de estudios y proyectos de inversión, que se incluyan en decretos de modificaciones presupuestarias de 1993, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.
Artículo 5º.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de Estado.
Igual autorización requerirán la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y las prórrogas o modificaciones de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.
Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, que hayan sido sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda y que mantengan las condiciones pactadas, no necesitarán renovar su aprobación.
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que dispone el artículo 4a de la presente ley.
Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuestas públicas o privadas con la participación de a lo menos tres proponentes, la adquisición de los equipos a que se refiere este artículo.
Artículo 6º.- El número de horas extraordinarias año afectas a pago, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábado, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.
Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de Servicios podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un número de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.
Artículo 7º.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casa habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Artículo 8º.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo la disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.
Artículo 9º.- Los servicios públicos de la administración civil del Estado necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.
Igual autorización requerirán los servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos.
Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo anterior hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.
Artículo 10.- Los recursos a que se refiere el artículo 38 del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, que correspondan a la comuna indicada en el número 2 del artículo 46 del Decreto Ley Nº 2.868, de 1979, en tanto no se efectúe la instalación de la Municipalidad respectiva, serán entregados por el Servicio dé Tesorerías al Intendente de la XII Región, para su utilización en el área jurisdiccional de las comunas a que se refiere dicho artículo.
Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes muebles con opción de compra del bien arrendado.
Artículo 12.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto Ley Nº 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1993 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1992 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:
65% al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado;
10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y
25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.
La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 17.174 y en el Decreto Ley Nº 2.569, de 1979.
No regirá tampoco en cuanto a las enajenaciones cuyos saldos de precios sean objeto de rebajas de intereses, condonaciones, reprogramaciones, exenciones de pago o consolidaciones, en virtud de disposiciones legales dictadas o que se dicten al efecto.
Artículo 13.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.
No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable.
El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaría directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.
Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.
Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate. Facúltase al Presidente de la República para que por decreto del Ministerio de Hacienda reglamente y establezca los procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en el presente inciso.
Artículo 14.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora y/o determinar las condiciones o modalidades del reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad.
Artículo 15.- El personal regido por la Ley Nº 18.834 que al 31 de diciembre de 1992 cumpla funciones en calidad de interino, podrá conservar dicha calidad durante la vigencia de la presente ley.
Artículo 16.- Sustitúyese, en el artículo 6º transitorio de la Ley Nº 18.834, modificado por el artículo 16 de la Ley Nº 19.103, la referencia "1º de enero de 1993" por "1º de enero de 1994".
Artículo 17.- Suspéndese, durante el año 1993, la aplicación de la letra d) del artículo 81 de la Ley Nº 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo Servi-cio. Esta suspensión no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 1992.
Artículo 18.- Durante el año 1993, sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los Servicios que tengan fijada dotación máxima en esta ley, por el cese de funciones de su personal causada por la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.
Esta norma no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directivos.
El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta.
Artículo 19.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1a de enero de 1993, sin perjuicio de que puedan dictarse en el mes de diciembre de 1992 los decretos a que se refieren los artículos 3º y 4º y las resoluciones indicadas en dicho artículo 4º.
Artículo 20.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 4º de esta ley.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, la autorización previa que prescribe el artículo 22 del Decreto Ley Nº 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9º de la Ley Nº 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.
La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refiere el artículo 5º de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda.
Artículo 21.- Sustitúyese, en el inciso final del artículo 24 de la Ley Nº 18.591, la referencia al año "1992" por año "1993".
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Hacienda.
Cámara de Diputados. Fecha 17 de noviembre, 1992. Informe Comisión Legislativa en Sesión 20. Legislatura 325.
?La presente Historia de la Ley no cuenta con el Informe de Comisión Especial Mixta de Presupuesto de que trata el proyecto de ley. Sin embargo, la Biblioteca del Congreso Nacional cuenta con el siguiente antecedente: "Se da cuenta de dicho informe en la Sesión 20ª de la Legislatura 325, con fecha 17 de noviembre del 1992 en la Cámara de Diputados”.
Fecha 18 de noviembre, 1992. Diario de Sesión en Sesión 21. Legislatura 325. Discusión Informe Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Se aprueba en general y particular.
LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1993.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Corresponde discutir el informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1993.
Diputado informante de la Primera Subcomisión, es el señor Gustavo Ramírez.
El proyecto impreso en el boletín N° 809-05 figura en el N° 5 de los documentos de la Cuenta de la sesión 20°, celebrada el 17 de noviembre de 1992.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ramírez.
El señor RAMIREZ.-
Señor Presidente, me corresponde informar las Partidas Tesoro Público, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y Mideplan. Los informes correspondientes quedan a disposición de los Honorables colegas y se encuentran en detalle en el boletín N° 809-05.
Junto con estudiar pormenorizadamente cada Partida y oír los planteamientos de los señores Ministros, Subsecretarios y jefes de servicio, en representación de sus respectivos ministerios y organismos, el debate se centró básicamente en cuatro aspectos. Me referiré solamente a los puntos en los cuales surgieron divergencias en la Comisión, con el objeto de que los señores Diputados puedan colegir sobre la materia de que se trate.
Primer aspecto. Si la ejecución del Presupuesto de 1992 excedió o no los montos totales autorizados por el Congreso Nacional.
Sobre este asunto, algunos señores parlamentarios de Oposición argüyeron que en la ejecución presupuestaria de 1991, el Ejecutivo incurrió en mayor gasto que el autorizado por el Congreso. El Ejecutivo, en tanto, representado por el Director de Presupuestos, exhibió cifras que permiten afirmar que la ejecución presupuestaria de ese año se ajustó a los montos máximos aprobados por el Parlamento.
En relación con la ejecución presupuestaria de 1992, los parlamentarios de Oposición adujeron que, conforme a las declaraciones del propio Ministro de Hacienda, estaría sobreexcedida en 80.000 millones de pesos si se realizan, como se tiene previsto, prepagos de la deuda del Banco Central y a los acreedores extranjeros.
A su turno, el Ejecutivo señaló que la ejecución presupuestaria durante el primer semestre es inferior al 50 por ciento del total del presupuesto aprobado para el año, y que en algunos casos no se hicieron efectivos los pagos comprometidos en el Presupuesto de 1991, los cuales deben contabilizarse como gastos en 1992.
Segundo aspecto. Se debatió si es o no legalmente posible incurrir en mayor gasto que lo autorizado por la Ley de Presupuestos.
Los señores parlamentarios de Oposición, sin pronunciarse sobre el mérito o demérito de las políticas fiscales y monetarias que ha desarrollado el Ejecutivo, hicieron presente su opinión de que los preceptos constitucionales que regulan el manejo de las finanzas públicas impiden al Administrador incurrir en mayores gastos que los autorizados por la Ley de Presupuestos, y que los excesos presupuestarios que se han señalado, amparados en las normas del decreto ley N° 1.263, sólo están señalando que dicho cuerpo legal contiene disposiciones contrarias a la Constitución, situación que amerita resolverse mediante la correspondiente reforma en este proyecto de ley.
Igualmente, y sobre la base de un informe del profesor de Derecho Constitucional señor Enrique Evans, argumentaron que la regulación de la flexibilidad presupuestaria de que debe gozar el Ejecutivo ha de establecerse en normas de rango legal, en cumplimiento del mandato constitucional que así lo exige.
Frente a estos planteamientos, tanto los parlamentarios de la Concertación como el Director de Presupuestos señalaron que desde 1975, fecha de la dictación del decreto ley N° 1.263, el Ejecutivo se ha excedido en el gasto presupuestario. Así, en 1987 incurrió en un mayor gasto del orden del 4,5 por ciento, lo que representa 57.700 millones de pesos de la época; en 1988, del 24,3 por ciento, lo que equivale a 360.400 millones de pesos, y en 1989, casi en un 39 por ciento, lo que significan 610.272 millones de pesos.
Hasta ahora, nadie había formulado críticas respecto de este proceder. Es más, la Contraloría General de la República, desde la vigencia de dicho cuerpo legal, ha cursado sin reparos ni alcances todos los decretos de gastos expedidos por el Gobierno. Además, y no obstante ser muy respetable la opinión del constitucionalista citado, el Gobierno también tiene antecedentes e informaciones en Derecho que avalan la corrección de los procedimientos empleados, como los de los señores Cea, Bascuñán y Precht.
En todo caso, el Ministro de Hacienda, presente en una de las sesiones que celebró la Subcomisión, manifestó su predisposición a debatir y, en su caso, proponer modificaciones a la Ley Orgánica de Administración Financiera, con el fin de perfeccionar sus normas.
Tercer aspecto. La forma cómo se informa del Presupuesto al Parlamento.
Los parlamentarios de Oposición estimaron que los procedimientos empleados son deficientes y postularon que se estableciera un sistema de información periódica, en virtud del cual el Congreso Nacional pudiera tener información de primera mano sobre la ejecución del Presupuesto unas tres o cuatro veces al año, especialmente sus Comisiones de Hacienda.
Si bien el Gobierno estima que la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento es suficientemente fluida, a través del Ministro de Hacienda se manifestó llano a estudiar fórmulas que permitan una información oportuna al Parlamento sobre esta materia.
Cuarto aspecto. Debate por los parlamentarios de Oposición sobre el aumento en los gastos por honorarios.
Sobre este rubro, adujeron que este presupuesto alcanza a casi 17.000 millones de pesos, cifra que estiman excedida, con la cual se pagan, en algunos casos, remuneraciones superiores a la renta media de los funcionarios públicos.
Por lo tanto, hicieron presente que se abstendrían de votar las glosas relativas a gastos en personal, convenios con personas naturales, por estimar excesivas las cifras destinadas al pago de honorarios.
El Ejecutivo señaló que gracias a los recursos de la reforma tributaria, el Gobierno ha podido regularizar la situación de muchas personas contratadas a honorarios, transfiriéndolas a cargos de planta
0a contratas. De este modo, la política que inspira al Gobierno ha sido de austeridad, y el leve aumento que experimenta el Presupuesto de 1993 por este concepto obedece a la necesidad de suplir, mediante esta modalidad, las carencias que afectan principalmente al sector salud.
En general, las Partidas estudiadas todas aprobadas fueron objeto de pocas modificaciones, producto de indicaciones formuladas por el propio Ejecutivo.
La Partida Tesoro Público experimentó una sola enmienda, que recayó en el Programa 02, Subsidios, en que se aprobó una indicación que reemplaza la glosa 04, recaída en el ítem 31.003, Bonificación Forestal, y decreto ley N° 889, de 1975, por otra que autoriza, con cargo a este ítem, dar cumplimiento a las bonificaciones y subsidios de las leyes N°s. 18.392, régimen aduanero y tributario para la Duodécima Región; 18.483, nuevo régimen legal para la industria automotriz, y 18.502, sobre impuestos a determinados combustibles.
La Partida correspondiente al Ministerio de Economía fue aprobada con dos enmiendas, ambas originadas en indicaciones del Ejecutivo.
La primera, que recae en el Programa 1 del Capítulo 06, Corporación de Fomento de la Producción, propone suprimir 90 millones de dólares en moneda extranjera en el ítem 81.005, Recolocación Préstamos BirfLeasing, y crea el ítem 81.007, Préstamos Intermediación Financiera, asignándole la suma de 90 millones de dólares, en moneda extranjera.
La segunda, tiene por objeto sustituir una frase en la glosa 05.
Finalmente, en relación con esta Partida, cabe advertir que en lo que respecta al Capítulo 04, Servicio Nacional de Pesca, la Subcomisión estima que puede existir un error de transcripción en la letra B) de la glosa 02, pues consigna como número de horas extraordinarias la cifra de 29.331, con un gasto de 14.652.000, siendo esta última cantidad idéntica a la señalada en la Ley de Presupuestos de 1992. Se sugiere que se revisen ambas cifras y, de comprobarse el error, se inviertan dichas cantidades.
Hecha la consulta en la Comisión de Presupuestos, no existía tal error y quedó en las condiciones en que estaba.
La Partida correspondiente al Ministerio de Hacienda fue aprobada con tres enmiendas introducidas a indicación del Ejecutivo.
En el Capítulo 03, Servicio de Impuestos Internos, se aprobó aumentar la dotación máxima de vehículos de 61 a 72, glosa 01, y en la letra A) de la glosa 02, sobre dotación máxima de personal, se agregó una frase en virtud de la cual la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9a del Estatuto Administrativo, ley N° 18.834, no regirá respecto de las contratas incluidas en esta dotación. La referida norma dispone que las contratas en un servicio no podrán exceder al 20 por dentó de los cargos de planta.
Finalmente, se aprobó una enmienda para eliminar la palabra "transitorio", que sigue a las expresiones "artículo 9a", en la glosa 02, letra B), del Capítulo 05, Servicio de Tesorerías, Programa 01.
La Partida 21, Mideplan, fue aprobada sin enmiendas, rechazándose por unanimidad una indicación del Ejecutivo para sustituir la glosa 04, Proyecto de Cooperación Técnica para Países en Desarrollo, Capítulo Agencia de Cooperación Internacional, por otra que permite, con cargo a ese ítem, efectuar todo tipo de gastos, directamente o mediante subcontratación con instituciones públicas y privadas, incluyéndose el de personal relacionado con convenios de cooperación internacional.
Es todo cuanto puedo informar sobre la Primera Comisión de Presupuestos.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, deseo formular una consulta al Diputado informante.
Cuando se refirió a los honorarios, ¿habló de 17.000 millones de pesos?
El señor RAMIREZ.-
Sí, señor Diputado.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento para que pueda ingresar a la Sala don Mario Marcel, Subjefe de Racionalización y Función Pública de Hacienda.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor LETELIER.-
Pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, sobre el procedimiento por el cual discutiremos este proyecto, ¿habrá una discusión general después de oír cada informe o haremos las consultas sólo después de escuchar todos los informes?
Planteo esto, con el objeto de utilizar una metodología adecuada.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Los acuerdos adoptados por los Comités señalan que a partir de las quince horas, iniciaremos la discusión general. Es decir, ahora escucharemos a los cinco señores Diputados informantes de las respectivas Subcomisiones.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, dada la complejidad de este proyecto, sugiero que al término de cada exposición de los Diputados informantes, se pueda otorgar un tiempo para realizar consultas cuando proceda, porque, de otra forma, se acumularán muchas consultas de aquí a las quince horas.
Por lo tanto, si fuera posible, pediría que se establecieran cinco minutos entre cada informe para realizar consultas.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Se seguirá con los acuerdos adoptados por los Comités; pero no veo inconveniente alguno para que al término de las exposiciones de los Diputados informantes, se hagan las consultas respectivas.
Tiene la palabra don Vicente Sota, Diputado informante de la Segunda Subcomisión.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, en ausencia, por razones fundadas, del Diputado señor Ringeling, que había sido designado como Diputado informante, procederé a relatar el informe de la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. Como los señores Diputados lo tienen en su poder, solamente resaltaré los aspectos más sobresalientes de cada Partida que figura en el informe: 01, Presidencia de la República; 04, Contraloría General de la República; 11, Ministerio de Defensa Nacional; 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno, y 22, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
La Subcomisión fue presidida por el Honorable Senador don Jaime Gazmuri, e integrada por los Senadores don Arturo Frei y don Sergio Onofre Jarpa, y por los Diputados señores Federico Ringeling y quien habla. Secretario de la Comisión fue don César Bergüño Benavente, Secretario de la Comisión de Hacienda del Senado.
La Partida 01, Presidencia de la República, consulta ingresos ascendentes a 2.370.088.0pesos, constituidos básicamente por aporte fiscal.
El presupuesto en moneda extranjera de la Presidencia de la República, que es de 756.000 dólares, refleja austeridad, ya que se mantienen niveles similares, en monedas del mismo valor, al de 1992.
Ante una consulta del Diputado señor Ringeling, se informó que el costo de los viajes al exterior que hace el Jefe del Estado, están contemplados en la Partida del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que en el Presupuesto en dólares de la Presidencia de la República, sólo figuran bienes y servicios, como gastos de comitiva y algunas adquisiciones que es necesario hacer en el extranjero.
La Segunda Subcomisión, después de analizar los antecedentes, aprobó por unanimidad y sin modificaciones esta Partida de la Presidencia de la República.
La Partida 04, Contraloría General de la República, consulta ingresos por 5.154.073.0pesos.
Esta repartición no consulta gastos en moneda extranjera. La Comisión acordó por unanimidad enviar oficio al Ministro de Hacienda para que suplemente el Presupuesto en 52.000 dólares, para la fiscalización que la Contraloría hace en el exterior de misiones de las Fuerzas Armadas, de la Corfo, del servicio exterior y otras.
La Segunda Subcomisión también aprobó por unanimidad esta Partida, sin enmiendas, en general y en particular.
A continuación, paso a informar la Partida Ne 11, Ministerio de Defensa Nacional, que incluye al Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros de Chile e Investigaciones, y a los servicios autónomos y descentralizados que dependen de él.
El presupuesto de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que se denominan como tales sólo al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea, ha tenido una evolución, entre 1989 y 1993, de 197.865.240.0a 208.210.907.000 de pesos, lo cual indica un aumento, en moneda real, del 5,23 por ciento.
Los señores Diputados pueden ver las variaciones en pesos del aporte fiscal a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en los cuadros muy gráficos que aparecen en el informe y que me ahorran mayores explicaciones.
En todo caso, es interesante destacar el cuadro correspondiente al presupuesto de las Fuerzas Armadas en relación con el Producto Geográfico Bruto, es decir, con la riqueza de la nación. El informe señala que el presupuesto de 1991 para sus tres ramas alcanzó según cifras entregadas por el Ministro de Defensa al 2,28 por ciento del PGB, porcentaje que bajará a 2,04 en 1993.
Aunque no figura en el informe, hice presente al señor Ministro que sus cifras no coinciden con las de otros estudios que incluyen la previsión de las Fuerzas Armadas como parte proporcional del gasto que debe ser hecho por el Fisco, y que hacen montar el gasto de su presupuesto al 3,3 por ciento del Producto Geográfico Bruto.
El señor Ministro hizo algunas comparaciones entre el presupuesto bélico de la nación y el gasto fiscal en educación, vivienda, salud y previsión. En todo caso, aunque no citó todos los guarismos, ellos se aproximan a los siguientes: el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo consume el 4,99 casi el 5 por ciento del Presupuesto nacional; el Ministerio de Salud, el 5,9; el Ministerio de Educación, el 13,2 y el Ministerio de Defensa, el 10,6.
Hay que hacer la salvedad de que las áreas reservadas del cobre no están incluidas en este monto, el cual se refiere solamente al Presupuesto Nacional.
El criterio aplicado por el señor Ministro para explicar las cifras de este presupuesto fue el de continuidad operativa, manteniendo el actual nivel de fuerza y otorgando especial opción al entrenamiento, a la educación y a la capacidad de disuasión y de defensa del país.
Más adelante el informe hace referencia a mi observación respecto de la comparación que fluye del gasto fiscal efectuado en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Manifesté que existen desbalances notorios, puesto que el Presupuesto consulta el 42 por ciento del gasto para el Ejército, el 38 para la Armada y sólo el 20 para la Fuerza Aérea, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que, de manera bastante mecánica, debe reproducirse año tras año, en virtud de las disposiciones llamadas del "piso", estipuladas en ella.
También hice alusión debería constar en el informe a los gastos comparativos efectuados en otros países de América Latina respecto de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con informes de la Cepal, nuestro país ocupa el cuarto lugar en América Latina por concepto de gastos militares. Los porcentajes van desde el 7,4 por ciento, en el caso de Cuba, hasta el 0,0 por ciento, en el de Costa Rica. En el intervalo figuran Perú, con 6,5; El Salvador, con 3,5; Chile con 3,3; Argentina con 1,5; Venezuela, con 1,6; Colombia, con 1,0 y Brasil con 0,9 por ciento del PGB.
En seguida, el Ministro hizo referencia a los presupuestos específicos de la Subsecretaría de Guerra, es decir, del Ejército, de la Aviación y de la Armada. Las cifras aparecen en el informe que los señores Diputados tienen en su poder, de tal manera que no es necesario repetirlas. En todo caso, hay una cifra muy importante que deben retener los señores Diputados: el 65,5 por ciento del Presupuesto del Ejército se gasta en personal, cifra que el propio Comandante en jefe, en una clase magistral, reconoció que era muy alta y que podría reducirse. El Ministro de Defensa también coincidió en que ese ítem podría reducirse para hacer mayores inversiones en gastos operacionales.
Como en el informe también figura una relación del aporte fiscal desde 1989 hasta 1993 en cada una de las tres ramas, no repetiré las cifras.
Antes de terminar la discusión del presupuesto de la Subsecretaría de Guerra, volví a presentar en la Subcomisión una indicación para rebajar los gastos del personal del Ejército que afecta a los ex funcionarios de la CNI, la que no obstante ser declarada admisible, no fue aprobada. Por la afirmativa votaron el Senador Gazmuri y el que habla; y por la negativa, los Senadores Jarpa, Frei y el DiputadoRingeling.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor HAMÜY (Vicepresidente).-
¡Ruego a los señores Diputados guardar silencio!
El señor SOTA.-
En todo caso, anuncié que dicha indicación será presentada nuevamente.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Señor Diputado, le hago presente que le restan 6 minutos, porque el acuerdo de los Comités fue otorgar 20 minutos a cada Diputado informante. Puede continuar Su Señoría.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, en realidad ésta es la partida más importante; los señores Diputados podrán consultar las restantes en el informe.
En todo caso, tanto en lo relativo al presupuesto del Ejército como al de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, este año hubo un caudal de información muy superior al del pasado, lo cual se refleja en las cifras contenidas en el informe.
El gasto de la Armada en personal repito las cifras más importantes, en comparación con el 65,5 por ciento del Presupuesto del Ejército sólo alcanza al 50,3 por ciento de su presupuesto, y el de la Fuerza Aérea, el 51,9 por ciento.
Hay una reiteración del Diputado que habla, en el sentido de que el Presupuesto de la Fuerza Aérea aparece desequilibrado y en desventaja frente al de las otras ramas de las Fuerzas Armadas.
A continuación, el Ministro y sus asesores nos dieron a conocer los presupuestos de Carabineros e Investigaciones.
El de Carabineros ha subido desde 1989, en términos reales, en 30 por ciento. De las 4.400 nuevas plazas autorizadas por el proyecto de ley aprobado por el Congreso, ya están en servicio activo 3.300 carabineros, y 1.100 lo harán a fines de 1993.
Hay una relación muy importante sobre los gastos que viene realizando Carabineros en equipos especializados, tales como helicópteros, vehículos patrulleros, buses, furgones, "jeeps", equipos de telecomunicaciones, etcétera, que justifican este mayor gasto del 30 por ciento.
No sucede lo mismo con el presupuesto de Investigaciones, que no tuvo un aumento tan espectacular como el de Carabineros, pero hay un notable incremento del aporte fiscal, reflejado en las cifras del informe.
En todo caso, hay un aspecto muy importante de recalcar: la mayor efectividad que denota la acción de Investigaciones en lo que respecta al esclarecimiento de los delitos investigados. Dicha efectividad, medida en porcentajes, va desde el 44 por ciento, en 1990, al 48, en 1991, y sube al 50 en el primer semestre de este año. Cuando dicho esclarecimiento se refiere a homicidios, la efectividad de Investigaciones es realmente espectacular, pues va desde el 86 por ciento, en 1990, hasta, prácticamente, el ciento por ciento, en 1992.
Hay otras reparticiones de menor importancia, como la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa, dependiente de la Dirección General de Movilización y del Ministerio. Pero es muy importante, por la cuantía de los recursos asignados, la Dirección General de Deportes y Recreación.
Aquí me permito hacer una referencia que puede interesar especialmente a los parlamentarios de la Quinta Región, puesto que la Digeder no la considera en la inversión regional. La explicación que da es que en ella no hay terrenos fiscales donde ejercitar tales inversiones. Es un asunto que dejo abierto a la consulta que los parlamentarios de la Quinta Región quieran hacer de manera directa a la Digeder.
El Instituto Geográfico Militar, por su parte, dio cuenta de la disminución de sus entradas debido a la presentación de un recurso de protección en su contra, para impedirle editar algunas obras que contribuían al financiamiento suyo. En todo caso, ahí están las cifras de la inversión y operación, que suben a más de dos millones de dólares.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada también dio cuenta muy completa de su acción; igualmente la Dirección de Aeronáutica Civil, en donde la explicación se fundó en las importantes inversiones en la construcción y ampliación de la segunda etapa del aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, que ustedes encontrarán en el informe.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, por lo menos, déjeme mencionar los títulos que faltan.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Señor Diputado, esos son los acuerdos de Comités y no hay quorum en la Sala para prorrogar el tiempo. O sea, aunque hubiese unanimidad, no se le podría prorrogar su tiempo. No hago más que cumplir con el Reglamento.
Tiene la palabra el señor Alfonso Rodríguez, Diputado informante de la Tercera Subcomisión.
El señor RODRIGUEZ (don Alfonso).-
Señor Presidente, a la Tercera Subcomisión Especial de Presupuestos le correspondió analizar las partidas relativas al Poder Judicial y a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia, del Trabajo y Previsión Social y de Salud, propuestas en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el próximo año.
Para un tratamiento más ordenado de las materias sometidas a conocimiento de la Subcomisión, efectuaré un análisis por partida e indicaré los aspectos más relevantes de cada una.
Partida 03, Poder Judicial, está integrada por dos capítulos que se refieren a éste y a su Corporación Administrativa.
El presupuesto propuesto para el Poder Judicial plantea ingresos y gastos por un total de 23.441.079.000 pesos.
En lo fundamental y en forma global, se observa que el proyecto de presupuesto del Poder Judicial establece un gasto que representa un aumento nominal del 37,2 por ciento, en relación con el presupuesto inicial de 1992. Asimismo, el gasto que demanda el Poder Judicial en relación con el total del sector público, subió del 0,48 por ciento, que tenía en 1991, a 0,50 por ciento, en 1992, y para 1993 será del orden del 0,61 por ciento.-
El presupuesto asignado al Poder Judicial para 1993 aumenta, en términos reales, en un 10,9 por ciento, en relación al presupuesto inicial de 1992, porcentaje inferior al anunciado según el plan quinquenal; pero que se explica, según lo informado por el Ministerio de Hacienda, ya que debe tenerse presente que en las cifras contenidas en el presupuesto sólo tienen en consideración las leyes en vigencia, y por consiguiente, las normas legales que faltan por aprobar deberán incorporar el financiamiento adicional correspondiente. Entre esas están, por ejemplo, el mejoramiento de remuneraciones y la creación de nuevos juzgados en 1993.
En el rubro "Gastos en personal", no se incluye el financiamiento correspondiente para doce nuevos juzgados que postula crear el Poder Judicial dentro del plan quinquenal, así como tampoco para todos los cargos a contrata solicitados para los tribunales ni para los once cargos a contrata pedidos para la Corporación Administrativa.
En la inversión real, no se consigna la habilitación de los juzgados que se postulan para 1993, como tampoco fondos para el programa de renovación de mobiliarios y máquinas de oficinas, porque en este último caso la cifra concedida, bastante inferior a la pedida, que era del orden de los 267 millones, es de sólo 111 millones.
No se han establecido fondos para reponer los Juzgados de Letras de Copiapó y San Fernando, de Letras y Menores de Linares, que se incendiaron, y de Quirihue; para la construcción de los diez nuevos Juzgados del Crimen de Santiago y el traslado de otros seis, gasto que asciende a 1.500.000.000 de pesos.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial puso de relieve el grave déficit de funcionarios 'que tiene este Poder del Estado, que cuenta con 4.159 funcionarios y 329 tribunales, lo que da un promedio de 12 funcionarios y fracción por tribunal.
En lo que dice relación con los funcionarios a contrata, el proyecto aumenta en 20 el número de cargos, en circunstancias de que se habían solicitado 140. Actualmente, hay 60 cargos a contrata, que unidos a los 20 que se contemplan para 1993, hacen un total de 80.
Vuestra Subcomisión, luego de analizar detenidamente el presupuesto propuesto para el Poder Judicial, procedió a aprobar, por unanimidad, los ingresos y gastos contenidos en los dos Capítulos de esta Partida, sin modificaciones.
Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta Partida consulta ingresos y gastos por 6.753.852.000 pesos, moneda nacional, e ingresos y gastos por 99.292.0dólares, moneda extranjera.
El Ministro de Relaciones Exteriores expresó que el presupuesto de la Secretaría de Estado a su cargo consta de cuatro partes o capítulos, las cuales se administran por vías diferentes.
Explicó que cada una de estas partes o secciones tienen verdaderos presupuestos independientes, que se integran en una unidad mayor, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Capítulo 01, Secretaría y Administración General y Servicio Exterior, contempla ingresos y gastos por 4.086.830.0pesos, moneda nacional, y 80.963.0dólares, moneda extranjera.
En relación con el subtítulo 25, ítem 31, asignación 003, Convenio Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Ejecutivo acogiendo una observación formulada por la Honorable Senadora Feliú hizo indicación para agregar la siguiente glosa 05, nueva: "Sólo podrán efectuarse gastos establecidos en el anexo de presupuesto del convenio.". La Subcomisión, por unanimidad, aprobó esta indicación.
Asimismo, recogiendo un planteamiento efectuado por la Honorable Senadora señora Feliú y el Diputado que habla, el Ejecutivo formuló indicación para sustituir la glosa 05 que pasa a ser 06del subtítulo 25, ítem 31, asignación 004, Programa de Reuniones Internacionales, por la siguiente: "06: Se podrá efectuar todo tipo de gastos relacionados con la organización de reuniones internacionales que se efectúen en el país, incluida la contratación de servicios de personales a honorarios, tales como secretarios bilingües, taquígrafos, dactilógrafos y traductores.". La Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo.
El Capítulo 02, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, consulta ingresos y gastos por 1.295.739.0pesos, moneda nacional, y 18.329.0dólares, moneda extranjera. La Subcomisión aprobó este Capítulo, sin enmiendas.
Los acuerdos fueron adoptados por unanimidad, con las excepciones que a continuación se indican:
1.El subtítulo 21, "Gastos en Personal", y su glosa 02, fueron aprobados con el voto favorable de las Senadoras señoras Feliú y Soto del Senador señor Papi, y la abstención de quien habla.
2.Las asignaciones 004 y 005, del subtítulo 25, ítem 31, y su glosa 04 fueron aprobadas con el voto favorable de la Senadora señora Soto, de los Senadores señores Diez y Papi y la oposición de la señora Feliú.
El Capítulo 03, Dirección de Fronteras y Límites del Estado, consulta ingresos y gastos por 508.344.000 pesos. La Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo, sin modificaciones.
El Capítulo 04, Instituto Antártico Chileno, consulta ingresos y gastos por 862.939.0 pesos.
El Ejecutivo acogiendo una observación formulada por la Senadora Feliú, en cuanto a la conveniencia de explicitar en forma más detallada las glosas que enseguida señalo formuló indicación para efectuar las siguientes modificaciones en las glosas 04 y 05, a las asignaciones 029, "Consejo de Política Antártica", y 030, "Programas de Investigación", respectivamente, del ítem 33, del Subtítulo 25.
a)En la glosa 04, sustituir la parte que dice: 'Tara los fines que disponga el Consejo de Política Antártica", por la siguiente: "Para los fines que disponga el Consejo de Política Antártica, en directa relación con la operación, mantención y desarrollo de actividades en la Antártica, incluidos los gastos de las expediciones científicas que determinen", y
b)En la glosa 05, intercalar, a continuación de la expresión "privado", sustituyendo el punto (.) por una coma (,), lo siguiente: "destinados a la investigación que se estipule mediante convenio.".
La Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo, con las modificaciones contenidas en la indicación precedentemente señalada.
Partida 10, Ministerio de Justicia. Esta Partida contempla ingresos y gastos por 58.403.017.0 pesos.
En lo referente al Capítulo 01, Secretaría y Administración General, se plantea un aumento de dotación de 16 cargos. Se consideran 180.772.000 pesos como aporte nacional para un proyecto que se financia, además, con cooperación internacional y que alcanza a los 691.399.000 pesos, destinados a crear locales, talleres e infraestructura para capacitación de reclusos y sistemas de asesorías y seguimiento de los reos que se encuentran en libertad condicional.
Existen programas que deben comenzar durante el año en curso y que continuarán en 1993, como obras de arrastre, por un total de 6.002.973.000 pesos. Además, hay programas para obras nuevas que comenzarán en 1993, los que ascienden a la suma de 1.952.828.000 pesos.
Existe, asimismo, una inversión no regionalizable de 800 millones por la venta de la Cárcel Pública de Santiago, cuyos fondos se destinarán a financiar el proyecto Colina II.
Referente al Servicio de Registro Civil e Identificación, tiene un aumento de dotación de cien cargos, a los que deben agregarse veinte especialistas computacionales que se contratarán a suma alzada.
Se contemplan 613 millones para equipamiento y reposición de vehículos. Hay un aumento de 223 millones destinados a la reparación de oficinas regionales del servicio.
En cuanto al Servicio Médico Legal, existe un aumento de 21 cargos y de 374 horas médicas a lo largo del país, destinados a mejorar la calidad del servicio.
El Capítulo 04, referente a Gendarmería de Chile, incluye un aumento de 1.336 millones en gastos en personal, destinados a financiar un incremento en la dotación y un aumento de las horas extraordinarias. Se contempla incrementar en 300 cargos la dotación del servicio.
En cuanto al Capítulo 07, relativo al Servicio Nacional de Menores, en el Programa 01, el tradicional, se crean veinte cargos nuevos para aumentar la fiscalización en regiones.
La Partida correspondiente a este Ministerio consta de ocho capítulos.
El Capítulo 01, Secretaría y Administración General, consulta ingresos y gastos por 11.313.837.000 pesos.
El Ejecutivo presentó indicaciones a instancia de los parlamentarios, las que la Subcomisión, por unanimidad, aprobó.
La Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo, con las enmiendas contenidas en las mencionadas indicaciones.
El Capítulo 02, Servicio de Registro Civil e Identificación, contempla ingresos y gastos por 6.678.731.000 pesos. La Subcomisión lo aprobó por unanimidad, sin modificaciones.
El Capítulo 03, Servicio Médico Legal, contempla ingresos y gastos por 1.037.486.0pesos. La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó, sin enmiendas.
El Capítulo 04, Gendarmería de Chile, consulta ingresos y gastos por 20.201.353.0 pesos. Se contempla un incremento de dotación de 300 plazas para 1993. La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó en los términos propuestos.
El Capítulo 05, Fiscalía Nacional de Quiebras, consulta ingresos y gastos por 249.256.0pesos. La Subcomisión lo aprobó unánimemente, sin modificaciones.
El Capítulo 06, Consejo de Defensa del Estado, consulta ingresos y gastos por 1.620.115.0pesos. La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó en los términos propuestos.
El Capítulo 07, Servicio Nacional de Menores, Programa 01, Servicio Nacional de Menores, contempla ingresos y gastos por 16.373.809.000 pesos. La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó sin enmienda.
El Programa 02, Programas de Administración Directa y Proyectos Nacionales, consulta ingresos y gastos por 1.874.611.0 pesos. La Subcomisión lo aprobó unánimemente, sin modificaciones y El Capítulo 08, Oficina Nacional de Retomo, consulta ingresos y gastos por 1.049.041.0pesos. La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó en los términos propuestos.
Partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esta Partida consulta ingresos y gastos por 1.275.475.154.000 pesos.
El aumento presupuestario contemplado para el próximo año para esta Secretaría de Estado asciende a 8,5 por ciento real. Se contemplan más recursos para las tareas de fiscalización y administración laboral realizadas por la Dirección del Trabajo.
La Partida correspondiente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social consta de once capítulos.
El Capítulo 01, Subsecretaría del Trabajo, Programa 01, Subsecretaría del Trabajo, consulta ingresos y gastos por 682.297.0pesos.
Atendidas las circunstancias de que los gastos en viáticos que consultaba el proyecto resultaban excesivos, se formuló indicación para efectuar diversas modificaciones en la glosa 02, al subtítulo 21, "Gastos en personal", con el objeto de disminuir los montos consultados para viáticos.
La Subcomisión, por unanimidad, aprobó este programa, con las modificaciones contenidas en la indicación precedentemente señalada.
Programa 02, Capacitación de Desarrollo de la Educación Técnica. Consulta ingresos y gastos por 15.476.891.000 pesos.
El Ejecutivo, recogiendo en la mayoría de los casos observaciones formuladas por la Senadora señora Feliú, presentó indicación para efectuar enmiendas en varias glosas.
La Subcomisión, por unanimidad, aprobó este programa con las modificaciones contenidas en la indicación precedentemente señalada.
Capítulo 02, Dirección del Trabajo. Consulta ingresos y gastos por
4.498.102.0 pesos.
Se plantea un incremento de 15 por ciento en el Presupuesto, un aumento de dotación de 115 personas, fundamentalmente para labores de fiscalización, y 12 vehículos adicionales.
Asimismo, se consulta un incremento en horas extraordinarias, principalmente para efectuar labores de fiscalización de trabajos que se efectúan en horarios nocturnos o días festivos.
Vuestra Subcomisión aprobó este Capítulo sin enmiendas.
Capítulo 03, Subsecretaría de Previsión Social. Contempla ingresos y gastos por 141.827.000 pesos.
Vuestra Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo, sin enmiendas.
Capítulo 04, Dirección General de Crédito Prendario. Consulta ingresos y gastos por 8.330.426.000 pesos.
Vuestra Subcomisión aprobó unánimemente este Capítulo en los mismos términos propuestos.
Capítulo 05, Programa 01, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Consulta ingresos y gastos por 1.900.688.000 pesos.
El Ejecutivo formuló indicación, a fin de corregir un error en gastos en viáticos al exterior.
La Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Programa, con la modificación contenida en la indicación precedentemente indicada.
Programa 02, Programa Capacitación de Jóvenes. Contempla ingresos y gastos por $ 59.407.000.
La Subcomisión aprobó por unanimidad este Programa, sin modificaciones.
Capítulo 06, Superintendencia de Seguridad Social. Consulta ingresos y gastos por 626.892.000 pesos.
La Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo, sin enmiendas.
Capítulo 07, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. Contempla ingresos y gastos por 1.109.608.0pesos.
La Subcomisión, por unanimidad, aprobó este. Capítulo en los mismos términos propuestos.
Capítulo 08, Instituto de Normalización Previsional. Consulta ingresos y gastos por 948.704.995.000 pesos.
La Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo.
Capítulo 13, Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Contempla ingresos y gastos por 189.750.390.000 pesos.
La Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo en los mismos términos propuestos.
Capítulo 14, Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. Contempla ingresos y gastos por 111.630.068.000 pesos. La Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo en los mismos términos propuestos.
Partida 16, Ministerio de Salud.
Esta Partida consulta un presupuesto de ingresos y gastos de 426.404.478.000 pesos y de 1.168.000 dólares.
Consta de seis Capítulos.
Cabe destacar que esta Partida tiene, además, una glosa de carácter general común para todos los Capítulos que la Subcomisión aprobó, por unanimidad, sin enmiendas.
Capítulo 01, Subsecretaría de Salud, Programa 01, Consulta ingresos y gastos por 5.374.643.000 pesos.
La Subcomisión aprobó este Programa.
Programa 03, Inversión Sectorial de Salud. Contempla ingresos y gastos por 42.946.501.0 pesos.
La Subcomisión, por unanimidad, aprobó, este Programa sin enmienda.
Capítulo 02, Fondo Nacional de Salud. Contempla ingresos y gastos por 327.784.209.0pesos y por 1.168.000 dólares.
La Subcomisión aprobó unánimemente este Capítulo en los mismos términos propuestos.
Capítulo 03, Servicios de Salud. Consulta ingresos y gastos por 279.737.809.0pesos. Se aprobó en los mismos términos propuestos.
Capítulo 04, Instituto de Salud Pública de Chile. Contempla ingresos y gastos por 2.375.422.000 pesos.
Se aprobó unánimemente sin modificaciones.
Capítulo 05, Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Consulta ingresos y gastos por 47.594.352.0 pesos.
La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó sin enmiendas, dejando consignadas en el informe algunas constancias.
Capítulo 08, Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional. Contempla ingresos y gastos por 702.130.000 pesos.
La Subcomisión aprobó este Capítulo, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, la Tercera Subcomisión tiene el honor de proponer que se adopten los siguientes acuerdos, en relación con las Partidas que en seguida se señalan:
Partida 03, Poder Judicial: aprobarla en los mismos términos propuestos.
Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores: primero, aprobar los capítulos 02 y 03 sin enmiendas, y segundo, efectuar las modificaciones señaladas en el informe de los capítulos 01 y 04.
Partida 10, Ministerio de Justicia: aprobar los capítulos 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 en los mismos términos propuestos y efectuar las modificaciones señaladas en el informe.
Partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social: aprobar los capítulos 02, 03, 04, 06, 07, 13 y 40 sin enmiendas y efectuar las modificaciones indicadas en el informe a los capítulos 01, 05, 08 y 14.
Partida 16, Ministerio de Salud Pública: aprobar los capítulos 02,03, 04,05 y 08 en los mismos términos propuestos e introducir las modificaciones señaladas en el informe en el Capítulo 01.
He dicho.
El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado informante de la Cuarta Subcomisión, señor Mario Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, como felizmente ya empieza a ser habitual, la Cuarta Subcomisión de Presupuestos procedió a un estudio exhaustivo de las distintas partidas que tiene a su cargo.
A través de las exposiciones de los señores Ministros de las respectivas Carteras o de los Presidentes de ambas ramas del Congreso Nacional, que también está dentro de la competencia de la Subcomisión, se revisaron e intercambiaron puntos de vista sobre las principales orientaciones de política y de requerimiento que involucran las distintas Partidas en la propuesta de Presupuestos para el año venidero.
Me referiré particularmente a cada una de las partidas.
La Partida 02, Congreso Nacional, fue discutida y la Comisión Especial Unida la aprobó sin enmiendas, por unanimidad, y recomienda hacer lo mismo a esta Honorable Corporación.
La Partida 05, Ministerio del Interior, aumenta en una suma importante la inversión regional. Como es sabido, en la inversión pública está propuesto un crecimiento de 17,5 por ciento para el próximo año. De acuerdo con los compromisos existentes y con la decisión del Gobierno, en el Presupuesto del Ministerio del Interior para 1993 se contemplan recursos que permitirán incrementar la inversión regional en 23,5 por ciento y las inversiones sectoriales de asignación regional, en 25 por ciento.
Cabe observar que en el proyecto de Presupuesto del Ministerio del Interior se aprobó prácticamente por unanimidad gran parte de los capítulos y programas, con las excepciones que paso a mencionar.
1.- La Comisión hizo constar pero igualmente lo aprobó su preocupación por la disminución de los recursos destinados a la capacitación prevista en la ley N° 18.575, en la parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en cuanto son medios que permiten capacitar el personal de las municipalidades en una etapa de democratización de dichas instituciones.
En tal sentido, se presentaron indicaciones en la parte relativa a las municipalidades. En la Partida 05, subtítulo 30, el Ejecutivo formula indicación para disminuir la asignación 002, Programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal, en la suma de 1.975.718 millones, cantidad que se asigna al programa 001 Municipalidades, Programa de mejoramiento de barrios.
Gran parte del debate en la Subcomisión se centró en este punto. Se consideró que por esta vía se estaban disminuyendo los recursos que los municipios tienen a su disposición para atender obras de gran importancia, dirigidas especialmente a atacar el problema de la extrema pobreza.
Se trata de obras relativas a lotes con servicio, a mejoramiento del entorno urbano, pavimentación, conexión de agua potable, etcétera.
Los argumentos apuntaron a solicitar al Ejecutivo que no disminuyera la asignación 002 del P.M.U. Programa de Mejoramiento Urbano, y que si bien parecía correcto aumentar el Programa de Mejoramiento de Barrios opinión que compartíamos, se mantuviera la asignación del P.M.U. en términos similares al año anterior.
El Director General de Presupuestos explicó que si bien estos recursos disminuyen en la asignación 002, se ven realmente compensados con recursos destinados a inversiones similares en los programas del Ministerio de Educación, y que en moneda comparable entre el año 1992 y 1993 las asignaciones del Ministerio de Vivienda destinadas a viviendas, lotes Con servicio, vivienda progresiva, mejoramiento urbano, pavimentación, etcétera, lo compensaban, representando un aumento significativo en este tipo de inversiones, que, dentro del propósito del Gobierno, apuntan a atacar la extrema pobreza.
Se aprobó la indicación del Ejecutivo en los términos propuestos, con la observación de que el Programa de Mejoramiento Urbano es una herramienta que no sólo permite mejorar las condiciones de vida en las comunidades, sino que también tiene una finalidad primaria, que por este conducto es más fácil de atacar, como es la del desempleo. Si Sus Señorías examinan la glosa correspondiente a la asignación del Programa de Mejoramiento Urbano se percatarán de que hay una mayor flexibilidad y agilidad para su gasto, lo que permite atender problemas de desempleo que todavía subsisten dentro de las distintas zonas o comunas del país.
Al respecto, el Director de Presupuestos observó que el fenómeno del desempleo tiende felizmente a disminuir a nivel nacional, y ésta sería una de las razones que explicaría el tipo de decisión que está adoptando el Gobierno. Se reiteró en la Comisión que si bien esa es una tendencia macro a nivel del conjunto del país, todavía, en el caso de otras zonas, subsisten "bolsones" de pobreza y desempleo, que al disminuir esta asignación van a complicar su atención.
Finalmente, en lo que respecta al Presupuesto del Ministerio del Interior se observó, aunque también se aprobó, que en la parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los recursos previstos para los estudios de inversión son escasos, ya que apenas ascienden a la suma de 55 millones de pesos en un área. Para muchos municipios del país que después van a competir por los escasos recursos disponibles para estos fineses fundamental contar con un apoyo técnico y especializado en lo que respecta a la elaboración de proyecto.
Con las sugerencias y comentarios planteados en el informe, fue despachado y aprobado en forma unánime el Presupuesto del Ministerio del Interior.
En el caso de la Partida 09, del Ministerio de Educación, debo señalar que para el próximo año se presupuesta un total de ingresos y gastos netos de 427.429.089 pesos. Esto significa un incremento real del 6 por ciento para esa Secretaría de Estado, cuyo total equivale aproximadamente al 15 por ciento del Presupuesto del sector público y a poco menos del 3 por ciento del Producto Geográfico Bruto.
En esta Partida se plantearon tres observaciones en la Subcomisión, las que después se repitieron en la Comisión Especial.
Desde luego, se solicitó al Ejecutivo considerar dos indicaciones en el ítem 33, asignación 029, glosa 08, División de Extensión Cultural.
La primera, en la glosa 08, tiene por objeto elevar de 40 a 60 por ciento los recursos del Fondo de Fomento de la Cultura y las Artes para los distintos proyectos que se presentan en el país. Esta indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión, pero se solicitó al Ejecutivo, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión y la mayoría de los miembros de la Comisión Especial, considerar esta petición con el fin de apoyar el proceso de regionalización que el Gobierno y el Parlamento están empeñados en impulsar.
La segunda, que acogió el Ejecutivo, apunta a descentralizar y dar más atribuciones a las regiones y a los gobiernos regionales en la asignación de estos recursos concursables para la cultura y las artes.
El Ejecutivo presentó una indicación señalando que el Ministerio efectuará una evaluación de los proyectos que se presenten a lo largo del país, los cuales serán remitidos a los gobiernos regionales para los efectos de su priorización.
Acogiendo una petición unánime de la Subcomisión, el Ejecutivo presentó una indicación al penúltimo inciso de la glosa 08, que comienza con "a lo menos, un 40 por ciento..." etcétera, mediante la cual se añade lo siguiente: "asignándose a lo menos 10 millones de pesos para cada una de las regiones del país con este fin."
Esta indicación también fue aprobada por unanimidad.
En la Partida 09, Ministerio de Educación, quedó pendiente un asunto que, si bien no surgió del debate en la Subcomisión, fue hecho presente al Diputado que habla por distintos rectores de universidades y por el Rector de la Universidad de Atacama por medio de un fax. Entiendo que a los demás miembros de la Comisión de Presupuestos les ha llegado una presentación similar. Me refiero a la Partida 09, Educación Superior.
Los rectores de las universidades han manifestado su preocupación por que los aportes directos a los institutos de educación superior del país se han congelado en términos reales, pues se aumentan sólo por el infractor que contiene el proyecto de presupuesto del 11,5 por ciento.
Se sabe que hay un proceso de incremento general de remuneraciones previsto para el sector público, que alcanza también a las universidades y que el año venidero será de 14 por ciento; es decir, las universidades van a recibir en el mes de diciembre el aporte necesario para enterar este 14 por ciento que se compromete para aumentar las remuneraciones de su personal, pero durante 1993 van a tener un incremento de 11,5 por ciento, debiendo enfrentar gastos fijos por aumento de remuneraciones de 14 por ciento.
Los señores rectores y particularmente el de la Universidad de Atacama estiman que debe haber un incremento de 1.031 millones de pesos para solventar los compromisos que están contrayendo como consecuencia del aumento de las remuneraciones de su personal. Considerar que ello no puede ser resuelto por medio de reasignaciones, como la asignación 031, Fondo de Becas y Desarrollo de la Educación Superior, que contienen un fondo de gestión que valoran en extremo, porque permitirá hacer inversiones que mejorarán las condiciones de operación y la infraestructura física y pedagógica de las universidades, con proyectos concursables por primera vez después de veinte años.
Por lo tanto, ellos solicitan un aumento del aporte directo de 1.031 millones de pesos, pero sin desmedro o deducciones de otros ítem del presupuesto o de los aportes que el Ministerio prevé para el año venidero. Aun cuando se valora la importancia de los fondos concursables como un mecanismo para competir por recursos que permitan mejorar la infraestructura académica y física de las universidades, se considera que aunque aumenten por sí solos, no aseguran, por su carácter competitivo, que las universidades, particularmente las de regiones, que siempre tienen mayores dificultades y grandes necesidades, puedan incrementar efectivamente sus recursos.
Esta petición le ha sido trasladada al Director de Presupuestos y al Ministro de Hacienda y esperamos un pronunciamiento respecto de una decisión que es fundamental para la mantención de la educación superior a lo largo del país;
Esto es lo que concierne a la partida del Ministerio de Educación que fue también aprobada por unanimidad, con las observaciones que acabo de mencionar. Reitero al Director de Presupuestos la necesidad de contar a la brevedad, en lo posible en esta sesión, con un pronunciamiento sobre el particular, porque sabemos que el espíritu favorable del Ejecutivo es acoger esta reclamación tan justificada de los señores rectores.
El presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales, que corresponde a la Partida 14, se discutió también de manera detallada. En ella se consideran ingresos y gastos por la suma neta de 6.136.518.0pesos. Este presupuesto considera un aumento real de 30 por ciento en el año venidero, que se explica por los programas de regularización de la propiedad de pequeños propietarios que el Ministerio está llevando adelante, como la adquisición de los terrenos de Quinquén para asentamiento de los pehuenches, los programas de asentamiento de las comunidades costeras y también los programas de medio ambiente que proyecta realizar el próximo año.
La única indicación presentada por el Ejecutivo, aprobada por unanimidad, establece que todo el personal que contrate el Ministerio para el programa de saneamiento de títulos del Banco Mundial tendrán la calidad de agentes públicos para los efectos de su responsabilidad administrativa y penal, en el ejercicio de esta función.
En lo concerniente a la Partida 18, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, debo destacar que el presupuesto fue aprobado por unanimidad, que en materia de gastos corrientes se mantiene constante, pero que la inversión en vivienda y en obras de mejoramiento urbano experimenta un incremento real significativo del 10 por ciento.
En esta Partida no se presentaron mayores contratiempos ni discusiones y sí hubo un intercambio de opiniones muy valioso con el señor Ministro y con los funcionarios del Ministerio, que permitió abordar en detalle los problemas que se viven en el sector, tanto a nivel nacional como regional. Por ello, queremos dejar constancia de la utilidad e importancia de las informaciones recibidas.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
He dicho.
El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-
Puede iniciar su intervención el Diputado señor Devaud para entregar el informe de la Quinta Subcomisión.
El señor DEVAUD Señor Presidente, la Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos, presidida por el Senador Sergio Romero e integrada por el SenadorSergio Páez y los Diputados Jaime Estévez, Eugenio Munizaga y Mario Devaud, informa las partidas correspondientes a los Ministerios de Obras Públicas, de Agricultura, de Minería y de Transportes y Telecomunicaciones.
Cabe destacar una norma común aplicable a las cuatro Partidas, en el sentido de que todas las estudiadas por la Quinta Subcomisión se presentan consolidadas en moneda nacional, por lo que no hay autorizaciones de gastos en monedas extranjeras.
Respecto de la Partida 12, correspondiente al Ministerio de Obras Públicas, debo señalar que a éste le corresponde el planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación de las obras públicas fiscales.
El gasto autorizado de dicho Ministerio para 1993 es de 240.014.450.000 pesos. El aporte fiscal para su financiamiento es de 150.451.693.000 pesos, y tiene prioridad en la asignación de recursos la consolidación del plan de inversiones en infraestructura para el cuadrienio 19911994, señalándose por el Ministro del área que a fines del año se habrá materializado este programa cuatrienal en un 40 por ciento.
Es el tercer año consecutivo en que el presupuesto de inversiones de este sector se incrementa por encima del Producto Geográfico Bruto. La inversión programada para 1993 alcanzará a 168.200 millones de pesos, cuya distribución porcentual es la siguiente: vialidad, 76 por ciento; puertos y aeropuertos, 8,9 por ciento; riego, 7,4 por ciento; agua potable y alcantarillado, 5 por ciento, y arquitectura y otros servicios menores, 2,7 por ciento.
La autorización de gastos de la Subsecretaría para 1993 alcanza a 2.752.926.000 pesos.
Aun cuando se ha reducido sustancialmente este presupuesto en comparación con el de 1992, se continuarán los estudios en las áreas de medio ambiente e informática y del sistema de telecomunicaciones del Ministerio.
El gasto total de la Dirección General de Obras Públicas asciende a 234.047.350.0pesos y comprende los programas del Capítulo 02: administración y ejecución de obras públicas, Dirección de Arquitectura, Dirección de Riego, Dirección de Vialidad, Dirección de Obras Portuarias y Dirección de Aeropuertos.
En el Programa 01, de administración y ejecución de obras públicas, las inversiones más relevantes se encuentran en el ítem 3385001, que considera 8.474 millones de pesos por transferencias o aportes a empresas de obras sanitarias para financiar obras de agua potable y alcantarillado urbanos. Se refiere a 32 proyectos.
El presupuesto del Programa 02, de la Dirección de Arquitectura, se reduce a 3.401.717.0pesos, pero aumenta la actividad de esta Dirección, porque ejecutará 580 obras por mandato de otras instituciones del sector público.
En este Programa es relevante destacar la asignación de 334.500.000 pesos para obras de equipamiento del Congreso Nacional.
En el Programa 03, de la Dirección de Riego, el presupuesto se eleva a 13.905.654.0pesos, que se distribuyen en 3.568 millones al canal Pencahue; 4.564.512.0pesos al embalse Santa Juana; 1.043.000.640 pesos al canal Laja-Diguillín y 1.806.300.000 pesos al embalse Convento Viejo en su primera etapa.
En esta Dirección se encuentran en estudio para 1993 los siguientes proyectos: embalse Puclaro, canal Tronco Linares y canal Victoria-Traigúen-Lautaro.
En el Programa 04, de la Dirección de Vialidad, la asignación de recursos asciende a 178.164.446.000 pesos.
Hay un incremento de 7,1 por ciento en comparación con 1992, y la inversión real asciende a 127.935.102.000 pesos. Apunta a los programas de conservación, reposición, mejoramiento, construcción y ampliación de caminos y puentes y consulta inversiones por 7.700 millones de pesos en vialidad urbana.
En el Programa 06, de la Dirección de Obras Portuarias, el presupuesto aumenta a 13.205 millones de pesos. El plan de este servicio prioriza los trabajos de reconstrucción de puertos de la Quinta Región y la ampliación del puerto de San Vicente, en la Octava.
El Ministro de Obras Públicas, por su parte, señaló que el sitio 0 (cero) de San Antonio y el muelle Barón de Valparaíso quedan terminados y en servicio el año 1992.
En el Programa 07, Dirección de Aeropuertos, se asignan recursos por 2.993.0.000 de pesos, que se destinarán a trabajos de mejoramiento y mantención de aeropuertos, destacándose que la obra de mayor importancia que ejecutará la Dirección es la ampliación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Dirección General de Aguas. Su presupuesto aumenta para 1993 a 2.189.000.000 de pesos. Estos recursos se destinarán principalmente a la reparación y conservación de las redes hidrológicas que opera la Dirección y al saneamiento de títulos de los derechos de aguas en las regiones Segunda, Séptima, Octava y Novena, que comprende a los regantes de los ríos Salado, Mataquito, Maulé, Rapel, Itata, Toltén, imperial y Ñuble.
Instituto Nacional de Hidráulica. Su presupuesto asciende a 306.985.000 pesos. Desarrolla estudios especializados principalmente para el propio Ministerio de Obras Públicas.
Actualmente ejecuta un plan de equipamiento para establecer un banco de pruebas de bombas hidráulicas.
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Su presupuesto es de 718.000.000 de pesos. Le corresponde la fiscalización de las prestaciones de servicios sanitarios y el control de residuos líquidos industriales.
Partida 13, Ministerio de Agricultura. A este Ministerio le corresponde fomentar, orientar y coordinar la industria agropecuaria y demás funciones señaladas en el informe.
Su presupuesto de gastos para 1993 alcanza a 68.508.000.000 de pesos.
Su distribución porcentual aproximada es la siguiente:
Indap, 60 por ciento; Sag, 17 por ciento; Conaf, 14 por ciento; Odepa, 8 por ciento y Subsecretaría, 1 por ciento.
Subsecretaría. Su presupuesto para 1993 es de 956.984.000 de pesos, que disminuye casi en un 400 por ciento, lo que se explica por la separación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa, que se consigna en otra partida del presupuesto.
Odepa tiene un presupuesto de 5.807.0.000 de pesos y su meta más relevante para 1993 es el apoyo al proceso de reconversión de la agricultura tradicional.
Este Capítulo y Programa se considera presupuestariamente en el subtítulo 25, ítem 31, asignación 004, una transferencia al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Inia, por la suma de 2.241.000.000 de pesos, a la que se le suma una transferencia por 2.172.000.000 de pesos provenientes de un crédito BIDInia, lo que implica un total para el Instituto de 4.414.0.000 de pesos.
Es importante destacar que en 1992 se saneó el déficit de arrastre del Inia.
El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-
Señor Diputado, el señor Vilches le solicita una interrupción.
El señor DEVAUD.-
Cuando termine de informar, con todo gusto.
Decía que se saneó un déficit de arrastre del Inia, lo que implica que no sólo no se desprenderá de sus estaciones experimentales^ sino que proyectará la creación de otras nuevas en las regiones Tercera y Cuarta con oficinas y laboratorios en La Serena.
Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). Su presupuesto para 1993 asciende a 40.734.000.000 de pesos, que subsume aproximadamente el 60 por ciento del presupuesto del Ministerio. Se compone, además, de un 31 por ciento aproximado de ingresos propios provenientes de la recuperación de créditos.
Se han señalado en la Subcomisión los siguientes antecedentes de relevancia para la discusión de este presupuesto:
1.- El aumento de producción en la superficie atendida por el Indap se ha cuantificado en 16.000.000.000 de pesos.
2.En el área de transferencia tecnológica se proyecta un aumento de la atención en un 16 por ciento lo que alcanzaría a 58.000 beneficiarios.
3.El número de empresas que ejecuta este servicio de transferencia ha aumentado de 72 a 124. Al respecto, se adjunta un listado al final del informe de la Quinta Subcomisión.
4.Este programa pretende beneficiar, además, a 54 mil mujeres campesinas como una forma de diversificar el sujeto destinatario de la transferencia y capacitación.
5.El programa crediticio crecerá en una magnitud estimada en 17 por ciento, para atender los requerimientos de 70 mil beneficiarios, entre personas naturales y organizaciones campesinas.
6.La morosidad de arrastre, que en 1990 alcanzaba a un 30 por ciento, se ha reducido a un 15 por ciento.
7.Indap ha desarrollado, en conjunto con el Fosis (Fondo de Solidaridad e Inversión Social), un programa de fomento de riego enfocado hacia los pequeños agricultores, que permite obviar el requisito de la inversión previa. Los fondos destinados a ello se reflejan en los ítem 32.81.0.7 y 25.31.00.8 que suman 2.967 millones.
El Programa 13.03.01, o Indap, fue objeto de una indicación del Ejecutivo para reasignar los gastos de éste, operando mediante una reducción de 1.402 millones de pesos, como suma global, a los subtítulos y a los ítem referidos a la recuperación de préstamos internos de largo plazo, en tanto se incrementa sustantivamente el aporte fiscal libre.
Se reducen los gastos en el programa de bosque nativo, riego Birf y riego propiamente tal.
Se reubica el proyecto praderas Inia, sin alterar su monto. Se traslada desde inversión financiera a transferencias corrientes y se elevan los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, vehículos, estudios para inversiones y se crea un ítem destinado a la subvención de créditos de fomento al pequeño agricultor.
En resumen, la indicación del Ejecutivo reasigna la suma de 1.402 millones de pesos, o lo que es lo mismo, reubica la cifra sin alterar los ingresos y gastos en su concepción global.
Servicio Agrícola y Ganadero.
El Presupuesto para 1993 asciende a 11.621 millones de pesos. Un tercio de los recursos del servicio provienen de los ingresos propios. Este componente, reflejado en el ítem 13.04.01.01, ingresos de operación, alcanza a 3.789 millones de pesos.
Especial mención merece el programa de ejecución permanente, de erradicación y control de la mosca de la fruta, al que se destinan los mayores recursos presupuestarios.
Corporación Nacional Forestal (Conaf). Su presupuesto se reduce a 9.388 millones de pesos para 1993. Vale la pena consignar que una de las metas de la Gonaf para 1993 es fomentar la forestación de la pequeña propiedad rural para la producción de leña de uso doméstico.
Se estudia la prórroga del subsidio forestal del decreto ley Ne 701 como todos saben expira en 1994pero reenfocándolo al bosque nativo y a los pequeños y medianos propietarios que planten y manejen información de especies exóticas.
Se mantienen los programas especiales de control de la polilla del brote y de combate de los incendios forestales.
Partida 17. Ministerio de Minería. El presupuesto de gastos alcanza a 17.355 millones de pesos, el doble y algo más que en 1992.
El presupuesto global del Ministerio aumenta en un 111 por ciento. El mayor incremento corresponde a transferencias corrientes, que asciende a 8.951 millones de pesos.
El presupuesto se distribuye en la siguiente forma: 9.717 millones para la Secretaría y Administración General; 725 millones para la Comisión Chilena del Cobre; 2.661 millones para el Sernageomin; 3.340 millones para la Comisión Chilena de Energía Nuclear y 910 millones para la Comisión Nacional de Energía.
Secretaría y Administración General. (Enami). El gran aumento del presupuesto del gasto de este Ministerio se explica por la inclusión del aporte fiscal a Enami por 8.515 millones de pesos en el subtítulo 25, ítem 33, asignación 031, transferencia a otras entidades públicas, que no se había reflejado en presupuestos anteriores.
Esta asignación fue objeto de una indicación del Diputado señor Munizaga para eliminarla y reasignarla en un nuevo ítem de programa de fomento a la pequeña minería, con la misma cantidad. En una glosa se regula el destino, la asignación regional, las prioridades, y la identificación de programas, el procedimiento de licitación, la regionalización de todo el proceso y la fiscalización.
Esta indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la Subcomisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política.
Comisión Chilena del Cobre. Su principal función es proponer al Gobierno la formulación de políticas para proteger el interés nacional en la comercialización del cobre y otros minerales metálicos y no metálicos, así como fomentar la producción y exportación de productos de Cobre y fiscalizar el cumplimiento de las políticas generales de Gobierno a este respecto. Su presupuesto para 1993 es de 725.935.0pesos.
Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Es el sucesor legal del Servicio de Minas del Estado y del Instituto de Investigaciones Geológicas. Tiene las funciones que a estos organismos correspondían. Su presupuesto para 1993 es de 2.661 millones de pesos.
Comisión Chilena de Energía Nuclear. Tiene por objeto atender los problemas relacionados con la producción, adquisición, transferencia, transporte y uso pacífico de la energía atómica y los de los materiales fértiles, fisionables y radiactivos, así como la formulación, supervisión, control y fiscalización de todas las actividades relacionadas con el uso pacífico de la energía nuclear. Su presupuesto para 1993 alcanza a 3.340 millones de pesos.
Comisión Nacional de Energía. Su objeto es elaborar y coordinar planes, políticas y normas para el buen funcionamiento del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en aquellas materias relacionadas con la energía. Tanto es así que tiene el rango de Ministerio.
Su presupuesto para 1993 es la suma de 910 millones de pesos.
Partida 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El presupuesto de este Ministerio aumenta a 3.614 millones de pesos para 1993 y se distribuye de la siguiente forma: 2.396 millones para la Secretaría y Administración General de Transportes; 1.129 millones para la Subsecretaría de Telecomunicaciones y 88.413.0pesos para la Junta de Aeronáutica Civil.
Secretaría y Administración General de Transportes.
El presupuesto de esta Subsecretaría tiene un notable aumento con el fin de reforzar la capacidad de control sobre el transporte público, en el marco de las leyes N°s. 19.011 y 19.110, recientemente aprobadas. Alcanza a 2.396 millones de pesos.
Subsecretaría de Telecomunicaciones. Se aumenta su presupuesto a 1.129 millones para 1993, habida consideración de que la responsabilidad de ella es controlar la competencia en el área para evitar las tendencias monopólicas del sector, especialmente porque esta actividad ocupa el segundo lugar, después del cobre, en materia de inversión privada.
Junta de Aeronáutica Civil. Tiene a su cargo la dirección superior de la aviación civil del país. Sus principales funciones se señalan en el informe y su presupuesto para 1993 es de 88.413.000 pesos.
Conclusiones de la Quinta Subcomisión:
La Partida 12, Ministerio de Obras Públicas, recomienda aprobarla sin modificaciones.
La Partida 13, Ministerio de Agricultura, recomienda aprobarla con la indicación del Ejecutivo que reasigna sumas en el programa 13.03.01, Indap, en la forma prevenida en el informe.
La Partida 17, Ministerio de Minería, recomienda aprobarla sin modificaciones.
La Partida 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, recomienda aprobarla sin modificaciones.
He dicho.
El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, para quienes nos hemos quedado en la Sala para escuchar los informes, es lamentable que de todas las cifras dadas, correspondientes a la Quinta Subcomisión, ninguna haya sido leída correctamente.
Se han englobado sólo en miles de millones. Pienso que, para la historia de la ley, deben quedar las cifras exactas que aparecen estipuladas en el informe respectivo.
Quienes tenemos la paciencia para escuchar todas esas cantidades, por lo menos debemos oírlas en forma correcta.
El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-
En conformidad a lo acordado, se suspende la sesión hasta las 15 horas.
Se suspendió la sesión a las 13.14 y se reanudó a las 15.00.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
En discusión general el proyecto de la Ley de Presupuestos para 1993.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, comienzo por hacer presente, una vez más, la reducida participación que la Constitución Política del Estado confiere al Parlamento, ya que limita nuestra labor prácticamente al conocimiento y discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, sin contar con poder resolutivo ni tampoco conocimiento de la administración de las empresas del Estado.
Es conveniente señalar, además, que el Presupuesto que aprueba el Congreso cada año no es realmente representativo de la política fiscal para el año correspondiente. Los antecedentes de años anteriores demuestran que el Ejecutivo alteró significativamente el gasto en niveles y estructuras que originalmente aprobó el Parlamento, por lo cual podríamos decir que, en la práctica, el Presupuesto sólo viene a ser un piso del gasto del gobierno general y de sus instituciones.
Entonces resulta oportuno destacar que con la actual aprobación y modificación presupuestaria, la total responsabilidad de ejecución del Presupuesto recae en el Ejecutivo, y de él también será la responsabilidad futura.
Para la eficacia y transparencia del gasto público es indispensable que exista un órgano de la Cámara que cuente en forma permanente con atribuciones y obligaciones para vigilar la correcta aplicación presupuestaria. Por lo tanto, es conveniente sugerir una modificación de nuestro Reglamento a fin de dar atribuciones específicas a la Comisión de Hacienda sin perjuicio de las actuales, que le permitan velar en forma constante por la correcta ejecución del Presupuesto nacional por parte del Ejecutivo, fijando sesiones especiales con el único propósito de evacuar informes sobre la evaluación trimestral de la ejecución del Presupuesto, para posteriormente ser conocidos y discutidos en la Sala.
Al margen de esta consideración de orden general, quiero dar a conocer algunas sugerencias en relación con el análisis que me correspondió realizar en la Quinta Subcomisión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en la cual se analizó el Presupuesto de los Ministerio de Agricultura, Obras Públicas, Minería y Transportes.
El Ministerio de Agricultura, al dar a conocer los objetivos de su Oficina de Planificación, Odepa, señala que durante este año se harán esfuerzos especiales para atender la reconversión del sector agrícola. Al respecto, para llegar a una real reconversión del sector agrícola, es preciso administrar medidas e ir mucho más allá de la expresión retórica.
El agro está viviendo un período delicado, y para su transformación necesitamos implementar técnicamente al pequeño y mediano productor. Además, necesitamos entregarle una adecuada atención crediticia que no sólo apunte a la entrega de créditos de fomento sino que también a créditos de capital que permitan al pequeño agricultor transformar la realidad de sus cultivos y las explotaciones de su predio. Pienso, entonces, en relación con la tan anunciada reconversión de la agricultura, que el agricultor corriente, el pequeño campesino, no entiende nada cuando se la mencionan porque si hoy está sembrando porotos, no vislumbra otra alternativa rentable en su pequeño predio.
Insisto que para lograr que el agro empiece a salir de su situación difícil, es conveniente que entreguemos al campesino una real orientación y una mayor asistencia técnica a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, lo reconozco y, sobre todo, una atención crediticia que le permita cambiar su cultivo actual.
Respecto de la exposición del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en el Ministerio de Agricultura, se hizo presente que este año los recursos se derivaran, fundamentalmente, a la transferencia tecnológica, lo que me parece digno de todo el apoyo de la ciudadanía y de este Parlamento, pero también es conveniente que ese instituto dé prioridad a la investigación en la ingeniería genética y en la biotecnología. Nuestro país debe proyectarse como pionero en la tecnificación del sector agrícola, y advierto que si bien se han aumentado los esfuerzos en investigación, todavía estamos a años luz de lo que se está haciendo, por ejemplo, en países como Inglaterra o Francia, en el campo de la ingeniería genética vegetal, que puede permitir que la difícil realidad de nuestro agro, por las condiciones geográficas, por el clima y por los suelos, sea vencida mediante cultivos mejorados, desarrollados en zonas de sequía, en zonas de aridez, ya sea por el frío, en el sur o en zonas de climas excesivamente lluviosos.
Desde esta Cámara hago un llamado al Instituto de Investigaciones Agropecuarias para que redoble los esfuerzos en la búsqueda de una mayor investigación en el campo de la ingeniería genética.
Asimismo reconozco también el esfuerzo que hace el Ministerio de Agricultura para mejorar la transferencia tecnológica, que está siendo mejor evaluada por los mismos beneficiarios.
En cuanto al Instituto de Desarrollo Agropecuario, aún existe entre los beneficiarios más modestos una gran problemática en relación con antiguos endeudamientos. Por ello, aprovechando la discusión del Presupuesto de la Nación, quiero hacer llegar al Ministro de Agricultura y al Director del Indap mi solicitud específica de buscar la forma de regularizar la situación de esos pequeños agricultores que tienen deudas atrasadas.
Hago también hincapié en la necesidad de aumentar los préstamos por asignatario en el sistema crediticio del Indap, a fin de que no sólo disponga de créditos operacionales, sino que dé créditos de capital que le permita desarrollar una nueva actividad suficientemente competitiva para llevar sus productos al mercado internacional.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura hace un gran esfuerzo por reforzar el Servicio Agrícola y Ganadero. Junto con los recursos que se Je asignan este año, está en discusión un proyecto que modifica su ley.
Ahora, en materias específicas, es conveniente que el SAG no pierda de vista la importancia del control en los pequeños pasos fronterizos, que no tienen equipos modernos de seguridad es el caso del paso que hay en la Cuarta Región que cuenta con equipos de rayos Z y otros medios para impedir el ingreso de plagas del país vecino y que afectan a la agricultura al traer consigo los efectos desastrosos que ya hemos comprobado en el pasado.
Por otra parte, será importante sobre todo para los efectos del proyecto de ley sobre el bosque nativo definir la situación de Conaf, en el sentido de si seguirá siendo una corporación de desarrollo privado o si será un servicio público. Al parecer, las atribuciones que le otorga la nueva Ley del Bosque Nativo, corresponden mucho más a un servicio público que a una corporación de desarrollo privado, puesto que no podrían ser ejercidas por la Corporación en su actual condición.
Ahora, en cuanto a la labor que le corresponde es importante destacar su gran responsabilidad en cuidar y proteger el patrimonio histórico-cultural de la Isla de Pascua, y administrar la mayor parte de los campos de esa lejana posesión chilena.
Me parece, entonces, de extremada importancia que la Corporación Nacional Forestal elabore un proyecto de desarrollo integral para la Isla de Pascua, a fin de que se dé un mejor uso a los suelos que actualmente administra. Asimismo, que se proteja en mejor forma el patrimonio nacional existente y se restaure con mayor prontitud la serie de altares que aún están absolutamente descuidados por la falta de recursos.
Señor Presidente, además de los temas relativos al Ministerio de Agricultura, nuestra Comisión analizó el presupuesto del Ministerio de Minería.
En este aspecto, quiero hacer especial hincapié en la falta de fomento real para el desarrollo de la pequeña y mediana minerías, situación que se viene manteniendo en el país por muchos años. No es un problema de este Gobierno: se arrastra por más de veinte años. Chile es un país esencialmente minero. Gran parte de su desarrollo actual es fruto de la minería. Sin embargo, en el último tiempo no hemos tenido una política de fomento que permita al pequeño minero que es quien descubre los grandes yacimientos trabajar con seguridad e ir entregando ocupación a tanta gente qué necesita desempeñarse en algún trabajo.
Consecuentemente con esta posición permanente que he sostenido en esta Cámara, en la Subcomisión de Presupuestos presenté una indicación...
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Señor Diputado han terminado sus quince minutos. Ha quedado claro cuál es su pensamiento, salvo que desee añadir una última idea, pero debe redondearla.
El señor MUNIZAGA.-
Así lo haré, sin perjuicio de que más adelante pueda solicitar algún tiempo que no use otro señor parlamentario.
La indicación tenía como objetivo que los 8.500 millones de pesos que se destinan a Enami se entreguen directamente al Ministerio de Minería, con el fin de que pueda crear un fondo de fomento para impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana minería.
Es cuanto puedo decir por ahora en virtud del tiempo de que dispongo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, no cabe duda de que el esfuerzo que el Gobierno ha estado haciendo diría que el país en general por atender el problema de la extrema pobreza, como por lo demás lo dejó consignado el señor Ministro en el informe con que se inició el quehacer de la Comisión, alcanza magnitudes significativas.
Todos estamos conscientes de la importancia que hay en llevar adelante este esfuerzo, con claro apego a una responsabilidad fiscal y a un equilibrio macroeconómico, que no signifique que esos logros se hagan después sal y agua por procesos inflacionarios incontenibles, por desajustes externos, etcétera.
Sin embargo, como se ha dicho y se discutió en la Comisión Especial, desgraciadamente, y más allá de los esfuerzos del Gobierno, el proceso de crecimiento de la economía genera un conjunto de desequilibrios sectoriales, sociales y, sobre todo, espaciales, que es necesario tener en consideración en esta reflexión general.
Hay zonas del país en las cuales todavía no logra internalizarse este buen resultado del proceso macroeconómico a través de mayores fuentes de empleo y de oportunidades en la actividad y la inversión.
Tengo el honor de representar la Región de Atacama la cual, si bien ha experimentado un auge en algunas actividades puntuales, enfrenta una situación que es necesario tener en cuenta. En la provincia de El Huasco, el Gobierno está haciendo una inversión extraordinariamente cuantiosa en la realización del embalse Santa Juana, obra que durante muchas décadas fue prometida, pero que nunca se hizo realidad. Ha sido el Gobierno del Presidente Aylwin el que la ha llevado a cabo. Esta inversión va a transformar muy profundamente la actividad económica incluso la realidad social de esa provincia, en un lapso que no se puede estimar en menos de tres años.
Yo pregunto, ¿qué hacen los compatriotas de una región después de largos años de falta de dinamismo en materia de inversión, donde no hay fuentes alternativas de empleo, debido a que su actividad básica es fundamentalmente minera?
En este punto aprovecho para plantear una diferencia con el Diputado señor Munizaga. Efectivamente, la minería está enfrentando un momento difícil, producto de fenómenos que escapan a la realidad nacional y a los resortes de las autoridades de Gobierno. La minería ha experimentado problemas de precio y de tipo de cambio como resultante del éxito de la evolución de las variables externas; pero no se puede desconocer que la Enami ha hecho un esfuerzo de fomento importante que rompe la tendencia de los 17 años anteriores, en que prácticamente no cumplió la finalidad para la cual fue creada, que ha sido no sólo convertirse en una empresa productora, sino que, además, en una empresa que cumple una función, social y productiva básica, dando apoyo a la pequeña y mediana minería.
En ese sentido podemos decir que ha habido un esfuerzo por parte de este Gobierno para que Enami realice fomento minero. Sin embargo, las necesidades son tan grandes, que no cumple con todas las aspiraciones de este importante sector del país.
No deja de llamar la atención la facilidad con que se adoptan medidas especiales y legítimas, que este Congreso ha aprobado con razón, destinadas al sector agrícola. Y no siempre ocurre lo mismo con la minería, que sigue siendo una actividad fundamental en Chile.
Hay zonas del país, hay "bolsones", al igual que hay hogares de muchos chilenos a los cuales todavía no llega el éxito macroeconómico. Por eso es importante que el próximo año se haga un esfuerzo con aquellos recursos que el Gobierno tiene a su disposición para atacar el problema del desempleo a través de programas como el Fondo Social Presidente de la República, el Programa de Mejoramiento Urbano y a través de las distintas posibilidades que tiene el Gobierno a su alcance que le permitan atender los graves problemas de desempleo que afectan las provincias de El Huasco y de Chañaral, zonas donde todavía, por falta de inversión y de ocupación alternativa, existe una población que no puede esperar un número de años suficientes como para que den sus frutos las inversiones que el Gobierno está llevando a cabo.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, debo manifestar mi preocupación y mi insatisfacción por la superficialidad y velocidad con que vemos los antecedentes para el Presupuesto 1993, sobre todo los Diputados que no participamos en la Comisión ni en las Subcomisiones que se encargaron de su estudio. Sólo hoy hemos podido contar con estos antecedentes, y los que hemos conseguido, los hemos obtenido de cualquier forma, aun cuando llegaron con bastante anticipación a esta Cámara.
Respecto del Presupuesto de Obras Públicas considerado para la Décima Región, dudo que alcance en forma relativamente satisfactoria para recuperar los caminos secundarios y vecinales, que están en muy malas condiciones debido a las lluvias que hemos tenido en diciembre del año pasado, en febrero de este año y recientemente en octubre y noviembre. Tenemos puentes caídos, pasarelas cortadas y caminos en muy mal estado. Por eso mi impresión es que lo que se ha considerado en el Presupuesto no va a ser suficiente, por lo que mi Región y mi distrito seguirán más pobres en materia de obras públicas.
Otra preocupación es que, en la medida en que transcurra el año, seguramente volverán a surgir presiones por necesidades como las que tuvimos respecto de ferrocarriles, de los trabajadores del carbón, de los exiliados, situaciones que no hemos visualizado en el Presupuesto pero que por el camino se va a comprobar que los recursos considerados fueron insuficientes y debido a la capacidad de presión de algunos grupos van a ser atendidos en forma injusta respecto de otros problemas.
En cuanto a la educación, se consideran muchos programas nuevos que no van al corazón de los que realmente existen, como la calidad, que tiene mucho que ver con el tamaño máximo de los cursos permitidos 45 alumnos; hay una gran cantidad de escuelas urbanas, donde hay hasta tres tumos de clases en forma simultánea para distintos alumnos, además del permanente problema de las bajas remuneraciones de los profesores.
En materia de salud, continúan pendientes los problemas de la reorganización y racionalización del Ministerio, atención que no mejorará destinando más recursos, sino que orientándolos hacia la demanda y no a la oferta, porque estamos subsidiando permanentemente a los hospitales por detrás del mostrador, cuando los recursos tienen que ir por delante del mostrador.
En cuanto a pensiones, subsidios y beneficios sociales no estamos considerando aspectos de cobertura, calidad ni oportunidad.
En aspectos regionales, sabemos que el Presupuesto concentra su ejecución, tanto en gasto como en inversión, principalmente en Santiago, lo que perjudica notoriamente a las regiones.
Cuando las regiones obtengan los recursos disponibles por la reducción convenida de los impuestos transitorios aprobados en la reforma tributaria ya que los impuestos que se alzaron en forma permanente no deberían reducirse, pero sí los transitorios de acuerdo con nuestro compromiso, esperamos que ellos se canalicen a través del mercado y de las necesidades más importantes.
Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Munizaga, por el resto del tiempo que me queda.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, me referiré en forma especial a la Comisión Chilena de Energía Nuclear que vimos en la Quinta Subcomisión, en atención a los importantes temas que en este momento se están desarrollando.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Señor Diputado, podría referirse a ese tema preciso cuando discutamos el ministerio respectivo, porque estamos en la discusión general, salvo que usted quiera hacer una consideración general al respecto.
El señor MUNIZAGA.-
Es una consideración general.
Al discutir el importante trabajo que está haciendo la Comisión Chilena de Energía Nuclear en materias tales como la exportación de litio, del cual Chile es un exportador a granel, como lo dice el informe de la Comisión, el desarrollo de tecnologías permitirá que duplique o triplique el valor de esas exportaciones y se transforme en un gran exportador. Hay grandes avances en la aplicación de la energía nuclear en medios pacíficos, como en la agricultura, considerando la experiencia de radiación de la mosca de la fruta en la ciudad de Arica.
La importancia de las funciones que realiza esta Comisión no tiene relación con las rentas que percibe su personal, que históricamente son muy bajas.
Por estas consideraciones, por unanimidad la Subcomisión acordó solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que se aumenten los recursos destinados a investigación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y que se estudie la posibilidad de mejorar las rentas del personal de dicha Comisión.
Señor Presidente, recabo el acuerdo de la Sala, para que, en nombre de la Cámara de Diputados, se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República en el sentido señalado.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tendría que ser planteado en el momento oportuno, porque no hay en este momento quorum en la Sala para tomar el acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor René García.
El señor GARCIA (don René Manuel).-
Señor Presidente, cuando se analiza en general la Ley de Presupuestos hay que dar soluciones a los problemas, porque no se trata sólo de criticar y, en definitiva dejar vacíos que el país advierte como una simple crítica y no como un aporte concreto.
En Obras Públicas, siempre he sido partidario de que lo referente a este Ministerio no se considere gasto de la nación sino inversión, por razones obvias: sirve a todas las personas porque todo el país usa su infraestructura.
Todo el mundo dice que los caminos son parte de la municipalidad, pero, en definitiva, no hay ningún convenio sino de palabra, porque corresponde al Ministerio de Obras Públicas mantenerlos en el país. Sería conveniente que en el Presupuesto de los próximos años se diera un crédito especial para que las municipalidades o un conjunto de ellas pudieran adquirir maquinarias para mantener los caminos en buenas condiciones. Porque si hablábamos del problema agrícola, una de las principales falencias del sector es la falta de caminos en zonas apartadas y de difícil acceso. Arreglado este problema, tendríamos más movilidad y mejores condiciones de vida en lo que hemos llamado ruralización del sector agrícola, que implica dotarlo de condiciones similares a la ciudad, de todo cuanto necesita la ciudad vías, electrificación, agua potable, etcétera, a fin de que la gente no emigre de los campos a las ciudades.
Además, en la Comisión Mixta de Presupuestos he planteado al Ministro de Salud la necesidad de que se implementen algunas clínicas dentales móviles. El costo de una posta varía entre 50 y 80 millones de pesos, en tanto que una clínica móvil es de 13 a 15 millones. Me gustaría ver implementado este plan con la compra de algunas ambulancias, de modo que algunos tratamientos puedan efectuarse en el mismo sector rural. Así sería la medicina la que llegaría a esos lugares, sin necesidad de que la gente se vacié a los hospitales y postas. Vale decir, que con una inversión de quince millones de pesos podría tenerse cubierta una comuna en lo que a salud dental se refiere.
El oficio respectivo se envió a nombre de la Comisión Mixta, pero fue solicitado por el Diputado que habla, y aprobado por unanimidad. Espero que el próximo año, ya que se encuentra presente el señor Arellano, Jefe del Presupuesto, se contemple el ítem correspondiente y tengamos algunas regiones o comunas pilotos con estos vehículos que hemos llamado "clínicas móviles dentales", para la atención de una de las grandes falencias que existe hoy día en la salud rural. Si se analiza la estadística de la población rural, de la urbana incluso, se observa que muchas personas, especialmente los jóvenes, están perdiendo su dentadura por lo oneroso de la atención y por lo difícil que resulta acceder a ella, porque en los hospitales hay un dentista para atender a toda una comuna con más de treinta mil o cuarenta mil habitantes. Creo que es una solución que debiera tomarse en cuenta para ir mejorando la salud dental de la población de Chile.
Señor Presidente, en Educación mucho se ha dicho que el país debe evolucionar y mejorar, pero creo que una buena medida sería construir escuelas técnico-profesionales. Especialmente, me refiero a que haya escuelas que apunten hacia lo que cada comuna o región necesita. Es ilógico, por ejemplo, que en Temuco haya una escuela de minas, que no conocemos sino por libros. Se debería contar con escuelas orientadas a la pesca, a la agricultura, a la forestación. Pienso que cada comuna debiera contar por lo menos con un establecimiento de este tipo, a fin de ir formando a los niños en áreas que cada comuna o zona requiere.
De esta manera estaríamos aprovechando mucho mejor el Presupuesto de la Nación, dando soluciones concretas y no sólo haciendo críticas. Creo que el país está cansado de críticas y peleas entre los políticos. Lo que desea es ver soluciones concretas. Así lo hemos propuesto, y pienso que estas cosas debieran ser consideradas dentro de los gastos del Presupuesto, porque serán fondos bien empleados e irían en directo beneficio de la población, de su gente, de los jóvenes que son el futuro del país.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, en la discusión general de la Ley de Presupuestos, es necesario reconocer que el proyecto ya ha estado en discusión desde hace más de un mes en el Congreso Nacional.
Todos hemos podido acceder a la información. Por tanto, partir argumentando que ésta es la primera ocasión en que se conocen los datos, en alguna forma significa desconocer el trabajo que han hecho varios colegas parlamentarios, en representación de la Corporación y de nuestros partidos, en la Comisión Mixta durante largas horas y largas semanas.
En el afán de hacer un aporte constructivo, me referiré, en particular, a una situación que advierto en el proyecto. Vemos que, por desgracia, el Congreso goza de muy pocas facultades para incidir en la estructura del Presupuesto Nacional. Tenemos dificultades inmensas para entregar opiniones previas a la elaboración del proyecto, tal como la tienen los servicios públicos. No se nos consulta sobre el marco presupuestario en general ni sobre sus líneas específicas para ciertas áreas antes de que sea presentado al Congreso Nacional. No se nos consulta, por ejemplo, cómo a través de la articulación de diferentes programas se hace posible impulsar un tema que me preocupa sobremanera, como el desarrollo rural en nuestro país y que parece estar absolutamente dejado de lado o se aborda parcialmente.
El colega Munizaga, con gran certeza, ha hecho una crítica a la estructura del sistema de créditos que hoy implementa
Indap. Reconoce que habrá más beneficiarios, pero critica los montos de los créditos, sin dejar de admitir que habrá un aumento con relación al año pasado. Pero no se ha logrado en esta Corporación un debate global sobre los instrumentos estatales a través de los cuales podemos promover un desarrollo integral para más de un tercio de la población de nuestro país y asegurar que los recursos destinados a esos efectos sean eficientes.
Siempre estaremos restringidos por elementos estructurales. Este Presupuesto tiene, a lo menos, cuatro elementos estructurales de gran peso.
El primero es que la estructura de nuestra población obliga a destinar un porcentaje muy grande del presupuesto fiscal a pensiones y jubilaciones. Es una rigidez brutal pero, sin duda, es imprescindible atender esta necesidad; incluso nos gustaría que se pudiesen destinar más recursos a ese sector.
La ley de piso de las Fuerzas Armadas introduce la segunda rigidez. El colega Sota, junto a otros señores Diputados, presentará y reiterará indicaciones que muchos compartimos, como una señal de nuestro desacuerdo a la existencia de esa rigidez.
También hay una ley reservada, respecto de la cual nuestra bancada socialista ha sido muy crítica a que se mantenga. En reiteradas ocasiones, hemos invitado a los colegas de la Oposición a que abordemos esta tercera rigidez institucional, que dice relación con que el 10 por ciento de las ventas del cobre nacional sea destinado a gastos de las Fuerzas Armadas, lo que en estos últimos años ha significado, en promedio, entre 330 y 350 millones de dólares.
Hay una cuarta rigidez que dice relación con la reforma tributaria. Somos partidarios de que haya pronto debate sobre este tema lo hemos dicho en muchos tonos y de que se haga con altura de miras, para que en los próximos años podamos programar adecuadamente las políticas sociales.
Volviendo al tema de los gastos en ciertos ministerios, me gustaría señalar las razones de mi inquietud respecto de los recursos de este Presupuesto para el desarrollo rural integral, abordando solamente tres áreas.
En primer lugar, con respecto al Ministerio del Trabajo. Reconocemos el aumento del presupuesto para los inspectores del trabajo, fundamental para garantizar el respeto a las leyes en las relaciones laborales. Por desgracia, gran parte de este aumento, como la apertura de oficinas de inspecciones de trabajo, no se está realizando en los lugares en que las relaciones laborales rurales son más dinámicas: en el campo, en particular con los temporeros, donde el respeto a las leyes laborales es altamente cuestionable. Hay constantes críticas en esa materia. Nos gustaría que se hagan más programas especiales de fiscalización, sobre todo en estos meses, para garantizar el mayor respeto a tales leyes.
En segundo lugar, en relación con el Ministerio de Economía. Hay una inquietud, que volveré a plantear más adelante, que dice relación con los programas de agua potable rural.
Hace tiempo que tuve la oportunidad de plantearla a las autoridades del Ministerio de Hacienda, al Ministro, al Subsecretario y al Director de Presupuestos.
Hoy se ha presentado indicación con el propósito de recoger esta inquietud, que dice relación con los recursos que se destinan para proyectos de agua potable rural, a través del Ministerio de Economía con transferencia de recursos a Corfo, y de Corfo, a las empresas de servicios sanitarios.
Es un debate que está pendiente en nuestro país sobre cómo aseguramos que todos los chilenos, sin importar si viven en el campo o en la ciudad, tengan igualdad de derechos para acceder a este vital elemento.
Sin duda, hay una clara señal del Gobierno, que agradezco mucho, al acoger esta petición, pero profundizaré más adelante el motivo de mi inquietud.
Finalmente, en la Partida del Ministerio del Interior que transfiere recursos a los municipios para programas de gran focalización del gasto social, en particular los de Mejoramiento de Barrios y de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, hemos sido testigos de cómo en el último tiempo se han venido reduciendo ambos programas en términos reales.
El año pasado el Programa de Mejoramiento de Barrios tuvo una reducción de 18 por ciento del aporte fiscal en términos reales. Este año hubo nuevamente una reducción en términos reales en el proyecto original, que se ha recuperado con una indicación, para mantener los montos reales, pero a costa del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal que, como todos sabemos, está dirigido esencialmente a la absorción de desempleos estacionales o focalizados en ciertas comunas.
Sin duda, esto tiene una gran repercusión en las comunas rurales, especialmente en aquellas marcadas por la estacionalidad del empleo, por lo cual estos programas son de gran importancia. No desconocemos que se aumentaron los recursos para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y para el Ministerio de la Vivienda, que cumplen algunos de los objetivos para los que fueron creados. Sin embargo, sentimos que son insuficientes.
Termino con una reflexión sobre un punto que, sin duda, será materia de discusión, y que se relaciona con una cuantiosa inversión de recursos en obras públicas, respecto de las cuales siempre hay que optar entre varias posibilidades. Es así como ayer y hoy hemos oído reclamos porque no se ha concretizado un proyecto de vialidad para Viña que, sin duda, es importante; sabemos que no hay recursos suficientes para construir los pasos sobrenivel para algunas importantes ciudades; vemos la necesidad de extender la doble vía de la Panamericana Norte. Pero este es un país pobre y tenemos grandes dificultades y necesidades. Por ejemplo, tendremos un extenso debate sobre los recursos que se proponen destinar, a través del Ministerio de Educación, para la rehabilitación y mejoría de la Estación Mapocho, con el fin de transformarla en un gran centro cultural del país. Algunos dicen: por desgracia ese edificio está en la comuna de Santiago, la cual se lleva muchos recursos; otros dirán que Santiago se lleva una cantidad de recursos mayor que el requerido.
Hago estas reflexiones para que al momento en que tratemos este tema no caigamos en un debate de las regiones versus Santiago o de Santiago versus las regiones, aunque reconozco de antemano que soy contrario a destinar 1.800 millones de pesos, o aproximadamente ese monto, para dicha obra, a través del Ministerio de Educación. Soy partidario de que esos recursos se destinen a través de otras partidas y no del Ministerio de Educación, a fortalecer la educación o las actividades culturales en otros sectores, en otros ámbitos. Por ejemplo, podrían servir para satisfacer un anhelo tan válido e importante de la Sexta Región, como es contar, de una vez por todas, con una sede universitaria con aporte fiscal, ya que es de las pocas regiones del país que no la tiene. Hoy hablamos de la regionalización, pero no se puede garantizar el financiamiento de un animador cultural, de un generador de profesionales, de pensamiento y de desarrollo cultural para una región que tiene más de un millón de personas.
No quiero hacer el juego maniqueo de decir: la Estación Mapocho versus una universidad en la Sexta Región.
Simplemente quiero decir que al momento de aprobar ciertas partidas del Presupuesto, es importante comprobar que estén ubicadas en el lugar más adecuado. Personalmente, soy partidario de que estos recursos no sean asignados al Ministerio de Educación, sino al Fondo de Desarrollo Regional, correspondiente a la Región Metropolitana y, si fuera necesario, que se hiciera un aporte adicional en la Partida.
He dicho.
El señor CERDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, como no tenemos atribuciones para introducirle las modificaciones sustantivas que quisiéramos, me limitaré a comentar la reposición hecha por el Ejecutivo a la cual se refirió el. Diputado que me antecedió en el uso de la palabra en virtud de la cual consulta fondos para completar no para terminar el proyecto de la Estación Mapocho.
Estamos en presencia de una situación que debe movernos a reflexionar. En la Partida del Ministerio de Educación se asigna un aporte de 1.862.808.000 pesos a la Corporación Cultural de la Estación Mapocho, y la suma de 1.772.692.000 pesos para actividades de extensión cultural en todo el país.
Si bien la cultura es muy importante, como Diputado por Santiago no tengo dudas de que existen muchísimas otras prioridades en nuestra ciudad. No obstante que dicho proyecto puede resultar importante, su terminación puede ser gradual, dado que no es lo más urgente.
Cuando se comprueba el mal estado de los pavimentos de Santiago, surge la pregunta: ¿se justifican 1.800 millones de pesos para terminar la Estación Mapocho? Cuando se comparan los 1.430.425.000 pesos de la Partida del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para el programa de descontaminación ambiental de la ciudad de Santiago uno de los problemas más graves del país con estos 1.800 millones de pesos, se llega a la conclusión de que para este Gobierno la descontaminación ambiental no constituye una prioridad. Más aún, en esa Partida se contemplan 350 millones para continuar los estudios. Siguen y siguen los estudios, los diagnósticos se acumulan por kilos en las Comisiones, con ene cantidad de soluciones planteadas.
Pero se destinan 1.800 millones de pesos para terminar la Estación Mapocho, en circunstancias de que la Posta 3 de Santiago, que atiende las Comunas de Talagante, Melipilla, Pudahuel, Renca y Santiago, dispone de una Sala de tres por cuatro metros para atender los casos de extrema urgencia que llegan desde todos los sectores de la ciudad y donde caben apenas dos pacientes. Si los Honorables colegas visitaran dicha posta verían el estado deplorable en que se encuentran sus tres cuartas partes, que permanecen cerradas porque no hay presupuesto. Con 100 millones de pesos al año me decía su Director podrían habilitarse 20 camas más. ¿Y se asignan 1.800 millones de pesos para terminar la Estación Mapocho?
No es maniqueísmo como señalaba el Diputado señor Letelier comparar este centro cultural con una universidad. Más que considerar estos 1.800 millones de pesos en una Partida del Ministerio de Educación, hay que ubicarlos en otra que atienda efectivamente las urgentes necesidades sociales que todavía existen en el país, y que pasarán muchos años antes de resolverse.
La Comisión Especial Mixta hizo mal al no acoger el planteamiento formulado en la Subcomisión cuando se analizó la Partida 9, del Ministerio de Educación.
No se trata de que los Senadores y Diputados de regiones planteen la rivalidad entre éstas y Santiago. Frente a las necesidades del país y de Santiago, resulta un insulto proveer la cultura suficiente a toda la gente pobre, que tiene muchas necesidades materiales, sobre todo cuando vemos que el resto del país recibe 1.700 millones para desarrollar actividades culturales, y cuando se aprecia que en la Partida de Educación, en el Programa Mece, este año no se alcanzó a gastar el 40 por ciento del presupuesto. Incluso, entiendo que el Banco Mundial lo puede confirmar el Director General de Presupuestos presente en la Sala está reduciendo su ayuda, pues no ha existido capacidad para invertir los recursos asignados.
En consecuencia, hay recursos. Si quienes han elaborado el Presupuesto dicen que es posible asignar 1.800 millones de pesos para terminar la Estación Mapocho, quiere decir que en el país hay dinero. Si se comparan los 5.000 millones que costó la solución del problema de los médicos una mala solución para superar la emergencia con los 1.800 millones en cuestión más de un tercio de la cifra anterior estamos frente a un problema de asignación de recursos.
Nada más cómodo y grato para un Diputado de Santiago que decir: ¡Que vengan los recursos para terminar la Estación Mapocho! ¡Lindo proyecto! Todos sabemos que es un proyecto interesante, pero que se podría desarrollar a través del tiempo.
A veces, la ciudad de Santiago, también necesita parques que se construyan en forma apresurada en dos años, invirtiendo en ellos más de 2.000 millones de pesos. Está muy bien que solucionemos el problema de las áreas verdes, pero no con la premura con que se llevan a cabo todos’ estos proyectos. ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde está la asignación prudente de recursos que se debe efectuar en este momento? Tengo la impresión sin el ánimo de extenderme mucho más de que en el país hay recursos; sólo falta establecer su priorización.
Vuelvo a insistir en el ejemplo de la Posta 3, que para atender a los habitantes de más de nueve comunas de la Región Metropolitana sólo dispone de una sala de resucitación, con una camilla. ¿Acaso no es más prioritario, Honorables colegas, atender esas necesidades? Pienso que aquí se ha dado una mala señal.
Termino señalando que presentaré indicación para que se reduzcan los recursos asignados al estudio del problema de la contaminación y se canalicen hacia inversiones concretas en la ciudad. Si la contaminación en Santiago es un problema serio, asignémosle los recursos necesarios; si la educación es importante, antes de terminar centros culturales, otorguémosle recursos para paliar los déficit existentes en las municipalidades, que alcanza a los 21.000 millones de pesos. Con los 1.800, más otros 1.800, más otros que se puedan sacar de otros lados, se pueden arreglar problemas de fondo: mejorar la educación, asignar recursos a las áreas del país que realmente los necesitan. ¿Qué ganamos con grandes centros culturales si hay escuelas sin baños y sin vidrios; si existen postas sin ventanas, sin camillas y sin camas?
Con respeto, llamo a reflexionar a los Honorables colegas, en la Subcomisión hubo unanimidad sobre este tema. Desgraciadamente, la Comisión Especial Mixta tuvo en cuenta otras consideraciones para hacer justicia no sólo con Santiago y sus necesidades, sino para satisfacer las carencias de la gente más necesitada del país, que sigue siendo mucha.
He dicho.
El señor CERDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención refiriéndome a las palabras del Diputado señor
Bombal, que en una primera consideración podría decirse que conmueven.
Pero, en verdad, su planteamiento no resulta muy riguroso, pues no hizo ninguna referencia a lo que representa, por ejemplo, el gasto militar en el país, y no lo ha comparado con la Posta 3, ni con lo que ocurre en diferentes escuelas. Se requiere bastante más coherencia para plantear estos asuntos.
Entiendo que hay un conflicto específico respecto del Centro Cultural de la Estación Mapocho. Sin embargo, cuando se asignan recursos deben fijarse ciertas prioridades, pero también hay que preocuparse de invertir en la ciudad.
Cuando se construyeron los paseos Ahumada y Huérfanos a mucha gente no le pareció la inversión más adecuada en ese momento. Cuando hoy se destinan recursos para crear un centro cultural para toda la ciudad y a largo plazo, resulta poco serio por no decir poco convincente el argumento de compararlo con la Posta 3, pues el presupuesto para salud consulta cuantiosos recursos para mejorar la infraestructura hospitalaria.
Si el Diputado señor Bombal posee la sensibilidad aquí expuesta, podría ser un buen defensor de la necesidad de continuar con la reforma tributaria para obtener más recursos. No podemos extrapolar a un debate nacional los conflictos existentes al interior de una comuna, distrito o sector, y darles una significación que no tienen. La asignación de recursos origina muchos problemas, de los cuales el principal tiene que ver con el gasto militar. No exageremos ni transformemos el caso de la Estación Mapocho en un problema que distorsiona las cosas.
Pero quiero decir que el proyecto de Ley de Presupuestos de la nación hoy en discusión, contiene un avance de gran importancia relativo a la regionalización. Para casi todos los ministerios se destinan fondos para la inversión sectorial y asignación regional, y la suma de ellos representa un significativo incremento, mayor que los otorgados en el proyecto sobre gobierno y administración regional.
Por lo tanto, se otorga a cada uno de los ministerios esta asignación que permite aumentar los recursos de decisión regional. Valoro esto porque constituye un avance en la perspectiva regionalizadora; pero como ésta se ha hecho muy a la rápida, esta manera de configurar los presupuestos sectoriales de asignación regional no debe sentar precedentes. Esta vez los montos se definieron sobre la base de determinar qué proyectos eran de asignación regional.
La participación efectiva de las regiones en la definición de los proyectos varía mucho de un ministerio a otro. En el caso de Obras Públicas es muy baja, prácticamente inexistente, a diferencia del de la Vivienda en que, por ejemplo respecto de la asignación de fondos para pavimentación la región decide en qué calles se efectuará ésta, independientemente de quién llame a propuesta y la ejecute.
Valorizo este paso positivo en el Presupuesto, pues representa un cambio cualitativo, en su confección. En la elaboración del próximo proyecto de Presupuestos debería iniciarse desde comienzos de 1993 la discusión de los proyectos respectivos, de modo que contengan decisiones, o por lo menos predecisiones regionales, en todos y no sólo en algunos ministerios.
He dicho.
El señor CERDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.
El señor HUEPE.-
Señor Presidente, seré muy breve, porque hay que analizar, en particular, una serie de puntos muy específicos del Presupuesto. No quiero que en el debate se omitan aspectos globales, que este año nuevamente es equilibrado. Por ejemplo, la ejecución presupuestaria del año anterior, que puede presentarse ante el país, muestra indicadores macroeconómicos realmente excepcionales y hace presumir que el próximo año ellos seguirán en muy buena dirección.
El Presupuesto contribuye de manera decisiva a estos equilibrios macroeconómicos; contribuye a la reducción de la inflación, al aumento de la inversión pública, del ahorro.
En términos generales, el manejo de la política fiscal en los últimos años ha sido muy exitoso y ha permitido resultados macroeconómicos satisfactorios para el país. No he escuchado críticas en la Sala a los aspectos globales del Presupuesto. Por lo demás, en la Comisión Especial Mixta hice presente nuestro reconocimiento por el adecuado manejo macroeconómico del Gobierno.
Por eso, el Presupuesto ha contribuido y seguirá contribuyendo el próximo año a un resultado macroeconómico muy positivo.
Si en 1992 hay alguna equivocación es que el crecimiento será del 5 por ciento y no del orden del 8 por ciento, y la inflación se reducirá a poco más del 13 por ciento, en vez del 15. Para el próximo año se esperan resultados macroeconómicos con una inflación no de un dígito, pero que bajará del nivel del 13 por ciento, y una tasa de crecimiento superior al 5 por ciento.
Durante el Gobierno del Presidente Aylwin salvo el primer año, en que hubo una situación de ajuste, tendremos resultados macroeconómicos que nos permitan mirar el futuro de Chile con bastante optimismo.
Algunos puntos centrales del debate en la Comisión Especial no han sido planteados en la Sala. Por ejemplo, sobre el Presupuesto presentado a fines de 1991 algunos parlamentarios de la Oposición afirmaron que el gasto se había excedido. En realidad, los antecedentes acerca de la ejecución presupuestaria demuestran que se mantuvo dentro de los límites establecidos.
El segundo aspecto es relevante y se ha conversado con el Gobierno para enfrentarlo de manera distinta en el futuro. Se refiere a la información periódica por parte del Ejecutivo para que el Congreso juegue un papel más importante en el debate presupuestario. Actualmente sólo podemos analizar el proyecto de Presupuestos en la Comisión Especial Mixta en octubre, cuando llega al Parlamento. Es conveniente ha habido conversaciones con el Gobierno y pueden traducirse en un compromiso formal tener información sobre ejecución presupuestaria un par de veces en el año, ya no en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que no funciona regularmente, sino en las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.
Por ejemplo, se ha conversado la posibilidad de tener información de ejecución presupuestaria del año anterior en los meses de abril o mayo, y durante el segundo semestre, del primer semestre. Esta situación ha sido planteada por los parlamentarios de Oposición y es razonable. Esperamos que el Ejecutivo la recoja en forma adecuada.
Otro aspecto de discusión e» términos globales sobre el Presupuesto tiene que ver con un problema constitucional que formuló el Senado. Hay que definir la capacidad real del Ejecutivo para exceder el gasto aprobado por el Congreso. El Senador señor Piñera, por ejemplo, entregó en la Comisión el informe de un constitucionalista por supuesto, es sólo una opinión; hay otras contrarias a esa visión que señala que el gasto no puede ser excedido de ninguna manera, de acuerdo con la Constitución. Por lo tanto, nos encontraríamos con el absurdo de que serían inconstitucionales las leyes de presupuestos y la ejecución presupuestaria aprobadas de 1980 en adelante, desde que se aprobó la Carta Fundamental, pues atentaría en su contra el hecho de que en algunas oportunidades se ha sobrepasado el gasto.
En realidad, esta opinión significa el absurdo de que no podría excederse el gasto de ningún Ministerio, ni siquiera de una Partida, y tendríamos que estar ratificando por disposiciones legales cualquier aumento del gasto en particular, cosa que desde el punto de vista práctico es imposible de cumplir.
Por eso, tendremos que reflexionar sobre este punto con más calma. El debate del Presupuesto para 1993 no es del momento. Es interesante conocer el criterio del constituyente y legislador acerca de si puede o no exceder el gasto aprobado en las asignaciones presupuestarias.
Estos puntos de discusión fueron planteados en la Comisión Especial Mixta. En todo caso, yo sólo quiero reiterar, en términos generales, antes de referirme a un par de problemas específicos, que nuevamente este año el Presupuesto herramienta esencial de la política fiscal va a contribuir al cumplimiento de las metas macroeconómicas de 1993; y expresar nuestra satisfacción porque se ha cumplido lo anunciado por el Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos en sucesivos años, sobre la evolución probable de las cifras de la macroeconomía. Los resultados han sido muy ajustados a lo que se nos anticipó.
Por último, quiero referirme a algunos aspectos puntuales que van a ser votados en la Sala, particularmente a partir de lo que planteó el Diputado señor Bombal en relación con la Estación Mapocho.
El planteamiento que se ha repetido en la Corporación es equivocado. Decir que si reduce el aporte a la Estación Mapocho para alguna actividad cultural importante yo podría dar un conjunto de antecedentes que lo justifican habría más salud, más educación, etcétera, realmente no tiene sentido. El Estado tiene que hacer todas las tareas necesarias; realizar actividades culturales, dar salud, entregar educación, proporcionar presupuesto de Defensa. Por eso, es falaz sostener que si se rebaja de un lado tendríamos más atenciones primarias o podríamos mejorar tantas escuelas básicas.
Es responsabilidad del Estado enfrentar las múltiples tareas. El énfasis que coloca en una u otra es lo que diferencia el sello político e ideológico de uno u otro gobierno.
Durante nuestro Gobierno se ha puesto énfasis especial en el gasto social y se ha aumentado; y el Diputado señor Bombal no puede pedir que ser rebaje el gasto cultural para dar más salud y educación, porque sabe que para estos aspectos ha sido incrementado en términos reales y de manera notable, en comparación con lo que se destinaba en el régimen anterior. No podemos entrar a una discusión ociosa y sugerir que se rebaje tal o cual ítem para dar más salud y educación.
El punto central es que el Estado tiene que enfrentar todas las tareas de la manera más equilibrada posible. El Gobierno, por sus características políticas, por su sensibilidad, ha aumentado el gasto social, sin duda, y no puede hacerse demagogia fácil y pedir eliminar o bajar determinados ítem por dar más salud, porque esto ya se hizo. Además, el Estado tiene que preocuparse de la cultura de modo muy importante.
En el caso concreto del Centro Cultural de la Estación Mapocho, la verdad es que ahí se desea hacer un gran recinto para la realización de ferias internacionales. En estos días está la Feria de Empresas Solidarias, Fesol, a la que por tener pocos recursos se le ha entregado el Centro Cultural prácticamente a título gratuito, sin cobrarles por su arriendo.
La cultura es una actividad tan esencial como la salud y la educación.
Los argumentos demagógicos del Diputado señor Bombal no tienen base. En general, no parece conveniente que en la Cámara se proponga que se rebaje tal ítem en función de comparaciones de lo que se podría hacer en salud y educación, porque la responsabilidad de un gobierno, repito, consiste en enfrentar todas las tareas.
Reitero nuestra esperanza de que el Gobierno tome la iniciativa de enviar a trámite legislativo un proyecto que signifique conocimiento más acabado de la ejecución presupuestaria durante el año y defina mejor los límites en los cuales puede o no excederse el gasto aprobado por el Congreso Nacional.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, es imposible no referirse a los efectos que produce esta discusión en el proyecto de Ley de Presupuestos. En verdad, ninguno. Más bien, la falta de asistentes a la sesión, en el fondo, refleja que los parlamentarios nos damos cuenta de que en esta materia tenemos pocas atribuciones y no sacamos nada con discutir si reducimos o no el aporte al Centro Cultural Estación Mapocho. El Congreso puede eliminarlo; pero, si el Gobierno lo estima necesario, puede suplementario durante el año no sólo en 1.800 millones, sino que en más.
La discusión ha sido estéril y más bien ha sido una información de lo que el Ejecutivo quiere hacer, y en este sentido algunos la han aprovechado mejor que otros. La tramitación del proyecto que establece la Constitución, en gran medida, es fruto de la voluntad del Congreso para su discusión.
En la práctica, el Congreso se ha transformado en un buzón, pues recibe el proyecto de Ley de Presupuestos, pero puede hacer bastante poco para introducirle modificaciones y manifestar sus prioridades frente al Ejecutivo.
Es importante que el Ejecutivo tenga alguna flexibilidad que le permita hacer ajustes durante el año. En la Primera Subcomisión hubo un largo debate acerca de su grado, pero es esencial que sea el gasto máximo aprobado por el Congreso para efectos de la Ley de Presupuestos.
Es de importancia que los parlamentarios tengamos posibilidad de incorporar algún tipo de normas que nos entreguen mayores atribuciones, que las ejerzamos y no dejemos estas decisiones sólo en manos del Ejecutivo. Es la tercera vez que discutimos un proyecto de Ley de Presupuestos. Todos los años hemos tenido las mismas discusiones, que terminan en nada.
Por lo señalado, presentaré indicación se ha hecho en reiteradas ocasiones en el sentido de que el gasto máximo sea el aprobado en el proyecto de Ley de Presupuestos. Es muy importante que los parlamentarios tengamos mayores atribuciones en su discusión y nos aseguremos de que el máximo es el gasto total aprobado. Si durante el año el Ejecutivo dispone de mayores ingresos, fruto de la proyección, puede reasignarlos previa aprobación del Congreso. No introduce inflexibilidad el aprobar una norma como la propuesta, porque únicamente estaría fijando el marco máximo de la Ley de Presupuestos, manteniendo las facultades que hoy tiene el Ejecutivo, a través del Tesoro Público, de introducir modificaciones a sus programas, ítem y partidas.
Por lo tanto, es muy importante, en el ejercicio de las atribuciones del Parlamento, aprobar una indicación en el sentido de que el gasto autorizado se entenderá como máximo, de manera que si durante el año el Gobierno requiere consultar mayores recursos en la Ley de Presupuestos, tendrá que hacerlo con la aprobación del Congreso.
En verdad, para los institutos y los parlamentarios es muy difícil revisar la cantidad de antecedentes necesarios para chequear si efectivamente la Ley de Presupuestos se ha excedido en lo aprobado, en circunstancias de que se debe tener muy claro las alteraciones que genera en las variables macroeconómicas, partiendo por el tipo de cambio, el mayor gasto fiscal, que puede ser asumido con mayor seriedad en una Administración que en otra. Reitero entonces que es muy importante, al aprobar la Ley de Presupuestos, estar autorizando el gasto máximo, en cuyo caso si el Ejecutivo quiere excederse de ese total, lo haga sólo a través de la dictación de una nueva ley. Obviamente nadie podrá sostener que con una norma de esta naturaleza se está introduciendo un factor de rigidez a la Ley de Presupuestos, porque es lo mínimo que podríamos aprobar.
Todas estas indicaciones se formulan en el entendido de que hubo, en la práctica, acuerdo del Gobierno en la Subcomisión, y que ahora es muy importante concretarlas en la Sala.
También es conveniente que los parlamentarios tengan conocimiento, durante el año, de la ejecución del Presupuesto. Para ese efecto he presentado una indicación a fin de que el Ministro de Hacienda y el Director del Presupuestos den a conocer en el mes de julio, en forma obligatoria, una evaluación de lo ejecutado en el Presupuesto durante los primeros seis meses del año.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Señor Diputado. No ha llegado ninguna indicación de Su Señoría a la Mesa.
El señor LONGUEIRA.-
Aún no las he hecho llegar.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Está por vencer el plazo para presentarlas, señor Diputado.
El señor LONGUEIRA.-
Asúmalas como presentadas, señor Presidente.
La idea básica es que, durante el mes de julio, la Comisión Mixta establecida en la Constitución se vuelva a constituir para que el Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos presenten un estado de lo ejecutado en estas materias al 30 de junio, y vuelvan a hacer exactamente lo mismo en el mes de septiembre, cuando presenten la Ley de Presupuestos para el año siguiente. De esta forma se van a ir evaluando los cambios introducidos y conociendo los antecedentes en forma oportuna, sin tener que solicitarse durante la tramitación del proyecto de la Ley de Presupuestos respectiva.
Estas son las dos indicaciones que apuntan a un perfeccionamiento de la discusión del Presupuesto.
Por otro lado, el gasto social, de alguna forma, se lleva a cabo a través de distintas reparticiones públicas que han ido creando sistemáticamente, durante estos tres últimos años, dos tipos de organizaciones. Ellas están ejecutando una política de gasto social sin criterios de focalización ni de evaluación, en cuanto a si efectivamente los programas se están llevando a cabo o si se están logrando los objetivos inicialmente tomados en cuenta para ser aprobados.
Si se analizan los distintos ministerios sociales, gran parte de sus programas son ejecutados por organizaciones no gubernamentales. En esta modalidad que ha ido creciendo sistemáticamente, el Fisco pone los recursos, pero el resultado final de la inversión encaminada a erradicar la extrema pobreza, es bastante deficiente porque gran parte de lo que se asigna a estos programas sociales se gasta, muchas veces, en estudios, en personal, y lo real y concreto que llega a los sectores más necesitados del país termina siendo una ínfima parte.
Por lo anterior, hemos presentado indicación para que las organizaciones no gubernamentales que reciben recursos a través de la Ley de Presupuestos estén sujetas a la fiscalización de la Contraloría.
El año pasado, el Congreso Nacional estableció en un proyecto de ley que los colegios subvencionados por el Fisco, debían quedar sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
De igual manera, proponemos que las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos fiscales para ejecutar programas, en esa parte queden supeditados a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Para que los recursos fiscales sean más efectivos, también queremos que exista un mayor control en aquellos programas realizados a través del Fosis.
Los recursos para las organizaciones no gubernamentales han ido creciendo sistemáticamente, al igual que los del Fosis entregados por el Fisco a través del Mideplan. Incluso, muchas veces las autoridades comunales se enteran de que un particular, o una ONG, o una institución determinada ha recibido fondos fiscales porque presentó un proyecto social estimado necesario.
Por lo tanto, proponemos una indicación para que los proyectos aprobados por el Fosis cuenten previamente con la aprobación de los concejos comunales. No se pueden otorgar recursos a instituciones, incluso a particulares, por muy necesarias que sean estas inversiones sociales, sin que hayan sido aprobados también por el concejo comunal respectivo, cuyos miembros han sido elegidos democráticamente y, de alguna forma, reciben en forma permanente la problemática existente a nivel comunal. Los concejales son los que tienen más claro cuáles son las prioridades y las necesidades comunales, pero muchas veces ni siquiera saben y si tienen conocimiento se enteran por la prensa que en su propia comuna se están destinando recursos para hacer, por ejemplo, una sede social, construir pozos o llevar a cabo distintos proyectos, cuya necesidad no quiero entrar a discutir, tal vez todos son necesarios, pero que respecto de los cuales no existe ninguna priorización. En definitiva, el Fosis destina grandes recursos fiscales a través de un organismo absolutamente centralizado.
En resumen, todos los proyectos aprobados a través del Fosis, como requisito mínimo deben contar con la aprobación de los respectivos concejos comunales, estableciendo de alguna forma un parámetro para saber cómo se está municipalizando este ítem tan importante destinado precisamente a los sectores más necesitados.
Por último, hemos presentado un par de indicaciones que sabemos son inadmisibles, pero al formularlas queremos manifestar una voluntad de intenciones que apuntan a dos grupos muy específicos.
Más que una iniciativa de la UDI, quisiéramos proponerlas para que la Corporación manifieste su inquietud frente al Ejecutivo sobre la posibilidad de incrementar efectivamente dos ítem muy importantes.
Uno se refiere al Cuerpo de Bomberos. Me imagino que prácticamente todos tenemos en nuestros distritos o comunas compañías de bomberos, cuyos integrantes cumplen una labor realmente admirable. La verdad es que necesitamos dar, como Estado y como sociedad, un mayor respaldo a esta institución. El Fisco, sin lugar a dudas, debe buscar la manera de reasignarles mayores recursos. De alguna forma, todos los parlamentarios hemos sido invitados por las distintas compañías de los distritos respectivos a conocer un poco su situación, que históricamente en Chile ha estado sustentada en el voluntariado.
Es muy importante también que ojalá el Parlamento apruebe hoy una indicación para favorecer con un aporte a la Teletón.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Señor Diputado, terminó su tiempo, de manera que podrá referirse al resto de sus indicaciones en la discusión particular de cada Partida.
Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCIA (don José).-
Con su venia, le concedo una interrupción al Diputado señor Bombal.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, sólo para consignar que hace algunos días el tema del aumento de recursos al Cuerpo de Bomberos se le planteó en la Sala al Ministro de Hacienda, quien manifestó, en principio, una buena disposición para abordar esta materia.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, estimados colegas, el proyecto de Ley de Presupuestos que discutimos hoy tiene importancia por, a lo menos, tres razones.
Primero, porque el presupuesto del sector público debe constituir la principal instancia en que se expresan en forma concreta los planes, programas y políticas del sector público;
Segundo, porque la política fiscal tiene un rol determinante en la conducción macroeconómica;
Tercero, porque el Presupuesto de un año y su ejecución no sólo determina políticas e induce comportamientos para el año de su vigencia formal, sino porque también tiene efectos muy relevantes más allá del período para el cual rige.
Esto es particularmente importante en este presupuesto, ya que la base de gastos que aquí aprobemos será determinante en la posición financiera del Gobierno cuando surtan efectos las modificaciones tributarias previstas a partir de 1994.
Entrando de lleno al proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo somete a nuestra consideración, los Diputados de Renovación Nacional queremos expresar varias preocupaciones. Primero, el crecimiento del gasto.
A partir de 1991 la política fiscal se ha caracterizado por una agresiva expansión real del gasto público. Respecto de la ejecución de 1990 el gasto previsto para 1992, excluyendo intereses, crecerá en casi un 28 por ciento.
Durante 1992, se estima que el gasto se expandirá en términos reales, aproximadamente en un 12 por ciento respecto de 1991.
Para 1993, el proyecto de Ley de Presupuestos, considera un nuevo incremento en el gasto total, de aproximadamente 5,6 por ciento reales con respecto a la ejecución estimada para 1992. Sin embargo, si consideramos la sobre ejecución de gastos a que se refería el Diputado señor Longueira, respecto al proyecto original, de aproximadamente un 4 por ciento, parece más probable que el crecimiento del gasto se ubique en tomo a un 9,4 por ciento, cifra que supera en forma significativa las propias estimaciones oficiales de crecimiento de la economía. Este crecimiento del gasto representa un importante obstáculo en la lucha contra la inflación y puede continuar presionando a la baja en el tipo de cambio real, con un impacto negativo en el sector exportador.
Nuestra preocupación por el crecimiento del gasto está determinada, además, por la incapacidad de ajuste del sector público para enfrentar eventuales ciclos económicos adversos. El gasto público usualmente tiende a ser flexible al alza e inflexible a la baja.
Desde un punto de vista institucional y para contrarrestar la presión al crecimiento del gasto, estimamos imprescindible que el gasto público aprobado por el Congreso se entienda efectivamente como un máximo legal, modificable sólo por ley. En la actualidad, al ser el Presupuesto excedible sólo por el Ejecutivo, se facilitan las presiones al mayor gasto. En este sentido, nos parece absolutamente razonable la indicación anunciada.
Cada vez que la Oposición critica el nivel del gasto público, escuchamos inmediatamente las preguntas: ¿Qué gastos quieren disminuir? ¿Quieren disminuir los recursos para salud, educación, vivienda, pensiones, capacitación de los jóvenes?
Conociendo los problemas y las urgencias sociales de nuestro país, obviamente ninguno de nosotros está pensando en disminuir recursos que beneficien directamente a la población, en particular a la de menores ingresos. Nuestra crítica apunta al crecimiento de gastos que no llegan a la población, sino que sólo aumentan el aparato burocrático del Estado.
Por ejemplo, las contrataciones a honorarios pasan de 2.500 millones de pesos en 1990 a 8.500 millones en 1993, en moneda de igual valor. Sin duda, hay un ítem importante que bien podríamos disminuir para destinar esos recursos a otras prioridades, a otras urgencias sociales.
El gasto en bienes y servicios de consumo corrientes agua, luz, teléfono, arriendo de oficinas, pasa de 245.000 millones en el Presupuesto de 1990 a 335.000 millones en 1993, también expresados en moneda de igual valor. Es decir, el Estado está gastando 90.000 millones de pesos más en la administración de sus Ministerios y servicios públicos.
Nada de esto beneficia a la población.
Nada de esto llega a los sectores de menores recursos del país.
Además, la existencia de un importante número de programas en que un porcentaje significativo del gasto está destinado a personal, viáticos, honorarios, vehículos, arriendos de oficina, etcétera, nos parece también una forma de disfrazar como sociales desembolsos que realmente son gastos de la burocracia.
Estimamos posible, y más que posible, necesario, un mayor esfuerzo de ahorro público en todas estas materias prescindibles, para evitar la presión del sobreexceso del gasto y acumular recursos para atender otras urgencias sociales.
Otra preocupación en relación con el proyecto de Ley de Presupuestos se refiere a las empresas públicas. Estas disminuyen su aporte al Fisco con cargo a sus excedentes.
La recaudación de la tasa del 40 por ciento de impuesto a que se encuentran afectas las empresas públicas disminuye en el Presupuesto de 1993 en 15 por ciento, con lo cual se priva al Fisco de otros 5 mil millones de pesos.
La tendencia a la baja en los aportes de las empresas públicas es una materia que no debe preocupar sobremanera, ya que no constituye una situación particular del año 1993. Por ejemplo, en los últimos tres años Codelco ha disminuido el aporte neto a los programas del Estado en el equivalente a una reforma tributaria. No es equitativo que mientras todos los chilenos aportan y hacen un esfuerzo a través de la reforma tributaria, una sola empresa estatal lo haya desbaratado en tres años.
Esta materia reviste para nosotros particular importancia, ya que el Gobierno ha expresado su voluntad de mantener los impuestos en los niveles en que se encuentran, como fuente de financiamiento de programas sociales. Los hechos demuestran que con mayor eficiencia de las empresas públicas y con mayor ahorro público no existe necesidad alguna de volver a subir los impuestos en 1994.
Señor Presidente, vamos a aprobar en general el proyecto de Ley de Presupuestos que nos ha enviado el Ejecutivo, pero presentaremos indicaciones para reducir el gasto del Subtítulo 21 en 1.500 millones de pesos, que corresponden al exceso de gastos en honorarios y en 13.373 millones de pesos, que corresponden al exceso de gastos en bienes y servicios de consumo en moneda nacional, y de 818 millones de dólares en el presupuesto en moneda extranjera.
Esas son nuestras aprensiones respecto del proyecto que se nos ha presentado.
Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Recondo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, seré muy breve para comentar y sumarme a lo planteado por muchos parlamentarios en esta Sala, en cuanto a la poca capacidad de la Cámara para influir en la formulación del Presupuesto de la Nación y, por lo tanto, en la priorización y focalización que se da tanto al gasto como a la inversión.
Deseo centrar mi análisis fundamentalmente en las regiones con alta ruralidad, como la que represento, y en tres aspectos que son importantes y que no están suficientemente priorizados en este proyecto.
El primero de ellos se relaciona con la Dirección de Vialidad. El hecho de que aumente en 7 por ciento real la capacidad de inversión o el monto del presupuesto disponible para el año 1993 me parece una mala priorización, pues no significará, especialmente en regiones con alta ruralidad, un mejoramiento sustantivo de los caminos comunales y de los comunales secundarios que hoy implican un freno en el desarrollo de las regiones. Ante la imposibilidad de dar una solución de fondo al problema, se ha derivado hacia los municipios la tarea de enfrentarlo con sus propios presupuestos, lo cual, como sabemos, resulta imposible.
Por otra parte, no se ha consultado ni se ha priorizado suficientemente en este proyecto el gasto en salud, sobre todo lo referente al programa de atención primaria que hoy manejan los municipios, como tampoco la atención de los déficit en educación que éstos deben enfrentar.
Por lo tanto, en materias tan importantes como la salud y la educación, los municipios van a tener que asumir con sus presupuestos un gasto muy significativo, no considerado en el proyecto como aporte fiscal adicional que les permita una verdadera autonomía y aprovechamiento de todo el proceso de descentralización que implica darles mayor poder de decisión.
En este sentido, no creo que sea conveniente derivar a los municipios tal responsabilidad. En este momento los nuevos y recién elegidos concejos, al elaborar los presupuestos dé cada municipalidad, han podido darse cuenta de que, efectivamente, sobre todo en aquellas comunas que pertenecen a las regiones con alta ruralidad, la gran parte de su presupuesto lo gastarán en atender los déficit de salud y de educación, y no tendrán recursos para inversión real o para ejecutar algunas obras en beneficio del sector rural.
Por último, si bien en el presupuesto del Ministerio de Agricultura hay un aumento sustantivo para el Instituto de Desarrollo Agropecuario, fundamentalmente en el programa de transferencia tecnológica y en el aumento de la cobertura de crédito, el concepto de la focalización no está debidamente considerado.
El Diputado señor Longueira hizo notar en su intervención la necesidad de controlar y evaluar el destino de los fondos que se canalizan a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) o de empresas de estas características para atender programas ministeriales.
Cuando se modificó la ley de Indap, y ahora, al verificar que se hace un aporte fiscal libre bastante importante, sostuvimos que si bien es cierto resulta conveniente efectuar un gasto o una mayor inversión en los pequeños agricultores, no es menos que Indap por sí solo no puede desarrollar una actividad que permita pensar que ello significará mayor desarrollo rural o progreso en la calidad de vida de los pequeños agricultores. Creemos que no se evalúa debidamente el uso de estos recursos y que, por lo tanto, no hay una buena focalización.
Temas como los caminos, la salud, la educación, la agricultura no van a permitir que las regiones de alta ruralidad puedan pensar que apuntamos hacia un auténtico desarrollo rural.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.
El señor DEVAUD.-
Señor Presidente, me ha llamado la atención la proposición de dos indicaciones del Diputado señor Longueira que son de suyo interesantes. Una de ellas, para que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos informen periódicamente al Congreso Nacional respecto de la ejecución presupuestaria.
Estoy de acuerdo con el fondo de la proposición. Me gusta la idea, pero en virtud de la Constitución presidencialista y muy rígida aprobada en 1980, y de conformidad con su artículo 62, en la parte que tiene que ver con la administración financiera del Estado, esto corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la
República. A mayor abundamiento, el decreto ley orgánico de Administración Financiera del Estado señala en su artículo 15 que "La Dirección de Presupuestos es el organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado.
"Le compete, además, sólo a dicha dirección, orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria. Asimismo, le incumbe regular y supervisar la ejecución del gasto público, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la Contraloría General de la República."
El mencionado cuerpo legal nos dice que hay sólo dos organismos competentes para analizar y verificar la ejecución presupuestaria: la Dirección de Presupuestos y la Contraloría General de la República.
La indicación del Diputado señor Longueira está dirigida a modificar el artículo 15 de la ley de Administración Financiera del Estado, cuestión que, en mi concepto, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por lo tanto, debe formar parte de una discusión integral respecto del cambio del régimen político y, particularmente, del tema de la Constitución.
La otra indicación del Diputado señor Longueira apunta a limitar los gastos máximos del Presupuesto Nacional. Con esta limitación se presentaría el problema de que no podría aprobarse ninguna ley que tenga incidencia financiera o presupuestaria, pues de conformidad con el artículo 21 de la ley de Administración Financiera no se puede financiar la ejecución de ninguna ley que no esté considerada en la de Presupuestos.
En el artículo 21 de la ley de Administración Financiera se señala que "Los ingresos y/o gastos aprobados por leyes sancionadas durante el ejercicio presupuestario, como también aquéllos autorizados por leyes de años anteriores que no hubieren sido incluidos en la Ley de Presupuestos, se incorporarán al Presupuesto vigente."
Una indicación cuyo objeto sea limitar el gasto máximo del Presupuesto Nacional, conlleva el peligro de no permitir legislar adecuadamente. Con esta fórmula exagerada de rigidización de la administración financiera del Estado, ninguna ley que se dicte que no esté considerada en la Ley de Presupuestos podría ser financiada.
Por último, el artículo 28 del mismo cuerpo legal establece que "El Ejecutivo podrá ordenar pagos excediéndose de las sumas consultadas en los rubros correspondientes, en los casos que a continuación se indican:
"1.- Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas por autoridad competente.
"2.- Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Estado deba reintegrar por cualquier causa.
"3.- Para atender el servicio de la deuda pública.
"4.- Para pago de jubilaciones, pensiones y montepíos y, en general, gastos de previsión social."
Si fuese llevada a debate y aprobada una indicación como la propuesta por el Diputado señor Longueira, alteraríamos la esencia de lo contenido en el artículo 28 y el Estado no podría administrar las finanzas públicas.
Por esas dos razones y, particularmente, porque el artículo 62 de la Constitución no lo admite, ni siquiera para debate, manifiesto mi acuerdo con el fondo de la proposición respecto del control de la ejecución presupuestaria por el Congreso Nacional, pero una indicación de esa naturaleza debe ser patrocinada por el Presidente de la República. O sea, es prerrequisito que sea iniciativa del Ejecutivo.
Respecto de la limitación del gasto máximo del Presupuesto Nacional, expreso mi absoluta disconformidad con una presentación de ese orden, tanto en la forma como en el fondo. En cuanto a la forma, por lo señalado, por las restricciones establecidas por la Constitución; y, en el fondo, por cuanto rigidiza innecesariamente la ejecución del gasto público.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación en general el proyecto de Ley de Presupuestos.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobado en general, salvo el artículo 32.
Si le parece a la Sala, el artículo 3° que requiere quorum especial, se aprobará con la misma votación anterior, tanto en general como en particular.
Aprobado.
Corresponde debatir en particular, el proyecto de ley. Recuerdo a la Sala que podrán intervenir hasta cinco señores Diputados por. Partida.
En discusión la Partida Presidencia de la República.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.
Aprobada.
En discusión la Partida Congreso Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.
Aprobada.
En discusión la Partida Poder Judicial.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En discusión la Partida Contraloría General de la República.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En discusión la Partida Ministerio del Interior.
Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.
El señor DEVAUD.-
Señor Presidente, sólo para formular una petición al Director de Presupuestos en relación con el tema de las municipalidades, dado que éstas dependen del Ministerio de Hacienda. Sugiero que las dietas de los concejales, que hoy se consignan en las transferencias corrientes, se trasladen a personal o al subtítulo 21, ya que los municipios pueden transferir el 7 por ciento de su presupuesto de inversión real a transferencias corrientes. Al figurar en esta Partida las dietas de los concejales, se disminuye notoria y sensiblemente la posibilidad de que los municipios operen con este 7 por ciento de transferencias corrientes. Como los concejales cargos de duración determinada forman parte de la administración municipal, sus dietas deberían considerarse en el subtítulo 21, para dar mayor flexibilidad al funcionamiento de esas corporaciones.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, tengo una duda respecto de lo indicado por el señor Devaud. No me opongo, pero hay que tener presente que los concejales no son funcionarios municipales. Por lo tanto, puede existir algún impedimento legal para traspasar al subtítulo 21 las asignaciones o las dietas.
Para que no aprobemos cosas que, jurídicamente, no son viables, el Director de Presupuestos podría aclarar esa duda.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Señor Diputado, el Diputado señor Devaud ha planteado una aspiración, no una indicación.
El señor LONGUEIRA.-
Todas las aspiraciones del Diputado señor Devaud las aprobamos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente sólo para pedir que se divida la votación en la Partida 05, subtítulo 21, en todas las glosas 02, es decir, en cada uno de los Capítulos, que se refieren al máximo de gasto en personal, y que incluye los "Convenios con personas naturales". En ese punto, Renovación Nacional se abstendrá. Sería absurdo votar uno a uno.'
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará toda la Partida del Ministerio del Interior, salvo lo indicado por el Diputado señor García.
Aprobada.
Podríamos tomar el acuerdo el Diputado señor Longueira dice que lo mismo hará la Unión Demócrata Independiente respecto de cada Ministerio, con la abstención de Renovación Nacional y de la UDI.
Antes tiene la palabra el Diputado señor Dupré.
El señor DUPRE.-
Señor Presidente, solicito que se vote separadamente la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Primero, zanjemos lo planteado por el Diputado señor García, es decir, la reducción en los gastos de personal que ha indicado.
Como Renovación Nacional y la UDI van a plantear la votación separada de esta glosa en todos los ministerios, para no repetir lo mismo en cada oportunidad la votación se efectuará ahora y se aplicará a los demás:
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, ¿me permite?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, quiero pedir que lo solicitado se haga por Partida, porque hay ministerios donde no tiene ninguna justificación, pues el gasto de honorarios es mínimo y estamos dispuestos a aprobarlo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Entonces, Su Señoría nos indicará cada caso.
Un señor DIPUTADO.-
Todos, menos Defensa.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 28 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobado lo propuesto en el proyecto.
Tiene la palabra él Diputado señor Dupré para que especifique su petición y glosa.
El señor DUPRE.-
Señor Presidente, lo haría siempre y cuando tuviese el material para establecer la glosa, pero en el informe no se señala, de tal manera que solicito que en la Partida del Ministerio del Interior votemos separadamente, el capítulo relativo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en virtud de que nuevamente a la Región Metropolitana se le concede el 5 por ciento del total del Fondo, en circunstancias de que tiene el 40 por ciento de la población de Chile.
El señor MOLINA.-
Señor Presidente, ¿me permite?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOLINA.-
Señor Presidente, quiero que quede constancia de que mi voto en la votación anterior fue afirmativo y no figuró.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Así se hará.
El señor MONTES.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, no tiene relación la distribución de este año con la del año pasado. Si el Diputado señor Dupré revisa los contenidos que tiene la Partida "Inversión sectorial de asignación regional" en el conjunto de los ministerios, podrá ver que se va compensando y, en definitiva, hay una mayor proporción con la población, dependiendo de cada uno de los programas. El FNDR es sólo un fondo de distribución intrarregional; en consecuencia, no corresponde votarlo en los términos que él plantea.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobada la distribución indicada en el proyecto.
Despachada la Partida 05, Ministerio del Interior.
En discusión la Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores.
El señor GARCIA (don José).-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también nos abstendremos en el subtítulo 21, Convenio con personas naturales.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad la Partida salvo la glosa "Convenio con personas naturales", que se aprueba con la abstención de Renovación Nacional.
Aprobada.
Partida 07. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
El señor Secretario dará lectura a una indicación del Ejecutivo.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación de Su Excelencia el Presidente de la República está referida a la Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Capítulo 06, Corporación de Fomento de la Producción, Programa 01: En el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, sustituir $ 9.560.289.000 por $ 9.960.289.000 e, igualmente, en su ítem 91, en el Subtítulo 30, inversión sectorial de asignación regional, sustituir $ 4.056.649.000 por 4.456.649.000.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Ministro subrogante.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, el Ejecutivo destina una cifra superior a los 4.000 millones de pesos, que ahora propone ampliar para inversiones en obras de agua potable rural, en 1993, las cuales por primera vez se realizarán mediante el sistema de inversión sectorial de asignación regional. Por la indicación se aumenta en 400 millones de pesos la inversión global propuesta originalmente. Había una cantidad importante de proyectos de agua potable rural que no tenían suficiente financiamiento, y el Ejecutivo, recogiendo solicitudes de varios señores parlamentarios, durante la tramitación de este proyecto, acogió sus planteamientos y presentó esta indicación.
Gracias.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, muchos señores Diputados recordarán que desde hace siete meses que planteo a esta Corporación el problema de los proyectos, de los recursos y de los mecanismos que existen para financiar los programas de construcción de obras de agua potable rural. En varias ocasiones, junto con el colega señor Horvath hemos enviado oficios al Ejecutivo consultándole acerca de los procedimientos y mecanismos de dichas inversiones y de la institucionalidad que hay en ese sector. Tiempo atrás estos programas eran administrados por el Ministerio de Obras Públicas. Hace dos años que se hizo cargo de ellos el Ministerio de Economía y, particularmente, la Corfo, a través de la cual los recursos se trasladan a las empresas de servicios sanitarios.
Pero las empresas de servicios sanitarios, en general, no asumen el compromiso que requieren los proyectos de inversión en agua potable rural, por cuanto estas empresas están inspiradas en un criterio de utilidades o ganancias, que los referidos proyectos no las proporcionan. Muchas veces estas empresas, en algunas regiones, no ponen todo su empeño y esfuerzo para sacar adelante los proyectos.
El problema más grave, que puse en conocimiento del Ejecutivo y me siento muy satisfecho de que haya acogido mi petición, es que los informes que entregó Sendos sobre la base del censo de 1982, indicaron una cobertura de 82 por ciento en las localidades rurales concentradas. Un estudio reciente, considerando un universo mayor de dichas localidades, señala que a nivel nacional no hay más que una dotación de 30 por ciento de servicios de agua potable. Es decir, el déficit en las comunas rurales de nuestro país es muchísimo mayor de lo que se pensaba inicialmente. Este dato, sin duda, quedará reiterado y refrendado en el censo de 1992, por cuanto en esas localidades rurales ha habido un aumento de población, como consecuencia de la retención y reducción de los procesos migratorios, en particular hacia Santiago.
La inversión en estos rubros es de fundamental importancia. En mi opinión, fue negativo el propósito inicial del Ejecutivo de mantener, en términos reales, igual inversión en los proyectos de agua potable rural, porque no se recoge la magnitud del problema existente, más aún cuando el costo de esas inversiones, que tienen un efecto multiplicador muy importante sobre los sectores de salud y otros, son onerosos. Los señores Diputados representantes de zonas rurales saben que un proyecto para dotar a una comunidad de 300 familias, equivalentes a más de 1.200 habitantes, tiene un valor aproximado de 100 millones de pesos. Sin duda, el importante aumento de 400 millones de pesos permitirá que cuatro mil chilenos más tengan agua; pero es insuficiente ante al profundo déficit que hay.
Constituye un gran paso que el Ejecutivo haya acogido esta petición. Agradezco la comprensión que tuvo el Director de Presupuestos, aun cuando para nuestra sugerencia es aún insuficiente.
De comprobarse y ratificarse el estudio que tengo en mis manos, que indica que la cobertura de las referidas localidades está en gran porcentaje por debajo de lo que señaló Sendos, solicito que esta Partida se incremente aún más en el presupuesto de 1994.
Por último, señor Presidente, la glosa 05, referida a la inversión sectorial de asignación regional crea una situación ambigua. Con el colega señor Horvath he compartido la preocupación respecto de quién es el patrimonio de los proyectos de las copas de agua y de las redes del agua potable rural. En mi concepto, ésta es un área que requiere una legislación especial, pues la ley no resuelve el problema. Es posible que el patrimonio de estas inversiones quede en manos de la Corfo, de los gobiernos regionales, de los municipios o de las comunidades beneficiarías. Genera una diversidad de opciones que quizás sea necesario un período de transición; pero mi criterio es que, a la larga, los titulares de este patrimonio, quienes lo administren, deben ser las comunidades propiamente tales, de manera que se hagan responsables de su autogestión, de la mantención de las bombas, de las extensiones de las redes y de las tarifas que cobren para mantener la dotación de este servicio tan vital.
La glosa como está puede generar problemas serios para la Corfo, como asimismo una burocracia innecesaria, pues tendrá que comenzar a registrar patrimonios y pago de impuestos por instalaciones desde Coihaique hasta Arica.
Por tanto, señor Presidente, pido y por su intermedio que el Director de Presupuestos nos dé su opinión sobre el sentido tan amplio de la glosa relativa a la mantención del patrimonio.
Estamos tentados a presentar una indicación para evitar que la Corfo se quede con este patrimonio. Pensamos que en este período de transición es mejor que quede en el gobierno regional, en el municipio o, preferentemente, en las comunidades, más aún cuando el Diputado señor Dupré ha señalado, en relación con la planta de agua de Maipú, que se crean problemas de personal en los municipios, tema que hemos conversado con ocasión de otros proyectos y que puede acarrear una dificultad posterior.
Señor Presidente pido disculpas por los minutos que he utilizado para señalar estas inquietudes, porque muchas veces en esta Corporación no se dispone del tiempo necesario para plantear los problemas de las zonas rurales. Muchos de nosotros, que representamos a comunidades rurales, sabemos lo que importa contar con este recurso vital para una madre que acaba de tener su hijo, que debe alimentarlo, cualquier familia a esta altura del siglo XX tiene derecho a contar con un elemento tan simple y básico como el agua.
Nuevamente, agradezco al Ejecutivo su buena acogida a esta inquietud y su aceptación a aumentar esta parte del Presupuesto en 400 millones de pesos.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación del Ejecutivo con el ajuste correspondiente en la Partida Tesoro Público.
Aprobada.
Corresponde ahora votar en su globalidad, la Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, con la indicación señalada anteriormente.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. Hubo 1 abstención.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobada.
En la Partida 08, Ministerio de Hacienda, hay una indicación presentada por varios parlamentarios para aumentar en una cifra significativa el aporte a los bomberos.
Sobre esa indicación, tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, como lo señalé en la discusión general, ésta es una indicación inadmisible.
Quisiera saber qué tratamiento va a tener. ¿Va a haber discusión? Manifesté que había voluntad para que la Cámara reflejara un mayor aporte a la institución de los bomberos, pero no sé si vamos a tener posibilidad de discutirla o que Su Señoría la declare inadmisible.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Justamente, no la he declarado de inmediato inadmisible para que Su Señoría la pueda fundamentar. Si quiere hablar a favor de la indicación, es la ocasión de hacerlo; después la Mesa la declara inadmisible.
El señor LONGUEIRA.-
Conforme.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Son muy pocas las indicaciones.
Tiene la palabra él Diputado señor Schaulsohn para plantear un problema de Reglamento.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, entiendo el espíritu que lo motiva a Su Señoría y me parece muy loable, pero la obligación de la Mesa no es pronunciarse sobre la admisibilidad de la indicación en el momento de votar, sino que admitirla a discusión. Lo contrario es un ejercicio absolutamente inútil. En consecuencia, le ruego que consulte con el señor Secretario lo que planteo y se pronuncie de inmediato a fin de evitar una discusión inconducente. Yo puedo estar de acuerdo con el fondo, pero no me parece que ése sea el camino.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.
El señor HUEPE.-
Señor Presidente, coincido con la apreciación del Diputado señor Schaulsohn, porque la disposición de la Cámara para conseguir un aporte mayor a los bomberos sería compartida por todas las bancadas. Nos hemos reunido con sus directivas en las regiones, etcétera, pero me parece que la indicación no tiene ninguna posibilidad de ser admisible. Entonces, o hay discusión como un proyecto de acuerdo, para pedirle al Ejecutivo que la patrocine, o no la hay, porque no podría ser que un sector político hable respecto de una aspiración que desde el punto de vista legislativo no tiene ninguna factibilidad real de someterse a discusión.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Muy bien.
Se declara inadmisible la indicación.
Corresponde votar la Partida 08, Ministerio de Hacienda.
Si le parece a la Sala, se aprobará con la reserva del contrato a personas naturales.
Aprobada.
En la Partida 09, Ministerio de Educación, tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, Honorables colegas, desde 1981 hasta 1989, el aporte directo a las universidades chilenas bajó en alrededor de un 30 por ciento. En 1990, con la ley de reforma tributaria/, hubo la posibilidad de hacer un aporte extraordinario de 6 mil millones de pesos, con el propósito de paliar los déficit de esos institutos de educación superior. En los años 1991 y 1992 también hubo aportes extraordinarios para nuestras universidades.
En tal sentido, quiero plantear una inquietud que hemos conversado con varios señores parlamentarios, entre ellos, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deportes y Recreación y también con el Diputado señor Seguel, de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
El Supremo Gobierno, después de una negociación brillante con la Central Única de Trabajadores, ha decidido otorgar un reajuste de remuneraciones de un 14 por ciento a contar del le de diciembre de este año. Para las universidades eso va a significar un mayor gasto. Sin embargo, en este proyecto de Ley de Presupuestos se ha planteado como aporte fiscal directo un 11,5 por ciento. Por lo tanto, tendrán un déficit de un 1.031 millones de pesos.
El Gobierno ingresó a tramitación este proyecto de Ley de Presupuestos mucho antes de que se llegara a un acuerdo en cuanto al reajuste de remuneraciones a todo el sector público del país.
Por lo tanto, estando presente el Ministro de Hacienda subrogante, solicito que el Gobierno asuma el compromiso, ya sea por la vía de indicación a este proyecto o la inclusión en el próximo de reajuste de remuneraciones del sector público que prontamente ingresará a la Cámara de destinar la cantidad de un 1.031 millones de pesos como aporte fiscal directo a las universidades. Esta es la petición que por su intermedio hago al Ministro de Hacienda, señor Presidente.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene á palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, como bancada de Renovación Nacional nos sumamos a la petición formulada por el Diputado señor Ortiz, y que también en la mañana la expresara el Diputado señor Arancibia.
Efectivamente, las universidades, que dependen básicamente del financiamiento que les llega a través del aporte fiscal o del sector público, han visto que en los últimos años, las remuneraciones de sus académicos y de sus funcionarios han disminuido en aproximadamente un 30 por ciento en términos reales. Si a esto agregamos el hecho de que la economía y el sector privado han aumentado considerablemente las suyas, significa que muchos académicos y funcionarios de las universidades se verán tentados a trasladarse al sector privado, con todo el impacto negativo que eso puede tener en la formación de los nuevos profesionales.
Por esa razón, hacemos nuestra la petición formulada por el Diputado señor Ortiz, en orden a incrementar en un porcentaje mayor los aportes fiscales, no en este 11,5 por ciento en que están reajustados en el proyecto de Presupuestos, sino que, a lo menos, en un 14 por ciento que va a ser el porcentaje en que deban reajustar sus remuneraciones para no sufrir pérdidas en su poder adquisitivo.
Por otra parte, vamos a aprobar la Partida 09 con la misma objeción al subtítulo 21 en la glosa 02, convenios con personas naturales. Pedimos votación separada para el aporte que se le entrega a la Corporación Cultural de la Estación Mapocho.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente el Diputado señor Ortiz ha reiterado la opinión de los miembros de la Comisión que han recibido la solicitud de los rectores, quienes reciben estos aportes y les preocupa en extremo que el Ejecutivo haga un incremento efectivo y no haga una reasignación sacando recursos de otros ítem. Particularmente les inquieta que este mayor aporte directo de 1.031 millones de pesos pudiera ser sacado de la asignación 031, Programa 01, Capítulo 30, Fondo de Becas y Desarrollo de Educación Superior, que en su glosa número uno contiene, precisamente, la suma de 4.347 millones de pesos para financiar proyectos de desarrollo institucional, que, después de 20 años, las universidades necesitan que se mantenga con apremio, porque es una fuente que les permitirá competir con proyectos para mejorar su infraestructura física y pedagógica. Por lo tanto, esto no debe hacerse con cargo a esta asignación y menos con este fondo de excepción de 4.347 millones.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, en cuanto al incremento del monto del aporte fiscal a las universidades chilenas, materia a la que latamente se refirió el Diputado señor Ortiz, los parlamentarios radicales y socialdemócratas creemos que el Gobierno debería adoptar como norma que tal aporte se reajuste anualmente en el mismo porcentaje aplicado a los sueldos para los funcionarios del Estado, puesto que, de lo contrario, estaríamos aumentando el déficit de las universidades nacionales, que ya es grande, y por esta vía podría alcanzar dimensiones mucho más desproporcionadas.
Confiamos en que próximamente, cuando se discuta en el Congreso Nacional el proyecto de reajustes, vengan los dineros suplementarios a las universidades, en los términos en que unánimemente se lo han solicitado al Gobierno las distintas bancadas representadas en esta Cámara, a lo que naturalmente nos sumamos los parlamentarios radicales y socialdemócratas.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Ministro de Hacienda subrogante, señor Juan Pablo Arellano.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, sobre este tema, dos cosas.
En primer lugar, el total de aportes para la educación superior ha crecido entre 1992 y el proyecto de Presupuestos para 1993, al menos en un 14 por ciento en términos nominales.
En la parte que se refiere al aporte fiscal directo, ha crecido en algo menos que el 14 por ciento.
En todo caso, dado que el proyecto de reajuste que el Gobierno presentará al Congreso Nacional, establece un 14 por ciento de reajuste general de remuneraciones para los empleados públicos, realizaremos una reasignación de recursos para aumentar el aporte fiscal directo hasta que alcance el 14 por ciento de crecimiento entre 1992 y lo que dispongan las universidades para 1993.
Aun cuando la política de remuneraciones de las universidades es autónoma y no se rige por los reajustes generales que afectan al sector público, vamos a producir esa reasignación, una parte con cargo a fondos que tenían otro propósito dentro de la educación superior, y el resto, con cargo a otros recursos establecidos en el Presupuesto global para 1993.
De esta manera, se acoge la inquietud planteada por los señores Diputados y por algunos rectores con vista a lo que el proyecto de Presupuestos plantea en la educación superior para 1993.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, entiendo que se ha pedido votación separada en la glosa de la Partida que se refiere al Centro Cultural Mapocho.
Sobre este punto, quiero hacer una precisión.
Se ha planteado que la inversión de los mil ochocientos y tantos millones de pesos se haga gradualmente y no como se indica ahora.
Me llama profundamente la atención que no se haya escuchado en esta Sala sí en la Subcomisión, para ser preciso la voz de parlamentarios de regiones que muchas veces se han referido a la discriminación que la Región Metropolitana hace con ellas.
El que habla es Diputado por Santiago, y este es un proyecto que lo beneficia, porque se están destinando 1.800 millones de pesos, en circunstancias de que perfectamente podría establecerse una gradualidad para que la obra se termine en un determinado período de años. No es efectivo, como se consigna en el informe, que la Estación será transformada en un elefante blanco, porque está operativa. Prueba de ello es el sinnúmero de actividades que ahí se han llevado a cabo y que se pueden seguir llevando perfectamente bien, porque está habilitada. Pero hay otras urgentes necesidades en el país, especialmente en el ámbito de la salud, a las que esos recursos pueden destinarse. Ese es todo el sentido de este alcance. Así como se señaló que yo no hacía cuestión del gasto militar, cuando quieran, abramos debate sobre ese punto, habiendo estos recursos, cuestiono que se pueden asignar en mucho mejor forma. No se afectará la cultura de nuestro país ni de Santiago. Se podría establecer una gradualidad para terminarla. Pero no se debe seguir pensando en 1.800 millones cuando hay otras necesidades urgentes en la Región Metropolitana y en las restantes.
Echo de menos la palabra de aquellos Diputados que muchas veces se refieren a la sensibilidad respecto de los pobres, pero que en esta vuelta han guardado silencio.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Sobre este tema pueden participar hasta cinco parlamentarios.
Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, en la discusión en general opiné que no estaba totalmente convencido de que los recursos asignados para un proyecto cultural de tanta importancia como es la construcción, rehabilitación y mejoras de la Estación Mapocho, quedaran en este lugar del Presupuesto, aun cuando no cabe duda que se trata de un monumento histórico. Bien le haría al país que se destinaran recursos para mejorar muchos más, no solamente uno o dos.
Sería una pequeñez situar esto en un debate y que a través de argumentos que podrían ser interpretados como mezquinos, el Diputado señor Bombal tratara de atacar al Alcalde deSantiago, don Jaime Ravinet.
El señor BOMBAL.-
No he hablado del Alcalde.
El señor LETELIER.-
No lo ha mencionado; pero a buen entendedor, pocas palabras. Como Diputado de una zona campesina, sé que en el campo hay dichos que reflejan bien los problemas.
Este no es el lugar para definir recursos de este volumen para este tipo de proyectos. Sin duda, es un problema de la Región Metropolitana, que debe invertir en ella misma. La ciudad de Santiago debe invertir en Santiago, como decía el Diputado señor Montes.
Estoy de acuerdo en que se asignen recursos para esta obra, pero tengo dudas de que éste sea el mejor lugar para hacerlo, porque el Ministerio de Educación aborda problemas globales del país, y uno quiere solucionar problemas específicos. Como Diputado de la Sexta Región aquí los hay varios, tengo derecho a decir, con todo respeto, que nos destinen una "partidita" como ésta para que tengamos una categoría igual a todas las otras, para tener una universidad con aporte fiscal. Pero entendemos que se requieren los recursos suficientes.
No me importa que se lleve a cabo el proyecto de la Estación Mapocho. El argumento del colega Bombal resulta un tanto mezquino. Pido al Ministro de Hacienda subrogante que me explique por qué estos recursos vienen en esta Partida. Por la ubicación, este debate puede tener una orientación equívoca. No sé por qué no está en otra Partida de inversión sectorial cuya asignación regional corresponde a la Región Metropolitana, específicamente, a los consejeros regionales futuros, para que ellos tomen esa decisión. Sin embargo, la ponen aquí, lo que provoca una reacción molesta en parlamentarios de regiones, que estamos comprometidos con el desarrollo nacional, pero que sentimos las carencias de nuestras regiones. Hay parlamentarios de regiones que creen que el planteamiento del Diputado señor Bombal, si bien no tiene fines pequeños, es como pegarle patadas en las canillas a quien es su sucesor.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, cuando se conoció este ítem la primera reacción fue la que tuvieron los señores Bombal y Letelier. ¿Por qué estos recursos se destinan a Santiago y no a satisfacer tantas necesidades de otros sectores de provincia o, por último, del país?
Pero analizado más detenidamente el punto, se concluye que es importante que se establezca esta inversión sustantiva en este Presupuesto y a través del Ministerio de Educación, ya que, en primer lugar, esto apoya a una serie de medidas vinculadas a otros menesteres y tareas de orden nacional.
En segundo término, porque en definitiva, encuestada la gente que concurre al centro cultural de la Estación Mapocho, se ha comprobado que lo visita no sólo la de Santiago Centro, que es la mínima, pues la mayoría proviene de comunas periféricas, dentro de las cuales están las que yo represento: Conchalí, Renca y Huechuraba.
En tercer lugar, esto también posibilita dos aspectos realmente importantes: cuando hablamos hoy de densificar Santiago, de aprovechar los sectores deteriorados, tienen que mejorarse dichos barrios para que se inviertan capitales privados en ellos. Por ejemplo, no habrá interesados en comprar la ex Cárcel Pública si el sector no sigue mejorando como se ha hecho con la construcción del Parque los Reyes y con la inversión que hasta el momento se ha realizado en el centro cultural de la Estación Mapocho.
Desde esa perspectiva, es importante y en esto debería existir un compromiso de los Ministerios de Educación y de Hacienda, en particular que lo que hoy se hace en Santiago, se haga en cada una de las regiones del país en los próximos años. Además, esta obra no debería paralizarse y terminarse, pues debe hacerse una remodelación adecuada, que implica mejorar toda su estructura, para lo que, en definitiva sólo se destinarán recursos en este Presupuesto y no en los próximos. Por lo menos mientras yo sea parlamentario no aceptaré que se otorguen recursos adicionales, porque se trata de un proyecto que culmina con estos 1.800 millones de pesos.
Desde ese punto de vista, anuncio mi voto favorable a la Partida, porque debemos responder a la necesidad de que el Centro Cultural Mapocho sea fortalecido, dado que es una importante alternativa para la realización de grandes eventos. Hoy en Santiago, solamente el sector privado, en el recinto de Fisa, está en condiciones de celebrar eventos culturales comerciales y exposiciones de cierta envergadura. Este nuevo centro permitirá que también el Estado tenga la posibilidad de realizarlos. Por ejemplo, en este momento se efectúa la Feria de los Pequeños Empresarios de Santiago, Fesol, en la que participan sectores muy modestos de la población que trabajan en talleres productivos. Antes estuvo la muestra de los pequeños productores de muebles, y permanentemente se da cabida a actividad cultural, que antes sólo estaba radicada en el Teatro Municipal, donde los valores que se cobran y la naturaleza de los espectáculos marginaban a los sectores modestos. Por eso, me alegro de que esto se haya planteado así.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, la crítica del Honorable Diputado señor Letelier por la ubicación de esta destinación en la Partida de Educación desde el punto del manejo presupuestario es bastante irrelevante, porque lo importante es que haya una voluntad de destinar fondos. Está ahí porque se trata de un centro cultural y mal podría estar en la Partida de Defensa o en otro Ministerio. Es una discusión irrelevante de qué bolsillo sale el dinero si de todas maneras es con cargo del presupuesto fiscal, del erario. Si estamos de acuerdo en el principio básico de que hay que hacer este aporte para una obra con características de monumento nacional ubicada en la ciudad de Santiago no es esa una crítica válida.
Hay una larga lista de actividades culturales y de servicios que presta este edificio histórico a la ciudad de Santiago y, de hecho, a todo Chile, porque Santiago es la capital del país; es la puerta de entrada al país, por lo que resulta valioso que se preserve y habilite este tipo de edificios para que presten un servicio público.
El argumento de por qué no se atienden gastos sociales lo digo sin el ánimo de ofender viniendo del Diputado señor Bombal me suena un poco inexcusable, pues durante su administración alcaldicia, por ejemplo, se gastaron varios millones de dólares, con cargo al presupuesto municipal, en afirmar el muro original del antiguo edificio "El Mercurio".
El señor BOMBAL.-
¡Mentira! ¡Jamás se gastó dinero municipal en esa obra!
El señor SCHAULSOHN.-
Le concedo una interrupción al Honorable Diputado señor Bombal.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, debo precisar que no hay solo un peso municipal en esa obra, pues la financiaron exclusivamente los propietarios del diario. Lo que se hizo fue salvar esos muros para que quede un testimonio, en un futuro proyecto de arquitectura, de lo que fue ese edificio, dado que, como no era monumento nacional, se demolió a petición de los propietarios. No hay un solo peso municipal.
¡De manera que no dé argumentos demagógicos ni diga mentiras aquí, señor Schaulsohn!
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Continúa con el uso de la palabra el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.-
La verdad es que esta información me fue entregada por el propio Diputado señor Bombal hace un tiempo, cuando comentamos sobre esta inversión hecha durante su administración. No sé si él me entregó una información errada o yo entendí mal, pero sobre esa base digo esto. Él debe recordar que tuvimos esa conversación en la Municipalidad de Santiago, donde me mencionó que se invirtió una suma de alrededor de un millón y medio o dos millones de dólares, no recuerdo la cifra exacta, en afirmar esos muros.
Cuando el edificio de la Municipalidad de Santiago fue dañado por el terremoto de 1985, se invirtieron dineros provenientes de seguros y también de aportes municipales y fiscales, porque se trataba de un monumento nacional.
Por último, si el señor Bombal está tan preocupado de atender necesidades sociales, en algunos instantes más votaremos una indicación del Diputado señor Sota para eliminar una partida del Presupuesto militar por un monto de 1.300 millones de pesos destinados, según entendemos, a la mantención de personal de la ex CNI. Si el Honorable Diputado señor Bombal vota a favor de esa indicación y se aprueba, habrá más dinero para ser destinado a obras de tipo social que a él le preocupan.
El señor PALESTRO.-
¡Nosotros lo apoyaremos!
El señor SCHAULSOHN.-
En síntesis, tengo la convicción absoluta, aunque no participé en el debate de la Subcomisión, de que el Ejecutivo, al propiciar la mantención de este monumento nacional, está prestando un servicio a la comunidad, por cuanto es algo que se destina al servicio del público de la Región Metropolitana, donde, dicho sea de paso, reside una cantidad importante de la población del país, y también a los habitantes de otras partes de Chile que van a Santiago y que pueden participar en este tipo de actividades.
Deseo entregar un último antecedente.
La Corporación Cultural de Santiago, que, entiendo, administra el Teatro Municipal, también tiene un presupuesto importante, pues se gasta mucho dinero en dicho Teatro. Durante la administración del señor Bombal, se gastó mucho dinero, creo que justificadamente, en fomentar la ópera, el ballet, la música clásica. Uno podría decir para qué un país, donde en la comuna de Santiago hay tantos cités miserables, gasta tanto dinero en traer cantantes de ópera del extranjero.
Como ha dicho acá el Honorable señor Letelier, entiendo que las necesidades son múltiples, y hay que procurar atenderlas con buen criterio. Pienso que nadie puede sostener que es mal criterio destinar una suma de dinero, que es cuantiosa, a la preservación de un patrimonio cultural, a la creación de un recinto donde se presten servicios de tipo cultural, importantes para la comunidad. El ideal es que esto se pudiera hacer en todas las regiones del país.
Para bien o para mal, la Estación Mapocho está ubicada en la ciudad de Santiago, y eso no puede ser un elemento que atente contra su preservación y transformación en algo útil. Si hoy los señores Diputados transitan por ahí, se darán cuenta de que su fachada está muy bien, pero el resto del edificio está en condiciones bastante lamentables.
De manera que estos recursos son necesarios. Es una inversión que traerá beneficios a millones de personas, por lo que estimo que los señores Diputados deberían aprobarla.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, el Diputado señor Bombal me solicita una interrupción, la cual le concedo por su intermedio.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, no sorprende el argumento empleado por el Diputado señor Schaulsohn, después de haber visto sus actuaciones de los últimos días, en que entrega informaciones que parecen no ser ciertas.
Efectivamente, reitero ante esta Corporación que la alusión que él ha hecho a los supuestos fondos municipales ocupados en aquel edificio, no es cierta: es una mentira. Tampoco es cierto que le haya comentado que se hizo "con fondos municipales". Quiere decir que entendió mal.
También quiero señalar al señor Schaulsohn que después del terremoto de 1985, todos los edificios municipales fueron reparados gracias a los seguros comprometidos que existían para cada uno de los edificios: el Palacio Consistorial, el Teatro Municipal, el Palacio Cousiño, los museos, el edificio precolombino, etcétera. Gracias a Dios, la Municipalidad había contratado los seguros del caso. Lo que no ocurrió, por ejemplo, con el Museo de Bellas Artes, el cual todavía no puede ser reparado. Los seguros se contrataban de acuerdo con las normas legales.
Ahí están todos los antecedentes. Cuando quiera Diputado señor Muñoz Barra, ya que está haciendo la consulta, vaya y conózcalos.
En seguida, quiero expresar que cada inversión que se ha hecho en el Teatro Municipal, está a la vista de todos. El actual Alcalde, el señor Jaime Ravinet, no sólo las ha confirmado, sino que ha aumentado todavía más los fondos que se destinan a esa Corporación.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, lamento el tono con el cual se plantean estas materias en la Sala. No es adecuado ni aconsejable vincular las intervenciones de los Honorables parlamentarios con una intencionalidad que minimiza su participación en esta Sala. Los aquí presentes debemos estar por encima de estas verdaderas pequeñeces. Aquí no hay intereses creados para beneficiar a un ente determinado.
Por eso, valoro la actuación del Diputado señor Bombal, quien, a pesar de representar a la Región Metropolitana, defiende los intereses superiores de la nación, al sostener, entre otras cosas, que los siempre escasos recursos disponibles deben llegar a los sectores que más lo necesitan, los cuales no se encuentran, precisamente, en la Región Metropolitana.
La preocupación por la cultura no es sólo de Santiago, sino de todo el país. Aquí, el problema está en los limitados recursos existentes lo dijo el Honorable Diputado señor Schaulsohn hay que ser muy realista e inteligente al invertirlos. Hay que dar mayor impulso a los sectores deprimidos del país; se debe dar la prioridad que corresponde a las zonas de extrema pobreza.
Si contara con los 1.800 millones de pesos que se consultan en la Partida 09, subtítulo 33, ítem 85, por ejemplo, gran parte de la población del distrito 48, que represento, podría contar con agua potable.
En la Cuarta Subcomisión, que estudió la Partida, el Diputado señor Arancibia expresó: "Aquí se están planteando, se están pidiendo 1.800 millones de pesos para la Municipalidad de Santiago, cuando en la Tercera Región hay poblaciones completas, como Freirina y Huasco, que con 500 millones de pesos podrían tener agua potable; y con 300 millones de pesos se podrían solucionar los problemas de desempleo". Esa es la realidad, y de acuerdo con ella tenemos que vivir e invertir los escasos recursos con que contamos.
La Municipalidad de Santiago se embarcó en inversiones, las cuales después se plantean como hechos consumados que es necesario terminar. Nadie obligó a la Municipalidad de Santiago a seguir este camino, que hoy no puede recorrer sin nuestra ayuda. La Municipalidad dispone de recursos propios suficientes para ejecutar esta inversión.
Señor Presidente, tanto me ha dolido esto que, por su intermedio, pregunto, al Ministro de Hacienda, cuánto se ha gastado en los últimos dos años en la Estación Mapocho.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Maluenda.
La señora MALUENDA.-
Señor Presidente, aun cuando se ha argumentado bastante en favor de la aprobación de una Partida que permite hacer una inversión en el Centro Cultural de la Estación Mapocho, quiero insistir en la necesidad de que esto salga adelante, porque en lo relativo a la cultura siempre nos quedamos cortos respecto de los recursos necesarios para desarrollar la capacidad de creación, de expresión, y el derecho a la recreación, de todo el país.
Si bien es muy importante y positivo todo lo que se invierta en el Teatro Municipal, también es cierto que, tal vez algún día, discutiremos cómo se destinan con criterio elitista algunos dineros en pro de la cultura, recursos que podrían invertirse mucho mejor, incluso en el mismo lugar, con un sentido más profundo y más amplio.
Reitero la importancia del trabajo que se hace y se proyecta realizar en la Estación Mapocho monumento nacional, no sólo porque beneficiará las actividades culturales, sino porque la mayor parte del público que asiste a las representaciones o eventos culturales que allí se realizan proviene justamente de un sector popular, de los más desfavorecidos económicamente, en especial de la comuna de Conchalí.
Por eso, apruebo todas las medidas que signifiquen reafirmar el criterio de que todas las manifestaciones culturales son fundamentales para nuestro país, como también lo es el aporte a las universidades, especialmente a la de Chile, que vio tan disminuido el nivel de su trabajo en los años recién pasados.
Por lo tanto, reitero la importancia de apoyar la labor cutural de esta Fundación Cultural, con una votación favorable.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, como Diputado de la Quinta Región, no puedo dejar de opinar sobre un hecho que consideramos injusto y lamentable, como invertir 1.800 millones de pesos en la Estación Mapocho.
En primer lugar, pensamos que es deber y obligación de la Municipalidad de Santiago financiar dicha obra. Si ya ha invertido alrededor de 3.000 millones, lo más factible es que en los próximos cinco o diez años financie con sus propios recursos los 1.800 millones que faltan.
El plan de inversiones de la Municipalidad de Santiago es de alrededor de 4.000 o 5.000 millones de pesos y si está tan interesada en la cultura de Santiago porque no es para todo el país, puede perfectamente hacer el gasto.
Aprobar esta Partida es una burla para las regiones, para el país y para el 70 por ciento de los Diputados que representamos a regiones, porque sólo el 30 por ciento representa a Santiago.
Por ejemplo, me encantaría que en el distrito 12 se pavimentara el 70 por ciento de las calles. A lo mejor, con 1.800 millones se podrían pavimentar por lo menos unas veinte calles; se podría mejorar el camino troncal hacia el interior; construir unas veinte mil viviendas; dar almuerzo a cuarenta mil niños; crear, a lo mejor, unos tres mil puestos de trabajo, mediante la instalación de industrias o llevando a cabo acciones productivas en ese sentido; reparar alrededor de quinientas escuelas municipalizadas. La Municipalidad de Santiago no tiene estos problemas, pues cuenta con fondos suficientes; incluso se ha dado el lujo de contratar entre 1.500 y 2.000 personas a honorarios. En la región de Aisén se podrían reforestar tres millones de hectáreas quemadas, petición también formulada por el Diputado señor Antonio Horvath.
Ha llegado el momento de decir ¡basta!, a Santiago. Por ejemplo, en toda la Primera Región la Dirección de Vialidad invertirá 1.600 millones de pesos, en circunstancias de que en la Estación Mapocho se invertirán 1.800 millones. ¡Es para la risa!
En la Quinta Región se invertirán 3.400 millones; es decir, el 60 por ciento de esta cantidad 1.800 millones serán invertidos en la Estación Mapocho.
Para qué hablar de la Décima o Duodécima regiones, donde se invertirán, apenas, 1.500 y 1.400 millones, respectivamente.
En la Cuarta Región me acota un colega se hará una inversión de 2.000 millones de pesos. Entonces, aquí no hay dónde perderse.
Acabamos de ser testigos de la entrega de un nudo vial en el sector de Quilicura, con un costo de 5.000 millones de pesos. En cambio, en Valparaíso, después de un estudio de diez años, hace sólo un año se inauguró el Nudo Barón, obra que costó 1.600 millones de pesos. Es decir, Valparaíso, después de diez años, se puede dar el lujo de invertir sólo 1.600 millones de pesos. En cambio, la Municipalidad de Santiago, a través del Ministerio de Educación, pretende invertir 1.800 millones en una estación donde se efectuarán actos culturales.
Nadie está en contra de la cultura, pero las cosas deben guardar ciertas proporciones. A lo mejor, con 1.800 millones de pesos podríamos pagar y en eso estoy de acuerdo con la Diputada señora Maluenda unas 50 compañías de teatro. Me encantaría que dichas compañías fueran bien pagadas y pudieran llegar a Quilpué, a Villa Alemana, a Valparaíso o al Congreso. Sería más atractivo que invertir en un monstruo o elefante blanco como la Estación Mapocho. Si dentro de un año al Ministerio de Transportes se le ocurre nuevamente hacer circular el tren que llega a la Estación Mapocho, habremos desperdiciado 1.800 millones. ¿Cuánto ha gastado la ciudad de Santiago en combatir la contaminación? ¿Cuánto gastará en construir la línea 5 del Metro? ¿Cuánto seguirá gastando en el futuro?
Para terminar, quiero manifestar que desde el terremoto de marzo de 1985, tanto la gente de Valparaíso como la de San Antonio, espera que se reparen los sitios de atraque 1, 2 y 3, de dichos puertos. Afortunadamente, estas obras están incluidas en otras Partidas, pero la reparación de un sitio cuesta 3.000 millones de pesos. Tal vez, también se podría invertir en la construcción de un puerto en Quintero o en otras ciudades.
El DiputadoSchaulsohn manifestó que podríamos aprobar la indicación del Diputado señor Sota. Si el Ministro de Defensa, señor Rojas, ordena a la Democracia Cristiana votarla a favor, podríamos pensarlo. Pero no creo que eso suceda esta tarde.
Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Munizaga.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, estaría dispuesto a dar mi apoyo para aprobar los recursos necesarios para echar a andar o para que se continúen los trabajos de una obra cultural, siempre que exista justicia en la distribución de los recursos asignados al resto del país. Lamentablemente, en el Presupuesto de la Nación no se advierte esa justicia. Mientras, por una parte, se entregan 1.800 millones para la Estación Mapocho, por otra, se niegan 30 millones de pesos para restaurar la Iglesia Santa Inés de La Serena una de las construcciones más antiguas de esa ciudad y del país. Entonces, no existe equidad entre la entrega de recursos para el desarrollo cultural de la Región Metropolitana y del resto del país.
Por eso, no es conveniente apoyar con nuestros votos la destinación de recursos para estos efectos.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor don René García para plantear un problema reglamentario.
El señor GARCIA (don René Manuel).-
Señor Presidente se ha discutido tanto al respecto, pero, ¿alguien me podría repetir la cifra asignada a la Estación Mapocho, pues no la tenemos clara? ¿Cuántos millones son, para poder seguir discutiendo el Presupuesto?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Recupera la palabra el Diputado señor Longton, que había concedido una interrupción.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, termino añorando un Teatro Municipal para las cuatro comunas de la Quinta Región, que también quisieran tener muchos otros colegas, y poder asistir a presenciar obras de teatro y cultivamos.
El señor SEGUEL.-
¡Claro, hay que construir un Congreso Nacional en cada comuna!
El señor LONGTON.-
Lamentablemente, el Diputado señor Seguel sólo añora tener un circo; nosotros quisiéramos tener un Teatro Municipal.
Nada más, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Martínez.
El señor MARTINEZ (don Juan).-
Señor Presidente, no comparto los juicios esgrimidos para no votar favorablemente esta Partida, en razón de que irían en detrimento de algunas acciones de carácter social. El motivo no es de fondo, porque el Estado debe proveer los recursos necesarios para el gasto social y cultural. El problema no radica tanto en que se destine determinada cantidad para una acción de esta naturaleza; se discute el monto que se transfiere para el Centro Cultural Mapocho.
Mil ochocientos millones de pesos es una cantidad enorme. Si se la compara con la que se destina para toda la División de Extensión Cultural del Ministerio, 1.700 millones de pesos, es bastante desproporcionada, ya que la labor de ésta abarca todo el país y una parte no despreciable de ese monto queda en Santiago.
En Concepción, por ejemplo, el teatro del Liceo de Hombres, donde estudiaron algunos parlamentarios presentes, necesita fondos para su restauración; el edificio de la Sinfónica de Concepción requiere también recursos para su terminación. En fin, en el país hay una serie de obras de esta naturaleza, que van en beneficio de las regiones, y normalmente no se toman en cuenta.
Por lo tanto, coloca en situación bastante incómoda a parlamentarios de regiones la aprobación de una Partida de monto significativo para un centro cultural, entre otras cosas, de la municipalidad seguramente más rica del país. No creo que se justifique, al menos en los términos propuestos. A lo mejor, una transferencia de recursos fiscales de menor cuantía podría ser atendible.
Por estas razones, no por el hecho de que se destinen recursos para actividades culturales, sino porque los encuentros desproporcionados para una municipalidad que tiene enormes posibilidades y porque, además, la actividad del Centro Cultural Mapocho sólo beneficia a la Región Metropolitana y no al país aunque se quiera dar a Santiago el carácter nacional, que obviamente no tiene, votaré en contra de la Partida en discusión.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se ha pedido la clausura del debate.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, solicito que él Ministro de Hacienda dé respuesta a mi inquietud respecto de la inversión en la Estación Mapocho durante los últimos dos años.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Estaban inscritos el Diputado señor Sabag y la Diputada señora Eliana Caraball.
Tiene la palabra primero el señor Ministro.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, en primer lugar, se trata de una obra de interés nacional. El Ministro de Educación preside la Corporación, cuyas actividades son de carácter nacional. Citaré las últimas tres: la Feria de la Solidaridad, en funcionamiento en estos momentos, donde exponen sus trabajos organizaciones y artesanos de todo el país; con anterioridad se realizó la Feria del Libro, y antes todavía, la Feria de Mueble, en la cual los expositores vinieron desde distintos puntos del país. Podría seguir citando.
En segundo lugar, respecto de los recursos para obras y concursos de tipo cultural a que se hizo referencia, se destinan todos los años. Ahora son 1.700 millones; para 1992 fueron más de mil millones. La inversión que estamos comentando es distinta, ya que se establece por una vez, mientras se realiza; no es un monto anual como los fondos concursables para cultura.
En tercer lugar, puedo señalar que se trata de una corporación autónoma. No conozco su presupuesto, pero según la información que se dio en la Subcomisión, donde se analizó en detalle, a la fecha ha invertido alrededor de mil millones de pesos de sus recursos.
Es todo cuanto puedo informar.
El señor VIERAGÁLLO (Presidente).-
Se ha pedido la clausura del debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobada la petición.
Corresponde votar primero la Partida del Ministerio de Educación, en general, con excepción de la glosa que se refiere a la Estación Mapocho y de la prevención de contar con la capacidad de contratar personas naturales.
En votación la Partida del Ministerio de Educación, salvo el punto que se refiere a la Estación Mapocho.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En votación la asignación de fondos para reparar la Estación Mapocho.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobada.
En discusión la Partida 10, Ministerio de Justicia.
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, quiero reforzar lo señalado por el Diputado señor García y fundamentar el por qué nos hemos abstenido en forma permanente respecto de esta materia.
Ningún proyecto de ley ha abordado seriamente la modernización de la Administración Pública. En los dos años de trabajo parlamentario nos ha correspondido aprobar, en forma aislada, más de 23 plantas, de dos o tres ministerios; siempre se nos está pidiendo pronunciamiento sobre contratos de honorarios, aumentos de plantas, etcétera.
Me he abstenido y me voy a abstener en cualquier futuro proyecto al respeto, porque el país tiene que abordar el problema de la Administración Pública en su conjunto.
Un pequeño estudio, que hice responsablemente, demuestra la burocracia que existe y nos damos el lujo de seguir contratando funcionarios, aumentando las contratas a honorarios, etcétera. Si una persona quiere iniciar un negocio, necesita de 30 a más de 80 trámites. Sobran papeles y funcionarios, que lo único que hacen es repetir trámites y ahogar muchas veces la iniciativa emprendedora. Se requiere un estudio serio para redestinar, preparar y entregar las funciones, pero no el aumento indefinido del aparato estatal por distintas vías: plantas, creación de ministerios, aprobación de honorarios, contrata, etcétera.
Por eso, nos hemos abstenido en todos los aumentos de honorarios, y lo haremos hasta que se estudie a fondo la verdadera modernización de la Administración Pública, que incluso ha mencionado el Presidente de la República.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, no me referiré a la burocracia, al exceso de papeleo ni a todas estas cosas sino a la infraestructura del Ministerio de Justicia para atender especialmente a la gente modesta.
Los edificios e instalaciones que existen en distintos lugares donde se hace justicia son una vergüenza y los funcionarios que en ellos laboran tienen toda la razón cuando reclaman públicamente por las condiciones miserables en que muchos entregan su esfuerzo, su trabajo; en condiciones paupérrimas, donde no hay instalaciones de ninguna especie y se pierden documentos que se entregan para su tramitación; donde sencillamente cualquier delincuente puede ingresar y llevarse, como ha sucedido en innumerables ocasiones, los papeles que le interesan.
Tal vez lo más importante, especialmente para los funcionarios, los jueces, los actuarios, el personal que labora en los juzgados, es que alguna vez tengan la posibilidad y la satisfacción de entregar su trabajo, esfuerzo y sacrificio en un lugar limpio, decente y adecuado para impartir justicia.
Muchas veces los juzgados de letras metidos en sucuchos de cualquier ciudad del país están en mejores condiciones. Las que aprovechan esta situación son las ratas que pululan por sobre los legajos de papeles, por las condiciones en que se mantienen los edificios donde se labora.
Votaré a favor de lo que se plantea respecto del Ministerio de Justicia, pero insisto en que se ponga el hombro para solucionar la situación miserable en que trabaja el personal de los juzgados de todos los niveles de nuestro país, y esto nos mueve una vez más a pedir al Gobierno que tome las medidas del caso para solucionar el problema, que no puede seguir aceptándose.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación la Partida del Ministerio de Justicia, con la salvedad tantas veces reiterada.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
Corresponde tratar la Partida 11, Ministerio de Defensa.
El señor Secretario dará lectura a la indicación formulada.
El señor LOYOLA (Secretario).-
De la señora Maluenda y de los señores Sota, Montes, Muñoz Barra, Valenzuela, Seguel, Schaulsohn, Jara, don Octavio; Martínez, don Juan, y Bosselin, para reducir en la Partida 11, Capítulo 01, Programa 02, Subtítulo 21, Gastos en Personal, la cantidad de 1.309.417 miles de pesos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, solicito que declare inadmisible la indicación, por cuanto incide en los gastos fijos establecidos en la ley.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
La situación es que se ha planteado una rebaja a la Partida de la Subsecretaría de Guerra por un monto determinado. Para que la indicación sea admisible existen algunos límites, como, por ejemplo, que la rebaja esté dentro del monto de los gastos variables.
Consultado al respecto el anexo del Ministerio de Hacienda sobre esta materia, se puede comprobar que la rebaja planteada está dentro de los gastos variables, considerados como "Otros" en la Partida respectiva.
¿Cuáles son los gastos variables en una partida de personal? Son los indicados en el clasificador respectivo que confecciona el Ministerio de Hacienda.
El otro límite podría ser que la rebaja afectara el tope establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que en su artículo 96 fija un piso en el presupuesto institucional que debe respetarse. Pero explícitamente se excluyen del piso los gastos de remuneraciones de personal. Sólo se dice que estos gastos deben reajustarse conforme al índice de precios al consumidor y al reajuste general, pero no se establece piso mínimo como ocurre, en cambio, con los gastos reservados de los Comandantes en Jefe, o los gastos de funcionamiento general de las Fuerzas Armadas considerados en otras partidas, a los cuales se les fijó el piso en el presupuesto de 1989.
Además, debe determinarse si esa indicación afecta gastos establecidos en leyes permanentes. La ley que creó la Central Nacional de Informaciones, la que la disolvió y creó los escalafones en extinción en la planta de empleados civiles del Ejército, profesionales o no profesionales, en los cuales fue encasillado ese personal, sin duda se trata de leyes permanentes, a pesar de que en la última de las legislaciones mencionadas se habla de escalafones en extinción.
Pero lo que aquí se está afectando, cualquiera que sea la intención de quienes presentan la indicación, son otros gastos variables de la Partida "Personal del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría del Ministerio de Guerra". Por tanto, si la indicación afectara gastos establecidos en estas leyes, tendría que declararse inadmisible. Pero a estas alturas, después de haberse repetido este debate durante tres años, queda absolutamente claro que dicha indicación no los afecta, sino que incide en otros gastos ordinarios de esa partida.
¿Qué comprenden esos gastos variables de la Partida Personal de la Subsecretaría de Guerra? Hay una primera aproximación que la Mesa conoce mediante el clasificador del Ministerio de Hacienda, pero si se quisiera alguna mayor precisión, se encuentra en la Sala el Ministro de Defensa.
No afecta directamente a los escalafones en extinción, donde fue encasillado el personal civil de la ex CNI que no pertenecía a las Fuerzas Armadas y que, sin embargo, se encasilló en esos dos escalafones creados por la ley secreta. No es del caso, tampoco, entrar a discutir aquí si las leyes secretas tienen tal carácter o no.
Por todas las razones expuestas y por tercer año consecutivo, se declara admisible la indicación planteada por los señores Diputados.
En todo caso, habiéndose declarado admisible, reglamentariamente no corresponde más que discutir el fondo de la indicación, y por tanto, le pediría que se refirieran a esa materia.
Por un asunto reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, soy coautor de la indicación y la comparto plenamente, como también estoy de acuerdo con el fundamento de fondo dado por el señor Presidente para declarar la admisibilidad.
Pero quisiera una opinión de Su Señoría si lo estima a bien respecto del último inciso del artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cuyo texto señala que "la declaración de admisibilidad hecha en las Comisiones no obsta a la facultad del Presidente de la Cámara respectiva para hacer la declaración de inadmisibilidad de las indicaciones, o para consultar a la Sala, en su caso".
Asistí a la Subcomisión cuando el Senador señor Zaldívar, después de esta misma discusión, declaró la indicación inadmisible; por lo que en esa ocasión no fue votada. Entiendo que de acuerdo con el artículo mencionado, el Presidente de la Cámara tiene facultad para declarar inadmisible algo que ha sido declarado admisible en una Comisión, pero no me queda claro que tenga la misma facultad en el caso contrario. Parece lógico, porque falta el trámite de aprobación de la indicación en Comisión.
Hago la observación por un deber de conciencia, a pesar de, que firmé la indicación. La comparto absolutamente y la votaría a favor en cualquier circunstancia, pero me gustaría que Su Señoría hiciera un comentario sobre este problema, que no va al fondo, en lo que tiene razón, pero no a la forma y a la letra del artículo 25 de la Ley Orgánica.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se suspende la sesión por 2 minutos.
Transcurrido el tiempo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
En realidad, el Diputado señor Schaulsohn ha planteado un problema que, desde el punto de vista de la interpretación del artículo 25, no es claro ni evidente. De ser aceptada su tesis, querría decir que si no es enmendado el criterio de un presidente de Comisión en la misma instancia, primaría en todo el trámite de la ley, y ni siquiera la Sala, en su conjunto, podría ir en su contra, lo que no parece razonable. Pero las constituciones y las leyes no tienen por qué tener ese carácter, ellas están escritas tal cual.
Entonces, no aclarado el punto, corresponde que lo resuelva la Sala y decida si es correcta la interpretación dada por el Diputado señor Schaulsohn o la que dio la Mesa, que no tiene un criterio uniforme al respecto.
Es lo que corresponde cuando el Reglamento no es claro, aunque hay otra solución no tan prístina.
Ofrezco la palabra, por cinco minutos, a algún señor Diputado que sostenga la tesis del señor Schaulsohn y cinco minutos a alguien que asuma la de la Mesa.
Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.
El señor DUPRE.-
Señor Presidente, un aspecto previo de Reglamento.
La Mesa ha puesto en discusión una situación de admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación que se repone. Pero tengo entendido que también algunos señores Diputados han hecho otra referida precisamente a esta materia. Este problema debe tomarse en cuenta, ya que el que se declare inadmisible la primera indicación la que se repone no obsta para que se vote la otra.
Estamos en un primer trámite y los Diputados tienen derecho a formular observaciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Desde el punto de vista reglamentario, el plazo para presentar nuevas indicaciones vence cuando se cierra la discusión en general, salvo que la unanimidad de la Sala estuviera de acuerdo en que los Diputados que presentaron la indicación cambiaran el monto, en cuyo caso aparecería como una distinta. Se podría operar así, pero a lo mejor resolvemos el problema por la primera vía.
Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, esto puede sentar un precedente de extrema gravedad.
Cuando se presentó esta indicación en la Comisión Especial, su Presidente la declaró inadmisible y, posteriormente, vulnerando, a nuestro entender, un texto expreso de ley, se negó a votar la admisibilidad. Por esta vía se puede, lisa y llanamente, crear no sólo un problema reglamentario, sino uno legal mucho más de fondo, porque de acuerdo con la parte final del inciso primero, del artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Sala o la Comisión siempre podrán revisar la declaración de inadmisibilidad.
Por razones que todavía no logramos comprender representamos el punto quedando constancia de ello, el señor Presidente de la Comisión se negó a la votación provocando una cuestión mucho más seria que una interpretación meramente reglamentaria, toda vez que un presidente de Comisión, muy responsable, vulneró un texto expreso de la ley.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En ese caso Su Señoría debió ejercer su derecho a la censura.
Se van a dar cinco minutos para apoyar la tesis del Diputado señor Schaulsohn y cinco para sostener la tesis de la Mesa.
El señor SCHAULSOHN.-
¿Me permite, señor Presidente? Según entiendo, Su Señoría ha dicho que la Sala debe resolver si la indicación es admisible.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No, señor Diputado. Lo que estoy sometiendo a consideración de la Sala es la interpretación correcta del artículo 25; es decir, si el Presidente de la Cámara puede rectificar la inadmisibilidad declarada en una Comisión o si, declarada ésta y no habiéndose producido, por las razones que sean, un pronunciamiento de la Comisión, la indicación sigue siendo inadmisible. O sea, si en ese caso tal declaración queda a firme y nadie la puede revisar.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, yo planteé una duda y no una tesis. Pido excusas al Honorable Diputado señor Sota, pues comparto su indicación, pero el Reglamento y la ley hay que interpretarlas siempre con rectitud y no de acuerdo con nuestra conveniencia. Por eso, pido que se vote. La única manera de contar con un Parlamento serio y respetado es no tener una visión instrumental de las reglas de la Cámara.
Asumo el malestar del señor Sota, pero yo planteé una duda y no una tesis.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si se trata de una mera duda, no es necesario aclarar.
Si se solicita un pronunciamiento de la Mesa eso entendíes otra cosa. Como no hay claridad al respecto, se pide a la Sala que resuelva, pero si no se requiere un pronunciamiento de la Mesa, declaro admisible la indicación y se termina el problema.
Tiene la palabra el Diputado señor Martínez.
El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente, lo que procede es seguir con toda formalidad. Aquí se sometió a votación la admisibilidad de una indicación. Me parece que el criterio sostenido por el colega Schaulsohn es adecuado. Lo respaldo y creo que de acuerdo con lo que señala la norma pertinente debe declararse la inadmisibilidad. Como está abierta la discusión, con el argumento que he señalado dentro de los cinco minutos correspondientes, solicito que se cumpla con el Reglamento, argumente la parte contraria y votemos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Corresponde ofrecer la palabra por cinco minutos a un señor parlamentario que sostenga la duda planteada por el Diputado señor Schaulsohn, es decir, que cuando el presidente de una Comisión declara inadmisible una indicación, esa decisión es inamovible.
Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, entiendo que hay una cuestión de orden más general. La Mesa ha declarado admisible una indicación, pero hay argumentos suficientes para sostener que es inadmisible, por inconstitucional. De modo que corresponde a la Sala pronunciarse al respecto, pero no sólo por lo expresado por el Diputado señor Schaulsohn, sino por razones de fondo, de inconstitucionalidad, de la indicación respecto de la cual también me pronunciaré en el momento del debate.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
El inciso primero del artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, dice: "Corresponderá al presidente de la sala o comisión la facultad de declarar inadmisibles las indicaciones a que se refiere el artículo anterior. No obstante, la sala o comisión, en su caso, podrá reconsiderar dicha inadmisibilidad".
Se entiende que la Sala debe reconsiderar esa inadmisibilidad y que no basta la opinión del Presidente.
Tiene la palabra la Diputada señora Maluenda.
La señora MALUENDA.-
Señor Presidente, creo que estamos cayendo en un terreno de interpretaciones subjetivas sumamente peligroso.
El texto dice muy claramente que es atribución del Presidente de la Sala, de la Cámara, declarar admisibles las indicaciones, cosa que la Mesa ya hizo.
Pienso que a cualquier persona con un décimo de dedo de frente se le ocurre que no puede tener más poder el presidente de una comisión que el Presidente de la Cámara. Estamos haciendo el más grande de los ridículos al actuar en forma bastante torpe y poner en una misma balanza dos cosas, por una interpretación absolutamente arbitraria de la norma constitucional.
En mi opinión, como lo dijo el Diputado señor Arancibia, no podemos correr el riesgo de sentar el precedente de que los presidentes de comisiones tienen más poder que el Presidente de la Cámara. Me parece absolutamente absurdo y fuera de todo lugar que se someta a votación.
Lamento la duda del Diputado señor Schaulsohn, pero hay mucha gente con dudas existenciales en este país y ya sabemos la suerte que han corrido. La Cámara no está para solucionar ese tipo de dudas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se suspende la sesión por 15 minutos y se cita a reunión de Comités.
Se suspendió a las 18.37 y se reanudó a las 18.57.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Después de mucho cavilar y escuchar distintas opiniones, se ha concluido qué la Sala debe pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación, conforme al inciso primero del artículo 25 de la ley Ne 18.918.
El señor BOSSELIN.-
Señor Presidente, una cuestión reglamentaria.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BOSSELIN.-
Señor Presidente, tal como lo planteé en la reunión que acaba de realizarse, hubo una primera indicación, presentada en la Comisión, que fue declarada inadmisible, cuyo, texto y contenido desconocemos. Hablé con el señor Secretario y esa indicación no está en poder de la Cámara. Existe una segunda indicación, presentada en la Sala, que es nueva, que tiene firmas distintas, y que es de parlamentarios diferentes. Sobre ésa, el Presidente de la Corporación declaró su admisibilidad. Ese pronunciamiento no puede ser modificado por la Sala, porque no existe ninguna disposición de la Ley Orgánica del Congreso Nacional que así lo establezca.
El Honorable Diputadodon Gutenberg Martínez, en la reunión expresó que esto debía ser resuelto no formalmente, sino que sustantivamente. Si ambas indicaciones en cuanto a su contenido son idénticas, no cabría la menor duda, a su juicio, que sería la misma.
Ese es el criterio correcto. Que la Sala escuche la lectura de ambas indicaciones, para saber si son las mismas, sustantivamente. Si es así, lo que Su Señoría ha expresado sería lo procedente para dirimir una contienda que es bastante oscura desde el punto de vista del ámbito interpretativo.
Solicito que se lean ambas indicaciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
El señor Secretario les dará lectura.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación original presentada en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dice: Redúzcase en el siguiente monto del aporte fiscal que se expresa, Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Guerra, Partida 11, Capítulo 01, Programa 02, subtítulo 21, gastos en personal, reducción 1.309.417.000 pesos.
La indicación presentada en esta Honorable Sala dice: "Redúzcase en el siguiente monto el gasto que se expresa, Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Guerra, Partida 1.1, Capítulo 01, Programa 02, subtítulo 21, gastos en personal, reducción 1.309.417.000 pesos."
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sota.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, yo corregí la primera indicación, y el señor Secretario acaba de leer bien, en el sentido de que en la primera, en la presentada en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, proponía la reducción del aporte fiscal y, al formular la segunda me di cuenta que eso además era un error, que lo que hay que reducir es el gasto, y entonces corregir la indicación. Esta indicación, como lo podrá certificar el señor Secretario, dice: Redúzcase en el siguiente monto el gasto, de tal manera que son distintas, no son las mismas indicaciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Corresponde, en primer lugar, que la Sala se pronuncie si tiene facultad para rectificar lo que ha hecho la Comisión Especial Mixta. Tengo la impresión de que unánimemente todos están de acuerdo en que lo tiene. Esto es muy importante para el futuro.
Si no hay acuerdo, se pone en votación.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se interpreta que tiene facultad.
Corresponde ahora que la Sala se pronuncie sobre el fondo y sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación.
En votación.
Durante la votación:
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
La indicación es sustancialmente la misma idea.
El señor BOSSELIN.-
Señor Presidente, ¿me permite una interrupción?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BOSSELIN.-
Señor Presidente, respeto su criterio. El Honorable Diputado señor Sota ha dado a conocer las razones por las cuales hay fundamentos, desde sus perspectivas, para estimar que son diferentes. En consecuencia, procede que se someta a consideración de la Sala, si, a juicio de ella, es la misma indicación o es una indicación diferente; porque si es la misma indicación hay un camino; si es otra, hay otro camino.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación si es la misma o es otra indicación.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, ¿me permite?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, estamos llegando a un nivel de votaciones tan ridículo, porque, ¿cómo vamos a votar si.es la misma o no?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si no hay acuerdo, es la única forma de resolverlo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 3 abstenciones.
Tiene la palabra la Diputada señora Maluenda.
La señora MALUENDA.-
Señor Presidente, esto quiere decir que Su Señoría está renunciando a sus derechos como Presidente de la Cámara, en cuanto a declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación. Si está sometiendo a votación esto, quiere decir que está renunciando públicamente a su derecho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Lo que sucede es que he declarado que la indicación es admisible.
La señora MALUENDA.-
¿Entonces?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Después de eso, los Diputados señores Schaulsohn, Gutenberg Martínez, Elizalde y Coloma, consideran, por otros argumentos, que no tengo esa facultad la cual impugnan y que no puedo resolver sobre esa materia.
Visto el asunto, parece natural que sólo resuelva la Sala, la cual tiene que resolver si es admisible o inadmisible.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, no he impugnado su facultad. He planteado una duda a la Mesa para que Su Señoría la resuelva.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Esa duda dio origen a que otros cambiaran de criterio.
El señor MARTINEZ (don Juan).-
Señor Presidente, no comprendo lo que pasa. Si Su Señoría no está en condiciones de dirimir si tiene o no facultad para declarar admisible una indicación, por qué tenía que colocar en votación si tiene facultad o no. Si la Cámara ratifica que tiene la facultad, en ese momento puede dirimir si es admisible o inadmisible.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si se lee el texto del artículo 25, la Sala acaba de votar que tiene esa facultad. Eso es lo que se acaba de votar prácticamente por unanimidad, salvo tres. Entonces la Sala tiene que pronunciarse. La Sala verá. Estoy convencido de que resolverá adecuadamente.
El señor MARTINEZ (don Juan).-
Señor Presidente, comparto con la Diputada señora Maluenda el criterio de que Su Señoría está renunciando a las facultades que se le conceden.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que Su Señoría está actuando correctamente.
En segundo lugar, quisiera que permitiera que quienes sostienen la admisibilidad de la indicación, pudieran sustentarla en la Sala. Lo mismo para la inadmisibilidad. No podemos someter a votación una indicación sin que se hayan expresado en la Sala los argumentos en pro y en contra. Sugiero que se aplique la norma que permite cinco minutos por cada lado.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
La Mesa ya ha dado los argumentos por los cuales la considera admisible.
Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que quiera sostener el criterio de la Mesa de que es una indicación admisible.
El señor LONGUEIRA.-
Pido la palabra.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, me gustaría que se leyera el artículo por el cual se somete a votación. Cuando se declara admisible una indicación ¿en qué parte somete a votación su admisibilidad? ¿Se puede Someter a votación solamente cuando declara inadmisible la indicación y alguien no comparte el criterio de la Mesa?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ahí volvemos a fojas cero. El Presidente tiene la facultad de declarar admisible una indicación. No cabe la menor duda.
Por primera vez ahora, después de dos años y medio, varios señores parlamentarios dicen que en el caso que la indicación hubiera sido declarada inadmisible en la Comisión, sólo puede rectificarla la Sala y no el Presidente. Para eso se basa en el artículo 25, inciso primero, de la ley.
La señora MALUENDA.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MALUENDA.-
Señor Presidente, está absolutamente claro que Su Señoría como lo acaba de repetir, tiene la facultad de declarar admisible o inadmisible una indicación. Si somete a votación la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación, está abdicando de su derecho. Por lo tanto, ya que están tan puntillosos en este problema, primero debería someter a votación si tiene derecho o no de declarar admisible o inadmisible una indicación. Parta por el principio.
El señor ESPINA.-
Pido la palabra.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, esta materia ya fue votada por la Cámara. Su Señoría sometió a votación si debería o no pronunciarse la Sala respecto de una indicación que ha sido declarada inadmisible en la Comisión y respecto de la cual ha habido toda una controversia que hemos debatido. Es un tema de fondo y tenemos que tratar de solucionarlo para este caso puntual. Hubo una reunión de Comités y después de ver el espíritu razonable del Reglamento, llegamos a la conclusión de que sería absolutamente imposible que una indicación que en la Comisión es declarada inadmisible, la Sala estuviera inhabilitada para reverla, porque transformaríamos al presidente de esa Comisión en una persona con un poder de veto infinito sobre las materias que establece esta Sala. Bastaría que una mayoría política en una Comisión rechazara o declarara inadmisible todas las indicaciones presentadas por una minoría, para que esa minoría ni siquiera en la Sala pudiera plantear la discusión del tema.
De manera que lo razonable y la correcta interpretación del Reglamento es que la Sala siempre puede rever las decisiones que se producen en una Comisión. De lo contrario, un grupo de trece Diputados podría impedir que ciertas materias fueran analizadas y vistas por los 120 parlamentarios, lo cual atenta contra el espíritu del Reglamento.
Sugiero que la Mesa proceda como lo ha hecho hasta el momento y se discuta la admisibilidad de la indicación, porque algunos creemos que puede ser admisible, y otros, no. Ese es el tema de fondo; pero salvemos el principio de que siempre la Sala de la Cámara puede rever una decisión adoptada por una Comisión. En caso contrario, le otorgamos al presidente de esa Comisión un poder omnímodo capaz de bloquear la discusión de ésta u otras materias en la Sala.
Señor Presidente, el Diputado señor
Letelier me ha pedido una interrupción, la cual le concedo por su intermedio, si procede.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
A pesar de que hay varios señores Diputados inscritos, tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, comparto plenamente lo dicho por el Diputado señor Espina; pero aquí no se sometió a votación un tema. No se trata de que el presidente de una Comisión tenga la facultad de neutralizar a la Sala plenaria de una de las ramas del Congreso ni tampoco a una de las Mesas. Lo que no se ha votado es si el Presidente de la Corporación tiene la facultad de revertir una decisión o una opinión de un presidente de Comisión. Ese ha sido en parte el punto en discusión.
He ahí donde está el vacío, según la reflexión del Diputado señor Schaulsohn, y no si tiene facultad la Sala. Algunos opinamos de que el Presidente puede declarar la admisibilidad y, por cierto, otros podrán impugnarla. Pero, al no someterse a votación, se ha impugnado si el Presidente tiene facultad para declarar admisible una indicación que, a la vez, es distinta de la anterior. Por ello, creo importante saber si la Presidencia de esta Corporación tiene el derecho de opinar y si tiene atribuciones para emitir una opinión sobre lo que diga el presidente de una Comisión.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se suspende la sesión por 10 minutos.
Transcurrida el tiempo de suspensión.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Después de haber revisado la interpretación del artículo 25, corresponde discutir la admisibilidad de la indicación.
Para alegar personalmente su admisibilidad, pido al Diputado señor Hamuy que asuma la Presidencia. Voy a explicarla, independientemente de que le guste a la gente o no.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, ¿por qué va a usar de la palabra, si hay otros Diputados que pueden alegar la admisibilidad?
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, para qué efectos está ofreciendo la palabra.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Para sostener la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, esta indicación es absolutamente admisible.
Por lo demás, durante toda la tarde hemos estado votando reiteradas indicaciones que son exactamente iguales.
¿Por qué es admisible?
En la Partida del Ministerio de Defensa podrán observar que en el gasto de personal hay 75.244 millones de pesos. Y están desglosados en leyes permanentes son aquellas que no podemos reducir 70.346 millones de pesos. Estoy citando cifras redondas. Por lo tanto, hay 4.898 millones de pesos correspondientes a gastos variables, que son aquellos que podemos reducir.
Como la indicación del Diputado señor Sota solamente reduce 1.309 millones de pesos, que representan una cifra menor de los gastos variables, que son 4.898 millones, esta indicación es absolutamente admisible.
De todas maneras lo que pretende el Diputado señor Sota no lo va a lograr, porque aquí no se va ningún ex CNI.
El señor SOTA.-
Eso es otra cosa.
El señor LONGUEIRA.-
Sí, lo digo porque si se fuera un ex CNI sería inadmisible, toda vez que se trata de una ley permanente.
El señor SOTA.-
Depende del General Pinochet.,
El señor LONGUEIRA.-
No, depende de su Gobierno.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Ruego evitar los diálogos.
Continúe, Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Entonces, queda absolutamente claro que de la indicación del Diputado señor Sota lo que se está rebajando son viáticos de los gastos variables en el ítem Personal, pero no se va ningún ex CNI Por lo tanto, cuando votemos el fondo no estaremos votando lo que quiere el Diputado señor Sota, porque aquí no se va a ir ningún ex CNI, toda vez que eso está en una ley permanente. La mejor demostración de que esto es admisible es la actitud del Diputado señor Sota, quien durante todas las leyes de Presupuestos que hemos discutido hace aparecer esta indicación que reduce este personal.
Repito: no se reduce este personal. Estamos reduciendo otros ítem, y quedará a criterio de cada uno si son partidarios de reducirlos o no cuando votemos el fondo.
Si se aprobara lo que pretende el Diputado señor Sota sería absolutamente inadmisible, porque esta materia está inserta en una ley permanente.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, lo que ha explicado en la primera parte de su intervención el Diputado señor Longueira es absolutamente claro: los gastos de la Ley de Presupuestos se dividen en gastos permanentes que son aquellos que están fijados en leyes permanentes de la República y en gastos variables, que cada año van cambiando según las circunstancias.
Este año el Ministerio de Hacienda, acogiendo sugerencias que hicimos el año pasado, ha presentado un anexo a la Ley de Presupuestos donde indica en cada ítem, dentro de cada ministerio, cuánto hay de gasto fijo y cuánto hay de gasto variable.
En este caso hay una indicación que reduce los gastos variables en un monto determinado, inferior a la suma total del gasto variable, como lo ha indicado el Diputado señor Longueira.
Por otra parte, como lo expliqué desde la testera, tampoco se afecta el piso que establece la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, porque no se refiere a remuneraciones. Salvo que las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas tienen que ser reajustadas conforme al índice de precios al consumidor, no hay ningún motivo por el cual esta indicación pueda ser declarada inadmisible.
El Presidente de la Comisión Especial Mixta habrá tenido sus razones para declararla inadmisible, pero no debió obviar el pronunciamiento de la Comisión, porque el Reglamento del Senado no puede primar sobre la Ley Orgánica del Congreso, cuyo artículo 25 señala que la Comisión, en este caso la Especial Mixta, podría haber impugnado su criterio. Pero eso ya está hecho. Lo que corresponde en este caso es declarar admisible la indicación, y después habrá un debate sobre el fondo, que es la segunda parte de la intervención del Diputado señor Longueira, pero que no corresponde hacer en este momento.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que sostenga la inadmisibilidad de la indicación.
Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, los dos Honorables Diputados que han sostenido la admisibilidad de la indicación se han referido al fondo, en circunstancias de que la admisibilidad o inadmisibilidad que estamos discutiendo dice relación con el procedimiento.
Por eso, adhiero a las dudas del Diputado señor Schaulsohn, porque se trata de una indicación inadmisible formalmente. En efecto, el primer punto que tenemos que dejar claramente establecido es que el Presidente de la Sala carecía absolutamente de facultades para pronunciarse sobre ella porque así lo dice expresamente el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso, el cual señala a la letra: "Corresponderá al presidente de la sala o comisión la facultad de declarar inadmisible las indicaciones a que se refiere el artículo anterior. No obstante, la sala o comisión, en su caso, podrá reconsiderar dicha inadmisibilidad.".
Luego, el recurso de reconsideración sólo corresponde a la Sala o a la Comisión, pero nunca al Presidente.
¿Qué sucedió en este caso? Se presentó una indicación en la Comisión y su Presidente la declaró inadmisible. Los autores de la indicación tenían en ese momento dos caminos: o aceptar la inadmisibilidad o pedir reconsideración. Se dice que el Presidente de la Comisión sostuvo que no la reconsideraba y, en consecuencia, se mantuvo la inadmisibilidad.
En estas circunstancias, esa indicación murió.
¿Qué derecho tenían entonces los autores? Renovarla. Presentar una nueva, y plantear el problema aquí en la Sala.
¿Qué hicieron? De acuerdo con lo resuelto soberanamente por esta Sala, no se renovó; se presentó a la Sala la misma indicación, la cual ya estaba extinguida, caducada y no podía ser revivida.
En consecuencia, no corresponde pronunciarse sobre esa indicación, porque de acuerdo con el mandato del artículo 25, nos. guste o no, pero es ley de la República, esa indicación terminó, y al no ser renovada a través de una nueva, simplemente esta Sala tiene que declararla inadmisible.
Incluso, sostengo que, técnicamente, ni siquiera correspondería que esta Sala se pronunciase, porque carecería de competencia para ello. Pero como la Sala dijo que quería pronunciarse, que se pronuncie, pero en estricto derecho, es inadmisible.
He dicho.
El señor BOMBAL.-
Quisiera consultar al señor Ministro. Dijo que se trataba de un gasto que no es variable.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
De acuerdo con el Reglamento, el señor Diputado no puede intervenir, porque ahora corresponde resolver.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se declara admisible la indicación.
Se ofrece la palabra sobre el fondo.
Tiene la palabra el Diputado señor Sota.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, antes de entrar al fondo de la cuestión, quiero decir que la discusión que nos ha ocupado tenía una entidad tal que ha justificado bien el debate que se ha producido.
Tanto la Diputada señora Maluenda, como los Diputados señores Espina y Letelier han bregado por los fueros de esta Cámara. De manera que es perfectamente explicable la pasión que han puesto en esa defensa.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
¿Me permite, señor Diputado?
Solicito acuerdo para que pueda ingresar a la Sala, el Subsecretario de Guerra, señor Marcos Sánchez. Está presente el señor Ministro de Defensa.
El señor SOTA.-
También podría autorizarse el ingreso del de Marina y de Aviación.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se autorizará ingresar a la Sala a todos los Subsecretarios.
Acordado.
Continúa con la palabra el Diputado señor Sota.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, decía que estimo que la entidad del problema que nos preocupa era tal que bien se justificaba la pasión que se puso en algunos momentos en la defensa de lo que se creía eran las prerrogativas del Parlamento.
En todo caso, ya una vez zanjada la situación, tengo que reconocer que la duda planteada por el Diputado señor Schaulsohn, efectivamente tenía asidero.
Lo que sí lamento es que, sin previo concierto, haya planteado esas dudas, en circunstancias de que Su Señoría había firmado la indicación presentada; y sobre todo, teniendo en cuenta que soy el jefe del Comité del Partido por la Democracia. Pero esto se resuelve muy fácilmente y, en vista de la situación producida, renuncio públicamente a mi cargo de jefe de la bancada del Partido por la Democracia.
Señor Presidente, la indicación que hemos presentado los Diputados del Partido por la Democracia conjuntamente con los Comités del Partido Socialista, el Comité de la Democracia Cristiana, Honorable Diputadodon Rodolfo Seguel; Diputado señor Bosselin, del mismo Partido; el Comité de la Social Democracia y Partido Radical, Honorable Diputadodon Roberto Muñoz Barra, y de otros Diputados, tiene por objeto, al igual que en años anteriores, eliminar del Presupuesto del Ejército el financiamiento del personal civil de la ex CNI, que le fuera traspasado a fines de 1989.
Como se recordará, dicho personal alcanzaba a 1.114 funcionarios en ese año; actualmente, es de 962 ex agentes. De modo que en tres años se ha reducido en 152 personas. A este ritmo, la llamada "Planta en extinción de la ex CNI" tomaría 18 años en ser reducida totalmente.
Además, debo mencionar que en sesión de esta Cámara de 22 de noviembre del año pasado el Ministro de Defensa hizo un anuncio que cito textualmente: "... y en 1992 se propone una reducción que representaría un 30 por ciento del presupuesto de esa partida, relativa a personal de la ex CNI"
Dicho de otro modo, el señor Ministro se proponía reducir en 300 el número de esas personas en 1992.
¿Qué ha sucedido realmente? El único dato fidedigno de que disponemos es el dado por el General señor Ballerino, que señala que 13 funcionarios, y no 300, saldrán de las filas en este año por jubilación u otras causas previsionales. A mayor abundamiento, el señor Ministro ha explicado que en este año deberían salir 400, y no 300, cómo se anunció el año pasado. De tal manera que, después de la salida de esas 400 personas, restarían 562 hombres de la ex CNI en el Ejército. Pero la realidad es que estamos a mediados de noviembre y no hemos sabido que haya salido de la planta de la ex CNI ni uno solo más allá de los 13, según dio cuenta el General señor Ballerino.
Así las cosas, reclamo para esta Cámara el ejercicio de su facultad constitucional para reducir el presupuesto que estamos impugnando y eliminar el total de los 962 ex agentes de la ex CNI.
En las discusiones anteriores y en este instante ha quedado establecida la admisibilidad de esta indicación, pero preferimos insistir en su legitimidad.
No repetiré los fundamentos éticos en que se basa. El Informe Rettig, en forma indesmentida, ha dejado establecida la responsabilidad de los integrantes de la ex CNI en los más horribles crímenes políticos cometidos durante el régimen pasado.
En un momento particularmente sensible al recuerdo de los fundamentos morales de la acción política, la opinión pública nos pide consecuencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Más allá de los Partidos de la Concertación por la Democracia, son muchos los que piden integridad a miembros del Poder Judicial, jueces y ministros de cortes. La inmensa mayoría exige veracidad a los altos jefes del Ejército, para terminar con todo asomo de duda respecto de la participación de esa institución en acciones de seguridad interior; pero también somos muchos los que no queremos aceptar la autolimitación de la Cámara fiscalizadora en las funciones que le son propias: los episodios de los cheques del hijo del Comandante en Jefe del Ejército,...
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Otra vez!
El señor SOTA.-
... del espionaje a los partidos políticos, del contrabando de armas a Croacia, han mostrado una Cámara que no ha logrado que los organismos correspondientes apliquen sanciones a los culpables.
Un señor DIPUTADO.-
¡Es culpa del Gobierno!
El señor SOTA.-
Estamos pidiendo actuar en el mismo sentido en que lo solicita el Ministro de Defensa, pero por propia iniciativa y asegurando la efectividad de la reducción propuesta. Es decir, se trata de disminuir el gasto en personal de la Subsecretaría de Guerra con mención expresa del personal de la ex CNI. Esta es una señal directa, explícita y reiterada al Comandante en Jefe para que proceda en la forma que se lo pide interpretando el sentir mayoritario del país la Honorable Cámara. La indicación se inscribe, además, en el marco aceptado por las altas autoridades del Ministerio de Defensa y del Ejército, de reducir el gasto en personal de la institución, que alcanza al 65,5 por ciento de su presupuesto fiscal.
El año pasado, con motivo de esta misma discusión, dije que nuestra propuesta respondía a un gesto moral y que la democracia misma debe serlo o no será democracia.
Hoy día, gracias al creciente apoyo de parlamentarios de toda la Concertación esperamos que este gesto se transforme en un acto de afirmación de la autonomía de esta Honorable Corporación, y repitamos la votación de hace dos años, cuando quiero recordarlo la indicación fue aceptada y aprobada por la Sala. Sin perjuicio del apoyo solidario que brindamos a nuestro Gobierno, repetimos que esta Cámara o se dignifica con la certeza de sus propias decisiones, o cede a la razón del Estado invocada, incluso, por algunos parlamentarios.
La hora es propicia para dar señales de autoridad a quienes son reacios a aceptarla; pero la autoridad se gana con el ejercicio incalificable de la representación del pueblo que ostentamos limpiamente. Ello es especialmente necesario cuando sectores del Ejército están utilizando sus medios para influir en los acontecimientos políticos, actuación que es una reminiscencia de lo que la CNI que deseamos sancionar con esta indicación efectuó durante el gobierno pasado con completo amparo legal.
Por la justicia y la verdad, deben quedar fuera del Ejército de Chile quienes no merecen vestir su uniforme.
He dicho.
Aplausos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ROJAS (Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, Honorable Cámara por tercer año consecutivo concurro a defender una estrategia de acción que, como Gobierno, hemos adoptado desde el comienzo respecto de este personal civil que, habiendo formado parte de la ex CÑI, en virtud de la ley que disolvió este cuerpo, en 1990 fue incorporado a la Diñe.
En primer lugar, deseo corregir las cifras del Diputado señor Sota, en el sentido de que en 1991, a la fecha, se produjo el retiro de alrededor de 150 de estos miembros civiles todos civiles, no se habla de ningún uniformado, incorporados a la Diñe en virtud de la ley indicada.
Debo recordar que el año pasado, con motivo de la discusión del proyecto de ley de Presupuesto, de la misma Partida y de la misma indicación del Diputado señor Sota, expresamos, tanto en la Subcomisión como en la Sala, que con el ánimo de disminuir gradual y progresivamente este personal civil de la Diñe, se propuso un número de 300 personas.
Una vez más quiero ser preciso y claro. La reducción de plantas de las Fuerzas Armadas se rige por su Ley Orgánica y por el DFL N° 1; no es facultad del Ejecutivo ni del Ministro de Defensa poner término a sus funciones como empleados civiles. La Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas entrega esta potestad directamente al Comandante en Jefe de la institución o a su proposición para que sea el Presidente de la República el que elimine la planta de este personal civil.
En virtud de esta normativa, durante el presente año se ha producido, a la fecha, el retiro del Ejército de 400 elementos civiles de la ex CNI, incorporados a esta repartición de la Diñe en 1990. Por lo tanto, la cifra efectiva de retiros es de 550. Si el año pasado el Congreso expresó su deseo de que se llegara a una cifra de 300, y como Ministro de Defensa Nacional puedo decir que se han hecho efectivos 400, considero cumplida la tarea de recoger la voluntad mayoritaria del Congreso Nacional de que esta reducción se continuará efectuando en forma gradual.
Debo decirle al Diputado señor Sota que su información está equivocada y que la que entrego es la correcta. Hasta el momento han dejado de prestar servicios en la institución 400 personas. Confiamos en que el próximo año exista una nueva reducción de este personal, para lograr el objetivo que he formulado al Congreso Nacional, en el sentido de que el próximo Gobierno de Chile tenga solucionada la situación del personal de la ex CNI, y no deba afrontar dificultades heredadas del régimen militar, en virtud de la ley a que hice referencia.
Aparte de esta cuestión de fondo, quiero señalar que el efecto práctico de la reducción de los 1.300 millones de pesos propuesta, que corresponden a remuneraciones fijas del personal civil remanente de la actual Diñe no se producirá sobre ese personal, porque, como se ha explicado con absoluta claridad, la reducción no puede afectar plantas, sino sólo gastos variables.
Por lo tanto, de reducirse esos 1.300 millones, no se producirá el retiro de sus funciones de ningún funcionario de la ex CNI que aún trabaja en la Diñe. ¿Dónde se producirá la reducción? En los contratos, en los jornales, en los honorarios, en los viáticos que afectan al personal de planta uniformado del Ejército de Chile, que incluye personal profesional formado por médicos, enfermeras, auxiliares del Hospital Militar; en todos los viáticos para actividades ordinarias del personal uniformado del Ejército y en los jornales destinados al trabajo institucional.
Por lo tanto, quienes crean que esta indicación tiene el efecto señalado por el Diputado señor Sota, de que disminuirá el número de este personal, están equivocados. Dicho efecto se obtendrá con las medidas que desde el Ministerio de Defensa, junto con la Comandancia en Jefe del Ejército, aplicaremos para lograr el próximo año ya hemos iniciado las conversaciones en tal sentido un mayor número de retiros de este personal civil de la ex CNI, que se incorporó a la Dirección de Inteligencia del Ejército.
Es todo, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cerda.
El señor CERDA.-
Señor Presidente, la intervención del Ministro me permite ser breve, pues solicité el uso de la palabra para consultarle, precisamente, acerca de la reducción de personal de la ex CNI, aspecto fundamental para el Congreso, por cuanto el primer año de funcionamiento de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos constituyó el punto más difícil de abordar. En esa ocasión se acordó pedir la reducción paulatina de todo este personal.
Lo planteado por el señor Ministro en el sentido de que se han producido 550 retiros y que el próximo gobierno democrático de Chile, que asumirá en marzo de 1994, se encontrará con que no habrá personal civil de la ex CNI en el Ejército, significa que a corto plazo Se eliminará totalmente dicho personal.
Esto es lo fundamental para el país: que un Gobierno que ha asumido un compromiso con la verdad, con la justicia, está actuando dentro de sus posibilidades reales frente a leyes "amarradas" que dejó el gobierno anterior, la mayoría de ellas dictadas en sus últimos dos meses. Lo indicado por el señor Ministro es el camino correcto, y en este aspecto confío plenamente en lo que está realizando este Gobierno.
No dudo de la buena fe del Diputado señor Sota y de su permanente defensa de un principio moral, en cuanto a que las personas que participaron en acciones repudiadas por la gran mayoría de la ciudadanía, no deben ser pagadas con dinero de todos los chilenos.
Voté por la admisibilidad de la indicación, pues estoy absolutamente convencido de que era la forma reglamentaria de proceder para que este punto fuera tratado, y no rechazado como se dice "por secretaría", porque es fundamental para el país que estas cosas queden claras.
Además, no tengo duda alguna de que esta indicación no tiene ningún efecto sobre el personal de planta. Aquí se ha explicado muy claramente la diferencia que existe entre los gastos fijos y los variables. En la Cámara nadie dudará que los gastos de sueldos son fijos. Por lo tanto, una indicación de esta especie no tendría efecto alguno sobre ningún funcionario de la ex CNI.
Por esa razón, es fundamental que el país y el Ejército sepan que el deseo del Congreso es que los funcionarios de la ex CNI que están trabajando en el Ejército dejen de hacerlo pronto. Nuestra voluntad es que ello ocurra antes de que concluya el actual gobierno democrático. Me alegra que el Gobierno haya ido avanzando en este punto, porque en el país es fundamental lograr éxito en las misiones encomendadas. En ese sentido, el Gobierno está logrando éxito.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, la intervención del Diputadodon Pablo Longueira y las explicaciones del señor Ministro me permiten intervenir muy brevemente.
En nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, anuncio que votaremos en contra de la indicación, por ser ineficaz e innecesaria; ineficaz porque no alcanzará el propósito que persigue, e innecesaria, por cuanto, como lo explicó el señor Ministro, se están cumpliendo los acuerdos tomados sobre esta materia. Por lo tanto, no se requiere una indicación de esta naturaleza.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Martínez.
El señor PALESTRO.-
¡Eso es lo que reclama el pueblo!
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MARTINEZ (don Juan).-
Señor Presidente, en este tipo de materias, para los socialistas sólo existe la posibilidad de una política de principios que, sin duda, dice relación con la conducta enérgica, éticamente respaldada, en cuanto a eliminar al personal civil ex CNI del Ejército de Chile. Llegado casi el tercer año del proceso de transición y del gobierno democrático, no es posible que esta gente, responsable de varias flagrantes violaciones a los derechos humanos, delitos que muchas veces no han podido conocerse por la complicidad de los tribunales de justicia, siga en una institución fundamental de la República. Por parte del Parlamento, es inexcusable no pronunciarse decididamente sobre la materia, no dar una señal al respecto.
El proceso de transición a la democracia tiene déficit y falencias en materia de derechos humanos, porque no se ha logrado la plena justicia o se ha avanzado muy poco en ella, y la permanencia de este personal contribuye a que sean aún mayores.
Hay determinados ámbitos de responsabilidades. Cada institución del Estado, cada Poder del Estado tiene que cumplir la suya. El Ejecutivo ha tomado la actitud de reducir de modo gradual a este personal; nuestra bancada, año tras año, cada vez que se ha discutido el proyecto de Ley de Presupuestos, ha respaldado la posición del Diputado señor Vicente Sota, de la eliminación completa. Una medida o señal de esta naturaleza dignificaría la transición y la labor del Congreso; y entregaría a quien está al mando de la institución la responsabilidad de recoger la voluntad del Congreso de eliminar a este personal, que no sólo no merece estar en Ejército de Chile, sino que además provoca indignación y desconcierto en la opinión pública nacional.
El Partido Socialista, a través de nuestra bancada, considera una aberración la política que se aplica en el Ejército de Chile, y que los Poderes del Estado, el Ejecutivo, por un lado, y el Parlamento, por otro, no hagan todo lo posible por erradicar, de una vez por todas, al personal comprometido con violaciones a los derechos humanos cometidas en el gobierno anterior.
Por último, la eliminación de este personal favorecería el entendimiento entre la sociedad civil y el Ejército; habría mayor comprensión en el país respecto de lo que está haciendo la institución. La situación producida últimamente, donde personal militar ex CNI está involucrado en espionaje político, de alguna forma es factor de perturbación en las relaciones cívico-militares. Por lo tanto, desde el punto de vista de la sanidad y de la convivencia nacional, es bueno que esto termine de una vez.
Por eso, vamos a votar favorablemente la indicación propuesta por el Diputado señor Vicente Sota, con el respaldo de algunos Diputados de esta bancada.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputadodon Gutenberg Martínez.
El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente, un deber de relación y amistad, en primer lugar, me obliga a precisar que la duda que en su oportunidad planteó el colega Schaulsohn, que se transformó en presentación, posibilita que hoy se discuta, porque la interpretación del texto, a mi juicio, tal cual estaba y sin que la Cámara se pronunciara, de modo alguno habría significado debate.
La mejor demostración de esto son las reuniones de Comités que tuvimos, donde alrededor de una hora discutimos el punto y establecimos un importante precedente de interpretación de la Corporación para las veces que eventualmente pudiera plantearse el tema.
En esta oportunidad, nuestra bancada ha resuelto no tener posición de partido al respecto, sino que cada parlamentario actúa en conciencia. Por lo mismo, opino en conciencia. Por lo mismo, opino en términos personales;
Lo primero en política es tener los pies en la tierra. Cuando en el plebiscito derrotamos a la dictadura y después ganamos la elección presidencial, entendimos que se iniciaba la transición y un proceso de consolidación de la democracia. Quince o veinte mil veces dijimos que habría las dificultades inherentes a este período en las relaciones cívico-militares por el reencauzamiento de las instituciones armadas después de participar 17 años en la actividad política directa o indirectamente y en el ejercicio del poder, en un rol distinto del profesional.
Para que la transición sea efectiva y positiva y haya estabilidad política y Parlamento que consolide la democracia; para que efectivamente haya crecimiento económico y social a través de las formas que hoy estamos refrendando al aprobar el proyecto de Presupuestos, el Estado requiere una política de defensa; y es vital para los partidos de Gobierno entender que ella es de las más importantes.
Nadie puede decir que la administración de la política de defensa por parte del Gobierno es simple; es una cuestión extremadamente delicada. Cada frase, cada pronunciamiento, cada acción tiene sentido, y cada omisión también.
Al Gobierno de la Concertación y a las instituciones democráticas se les va a juzgar por la capacidad que tengamos de conducir al país hacia la democracia plena, con estabilidad, crecimiento económico y justicia social.
El Gobierno democrático de la Concertación y el Gabinete del Presidente de la República han fijado una política sobre la materia, que ha asumido las opiniones del Parlamento.
Es la tercera vez, como se ha repetido, que estamos discutiendo el punto. Ya dimos la señal democrática de que la mayoría quiere terminar con el personal de la ex CNI de modo gradual, efectivo y real. El Parlamento no consideró posible ni realista terminar de una vez con estos elementos civiles en el Ejército.
A mi juicio, si sólo se tratara de dar una señal, multiplicaría por diez el gesto de buena fe del colega Sota y de todos los de la Concertación que postulan la indicación. Pero el problema no es de señales ni de gestos. Se trata de demostrar la política de Defensa del Gobierno, y lo más importante, de respaldarla en el momento de la votación.
Si asumimos que la tarea no es fácil y que el cargo del Ministro de Defensa y de los Subsecretarios presentes es de suyo complicado, de buena fe tendremos que concluir que el proceso de reducción del personal de la ex CNI implica una decisión, una suerte de compromiso; implica la determinación de una política de Gobierno, y como parlamentarios que lo apoyamos nos corresponde respaldarla.
Dicho de otro modo, nadie puede imaginar que el proceso de reducción y eliminación de personal de la ex CNI del Ejército es simple. A mi juicio, sería malo no asumir lo que el Gobierno ha convenido y decidido sobre la materia, más aún si la indicación, como quedó demostrado la vez pasada y ahora, no produce los efectos deseados. Gracias al avance de la amplificación, escuché desde la oficina en la mañana la intervención del colega Sota. Uno de sus fundamentos, que se ha repetido, es que este personal sólo habría disminuido en trece elementos; pero el Ministro de Defensa señaló el número.
Conozco la buena fe del Diputado señor Sota y del resto de los colegas que firman la indicación, y no me cabe duda de que tendrán que considerar que no son 13, sino 400 o más los reducidos. El antecedente en que se funda la indicación ha sido desmentido formalmente por el Ministro de Defensa en esta sesión.
En definitiva, la indicación, de algún modo, no por la intención, sino por el eventual resultado, cuestiona la capacidad del Gobierno y de los partidos de la Concertación de fijar y asumir una política de Defensa.
Respecto del espionaje, al igual que al colega Juan Martínez, me violentan las decisiones de la Corte Suprema. El Congreso tendrá que actuar en su oportunidad para encausar y castigar a los jueces que hacen abandono notable de sus deberes, como expresa la norma constitucional. La falta de legislación facilita a algunos el espionaje. Pero es importante el momento para obtener resultados, sobre todo si de algún modo pueden afectar la política de Estado, la de gobierno y la nuestra.
A mi juicio, tenemos que reforzar la política del gobierno; la profesionalización de las Fuerzas Armadas aprobando lo que el Gobierno nos propone hoy en el Presupuesto para terminar de verdad con la CNI y castigar a los "capitanes Diez" y a todos quienes los encubran. Ahí es donde tenemos que medir nuestros gestos y nuestra capacidad política.
Si el Gobierno no hiciera la propuesta y el Congreso sólo se limitara a rechazar la reducción de los gastos, apuesto doble contra sencillo que el próximo Presidente de la República tendría a todos los de la CNI dentro del Ejército, porque ese sería probablemente el efecto y la práctica que se habría producido.
Hace mucho tiempo aprendí que en política no siempre se puede hacer lo que se quiere, sino que, fundamentalmente, lo que se tiene que hacer. Es el adecuado equilibrio entre lo que la persona cree y lo que debe hacer. Me encantaría poder votar, no esta indicación, porque no produce ningún resultado, sino una norma para terminar de una vez con la CNI dentro del Ejército. Me encantaría, si estuviera en la medida de mis posibilidades, condenar a todos quienes hubieren cometido delito. Me encantaría que se hiciera justicia en este país. Pero por sobre todo quiero ayudar a conducir, respaldando a este Gobierno, a que haya democracia, a que haya profesionalismo en las Fuerzas Armadas y a que cuando termine el mandato del actual Gobierno también culmine la CNI y todos aquellos que hayan estado comprometidos con los crímenes dentro de la institucionalidad del Ejército.
No sé qué costo podrá representar lo que estoy diciendo. No sé cuál es el costo que, en términos de imágenes públicas, podrá significar que una persona vote como lo desea. Por supuesto que para los que siempre han hecho, sin ningún problema, porque así lo piensan, del respaldo de la dictadura su motivación para estar aquí, esta reflexión no les es válida. Pero para el resto, para los que no hacemos de eso la razón y nuestra motivación, es válido pensar que, a lo mejor, implica un costo plantear lo que estoy argumentando.
En todo caso, el costo personal o colectivo que pudiera haber de un partido por una posición, por lo que uno de algún modo pueda representar, se ve absolutamente solventado por la seguridad de estar actuando en la dirección correcta, en términos de Estado y de Gobierno.
Sé que todos los Diputados de las bancadas de la Concertación queremos respaldar al Gobierno; sé que nadie hace de esta cuestión entiendo que fue un error lo que dijo el colega señor Martínez un asunto de principio. Porque en esta posición, la del Gobierno, está todo el Gabinete; están todos los funcionarios de confianza del Presidente de la República y los militantes de todos los partidos de la Concertación.
En lo personal, me postulé y me eligieron para respaldar al Gobierno, no en las cosas fáciles, porque ahí respaldamos todos, sino en las cuestiones difíciles. Y siendo ésta difícil, voy a votar que sí a la propuesta del Gobierno.
He dicho.
Aplausos.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, una posición fácil en esta materia sería permitir que la discrepancia existente entre el Partido Socialista y el PPD con la Democracia Cristiana motivara que nuestra bancada guardara silencio en esta materia. Creo que después de tres años de trabajo parlamentario, ello sería una irresponsabilidad y significaría eludir nuestra posición sobre este punto.
Don Vicente Sota ha señalado que él presentó su indicación como un gesto de valor moral y que, dentro de ese fundamento, indica a lo menos tres hechos en los cuáles aparecería vinculado directa o indirectamente personal de la ex CNI. Ha señalado el caso de los cheques girados a nombre del hijo del Comandante en Jefe, el del contrabando a Croacia y el del espionaje político.
Lo primero que cabe preguntarse es si con esta indicación se soluciona alguno de estos problemas. En mi opinión, no se soluciona ninguno.
Quienes integramos la Comisión Especial sobre Servicios de Inteligencia hemos podido constatar que en nuestro país hay mucho por hacer en materia de funcionamiento de los Servicios de Inteligencia. Es necesario dictar normas claras que pongan término a la confusión jurídica en que está envuelto el desarrollo de las actividades de estos organismos, como también delimitar sus funciones y actuaciones con toda claridad.
Si se quieren determinar las responsabilidades del mando, se requieren mecanismos de control y de fiscalización. Pero ésa es una tarea pendiente a la que la Cámara perfectamente puede abocarse para permitimos contar con servicios de inteligencia eficientes, que actúen dentro del marco del sistema democrático y que la ciudadanía confíe plenamente en la labor que ellos están desarrollando.
Y pienso que las Fuerzas Armadas están esperando los aportes que al respecto puede hacer la Cámara y el Parlamento, porque ellos mismos como consta a los integrantes de dicha Comisión han dado a conocer los vacíos legales y las dificultades que existen en esa área.
Por su parte, el Diputado señor Sota ha dicho como señalé que su indicación es un gesto de valor moral. Yo, sin dudar de su buena fe, pienso que su indicación está más orientada a crear un efecto político. Pero mientras él cree que ese efecto político es positivo, en mi opinión es negativo. Digo esto porque en una materia que debe ser abordada como política de Estado, él introduce una cuña política y el efecto que produce es justamente una división entre quienes son partidarios de que el personal cuestionado de la ex CNI se mantenga al interior del Ejército y quienes quieren que ese personal se retire de la institución. Y esa disyuntiva es falsa.
En muchas oportunidades nosotros hemos discrepado con el Ministro de Defensa. En esta ocasión quiero señalar que el Gobierno ha actuado con coraje; correctamente. Mucho más fácil para este Gobierno habría sido, simplemente, dejar que las cosas ocurrieran en forma irresponsable y haber creado situaciones de tensión, diciendo que se retirarán a través de otra instancia, porque ya sabemos que esta indicación no lo permite, el personal de la ex CNI.
Pero digamos las cosas como son. Tampoco nos quedemos en las normas o en una apreciación formal respecto de la ineficacia de la indicación.
El Ministro de Defensa ha explicado con toda claridad a los miembros de la Comisión Especial sobre Servicios de Inteligencia de la Cámara las razones de fondo que han motivado que esté retiro sea gradual. Y hay razones de bien común, de seguridad interna y de sentido común que él ha explicado con detención respecto de este punto, mostrándose dispuesto a contestar todas las interrogantes que han surgido. Entonces, si estamos en el Parlamento para legislar sobre estas materias, con criterio de políticas de Estado y con seriedad, no tengamos un doble estándar en la discusión: no pongamos en privado y al interior de esa Comisión los antecedentes que todos conocemos, y en público nos ponemos una venda en los ojos, nos olvidamos, y discutimos una materia distinta.
Sabemos que es imprescindible establecer un proceso gradual y de reducción progresiva, como estrategia para poner término a este problema. Y sabemos además que dentro de ese personal hay funcionarios a quienes no cabe hacerles imputación alguna en el desempeño de sus cargos y que, por lo tanto, cualquiera norma con el mínimo concepto de justicia no puede englobarlos a todos en las mismas conductas.
En esta materia compartimos el criterio de política de Estado que está aplicando el Gobierno. En lo que respecta a este personal, creemos que lo está haciendo en forma correcta y, por esa razón, no vamos a eludir la responsabilidad de dejar que esto termine en polémica entre las posiciones que representa don Vicente Sota y aquéllas que en nombre del Partido Demócrata Cristiano o de algunos de sus parlamentarios pueda haber expuesto el Diputado señor Gutenberg Martínez.
Si en esta materia el Gobierno lo está haciendo bien, no tenemos ni temor, ni vergüenza, ni complejo para decirlo con la misma decisión que cuándo lo criticamos porque lo hace mal.
Por estas razones y porque estimamos que la indicación apunta, lamentablemente, a crear un efecto político equivocado de una división inexistente en este Parlamento respecto de esa materia, responsablemente vamos a votar en contra de la indicación del Diputado señor Sota.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora María Maluenda.
La señora MALUENDA.-
Señor Presidente, después de la clase magistral sobre la manera de hacer política que acabamos de escuchar al Diputado señor Gutenberg Martínez, en defensa de la democracia, es necesario subrayar la necesidad de la transparencia en nuestras actuaciones y en nuestras expresiones.
En ese sentido no me voy a pronunciar sobre la indicación del Diputado señor Sota, pues soy firmante de ella y la votaré favorablemente. Ya se han dado las razones suficientes al respecto y adhiero a ellas.
Pero quiero hacer un alcance, porque es necesaria la transparencia repito en nuestro quehacer y en nuestras expresiones.
Deseo formular un planteamiento respecto a la forma de referirse al personal de la ex CNI, que aquí se ha reiterado. Se habla mucho del personal civil de las Fuerzas Armadas. Eso puede llamar a confusión a mucha gente e, incluso, a algunos colegas. Es necesario dejar muy en claro que la referencia a personal civil de las Fuerzas Armadas, que podría entenderse como diferente al que lleva uniforme y que no responde a jerarquía, ni a disciplina puede llevar a una concepción equivocada. ,
Todo aquel que trabaja en el Ejército responde a un grado y a una disciplina. Así ha sido siempre y seguirá siéndolo.
Por lo tanto, solicito por su intermedio, señor Presidente, que se envíe un oficio al Ministro de Defensa para que nos dé a conocer qué grados tienen aquellos ex CNI que aún permanecen en el Ejército y cuáles son sus remuneraciones.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar el oficio solicitado por la señora Diputada.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, respecto al oficio solicitado por la colega señora Maluenda, puede haber un pronunciamiento de la Corporación, pero también puede ser enviado sólo en nombre de algunos parlamentarios.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
De acuerdo con el Reglamento, requiere unanimidad, señor Diputado.
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, varios de los argumentos que pensaba exponer ya se han dado. Cuando se discutió la admisibilidad de la indicación, sostuve que es absolutamente ajena al objetivo que se ha señalado, aun cuando me parece importante pronunciarse sobre el fondo de la misma, dado que el tema se ha llevado hacia ese terreno.
Es necesario tener presente que hemos estado discutiendo y argumentando sobre una indicación que es radicalmente distinta, dado que se reducen solamente gastos variables que no alteran en nada la planta.
Pienso que el tema es mucho más profundo que la reducción o no reducción de la planta de los ex funcionarios civiles de la ex CNI. Si todos nos sentimos orgullosos del éxito que ha tenido la transición en Chile, es precisamente porque todos los actores, Gobierno y Oposición, han sido capaces de actuar con la prudencia del caso y de adoptar decisiones con el objeto de que el cambió de un gobierno autoritario a uno democrático se haga de la mejor forma posible.
Lamentablemente, la indicación del Diputado señor Sota hace aparecer a los que la rechazamos como dispuestos a defender a esos funcionarios. Creo que la medida adoptada por el Gobierno para resolver el problema, al igual que el Gobierno anterior, cuando decidió incorporarlos a una planta en extinción, es la mejor forma de disolver a la ex CNI. Este Gobierno, en conjunto con el Ejército, ha ido encontrando solución a un problema respecto del cual, si se hubiese actuado en la forma planteada en la indicación del Diputado señor Sota, no había sido el camino más saludable para este traspaso a la democracia del que todos nos sentimos orgullosos y que es reconocido por el mundo entero.
Cuando se escuchan las exposiciones, puede advertirse que el tema es mucho más profundo. En verdad, debemos ser capaces de proponer soluciones, iniciativas y proyectos que estimemos como los más convenientes para el país. Sin embargo, con su indicación, el Diputado señor Sota no le hace un favor ni a los partidos políticos ni a la Izquierda que él representa.
Tal vez su posición es testimonial frente a su electorado, pero es evidente que al presentarla está reflejando que aún no tienen la preparación o la madurez para conducir el país.
A lo mejor, con los mismos argumentos de la Izquierda, con las mismas razones que podemos dar todos, la Democracia Cristiana ha mantenido una posición prudente, por el camino del entendimiento entre las autoridades de Defensa y del Ejército, las que han ido acelerando el proceso en forma mucho más rápida de lo que estableció la propia planta en extinción.
En nada favorece presentar por tercer año consecutivo exactamente la misma indicación, corregida, porque el primer año se declaró inadmisible por estar mal concebida, pues alteraba o disminuía gastos de leyes permanentes. En estos dos últimos años efectivamente ha sido admisible y por eso defendí su admisibilidad, independientemente del fondo de la misma.
Pero es muy importante que tengamos la capacidad de transmitir al país que no queremos damos gustitos o, en el fondo, dar señales o aprobar cosas que finalmente se pueden traducir en factores de inestabilidad.
Es evidente que la Democracia Cristianas, a pesar de formar parte de la Concertación y compartir, tal vez, los mismos planteamientos del Diputado señor Sota, refleja una postura de mayor madurez para conducir el proceso.
Por ello, votar a favor de la indicación no favorece ni soluciona en nada los puntos que el Diputado señor Sota ha expresado muy bien en su exposición.
He dicho.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.
El señor BOSSELIN.-
Señor Presidente, concurriré con mi voto favorable a la indicación que el Honorable señor Sota y otros parlamentarios hemos presentado a consideración de esta Cámara.
El debate me ha llamado a una profunda meditación y ha tocado las raíces más profundas de mi ser.
Hace un momento, un Honorable Diputado de la bancada de Renovación Nacional me preguntó si iba a votar a favor o en contra del Ejército de Chile. Votaré a favor del Ejército de Chile, del Ejército de O'Higgins, de Bulnes, de Baquedano, del Ejército incorporado a nuestra historia.
En esta Cámara debemos dar muestras claras de tolerancia y de respeto mutuo, sobre todo de respeto a las opiniones discrepantes que, a veces, pueden ser minoritarias, pero que no por eso dejan de tener significación y trascendencia.
Discrepo de algunas opiniones que aquí se han dado. Solidarizo plenamente con el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, con el Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia. A veces, para apreciar los mismos hechos y las mismas circunstancias hay diferencias de juicios, sensibilidades y matices distintos que no nos debilitan como fórmula de Gobierno, ni menos como partido político, sino que fortalecen nuestra identidad democrática y humanista.
Alguien ha dicho que hay que ser prudentes. Al respecto, vuelve a mi memoria un discurso del PresidenteEduardo Frei Montalva, cuando decía que a veces el exceso de prudencia suele ser la más grande de las imprudencias.
Debemos ser realistas, tener los pies en la tierra y construir sobre la base de realidades, pero eso no significa que emitamos señales dudosas frente a la opinión pública, que hoy nos observa por hechos que todos conocemos y que han tenido concentrada la opinión del país casi desde comienzos de año.
Mi Partido y la combinación de Gobierno optó por lo que se ha dado en denominar "la vía política electoral", que significa inducir el cambio de las instituciones que nos dejaba la dictadura, a través de las propias instituciones, no fortalecer lo que deseábamos cambiar. Ese era el eje central de la estrategia política electoral que apoyé y respaldé y que reafirmo una vez más.
Le pregunto a los señores Diputados, a la Cámara y a la opinión pública si votar a favor de la indicación afecta en alguna medida la función esencial de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército de Chile, o si tocamos en algún aspecto su cometido constitucional. El artículo 90 de la Carta Fundamental de 1980, prescribe que "las Fuerzas Armadas están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República." Yo me formulo la pregunta y les pido a los Honorables Diputados hacer lo mismo, ¿afecta esta indicación la defensa de la patria, la seguridad nacional o el orden institucional? Sinceramente, creo que en modo alguno. Estoy por la reducción gradual del personal que en un momento perteneció a la Dina y a la CNI, pero a veces suceden hechos relevantes, posteriores a la adopción de una definición que debemos considerar y no menospreciar, preterir u omitir. En Chile es una realidad el espionaje político. Es indudable que hay un sector, desgraciadamente del Ejército, comprometido en labores de espionaje...
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
No está probado.
El señor BOSSELIN.-
... tal vez con el repudio del mando institucional, pero que revela tener un grado de poder de influencia frente al cual debemos reaccionar con una actitud positiva.
Se dice que la opinión diferente a la de la indicación representaría una política de Estado. Pienso que tanto los que la apoyan como los que la impugnan están luchando y bregando por una política de Estado en materia de seguridad y de defensa nacional, pero en modo alguno y ¡cuidado! se puede identificar la política de Estado con la razón de Estado. Esta, a veces puede conducir a consecuencias fatales. Estoy cierto de que la afirmación referente a la política de Estado se hizo con la mejor buena fe y dentro del marco de los principios del humanismo. Se afirma qué se busca un efecto político determinado. Sí, se busca un efecto político determinado, pero entendida la política en su más alto significado. Queremos que haya una expresión de voluntad frente al país.
Debo recordar que en el Informe Rettig se hace un distingo muy categórico entre las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad y la forma como éstos comprometieron al propio Ejército y a las Fuerzas Armadas en un momento determinado.
Cosa distinta habría sucedido en Chile si su mando regular hubiese reaccionado frente al poder relevante que adquirían los servicios de seguridad. Hoy, en democracia, podemos cerrarle el camino a esas personas que aún están en el Ejército, en una institución del Estado, respetable, pero cuya acción, que nos llama profundamente la atención, crea un grado de inseguridad. La inestabilidad mencionada por un distinguido y Honorable Diputado de la UDI, no está en el rechazo de la indicación, ni en la idea contenida en ella, sino en la mantención de esas personas adscritas al Ejército.
Por esas consideraciones, en el espíritu del Supremo Gobierno y dentro del esquema que éste se ha dado para afrontar la política de la defensa nacional y la seguridad de nuestro país, en esta oportunidad nos permitimos discrepar y votar en favor de la indicación, para que el país sepa que la Cámara no acepta que oficiales de las Fuerzas Armadas practiquen espionaje y atenten en contra de bienes jurídicos que todos, estoy cierto, por convicción política y moral, estamos interesados en cautelar para que no vuelva a suceder lo que acontece en un partido político de la Oposición, donde la influencia de esos sectores ha hecho temblar su estructura.
Esas son nuestras razones y no otras. No hay un afán de politiquería o demagogia. Tenemos los mismos propósitos. Respeto a quienes piensan de una manera diferente y pido que, igualmente, se nos respete en nuestros juicios y opiniones, porque pertenecemos a la misma comunidad de espíritu y de esperanza, porque fuimos formados en los mismos principios del humanismo cristiano, escuela que siempre nos enseñó a respetamos en nuestras comunes discrepancias.
He dicho.
Aplausos.
El señor HAMUY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente y Honorables colegas, los parlamentarios radicales votaremos en conciencia la indicación presentada por el colega Vicente Sota junto con otros Diputados. De manera que sobre este punto, cada uno de nosotros adoptará la resolución más conveniente y acorde con los antecedentes expuestos. En esta ocasión, sólo voy a verter mi opinión personal sobre la materia en debate.
Voté favorablemente la admisibilidad de la indicación de acuerdo con las normas contenidas en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y en el Reglamento de nuestra Cámara. En un momento en que está en tela de juicio el ámbito de competencias del Parlamento, particularmente de la Cámara, lo único que no podemos hacer es abrogar, renegar o rechazar parte de las pocas facultades que constitucional y legalmente tenemos.
También quiero expresar que, al igual que la inmensa mayoría de la Cámara y que las grandes mayorías nacionales, comparto plenamente el espíritu de la indicación.
Lo único que deseamos es que termine definitivamente la planta de funcionarios de la ex CNI, hoy asimilada al Ejército de Chile.
Si en este momento tuviésemos que votar un proyecto que elimine en forma definitiva y en cualquier forma a esos funcionarios, tengan la seguridad de que lo haríamos favorablemente.
Sin embargo, como lo han explicado otros colegas, la indicación del Diputado señor Sota, por muy bien inspirada que esté, no produce los efectos jurídicos que le atribuye. De modo que toda la discusión habida esta tarde, como también la que se suscitó en años anteriores, sobre el tema se han transformado en un debate meramente testimonial, que no producirá ningún efecto práctico.
Esto lo encuentro preocupante y peligroso. Si desde el punto de vista jurídico es irrelevante aprobar o rechazar la indicación del colega Sota, si de partida todos sabemos que es ineficaz, no idónea y que no producirá los efectos deseados, entramos en un terreno muy riesgoso: la creación de falsas imágenes en la ciudadanía.
Este es el argumento que quiero desarrollar. Para no repetir lo dicho por otros colegas, esto lo considero muy peligroso para el prestigio del Congreso Nacional.
Los parlamentarios no debemos crear falsas imágenes que, a la larga, perjudicarán el concepto que la ciudadanía tiene del Congreso. De esa forma nuestros debates se transformarán en discusiones meramente maniqueas, lo cual naturalmente induce a error a la gente, porque digamos la verdad cualquiera que sea la resolución que adopte la Cámara en relación con la indicación del colega Vicente Sota, no podremos mover a ningún funcionario de la ex CNI, ya que ello debe hacerse mediante otro procedimiento.
Por lo tanto, no podemos ponemos apocalípticos y dramáticos, y decir que lo que discutimos, en el fondo, es el concepto que uno pueda tener respecto del Ejército de Chile. No se trata de estar en favor o en contra de él, puesto que esa controversia ni siquiera está planteada en la indicación del colega Vicente Sota.
El votar en favor o en contra de la indicación tampoco afecta el orden institucional ni tampoco está en juego el rol que deben tener las Fuerzas Armadas o los conceptos vinculados con la seguridad nacional.
En mi opinión, en nuestro quehacer legislativo, como más de algún colega lo ha dicho, los parlamentarios debemos tener un compromiso con la transparencia y con la verdad. Y ello nos indica que el resultado de esta indicación es absolutamente irrelevante, puesto que, en la práctica, no resolverá las cuestiones planteadas en esta Sala.
Me parece que lo peor que podría ocurrir es que el Congreso Nacional aprobara la indicación del colega Sota, y se generara en la ciudadanía, la idea de que el Parlamento está terminando con todos los funcionarios de la ex CNI, hoy adscritos a la planta del Ejército de Chile, cuando sabemos que eso es falso, y que no sucederá, ¿cómo le vamos a explicar, después, que la ley o la indicación, que aprobada, no produce los efectos anunciados ni muchos menos los esperados?
Como bien lo manifestó el Ministro de Defensa, el Gobierno, inspirado en el mismo propósito que a todos nos anima, de terminar definitivamente con la planta de ex funcionarios de la CNI, ha diseñado un programa y una estrategia para suprimirla en un procedimiento absolutamente gradual.
El señor Ministro nos ha demostrado que el Ejecutivo está cumpliendo con lo dicho en la Cámara y con lo que, en su momento, se le señaló al pueblo de Chile.
Más de 500 de esos funcionarios ya están fuera de la planta. El Ministro hoy nos ha expresado que el Gobierno abriga la esperanza de que el Ejército en el próximo Gobierno democrático no contará en sus filas con ninguno de esos funcionarios. Recojo ese compromiso y la palabra del Ministro de Defensa y espero que se concrete, ya que esa aspiración vuelvo a repetirles compartida por toda la ciudadanía.
Por eso, en un tema tan delicado como éste, en el que más que nada se están creando imágenes falsas en tomo a controversias que, en definitiva, no se dan, respaldo y comparto lo obrado por el Gobierno, ya que, al margen de los sensacionalismos que surjan en este debate, el Gobierno ha demostrado que en esta materia estamos recorriendo un camino viable.
Por las razones expuestas votaré en contra de la indicación. Concedo una interrupción al Diputado señor Muñoz Barra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, en forma muy breve, ya que durante el debate hemos escuchado posiciones doctrinarias muy profundas, quiero señalar que hago mío todo el discurso pronunciado por el Diputado señor Bosselin.
Para la historia de la ley y por la responsabilidad que a cada uno nos corresponde frente al país, debo expresar que los votos de los dos Diputados socialdemócratas serán para aprobar la indicación del DiputadoVicente Sota.
A esta altura de la sesión no vale la pena entrar a hacer análisis más profundos. Pero no puedo dejar de señalar mi inquietud por un argumento que se ha esgrimido y que no se ajusta a la realidad. Al tratar este tema se ha manifestado que la disminución de recursos para pagar los sueldos de estos funcionarios civiles que actúan siniestramente en el Ejército, se pone en peligro una política de Estado. Eso no es cierto.
Nadie puede esquivar la realidad que el país ha vivido en los últimos días a raíz de la acción de estos elementos, que tratan de desestabilizar el proceso de transición. Y el Congreso y los parlamentarios que lo estimen pertinente, tienen el deber y el derecho de señalar su resguardo.
Es algo tan circunstancial que un respetable partido político, democrático, de Oposición antagónico a nuestros planteamientos enfrenta una grave crisis. Tres miembros de su mesa directiva, por acción de estos elementos aparecen ante el país en tela de juicio. Es un tema tan circunstancial que dos distinguidos señores Senadores de ese prestigioso partido hoy están en tela de juicio. ¿Podemos olvidar que dos candidatos a la Presidencia de la República enfrenten por la acción de estos elementos civiles el bochorno que el país conoce y que nada tiene que ver con las tradiciones del Ejército? Por eso, en forma muy breve, pero con mucha vehemencia, porque tengo una respuesta que darle a los hombres y mujeres que me eligieron como parlamentario, votaré favorablemente, como también lo hará el Diputado señor Martín Manterola, la indicación que ha presentado el Diputado señor Sota.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene nuevamente la palabra el Diputado señor Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, la misma argumentación dada por mi estimado y Honorable colega y amigo Roberto Muñoz Barra me dan la razón, cuando anuncio que, en conciencia, votaré en contra de la indicación, porque ninguno de los problemas por él denunciados, y que, por cierto, rechazo, serán resueltos con la aprobación o con el rechazo de la indicación, lo que nos demuestra que en esta materia, nos hemos dejado llevar por la pasión y, en definitiva, nos hemos circunscrito en un dilema que, personalmente, considero falso y errado.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, por tercer año consecutivo estamos tratando el mismo tema y escuchando los mismos argumentos y las mismas contraargumentaciones. Por lo tanto, mi aproximación al tema no será jurídico, por cuanto ya el Ministro de Defensa lo explicó perfectamente y me interpretó y coincido perfectamente con él, sino desde el punto de vista que perturba las relaciones cívico-militares. También se expresaron, y coincido con ellos porque me interpretan, los Diputados señores Gutenberg Martínez y Alberto Espina, y el Diputado señor Campos, que me interpreta perfectamente bien cuando dice que esta es una medida ineficaz, que en absoluto servirá a los fines que pretende la indicación.
¿Qué dice la indicación y qué argumentos se dan? Los firmantes de la indicación, encabezados por el Diputado señor Sota, nos han presentado argumentos emocionales, de que no permitirán ni aceptarán que con fondos fiscales se remunere a personas que supuestamente han trasgredido los derechos humanos. Lo irracional de la medida, a mi juicio, es que los firmantes de la indicación disparan a la bancada, atacando y condenando, sin juicio previo, a todos los funcionarios de la ex CNI. A todos los consideran trasgresores de los derechos humanos, en circunstancias de que después de los alejamientos mencionados por el señor Ministro, no quedan ni comandantes, ni oficiales ni capitanes, sino personal femenino, dactilógrafas, secretarias, auxiliares, carpinteros, maestros, mecánicos y personal de operaciones. De los grupos de agentes prácticamente no queda casi ninguno. A esas personas se las pretende eliminar, lo que, a mi juicio, es una injusticia y una aberración, porque fueron disciplinadas jerárquicamente, aceptaron una destinación, y hoy día se pretende castigar la disciplina.
El señor LETELIER.-
¡Cómo sabe tanto!
El señor NAVARRETE.-
En años anteriores, Diputado señor Letelier, ya se dio esta información y la estoy repitiendo. Ahora, ¿dónde está, a mi juicio, el fondo del asunto? Aquí, en mi concepto, hay un afán morboso de agredir y descalificar al Ejército, porque se pide solamente la salida de los ex CNI que están en el Ejército, no se menciona para nada a los que están en las otras ramas de las Fuerzas Armadas, Marina, Aviación o Carabineros. Se pretende introducir una cuña entre las Fuerzas Armadas y no otra cosa. Es un paso más en una irresponsable campaña de desprestigio y de permanente agresión al Ejército, porque no le pueden perdonar que haya vuelto y rescatado la democracia para nuestro país.
Quiero destacar la contribución de aquellos funcionarios de la ex CNI que cumplieron con su deber no descarto que haya algunos que hayan cometido excesos, pero los que lealmente cumplieron con su deber y que fueron el escudo que protegió el país contra el terrorismo, contra los rupturistas y contra la subversión. Esas personas prestaron un alto servicio a la Patria y merecen nuestro respaldo y gratitud.
Por eso, esta agresión a aquellos que nos protegieron es una mala señal para otras instituciones como el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, Gope, o la Brigada Investigadora de Asaltos de Investigaciones, es una mala señal, porque no me cabe la menor duda de que los terroristas de hoy día, los asesinos de hoy, los que han asesinado a carabineros y a agentes de Investigaciones, van a ser los presos políticos del próximo Gobierno democrático, y los que hoy los están combatiendo, los que en el próximo Gobierno democrático serán los transgresores y los violadores de los derechos humanos.
Esas malas señales las condeno. Repudio esas actitudes. Me duele y condeno esta extrema debilidad del Gobierno, de que asesinos confesos, culpables, probados y declarados, como los que asesinaron al General Urzúa, hoy se paseen impunemente por Bélgica.
Por eso, señor Presidente, voy a votar contra la indicación.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, la Honorable Diputada señora Maluenda, en su intervención, pidió un oficio. El Vicepresidente señor Hamuy pidió la unanimidad de la Sala. No la hubo. Pero tengo entendido que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48, NQ1, de la Constitución, el oficio procede por simple mayoría de los Diputados.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Señor Schaulsohn, eso es en Incidentes, pero dentro del Orden del Día él Reglamento estipula que hay que mantener la unidad del debate y siempre se ha dispuesto que sólo por unanimidad se puede enviar un oficio en nombre de la Cámara.
El señor SCHAULSOHN.-
El oficio mantiene la unidad del debate, pero si Su Señoría no lo estima pertinente...
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
No fue mi interpretación. Fue la del Vicepresidente señor Hamuy, la cual respaldo.
El señor SCHAULSOHN.-
¡Está bien!
Señor Presidente, al intervenir en este debate quiero hacerme cargo de algunas observaciones de los señores Diputados que han expresado opinión contraria a esta indicación de la cual soy coautor.
Me alegro mucho de que esté siendo discutida en la Cámara y que haya sido declarada admisible conforme a los procedimientos reglamentarios normales de nuestra Corporación.
Se han esgrimido distintos argumentos. En primer lugar, se ha dicho que la indicación es ineficaz. Francamente no lo es, porque nos permite un debate sobre política militar e intercambiar ideas sobre uno de los temas más importantes de la transición. Por esa sola razón la indicación no me parece para nada ineficaz, porque creo que es un debate necesario. Y no es un argumento en contra efectuar este debate tan necesario, el hecho de que este mismo se haya efectuado en años anteriores, porque si se ha efectuado y aún no lo damos por concluido es porque hay ciertas etapas dé la transición a la democracia que no hemos podido cumplir. Una es precisamente limpiar a las Fuerzas Armadas de elementos indeseables que hicieron de su profesión la transgresión a la ley y a la violación a los derechos humanos, de manera que es bueno que en esta ocasión la Cámara discuta el punto.
En segundo lugar, tampoco es ineficaz desde el punto de vista presupuestario, porque si el Alto Mando del Ejército insiste en mantener en sus filas a elementos que toda la ciudadanía considera como indeseables, que no deben pertenecer administrativa ni de ninguna otra forma a las Fuerzas Armadas, el mensaje con la indicación presentada por el Honorable señor Sota y los demás Diputados que la hemos suscrito, hacia el Alto Mando del Ejército, es que lo paguen con sus propios recursos, porque los chilenos no tienen por qué, con el fruto de sus tributos, ayudar a financiar la mantención de estos elementos indeseables en las Fuerzas Armadas.
No tiene por qué contribuir con el dinero de los contribuyentes a pagar a los agentes de la ex CNI. Es cierto que no tenemos facultades, desgraciadamente, porque si no la indicación habría sido aprobada por la razón verdadera y correcta de eliminar estos elementos de las Fuerzas Armadas. Es cierto que no lo logramos, pero no lo es menos que si esta indicación se aprueba, el dinero de que dispone las Fuerzas Armadas, en viáticos y en otras cosas accesorias más o menos importantes, como aquí se ha señalado, va a implicar un sacrificio para el Alto Mando del Ejército de Chile.
Y es bueno que lo implique. En la Cámara las cosas tenemos que llamarlas por su nombre. Yo no hago ningún juicio moral a los que van a votar a favor o en contra de esta indicación, particularmente los Diputados de la Concertación que van a votar en contra, porque lo hacen movidos exactamente por las mismas razones de defensa de los derechos humanos que tenemos aquellos que vamos a votar a favor. Pero si tenemos una diferencia de aproximación. Hemos luchado diecisiete años, duramente, por recuperar la democracia, precisamente para poder expresar esa diferencia de aproximación. No tengo dudas de que habría sido el deseo íntimo de todos los miembros del gobierno de la Concertación haber eliminado ya a todos los funcionarios de la ex CNI que permanecen en las filas del Ejército.,
No es una buena noticia la que nos da el señor Ministro de Defensa cuando nos comunica que se han ido 550. Lo que nos da es la mala noticia de que quedan 400, porque a estas alturas de la transición, no debería quedar ningún funcionario de la ex CNI en el Ejército.
Lo entendemos y lo decimos claramente: No se trata de que la Derecha, que vota en contra de esta indicación, no le preocupa que estos elementos indeseables permanezcan en las filas del Ejército.
Pero no vamos a permitir que la Derecha se dé el festín de creer que porque tenemos una diferencia de visión, aquí hay un cisma entre los parlamentarios de la Concertación. ¡De ningún modo! Porque sí hemos tenido una visión sostenida en el tiempo, diferente, de aproximación de lo que debe ser la política de Estado frente a las Fuerzas Armadas.
El Alto Mando del Ejército de Chile y en particular el General Pinochet han asumido el rol de protector de los elementos que lo acompañaron durante diecisiete años de su gestión. Desde nuestro punto de vista, lo que está en juego acá es la credibilidad de ciertos sectores militares que hoy día conforman una parte sustantiva de alto mando militar, y que fueron, naturalmente, altos oficiales durante el período de la dictadura.
Es la credibilidad de su capacidad de proteger a estos elementos indeseables. ¡Qué mejor prueba de factibilidad de su poder el haber logrado mantener durante tres años a estos elementos que todo el país repudia! '
Este es el mismo proceso que opera cuando se presiona a la Corte Suprema para que los procesos que están incoados en la justicia ordinaria, cuando están a punto de descubrirse las verdades, vayan a parar a la justicia militar, donde se entierran para siempre en la oscuridad más absoluta.
Creo que el problema tenemos que abordarlo de esa manera. Para eso es este Hemiciclo. Para decir nuestras verdades y también para aprender a escuchar las verdades de los otros.
A nuestro juicio, hay aquí un problema muy profundo. Y la pasión que suscita una indicación como la del Honorable señor Sota, inútil según algunos, refleja un clamor ciudadano por establecer, dentro de los marcos de la transición, del equilibrio, de la racionalidad y de la prudencia, una cierta relación más acorde con la existencia de un estado de derecho democrático entre las autoridades civiles y las autoridades militares.
A este respecto el Diputado señor Bosselin tiene mucha razón cuando dice que el exceso de prudencia puede ser una gran imprudencia.
Actualmente, en Chile, y también en el Congreso, por una relación imbricada con los partidos políticos de la Derecha, hay un poder táctico militar que es una sombra sobre la transición.
Y para superar esta situación debemos hacer grandes esfuerzos.
Hoy estamos frente a un problema simbólico. Francamente, cuesta mucho entender por qué no hemos sido capaces y asumimos la responsabilidad de solucionar situaciones como las que mencionaba el Diputado señor Sota. Justamente, hace pocos días hemos visto una situación bastante difícil. A pesar de la negativa reiterada del Ejército y a pesar del procesamiento a periodistas de Televisión Nacional y del diario "La Nación", acusados de incitar a la sedición por ejercer su derecho a la libertad de informar y poner en las pantallas del canal a un señor que denunció que desde sus filas se hacía espionaje político, a pesar de que ese ataque judicial por parte del ministerio público militar y de la citación de los periodistas a concurrir a declarar a la fiscalía militar, a pesar de que después se descubre, más allá de toda duda, que al menos ha habido un oficial involucrado yo he sostenido públicamente que hay más de uno y he entregado los antecedentes al Ministro en Visita, y hay que esperar, antes de hacer declaraciones al respecto, si son verdades o falsas las cosas que se afirman para que la justicia resuelva el punto, a pesar de que está confeso una persona, que es un capitán de Ejército, a pesar de la negativa del Ejército, después de que confiesa ese oficial, a pesar de todo ello la institución emite un comunicado diciendo que el capitán Diez actuó totalmente solo y que no aceptará otra versión de los hechos. En este caso es destacable la intervención del Ministro de Defensa que ha puesto las cosas en su lugar y ha promovido una investigación más a fondo, de la cual esperamos, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, que surja la verdad y la transparencia absoluta que la ciudadanía reclama.
En consecuencia y que me perdone el Diputado señor Campos, a quien aprecio mucho, aquí no estamos discutiendo una cosa baladí. Tal vez sea la primera vez que estamos hablando en serio de los problemas que tenemos en la transición, en cuanto a la relación que existe entre el poder militar y el poder civil. Este es un proceso gradual y entiendo que el Gobierno ha hecho sus opciones, que nosotros respaldamos en lo esencial, en lo grueso y en lo fundamental. Pero en este punto no hay órdenes de partido, sino dictados de conciencia. Y a mí, como Diputado, me daría vergüenza enfrentar a mi electorado si por lo menos, no dejo testimonio de que los indeseables de la CNI no deben permanecer más en las filas del Ejército. Y si han de quedar, entonces que le cueste plata al General Pinochet de sus fondos reservados o de sus viáticos, pero no de los tributos de todos los chilenos. Eso es lo que hoy en este Congreso estamos tratando de establecer.
En consecuencia, esta discusión no es ineficaz ni mucho menos innecesaria. No podemos vivir como decía la Diputada señora Maluenda bajo la amenaza constante. Ayer este Congreso Nacional estuvo lleno de rumores de acuartelamiento y movimientos militares. ¡Falsos rumores! ¡Pero en otra ocasión, tuvimos un ejercicio de enlace!
El señor BAYO Pero se asustaron.
El señor SCHAULSOHN.-
Todos nos asustamos Diputado señor Bayo. Pero el miedo nunca nos ha paralizado para luchar fehacientemente por el restablecimiento de la democracia. En esta Sala hay testimonios vivos de aquella situación, que usted debería respetar.
En consecuencia, este es un momento que dignifica a la Cámara y no uno que lo achata. Este es un momento que dignifica nuestra labor de parlamentario y tal vez éste sea uno de los debates más importantes que estamos teniendo acá. Este es un momento que fortalece a la Concertación de Partidos por la Democracia. Este es un momento que debe hacer meditar profundamente a los señores parlamentarios de la Derecha, especialmente a aquellos que están siendo víctimas y que en cierto modo están pagando el precio de sus vínculos inconstitucionales con sectores militares que se han mantenido y profundizado durante este período de la transición.
He dicho.
Aplausos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se ha pedido la clausura del debate por parte de la Democracia Cristiana.
En votación.
Durante la votación.
El señor LETELIER.-
¿Cuántos se han inscrito, señor Presidente?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Están inscritos los Diputados señores Ringeling, Letelier, Sota, Bombal, Palestro, Bayo y Elizalde.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Clausurado el debate.
En votación la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 41 votos. No hubo abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Rechazada la indicación.
El señor PALESTRO.-
Que queden los asesinos dentro del Ejército, pagados por todos los chilenos.
El señor ESPINA.-
Con los votos de la DC.
El señor PROKURICA.-
No se contabilizó mi voto, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Pero no afecta al resultado de la votación. El señor Secretario ya lo anotó para la historia dé la ley.
El señor Secretario va a leer otra indicación a esta misma Partida del Ministerio de Defensa.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Indicación de los Diputados señores Arancibia, Montes, Tohá y Letelier.
Para rebajar de la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, Capítulo 1, Subsecretaría de Guerra, Programa 2, Operaciones Institucionales, Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo del presente Presupuesto, en moneda extranjera, la cantidad de 1.550.000 dólares.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, no quisiera extenderme mucho en esta indicación, porque hay elementos que, incluso, sólo podrían debatirse en una sesión secreta.
Ateniéndome sólo a la información cuantitativa del proyecto del Presupuesto para el año venidero, en el debate de la Subcomisión primero, y posteriormente en el debate de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, fue posible constatar un aumento propuesto para el próximo año de la suma que se propone rebajar del presupuesto en dólares de la Subsecretaría de Guerra que, hasta el momento, no ha logrado establecer los fundamentos en los cuales se apoya ese incremento.
Ha habido diversas y fundadas razones por el Ejecutivo para proponer un incremento en los gastos, en moneda extranjera, en las Subsecretarías de Aviación y de Marina. Sin embargo, en el caso de la asignación que comentamos, no ha ocurrido igual.
Es más, en el caso del Ejército, este incremento está llevando el presupuesto del año venidero muy por encima del piso del año 89, incluso, del nivel que alcanzó el año en curso.
Señor Presidente, por falta de antecedentes y no pudiendo abundar en otras consideraciones, y porque así se dijo inicialmente en la Comisión Especial por el Senador señor Gazmuri, por la Senadora señora Soto y por diversos señores Diputados, y ahora en la Cámara, creemos que no hay razones para sostener el aumento propuesto en este caso.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sota.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, me voy a referir a esta indicación porque aquí se han emitido juicios tanto por el señor Ministro como por algunos señores Diputados, que requieren una respuesta.
Voy a tratar de tener los pies en la tierra, cosa que probablemente resulta más difícil para quienes fuimos formados en la escuela idealista de la Falange Nacional que para algunos jóvenes abogados, casi siempre brillantes, que no solamente existen en la Democracia Cristiana, sino también en otros partidos, incluyendo el mío. Es probable que me cueste más tener los pies en la tierra que a ellos.
Además, trataré de adecuarme entre lo que se puede y lo que se debe, teniendo presente que a veces los partidos o las juventudes, que son muy exigentes con este principio a que se ha referido el Diputado señor Gutenberg Martínez, por practicarlo, pierden las elecciones en las Universidades de Chile y en la Católica, porque los...
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ruego al señor Diputado dirigirse a la Mesa.
El señor SOTA.-
Sí; de todas maneras, el señor Presidente me escucha.
Decía que los jóvenes prefieren muchas veces seguir aquel hermoso principio de los jóvenes de la revolución del año 68: "Seamos realistas: pidamos lo imposible". En fin, son acotaciones a algunos principios de política general que nos ha querido recordar el Diputado señor Gutenberg Martínez.
Señor Presidente, el señor Ministro no me ha corregido respecto de la cifra de 152 funcionarios de la ex CNI que habían salido hasta este año. Citó la cifra de 150, y la mía es de 152, somos perfectamente coincidentes Pero hay una diferencia. Hasta el día 5 de este mes aquí tengo el informe de la Subcomisión que estudió el presupuesto de Defensa el señor Ministro, cuando habló de la salida de 400 funcionarios más, lo hizo en futuro, y dice el texto: "En el presente año de 1992, lo harán 400 más, con lo cual permanecerán en servicio activo un total de 562". Si entre el 5 de noviembre y hoy 18, han salido 400 más, me felicito. Ciertamente, quedará constancia en las versiones y en las actas de esta Corporación.
De manera que hace solamente dos semanas que han salido 400 efectivos de la ex CNI. ¿Por qué hablé de trece al dirigirme al Diputado señor Martínez? Porque en el atrio del Senado, después de haberse entrevistado con su Presidente después que el señor Ministro había hablado de que saldrían 300 este año, el General Ballerino dijo: "No, señor, saldrán 13". Y hasta el día de hoy, el señor Ministro no ha contradicho al GeneralBallerino. Entonces, se explicará el Diputado señor Gutenberg Martínez por qué hablé de 13 y por qué no de 400. Porque es la primera vez que el señor Ministro afirma por cierto que le creo que, desde hace quince días, han salido 400 miembros de la ex CNI.
Me felicito por haber insistido durante tanto tiempo en la salida de ese personal, con lo cual se prueba que los debates que hemos tenido en esta Cámara durante dos años, han surtido efecto. Además, el señor Ministro nos ha dicho algo claro: que no es facultad del Ejecutivo la salida del personal de la ex CNI, sino del Comandante en Jefe del Ejército. De tal manera que tengo que creer y lo felicito que él ha llegado a un acuerdo para la salida de estos 400 funcionarios. Lo que me duele es que no lo haya sido para la salida de los 992. Reconozco que es más fácil decirlo que hacerlo.
Cuando formulé esta indicación hubo opiniones de algunos señores Diputados en el sentido de que era ineficaz, pero yo tuve presente que como a gastos variables de personal se asignan 4.898 millones de pesos en el presupuesto del Ejército, cuando la indicación se refiere sólo a 1.309 millones, hay la posibilidad de rebajar esa cantidad, Honorable señor Campos, de gastos de personal y no de gastos del Hospital Militar, como se ha dicho aquí en forma liviana. Y así lo solicitamos al Comandante en Jefe y así lo dije en mi discurso, puesto que él debe decidir la salida de este personal, por supuesto, en concordancia con el Ministro de Defensa.
A los Honorables Diputados señores Longueira, Gutenberg Martínez y a todos los que han alegado que ésta es una indicación inconducente, les digo que es absolutamente conducente y que puede hacerse la reducción con cargo a los gastos en personal. Allá verá el Comandante en Jefe cómo batirse con la rebaja que hemos propuesto.
Señor Presidente, aquí se ha hablado de que es necesario respetar una política de defensa, que no es simple de elaborar.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Le pido que se remita al tema, que es la segunda indicación.
El señor SOTA.-
Terminaré con este rubro solamente recordando al señor Ministro que en el debate del año pasado sobre este mismo tema él se comprometió a que tuviéramos una reunión en la Cámara para debatir la política de defensa del Gobierno chileno. A él le consta que he hecho todos los esfuerzos para que viniera a esta Cámara a explicarla. Tengo los oficios que he enviado, pidiendo que se me responda sobre aspectos muy esenciales. Estoy de acuerdo con el Diputado señor Gutenberg Martínez en que la formulación de una política de defensa es delicada, pero no la hemos escuchado jamás del señor Ministro del ramo, y lo invito una vez más para que tengamos la discusión pertinente, porque el debate del presupuesto militar no es sino un corolario de la política de defensa.
Señor Presidente, votaré favorablemente la indicación formulada por el Diputado señor Arancibia, acompañado de otros colegas.
Expliqué algunas cifras cuando actué como Diputado informante de la Subcomisión Mixta de Presupuestos que se encargó de la Partida de Defensa. He estado preconizando permanentemente una reducción del gasto militar; y, como lo recordé esta mañana, incluso el Comandante en Jefe del Ejército opina que el 65,5 por ciento del presupuesto militar en gastos de personal es extraordinariamente elevado y hay que rebajarlo. Esta indicación apunta a rebajar, en gastos de personal, una cantidad en dólares, por lo que estoy de acuerdo con ella.
Aprovecho de decir que estoy absolutamente en contra de una indicación parecida que felizmente no se presentó aquí pero lo hice notar en la Comisión Especial Mixta, que otros Diputados de la Concertación formularon para rebajar el presupuesto en dólares de la Armada y de la Aviación, por estimar que en esos dos casos no se justificaría tal rebaja, pero sí en el caso del Ejército, y con el abono del reconocimiento de sus más altas autoridades, estoy de acuerdo con la indicación formulada.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira para señalar un asunto reglamentario.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, así como argumenté que la indicación anterior era admisible y la voté favorablemente, deseo que la Mesa se pronuncie sobre la admisibilidad de esta indicación, porque, si mal no recuerdo, modifica la Partida 11, Capítulo 01, Programa 02 y Subtítulo 22 de Bienes y Servicios de Consumo que, de acuerdo con la información entregada, este ítem, de 15.328.0 dólares, corresponde en la Ley de Presupuestos a una normativa permanente. Por lo tanto, solicito que seamos consecuentes, y tal como lo hicimos antes, donde separamos claramente el tema de fondo, incluso rechazándolo quienes sostuvimos la admisibilidad de la indicación anterior declaremos inadmisible esta indicación, porque modifica una ley permanente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
La Mesa vio esa posible objeción. Consultamos con el Ministro del ramo quien nos señaló si recuerdo bien que había un error en las cifras.
Por lo tanto, ruego al señor Ministro que explique el asunto, para saber si lo que aquí dice es correcto, en cuyo caso Su Señoría tendría la razón.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, la norma permanente en esta materia se refiere a los aportes fiscales, es decir, a los ingresos de la Subsecretaría de Guerra. La norma permanente no se refiere al monto de gastos, sino a los aportes fiscales que financian todos los gastos allí planteados: bienes y servicios, inversión, etcétera.
Por lo tanto, está sostenido por leyes permanentes un monto que puede ser en bienes y servicios o en inversión en los distintos ítem de gastos ahí planteados. Se distribuyó arbitrariamente en esa presentación en Bienes y Servicios de Consumo, error que ya expliqué al señor Presidente. Pero, en rigor, por la explicación que di, en el sentido de que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece un monto mínimo de aporte fiscal para financiar el conjunto de esos ítem de gastos y el monto total que se ha asignado supera el mínimo establecido es admisible la indicación, aun cuando esté planteada para reducir el gasto en Bienes y Servicios.
Como digo, el total de la información complementaria se presentó respecto de los gastos, y en este caso, la Ley Orgánica establece un mínimo de aporte fiscal, vale decir, en los ingresos de la Subsecretaría de Guerra que puede financiar. La Ley Orgánica no dice si puede financiar bienes y servicios, inversión u otro de los gastos individualizados en el presupuesto en dólares, distinto del gasto del personal..
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si entiendo correctamente lo que el señor Ministro acaba de explicar, quiere decir que la Ley Orgánica establece un piso y que éste, que no se podría rebajar, es inferior exactamente en la misma cantidad que propone disminuir el Diputado señor Arancibia.
Por lo tanto, está mal ubicado en la columna, porque el piso debería ubicarse en la primera columna, y en la segunda, el excedente del piso, porque eso es variable.
No está muy claro, pero pienso que es así.
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, si se actúa con un mínimo de seriedad, se nos debiera señalar claramente lo variable de lo no variable. Hemos discutido la inadmisibilidad y la hemos abordado con mucha seriedad. La información que tenemos es ésta. Por lo tanto, la que han visto las Comisiones es la que tenemos aquí y lo presentado por el Gobierno...
Me parece que estas cifras deben venir separadas correctamente, como dice el Director de Presupuestos, ya que, de lo contrario tenemos que regimos por lo que se nos ha presentado. Por ello, queremos que se nos diga claramente en cuáles otras hay errores, que se separe aquello que es variable de lo no variable y los montos precisos de esos porcentajes.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se suspende la sesión por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
La indicación se declara admisible, por cuanto, a pesar de los errores que puede haber contenido el folleto aclaratorio, el gasto permanente se refiere al piso que fijó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para 1989. Ese piso es menor que el consignado por la actual Ley de Presupuestos en la Partida 22.
Se discutió con el Ministro el monto que excede del piso, según se consideran o no gastos permanentes los fondos de caja del año anterior, es decir, de este año. Pero eso no tiene mayor importancia.
Si el Diputado señor Longueira impugna la indicación, tendría que ser votada por la Sala.
El señor LONGUEIRA.-
Sí, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LONGÜEIRA.-
Señor Presidente, me gustaría seguir la misma argumentación dada en el caso anterior.
En el proyecto de ley de Presupuestos se consigna no sólo la información complementaria, sino también los gastos permanentes establecidos en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, es decir, 15.328.0dólares para gastos en bienes y servicios de consumo.
De acuerdo con el proyecto no se ha distribuido ningún gasto variable en el ítem que se quiere reducir. No existe ítem variable; por lo tanto, la indicación está mal presentada.
Pido que seamos consecuentes, porque así como votamos a favor una indicación cuyo fondo no compartíamos, y la aprobamos en mérito del asunto, en esta información se plantea claramente que el gasto permanente en dólares considerado para bienes y servicios de consumo es permanente y su piso está fijado por la ley. Entonces, la reasignación variable está planteada en gastos de personal, en las transferencias corrientes y en la inversión real, pero se dice que el gasto de personal tampoco se puede reducir. En consecuencia, las sumas que efectivamente se podrían reducir en esta Partida son los 306.0y los 780 mil dólares. Por lo tanto, no se trata de que la indicación sea inadmisible, sino de que se está reduciendo algo inexistente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
¿Su Señoría plantea que la Sala se pronuncie sobre ella?
El señor LONGUEIRA.-
Sí.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Antes de someterla a la consideración de la Sala, el señor Ministro desea hacer una aclaración.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, la información complementaria a que se hace referencia es para informar respecto de los gastos que obedecen a leyes permanentes. En este caso específico, las leyes permanentes no se refieren al monto de los gastos, sino al aporte fiscal que constituye ingreso en el presupuesto de la Subsecretaría de Guerra, en virtud de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Eso no está incluido en los folletos de información complementaria, porque sólo se refiere a los gastos.
Por eso, rectifiqué la información complementaria para adecuarla a este caso, diciendo que respecto del monto mínimo que establece la Ley Orgánica en el proyecto de Presupuesto se consideró un millón y medio de dólares adicionales.
Nada más.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor
Schaulsohn, para referirse a un asunto reglamentario.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, Su Señoría declaró admisible la indicación. Por lo tanto, no debe votarse; sólo se somete a votación la inadmisibilidad.
En la ocasión anterior, revisamos la decisión de una Comisión.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Entonces, se somete a discusión la indicación.
Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, más allá de la confusión que genera un error, sin duda involuntario, el informe complementario tiene como propósito ser un ayuda memoria, un aporte al debate de esta ley tan compleja, que representa un gran avance en relación con los otros años en que no hemos contado con estos cuadros de información complementaria.
Lo cierto es que en el proyecto de Ley de Presupuestos, en la Partida del Ministerio de Defensa, en particular en el ítem correspondiente a gastos de bienes y servicios de consumo de la Subsecretaría de Guerra, se propone un gasto superior en más de un millón y medio de dólares al piso establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, con la cual algunos Diputados debo decirlo en forma muy personal no nos sentimos del todo comprometidos, porque no se discutió en el Congreso, sino que fue fruto de un acuerdo político alcanzado en el contexto de la transición.
Por eso, tanto la indicación anterior, como otras materias que tratamos en ese contexto, fueron objeto de tanto debate y agitación.
Como alguna información relacionada con esta indicación fue entregada en sesión secreta, por respeto a ese carácter no me referiré a ella en detalle. Lo cierto es que en este caso estamos ejerciendo nuestra facultad de reducir gastos públicos y dando una señal clara de que algunos rubros de los gastos de la Defensa Nacional son excesivamente altos. Proponemos reducir un millón y medio de dólares, porque es la suma en que se sobrepasa el monto autorizado por la ley. Pero ello no es una merma para el Ejército de Chile, menos aun cuando tiene "agarrada" la ley reservada del cobre, que le significa un ingreso cercano o superior a los 330 millones no sé cuánto es exactamente en esta ocasión para gastos no siempre muy claros, pues no se nos da cuenta de ellos. Sin duda, el señor Ministro de Defensa y el señor Subsecretario los conocen bien. Por lo tanto, hay recursos suficientes para garantizar el buen funcionamiento de las políticas de Defensa Nacional.
Esta indicación tiene como claro propósito dar una señal del ánimo de reducir los gastos en bienes y servicios de consumo que estableció una discriminación respecto de otras ramas de las Fuerzas Armadas, por considerarlos gastos innecesarios. Sin duda, es distinta a la indicación anterior, puesto que se trata de una reducción del gasto militar, y la reducción del gasto en Defensa es diferente a la materia de la indicación anterior. Lamentablemente no se dijo en el debate que hubo un acuerdo del año pasado que no se respetó. Siento mucho que no haya salido a colación, porque respecto de esa indicación, relativa a los miembros de la ex CNI, hubo un acuerdo que, si mal no recuerdo, quedó establecido en la ley, y un compromiso de varias personas, incluyendo al Ministro de Defensa, quien dijo garantizar que» ningún miembro de la ex CNI o de la Diñe iba a participar en acciones en el exterior.
Lamentablemente, aquí ha ocurrido lo que expresa un verso de Berlot Brecht: "No importa mientras no me pase a mí". A los socialistas nos pasó; pero con el episodio de Max y Charly de Renovación Nacional, se dan cuenta de que es en serio. Antes no importaba; ahora les preocupa.
Esta indicación es distinta a la anterior. Plantea la reducción de recursos porque estimamos que existen para garantizar determinados objetivos; porque pensamos que pueden reasignarse gastos al interior del Ejército dentro del presupuesto global de las Fuerzas Armadas, que sin duda garantiza el nivel óptimo de operaciones, aspecto que nos interesa cumplir siempre y cuando sea en el contexto de la política de defensa exterior del país.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Ministro de Defensa.
El señor ROJAS (Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, en relación con esta materia, me he permitido hacer entrega de unos cuadros que pueden ser muy ilustrativos de la forma global en que ha evolucionado el presupuesto de las Fuerzas Armadas de Chile en los años presupuestarios de responsabilidad del Gobierno del Presidente Aylwin.
Quiero abusar del tiempo de los señores parlamentarios y decir que, como todos saben, la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas establece el concepto de piso, sobre la base del presupuesto de 1989 reajustado por la variación del índice de precios al consumidor de cada año. En este sentido, el piso sólo se afecta por el gasto variable, que llamamos resto, porque no puede afectarse el gasto fijo de las remuneraciones.
El primer cuadro demuestra que el total del resto equivale al aporte fiscal del presupuesto del año 1989, tanto en pesos como en dólares. Sumado y expresado todo en moneda de 1993, la cifra base del resto que se aplica de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional es de 55.143.632.0 pesos.
Según el gráfico, desde 1990, sobre todo en los presupuestos de responsabilidad del Gobierno, de 1991,1992 y 1993, la cifra prácticamente se mantiene, sin ninguna variación. En moneda constante, mientras en 1989 era de 55.143 millones, en 1993 es de 55.638 millones; es decir, se ha dado estricto cumplimiento a la ley orgánica, se ha respetado el piso y se ha mantenido el gasto bajo control.
Los señores Diputados pueden ver de otra manera la expresión del gasto de las Fuerzas Armadas de Chile en el Presupuesto de la Nación, a través de cada una de las ramas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Tienen, a su vez, una constante en 1993, sumados los aportes fiscales en dólares, en pesos convertidos a moneda de ese año. Hay una curva muy pareja en los presupuestos de estas instituciones.
Otro cuadro expresa lo que representa el gasto de las Fuerzas Armadas en el Presupuesto de la Nación, en relación con el resto del gasto fiscal. Según el gráfico, expresado en moneda nacional y en dólar, para 1993 representa el 8 por ciento del gasto fiscal; y si a esto sumamos la ley reservada, para que se conozca el aporte de distintas fuentes que el país hace al mantenimiento de las Fuerzas Armadas, la cifra se eleva al 10,85 por ciento del gasto fiscal.
También me parece informativo y de interés señalar que otro cuadro se refiere a la evolución del presupuesto de las Fuerzas Armadas en relación con gastos de tipo social. Vemos que mientras el aporte fiscal al gasto social alcanza en 1993 a 900.000 millones de pesos en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y a 403.000 millones de pesos en el Ministerio de Educación, en las Fuerzas Armadas alcanza a 246.000 millones de pesos.
Durante los tres últimos presupuestos, claramente el Estado chileno ha gastado mucho más en Educación que en Defensa.
Todavía más. Si alguien piensa que coloco de ejemplo sólo el gasto presupuestario y no el de la ley reservada, el cuadro correspondiente revela que en los tres últimos años presupuestarios de responsabilidad del Gobierno, sumado el presupuesto de las Fuerzas Armadas, el aporte fiscal en moneda nacional, el aporte en dólares, los aportes de las leyes reservadas, todo expresado en moneda de 1993, el presupuesto de las Fuerzas Armadas está muy por debajo del aporte fiscal que se hace a Educación.
Es decir, bajo la responsabilidad del actual Gobierno, Chile gasta mucho más en Educación que en materia militar. Las cifras demuestran el nivel exacto de los presupuestos y la manera en que se cumple la Ley Orgánica Constitucional. El gasto social tiene, alta prioridad y su crecimiento extraordinario quedó claro en las Subcomisiones.
Por último, los señores Diputados tienen el antecedente que revela el gasto de personal y de consumo en los distintos servicios. En personal, sumado el aporte fiscal en moneda nacional y en dólares, en el caso del Ejército es el 65 por ciento; en el de la Armada, el 50 por ciento del total del presupuesto, y de la Fuerza Aérea, el 51 por ciento.
Es importante que se conozcan estos porcentajes, porque las Fuerzas Armadas, a pesar de que necesitan todavía muchos factores de racionalización, tienen una distribución del presupuesto interno ajustado a parámetros de relativa eficiencia.
Brevemente quiero explicar la situación producida con el piso. En efecto, se incrementó este año a un millón y medio de dólares a cada una de las ramas delas Fuerzas Armadas; la misma cantidad. ¿Por qué se hizo esto? En el caso de la Fuerza Aérea, en que la cifra aparece aumentada, la razón está en el programa de vuelo, principal acción de la Fach de múltiples propósitos: transporte de paz, atención de catástrofes y de zonas aisladas, servicio a la Antártica, etcétera. Es indispensable financiar el transporte que hace de muchos sectores ciudadanos, de Gobierno, de parlamentarios, etcétera.
El millón y medio obedece al piso mínimo que establece la Ley Orgánica. Hay aumentos de costos, de gastos, de'' precios en compras en el exterior, que inciden anualmente en la moneda dólar que tienen las instituciones armadas. Pero quiero decir breve y precisamente que todo el aumento del millón y medio de dólares del Ejército está destinado a reemplazar las tenidas que se entregarán a cada conscripto en 1993. Se adquirirá también la tela necesaria para las tenidas de combate de cada hombre del cuadro permanente, a 5 dólares 10 centavos el metro. Se van a comprar 294.117 metros para dar 70.028 tenidas de combate, en reemplazo de las que se darán de baja en diciembre de este año.
En la Subcomisión Mixta hicimos una amplísima y detalladísima exposición acerca de la composición del gasto y del presupuesto que se presentó al Congreso Nacional. Recibimos el reconocimiento por el trabajo presentado por las distintas Subsecretarías y los distintos responsables del presupuesto de las Fuerzas Armadas.
Por las mismas razones, el millón y medio se da también a la Armada y a la Fuerza Aérea. A esta última se le han adicionado cuatro millones para el programa de vuelo a que hice referencia.
Es absolutamente necesario y justificado que se tenga la posibilidad de reemplazar las tenidas de combate de los conscriptos, de muchachos que tienen la formación y situación socioeconómica que corresponde al auténtico pueblo chileno, para que cuenten con estos elementos durante su etapa de conscripción y formación militar a que están obligados por ley de la República.
Por eso, pido que se respete el incremento de esta partida, ampliamente justificado para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Gracias.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.
El señor RINGELING.-
Señor Presidente, a propósito de la indicación, es necesario tener en cuenta la imprudencia que puede significar la rebaja del gasto militar en consideración de factores globales involucrados que no pueden dejarse de lado, además de que ella, en términos reales, es bastante pequeña.
En primer lugar, recuerdo a los Diputados del Comité PPDPS que me han antecedido en el uso de la palabra que hay que medir el gasto militar por el esfuerzo global del país en defensa. El gráfico entregado por el señor Ministro, por ejemplo, en un análisis con iguales variables desde 1970 en adelante, demuestra que durante el gobierno de la Unidad Popular siempre estuvo más alto que en la actualidad el esfuerzo en defensa, que progresivamente fue más alto en 1970, 1971, 1972 y 1973.
El gasto militar no puede medirse de otra forma. Por supuesto, tampoco puede medirse con respecto al gasto interno, sino que con respecto al esfuerzo de los países vecinos y a los posibles focos de conflicto. Y la información oficial que hemos recibido es que en las tres naciones limítrofes se hace un esfuerzo mayor que el nuestro en relación con el Producto Geográfico Bruto.
También quiero recordar que a partir de 1970 las leyes reservadas del cobre generaban un excedente equivalente, y parte se destinaba a pagar obligaciones contraídas con el Banco Central de Chile entre 1976 y 1978. Casi todo estaba destinado a retornar de alguna forma al Fisco, en este caso, al Banco Central. De modo que habría que agregar esta circunstancia para concluir que el gasto militar en Chile, en términos reales, ha descendido. Esto es positivo, pero no puede dejar de mirarse el contexto del país en relación con la verdad histórica y la realidad de los países vecinos.
En seguida, me quiero referir, brevemente, tal como lo hicieron los Diputados señores Letelier y Sota, a la indicación que presentara este último.
Cuando esta materia se vio en la Subcomisión dije que se trataba de una indicación algo majadera. Y no lo decía por la acepción de "necio y porfiado", porque eso jamás lo sostendría con relación a los Diputados que la presentaron, sino por la verbal de "insistir con terquedad importuna en una pretensión".
No voy a ahondar en los argumentos que se han dado, pero hay dos cosas que se debieran analizar.
En primer lugar, va contra todo principio jurídico y de justica más elemental motivo por el cual me extraña que algunos Diputados abogados hayan sostenido lo contrario que se pueda castigar o aplicar una sanción a una institución que, les guste o no, está formada por personas. La sanción penal debe ser aplicada a una persona y por hechos concretos. Esa es la forma de hacer justicia.
La historia nos muestra cómo se condenaba, por ejemplo, a pueblos por discriminación racial, sin investigar la conducta de cada uno de sus integrantes. Incluso hoy todavía vivimos experiencias similares. De igual manera entonces por mucho que nos moleste una institución, no podemos caer en injusticias similares, porque puede haber 100, 200 o 300 personas que no tienen ninguna participación en hechos delictuales.
El pretender que toda una institución sea castigada por esos hechos, significa en cierta forma, volver a las cavernas.
En segundo lugar, quiero hacer mención a un hecho práctico, el cual me extraña que no se haya mencionado. Si se hubiera cumplido la pretensión del Diputado señor Sota en 1991, en cuanto a que los mil miembros civiles de la ex CNI traspasados al Ejército fueran despedidos, habría creado un gran problema de seguridad con respecto a nuestros vecinos. En ese sentido, respaldamos la política prudente del Ministerio.
También me extraña que solamente se refieran al personal civil. ¿Por qué no se habla de los miembros de las Fuerzas Armadas, de Investigaciones, de Carabineros, de Gendarmería? No me explico esta separación, ni tampoco esta insistencia.
Por lo imprudente y, además, porque va en contra de un principio jurídico del cual no podemos desentendemos, soy partidario de rechazar la indicación.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Correa.
El señor CORREA.-
Señor Presidente, respecto de la indicación que ha presentado el Diputado señor Sota, debo informar que me correspondió estar presente en el debate que se produjo en la Subcomisión, donde se plantearon los mismos argumentos que aquí se han dado. En aquella ocasión el señor Ministro entregó una serie de cifras, y el General de Ejército que participó en la sesión fue muy claro y categórico en señalar que se retiraría del Presupuesto de este año a 400 funcionarios de la ex CNI. Por eso me extraña que el Diputado señor Sota no se haya dado por enterado. En esa ocasión, el General Palominos fue enfático en esta afirmación.
Por eso, me sorprende que nuevamente estemos debatiendo lo mismo en la Sala.
El señor SOTA.-
Pero no está en el informe.
El señor CORREA.-
Ahora, con respecto a las cifras que ha entregado el señor Ministro de Defensa en el día de hoy, quiero detenerme un instante en alguna de ellas. Él ha dado a conocer el total del gasto en Defensa, pero a mí me gustaría relacionarlo con el total de gastos respecto del Producto Geográfico Bruto.
Sumados los recursos provenientes de la ley reservada del cobre más el presupuesto ordinario de Defensa, se llega a un total de 2,04 por ciento; es decir, este porcentaje correspondería al gasto de Defensa con relación al Producto Geográfico Bruto, que contrasta sustancialmente con lo que se gastaba el año 1975 por las razones de todos conocidas, en que se llegó a una cifra del 5,7 por ciento. O sea, hemos descendido del 5,7 al 2,04 por ciento.
Comparemos el porcentaje con algunos países latinoamericanos. Cuba, por ejemplo, gasta un 7,4 por ciento del Producto Geográfico Bruto; Perú, un 6 por ciento; Bolivia, un 2,4. O sea, ellos gastan más en defensa que Chile.
Es importante relacionar el punto con algunos otros índices. El Ministro señaló que en Defensa se invierte un 10 por ciento del gasto total contra un 60 por ciento de lo que se gasta en acción social.
Si comparamos esos porcentajes del Producto Geográfico Bruto, llegamos a la conclusión de que en Defensa se gasta un dos por ciento y en acción social un 12.
Se sostiene que el mayor gasto de Defensa incide sustancialmente en una cifra muy alta de mortalidad infantil, hecho que no es efectivo, porque no existe ninguna relación entre lo que se gasta en Defensa con esos parámetros.
He dicho.
No hay acuerdo.
En votación la petición de clausura.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Clausurado el debate.
Corresponde votar la indicación del Diputado señor Arancibia.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 46 votos. Hubo 1 abstención.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Rechazada la indicación.
Corresponde declarar inadmisible dos indicaciones relacionadas con materias de deportes. Una del Diputado señor Molina, que significa una reasignación de recursos, y otra del Diputado señor Navarrete, que modifica una glosa para asignar recursos a los juegos panamericanos de invierno que se realizarán en Chile.
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación del Diputado señor Navarrete.
El señor LOYOLA (Secretario).-
"Partida 11, Capítulo 23, Programa 01, para agregar a la glosa número 5, frente al ítem 31, asignación 004, deporte de alta competencia, la siguiente frase: "Se asignarán a lo menos 100 millones para la realización de los juegos panamericanos de invierno, en 1993, en Chile".
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
La Mesa declara inadmisible la indicación.
Tiene la palabra el Diputado señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, no coincido con el criterio de la Mesa, porque aquí no hay ni un traspaso de fondos, ni disminución, ni incremento. Sencillamente se trata de una glosa que tiene por objeto cumplir con un compromiso que el Gobierno de Chile tiene con el deporte internacional para financiar la realización de los juegos panamericanos de invierno.
Tengo entendido que el Comité Olímpico de Chile ha calculado el costo de los juegos que Odepa ha ofrecido a Chile, que alcanza a 320 millones de pesos, de los cuales el COCH está solicitando 100 millones al sector público, es decir, a la Digeder. Los otros 220 millones los obtendrá del área privada.
.En consecuencia, solicito que la Sala vote la admisibilidad de la indicación.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
¿Cuál es el argumento de inadmisibilidad?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En que por medio de la indicación se quiere asignar fondos y, de acuerdo con la Constitución, no lo puede hacer.
En votación la declaración de inadmisibilidad.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se declara inadmisible la indicación.
Si le parece a la Sala, se aprobará el resto del presupuesto de Defensa Nacional por unanimidad.
El señor LONGUEIRA O sea, no hay indicaciones que reduzcan gastos de la Fuerza Aérea ni de la Marina.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Así es.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.,
Ofrezco la palabra sobre la partida del Ministerio de Obras Públicas.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.
Aprobada.
Partida 13, del Ministerio de Agricultura.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, con la observación sobre los convenios.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Sí.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada con la observación.
Aprobada.
Partida 14, del Ministerio de Bienes Nacionales.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palbra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada con la misma observación.
Aprobada.
Partida 15, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada con la misma observación.
Aprobada.
Partida 16, del Ministerio de Salud.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado con la misma observación.
Aprobada.
Partida 17, Ministerio de Minería.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra..
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado con la misma observación.
Aprobada.
Partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado con la misma observación.
Aprobada.
Partida 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado con la misma observación.
Aprobada.
Partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, en este caso nuestra abstención es para el Subtítulo 22, sobre Bienes y Servicios de Consumo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada con la abstención.
Aprobada.
Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación. Hay indicación. Le va a dar lectura el señor Secretario.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación es de los Diputados señores Chadwick, Longueira, Masferrer, Pérez, don Víctor; Ulloa y Recondo.
"En la Partida 21, capítulo 02, programa 01, subtítulos 25, 30, 31 y 32, agregar la siguiente glosa:
"Glosa 06
Todos los proyectos que financie el Fondo de Solidaridad e Inversión Social deben contar con la aprobación previa de los concejos comunales respectivos."
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, creo que la indicación va a ser aprobada en forma unánime, porque su espíritu es que los proyectos dirigidos hacia los sectores más necesitados cuenten con el respaldo de aquellos que han sido elegidos democráticamente: los concejales de todas las comunas del país.
A lo que dije en la discusión general del proyecto de ley de Presupuestos, quiero agregar que las personas elegidas por votación popular, como los concejales, conocen mejor que nadie las necesidades, los proyectos y las prioridades comunales.
Cuando uno ve en la Comisión los proyectos aprobados por el Fosis, al que sistemáticamente se le asignan mayores recursos, se observa que los particulares, las organizaciones privadas sin fines de lucro, las ONG o, incluso, las organizaciones con fines de lucro, son las que están desarrollando distintos proyectos de beneficio social, de los cuales ni el alcalde ni los concejales tienen conocimiento, y muchas veces se enteran de ellos por la prensa.
Lo importante radica en el mecanismo de focalización del gasto que ha ideado el Gobierno es que esté avalado por los concejales. No veo cuál es el inconveniente de que los proyectos financiados por el Fosis pasen por una etapa previa en la base misma, en la comuna, de manera que las personáis o las instituciones que presenten estos proyectos sean avalados por el concejo obviamente, por mayoría y, una vez que tengan ese respaldo, postulen al Fosis y desarrollen los proyectos en la comunidad respectiva.
La forma de descentralizar el Fosis, de que se asignen bien los recursos, es precisamente a través de la postulación y discusión en la base misma, con los que fueron elegidos por el pueblo. Creo que no hay argumentos válidos para oponerse a una indicación que apunta a que los proyectos se discutan en la base misma y no a nivel central, en una oficina en Santiago, sin el conocimiento de las autoridades elegidas democráticamente.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, el tema da para un debate mucho mayor y habría que tratarlo en distintos momentos.
En perspectiva, tal vez habría que considerar la posibilidad de darles mayores facultades a los municipios, con el fin de que sean gestores de la política social, pues en la actualidad sólo aplican ciertas políticas que no se generan a nivel comunal.
En este presupuesto se ha dado un paso muy importante, razonable y sensato, en la medida en que se entrega a los gobiernos regionales la suma de 4.964 millones de pesos para que decidan a qué programas y de qué manera asignarlos.
Además, se consideran 9 mil millones para programas bien específicos, de asignación central, con todo un proceso para recoger opiniones, propuestas y proyectos que vienen de las regiones y, en algunos casos, de las comunas.
No es pertinente dar el paso que propone el Diputado señor Longueira en esta ocasión, pero es la perspectiva hacia la cual debemos avanzar. La entrega por primera vez de 5 mil millones a los gobiernos regionales es de gran envergadura y hay que consolidarla antes de pensar en mayores logros.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.
El señor YUNGE.-
Señor Presidente, deseo consultar sobre la admisibilidad de la indicación, pues sus términos exceden el ámbito de las atribuciones legales establecidas en la Constitución y en la Ley de Municipalidades. Pienso que esta instancia puede plantearse a nivel de los gobiernos regionales, porque dentro del ámbito de sus facultades a las municipalidades no les corresponde realizar una especie de precalificación de proyectos presentados por instituciones de carácter privado para obtener su financiamiento.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, pienso que la consulta sobre la admisibilidad de la indicación resulta pertinente. Le ruego explicar el punto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, en verdad tiendo a compartir la indicación, por cuanto hoy día los programas se realizan en las comunas. Si el pueblo ha elegido sus autoridades comunales, es absolutamente legítimo que ellas tengan un grado de participación y de decisión respecto de los recursos. Es efectivo que gran parte de los proyectos del Fosis los desconoce la autoridad comunal. En mi caso, como parlamentario, ni siquiera tengo conocimiento de muchos de los programas que se realizan. Me parece adecuada la política de que los proyectos cuenten con el visto bueno del concejo comunal, porque ellos están en condiciones de focalizar los recursos con mayor conocimiento.
Por eso, mi voto será favorable.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, recogiendo lo que ha sido la política gubernamental de descentralización y de mayor participación a nivel regional y comunal, por primera vez este año se propone que la tercera parte del presupuesto total del Fosis para 1993 sea de decisión regional.
En la Comisión se planteó este mismo tema y nos propusimos que en el presupuesto del año siguiente ese tercio aumentaría, pues no podemos llegar al total, debido a la naturaleza de los programas. Por ejemplo, hay uno de capacitación laboral de jóvenes que no lo ejecuta directamente el Fosis, sino que se hace a través de instituciones especializadas que concursan para realizarla. No podría operarse a través del mecanismo que se propone en la tercera parte del presupuesto, pero nuestra intención es que podamos avanzar un paso más para dar mayor participación regional en estas decisiones.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, voy a apoyar la indicación porque básicamente apunta a la focalización del gasto social. El programa del Fosis va en ayuda de sectores sociales deprimidos, productivos o de capacitación, y en esa perspectiva la base del diagnóstico hoy día se hace en las municipalidades, a través de sus cuerpos técnicos como los Serplac, etcétera. Tal como decía el Diputado señor Montes, es extraordinariamente importante todo lo hecho en materia de decisión regional y por eso debemos darle mayores atribuciones al poder local que es donde está el diagnóstico real.
Si bien es cierto que debería ampliarse a otros programas de carácter similar al Fosis, la indicación apunta a una focalización del gasto social y a un orden de prioridades dentro de la problemática social de la comuna, con lo cual se evita como bien decía el Diputado señor Elizalde que de repente se aprueben proyectos que el municipio, los parlamentarios y la comunidad local donde se realizan desconocen, porque la aprobación se hizo entre gallos y medianoche, sin focalizar el gasto social ni priorizar dónde debería haberse desarrollado.
Lamentablemente, debo decir que en mi distrito ni los alcaldes, ni los técnicos de los municipios tienen conocimiento de los beneficios que se obtienen a través de los proyectos que se desarrollan con el Fosis.
Apoyo la indicación, por constituir una posibilidad sería de darle poder de decisión a nivel local, donde realmente se toman las verdaderas resoluciones y hay un diagnóstico serio, y no como sucede en el nivel central donde el Fosis desarrolla proyectos que ni siquiera es capaz de fiscalizar.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, discrepo de lo planteado en cuanto a la información que entrega el Fosis en relación con los proyectos y programas que realiza.
En la Novena Región existe amplia información, se han repartido unos libros amarillos con los programas, becas y todo lo relacionado con los proyectos sociales del Gobierno para que la gente esté informada de la forma en que puede conseguir estos beneficios.
Hace tres semanas, en mi región tuvimos una reunión bastante larga, muy completa, en la que se nos informó ampliamente. En los años anteriores, hemos recibido información más que suficiente para darla a conocer a los diversos organismos sociales de nuestra provincia, de nuestro distrito y de la región. Tanto es así que el presupuesto del Fosis en la Novena Región es bastante importante, porque ha realizado muchísimas cosas y la gente está en conocimiento de lo que significa este fondo y de la tarea que desarrolla.
Por otra parte, hay un problema de inconstitucionalidad, dado que se le entregan a las municipalidades algunas intervenciones que no están consagradas en su ley orgánica. Pienso que en una próxima oportunidad, en algún proyecto relacionado con municipalidades, a lo mejor podría hacerse algo al respecto, pero no me parece que éste sea el momento de agregarle más atribuciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, hubo un largo debate con una indicación presentada por el Diputado señor Sota, porque no cumplía los efectos deseados.
Ahora discutimos otra, que también es muy importante, porque afecta a la comunidad local, pero con una gran diferencia; que ésta sí produce un efecto jurídico importante, cual es profundizar la descentralización en las decisiones, en especial en las de tipo social.
Se ha argumentado que los municipios están dotados de personal profesional capaz de diagnosticar, proyectar y planificar el desarrollo de una comuna. Además, esos equipos técnicos son complementados por personas elegidas por los propios vecinos. Por lo tanto, ésas son las instancias más habilitadas para decidir, programar y proponer los proyectos sociales más eficaces para abordar los problemas reales de las respectivas comunas. En consecuencia es absolutamente pertinente el debate que se realiza.
En seguida, deseo aclarar al Diputado señor Villouta que el libro amarillo al cual hace mención simplemente informa sobre los beneficios sociales, que son de gran utilidad para la comunidad, pero no señala para nada los proyectos que realiza el Fosis.
Aquí se ha hablado de profundizar el proceso de regionalización. Lo que proponemos es profundizar no sólo la regionalización, sino la descentralización a nivel comunal, con las autoridades elegidas democráticamente por todos los vecinos.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se ha pedido la clausura del debate.
Si le parece a la Sala, se clausurará.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No hay acuerdo.
En votación la petición de clausura.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Clausurado el debate.
Respecto de la indicación, no se advierte ninguna causal de inadmisibilidad. Por lo tanto se declara admisible.
En votación la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 26 votos. No hubo abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
La Mesa tiene dudas. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 29 votos. No hubo abstenciones.
El señor LONGUEIRA.-
Hay algunos Diputados ausentes que aparecen votando.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, figura votando el Diputado señor Valenzuela, que no está en la Sala.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
La Mesa tiene dudas sobre el resultado de la votación. Se va a repetir.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 30 votos. No hubo abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Rechazada la indicación.
En votación la Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En votación la Partida 22, Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Indicación de los señores Bombal y Pérez, don Víctor, para reducir en el Subtítulo 31, ítem 53, de la Partida 22, Capítulo 01, Programa 02 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, desde 350.368 millones a 50.368 millones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, esta indicación tiene por objeto reducir recursos en estudios para inversión referidos a la Comisión de Descontaminación de la Región Metropolitana.
Pensamos que hay suficientes estudios. Incluso, hay muchos que todavía no han podido procesarse por falta de capacidad operativa. En ese sentido, solicitamos que se reduzca ese ítem, al menos por este año, con el fin de que esos fondos se destinen a inversión real para descontaminar Santiago.
Ese es el sentido de la indicación.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 1 abstención.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Rechazada.
En votación la Partida 22, Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.
Si le parece a la Sala, se aprobará, con la indicación de siempre.
Aprobada.
En discusión la Partida 50, Tesoro Público.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
Corresponde dar por aprobados en particular los artículos 1° y 2° y facultar a la Secretaría para hacer los ajustes.
El señor LONGUEIRA.-
¿Me permite?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, presenté una indicación al artículo 1°.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Su indicación tiene que considerarse como un artículo nuevo, porque el 1° contempla el resumen de las cifras.
Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, deseo que se consigne nuestra abstención en el artículo 1°. Este artículo, como bien Su Señoría lo señala, es el resumen de ingresos y gastos. En los gastos, nuestra observación es respecto del subtítulo personal, por los gastos en honorarios, y con relación al subtítulo 22, de bienes y servicios de consumo, que en nuestra opinión el Presupuesto de 1993 está excedido en más de 13.000 millones de pesos.
Por esa razón, nos abstendremos en el artículo 1°, tanto en el presupuesto en moneda nacional cómo en moneda extranjera.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Según se me informa, lo mismo hará la Unión Demócrata Independiente.
Si le parece a la Sala, se aprobarán los artículos 1° y 2°, en el primer caso, con la abstención de la Oposición.
Aprobados.
El artículo 3° ya fue aprobado.
Propongo a la Sala aprobar todos los artículos del proyecto y entrar a analizar las indicaciones que agregan artículos nuevos.
El señor GARCIA (don José).-
¿Me permite?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, antes de dar por aprobados todos los artículos, quería formular una consulta al Ministro de Hacienda subrogante respecto del artículo 11, que señala que "los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263 necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante sistema de contratos de arrendamiento de bienes muebles, con opción de compra". Aquí se presenta el problema de que las municipalidades requieren autorización del Ministerio de Hacienda para adquirir maquinaria, especialmente la destinada a la mantención y mejoramiento de los caminos. Estimo que esta norma puede ser inconstitucional en cuanto se refiere a los órganos y servicios públicos. Las municipalidades son órganos de la Administración del Estado, pero la Constitución señala que desde el punto de vista de la administración de sus finanzas son autónomos. ¿Hasta dónde esta ley, que es de rango simple, puede afectar a las municipalidades, en circunstancias de que la Constitución Política les garantiza la autonomía financiera?
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, se repite la norma de la Ley de Presupuestos del año anterior.
Se requiere una autorización para los casos de "leasing", que es una forma de endeudamiento. En este momento, estamos enviando oficios a los municipios que han hecho solicitudes de "leasing", para que informen respecto de su situación financiera. Si ella lo permite, se les acogerá la petición. No lo hicimos antes, por el proceso de elección de concejales. Nos pareció oportuno postergar la respuesta hasta que las nuevas autoridades ratificaran esas solicitudes. Sobre esa base y en la medida en que las condiciones financieras de los municipios les permitan enfrentar los compromisos que les significa el "leasing", se otorgarán las autorizaciones.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCIA (don René Manuel).-
Señor Presidente, pido al señor Ministro que me aclare una duda. ¿Esta autorización es para una municipalidad o se pueden juntar dos, por ejemplo, de comunas pequeñas, para adquirir maquinaria? ¿Podría tomarse en cuenta la situación económica de las dos? Es interesante saberlo, porque hay muchas comunas, especialmente precordilleranas, muy chicas, que se pueden unir y hacer un convenio para adquirir maquinarias. Dos municipios pueden hacer, perdóneme la expresión bien huasa, más fuerza que una.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Hasta la fecha no hemos tenido solicitudes de esa naturaleza, pero parece conveniente en muchos casos. Por ejemplo, para comprar un equipo para la mantención de caminos, es más apropiado que lo adquieran entre dos o más. En la medida en que las responsabilidades financieras queden debidamente estipuladas entre ellas, no habría problema para proceder en esa forma.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, podemos aprobar todos los artículos del proyecto de ley de Presupuestos y abocarnos al estudio de las indicaciones de artículos nuevos.
Acordado.
El primer artículo es una indicación del Ejecutivo, a la cual va a dar lectura el señor Secretario.
El señor LOYOL A (Secretario).-
Para consultar el siguiente artículo: Autorizase al Presidente de la República para aportar hasta la cantidad de 5 millones de dólares, moneda de los Estados Unidos de América, como contribución de Chile al Fondo Multilateral de Inversiones. Lo anterior, sujeto a la aprobación posterior del convenio constitutivo del referido fondo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, el Fondo Multilateral de Inversiones fue constituido en febrero de este año, con un monto total de 1.256 millones de dólares, al cual contribuyen los Gobiernos de Estados Unidos y de Japón, y los países europeos y latinoamericanos. Este fondo será administrado por el BID. De la suma indicada, nuestro país quiere aportar una cantidad de cinco millones de dólares. Este monto se aportaría durante varios años y sólo una fracción correspondería efectuarla durante 1993.
El propósito de este fondo es apoyar los proyectos de inversión que se están realizando en los distintos países latinoamericanos. En el caso nuestro, si nos incorporamos formalmente, hay posibilidades de obtener donaciones de alrededor de 30 millones de dólares. Resulta interesante para el país participar en este fondo.
En todo caso, como se trata de un convenio internacional, requiere de la aprobación del Congreso. Por lo tanto, lo planteado es para realizar el aporte, una vez que haya sido aprobado el convenio suscrito por el Gobierno de Chile.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.
El señor DUPRE.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo, pero el procedimiento no es el adecuado. Me parece que algo tan programado, que se ha discutido desde hace mucho tiempo, por lo menos debería haber sido informado en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores que debatirá la aprobación del convenio.
Votaré favorablemente, pero consideré importante dejar consignada mi opinión al respecto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En todo caso, el Ministro ha declarado que la autorización es sólo si se ratifica el convenio. Si no lo fuera, no se podría hacer el aporte. En ese entendido se podría aprobar.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
El señor Secretario va a dar lectura a la siguiente indicación del Ejecutivo.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación tiene por finalidad consultar un artículo nuevo del siguiente tenor:
"Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.000:
a)Reemplázase, en el inciso tercero de su artículo segundo, la expresión "y hasta el plazo que se fije en la nueva ley de rentas municipales para su entrada en vigencia o a más tardar el 31 de diciembre de 1992" por "y hasta el plazo que se fije en la ley de rentas municipales o a más tardar el 31 de diciembre de 1993", y
b)Sustitúyese, en su artículo 3e, la expresión "en el plazo en que entre en vigencia la nueva ley de rentas municipales, o en todo caso, el 1Q de enero de 1993" por "en la fecha de vigencia que se determine en la ley de rentas municipales, o én todo caso, el 1Q de enero de 1994".
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Sería importante que el señor Ministro explicara de qué se trata.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, este artículo, acogiendo la solicitud de varios señores parlamentarios, prorroga la entrada en vigencia del reavalúo de los bienes raíces no agrícolas hasta lo que establezca la ley de rentas municipales en actual discusión en este Congreso o, a más tardar, hasta el 31 de diciembre del año 1993.
Ese es el alcance de este artículo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
El señor Secretario va a dar lectura a otra indicación del Ejecutivo.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Para consultar el siguiente artículo nuevo:
En el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 19.034, sustitúyense los años 1992 y 1993 por 1993 y 1994, respectivamente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, este artículo se refiere a los avalúos de bienes raíces agrícolas, donde la actual disposición de la ley Ne 19.034 establece que los nuevos deben entrar en vigencia el 1° de enero de 1993. Aquí se los prorroga por un año. Ese es el alcance de este artículo que recoge el deseo de varios parlamentarios en este sentido.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
El señor Secretario va a dar lectura a otra indicación del Ejecutivo.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Para consultar el siguiente artículo nuevo:
"Facúltase al Presidente de la República para rebajar por una vez la tasa anual del impuesto territorial de los bienes raíces no agrícolas y aumentar el monto de la exención general habitacional.
El Presidente de la República ejercerá esta facultad con ocasión del reavalúo de los bienes raíces no agrícolas que regirá a contar de la fecha de vigencia que se determina en la Ley de Rentas Municipales o, en todo caso, el l° de enero de 1994, si al comparar en moneda de igual valor las proyecciones anuales del monto total de las contribuciones giradas antes del reavalúo con el que corresponda girar posteriormente a él este último, resultare superior en más de un 10 por ciento al primero.
Esta facultad se efectuará de tal modo que las proyecciones anuales del monto total girado con posterioridad al reavalúo, no sobrepasen en el referido 10 por ciento a las proyecciones anuales del monto girado antes del reavalúo.".
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
El alcance de este artículo es que primero se sabe cuál es el resultado del avalúo. Si es que éste produjera un aumento en el monto de las contribuciones superior al 10 por ciento, el Presidente queda facultado para modificar los montos exentos y las tasas, de tal manera de moderar el aumento en las contribuciones que de él resulte.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, la verdad es que las indicaciones que se han leído no las tenemos en nuestro poder. Pero, en todo caso, creo que se ha descubierto una fórmula formidable de saltarse a la Comisión de Hacienda. Resulta que aquí se han leído indicaciones que implican prorrogar impuestos, avalúos o reavalúos que se debieran haber hecho; además, se diseña un mecanismo que yo quisiera preguntar a la Mesa si es admisible y si tiene que cumplir con el trámite de la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Un señor DIPUTADO.-
Así es, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En todo caso, tendría que ser la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, porque estamos en la Ley de Presupuestos, salvo que se sostuviera que estas indicaciones no tienen que ver con la idea matriz del proyecto. Pero eso no lo ha sostenido nadie hasta este momento.
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, siendo partidario de la indicación, de la simple lectura que tenemos, porque no tenemos capacidad ya a estas alturas de la discusión, de profundizar sobre el tema, me parece que prácticamente son proyectos de ley que se están incorporando en el de Ley de Presupuestos por cuanto no tienen nada que ver con sus ideas matrices.
Aquí estamos discutiendo una ley que va a regir para 1993 y se trata de introducir una serie de normas de impuestos, de modificaciones de reavalúos establecidos con anticipación en leyes permanentes, distintas de la de Presupuestos. De modo que quisiera un pronunciamiento de la Mesa, si se puede presentar este tipo de indicaciones por el Ejecutivo en una ley de Presupuestos como ésta.
Sin ánimo de dilatar, esto me parece muy raro.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Antes de dar la palabra al Diputado señor Ramírez quiero decir que se ofreció la palabra reiteradamente y nadie hizo uso de ella. Entonces, obviamente no había cómo darse cuenta del punto. Se tomarán las medidas de ahora en adelante, pero lo que está votado ya está votado.
El señor RAMIREZ.-
Es cierto que está votado, pero, en verdad, este es un asunto que ha pedido toda la Cámara. Aquí se han votado proyectos de acuerdo pidiéndole al Gobierno que prorrogue los avalúos y todo este sistema. Ahora se hace. Es un acuerdo de la Cámara. Aquí ha habido varios proyectos de acuerdo. El colega Munizaga lo ha planteado y lo hemos planteado muchos Diputados. Se lo hemos pedido al Gobierno reiteradamente y ahora que se cumple esto, empiezan a hacer reparos.
Yo creo que es muy importante lo que hemos logrado. Felicito al Gobierno por hacerlo precisamente ahora, para solucionar los problemas de mucha gente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.
El señor DEVAUD.-
Señor Presidente, la Constitución señala en su artículo 64 qué’ es el proyecto de ley de Presupuestos. No cabe la menor duda de que estas indicaciones rebajan la estimación de ingresos del Fisco. Por lo tanto, es perfectamente admisible y forma parte de las ideas matrices de un presupuesto nacional.
Ahora, que esto tenga que ser informado por la Comisión de Hacienda, es evidente que no porque en estos momentos la Comisión competente es la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que no debe en realidad atender a lo que señala el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Aquí es innecesario, y sí absolutamente procedente la forma como se han planteado las indicaciones, y manifiesto mi intención de aprobarlas.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, tal como lo señalaba en esta Sala el Diputado señor Ramírez, hace poco menos de un mes que solicitamos, en un proyecto de acuerdo aprobado por una gran mayoría en esta Sala, la prórroga de los avalúos. Conversamos a su vez con las autoridades del sector y en este minuto en que se está dando a conocer esta indicación, que entiendo es perfectamente admisible, creo que no podemos poner un inconveniente a la solución que estaban pidiendo los agricultores de distintas partes del país.
Por lo tanto, en justicia, al igual como se aprobó el proyecto de acuerdo, debemos actuar consecuentemente en esta oportunidad.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, fui muy claro en señalar que soy absolutamente partidario de las indicaciones. Ojalá se hubieran presentado con anterioridad a esta ley porque no quiero entrabar su rapidez. Además, no me parece un argumento válido el sostener que corresponda a un proyecto de acuerdo. Lo más probable es que sea así, haya sido así y que todos somos partidarios de su aprobación. Pero no se puede sentar el precedente de que en una Ley de Presupuestos se esté modificando la carga tributaria. Lo que se está cambiando es la exigencia de hacer reavalúos no agrícolas y agrícolas. Resulta que con este criterio, el próximo año se nos puede presentar en la Ley de Presupuestos la modificación de la reforma tributaria y la vamos a discutir simultáneamente en el mismo proyecto de ley, que no se rebaja lo que establecen los artículos transitorios.
Por lo tanto, me parece que este es un problema de precedente. Se está saltando un trabajo, el estudio que hace la Comisión de Hacienda por mandato constitucional, trámite que no se puede saltar. Con esto no quiero entrabarla. Más aún, el sacarla de la discusión de la Ley de Presupuestos pone en riesgo de que algunos Diputados se despierten y voten en contra después. Pero las cosas hay que hacerlas en forma seria, por lo que me parece que es un punto importante. Y no podemos sentar el precedente de saltarnos un trámite para aprobar una materia en la Ley de Presupuestos, modificando situaciones absolutamente ajenas a las ideas matrices de una Ley de Presupuestos. Con el argumento que hoy día se sostiene, el día de mañana, para el Presupuesto del año 94, se puede presentar en la misma ley que las disminuciones de los impuestos establecidos en la reforma tributaria no regirán. Me parece que es obvio que tiene que haber una discusión y pasar por las Comisiones de Hacienda respectivas.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, aunque el Diputado señor Longueira cree que algunos duermen, debo señalar que hemos sido críticos a estas prórrogas.
Y lo hemos sido porque consideramos que es una mala política. También el Diputado señor Martínez nos recordaba hoy día, a partir de otra materia, que en cosas que son difíciles hay que saber "apechugar" y entre ellas están los reavalúos, los ingresos fiscales que permiten impulsar muchas obras y, en particular, aquellos que están destinados a un tema que los colegas de la Oposición siempre han señalado y nosotros también de gran importancia y que son los ingresos municipales. Sin duda, en mi opinión, ésta no es la mejor forma de abordar este tema. No me sorprende la opinión del Diputado señor Ramírez porque siempre ha sido un gran defensor de este tipo de disposiciones. No creo que éste sea el mejor mecanismo, porque se amarra a la Ley de Rentas Municipales. Algunos permítannos ser un poco escépticos por el trámite que ha tenido hasta ahora, tenemos dudas en cuanto a si va a haber una nueva ley de rentas municipales en un plazo, corto. Esperamos, por cierto, que sí, pero esta discusión, que era tan prioritaria, de alguna forma, por motivos conocidos por algunos, ha tenido un proceso bastante dilatado. Sin perjuicio de ello, entendemos que la voluntad es evitar una situación que es emergente el l° de enero, que se quiere situar esta discusión en la ley de rentas municipales y para ese efecto vamos a concurrir. Pero sí podemos adoptar el compromiso, a partir de hoy, de comenzar a estudiarlos porque la ley de reavalúos de bienes raíces no puede ser chuteada. De alguna forma, una vez que se fija un plazo son cada 10 años que se hacen los reavalúos que sea dentro de 10 años y que no pueda ser manejado o ajustado por presiones de algunos. Todos sabemos que los agricultores de nuestro país, que la gente del campo, tiene una gran capacidad de pataleo. Represento una zona agrícola y les reconozco esa gran virtud. Pero no es bueno el precedente, porque con el reavalúo van a haber chilenos brutalmente beneficiados. Algunos serán perjudicados. El problema es que los que salen beneficiados no reclaman. Se quedan callados con la alegría de que van a pagar menos contribuciones, y la otra mitad, la que va a verse afectada, es la que va a chillar. No creo que sea buena la política de estar chuteando el reavalúo que, si no me equivoco, es la tercera vez.
Concurriremos con nuestro apoyo, compromiso y esperanza de que en la Ley de Rentas Municipales fijemos un procedimiento para determinarla en buena forma y que no pueda ser objeto de ajustes.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación la indicación.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, entiendo que usted considera admisibles todas las indicaciones.
El señor Viera-Gallo (Presidente).-
¿Y qué se puede hacer a la hora nona?
El señor LONGUEIRA.-
No es problema de la hora nona, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ya se aprobó lo esencial. ¿Qué saco con declarar inadmisible la indicación? Considero que todo lo que se aprobó es inadmisible; pero ya se aprobó. No podemos volver atrás.
El señor LONGUEIRA.-
Me parece muy poco seria su actitud, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No es poco seria. Lo que está votado no se puede rever, salvo por unanimidad.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, me parece muy poco serio, porque si usted tiene el convencimiento de que son inadmisibles, debió hacerlo presente cuando se dio lectura a las indicaciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No lo tenía. Lo tengo ahora que usted habló. Su Señoría me convenció, pero habló a destiempo, cuando las indicaciones estaban aprobadas.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobada la indicación.
Se va a leer otra indicación.
Quedan cuatro.
El señor LOYOLA (Secretario).-
De los Diputados señores Chadwick, Longueira, Masferrer, Pérez, don Juan Alberto; Pérez, don Víctor; Ulloa y Recondo.
Para consultar el siguiente artículo nuevo:
"Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán fiscalizados por la Contraloría General de la República".
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si recuerdo bien, es la misma del año pasado, o muy parecida.
El señor LONGUEIRA.-
No, señor Presidente, es igual a la que presentamos cuando se discutió la ley sobre subvenciones a los colegios particulares, donde se estableció por esta Corporación que, dada la importancia que tienen esos recursos asignados a particulares, deben quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría. En esa oportunidad presentamos una indicación para que también los proyectos con recursos fiscales a través de las ONG, tuvieran el mismo control. En un proyecto de ley como éste en la cual en los distintos ministerios del área social existen cuantiosos recursos fiscales que se han destinado a distintas organizaciones no gubernamentales es muy importante que tengan el control mínimo de la Contraloría General de la República.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 28 votos. No hubo abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se repetirá la votación, porque no está claro su resultado.
Repetida la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 29 votos. No hubo abstención.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Rechazada la indicación.
Se va a dar lectura a otra indicación.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Indicación de los señores Seguel, Longueira, Ortiz, Recondo y Chadwick, para agregar el siguiente artículo:
"Artículo...- Autorízase al Presidente de la República para aportar 300 millones de pesos como contribución para los gastos operacionales al Instituto de Rehabilitación Infantil y para contemplar en las sucesivas leyes de presupuestos un aporte en forma permanente."
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Es una indicación que, por razones obvias, la Mesa ha declarado inadmisible.
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, como lo señalé en la discusión general, ojalá que esta indicación sea patrocinada por la Corporación. Es la señal de un gesto y un aporte del Fisco a una institución que gracias a la solidaridad de todos los chilenos prácticamente en once teletones ha juntado recursos cuantiosos para crear distintos centros de rehabilitación. Tal como lo han señalado los organizadores de la Teletón, el gran problema que tienen es que toda la infraestructura que se está haciendo gracias a la generosidad de todos los chilenos, no cuenta con el financiamiento suficiente para cubrir la operación.
Una mínima contribución del Estado sería autorizar al Presidente de la República para que en la próxima Ley de Presupuestos, que regirá en 1993, pueda suplementar a esa institución que tanto hace por los niños minusválidos de Chile.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Fuera de la causa noble, el problema es la admisibilidad.
Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.
El señor BOSSELIN.-
Señor Presidente, comparto, junto con varios señores Diputados creo que todos el espíritu que anima la iniciativa. Por unanimidad, podríamos enviar un proyecto de acuerdo al Presidente de la República, a fin de traducirlo efectivamente en una realidad, porque no cabe la menor duda de que, como se ha señalado, la indicación presentada es completamente inadmisible.
Pero, al mismo tiempo, podríamos conjugar el propósito general que nos anima y dar por aprobado un proyecto de acuerdo, solicitándole al Presidente de la República que envíe un proyecto de ley que se traduzca en una efectiva realidad de lo señalado.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, en la Comisión de Salud del Senado se encuentra un proyecto en favor de los minusválidos, que llegará luego a conocimiento de la Cámara, en el cual está contenido tanto el problema de los minusválidos menores como el de los adultos minusválidos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, en el mismo sentido de lo expresado por el Diputado señor Cardemil, nuestra responsabilidad como parlamentarios está en traducir estas ideas en leyes, y no evidenciar vocación de fareros o de guardavías dedicándonos solamente a emitir señales.
Por tal razón, prefiero esperar que llegue a esta Cámara la discusión de una materia en la que se le dé solución integral al tema, en lugar de estar dando estas señales que son equívocas, como normalmente ocurre.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Martínez, don Juan.
El señor MARTINEZ (don Juan).-
Señor Presidente, a todos nos anima el mejor propósito respecto del fondo de esta indicación, pero la Mesa la ha calificado de inadmisible. Por tanto, no deberíamos abrir un debate que puede resultar absolutamente estéril, sino que resolver el problema de inadmisibilidad.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Como la indicación es inadmisible, la Mesa pregunta si algún señor parlamentario desea que lo resuelva la Sala.
Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, firmé esta indicación por dos hechos.
Primero, los Diputados de provincia vemos que los parlamentarios, con justa razón, porque seguramente tienen mayor capacidad política, en las horas de Teletón aparecen profusamente y hacen una serie de indicaciones y participan en forma muy simpática en diferentes actos, como bailes, cantos, "los guapetones", "los bailetones" y otras cosas. Es importante que demostremos los hechos.
Segundo. Hace días, a través de una declaración, don Francisco recordó ante el país que nunca se les ha dado una subvención estatal. Acabamos de aprobar en el Presupuesto de la Nación un porcentaje bastante importante para subvenciones. Esto indica la posibilidad de una petición para que el Supremo Gobierno acceda a una subvención estatal.
Señor Presidente, desde un punto de vista reglamentario, solicito que someta a consideración de la Sala su admisibilidad.
He dicho.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, ¿en qué artículo se basa para declarar la inadmisibilidad?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En toda la filosofía de la Constitución de 1980.
El señor LONGUEIRA.-
Pero si es una simple autorización.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Primero, porque el Presidente de la República no ha pedido la autorización.
Segundo, porque no podemos disponer de gastos.
El presidente de la Comisión de Hacienda debe concordar con eso.
Hay cinco minutos para argumentar en favor de la inadmisibilidad.
Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.
El señor YUNGE.-
Señor Presidente, todos compartimos el espíritu que ha motivado esta presentación. La problemática de nuestros compatriotas minusválidos es uno de los desafíos pendientes, desde el punto de vista legislativo y de los recursos que la sociedad y el Estado asignan a esta grave situación. Sin embargo, los parlamentarios debemos tener cuidado para no dejamos llevar por situaciones de imagen en que puedan verse implicadas nuestras capacidades y responsabilidades.
La inadmisibilidad asumida por la Mesa es tan evidente que debe ser respaldada por esta Cámara. En tal sentido, entrego mis más fervoroso respaldo a la iniciativa de que la Cámara presente un proyecto de acuerdo, por unanimidad, solicitando los recursos para subvencionar a una sociedad que atiende a los niños minusválidos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor René García.
El señor GARCIA (don René Manuel).-
Señor Presidente, nadie duda de que la indicación es inadmisible, pero no se trata de hacer algo para quedar bien con los niños minusválidos. Merecen mucho más que eso.
Recomiendo comprometerse a que en el proyecto a que se refirió el Diputado señor Cardemil, que está en el Honorable Senado, venga un artículo aparte, que pueda enviar el Ejecutivo, que sea expresamente dedicado a los niños de la Teletón, si ése es el objetivo deseado.
Así se soluciona el problema, porque si vamos a quedar bien para salir en el diario, hacer una declaración y en definitiva la plata no va a llegar a este organismo, no sacamos nada con tener buenas intenciones.
La Teletón quiere que la plata llegue efectivamente.
Señor Presidente, solicito que se elabore un proyecto de acuerdo para recomendar la inserción de un aporte de 300 millones en el proyecto sobre minusválidos, pedidos por el Diputado señor Longueira y por los demás firmantes, para que quede expresamente establecido en la ley y no tengamos más este problema.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Entiendo que Su Señoría argumenta a favor de la inadmisibilidad.
El señor GARCIA (don René Manuel).-
Es inadmisible por esas razones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que argumente a favor de la admisibilidad, no de la nobleza de la causa.
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, como la nobleza de la causa ha producido un consenso total, propongo para no discutir su admisibilidad que se apruebe en forma unánime la presentación de esta indicación, para que el Gobierno vea la posibilidad de patrocinarla en la Ley de Presupuestos de 1993.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Primero, hay que votar la admisibilidad.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos: por la negativa, 9 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se declara inadmisible.
Ahora, de acuerdo con lo expresado por varios parlamentarios, enviaríamos un proyecto de acuerdo para que el Ejecutivo patrocine esta indicación en el momento oportuno en la tramitación de la Ley de Presupuestos o, posteriormente, en la Ley de Minusválidos.
Como algunos señores Diputados quieren que se haga posteriormente, debe haber unanimidad.
No hay acuerdo.
El señor LONGUEIRA.-
No hay acuerdo en lo que se propuso, señor Presidente, pero Su Señoría modificó mi proposición.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
¿Qué propone el señor Diputado?
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, sugiero que en la Ley de Presupuestos de 1993 se contemple un aporte para la institución que administra la Teletón, para lo cual solicitamos que la Corporación, en forma unánime, respalde la indicación presentada por todos, con el objeto de que el Ejecutivo la patrocine en esta Ley de Presupuestos.
Si nos inspiramos en la nobleza de la indicación, como Su Señoría ha sostenido, entonces que todos la respaldemos para que el Ejecutivo la patrocine.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil para exponer un asunto reglamentario.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, la Teletón es una cosa y el Instituto de Rehabilitación Infantil, otra. La Teletón ayuda al Instituto.
De modo que el oficio que se enviará al Presidente de la República es para que incluya una subvención de 300 millones de pesos en esta Ley de Presupuestos, con el fin de destinarlos al Instituto de Rehabilitación Infantil.
Hay acuerdo de toda la Sala para eso.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado' señor García.
El señor GARCIA (don René Manuel).-
Señor Presidente, hice una moción bien clara a este respecto. La repito. Si esto se establece en la Ley de Presupuestos, tendrá que renovarse cada año; pero si queda en la ley permanente que ha mencionado el Diputado señor Cardemil, no, pues será permanente en el tiempo.
Esa es la diferencia.
Por eso, solicito a la Mesa que recabe el asentimiento unánime para que esto se establezca en una ley permanente, ya que el Presupuesto es renovable cada año.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No hay acuerdo para nada.
El señor Secretario va a dar lectura a otra indicación.
El señor LOYOLA (Secretario).-Indicación de los señores Longueira, Chadwick, Pérez, don Víctor; Ulloa, Masferrer y Recondo
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Esta indicación recoge, en alguna forma, la discusión que hubo en la Primera Subcomisión de la Ley de Presupuestos, en el sentido de si existe la facultad o no para que haya un mayor gasto. Y eso nace de la imprecisión del artículo le de la Ley de Presupuestos de 1993, que establece el gasto para ese año.
Hemos propugnado sistemáticamente que los parlamentarios no renunciemos a las pocas atribuciones que nos otorga la Constitución de 1980. Por lo tanto, lo mínimo que podemos aprobar, para que tenga sentido toda la discusión de hoy, es que se respete el gasto máximo que establece la Ley de Presupuestos. Si el Gobierno, porque tiene mayores ingresos o porque recurre a la vía de endeudamiento, incurre en gastos adicionales, que ese aumento sea sancionado por otra ley.
Esta indicación no inflexibiliza el Presupuesto, porque queda la facultad amplia de que la Dirección de Presupuestos o el Ejecutivo modifiquen todas las Partidas, ítem o subítem. Por lo tanto, solamente se establece, para clarificar, que el gasto propuesto en esta ley se tiene que respetar. Usando las palabras de muchos parlamentarios, ojalá no renunciemos a esta facultad.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.
El señor DEVAUD.-
Señor Presidente, cuando el Diputado señor Longueira anunció esta tarde la cantidad de indicaciones que presentaría, tocó el tema de limitar o acotar el gasto máximo de la Ley de Presupuestos.
Sobre ese punto, sostuve que el artículo 21 de la Ley de Administración Financiera del Estado entra en contradicción con una indicación de esa naturaleza.
Me opongo terminantemente a que se limite el gasto máximo que pueda fijar
una Ley de Presupuestos porque las leyes que se dictaran durante la vigencia de un año presupuestario, no tendrían financiamiento al aprobarse una indicación de esta naturaleza; porque se inmoviliza o inflexibiliza la Partida Tesoro Público, pues no es posible recurrir a ella para financiar un proyecto de ley si se establece la limitación del gasto del Presupuesto Nacional por el año; y por último, porque existe una disposición de la Ley de Administración Financiera del Estado, que es un instrumento al que no pensamos renunciar, y que en su artículo 28, dice que "El Ejecutivo podrá ordenar pagos, excediéndose de las sumas consultadas en los rubros correspondientes, en los casos que a continuación se indican:
"1.- Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas por autoridad competente".
¿Qué podría ocurrir si hay una limitación del gasto máximo? Que no habría ítem para responder al pago de las sentencias ejecutoriadas dictadas contra el Fisco.
"2.- Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Estado deba reintegrar por cualquier causa."
"3.- Para atender el servicio de la deuda pública."
¿Cómo es posible que el Estado no pueda atender a sus compromisos de la deuda pública no contemplados o que se produzcan durante el año presupuestario?
"4.- Para pago de jubilaciones, pensiones y montepíos y, en general, gastos de previsión social".
A veces son necesidades urgentes, que deben resolverse en el año.
Una indicación de la naturaleza que plantea el Diputado señor Longueira, por supuesto que inflexibiliza el Presupuesto y la gestión financiera del Estado.
Esas son las razones que doy para oponerme a una indicación como ésta.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ramírez.
El señor RAMIREZ.-
Señor Presidente, esta es una materia que se trató largamente en la Primera Subcomisión de Presupuestos. Después de escuchar diversas opiniones, tanto de los sectores de Gobierno como de Oposición, se llegó a un principio de acuerdo para buscar una fórmula que permitiera dar una solución definitiva a este problema.
En este momento se espera un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, para saber qué resolución se tomará en este sentido. Creo que habría que esperarlo antes de resolver.
El Ministro de Hacienda estuvo totalmente de acuerdo en buscar una limitación al gasto corriente y otras fórmulas que permitan la flexibilidad del Presupuesto, para que el Gobierno pueda operar dentro de las normas permanentes que se han establecido en el último tiempo.
En síntesis, es un problema que el Gobierno tendrá que estudiar. No se puede resolver ahora. No podemos aprobar esa indicación; pero existe un acuerdo para estudiar la materia en un tiempo más.
Por lo tanto, rechazaremos esta indicación, con el compromiso de estudiar una fórmula que permita dar una solución real a lo que estamos planteando.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, la indicación que se ha presentado es enteramente razonable. De otro modo, significa que todo lo hecho y estos dos meses dedicados al estudio de la Ley de Presupuestos, no tendrían razón de ser, puesto que el Ejecutivo podría aumentar el presupuesto de cada uno de los Ministerios, en cualquier ítem que hayamos visto.
Tampoco comparto los criterios señalados por el Diputado señor Devaud, puesto que uno de los objetivos del ítem de Operaciones Complementarias del Tesoro Público es mantener allí los recursos necesarios para los reajustes y para aquellos proyectos que se encuentran en trámite y que requieren de financiamiento.
Sostengo que una forma de dar el Parlamento un peso más concreto y más específico respecto de la Ley de Presupuestos es aprobando esta indicación, ya que, de lo contrario insisto, todo lo que hemos hecho estaría de más; y lo que es más grave, no tendría ningún sentido que la Ley de Presupuestos del Sector Público pase por el Parlamento, porque quedaría sujeta a la mera arbitrariedad y a los simples deseos del Ejecutivo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, la indicación tiene por finalidad explicitar una materia de la mayor trascendencia, que es parte del juego constitucional y democrático del país.
El Ejecutivo no puede gastar un solo peso sin tener la aprobación del Congreso Nacional. A su vez, nosotros estamos limitados/en una serie de materias; no tenemos iniciativa para aumentar gastos ni para producirlos. Pero, por su parte, el Ejecutivo no puede hacer ningún gasto sin la aprobación del Congreso Nacional. Ese es precisamente el juego Constitucional. Se trata de que el Ejecutivo tenga su limitación y nosotros la nuestra. Si el Ejecutivo puede hacer gastos sin la aprobación del Congreso Nacional, cae todo el edificio construido en la Constitución respecto de la relación entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo.
De manera tal que es conveniente explicitar esta situación, aun cuando estimo que está claramente implícita en el arquetipo constitucional que nos rige. Sin embargo, me parece acertado explicitarlo en una indicación como la propuesta.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, esta materia fue debatida ampliamente en la Primera Subcomisión y, en general, en la Comisión Mixta. En este momento se está estudiando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
Cuando este tema se debatió durante el curso de la tramitación de este proyecto, a pesar de que sus normas se ajustan a la Constitución y a la legalidad vigente por lo demás, así fue informado por el Contralor a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, manifestamos nuestro ánimo de perfeccionar sus disposiciones, con el objeto de imponer un límite al gasto corriente que se aprueba en este Presupuesto.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado completará su informe mañana. Esperamos presentar una indicación en el trámite que seguirá este proyecto de ley de Presupuestos en el Senado, tomando en cuenta lo que se señale en dicho informe.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, con la esperanza de conseguir algunos votitos, quiero recordarles a los señores parlamentarios que al establecer el gasto total en el proyecto de ley de Presupuesto, lo menos que se puede hacer es fijar el gasto máximo..
No tiene sentido aprobar un gasto que sabemos de antemano que no será definitivo, pues se autoriza al Ejecutivo para modificarlo en forma absoluta. ¿Qué se da como argumento? Que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado está estudiando la materia.
Sería bueno que la Cámara, alguna vez, se anticipara al Senado, porque no tengo duda alguna de que la proposición de ésta será la misma. Lo único que perseguimos con la indicación es establecer que la totalidad del gasto propuesto en esta ley es el máximo y que se pueden introducir todas las modificaciones al proyecto, excepto respecto de esto último. Si en el transcurso del año el Gobierno gastara más de lo aprobado, pedimos que lo menos que puede hacer es solicitar la autorización del Congreso. Todo lo que dijo el Diputado señor Devaud se puede hacer, obviamente, modificando las partidas, suplementándolas, aumentándolas, como de hecho ocurre. Si aceptamos que el gasto máximo propuesto no sea el máximo definitivo, no tiene sentido toda la discusión en que hemos estado, porque es evidente que durante el año se pueden modificar y aprobar programas distintos, suplementar los ítem aprobados; lo único que hacemos es fijar el mínimo requisito.
El día de mañana no tendremos autoridad moral para seguir sosteniendo que tenemos pocas atribuciones, si en este 'proyecto ni siquiera establecemos, especificamos y aclaramos que el gasto aprobado es el máximo y no uno que se puede modificar cuando el Ejecutivo lo determine.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 1 abstención.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Rechazada la indicación.
Hay una última indicación, a la cual dará lectura el señor Secretario.
El señor LOYOLA (Secretario).-De los señores Longueira, Bombal, Hamuy, Recondo, Pérez, don Víctor; Chadwick, Masferrer y Ulloa, "El señor Ministro de Hacienda y el señor Director de Presupuestos deberán presentar durante el mes de julio de 1993 un estado de los ingresos y gastos efectivos de la Nación y sus proyecciones respecto del período comprendido entre el 1° de enero y hasta el 30 junio de ese año. "Este mismo informe deberá adjuntarse al proyecto de ley de Presupuesto para 1994, respecto del período comprendido entre el Ia de julio y el 30 de septiembre del próximo año. Estos informes se presentarán al Congreso Nacional por escrito y en sesión especial de carácter pública ante la Comisión Mixta de Presupuestos constituida para tales efectos.".
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Como es obvia y todos la entienden, podríamos votarla.
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, en esta ocasión hablaré lo más largo posible para tratar de conseguir votitos.
Si ya renunciamos a la anterior posibilidad de establecer que el gasto propuesto en la ley fuera el máximo definitivo, lo único que pedimos en esta indicación las personas que la patrocinamos es un mínimo de información. Si además queremos renunciar a que se nos informe sobre el estado de ejecución del Presupuesto, debo reconocer que no tenemos derecho a solicitar mayores atribuciones para el Congreso Nacional. La indicación sólo persigue que exista un análisis de la Ley de Presupuesto al 30 de junio; es decir, el Ejecutivo dispone de todo el mes de julio para remitir el informe relativo al grado de ejecución de dicha ley, para que los parlamentarios tengamos información sobre cómo se ha ido cumpliendo y, posteriormente, se elabore otro, a fines de septiembre, para qüe el próximo año, cuando se discuta el proyecto de ley de Presupuestos para 1994, tengamos el segundo informe que debe ser entregado al Congreso, y para esos efectos se convoque a la Comisión Mixta y sean escuchadas las autoridades del ramo, es decir, el Ministro de Hacienda y el señor Director de Presupuestos.
En consecuencia, la indicación sólo pretende que recibamos una mínima información, dos veces al año, para que sepamos cómo se ha ido ejecutando la Ley de Presupuestos.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ramírez.
El señor RAMIREZ.-
Señor Presidente, esta materia también se discutió latamente en la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, y hubo acuerdo respecto de ella.
El señor Ministro de Hacienda está de acuerdo con buscar fórmulas para una mayor información, pero no es prudente fijar una fecha determinada a través de esta indicación, sino a través de un acuerdo con él sobre todas esta materias que podremos lograr en un momento determinado. No se trata de un asunto, sino de un cúmulo de materias que se deben solucionar.
En consecuencia, por el momento, me opondré a esta fijación de fechas, pero estamos abiertos a estudiar esta materia dentro de un conjunto de resoluciones que debemos tomar.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, francamente no veo el problema que plantea el colega Longueira, puesto que en virtud de la institucionalidad emanada de la Constitución de 1980, a quienes somos parlamentarios de Gobierno se nos entrega toda la información que solicitamos.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.
El señor YUNGE.-
Señor Presidente, a pesar de la posibilidad de concordar en los procedimientos y las fechas, me voy a oponer a la indicación, porque es inconveniente fijar una fecha rígida para entregar una información bastante compleja, en un momento de aplicación parcial del Presupuesto, precisamente cuando se proyecta el gasto para el resto del año.
Por otro lado, también se ha sugerido sutilmente que existen los mecanismos, desde el punto de vista constitucional y legal, para que los parlamentarios solicitemos toda la información necesaria para cumplir con nuestra facultad fiscalizadora de las inversiones y gastos del Estado.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.
El señor BOSSELIN.-
Señor Presidente, sólo quiero señalar que la indicación del Honorable Diputado señor Longueira es errónea en su base; es decir, no puede presentarse en el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación, mal llamada ley porque, en el fondo, y de acuerdo con su naturaleza, es un cálculo meramente estimativo de gastos. Todos estos colgajos que se le pretenden colocar exceden las posibilidades de carácter constitucional.
El señor Diputado debería presentar un proyecto en relación con la Ley Orgánica del Congreso Nacional, y allí se podría entrar a discutir la idea y observar, con mucho cuidado, su constitucionalidad; pero ha equivocado la oportunidad, la vía y el camino.
Recomiendo al Honorable Diputado señor Longueira, que ha demostrado extraordinario interés en esta materia, que su iniciativa, a pesar de ser muy interesante, debe llevarla a cabo y proponerla por el medio adecuado.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, votaré en contra de la indicación, porque pretendo que a este Gobierno no se le den, ni más ni menos, que los mismos recursos que al pasado. En todo caso siendo interesante, estoy de acuerdo en que se aplique no antes de dos mandatos.
Es todo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, una de las dificultades surgidas en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos es la carencia de información fidedigna. Incluso, el Ejecutivo reconoció que existe dificultad para obtener de los ministerios y de los servicios públicos un informe de la ejecución de gastos. Ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo respecto de si ha existido o no una sobre ejecución del gasto. Muchas veces, gran parte de esta discusión se debe hacer fundamentalmente sobre la base de estimaciones.
Por eso, con el propósito de facilitar la discusión de los próximos proyectos de ley de Presupuestos, es necesario aprobar la indicación propuesta.
Nada más.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, los argumentos dados para rechazar la indicación son bastante rebuscados.
Aquí se está renunciando a una atribución que tenemos los parlamentarios. Cuando se presenta un proyecto de ley de Presupuestos, está demás decir que corresponde a una estimación, a un presupuesto que puede ser alterado durante el año.
La indicación pretende que en el mes de junio cuando efectivamente se elabora el presupuesto para el próximo año, el Ejecutivo presente un estado del presupuesto ejecutado al 30 de junio, que debe ser considerado al discutirse el proyecto de Presupuesto para el próximo año.
Por lo tanto, aquí sólo se explica cuándo y dónde debe hacerlo. Por lo tanto, es la fecha más oportuna.
El Diputado señor Bosselin plantea un problema de constitucionalidad.
En verdad, no sé qué problema puede haber en que se introduzca una indicación que sólo pide información, pero no únicamente de distintas Partidas que podemos obtener como fiscalizadores, la cual a veces puede llegar oportunamente y otras, demorar meses.
Por lo tanto, se establece un requisito para conocer lo ejecutado en dos fechas; es decir, sacar una fotografía de la ley para que todos estemos informados. No veo ninguna razón para renunciar a la posibilidad de aprobar una indicación que sólo permite obtener información. No veo ocasión más oportuna para hacerlo, precisamente cuando estamos aprobando el proyecto de ley de Presupuestos.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Martínez.
El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente, considero que a estas alturas para no cometer errores anteriores, esta indicación debe considerarse inadmisible, puesto que no es parte del proyecto de Presupuestos. Está hablando de prerrogativas del Congreso Nacional sobre un tema que parece relevante. Estoy dispuesto a estudiarlo, pero no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo.
Nada más.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se había pedido la clausura del debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo l abstención.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MUNIZAGA.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, durante la discusión general, solicité, por su intermedio, la unanimidad de la Sala para que la Cámara haga suyo el acuerdo de la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos en el sentido de oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República, haciéndole presente nuestra preocupación por el bajo nivel de las remuneraciones de los científicos y técnicos que cumplen labores en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, situación que hace posible que los científicos y técnicos dejen de prestar funciones.
Hay que considerar que hoy estas personas están realizando trabajos de gran interés para el país, tales como el proyecto para desarrollar técnicas más avanzadas en la obtención y producción del litio, y otro sobre usos pacíficos de la energía nuclear.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No existe acuerdo. Es una noble causa que de nuevo no encuentra acogida en la Sala.
El señor MUNIZAGA.-
En todo caso, pido que recabe el acuerdo de la Sala.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Lo he recabado, pero es obvio que no lo hay.
Despachado el proyecto.
Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 19 de noviembre, 1992. Oficio en Sesión 12. Legislatura 325.
PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 1993
PROYECTO DE LEY:
AS.E. EL PRESIDENTE DE REPÚBLICA
I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS
Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1993, según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:
Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1993 a las Partidas que se indican:
II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 3º.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, hasta por la cantidad de $ 57.698.833 miles que, por concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos Genéralos de la Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de USJ 1.100.000 miles moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. En todo caso, la parte de endeudamiento en el país no podrá exceder del 20% de la suma indicada.
Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1993, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.
La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer.
Artículo 4º.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítem 61 al 74 y 60 al 97, del subtítulo 31» de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. En la identificación de los proyectos con cargo a los ítem de subtítulo 30, no será necesario determinar la cantidad destinada a cada proyecto.
La identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraería General de la República para su toma de razón y control posterior.
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto na sea superior a diez millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 3% del presupuesto de inversión de la respectiva región.
Los Intendentes Regionales podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos de inversión aprobados para la Región correspondiente de acuerdo con lo establecido en los incisos segundo y tercero de este artículo. Estos contratos deberán adjudicarse a través del mecanismo de propuestas públicas.
La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítem 53 “Estudios para Inversiones”. En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.
Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.
Autorízase para efectuar en el mes de diciembre de 1992, las publicaciones de llamado a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en 1993, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichas publicaciones relativas a estudios y proyectos de inversión incluidos en decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias, que se dicten durante 1993, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República. •
Artículo 5º.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de Estado.
Igual autorización requerirán la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y las prórrogas o modificaciones de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.
Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, qüe hayan sido sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda y que mantengan las condiciones pactadas, no necesitarán renovar su aprobación.
Las autorizaciones a que se refiere este artículo no serán exigibles respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que dispone el artículo 4o de la presente ley.
Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuestas públicas o privadas con la participación de a lo menos tres proponentes, la adquisición de los equipos a que se refiere este artículo.
Artículo 6º.- El número de horas extraordinarias-año afectas a pago, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábados, domingos y festivos o en horarios nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.
Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de servicios podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un número de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.
Artículo 7º.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Artículo 8º.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para dos servicips públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate. '
En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.
Artículo 9°.- Los servicios públicos de la administración civil del Estado necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.?
decreto supremo de Hacienda.
Artículo 10.- Los recursos a que se refiere el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, que correspondan a la comuna indicada en el número 2 del artículo 46 del decreto ley N° 2.868, de 1979, en tanto no se efectúe la instalación de la Municipalidad respectiva, serán entregados por el Servicio de Tesorerías al Intendente de la XII Región, para su utilización en el área jurisdiccional de las comunas a que se refiere dicho artículo.
Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Minsiterio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes muebles con opción de compra del bien arrendado.
Artículo 12.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1993 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1992 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario dé dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos: ‘
65% al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado;
10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y
25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.
La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, para satisfacer sus necesidades propias, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 17.174 y en el decreto ley Nº 2.569, de 1979.
No regirá tampoco en cuanto a las enajenaciones cuyos saldos de precios sean objeto de rebajas de intereses, condonaciones, reprogramaciones exenciones de pago o consolidaciones, en virtud de disposiciones legales dictadas o que se dicten al efecto.
Artículo 13.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido v la legislación que les sea aplicable.
El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaría directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.
Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.
Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate. Facúltase al Presidente de la República para que por decreto del Ministerio de Hacienda reglamente y establezca los procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en el presente inciso.
Artículo 14.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora y /o determinar condiciones o modalidades del reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad.
Artículo 15.- El personal regido por la ley N° 18.834 que al 31 de diciembre de 1992 cumpla funciones en calidad de interino, podrá conservar dicha calidad durante la vigencia de la presente ley.
Artículo 16.- Sustitúyese, en el artículo 6o transitorio de la ley N° 18.834, modificado por el artículo 16 de la ley N° 19.103, la referencia "1º de enero de 1993” por "1º de enero de 1994”.
Artículo 17.- Suspéndese, durante el año 1993, la aplicación de la letra d) del artículo 81 de la ley N° 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo Servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 1992.
Artículo 18.- Durante el año 1993, sólo podrán reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los Servicios que tengan fijada dotación máxima en esta ley, por el cese de funciones de su personal causado por la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.
Esta norma no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de exclusiva confianza y en las platas de directivos.
El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta.
Artículo 19.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero de 1993 sin perjuicio de que puedan dictarse en el mes de diciembre de 1992 los decretos a que se refieren los artículos 3o y 4o y las resoluciones indicadas en dicho artículo 4o.
Artículo 20.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, se procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 4º de esta ley.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, la autorización previa a que prescribe el artículo 22 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9º de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.
La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refiere el artículo 5º de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda.
Artículo 21.- Sustitúyese, en el inciso final del artículo 24 de la ley N° 18.591, la referencia al año "1992” por año "1993”.
Artículo 22.- Autorízase al Presidente de la República para aportar hasta la cantidad de cinco millones de dólares, moneda de los Estados Unidos de América, como contribución de Chile al Fondo Multilateral de Inversiones.
Lo anterior, sujeto a la aprobación posterior del Convenio Constitutivo del referido Fondo.
Artículo 23.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que se otorgan.
a) Reemplázase, en el inciso tercero de artículo 2o, la oración "y hasta el plazo que se fije en la nueva Ley de Rentas Municipales para su entrada en vigencia o a más tardar el 31 de diciembre de 1992”, por la siguiente- "y hasta el plazo que se fije en la Ley de Rentas Municipales o a más tardar el 31 de diciembre de 1993”, y
b) Sustitúyese, en su articulo 3, la frase en el plazo en que entre en vigencia la nueva Ley de Rentas Municipales o, en todo caso, el 1» de enero de 1993”, por la siguiente: ”en la fecha de vigencia que se determine en la Ley de Rentas Municipales o, en todo caso, el 1° de enero de 1994”.
Artículo 25.- Sustituyese en el inciso primero del artículo 2º de la ley N° 19.034, los años "1992” y "1993” por "1993” y "1994”, respectivamente
Artículo 26.- Facúltase al Presidente de la República para rebajar, por una vez, la tasa anual del impuesto territorial de los bienes raíces no agrícolas y aumentar el monto de la exención general habitacional.
El Presidente de la República ejercerá esta facultad con ocasión del reavalúo de los bienes raíces no agrícolas que regirá a contar de la fecha de vigencia que se determine en la Ley de Rentas Municipales o, en todo caso el 1º de enero de 1994, si al comparar, en moneda de igual valor, las proyecciones anuales del monto total de las contribuciones giradas antes del reavalúo con el que corresponda girar posteriormente a él, este último resultare superior en más de un 10% al primero.
Esta facultad se ejercerá de tal modo que las proyecciones anuales del monto total girado con posterioridad al reavalúo no sobrepasen en el referido 10% a las proyecciones anuales del monto girado antes del reavalúo.”.
Me permito hacer presente a V.E. que el artículo 3º del proyecto fue aprobado, tanto en general como en particular con el voto conforme de 60 señores Diputados, sobre un total de 113 en ejercicio.
Acompaño la totalidad de los antecedentes del proyecto.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): José Antonio Viera-Gallo Quesney.- Carlos Loyola Opazo.
Fecha 19 de noviembre, 1992. Diario de Sesión en Sesión 12. Legislatura 325. Discusión Informe Comisión Especial Mixta de Presupuesto.
PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1993
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto ubicado en el primer lugar del Orden del Día, sobre Ley de Presupuestos de la Nación para 1993.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Mensaje del Ejecutivo, sesión 2ª, en 8 de octubre de 1992.
En segundo trámite, sesión 12ª, en 19 de noviembre de 1992.
Informes de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos, sesión 12a, en 19 de noviembre de 1992.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que acompañe al señor Ministro de Hacienda subrogante el Subdirector de Presupuestos , señor Mario Marcel.
Acordado.
Si le parece al Senado, se aprobaría en general el proyecto.
Aprobado.
En discusión particular el proyecto.
Los Comités acordaron dar por aprobados todos los artículos, partidas, capítulos, programas, subtítulos y glosas que no reciban indicaciones durante esta sesión. En consecuencia, ellos quedarían aprobados.
Acordado.
El señor PAPI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Papi.
El señor PAPI.-
Por lo tanto, nos ahorraríamos la relación de las Subcomisiones.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Así es.
A continuación se va a dar cuenta de las indicaciones recibidas, las cuales serán debatidas y votadas en esta oportunidad.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
En primer término, nos ocuparemos de una indicación del Honorable señor Fernández para agregar la siguiente glosa en la Partida 21 -del Ministerio de Planificación y Cooperación-, Capítulo 02, Programa 01, Subtítulos 25, 30, 31 y 32:
"Glosa 06: Todos los proyectos que financie el Fondo de Solidaridad e Inversión Social deben contar con la aprobación previa de los Consejos Comunales respectivos.".
El señor FERNÁNDEZ.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , esta indicación es absolutamente congruente con las normas sobre municipalidades y regionalización que ha aprobado el Congreso Nacional en los últimos tiempos. Se da el caso de que, en muchas oportunidades, los proyectos que financia el FOSIS, como se deciden y aplican centralizadamente desde Santiago , vienen a ser conocidos por los municipios virtualmente de parte de terceros. La disposición que propongo, precisamente, tiene por objeto hacer efectiva la mayor participación que hemos concedido a las comunas y Regiones, exigiendo que los proyectos que digan relación con una comuna sean aprobados por los organismos a que se hace referencia. Esta norma tiene una lógica y, por lo tanto, evitaría que una centralización como la que existe a través del Fondo impida a los municipios cumplir con su función, por lo que creo conveniente acogerla. Su rechazo significaría, dicho en palabras simples, que todo queda en manos del Ministerio central.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Si bien comprendo el alcance de la indicación que ha formulado Su Señoría, me asaltan dudas respecto de su admisibilidad, desde el punto de vista del artículo 62 de la Constitución.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Existe una serie de indicaciones como ésta -lo hicimos ver en la Comisión Especial- que, indiscutiblemente, tienen muy buena finalidad, pero que, en mi opinión, carecen de un estudio muy profundo. Aquí se propone radicar en las municipalidades la definición del manejo de los fondos del FOSIS respecto de proyectos específicos. Pues bien, el propio FOSIS me ha hecho ver la inconveniencia de dar ese paso ahora, porque muchos de los municipios no están en condiciones de hacer una evaluación en esta materia. Por ello, se ha elaborado un programa específico para hacer una distribución regional llamado "Inversión Sectorial de Asignación Regional". O sea, se está tratando de solucionar la situación por la vía técnica.
La verdad de las cosas es que esta indicación, al igual que otras -presentadas por diversos señores Senadores- que por la vía de la modificación de una glosa cambiarían la forma como se administra y destina el Presupuesto, es inconstitucional. Por ello, en mi calidad de Presidente de la Comisión -y previo informe de dos expertos-, las declaré improcedentes, de acuerdo con el artículo 62, inciso tercero, de la Carta.
En consecuencia, solicito al señor Presidente que se ciña al mismo criterio aplicado en la Comisión. Por lo demás, antes de entrar a la Sala hablé con el Senador señor Piñera , quien me dijo que iba a insistir en algunas de estas indicaciones como una manera de mantener sus posiciones en cada caso, pero entendiendo que la declaración de improcedencia que se había hecho en la Comisión se iba a reiterar en la Sala.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En atención a lo manifestado por el Honorable señor Zaldívar en su calidad de Presidente de la Comisión , a la Mesa no le cabe otra decisión que declarar inadmisible esta clase de indicaciones.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
eñor Presidente , la indicación en debate no fue presentada en la Comisión. Por consiguiente, a su respecto no recayó pronunciamiento alguno. Eso, por una parte.
En segundo lugar, de acuerdo con un importante dictamen de la Comisión de Constitución del Senado, recaído en normas constitucionales prácticamente idénticas a éstas -data de 1945-, el Parlamento sí tiene facultades para aprobar glosas que precisen la forma de inversión de los recursos del Estado. Esta conclusión figura en un texto que recopila informes de la Comisión mencionada.
En tal virtud, señor Presidente, cabe declarar, admisible la indicación y examinar la conveniencia de aprobarla.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite hacer una aclaración, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Efectivamente, la indicación del Senador señor Fernández no fue conocida por la Comisión Especial, pero sí se trató una muy similar, del Honorable señor Piñera , que fue declarada inadmisible.
Ahora, en relación con la observación de la Senadora señora Feliú , quiero decir que aquí simplemente se trata de cumplir -guste o no guste- con las disposiciones constitucionales vigentes. Porque una cosa es "precisar" una glosa, y otra, modificarla en algo que puede ser sustancial. Si una glosa expresa que la destinación de los recursos la hará el FOSIS, es muy distinto pretender que establezca que ello Corresponderá, en cambio, a la municipalidad, aunque una indicación de este tipo pueda ser muy loable. Como eso no es una precisión, sino una modificación, se vulneraría el artículo 62 de la Carta.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , respecto del objetivo último perseguido por esta indicación -y por otras similares que se presentaron en la Comisión Especial-, esto es, que exista participación de los Gobiernos Regionales en la asignación de los recursos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, cabe decir que ello ha sido recogido por el Ejecutivo. De esta manera, en el proyecto de Presupuestos se determina que de los aproximadamente 15 mil millones de pesos del FOSIS, una tercera parte -esto es, una cifra cercana a los 5 mil millones de pesos- debe asignarse con el criterio de la Inversión Sectorial de Asignación Regional. ¿Qué significa esto? Que los proyectos específicos que se realizan en cada Región con los recursos del Fondo deben ser elegidos por el Gobierno Regional.
Es la primera vez que lo anterior se contempla en el presupuesto del FOSIS, precisamente en aras de una mayor descentralización.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , tal como se ha señalado, se trata de una indicación que no ha sido conocida por la Comisión, y que, por las razones que ha dado la Senadora señora Feliú , se ajusta a las normas legales y constitucionales. Pero, además, creo que es fiel a la voluntad -reiteradamente manifestada en esta Corporación- de dar participación a las comunas y Regiones. Si no aprobamos una norma de esta naturaleza, un organismo central determinará el destino de los fondos que van a ir a las comunas, sin siquiera el conocimiento de ellas -en caso de tenerlo, será en forma extraoficial-, en circunstancias de que hemos pretendido darles el máximo de conocimiento y participación en todos los asuntos que les conciernen. En mi concepto, sería una inconsecuencia con todas las disposiciones sobre regionalización y municipalidades que hemos debatido y aprobado con tanto interés y entusiasmo, el que, en definitiva, cuando llegue el momento de distribuir los fondos, ello se haga en Santiago.
El señor THAYER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Deseo hacer presente la posición de la Mesa acerca de este punto, a fin de que no se alargue excesivamente el debate. Las consideraciones en que se basa la indicación son extremadamente atendibles, pero creo que la fundamentación jurídica hecha por la Honorable señora Feliú no es pertinente, porque el informe a que hizo referencia decía relación con la Constitución de 1925, la cual, en mi recuerdo, ni siquiera hablaba de "la administración financiera del Estado". Aquí estamos aplicando el inciso tercero del artículo 62 de la Constitución de 1980, el cual señala que sólo corresponderá al Presidente de la República la iniciativa en los proyectos atinentes a "la administración financiera o presupuestaria del Estado". De manera que, a juicio de la Mesa, la indicación está afectada por esta disposición, al corregir la destinación que el Ejecutivo ha dado a estos recursos.
El señor FERNÁNDEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERNÁNDEZ.-
El problema podría solucionarse en forma muy simple si el Ejecutivo patrocinara esta indicación, con lo cual creo que quedaría demostrada claramente la voluntad de dar a las comunas la posibilidad de conocer los proyectos que las van a beneficiar. De tal suerte que, si existe acuerdo en torno a ello, todo se reduce a de quién es la iniciativa. Señalo esto porque me parece que el fondo del asunto no es objeto de controversia.
El señor THAYER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor THAYER.-
Quisiera que se me aclarara lo siguiente. Si no estoy mal informado, la norma a que se está aludiendo, respecto de las funciones de "los consejos comunales" -o "concejos", con "c"-, proviene de una ley orgánica constitucional.
Si de acuerdo con esa normativa tales entidades tienen participación en la administración de recursos como éstos, la Ley de Presupuestos no podría modificarla. Pero, ¿estos recursos del FOSIS no son naturalmente materia de conocimiento de esos organismos, en su función de conocer de los presupuestos respectivos e informar sobre ellos? Porque, si lo fueran, la indicación sería puramente la precisión y coordinación de esa facultad, pero, si actualmente no lo son, ella importaría una modificación, la que corresponde a la iniciativa del Ejecutivo.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
Actualmente no se trata de una atribución, señor Presidente. Por tanto, la última alternativa que ha mencionado el Senador señor Thayer es la correcta, ya que no estamos ante una precisión, sino ante una modificación de la forma de administración presupuestaria.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Quisiera saber si el Ejecutivo patrocinaría esta indicación.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , como ya señalé, el Ejecutivo recogió en el proyecto de Ley de Presupuestos el interés por que los Gobiernos Regionales participen en la asignación de estos recursos, al establecer, con relación al FOSIS, la proporción destinada a la Inversión Sectorial de Asignación Regional. Si el alcance de la indicación es que los municipios se impongan acerca de los proyectos que se decidan, podemos hacer que reciban la información sobre las iniciativas que los Gobiernos Regionales van a seleccionar y que digan relación a las comunas respectivas. Pero sería una mera información, ya que la resolución pertinente compete a la autoridad regional.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En consecuencia, entiendo que el Ejecutivo no prestaría su patrocinio.
--Se declara inadmisible la indicación.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Ha llegado a la Mesa una indicación, suscrita por los Senadores señores Cantuarias , Urenda y Siebert , tendiente a suprimir, en la Partida 09 (Ministerio de Educación), Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 33, el ítem 85-001, que destina a la Corporación Cultural de la Estación Mapocho la cantidad de un mil 862 millones 808 mil pesos.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En discusión la indicación.
El señor CANTUARIAS.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente , el Ministerio de Educación, entre otras actividades, fomenta y financia, de alguna manera, la expresión cultural, y para ello la División de Extensión Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Educación, cuenta con un presupuesto -ítem 33-029-, que ha sido pedido, y aprobado, por un mil 772 millones 692 mil pesos.
La información que recibimos en la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos y que llevamos a la Comisión, nos permite concluir que 65 por ciento de dichos recursos se destina a proyectos de la Región Metropolitana y 35 por ciento a iniciativas correspondientes al resto del país. Y nos parece sumamente injusto que, adicionalmente a esa distribución, de por sí inaceptable, se esté entregando un aporte prácticamente de mil 900 millones de pesos a la Corporación Cultural de la Estación Mapocho, los cuales - según la información recogida - no son los únicos fondos que se invertirían en esta entidad, al parecer importante pero que tiene claramente delimitada su área de influencia y sus efectos.
En consecuencia, de los un mil 772 millones 692 mil pesos, 35 por ciento se distribuye para todo Chile y 65 por ciento, más el aporte de mil 900 millones de pesos, se destinan a la actividad cultural de Santiago. Y, de ese modo, no contribuimos a la regionalización, no damos igualdad de oportunidades y, desde luego, no emitimos una señal de espíritu descentralizador razonable y justa.
Esa es la razón por la cual presentamos la indicación. Numerosas personalidades -entre ellas, el Alcalde Ravinet y algunos de los concejales, así como amigos míos - me han explicado que dicha Corporación reporta una ventaja muy grande, porque no está pensando en hacer manifestaciones culturales elitistas, sino, por el contrario, de carácter popular: encuentros, certámenes y una serie de programaciones a las cuales podrá acceder el público en general. Sin embargo, serán de acceso popular para la gente de Santiago y no así para el resto de los chilenos, que vivimos en provincias y regiones.
Eso es lo que motiva a plantear el rechazo. Este tema, antes de exponerlo en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, lo conversé con el Ministerio y lo hice presente en la Cuarta Subcomisión de Presupuestos.
Finalmente, quiero entregar como antecedente el hecho de que esta última, por unanimidad, se pronunció en contra de esta asignación, que, posteriormente, fue repuesta en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , creo que el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra confunde - lo digo con todo respeto - dos cosas importan-
Por una parte, tenemos a la División de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, a la cual se asigna en el Presupuesto - ítem 33-029 - una cantidad de un mil 772 millones 692 mil pesos, que se distribuye en relación con las Regiones y de acuerdo con el porcentaje que el Honorable señor Cantuarias ha señalado. Podríamos discutir ese ítem y entrar a examinar si está bien o mal distribuido. Sin embargo, distinto es el caso de la asignación que se está entregando en forma extraordinaria a la Corporación Cultural de la Estación Mapocho para ejecutar una obra determinada.
En lo que respecta a esto último, no se pueden aplicar criterios que, desde luego, son muy atractivos. Estoy de acuerdo en que debe buscarse la forma como potenciar la regionalización y municipalización del país. Pero, si siempre empleáramos, para todo, el criterio de la proporcionalidad, o de la discrecionalidad, a fin de favorecer a las Regiones más débiles, ninguna obra importante, tratándose de cualquier tipo de acción, podría realizarse. Porque, si el día de mañana se resuelve iniciar una obra de riego - como se ha efectuado, y con toda justicia - en Santa Juana, o en Vallenar, por ejemplo, perfectamente daría lugar, entonces, a que el resto de las Regiones reclamaran, preguntando por qué los fondos respectivos no se distribuyen proporcionalmente entre ellas. Esta medida no es posible, sin embargo, pues lo lógico es que debe tomarse una decisión desde el punto de vista del interés nacional acerca de qué obras tienen que ir efectuándose en cada lugar, sobre todo respecto de aquellas que requieren importantes recursos para su ejecución.
En el caso en comento, me parece que el criterio sostenido por Su Señoría, si bien es muy comprensible, significaría que ninguna de las grandes obras realizadas en ciudades importantes podrían haberse llevado a cabo. También podría cuestionarse el hecho de que en Concepción se construyeron -en su tiempo- edificios para los tribunales de justicia, ya que no se hizo lo mismo en la localidad de Mulchén. Pero ellos se erigieron debido a que era necesario, pues una ciudad como Concepción requería una dotación de edificios acordes con una buena atención de justicia. Y se tomó esa opción.
En cuanto a la Corporación Cultural de la Estación Mapocho, todos los Senadores sabemos que no es un problema de Santiago, sino de país, porque se desea hacer una obra importante, con inversiones relevantes, a fin de potenciar un centro de atracción cultural que no es sólo para la Capital.
Es efectivo -por supuesto- que el acceso de los habitantes de la Región Metropolitana será mayor, por el hecho de vivir en ella. Lo mismo sucede con el museo del Louvre, en París, el cual es más accesible para la gente que vive en esa ciudad que para los habitantes de Toulouse o de otro lugar de Francia. Sin embargo, se hizo el Louvre por ser una obra cultural necesaria. En el caso que nos ocupa, nadie puede desconocer que el centro cultural de la Estación Mapocho beneficia al país en su conjunto, si bien privilegia, desde luego, por su ubicación, a quienes están más cercanos. Y la gente que vive en Santiago centro tendrá, desde ese punto de vista, un mejor acceso que los que habitan en La Dehesa o Las Condes.
Se trata de una obra que se precisa para desarrollar -repito- labores culturales que no son sólo para Santiago. La Feria del Libro que se lleva a cabo en la Estación Mapocho no es para los libreros de la Capital, sino para todos. Y en el recinto se presenta hoy la Feria de Exposición de la Solidaridad, donde participan pequeños y medianos empresarios de todo Chile.
A mi juicio, eso es lo fundamental: que exista un centro y un área de desarrollo para la cultura, no sólo en el sentido de que puedan efectuarse muestras culturales, sino, también, ese otro tipo de encuentros o reuniones, de interés general.
Por eso, creo que la objeción formulada obedece a una mala interpretación. Podríamos discutir los fondos destinados a la División de Extensión Cultural, pero no me parece que con el argumento de que hay que distribuir los recursos en forma proporcional entre todas las Regiones pueda impugnarse la inversión en análisis. Con ese criterio, nunca más podrán hacerse en Chile obras importantes, en ninguna Región, cuando se requieran.
He dicho.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Había pedido la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente , he sido un ardiente defensor -lo saben algunos señores Senadores- de mantener el Congreso en Valparaíso y soy partidario de trasladar el Ejecutivo a esta ciudad. Pero estimo que uno de los requerimientos propios de la democracia actual -democracia masiva, en la que participa prácticamente toda la población adulta en las grandes decisiones nacionales- es la cultura. Y el objetivo de lograr una elevación cultural tiene una prioridad impostergable.
El centro cultural de la Estación Mapocho es un proceso en marcha. ¿Bien o mal?
A mi juicio, bien. Se aprovechó un edificio que había quedado en desuso por los cambios acaecidos en Ferrocarriles, transformándolo en un recinto cultural en el que -según mi información- ya se ha invertido una suma importante. Y los fondos solicitados por el señor Alcalde de Santiago , incluidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, tienen por finalidad específica completar dicho proceso.
Además, tengo entendido que, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la comuna de Santiago, como también la de Providencia y otras, contribuye al Fondo Común Municipal con cantidades considerables. Por consiguiente este aporte no constituye un privilegio centralista.
A mi juicio, todo lo que sea enriquecer la cultura va a grabar en la conciencia de la gente, y, particularmente, de los cinco millones de habitantes de la Región Metropolitana, el hecho de que Santiago no es Chile. Y, por tanto, creo que la cultura siempre será un factor de descentralización, si acaso es verdadera cultura.
Por ese motivo, apoyaré esta asignación.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Valdés.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente , creo que el Honorable Senado está consciente de que las Regiones constituyen nuestra mayor preocupación. En lo que mí respecta, soy un ardiente partidario de repartir los recursos de la nación en una forma muy distinta de la que tradicionalmente han sido distribuidos.
En el plano cultural, sin duda alguna hay dos factores. En primer término, con todo mi apoyo al Gobierno y a la gestión que está realizando, siempre he considerado que son escasos los recursos públicos destinados a actividades de aquella índole, no obstante ser un elemento fundamental para el desarrollo, sin el cual éste no tiene ningún sentido humano, ni nacional, ni patriótico.
Estoy planteando aquí un problema que, a mi juicio, ha sido mal enfocado. Los fondos solicitados para la Corporación Cultural de la Estación Mapocho, organismo que desarrolla una acción admirable que debe ser imitada en las Regiones, no tienen como objetivo una labor de extensión propiamente tal (incluso más: en su momento me preocupó que esta glosa apareciera en el Ministerio de Educación y no en el de Obras Públicas), porque prácticamente todos ellos son para terminar las instalaciones físicas de un edificio de cien años o más, que estaba en condiciones ruinosas, fue destinado a Ferrocarriles, que después permaneció abandonado durante muchos años y que hoy se está transformando (se están robusteciendo sus fundaciones y muros; se le ha dado mayor extensión, y se ha procedido a cerrarlo) para que sea el único centro de exposiciones y cultura en la ciudad de Santiago, que ya tiene cinco millones de habitantes.
No me parece que lo anterior sea una exageración ni que atente contra las provincias. Por el contrario. Lo dijo ya el Honorable señor Zaldívar. Y hace pocos días tuve ocasión de visitar -porque me interesa mucho ese tipo de desarrollo- una exposición de muebles chilenos, los que ya reportan más de 25 millones de dólares por concepto de exportaciones. Nunca en la historia se había realizado una exhibición de muebles nacionales. Pues bien, la mayoría de los expositores -yo diría el 80 por ciento- eran de provincia, y particularmente de Concepción y de la región sur, donde los muebles de madera tienen especial significación. Y, así, todas las semanas hay actividades que de otra manera no se podrían efectuar y que permiten a los santiaguinos, que son los principales consumidores, ver lo que se produce en provincias. Porque nada sacamos con otorgar recursos a éstas si no tienen reflejo en Santiago.
Por lo tanto, ese enorme edificio, que está sirviendo para muchos objetivos de carácter social y donde no se paga por entrar, imita lo que sucede en muchas partes del mundo (más que el Louvre, citado por el Honorable Señor Zaldívar, el Museo Pompidou, que es uno de los grandes atractivos de Francia y el edificio más visitado del mundo).
Es natural que en el ámbito nacional exista un centro de exposiciones de todo tipo, sean industriales -como ha habido muchas- o simplemente de carácter cultural, como la muestra del libro, las actividades musicales y otras.
Por lo tanto, ruego al Honorable Senado considerar el asunto desde dicho punto de vista y no oponerse a la asignación pertinente, porque ello no significa nada para las provincias. En la situación en que nos encontramos, desaparecen los recursos y las provincias no van a obtener nada. Y creo que éstas ganan al disponer de ese centro de exposiciones, que está muy bien administrado por una Municipalidad que ha tomado conciencia de lo que representan las actividades sociales vinculadas con la cultura y la industria. Aceptar dicha asignación significa permitir restaurar, y no destruir -cosa que hacemos tanto en Chile-, un noble edificio de origen europeo -en su época, típico de Santiago- que requiere de reparaciones inmediatas para ser destinado, ya no a Ferrocarriles, sino a un fin público de la más alta importancia.
He dicho.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente , después de lo señalado por los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, poco hay que agregar.
Pero es necesario sostener un principio muy importante: Chile es un país unitario. En la Región Metropolitana vive más del 40 por ciento de los chilenos. Es la Región que contribuye con el mayor aporte al producto geográfico bruto. Y se está produciendo una situación muy particular: se mira a la Región Metropolitana de Santiago como algo que no es Chile o que no está integrado a él. Se la quiere convertir en una especie de paria: "La Región Metropolitana no, porque ha tenido demasiado".
Sin embargo, bastaría con ver las últimas publicaciones para apreciar que Santiago tiene la comuna con mayor extrema pobreza: Cerro Navia. En la Región Metropolitana se encuentran las peores condiciones de vida de Chile en salud, en educación, en delincuencia, en alcoholismo. Es increíble cómo se vive en las poblaciones periféricas de la Capital.
En este caso, se pretende crear un centro más de recreo que, como muy bien dijo el señor Presidente del Senado, no sólo beneficia a Santiago.
Aquí uno no puede dejarse guiar por el deseo de que todo lo que se da a la Región Metropolitana es malo, es innoble y debe ser eliminado, porque ello implica perder la concepción de lo que es la Capital.
Quiero recordar que no hace muchos años hubo gente que dijo que el Teatro Municipal debía ser costeado exclusivamente por la Municipalidad capitalina y que no había que otorgar fondos a la Corporación Cultural de Santiago.
Pues bien, ¿qué le ha dado el carácter cultural a Chile? La orquesta, el ballet y el coro del Teatro Municipal. Cuanto significa cultura, ¿no beneficia a todo el país? ¿Dónde existe en Chile otro lugar al que la gente pueda concurrir desde cualquier parte para disfrutar de esas expresiones culturales? La Corporación Cultural de Santiago, con su labor de difusión, ha permitido cambiar la mentalidad a 40 por ciento de los niños chilenos que viven en Santiago.
Entonces, ¿debemos decir: "¡No a los recursos!"?
Aquí se ha sostenido algo muy claro: la asignación planteada tiene por objeto terminar una obra que está a medio camino. Y uno debe preguntarse: ¿vamos a quedar más felices si decimos a las Regiones que las estamos defendiendo cuando dejamos que se destruya y se pierda un monumento nacional, cuando impedimos que exista un centro al cual pueden venir personas de todo Chile?
¿Cuántos habitantes llegan a diario a la Capital y van a todos estos lugares? ¿Acaso son para los santiaguinos? No: para todos los chilenos, porque Santiago está en el centro del país.
Por lo tanto, hay que mirar esto con criterio de unidad nacional. No podemos seguir pensando que los chilenos somos distintos porque vivimos en la Región Metropolitana o en otras Regiones. En nuestra opinión, a todos hay que tratarlos de la misma manera y procurar el desarrollo regional, pero no a costa de impedir el progreso de la Capital.
Los fondos en cuestión son imprescindibles, porque la obra está a medio camino.
¿Queremos que se destruya ese edificio? ¿Deseamos que no exista dicho centro de exposiciones? ¿Queremos que nadie de regiones y provincias pueda exponer en Santiago? ¿Se pretende eso? Pareciera que no, sino el mal entendido deseo de que todos los recursos vayan fundamentalmente a las Regiones. Pero -como muy bien se ha señalado aquí-, si eliminamos la partida, los fondos no irán a aquéllas. Simplemente, paralizaremos la restauración de ese centro, impediremos una nueva obra de recreación y vamos a afectar directamente a 40 por ciento de los habitantes de Chile. Hay que tener presente esto.
Esas son las razones que me mueven, como Senador de la Región Metropolitana , a apelar ante los Honorables colegas que muy bien representan al resto de las Regiones para que no dividamos Chile y sigamos siendo un solo país. Aquí el problema radica en que una Región necesita fondos para una obra que va en beneficio de todos los chilenos.
He dicho.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Por qué no votamos, señor Presidente?
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ.-
Estoy de acuerdo en que votemos, señor Presidente. Pero quiero emitir un par de conceptos. Porque uno puede decir muchas cosas hablando poco, ejercicio que cada vez practicamos menos en el Senado. Siquiera intentemos hacerlo.
Se ha dicho que los países que no tienen tradición carecen de alma. Y eso es terrible, porque las cosas que no tienen alma son inertes.
Oponerse a la partida en comento con argumentos como los que aquí se han dado es -por decir lo menos- pueblerino (ni siquiera provinciano, porque tengo mucho respeto por las provincias). Con ese criterio no se habría podido construir las pirámides en Egipto, la Acrópolis y el museo Pompidou, ni Teotihuacán existiría en México. Creo que eso es parte del alma, no sólo de los países respectivos, sino también del mundo.
No soy Senador por la Región Metropolitana. A mucha honra, represento a la Quinta Región, Cordillera. Porque defender lo que uno tiene es perder un poco el sentido de nación que debemos...
El señor CANTUARIAS.-
¿Dónde vive Su Señoría?
El señor GONZÁLEZ.-
Tengo domicilio en mi Región. Me referiré a ello cuando tratemos el tema. Y no soy partidario de mantener la disposición que nos permite sólo a los Senadores que actualmente ejercemos estos cargos presentarnos por nuestras Regiones.
El señor CANTUARIAS.-
Pero vive en Santiago.
El señor ZALDÍVAR.-
Que Sus Señorías se centren en el debate, señor Presidente.
El señor GONZÁLEZ.-
De tal manera que debemos velar un poco por el alma de nuestra patria. Y me parece -y en eso coincido plenamente con los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- que las regiones nada ganan con que hagamos desaparecer la estación Mapocho, que es una de las pocas cosas representativas del alma de este país que van quedando.
Por eso, voy a aprobar la asignación propuesta. Y, al mismo tiempo, pido a los Honorables colegas que propiciaron la indicación (a lo mejor con muy buen espíritu) que reflexionen sobre las palabras que recién expresó el señor Presidente del Senado: la Estación Mapocho es cada vez más la casa de las regiones y de las provincias; es el hogar donde unas y otras pueden mostrar lo que hacen en este país. Y no debemos ser tan egoístas como para impedirles presentarse en la Región Metropolitana.
He dicho.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero -con el debido respeto al Honorable señor González - rechazar el argumento de "pueblerino". Porque quienes representamos a regiones representamos a la vez a muchos pequeños poblados conformados por personas muy esforzadas.
Su Señoría debe recordar que es iquiqueño y que Iquique es muy importante.
El señor GONZÁLEZ.-
¿Me concede una interrupción, Su Señoría?
El señor ORTIZ.-
Con todo gusto, si la Mesa lo permite.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor GONZÁLEZ.-
Usé la expresión "pueblerino" con una connotación intelectual. Siento un profundo respeto por los pueblos.
El señor ORTIZ.-
¡Hecha la aclaración del caso por Su Señoría, no necesito argumentar más...!
Señor Presidente , votaré favorablemente la asignación que se propone para la Corporación Cultural de la Estación Mapocho. Mil 800 millones de pesos siempre serán dineros muy útiles y necesarios para -como señaló el señor Presidente del Senado - recordar grandes monumentos de Francia o de otras naciones. Pero el mundo también exige que los países tengan un crecimiento ordenado.
Debo hacer presente que muchas veces en las Regiones faltan recursos irrelevantes para arreglar modestas escuelas o hacer obras de adelanto local: no alcanzan al 10 por ciento de la suma mencionada; a veces, llegan al uno por ciento.
Por tanto, con el debido respeto, solicito al señor Ministro de Hacienda subrogante considerar la posibilidad de incorporar algunos ítem para la Región que representamos con el Honorable señor Vodanovic , que es la menos densamente poblada de Chile, que está todavía en pleno período de colonización y donde hay tanto por hacer. Y cuando en nuestro país se habla a diario y en forma permanente del exceso de población en Santiago, de que la calidad de vida ha disminuido, de que el grado de contaminación es de tal magnitud que requiere urgentes medidas, pido al señor Ministro consultar las partidas indispensables para efectuar las inversiones del caso, de suerte que exista un aliciente para que la gente vaya a vivir a esa zona.
Ahora, en el resto de las regiones del país no se tiene envidia ni nada en contra de Santiago. Por el contrario, queremos que la Capital se presente cada día en mejor forma, que haya una atracción de tipo turístico, etcétera. Pero reiteramos -como lo manifestó el Honorable señor Otero - que éste es un solo país, y todos deseamos que progrese. Sin embargo -lo hemos señalado permanentemente-, aspiramos a un crecimiento ordenado y, por ende, a que no deje de considerarse a nuestras Regiones en el Presupuesto de la Nación.
He dicho.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
La había solicitado con anterioridad el Honorable señor Diez.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , me alegro de este debate, originado en la indicación formulada por los Honorables señores Cantuarias y Siebert. Y, más allá del fondo de la materia discutida, me alegra que el Gobierno vea sometidas a críticas sus inversiones en Santiago y que los Senadores de la Capital se den cuenta de que deben empezar a preocuparse por defender las inversiones en su zona y, también, que Santiago comience a ser tratado como una Región más. Esto ya es un cambio en la práctica habitual en el estudio del Presupuesto.
En consecuencia, el Ejecutivo tiene que estar notificado de que Santiago será analizado como una Región más y de que deberá defenderse la inversión del Estado. Porque hasta ahora la autoridad central y Santiago aparecían absolutamente identificados en la política financiera y de inversión. Desde que modificamos la Constitución Política, creando los gobiernos regionales, con las finalidades que señala la ley pertinente, con autonomía, los Parlamentarios de las Regiones estamos muy atentos a la inversión de los fondos generales del Estado y, asimismo, con especial cuidado, a evitar que el Presupuesto Nacional contribuya desmesuradamente a que el país se siga centralizando en la Región Metropolitana.
Pero, en verdad, esta inversión en Santiago es justificada, por las razones expuestas en la Sala y que no repetiré. Sólo deseo dejar constancia de que mi voto favorable corresponde a la sensación de agrado por esta nueva forma en que el país empieza a discutir sus problemas.
He dicho.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente , protesto enérgicamente por el término "pueblerino" -pertenezco al pueblo más chico de la zona del Cachapoal: Coínco; y deben saber sus Señorías, cuando se vitalizan con "Cachantún", de dónde viene esta agua mineral-, porque, junto con la palabra "provinciano", se está usando muy frecuentemente.
Grandes personajes de la política chilena, cuando quieren señalar que algo es mezquino, pacato, chato, de poca inteligencia o visión, lo califican de "provinciano" o de "pueblerino".
El Senador señor González , en vez de arreglar la cosa, la echó a perder, porque dijo haber usado el término "pueblerino" con connotación intelectual.
El señor GONZÁLEZ.-
Era un giro literario, Honorable colega.
El señor DÍAZ.-
Los giros literarios, como las palabras, tienen algún sentido, señor Senador.
Señor Presidente , protesto también porque, incluso, en un diario de Santiago se utilizó repetidamente el término "provinciano" para calificar un acto urdido en la Capital y con protagonistas, tramoyistas, trama y escenario en la Región Metropolitana (Sus Señorías saben a qué me refiero). Parlamentarios santiaguinos, televisión santiaguina, espionaje santiaguino, y después ese diario señala: "Esto es típico de una sórdida historia provinciana".
Entonces, me parece que tengo derecho a protestar cuando quienes promovieron tales acontecimientos, sus autores intelectuales, etcétera, se hallan radicados en la Capital. Y lo hago con apasionamiento porque ello me molesta profundamente. "A quien le venga el sayo, que se lo ponga". Y en este caso se lo debe poner Santiago.
Ahora, cuando se habla de monumentos nacionales, es como si en la Capital estuviera el patrimonio de la cultura y todo lo que vale en este país.
Al respecto, debo recordar una intervención que tuve hace dos años en esta Sala, durante la cual señalé la existencia en Regiones de decenas de monumentos nacionales muy deteriorados y que no son objeto de un solo centavo para su restauración. Específicamente, hice mención de la iglesia de San Fernando, joya arquitectónica que desde el terremoto del 85 se encuentra en malas condiciones. Y no ha habido un cinco para arreglarla, a pesar de la buena voluntad manifestada por el Presidente de la República , quien me indicó que se iba a realizar un aporte para tal efecto. Lo digo aquí, claramente y con mucha responsabilidad.
Protesto, además, porque los términos "pueblerino" y "provinciano" se usan con sentido peyorativo, en circunstancias de que la flor de la inteligencia poética y del quehacer literario chilenos nació en provincias y pueblos. ¿Dónde nacieron, dónde vivieron y dónde se amamantaron, recibiendo las luces de la inteligencia, Gabriela Mistral y Pablo Neruda? ¿En los soles rurales y bajo los vientos campesinos?
Por otra parte, ¿quiénes son los grandes héroes de Chile? Arturo Prat , ¿dónde nació? Imagino que todos los señores Senadores saben dónde se crió ese insigne hombre y, también, dónde se amamantó su heroísmo. ¿Y Bernardo O'Higgins? Sigamos con Claudio Arrau. ¡Y nombrémoslos a todos!
Entonces, ¿por qué hablar de "pueblerinos" o de "provincianos"?
Señor Presidente, reclamo enérgicamente por ello.
Ahora, si voto contra la indicación, lo hago con la condición -y lo digo claramente aquí- de que en los próximos presupuestos no se asignen recursos de tal índole sólo para Santiago. Porque se ha dicho que 65 por ciento va a la Capital y sólo 35 por ciento a las demás Regiones. En consecuencia -repito-, si voto a favor, es porque entiendo que hay un proceso en marcha y que debe terminar. Eso lo tengo claro.
Pero, por favor, terminemos con la preponderancia de Santiago. Porque el Senador señor Otero ha dicho que la más mala calidad de vida, la peor educación, el aire más irrespirable, el smog, etcétera, está en la Capital. ¡Por supuesto que es así! Y el problema tiene una sola solución: achicar Santiago -no agrandarlo-, mandando a las industrias y empresas a provincias. Lo hemos dicho en más de una oportunidad, y hoy vuelvo a insistir en ello.
Señor Presidente , estoy constatando un hecho que me angustia y alarma. Vean Sus Señorías el último censo: despoblándose los sectores rurales de Chile -¡despoblándose!-; pueblos reducidos a la mitad. Sin embargo, observen cómo ha aumentado la población en Santiago. ¡Por supuesto! Si cada vez tiene más atractivo, más estímulo: el Monumental, San Carlos de Apoquindo. En el fútbol, en la diversión, en todo está la Capital. Y la gente tiene que emigrar a la Región Metropolitana, porque allí se encuentra todo.
Es un círculo vicioso -como diría don Gabriel González Videla - que nunca va a terminar si no le ponemos coto de alguna manera.
Por consiguiente, voy a votar contra la indicación, pero con una condición. Y señalo claramente...
El señor GONZÁLEZ.-
¿Me permite una pequeña interrupción, señor Senador?
El señor DÍAZ.-
Con la venia de la Mesa, con todo agrado. ¡Pero no diga de nuevo "pueblerino" ni "provinciano", porque, entonces, ahí me agarro más firme...!
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente , se puede tener una visión pueblerina, provinciana, de país o planetaria. Pero eso no significa que alguno de estos términos sea peyorativo.
El señor DÍAZ.-
Son peyorativos, señor Senador.
El señor GONZÁLEZ.-
No lo son. Si Su Señoría los entiende de esa manera, por supuesto que lo serán. Pero sólo denotan un ámbito de acción; nada más. Y no tienen la connotación despectiva que se les ha atribuido. Y, por cierto, ello no significa que estemos en contra de las provincias o de los pueblos.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente , si este asunto lo llevamos a las alturas intelectuales, mundiales e históricas, debo señalar que el más grande hombre que ha existido en la humanidad, para nosotros, el hijo de Dios, nació en Nazaret, de Belén, pueblo chico. O sea, ¡"pueblerino" también...!
En consecuencia, no acepto dichos términos.
Señor Presidente , en definitiva, dejo clara constancia de que mi voto será favorable a la asignación, pero sobre la base del compromiso formal de quienes elaboran el presupuesto del país en el sentido de que el tratamiento económico para las Regiones sea distinto a partir del próximo análisis que hagamos sobre esta materia. Porque, indiscutiblemente, el de ahora ya está decidido.
He dicho.
El señor NAVARRETE.-
¿Me permite, señor Presidente? Sólo para hacer una precisión con respecto a las palabras del Senador señor Díaz.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente , tengo entendido que Nazaret es la provincia, y Belén , el pueblo donde nació Cristo.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente , voy a apoyar la asignación que se solicita para la Corporación Cultural de la Estación Mapocho, gran centro cultural de Santiago.
Sin embargo, quiero manifestar lo siguiente.
Nuestra Región, la de Tarapacá, por espacio de muchos años sostuvo el erario, especialmente en la época del salitre.
Ahora, hemos solicitado a las autoridades financiamiento, por ejemplo, para impedir la destrucción del histórico muelle de Iquique -por allí desembarcaron a la mayoría de los héroes del Combate Naval de Iquique, entre ellos, al Capitán Arturo Prat -, que se encuentra en precarias condiciones y próximo a desaparecer. Pero no se nos han otorgado recursos para tal efecto.
En la ciudad de Arica existe una serie de lugares históricos e iglesias que datan desde el descubrimiento de Chile y que están en malas condiciones. Empero, no han llegado recursos, a pesar de haberse solicitado.
En el puerto de Pisagua sucede lo mismo; con la histórica iglesia de Pica, también. Incluso, en repetidas ocasiones hemos solicitado para el Centro Cultural de Iquique el traspaso de un terreno, lo que depende del Ministerio de Bienes Nacionales, y en cuatro oportunidades nuestro planteamiento ha sido rechazado. Asimismo, hemos pedido recursos para la erección del monumento al salitre -el que ya iniciamos-, y no contamos con ellos, a pesar -reitero- de lo mucho que esta Región ha aportado al país.
Por consiguiente, voy a aprobar la asignación. Pero también quiero aprovechar la presencia del señor Ministro de Hacienda subrogante para hacerle presente que es necesario solucionar esos problemas que afectan a la Primera Región.
He dicho.
El señor PAPI.-
Señor Presidente , podríamos proceder a la votación.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Los últimos inscritos para intervenir son los Senadores señora Soto y señor Vodanovic.
Tiene la palabra la -Honorable señora Soto.
La señora SOTO.-
Señor Presidente , protesté con mucha vehemencia con relación a la cultura, particularmente de los cerros porteños, pensando que mucha gente joven que carece de bienes suficientes y de apoyo no tiene ningún acceso al Centro Cultural de que se trata. Pero ahora me doy cuenta de que aquí ha habido un error, pues el respaldo no es para la cultura, sino para reconstruir la estación Mapocho. Y creo que es muy difícil oponerse a ello.
No obstante, deseo hacer presente que en la Quinta Región estamos solicitando recursos mucho menores para cuestiones absolutamente esenciales. Por ejemplo, el camino La Pólvora requiere para ser pavimentado -y ojalá lo escuche el señor Ministro de Hacienda subrogante- de una cantidad bastante inferior a la que ahora se solicita. Si la obra pertinente se hubiera materializado, a lo mejor habríamos impedido el accidente del Senador señor Ríos, porque por esa vía circularían los camiones que se dirigen al puerto.
Señor Presidente , voy a aprovechar esta tribuna para solicitar al señor Ministro que también tome nota de lo siguiente. En el cerro Esperanza, donde estuve ayer, hay una población que no tiene alcantarillado, lo cual provoca que los niños sean mordidos por los roedores.
Entonces, con cantidades muy inferiores se puede solucionar problemas de las provincias.
No se trata de que estemos contra Santiago. Simplemente, pedimos equidad.
Doy esta explicación para la gente que represento, porque voy a apoyar la asignación, pero sobre la base de que se permita realizar las obras que requiere la Quinta Región.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente , ha sido muy ilustrativo este debate. Nos ha permitido adentrarnos en conceptos muy interesantes, como los de provincia y provincianismo. No sé si algún Senador discurrirá sobre la parroquia y el parroquialismo, que también están vinculados.
He aprendido, además, que se ha generado una nueva clasificación en el Senado: los Senadores de Regiones. Yo entendía que éramos Senadores de la República. Desde luego, todos somos elegidos -como se sabe- por el electorado de una Región o de las circunscripciones en que ésta se divide. La única clasificación que podría hacerse es entre aquellos productos de la votación popular y los nominados por sus innegables méritos por otras instancias, que son de carácter institucional,...
La señora FELIÚ.-
¡O designados...!
El señor VODANOVIC.-
...o designados, según la nomenclatura a que uno apele.
El problema es muy concreto: se trata de aprobar o rechazar un ítem determinado para un fin de interés general y, sobre todo, nacional. Porque casi todos los señores Senadores han expresado una opinión favorable a la inversión que se trata de autorizar. Y creo que no es la oportunidad más propicia para hacer profesión de fe de nuestro interés y compromiso por las Regiones, pues ello se demuestra y prueba a través de otras acciones, especialmente en la discusión de los proyectos de ley o de las iniciativas que singularmente tienen que ver con cada una de ellas.
A estas alturas de la vida, no sé si tengo la fortuna o la desgracia de haber nacido en Santiago. Me interesa, al igual que -creo- todos los habitantes de la República, el destino de su Capital. Pienso que, más que hacer un esfuerzo de denigración de ella, debiéramos estar todos comprometidos en la idea muy laudable de reivindicarla, de rescatarla e integrarla al conjunto de la Nación, como un aporte singular que merece por su historia y por su significación.
Por ello, votaré afirmativamente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente , seré muy breve.
He presentado la indicación en análisis porque estamos ante una realidad indesmentible: para apoyar la actividad cultural se dispone de un presupuesto -por lo menos directamente- de alrededor de 3 mil millones de pesos, constituido por el aporte contemplado para la Corporación Cultural de la Estación Mapocho, más un mil 700 millones y fracción con que se financia la División de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, y que se reparte con la distribución que señalé. En consecuencia, lo que estamos aprobando es que 15 por ciento de esos recursos, de lo que esa Secretaría de Estado destina a fines culturales -es decir, 600 y tantos millones-, se distribuyan en las Regiones, y el restante 85 por ciento, por una ocasión extraordinaria, va a una obra muy importante para el fomento de la cultura y que se halla en Santiago, por el impacto que ella tiene y por una serie de razones.
Pero he escuchado los argumentos más curiosos. En definitiva, no se trata de estar en contra de un proyecto de edificación o de recuperación o rehabilitación de un edificio. Lejos estaría yo de oponerme a él. Y si pretendiéramos incorporar una glosa respecto de la forma de repartir los recursos de la División de Extensión Cultural para, por ejemplo, contemplar una racional distribución de fondos entre las manifestaciones culturales, como las mencionadas, a lo largo de todo Chile, naturalmente que una indicación en tal sentido recibiría la sanción correspondiente, por la imposibilidad en que nos coloca el artículo 62 de la Carta Fundamental ya aludido a propósito de la indicación anterior.
En ese sentido, la forma que tenemos de hacer presente que hay centralismo en la asignación de los recursos destinados a la promoción cultural es la que en su oportunidad tuvo la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto al considerar los fondos de ese Ministerio y optar por el rechazo. Ello no significa destruir una obra -no veo cómo el no asignar fondos la destruye-, sino hacer evidente un propósito distinto en materia de distribución de los recursos públicos.
Son muy diferentes la necesidad, la urgencia y la importancia de la inversión en el edificio de la estación Mapocho que el hecho de gastar en ella los dineros de todos. Los contenidos en esta partida no son los únicos fondos públicos que se asignan a ese proyecto. El Ministerio de Educación nos informó que ya ha invertido en la recuperación de dos pisos de un edificio aledaño, y que en 1993 se dispone a hacerlo en otros dos también contiguos.
Por lo tanto, no estamos hablando de un ítem único, por ese monto y por una sola vez, sino de un programa de inversión que, por supuesto, excede largamente los 1.900 millones de pesos.
Pero se han dado argumentos adicionales en el sentido de que es necesario invertir esos dineros, porque las condiciones de vida en Santiago son las peores. Y se nos ha recordado que en salud, en educación, en tasas de alcoholismo, etcétera, la Capital tendría las peores condiciones de Chile, argumento que no acepto y que, desde luego, si se analiza con objetividad y seriedad en el Senado, nadie compartiría. Puede que haya algunos lugares o rincones de la ciudad que acusen determinados indicadores; pero no sería propio, porque todos estos porcentajes estadísticos muestran lo contrario respecto de las mayores oportunidades en educación, en salud, en la obtención de subsidios habitacionales, en construcción de viviendas, en obras públicas, que tendrían los habitantes de Santiago, a pesar de los problemas señalados.
Sin embargo, lo que me resulta curioso, señor Presidente , es que estamos llegando a un punto dentro de ciertas líneas arguméntales en el que sólo resta agradecer que los habitantes de provincias tengan sólo que venir a la Capital para acceder a ciertas expresiones culturales, en lugar de ir al extranjero, como se ha manifestado.
También se nos ha dicho que Santiago está en el centro del país y que, por tal motivo, hay que invertir, lo que al parecer no constituye centralismo. Si el argumento es ése, creo que geográficamente no corresponde, pues conozco varios hitos a lo largo de Chile que, sacando las cuentas de distinta manera, indican que el centro estaría en esos lugares. Hay uno en la Duodécima Región, que conozco; hay otro en Coronel, que seguramente el Senador señor Arturo Frei debe de haber visto, que marca el centro de Chile continental, etcétera.
Hay puntos del país que marcan el centro, pero los que,...
El señor RUIZ (don José ).-
¡Es Punta Arenas!
El señor CANTUARIAS.-
Incorporando a la Antártica, sería Punta Arenas, sin ninguna duda.
Pero decir que es necesario invertir en Santiago y en estas cosas por estar en el centro no me merece más comentarios que calificarlo de centralismo.
El señor GONZÁLEZ.-
¿Y la destrucción de la estación Mapocho?
El señor CANTUARIAS.-
No se quiere su destrucción. De lo que se trata es de emitir una señal y mostrar la necesidad de que los fondos de que dispone el Estado, que son de todos los chilenos, se distribuyan de manera más ecuánime.
Me hago cargo, por último -porque las buenas palabras y el respaldo a la iniciativa o a las ideas que permitan esta distribución no pasan más allá de ser una intención, que esperamos que sea recogida respecto de otras proposiciones de este tipo-, de los calificativos "provinciano" o "pueblerino", a los que, por lo señalado, tenemos que hacerlos equivaler a una característica planetaria. A este respecto, quiero decir al Honorable Senado que, habiendo tenido el derecho a integrar esta Sala en representación de una Región, me siento Senador de la República y orgulloso representante de una zona, de una provincia y de una ciudad tan importante como todas las demás de nuestro país.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Cerrado el debate.
Deseo saber si aparte el señor Senador que ha patrocinado la indicación...
El señor CANTUARIAS.-
Somos tres, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Rectifico: pregunto si además de los patrocinantes de la indicación hay otros señores Senadores que la apoyan.
El señor PAPI.-
Votemos, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
La señora SOTO.-
Rechazo la indicación, por lo dicho anteriormente.
El señor GAZMURI.-
Voto que no y apruebo la culminación de esta obra de gran valor cultural y social para la ciudad capital del país.
El señor HORMAZÁBAL.-
Debido a que el Comité Renovación Nacional me levantó el pareo que había pactado con el Honorable señor Piñera , voto en contra de la indicación, es decir, por mantener el ítem.
La señora FELIÚ.-
Voto a favor de la indicación, por considerar que procura focalizar los recursos del Estado en beneficio de los sectores más pobres.
El señor JARPA.-
Señor Presidente , por ser intelectualmente pueblerino y provinciano, deseo recordar que, en la época en que tuvimos la posibilidad de ser un país de vanguardia cultural en esta zona del mundo, nuestros mayores valores surgieron de los pueblos y de las provincias, sin pasar por la estación Mapocho.
El señor PAPI.-
¡No, pasaban...!
El señor JARPA.-
...y, a veces, sin siquiera tomar el tren...
El señor DÍAZ.-
¡Iban a la estación Alameda...!
El señor JARPA.-
...en la estación Alameda.
Quiero señalar que, en Villa Alegre, nació el abate Molina y, también, don Francisco Antonio Encina. Y podría mencionar, asimismo, a una pléyade de intelectuales, artistas y educadores chilenos que se formaron en provincias y cuya chilenidad, arraigo a la tierra, al paisaje y a la historia de Chile nace, precisamente, del hecho de haber sido provincianos. Su estilo propio, no copiado de la intelectualidad francesa o de otras naciones, constituye un aporte distinto y significativo de lo que puede hacer la cultura chilena cuando tiene raíces propias, profundizadas en su propia tierra.
Por lo tanto, votaré en contra de ese aporte de fondos para la estación Mapocho y apruebo la indicación formulada, por considerar que en el Presupuesto que analizamos Santiago se lleva una participación mayor que la que le corresponde.
He dicho.
El señor THAYER.-
Señor Presidente , voy a rechazar la indicación porque -como ya expresé y quiero reiterar- dificulto que exista una tarea nacional más urgente que la de estimular la descentralización demográfica del país. La concentración de población en Santiago está provocando una congestión que, según estudios serios, cuesta al país -¡la congestión solamente!- sobre mil millones de dólares al año.
Por consiguiente, es absolutamente indispensable que los capitalinos sepan que Santiago no es Chile, dispongan de medios que les informen lo que es la belleza y la conveniencia de habitar las provincias, las regiones y los pueblos, y abandonen este exceso que se concentra en la metrópoli.
Por eso, tratándose de una labor cultural destinada a mostrar lo que es Chile y no a atraer gente a Santiago, 'la indicación me parece inadecuada; o sea, apoyo la norma presupuestaria en los términos propuestos.
He dicho.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, yo vivo en un pueblito que se llama Las Condes...
El señor DÍAZ.-
¡En una mejora!
El señor ALESSANDRI.-
... tengo un sauce y cerca corre un estero como dice la canción.
Pertenezco, por lo tanto, a la ciudad de Santiago, donde nací. Y considero que el desarrollo cultural que tiene lugar en ella se extiende también al resto del país. Es así como la Corporación Cultural del Teatro Municipal envía constantemente la orquesta, el ballet y -espero-, en un futuro próximo, la ópera, por lo menos a la Segunda Región y a otras.
Estoy de acuerdo con lo expresado por el señor Presidente del Senado sobre la necesidad de fomentar la cultura, en cualquiera de sus formas, en el país. Sin embargo, es igualmente cierto que no se han distribuido proporcionalmente en las Regiones los fondos destinados a actividades -culturales. Desde hace mucho tiempo, he estado tratando de conseguir recursos para dotar a la
Orquesta Sinfónica de Antofagasta de los instrumentos adecuados, ya que los actuales son altamente insuficientes. También he tomado contacto con la Universidad de Chile para obtener la presentación de su Orquesta Sinfónica, compuesta por cien músicos y que tiene mayor disponibilidad de tiempo que la del Teatro Municipal, a la Segunda Región. Pero todos estos esfuerzos han tropezado con la falta de recursos.
Por lo tanto, cuando se propone destinar -justificadamente, a mi juicio- un mil 800 millones de pesos para mejorar y conservar la Estación Mapocho, considero que hay una desproporción en cuanto al apoyo que en esta materia se brinda a las Regiones.
En San Pedro de Atacama hay numerosas ruinas pucarás, que se están destruyendo por falta de una labor de conservación. Es evidente una falta de interés por conservar el patrimonio cultural de esa Región y de Chile.
Por eso, a pesar de que estoy de acuerdo con todos los argumentos que se invocan en favor de la mencionada asignación presupuestaria, me abstendré en esta votación. No quiero pronunciarme en contra porque tal vez sería una actitud muy drástica. Es difícil oponerse a la mantención de un edificio antiguo y típico, que también constituye un patrimonio cultural, como la Estación Mapocho. Sin embargo, creo necesario dar una señal a las autoridades presentes, al señor Ministro de Hacienda subrogante, en el sentido de que deben igualmente efectuarse las obras que están requiriendo las Regiones.
Hay que pensar además, señor Presidente , que en este momento Antofagasta todavía enfrenta el peligro de inundaciones. Se ha avanzado una tercera parte en el trabajo de las vías aluvionales: se han hecho los embudos que encauzarán las aguas, pero falta aún una inversión considerable para terminar aquella obra, que es de absoluta necesidad para precaver la posibilidad de una catástrofe.
En tales circunstancias, no puedo, verdaderamente, apoyar esta inversión en Santiago.
Me abstengo, señor Presidente.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente , esta indicación, que se ha discutido largamente, nos ha permitido observar el cuidado con que cada Honorable colega examina los gastos proyectados por el Gobierno y, al mismo tiempo, conocer la expresión de sus naturales aspiraciones respecto del financiamiento de obras e iniciativas que deberían realizarse en sus respectivas regiones, provincias o pueblos. Uno podría hacer maravillosos discursos acerca de las necesidades que hay que cubrir, de los caminos que deben pavimentarse, de las poblaciones que se necesita construir; de las postas, de los hospitales, de las escuelas y de tantas otras necesidades.
Sin embargo, lo más importante acerca de esta indicación no se ha dicho. Esperé que los señores Senadores que representan a las Regiones del norte se refirieran, por ejemplo, a lo lamentable del hecho de que la Estación Mapocho deje de ser una estación de ferrocarril. Desde ahí salían hacia el norte los trenes que eran expresión de progreso, de desarrollo; que resolvían problemas de comunicación y de transporte. Hoy ese lugar está destinado a otro fin.
Podríamos también referirnos a una serie de otras expresiones culturales que en nuestro país han desaparecido y que probablemente requerirían de aportes públicos para recuperar la dimensión, la fuerza y el contenido que tuvieron. Los Senadores de esta bancada podríamos reclamar que se destinasen fondos para reorganizar, reactivar y dar vida a los Clubes Radicales, tan importantes en otra época. Sin embargo, la seriedad del debate hace que nuestra atención se oriente hacia la forma en que el Ejecutivo propone el proyecto y que el señor Senador Presidente de la Comisión Especial de Presupuestos ha presentado al comienzo del debate.
Voy a votar en favor de mantener el ítem y por tanto en contra de la indicación, porque creo que el Presupuesto se ha hecho con una visión global de las inversiones necesarias para el país. Representa una concepción seria, profunda y acabada de distintas temáticas, entre las cuales la cultural tiene un tratamiento variado. En este punto específico, se refiere a una Corporación que ciertamente, para que pueda funcionar con la amplitud y tenga capacidad para extender todo lo que representa, requiere estos casi 5 millones de dólares, que -espero- contribuyan a potenciar el desarrollo de la cultura en el país.
Rechazaré la indicación, no para favorecer a la Región Metropolitana, o a Santiago, sino porque la asignación de fondos en debate es parte de una política cultural de carácter nacional.
Voto que no.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente , me alegro profundamente de haber participado en esta discusión, en la que se ha hablado del alma, del espíritu de los pueblos, de las ciudades, y nos hemos alejado un poco de la aridez de los meros textos jurídicos. Es bueno hablar también del alma.
Alberto Blest Gana , cuando escribe "Los Transplantados" (que Sus Señorías habrán leído, desde luego; son hombres cultos, no me cabe la menor duda), habla mucho de la mentalidad pueblerina de los más conspicuos representantes de la sociedad chilena de la época. Mentalidad pueblerina habría sido oponerse, por ejemplo, a la pintura de los murales de la estación de ferrocarril de Concepción, o a la construcción del atrio de la Universidad de Concepción. Don Pedro Aguirre Cerda demostró no tener una mentalidad pueblerina, a pesar de haber nacido en el pueblito de Pocuro, cuando en 1940 destinó una gran suma a construir un teatro en la ciudad de Chillan, el que, después de 50 años, y con mentalidad pueblerina, nadie ha sido capaz de terminar.
Las palabras "pueblo" y "pueblerino" no tienen connotación peyorativa. Voy a defender esta tesis.
Es demagogia pretender dar sentido peyorativo a esos vocablos. Todos los Senadores elegidos, sin excepción, representamos Regiones, incluso los de la Región Metropolitana. Ningún señor Senador representa aquí a la bóveda celestial. Los Honorables colegas institucionales tienen un status distinto. La palabra pueblerino (el Senador señor Pérez ha tenido la deferencia de traerme el Diccionario de la Lengua Española ) significa "Perteneciente o relativo a un pueblo pequeño o aldea.". Y no tiene más connotación que ésa.
Señalaré, además, algo en relación con otro argumento que aquí se ha dado. La Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto de ley que rebaja los dividendos a los deudores hipotecarios. En esta sola iniciativa (¡una sola!) el Gobierno, recogiendo una herencia de otros anteriores -para no especificar-, gasta 31 mil 919 millones de pesos, es decir 3 millones 546 mil 570 UF. Eso es realizar justicia social y hacer redistribución. Ese proyecto, que tiene por objeto hacer justicia social, está demostrando que la inversión que se pretende hacer para preservar parte del alma nacional no es de manera alguna excesiva.
Insisto en mis argumentos.
Como Senadores, es nuestra obligación tener una visión de país, nacional, sin perjuicio de mirar por nuestras Regiones, las que nos han honrado entregándonos su representación en el Parlamento.
Por estar pareado con el Senador señor Romero, quien, con una mentalidad planetaria se encuentra en Japón, no puedo votar.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente , rechazo esta indicación porque considero que no puede quedar inconclusa una obra tan importante como es la proyectada para la Estación Mapocho, que tiene una gran significación cultural no solamente para la Región Metropolitana, sino para todo Chile.
Voto que no.
El señor PALZA.-
Señor Presidente , pienso que ésta no es la oportunidad para señalar todas las inquietudes y necesidades de nuestras Regiones, porque no se trata de un proyecto misceláneo. Sin embargo, hay que dejar algunas señales en el debate con el objeto de que también se conozca el criterio, la visión, de quienes no representamos a la Región Metropolitana.
Si comparamos los 1.800 millones de pesos para la Corporación Cultural de la Estación Mapocho con los 1.150 millones de pesos destinados al fomento cultural en Regiones -es decir, sólo el 40 por ciento del total-, se comprueba que la mayoría de los recursos se los lleva la Capital y una proporción notoriamente menor va a las Regiones. Cuando el año pasado propugnamos que a lo menos el 40 por ciento de los recursos que van al Fondo de Desarrollo Cultural se distribuyera a lo largo del país, lo hicimos con el objeto de dar a las autoridades una señal muy clara de la conveniencia de manejar tales recursos a través de las Secretarías Regionales, como acá se menciona. Sin embargo, cuando se llevan a cabo los concursos correspondientes, no siempre se ha tenido en cuenta la opinión de las Regiones, según hemos sido informados en la Comisión de Educación del Senado.
Convendría tener en cuenta que durante este año se han destinado tan sólo 400 millones de pesos para solventar los concursos en Regiones. Pero, como digo, no siempre se toman en cuenta los criterios de los jurados regionales, porque todo, en definitiva, lo dirime un jurado nacional que determina qué proyectos se favorecen y cuáles no.
Aprovecho la oportunidad para anunciar que estamos estudiando un proyecto de ley tendiente a crear un Fondo de Desarrollo Cultural de las Regiones, para que no se interprete en otro sentido lo que el Senado y el Congreso Nacional quieren manifestar al Gobierno sobre la distribución de los recursos.
Como en este momento no podemos imponer nuestro parecer en cuanto a llevar más fondos a las Regiones, y sin intención de entrar en polémica sobre qué es pueblo, provincia o región (todos sabemos qué es lo que representa cada cual), solamente quiero ser consecuente con lo que siempre he sostenido como candidato y como Senador: pertenezco a una Región, nací en ella, y, por lo tanto, hoy no puedo indirectamente castigarla contribuyendo a dar tantos recursos a la Capital.
Voto que sí.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente , no quiero insistir en los argumentos dados a conocer tanto aquí como en la Cámara de Diputados, en la Comisión Especial de Presupuestos y en la Subcomisión que trató el tema. He concordado con la gran mayoría de los fundamentos expuestos para aprobar esta indicación desde el primer momento en que se presentó.
Creo que es inconveniente una inversión de tanto monto concentrada en Santiago. Tengo a la vista el presupuesto de la Dirección de Arquitectura -entiendo que esta inversión cae en su ámbito, porque es para construir, para terminar la habilitación de la Estación Mapocho-, que asciende a 2 mil 300 millones de pesos para todo el país, de los cuales mil 48 millones corresponden a obras de la Región Metropolitana. Me parece una inconsecuencia el desequilibrio existente entre las inversiones por realizar en ésta, en desmedro de las programadas en el resto de las Regiones. Además, a la cantidad mencionada deben agregarse los mil 800 millones que -repito- se destinan a la Corporación Cultural de la Estación Mapocho.
Por eso, apruebo la indicación, que tiende a evitar la afrenta que esta última asignación implica para las Regiones.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , quiero insistir en que el Gobierno tiene la obligación de distribuir más equitativamente el presupuesto nacional. Los Senadores no podemos hacer indicaciones que signifiquen gasto; pero no me cabe duda alguna de que, si tuviéramos algún grado de disposición en ese aspecto, encontraríamos un punto de equilibrio para la asignación de fondos.
Como recién señaló el Honorable señor Siebert , realmente es irritante que el 85 ciento del presupuesto total se destine a la Región Metropolitana, y que sólo el 15 por ciento deba repartirse en el resto del país.
Son muchas las obras inconclusas y no desearía que ésta fuere una más. Pero me gustaría que se invirtiera, no sólo en la terminación de los trabajos de la Estación Mapocho, sino en la concreción de muchos otros proyectos.
Pienso que, de algún modo, debo dejar constancia de mi molestia por la forma como viene distribuido el Presupuesto Nacional en estas materias. Por eso y, además, por los argumentos que se han dado acerca del desmedro en que en el mismo quedan las Regiones, me abstengo.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , creo que cuando el debate se plantea en estos términos, se abre una oportunidad propicia para que el Senado emita una señal. Porque la política se construye con señales.
Así como la radicación del Congreso en Valparaíso es una ocasión especialísima para denotar que la autoridad está por la diversificación, por la desconcentración y con quienes viven lejos de las comodidades que brinda la gran ciudad, estimo que esta discusión también genera esa posibilidad. Hoy podemos dar la señal de renunciamiento a un proyecto -legítimo y atendible-, en aras de un bien superior, cual es estar junto a quienes, desde lugares muy apartados a lo largo de todo el país, sienten que sufren el abandono de las autoridades.
Por lo expuesto, voto que sí.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente , ruego perdonarme la expresión, pero, en cierta forma, no quiero ser como el perro del hortelano. La verdad es que los recursos mencionados son para terminar una construcción. Y, como es así, con mucho sentimiento rechazo la indicación. Pero dejo en claro que quizás ésta sea la última vez que acoja un privilegio tan excepcional para Santiago.
La señora FREI.-
Señor Presidente , apruebo la indicación porque, pese a los argumentos que se den a favor de la regionalización o en contra de la centralización, la realidad es que siempre la mayor cantidad de recursos se destina a Santiago. Como represento a una Región que tiene enormes carencias en este momento, me sería absolutamente imposible contribuir a entregar un financiamiento tan elevado para un solo proyecto de la Capital.
El señor PÉREZ.-
Deseo responder a lo afirmado por el Honorable señor Navarrete , en orden a que los Senadores que representamos a las Regiones del norte debiéramos haber defendido la Estación Mapocho y la vía férrea que llega hasta esa zona del país.
En realidad, esa vía es antieconómica. Tiene una longitud tres veces más grande que la de una recta imaginaria entre Santiago y Arica. Pero fueron la gente del norte y las personas que viajaban hacia allá quienes, libremente, la dejaron en desuso por estimar que les convenía más emplear otros medios de transporte.
Estoy pareado, señor Presidente.
El señor LARRE.-
Señor Presidente , en el curso de esta mañana el Senado ha hecho un inventario de nuestros más importantes elementos históricos y culturales. Podría decir que se ha diseñado la geografía histórica y cultural de Chile. Sin embargo, creo que se omitieron algunos hitos, entre otros, el de que uno de los más eminentes naturalistas que ha tenido la nación: el sabio don Rodolfo Amando Philippi , quien vivió en la hacienda Bellavista, de la localidad rural de Trumao, en la comuna de La Unión, provincia de Valdivia, construyó un parque en ese lugar que seguramente fue el primer "arboretrum" que se hizo en Chile aplicando conceptos técnicos, el que hoy permanece abandonado.
Pienso que, en reconocimiento a la labor de ese sabio, sería conveniente que en el futuro el parque mencionado recuperara su condición de tal, a fin de reagrupar allí el valioso aporte natural e intelectual que entregó al país.
Del mismo modo, una tarea -afortunadamente ya comenzada- que merecería también el apoyo del sector público es la de recuperar en plenitud el principal bastión que tuvieron los españoles en el Océano Pacífico, el océano del tercer milenio, como una muestra de la capacidad creadora y de esfuerzo que desarrollaron en nuestro territorio.
Por lo tanto, deseo agregar estos dos elementos al inventario efectuado en esta sesión.
Igualmente, señor Presidente , siempre me ha preocupado una obra de carácter deportivo que quedó sin terminar en el ex Parque Cousiño. Durante años, una de las construcciones más importantes de infraestructura deportiva que pudo tener Chile ha estado abandonada. Sería lamentable que la recuperación de la Estación Mapocho para el Parque de los Reyes, iniciada con motivo de la celebración del quinto centenario de América y que, en mi opinión, es el complemento nacional de la obra realizada con recursos españoles, permaneciera en el tiempo como tantas otras de gran envergadura- sin concluir.
Por lo expuesto, y no obstante discrepar profundamente de que, en forma permanente y persistente, gran parte de la inversión pública se destine a la Región Metropolitana, esta vez concurriré con mi voto a que se finiquiten esos trabajos. Pero, al mismo tiempo, concordando con muchos señores Senadores, protesto por el hecho de que la cultura no se extienda al resto del país. Considero que todos los chilenos deben tener igualdad de oportunidades para acceder a ella y, también, para dar a conocer lo que hemos sido capaces de hacer.
En consecuencia, señor Presidente, rechazo la indicación.
El señor OTERO.-
Señor Presidente , deploro profundamente el concepto con que se está votando esta indicación.
A mi juicio, debiéramos haber analizado el fondo del problema: si la obra es buena o mala, la finalidad que persigue, el estado en que se halla, lo que significa culturalmente para el país. Desgraciadamente, quienes son partidarios de proporcionar mayores recursos a las Regiones y de limitar la inversión en la Capital -lo hemos escuchado varias veces- han abordado esta votación de la siguiente manera: no a la Región Metropolitana; sí al resto de las Regiones, estableciendo una discriminación que cada vez se hace más patente. Esto es deplorable, porque produce división entre las Regiones de Chile.
Con ese mismo criterio, el día de mañana, cuando se trate de votar favorablemente la entrega de fondos para determinada Región, las otras que no resulten beneficiadas también podrían oponerse.
Tal vez, las palabras empleadas por el Senador señor Díaz al fundamentar su voto fueron exactas. Dijo algo muy importante: no hay que proceder como el perro del hortelano.
Creo que todos los Senadores, fundamentalmente los de la Región Metropolitana, y en forma especial yo, como Senador por Santiago, siempre tenemos que apoyar una inversión de recursos que verdaderamente constituya un aporte para cualquier Región. Personalmente, no me sentiré discriminado de ninguna manera.
Me parece lamentable que hoy se nieguen los fondos para una obra que merece respaldo; para una obra que si no se proporcionan recursos para su terminación puede destruirse, sin considerar que beneficia a todo el país. Porque, en definitiva, nos guste o no, Santiago es la principal ciudad de Chile, y es nuestra cara hacia el exterior en muchos aspectos.
No pretendo que se privilegie a la Región Metropolitana. Al contrario, creo que debemos distribuir equitativamente los fondos. Empero, tampoco puedo aceptar que por tratarse de una obra que está en la Capital se rehúse financiarla y deba quedar inconclusa.
Por estos motivos, señor Presidente, rechazo la indicación.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , quiero fundamentar mi voto favorable a esta indicación, que presentamos con los Senadores señores Cantuarias y Siebert , porque estimo que ella está plenamente justificada.
Parece innecesario repetir el debate que tuvimos en esta Sala frente al problema del centralismo. Sin embargo, sí es imprescindible rechazar algunos conceptos que se acaban de emitir, en el sentido de que existiría el ánimo de favorecer a las Regiones de castigar a Santiago.
La experiencia de muchos años indica que ocurre exactamente lo contrario. Es Santiago la única ciudad que, so pretexto de ser la Capital de Chile, siempre solicita recursos del país entero para realizar cualquier tipo de obras. No sucede lo mismo con las Regiones.
En el caso que ahora nos ocupa, se ha dicho que la Estación Mapocho será una gran sala de exposiciones. Pero, a vía de ejemplo, deseo señalar que la ciudad de Viña del Mar construyó su Teatro Municipal mediante un empréstito pagado con recursos propios. También adquirió la Quinta Vergara, que es un lugar grato y adecuado para espectáculos artísticos de toda índole, y no lo hizo con fondos de todo el país. Por su parte, Valparaíso creó un modesto Centro de Exposiciones, con recursos propios, y Quilpué cuenta con un zoológico también gracias al dinero aportado por sus habitantes. Sin embargo, cada vez que se trata de hacer algo en Santiago, resulta imprescindible recurrir a los fondos de toda la nación.
Cabe recordar que el aporte de recursos que hace el país, excluyendo a Santiago, es inmensamente superior al de la Capital; no obstante, los dineros se invierten prioritariamente en esta ciudad. En contra de lo que aquí se afirmó, hay estadísticas claras para demostrar que, en materia de Salud y de Educación -para qué decir de obras viales urbanas-, la inversión que se realiza en Santiago es absolutamente desproporcionada. Puedo mencionar que, hace algún tiempo, el BID consultó un plan destinado a llevar a cabo obras de determinada naturaleza, y, de las doce que se planificaron, nueve eran para Santiago y tres, para el resto del país.
En consecuencia, hacer un planteamiento ahora en el sentido de que se trata de un problema de mayor o menor cultura, creo que es desfigurar el debate. Nadie se opone a la creación o ampliación de nuevos centros en Santiago. Lo único que pide la ciudadanía es que, si los capitalinos desean ciertos beneficios u obras, las cuales son propias de una ciudad, éstas deben financiarlas ellos mismos. Si la Región Metropolitana tiene al 40 por ciento de la población de nuestro territorio, ¿por qué sus habitantes no son capaces de costear sus obras, y, sin embargo, sí lo son los pertenecientes a las Regiones, quienes necesariamente deben cubrir los gastos de tareas de naturaleza semejante, pero más modestas?
Pienso que este debate -que debería repetirse muchas veces- nos ha llevado, incluso, a una conclusión planteada por un señor Senador de Santiago , el cual manifestó que, después de que Chile ha gastado durante años una gran cantidad de recursos concentrándolos en la Capital, ésta ostenta los peores niveles de alcoholismo y -según dijo- de pobreza en determinadas comunas. Si ello es así, significa haber creado una ciudad monstruosa que, proporcionalmente, posee la mayor cantidad de habitantes, en comparación con las del resto del mundo. Porque en ningún otro país -salvo en los más pequeños- el 40 por ciento de la población está concentrado en la Capital.
Durante el debate se señaló que en esta ocasión se trata de terminar las obras de la Estación Mapocho -la cual también se construyó con recursos de todos los chilenos-, y que para ello deben destinarse partidas presupuestarias del Ministerio de Obras Públicas o de otras Secretarías de Estado. ¡Pues bien, que los santiaguinos hagan un esfuerzo! Porque no debemos repetir la experiencia del Metro y de otras obras, en el sentido de que el resto de los chilenos tenemos que financiar a los habitantes de la Capital. Y esto no dice relación alguna con la cultura. Si ellos desean cultura, que la paguen, como lo hacemos todos los ciudadanos que vivimos fuera de Santiago.
Por ello, obviamente, voto que sí, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Resultado de la votación: 20 votos por la negativa, 11 por la afirmativa, 2 abstenciones y 5 pareos.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Por lo tanto, queda rechazada la indicación.
A continuación, de conformidad a lo acordado por los Comités, corresponde dar cumplimiento a lo solicitado por los Honorables señores Cantuarias y Arturo Frei, en orden a rendir un homenaje al diario "El Sur", de Concepción, con motivo de conmemorar 110 años de vida. En la tribuna se encuentran presentes los señores propietarios y directivos de ese periódico.
El señor VODANOVIC.-
¿Me permite, señor Presidente? Deseo saber a qué hora continuará el estudio de la iniciativa.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Sugiero a Sus Señorías que, rendido el homenaje, suspendamos la sesión, para reanudarla a las 15 por el tiempo necesario hasta despachar el proyecto de Ley de Presupuestos y las iniciativas de los números 2 y 3 del Orden del Día, que tienen calificación de "Discusión Inmediata" y de "Suma Urgencia", respectivamente.
Si le parece a la Sala, así se acordaría.
Acordado.
El señor VODANOVIC.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VODANOVIC.-
Conforme a lo resuelto, solicito autorización para que, en la tarde, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sesione paralelamente con la Sala, puesto que se invitó a dos Ministros de Estado.
La señora FREI.-
Señor Presidente , pido hacer extensiva la autorización a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, así se acordaría.
Acordado.
Debo hacer presente a Sus Señorías que las referidas Comisiones deberán suspender sus reuniones cuando el Senado tenga que votar disposiciones que requieran de quórum calificado.
La señora FREI.-
De acuerdo, señor Presidente.
- O -
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Corresponde tratar algunas indicaciones formuladas por el Presidente de la República , referentes a las Partidas 02, Congreso Nacional, y 50, Tesoro Público. La primera recae en el Capítulo 01, Senado, Programa 01:
"En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir "6,189.093" por "6.264.093" e igualmente en su ítem 91.
"En el subtítulo 31 y en su ítem 50 Requisito de inversión para funcionamiento, sustituir "178.400" por "253.400.".
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Debo informar que estas correcciones fueron propuestas al Ministerio de Hacienda por la Comisión de Régimen de la Corporación, de tal manera que solicito su aprobación.
Si le parece a la Sala, se aprobaría la indicación.
--Se aprueba.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La siguiente se refiere al Capítulo 02, Cámara de Diputados, Programa 01:
"En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir "8.615.151" por "8.735.151" e igualmente en su ítem 91.
"En el subtítulo 31 y en su ítem 50 Requisitos de inversión para funcionamiento, sustituir "66.900" por "186.900".".
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
¿Podría decirme el señor Ministro si esta indicación fue aprobada ya en la Cámara de Diputados?
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
No todavía, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En todo caso, corresponde al acuerdo a que se ha llegado con esa Corporación.
Si le parece a la Sala, se aprobaría.
--Se aprueba.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La última indicación recae en la Partida 50, Tesoro Público, Capítulo 01, Fisco:
"En el Programa 03 Operaciones Complementarias, subtítulo 25, ítem 33.104 Provisión para Financiamiento Comprometidos, sustituir "317.846.323" por "317.651.323".
"En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, subtítulo 80:
"En el ítem 52.001 Senado, sustituir "6.189.093" por "6.264.093" y en el ítem 52.002 Cámara de Diputados, sustituir "8.615.151" por "8.735.151".
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , la primera parte de la indicación acoge lo solicitado por ambas Cámaras en términos de necesidades adicionales de inversión y propone estos recursos en el Presupuesto respectivo de cada una de las dos Corporaciones.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La segunda parte es consecuencia de la primera.
--Se aprueba.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En atención al acuerdo tomado en la mañana, cabría dar por aprobadas las Partidas 3 a 10, que, según me informa Secretaría, no tienen indicaciones.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
El señor Piñera ha anunciado algunas indicaciones, pero ignoramos a qué Partida exactamente se refieren. De modo que podrían entenderse aprobadas hasta la número 10, sin perjuicio de que si las indicaciones recaen en alguna de ellas, se vuelva atrás.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Creo que debiéramos fijar una hora de término para la presentación de indicaciones, porque no podemos estar revisando constantemente disposiciones que hemos aprobado.
El señor ZALDÍVAR.-
Las 15:30, señor Presidente.
El señor DÍEZ.-
¿Por qué no pueden presentarse a medida que se van tratando los distintos artículos, tal como dice el Reglamento?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Las Partidas 1, 2 y 9 están aprobadas. Ahora, como al parecer no se han presentado indicaciones a las Partidas 3 a 10 inclusive, se atenderían aprobadas también.
El señor JARPA.-
Ese fue el acuerdo.
El señor PIÑERA.-
Excúseme, señor Presidente , pero en las Partidas 7 y 8 hay indicaciones.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En todo caso, propongo fijar una hora límite para recibir las indicaciones.
El señor DÍEZ.-
Las 16, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR.-
De acuerdo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se recibirían hasta las 16.
Acordado.
El señor ZALDÍVAR.-
Debe dejarse constancia, sí, de que sólo podrán presentarse respecto de Partidas que no hayan sido aprobadas.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Acaban de llegar a la Mesa indicaciones a las Partidas números 7 y 8. De este modo, pueden entenderse aprobadas sólo las Partidas 03 a 06 y 10.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
El Honorable señor Piñera ha formulado una indicación a la Partida 07, Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, a fin de reducir los gastos de Secretaría y Administración General en la glosa 02, D) Convenios con personas naturales, en 54 millones 256 mil pesos.
El señor PIÑERA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIÑERA.-
Trataré de explicar brevemente el sentido de esta indicación. Entre los años 1990 y 1993, la glosa Convenios con Personas Naturales -es decir, contrataciones a honorarios- se incrementó en 245 por ciento, acumulando un ritmo de crecimiento anual que supera el 65 por ciento. Ello nos motivó a analizar el punto, y solicitamos a los Ministros las explicaciones necesarias en la Subcomisión, luego de lo cual decidimos formular indicación sólo respecto de las glosas en que nos pareció que el incremento no se justificaba. Son muy pocas.
En resumen, lo que propongo es mantener constante, en términos reales, el gasto que contemplaba el Presupuesto anterior en Convenios con Personas Naturales. Por esa razón, se reduce esta glosa en la Secretaría y Administración General, en el Servicio Nacional del Consumidor y, también, en la Subsecretaría de Pesca. Ese es el sentido de las proposiciones de la indicación. De las 27 glosas de este tipo, sólo respecto de 3 sugiero reducir el gasto de forma tal de mantener el del año anterior. Cabe señalar que el impacto macroeconómico de esta medida es nulo, porque, si se aprobaran las tres proposiciones de la indicación, el crecimiento de esta glosa -es de 65 por ciento este año- bajaría sólo a 61 por ciento. Lo señalo para dar una idea del orden de las cifras. Pero, como nos pareció que su incremento no se justificaba, decidimos proponer su reducción.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
¿Pero a qué subtítulo se refiere, señor Senador?
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , entiendo que la primera parte de la indicación recae en el Programa 01, Subtítulo 21, Gastos en Personal (631 millones 129 mil pesos), y concretamente en la glosa 02, que en su letra D), Convenios con personas naturales, consigna cien millones de pesos, los cuales se reducirían en 54 millones 256 mil pesos.
El señor PIÑERA.-
Y la segunda proposición de la indicación se refiere exactamente a lo mismo, con la diferencia de que no afecta a la Secretaría y Administración General, sino al Servicio Nacional del Consumidor, en la misma Glosa y Partida.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
En la Partida 07, correspondiente al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, donde dice "Secretaría y Administración General", se propone rebajar, en la Glosa 02, letra D), Convenios con personas naturales, la suma de cien millones de pesos en 54 millones 256 mil pesos.
El señor DÍEZ.-
Y, a su vez, debería rebajarse esa cantidad en el Subtítulo 21, relativo a Gastos en personal.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La indicación no dice nada al respecto. La cifra correspondiente a Gastos en Personal es de 631 millones 129 mil pesos.
El señor DÍEZ.-
A esa suma hay que rebajar también los 54 millones 256 mil pesos, que es la cantidad que se propone reducir a los cien millones de la Glosa 02, letra D), Convenios con personas naturales.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , además, en la Partida 07, Capítulo 02 (Servicio Nacional del Consumidor), Subtítulo 21, (Gastos en Personal) se sugiere restarle, a la suma de 409 millones 662 mil pesos, en lo referente a Convenios con personas naturales, la cantidad de 6 millones 785 mil pesos, con lo cual dicho gasto se reduciría a 402 millones 877 mil pesos.
Finalmente, en la Partida 07, Capítulo 03 (Subsecretaría de Pesca), se propone rebajar el Subtítulo 21 (Gastos en Personal), en lo relativo a Convenios con Personas Naturales, en dos millones de pesos; es decir, se lo rebajaría de 245 millones 700 mil pesos a 243 millones 700 mil pesos.
Reitero: se trata de incrementos que, a nuestro juicio, no se justifican, por lo que sugiero rebajarlos, pero el monto total de disminución es bastante insignificante en relación con el total de Gastos en Personal y Convenios con Personas Naturales.
El señor HORMAZÁBAL.-
Concretamente, ¿en qué convenio hay que rebajar esos dos millones de pesos, Su Señoría?
El señor DÍEZ.-
En el rubro Convenios con Personas Naturales, señor Senador.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , por esa razón revisamos cada uno de los programas, y conforme a nuestro juicio, de los 245 millones 700 mil pesos, nos permitimos objetar dos millones de pesos.
Lo lamento, Honorable señor Hormazábal , pero ésa es nuestra opinión. Ahora, si Su Señoría cree que es infalible el Presupuesto porque lo dice el señor Ministro , obviamente no correspondería discutirlo acá.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente , quisiera que el Honorable señor Piñera -con la gentileza que lo caracteriza- no pusiera en mis labios palabras que no he pronunciado.
Tengo mucho respeto por lo que dice el señor Ministro ; escucho con bastante atención lo que expresa el Senador señor Piñera, sin usar antenas de otro tipo más que mis oídos, y, además, trato de encontrar una explicación a lo que se intenta proponer.
Por consiguiente, me surge una preocupación respecto al tema de la Subsecretaría de Pesca. En el Senado hemos tenido un debate muy importante, por ejemplo, tocante a la constitución de los Consejos Zonales y del Consejo Nacional de Pesca, y recientemente conversé con el señor Ministro acerca de la necesidad de elaborar algunos proyectos especiales para apurar una serie de resoluciones que afectan a pescadores artesanales de la Cuarta Región, a la cual yo represento. De manera que, cada vez que observo que se reducen dos millones de pesos, advierto que ello significa alterar programas específicos.
Por lo tanto, como el Honorable señor Piñera ha estado dedicado al tema, y yo no, me gustaría saber precisamente en qué convenio de la Subsecretaría de Pesca Su Señoría estima que deben rebajarse los 2 millones de pesos.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , el proceso es al revés: como hay un incremento sustancial en los Convenios con Personas Naturales, cabe preguntar a la Subsecretaría de Pesca por qué aumenta de un año a otro dichos Convenios. Esa consulta se hizo en su oportunidad. Y de las explicaciones que se dieron, algunas nos parecieron atendibles, pero otras no.
En consecuencia, hacemos esta proposición, la que, a mi juicio, correspondería votar.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente , estoy de acuerdo en que se la someta a votación, pero la democracia en su esencia debe partir de la base de que primero hay que escucharse.
El Senador señor Piñera señala que ha estudiado con acuciosidad el tema y que escuchó a los representantes de la Subsecretaría. Reitero: hemos estado con la Federación de Pescadores Artesanales discutiendo una materia en donde es primordial que la Cartera de Estado pertinente tenga recursos para hacer convenios con personas naturales, con expertos que ayudan a identificar los volúmenes de masas de especies ventónicas, cuya explotación es importante en los próximos meses para mi Región, en que vive una gran cantidad de personas.
Ahora bien, el Honorable señor Piñera , que seguramente ha analizado el asunto con la minuciosidad que corresponde a su talento, no me puede resolver un problema de dos millones de pesos en el caso específico de la Subsecretaría de Pesca. Su Señoría dice: la prueba debe darla la Subsecretaría. Sin embargo, pregunto al Senador señor Piñera -que está proponiendo la reducción-: ¿en cuál de los numerosos Convenios de la Subsecretaría de Pesca se deben reducir los dos millones de pesos que, a juicio de Su Señoría, serían irrelevantes?
El señor PIÑERA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , podríamos transformar al Senado y replicar la discusión...
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, no se puede hacer uso de la palabra dos veces sobre el mismo tema...
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Quiero hacer presente a la Sala una observación de carácter general: esta indicación es inaceptable desde el punto de vista de la forma. No cumple con los requisitos mínimos; una mitad está rayada y la otra se refiere a montos, sin indicar exactamente a qué programa se refiere. Se las exhibo a los señores Senadores, porque realmente no tiene las características propias de una indicación.
El señor PIÑERA.-
Excúseme, señor Presidente.
La indicación -íntegra-, que estaba preparada para ser presentada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos perfectamente es aceptable desde el punto de vista formal, porque especifica con claridad cuáles son las Partidas y los montos, que es lo que se requiere para estos efectos.
Esa indicación fue modificada, conforme al debate habido en su oportunidad, razón por la cual fue refundida para reducir gastos sólo en los tres rubros señalados. Ahora, a fin de formalizarla, pediría que el plazo para presentar indicaciones al proyecto de Ley de Presupuestos sea lo suficientemente amplio como para, después de discutir y acordar un cambio en mi indicación, redactarla formalmente.
Sin embargo, también quisiera recordar, señor Presidente , que he observado indicaciones que han sido presentadas, desde el punto de vista formal, más deterioradas que la mía, las cuales fueron aceptadas perfectamente por la Mesa. Por lo tanto, no aprecio por qué existe un cambio de criterio en este instante.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No las ha visto la Mesa, señor Senador. Y, a mi juicio, hay que tener respeto por la Mesa y el Senado en cuanto a la forma.
Siento decirlo, pero aquí, realmente, hay numerosas letras rayadas, y no se sabe a qué Partida corresponden, cuáles son las válidas y cuáles no. Lo someto a la consideración de la Sala. Esta sesión estaba citada con anticipación; se sabía que se iban a presentar las indicaciones, y no podemos suspenderla. Creo que aquí hay un problema de estilo y de forma, los que son muy importantes.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , a mi juicio, Su Señoría no tiene información plena, por cuanto si existe un problema de estilo, querría decir que tampoco comparte el criterio del Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que aceptó esta indicación, y lo hizo por una razón muy simple: porque, en ese momento -después de una discusión-, acordamos eliminar algunas proposiciones de reducciones. Por tal motivo, la indicación fue abreviada. Y como se hizo con mucha premura y prácticamente frente a la Mesa, se presentó de esa manera.
Sin embargo, si el señor Presidente lee la indicación con calma, comprobará que especifica exactamente cuáles son las Partidas que se pretende rebajar y en qué monto, lo cual figura tipeado en papel limpio. Y, formalmente, muchas veces hemos tenido flexibilidad para respetar el espíritu de las indicaciones.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
No advierto que esa indicación -que la observo a la distancia- tenga mucho que ver con ésta, en la que hay rayas hechas a mano que la recorren por completo desde arriba hacia abajo. ¿Es válido eso o lo otro?
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , podría traerle indicaciones no bien manuscritas que Su Señoría ha aceptado.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
La indicación que el Honorable señor Piñera ha presentado está absolutamente anulada por una raya. ¿Vale la raya o no?
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , podemos quedarnos en este tema formal. Si hay una indicación que está rayada en determinada parte -tal como Su Señoría lo está viendo-, me imagino que todos los señores Senadores comprenderán que esa parte está anulada. Ocurre que se negoció, o se conversó a última hora, y se redujo la indicación. Por tanto, la parte que está rayada no vale.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , en lugar de discutir si la indicación está rayada o no, o si la presentación es buena o mala, podríamos hacer algo más eficiente: dar tiempo al Senador señor Piñera para rehacer la indicación, y así poder continuar debatiendo el resto de las materias del proyecto de Ley de Presupuestos. Posteriormente, nos abocaríamos al estudio de esas tres proposiciones que contiene la indicación, para tratarlas en un solo paquete -como habíamos convenido con el Honorable señor Piñera -, y las votamos.
El señor NAVARRETE.-
Estoy de acuerdo -por las razones dadas por el señor Presidente - en dar tiempo al Senador señor Piñera para que presente bien la indicación antes de las 16.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
No tendría ningún inconveniente. Sin embargo, quisiera saber si existen, además de ésta, otras indicaciones sobre el mismo tema, a fin de que se presentaran todas juntas en un solo documento. Porque, como observo que corresponden a un mismo concepto, tal vez se podrían votar en bloque.
El señor ZALDÍVAR.-
Exactamente, señor Presidente. El Senador señor Piñera está de acuerdo.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
¿Hay otras indicaciones, Su Señoría?
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , insisto en que la Mesa ha aceptado en múltiples oportunidades indicaciones escritas a mano, en las que hay rayones; sin embargo, las ha admitido porque se entiende su espíritu. Y, a mi juicio, cualquier señor Senador, en este momento, después que el Senado ha dedicado 20 minutos a esta materia, comprende muy bien que la intención de la indicación es reducir, dentro del subtítulo "Gastos en personal", en lo que se refiere a "Convenios con personas naturales", el gasto en tres subpartidas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que son las referentes, primero, a la Secretaría y Administración General; segundo, al Servicio Nacional del Consumidor, y tercero, a la Subsecretaría de Pesca.
Está muy claro: tratamos de reducir el gasto correspondiente a esos tres rubros que dicen relación a Convenios con Personas Naturales. Y lo mismo ocurrirá con el Ministerio de Hacienda y, después, con el de Planificación y Cooperación.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente , la proposición es dar tiempo al Senador señor Piñera , no dejarlo fuera, pues tiene derecho a hacer presentes sus indicaciones.
En consecuencia, si existe una solución objetiva, como la presentada por el señor Presidente , se puede dar a Su Señoría un plazo para que aclare qué rayas valen y cuáles no, y de ese modo emitir una opinión con bastante mayor certeza.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
No hay problema en que las indicaciones se presenten manuscritas, pero sí se pide que en ellas se especifiquen claramente las referencias a la Glosa, Subtítulo, etcétera. Por lo tanto, Su Señoría tiene el tiempo necesario, a fin de precisar por escrito lo que desee.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La primera proposición de la indicación, suscrita por los Senadores señores Piñera y Diez, dice relación a la Partida 07 -correspondiente al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción- en lo referente a Secretaría y Administración General, y tiene por objeto rebajar, en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, a la suma de 631 millones 129 mil pesos, la cantidad de 54 millones 256 mil pesos, y también rebajar, en la Glosa 02, letra D), Convenios con Personas Naturales, a la suma de 100 millones de pesos, la referida cantidad de 54 millones 256 mil pesos.
El señor GONZÁLEZ.-
Al hacerse las reducciones, ¿cuáles son los montos que quedarían, señor Secretario?
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Habría que hacer los cálculos.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Me parece más claro lo que se ha presentado ahora. Evidentemente, ha habido una asesoría letrada...
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda subrogante.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , los convenios con personas naturales son una de las formas de contratar existentes en la Administración Pública: estableciéndose una suma alzada, se contrata una asesoría externa o un determinado estudio. De esa forma, se evita, en el caso de tareas que por su naturaleza son transitorias, que ingresen personas en la planta o a contrata, asimiladas a un grado. El procedimiento es conveniente, desde el punto de vista de un adecuado funcionamiento de la Administración Pública.
Ahora, respecto del Servicio Nacional del Consumidor, por ejemplo, el proyecto dispone que del total desgasto en personal, que alcanza a 409 millones de pesos, pueden destinarse 13 millones 90 mil pesos a la contratación de personas naturales, a suma alzada.
Es conocido el tipo de trabajo que este organismo realiza, consistente en información al consumidor y en estudios -que difunde en forma regular, quincenal o mensualmente- sobre materias de su interés, respecto de la calidad de los productos. Pero no siempre cuenta con especialistas dentro de su planta o entre los funcionarios contratados en forma permanente. Por eso, con frecuencia recurre al sistema descrito, para lo cual estamos proponiendo que disponga de un presupuesto de 13 millones 90 mil pesos. En el año en curso ha contado, para este propósito, con 5 millones 580 mil pesos, cantidad que, con un aumento de 18 por ciento -la Ley de Presupuestos vigente se aprobó antes del reajuste-, llega a una cifra cercana a los 7 millones de pesos. Entiendo que, por el hecho de estar creciendo a 13 millones de pesos, se ha planteado rebajarla. No obstante, creo que este último monto se justifica, ante las necesidades que este servicio nos ha expuesto en orden a los contratos a suma alzada que requieren los estudios e investigaciones que señalé.
En el caso de la Secretaría y Administración General del mismo Ministerio de Economía, cabe advertir que se ha ampliado el tipo de estudios que debe llevar adelante esa Secretaría de Estado para cumplir sus funciones, ocupando la mayor parte de su presupuesto las transferencias corrientes, ascendentes a 12 mil 720 millones de pesos, en las cuales se incluye un programa de ciencia y tecnología. Se trata de recursos que se aportan a través de concursos para el fomento del desarrollo científico y tecnológico. Esto también requiere la contratación de especialistas, mas no en forma permanente, ni en la planta, ni a contrata sino a través del mecanismo de la suma alzada, que permite encargarles en forma transitoria una función específica. Por eso, se está sugiriendo un presupuesto de 100 millones de pesos con ese objeto.
Lo mismo ocurre con la Subsecretaría de Pesca, donde el presupuesto destinado a los convenios con personas naturales es de 30 millones de pesos, dentro de un total de gastos en personal de 245 millones de pesos. Si no se dispusiera de recursos para estudios y asesorías a través de convenios a suma alzada, habría que contratar funcionarios en forma permanente para realizar esas labores, lo que originaría una estructura de administración de personal más rígida e inconveniente para que un sector público más moderno y flexible pueda ir abordando las tareas que le corresponden.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
El señor Ministro de Hacienda subrogante nos ha dicho que tanto la Secretaría y Administración General como el Servicio Nacional del Consumidor y la Subsecretaría de Pesca cumplen una función en la sociedad chilena y en el sector público. Eso es indiscutible. Pero el solo hecho de afirmar que tienen algo importante que hacer no justifica, necesariamente, que el monto que propone el Ejecutivo para cada uno de los ítem, subtítulos y partidas sea el adecuado.
Lo que planteo es muy simple. La verdad es que en tres años el ítem de convenios con personas naturales se ha incrementado en 245 por ciento; que ya ha adquirido un ritmo de crecimiento permanente de 65 por ciento anual, y que, además, estas contrataciones después provocan una enorme presión, lo que lleva a que respecto de múltiples proyectos que vemos en el Senado se nos diga: "No hay ningún incremento. Simplemente, estamos pasando a la planta la gente que está a contrata".
Por lo tanto, aquí estamos frente a una verdadera explosión en un ítem de gastos que ha adquirido niveles de aumento de 65 por ciento, en promedio, al año. Ahora, después de examinar las partidas que nos correspondieron en la Subcomisión, estamos proponiendo reducir algunas, lo que significaría que el incremento aludido desciende de 65 por ciento a 61 por ciento, como dije anteriormente, variación que es mínima.
El solo hecho de afirmar que el servicio existe y que cumple una función no es argumento suficiente, por lógica, para justificar el aumento señalado. Hago presente al señor Ministro de Hacienda subrogante que este último se traduce en un incremento del orden de los 8 mil trabajadores. En un total de 100 mil, significa que por esta vía se está expandiendo el sector público en forma incontrolada y a un ritmo de crecimiento excesivo -desde nuestro punto de vista, no así del Gobierno, naturalmente-, que en la práctica está volviendo a hacer crecer su tamaño, en cuanto al número de personas.
A nuestro juicio, lo que realmente requiere el sector público, en cambio, es un mejoramiento en la calidad -a través de mejores remuneraciones, capacitación, etcétera- de su personal.
Pienso que esta propuesta debiera ser votada, señor Presidente, porque en el Senado no podemos entrar al detalle individual de estos programas.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor HORMAZÁBAL.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
Los planteamientos del Honorable señor Piñera pueden ser entendidos en el sentido de lo que el señor Senador desearía hacer, que es rebajar el gasto; pero no precisa en qué aspectos.
Creo que Su Señoría comete un gran error e incurre en una confusión, porque no estamos ante empleos a contrata, que están previstos en otros ítem. Este rubro se refiere a la contratación de servicios a terceros en una calidad distinta. Y es una manera de manejar hoy la Administración Pública moderna. Para evitar su crecimiento desmesurado mediante la contratación de personal que después no se puede reducir, se recurre a este sistema.
El señor Ministro de Hacienda subrogante ha explicado claramente cómo el Ministerio de Economía requiere estudios técnicos que no pueden obtenerse por la vía de la incorporación de personal a la planta o a contrata, por lo que necesita que en estos casos una firma consultora prepare informes sobre materias específicas. Lo mismo pasa con la Subsecretaría de Pesca, que contrata informes técnicos con una empresa externa, pues la transitoriedad de esa labor no amerita personal permanente, que sí aumentaría, tal vez, con la filosofía que quiere que apliquemos el Senador señor Piñera. Entonces, aun cuando puede pretenderse reducir el gasto porque sí, lo importante es saber para qué quiere nuestro Honorable colega -y tenía razón en preguntarlo el Senador señor Hormazábal - disminuir el correspondiente a la Subsecretaría de Pesca , o a la Secretaría y Administración General, o al Servicio Nacional del Consumidor.
Si acaso viéramos que los montos respectivos son innecesarios e inconvenientes, por supuesto que podría tener razón el Honorable señor Piñera. Pero hay que dejar a la Administración del Estado alguna credibilidad, en cuanto a que el presupuesto que se le entrega va a utilizarlo para cumplir determinadas finalidades en bien del país.
Señor Presidente , pienso que este tipo de indicación se repetirá cuando tratemos el caso de otros Ministerios, por ser acorde 7on la filosofía a que se ha ceñido el Honorable señor Piñera. En consecuencia, para los efectos de poder despachar el proyecto de Ley de Presupuestos con cierta agilidad, solicito que en ese momento no se reitere este debate, porque las justificaciones serán las mismas.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente , primero voy a reivindicar el derecho de un señor Senador para hacer presentes sus observaciones sobre el particular. Entre nosotros, debemos entendernos. Así que no formulo objeción alguna a que se aplique una visión bastante acuciosa acerca del papel que deben cumplir los presupuestos que presenten las autoridades. Como es natural, el ejercicio de este derecho conlleva, en forma correlativa, la obligación de que no afecte labores que son esenciales para el giro o actividad que desarrollan los servicios.
Sobre esa base, el ejercicio legítimo de ese derecho en estas materias me parece como un poco irreal. Por ejemplo, hace un instante me referí al tema de la Subsecretaría de Pesca. En estos días, con miras a hacer efectiva la Ley de Pesca, que en conjunto votamos aquí, la Subsecretaría ha tenido que incrementar las contrataciones de personal especializado, para cumplir con una serie de obligaciones pendientes que derivan de las normas de ese cuerpo legal. Entonces, cuando alguien me dice que en el último tiempo -no sé la cifra exacta y no tengo por qué dudar de lo que dice el Honorable señor Piñera - se ha producido un incremento de 65 por ciento en el gasto, pienso que, a lo mejor, pudo haber sido poco, porque en el mismo Senado se criticó el hecho de que no se hubiese avanzado con mayor rapidez en la dictación de algunos reglamentos.
En estos mismos días, el Honorable señor Páez y el Senador que habla hemos estado conversando con el Subsecretario de Pesca y con las organizaciones de pescadores artesanales -que en este mismo instante están realizando un congreso nacional en Valparaíso- sobre la necesidad de apurar los estudios que permitan dar un sentido técnico real, por ejemplo, al fin de la veda del recurso loco, anunciado para el próximo año. Y es así como hemos podido observar que los recursos que corresponde destinar para ese efecto son del orden de los 30 millones de pesos, lo que es una cifra importante. ¿Y en qué se están gastando? En el aporte de expertos de la Universidad de Valdivia y de especialistas de otros institutos, para que la ley que dictamos pueda tener una reglamentación que no ponga en riesgo la existencia de un determinado recurso, pero que, al mismo tiempo, resuelva un problema vital de los pescadores artesanales a lo largo de todo Chile, en cuanto a poder explotarlo adecuadamente, en las condiciones apropiadas.
El juicio de que hay que quitar fondos a la Subsecretaría de Pesca, porque ha incrementado en 65 por ciento el gasto de que se trata, no ha sido acompañado de un análisis acerca de las actividades que ella está realizando. Este es un problema concreto, de modo que solicito al Honorable colega Piñera que por lo menos en esta materia ponga especial cuidado.
Ahora, tocante al SERNAC, todo el mundo percibe que en un sistema abierto, de competencia, es fundamental que haya entidades que cumplan un papel fiscalizador respecto de la calidad de los productos que se expenden en el mercado. Y hemos observado que gracias al tremendo y positivo papel que está desarrollando este servicio hoy día los chilenos cuentan con más información sobre ese aspecto. Y ello ha sido saludado por el sector empresarial y, por supuesto, por los propios consumidores, que ven que hay un elemento sólido, respaldado por análisis técnicos, que les permite saber qué comprar, dónde hacerlo y en qué condiciones. ¿Y, entonces, esto se pretende dejar sin efecto?
No quisiera acusar al Senador señor Piñera de atentar contra un modelo que tanto le agrada; no quisiera "echar al agua" a Su Señoría con los pescadores artesanales diciéndoles que si no cuentan con una fórmula de sobrevivencia a partir de este mes, es porque al distinguido Senador se le ocurrió hacer uso de su derecho constitucional y, así, "al boleo", redujo en dos millones de pesos la asignación de la Subsecretaría de Pesca. Pero como sé que mi Honorable colega, además, es un hombre inteligente y capaz, tengo la esperanza de que, no por mi argumentación, sino que por su propio examen, pudiera revisar esta materia.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , quisiera solicitar, contrariamente a lo expuesto en la Sala, que votáramos en forma separada cada uno de los rubros de la indicación, que ha sido planteada sobre la base de servicios determinados, de cantidades determinadas y de incrementos determinados. En consecuencia, no se formula en el entendido de que hay gastos que crecen mucho y que, por ello, deberían disminuirse, sino de gastos que crecen y respecto de los cuales no existe información o justificación suficiente como para aceptarlos.
Ahora, quisiera precisar en qué recae la indicación, para los efectos de que tengamos claro acerca de qué nos estamos pronunciando. Ella incide en el Subtítulo 21, "Gastos en personal", que, en la forma como se aprueba el presupuesto en este momento, comprende gastos fijos y variables: la planta, que es un gasto fijo; la contrata, que es un cargo variable, y el honorario -con personas naturales, no con empresas-, que también constituye un gasto variable. En esa perspectiva, lo que propone el proyecto es un incremento en lo relacionado con los convenios con personas naturales, que no se justifica, porque, en verdad, las funciones de los servicios públicos deben desarrollarse con el personal de planta y a contrata. Por excepción, la Administración contrata "sobre la base de honorarios", dice el Estatuto Administrativo, "a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y qué no sean las habituales de la institución". Reitero que es algo de excepción.
Personalmente, pienso que el honorario siempre requiere una justificación en el estudio de la Ley de Presupuestos, porque, si no, este último perdería sentido, en la medida en que tiene por objeto apreciar y ponderar los gastos variables. En consecuencia, parto de la base de que en la Comisión que analizó el presupuesto del Ministerio de Economía debió justificarse, no sólo el incremento, sino el mismo gasto variable: "En este Ministerio debe contratarse a personas a honorarios para desarrollar tales tareas". Y eso es lo que no habría tenido suficiente fundamentación.
Finalmente, señor Presidente , en lo que dice relación a la Secretaría y Administración General, el señor Ministro subrogante nos ha expresado que la cantidad respectiva correspondería a un importante fondo que la Ley de Presupuestos asigna a esa repartición. Quiero señalar que estos convenios, por lo menos, no son para esa Secretaría, porque es la Glosa 04 del Subtítulo 21 la que dice: "Para gastos de funcionamiento, incluidas remuneraciones, de la Secretaría Ejecutiva del Programa de Ciencia y Tecnología, de acuerdo al convenio de préstamos suscrito con el BID.". En consecuencia, ellos dicen relación a otra cosa, no al Programa aludido.
Y ya que me referí a este último, debo hacer presente al Honorable Senado que en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos pedí que quedara expresa constancia de que no ha nacido en virtud de una ley. Y aquí estamos hablando de remuneraciones. No he formulado indicación para suprimirlo, sobre la base de que es segundo ejercicio presupuestario en que se contiene y, además, de que existe un compromiso del señor Ministro de Economía para traducirlo en ley en el proyecto, en trámite, que cambia la denominación de su Cartera por la de Ministerio de Economía, Comercio y Tecnología.
En suma, señor Presidente , y en virtud de las consideraciones anteriores, creo que debemos analizar en forma separada cada uno de los puntos de la indicación del Senador señor Piñera , porque se justifican de manera diferente. Y el peso de la prueba, como se ha planteado, recae en quien sostiene que debe disponerse, no sólo la cantidad del año pasado, que es de excepción -por tratarse de un gasto variable, y, también, porque la Administración debe hacer sus labores con personal de planta y a contrata, y no a honorarios-, sino, además, un incremento importante.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , seré muy breve. Sólo quiero aclarar a mi Honorable colega Hormazábal que no se está proponiendo ninguna reducción, así que Su Señoría puede estar muy tranquilo. Lo único que proponemos es que no se produzcan los aumentos que sugiere el Ejecutivo. Como el proyecto en debate rige para 1993, estamos ante planes del Gobierno, que no pueden implementarse mientras el Presupuesto no haya sido ejecutado. Y, por tanto, el señor Senador puede ir tranquilamente a visitar a los pescadores artesanales y señalarles que nada se va a reducir.
Y puede transmitirles este mensaje en su nombre y, también, en el mío, dado que soy originario de la ciudad de La Serena, como muy bien sabe Su Señoría.
Empero, lo que me parece increíble es lo siguiente. Aquí estamos discutiendo cuánto debe aumentar un gasto que por esencia es extraordinario y que debiera ser plenamente justificado. Pero se ha transformado en una práctica habitual de los distintos Ministerios utilizar este mecanismo para incrementar su capacidad de contratación de personas -porque son personas naturales, señor Presidente de la Comisión Mixta , y no empresas, como Su Señoría mencionó; si fueran empresas, esto no estaría dentro de la Glosa "Convenios con Personas Naturales", sino en otra-, y, en consecuencia, creo que el peso de la prueba recae primero en quien propone expandir en 65 por ciento, por tercer año consecutivo, este gasto.
Por nuestra parte, repito que no hemos' propuesto ninguna reducción. Así que el sostener que lo que planteamos limitaría el ritmo de expansión; que sería algo que pone en peligro a los pescadores artesanales de la Cuarta Región, no constituye un argumento válido, aparte, por cierto, de emocionarme, por haber nacido en ella... Con ese criterio, cuando hablemos, por ejemplo, del SERNAM, alguien me podría invocar a las mujeres de escasos recursos, que son jefas de hogar. ¡Pero si no estamos tocando estos aspectos! ¡Nos referimos a la burocracia del Estado, y no a los pescadores de la Cuarta Región, que, quizás, estarían bastante mejor si lográramos una mayor eficiencia en el gasto público!
He dicho.
El señor HORMAZÁBAL.-
¡Existe un progreso, señor Presidente ; por lo menos, se ha manifestado una emoción...!
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente , en verdad, considero que el debate, en los términos actuales, es absolutamente inconducente. Vamos a seguir dando vueltas en torno de lo mismo. Y me parece que la Honorable señora Feliú tiene toda la razón: en la práctica, se trata de tres indicaciones, que deberían ser vistas de manera separada, para despacharlas rápidamente. Porque no cabe duda de que sobre este tema tendremos visiones distintas. Aquí se plantea una reducción del Presupuesto formulado por el Gobierno para el próximo año -eso es lo concreto-, de modo que pronunciémonos en cada caso si ella se justifica o no.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Si la parece a la Sala, así procederíamos.
El señor ZALDÍVAR.-
Votemos la materia en conjunto, señor Presidente,
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Ello es posible, porque la fundamentación es común.
El señor RUIZ (don José).-
Da lo mismo una u otra forma, a mi juicio.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
¿Qué opina al respecto el señor Ministro?
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , en la elaboración del Presupuesto se establecieron, para cada uno de los casos en debate, cifras diferentes. Es cierto que en todos ellos existe un incremento en el gasto que nos ocupa, con respecto a la situación actual, pero no de 65 por ciento. En lo relacionado con el Servicio Nacional del Consumidor, el crecimiento es de ciento por ciento, porque estimamos que la necesidad de contratar estudios puede ser satisfecha a través de este mecanismo, que es más flexible; y que no incorpora más funcionarios, sino que permite recurrir a personas del sector privado que pueden prestar un servicio al sector público. Ahora, en la Subsecretaría de Pesca el aumento es bastante menos que el 65 por ciento, en tanto que en la Secretaría y Administración General es superior. Por lo tanto, ha habido razones distintas en cada situación, justificadas y analizadas en detalle.
No dispongo aquí de todos los antecedentes sobre cada parte del Presupuesto de Personal; pero en la Subcomisión respecté va deben de haberlos tenido a la vista, pues sus miembros podían requerir el detalle del gasto.
En consecuencia, estimo que la Mesa tendrá que decidir qué es lo procedente. En lo que a nosotros respecta, quiero manifestar, sí, que fue analizada en detalle la justificación de cada Servicio para plantear esta cantidad en el Presupuesto.
El señor HORMAZÁBAL.-
Votemos en conjunto los rubros que comprende la indicación, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se votará en esa forma.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , ello significaría ratificar lo que en el fondo está ocurriendo, porque los Parlamentarios de la Concertación harán fe en la argumentación del Ejecutivo.
El señor HORMAZÁBAL.-
¡Sólo en Dios, Honorable colega!
El señor PIÑERA.-
Lo digo con buena intención, señor Senador, porque la actitud a que me refiero es normal. Y, de ser así, validarán la tesis del Gobierno, lo que desnaturalizaría absolutamente la discusión del Presupuesto.
Por consiguiente, si la Honorable señora Feliú mantiene la petición de votar separadamente, adhiero a ella.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, entiendo que un Senador tiene derecho a formular esa solicitud. No caigamos en una discusión mayor, entonces, y votemos como se ha sugerido, para avanzar en el despacho de este proyecto.
El señor HORMAZÁBAL.-
No formularé objeciones, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En consecuencia, cada rubro se votará por separado.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
El que pasa a ser la primera indicación, por lo tanto, recae en la Partida 07 (Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción), Capítulo 01 Secretaría y Administración General, Programa 01, Subtítulo 21 Gastos en personal, y tiene por objeto, en lo atinente a la Glosa 02, reducir en 54 millones 256 mil pesos la cantidad asignada en la letra D) "Convenios con personas naturales".
El señor VALDÉS (Presidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente , votaré en contra de la indicación, no por las apreciaciones del Senador señor Piñera , sino por tener absoluta conciencia de que con ella se modifica el programa de trabajo del Ministerio.
Seguir el argumento de Su Señoría sería suponer que la Oposición entera estará de acuerdo con su propuesta. Pero creo que los Senadores votamos en conciencia.
Voto que no.
--Se rechaza la indicación (10 votos contra 8 y 6 pareos).
El señor ZALDÍVAR.-
Con la misma votación, desechemos las restantes.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
La indicación referida a la Subsecretaría de Pesca ha sido retirada por el Honorable señor Piñera , quien manifestó a la Mesa que lo hizo motivado por las razones que dio el Senador señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
¡Agradezco que los ancestros sigan teniendo tanta fuerza, señor Presidente...!
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Consulto a la Sala si la última indicación, por tener un fundamento parecido, se podría considerar rechazada con la misma votación.
--Queda rechazada en esa forma.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
En la Partida 08, Ministerio de Hacienda, el Senador señor Piñera formuló indicación para reducir, en el Programa 01, Capítulo 01, Partida 08, Subtítulo 21, Glosa 02, letra E), Convenios con Personas Naturales, la cantidad de 137 millones 60 mil pesos.
El señor RUIZ (don José ).-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente , en atención a que ya se efectuó el debate general respecto de estas materias y ante la inexistencia de datos específicos en que basarnos, sugiero que, para avanzar, se den a conocer las indicaciones y se voten en el acto.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, no habiendo necesidad de explicar mayormente las razones que llevaron a formular la indicación, se dará por rechazada con la misma votación anterior.
--Se rechaza en la forma señalada.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente , entiendo que se dará lectura a cada indicación, para saber de qué se trata.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Así es, señor Senador.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La segunda indicación presentada por el Honorable señor Piñera a la Partida 08 tiene por objeto reducir, en el Programa 01, Capítulo 04, Subtítulo 21, Glosa 02, letra D), Convenios con Personas Naturales, la cantidad de 73 millones 317 mil pesos.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Por haber la misma razón, corresponde igual conclusión.
Si le parece a la Sala, se rechazará la indicación con la misma votación anterior.
--Queda rechazada en esa forma.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
En la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, los Honorables Senadores señora Soto y señores González , Cantuarias , Calderón , Navarrete , Urenda , Lagos, Ortiz y Ruiz-Esquide formularon indicación para agregar la siguiente glosa a las Asignaciones 009 y 010 del ítem 31 Subtítulo 25, Capítulo 22, Servicio DIGEDER:
"De los recursos que le asigna esta ley, la Dirección General de Deportes y Recreación deberá destinar, al Comité Olímpico de Chile y a sus Federaciones afiliadas una suma no inferior al monto de los fondos asignados el año precedente a dichas instituciones, reajustados de acuerdo a la variación experimentada por el IPC en el período respectivo.".
El señor NAVARRETE.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente , esta indicación tiene como propósito regularizar una situación poco clara producida desde el momento en que el Congreso Nacional despachó una ley cuyo objeto fue incrementar los recursos destinados al deporte nacional. La iniciativa pertinente -inició su trámite legislativo en la Cámara de Diputados-, atendida la disminución experimentada por el sistema de pronósticos deportivos, agregó otros concursos, en la idea de que los mayores ingresos de alguna forma mejoraran la alicaída situación financiera de nuestro deporte. Fue así como por esa vía resultaron favorecidas, entre otras instituciones, la Dirección General de Deportes y Recreación, el Comité Olímpico de Chile y las federaciones deportivas afiliadas. Y, naturalmente, los nuevos ingresos debían agregarse a los que los Presupuestos de cada año asignaban a tales organismos.
Como los Honorables Senadores deben de recordar, durante la discusión de ese proyecto se produjeron extensos debates; hubo necesidad de un tercer trámite, y, finalmente, se formó una Comisión Mixta para resolver las divergencias originadas entre la; Cámara de Diputados y el Senado.
En tal oportunidad dijimos que la iniciativa tenía como propósito fijar un porcentaje mínimo de los nuevos recursos -y quiero remarcar estos términos- al deporte federado de alta competencia.
Sin embargo, el proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para 1993 contiene, en el capítulo correspondiente a la DIGEDER, asignaciones para el Comité Olímpico y las 42 federaciones deportivas nacionales que no se compadecen, en mi concepto, con el espíritu ni con lo establecido en la citada ley.
El examen de los ítem correspondientes corrobora tal afirmación. En efecto, en la partida correspondiente al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de Deportes y Recreación, Subtítulo 25, ítem 006, se le fijan, según el decreto supremo N° 379, de 1976, 89 millones 683 mil pesos. En el ítem 009, conforme a la ley N° 19.135, se asignan al Comité Olímpico de Chile 83 millones 813 mil pesos. Y en el ítem 010, de acuerdo a la misma ley, se destinan 544 millones 749 mil pesos a las federaciones deportivas nacionales.
Cabe señalar que el ítem 006 corresponde a los recursos provenientes del concurso Polla Gol , y en él no se precisa el porcentaje de ellos qué se asigna a las federaciones deportivas nacionales y al Comité Olímpico de Chile.
Por lo tanto, la primera observación que deseo hacer es que falta recoger lo dispuesto por ley en cuanto al criterio de distribución que cabe por ese concepto.
El ítem 009 contempla los fondos destinados a gastos administrativos del Comité Olímpico, que ascienden -reitero- a la suma de 83 millones 813 mil pesos. Debo hacer notar que, para ese fin, el Presupuesto del presente año destinó 101 millones 293 mil pesos, lo que significa una disminución de 20 por ciento, la que se eleva a 33 por ciento si consideramos la variación experimentada por el índice de precios al consumidor.
El ítem 010 consigna las cantidades otorgadas a las federaciones deportivas nacionales, cuyo monto llega a 544 millones 749 mil pesos. Por el mismo concepto, en 1992 se otorgaron 614 millones de pesos, lo que significa una baja de 11,3 por ciento, sin considerar la evolución del IPC, que eleva la disminución a 34 por ciento.
Por último, insto a mis Honorables colegas a que examinen la situación que enfrenta el deporte nacional, tema cuya discusión de fondo -creo- aún está pendiente. El Congreso se halla a la espera de la presentación de un proyecto de ley sobre la materia desde hace más de un año, y es nuestro deseo contar con él cuanto antes, para abocarnos a su estudio en profundidad.
No es del caso analizar en este instante cuáles son los objetivos y fundamentos de una verdadera actividad deportiva ni cómo ella prestigia a un país. Pero, sí, conviene recordar los magros o penosos resultados que nuestro deporte experimenta en las contiendas internacionales, todo lo cual, ciertamente, obliga a una responsabilidad compartida tanto del sector público como del privado.
A este respecto, deseo recordar tan sólo que hemos contraído compromisos muy importantes para los próximos años. Están asignados los Juegos Panamericanos de Invierno 1993 a nuestro país, por la Organización Deportiva Panamericana.
Ya en dos ocasiones Chile fue objeto de responsabilidades similares que, lamentablemente, no pudo asumir por falta de financiamiento.
También debe tenerse presente que están en preparación los Juegos Sudamericanos de Montevideo, los Panamericanos de Verano y los Juegos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos.
En la medida en que nuestro deporte siga viendo disminuidos sus ingresos y careciendo del respaldo necesario, será muy difícil que podamos llegar a resultados más alentadores que los actuales, todo lo cual habla muy mal de nuestra imagen como país y de nuestra preocupación por esta actividad, que está muy lejos de tener sólo carácter recreativo o social. Ella se encuentra íntimamente vinculada a los valores en que debe sostenerse una sociedad: mayor armonía, amistad y fraternidad.
Eso me llevó a proponer dos indicaciones, para las que encontré el apoyo de varios Honorables colegas.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Perdón, señor Senador, antes voy a hacer una declaración respecto de la indicación en debate.
A pesar de que las finalidades explicadas por el señor Senador que acaba de intervenir son muy estimables, la indicación es abiertamente inconstitucional.
Las razones que se tuvieron esta mañana para rechazar la relativa a revisar los recursos del FOSIS por las municipalidades aquí adquieren mucha mayor justificación, porque se trata de una facultad que compete exclusivamente al Presidente de la República , de acuerdo al artículo 62 de la Constitución: la de asignar recursos a determinadas finalidades. En este caso se estaría disponiendo de fondos de la Dirección General de Deportes y Recreación.
En consecuencia, la indicación es, sin duda, inadmisible. Y lo mismo sucede con la segunda.
Así queda declarado por la Mesa.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La segunda indicación es la que obliga a la DIGEDER a destinar recursos al COCH para contribuir a la realización de los Juegos Panamericanos de Invierno Chile 1993.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente , la primera indicación no significa aumentar gastos ni se refiere a mayores ingresos. Básicamente, establece una distribución de recursos con arreglo a una ley despachada por el Congreso Nacional.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Pero está disponiendo de recursos, y esa disposición no puede provenir sino del Presidente de la República. Esas mismas razones tuvo ayer la Cámara de Diputados para declarar inadmisible una indicación similar.
El señor NAVARRETE.-
Con la segunda indicación señor Presidente , se está respondiendo a un compromiso que el Supremo Gobierno hizo suyo, en tanto el Primer Mandatario confirmó su disposición a procurar el financiamiento indispensable para costear los gastos de los Juegos Panamericanos de Invierno Chile 1993.
Si Su Señoría insiste en declarar improcedentes ambas indicaciones, hago expresa mención de los fundamentos que acabo de exponer, para que este debate al menos haya servido para posibilitar la corrección pertinente, en términos de reasignaciones o de asignaciones extraordinarias, y atender las demandas de nuestro deporte.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Hago mías las observaciones y la petición de Su Señoría. Y espero que también hayan conmovido al señor Ministro de Hacienda subrogante, para que en su momento tenga presentes estas circunstancias.
El Honorable señor Zaldívar ha pedirlo la palabra.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , sólo deseo hacer una aclaración.
Cuando se dispone de recursos generados por determinada ley, en la de Presupuestos figura una estimación del rendimiento. Por lo tanto -y creo que a eso apunta la inquietud del Senador señor Navarrete-, si el rendimiento es superior a lo estimado, se entiende que la cifra debe ajustarse.
Pienso que en el caso planteado, si se ha operado sobre la base de cálculos que no corresponden, debería rectificarse. Pero la ley tiene que ser cumplida por el Ejecutivo en su integridad. Y la ley de Presupuestos -repito- es sólo una estimación.
Por ende, en lo que se refiere a los ítem 009 y 010 -asignaciones al Comité Olímpico de Chile y a las federaciones afiliadas según la ley 19.135-, el Fisco tiene que entregar la información sobre el rendimiento exacto que se produzca en el año fiscal pertinente.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Respecto de la Partida 12, Ministerio de Obras Públicas, hay una indicación del Honorable señor Navarrete para agregar en el ítem 69, Subtítulo 31, Inversiones en la Novena Región, la siguiente Glosa: "La Dirección de Riego deberá destinar de los recursos que le asigna esta ley la suma de 216 millones de pesos para el financiamiento del Diseño de Ingeniería y la construcción del Proyecto Canal de Regadío Victoria-Traiguén-Lautaro.".
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente , creo que la indicación va a ser declarada improcedente por la Mesa, porque dice directa relación a un aumento de gasto. Sin embargo, he querido presentarla porque fue planteada en la Subcomisión correspondiente y aprobada por la unanimidad de sus miembros. Debo destacar que fue, si no la única, una de las pocas indicaciones acogidas en esa forma.
En su oportunidad me extendí largamente sobre las razones que justifican la construcción del citado Proyecto. No quiero entorpecer este debate abundando en mayores consideraciones. Sí mencionaré tres aspectos.
Primero, se trata de un Proyecto que ha atravesado cinco Gobiernos, y cada uno de ellos se ha comprometido con su realización; sin embargo, hasta hoy no es una realidad. Su objetivo es regar 65 mil hectáreas, en un medio donde se desenvuelve una realidad étnica muy particular de nuestro país, que abarca a alrededor de mil ochocientas familias mapuches. Es el único proyecto, en la historia del país, que ha contemplado un beneficio concreto y directo para aquéllos, haciendo posible que tierras infértiles, áridas, puedan destinarse a aumentar la productividad.
Segundo, se ha realizado un verdadero esfuerzo en el diseño del proyecto de factibilidad. Han quedado demostradas tanto su factibilidad cuanto su rentabilidad, y se presenta como una empresa atractiva e interesante para la economía regional y nacional.
En el mismo sentido, quiero destacar el interés que los agricultores han puesto en el Proyecto y su contribución, que, aunque modesta aún, ha hecho posible la realización de esta etapa.
Para 1993 se contemplaba -así está consignado en el programa de la Dirección Nacional de Riego- realizar la fase de ingeniería, que es previa a la construcción misma. Pero ella no será posible si no se cuenta con los recursos del caso.
En tercer lugar, los Parlamentarios de la Región nos hemos reunido con el Presidente de la República para tratar este punto. Su Excelencia ha estado en la Región y, tanto en su permanencia en las localidades de la provincia de Malleco como en la visita que le hicimos en La Moneda, se ha comprometido a hacer realidad la obra durante su mandato, sea por la vía del inicio de las obras, sea por la de dejar firmado el decreto de construcción. Y para que ello sea factible, es fundamental el diseño de ingeniería.
Ahora bien, aun cuando no esté contemplada específicamente la partida para financiar la etapa de diseño, es posible que el Ministerio de Obras Públicas disponga una asignación de recursos para ese objetivo. He conversado al respecto con los señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas, encontrando en ellos la mejor disposición para procurar el cumplimiento de la etapa.
Esa es la razón por la cual he querido presentar la indicación y ocupar algunos minutos para referirme al citado Proyecto, la más importante infraestructura contemplada para la Novena Región.
He dicho.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , quiero volver atrás, en aras del buen procedimiento. En la Partida 07, Ministerio de Economía, hay una asignación, la 001 del ítem 85, Aportes al Sector Privado -subtítulo 33, que corresponde a Transferencias de Capital-, que significa un aporte de capital a la ENACAR.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
¿Me excusa, señor Senador?
El señor PIÑERA.-
Sólo quiero dejar constancia de que, en mi concepto, su aprobación requiere quórum calificado, porque representa un aporte a una empresa pública.
Por lo tanto, para obviar problemas posteriores, sería útil consignar nuestra opinión en el sentido de que esa parte del Presupuesto no puede ser aprobada con quórum simple.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Primero voy a referirme a la indicación que presentó y justificó el Honorable señor Navarrete.
Como Su Señoría se adelantó a expresarlo, si bien los méritos de la indicación son múltiples, su contenido está sujeto a disposiciones que norman las facultades del Congreso Nacional y las de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Como sin patrocinio del Gobierno dicha indicación no puede ser admitida por la Mesa, la declaro improcedente.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente , reitero la petición de oficio que formulé en la Subcomisión, y solicito ahora que aquél sea despachado por el Senado, en mi nombre, al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se despacharía el oficio, en la forma indicada por el Honorable señor Navarrete.
Acordado.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
En seguida, corresponde tratar la partida 21...
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , antes de eso, quiero dejar constancia de mi aprensión por el hecho de que no puede procederse a la aprobación a que me referí sin dejar constancia de que medió quórum calificado.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Todas las votaciones anteriores, señor Senador, se decidieron por 27 ó 28 votos. Quizás ahora no haya tal número de señores Senadores, pero en ese momento se contaba con 27 ó 28 votos. Así que, para ese efecto, todo fue aprobado con quórum que excedía el calificado.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , dejo constancia de que no estoy de acuerdo con la tesis del Senador señor Piñera, porque el quórum calificado se necesita sólo para la creación de empresas, pero no tratándose de asignaciones a empresas que existen desde hace muchos años y que están reconocidas como tales.
Una asignación de este tipo mediante la Ley de Presupuestos no requiere quórum calificado. No existe disposición constitucional que así lo indique.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Para los efectos concretos, el señor Secretario certifica que, en todo caso, había quórum suficiente.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Eso, para el evento de que hubiera exigencia de quórum calificado.
La Cámara de Diputados aprobó el artículo pertinente -deja constancia en su oficio- con quórum calificado.
Para que no haya problema alguno, reitero que la votación respectiva se dirimió por 27 ó 28 votos. No sé exactamente en qué minuto se votó la partida; habría que confirmarlo.
El señor ZALDÍVAR.-
Dejemos constancia, señor Presidente , de que no hay aquiescencia de la Sala en cuanto a que se trata de una norma de ese rango. No hay en la Carta Fundamental precepto alguno que diga que las asignaciones que vía Ley de Presupuestos se hacen a una empresa autorizada por ley requieren aprobación con quórum calificado.
Entonces, quiero hacer constar mi discrepancia en cuanto al planteamiento del Senador señor Piñera.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , como se están dejando constancias, quiero hacer presente que comparto el criterio que indica que la norma en comento requiere quórum calificado.
De acuerdo al inciso segundo del número 21° del artículo 19 de la Constitución Política, las empresas en las cuales participe el Estado se regirán por las disposiciones del Derecho Privado común, salvo que una ley de quórum calificado determine lo contrario.
Las empresas privadas no reciben aportes del Estado. Y la verdad es que...
El señor ZALDÍVAR.-
¿Dónde dice que la ley debe ser de quórum calificado?
La señor FELIÚ.-
En la parte final del número 21°, señor Senador , que expresa: "la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado;".
El señor ZALDÍVAR.-
Eso es para las empresas privadas.
La señora FELIÚ.-
ENACAR se rige por las normas del Derecho Privado común. Y aquí se destinan fondos para un aporte extraordinario, marginando a esta empresa de la legislación corriente. Además, se rompe el criterio de igualdad económica establecido en el número 22° del mismo artículo 19 de la Carta,
Señor Presidente , una discusión similar a ésta se suscitó en el Senado con motivo de los aportes a Televisión Nacional y a Radio Nacional, y en ambas circunstancias la disposición pertinente se aprobó con quórum calificado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , mediante esta proposición, el Gobierno, a través de la CORFO, pretende aumentar su participación accionaria -no crear una empresa- en ENACAR, en conformidad a las normas que rigen a las sociedades anónimas privadas.
Si no procediere en esa forma, y realizare una transferencia o aporte de capital, beneficiaría, gratuitamente, al resto de los accionistas, que son particulares.
Es urgente que el Estado incremente su participación en esa empresa. Todos conocemos la situación en que se encuentra y, también, que han tenido que implementarse programas de reconversión productiva y laboral con el objeto de paliar la crisis por que atraviesa la industria carbonífera.
El señor PIÑERA.-
¿Cuántos votos se registraron, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
El señor Secretario informa que el resultado fue de 26 votos afirmativos. Como el quórum calificado requiere 24, ésta es sólo una discusión de principios. Aunque más vale asegurarse. La Cámara de Diputados dejó establecido que este aporte se aprobó con este mismo tipo de quórum.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , está bien que se deje constancia del quórum de aprobación; pero creo que al mismo tiempo debe dejarse testimonio de la discrepancia producida en cuanto a la interpretación. Es decir, que algunos señores Senadores estiman que en este caso se requiere quórum calificado, y otros no.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Así se hará, Su Señoría.
El señor ORTIZ.-
¿La constancia es de que hay Senadores que opinan en un sentido; y otros, de distinta manera?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Hay diferencia de opiniones, señor Senador. Pero esa disposición quedó aprobada con quórum calificado.
--Se deja constancia de ambas precisiones.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación, glosa 04. Dice:
"Con cargo a este ítem podrán destinarse recursos a instituciones públicas y organismos del sector público, los que no se incorporarán a los presupuestos de los organismos receptores. No obstante, éstos deberán informarse mensualmente al FOSIS y a la Dirección de Presupuestos sobre el gasto efectivo y avance físico de los proyectos que se financian.".
Hay una indicación del Honorable señor Piñera -a)- para sustituir su texto por el siguiente:
"Mediante Decreto Supremo dictado en el mes de diciembre de 1992, el Ministerio asignará los recursos de cada programa entre las 13 regiones del país, señalando los criterios de distribución utilizados, siendo el más importante el grado de pobreza extrema de la población en cada región.
"Para cada programa se definirán los requisitos de postulación, los criterios que se considerarán para su selección y los plazos de presentación a la Municipalidad respectiva.
"La Municipalidad -Alcalde y Concejo Comunal- analizará la compatibilidad de las postulaciones con el respectivo Plan Comunal de Desarrollo y su Programa Anual, y celebrarán una lista priorizada de las mismas, donde se indicará además aquellas que no cumplen con los requisitos de presentación y las que considera no prioritarias por no destinarse a la población en extrema pobreza. Esta información, junto a todas las postulaciones y sus respectivos antecedentes serán remitidos al Gobierno Regional durante el mes de marzo.
"El Intendente Regional resolverá, previa consulta al Consejo Regional, los proyectos que se financiarán con cargo a estos fondos, entre los proyectos que cumplan con los requisitos exigidos y respetando las prioridades señaladas por cada comuna.
"Los recursos de estos Programas no se incorporarán a los presupuestos de los gobiernos regionales. No obstante éstos deberán informarse mensualmente al FOSIS y a la Dirección de Presupuestos sobre el gasto efectivo y avance físico de los proyectos que se financien.
"Los recursos no asignados inicialmente y los que no fueron distribuidos de conformidad a lo establecido en los incisos anteriores, se someterán durante 1993 al procedimiento antes fijado.".
Además, propone -b)- agregar esta misma glosa 04 al ítem 32.81.001.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor ZALDÍVAR.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , esta indicación formulada por el Senador señor Piñera tiene un objetivo bastante loable -quizás, uno estaría dispuesto a estudiarla, sobre todo cuando exista mayor aplicación de la Ley sobre Gobierno y Administración Regional; incluso, el Director de Presupuestos nos informó que se ha estado analizando la conveniencia de especificar más la glosa-, pero es improcedente. Así fue declarada por quien habla, en su calidad de Presidente de la Comisión Especial de Presupuestos , por infringir el artículo 62, inciso tercero, de la Constitución.
Por lo tanto, rogaría a la Mesa darle el mismo tratamiento, por cuanto tiende a dar un destino diferente a la administración presupuestaria propuesta por el Ejecutivo.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Si la indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión de Hacienda , de acuerdo con las normas vigentes no puedo modificar esa decisión.
--Se declaran inadmisibles las dos letras de que consta la indicación.
El señor PIÑERA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , con relación a estas dos glosas, quiero dejar constancia de que el objetivo de la indicación era muy simple. Ocurre que los fondos del FOSIS, que financian una multiplicidad de proyectos de muy diversa naturaleza y, normalmente, de pequeño valor unitario, hoy son determinados por el Ministerio de Planificación. O sea, en forma centralizada.
Dado que la indicación ha sido declarada inadmisible, pido oficiar al Ejecutivo , en mi nombre, a fin de que el nivel central fije la distribución de los recursos del FOSIS entre regiones en base a criterios objetivos, establecidos claramente en un decreto fundado, y que, una vez hecha esta distribución regional por el Gobierno central, se permita la participación de los gobiernos comunales y regionales en la calificación de los proyectos que se incluirán en conformidad a las normas generales impartidas por el propio FOSIS. De esta manera, la municipalidad y el gobierno regional podrán participar en la decisión acerca de qué proyectos son, realmente, los más efectivos para combatir la pobreza. Porque ésta es la labor esencial del FOSIS.
Por lo tanto, señor Presidente , solicito enviar al Ejecutivo el oficio mencionado, agregando la indicación propuesta.
--Así se acuerda.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Seré muy breve, señor Presidente. Sólo quiero recordar lo expresado en la mañana al discutirse otra indicación de propósitos parecidos.
Si bien este año la descentralización en la distribución de los fondos del FOSIS se hace en virtud de la decisión de la autoridad central de dicho organismo, en el presupuesto de 1993 no ocurrirá así: la tercera parte del mismo deberá ser definida a nivel de gobierno regional y los proyectos tendrán que ser elegidos por éste. Así se consigna en el texto del proyecto que el Senado trata en este momento.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
En la misma partida 21, el Honorable señor Piñera propone reemplazar el texto de la glosa 05, haciendo también una distribución regional de los fondos respectivos.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Por las razones dadas acerca de la indicación anterior, debe declararse improcedente.
--Se declara inadmisible la indicación.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La partida 22 no ha sido objeto de indicaciones.
--Se aprueba.
El señor PIÑERA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , deseo dejar constancia de que tanto esta glosa 05, como todas las que se refieren a inversiones sectoriales de asignación regional que figuran en el proyecto, en mi opinión, podrían ser inconstitucionales, ya que no fijan la distribución de los fondos por regiones.
Podría hacer una larga enumeración de los fundamentos de esta eventual inconstitucionalidad, que están contenidos en el artículo 104 de la Constitución, que dice: "La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de eficiencia y equidad, tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes.".
Y si relacionamos esta norma con lo dispuesto en la Ley sobre Gobierno y Administración Regional, podemos llegar a la conclusión de que todos los fondos relativos a inversiones de asignación regional deberán ser asignados por las regiones e incluidos en el proyecto de ley de presupuestos. Pero no se procedió así en la presente iniciativa.
Como dije, quiero que quede constancia en la Versión Taquigráfica de lo que he expuesto. Los fundamentos correspondientes los haré llegar a Secretaría. En ellos se demuestra que la no asignación por los gobiernos regionales de los fondos de inversión sectorial que se proponen, estaría vulnerando disposiciones de la Constitución y de la Ley sobre Gobierno y Administración Regional.
El señor ZALDÍVAR.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , quisiera que se dejara constancia también de lo que opinó la Comisión Especial de Presupuestos respecto de la indicación formulada por el Senador señor Piñera.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Muy bien.
El señor ZALDÍVAR.-
En esa misma oportunidad, señor Presidente , el Senado señor Diez también se refirió al tema, pero expresó que eso no podía hacerse en este proyecto porque la ley sobre regionalización -que reglamenta la norma constitucional- sólo había sido publicada hacía seis días. Entonces, mal podía haberse procedido en la forma señalada por el Honorable señor Piñera.
Naturalmente, el próximo año deberá aplicarse -así lo ha anunciado el Director de Presupuestos- toda la normativa que obliga a efectuar regionalmente la distribución presupuestaria.
En consecuencia, a la constancia dejada por el Honorable colega debe añadirse, igualmente, la del debate desarrollado en la Comisión, donde hubo acuerdo para proceder de la manera en que se hizo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Conforme.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
A continuación, corresponde tratar la partida 50, Tesoro Público, Administración y Ejecución Presupuestaria por el Ministerio de Hacienda.
Su Excelencia el Presidente de la República ha presentado la siguiente indicación:
"Capítulo 01 Fisco:
"En el Programa 01 Ingresos Generales de la Nación, subtítulo 03: en el ítem-66 Otros, sustituir "1.812.018" por "20.086.646", y en el ítem 94.001, Deudores del Período, sustituir "-51.337.302" por "-53.098.517".".
"En el Programa 03 Operaciones Complementarias, subtítulo 25, agregar en el ítem 33 lo siguiente: "117 Transferencias a Municipalidades" con "16.513.413" miles de pesos.".
El Ejecutivo termina señalando en su, indicación: "Con motivo de las modificaciones propuestas, deben entenderse formuladas las enmiendas que corresponden a los rubros superiores de agregación presupuestaria y a los artículos 1° y 2° del proyecto referido.".
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , la Cámara de Diputados aprobó la prórroga, por un año o hasta fecha que determine la Ley de Rentas Municipales, de los avalúos de los bienes raíces no agrícolas y del 30 por ciento adicional de beneficio fiscal que rige hasta fines de 1992. Y con motivo de la prórroga de ese 30 por ciento, se genera un ingreso adicional que, en términos netos, alcanza a 16 mil 513 millones 413 mil pesos. El propósito de la indicación es que estos mayores ingresos sean destinados a las municipalidades, lo cual es concordante con lo que aprobó la otra rama del Parlamento y respecto de lo cual todavía no se ha pronunciado el Senado.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , si mal no entiendo, el precepto que autoriza las prórrogas pertinentes está inserto en el articulado permanente de la Ley de Presupuestos. ¿No es así? Entonces, deberíamos dejar pendiente esta Partida del Tesoro Público de mayores ingresos y aportes a los municipios hasta que el Honorable Senado apruebe aquel artículo, que condiciona la aceptación de ésta.
El señor ZALDÍVAR.-
Entonces, despachemos inmediatamente la norma a que aludió la señora Senadora.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Vale decir, el artículo referente a la prórroga de los avalúos por un año.
El señor ZALDÍVAR.-
Así es, señor Presidente.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Esa materia corresponde al nuevo artículo 24 aprobado por la Cámara de Diputados, cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 24.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.000:
"a) Reemplázase, en el inciso tercero de su artículo 2°, la oración "y hasta el plazo que se fije en la nueva Ley de Rentas Municipales para su entrada en vigencia o a más tardar el 31 de diciembre de 1992", por la siguiente: "y hasta el plazo que se fije en la Ley de Rentas Municipales o a más tardar el 31 de diciembre de 1993", y
"b) Sustituyese en su artículo 3°, la frase "en el plazo en que entre en vigencia la nueva Ley de Rentas Municipales o, en todo caso, el 1° de enero de 1993", por la siguiente: "en la fecha de vigencia que se determine en la Ley de Rentas Municipales o, en todo caso, el 1° de enero de 1994".
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , el propósito de esta postergación es que puedan operar los nuevos avalúos una vez que rija la nueva Ley de Renta Municipales, actualmente en discusión en el Congreso. Para ello, esa ley determinará un plazo o éste terminará a más tardar el 1° de enero de 1994. Dicha normativa propone una serie de modificaciones que permiten a los municipios cierta flexibilidad en la recaudación de las contribuciones de bienes raíces. Por eso, como aún no se promulga la nueva Ley de Rentas Municipales, se propone esa prórroga, la que también comprende el 30 por ciento de beneficio fiscal, recursos que se sugiere transferir íntegramente a los municipios.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , quisiera consultar cómo se reparten estos fondos entre los municipios: si es por el sistema permanente -o sea, sobre la base de los índices de menores ingresos municipales- o de otra manera.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
La norma actual opera conforme a la distribución del Fondo Común Municipal. Y en esos mismos términos se propone para 1993.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobaría el artículo 24 acogido por la Cámara de Diputados.
Acordado.
Consecuentemente, quedaría aprobada también la indicación al Capítulo 01 Fisco, a la que ya di lectura.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Corresponde entrar a pronunciarse acerca de las indicaciones al articulado del proyecto.
La primera de ellas, formulada por los Senadores señores Cantuarias y Urenda , tiene por objeto agregar, en el artículo 1° de la iniciativa, el siguiente inciso final: "Se entenderá que la estimación de los gastos del presupuesto del sector público para 1993 que contempla la presente ley, será el gasto máximo autorizado.".
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , el Ejecutivo presentó una indicación respecto de esa materia. Podría dársele lectura. Se trata de una sugerencia que ha sido debatida durante la tramitación del proyecto y que alude a que exista algún tipo de límite y a restringir las normas de flexibilidad en cuanto al manejo y ejecución presupuestarios. La indicación presentada por el Gobierno recoge este planteamiento.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Se dará lectura a la indicación.
La señora FELIÚ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora FELIÚ.-
Creo que sería conveniente llamar a los señores Senadores que se encuentran en las Comisiones, porque entiendo que respecto del articulado de la Ley de Presupuestos se han formulado distintas indicaciones por parte de los Honorables colegas y del Ejecutivo , y, en consecuencia, habrá varias votaciones.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se procederá a tocar los timbres.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La indicación a que se refería el señor Ministro propone agregar el siguiente artículo nuevo al proyecto:
"Artículo 27.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.
"No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles ni a los incrementos originados en aplicación de donaciones, en devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el Servicio receptor, en transferencias al Fisco, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.
"Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido...
El señor PIÑERA.-
¿Me permite una interrupción, señor Presidente? Esta indicación es muy importante porque involucra un cambio significativo de las normas con que se han aprobado los presupuestos anteriores. Y creo que sería útil, más que una lectura, que se repartiera una copia de la indicación.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Así se hará, señor Senador.
Entonces, sería conveniente ver otra indicación mientras se reparten las copias.
--Queda pendiente la resolución sobre la indicación al artículo 1° de los señores Cantuarias y Urenda y la del Ejecutivo que agrega un artículo 27 nuevo.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
El Senador señor Piñera ha formulado indicación al artículo 2°, que dice lo siguiente: "En el artículo 2° debe individualizarse como Partidas los 13 Presupuestos de los Gobiernos Regionales e identificarlos como tales puesto que, de acuerdo a las normas orgánico-constitucionales de la Ley 19.175, éstos son órganos descentralizados responsables de la administración superior de sus regiones y no supeditados ni integrados a Ministerio alguno del Estado. Más aún, los artículos 68 bis y 69 así lo disponen.
"FUNDAMENTO:
"La formulación del Ejecutivo en esta materia infringe normas expresas de la Ley 19.175, orgánica constitucional, que una ley simple necesariamente debe respetar de acuerdo al ordenamiento jurídico constitucional que rige al país.".
El señor ZALDÍVAR.-
Pero ésa no es una indicación, sino una buena declaración.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Claro; me parece que no tiene las características de una indicación.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , en la Comisión no se le dio curso por esa misma razón.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Procedió atinadamente la Comisión.
--Se declara inadmisible la indicación.
--Se aprueba el artículo 2° propuesto por la Comisión.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
En seguida, la Comisión Especial sugiere aprobar, sin enmiendas, el artículo 3°, que autoriza al Presidente de la República para contraer obligaciones, hasta por la cantidad de 57 mil 698 millones 833 mil pesos que, por concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación.
Estima que este precepto -que es bastante largo- debe ser aprobado con quórum calificado, de acuerdo con la Constitución Política.
En este momento hay 25 señores Senadores en la Sala.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En discusión el artículo.
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Sólo deseo hacer una observación de forma, señor Presidente. Quiero preguntar al señor Ministro de Hacienda subrogante si la cantidad consignada en la disposición podría expresarse en un castellano más correcto. Cuando hay una serie de cifras, se justifica indicarlas en "miles", pero no cuando se trata de un solo guarismo. En vez de "57.698.833 miles", podría colocarse "57.698.833.000". Resulta hasta más corto poner tres ceros, y no la palabra "miles".
El señor ZALDÍVAR.-
Propongo autorizar a la Secretaría para hacer la corrección en los términos indicados por Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Lo que pasa es que todas las cantidades vienen expresadas en miles.
El señor URENDA.-
Es distinta la situación. Si se trata de una enumeración, hay que seguir ese procedimiento, pero en este caso sólo son dos cifras, contenidas en distintos incisos. Y aquí tal sistema se presta a confusión. Así ha ocurrido cuando se han leído las normas.
No sé si existe algún inconveniente práctico para acoger mi observación.
El señor DÍEZ.-
¿Qué método se aplicó en la ley anterior?
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, en el proyecto se advierte que todas las cantidades están expresadas en miles.
El señor URENDA.-
Insisto: en un subtítulo, por ejemplo, conviene seguir ese procedimiento. Pero cuando en un precepto se menciona una sola cifra, esa práctica, en mi opinión, constituye un mal uso del idioma y un factor de confusión. En todo caso, el asunto no tiene más importancia que eso.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , pienso que habría que autorizar a la Secretaría para efectuar la modificación.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La Secretaría entiende que todo el proyecto de Ley de Presupuestos, tal como señaló el señor Ministro , expresa las cantidades en miles. Así, el artículo 3°, en su inciso primero, habla de "57.698.833 miles", y en su inciso segundo, de "1.100.000 miles moneda de los Estados Unidos". De manera que si se corrigiera esta disposición habría que modificar todas las demás.
El señor URENDA.-
En la enumeración que hace un subtítulo, por ejemplo, es válido emplear ese sistema y multiplicar las cantidades por mil. Pero en el artículo 3° se da una situación distinta.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Todas las Partidas, señor Senador, siguen ese criterio.
El señor URENDA.-
Así partí diciendo, señor Secretario. Que cuando se trata de una serie, los números deben multiplicarse por mil. Pero cuando una norma sólo menciona una cifra, esa práctica corresponde a un mal uso del castellano.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , tiene razón el Honorable señor Urenda. En el caso de los cuadros de ingresos y gastos, se advierte que las cantidades que allí se indican están expresadas en miles. Pero, en estricto rigor, se deberían escribir totalmente con números, aunque fuera para indicar miles, millones y miles de millones.
Pienso que sería muy fácil corregir el artículo, reemplazando la palabra "miles" por tres ceros.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se modificaría la disposición en la forma señalada, a fin de que no exista ninguna duda acerca de la suma a la cual se refiere.
El señor DÍEZ.-
¿Qué sistema se siguió en las leyes anteriores?
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Todas ellas aplicaron el mismo procedimiento que emplea el proyecto de este año. Las Glosas no sólo especifican arriba que se trata de cantidades expresadas en miles, sino que, además, en el caso del Servicio Agrícola y Ganadero, por ejemplo, se dice: "E) Se podrá contratar en forma transitoria, adicionalmente a la dotación máxima para 1993, por contratos asimilados a grado, hasta 108 meses/funcionario, por un monto que no podrá exceder de $ 36.728 miles.". Y todas las Glosas hacen lo mismo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
En efecto, señor Presidente , todas las cifras están expresadas en miles. Sin embargo, coincido con el Senador señor Urenda en cuanto a que con este método tal vez no se saque una conclusión inmediata acerca de la cantidad a que se refiere una norma. Por eso, quizá en el informe podría hablarse de miles y millones con números.
Con todo, la ventaja del sistema que se emplea en el proyecto radica en que las cifras indicadas por los artículos corresponden exactamente a la suma de todas las cantidades expresadas en miles. En síntesis, señor Presidente , tal vez en el informe podría seguirse el procedimiento sugerido por el Honorable señor Urenda , más compatible con el castellano. Pero en el caso de la ley conviene mantener el sistema seguido hasta ahora, pues todas las cantidades se indican en miles.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Si todas están en esa forma, no se puede introducir ninguna variación, porque de lo contrario habría que modificar el texto completo. De manera que, si le pareciera a la Sala, se aprobaría el artículo 3° tal como se plantea.
--Se aprueba (25 votos).
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
En el artículo 4° hay una indicación del Senador señor Piñera a su inciso segundo. La norma propuesta por la Comisión dice:
"La identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior.".
El Honorable señor Piñera sugiere reemplazarla por la siguiente:
"La identificación de los proyectos de inversión incluidos en los Presupuestos Regionales, previamente aprobados por los Consejos Regionales, se hará mediante resolución del Intendente respectivo, visada por la Secretaría Regional Ministerial de Hacienda. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior.".
Además, dicho señor Senador propone eliminar el inciso tercero del artículo 4°.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
En discusión la indicación.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , en la Comisión Especial hubo acuerdo en lo que resolvió la presidencia en el sentido de que la indicación es una enmienda de administración presupuestaria, y que, por lo tanto, se aplica el artículo 62, inciso tercero, de la Carta Fundamental.
Por otra parte, la indicación contiene un error -involuntario, seguramente-, pues establece la visación de los Secretarios Regionales Ministeriales de Hacienda, en circunstancias de que estos funcionarios no existen en todas las Regiones. En ese sentido, es impracticable.
La presidencia de la Comisión Especial la declaró improcedente, y sugiero a la Mesa aplicar el mismo criterio.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , en las Regiones donde no hay Secretarios Regionales Ministeriales de Hacienda existe otra persona que cumple su función.
En seguida, me voy a referir a los dos elementos involucrados en la indicación. Uno es el fondo de ésta, y el otro, el relativo a la constitucionalidad del proyecto de Ley de Presupuestos que se somete a la consideración del Congreso.
En cuanto al segundo aspecto, el artículo 102 de la Carta Fundamental establece que al Consejo Regional le corresponde resolver "la inversión de los recursos consultados para la región en el fondo nacional de desarrollo regional,". Esto implica que la decisión sobre qué proyectos específicos se financiarán con dichos recursos no puede ser revisada por el nivel nacional. De hecho, se asume que si éste asignó los fondos, lo hizo evaluando los méritos de las proposiciones hechas por la Región en su proyecto de presupuesto regional.
La norma planteada por el Ejecutivo, además de ser inconstitucional al tenor del artículo 102 de la Ley Fundamental, por romper la autonomía de los gobiernos regionales, tiene un riesgo: bastaría que la Subsecretaría de Desarrollo no identificara un proyecto que el Gobierno regional haya acordado financiar, para que el efecto de ello correspondiera a un veto.
Además, si bien el Presidente de la Comisión Especial puede declarar inadmisible todas las indicaciones que quiera, debo hacer presente que el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley N° 19.175, de fecha 3 de noviembre del año en curso, no sólo reitera plenamente lo expresado en la indicación en debate y en su fundamento, sino que, además, objeta las normas aprobadas por el Congreso que no respetan la atribución soberana de los consejos regionales en materia de asignación y administración de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
En consecuencia, señor Presidente, considero de gran importancia hacer un intento en este proyecto de Ley de Presupuestos...
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor PIÑERA.-
En seguida, Su Señoría.
Y digo que hay que hacer un intento para que este proyecto de Ley de Presupuestos no se ponga en abierta contradicción con la Carta Fundamental, máxime si el Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre la materia, confirmó plenamente lo que establece la indicación en debate.
Concedo una interrupción al Honorable señor Zaldívar , con la venia de la Mesa.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , esa argumentación se dio en la Comisión Especial. Y creo que se trata de una materia que requiere estudio y ponderación. En definitiva, se acordó remitir las indicaciones del Honorable señor Piñera -a ésta y otra materia, me parece- al Ejecutivo , a fin de que, si procediere, ajustara las normas a las disposiciones fundamentales y al fallo del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, la indicación del Senador señor Piñera , aun persiguiendo ese propósito, es improcedente, pues corresponde a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En consecuencia, lo importante, a mi juicio, es que el Ejecutivo tome nota del asunto y, si existe fundamento jurídico en tal sentido, corrija los artículos pertinentes. Ahora, si estima que no lo hay, tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que, en su momento, determine si lo aprobado es o no es constitucional, frente al diferendo suscitado entre el Ejecutivo y el Parlamento.
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , solicito formalmente a la Mesa que declare la inadmisibilidad del artículo 4° del proyecto le Ley de Presupuestos, por ser contrario a la Carta Fundamental, además de resultar innecesario. Porque la Constitución regula cosas que aquí pretenden desregularse.
Me parece que no es válida la tesis de "aprobemos un artículo contra la Constitución; allá verá el Tribunal Constitucional si lo anula o no lo anula", porque esto obliga a recurrir a ese organismo y a transformarlo en colegislador, lo que no es conveniente.
Pero no hay duda. Pido a la Mesa que ejerza sus facultades y declare inadmisible, por inconstitucional, el artículo 4° del proyecto de Ley de Presupuestos, porque la Carta Fundamental dispone textualmente:
"Corresponderá desde luego al consejo regional aprobar los planes de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto del gobierno regional, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación. Asimismo, resolverá la inversión de los recursos consultados para la región en el fondo nacional de desarrollo regional, sobre la base de la propuesta que formule el intendente.".
En consecuencia, la Ley Fundamental dispone -como lo señaló el Tribunal Constitucional- quién tiene la facultad de resolver sobre la inversión regional.
Por otro lado, existe también el denominado "fondo de inversiones sectoriales de asignación regional", reglamentado por el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución, que dice: "La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de cada región corresponderá al gobierno regional.".
Por lo tanto, señor Presidente, reitero: debido a que el artículo 4° del proyecto resulta abiertamente inconstitucional, solicito de manera formal a la Mesa que lo declare inadmisible.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , supongo que el Senador señor Diez se está refiriendo al inciso segundo del artículo 4°, porque este precepto tiene por objeto la identificación de todos los proyectos de inversión, y no sólo de los que se ejecutan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Ese inciso segundo dispone la forma de proceder en el caso de los proyectos financiados con el presupuesto del citado Fondo Nacional, estableciendo claramente que, una vez aprobado éste para cada Región - y que figura en la Partida Ministerio del Interior del Presupuesto de la Nación, donde individualmente reciben un monto global-, ellas identificarán y elegirán los proyectos. Luego, como ocurre para todos, se dictará el decreto identificatorio, en el que figurarán todos los proyectos de inversión seleccionados por el Consejo Regional.
La visación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y de la Dirección de Presupuestos tiene el propósito de asegurarse de que tales proyectos estén debidamente recomendados por el MIDEPLAN o por el SERPLAC, vale decir, que sean técnicamente recomendables.
Por otro lado, debido a que la mayor parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se financia con un crédito del BID, los proyectos deben ser elegibles de acuerdo al convenio respectivo firmado con dicho Banco.
Esa es la finalidad de la visación que realizan, en este caso concreto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Dirección de Presupuestos. Pero la selección de los proyectos, con los recursos ya aprobados por el Congreso Nacional para cada una de las Regiones en la Partida Ministerio del Interior, corresponde exclusivamente a los gobiernos regionales.
El señor PIÑERA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Puede usar de la palabra, Su Señoría.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , aquí hay dos formas de enfrentar el problema. Una, como lo ha hecho mi colega el Senador señor Diez, que consiste en solicitar a la Mesa declarar inconstitucional el artículo 4°, para lo cual estamos perfectamente facultados. Obviamente, el Parlamento no debe aprobar proyectos de ley reñidos con la Constitución. Y ésa es nuestra opinión respecto del artículo 4°. Tal procedimiento rige no sólo para las indicaciones, sino también para el articulado de cualquier iniciativa que proponga el Ejecutivo.
El otro camino de solución es el que yo escogí: mediante la presentación de indicaciones para intentar corregir la situación, a pesar de que el Senador señor Zaldívar , como Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sistemáticamente las declaró inadmisibles. Y las he planteado con mucha anticipación, aunque el Ejecutivo -comprendo que esto tiene que ver con normas de administración financiera del Estado, en las que el Gobierno tiene iniciativa exclusiva-, estando al tanto de esta argumentación y conociendo el fallo del Tribunal Constitucional, reciente, claro y categórico, debió, en mi opinión, haber enviado una indicación para subsanar la inconstitucionalidad del citado artículo 4°. Como no lo hizo y además el Presidente de la Comisión declaró inadmisible mi proposición, en caso de que el Senado apruebe la norma, a quienes piensan que no se ajusta a lo dispuesto en la Carta Fundamental sólo les queda recurrir al Tribunal Constitucional.
Estimo que, en la medida en que evitemos solicitar esa intervención y nos pongamos de acuerdo internamente para que las iniciativas que aprobemos no sean contrarias a las normas constitucionales, estaremos facilitando el proceso legislativo, y no desnaturalizando el papel de dicho Tribunal.
Por esa razón, señor Presidente , el camino que hasta ahora se ha seguido, en que el Presidente de la Comisión declara inadmisibles las indicaciones (por considerar que corresponden a normas sobre administración financiera del Estado) y el Ejecutivo hace oídos sordos a nuestros argumentos, que creemos constitucionalmente correctos, sólo nos está llevando a postergar la solución del problema y obligándonos a seguir la vía del citado Tribunal.
El descrito es el argumento constitucional.
Ahora bien, el asunto de fondo apunta a lo siguiente: sin visación del Gobierno Central el proyecto no puede ejecutarse. Así el Ejecutivo la denomine visación, o como desee, lo cierto es que esto rompe la autonomía que deben tener los gobiernos regionales, en virtud de lo dispuesto en la Carta Fundamental, en materia de asignación de los recursos contemplados en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y en el de inversiones sectoriales de asignación regional.
Por lo tanto, no importa el nombre que el Gobierno o el señor Ministro de Hacienda subrogante deseen ponerle, porque, visación u otro, significa en la práctica que la decisión final sobre la realización de un proyecto de inversión deja de estar en manos del gobierno regional y pasa a las de Administración Central. Y eso, señor Presidente , es inconstitucional. Y no se trata sólo de nuestra opinión, sino que ella se halla validada por un fallo demasiado reciente y muy claro del Tribunal Constitucional, que, además de reiterar los argumentos que estoy exponiendo, en forma adicional objetó muchas normas aprobadas por el Parlamento en la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, por no respetar la atribución soberana de los consejos regionales respecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
En consecuencia, creo que todos podemos evitarnos un problema rompiendo con esta dinámica, en la que el Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos declara inadmisibles las indicaciones, el Gobierno permanece inactivo y, finalmente, la mayoría del Senado aprueba algo que terminaría en el Tribunal Constitucional, en donde el tema no daría motivos -en mi opinión- para una nueva discusión, sino que, simplemente, se trataría de la reiteración de un fallo público y conocido.
Señor Presidente , a lo mismo apuntaba la indicación al artículo 2° -que, efectivamente, no fue planteada como artículo, sino como una norma que debiera seguirse-, que constituía un aporte para evitar que la Ley de Presupuestos, en parte, sea declarada inconstitucional por dicho Tribunal.
He dicho.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
El señor Ministro consultó si el planteamiento del Senador señor Diez se refiere a todo el artículo 4°, o exclusivamente a su inciso segundo.
El señor DÍEZ.-
Al artículo 4°, con excepción de su inciso primero, pues todo lo demás dice relación a los fondos regionales, cuyo manejo la Constitución entrega al gobierno regional.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Se hizo presente también la conveniencia de buscar una fórmula para obviar el riesgo evidente de tener que enviar esta materia en consulta al Tribunal Constitucional, con toda la demora que ello implica. Me gustaría conocer la opinión del representante del Ejecutivo a este respecto, en lo atinente a los fondos regionales, porque en lo demás no hay dificultad; por ejemplo, en cuanto a las facultades que expresamente se indican en el inciso primero.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
El alcance de la visación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Dirección de Presupuestos es el que recién señalé: asegurarse de que los proyectos elegidos estén técnicamente recomendados, de acuerdo con los criterios nacionales establecidos en MIDEPLAN y en las Oficinas Regionales de Planificación. Y, además, cerciorarse de que puedan financiarse con créditos especialmente otorgados para el desarrollo regional. Hay uno del Banco Interamericano de Desarrollo que no se concede a los gobiernos regionales, sino a la Administración Central. Por lo tanto, para ser efectivo en la materialización de estos proyectos, hay que estar seguro de que los recursos correspondan al convenio de crédito suscrito, y de que los proyectos sean elegibles conforme al convenio indicado.
Ese es el alcance de la visación, y no interferir en la decisión de los gobiernos regionales.
El señor PIÑERA.-
Pido la palabra.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Puede usarla, Su Señoría.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , creo que estamos confundiendo dos cosas del todo distintas. Por ejemplo, hay créditos del Banco Interamericano de Desarrollo que establecen ciertas normativas, y, naturalmente, si un gobierno regional quiere acceder a esas formas de financiamiento, dentro de su autonomía, tendrá que conocerlas y respetarlas. Pero si, en virtud de condiciones estipuladas por un organismo multilateral (como el BID) para un préstamo al, Gobierno Central, se rompe el principio constitucional de la autonomía regional, estamos haciendo algo incorrecto.
Por otra parte, hago presente que el término "visación" constituye la facultad última para aprobar o rechazar. Por lo tanto, no podemos, so pretexto de que pueda existir un convenio transitorio entre el Gobierno chileno y el BID que establece condiciones para ciertos proyectos, dar la aprobación a una iniciativa de Ley de Presupuestos que es abiertamente inconstitucional.
Además, quiero dejar constancia de lo siguiente: tengo la fuerte convicción de que el artículo 2° del proyecto en debate infringe la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Y, en consecuencia, una ley simple, como es la de Presupuestos, debe respetar el ordenamiento jurídico impuesto por la de rango orgánico constitucional.
Ahora bien, el Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos declaró inadmisible la indicación que presenté para este artículo. Con eso resuelve la dificultad en la Sala, en el sentido de que no se puede continuar adelante con la invitación al Gobierno para que haga compatible el artículo 2° con la ley N° 19.175. Pero, realmente, no se soluciona el problema, porque en último término quien determina la constitucionalidad del proyecto es el Tribunal Constitucional.
Por lo tanto, quiero dejar claramente establecido que la mecánica de la indiferencia del Gobierno frente a estas indicaciones y la declaración de inadmisibilidad por parte del Presidente de la Comisión es un procedimiento extremadamente rápido para que los preceptos se aprueben, pero no resuelve la problemática de fondo: la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos. Y, por ende, reitero: a pesar de todos nuestros esfuerzos, el camino utilizado por el Ejecutivo nos llevará a consultar al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la materia.
Creo que existía un procedimiento mucho mejor: no eludir el fondo del asunto; discutirlo, para que posteriormente se reformaran los artículos por quien tiene atribuciones para ello, y de ese modo hacerlos compatibles con la Constitución Política.
El señor RUIZ (don José).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente , solicito que se respete el Reglamento. En tres oportunidades hemos escuchado al Honorable señor Piñera repetir igual discurso respecto de la misma materia, y, según lo establece la, disposición pertinente, un señor Senador no puede intervenir más de dos veces sobre un mismo asunto.
Así que propongo aplicar el Reglamento de la Corporación para abreviar esta discusión y, de esa manera, avanzar en el tratamiento de la iniciativa.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Señor Senador, se ha planteado un problema de fondo.
El señor RUIZ (don José ).-
De acuerdo, pero apliquemos el Reglamento del Senado, porque hay otros señores Senadores que también pueden argumentar; no solamente el Honorable señor Piñera.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Por supuesto, sería muy útil para la Mesa conocer la opinión de otros señores Senadores sobre el tema. Porque nos encontramos ante una indicación declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión , y, además, hay una petición de un señor Senador para que la Mesa adopte igual proceder con el artículo en debate o, por lo menos, con los incisos pertinentes.
El ánimo es ver qué posibilidad hay para establecer un criterio al respecto que pudiere solucionar este impasse.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , en el artículo 4° se distinguen los proyectos de inversión general -por así decirlo- y los proyectos de inversión regional.
En lo que dice relación a los primeros, creo que la disposición no presenta vicios de inconstitucionalidad, y ella reproduce, por lo demás, normas de leyes de presupuestos dictadas con anterioridad.
Respecto de los presupuestos regionales, no cabe duda de que el precepto es antinómico con las normas de la Constitución Política y con las de la ley N° 19.175. En esa perspectiva, considero que podríamos recabar el asentimiento unánime de la Sala para no entrar a plantear un procedimiento, sino que prácticamente reproducir lo que establecen las normas de la Carta y de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. O bien, suprimir lo relativo a estos presupuestos en los incisos segundo y siguientes, porque no cabe duda de que realmente el precepto que viene en la iniciativa en estudio no está acorde con el Texto Fundamental ni con la ley N° 19.175. A la inversa, los contradice: por una parte, no se ajusta a una ley de rango superior (como es la N° 19.175), y tampoco "a la Constitución Política, por lo cual es inconstitucional.
Desde ese punto de vista, y atendida la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de hacer presentes estas reflexiones, planteo formalmente cuestión de constitucionalidad.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente , no cabe duda de que el derecho a plantear cuestión de constitucionalidad respecto de ésta o de cualquier otra disposición de un proyecto es perfectamente válido, pero creo que aquí se está cayendo en una interpretación muy extraña del texto constitucional. Por de pronto, se habla del principio de autonomía regional, criterio que -hasta donde yo entiendo- jamás estuvo presente en la discusión del proceso regionalizador del país. Chile sigue siendo un Estado unitario. Y particularmente, hubo concordancia en lo referente a la administración de los recursos públicos, a su distribución y a los principios que en este aspecto debe observar la autoridad económica.
El aludido artículo 104 establece simplemente que la asignación de tales recursos al interior de cada Región corresponde al Gobierno Regional. No veo cómo el artículo 4° del Proyecto de Ley de Presupuestos pueda estar infringiendo la Constitución al prescribir que los proyectos y gastos en cuestión, asignados de tal o cual manera por los Gobiernos Regionales, deberán cumplir adicionalmente con dos trámites, que son meramente de identificación y de visación. Aquí no se trata de un pronunciamiento de mérito por parte de las autoridades que señala la disposición, y parece de toda lógica que, para una sana administración financiera, exista al menos alguien encargado de la identificación de los proyectos de inversión incluidos en los presupuestos regionales.
A mi juicio, se ha incurrido en un error de interpretación al concluir que hay aquí una inconstitucionalidad. No es así. Esta norma únicamente consigna un trámite adicional, que de ninguna manera afecta la libertad de que gozan las regiones en la asignación de los gastos respecto de los proyectos aprobados por los Gobiernos Regionales.
En suma, señor Presidente, creo que se está haciendo una interpretación equivocada y que excede el texto constitucional.
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Confío en que el Senador señor Ruiz no se enoje por el hecho de que intervenga nuevamente -es la segunda vez que lo hago, y nunca hemos aplicado con estrictez el Reglamento en este aspecto-, pero estamos en un debate intentando llegar a un acuerdo en una materia nueva y delicada y respecto de la cual carecemos de experiencia.
En mi opinión, en la Ley de Presupuestos -que dura exclusivamente un año, que no tiene que ver con los Gobiernos Regionales sino con el Gobierno central- no podemos incluir normas que obliguen a los Gobiernos Regionales, lo cual requiere una tramitación distinta.
¿Qué es lo que dice la Constitución? Que corresponderá a los Gobiernos Regionales decidir sobre la inversión de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Su Ley Orgánica los obliga, en forma permanente, a cierta práctica para declarar elegibles los proyectos, y a respetar los compromisos relacionados con los créditos que está usando. De manera que si no decimos nada en la Ley de Presupuestos -porque no tenemos autorización para hacerlo-, la Ley Orgánica, en cambio, de acuerdo con la Constitución, obliga al Gobierno Regional a seguir ciertas normas, y éstas regulan la elegibilidad de los proyectos y exigen el cumplimiento de los convenios internacionales.
Por consiguiente, no es cierto que ello no sea operable. Sí es efectivo lo que señala el señor Director de Presupuestos en el sentido de que corremos el riesgo, por estar los Gobiernos Regionales recién constituidos, o por constituirse, de que existan demoras en la inversión debido a la falta de experiencia. Sin embargo, la solución no es ésta. La solución es que la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior los asesore. Estoy seguro de que, así, no tendrán problema alguno, y los proyectos van a tener relación con los compromisos internacionales de Chile, porque los Gobiernos Regionales saben que, de otra manera, estarían ajenos a este financiamiento, y el próximo año disminuiría el Fondo Nacional de Desarrollo Nacional, al no poder ser incrementado con dichos créditos.
En consecuencia, señor Presidente , la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales salva el problema y, si todavía queda una materia que deba ser regulada, lo hará el Reglamento que el Presidente de la República dictará al respecto. Pero no podemos recurrir a este expediente que, tal vez, constituya la vía más rápida para solucionar el problema, pero que no guarda relación alguna con lo que la Constitución dice, esto es, que no puede haber ningún organismo ajeno al Gobierno Regional que incida en la asignación de estos recursos.
El señor PAPI.-
Es que eso es lo inaceptable, cuando se trata de los mismos recursos; son recursos nacionales.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega, con la venia de la Mesa?
El señor DÍEZ.-
Con mucho gusto.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
Intervengo en el ánimo de hallar una fórmula de entendimiento. En la Comisión Especial Mixta escuché al Senador señor Diez decir -no respecto de esta materia, sino de otras que tienen alguna relación con ella- que era entendible que en el proyecto de Ley de Presupuestos no se hubiera llegado a una perfección mayor en lo que respecta a la aplicación de las normas de regionalización, porque éstas acababan de publicarse. Hoy ha sostenido algo similar. Personalmente, comparto esa apreciación, y creo que debe buscarse una solución.
Sin duda, la Ley de Presupuestos debe ceñirse a las normas constitucionales y a las leyes orgánicas que la afectan, pero, de aprobarse la disposición propuesta por el Honorable señor Piñera -declarada inadmisible en la Comisión, y no para eludir el tema de fondo, aunque efectivamente, salvo la observación del -Honorable señor Diez, no pudimos dedicarle el tiempo suficiente-, si se hiciera valer la tesis estricta de aplicar la ley y la Constitución en este caso, creo que no habría inversión regional en el próximo tiempo. Y ello ocurriría, aun cuando esté en vigencia la Ley Orgánica correspondiente, porque los consejos no están operando, el Gobierno Regional va a estar recién instalado y porque el funcionamiento será muy complejo y difícil de entender por todos.
¿Qué es lo que aquí se propone? Facultar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para preseleccionar los proyectos mediante una disposición -a mi juicio, no es inconstitucional-, que dice textualmente: "La identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobados por la administración regional respectiva," -subrayo esto- "se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos.". O sea, en el fondo, el inciso segundo del artículo 4° propuesto se acerca, en parte, a la misma idea; habla de "administración regional". Si bien la indicación del Senador señor Piñera se refiere en forma más precisa a los órganos que creó la Ley Orgánica de Gobierno Regional, estimo que la disposición en comento intentó -y es razonable que haya sido así, porque aquélla todavía no estaba promulgada- adaptarse al concepto de la regionalización, al establecer que la identificación de los proyectos se hará por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, pero que su aprobación dependerá de la administración regional.
En consecuencia, esta norma tiene un fundamento, aunque, obviamente, en el próximo proyecto de Ley de Presupuestos tendría que elaborarse con mayor exactitud, incluso, una disposición como la planteada por el Senador señor Piñera podría ser acogida.
Agradezco al Honorable señor Diez la interrupción concedida.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , no me cabe duda alguna de que el Gobierno no pretende desconocer la regionalización. No he hecho ninguna afirmación política. Esta es una discusión técnica y lo que buscamos es que funcionen bien el Gobierno Regional y la Ley de Presupuestos. Somos mayores de edad, y no podemos dejar la solución de un problema -si es constitucional o no- a un organismo ajeno al Senado. Por mi parte, no renuncio a mi calidad de legislador y a mi obligación de llevar a cabo esta tarea de acuerdo con las normas constitucionales.
La solución que propongo es, lisa y llanamente, dejar sólo el inciso primero del artículo. ¿Por qué? ¿Qué forma tiene el Ejecutivo de reglar la materia a través de su Subsecretaría de Desarrollo Regional? En primer lugar, la propia Constitución nos dice que los planes de presupuesto y programas deben ajustarse "a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación". Ahora, es la Ley Orgánica Constitucional la que señala cómo se adapta. Y una de las formas de hacerlo la prescribe un artículo que convinimos en el Ministerio del Interior, y que dice relación con la injerencia de MIDEPLAN en esta materia.
En segundo lugar, no olvidemos que también establecimos en la Constitución -y se repitió en la Ley Orgánica- que la inversión de los recursos consultados para la Región debe realizarse sobre la base de la propuesta del Intendente, al cual internamente el Gobierno le dirá: "Señor, éstos son los proyectos que usted puede proponer".
Creo que ésa es la fórmula para que, por una parte, se cumpla con el Plan de Desarrollo Regional, y, por otra, el Intendente disponga de toda la información y formule las proposiciones al Gobierno Regional. ¿Qué puede hacer éste? Si rechaza algunas de ellas o desea otras nuevas, como ya se encuentra constituido, con el Intendente y Secretarios Ministeriales Regionales, podrá preparar otras iniciativas. Pero tenga la certeza el Senado de que, entre tanto, la materialización de los proyectos que están en condición de ser elegibles por cumplir con todas las formalidades en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, excede con mucho los recursos de que dispone cada Región. Precisamente en la que represento -y al señor Director de Presupuestos le consta lo que voy a decir-, según información oficial proporcionada por la Gobernación y la Intendencia, faltan varios miles de millones de pesos para realizar proyectos ya declarados viables y puestos en la lista de inversiones que el Intendente tiene para el Gobierno Regional...
El señor PAPI.-
Solicito una interrupción, señor Presidente.
El señor DÍEZ.-
De manera que no advierto problema práctico en el año 1993, y ya veremos cómo salvarlo en los años siguientes. Pero podemos aprobar un artículo que señala que la identificación de los proyectos deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos, y mediante resolución de una Subsecretaría, en circunstancias de que la Carta Fundamental establece que ello es facultad del Gobierno Regional...
El señor PIÑERA.-
¿Me permite, señor Senador, con la venia de la Mesa?
El señor DÍEZ.-
Con el mayor gusto.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , más que la confrontación o el debate, debemos buscar un acuerdo. Es obvio que, para cambiar todo el artículo, se requiere la iniciativa del Ejecutivo , pero si modificamos ligeramente su inciso segundo, en los términos generales planteados en esta indicación, se subsana absolutamente el problema de su constitucionalidad. Se ha propuesto algo perfectamente plausible. En consecuencia, en lugar de llevar este debate hasta el final, solicito al señor Ministro de Hacienda buscar una fórmula que nos deje satisfechos a todos.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente , ¿por qué no suspende la sesión por cinco minutos, a fin de lograr un acuerdo?
El señor PIÑERA.-
Por mi parte, he propuesto una. Si se acoge mi indicación al inciso segundo, sería innecesario remitirse al tercero, y el artículo 4° quedaría perfectamente aceptable como para ser, eventualmente, aprobado por la unanimidad del Senado.
Esa es mi sugerencia.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , propongo seguir con el despacho de la iniciativa mientras los Honorables señores Diez, Piñera y quien habla, junto con el señor Ministro , tratamos de dar a la norma la redacción adecuada.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Hay dos posibilidades. Una es suspender la sesión por cinco minutos, y la otra es continuar adelante.
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente , no me opongo a que se estudie una redacción en forma conjunta, pero deseo advertir que, a mi juicio, la norma en comento constituye claramente una manera de dar cumplimiento a la Carta Fundamental. ¿Qué es lo que dice, entre otras cosas, el inciso tercero del artículo 104? "La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes.". Es decir, la Ley de Presupuestos no hace sino dar un camino para hacer realidad esta disposición. ¿Por qué? Porque aquí hubo una verdadera transacción entre el interés de otorgar autonomía a las Regiones y el reconocimiento de que el nuestro sigue siendo un Estado unitario. En materia tributaria existe una sola política; las Regiones no pueden imponer tributos. Para asignar estos recursos, que son nacionales, habría que hacer compatible la forma en que las Regiones los invierten y el que ello no provoque desequilibrios ni alteraciones en un Presupuesto que es único y nacional. Por consiguiente, el Gobierno central debe hallar la manera de dar coherencia a esto y velar para que dichos fondos se inviertan con criterios de eficiencia y equidad, sin que sean incompatibles con los proyectos de desarrollo nacional.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
El señor PAPI.-
Se la concedo, con la venia de la Mesa, señor Senador.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , ésta es una discusión que debemos abordar con absoluta tranquilidad.
Aquí hay dos fondos distintos: uno es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que la Constitución obliga consultar cada año en la Ley de Presupuestos, con la indicación de que la inversión de los recursos consignados corresponde al gobierno regional; y el otro es el contemplado en la Ley de Presupuestos para gastos relativos a inversiones sectoriales de asignación regional (ISARE), que la Carta Fundamental dispone que se considerará en cada período y "cuya distribución entre regiones" -por los Ministerios que corresponda, respecto de los cuales el Ejecutivo tiene iniciativa para decidir- "responderá a criterios de equidad y eficiencia". Y en seguida consigna que "la asignación de tales gastos al interior de cada región corresponderá al gobierno regional". En este sentido, el gobierno regional está limitado por el sector; no puede invertir en un fin distinto del señalado. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo, los fondos previstos para mejoramiento de barrios no puede emplearlos en hacer caminos; el de Obras Públicas no puede construir policlínicas con los recursos contemplados para la mantención de caminos secundarios, y está obligado a ceñirse a las respectivas destinaciones. Pero la asignación en las obras específicas la efectúa el gobierno regional, en conformidad a planes, estudios y a la reglamentación establecida en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la cual completaremos con un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, y en el que se resuelven los puntos que el Tribunal Constitucional estimó incorrectos.
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es una cosa distinta. En él no se determina la inversión sectorial. Son recursos que pueden ser invertidos con libertad por el gobierno regional, con las limitaciones que estatuye la propia ley sobre gobiernos regionales, que obliga a atenerse a los planes correspondientes, a la factibilidad del proyecto, etcétera. La intervención del Ministerio de Planificación sobre el particular está reglamentada en la Ley Orgánica Constitucional respectiva.
Por consiguiente, la proposición en debate, que puede ser una buena receta práctica, no se ajusta a lo estipulado en la ley y en la Constitución, y podría enfrentarnos en el futuro con problemas legales. Ello me impide votarla a favor, pues, a mi juicio, contraviene profundamente la letra de la Carta y el procedimiento fijado en la Ley Orgánica Constitucional, según el cual el Intendente -que continúa siendo agente del Ejecutivo- es también el jefe del gobierno regional y, como tal, hace las proposiciones del caso y presenta, para los efectos del Fondo Nacional de Desarrollo, la lista de proyectos al Consejo Regional, el cual tiene la facultad de priorizarlos sobre los factibles, sin abocarse a materias distintas de las iniciativas ya estudiadas, las que figuran en la Ley Orgánica Constitucional respectiva y no en los tres incisos del artículo 4° del proyecto de Ley de Presupuestos.
Si hubiere una falla en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, podemos modificarla -todavía falta el reglamento que el Presidente de la República debe dictar al respecto- pero sin apartarnos del gobierno regional, que es lo que hemos hecho aquí al hablar de la Subsecretaría del Ministerio del Interior y de la Dirección de Presupuestos. Y ese reglamento podría consignar que la aprobación dependerá del SEREMI de Economía o del de Obras Públicas de la Región , y también del Intendente, como Jefe del Gobierno Regional. De esta manera no se pierde unidad en la dirección, pues ésta se estaría ejerciendo a través del Intendente y de los SEREMIS respectivos, con acuerdo y pronunciamiento del Consejo Regional, y no mediante resolución de un Subsecretario del Ministerio del Interior o de la Dirección de Presupuestos.
He dicho.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Se había considerado la posibilidad de que el señor Ministro de Hacienda subrogante propusiera una solución. No sé si está en situación de plantearla.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , pensamos que en el inciso segundo del artículo 4°, inmediatamente después de la frase que señala que "se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos.", podría agregarse que "esto será con el objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Gobiernos Regionales.".
El artículo 71 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional dice lo siguiente: "Los proyectos de inversión y los estudios y programas deberán contar con informe favorable del organismo de planificación nacional o regional, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnico económica que analice su rentabilidad. En el caso de ser éstos financiados con créditos externos, deberán cumplir los requerimientos derivados de los respectivos contratos de préstamo, conforme a las instrucciones emanadas de la contraparte nacional del crédito correspondiente.".
Tal fue el alcance que, según señalé, tenía la visación. No hay problema en dejar constancia de que tendrá por objeto verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Gobiernos Regionales.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , me alegro de que se haya dado lectura a los artículos, pues demuestra cuánta razón teníamos quienes sostuvimos que ello estaba reglamentado en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. No es preciso reglamentarlo aquí ni tampoco exigir una visación, equivalente a decir que "si yo no estoy de acuerdo, no se hace". Representa traspasar la decisión definitiva a un organismo distinto del gobierno regional. Este debe someterse a la ley. Y el Ejecutivo no tiene por qué prejuzgar -excúsenme Sus Señorías por la afirmación- que el funcionario central tiene siempre la razón en sus decisiones y que el de la Región no será capaz de cumplir con la ley. ¿Por qué se entrega la resolución al Director de Presupuestos y no al SEREMI correspondiente?
Toda la legislación ha estado basada en la presunción de que las Regiones no son capaces de manejarse y, en consecuencia,...
El señor ZALDÍVAR.-
Porque alguien debe efectuar el control, Su Señoría. Así como el Gobierno central está fiscalizado por la Contraloría General de la República, la Dirección de Presupuestos debe realizar alguna visación sobre el cumplimiento o no de las disposiciones en materia presupuestaria.
El señor PAPI.-
¿Me permite, señor Presidente?
Se me quitó el uso de la palabra, en circunstancias de que sólo concedí una interrupción.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente , en verdad, el Senador señor Diez, en la lata intervención que hizo durante la interrupción que le concedí, reconoció primero que éste era un procedimiento, y sólo argumentó que podría presentar posteriormente problemas legales, no identificados, pero lo aceptó como un camino. Pero en su exposición coincidió plenamente en que aquí se requiere de algún medio o mecanismo para identificar la aplicación y el cumplimiento de estos programas y, entre otras cosas, cómo se atienen al artículo 71 a que ha dado lectura el señor Ministro de Hacienda subrogante.
Por consiguiente, en todas las intervenciones no he escuchado ni apreciado ninguna observación de fondo, salvo la suposición -podría, tal vez, coincidir en que admite una interpretación en ese sentido- de que la visación pudiera constituir un recurso del Gobierno central para obstaculizar la gestión de los gobiernos regionales, lo cual me parece un prejuicio.
Con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Con la venia de la Mesa, y sin que signifique molestias para el Senador señor...
El señor RUIZ (don José ).-
¿Me permite, señor Presidente?
Creo que no podemos seguir...
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , tengo el uso de la palabra en este instante, y si Su Señoría me pide una interrupción, se la concedo...
El señor RUIZ (don José).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, pido que se ponga un poco de orden.
Se ha hecho referencia a un artículo de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que alude al mismo problema que aquí estamos discutiendo. Y, a mi juicio, es perfectamente posible elaborar una redacción que respete lo establecido en dicho cuerpo legal.
Quiero relatar la experiencia que al respecto hemos tenido en los gobiernos regionales. En Magallanes perdimos proyectos por no haberse cumplido con las normas establecidas por el BID, y posteriormente tampoco se han podido llevar a cabo porque en la Región se equivocaron: dieron curso a la iniciativa, en circunstancias de que no se atenía a las normas implantadas.
En las Regiones -y no es porque no sea regionalista; lo soy mucho más que el Honorable señor Diez, pues he residido toda mi vida en regiones y no he trabajado, como otros señores Senadores, en Santiago, que sólo van a ellas cuando les interesa-, no contamos hoy con la infraestructura que nos permita poner en marcha los gobiernos regionales. Este es un experimento que vamos a realizar con muchas dificultades. Y en este proyecto de Ley de Presupuestos debemos considerar esa realidad que afrontan las regiones.
Por consiguiente, precisaremos un fuerte respaldo del Gobierno central, no con el objeto de que nos controlen, sino para que nos ayuden a resolver materias técnicas y así evitar posibles obstáculos para el desarrollo de los proyectos.
Por lo tanto, considero que debemos dar término a la discusión. Hay señores Senadores que han hecho uso de la palabra diez veces, por lo que no deberían seguir haciéndolo. Y si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con el señor Ministro de Hacienda subrogante, que lo busquen; pero no continuemos este debate, y procedamos a votar.
El señor ZALDÍVAR.-
Votemos, señor Presidente.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Se propuso continuar tratando otras materias o suspender la sesión, para los efectos de...
El señor PAPI.-
Señor Presidente , había concedido una interrupción al Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , aceptando la gentileza del Senador señor Papi , con la venia de la Mesa, quisiera hacer una proposición formal para resolver el problema.
Lamento que el Honorable señor Ruiz De Giorgio se moleste porque se hace uso de la palabra, pero deseo recordar a Su Señoría que otros señores Senadores de su bancada han hablado más veces que yo.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Ruego no entrar en ese terreno.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , lo que está en discusión aquí, como argumentación del Ministerio de Hacienda, es la necesidad de verificar que los proyectos de inversión que tienen financiamiento del BID, o que deban cumplir con otras disposiciones ajenas a este proyecto de Ley de Presupuestos, realmente las cumplan.
En consecuencia, propongo lo siguiente: no exigir la visación de la resolución del gobierno regional, sino la del proyecto, para que éste cumpla con las normas que pueden estar establecidas en un convenio con el BID o en cualquier otro.
Si hubiere acuerdo en modificar el inciso segundo del artículo 4° de la iniciativa en el sentido de determinar que la visación es sólo para garantizar que el proyecto cumpla con la normativa, a fin de evitar lo señalado por el Senador señor Ruiz De Giorgio en el sentido de que en su Región algunas iniciativas no se habrían llevado a cabo por no acatar las disposiciones estipuladas al respecto, satisfaríamos nuestras inquietudes y, al mismo tiempo, sería innecesario el inciso tercero del mismo precepto, que se refiere a un problema de montos. Acá decimos que los gobiernos regionales son mayores de edad, independientemente del monto. Y si hay un proyecto pequeño que tiene financiamiento del BID, también debe cumplir con esas disposiciones.
Así que, concretamente, con esa corrección -que ya la hemos conversado con el señor Ministro de Hacienda subrogante- y eliminando el inciso tercero, a mi juicio, se solucionaría el problema en cuestión.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , desde un principio indicamos cuál era el alcance de esta norma.
Pensamos que, a fin de aclararla aún más, se podía establecer en el inciso según do del artículo 4° que esto era para verificar el cumplimiento del artículo 71 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el cual no ha sido declarado inconstitucional ni objetado por el Tribunal Constitucional.
El inciso tercero del mismo precepto, que se está proponiendo eliminar, persigue simplificar todavía más las cosas, pues suprime la exigencia establecida en el inciso anterior a proyectos de cuantía menor que no requieren financiamiento externo, a fin de que sean despachados directamente a nivel regional. Si lo eliminamos, se entendería que todas las iniciativas deberían atenerse al procedimiento consignado en el inciso segundo, y creemos que ello haría el trámite más lento. La totalidad de esos proyectos, de alguna manera, tienen financiamiento externo o requieren del informe favorable del organismo de planificación.
El señor URENDA ( Vicepresidente ).-
Ruego al señor Ministro que haga llegar a la Mesa la redacción pertinente. Y podríamos dar por obviado el problema, declarando que el espíritu de la norma no es el dejar esa materia sujeta a la voluntad del Gobierno, sino, simplemente, el de comprobar y facilitar su cumplimiento.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En la discusión que se ha suscitado, y sin ánimo de traer a ella al señor Ministro , querría saber cuál es exactamente el sentido de la para "visar" y del término "visado", que no son expresiones claras en el idioma castellano. "Visar" viene de "revisar", pero no es lo mismo. Es indudable que se refiere a la capacidad de objetar.
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Según el Diccionario de la Real Academia, "visar" significa "reconocer o examinar un instrumento". "Visar" es distinto que "determinar". Y lo que hizo el fallo del Tribunal Constitucional, que aquí se ha leído, en su considerando número 32, fue rechazar el primitivo artículo 73, porque dispuso que una parte de la inversión de dichos fondos sea determinada por una autoridad distinta del Gobierno Regional. En consecuencia, como el primitivo artículo 73 otorgaba al Ministro del Interior la facultad de calificar las modalidades en que se podían gastar estos recursos, el Tribunal Constitucional estimó que, en virtud de la disposición constitucional, este artículo no se ajustaba a la letra de la Carta Fundamental.
Pero lo que está en examen aquí es otra expresión. Ahora bien, "visar", que significa reconocer o examinar un instrumento, tiene un fundamento en la ley. Los señores Senadores han leído el artículo 71, pero me gustaría que examinaran el 16, que no fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y, en el Capítulo II, artículo 16, se dice: "Serán funciones generales del gobierno regional:
"a) Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación".
De modo que la lógica entre estas normas está en que al Director de Presupuestos le corresponde visar, es decir, revisar si dichos presupuestos, determinados autónomamente por el Gobierno Regional, se ajustan o no a la normativa establecida en el artículo 16. Entonces, señor Presidente , creo que se están confundiendo los planos en dos materias. Y es obvio, porque estamos ante una institucionalidad nueva, ante situaciones en las que todos tenemos estos juicios que, naturalmente, son provisorios.
Pero el análisis del proyecto que aquí se ha hecho me lleva a considerar que, sin perjuicio de explicitar de un modo más nítido -porque estamos en un proceso creativo-, no es posible confundir la expresión "determinar" -que sí fue rechazada categóricamente por el Tribunal Constitucional-, con el concepto de "verificar", que tiene ese otro carácter que señalé.
Quería hacer esta precisión, porque, si bien se trata de una discusión que nos atrae a todos, que puede ser demorosa, como recién estamos implementando una institucionalidad distinta, encuentro natural y comprensible que todos podamos explorar algunos criterios sobre estas materias.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Me parece que la interpretación y el sentido de la palabra "visar" están claros.
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.-
Hemos llegado a acuerdo con el señor Ministro. El texto propuesto es muy simple y dice: "para los efectos del cumplimiento del artículo 71 de la ley de los Gobiernos Regionales".
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Quería hacer llegar por escrito la redacción a la Mesa, pero la idea es agregar, en el inciso segundo, a continuación de la expresión "por la Dirección de Presupuestos", la frase "para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional".
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para aceptar esta redacción? Acordado. Los demás incisos quedarían iguales.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Entonces, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Honorable señora Feliú quedaría sin efecto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Así es.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
El inciso final del artículo 5° dice: "Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuestas públicas o privadas con la participación de a lo menos tres proponentes, la adquisición de los equipos a que se refiere este artículo". Por su parte, la Honorable señora Feliú propone sustituir dicho inciso final por el siguiente: "Los órganos y servicios públicos efectuarán directamente, mediante propuestas públicas, las adquisiciones y las contrataciones de servicios a que se refieren los incisos 1° y 2° de este artículo".
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
La Honorable señora Feliú dará una explicación.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , el artículo 5° del proyecto de Ley de Presupuestos se refiere a los equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios, así como a la contratación de "software" respecto de estos mismos equipos. El inciso final, sobre el cual recae la indicación, alude a los órganos y servicios públicos que no son descentralizados. Ahora bien, los órganos y servicios públicos integrantes de la Administración Central del Estado, que no tienen personalidad jurídica, que normalmente no podrían celebrar ningún acto o contrato y, por consiguiente, ninguno de aquellos a que hace mención el artículo 5°, quedan autorizados por esta norma de excepción para adquirir o arrendar directamente equipos de procesamiento de datos. En ese sentido, a nuestro juicio, la norma es perfecta, porque tiende a agilizar las operaciones, y ello sin perjuicio de que en virtud de los primeros incisos tales equipos quedan sometidos a una especie de precalificación por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos. Pero el inciso final agrega que las adquisiciones podrán hacerse por propuesta privada. La verdad es que, en numerosos casos, los equipos a que se refiere justamente esta norma tienen un alto costo. Muchos de los recién adquiridos por la Administración Pública valen millones de dólares. Entonces, me parece altamente inconveniente que se autorice a esos servicios para adquirir sin propuesta pública, sino sólo mediante tres cotizaciones y en forma directa. Esto atenta contra la transparencia de los servicios públicos. Por consiguiente, considero que la norma debe aprobarse en cuanto permite a los servicios comprar directamente, pero siempre sobre la base de la propuesta pública y no de la adquisición di recta por propuesta privada. Por un principio de transparencia y por tratarse de recursos fiscales que pertenecen a todos los chilenos, su manejo debe ser absolutamente transparente. Además, la adquisición de este tipo de equipos de computación tampoco tiene una urgencia de tal naturaleza que aconseje hacerla con sólo tres cotizaciones.
Ese es el fundamento de la indicación formulada.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , el propósito de autorizar las propuestas privadas con participación de tres proponentes a lo menos, es para aquellas adquisiciones de bajo valor, respecto de las cuales, por lo tanto, no se justifican, por el costo que tienen, las propuestas públicas.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
La verdad es que la disposición no se refiere precisamente a equipos de bajo valor. Eso podría plantearse, indudablemente. El artículo se está refiriendo a equipos de procesamiento de gran valor, y es la Dirección de Presupuestos la que determina el monto de estos valores.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , no habría problema en fijar un monto máximo para las propuestas privadas que aquí se establecen.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿El monto se determina en la ley o queda entregado...?
La señora FELIÚ.-
Se puede fijar en dólares.
El señor ZALDÍVAR.-
En unidades de fomento.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
¿No sería satisfactorio para la señora Senadora decir: "Los órganos y servicios podrán efectuar directamente la adquisición de los equipos menores."?
La señora FELIÚ.-
¿Quién va a calificar si son equipos mayores o menores, señor Presidente? Ese es el problema. En cambio, se puede fijar un valor máximo -como lo ha planteado el señor Ministro - y expresarlo en dólares. Podrían ser 20 ó 30 mil dólares.
El señor ZALDÍVAR.-
Expresarlo en unidades de fomento.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tendría que ser en unidades de fomento.
El señor PIÑERA.-
Mil 500 unidades de fomento. Estamos hablando de una cifra del orden de 40 mil dólares.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Dos mil unidades de fomento podría ser la cifra.
El señor PIÑERA.-
Dos mil unidades de fomento.
La señora FELIÚ.-
Dos mil unidades de fomento.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Entonces, se hablaría de la adquisición de equipos cuyo precio no sea superior a dos mil unidades de fomento.
La señora FELIÚ.-
Me permito proponer a la Secretaría y a la Mesa que le den una redacción a este asunto, porque la verdad es que la autorización para la adquisición directa, tal como está planteada en el proyecto de ley, es para compras de cualquier valor. Personalmente, creo que esto es bueno, pues se trata de equipos cuya adquisición ha sido evaluada con anterioridad por la Dirección de Presupuestos. Pero lo que realmente debe tener un límite de valor es la compra directa y no por propuesta pública. Así que cabría establecer que la adquisición podrá hacerse por cotización privada cuando recaiga en equipos cuyo valor sea inferior a dos mil unidades de fomento.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Se refiere exclusivamente a las adquisiciones que se hacen por propuesta privada, con tres proponentes a lo menos. Esas estarían limitadas a dos mil unidades de fomento. Se dará a esta idea la redacción correspondiente.
Si le parece a la Sala, se aprobaría lo propuesto por la Honorable señora Feliú.
Aprobado.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
En los artículos 6° al 11 no se han formulado indicaciones. En consecuencia, correspondería darlos por aprobados.
---Se dan por aprobados.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En el artículo 12, hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar, en el inciso segundo, la frase "para satisfacer necesidades propias", por la siguiente: "destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente".
El señor VALDÉS (Presidente).-
La indicación es para reemplazar una frase.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , la indicación recoge una solicitud hecha durante el análisis en la Comisión Mixta para evitar que se burlara el alcance del inciso anterior por la vía de la venta de un segundo adquirente a un privado.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En consecuencia, se daría por aprobada la indicación.
--Se aprueba.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
En seguida, en el mismo artículo 12, hay una indicación del Honorable señor Piñera para eliminar los incisos segundo y tercero.
Al respecto, cabe hacer presente que se acaba de aprobar el inciso segundo.
El señor PIÑERA.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , con la corrección que se hizo al inciso segundo, quedó subsanado el problema que pretendía resolver la indicación. Y sólo restaría aclarar la razón por la cual no se utiliza el mecanismo principal, establecido en el inciso primero, cuando la enajenación tenga saldos de precio o éste sea objeto de rebaja. No entiendo la razón de eso. ¿Por qué en estos casos no se sigue el mismo criterio de distribución contemplado en el inciso primero del artículo 12?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , lo que persigue este último inciso es exceptuar de esa distribución los saldos de precio que sean objeto de rebajas de intereses, condonaciones, reprogramaciones, exenciones de pago o consolidaciones. Esto es, en esos casos, no procedería que se distribuyeran los recursos conforme a lo dispuesto en el inciso primero.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , si se rebajan los intereses o se disminuye el precio, ¿por qué no se va a distribuir, por ejemplo, el 25 por ciento que queda o el porcentaje del precio que sigue vigente? No encuentro razón para que no rija el valor resultante después de las rebajas de intereses o de las condonaciones, reprogramaciones, etcétera.
El señor ARELLANO (Ministro de Hacienda subrogante).-
Eso es lo que se señala.
El señor DÍEZ.-
No. Aquí se expresa que "no regirá tampoco en cuanto a las enajenaciones cuyos saldos de precio"... Basta que al saldo de precio le rebaje intereses para que no se le aplique el inciso primero.
Señor Presidente , sé que no es ésa la intención. Entonces, podríamos facultar a la Secretaría de la Corporación para que procediera a una nueva redacción que señal claramente que lo que no se reparte es exactamente el monto a que asciende la condonación o la rebaja.
La señora FELIÚ.-
Es el precio definitivo lo que se reparte, señor Presidente.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , esto dice relación a las rebajas de intereses, condonaciones, exenciones de pagos o consolidaciones (como expresa el inciso). La materia discutida en la Comisión fue lo referente al inciso segundo. Y frente a eso, el Ejecutivo acogió lo planteado por parte de los señores Senadores que en este momento se refieren al último inciso y que formularon la indicación a que se ha dado lectura. Pero este inciso final no se discutió ni fue cuestionado, porque me parece que es claro que en esta materia no puede distribuirse un recurso que no está ingresando al Fisco.
El señor DÍEZ.-
De eso se trata.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Acá hay un problema. Evidentemente, hay una parte que ya está rebajada, y el Fisco, como quien dice, la perdió. Pero el saldo de precio, esto es, el que quede después de la rebaja, a mi juicio, debería seguir el mismo destino establecido en el inciso primero. Si Tesorería condona intereses y multas, queda un saldo.
El señor PAPI.-
Señor Presidente , la verdad es que cuesta comprender el sentido de este último inciso. Porque, además, dice que ello ocurrirá "en virtud de disposiciones legales dictadas o que se dicten al efecto"... O sea, la ley siempre va a poder modificar esto.
Por consiguiente, no sé exactamente cuál es el alcance de la norma.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , el problema es el siguiente. Supóngase que la ley condone intereses, como en el caso de las parcelas CORA, y que ellas se vendan. Lo que el Gobierno Regional no debe percibir es lo correspondiente a lo que el Fisco no recibe. Pero ¿por qué va a perder su proporción en lo que realmente se va a pagar?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , el artículo 12 señala que el producto de las ventas de bienes fiscales que no estén destinados se va a distribuir de la manera que indica en beneficio de las Regiones. Entonces, la verdad es que el inciso final no tiene sentido. Porque el producto de esa venta va a ser reducido. Pero ese producto reducido debe seguir la regla general del inciso primero.
Por lo anterior, creo que debe aprobarse la indicación que suprime el inciso final, ya que éste -repito- no tiene sentido.
El señor ZALDÍVAR.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , coincido con la Senadora señora Feliú. Esta disposición no la examinamos en este inciso, porque no hubo indicación, y lo dimos por aprobado.
Pero lo cierto es que su redacción lleva a mucha confusión. Por lo tanto, considero que perfectamente podría eliminarse. Y en el momento dado en que se dicten leyes de condonación o de rebaja de intereses, se procederá a determinar qué pasa con estos saldos que puedan estar empozados. Lo he conversado con el señor Ministro subrogante, quien concuerda en que es posible votar en contra de este inciso.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , sí hubo indicación al artículo 12, y la presenté yo. Y ésta apuntaba a eliminar los incisos segundo y tercero. El inciso segundo ya se resolvió. Por consiguiente, estimo que la eliminación del inciso tercero, que permite que rija plenamente el inciso primero, es la forma correcta de enfrentar el problema.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Estamos de acuerdo en ello.
--Se aprueba la indicación.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En seguida, los artículos 13 y 14 no han sido objeto de indicaciones. Por lo tanto, correspondería darlos por aprobados.
--Se dan por aprobados.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
En el artículo 15 hay una indicación del Honorable señor Piñera para suprimirlo. Este precepto señala lo siguiente...
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , interesa más el fundamento de la indicación que la lectura del artículo.
La indicación es para eliminar el artículo 15. Eso es todo. Pero me gustaría explicar la razón de ello.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
..."El personal regido por la ley N° 18.834 que el 31de diciembre de 1992 cumpla funciones en calidad de interino,"...
El señor PIÑERA.-
¿Está señalando la fundamentación, señor Secretario?
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
El fundamento dice: "No se justifica extender el interinato del personal que está ocupando cargos"...
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , la fundamentación quisiera hacerla yo.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , la ley en proyecto extiende una vez más los interinatos. Y lo importante es que si esto se hace en forma permanente, si se extienden año tras año los interinatos del personal que ocupa cargos en calidad de interinos, se sobrepasarían las normas de la carrera funcionaría, puesto que esos funcionarios son nombrados sin necesidad de cumplir los requisitos pertinentes, en forma temporal. Y el problema es que esto impide los ascensos de aquellos que sí los cumplen. Los interinatos no debieran ser extendidos en forma permanente, ya que éstos, por esencia, son por un período de tiempo limitado. Por eso, la indicación propone eliminar el artículo 15, que prorroga una vez más los interinatos durante el año 1993.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , esta materia fue analizada y discutida en la Comisión Mixta de Presupuestos, en la que se dieron las razones por las cuales es necesario renovar este artículo. Porque, de lo contrario, una cantidad importante de personal en los servicios de salud y en el INP deberían cesar en sus cargos al 31 de diciembre de este año. Ese personal se encuentra en tal condición desde hace algún tiempo, y no resulta posible que abandone los servicios, porque ello significaría un perjuicio evidente al funcionamiento de los servicios de salud y el INP, entre otros. Y, además, la norma no altera para nada la carrera funcionaria del personal actualmente en las plantas en esas instituciones.
El señor ZALDÍVAR.-
Pido la palabra.
El señor ORTIZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
La señora FELIÚ.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , lo que ocurre es lo siguiente. El Estatuto Administrativo vigente a la dictación de la ley N° 18.834, esto es, hasta el año 1989, contemplaba la calidad de interino dentro de los funcionarios de planta. Los empleados podían ser titulares, interinos, suplentes o subrogantes. Los interinos eran aquellos que servían un empleo mientras este cargo se proveyera con un titular. Por regla general, el interinato tenía un plazo -salvo tratándose de cargos de confianza exclusiva- no superior a seis meses.
Sin embargo, el nuevo Estatuto Administrativo, vigente desde 1989, no contempla la calidad de interino, y establece que las personas que desempeñen cargos de planta podrán tener la calidad de titulares, suplentes o subrogantes. No hay interinato en el nuevo Estatuto Administrativo. Por consiguiente, a través de sucesivas normas de carácter transitorio, desde el año 1989 hasta la fecha, se ha ido prorrogando el nombramiento de los interinos, porque, si no, deberían cesar por no existir esta calidad en las normas estatutarias.
Entonces, lo cierto es -como lo ha planteado el señor Ministro subrogante- que, en caso de aprobarse la indicación formulada, numerosas personas deberían cesar su desempeño en la Administración, lo que, a mi juicio, sería altamente inconveniente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Después de esta explicación, ¿Su Señoría insiste en la indicación?
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , indudablemente que el problema inmediato es con respecto a las personas que se encuentran hoy día en esta situación. De manera que estaría dispuesto a retirar la indicación. Pero creo que no puede ser que permanentemente por la vía de la excepción estemos creando un cargo interino.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , creo conveniente que se mantenga la disposición. Y es bueno que este Gobierno siga la línea económica del Régimen anterior. Pero no necesita seguirla en tantos detalles. Estas leyes transitorias debieron haberse terminado ya. No hay que ser alumno tan fiel.
El señor ZALDÍVAR.-
Nos encantan los cargos interinos, señor Senador. Así que vamos a mantenerlos.
--Queda retirada la indicación.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Los artículos 16 y 17 no fueron objeto de indicaciones.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados.
--Se aprueban.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Respecto del artículo 18, el Senador señor Piñera formula indicación para eliminar la frase final del primer inciso, que dice: "causada por la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo público".
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión.
El señor PIÑERA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , el artículo 18 tiene la clara y, a mi juicio, correcta intención de racionalizar las dotaciones de personal del sector público, con exclusión -ello me parece muy apropiado- 'de los cargos de exclusiva confianza y directivos. Pero dispone que "sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los Servicios que tengan fijada dotación máxima en esta ley," -y que, en consecuencia, estén excedidos- "por el cese de funciones de su personal causado por la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia", etcétera. Lo que plantea la indicación es que ese criterio debe aplicarse al retiro por cualquier causal, de modo que también comprenda la renuncia voluntaria.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Para entender bien el tema, es necesario verlo desde el punto de vista de lo que va a significar la dictación de una ley que permitirá una jubilación masiva dentro de la Administración Pública, al posibilitar el cómputo de las remuneraciones casi completas para la determinación de la pensión. Ello producirá, por supuesto, una importante salida de funcionarios.
¿Qué hace el Gobierno? Se autolimita la facultad de completar la planta en ciento por ciento, y sólo la proveerá en la mitad.
Creo que se trata de una norma que debe mantenerse en esos términos. Y el Honorable señor Diez me dio la razón en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, al discutirse el asunto, cuando formulé la interrogante de qué iba a suceder en los hospitales en el momento en que los médicos se acogieran a esa ley. ¿Va a dejarse de contratar, o damos la facultad de hacerlo hasta en 50 por ciento?
Frente a esa argumentación, Su Señoría nos acompañó en nuestro planteamiento, que fue aceptado por unanimidad, pues en ese instante el Honorable señor Piñera no estaba presente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Por lo tanto, debiera considerarse la conveniencia de no repetir el debate que al efecto se desarrolló.
El señor PIÑERA.-
Únicamente quiero exponer, señor Presidente , que no veo diferenciación en cuanto a si la causal de retiro es por jubilación o por cualquier otro concepto.
El señor HORMAZÁBAL.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente , de las explicaciones dadas, entiendo que se trataría de ponerse en el caso de una noticia muy positiva para el país, como aquella a que se ha referido el Honorable señor Zaldívar. Cabe recordar que esta materia también interesa a los académicos de universidades, pues el Gobierno acogió una petición que le hicimos los Parlamentarios para que los funcionarios de planteles de enseñanza superior que reciben aporte estatal igualmente sean incluidos en ese proceso de jubilación. Se estima que éste, en definitiva, beneficiaría a una cifra superior, quizás, a las 50 mil personas.
Respecto de la norma en análisis, deseo anunciar que no comparto el criterio de reponer sólo 50 por ciento de las vacantes, por haber esferas de la Administración Pública en una situación similar a la del sector Salud, que presentaba un déficit de alrededor de 12 mil funcionarios y que este Gobierno va a lograr paliar en 5 mil. Y quedan aún muchos cargos por llenar en consultorios pobres, en hospitales y en diversas funciones.
Por ello, no me parece adecuado limitarse de modo generalizado en todos los rubros. En tal sentido, discrepo del contenido del artículo, pero no alcancé a formular indicación sobre el particular. Porque entiendo la norma de disciplina financiera y todo lo demás que el Gobierno quiere hacer, pero reitero que se está autolimitando excesivamente, en circunstancias de que contaría con el respaldo del país para, en áreas tan relevantes como la salud, aumentar, incluso, las plantas esquemáticas fijadas hace muchos años, que están siendo claramente demostrativas de insuficiencia para satisfacer los actuales requerimientos de la población.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , comparto la indicación del Senador señor Piñera. La verdad es que no se ve la razón por la cual una norma restrictiva para la provisión de empleos lo sea sólo respecto de determinado cese de funciones. Porque si ella es buena en cuanto permite reponer uno por dos, igualmente lo es en el caso de los ceses que se produzcan por cualquier causal.
Por lo demás, el proyecto prevé circunstancias en las que no se aplica la limitación, acerca de las cuales dispone que se llenará cada uno de los cargos que queden vacantes.
Pero se han planteado, también, varias situaciones, como la de los profesores o de la salud. Quiero señalar que esta disposición es aplicable sólo en lo atinente a aquellos servicios cuya dotación máxima está fijada en la Ley de Presupuestos; no a los demás, como sucede con los profesores, que no están incluidos.
En lo relativo a las plantas esquemáticas de los servicios de salud, éstos han crecido de manera impresionante y su dotación ha aumentado de manera muy significativa.
Parece claro que los problemas que se presentan en el área no dicen relación a la cantidad de personal, sino a una administración más descentralizada y eficiente de los recursos. En esa perspectiva, puede ser importante analizar otras variables, como el ausentismo, cuyos índices son muy elevados.
Por consiguiente, considero que la norma es muy adecuada, y lo sería aún más si se extiende a todos los casos, en especial ante la posibilidad -ignoro si el Senador señor Hormazábal dio cifras oficiales- de que jubilen 50 mil personas, en circunstancias de que se había aludido a 10 mil, lo que representa un gasto fiscal muy impresionante.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente , creo que no se puede generalizar al hablar del número de personal. Hay empresas, instituciones, etcétera, en que el robot, o la máquina, o la técnica, puede reemplazar a una persona. Doy un ejemplo...
La señora FELIÚ.-
¿Y la calidad, Su Señoría?
El señor DÍAZ.-
Sí. Es un factor que también debe considerarse. Estoy escuchando a la señora Senadora.
En El Teniente, por ejemplo, indudablemente que uno de esos equipos "jumbos" gigantescos, operado por un hombre, puede reemplazar a 200 mineros que antes golpeaban y machacaban. Pero, después de 35 años de evolución como médico, no he visto que pueda ser sustituida una enfermera o una matrona. No he sabido todavía -a lo mejor, algún día ocurrirá- que un robot o una máquina reciba a un niño.
La atención debe ser muy personalizada. Y cuando la Honorable señora Feliú dice que se ha incrementado, no lo he apreciado en la práctica. Cuando asumimos el Gobierno, había 12 mil funcionarios de menos. Y en la actualidad aún existe un déficit notorio. A los señores Senadores que participaron en la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos les mostré cifras que indicaban que no había un problema de eficiencia en salud: un hospital regional de 700 camas gastaba 4 mil 500 millones de pesos al año en personal, en circunstancias de que una ISAPRE que atendía a 38 mil beneficiarios desembolsaba 5 mil 500 millones de pesos. Tengo la cifra en la memoria, porque corresponde a la realidad.
Entonces, lo que puede servir en el caso de algunas empresas, en que la máquina, la computación, los robots y los equipos reemplazan a los seres humanos, en medicina no se da. Lo digo por mi larga experiencia en la materia. Y por eso quería expresar mi opinión en el sentido de que es necesario ser específicos y claros respecto de ciertos rubros y del personal.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , hay una rotación anual de funcionarios en los distintos servicios públicos cuya dotación está fijada en la Ley de Presupuestos -la cifra asciende a alrededor de 12 por ciento- originada por distintos motivos: renuncia, cambio de trabajo por diferentes razones, o permiso. Si esas personas no pudieran ser reemplazadas, como se plantea en la indicación, el funcionamiento de muchos organismos sería impracticable.
Por esa razón, el Ejecutivo propone, como una norma de control financiero y presupuestario, y para exigir cuidado en el manejo de personal, que sólo se pueda llenar las vacantes de la mitad de las personas que jubilen; no de las renuncias por cualquier motivo, como se ha sugerido, pues ello llevaría a la paralización de algunas reparticiones.
El señor PIÑERA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , creo que se trata de dos argumentos distintos, uno de los cuales dice relación a cuánto se quiere reducir mediante este mecanismo. Tal como lo plantea el señor Ministro , es algo que podría ser excesivo.
Ahora, si deseamos fijar una capacidad de reemplazo, me parece que no hay razón para discriminaciones: si en un servicio se va mucha gente, por jubilar, puede reemplazar uno por dos; si en otro ocurre lo mismo por motivos distintos, puede hacerlo uno por uno.
Entonces, recogiendo el argumento del Honorable señor Díaz , pienso que discriminar entre una causal y otra no es correcto. Podría suceder, por ejemplo, que en el caso de los médicos de servicios afectos a dotación máxima, muchos se acojan a jubilación, y operaría el reemplazo de uno por dos; en otras reparticiones, si la gente se va por motivos diferentes, puede ser reemplazada en forma íntegra.
Creo que lo lógico sería no discriminar por causal de retiro -repito-, pero sí establecer mecanismos para que los organismos públicos no queden desprovistos del personal necesario para su buen funcionamiento. En este sentido, la indicación en análisis tiene un elemento aleatorio: como no se sabe cuánta gente va a jubilar -las cifras fluctúan entre 10 mil, como anticipa el Gobierno, y 50 mil, que estima el Senador señor Hormazábal -, se está ante una disminución de una magnitud desconocida.
Por esa razón, fijar la reducción del tamaño del sector público en la cantidad de funcionarios que se retiran es muy arbitrario, como también lo es discriminar entre quienes se van por una causal y quienes lo hacen por otra. Y fue eso lo que me llevó a presentar la indicación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Considero que el tema está agotado y que procede votar.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
¿Se aprueba o no la indicación, tendiente a eliminar la frase final del inciso primero del artículo 18?
El señor GONZÁLEZ.-
Tengo entendido que el Senador señor Romero me levantó el pareo, señor Presidente , para que pudiera votar a favor de la permanencia del Congreso en Valparaíso.
El señor SIEBERT.-
¿Quién lo dejó sin efecto, señor Senador?
El señor GONZÁLEZ.-
El Comité Renovación Nacional.
La señora FELIÚ.-
Pero fue para una votación determinada, no para todo.
El señor GONZÁLEZ.-
Fue para todo.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Si el Senador señor González estima que se levantó el pareo, está en libertad de votar.
El señor GONZÁLEZ.-
Voto que no.
El señor VALDÉS.-
Voto por el rechazo, por considerar que la indicación, al ampliar la norma al cese de funciones que se produzca por una causal distinta de la jubilación, generaría una situación de rigidez que resulta inaceptable para el Gobierno.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Resultado de la votación: 8 votos por la afirmativa, 8 por la negativa y 6 pareos.
--Se rechaza la indicación del Senador señor Piñera , dándose por repetida la votación, y queda aprobado el artículo 18.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Ha llegado a la Mesa una indicación presentada después de la hora fijada para este efecto. La Sala había acordado sobre el particular que el plazo expiraría a las 16.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente , me permito solicitar a la Mesa, respetuosamente, que recabe el asentimiento de la Sala para que la indicación sea admitida en forma extraordinaria.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Ella tiene por objeto la supresión del artículo 18.
El señor ZALDÍVAR.-
Esa materia ya está votada, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
¿Aceptaría la Sala reabrir el debate, para tratar esta indicación?
El señor DÍEZ.-
Ya nos pronunciamos sobre la norma respectiva, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Al comienzo de la discusión particular, se expuso la indicación de los Honorables señores Cantuarias y Urenda para agregar al artículo 1° el siguiente inciso final:
"Se entenderá que la estimación de los gastos del Presupuesto del sector público para 1993 que contempla la presente ley, será el gasto máximo autorizado.".
Por otra parte, el Ejecutivo presentó una indicación en orden a incorporar un artículo nuevo, que sería el 27, cuyo texto dice:
"No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.
"No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles ni a los incrementos originados en aplicación de donaciones, en devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el Servicio receptor, en transferencias al Fisco, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.
"Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja.".
El señor URENDA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , estimamos que la indicación del Ejecutivo permitirá cumplir los objetivos que perseguíamos, así que hemos decidido retirar la nuestra, aun cuando su alcance es más amplio.
--Queda retirada la indicación de los Senadores señores Cantuarias y Urenda, y se aprueba la indicación del Ejecutivo.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
A continuación, hay una indicación del Honorable señor Fernández para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso y destino de dichos fondos, los cuales quedarán fiscalizados por la Contraloría General de la República.".
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Es la reiteración de una indicación conocida el año pasado por la Sala, y que fue rechazada por mayoría de votos.
El problema radica en que se trata de someter entidades de carácter estrictamente privado a la fiscalización del organismo contralor. Los argumentos ya se conocen.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La Sala debe pronunciarse sobre si aprueba o no el artículo recién leído, que ha propuesto agregar el Honorable señor Fernández.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente , votaré a favor de esta disposición, porque me parece que si estas organizaciones reciben fondos del Estado, es necesario, y constituye una medida de buen ordenamiento, que rindan cuentas de ellos.
El señor DÍAZ.-
Voto que sí, por las mismas razones que dio el Honorable señor González.
--Se aprueba la indicación (9 votos por la afirmativa, 4 por la negativa, 2 abstenciones y 6 pareos).
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Por último, hay una indicación de los Honorables señores Diez, Urenda y Cantuarias para agregar el siguiente artículo nuevo:
"El señor Ministro de Hacienda y el señor Director de Presupuesto , deberán presentar durante el mes de julio de 1993, un estado de los ingresos y gastos efectivos de la Nación y sus proyecciones respecto al período comprendido entre el primero de enero y hasta el treinta de junio de ese año. Este mismo informe deberá adjuntarse al proyecto de Ley de Presupuestos para 1994, respecto del período comprendido entre el primero de julio y el treinta de septiembre del próximo año. Estos informes se presentarán al Congreso Nacional por escrito y en sesión especial de carácter público ante la Comisión Mixta de Presupuestos, constituida para tales efectos.".
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
¿Se formaría en el mes de julio, entonces, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos?
¿Se presentará el estado de ingresos y gastos ante el Congreso o ante el Senado? Porque, en el primer caso, se estaría haciendo referencia a un Congreso Pleno.
El señor PAPI.-
Esta es una reforma constitucional, señor Presidente.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿En qué ámbito de su competencia correspondería que el Senado se ocupara en esta materia, señor Presidente? Porque no podemos ejercer fiscalización.
Y, si de este tema tendría que conocer el Congreso Pleno, ¿dónde está consagrada la norma que lo dispone?
El señor VALDÉS (Presidente).-
El Congreso Pleno no se puede reunir sino para los objetivos constitucionales previstos.
Tal como está planteada, la indicación no es admisible.
El señor PAPI.-
Es inconstitucional, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , durante la discusión de este proyecto hemos manifestado la voluntad del Ejecutivo de informar al Parlamento acerca de la ejecución presupuestaria. Pero resulta impracticable dar a conocer la situación del primer semestre en el término planteado en la indicación: durante el mes de julio.
En primer lugar, los distintos servicios tienen plazo hasta el 20 de julio para entregar a la Contraloría General de la República los estados financieros y contables del período presupuestario inmediatamente anterior, y el organismo contralor los hace llegar al Ministerio de Hacienda por lo menos con 25 días de retraso respecto de junio.
Por lo tanto, en julio es materialmente imposible presentar al Congreso un informe sobre la situación del primer semestre.
En segundo término, se solicita una nueva proyección de los ingresos y gastos para el segundo semestre. La verdad es que la Carta Fundamental dispone que esa estimación debe hacerse una vez al año con motivo de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Entonces, me parece que no corresponde entregar una nueva proyección semestral de ingresos y gastos.
El Gobierno está dispuesto a informar semestralmente al Poder Legislativo sobre esta materia, pero en un plazo más factible; por ejemplo, de 90 días. Pienso que en este término podríamos comprometernos a entregar ese estado de situación, pero no a los 30 días de finalizado el período, ni con una nueva estimación de ingresos y gastos para el segundo semestre, como se propone en la indicación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Creo que la indicación adolece de varios vicios desde el punto de vista constitucional.
A mi juicio, no es pertinente que por esta vía se establezca la obligación del Ejecutivo de informar al Parlamento. Porque el artículo 64 de la Carta es muy preciso en lo relativo al proyecto de Ley de Presupuestos, y el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso contempla la formación de una Comisión Especial para estudiar exclusivamente esa iniciativa. De manera que la obligación de informar al Legislativo en un período distinto constituiría, a lo menos, una modificación a esa ley orgánica.
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , no voy a entrar en la discusión respecto de la obligación del Ejecutivo de informar al Congreso acerca de la forma como se ejecuta el presupuesto, porque la encuentro obvia y está subyacente en toda la Constitución. Pero sí quiero dejar constancia de que me alegra el compromiso público toma do por el señor Ministro en orden a informar al Parlamento dentro de los 90 días siguientes al término del semestre, luego de que la Contraloría General de la República haya hecho llegar los datos al Ministerio de Hacienda.
La verdad es que no pretendemos recibir el traspaso del libro que manda ese organismo a dicha Secretaría de Estado , sino una información contable más simple, susceptible de ser conocida y analizada sin necesidad de pedir una auditoría para entenderla.
Nos parece que el Ejecutivo debe entregar periódicamente al Congreso un estado de la ejecución presupuestaria. El año pasado debatimos aquí si tenía que ser cada tres meses o cada cuatro.
La señora FELIÚ.-
Se resolvió que sería cada cuatro meses.
El señor DÍEZ.-
Se acordó que sería cada cuatro meses; pero este año la información no se envió en forma oportuna.
Sin embargo, debemos mirar hacia adelante y ser optimistas. Y como esperamos que este país cada día ande mejor, creemos que el próximo año el señor Ministro cumplirá con la promesa que ahora nos ha hecho y tendremos la información sobre la ejecución presupuestaria en la fecha correspondiente.
Hago presente que lo anterior no sólo tiene por objeto coadyuvar al ejercicio de las funciones propias del Parlamento, al estudio del proyecto de Ley de Presupuestos del año siguiente o al ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. En una economía abierta, moderna, como la que tenemos, es conveniente que todos los antecedentes estén en manos de los agentes económicos. Y, así como disponemos de los datos cambiarios, estadísticos, etcétera, del Banco Central, considero que la Dirección de Presupuestos también debe hacer un esfuerzo y procurar que la información relativa a la política financiera del Estado llegue oportunamente a poder de los agentes económicos.
En lo que respecta a la indicación misma, estoy satisfecho con la promesa que nos hizo el señor Director de Presupuestos y, a la vez, Ministro de Hacienda subrogante.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La indicación ya fue retirada.
El señor PAPI.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, sólo quiero dejar constancia de un hecho.
No veo problema alguno en que el señor Ministro , como una norma de cortesía, pudiera venir al Congreso a dar cuenta sobre la materia. Pero estimo que el debate consiguiente no tendría ningún efecto práctico. Porque lo que aquí se plantea y se desea formalizar como compromiso es claramente violatorio del artículo 7° del Texto Fundamental, que estatuye que los órganos del Estado actúan válidamente dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
La indicación fue retirada. Por lo tanto, ha terminado la discusión del proyecto.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Deseo agradecer al Senado la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos, que, según entiendo, ha quedado completamente despachado en este trámite.
¿No es así, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Sí, señor Ministro.
El señor DÍEZ.-
No. Falta votar la indicación del Ejecutivo para incorporar el artículo 27, nuevo.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Está aprobada, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR.-
En efecto.
La señora FELIÚ.-
¿En qué momento se aprobó?
El señor DÍEZ.-
El Honorable señor Urenda retiró su indicación, en vista de que la presentada por el Ejecutivo era más completa, y manifestó su complacencia por este hecho; pero formalmente no se ha aprobado.
El señor ZALDÍVAR.-
Ya está aprobada.
El señor DÍEZ.-
Insisto: la indicación del Ejecutivo para agregar un artículo 27, nuevo, no ha sido aprobada.
La señora FELIÚ.-
No se ha votado.
El señor ZALDÍVAR.-
En realidad, se entendió aprobada cuando el Honorable señor Urenda retiró su indicación.
El señor PIÑERA.-
En ese instante sólo quedó retirada. Pero tiene que someterse a votación.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
El Honorable señor Urenda expresó que retiraba su indicación porque la formulada por el Ejecutivo le satisfacía. Y,..
El señor DÍEZ.-
Y hasta ahí no más se llegó. Porque no la votamos.
El señor PIÑERA.-
Y queremos fundamentar nuestro voto.
El señor HORMAZÁBAL.-
Podríamos aprobarla en 30 segundos, señor Presidente.
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra, para fundar mi voto.
El señor PIÑERA.-
Yo también.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Aunque ya está aprobada la indicación, tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor PIÑERA.-
Entonces, ¿se da por aprobada?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor PIÑERA.-
¿En qué momento se aprobó, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Cuando el Honorable señor Urenda retiró la indicación.
El señor PIÑERA.-
El retiro de la indicación fue una decisión personal del señor Senador. Empero, ese hecho no puede significar la aprobación de otra.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
El Honorable señor Urenda manifestó que estaba de acuerdo con la indicación del Ejecutivo...
El señor PIÑERA.-
¡Pero ésa era sólo la opinión del señor Senador!
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
y que, en consecuencia, retiraba su indicación.
Seguidamente, el señor Presidente manifestó que, si no había observaciones, se daba por aprobada. Y se aprobó.
La señora FELIÚ.-
No quedó aprobada.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
El señor Secretario tiene el carácter de ministro de fe. De manera qué así fue.
El señor PAPI.-
Sí: el señor Secretario es ministro de fe.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El asunto está terminado.
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, por encargo de la Sala, está elaborando un informe acerca de la relación existente entre la Ley de Presupuestos, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado -decreto ley N° 1.263, de 1975- y la Constitución Política de la República. Tiene listo ya un primer borrador y, como resultado de él, por encargo de la Comisión hemos intercambiado opiniones con el señor Director de Presupuestos -presente aquí, en calidad de Ministro de Hacienda subrogante- en cuanto a la forma de ir perfeccionando la referida Ley Orgánica, porque, si bien no hay dificultades en cuanto a la administración de los fondos públicos, se presenta un problema jurídico que vale la pena delimitar.
A nuestro juicio, lo dispuesto en el artículo 27 propuesto por el Ejecutivo en su última indicación constituye un paso positivo para acoger algunas sugerencias en torno de las cuales la Comisión de Constitución conversó con el señor Director de Presupuestos , ya que establece en forma expresa que, no obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, en ningún caso es factible autorizar gastos en personal, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes y prestaciones previsionales que excedan el valor neto de los montos incluidos en la estimación de gastos del sector público hecha en la Ley de Presupuestos.
Asimismo, llena un vacío que la Comisión estimó indispensable resolver: especifica claramente los casos excepcionales en que puede incrementarse el valor neto de los egresos que emanan de la propia naturaleza de algunos gastos, entre ellos los siguientes: los legalmente excedibles y los originados en aplicación de donaciones; en devolución de fondos de terceros -por ejemplo, devoluciones de impuestos-; en traspasos de fondos de los servicios públicos a rentas generales de la nación y que constituyen egresos para aquéllos; en la asignación de mayores saldos iniciales de caja (la Comisión opina que se trata de operaciones que quedan pendientes de un año para otro).
Todos esos conceptos han sido recogidos en el artículo 27, nuevo, a que se refiere la indicación del Ejecutivo. Esperamos que el Presidente de la República , haciendo uso de su iniciativa exclusiva, transforme esta disposición anual de la Ley de Presupuestos en una norma permanente de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.
Igualmente, creemos necesario prever un aumento de la inversión. Porque si el Estado percibe mayores ingresos que los calculados y ellos no exceden de cierto porcentaje, es bueno que tenga también la facultad para emplearlos -como expresa la indicación- en Inversión real, en Inversión sectorial de asignación regional y en Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidos en la Ley de Presupuestos.
A nuestro juicio el 10 por ciento contemplado por el Gobierno para 1993 es excesivo. Sin embargo, por ser el primer año que establecemos este sistema, estoy dispuesto a aceptarlo. Esto significa que todos los gastos serán autorizados por el Congreso Nacional. Porque se aprueba un monto de inversión, pero se dice al Ejecutivo que sólo puede sobrepasarlo en determinado porcentaje. De manera que se cumple satisfactoriamente lo establecido por la Constitución: que todo gasto debe ser autorizado por ley.
Nuestra Comisión de Constitución considera que este Gobierno ha ajustado su proceder a la normativa fundamental y legal vigente. Y ha recibido la opinión de distintos constitucionalistas para interpretarla.
Como dije, creemos que con la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado -cuyo texto debe corresponder exactamente a la indicación formulada ahora por el Ejecutivo para agregar el artículo 27, nuevo- se llenará gran parte de ese vacío.
Falta subsanar lo que analizamos hace algunos momentos: la conveniencia -éste es el juicio que me merece a mí; pero no ha sido acogido todavía por la Comisión de Constitución- de que, a fin de posibilitar el ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Congreso, el Ejecutivo proporcione una información estadística acerca del comportamiento de los ingresos y gastos incluidos en la Ley de Presupuestos, obligación que no se encuentra considerada en la legislación vigente y que sería bueno incorporar en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.
Esa información es indispensable, no sólo para el ejercicio de atribuciones propias del Poder Legislativo y su participación en el estudio de la política financiera del Estado y en la marcha de la Administración, sino, también, para su conocimiento por los agentes económicos privados.
En general, señor Presidente , estamos satisfechos con la redacción dada al artículo 27 por el Ejecutivo , pues deja en claro las funciones del Congreso Nacional. Porque es el Congreso el que le señala cada año el margen de inversión en que puede excederse. Es el Congreso, a través de la Ley de Presupuestos -y hoy, mediante la indicación que estamos aceptando-, el que califica, atendida la naturaleza de los ítem, cuáles son excedibles.
De esa manera, la función del Parlamento no se limitará a recibir una simple información del Ejecutivo o a ejercer su derecho a reducir algunas Partidas, sino que implicará también, como lo señala la Carta Fundamental, autorizar por ley los gastos. Y la autorización podrá ser directa, determinando el monto exacto de aquéllos, o indirecta, permitiendo un exceso sobre los mismos, o bien, señalando qué ítem, por su naturaleza, no deben quedar sujetos a un monto fijo cada año.
Por tales razones, manifiesto públicamente mi complacencia por la iniciativa del Ejecutivo, que recoge en gran medida una sentida aspiración de sectores tanto de Oposición como de Gobierno de este Congreso Nacional, principalmente del Senado.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , este es un tema que se viene discutiendo desde los dos últimos años, lográndose ahora un avance efectivo, que se materializa en la indicación del Ejecutivo.
Sin embargo, quiero dejar constancia de lo siguiente y, al mismo tiempo, hacer una petición.
La norma planteada no trata en absoluto el tema relativo a la transferencia de recursos entre Ministerios mediante decretos, al margen de la voluntad del Congreso.
El señor DÍEZ. Eso no se puede hacer.
La señora FELIÚ.-
Claro que no.
El señor PIÑERA.-
Por lo tanto, el hecho de estar de acuerdo con la fórmula de fijar el límite máximo no significa que compartamos una práctica que, a través del uso de la Partida Tesoro Público, permite efectuar transferencias entre Ministerios al margen de la voluntad del Congreso.
Por eso, quiero dejar constancia, como ha sido tema de discusión con el Ejecutivo , de que la circunstancia de reconocer que dicha indicación significa un avance en materia de fijación del límite máximo global no significa que abandonemos la tesis de que las transferencias entre Ministerios requieren ley.
En segundo lugar, hubo un tercer tema que tuvimos sobre la mesa en nuestras reuniones con Hacienda: la información.
El Ministro subrogante ha dicho que la entregará con 90 días de desfase. Pero eso, desde el punto de vista macroeconómico, me parece absolutamente insuficiente. Porque si esa Secretaría de Estado maneja la política fiscal -único instrumento de política económica real que maneja en la práctica- con una información semestral, desfasada en 90 días, no puede aplicar su política económica en forma eficiente.
Por tal motivo, deseo pedir al señor Ministro de Hacienda subrogante, en primer término, una información respecto de gastos e ingresos agregados (esto es, artículos 1° y 2° del proyecto)...
El señor PAPI.-
Señor Senador , ¿me permite una interrupción, con la venia de la Mesa?
El señor PIÑERA.-
Por supuesto, Su Señoría.
El señor PAPI.-
Esta materia ni siquiera puede ser objeto de discusión. Lo que Su Señoría está planteando es absolutamente inconstitucional. Porque ninguna autoridad podría asumir ese compromiso; tampoco sería factible hacerle exigible tal cosa.
Aquí habría que proponer una reforma constitucional o establecer una obligación legal; tal vez podría asumirse una actitud de cortesía. Pero esto ni siquiera debería ser asunto de debate, pues infringe claramente el artículo 7° de la Carta Fundamental. Además, este Senado no tiene ninguna facultad fiscalizadora.
Gracias, señor Senador.
La señora FELIÚ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, yo estaba haciendo uso de la palabra...
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Señor Senador, no habrá debate sobre este punto, porque la Mesa coincide plenamente con la opinión del Honorable señor Papi.
Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , una cosa es la admisibilidad de una norma de administración presupuestaria durante la discusión de la Ley de Presupuestos, y otra muy diferente y grave plantear que el manejo y el ingreso de los recursos del Estado puede ser algo privado o secreto. Los ingresos y gastos de aquél son absolutamente públicos. Por eso, no infringe norma constitucional alguna el planteamiento del envío de información en determinado tiempo, porque las cuentas son del todo públicas.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
El Honorable señor Zaldívar ha pedido la palabra.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
El Senador señor Hormazábal ha solicitado una interrupción.
El señor ZALDÍVAR.-
No tengo inconveniente en concedérsela.
El señor HORMAZÁBAL.-
Sólo quiero decir...
El señor PIÑERA.-
Perdón, señor Presidente. Yo sólo había dado una interrupción al Senador señor Papi.
El señor HORMAZÁBAL.-
Entonces, devuelvo...
El señor PIÑERA.-
Concedí una interrupción al Honorable colega, con la venia de la Mesa.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Haré uso del Reglamento para acortar las intervenciones, porque ya terminó el estudio del proyecto y no hay más indicaciones.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , me estoy refiriendo a la última indicación presentada por el Ejecutivo.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Esa indicación fue aprobada y la discusión del proyecto terminó.
El señor PIÑERA.-
No fue votada, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Se votó, Su Señoría. Y el señor Secretario del Senado , que es ministro de fe, lo ha confirmado. Por lo tanto, no puede haber más debate sobre esa indicación.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , una parte importante de los Senadores nunca tuvo conciencia de que la indicación fue aprobada. En consecuencia, quiero dejar constancia de que la aprobación se produjo en forma tan rápida que muchos no nos percatamos de ello.
Ahora bien, deseo terminar planteando algo que, a mi juicio, es perfectamente constitucional. Y me gustaría enfatizarlo. Me refiero a la solicitud de información al señor Ministro de Hacienda.
El punto lo discutimos el año pasado en esta misma Sala, sin que nadie objetara su constitucionalidad. Y dicho Secretario de Estado se comprometió a remitir un informe cuatrimestral.
Respetuosamente, debo manifestar al señor Ministro que la política fiscal no puede ser una "caja negra" para el país. Y si comparamos la información que existe en materia de política monetaria, cambiaría y de comercio exterior, podremos ver que hay un desfase gigantesco y diferencias de calidad y oportunidad con respecto a la información fiscal.
Por eso, deseo plantear al señor Ministro de Hacienda lo mismo que le expusimos el año pasado, lo cual fue aceptado por él, pero no cumplido: la posibilidad de tener en forma cuatrimestral un análisis macroeconómico -y no un estudio de carácter contable, como el de la Contraloría- que incluya, no solamente la gestión del sector público, sino también los grandes números de las empresas públicas, porque éstas no proporcionan información ni siquiera de acuerdo a lo establecido por la ley respecto de las empresas privadas, que son abiertas. Y si estas últimas se encuentran obligadas legalmente a dar información, ello debería ser el piso de la que tienen que entregar las empresas públicas.
Por tal motivo, solicito que cuatrimestralmente se nos proporcionen los antecedentes, con el objeto de que este Senado tenga la oportunidad de discutir algo tan fundamental como es la información sobre la ejecución del presupuesto del sector público y de sus empresas.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Quiero hacer referencia a las palabras pronunciadas por el Honorable señor Piñera respecto de la indicación.
Su Señoría dijo que ella fue aprobada muy rápidamente y que un grupo importante de Senadores no se dio cuenta. Pero la indicación fue leída en forma oportuna. Y la Mesa no tiene la culpa de que algunos señores Senadores hayan estado distraídos. Lo comprendo, por lo extensa que ha sido la sesión. Empero, como dije, se le dio lectura, nadie manifestó oposición y la Mesa proclamó su aprobación.
En consecuencia, no deseo que exista duda alguna sobre el particular.
El señor ZALDÍVAR.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , quiero recoger parte de los comentarios del Senador señor Diez a la indicación planteada por el Ejecutivo para incorporar un artículo 27.
Sin entrar al fondo del tema, creo que uno debe felicitarse por la disposición del Gobierno a acoger observaciones de Parlamentarios que representan diferentes posiciones. En ese sentido, se ha avanzado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y la norma que aprobamos, en el fondo, constituye un anticipo de lo que puede ser una resolución más definitiva, en una legislación permanente.
También me alegro del reconocimiento que hizo el Senador señor Diez en el sentido de que este Gobierno, bajo la vigencia de la Ley de Administración Financiera del Estado, ha procedido dentro de los márgenes legales y constitucionales, lo que se discutió e impugnó en determinado momento con relación al actual Ministro de Hacienda , respecto de quien se indicó que habría infringido o estaría actuando al margen de las disposiciones legales y fundamentales. Creo que ése es un elemento positivo.
Por otra parte, deseo plantear al señor Presidente y a la Sala -y es algo que debemos tener presente; no se trata de resolverlo ahora- que, hallándose la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia analizando una materia de tipo presupuestario, ella debe ser conocida por la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, solicito que el respectivo informe sea sometido a la consideración de este organismo, para ver qué aportes podemos hacer sus integrantes. Porque, a mi juicio, algo tenemos que decir respecto de un asunto que casi es de nuestra exclusiva incumbencia.
Señor Presidente , habiendo terminado el debate, deseo aprovechar la oportunidad para agradecer, en mi calidad de Presidente de la Comisión Especial de Presupuestos , a los funcionarios de Gobierno -en particular al señor Director de Presupuestos , hoy Ministro de Hacienda subrogante- por su participación en el despacho de la iniciativa.
También expreso mi gratitud a los funcionarios del Senado, muy especialmente al Secretario de la Comisión -el señor Secretario Jefe de Comisiones -, como asimismo a los Secretarios de las Subcomisiones, quienes hicieron un trabajo importante. Y podemos verlo en los informes que tenemos sobre nuestros escritorios y en los que manejamos en las Subcomisiones, que nos posibilitaron un despacho mucho más fácil y expedito del proyecto de Ley de Presupuestos.
Dejo constancia, por ende, de que los funcionarios del Senado han demostrado una vez más su capacidad y su habilidad en esta materia. Además, debieron laborar todo el fin de semana, inclusive por las noches, para posibilitar el despacho de la iniciativa dentro del plazo.
Por supuesto, debo extender mis agradecimientos a los señores Senadores que participaron en las Subcomisiones y en la Comisión Especial, y también a los señores Diputados, quienes, en mi opinión, desarrollaron un trabajo expedito, aportaron muchos conocimientos y permitieron el despacho de una Ley de Presupuestos bastante perfeccionada.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente , agradezco a este Senado la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos. Creo que la unanimidad con que se despachó buena parte de él indica la acogida que tuvo el texto enviado por el Ejecutivo. Las discusiones exhaustivas que hubo en las Subcomisiones y en la Comisión Especial permitieron perfeccionar en gran medida los presupuestos de varios Ministerios. Además, en esta tercera vez en que se debate y aprueba un proyecto de Ley de Presupuestos en este Senado ha quedado claro el perfeccionamiento logrado respecto de distintas normas, incluso la del artículo 27, que recoge un planteamiento hecho por varios señores Senadores y Diputados tanto durante este debate como en los de años anteriores.
Por tanto, me sumo a los agradecimientos del señor Presidente de la Comisión Especial, destacando el esfuerzo desplegado por todo el personal del Senado durante las siete semanas de análisis del proyecto.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Por mi parte, como Presidente de la Corporación , quiero hacerme eco de los agradecimientos del señor Presidente de la Comisión Especial y, al mismo tiempo, agradecer a Su Señoría su muy eficaz y dinámica labor al frente de dicho organismo; a los señores Senadores, quienes han tenido una activa participación; al señor Ministro de Hacienda , y al señor Director de Presupuestos.
Creo interpretar a la Sala al destacar el avance logrado por el Ministerio de Hacienda -y opino que al respecto ha habido una participación muy especial del señor Director de Presupuestos- en cuanto a crear nuevos esquemas para el manejo presupuestario.
Y en cuanto al interés del Senado en escuchar, las veces que sea necesario, la información del Ministerio de Hacienda y al esfuerzo realizado tanto por éste como por la Dirección de Presupuestos, me parece que todo ello puede ser un paso muy importante para el entendimiento progresivo del fenómeno de la finanza pública, a fin de no encontrarnos con un proyecto que debemos discutir en pocas semanas y en forma muy apurada.
Felizmente, en esta oportunidad pudimos aprobar la iniciativa dentro del plazo.
Por lo tanto, doy las gracias al señor Ministro.
El señor ARELLANO ( Ministro de Hacienda subrogante).-
Gracias, señor Presidente.
Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 23 de noviembre, 1992. Oficio en Sesión 23. Legislatura 325.
Valparaíso, 23 de noviembre de 1992.
N° 3705
AS.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1993, con las siguientes modificaciones:
PARTIDA 02
Capítulo 01 Programa 01
En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, ha sustituido "6.189.093" por "6.264.093" e igualmente en su ítem 91.
En el Subtítulo 31 y en su ítem 50 Requisito de inversión para funcionamiento, ha sustituido "178.400" por "253.400"
Capítulo 02 Programa 01
En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, ha reemplazado "8.615.151" por "8.735.151" e igualmente en su ítem 91.
En el Subtítulo 31 y en su ítem 50 Requisitos de inversión para funcionamiento, ha reemplazado "66.900" por "186.900".
PARTIDA 50
Programa 01 Subtítulo 03
En el ítem 66 Otros, ha sustituido "1.812.018" por "20.086.646", y en el ítem 94.001 Deudores del Período, "- 51.337.302" por "- 53.098.517".
Programa 03 Subtítulo 25
En el ítem 33.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos, ha sustituido "317.846.323" por "317.651.323".
En el mismo ítem 33, ha agregado "117 Transferencias a Municipalidades" con "16.513.413" miles de pesos.
Como consecuencia de las enmiendas precedentes, en el texto del articulado ha introducido las siguientes modificaciones:
Artículo 1°
En las columnas correspondientes al Resumen de los Presupuestos de las Partidas y al Valor Neto, ha reemplazado las siguientes cifras por las que se indican en cada caso:
Frente a "INGRESOS", "4.168.136.762" por "4.184.650.175" y "3.864.363.917" por "3.880.877.330", respectivamente.
Frente a "Ingresos tributarios", "2.976.104.882" por "2.992.618.295", en ambas columnas.
Frente a "GASTOS", "4.168.136.762" por "4.184.650.175" y "3.864.363.917" por "3.880.877.330", respectivamente.
Frente a "Transferencias corrientes", "1.247.659.000" por "1.263.977.413" y "1.041.536.935" por "1.057.855.348", respectivamente.
Frente a "Inversión real", "477.670.664" por "477.865.664", en ambas columnas.
Artículo 2°
En Ingresos Generales de la Nación, ha reemplazado la cantidad asignada a Ingresos tributarios "2.976.104.882" por "2.992.618.295", y el Total Ingresos "3.035.750.305" por "3.052.263.718".
En Aporte Fiscal asignado al Congreso Nacional, ha reemplazado la cantidad de "15.769.694" por "15.964.694"; en Operaciones Complementarias de Programas Especiales del Tesoro Público, la cantidad de "455.806.695" por "472.125.108", y el Total de Aportes, de "3.035.750.305" por "3.052.263.718".
Artículo 42
Ha intercalado, en su inciso segundo a continuación de la frase "visada por la Dirección de Presupuestos.", reemplazando el punto (.) seguido por una coma (,), la siguiente frase: "para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional".
Artículo 5°
Ha reemplazado su inciso final, por el siguiente:
"Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuestas públicas, la adquisición de los equipos a que se refiere este artículo. Asimismo, también podrán efectuar la adquisición de tales equipos directamente mediante propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes, siempre que el valor de los equipos no fuere superior al equivalente en moneda nacional a 2.000 unidades de fomento.".
Artículo 12
Ha sustituido en su inciso segundo, la frase "para satisfacer sus necesidades propias", por la siguiente: "destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente"
Ha suprimido su inciso tercero.
Ha consultado a continuación del artículo 26, los siguientes artículos 27 y 28, nuevos:
"Artículo 27.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles ni a los incrementos originados en aplicación de donaciones, en devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devolución en el Servicio receptor, en transferencias al Fisco, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja.
Artículo 28.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán fiscalizados por la Contraloría General de la República."."
Hago presente a V.E que el artículo 3° del proyecto fue aprobado como norma de quórum calificado, con el voto afirmativo de 27 señores Senadores, en la votación general y en la particular, de un total de 46 señores Senadores en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 63 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio N°1.031, de 18 de noviembre de 1992.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): Gabriel Valdés S., Presidente del Senado; Rafael Eyzaguirre Echeverría, Secretario del Senado.
Fecha 24 de noviembre, 1992. Diario de Sesión en Sesión 23. Legislatura 325. Discusión única. Se aprueban modificaciones.
LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE 1993. Tercer trámite constitucional.
El señor VIÉRAGALLO (Presidente).-
En el primer lugar del Orden del Día, corresponde ocuparse de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público de 1993.
Las modificaciones del Senado están impresas en el boletín N° 809-05 y figuran en el número 7 de los documentos de la Cuenta de esta sesión.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En discusión la primera modificación al artículo 2°, Partida 02, Capítulo 01, Programa 01, sobre aumento del presupuesto del Congreso Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No hay quorum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobada.
En discusión la enmienda del Senado a la Partida 50, Programa 01, Subtítulo 03, que dice relación a un aumento del Tesoro Público relativo a ingresos tributarios.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará con el mismo quorum de la votación anterior.
Aprobado.
En discusión la modificación al Programa 03, Subtítulo 25, que establece un ítem nuevo sobre las transferencias a las municipalidades.
El señor LETELIER.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, tengo la mejor voluntad para cooperar en el pronto despacho del proyecto, pero deseo saber de qué se trata una partida de tal volumen.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, como en este mismo proyecto aprobamos la prórroga de los reavalúos de bienes raíces urbanos, con el fin de no perjudicar los ingresos de las municipalidades del país se destina íntegramente a las mismas el recargo del 30 por ciento que se está pagando respecto de las contribuciones, monto que se eleva a 16.513.413.000 pesos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Entiendo que la decisión de prorrogar los reavalúos fue colectiva y que entrará en vigencia una vez publicada la Ley de Presupuestos; pero aquí estamos hablando de una transferencia de 16 mil 500 millones de pesos, fondos que constituirán ingresos adicionales para los municipios.
Solicito una explicación, porque si los reavalúos no se consideran en el ejercicio significará que no habrá mayores ingresos. Aquí los hay para los municipios. Me gustaría saber si se destinaron a tapar los hoyos que asumieron los alcaldes democráticos por los déficit en educación y en salud, más aún cuando el Gobierno, por desgracia, redujo en términos reales el aporte del Presupuesto de este año a los municipios en cuanto al programa de mejoramiento de barrios y equipamiento comunal.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ya lo explicó el Diputado señor Sabag.
Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCIA (don José).-
Señor Presidente, aquí se prorroga, junto con el reavalúo de las propiedades no agrícolas, la sobretasa del 30 por ciento de impuesto territorial para aquellas propiedades de un cierto avalúo hacia arriba. Ese 30 por ciento, ahora de beneficio fiscal, se les entrega a las municipalidades a través del Fondo Común Municipal.
Esos recursos adicionales guardan perfecta consonacia con la modificación del ítem de Ingresos Tributarios, que de 1.812 millones aumenta a 20.086 millones. Esa diferencia es exactamente la mayor recaudación que tendrá el Fisco por la vía del 30 por ciento de la sobretasa del impuesto territorial, la que, en lugar de administrarla directamente, pasa a las municipalidades por la vía del Fondo Común.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Muy bien.
Si le parece a la Sala, se aprobará con el mismo quorum.
El señor LETELIER.-
Con mi voto en contra, señor Presidente.
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-
¿Con el mismo quorum o con la misma votación, porque en este caso estaría por la idea de cambiar mi voto, puesto que en la primera oportunidad yo me abstuve; en cambio, en ésta apoyaría la modificación.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación.
Durante la votación:
El señor SOTA.-
Hay un error, señor Presidente. En el Presupuesto Nacional no existe la Partida N° 50.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se trata del Tesoro Público.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, no hubo quorum.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No hay quorum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 6 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobada la enmienda.
Corresponde tratar la modificación al artículo 4Q, en cuyo inciso segundo, a continuación de la frase "visada por la Dirección de Presupuestos", reemplazando el punto segundo por una coma, se intercala la frase: "para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional".
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada con un voto en contra.
Respecto del artículo 52, la modificación de Senado establece que los organismos y servicios públicos, por propuestas públicas, podrán efectuar las adquisiciones a que se refiere esta norma. Asimismo, mediante propuesta privada con ciertas características, podrán adquirir equipos hasta por un monto en moneda nacional de 2 mil unidades de fomento.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En el artículo 12, inciso segundo, el Senado ha sustituido la frase "para satisfacer sus necesidades propias", por la siguiente: "destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente".
En discusión.
Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, solicito que cuando la Mesa se refiera a los artículos espere un poco para que podamos conocer los textos.
Sobre el artículo anterior, pido que quede constancia de mi voto en contra por estimar que se fijan políticas que no comparto. Pienso que si los Diputados presentes tuvieran tiempo para estudiarlo, tampoco compartirían esta propuesta.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, pido que recabe el asentimiento unánime para que pueda ingresar a la Sala el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No hay ningún problema para ello, ya que se encuentra presente el señor Ministro de Hacienda.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No hay quorum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, no hubo quorum.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No hay quorum.
Se va a llamar a los señores Diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación la modificación al artículo 12.
Durante la votación:
El señor LONGUEIRA.-
Quiero saber si estas indicaciones contaron con el patrocinio del Ejecutivo en el Senado.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Seguramente.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobada.
En discusión la incorporación de un artículo 27, nuevo, que establece una idea ya planteada en la Cámara, en el sentido de que determinados gastos no pueden ser excedidos por el Gobierno.
Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.
El señor BOSSELIN.-
Señor Presidente, concurriré con mi voto a la aprobación de este nuevo artículo, pero con una prevención, en cuanto a que esta norma, no es concordante con el artículo 64 de la Constitución ni con la naturaleza de la Ley de Presupuestos.
Como es sabido, la Ley de Presupuestos, en esencia, no es una ley. Es una especie de cortesía constitucional, un cálculo estimativo de ingresos y gastos que el Ejecutivo comunica al Poder Legislativo. Su estructura, origen, discusión y sistema de aprobación o de rechazo son sustancialmente diferentes a los de las leyes. Un ejemplo relevante que prueba este aserto es que si el Presupuesto no es aprobado por el Congreso dentro del plazo establecido por la Constitución, rige lo propuesto por el Ejecutivo. Es decir, se trata de una especie singular de aprobación que no existe respecto de ningún texto legal.
El artículo 27 del proyecto señala: "No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos...", etcétera. La Constitución indica las materias propias de ley. Después de la modificación introducida a su texto en 1980, rige el sistema del dominio máximo de la ley. Y quien señala las materias propias de ley es el constituyente y no el legislador. La Constitución se refiere a estas materias en los artículos 60 y 62. En consecuencia, al legislador no le cabe incorporar nuevas materias propias de ley.
La tesis que sostenemos correspondía al antiguo Tribunal Constitucional que rigió bajo el imperio de la Constitución de 1925, en un voto magistralmente redactado por el profesor don Jacobo Schaulsohn, en el cual hace un estudio circunstanciado de las distintas legislaciones no han cambiado en los diferentes países del mundo que prueba fehacientemente que aquí no estamos frente a una ley. Pero, atendidas las circunstancias que rodean la tramitación del Presupuesto que hoy conocemos y los obstáculos colocados en el Senado, concurro con mi voto favorable, dejando constancia de mi discrepancia, con el fin de que el día de mañana no se vaya a creer que se está creando un precedente de carácter constitucional para transformar la Ley de Presupuestos en una normativa amplia donde se puede incorporar cualquier tipo o especie de materia. La que se está incorporando corresponde a la Ley de Administración Financiera del Estado y no a la Ley de Presupuestos.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, este artículo y algunos de los siguientes resuelven un problema que se ha planteado cuando los gastos efectuados durante el año presupuestario exceden el cálculo de ingresos.
Desde que se dictó la Constitución de 1980, en la práctica el Poder Ejecutivo ha empleado esos mayores recursos sin pedir autorización al Congreso, lo cual ha sido criticado por diversos parlamentarios. En consecuencia, este artículo 27 tiene por objeto corregir ese vacío legal.
No obstante, como lo dijo acertadamente el Diputado señor Bosselin, se trata de una modificación en la Ley de Presupuestos, que no es otra cosa que un cálculo de ingresos y estimación de gastos que aprueba el Congreso que, en realidad, lo es al decreto ley N° 1.263, Orgánico de la Administración Financiera del Estado y que debió haberse hecho mediante una ley distinta que modificara directamente su artículo 26 o los que fueran necesarios, para corregir el vacío legal.
Sobre el particular, cabe advertir que el propio Gobierno está renunciando a una facultad que siempre tuvo el gobierno anterior y que no ha sido una práctica habitual del actual.
El Senador don Sergio Diez Urzúa se refirió a este mismo problema en un artículo publicado en "El Mercurio" el domingo l2 de noviembre de 1992, titulado "La Constitución y la Ley de Presupuesto". Allí sostiene que el manejo económico y financiero del país durante este Gobierno y en la última década ha sido honesto y ordenado. Agrega: "El equipo económico ha mantenido una correcta aplicación del sistema. Este es un país que está funcionando normalmente. Se trata de modificar y perfeccionar el sistema jurídico y administrativo sobre la materia para enmarcarlo en las normas fijadas en la propia Constitución, cuya fiel aplicación en la ley y en la práctica resulta indispensable para asegurar la estabilidad financiera del país."
El señor Senador concluye en dicho artículo que el Ejecutivo no puede exceder el gasto global y debe acatar las disminuciones de gastos dispuestas por el Congreso. A su juicio, la flexibilidad presupuestaria tiene que ser razonablemente llevada para permitir el manejo normal de las finanzas públicas, por una parte, y por otra, respetar las atribuciones constitucionales del Congreso.
En consecuencia, el artículo 27 introducido por el Senado trata de corregir este vacío, disponiendo que sólo mediante ley podrán incrementarse los montos que menciona la Ley de Presupuestos, a fin de mantener el principio de que los gastos deben ser autorizados mediante disposiciones legales aprobadas por el Congreso.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, el artículo 27, nuevo, recoge de alguna forma lo planteado en la discusión en la Cámara en el primer trámite constitucional, en el sentido de que al aprobar un proyecto de Ley de Presupuestos se establezca como gasto máximo el señalado por el Ejecutivo.
Sin lugar a dudas, esta disposición otorga mayores atribuciones al Congreso. Considero que es un artículo sano para la economía del país al disponer que el gasto público no queda sujeto sólo a la buena conducción o al buen criterio de las autoridades económicas. Tal como manifesté en la discusión del proyecto en la Cámara, el gasto público de determinado sector es muy relevante para las variables macroeconómicas del país. Esta modificación recoge, en parte, mi planteamiento.
El inciso segundo de este artículo exceptúa y da cierto grado de flexibilidad respecto de los ítem del Presupuesto consignados en el inciso primero. Lo mismo ocurre respecto de las materias relativas a los subtítulos de Inversión real, establecidas en el inciso tercero.
El Senado aprobó un artículo que contribuye a que la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos no sean tan estéril, como lo ha sido hasta ahora, y a que el Ejecutivo requiera de una norma legal discutida por el Congreso, en la eventualidad de que decida incurrir en mayores gastos en los ítem contenidos en el inciso primero.
En consecuencia, los Diputados de la UDI lo votaremos en forma favorable creo que todos los colegas debieran hacer lo mismo, porque se trata de una norma que, de alguna manera, nos da mayores atribuciones, aunque establece cierto grado de flexibilidad aspecto que siempre debió considerarse, porque es importante que el Ejecutivo la tenga durante el año para reasignar montos y eventuales mayores ingresos, pero sujeto, obviamente, al cumplimiento de ciertos requisitos.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobado.
En discusión el artículo 28, nuevo, que se refiere a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría respecto de las organizaciones no gubernamentales.
El señor MONTES.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, en verdad, no veo el motivo de este artículo, porque en la actualidad la Contraloría tiene facultades fiscalizadoras sobre todos los recursos públicos. No obstante ser un artículo bastante positivo, quiero dejar en claro sus alcances.
Cuando se habla de organizaciones no gubernamentales, es respecto de todas aquellas que no son públicas. Por lo tanto, en virtud de este artículo la Contraloría está en condiciones de fiscalizar y de conocer el uso o destino de los fondos de un conjunto de organizaciones, tales como las cincuenta y tantas corporaciones municipales respecto de los cuales la Contraloría tiene grandes dificultades para fiscalizarlos; y como los colegios particulares subvencionados, sobre los que existe una situación similar, de modo que el uso o destino de los fondos asignados en calidad de subvención sean fiscalizados por la Contraloría.
También es importante fiscalizar a las empresas de transferencia tecnológica en el campo, a la Cruz Roja, a los Bomberos casos que generarán algunos problemas, y a las asociaciones deportivas, en particular el Comité Olímpico, en lo concerniente a los recursos provenientes del Fisco, cuyo uso o destino debe ser indicado. La Contraloría debe contar con un mecanismo mucho más fluido, y ojalá emita un dictamen que clarifique la aplicación de este artículo para que exista la mayor transparencia posible sobre el uso de los recursos fiscales.
Por lo expuesto, nuestra bancada aprobará este artículo a la espera de que la Contraloría emita un dictamen en tal sentido.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, votaré favorablemente este artículo 28, nuevo, porque hará posible que 51 corporaciones educacionales superen el déficit superior a los 5 mil millones de pesos que tenían de los 9 mil millones que existía en todo el sistema municipalizado al asumir el actual Gobierno. Hay que recordar que su constitución según las personas que las crearon fue para contar con una mejor administración financiera.
Es positivo para la historia fidedigna de la ley dejar establecido que la Contraloría debe tener conocimiento de lo que se entiende por organizaciones no gubernamentales, es decir, precisamente este tipo de instituciones.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Roberto Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, los parlamentarios de los Partidos Radical y Social Demócrata también aprobaremos este artículo 28, nuevo, porque lo que abunda no daña.
Los recursos públicos entregados a diferentes organizaciones no gubernamentales estarán mejor cautelados y cumplirán mejor con sus objetivos, en la medida en que exista un organismo superior que se preocupe de su control.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Mario Palestro.
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, en el fondo, mediante este artículo se trata de restituir funciones de fiscalización a la Contraloría, que durante muchos años perdió prestancia y presencia ante la opinión pública en cuanto a la credibilidad de sus funciones.
En tiempos de la dictadura, la Contraloría no controlaba y fue así como después, al dejar el señor Pinochet el Gobierno, empezaron a llegar denuncias, especialmente en lo referente a problemas en las municipalidades. Se formuló una serie de denuncias sobre irregularidades cometidas en los municipios que durante la dictadura no había sido posible investigar a fondo.
También se trata y en eso estamos todos de acuerdo de que la Contraloría recupere el prestigio que siempre tuvo antes de la dictadura, el cual permitía confiar ciegamente en sus definiciones legales; después esa confianza se perdió, sencillamente porque no operaba como correspondía y no controlaba absolutamente nada.
Por eso, este artículo, entre otras cosas, devolverá la credibilidad a este organismo tan importante y hará posible que nuevamente se le considere como el gran contralor de todas las cosas, sobre todo, de los dineros que en el país se gastan en los distintos sectores.
Cuando digo estas palabras, no me refiero a todos los funcionarios de la Contraloría; muchos de ellos son muy probos y honestos; pero también conocemos las presiones que se ejercían desde el gobierno militar sobre este organismo tan importante.
Por todo lo expuesto votaré a favor este artículo.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.
El señor BOSSELIN.-
Señor Presidente, tenía algunas dudas respecto de la constitucionalidad de este texto, pero el Honorable DiputadoSergio Elgueta me las ha aclarado.
Por lo tanto, prefiero no intervenir y anuncio mi adhesión al artículo.
Nada más.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, en verdad, no dejan de sorprenderme los planteamientos escuchados en esta Sala, porque el texto de este artículo es exactamente igual a la indicación que presenté en la discusión del proyecto en la Cámara, la cual fue rechazada. Por lo tanto, celebro que haya sido recogida por el Senado.
Tal como lo planteé en el debate de la Cámara, en la Ley de Presupuestos se ha ido asignando en forma creciente un rol muy importante al gasto social en instituciones no gubernamentales. En ese sentido, sostuve la relevancia de que el destino o uso de esos fondos tuvieran algún grado de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República.
Celebro que el Senado haya acogido la indicación, traducida en este artículo 28, nuevo, del proyecto de ley de Presupuestos, y que los parlamentarios que la rechazaron en su discusión por la Cámara hoy sean partidarios de incorporarla. Sin duda, es una disposición saludable en el sentido de que significativos fondos de la Ley de Presupuestos que a través de distintos ministerios se asignan a las más variadas instituciones privadas para que realicen una labor social tengan algún grado de fiscalización y se destinen efectivamente a los programas sociales a los cuales son asignados.
Hace algunos meses, cuando discutimos el proyecto sobre subvención a los colegios particulares, también presenté indicación en este sentido, porque en dicho proyecto se estableció que esos colegios estarían sujetos a la fiscalización de la Contraloría.
Por lo tanto, este artículo amplía dicha fiscalización a todas las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos significativos en el Presupuesto.
A lo mejor, esta disposición puede llevar a un mayor grado de dificultad y control administrativo, pero es aconsejable aprobarla porque, básicamente, impone una supervisión por parte del organismo contralor a las instituciones que, si bien es cierto no pertenecen al sector público; cada vez están recibiendo más fondos, en forma sistemática.
Me alegro de que en esta oportunidad contemos en la Corporación con los votos necesarios para aprobar este artículo, pero lamento que, una vez más, haya sido el Senado el que haya debido proponer un precepto que, finalmente, la Cámara también aprobará.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado Ramírez.
El señor RAMIREZ.-
Señor Presidente, en verdad, este artículo no es novedad, pues no contiene ninguna atribución nueva para la Contraloría General de la República.
La ley N° 10.336, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, en su artículo 25, dispone lo siguiente: "La Contraloría General de la República fiscalizará la correcta inversión de los fondos fiscales que cualesquiera persona o instituciones de carácter privado perciban por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado para una finalidad específica y determinada. Esta fiscalización tendrá solamente por objeto establecer si se ha dado cumplimiento a dicha finalidad." De manera que no veo la novedad de este artículo, que establece atribuciones de la Contraloría ya contempladas en una ley anterior. Otra cosa es que ella no las ejerza porque no quiere hacerlo.
Por lo tanto, no veo la inconveniencia de aprobar este artículo que no importa ningún hecho nuevo, pero no tiene la importancia que le atribuyen los señores Diputados. Las atribuciones existen y podrían aplicarse con esta norma o sin ella.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, hay cierta novedad en el artículo. Es efectivo que la Contraloría ha intentado fiscalizar el uso y destino de los recursos de las corporaciones, pero ha tenido dificultades para hacerlo.
La diferencia radica en que el artículo 28, nuevo, obliga a todas las instituciones que reciben fondos públicos a declarar en qué se utilizarán, con el fin de que la Contraloría pueda fiscalizarlos posteriormente.
En verdad, el precepto no tiene mucho valor si no va acompañado de un dictamen o resolución de la Contraloría. Por lo tanto, es muy importante que la Sala, por unanimidad, solicite que se agilice el trámite, sobre todo para dar mayor eficacia a las instituciones a que nos hemos referido. Se trata de un conjunto de organizaciones, incluida CemaChile, que reciben recursos fiscales y que, de una vez por todas, es necesario que sean supervisadas por la Contraloría.
Insisto, hay cierta novedad en el artículo, pero es indispensable complementarlo con resoluciones del organismo contralor.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, es errada la disposición que leyó el Honorable Diputado señor Ramírez, pues ella se refiere a la facultad de la Contraloría de fiscalizar los ingresos considerados en leyes permanentes. La Ley de Presupuestos es periódica.
El artículo 28, nuevo, no debería estar en la Ley de Presupuestos, porque ello requeriría reeditarlo todos los años. La norma debe ser incorporada en la Ley de la Contraloría.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Molina.
El señor MOLINA.-
Señor Presidente, en lo personal, me parece una exageración incluir esta disposición en la Ley de Presupuestos, pues, como ya dijeron algunos señores Diputados, es propia de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría, cuya modificación se discute en estos momentos en la Comisión correspondiente. Allí es donde debiera considerarse.
No es atinado que un precepto tan general y vagamente redactado se incorpore en la Ley de Presupuestos, porque crea dudas en las instituciones respecto de cómo tendrán que informar a la Contraloría y qué tipo de obligaciones adquirirán en relación con el organismo fiscalizados A mi juicio, este aspecto debiera ser incluido en la Ley Orgánica de la Contraloría, de manera más propia que en la Ley de Presupuestos. A pesar de la buena intención que pueda haber para incorporarlo, no visualizo que sea oportuno introducir la norma en el proyecto que estamos discutiendo.
Por eso, votaré en contra del artículo 28, nuevo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado del debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobado el artículo 28 nuevo.
Se faculta a la Secretaría para hacer los cambios que estime convenientes.
Despachado el proyecto.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, en nombre del Gobierno, agradezco la pronta aprobación del proyecto de ley de Presupuestos, que en esta ocasión ha sido despachado incluso antes del plazo máximo estipulado.
Hemos hecho el esfuerzo de recoger algunas sugerencias formuladas por los señores parlamentarios en los dos años anteriores, en cuanto a los procedimientos para discutir la proposición del Ejecutivo y, sobre todo, a poner limitaciones en los niveles de gasto, particularmente corriente.
Atendida la discusión pública habida sobre la materia, habría que señalar que después de demostrar la perfecta legalidad y constitucionalidad de la administración presupuestaria durante su período, al Ejecutivo le pareció importante escuchar y recoger las observaciones de los señores parlamentarios, de Gobierno y de Oposición, respecto del rol que debe jugar el Congreso en la aprobación y fiscalización posterior del cumplimiento de la Ley de Presupuestos. Así, aceptó la sugerencia formulada y la incorporó en el proyecto de Ley de Presupuestos. Con ella se logrará una mejor distribución de las atribuciones entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que asegurará y garantizará una buena relación recíproca en el futuro y un despacho adecuado, eficiente y oportuno como en esta occisión del proyecto de Presupuestos de la Nación, instrumento fundamental de cualquier gobierno para aplicar su política, en particular económica.
Para nosotros es una experiencia constructiva y positiva, y agradecemos muy especialmente a los señores parlamentarios de Gobierno y de Oposición, ya que su disposición augura una mejor relación entre el Ejecutivo y el Congreso en esta y otras materias.
También se ha recogido la inquietud de los señores parlamentarios para que durante el transcurso del año se informe de la ejecución presupuestaria, cosa que se hará cada semestre.
Es todo cuanto quería señalar.
Oficio Aprobación de Modificaciones. Fecha 26 de noviembre, 1992. Oficio en Sesión 14. Legislatura 325.
OFICIOS
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas introducidas por el Senado a los siguientes proyectos de ley:
1.- Al que aprueba la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1993.
2.- Al que autoriza al Estado de Chile para participar en la creación de la Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile.
-Se toma conocimiento y se manda archivarlos.
Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 26 de noviembre, 1992. Oficio
No existe constancia del Oficio por el cual se aprueba el Proyecto de Ley, enviado al Presidente de la República para su promulgación.
APRUEBA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 1993
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS
Artículo 1°.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1993, según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $
Resumen de los Deducciones de Valor
Presupuestos Transferencias Neto
de las Partidas Intra Sector
INGRESOS 4.184.650.175 303.772.845 3.880.877.330
Ingresos de 248.237.602 3.246.508 244.991.094
operación
Imposiciones 261.597.674 261.597.674
previsionales
Ingresos 2.992.618.295 2.992.618.295
tributarios
Venta de 110.304.915 110.304.915
activos
Recuperación 83.353.614 83.353.614
de préstamos
Transferencias 325.144.495 300.526.337 24.618.158
Otros
ingresos -143.208.971 -143.208.971
Endeudamiento 216.366.336 216.366.336
Operaciones 7.703.929 7.703.929
años anteriores
Saldo inicial 82.532.286 82.532.286
de caja
GASTOS 4.184.650.175 303.772.845 3.880.877.330
Gastos en 564.825.793 564.825.793
personal
Bienes y 288.044.226 288.044.226
servicios de
consumo
Bienes y 24.801.292 24.801.292
servicios para
producción
Prestaciones 1.052.345.760 1.052.345.760
previsionales
Transferencias 1.263.977.413 206.122.065 1.057.855.348
corrientes
Inversión 47.170.691 47.170.691
sectorial
asignación
regional
Inversión real 477.865.664 477.865.664
Inversión 96.013.536 96.013.536
financiera
Transferencia 40.025.148 3.091.950 36.933.198
de capital
Servicio de 235.325.743 94.558.830 140.766.913
la deuda
pública
Operaciones 14.981.137 14.981.137
años
anteriores
Otros 3.169.698 3.169.698
compromisos
pendientes
Saldo final 76.104.074 76.104.074
de caja
B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:
En Miles de US$
Resumen de los Deducciones de Valor
Presupuestos Transferencias Neto
de las Partidas Intra Sector
INGRESOS . 1.346.769 92.220 1.254.549
Ingresos de 209.979 209.979
operación
Ingresos 162.702 162.702
tributarios
Venta de 25.102 25.102
activos
Recuperación 351 351
de préstamos
Transferencias 92.220 92.220
Otros ingresos 733.942 733.942
Endeudamiento 90.150 90.150
Operaciones 51 51
años anteriores
Saldo inicial 32.272 32.272
de caja
GASTOS 1.346.769 92.220 1.254.549
Gastos en 71.317 71.317
personal
Bienes y 125.869 125.869
servicios de
consumo
Bienes y 316 316
servicios para
producción
Prestaciones 288 288
previsionales
Transferencias 124.170 90.000 34.170
corrientes
Inversión real 27.484 27.484
Inversión 140.852 140.852
financiera
Transferencia 11.222 11.222
de capital
Servicio de 822.085 2.220 819.865
la deuda
pública
Operaciones 259 259
años
anteriores
Otros 821 821
compromisos
pendientes
Saldo final 22.086 22.086
de caja
Artículo 2°.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1993 a las Partidas que se indican:
Miles de $ Miles de US$
INGRESOS GENERALES DE LA NACION:
Ingresos de operación 59.414.511 176.203
Ingresos tributarios 2.992.618.295 162.702
Venta de activos 1.343.662
Recuperación de préstamos 1.611.014
Transferencias 9.708.696
Otros ingresos -120.131.293 519.334
Endeudamiento 57.698.833 90.000
Saldo inicial de caja 50.000.000 20.000
TOTAL INGRESOS 3.052.263.718 968.239
APORTE FISCAL:
Presidencia de la República 2.309.550 755
Congreso Nacional 15.964.694
Poder Judicial 21.375.765
Contraloría General 4.976.815
de la República
Ministerio del Interior 73.790.610
Ministerio de Relaciones 6.145.380 95.232
Exteriores
Ministerio de Economía, 18.137.413 1.500
Fomento y Reconstrucción
Ministerio de Hacienda 26.412.844 3.500
Ministerio de Educación 402.248.216
Ministerio de Justicia 49.584.784
Ministerio de Defensa 321.302.530 119.135
Nacional
Ministerio de Obras 99.684.431
Públicas
Ministerio de Agricultura 33.396.695
Ministerio de Bienes 2.988.957
Nacionales
Ministerio del Trabajo 900.005.491
y Previsión Social
Ministerio de Salud 180.064.168
Ministerio de Minería 16.746.216
Ministerio de Vivienda 151.598.375
y Urbanismo
Ministerio de Transportes 3.590.463
y Telecomunicaciones
Ministerio Secretaría 4.059.009 532
General de Gobierno
Ministerio de Planificación 19.577.823 2.794
y Cooperación
Ministerio Secretaría 2.239.264
General de la Presidencia de la República
Programas Especiales del Tesoro Público:
- Subsidios 117.477.074
- Operaciones 472.125.108 128.182
Complementarias
- Servicio de la Deuda 106.462.043 616.609
Pública
TOTAL APORTES 3.052.263.718 968.239
II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, hasta por la cantidad de $ 57.698.833 miles que, por concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, hasta por la cantida de US$ 1.100.000 miles moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. En todo caso, la parte de endeudamiento en el país no podrá exceder del 20% de la suma indicada.
Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1993, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.
La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer.
Artículo 4°.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítém 61 al 74 y 80 al 97, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. En la identificación de los proyectos con cargo a los ítem del subtítulo 30, no será necesario determinar la cantidad destinada a cada proyecto.
La identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior.
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a diez millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 3% del presupuesto de inversión de la respectiva región.
Los Intendentes Regionales podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos de inversión aprobados para la Región correspondiente de acuerdo con lo establecido en los incisos segundo y tercero de este artículo. Estos contratos deberán adjudicarse a través del mecanismo de propuestas públicas.
La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítem 53 "Estudios para Inversiones". En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.
Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.
Autorízase para efectuar en el mes de diciembre de 1992, las publicaciones de llamado a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en 1993, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichas publicaciones relativas a estudios y proyectos de inversión incluidos en decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias, que se dicten durante 1993, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.
Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de Estado. Igual autorización requerirán la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y las prórrogas o modificaciones de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.
Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, que hayan sido sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda y que mantengan las condiciones pactadas, no necesitarán renovar su aprobación.
Las autorizaciones a que se refiere este artículo no serán exigibles respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para invesión, identificado conforme a lo que dispone el artículo 4° de la presente ley.
Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuestas públicas, la adquisición de los equipos a que se refiere este artículo. Asimismo, también podrán efectuar la adquisición de tales equipos directamente mediante propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes, siempre que el valor de los equipos no fuere superior al equivalente en moneda nacional a 2.000 unidades de fomento.
Artículo 6°.- El número de horas extraordinarias-año afectas a pago, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábado, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.
Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de servicios podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un número de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.
Artículo 7°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Artículo 8°- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajero y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.
Artículo 9°.- Los servicios públicos de la adminitración civil del Estado necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cual quier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.
Igual autorización requerirán los servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos.
Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo anterior hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.
Artículo 10.- Los recursos a que se refiere el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, que correspondan a la comuna indicada en el número 2 del artículo 46 del decreto ley N° 2.868, de 1979, en tanto no se efectúe la instalación de la Municipalidad respectiva, serán entregados por el Servicio de Tesorerías al Intendente de la XII Región, para su utilización en el área jurisdiccional de las comunas a que se refiere dicho artículo.
Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de cotratos de arrendamiento de bienes muebles con opción de compra del bien arrendado.
Artículo 12.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1993 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1992 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:
65% al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado;
10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.
La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispueto en el artículo 1° de la ley N° 17.174 y en el decreto ley N° 2.569, de 1979.
Artículo 13.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.
No obstante lo anterior, dichas antidades públicas requirirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable.
El producto de la donaciones se incorporará al presupuesto de la institución benficiaria directamente o través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministerio de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.
Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.
Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate. Facúltase al Presidente de la República para que por decreto del Ministerio de Hacienda reglamente y establezca los procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en el presente inciso.
Artículo 14.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora y/o determinar las condiciones o modalidades del reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad.
Artículo 15.- El personal regido por la ley N° 18.834 que al 31 de diciembre de 1992 cumpla funciones en calidad de interino, podrá conservar dicha calidad durante la vigencia de la presente ley.
Artículo 16.- Sustitúyese, en el artículo 6° transitorio de la ley N° 18.834, modificado por el artículo 16 de la ley N° 19.103, la referencia "1° de enero de 1993" por "1° de enero 1994".
Artículo 17.- Suspéndese, durante el año 1993, la aplicación de la letra d) del artículo 81 de ley N° 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo Servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 1992.
Artículo 18.- Durante el año 1993, sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los Servicios que tengan fijada dotación máxima en esta ley, por el cese de funciones de su personal causado por la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.
Esta norma no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directivos.
El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta.
Artículo 19.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero de 1993, sin perjuicio de que puedan dictarse en el mes de diciembre de 1992 los decretos a que se refieren los artículos 3° y 4° y las resoluciones indicadas en dicho artículo 4°.
Artículo 20.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 4° de esta ley.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, la autorización previa que prescribe el artículo 22 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.
La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refiere el artículo 5° de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda.
Artículo 21.- Sustitúyese, en el inciso final del artículo 24 de la ley N° 18.591, la referencia al año "1992" por año "1993".
Artículo 22.- Autorízase al Presidente de la República para aportar hasta la cantidad de cinco millones de dólares, moneda de los Estados Unidos de América, como contribución de Chile al Fondo Multilateral de Inversiones.
Lo anterior, sujeto a la aprobación posterior del Convenio Constitutivo del referido Fondo.
Artículo 23.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.
Artículo 24.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.000:
a) Reemplázase, en el inciso tercero de su artículo 2°, la oración "y hasta el plazo que se fije en la nueva Ley de Rentas Municipales para su entrada en vigencia o a más tardar el 31 de diciembre de 1992", por la siguiente: "y hasta el plazo que se fije en la Ley de Rentas Municipales o a más tardar el 31 de deciembre de 1993", y
b) Sustítuyese, en su artículo 3°, la frase "en el plazo en que entre en vigencia la nueva Ley de Rentas Municipales o, en todo caso, el 1° de enero de 1993", por la siguiente: "en la fecha de vigencia que se determine en la Ley de Rentas Municipales o, en todo caso, el 1° de enero de 1994".
Artículo 25.- Sustitúyense en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 19.034, los años "1992" y "1993" por "1993" y "1994", respectivamente.
Artículo 26.- Facúltase al Presidente de la República para rebajar, por una vez, la tasa anual del impuesto territorial de los bienes raíces no agrícolas y aumentar el monto de la exención general habitacional.
El Presidente de la República ejercerá esta facultad con ocasión del reavalúo de los bienes raíces no agrícolas que regirá a contar de la fecha de vigencia que se determine en la Ley de Rentas Municipales o, en todo caso el 1° de enero de 1994, si al comparar, en moneda de igual valor, las proyecciones anuales del monto total de las contribuciones giradas antes del reavalúo con el que corresponda girar posteriormente a él, este último resultare superior en más de un 10% al primero.
Esta facultad se ejercerá de tal modo que las proyecciones anuales del monto total girado con posterioridad al reavalúo, no sobrepasen en el referido 10% a las proyecciones anuales del monto girado antes del reavalúo.
Artículo 27.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles ni a los incrementos originados en aplicación de donaciones, en devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el Servicio receptor, en transferecias al Fisco, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuetarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso 1° de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja.
Artículo 28.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán fiscalizados por la Contralorla General de la República.".
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 26 de noviembre de 1992.- PATRICIO AYLWIN AZOCAR, Presidente de la República.- Alejendro Foxley Rioseco, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. Saluda a Ud.- Jorge Rodríguez Grossi, Subsecretario de Hacienda.