?1.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El Ejecutivo ha señalado en diversas oportunidades su firme decisión de desarrollar los distintos aspectos de la economía chilena, a fin de promover el mejoramiento sustancial de los niveles de ingreso de la comunidad nacional. Especial interés reviste en la consecución de los fines señalados, lograr la atenuación o eliminación de los tradicionales problemas que afectan a nuestra balanza de pagos. Este resultado se obtiene a través de un régimen ordenado de las importaciones y con un aumento de las exportaciones nacionales.

Conocida la posición del país, de exportador de materias primas corresponde al Estado crear las condiciones de promoción que permitan la colocación con éxito en los mercados foráneos de artículos de producción nacional, con un alto valor agregado.

El Gobierno estima urgente impulsar el desarrollo de las actividades exportadoras, en atención a que ello provoca obviamente, la ampliación de mercados que nuestra industria necesita, que permitirá el aprovechamiento máximo de su capacidad instalada con la consiguiente rebaja en sus costos y mejoramiento en calidad, beneficiando en definitiva al consumidor nacional. Lo anterior cobra mayor fuerza si se considera como un hecho no controvertido las ventajas de las economías de escala, que exigen un mercado de mayor amplitud que la del mercado interno chileno.

Para crear las condiciones referidas, el Gobierno ha estimado indispensable legislar sobre materias tales como: devolución de impuestos y derechos que gravan a los productos de exportación y sus componentes ; simplificación de trámites de exportación; ingresos al país de materias primas, piezas o partes, artículos a media elaboración y otros, bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares; mandamiento de exportaciones; liberaciones a los equipos y maquinarias destinadas a industrias de expoliación, seguros de exportación y otros.

La legislación vigente en lo que se refiere a devolución de impuestos contenida en el D.F.L. 256 de 1960, en la práctica ha demostrado ser insuficiente como factor promocional, en atención a la complejidad de su procedimiento y a la ausencia de facultades suficientes para adecuarlo en forma ágil a las condiciones de la producción exportable.

Los inconvenientes que presenta el sistema en vigencia, constituyen uno de los factores negativos en la colocación de productos chilenos en el mercado exterior. En efecto, la consolidación de fuertes bloques económicos de tipo proteccionista y la existencia en la generalidad de los países y en la Zona de Libre Comercio, de legislaciones que contemplan sistemas de devolución de impuestos a productos de exportación, que exceden con mucho a las fórmulas vigentes en nuestro país, tanto en porcentajes a devolver como en la agilidad de procedimientos y que se usan como importantes herramientas de política comercial, coloca a nuestros exportadores ante dificultades crecientes para afrontar la competencia internacional.

Por estas consideraciones, se propone reemplazar el actual sistema de devolución, por otro en el cual se amplía la gama de impuestos a devolver, involucrando todos aquellos tributos que inciden en el costo o en el precio de los productos que se exporten o de sus componentes.

Al mismo tiempo, se establece que la devolución se hará por medio de certificados expedidos por el Banco Central, que representarán un porcentaje del valor FOB de la mercadería que se exporta y que serán aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sancionas pecuniarias que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por el Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y de imposiciones u otras cargas previsionales que se recaudan por las instituciones de previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Como puede apreciarse del texto del proyecto, el sistema de devolución de impuestos que se propone, contempla mecanismos destinados a dar el máximo de estabilidad y seguridad a los exportadores, elementos que son esenciales para que los sectores de la producción puedan planificar adecuadamente su desenvolvimiento.

Paralelamente, se mantienen las exenciones de pleno derecho de los tributos que, inciden en los actos, contratos, documentos, y trámites que obvia y directamente, conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación, como asimismo, se mantiene el sistema de exención de pleno derecho en favor de las industrias o secciones de ellas cuya producción se destine en forma exclusiva a la exportación. Naturalmente que en el caso de la exención de pleno derecho en favor de las industrias o secciones destinadas exclusivamente a la expoliación, ellas no tendrán derecho a la devolución de impuestos.

Con el fin de atender a los problemas financieros que deben afrontar los productores nacionales, que en muchos casos constituyen un obstáculo insuperable para la colocación de sus productos en el exterior, el proyecto contiene normas destinadas a. dar estructura a sistemas de crédito para las exportaciones, cuyas características no se compadecen con las limitaciones que en materia de créditos, contienen tanto la Ley general de bancos, como la Ley Orgánica del Banco Central de Chile.

Igualmente, se establece una disposición en el proyecto, en cuya virtud será posible dar vida a un sistema de seguros efectivo en favor de las exportaciones, que resguarde al exportador nacional no sólo de los riesgos incurridos en el transporte, sino que además de riesgos de insolvencia, de inconvertibilidad, políticos, etc.

Por otra parte, el proyecto otorga facultades al Presidente de la República, con el propósito de simplificar los trámites de las exportaciones y de reglamentar un sistema ágil de admisión temporal y de almacenes particulares, para la elaboración o transformación en el país de materias primas, piezas o partes o artículos a media elaboración extranjeros, destinados a su envío posterior a los mercados internacionales, aspectos de evidente interés por la exportación de valor agregado nacional, que ello implica.

Cabe destacar que las disposiciones del proyecto no se aplican a las Empresas Productoras de Cobre de la Gran Minería, a la industria salitrera y a las empresas exportadoras de minerales de hierro que no retornan al país el total de sus ventas en el exterior como tampoco a las mercaderías extranjeras que se devuelven al exterior y a las especies que ingresen al país bajo un régimen suspensivo de derechos y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido un proceso de transformación en Chile.

El Ejecutivo está cierto de que el adecuado juego de las disposiciones contenidas en este proyecto de ley, además de las medidas de carácter administrativo adoptadas por los organismos del Estado, en materia de exportaciones creará las condiciones necesarias para desarrollar en forma sustancial el Comercio Exterior del país, y operará la transformación que nuestra economía requiere.

En este proyecto se propone, también, modificar el artículo 99 de la ley N° 16.250 modificado por el artículo 58 transitorio de la ley 16.282 que estableció el pago de un impuesto de un 7,5% sobre "utilidad devengada" que les corresponde a los accionistas extranjeros por su participación en el capital de la sociedad respectiva.

En primer término se aclara el concepto de "utilidad devengada" que puede prestarse a interpretaciones que harían inaplicable la disposición o provocaría discusiones ante los Tribunales de Justicia.

Asimismo se propone eximir de este impuesto a las personas extranjeras que declaren bajo juramento que las acciones le pertenecen en dominio o que, en caso contrario, indiquen quienes son sus verdaderos dueños. Esta disposición tiene por objeto no sancionar a los verdaderos inversionistas extranjeros y poder tener elementos para perseguir el fraude tributario que puede existir sobre la materia.

Esta reglamentación del impuesto se fundamenta además, en que dicho tributo, al afectar especialmente a las personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas o residentes en el extranjero, por acciones que posean en sociedades anónimas constituidas en Chile, ha tenido una desfavorable repercusión en las inversiones de capitales extranjeros en el país.

Este efecto desfavorable, que se traduciría en una falta de interés por invertir en el país, precisamente en los momentos en que el Supremo Gobierno se encuentra empeñado en la tarea de atraer capitales extranjeros a Chile, significará un serio retraso en el desarrollo económico del país, que es indispensable fomentar al máximo.

Asimismo, se propone modificar el Nº 2 del artículo 60 de la actual Ley sobre Impuesto a la Renta, disposición que permite gravar con el impuesto adicional a las devoluciones de capitales extranjeros escogidos a las disposiciones del Estatuto del Inversionista Extranjero, cuando dichas devoluciones se efectúan durante la vida de la sociedad anónima chilena en la cual se hayan invertido capitales.

En relación a esta disposición, el Ejecutivo ha estimado conveniente eximir del impuesto adicional a las devoluciones de dichos capitales que se efectúen durante la vida de la sociedad anónima, de acuerdo con los plazos del decreto bajo cuyo amparo se efectuó la inversión. Esta exención se refiere únicamente al capital originalmente aportado desde el extranjero y sólo debe aplicarse, en consecuencia, hasta concurrencia de su monto, pues se ha estimado que no debe concederse esta exención para el retiro del país de las utilidades capitalizadas que provienen de la explotación en Chile de los capitales internados.

En consideración a lo anterior, vengo en someter al Honorable Congreso Nacional, con el carácter de urgente en todos sus trámites constitucionales e incluirlo en la convocatoria extraordinaria, el siguiente

Proyecto de ley:

Estímulos a las Exportaciones.

Artículo 1°.- Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean estos nacionales o nacionalizada, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Articulo 2°.- Las normas de esta Ley no se aplicarán:

a) A las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa o motivo;

b) A las especies que entren al país, bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de Almacenes Particulares y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

c) A las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, entendiéndose por tales, las que define el artículo 1°, de la Ley N° 11.828, publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 1965;

d) A la industria salitrera, que se rige por la Ley N° 12.033, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956; y

e) A las industrias explotadoras de minerales de hierro, que no retornan al país el total de sus exportaciones.

Artículo 3°.- Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos, derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

El Reglamento determinará los actos, contratos, trámites o actuaciones comprendidos en el presente artículo, como asimismo los gravámenes de los cuales quedan exentos.

Artículo 4°.- Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 8°, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5°.- El Presidente de la República, determinará por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo anterior y fijará libremente sus respectivos porcentaje, para lo cual podrán tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o, precio de esos productos.

En el caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras o artículos a media elaboración que ingresaran al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporadas en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará al valor agregado nacional.

El Presidente de la República, podrá en cualquier época, incluir nuevos productos en la lista así formada, fijándoles los porcentajes de devolución correspondientes. Asimismo, podrá también variar los porcentajes ya establecidos, siempre que esta, variación no signifique una disminución de los mismos.

Cada tres años calendario, en el mes de enero siguiente a la expiración del trienio respectivo, el Presidente de la República podrá rebajar porcentajes y retirar productos de la lista referida; estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente.

Artículo 6°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República, en casos calificados podrá, al fijar la lista, señalar respecto de uno o más productos incluidos en ella, un plazo durante el cual no podrán retirarse de dicha lista ni rebajarse sus porcentajes respectivos de devolución.

El Presidente de la República podrá otorgar igual garantía respecto de productos que se incluyan con posterioridad a la lista ya formada. Una vez expirados los plazos especiales recién señalados, los productos respectivos quedarán sujetos al régimen general y podrán ser retirados de la lista o rebajados sus porcentajes en conformidad a las normas del artículo anterior.

Artículo 7°.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, se aplicarán sobre el valor F.O.B. de la mercadería y en ningún caso podrán exceder del 30%.

Artículo 8°.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores, se hará efectiva mediante la entrega de certificados que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador al acreditarse el embarque de la mercadería.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías que no hubieren sido vendidas a firme, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación.

Igualmente, hacen excepción a lo dispuesto en el inciso primero, las exportaciones cuyo pago esté sujeto, total o parcialmente, a liquidación final. En estos casos, el Banco Central de Chile entregará provisoriamente al exportador, al momento de acreditarse el embarque, certificados por el monto que determine en cada caso el Comité Ejecutivo, los que deberán ser como mínimo equivalentes al 50% del total que correspondería de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. Una vez efectuado el retorno y liquidación de las divisas correspondientes a la exportación, el Banco Central entregará certificados por el saldo que legalmente corresponda, tomando en consideración para el cálculo exclusivamente el valor total obtenido por la exportación.

Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el valor F.O.B. de la mercadería, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

Artículo 9°.- Los certificados que emita el Banco Central podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por el Servicio de Aduana, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las instituciones de previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Las Municipalidades, Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social, presentarán en cobro los certificados que reciban por los conceptos señalados, directamente a las Tesorerías Fiscales, las que deberán pagarlos a su presentación.

Artículo 10.- Las mercaderías enviadas a mercados exteriores, y que se devuelvan al país no podrán ser internadas, sin previa devolución del o los certificados a que se refiere el artículo 89 de esta Ley y/o en su defecto, entero de su equivalencia en arcas fiscales.

Si la devolución al país de la mercadería exportada no está plenamente justificada a juicio de los organismos competentes, el pago de los impuestos y derechos correspondientes y el reintegro de las sumas percibidas como devolución de derechos, se efectuará con los recargos y los intereses que señale el Reglamento.

En los casos en que la mercadería fuese devuelta por deficiencias de calidad con respecto a los standard internacionales en las que se compruebe se incurrió por dolo o culpa del exportador, el reglamento establecerá multas u otras sanciones que deberán ser aplicadas administrativamente, de acuerdo al procedimiento que se establezca.

Artículo 11.- La importación de equipos y maquinarias destinados a la instalación, ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción, a lo menos en un 51% anual, se destine a la exportación, podrá quedar liberada de los impuestos, gravámenes y demás derechos que se perciban por intermedio de las Aduanas, con excepción de los impuestos adicionales establecidos o que se establezcan en conformidad al artículo 169 de la Ley Nº 13.305 y sus modificaciones.

La liberación de derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por las Aduanas, referidos en el inciso anterior, deberá en todo caso ser proporcional al volumen de la producción que la industria favorecida destine a la exportación.

Para los efectos indicados en los incisos anteriores el Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días contados desde la vigencia de esta ley, deberá dictar un Decreto que llevará la firma de los Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción que contendrá las disposiciones que regirán el otorgamiento de las franquicias que en este artículo se señalan.

En el mismo decreto, el Presidente de la República determinará el sistema de fiscalización para verificar el cumplimiento de las condiciones o requisitos exigidos para el otorgamiento de las franquicias, debiendo establecer las sanciones que se aplicarán en caso de contravención.

Artículo 12.- Los bienes que hubieren gozado de las franquicias a que se refiere el artículo 11, y que se enajenen, deberán pagar previamente todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que afecten la internación de ellos en el momento de su enajenación.

No obstante, si el adquirente goza o puede gozar de exención de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, debiendo dictarse el decreto supremo que así lo establezca, en los casos en que corresponda.

Las personas o entidades que adquieran las especies a que se refiere el inciso 1° de este artículo, serán solidariamente responsables del pago de los derechos, impuestos y demás gravámenes señalados.

Sin embargo, estarán exentos de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, aquellos bienes que se enajenen una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de la internación, o bien en un plazo inferior en conformidad a las disposiciones generales de la Ordenanza de Aduanas.

Artículo 13.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio de exportación, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, partes y piezas que se incorporarán a un producto de exportación. Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a dichas materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales siempre que el producto final esté destinado exclusivamente a su uso o consumo en el exterior.

Artículo 14.- El Presidente de la República podrá en cualquier momento establecer normas con el objeto de simplificar la tramitación de las operaciones de exportación. Asimismo podrá, en cualquier momento, modificar dichas normas.

El uso de esta facultad por el Presidente de la República no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas generales aplicables al comercio de exportación.

Artículo 15.- El Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro a las exportaciones por la o las entidades y en las condiciones que determine, a fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, incluso de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos y otros.

Artículo 16.- El Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como asimismo para ventas internas de bienes de capital de producción nacional, en las condiciones, montos, plazos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las limitaciones contenidas en los D.F.L. Nºs. 247 y 252 de 1960.

Los créditos que se otorguen de acuerdo con lo dispuesto en este artículo podrán ser reajustables.

Artículo 17.- Déjanse sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9° de la Ley N° 12.937, 12 y 40 de la Ley Nº 13.039 y letra b) del artículo 4° de la Ley Nº 14.824. En lo sucesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.

No obstante, el rendimiento que hasta la publicación de esta ley produzca la aplicación de las disposiciones citadas en el inciso anterior, se destinará a cancelar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. El excedente de dichos fondos y el rendimiento que se produzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación.

Artículo 18.- Deróganse el Decreto con Fuerza de Ley Nº 256, de 1960; artículos 93, 94 y 95 de la Ley N° 12.861 y artículo 10 de la Ley 14.824.

Artículo 19.- Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias, civiles y criminales que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.

Disposiciones varias

Artículo 20.- Introdúcense al artículo 99 de la Ley Nº 16.250, modificado por el artículo 58 transitorio de la Ley N° 16.282, las siguientes modificaciones:

1.- Elimínase en el inciso cuarto los términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero".

2.- Agrégase en el inciso cuarto, en punto seguido, la siguiente frase: "Se considerará que la utilidad devengada que corresponde a los accionistas es equivalente al monto de la utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la respectiva sociedad anónima y que deba someterse a aprobación de la Junta de Accionistas, con deducción de la parte que legalmente no pueda ser de disposición voluntaria de dicha Junta y de aquella que ya se hubiere distribuido como dividendo provisorio.

3.- Agréganse los siguientes incisos finales:

"Estarán exentas del impuesto de 7,5% las personas que declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o que dichos valores figuran a su nombre en razón de un encargo de administración, comisión de confianza u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquier título semejante, otorgado por el verdadero dueño cuya individualización y domicilio deberá señalarse en dicha declaración para que opere la exención. Si el verdadero dueño resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las sociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones cuando a su juicio exclusivo, debido al número de socios o a otra causa, sea muy difícil su cumplimiento".

Artículo 21.- Lo dispuesto en el artículo 20 regirá desde la fecha de vigencia del artículo 58 transitorio de la Ley Nº 16.282.

Artículo 22.- Agrégase al inciso primero del Nº 2 del artículo 60 de la Ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase en punto seguido: "También estarán exceptuadas del gravamen establecido en este número las devoluciones de capitales internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del D.F.L. N° 437, de 1954, o del D.F.L. N° 258, de 1960, o amparados por certificados o convenios suscritos con el Banco Central de Chile en conformidad a los artículos 14 y 16 del Decreto N° 1272, de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el monto del capital efectivamente internado a Chile".

Para estos efectos, se considerará que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al momento de la devolución.

Artículos transitorios

Artículo 1°.- Dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos indicados en el artículo 5°, entendiéndose que el primer trienio a que se refiere el inciso final de dicho artículo comienza a correr el 1° de enero de 1966.

Al fijar la lista indicada en el inciso anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha se encontraren comprendidos en la lista de productos establecida en conformidad al artículo 20 del D.F.L. Nº 256, de 1960, señalándoles como mínimo, un porcentaje de devolución igual al que tenía asignado, sin perjuicio de poder ejercitar a su respecto la facultad a que se refiere el inciso final del artículo 5°, en la oportunidad correspondiente.

Las exportaciones cuyos embarques se realicen con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas a las normas que sobre devolución de impuestos establece el D.F.L. Nº 256, del año 1960.

Artículo 2°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 18, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 3°, continuará en vigencia el artículo 13 del D.F.L. N° 256, de 1960.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, las empresas que a la fecha de la publicación de esta ley se encontraren acogidas a los beneficios que establece el artículo 14 del D.F.L. N° 256, de 1960, en relación con los artículos 6°, 7° y 8° y 9° de ese mismo texto, continuarán rigiéndose por dichas disposiciones.

A las empresas a que alude el inciso anterior, no se les aplicarán simultáneamente las normas de los artículos 4° y siguientes de esta ley, a menos que renuncien por escrito al régimen del artículo 14 del D.F.L. N° 256 citado.

(Fdo.): Eduardo Freí M.- Domingo Santa María.

?78.-INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento, el proyecto de ley, de origen en un Mensaje con trámite de "simple" urgencia, e informado por la Comisión de Economía y Comercio, que consulta diversas normas para estimular las exportaciones.

En el transcurso de las once sesiones que ocupó el conocimiento de esta iniciativa legal, la Comisión estuvo permanentemente asesorada por los señores Andrés Saldívar (Subsecretario de Hacienda), Luis Planes (Jefe del Departamento de Compraventa de la Dirección de Impuestos Internos) y Gastón Planes y Fernando Barrios (Asesores Jurídicos del Banco Central).

Además, tuvo la oportunidad de escuchar a los señores Javier Lagarrigue (Vicepresidente del Departamento del Cobre), Basilio Hayashi (Jefe del Departamento de Rentas de la Dirección de Impuestos Internos), Hugo Cubillos y Carlos Besa (Jefe del Departamento de Estudios Económicos y Director Económico, respectivamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores), Ricardo Bustos (Jefe de Estudios de la Corporación de Fomento de la Producción), Joaquín Undurraga (Representante de la Oficina de Planificación Nacional), Sergio Román (Representante de Famae), Clemente Pérez (Representante de Famae), José Luis Sáez (Representante de la Empresa Nacional de Minería), Francisco Cuevas Mackenna (Presidente de la Sociedad Nacional de Minería), Ernesto Ayala y Mariano Pola (Gerente y Asesor, respectivamente, de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S. A. ), Américo Simonetti (Gerente de Madeco), Fernando Valenzuela, Alberto Saldívar y Luis Martín (Gerente, Abogado y Gerente de Exportaciones, respectivamente, de Industrias Forestales S. A. ), Juan Ramón Samaniego y Juan Videla (Gerente y Asesor, respectivamente, de la Sociedad de Fomento Fabril), Jerónimo Santa María y Luis Correa (Representantes de la Asociación de Exportadores), Vicente Echeverría (Vicepresidente de Asimet), Alfonso Assadi y Miguel Pérez (Subgerente y Presidente del Sindicato, respectivamente, de Cobre Cerrillos), Braulio Moya (Representante del Sindicato Madeco), Jorge Covarrubias y Andrés Morandé (Representantes de la Cooperativa Agrícola Frutícola de Aconcagua), Antonio Mercado (Ingeniero), Eugenio Greene (Asesor y Secretario de la Comisión Nacional del Consejo de Fomento Agropecuario), Juan Izquierdo y Pablo Liona(Administrador Subrogante y Asesor de Administración, respectivamente, del Mineral de Algarrobo) y Jorge Pizarro (Vicepresidente de la Asociación de Pequeños Propietarios de Minerales de Hierro).

Los objetivos básicos y fundamentales que persigue el proyecto en informe han sido claramente señalados y analizados tanto en el Mensaje con que el Ejecutivo inició el estudio de estas materias como en el informe respectivo de la Comisión Técnica.

Expresa S. E. el Presidente de la República que "a fin de promover el mejoramiento sustancial de los niveles de ingreso de la comunidad nacional, reviste especial interés lograr la atenuación y eliminación de los tradicionales problemas que afectan a nuestra balanza de pagos, lo que se obtiene a través de un régimen ordenado de las importaciones y con un aumento de las exportaciones" y agrega más adelante "corresponde al Estado crear las condiciones que permitan la colocación con éxito en los mercados foráneos de artículos de producción nacional con un alto valor agregado".

Afirma en seguida que para crear dichas condiciones "el Gobierno ha estimado indispensable modificar la legislación sobre devolución de impuestos y derechos que gravan a los productos de exportación y -sus componentes; simplificación de trámites de exportación; ingresos al país de materias primas, piezas o partes, artículos a media elaboración y otros, bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares; financiamiento de exportaciones; liberaciones a los equipos y maquinaria destinados a industrias de exportación; seguros de exportación, etc. ".

Por su parte, la Comisión de Economía señala que los incentivos para incrementar las exportaciones contenidos en la legislación vigente "desgraciadamente no han producido un aumento sustancial de nuestras exportaciones, que permita disminuir el desequilibrio de la balanza de pagos, como se esperaba, situación que en los últimos tiempos se ha visto agravada al ser afectados algunos rubros importantes del comercio de exportación, como los productos del sector industrial, los cuales, por su alto costo de producción, no pueden competir con los artículos similares en el mercado internacional. Solamente puede afirmarse que ha habido un incremento, que es más aparente que real, de exportación de los productos de la minería, debido, en gran parte, al aumento del precio del cobre en el mercado mundial. Los hechos expuestos han ocasionado un saldo desfavorable en nuestra balanza comercial, el cual se acentuó notoriamente durante el año 1964 y en los primeros meses del año en curso".

El criterio unánime de la Comisión de Hacienda ha sido concordante con la idea de legislar para crear estímulos efectivos de fomento y diversificación de las exportaciones, con el objeto de compensar las dificultades que encuentra el país para colocar sus productos en los mercados exteriores y obtener que ellos salgan a precios de mercado internacional.

Dichas dificultades, que hasta la fecha aparecen como insuperables, provienen de tres órdenes de factores que juegan conjuntamente en contra de las posibilidades de las exportaciones chilenas:

a) La estructura de los costos actuales de los productos nacionales de exportación, que los deja fuera del mercado de competencia;

b) falta de un conocimiento efectivo de los mercados internacionales, y

c) Insuficiente racionalización de la producción, que no permite asegurar su calidad ni determinar técnicamente cuáles y que tipos de exportaciones son las que conviene fomentar.

De los tres factores enunciados, sólo el primero de ellos permite abordar su solución inmediata -que es la meta a que tiende preferentemente el proyecto en informe, ya que el estudio de los mercados internacionales y la racionalización de la producción nacional, si bien merecen en estos momentos una atención especial de los organismos técnicos estatales, no puede traducirse en rápidas conclusiones que estén en condiciones de transformarse de inmediato en resoluciones administrativas o en normas legislativas.

Las primeras disposiciones relacionadas con el propósito específico de fomento de las exportaciones dictadas por el Congreso Nacional deben encontrarse en los artículos 93, 94 y 95 de la ley Nº 12. 861, publicada en el Diario Oficial de 7 de febrero de 1958, que establecieron diversas franquicias y exenciones de impuestos a los productos destinados a la exportación, pero que en la práctica no resultaron operantes a pesar que se dictaron sucesivos decretos reglamentarios que en definitiva tuvieron que ser derogados por ineficaces.

En virtud de las facultades que se le concedieron al Gobierno anterior por la ley Nº 13. 305, el Presidente de la República dictó el D. F. L. Nº 256, de 1960, que vino a reemplazar el sistema concebido en las citadas disposiciones de la ley Nº 12. 861 por un mecanismo destinado fundamentalmente a devolver al exportador los impuestos que hubieren incidido en el costo del producto de exportación, con excepción de los impuestos a la renta, contribuciones de bienes raíces y contribuciones o impuestos creados con fines de fomento, excluyéndose de dichos beneficios a las industrias sometidas a regímenes legales especiales (cobre, salitre, empresas exportadoras de minerales de hierro que no retornan al país el total de sus ventas en el exterior).

En el hecho este nuevo sistema ideado por el D. F. L. Nº 256, de devolución de impuestos, ha resultado insuficiente para satisfacer los objetivos perseguidos, porque ha sido prácticamente imposible determinar la verdadera incidencia de los tributos respecto de cada una de las partes, piezas, materias primas, etc., que entran en las diversas fases de elaboración del producto que se pretende exportar y, en consecuencia, dicha devolución sólo se ha podido materializar en la última etapa de producción. Por lo tanto, no ha beneficiado en su exacta magnitud al exportador en términos que le permita competir en igualdad de costos con el artículo extranjero en el mercado internacional.

El sistema anotado, establecido en el artículo 1º del D. F. L. Nº 256, de 1960, dispone que a los productos que se exporten se les devolverá la totalidad de los impuestos que incidan en sus costos, pero concretamente sólo ha sido posible aplicarlo cuando se trata de productos primarios, como los agrícolas, en que es posible seguir toda la etapa de producción y determinar con toda precisión el total de los gravámenes que inciden en el costo. Por el contrario, cuando se trata de productos manufacturados, en donde entran en juego un sinnúmero de partes y piezas, perseguir dicha incidencia impositiva con mediana exactitud es difícil, ya que el estudio de cada coeficiente que interviene en el proceso de elaboración demandaría un tiempo apreciable para su determinación.

Asimismo, los artículos del referido D.F.L. Nº 256 adolecen de un grave defecto de técnica jurídica, puesto que participan a la vez de las características de una norma legal y de un cuerpo reglamentario, lo que se traduce en una serie de disposiciones propias de las facultades privativas del Presidente de la República con diversas limitaciones innecesarias y que han sido en definitiva contraproducentes para lograr plenamente la satisfacción de los fines deseados.

Las circunstancias señaladas han movido al Ejecutivo a proponer las enmiendas correspondientes a la legislación vigente con el objeto principal de eliminar esta rigidez para determinar la incidencia precisa de los tributos en las múltiples etapas de elaboración de los productos destinados a la exportación y entregar al Presidente de la República la determinación del respectivo coeficiente de devolución teniendo como referencia para su cálculo la incidencia tributaria, sistema que representa, por su gran flexibilidad; un auténtico estímulo para los productores, la posibilidad de establecer una verdadera política de exportaciones y la creación de un procedimiento eficaz para hacer efectiva la devolución de los impuestos.

El proyecto en informe mantiene en el fondo la misma estructura del D.F.L. Nº 256, de 1960, y lo único que pretende es mejorar sus normas positivas y eliminar las deficiencias que se han observado en la aplicación práctica de sus disposiciones, pero sin crear un mecanismo diferente, y en todo con sujeción estricta a los convenios internacionales a que ha adherido el Gobierno de Chile, al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio y a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, estableciendo un sistema de devolución de impuestos más expedito en su aspecto administrativo y notoriamente más eficiente en cuanto lograr el objetivo base de estimular en términos reales las exportaciones, rebajando efectivamente la totalidad de los impuestos que han gravado el costo del producto.

A la Comisión de Hacienda no le corresponde, en este trámite reglamentario, entrar a referirse en particular a cada uno de los artículos del proyecto y solamente se limitará a fijar los alcances de las modificaciones que le ha introducido al articulado despachado por la Comisión Técnica.

La disposición establecida en el artículo 1º contiene el principio básico general que informa toda la filosofía del proyecto al Presidente de la República para disponer la devolución al contribuyente empresario o productor el monto de todos los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que hubiere pagado y que inciden en los costos y precios de cualquier producto nacional destinado a la exportación.

En seguida, dicha disposición especifica que la referida exención tributaria podrá también decretarse para la energía eléctrica, combustibles, aceites lubricantes empleados en la producción de determinado artículo y a su transporte hasta el puerto de embarque, como, igualmente, a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstas nacionales o nacionalizadas.

La Comisión de Hacienda, si bien estima y considera que la enumeración anterior no es de ningún modo taxativa o limitativa del concepto general y amplio enunciado por el artículo 1º, aceptó una indicación para agregar expresamente al régimen de devolución de impuestos a los fletes de las materias primas hacia los centros de producción. Enmienda simplemente explicativa que no altera en absoluto el alcance de fondo de la disposición.

El artículo 2º enumera las actividades productoras que no tienen derecho a acogerse a los beneficios del sistema de devolución de impuestos o "draw-back", que establece el proyecto para estimular el comercio de exportación de productos nacionales.

La Comisión consideró necesario incluir entre dichas actividades no beneficiadas a las exportaciones de manufacturas o semi-manufacturadas de cobre, salvo informe favorable del Departamento del Cobre.

Para ello tuvo presente la favorable tendencia del mercado mundial de precios del expresado metal que hace aparecer totalmente innecesario favorecer desde ya a las exportaciones de cobre semi-elaborado con mayores estímulos y el hecho de que, por otra parte, la disposición aprobada deja abierta la posibilidad de que, si en el futuro varían dichas circunstancias, pueda el Departamento del Cobre fomentar las ventas al extranjero de la producción nacional de alambrón y planchón o de cualquier otro tipo de cobre semi-elaborado, que tengan un efectivo grado de incorporación de trabajo en la materia prima, mediante su informe favorable que las dejaría en condiciones de disfrutar de todas las ventajas que este proyecto otorga a las exportaciones en general.

El artículo 5º sufrió modificaciones en sus incisos segundo y quinto.

El cambio de redacción del inciso segundo obedece al deseo de limitar la facultad que se le entrega al Ejecutivo para fijar diferentes porcentajes para un mismo producto sólo a los casos que por superiores intereses de fomento a las exportaciones o motivos esencialmente técnicos así lo aconsejen en atención a la zona de su producción o al destino donde ellos van dirigidos.

La disposición incorporada por la Comisión Técnica, además de las dos razones antes indicadas, facultaba al Presidente de la República para establecer porcentajes diferenciados en forma amplia, cuando las necesidades de los exportadores o cualquier otro motivo pudiera hacer aparecer como conveniente dicha medida. Si bien esta posibilidad pudiera considerarse aceptable en ciertas y escasísimas circunstancias, tiene el grave peligro de dejar al Ejecutivo sujeto a todo tipo de presiones y desvirtuar, en el fondo, las finalidades precisas que se persiguen con las nuevas normas y modalidades propuestas por el proyecto en informe.

El inciso quinto se propone reemplazarlo por dos nuevas disposiciones.

En la forma que viene concebido dicho inciso se autoriza al Presidente de la República para que cada tres años calendario rebaje los porcentajes de draw-back o simplemente retire un determinado producto de la lista correspondiente, enmiendas que producirían sus efectos 180 días después de la dictación del respectivo decreto.

Como de acuerdo con el inciso cuarto del mismo artículo 5º se le permite al Presidente de la República en cualquier época incluir un nuevo producto a la lista o aumentar los porcentajes de devolución ya establecidos, podría suceder el caso, por ejemplo, que el Ejecutivo hiciera uso de estas atribuciones transcurrido dos años de vigencia del trienio respectivo; en consecuencia, el artículo de exportación que se pretendía beneficiar con su inclusión en la lista sólo gozaría de las ventajas de la devolución de impuestos por un año y ciento ochenta días y, por lo tanto, la seguridad o la estabilidad mínima indispensable que debe poseer el productor resultaría totalmente ilusoria.

Es por ello que la Comisión propone cambiar su redacción con el objeto de establecer expresamente que los productos gozarán del draw-back por un plazo de tres años contado desde el momento en que se incluyan por el Presidente de la República en la lista de las materias afectas al régimen de devolución y con esto se les concede la estabilidad necesaria y pasa a constituir dicha medida un efectivo estímulo a las exportaciones, al asegurar al producto un plazo mínimo y un determinado porcentaje por igual período de permanencia en la lista.

Además, la disposición agregada al artículo 5º contiene una norma nueva, en virtud de la cual se determina que si sobre un artículo dado, expirado el plazo de tres años no recae un pronunciamiento distinto, se entiende incluido automáticamente por un nuevo trienio, aun cuando haya sido afectado por variaciones en el porcentaje de devolución.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, los porcentajes de devolución, determinados con sujeción a las condiciones y requisitos establecidos en los artículos anteriores, deberán aplicarse sobre el valor F.O.B. de la mercadería y de modo alguno la fijación de dichos porcentajes podrá exceder del 30%.

Estimó aconsejable la Comisión ampliar la base de aplicación del referido coeficiente de devolución para incluir aquellos casos en que la exportación se pacta sobre el valor C.I.F. y, con tal objeto, propone agregar a la expresada disposición, a continuación de la expresión "sobre el valor F.O.B. ", la frase "o C.I.F. según sean las condiciones de exportación de la mercadería".

El artículo 8º dispone que la devolución de impuestos, se lleva materialmente a la práctica, en los casos de exportaciones que se hacen a precio firme, es decir, en las que se conoce exactamente el precio al pedirse el registro de exportación, mediante la entrega al exportador de certificados endosables emitidos por el Banco Central, por una cantidad equivalente al correspondiente porcentaje sobre el valor F.O.B. o C.I.F. de la factura, al acreditarse el embarque de la mercadería por medio de la póliza cumplida por la Aduana.

Esta última idea fue adicionada por la Comisión en el sentido de concederle al exportador el derecho opcional a solicitar que se haga efectiva la devolución de los impuestos ya pagados no sólo al momento de acreditarse el embarque, como lo autoriza la disposición original, sino que podrá pedir dicha devolución a la fecha de la liquidación definitiva de los retornos a que dé lugar la respectiva operación de exportación, a su libre elección, en consideración a que no se estimó lógico constreñir al empresario a recabar obligadamente en determinada oportunidad un derecho creado en su propio beneficio y con el fin de estimular, precisamente, las operaciones de exportación de ese productor.

Los incisos segundo y tercero del artículo 8º aprobados por la Comisión Técnica establecen normas distintas a la regla general anterior para los casos de exportaciones de mercaderías que no hubieren sino vendidas a firme, en cuyo evento los certificados aludidos sólo se entregan al productor una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y tomando en cuenta únicamente los valores percibidos por la exportación, o cuyo pago esté sujeto total o parcialmente a liquidación final, situación esta última que se resuelve disponiendo que el Banco Central deberá entregar provisoriamente al exportador, al momento de acreditarse el embarque, certificados por un monto mínimo equivalente al 50% del total que le correspondería recibir sobre el valor F.O.B. de la mercadería, y el saldo una vez cumplidos los requisitos señalados para los artículos que no hubieren sido vendidos a firme.

La Comisión de Hacienda prefirió establecer un solo sistema, más sencillo, para los dos casos de excepción a la regla general del artículo 8º y al efecto aprobó en reemplazo de los incisos segundo y tercero una disposición que exige que si las mercaderías exportadas quedan en consignación, como por ejemplo las frutas, o cuyo pago está sujeto a liquidación final, como en el caso del hierro, la entrega del certificado se haga sólo en el momento en que se acredite el retorno, o sea, cuando quede claramente establecido cual ha sido el precio exacto final de una determinada exportación.

La modificación introducida al inciso primero del artículo 9º, que señala la aplicación y uso que sus poseedores podrán dar a los certificados que emita el Banco Central, tiende simplemente a establecer una mayor propiedad en el lenguaje al sustituir la frase "o por el Servicio de Aduanas" por la siguiente: "o por intermedio del Servicio de Aduanas", ya que técnicamente dicha repartición pública no está destinada a recaudar directamente impuestos o derechos.

A continuación del artículo 9°, la Comisión Informante acordó consultar dos disposiciones nuevas.

La primera de ellas establece que las empresas dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán quedar exentas, de pleno derecho, de todo gravamen o tributo en la forma que determine el reglamento.

La finalidad de este artículo nuevo es mantener el mismo sistema actualmente vigente sobre la materia, contenido en el artículo 14 del D.F.L. Nº 256, de 1960, y que el proyecto despachado por la Comisión de Economía -en su artículo 3º transitorio- mantiene sólo para aquellas empresas ya acogidas a los beneficios del citado artículo 14.

Dentro de los procedimientos en vigencia sobre liberación de impuestos, existen dos que se destacan por su importancia: a) el que consiste en devolver el monto o valor de los tributos a que está afecta la producción de un determinado artículo después que ellos han sido oportunamente pagados, y b) el que permite a ciertas industrias que exportan la totalidad de su producción elaborar sin tener que financiar la tributación a que están sujetas, es decir, la ley las libera del pago de todo gravamen.

En este último sistema, en vez de acogerse al mecanismo de devolverles a los industriales lo tributado al término del proceso de exportación, se les libera durante la producción del pago de todo impuesto.

En realidad, el objetivo de mantener este sistema como norma general y permanente -y no sólo para aquellas industrias que ya lo estaban disfrutando- no es otro que dar un derecho opcional a las empresas para elegir libremente, de acuerdo con su particular conveniencia, si se asilan al draw-back al término del proceso de exportación o se acogen a la liberación de pleno derecho durante la producción de artículos de exportación sin tener que pagar o financiar la tributación.

Es incuestionable que el exportador que opte por el mecanismo que opera de pleno derecho corre el riesgo de recibir, en definitiva, un porcentaje de exención tributaria muchísimo menor del que podría obtener bajo el sistema de los certificados sobre devolución de impuestos al término del proceso de exportación, aun cuando éste presupone el pago oportuno y efectivo de todos los gravámenes vigentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo de la disposición en análisis, la industria que se acoja a la liberación de pleno derecho no podrá solicitar la devolución de los porcentajes asignados al producto y, además, no puede éste ser ofrecido en venta dentro del mercado nacional.

Hace excepción a esta última norma el caso en que el Ministerio de Economía declare que la venta de determinado producto de exportación es indispensable liara satisfacer necesidades de consumo interno, en cuyo evento el respectivo productor deberá pagar íntegramente el monto de la tributación de la cual había sido liberado.

Existen industrias que, obligadas a exportar toda su mercadería, en conformidad a la legislación vigente, que no pueden vender parte de ella en el territorio nacional aun cuando se necesiten sus productos en el país, bajo sanción de incurrir en la pérdida de la exención tributaria que quiere causa al país, sin previa devolución las favorece, no pueden abastecer a las empresas chilenas que elaboran con esos artículos y se produce el contrasentido que se ven forzadas a importarlos a pesar de ser productos nacionales.

Respecto a este punto cabe hacer presente el hecho de que en el seno de la Comisión se planteó la duda acerca de si la facultad que se concede al Ministerio de Economía para permitir la venta de este tipo de productos en el mercado interno podría extenderse o considerarse que suspende la prohibición de venta en el país emanada de otros textos legales, como, por ejemplo, a la que se refiere el D.F.L. Nº 257, de 1960, relativa a aquellos artículos producidos por industrias que han internado sus maquinarias sin pagar derechos aduaneros.

La Comisión agregó este artículo nuevo en el entendido que sólo tiene por finalidad los objetivos anteriormente expuestos, cuyos alcances son simplemente mantener la norma configurada en el artículo 14 del D. F. L. Nº 256, de 1960, con la sola enmienda de facultar la venta en el país de artículos producidos por empresas acogidas a dicho sistema, es decir, sólo se puede levantar la prohibición de vender en el mercado nacional a las mercaderías elaboradas por industrias sujetas a las normas específicas de esta disposición legal y no emanadas de otros textos legales -que no se modifican ni derogan expresa ni tácitamente- que se refieren a materias diferentes relacionadas con prohibiciones de venta interna.

Concordante con lo dispuesto en el referido artículo nuevo propuesto agregar a continuación del 9º, la Comisión aprobó una indicación para modificar el artículo 10 del proyecto.

Dicha disposición prohíbe la internación de mercaderías enviadas a mercados exteriores y que se devuelvan por cualquier causa al país, sin previa devolución de los certificados emitidos por el Banco Central en el momento de la exportación o el entero en arcas fiscales de los valores equivalentes, medida que se explica obviamente ya que la causa que dio origen a la devolución de impuestos ha quedado sin efecto.

Con la mantención del sistema contemplado en el artículo 14 del D.F.L. Nº 256, de 1960, puede suceder que dentro de las mercaderías enviadas a mercados extranjeros y devueltas al país queden incluidos productos que no dieron origen a la emisión de certificados, ya que se acogieron al mecanismo de liberación de pleno derecho de la tributación durante el proceso de elaboración, en cuyo caso, como es natural, debe establecerse para este exportador la obligación de pagar los tributos de que había sido liberado, lo que constituye una norma equivalente a la devolución de los certificados en la situación del exportador sujeto al procedimiento del draw-back.

Además, en el inciso tercero del artículo 10, que se refiere a los casos de mercaderías devueltas al país por deficiencias de calidad con respecto a los standards "internacionales", se propone sustituir esta última expresión por "aceptados", con el objeto de no constreñir al exportador a tener que obligadamente ajustarse a las exigencias que pudieran significar los standards internacionales, en el evento de que, de común acuerdo con el comprador extranjero, llegue a pactar condiciones más amplias y flexibles para una determinada transacción comercial.

El segundo artículo nuevo propuesto agrega por esta Comisión Informante a continuación del artículo 9º, autoriza al Presidente de la República para conceder un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten por intermedio de cooperativas u otras entidades que no persigan fines comerciales, valor que sumado al porcentaje ordinario fijado al producto no puede en ningún caso exceder del 30% máximo señalado en el artículo 7º.

Se ha querido a través de dicha disposición estimular las exportaciones realizadas directamente por los productores asociados en cooperativas o por intermedio de otras organizaciones de productores que no persiguen fines de lucro, con el propósito de evitar frecuentes casos que se observan en la práctica de pagos excesivos e injustificados que se ve obligado a hacer el exportador por concepto de comisiones en las diversas fases del proceso de comercialización de los productos destinados al uso o consumo en el exterior.

Además, se persigue con la incorporación de esta norma impedir los efectos negativos para los intereses nacionales que se derivan de frecuentes competencias entre sí a que se ven abocados los productores chilenos para introducir su producción en el mercado internacional.

A la disposición contenida en el artículo 11 se le introdujeron dos tipos de modificaciones.

La primera de ellas, que incide en su inciso segundo, persigue la misma finalidad de redacción anteriormente señalada al analizar la enmienda propuesta al artículo 9º.

La segunda, que consiste en agregar dos incisos nuevos finales, pretende prevenir la presentación de facturas que no correspondan a los valores reales y efectivamente pagados en el exterior en los casos de importaciones de artículos realizadas por empresas mineras de cobre y hierro o salitreras o en el evento de aportes de capitales extranjeros que se efectúen total o parcialmente en mercaderías, mediante la exigencia de acreditar fehacientemente el valor de ellas con las facturas originales emitidas directamente por las fábricas productoras de las respectivas mercaderías -no siendo aceptables facturas de distribuidores o de centrales de compras en el exterior-, con lo cual se evitan posibles irregularidades en esta clase de operaciones que sin estas nuevas disposiciones son imposible de corregir o advertir.

De acuerdo con la norma del inciso primero del artículo 11, el Presidente de la República queda facultado para liberar del pago de los derechos e impuestos que se perciben por intermedio de las Aduanas a la importación de los equipos y maquinarias destinadas a la instalación o explotación de industrias cuya producción, a lo menos en un 51% anual, se destine a la exportación, en proporción al volumen de la producción que la empresa favorecida venda en los mercados internacionales.

Como complemento de dicha norma el inciso primero del artículo 12 establece que los bienes que hubieren gozado de esas franquicias aduaneras no podrán ser enajenados, salvo el caso que se paguen previamente todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que afecten la internación de dichos equipos o maquinarias en el momento que el industrial beneficiado legalice su venta.

La Comisión de Hacienda aprobó una indicación para agregar al citado inciso primero del artículo 12, la siguiente frase final: "debiendo imputarse las cantidades ya pagadas por esos conceptos. "

De la redacción original de la disposición en análisis se desprende que la enajenación de los equipos o maquinarias liberados queda condicionada al hecho de tener el interesado que pagar el total de los tributos que en su oportunidad se encuentren en vigencia, aun cuando la exención que lo favoreció no comprendiera la totalidad de los derechos aduaneros existentes a la fecha de la internación de los equipos y maquinarias destinados a su industria.

La modificación propuesta viene a corregir la manifiesta injusticia que encierra para un empresario la obligación de pagar la totalidad de los impuestos de los cuales no quedó exento íntegramente al acogerse a los beneficios de dicha disposición, y por ello se autoriza al industrial imputar, al monto total de los gravámenes aduaneros que se le exige pagar, las sumas que hubiere tenido que cancelar anteriormente por el mismo concepto.

El artículo 13 faculta al Presidente de la República para establecer o modificar las normas relativas al ingreso al país de materias primas, artículos a media elaboración o partes y piezas bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, con el objeto de lograr o facilitar el desenvolvimiento del comercio de exportación y siempre que se reúna la condición de que dichas materias primas, artículos, etc., se incorporen a un producto de exportación, es decir, que la mercadería final esté destinada exclusivamente a su uso o consumo en el exterior.

La Comisión acordó proponer la sustitución de dicha disposición por otra que, manteniendo las ideas básicas aprobadas por la Comisión Técnica, la mejora en dos aspecto específicos: 1) Evita la rigidez que significa racionalizar los regímenes de almacenes particulares o de ingreso al país de mercaderías sujetas a admisión temporal solamente en lo relativo a la elaboración de productos de exportación, facultando al Presidente de la República para adecuar en general estos sistemas en todos sus aspectos y no sólo, como se dispone en el texto original, al que se refiere al desenvolvimiento de las exportaciones; y 2) Amplía los alcances de sus efectos al substituir el concepto de que dichas materias primas, artículos, etc., están destinados a "incorporarse a un producto exclusivamente de uso o consumo en el exterior" por el de que se "utilizan en la elaboración de un producto", sea o no destinado a la exportación, ya que la disposición sustitutiva permite el ingreso a almacenes particulares o acoger la internación temporal a materias cuya finalidad no sólo sea incorporarse al producto sino aquellas que también puedan emplearse en su elaboración, como es el caso de los combustibles. El Ejecutivo, en consecuencia, queda autorizado para establecer y modificar normas sobre ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares de materias primas u otros artículos que se utilicen en la elaboración de un producto, sin que sea preciso -como se exige en la disposición primitiva- que se incorporen a un determinado producto, basta que intervengan en su elaboración, ni que este producto esté obligadamente destinado a la exportación.

El artículo 14 entrega al Presidente de la República la determinación de normas conducentes a simplificar la tramitación de las operaciones de exportación, sin perjuicio de las atribuciones que competen sobre el particular al Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.

El reemplazo efectuado por la Comisión de Hacienda de dicho artículo, en lo que concierne a sus dos primeros incisos, obedece simplemente a un concepto formal de redacción.

Las ideas desarrolladas en los dos últimos incisos de esta disposición, establecen y reglamentan normas en virtud de las cuales se faculta al Ejecutivo para exigir determinados coeficientes de calidad para los productos que se exporten y fijar la forma en que deberá acreditarse su cumplimiento, con el objeto de proteger el prestigio y condiciones de la producción nacional, basado en el principio moderno de comercio internacional que sustenta que los mercados se conquistan a través de un adecuado control y fiscalización de la calidad, estipulación de precios convenientes y fijación de condiciones satisfactorias de venta de los artículos que salen a la competencia exterior.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 despachado por la Comisión Técnica, el Presidente de la República queda facultado para dictar normas tendientes a establecer -por las entidades y en las condiciones que el reglamento determine- el seguro a las exportaciones, con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, inclusive sobre aquellos derivados de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos u otros.

La modificación introducida a dicha disposición por esta Comisión Informante -que consiste en reemplazar la expresión "por la o las entidades y en las condiciones que determine" por "preferentemente a cargo del Instituto de Seguros del Estado"- tiene por objeto simplemente señalar una preferencia para que los citados seguros se contraten en dicho organismo estatal, sin perjuicio que si condiciones de precio u otras así lo aconsejen, puedan estos seguros colocarse en compañías particulares del ramo.

El artículo 16 autoriza al Banco Central de Chile para acordar líneas de créditos especiales en favor de los exportadores o para ventas internas de bienes de capital de producción nacional.

El inciso segundo de dicha disposición establece que los créditos que se otorguen para ambos tipos de actividades productoras podrán ser reajustables, según lo determine el Instituto Emisor.

Respecto a esta última norma, la Comisión estimó necesario reemplazarla por la que se indica al final de este informe y su sustitución obedece a la conveniencia de hacer obligatoria la reajustabilidad en relación con los créditos que se concedan en conformidad a este artículo para exportaciones, habida consideración de que, en este caso, el exportador retornará en pago de su mercadería divisas que representan una moneda dura, y será de ordinaria ocurrencia que al término del plazo estipulado con el Banco para servir su deuda en moneda nacional haya variado la paridad cambiaría, con lo cual resultaría una ganancia injustificada para el exportador, por la diferencia de cambios, en perjuicio directo de la entidad que le concedió el crédito.

Los artículos 23, 24 y 25 conceden diversas franquicias tributarias y aduaneras a la Industria Azucarera de la Frontera S.A., tanto en su actual etapa de formación como una vez que esté definitivamente instalada.

La Comisión estuvo de acuerdo en la conveniencia de otorgar un tratamiento especial para la referida industria y aprobó, además, una indicación para ampliar dichos beneficios en el sentido de liberar también a la citada empresa de los impuestos a la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y otros que graven la constitución o ampliación de la sociedad anónima, como, asimismo, la suscripción y colocación de su capital, con el fin de completar el cuadro de exenciones a que quedará sujeta, que por una omisión no aparecerían incluidos dentro de las franquicias con que el proyecto pretende favorecer a la Industria Azucarera de la Frontera S.A.

A continuación del artículo 25, y con el carácter de permanentes, la Comisión de Hacienda propone consultar siete artículos nuevos.

El primero de ellos, relativo a la citada Industria Azucarera de la Frontera, situada en la provincia de Cautín, y concordante con el espíritu de las disposiciones de los artículos 23, 24 y 25, tiene por objeto dar a dicha sociedad anónima las mismas franquicias y exenciones tributarias y por un plazo semejante, de que gozan, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley Nº 13. 039, las industrias establecidas en los departamentos de Iquique y Arica, especialmente en lo que dice relación con el impuesto a la renta de Categoría y de las contribuciones a los bienes raíces.

El segundo artículo nuevo faculta a la Comisión Coordinadora de la Zona Norte -organismo encargado de confeccionar planes y programas de desarrollo de esa zona - para efectuar convenios, financiados con cargo a sus propios recursos económicos, con las distintas universidades del país, especialmente con la Universidad del Norte, u otros institutos de investigación científica, con el propósito de que éstos, utilizando sus elementos especializados profesionales o técnicos, puedan practicar los estudios, trabajos e investigaciones que la Comisión Coordinadora les encomiende, orientadas dichas tareas a conseguir un mejor y pleno aprovechamiento de los recursos naturales de carácter mineral y vegetal de que generosamente está dotada esta rica región del norte del territorio nacional, particularmente en lo relativo a la terminación del catastro minero y el posible uso industrial o alimenticio de diversas plantas y arbustos característicos de la zona.

La tercera disposición nueva agregada después del artículo 25, entrega al Banco Central de Chile el estudio y fiscalización de las condiciones de producción, comercialización, fletes, precios, ventas, costos y utilidades de la industria de minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, en atención a que dicho organismo actualmente no tiene la posibilidad de poder cumplir en forma estricta', respecto de estas operaciones, con la misión que la ley le encomienda en el sentido de controlar efectivamente que el precio de la mercadería que se exporta corresponda al valor real de ella en el mercado internacional, dadas las características de éste y las modalidades bajo las cuales se celebran los contratos respectivos.

En esta forma, el Banco Central de Chile, al estar habilitado para controlar todos los aspectos involucrados en la producción y comercialización del hierro, podrá racionalizar y fiscalizar verdaderamente el desarrollo técnico y económico de dicha industria extractiva, situación en que no se encuentra actualmente, de acuerdo con las atribuciones legales vigentes.

Cabe destacar muy particularmente que la disposición aprobada limita la facultad de las empresas productoras para realizar importaciones a sólo aquellas mercaderías que no se produzcan en el país en cantidad, calidad, precios y plazos de entrega adecuados, con lo cual se pretende lograr una considerable ampliación del mercado para la colocación de artículos de producción nacional.

El artículo nuevo siguiente, signado con el número 4) consulta un requisito especial para el caso de las exportaciones de hierro que estén en condiciones de impetrar los beneficios del presente proyecto, cual es que deberán cumplir, además, con las exigencias específicas que, para esta clase de operaciones comerciales, determine el reglamento correspondiente que al efecto deberá dictar el Presidente de la República; mientras tanto, dichas exportaciones quedarán sujetas a la legislación actual contenida en el D.F.L. Nº 256, de 1960, es decir, con esta disposición se entregan facultades indispensables para que el Ejecutivo pueda, en defensa del interés fiscal, condicionar y reglamentar el aprovechamiento, por parte de las empresas exportadoras de minerales de hierro, de las franquicias que concede la iniciativa en informe.

A continuación se propone una disposición nueva -con el número 5)- con la cual se pretende regular y normalizar el mercado interno de repuestos mecánicos, mediante la formación de stocks de estos artículos en almacenes particulares de aduana, sin costo previo para el país.

A medida que las necesidades del mercado interno lo requieran, dichos repuestos irán internándose al resto del territorio nacional y sólo en este momento se les aplicarán las normas vigentes para las importaciones, haciéndose, en consecuencia, en ese instante, plenamente exigibles todos los gravámenes aduaneros establecidos en la legislación particular para estas operaciones.

En esta forma se espera contar con un abastecimiento más completo y oportuno de repuestos destinados a vehículos motorizados y maquinaria agrícola, y que la autoridad correspondiente esté en mejores condiciones para controlar los precios de venta al consumidor, en atención a que el número de almacenes particulares que se habilitarán con este objeto deberá necesariamente ser bastante reducido.

Finalmente, cabe agregar respecto de este artículo, que se consideró inconveniente la aplicación de la facultad de rechazo que otorga al Banco Central la ley Nº 16.101, al realizarse la importación de las mercaderías depositadas en los almacenes particulares de aduana, por tratarse de repuestos que se encontrarían en el país a la época; en su reemplazo y más acorde con la naturaleza de estas operaciones, se faculta al Comité Ejecutivo del referido Banco para autorizar o rechazar previamente los embarques de artículos destinados a los mencionados almacenes particulares, excluyéndose la posibilidad de un rechazo posterior.

Haber hecho aplicables para estos casos la norma anterior de la ley Nº 16.101, en toda su extensión, acarrearía la total inoperancia del sistema creado y causaría perjuicios graves tanto a las empresas interesadas como al abastecimiento adecuado del país que, precisamente, se busca normalizar.

El sexto artículo nuevo, agregado por la Comisión de Hacienda, modifica el inciso primero del artículo 31 del Decreto Supremo Nº 1.272, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 11 de noviembre de 1961, con el objeto de permitir al Presidente -previo informe favorable de la Dirección de Industria y Comercio- otorgar las franquicias tributarias que concede dicho cuerpo legal a aquellas industrias que se instalen con la finalidad de producir artículos que no se fabrican en el país en calidad o cantidad suficientes, para atender las necesidades del mercado interno, por otras empresas similares ya establecidas.

Dicha disposición posibilita al Ejecutivo la adopción de positivas medidas para fomentar la producción de mercaderías cuya calidad y cantidad sean indispensables para el normal desarrollo de las actividades económicas del país y, especialmente, para un efectivo abastecimiento al público consumidor.

Por el último de los artículos nuevos consultados a continuación del 25, se agrega un inciso final al artículo 3º del D.F.L, Nº 307, de 1960, por el cual se faculta al Servicio de Impuestos Internos para que, en determinadas circunstancias, autorice la aplicación de pleno derecho de las exenciones tributarias a que se refiere el citado decreto con fuerza de ley.

Dicha legislación, dictada el año 1960, concede a los comerciantes e industriales establecidos en zonas liberadas y a las industrias que gocen de franquicias aduaneras especiales, la posibilidad, respecto del producto similar a aquél que está autorizado importar liberado, de adquirirlo en el país exento del impuesto a la compraventa.

Actualmente, para hacer operar esta exención, se exige el pago oportuno del expresado tributo, para luego proceder a su devolución. El uso de este sistema ha demostrado en la práctica que, en la mayoría de los casos, constituye una tramitación demorosa e innecesaria, que puede fácilmente obviarse con la enmienda propuesta en este artículo nuevo, ya que por ella se faculta al Servicio de Impuestos Internos para que, en aquellos casos en que probablemente no se irrogue un perjuicio al Fisco, pueda decretar que no se pague el aludido impuesto que, de acuerdo con la legislación vigente debe posteriormente de cancelado devolverse.

Al artículo 1º transitorio se le introdujeron tres modificaciones. Las dos primeras inciden en sus incisos primero y segundo y tienen por objeto simplemente adecuar esta disposición a la nueva redacción propuesta por esta Comisión para el artículo 5º, que dispone que el trienio para cada producto deberá contarse desde la fecha de su inclusión en la lista de los artículos afectos al régimen de devolución de impuestos y establece un procedimiento distinto del indicado por la Comisión Técnica para el retiro de un producto de la lista o la rebaja del respectivo porcentaje de devolución.

Además, en el inciso nuevo agregado al artículo 1º transitorio, se establece el efecto retroactivo para los beneficios consultados en el proyecto, respecto a los productos agropecuarios de naturaleza perecible, cuyos embarques se hubieran efectuado con posterioridad al 1º de enero, en atención a que esta particular circunstancia y el hecho que el estudio de esta iniciativa legal se encuentra todavía en su primer trámite constitucional, permite concluir que, de no consultarse esta disposición transitoria en favor de la exportación de productos perecibles, dicha actividad nacional no podrá acogerse ni beneficiarse con la devolución de impuestos, en relación con los embarques realizados después del 1º de enero del presente año y hasta la fecha de entrada en vigencia de este proyecto.

Finalmente, se propone la supresión del artículo 3° transitorio, en razón que sus normas están ya consideradas, en el carácter de general y permanente, en el primero de los artículos nuevos que se agregan a continuación del 9°.

En mérito de las consideraciones expuestas, la Comisión de Hacienda acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto en informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Suprimir, en el inciso primero, el punto final, y agregar la siguiente frase: "como, asimismo, a los fletes de las materias primas a los centros de producción".

Artículo 2º

Agregar una letra nueva final, que diga:

"f) A las exportaciones de manufacturas o semimanufacturas de cobre, salvo informe favorable del Departamento del Cobre. "

Artículo 5º

a) Reemplazar el inciso segundo, por el siguiente:

"El Presidente de la República podrá fijar porcentajes diferentes para un mismo producto si razones de incremento de las exportaciones en determinadas zonas o a través de ciertos puertos así lo aconsejen. En todo caso para una misma zona o puerto el porcentaje deberá ser igual".

b) Sustituir el inciso quinto, por lo que a continuación se indican:

"El Presidente de la República sólo podrá retirar productos de la lista referida o rebajar sus porcentajes de devolución, una vez transcurridos 3 años desde la fecha de su inclusión en aquella. En todo caso el retiro del producto o la rebaja de su porcentaje de devolución, sólo podrá efectuarse dentro del mes de enero siguiente a la fecha de expiración del respectivo período de tres años. Estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente.

Los productos que estando incluidos en la lista, no sean retirados en la forma y oportunidad a que se refiere el inciso anterior, hubieren o no sido alterados sus porcentajes de devolución, se entenderán incluidos por un nuevo período de tres años, contado desde la expiración del trienio anterior y así sucesivamente. "

Artículo 7º.

Intercalar entre las expresiones "sobre el valor F.O.B. " y "de la mercadería", la siguiente frase: "o C.I.F. según sean las condiciones de exportación".

Artículo 8º.

Sustituir, en el inciso primero, el punto final por una coma, y agregar, a continuación, la siguiente frase: "o al acreditarse el retorno a elección del exportador".

Reemplazar los incisos segundo y tercero, por el siguiente:

"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías en consignación o sujetas a condición o cuyo pago esté sujeto a liquidación final, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto, sólo los valores obtenidos por la exportación".

Artículo 9º.

Sustituir en el inciso primero la frase "o por el Servicio de Aduanas", por la siguiente: "o por intermedio del Servicio de Aduanas".

Artículos nuevos a continuación del 9º.

Consultar los siguientes:

A) "Artículo...- Las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación, podrán estar exentas de pie-exportación, podrán estar exentas de pleno derecho de los tributos a que se refiere la presente ley que determine el reglamento y en la forma y condiciones que en él se establezcan.

Los artículos producidos al amparo de la presente disposición no gozarán de los demás beneficios de esta ley en cuanto a devolución de tributos y no podrán venderse en el mercado interno, a menos que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción declare por decreto que la venta de estos artículos en el país es indispensable para atender necesidades de consumo interno.

Las industrias o empresas que en virtud de la autorización a que se refiere el inciso anterior vendan productos en el mercado interno, deberán pagar todos los impuestos que les habría correspondido tributar en el caso de no estar acogidas a estos beneficios. El pago deberá hacerse en la forma y condiciones que determine el reglamento".

B) "Artículo...- El Presidente de la República, al fijar la lista a que se refiere el artículo 5º podrá otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas u otras organizaciones de productores que no persigan fines de lucro. En ningún caso el porcentaje de devolución asignado al producto de que se trate más el porcentaje adicional, a que se refiere este artículo, podrá exceder al 30% señalado en el artículo 7º.

Los certificados de devolución que se emitan por el Banco Central, serán extendidos a nombre de la respectiva cooperativa o entidad exportadora, la que deberá transferirlos a sus cooperados o asociados.

Las cooperativas u organizaciones a que se refiere este artículo, para poder gozar de los porcentajes adicionales indicados en el inciso primero, deberán estar inscritas en un registro especial que llevará el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en la forma y bajo las condiciones que determine el Reglamento".

Artículo 10.

a) Agregar en el inciso primero la siguiente frase final, reemplazando el punto final por una coma: "o el pago de los impuestos que corresponda si se trata de artículos producidos al amparo de lo dispuesto en el artículo A)", y

b) Reemplazar en el inciso tercero la palabra "internacionales", por la siguiente: "aceptados".

Artículo 11.

Intercalar, en el inciso segundo, a continuación de la frase "se perciban por", las palabras "intermedio de"; y Agregar los siguientes incisos finales:

"En las importaciones que realicen las empresas de la Gran Minería del hierro, mediana y pequeña minerías del cobre y hierro y las empresas salitreras, sólo se podrá proceder a la cobertura de los cambios una vez que dichas empresas acompañen las facturas originales de las fábricas productoras de las respectivas mercaderías y no se aceptarán facturas emitidas por firmas distribuidoras o centrales de compras en el exterior.

El Comité de Inversiones Extranjeras sólo autorizará aportes de capitales extranjeros que se realicen total o parcialmente en mercaderías, cuando se le acredite fehacientemente el valor de ellas, mediante facturas emitidas directamente por los fabricantes productores de dichas mercaderías, no siendo aceptables facturas de distribuidores o centrales de compras".

Artículo 12.

Reemplazar el punto final del inciso primero por una coma, y agregar la siguiente frase: "debiendo imputarse las cantidades ya pagadas por esos conceptos".

Artículo 13.

Reemplazarlo por el siguiente: "Artículo...- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio exterior y principalmente de las exportaciones, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, combustibles, partes y piezas que se utilizan en la elaboración de un producto.

Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a las materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales".

Artículo 14.

Sustituirlo por el que a continuación se indica:

"Artículo...- El Presidente de la República podrá, en cualquier momento, establecer normas destinadas a simplificar la tramitación de las operaciones de exportación.

Esta facultad no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas aplicables al comercio de exportación.

Igualmente, el Presidente de la República podrá establecer exigencias de calidad que deberán satisfacer todos o algunos de los productos de exportación y fijar la forma en que deberá acreditarse su cumplimiento.

Las normas cuya dictación se autoriza en los incisos anteriores, deberán adoptarse mediante decretos del Ministerio de Economía y Reconstrucción, pudiendo ser modificadas cuando las circunstancias así lo aconsejen".

Artículo 15

Reemplazar la frase "por la o las entidades y en las condiciones que determine" por "preferentemente a cargo del Instituto de Seguros del Estado".

Artículo 16.

Sustituir el inciso segundo, por el siguiente:

"Los créditos de exportación deberán ser reajustables. Los créditos para ventas internas podrán ser reajustables".

Artículo 25.

Agregar el siguiente inciso nuevo final:

"Asimismo, la Industria Azucarera de la Frontera Sociedad Anónima, en formación, quedará exenta de todos los impuestos de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y demás que gravan su constitución, ampliación y la suscripción y colocación de sus acciones".

Artículos nuevos a continuación del 25.

Consultar los siguientes:

1.- "Artículo...- Concédese a la Industria Azucarera de la Frontera Sociedad Anónima, por el plazo de quince años a contar de la fecha de la presente ley, las mismas franquicias y exenciones tributarias que se señalan en el artículo 25 de la ley Nº 13.039. ";

2.- "Artículo...- Facúltase a la Comisión Coordinadora para la Zona Norte para celebrar contratos o convenios con el objeto de ejecutar investigaciones tecnológicas aplicadas, relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El financiamiento de las referidas convenciones o contrato se hará con cargo a los recursos de dicho Organismo. ";

3.- "Artículo...- Corresponderá al Banco Central de Chile estudiar y fiscalizar las condiciones de la producción de minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, incluso aglomerados o concentrados, en lo que se refiere a sus niveles o volúmenes de producción y posibilidad de expansión, como asimismo, fiscalizar las condiciones de su comercialización, fletes, precios, ventas, costos y utilidades.

Para los efectos del inciso anterior, el Comité Ejecutivo del Banco podrá:

a) Autorizar o rechazar las exportaciones de minerales de hierro en cualquiera de sus formas y las importaciones necesarias para el funcionamiento de las empresas productoras. Sólo se autorizarán importaciones cuando las mercaderías correspondientes no se produzcan en el país en cantidad, calidad, precio y plazos de entrega adecuados, circunstancias que deberán ser comprobadas por el Banco. Para comparar el precio de las mercaderías importadas y nacionales se agregará al valor CIF de las primeras el impuesto ad-valorem y los derechos de aduana, almacenaje, estadística y consulares y, en general, todos los impuestos que se perciben por intermedio de las aduanas;

b) Comprobar y aprobar o denegar los contratos, precios, fletes, seguros y demás modalidades de las ventas y embarques de los productos referidos en el inciso primero, con el fin de verificar que ellos se realicen a los precios del mercado respectivo y en las mejores condiciones posibles; y

c) Requerir de las empresas productoras todos los antecedentes e informaciones que estime necesario.";

4.- "Artículo...- Los beneficios que concede esta ley se aplicarán a los exportadores de minerales de hierro en la forma y bajo las condiciones que determine el reglamento.

Mientras no se dicte el reglamento seguirán rigiendo las normas contenidas en el D. F. L. Nº 256, de 1960, respecto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior. ";

5.- "Artículo...- Con informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, el Superintendente de Aduanas habilitará recintos particulares de aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola. En todo caso, será necesario que el embarque de las mercaderías referidas sea autorizado previamente por el Banco Central de Chile.

Para la internación al país de las mercaderías a que alude el inciso anterior, se aplicarán todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para las importaciones; sin embargo, no se les aplicará la facultad establecida en el artículo 2º de la ley Nº 16. 101, ni estas importaciones se considerarán para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 4º del mismo cuerpo legal.";

6°.- "Artículo...- Agrégase al inciso primero del artículo 31 del Decreto Supremo Nº 1.272, del Ministerio de Economía, de 11 de noviembre de 1961, el siguiente párrafo en punto seguido:

"De todos modos será facultad del Presidente de la República otorgar las liberaciones del presente artículo a las nuevas industrias que se establezcan en el futuro, cuando, previo informe de la Dirección de Industria y Comercio, se determine que la o las industrias existentes no abastecen adecuadamente el mercado nacional en cantidad y calidad. ";

7.- "Artículo...- Agrégase al artículo 3° del D. F. L. Nº 307, de 1960, el siguiente inciso nuevo:

"En todo caso, facúltase al Servicio de Impuestos Internos para hacer operar de pleno derecho las exenciones contenidas en el presente decreto con fuerza de ley, siempre que a su juicio exclusivo, esté suficientemente garantido el interés del Fisco". "

Artículos transitorios

Artículo 1º

a) En el inciso primero, suprimir la frase "entendiéndose que el primer trienio a que se refiere el inciso final de dicho artículo comienza a correr el 1º de enero de 1966".

b) En el inciso segundo, reemplazar la frase "el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes, deberá sujetarse a lo dispuesto por el inciso final del artículo 59, sin perjuicio de poder ejercitar a su respecto la facultad a que se refiere el inciso final del artículo 5º, en la oportunidad correspondiente. ", por la siguiente:

"El retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por los incisos cuarto y quinto del artículo 5º.".

c) Agregar el siguiente inciso final:

"Sin embargo, los productos agropecuarios de naturaleza perecible, cuyo embarque se hubiere efectuado después del 1º de enero de 1966, quedarán afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo 4º de esta ley, de acuerdo con los porcentajes que fije el Presidente de la República en conformidad a las normas estatuidas en el artículo 9°. ".

Artículo 3°.

Suprimirlo.

Sala de la Comisión, a 24 de enero de 1966.

Acordado en sesiones de fecha 15, 16, 24, 25 y 30 de noviembre, 2 (2), 6, 14 de diciembre, 6, 12 y 13 de enero, con asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Basso, Cademártori, Cerda, Escorza, Gajardo, Irureta, Lazo, doña Carmen, Maira, Muga, Naudon, Penna, Poblete, Rioseco, Sota, Videla y Valente.

(Fdo. ): Jaime de Larraechea, Secretario de Comisiones.

77.-INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO

Honorable Cámara:

La Comisión de Economía y Comercio pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple", por el cual se consultan diversas medidas tendientes a fomentar el incremento de las exportaciones.

Durante el estudio de este proyecto, la Comisión fue asesorada por el señor Subsecretario de Hacienda, don Andrés Zaldívar, el Jefe del Departamento de la Compraventa de la Dirección de Impuestos Internos, don Luis Illanes, el asesor del Banco Central de Chile, en exportaciones, don Fernando Barrios, y el abogado de dicho Banco, señor Gastón Illanes.

Igualmente, con el objeto de conocer el pensamiento de los diversos organismos representantes da la producción y el comercio, escuchó al abogado de la Asociación de Exportadores, señor Jerónimo Santa María, al abogado de la Cámara de Comercio, señor Eduardo Dagnino, y al Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril señor Fernando Smits, los cuales expusieron sus puntos de vista en una reunión informal que celebró la Comisión.

Las exportaciones de materias primas y de productos elaborados en el país se encuentran regidas actualmente por las normas consultada sen el D.F.L. Nº 256, de 1960, en el cual se contemplan diversas medidas de fomento de este rubro del comercio internacional. Entre esas medidas deben mencionarse, especialmente, las exenciones del pago de impuestos que inciden en sus costos y precios para los productos que se exportan, la energía eléctrica y los combustibles empleados en su producción y en el transporte de los mismos hasta puerto de embarque y las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de ellos, sean éstas nacionales, nacionalizadas o importadas; las exenciones del pago de impuestos que operan de pleno derecho, que benefician a ciertas exportaciones, o actos o contratos referentes o conducentes a esta finalidad, y, finalmente, la devolución de los tributos pagados por los contribuyentes por parte del Fisco. También, consulta otros dos tipos de franquicias tributarias de menor aplicación y que consisten en la liberación anticipada de impuestos que afectan a una exportación y en la exención tributaria para las empresas que exportan la totalidad de su producción o mantienen secciones separadas para producir los productos que exportan.

Según datos proporcionados por la Dirección de Impuestos Internos, en el año 1964 la Tesorería ha devuelto impuestos por un valor de Eº 2.837.534,81 y se han imputado certificados a pago de impuestos, en la Tesorería de Santiago, por un valor de Eº 712.271,67, lo que permite estimar que el monto total en todo el país no excede de Eº 1.000.000, lo cual suma con las devoluciones, aproximadamente, Eº 4.000 000.

Desgraciadamente, la realidad ha demostrado que todos estos incentivos no han producido un aumento sustancial de nuestras exportaciones, que permita disminuir el desequilibrio de nuestra balanza de pagos, como se esperaba, situación que en los últimos tiempos se ha visto agravada al verse afectados algunos rubros importantes del comercio de exportación, como los productos del sector industrial, los cuales por su alto costo de producción no pueden competir con los productos similares en el mercado internacional. Solamente pueda afirmarse que ha habido un incremento, que es más aparente que real, de la exportación de los productos de la minería, debido, en gran parte, al aumento del precio del cobre en el mercado mundial.

Los hechos antes expuestos han producido un saldo desfavorable en nuestra balanza comercial, el cual se acentuó notoriamente durante el año 1964 y en los primeros meses del año en curso. Así, de acuerdo con datos estadísticos contenidos en el Boletín Nº 451, del Banco Central de Chile, correspondiente al mes de septiembre del presente año, se demuestra que hubo los siguientes déficit mensuales, expresados en millones de dólares, durante el año 1964 y enero y febrero del presente año:

1964

Abril................4,1

Mayo.................7,8

Junio................6,1

Julio...............14, 0

Agosto..............26,2

Septiembre..........28,3

Octubre.............16,7

Noviembre...........21.5

Diciembre...........16,9

1965

Enero................9,5

Febrero.............14,7

Ahora bien, con el objeto de remediar este desequilibrio en la balanza comercial, y consecuentemente, producir mayores ingresos en la economía privada, y nacional, el Ejecutivo ha propuesto un conjunto de medidas económicas y de facultades que se otorgan al Presidente de la República tendientes a aumentar los incentivos a la exportación.

Como medida básica el proyecto consulta expresamente la devolución de los impuestos, contribuciones, gravámenes y derechos que afectan a las exportaciones y sus componentes. Se comprenden en estos tributos solamente a aquellos que tienen incidencia en el costo o en el precio de los productos que se exportan.

A esta materia se refiere el artículo 4º del proyecto, que está en íntima relación con el artículo 1° y la mayoría de las demás disposiciones de que consta.

En efecto, dicho artículo 1º establece la posibilidad de que queden exentos del pago de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios, los productos que se exporten, incluyendo en esta exención a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque, como igualmente a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstas nacionales o nacionalizadas, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Obviamente, esta disposición tiene por objeto estimular nuestro comercio de exportación, ya que producirá, necesariamente, una rebaja considerable en los costos de producción de los bienes destinados a la exportación, y consecuencialmente, beneficiará a todos los factores que intervienen en el proceso de producción de dichos bienes. Además, producirá como consecuencia inmediata un estímulo para que los productores nacionales se interesen por entrar a competir en los mercados internacionales.

Se formuló durante la discusión particular de este artículo, indicación con el objeto de darle carácter imperativo a la exención, la cual fue rechazada por la Comisión luego de un extenso cambio de ideas sobre el particular, en atención a que su aprobación implicaría restarle flexibilidad al sistema central del proyecto, cual es el de ir adoptando periódicamente las medidas necesarias conducentes a perfeccionar o adaptar los estímulos para la expoliación, de los cuales el de mayor importancia es aquel que otorga al Presidente de la República la facultad de determinar la lista de los productos que serán favorecidos con el régimen devolutivo de tributos.

El artículo 2º consulta seis casos en los cuales no operará el beneficio de la devolución impositiva, con el objeto de favorecer exclusivamente operaciones de comercio de exportación de productos o materias primas de origen nacional que se hayan elaborado en Chile o que hayan sufrido un proceso de transformación en el país, cuando se trata de mercaderías extranjeras. Si no se dan estas circunstancias, no estará afecta la exportación al beneficio general de esta ley en proyecto.

Estos casos son los siguientes:

1º Las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa;

2º Las especies que entren al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares, y que se reexporten;

3º Las mercaderías nacionales que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

4º Las empresas productoras de cobre de la Gran Minería a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 11. 828 (sus exportaciones);

5º La industria salitrera regida por la ley Nº 12. 033 (sus exportaciones), y

6° Las exportaciones efectuadas por las industrias explotadoras de minerales de hierro que no retornan al país el total de ellas.

El artículo 3º consulta un precepto legal que ya se estaba aplicando en nuestro país en virtud de las normas del D. F. L. Nº 256, ya mencionado, pero que operaba a base de una enumeración taxativa que contenía el artículo 13 de dicho texto legal. Con la fórmula que aquí se propone, que entrega al Presidente de la República la determinación de los actos, contratos, trámites y actuaciones que serán liberados del pago de tributos, se espera fundadamente obtener mayores beneficios para los exportadores.

El artículo 4º ha sido analizado con anterioridad en este dictamen.

El artículo 5º, que guarda estrecha relación con el artículo 6º y que debe ser analizado conjuntamente con él, fue objeto de extensos debates durante su discusión particular y, además, se le formularon diversas indicaciones tendientes a modificarlo. El motivo de la discusión se centralizó alrededor de la facultad que otorga al Presidente de la República para determinar los productos afectos al régimen de estímulo, de fijarles los porcentajes de devolución correspondientes, de incluir nuevos productos en las listas, de retirarlos y de aumentar o rebajar aquellos porcentajes.

A juicio de algunos señores Diputados es necesario consultar un régimen de estabilidad que permita desarrollar industrias destinadas a producir bienes de exportación, razón por la cual es indispensable evitar el riesgo a que podrían estar sujetos estos empresarios si pudiere en cualquier época retirarse de las listas sus productos, e incluso se planteó la necesidad de aumentar el plazo de permanencia del producto en las listas de tres a diez años, lo que en definitiva se estimó exagerado.

Sobre este aspecto del problema se tomó conocimiento del texto de la legislación española sobre la materia, que lleva el Nº 29/65, publicada en el Boletín Oficial de España de! 5 de mayo del presente año, la cual es de tal amplitud que autoriza el retiro de productos de exportación de la lista correspondiente, en cualquier momento.

Igualmente, se debatió una indicación que autoriza una nueva fórmula de estímulo para este tipo de actividades exportables, consistente en fijar diferentes porcentajes de devolución para un mismo producto en diferentes zonas del país cuando circunstancias especiales, que calificará el Presidente de la República, así lo aconsejen.

Esta indicación contó con el apoyo de la unanimidad de los miembros de la Comisión en atención a que su aplicación práctica contribuirá a dar cumplimiento más efectivo a los propósitos de la ley en proyecto.

Otra modificación que fue aprobada por la Comisión a este artículo, en el actual inciso cuarto, tiene por objeto dejar claramente establecido que el Presidente de la República podrá aumentar en cualquier momento los porcentajes de devolución de impuestos para algún producto de la lista.

En consecuencia, el sentido de estos artículos puede sintetizarse como sigue:

1º Es facultad privativa del Presidente de la República determinar por Decreto Supremo la lista de los productos afectos ai régimen de devolución;

2º Igual facultad tiene para fijar libremente los porcentajes de devolución correspondiente;

3º En cualquier época está facultado para incluir nuevos productos en dicha lista;

4º En cualquier época puede aumentar los porcentajes de devolución de impuestos;

5º Solamente cada tres años podrá rebajar porcentajes de devolución de impuestos o retirar productos de la mencionada lista;

6º En casos calificados, podrá señalar plazos diferentes respecto de determinados productos durante los cuales no podrán retirarse de dicha lista, ni rebajarse los respectivos porcentajes de devolución, y

7° Igual garantía podrá otorgar a ciertos productos que se incluyan con posterioridad en la lista ya decretada.

El artículo 7º establece el valor de la mercadería sobre el cual se aplicará el porcentaje de devolución, y al efecto establece que se considerará el valor F. O. B.

El artículo 8º debe considerarse conjuntamente con el 9º ya que ambos tratan de la forma en que el Fisco efectuará la devolución de impuestos, vale decir por medio de certificados que se expedirán por medio del Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería.

También sobre este sistema devolutivo mediante el instrumento ya señalado, se produjo en la Comisión un extenso cambio de opiniones. En efecto, en primer lugar se expresaron dudas acerca de la utilidad que estos documentos pueden prestar a los exportadores o tenedores de ellos, ya que el proyecto en informe no autoriza el canje de estos certificados por dinero. En seguida, y como consecuencia de la premisa anterior, se formuló cuestión acerca de qué utilización podrá dársele a los saldos que restaran a los tenedores de los certificados una vez que hubieren aplicado parte de su valor al pago de cualquier obligación tributaria, aduanera, provisional, etc.

Finalmente, se discutió acerca de la forma en que se confeccionarían los certificados y de si admitían endoso. Igualmente se consideró una indicación para sustituir al comienzo del inciso primero la forma verbal "serán" por la siguiente: "podrán ser", y otra, que faculta a ios tenedores de certificados para cobrarlos directamente en Tesorería.

Sobre estas materias la Comisión recibió amplia información de parte de los funcionarios asesores del Banco Central de Chile, anteriormente individualizados, los cuales manifestaron que -estos certificados serán divisibles en cupones, a la orden, y, consecuencialmente, endosables, lo cual garantiza ampliamente a los tenedores de bonos para solventar obligaciones de las que se enumeran en el artículo 9º.

Más aún, quedó establecido en la Comisión que tal como está concebido este sistema, prestará una mayor utilidad a los exportadores dado el amplio campo de aplicación de los certificados, y que el hecho de que no puedan ser canjeados en dinero no producirá ningún perjuicio a las operaciones de exportación.

Por lo dicho, se rechazó la indicación señalada anteriormente sobre esta materia. La primera proposición fue aprobada, por cuanto sólo tiende a dar mayor flexibilidad al sistema.

El artículo 10 consulta el caso de que las mercaderías exportadas sean devueltas al país, para lo cual contempla el procedimiento a seguir en cuanto a la devolución de los respectivos certificados y autoriza la dictación de un Reglamento sobre la materia. Asimismo, establece la posible aplicación de sanciones a los exportadoras a los cuales se les devuelva su mercadería.

Por el artículo 11 se autoriza la liberación del pago de impuestos, derechos y demás gravámenes que se pagan por intermedio de las Aduanas, con la sola excepción de los impuestos adicionales establecidos en conformidad al artículo 169 de la ley Nº 13. 305 -que autoriza al Presidente de la República para imponer un tributo de hasta un 200 % sobre el valor C. I. F. de las mercaderías que se importen-, a la internación de equipos y maquinarias destinados a la instalación, ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción, a lo menos, en un 51% anual se destine a la exportación.

El porcentaje de exención tributaria, de acuerdo con el inciso segundo, será proporcional al volumen de la producción que la industria beneficiada destine a la exportación.

Sobre el particular se formularon dos indicaciones: la primera, tendiente a suprimir la frase final del inciso primero con el objeto de incluir en la exención los impuestos adicionales; y la segunda, tendiente a aplicar la misma exención tributaria en favor de las materias primas, partes, repuestos, aceites y lubricantes que se importen para la producción de un artículo destinado a la exportación.

En cuanto a la primera indicación, se expresó en la Comisión que los impuestos que contempla el mencionado artículo 169 de la ley Nº 13. 305 constituyen un mecanismo flexible que tiene por objeto regular, en un momento dado, la instalación de determinadas industrias que no sean convenientes para la economía nacional, lo cual queda entregado a la decisión del Presidente de la República. Por esta razón fue rechazada la indicación.

La segunda indicación fue rechazada por cuanto sería de muy difícil control la determinación de las especies que se ocuparían en la producción de un artículo de exportación, problema que no se presenta con la internación de una maquinaria o un equipo industrial.

El artículo en examen fue aprobado en razón de que constituye un fuerte incentivo para los empresarios, los que se verán obligados a aumentar su producción hasta obtener que sus exportaciones alcancen al mínimo establecido para poder acogerse a la franquicia antes señalada en lo referente a la internación de maquinarias y equipos, y, además, porque el porcentaje de liberación de impuestos será proporcional al volumen de producción destinada a la exportación por la industria favorecida.

El artículo 12, de carácter más bien reglamentario, tiende a regular los casos de enajenación de los bienes que hubieren gozado de las franquicias tributarias que contempla el proyecto y la forma en que deberán enterarse dichos derechos e impuestos por los adquirentes de estos bienes.

Los artículos 13, 14, y 15, contienen ideas fundamentales del proyecto, cuales son facultar al Presidente de la República para reglamentar un sistema operativo ágil y flexible de admisión temporal de bienes susceptibles de ser transformados o elaborados en el país y que se destinen exclusivamente a la exportación, con el objeto de producir un mayor ingreso derivado del valor agregado por la industria nacional; simplificar los trámites de las exportaciones y establecer un sistema de seguro a las exportaciones tendientes a cubrir de todo riesgo a los exportadores.

El artículo 16 autoriza al Banco Central de Chile para acordar líneas de crédito a los Bancos particulares para que éstos puedan atender al comercio de exportación y permitir la posibilidad a los industriales de adquirir bienes de capitales en el mercado interno, en las condiciones usuales en los mercados internacionales, sin las limitaciones establecidas en la Ley Orgánica del Banco Central de Chile y en la Ley General de Bancos.

Los artículos 17 y 18 derogan, en primer lugar, todo el régimen de bonificaciones de que disfrutan en la actualidad las exportaciones que se realicen por los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, las cuales en lo sucesivo se regirán por las normas del texto legal en estudio, porque se estimó que el proyecto en examen contempla las medidas necesarias que pueden ser aplicadas en esa zona con mayor beneficio que las actualmente vigentes; y, en segundo lugar, se derogan diversas disposiciones que contienen franquicias tributarias para la exportación de determinadas mercaderías o productos desde algunas zonas del país.

El artículo 19 no merece mayor comentario, por cuanto sólo hace aplicable las sanciones contempladas en la legislación común a los infractores, como las especiales contempladas en el texto legal en estudio.

Disposiciones Varias.

Este título, que abarca los artículos 20, 21 y 22, contiene diversas modificaciones a la ley Nº 16.250 y a la Ley sobre Impuesto a la Renta.

El artículo 20 contiene tres modificaciones al artículo 99 de la ley Nº 16. 250, en su texto actual, que consisten en lo siguiente:

1º.- Se establece que las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en el extranjero pagarán, además, del recargo de un 25 % durante los años tributarios de 1965, 1966 y 1967, al impuesto adicional, un impuesto de 7. 5% sobre el porcentaje de la utilidad devengada que les corresponda de acuerdo con su participación en el capital de la sociedad respectiva, o sea, estas personas, en definitiva, pagarán estas dos clases de impuestos;

2º.- Por la segunda modificación se aclara el concepto de utilidad devengada que corresponde a dicho tipo de accionistas por cuanto -como dice el Mensaje en la exposición de motivos- su interpretación puede prestarse a discusiones ante los Tribunales de Justicia o/y en ciertos casos, puede llegar a hacer inaplicable dicha disposición, y

3º.- La tercera modificación consiste en agregar un inciso final que tiene por objeto, según se expresó en la Comisión, atraer la inversión de capitales extranjeros en nuestro país mediante la exención del pago del recargo al impuesto adicional, del 7, 5 %, cuando los extranjeros declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o, en caso contrario, indiquen los nombres de sus verdaderos dueños.

Estas disposiciones regirán desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley Nº 16. 282, según lo establece el artículo 21.

El artículo 22 tiene por objeto eximir del pago del impuesto adicional contemplado en el artículo 60 de la Ley de la Renta, a las devoluciones de capital extranjero acogido a las disposiciones del Estatuto del Inversionista Extranjero, cuando estas devoluciones se efectúen durante la vida de la sociedad anónima chilena en la que se haya invertido capital, en conformidad con los plazos del decreto bajo cuyo amparo se efectuó la inversión. Esta disposición tiende a beneficiar solamente al capital originalmente aportado desde el extranjero y hasta concurrencia de su monto inicial, sin que pueda beneficiar en ningún caso al retiro de utilidades capitalizadas originadas por la explotación en Chile de dichos capitales.

A continuación, la Comisión acordó incluir tres disposiciones nuevas aprobadas a indicación de un miembro de ella y que tienen por objeto otorgar las mismas franquicias tributarias que favorecen a la Industria Azucarera Nacional (IANSA) S. A., a la Industria Azucarera de la Frontera S. A., que se encuentra actualmente en formación y que se piensa establecer en la provincia de Cautín.

Igualmente, se la libera del pago de todos los derechos de internación que gravan la importación de la maquinaria, útiles y elementos y demás bienes que adquiera dicha Empresa con el propósito exclusivo de construir y operar una fábrica de azúcar de remolacha en la provincia de Cautín.

La última disposición que beneficia a esta industria establece que este beneficio tributario se aplicará tanto a la sociedad actualmente en formación como a la sociedad que, en definitiva, quede legalmente constituida.

Artículos transitorios

El artículo 1º transitorio, junto con establecer que el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos afectos al beneficio de devolución de impuestos, dispone que en dicha lista quedarán incluidos los proyectos que ya figuraban en la lista confeccionada en conformidad

al artículo 20 del D.F.L. Nº 256, con un porcentaje mínimo de devolución igual al que tenían asignados a la fecha de publicación de la presente ley, según una modificación introducida por la Comisión.

En su inciso final este artículo hace aplicable las normas de dicho D.F.L. Nº 256 a las exportaciones que logren realizarse con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos beneficiados con la devolución de impuestos.

El segundo artículo transitorio regula una situación que puede presentarse con las exenciones que operan de pleno derecho en relación con la derogación que contempla el proyecto de ley en informe del D.F.L. Nº 256, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento que determine los actos, contratos, trámites o actuaciones que queden exentas del pago de todo impuesto. En este lapso, se aplicarán las normas del artículo 13 de dicho D.F.L, que considera este tipo de exenciones ipso jure.

Finalmente, el artículo 3º transitorio, establece que las empresas que se encontraren acogidas a los beneficios del artículo 14 del D.F.L. Nº 256, que exime del pago de impuestos a aquellas que se dediquen exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán optar entre el sistema del D.F.L. Nº 256 o el establecido en el proyecto en informe, a su elección.

En mérito de las razones expuestas, la Comisión de Economía y Comercio, por la unanimidad de sus miembros, acordó recomendar la aprobación del proyecto en informe, redactado en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

Estímulos a las exportaciones.

Artículo 1º.- Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también a las materias primas y partes que se emplean en la elaboración de productos de exportación, sean éstas nacionales o nacionalizadas, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Artículo 2º.- Las normas de esta ley no se aplicarán:

a) A las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa o motivo;

b) A las especies que entren al país, bajo un régimen suspensivo de derecho, sea de admisión temporal o de Almacenes Particulares y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

c) A las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, entendiéndose por tales, las que define el artículo 1º de la ley Nº 11. 828, publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 1955;

d) A la industria salitrera, que se rige por la ley Nº 12. 033, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956, y

e) A las industrias explotadoras de minerales de hierro, que no retornan al país el total de sus exportaciones.

Artículo 3º.- Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos, derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

El Reglamento determinará los actos, contratos, trámites o actuaciones comprendidos en el presente artículo, como asimismo los gravámenes de los cuales quedan exentos.

Artículo 4º.- Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3º, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5º.- El Presidente de la República, determinará por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo anterior y fijará libremente sus respectivos porcentajes, para lo cual podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de esos productos.

El porcentaje podrá ser diferente para un mismo producto si razones de incremento de la exportación en determinadas zonas o a través de ciertos puertos, distintas necesidades de los exportadores u otros motivos así lo aconsejen, a juicio del Presidente de la República.

En el caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras o artículos a media elaboración que ingresaren al país bajo un régimen suspensivos de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporadas en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará al valor agregado nacional.

El Presidente de la República podrá, en cualquier época, incluir nuevos productos en la lista así formada, fijándoles los porcentajes de devolución correspondientes. Asimismo, en cualquier época, podrá aumentar los porcentajes ya establecidos.

Cada tres años calendario, en el mes de enero siguiente a la expiración del trienio respectivo, el Presidente de la República podrá rebajar porcentajes y retirar productos de la lista referida; estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente.

Artículo 6°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República, en casos calificados podrá, al fijar la lista, señalar respecto de uno o más productos incluidos en ella, un plazo durante el cual no podrán retirarse de dicha lista ni rebajarse sus porcentajes respectivos de devolución.

El Presidente de la República podrá otorgar igual garantía respecto de productos que se incluyan con posterioridad a la lista ya formada. Una vez expirados los plazos especiales recién señalados, los productos respectivos quedarán sujetos al régimen general y podrán ser retirados de la lista o rebajados sus porcentajes en conformidad a las normas del artículo anterior.

Artículo 7º.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, se aplicarán sobre el valor F.O.B. de la mercadería y en ningún caso podrán exceder del 30%.

Artículo 8º.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores, se hará efectiva mediante la entrega de certificados que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías que no hubieren sido vendidas a firme, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación.

Igualmente, hacen excepción a lo dispuesto en el inciso primero, las exportaciones cuyo pago esté sujeto, total o parcialmente, a liquidación final. En estos casos, el Banco Central de Chile entregará provisoriamente al exportador, al momento de acreditarse el embarque, certificados por el monto que determine en cada caso el Comité Ejecutivo, los que deberán ser como asimismo equivalentes al 50% del total que correspondería de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. Una vez efectuado el retorno y liquidación de las divisas correspondientes a la exportación, el Banco Central entregará certificados por el saldo que legalmente corresponde, tomando en consideración para el cálculo exclusivamente el valor total obtenido por la exportación.

Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el valor F.O.B. de la mercadería, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

Artículo 9º.- Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por el Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Las Municipalidades, Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social, presentarán en cobro los certificados que reciban por los conceptos señalados, directamente a las Tesorerías Fiscales, las que deberán pagarlos a su presentación.

Artículo 10.- Las mercaderías enviadas a mercados exteriores y que se devuelvan al país no podrán ser internadas sino previa devolución del o los certificados a que se refiere el artículo 8? de esta ley y/o en su defecto, entero de su equivalencia en arcas fiscales.

Si la devolución al país de la mercadería exportada no está plenamente justificada a juicio de los organismos competentes, el pago de los impuestos y derechos correspondientes y el reintegro de las sumas percibidas como devolución de derechos, se efectuará con los recargos y los intereses que señale el Reglamento.

En los casos en que la mercadería fuese devuelta por deficiencias de calidad con respecto a los standards internacionales en las que se compruebe se incurrió por dolo o culpa del exportador, el reglamento establecerá multas u otras sanciones que deberán ser aplicadas administrativamente, de acuerdo al procedimiento que se establezca.

Artículo 11.- La importación de equipos y maquinarias destinados a la instalación ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción, a lo menos en un 51% anual, se destine a la exportación, podrá quedar liberada de los impuestos, gravámenes y demás derechos que se perciban por intermedio de las Aduanas, con excepción de los impuestos adicionales establecidos o que se establezcan en conformidad al artículo 169 de la ley Nº 13. 305 y sus modificaciones.

La liberación de derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por las Aduanas, referidos en el inciso anterior, deberá en todo caso ser proporcional al volumen de la producción que la industria favorecida destine a la exportación.

Para los efectos indicados en los incisos anteriores el Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días, contados desde la vigencia de esta ley, deberá dictar un Decreto que llevará la firma de los Ministros de Hacienda, y de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá las disposiciones que regirán el otorgamiento de las franquicias que en este artículo se señalan.

En el mismo Decreto, el Presidente de la República determinará el sistema de fiscalización para verificar el cumplimiento de las condiciones o requisitos exigidos para el otorgamiento de las franquicias, debiendo establecer las sanciones que se aplicarán en caso de contravención.

Artículo 12.- Los bienes que hubieren gozado de las franquicias a que se refiere el artículo 11, y que se enajenen, deberán pagar previamente todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que afecten la internación de ellos en el momento de su enajenación.

No obstante, si el adquirente goza o pueda gozar de exención de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, debiendo dictarse el Decreto Supremo que así lo establezca, en los casos en que corresponda.

Las personas o entidades que adquieran las especies a que se refiere el inciso primero de este artículo serán solidariamente responsables del pago de los derechos, impuestos y demás gravámenes señalados.

Sin embargo, estarán exentos de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciben por intermedio de las Aduanas, aquellos bienes que se enajenen una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de la internación, o bien en un plazo inferior en conformidad a las disposiciones generales de la Ordenanza de Aduanas.

Artículo 13.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio de exportación, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, partes y piezas que se incorporarán a un producto de exportación. Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a dichas materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales siempre que el producto final esté destinado exclusivamente a su uso o consumo en el exterior.

Artículo 14.- El Presidente de la República podrá en cualquier momento establecer normas con el objeto de simplificar la tramitación de las operaciones de exportación. Asimismo, podrá, en cualquier momento, modificar dichas normas.

El uso de esta facultad por el Presidente de la República no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas generales aplicables al comercio de exportación.

Artículo 15.- El Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro a las exportaciones por la o las entidades y en las condiciones que determine, con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, incluso de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos y otros.

Artículo 16.- El Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como asimismo para ventas internas de bienes de capital de producción nacional, en las condiciones, montos, plazos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las limitaciones contenidas en los D.F.L. Nºs 247 y 252, de 1960.

Los créditos que se otorguen de acuerdo a lo dispuesto en este artículo podrán ser reajustables.

Artículo 17.- Déjase sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9° de la ley Nº 12.937; 12º y 40º de la ley Nº 13.039; y letra b) del artículo 4 de la ley Nº 14.824. En lo sucesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.

No obstante, el rendimiento que hasta la publicación de esta ley produzca la aplicación de las disposiciones citadas en el inciso anterior, se destinará a cancelar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. El excedente de dichos fondos y el rendimiento que se produzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación.

Artículo 18.- Deróganse el Decreto con Fuerza de Ley Nº 256, de 1960; artículos 93, 94 y 95 de la ley Nº 12.861 y artículo 10 de la ley Nº 14.824.

Artículo 19.- Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias, civiles y criminales que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.

Disposiciones varias

Artículo 20.- Introdúcense al artículo 99 de la ley Nº 16.250, modificado por el artículo 58 transitorio de la ley N° 16.282, las siguientes modificaciones.

1.- Elimínase en el inciso cuarto los términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero".

2.- Agrégase en el inciso cuarto, en punto seguido, la siguiente frase: "Se considerará que la utilidad devengada que corresponde a los accionistas es equivalente al monto de la utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la respectiva sociedad anónima y que deba someterse a aprobación de la junta de Accionistas, con deducción de la parte que legalmente no puede ser de disposición voluntaria de dicha Junta y de aquella que ya se hubiere distribuido como dividendo provisorio".

3.- Agréganse los siguientes incisos finales:

"Estarán exentas del impuesto de 7, 5% las personas que declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o que dichos valores figuran a su nombre en razón de un encargo de administración, comisión de confianza u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquier título semejante, otorgado por el verdadero dueño cuya individualización y domicilio deberá señalarse en dicha declaración para que opere la exención. Si el verdadero dueño resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las sociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones cuando a su juicio exclusivo, debido al número de socios o a otra causa, sea muy difícil su cumplimiento".

Artículo 21.- Lo dispuesto en el artículo 20 regirá desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley Nº 16.282.

Artículo 22.- Agrégase al inciso primero del Nº 2 del artículo 60 de la Ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase en punto seguido: "También estarán exceptuadas del gravamen establecido en este número las devoluciones de capitales internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del D.F.L. Nº 437, de 1954, o del D.F.L. Nº 258, de 1960, o amparados por certificados o convenios suscritos con el Banco Central de Chile en conformidad a los artículos 14 y 16 del Decreto Nº 1. 272, de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el monto del capital efectivamente internado a Chile".

Para estos efectos, se considerará que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al momento de la devolución.

Artículo 23.- La Industria Azucarera de la Frontera S. A. gozará de las mismas franquicias tributarias que favorecen a la Industria Azucarera Nacional S. A., siempre que cumpla exclusivamente el mismo objetivo que ésta.

Artículo 24.- Libérase de todo derecho de internación, estadística ad-valorem, almacenaje y, en general, de todo impuesto o derecho, incluso los derechos consulares, y de toda otra contribución, depósito o garantía que grave la importación de las maquinarias, útiles, implementos y repuestos y demás bienes que sean adquiridos por la Industria Azucarera de la Frontera S. A. con el preciso objeto de construir y operar una Fábrica de Azúcar de Remolacha en la provincia de Cautín.

Artículo 25.- Las franquicias establecidas en los artículos precedentes son otorgadas tanto en favor de la actual Industria Azucarera de la Frontera S. A., en formación, inscrita con fecha 25 de octubre de 1964 bajo el número 2.627 en la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, como también en favor de la Industria Azucarera de la Frontera S.A., una vez que esté legalmente autorizada e instalada.

Artículos Transitorios

Artículo 1º.- Dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos indicada en el artículo 5º, entendiéndose que el primer trienio a que se refiere el inciso final de dicho artículo comienza a correr el 1º de enero de 1966.

Al fijar la lista indicada en el inciso anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha se encontraren comprendidos en la lista de productos establecidos en conformidad al artículo 20 del D.F.L. Nº 256, de 1960, señalándose como mínimo, un porcentaje de devolución igual al que tenía asignado a la fecha de publicación de esta ley; el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por el inciso final del artículo 5°, sin perjuicio de poder ejercitar a su respecto la facultad a que se refiere el inciso final del artículo 5º, en la oportunidad correspondiente.

Las exportaciones cuyos embarques se realicen con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas a las normas que sobre devolución de impuestos establece el D.F.L. Nº 256, del año 1960.

Artículo 2°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 18, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 3º, continuará en vigencia al artículo 13º del D.F.L. Nº 256, de 1960.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, las empresas que a la fecha de la publicación de esta ley se encontraren acogidas a los beneficios que establece el artículo 14 del D.F.L. Nº 256, de 1960, en relación con los artículos 6º, 7º, 8º y 9º de ese mismo texto, continuarán rigiéndose por dichas disposiciones.

A las empresas a que alude el inciso anterior, no se les aplicarán simultáneamente las normas de los artículos 4º y siguientes de esta ley, a menos que renuncien por escrito al régimen del artículo 14 del D.F.L. Nº 256 citado".

Sala de la Comisión, a 21 de octubre de 1965.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Stark (Presidente), Garay, Montt, Clavel, Corvalán, Pareto, Iglesias, Momberg y Turna.

Se designó Diputado Informante al H. señor Iglesias.

(Fdo. ): Fernando Parga Santelices, Secretario".

77.-INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO

Honorable Cámara:

La Comisión de Economía y Comercio pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple", por el cual se consultan diversas medidas tendientes a fomentar el incremento de las exportaciones.

Durante el estudio de este proyecto, la Comisión fue asesorada por el señor Subsecretario de Hacienda, don Andrés Zaldívar, el Jefe del Departamento de la Compraventa de la Dirección de Impuestos Internos, don Luis Illanes, el asesor del Banco Central de Chile, en exportaciones, don Fernando Barrios, y el abogado de dicho Banco, señor Gastón Illanes.

Igualmente, con el objeto de conocer el pensamiento de los diversos organismos representantes da la producción y el comercio, escuchó al abogado de la Asociación de Exportadores, señor Jerónimo Santa María, al abogado de la Cámara de Comercio, señor Eduardo Dagnino, y al Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril señor Fernando Smits, los cuales expusieron sus puntos de vista en una reunión informal que celebró la Comisión.

Las exportaciones de materias primas y de productos elaborados en el país se encuentran regidas actualmente por las normas consultada son el D.F.L. Nº 256, de 1960, en el cual se contemplan diversas medidas de fomento de este rubro del comercio internacional. Entre esas medidas deben mencionarse, especialmente, las exenciones del pago de impuestos que inciden en sus costos y precios para los productos que se exportan, la energía eléctrica y los combustibles empleados en su producción y en el transporte de los mismos hasta puerto de embarque y las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de ellos, sean éstas nacionales, nacionalizadas o importadas; las exenciones del pago de impuestos que operan de pleno derecho, que benefician a ciertas exportaciones, o actos o contratos referentes o conducentes a esta finalidad, y, finalmente, la devolución de los tributos pagados por los contribuyentes por parte del Fisco. También, consulta otros dos tipos de franquicias tributarias de menor aplicación y que consisten en la liberación anticipada de impuestos que afectan a una exportación y en la exención tributaria para las empresas que exportan la totalidad de su producción o mantienen secciones separadas para producir los productos que exportan.

Según datos proporcionados por la Dirección de Impuestos Internos, en el año 1964 la Tesorería ha devuelto impuestos por un valor de Eº 2.837.534,81 y se han imputado certificados a pago de impuestos, en la Tesorería de Santiago, por un valor de Eº 712.271,67, lo que permite estimar que el monto total en todo el país no excede de Eº 1.000.000, lo cual suma con las devoluciones, aproximadamente, Eº 4.000 000.

Desgraciadamente, la realidad ha demostrado que todos estos incentivos no han producido un aumento sustancial de nuestras exportaciones, que permita disminuir el desequilibrio de nuestra balanza de pagos, como se esperaba, situación que en los últimos tiempos se ha visto agravada al verse afectados algunos rubros importantes del comercio de exportación, como los productos del sector industrial, los cuales por su alto costo de producción no pueden competir con los productos similares en el mercado internacional. Solamente pueda afirmarse que ha habido un incremento, que es más aparente que real, de la exportación de los productos de la minería, debido, en gran parte, al aumento del precio del cobre en el mercado mundial.

Los hechos antes expuestos han producido un saldo desfavorable en nuestra balanza comercial, el cual se acentuó notoriamente durante el año 1964 y en los primeros meses del año en curso. Así, de acuerdo con datos estadísticos contenidos en el Boletín Nº 451, del Banco Central de Chile, correspondiente al mes de septiembre del presente año, se demuestra que hubo los siguientes, déficit mensuales, expresados en millones de dólares, durante el año 1964 y enero y febrero del presente año:

Ahora bien, con el objeto de remediar este desequilibrio en la balanza comercial, y consecuentemente, producir mayores ingresos en la economía privada, y nacional, el Ejecutivo ha propuesto un conjunto de medidas económicas y de facultades que se otorgan al Presidente de la República tendientes a aumentar los incentivos a la exportación.

Como medida básica el proyecto consulta expresamente la devolución de los impuestos, contribuciones, gravámenes y derechos que afectan a las exportaciones y sus componentes. Se comprenden en estos tributos solamente a aquellos que tienen incidencia en el costo o en el precio de los productos que se exportan.

A esta materia se refiere el artículo 4º del proyecto, que está en íntima relación con el artículo 1° y la mayoría de las demás disposiciones de que consta.

En efecto, dicho artículo 1º establece la posibilidad de que queden exentos del pago de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios, los productos que se exporten, incluyendo en esta exención a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque, como igualmente a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstas nacionales o nacionalizadas, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Obviamente, esta disposición tiene por objeto estimular nuestro comercio de exportación, ya que producirá, necesariamente, una rebaja considerable en los costos de producción de los bienes destinados a la exportación, y consecuencialmente, beneficiará a todos los factores que intervienen en el proceso de producción de dichos bienes. Además, producirá como consecuencia inmediata un estímulo para que los productores nacionales se interesen por entrar a competir en los mercados internacionales.

Se formuló durante la discusión particular de este artículo, indicación con el objeto de darle carácter imperativo a la exención, la cual fue rechazada por la Comisión luego de un extenso cambio de ideas sobre el particular, en atención a que su aprobación implicaría restarle flexibilidad al sistema central del proyecto, cual es el de ir adoptando periódicamente las medidas necesarias conducentes a perfeccionar o adaptar los estímulos para la expoliación, de los cuales el de mayor importancia es aquel que otorga al Presidente de la República la facultad de determinar la lista de los productos que serán favorecidos con el régimen devolutivo de tributos.

El artículo 2º consulta seis casos en los cuales no operará el beneficio de la devolución impositiva, con el objeto de favorecer exclusivamente operaciones de comercio de exportación de productos o materias primas de origen nacional que se hayan elaborado en Chile o que hayan sufrido un proceso de transformación en el país, cuando se trata de mercaderías extranjeras. Si no se dan estas circunstancias, no estará afecta la exportación al beneficio general de esta ley en proyecto.

Estos casos son los siguientes:

1º Las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa;

2º Las especies que entren al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares, y que se reexporten;

3º Las mercaderías nacionales que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

4º Las empresas productoras de cobre de la Gran Minería a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 11. 828 (sus exportaciones);

5º La industria salitrera regida por la ley Nº 12. 033 (sus exportaciones), y

6° Las exportaciones efectuadas por las industrias explotadoras de minerales de hierro que no retornan al país el total de ellas.

El artículo 3º consulta un precepto legal que ya se estaba aplicando en nuestro país en virtud de las normas del D. F. L. Nº 256, ya mencionado, pero que operaba a base de una enumeración taxativa que contenía el artículo 13 de dicho texto legal. Con la fórmula que aquí se propone, que entrega al Presidente de la República la determinación de los actos, contratos, trámites y actuaciones que serán liberados del pago de tributos, se espera fundadamente obtener mayores beneficios para los exportadores.

El artículo 4º ha sido analizado con anterioridad en este dictamen.

El artículo 5º, que guarda estrecha relación con el artículo 6º y que debe ser analizado conjuntamente con él, fue objeto de extensos debates durante su discusión particular y, además, se le formularon diversas indicaciones tendientes a modificarlo. El motivo de la discusión se centralizó alrededor de la facultad que otorga al Presidente de la República para determinar los productos afectos al régimen de estímulo, de fijarles los porcentajes de devolución correspondientes, de incluir nuevos productos en las listas, de retirarlos y de aumentar o rebajar aquellos porcentajes.

A juicio de algunos señores Diputados es necesario consultar un régimen de estabilidad que permita desarrollar industrias destinadas a producir bienes de exportación, razón por la cual es indispensable evitar el riesgo a que podrían estar sujetos estos empresarios si pudiere en cualquier época retirarse de las listas sus productos, e incluso se planteó la necesidad de aumentar el plazo de permanencia del producto en las listas de tres a diez años, lo que en definitiva se estimó exagerado.

Sobre este aspecto del problema se tomó conocimiento del texto de la legislación española sobre la materia, que lleva el Nº 29/65, publicada en el Boletín Oficial de España del 5 de mayo del presente año, la cual es de tal amplitud que autoriza el retiro de productos de exportación de la lista correspondiente, en cualquier momento.

Igualmente, se debatió una indicación que autoriza una nueva fórmula de estímulo para este tipo de actividades exportables, consistente en fijar diferentes porcentajes de devolución para un mismo producto en diferentes zonas del país cuando circunstancias especiales, que calificará el Presidente de la República, así lo aconsejen.

Esta indicación contó con el apoyo de la unanimidad de los miembros de la Comisión en atención a que su aplicación práctica contribuirá a dar cumplimiento más efectivo a los propósitos de la ley en proyecto.

Otra modificación que fue aprobada por la Comisión a este artículo, en el actual inciso cuarto, tiene por objeto dejar claramente establecido que el Presidente de la República podrá aumentar en cualquier momento los porcentajes de devolución de impuestos para algún producto de la lista.

En consecuencia, el sentido de estos artículos puede sintetizarse como sigue:

1º Es facultad privativa del Presidente de la República determinar por Decreto Supremo la lista de los productos afectos ai régimen de devolución;

2º Igual facultad tiene para fijar libremente los porcentajes de devolución correspondiente;

3º En cualquier época está facultado para incluir nuevos productos en dicha lista;

4º En cualquier época puede aumentar los porcentajes de devolución de impuestos;

5º Solamente cada tres años podrá rebajar porcentajes de devolución de impuestos o retirar productos de la mencionada lista;

6º En casos calificados, podrá señalar plazos diferentes respecto de determinados productos durante los cuales no podrán retirarse de dicha lista, ni rebajarse los respectivos porcentajes de devolución, y

7° Igual garantía podrá otorgar a ciertos productos que se incluyan con posterioridad en la lista ya decretada.

El artículo 7º establece el valor de la mercadería sobre el cual se aplicará el porcentaje de devolución, y al efecto establece que se considerará el valor F. O. B.

El artículo 8º debe considerarse conjuntamente con el 9º ya que ambos tratan de la forma en que el Fisco efectuará la devolución de impuestos, vale decir por medio de certificados que se expedirán por medio del Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería.

También sobre este sistema devolutivo mediante el instrumento ya señalado, se produjo en la Comisión un extenso cambio de opiniones. En efecto, en primer lugar se expresaron dudas acerca de la utilidad que estos documentos pueden prestar a los exportadores o tenedores de ellos, ya que el proyecto en informe no autoriza el canje de estos certificados por dinero. En seguida, y como consecuencia de la premisa anterior, se formuló cuestión acerca de qué utilización podrá dársele a los saldos que restaran a los tenedores de los certificados una vez que hubieren aplicado parte de su valor al pago de cualquier obligación tributaria, aduanera, provisional, etc.

Finalmente, se discutió acerca de la forma en que se confeccionarían los certificados y de si admitían endoso. Igualmente se consideró una indicación para sustituir al comienzo del inciso primero la forma verbal "serán" por la siguiente: "podrán ser", y otra, que faculta a ios tenedores de certificados para cobrarlos directamente en Tesorería.

Sobre estas materias la Comisión recibió amplia información de parte de los funcionarios asesores del Banco Central de Chile, anteriormente individualizados, los cuales manifestaron que -estos certificados serán divisibles en cupones, a la orden, y, consecuencialmente, endosables, lo cual garantiza ampliamente a los tenedores de bonos para solventar obligaciones de las que se enumeran en el artículo 9º.

Más aún, quedó establecido en la Comisión que tal como está concebido este sistema, prestará una mayor utilidad a los exportadores dado el amplio campo de aplicación de los certificados, y que el hecho de que no puedan ser canjeados en dinero no producirá ningún perjuicio a las operaciones de exportación.

Por lo dicho, se rechazó la indicación señalada anteriormente sobre esta materia. La primera proposición fue aprobada, por cuanto sólo tiende a dar mayor flexibilidad al sistema.

El artículo 10 consulta el caso de que las mercaderías exportadas sean devueltas al país, para lo cual contempla el procedimiento a seguir en cuanto a la devolución de los respectivos certificados y autoriza la dictación de un Reglamento sobre la materia. Asimismo, establece la posible aplicación de sanciones a los exportadoras a los cuales se les devuelva su mercadería.

Por el artículo 11 se autoriza la liberación del pago de impuestos, derechos y demás gravámenes que se pagan por intermedio de las Aduanas, con la sola excepción de los impuestos adicionales establecidos en conformidad al artículo 169 de la ley Nº 13. 305 -que autoriza al Presidente de la República para imponer un tributo de hasta un 200 % sobre el valor C. I. F. de las mercaderías que se importen-, a la internación de equipos y maquinarias destinados a la instalación, ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción, a lo menos, en un 51% anual se destine a la exportación.

El porcentaje de exención tributaria, de acuerdo con el inciso segundo, será proporcional al volumen de la producción que la industria beneficiada destine a la exportación.

Sobre el particular se formularon dos indicaciones: la primera, tendiente a suprimir la frase final del inciso primero con el objeto de incluir en la exención los impuestos adicionales; y la segunda, tendiente a aplicar la misma exención tributaria en favor de las materias primas, partes, repuestos, aceites y lubricantes que se importen para la producción de un artículo destinado a la exportación.

En cuanto a la primera indicación, se expresó en la Comisión que los impuestos que contempla el mencionado artículo 169 de la ley Nº 13. 305 constituyen un mecanismo flexible que tiene por objeto regular, en un momento dado, la instalación de determinadas industrias que no sean convenientes para la economía nacional, lo cual queda entregado a la decisión del Presidente de la República. Por esta razón fue rechazada la indicación.

La segunda indicación fue rechazada por cuanto sería de muy difícil control la determinación de las especies que se ocuparían en la producción de un artículo de exportación, problema que no se presenta con la internación de una maquinaria o un equipo industrial.

El artículo en examen fue aprobado en razón de que constituye un fuerte incentivo para los empresarios, los que se verán obligados a aumentar su producción hasta obtener que sus exportaciones alcancen al mínimo establecido para poder acogerse a la franquicia antes señalada en lo referente a la internación de maquinarias y equipos, y, además, porque el porcentaje de liberación de impuestos será proporcional al volumen de producción destinada a la exportación por la industria favorecida.

El artículo 12, de carácter más bien reglamentario, tiende a regular los casos de enajenación de los bienes que hubieren gozado de las franquicias tributarias que contempla el proyecto y la forma en que deberán enterarse dichos derechos e impuestos por los adquirentes de estos bienes.

Los artículos 13, 14, y 15, contienen ideas fundamentales del proyecto, cuales son facultar al Presidente de la República para reglamentar un sistema operativo ágil y flexible de admisión temporal de bienes susceptibles de ser transformados o elaborados en el país y que se destinen exclusivamente a la exportación, con el objeto de producir un mayor ingreso derivado del valor agregado por la industria nacional; simplificar los trámites de las exportaciones y establecer un sistema de seguro a las exportaciones tendientes a cubrir de todo riesgo a los exportadores.

El artículo 16 autoriza al Banco Central de Chile para acordar líneas de crédito a los Bancos particulares para que éstos puedan atender al comercio de exportación y permitir la posibilidad a los industriales de adquirir bienes de capitales en el mercado interno, en las condiciones usuales en los mercados internacionales, sin las limitaciones establecidas en la Ley Orgánica del Banco Central de Chile y en la Ley General de Bancos.

Los artículos 17 y 18 derogan, en primer lugar, todo el régimen de bonificaciones de que disfrutan en la actualidad las exportaciones que se realicen por los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, las cuales en lo sucesivo se regirán por las normas del texto legal en estudio, porque se estimó que el proyecto en examen contempla las medidas necesarias que pueden ser aplicadas en esa zona con mayor beneficio que las actualmente vigentes; y, en segundo lugar, se derogan diversas disposiciones que contienen franquicias tributarias para la exportación de determinadas mercaderías o productos desde algunas zonas del país.

El artículo 19 no merece mayor comentario, por cuanto sólo hace aplicable las sanciones contempladas en la legislación común a los infractores, como las especiales contempladas en el texto legal en estudio.

Disposiciones Varias.

Este título, que abarca los artículos 20, 21 y 22, contiene diversas modificaciones a la ley Nº 16.250 y a la Ley sobre Impuesto a la Renta.

El artículo 20 contiene tres modificaciones al artículo 99 de la ley Nº 16. 250, en su texto actual, que consisten en lo siguiente:

1º.- Se establece que las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en el extranjero pagarán, además, del recargo de un 25 % durante los años tributarios de 1965, 1966 y 1967, al impuesto adicional, un impuesto de 7. 5% sobre el porcentaje de la utilidad devengada que les corresponda de acuerdo con su participación en el capital de la sociedad respectiva, o sea, estas personas, en definitiva, pagarán estas dos clases de impuestos;

2º.- Por la segunda modificación se aclara el concepto de utilidad devengada que corresponde a dicho tipo de accionistas por cuanto -como dice el Mensaje en la exposición de motivos- su interpretación puede prestarse a discusiones ante los Tribunales de Justicia o/y en ciertos casos, puede llegar a hacer inaplicable dicha disposición, y

3º.- La tercera modificación consiste en agregar un inciso final que tiene por objeto, según se expresó en la Comisión, atraer la inversión de capitales extranjeros en nuestro país mediante la exención del pago del recargo al impuesto adicional, del 7, 5 %, cuando los extranjeros declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o, en caso contrario, indiquen los nombres de sus verdaderos dueños.

Estas disposiciones regirán desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley Nº 16. 282, según lo establece el artículo 21.

El artículo 22 tiene por objeto eximir del pago del impuesto adicional contemplado en el artículo 60 de la Ley de la Renta, a las devoluciones de capital extranjero acogido a las disposiciones del Estatuto del Inversionista Extranjero, cuando estas devoluciones se efectúen durante la vida de la sociedad anónima chilena en la que se haya invertido capital, en conformidad con los plazos del decreto bajo cuyo amparo se efectuó la inversión. Esta disposición tiende a beneficiar solamente al capital originalmente aportado desde el extranjero y hasta concurrencia de su monto inicial, sin que pueda beneficiar en ningún caso al retiro de utilidades capitalizadas originadas por la explotación en Chile de dichos capitales.

A continuación, la Comisión acordó incluir tres disposiciones nuevas aprobadas a indicación de un miembro de ella y que tienen por objeto otorgar las mismas franquicias tributarias que favorecen a la Industria Azucarera Nacional (IANSA) S. A., a la Industria Azucarera de la Frontera S. A., que se encuentra actualmente en formación y que se piensa establecer en la provincia de Cautín.

Igualmente, se la libera del pago de todos los derechos de internación que gravan la importación de la maquinaria, útiles y elementos y demás bienes que adquiera dicha Empresa con el propósito exclusivo de construir y operar una fábrica de azúcar de remolacha en la provincia de Cautín.

La última disposición que beneficia a esta industria establece que este beneficio tributario se aplicará tanto a la sociedad actualmente en formación como a la sociedad que, en definitiva, quede legalmente constituida.

Artículos transitorios

El artículo 1º transitorio, junto con establecer que el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos afectos al beneficio de devolución de impuestos, dispone que en dicha lista quedarán incluidos los proyectos que ya figuraban en la lista confeccionada en conformidad al artículo 20 del D.F.L. Nº 256, con un porcentaje mínimo de devolución igual al que tenían asignados a la fecha de publicación de la presente ley, según una modificación introducida por la Comisión.

En su inciso final este artículo hace aplicable las normas de dicho D.F.L. Nº 256 a las exportaciones que logren realizarse con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos beneficiados con la devolución de impuestos.

El segundo artículo transitorio regula una situación que puede presentarse con las exenciones que operan de pleno derecho en relación con la derogación que contempla el proyecto de ley en informe del D.F.L. Nº 256, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento que determine los actos, contratos, trámites o actuaciones que queden exentas del pago de todo impuesto. En este lapso, se aplicarán las normas del artículo 13 de dicho D.F.L, que considera este tipo de exenciones ipso jure.

Finalmente, el artículo 3º transitorio, establece que las empresas que se encontraren acogidas a los beneficios del artículo 14 del D.F.L. Nº 256, que exime del pago de impuestos a aquellas que se dediquen exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán optar entre el sistema del D.F.L. Nº 256 o el establecido en el proyecto en informe, a su elección.

En mérito de las razones expuestas, la Comisión de Economía y Comercio, por la unanimidad de sus miembros, acordó recomendar la aprobación del proyecto en informe, redactado en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

Estímulos a las exportaciones.

Artículo 1º.- Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también a las materias primas y partes que se emplean en la elaboración de productos de exportación, sean éstas nacionales o nacionalizadas, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Artículo 2º.- Las normas de esta ley no se aplicarán:

a) A las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa o motivo;

b) A las especies que entren al país, bajo un régimen suspensivo de derecho, sea de admisión temporal o de Almacenes Particulares y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

c) A las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, entendiéndose por tales, las que define el artículo 1º de la ley Nº 11. 828, publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 1955;

d) A la industria salitrera, que se rige por la ley Nº 12. 033, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956, y

e) A las industrias explotadoras de minerales de hierro, que no retornan al país el total de sus exportaciones.

Artículo 3º.- Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos, derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

El Reglamento determinará los actos, contratos, trámites o actuaciones comprendidos en el presente artículo, como asimismo los gravámenes de los cuales quedan exentos.

Artículo 4º.- Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3º, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5º.- El Presidente de la República, determinará por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo anterior y fijará libremente sus respectivos porcentajes, para lo cual podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de esos productos.

El porcentaje podrá ser diferente para un mismo producto si razones de incremento de la exportación en determinadas zonas o a través de ciertos puertos, distintas necesidades de los exportadores u otros motivos así lo aconsejen, a juicio del Presidente de la República.

En el caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras o artículos a media elaboración que ingresaren al país bajo un régimen suspensivos de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporadas en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará al valor agregado nacional.

El Presidente de la República podrá, en cualquier época, incluir nuevos productos en la lista así formada, fijándoles los porcentajes de devolución correspondientes. Asimismo, en cualquier época, podrá aumentar los porcentajes ya establecidos.

Cada tres años calendario, en el mes de enero siguiente a la expiración del trienio respectivo, el Presidente de la República podrá rebajar porcentajes y retirar productos de la lista referida; estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente.

Artículo 6°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República, en casos calificados podrá, al fijar la lista, señalar respecto de uno o más productos incluidos en ella, un plazo durante el cual no podrán retirarse de dicha lista ni rebajarse sus porcentajes respectivos de devolución.

El Presidente de la República podrá otorgar igual garantía respecto de productos que se incluyan con posterioridad a la lista ya formada. Una vez expirados los plazos especiales recién señalados, los productos respectivos quedarán sujetos al régimen general y podrán ser retirados de la lista o rebajados sus porcentajes en conformidad a las normas del artículo anterior.

Artículo 7º.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, se aplicarán sobre el valor F.O.B. de la mercadería y en ningún caso podrán exceder del 30%.

Artículo 8º.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores, se hará efectiva mediante la entrega de certificados que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías que no hubieren sido vendidas a firme, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación.

Igualmente, hacen excepción a lo dispuesto en el inciso primero, las exportaciones cuyo pago esté sujeto, total o parcialmente, a liquidación final. En estos casos, el Banco Central de Chile entregará provisoriamente al exportador, al momento de acreditarse el embarque, certificados por el monto que determine en cada caso el Comité Ejecutivo, los que deberán ser como asimismo equivalentes al 50% del total que correspondería de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. Una vez efectuado el retorno y liquidación de las divisas correspondientes a la exportación, el Banco Central entregará certificados por el saldo que legalmente corresponde, tomando en consideración para el cálculo exclusivamente el valor total obtenido por la exportación.

Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el valor F.O.B. de la mercadería, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

Artículo 9º.- Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por el Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Las Municipalidades, Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social, presentarán en cobro los certificados que reciban por los conceptos señalados, directamente a las Tesorerías Fiscales, las que deberán pagarlos a su presentación.

Artículo 10.- Las mercaderías enviadas a mercados exteriores y que se devuelvan al país no podrán ser internadas sino previa devolución del o los certificados a que se refiere el artículo 8? de esta ley y/o en su defecto, entero de su equivalencia en arcas fiscales.

Si la devolución al país de la mercadería exportada no está plenamente justificada a juicio de los organismos competentes, el pago de los impuestos y derechos correspondientes y el reintegro de las sumas percibidas como devolución de derechos, se efectuará con los recargos y los intereses que señale el Reglamento.

En los casos en que la mercadería fuese devuelta por deficiencias de calidad con respecto a los standards internacionales en las que se compruebe se incurrió por dolo o culpa del exportador, el reglamento establecerá multas u otras sanciones que deberán ser aplicadas administrativamente, de acuerdo al procedimiento que se establezca.

Artículo 11.- La importación de equipos y maquinarias destinados a la instalación ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción, a lo menos en un 51% anual, se destine a la exportación, podrá quedar liberada de los impuestos, gravámenes y demás derechos que se perciban por intermedio de las Aduanas, con excepción de los impuestos adicionales establecidos o que se establezcan en conformidad al artículo 169 de la ley Nº 13. 305 y sus modificaciones.

La liberación de derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por las Aduanas, referidos en el inciso anterior, deberá en todo caso ser proporcional al volumen de la producción que la industria favorecida destine a la exportación.

Para los efectos indicados en los incisos anteriores el Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días, contados desde la vigencia de esta ley, deberá dictar un Decreto que llevará la firma de los Ministros de Hacienda, y de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá las disposiciones que regirán el otorgamiento de las franquicias que en este artículo se señalan.

En el mismo Decreto, el Presidente de la República determinará el sistema de fiscalización para verificar el cumplimiento de las condiciones o requisitos exigidos para el otorgamiento de las franquicias, debiendo establecer las sanciones que se aplicarán en caso de contravención.

Artículo 12.- Los bienes que hubieren gozado de las franquicias a que se refiere el artículo 11, y que se enajenen, deberán pagar previamente todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que afecten la internación de ellos en el momento de su enajenación.

No obstante, si el adquirente goza o pueda gozar de exención de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, debiendo dictarse el Decreto Supremo que así lo establezca, en los casos en que corresponda.

Las personas o entidades que adquieran las especies a que se refiere el inciso primero de este artículo serán solidariamente responsables del pago de los derechos, impuestos y demás gravámenes señalados.

Sin embargo, estarán exentos de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciben por intermedio de las Aduanas, aquellos bienes que se enajenen una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de la internación, o bien en un plazo inferior en conformidad a las disposiciones generales de la Ordenanza de Aduanas.

Artículo 13.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio de exportación, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, partes y piezas que se incorporarán a un producto de exportación. Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a dichas materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales siempre que el producto final esté destinado exclusivamente a su uso o consumo en el exterior.

Artículo 14.- El Presidente de la República podrá en cualquier momento establecer normas con el objeto de simplificar la tramitación de las operaciones de exportación. Asimismo, podrá, en cualquier momento, modificar dichas normas.

El uso de esta facultad por el Presidente de la República no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas generales aplicables al comercio de exportación.

Artículo 15.- El Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro a las exportaciones por la o las entidades y en las condiciones que determine, con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, incluso de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos y otros.

Artículo 16.- El Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como asimismo para ventas internas de bienes de capital de producción nacional, en las condiciones, montos, plazos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las limitaciones contenidas en los D.F.L. Nºs 247 y 252, de 1960.

Los créditos que se otorguen de acuerdo a lo dispuesto en este artículo podrán ser reajustables.

Artículo 17.- Déjase sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9° de la ley Nº 12.937; 12º y 40º de la ley Nº 13.039; y letra b) del artículo 4 de la ley Nº 14.824. En lo sucesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.

No obstante, el rendimiento que hasta la publicación de esta ley produzca la aplicación de las disposiciones citadas en el inciso anterior, se destinará a cancelar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. El excedente de dichos fondos y el rendimiento que se produzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación.

Artículo 18.- Deróganse el Decreto con Fuerza de Ley Nº 256, de 1960; artículos 93, 94 y 95 de la ley Nº 12.861 y artículo 10 de la ley Nº 14.824.

Artículo 19.- Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias, civiles y criminales que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.

Disposiciones varias

Artículo 20.- Introdúcense al artículo 99 de la ley Nº 16.250, modificado por el artículo 58 transitorio de la ley N° 16.282, las siguientes modificaciones.

1.- Elimínase en el inciso cuarto los términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero".

2.- Agrégase en el inciso cuarto, en punto seguido, la siguiente frase: "Se considerará que la utilidad devengada que corresponde a los accionistas es equivalente al monto de la utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la respectiva sociedad anónima y que deba someterse a aprobación de la junta de Accionistas, con deducción de la parte que legalmente no puede ser de disposición voluntaria de dicha Junta y de aquella que ya se hubiere distribuido como dividendo provisorio".

3.- Agréganse los siguientes incisos finales:

"Estarán exentas del impuesto de 7, 5% las personas que declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o que dichos valores figuran a su nombre en razón de un encargo de administración, comisión de confianza u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquier título semejante, otorgado por el verdadero dueño cuya individualización y domicilio deberá señalarse en dicha declaración para que opere la exención. Si el verdadero dueño resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las sociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones cuando a su juicio exclusivo, debido al número de socios o a otra causa, sea muy difícil su cumplimiento".

Artículo 21.- Lo dispuesto en el artículo 20 regirá desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley Nº 16.282.

Artículo 22.- Agrégase al inciso primero del Nº 2 del artículo 60 de la Ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase en punto seguido: "También estarán exceptuadas del gravamen establecido en este número las devoluciones de capitales internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del D.F.L. Nº 437, de 1954, o del D.F.L. Nº 258, de 1960, o amparados por certificados o convenios suscritos con el Banco Central de Chile en conformidad a los artículos 14 y 16 del Decreto Nº 1. 272, de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el monto del capital efectivamente internado a Chile".

Para estos efectos, se considerará que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al momento de la devolución.

Artículo 23.- La Industria Azucarera de la Frontera S. A. gozará de las mismas franquicias tributarias que favorecen a la Industria Azucarera Nacional S. A., siempre que cumpla exclusivamente el mismo objetivo que ésta.

Artículo 24.- Libérase de todo derecho de internación, estadística ad-valorem, almacenaje y, en general, de todo impuesto o derecho, incluso los derechos consulares, y de toda otra contribución, depósito o garantía que grave la importación de las maquinarias, útiles, implementos y repuestos y demás bienes que sean adquiridos por la Industria Azucarera de la Frontera S. A. con el preciso objeto de construir y operar una Fábrica de Azúcar de Remolacha en la provincia de Cautín.

Artículo 25.- Las franquicias establecidas en los artículos precedentes son otorgadas tanto en favor de la actual Industria Azucarera de la Frontera S. A., en formación, inscrita con fecha 25 de octubre de 1964 bajo el número 2.627 en la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, como también en favor de la Industria Azucarera de la Frontera S.A., una vez que esté legalmente autorizada e instalada.

Artículos Transitorios

Artículo 1º.- Dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos indicada en el artículo 5º, entendiéndose que el primer trienio a que se refiere el inciso final de dicho artículo comienza a correr el 1º de enero de 1966.

Al fijar la lista indicada en el inciso anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha se encontraren comprendidos en la lista de productos establecidos en conformidad al artículo 20 del D.F.L. Nº 256, de 1960, señalándose como mínimo, un porcentaje de devolución igual al que tenía asignado a la fecha de publicación de esta ley; el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por el inciso final del artículo 5°, sin perjuicio de poder ejercitar a su respecto la facultad a que se refiere el inciso final del artículo 5º, en la oportunidad correspondiente.

Las exportaciones cuyos embarques se realicen con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas a las normas que sobre devolución de impuestos establece el D.F.L. Nº 256, del año 1960.

Artículo 2°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 18, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 3º, continuará en vigencia al artículo 13º del D.F.L. Nº 256, de 1960.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, las empresas que a la fecha de la publicación de esta ley se encontraren acogidas a los beneficios que establece el artículo 14 del D.F.L. Nº 256, de 1960, en relación con los artículos 6º, 7º, 8º y 9º de ese mismo texto, continuarán rigiéndose por dichas disposiciones.

A las empresas a que alude el inciso anterior, no se les aplicarán simultáneamente las normas de los artículos 4º y siguientes de esta ley, a menos que renuncien por escrito al régimen del artículo 14 del D.F.L. Nº 256 citado".

Sala de la Comisión, a 21 de octubre de 1965.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Stark (Presidente), Garay, Montt, Clavel, Corvalán, Pareto, Iglesias, Momberg y Turna.

Se designó Diputado Informante al H. señor Iglesias.

(Fdo.): Fernando Parga Santelices, Secretario".

77.-INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO

Honorable Cámara:

La Comisión de Economía y Comercio pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple", por el cual se consultan diversas medidas tendientes a fomentar el incremento de las exportaciones.

Durante el estudio de este proyecto, la Comisión fue asesorada por el señor Subsecretario de Hacienda, don Andrés Zaldívar, el Jefe del Departamento de la Compraventa de la Dirección de Impuestos Internos, don Luis Illanes, el asesor del Banco Central de Chile, en exportaciones, don Fernando Barrios, y el abogado de dicho Banco, señor Gastón Illanes.

Igualmente, con el objeto de conocer el pensamiento de los diversos organismos representantes da la producción y el comercio, escuchó al abogado de la Asociación de Exportadores, señor Jerónimo Santa María, al abogado de la Cámara de Comercio, señor Eduardo Dagnino, y al Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril señor Fernando Smits, los cuales expusieron sus puntos de vista en una reunión informal que celebró la Comisión.

Las exportaciones de materias primas y de productos elaborados en el país se encuentran regidas actualmente por las normas consultada son el D.F.L. Nº 256, de 1960, en el cual se contemplan diversas medidas de fomento de este rubro del comercio internacional. Entre esas medidas deben mencionarse, especialmente, las exenciones del pago de impuestos que inciden en sus costos y precios para los productos que se exportan, la energía eléctrica y los combustibles empleados en su producción y en el transporte de los mismos hasta puerto de embarque y las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de ellos, sean éstas nacionales, nacionalizadas o importadas; las exenciones del pago de impuestos que operan de pleno derecho, que benefician a ciertas exportaciones, o actos o contratos referentes o conducentes a esta finalidad, y, finalmente, la devolución de los tributos pagados por los contribuyentes por parte del Fisco. También, consulta otros dos tipos de franquicias tributarias de menor aplicación y que consisten en la liberación anticipada de impuestos que afectan a una exportación y en la exención tributaria para las empresas que exportan la totalidad de su producción o mantienen secciones separadas para producir los productos que exportan.

Según datos proporcionados por la Dirección de Impuestos Internos, en el año 1964 la Tesorería ha devuelto impuestos por un valor de Eº 2.837.534,81 y se han imputado certificados a pago de impuestos, en la Tesorería de Santiago, por un valor de Eº 712.271,67, lo que permite estimar que el monto total en todo el país no excede de Eº 1.000.000, lo cual suma con las devoluciones, aproximadamente, Eº 4.000 000.

Desgraciadamente, la realidad ha demostrado que todos estos incentivos no han producido un aumento sustancial de nuestras exportaciones, que permita disminuir el desequilibrio de nuestra balanza de pagos, como se esperaba, situación que en los últimos tiempos se ha visto agravada al verse afectados algunos rubros importantes del comercio de exportación, como los productos del sector industrial, los cuales por su alto costo de producción no pueden competir con los productos similares en el mercado internacional. Solamente pueda afirmarse que ha habido un incremento, que es más aparente que real, de la exportación de los productos de la minería, debido, en gran parte, al aumento del precio del cobre en el mercado mundial.

Los hechos antes expuestos han producido un saldo desfavorable en nuestra balanza comercial, el cual se acentuó notoriamente durante el año 1964 y en los primeros meses del año en curso. Así, de acuerdo con datos estadísticos contenidos en el Boletín Nº 451, del Banco Central de Chile, correspondiente al mes de septiembre del presente año, se demuestra que hubo los siguientes, déficit mensuales, expresados en millones de dólares, durante el año 1964 y enero y febrero del presente año:

Ahora bien, con el objeto de remediar este desequilibrio en la balanza comercial, y consecuentemente, producir mayores ingresos en la economía privada, y nacional, el Ejecutivo ha propuesto un conjunto de medidas económicas y de facultades que se otorgan al Presidente de la República tendientes a aumentar los incentivos a la exportación.

Como medida básica el proyecto consulta expresamente la devolución de los impuestos, contribuciones, gravámenes y derechos que afectan a las exportaciones y sus componentes. Se comprenden en estos tributos solamente a aquellos que tienen incidencia en el costo o en el precio de los productos que se exportan.

A esta materia se refiere el artículo 4º del proyecto, que está en íntima relación con el artículo 1° y la mayoría de las demás disposiciones de que consta.

En efecto, dicho artículo 1º establece la posibilidad de que queden exentos del pago de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios, los productos que se exporten, incluyendo en esta exención a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque, como igualmente a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstas nacionales o nacionalizadas, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Obviamente, esta disposición tiene por objeto estimular nuestro comercio de exportación, ya que producirá, necesariamente, una rebaja considerable en los costos de producción de los bienes destinados a la exportación, y consecuencialmente, beneficiará a todos los factores que intervienen en el proceso de producción de dichos bienes. Además, producirá como consecuencia inmediata un estímulo para que los productores nacionales se interesen por entrar a competir en los mercados internacionales.

Se formuló durante la discusión particular de este artículo, indicación con el objeto de darle carácter imperativo a la exención, la cual fue rechazada por la Comisión luego de un extenso cambio de ideas sobre el particular, en atención a que su aprobación implicaría restarle flexibilidad al sistema central del proyecto, cual es el de ir adoptando periódicamente las medidas necesarias conducentes a perfeccionar o adaptar los estímulos para la expoliación, de los cuales el de mayor importancia es aquel que otorga al Presidente de la República la facultad de determinar la lista de los productos que serán favorecidos con el régimen devolutivo de tributos.

El artículo 2º consulta seis casos en los cuales no operará el beneficio de la devolución impositiva, con el objeto de favorecer exclusivamente operaciones de comercio de exportación de productos o materias primas de origen nacional que se hayan elaborado en Chile o que hayan sufrido un proceso de transformación en el país, cuando se trata de mercaderías extranjeras. Si no se dan estas circunstancias, no estará afecta la exportación al beneficio general de esta ley en proyecto.

Estos casos son los siguientes:

1º Las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa;

2º Las especies que entren al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares, y que se reexporten;

3º Las mercaderías nacionales que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

4º Las empresas productoras de cobre de la Gran Minería a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 11. 828 (sus exportaciones);

5º La industria salitrera regida por la ley Nº 12. 033 (sus exportaciones), y

Las exportaciones efectuadas por las industrias explotadoras de minerales de hierro que no retornan al país el total de ellas.

El artículo 3º consulta un precepto legal que ya se estaba aplicando en nuestro país en virtud de las normas del D. F. L. Nº 256, ya mencionado, pero que operaba a base de una enumeración taxativa que contenía el artículo 13 de dicho texto legal. Con la fórmula que aquí se propone, que entrega al Presidente de la República la determinación de los actos, contratos, trámites y actuaciones que serán liberados del pago de tributos, se espera fundadamente obtener mayores beneficios para los exportadores.

El artículo 4º ha sido analizado con anterioridad en este dictamen.

El artículo 5º, que guarda estrecha relación con el artículo 6º y que debe ser analizado conjuntamente con él, fue objeto de extensos debates durante su discusión particular y, además, se le formularon diversas indicaciones tendientes a modificarlo. El motivo de la discusión se centralizó alrededor de la facultad que otorga al Presidente de la República para determinar los productos afectos al régimen de estímulo, de fijarles los porcentajes de devolución correspondientes, de incluir nuevos productos en las listas, de retirarlos y de aumentar o rebajar aquellos porcentajes.

A juicio de algunos señores Diputados es necesario consultar un régimen de estabilidad que permita desarrollar industrias destinadas a producir bienes de exportación, razón por la cual es indispensable evitar el riesgo a que podrían estar sujetos estos empresarios si pudiere en cualquier época retirarse de las listas sus productos, e incluso se planteó la necesidad de aumentar el plazo de permanencia del producto en las listas de tres a diez años, lo que en definitiva se estimó exagerado.

Sobre este aspecto del problema se tomó conocimiento del texto de la legislación española sobre la materia, que lleva el Nº 29/65, publicada en el Boletín Oficial de España de! 5 de mayo del presente año, la cual es de tal amplitud que autoriza el retiro de productos de exportación de la lista correspondiente, en cualquier momento.

Igualmente, se debatió una indicación que autoriza una nueva fórmula de estímulo para este tipo de actividades exportables, consistente en fijar diferentes porcentajes de devolución para un mismo producto en diferentes zonas del país cuando circunstancias especiales, que calificará el Presidente de la República, así lo aconsejen.

Esta indicación contó con el apoyo de la unanimidad de los miembros de la Comisión en atención a que su aplicación práctica contribuirá a dar cumplimiento más efectivo a los propósitos de la ley en proyecto.

Otra modificación que fue aprobada por la Comisión a este artículo, en el actual inciso cuarto, tiene por objeto dejar claramente establecido que el Presidente de la República podrá aumentar en cualquier momento los porcentajes de devolución de impuestos para algún producto de la lista.

En consecuencia, el sentido de estos artículos puede sintetizarse como sigue:

1º Es facultad privativa del Presidente de la República determinar por Decreto Supremo la lista de los productos afectos ai régimen de devolución;

2º Igual facultad tiene para fijar libremente los porcentajes de devolución correspondiente;

3º En cualquier época está facultado para incluir nuevos productos en dicha lista;

4º En cualquier época puede aumentar los porcentajes de devolución de impuestos;

5º Solamente cada tres años podrá rebajar porcentajes de devolución de impuestos o retirar productos de la mencionada lista;

6º En casos calificados, podrá señalar plazos diferentes respecto de determinados productos durante los cuales no podrán retirarse de dicha lista, ni rebajarse los respectivos porcentajes de devolución, y

Igual garantía podrá otorgar a ciertos productos que se incluyan con posterioridad en la lista ya decretada.

El artículo 7º establece el valor de la mercadería sobre el cual se aplicará el porcentaje de devolución, y al efecto establece que se considerará el valor F. O. B.

El artículo 8º debe considerarse conjuntamente con el 9º ya que ambos tratan de la forma en que el Fisco efectuará la devolución de impuestos, vale decir por medio de certificados que se expedirán por medio del Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería.

También sobre este sistema devolutivo mediante el instrumento ya señalado, se produjo en la Comisión un extenso cambio de opiniones. En efecto, en primer lugar se expresaron dudas acerca de la utilidad que estos documentos pueden prestar a los exportadores o tenedores de ellos, ya que el proyecto en informe no autoriza el canje de estos certificados por dinero. En seguida, y como consecuencia de la premisa anterior, se formuló cuestión acerca de qué utilización podrá dársele a los saldos que restaran a los tenedores de los certificados una vez que hubieren aplicado parte de su valor al pago de cualquier obligación tributaria, aduanera, provisional, etc.

Finalmente, se discutió acerca de la forma en que se confeccionarían los certificados y de si admitían endoso. Igualmente se consideró una indicación para sustituir al comienzo del inciso primero la forma verbal "serán" por la siguiente: "podrán ser", y otra, que faculta a ios tenedores de certificados para cobrarlos directamente en Tesorería.

Sobre estas materias la Comisión recibió amplia información de parte de los funcionarios asesores del Banco Central de Chile, anteriormente individualizados, los cuales manifestaron que -estos certificados serán divisibles en cupones, a la orden, y, consecuencialmente, endosables, lo cual garantiza ampliamente a los tenedores de bonos para solventar obligaciones de las que se enumeran en el artículo 9º.

Más aún, quedó establecido en la Comisión que tal como está concebido este sistema, prestará una mayor utilidad a los exportadores dado el amplio campo de aplicación de los certificados, y que el hecho de que no puedan ser canjeados en dinero no producirá ningún perjuicio a las operaciones de exportación.

Por lo dicho, se rechazó la indicación señalada anteriormente sobre esta materia. La primera proposición fue aprobada, por cuanto sólo tiende a dar mayor flexibilidad al sistema.

El artículo 10 consulta el caso de que las mercaderías exportadas sean devueltas al país, para lo cual contempla el procedimiento a seguir en cuanto a la devolución de los respectivos certificados y autoriza la dictación de un Reglamento sobre la materia. Asimismo, establece la posible aplicación de sanciones a los exportadoras a los cuales se les devuelva su mercadería.

Por el artículo 11 se autoriza la liberación del pago de impuestos, derechos y demás gravámenes que se pagan por intermedio de las Aduanas, con la sola excepción de los impuestos adicionales establecidos en conformidad al artículo 169 de la ley Nº 13. 305 -que autoriza al Presidente de la República para imponer un tributo de hasta un 200 % sobre el valor C. I. F. de las mercaderías que se importen-, a la internación de equipos y maquinarias destinados a la instalación, ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción, a lo menos, en un 51% anual se destine a la exportación.

El porcentaje de exención tributaria, de acuerdo con el inciso segundo, será proporcional al volumen de la producción que la industria beneficiada destine a la exportación.

Sobre el particular se formularon dos indicaciones: la primera, tendiente a suprimir la frase final del inciso primero con el objeto de incluir en la exención los impuestos adicionales; y la segunda, tendiente a aplicar la misma exención tributaria en favor de las materias primas, partes, repuestos, aceites y lubricantes que se importen para la producción de un artículo destinado a la exportación.

En cuanto a la primera indicación, se expresó en la Comisión que los impuestos que contempla el mencionado artículo 169 de la ley Nº 13. 305 constituyen un mecanismo flexible que tiene por objeto regular, en un momento dado, la instalación de determinadas industrias que no sean convenientes para la economía nacional, lo cual queda entregado a la decisión del Presidente de la República. Por esta razón fue rechazada la indicación.

La segunda indicación fue rechazada por cuanto sería de muy difícil control la determinación de las especies que se ocuparían en la producción de un artículo de exportación, problema que no se presenta con la internación de una maquinaria o un equipo industrial.

El artículo en examen fue aprobado en razón de que constituye un fuerte incentivo para los empresarios, los que se verán obligados a aumentar su producción hasta obtener que sus exportaciones alcancen al mínimo establecido para poder acogerse a la franquicia antes señalada en lo referente a la internación de maquinarias y equipos, y, además, porque el porcentaje de liberación de impuestos será proporcional al volumen de producción destinada a la exportación por la industria favorecida.

El artículo 12, de carácter más bien reglamentario, tiende a regular los casos de enajenación de los bienes que hubieren gozado de las franquicias tributarias que contempla el proyecto y la forma en que deberán enterarse dichos derechos e impuestos por los adquirentes de estos bienes.

Los artículos 13, 14, y 15, contienen ideas fundamentales del proyecto, cuales son facultar al Presidente de la República para reglamentar un sistema operativo ágil y flexible de admisión temporal de bienes susceptibles de ser transformados o elaborados en el país y que se destinen exclusivamente a la exportación, con el objeto de producir un mayor ingreso derivado del valor agregado por la industria nacional; simplificar los trámites de las exportaciones y establecer un sistema de seguro a las exportaciones tendientes a cubrir de todo riesgo a los exportadores.

El artículo 16 autoriza al Banco Central de Chile para acordar líneas de crédito a los Bancos particulares para que éstos puedan atender al comercio de exportación y permitir la posibilidad a los industriales de adquirir bienes de capitales en el mercado interno, en las condiciones usuales en los mercados internacionales, sin las limitaciones establecidas en la Ley Orgánica del Banco Central de Chile y en la Ley General de Bancos.

Los artículos 17 y 18 derogan, en primer lugar, todo el régimen de bonificaciones de que disfrutan en la actualidad las exportaciones que se realicen por los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, las cuales en lo sucesivo se regirán por las normas del texto legal en estudio, porque se estimó que el proyecto en examen contempla las medidas necesarias que pueden ser aplicadas en esa zona con mayor beneficio que las actualmente vigentes; y, en segundo lugar, se derogan diversas disposiciones que contienen franquicias tributarias para la exportación de determinadas mercaderías o productos desde algunas zonas del país.

El artículo 19 no merece mayor comentario, por cuanto sólo hace aplicable las sanciones contempladas en la legislación común a los infractores, como las especiales contempladas en el texto legal en estudio.

Disposiciones Varias.

Este título, que abarca los artículos 20, 21 y 22, contiene diversas modificaciones a la ley Nº 16.250 y a la Ley sobre Impuesto a la Renta.

El artículo 20 contiene tres modificaciones al artículo 99 de la ley Nº 16. 250, en su texto actual, que consisten en lo siguiente:

1º.- Se establece que las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en el extranjero pagarán, además, del recargo de un 25 % durante los años tributarios de 1965, 1966 y 1967, al impuesto adicional, un impuesto de 7. 5% sobre el porcentaje de la utilidad devengada que les corresponda de acuerdo con su participación en el capital de la sociedad respectiva, o sea, estas personas, en definitiva, pagarán estas dos clases de impuestos;

2º.- Por la segunda modificación se aclara el concepto de utilidad devengada que corresponde a dicho tipo de accionistas por cuanto -como dice el Mensaje en la exposición de motivos- su interpretación puede prestarse a discusiones ante los Tribunales de Justicia o/y en ciertos casos, puede llegar a hacer inaplicable dicha disposición, y

3º.- La tercera modificación consiste en agregar un inciso final que tiene por objeto, según se expresó en la Comisión, atraer la inversión de capitales extranjeros en nuestro país mediante la exención del pago del recargo al impuesto adicional, del 7, 5 %, cuando los extranjeros declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o, en caso contrario, indiquen los nombres de sus verdaderos dueños.

Estas disposiciones regirán desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley Nº 16. 282, según lo establece el artículo 21.

El artículo 22 tiene por objeto eximir del pago del impuesto adicional contemplado en el artículo 60 de la Ley de la Renta, a las devoluciones de capital extranjero acogido a las disposiciones del Estatuto del Inversionista Extranjero, cuando estas devoluciones se efectúen durante la vida de la sociedad anónima chilena en la que se haya invertido capital, en conformidad con los plazos del decreto bajo cuyo amparo se efectuó la inversión. Esta disposición tiende a beneficiar solamente al capital originalmente aportado desde el extranjero y hasta concurrencia de su monto inicial, sin que pueda beneficiar en ningún caso al retiro de utilidades capitalizadas originadas por la explotación en Chile de dichos capitales.

A continuación, la Comisión acordó incluir tres disposiciones nuevas aprobadas a indicación de un miembro de ella y que tienen por objeto otorgar las mismas franquicias tributarias que favorecen a la Industria Azucarera Nacional (IANSA) S. A., a la Industria Azucarera de la Frontera S. A., que se encuentra actualmente en formación y que se piensa establecer en la provincia de Cautín.

Igualmente, se la libera del pago de todos los derechos de internación que gravan la importación de la maquinaria, útiles y elementos y demás bienes que adquiera dicha Empresa con el propósito exclusivo de construir y operar una fábrica de azúcar de remolacha en la provincia de Cautín.

La última disposición que beneficia a esta industria establece que este beneficio tributario se aplicará tanto a la sociedad actualmente en formación como a la sociedad que, en definitiva, quede legalmente constituida.

Artículos transitorios

El artículo 1º transitorio, junto con establecer que el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos afectos al beneficio de devolución de impuestos, dispone que en dicha lista quedarán incluidos los proyectos que ya figuraban en la lista confeccionada en conformidad al artículo 20 del D.F.L. Nº 256, con un porcentaje mínimo de devolución igual al que tenían asignados a la fecha de publicación de la presente ley, según una modificación introducida por la Comisión.

En su inciso final este artículo hace aplicable las normas de dicho D.F.L. Nº 256 a las exportaciones que logren realizarse con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos beneficiados con la devolución de impuestos.

El segundo artículo transitorio regula una situación que puede presentarse con las exenciones que operan de pleno derecho en relación con la derogación que contempla el proyecto de ley en informe del D.F.L. Nº 256, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento que determine los actos, contratos, trámites o actuaciones que queden exentas del pago de todo impuesto. En este lapso, se aplicarán las normas del artículo 13 de dicho D.F.L, que considera este tipo de exenciones ipso jure.

Finalmente, el artículo 3º transitorio, establece que las empresas que se encontraren acogidas a los beneficios del artículo 14 del D.F.L. Nº 256, que exime del pago de impuestos a aquellas que se dediquen exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán optar entre el sistema del D.F.L. Nº 256 o el establecido en el proyecto en informe, a su elección.

En mérito de las razones expuestas, la Comisión de Economía y Comercio, por la unanimidad de sus miembros, acordó recomendar la aprobación del proyecto en informe, redactado en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

Estímulos a las exportaciones.

Artículo 1º.- Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también a las materias primas y partes que se emplean en la elaboración de productos de exportación, sean éstas nacionales o nacionalizadas, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Artículo 2º.- Las normas de esta ley no se aplicarán:

a) A las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa o motivo;

b) A las especies que entren al país, bajo un régimen suspensivo de derecho, sea de admisión temporal o de Almacenes Particulares y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

c) A las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, entendiéndose por tales, las que define el artículo 1º de la ley Nº 11. 828, publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 1955;

d) A la industria salitrera, que se rige por la ley Nº 12. 033, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956, y

e) A las industrias explotadoras de minerales de hierro, que no retornan al país el total de sus exportaciones.

Artículo 3º.- Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos, derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

El Reglamento determinará los actos, contratos, trámites o actuaciones comprendidos en el presente artículo, como asimismo los gravámenes de los cuales quedan exentos.

Artículo 4º.- Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3º, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5º.- El Presidente de la República, determinará por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo anterior y fijará libremente sus respectivos porcentajes, para lo cual podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de esos productos.

El porcentaje podrá ser diferente para un mismo producto si razones de incremento de la exportación en determinadas zonas o a través de ciertos puertos, distintas necesidades de los exportadores u otros motivos así lo aconsejen, a juicio del Presidente de la República.

En el caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras o artículos a media elaboración que ingresaren al país bajo un régimen suspensivos de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporadas en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará al valor agregado nacional.

El Presidente de la República podrá, en cualquier época, incluir nuevos productos en la lista así formada, fijándoles los porcentajes de devolución correspondientes. Asimismo, en cualquier época, podrá aumentar los porcentajes ya establecidos.

Cada tres años calendario, en el mes de enero siguiente a la expiración del trienio respectivo, el Presidente de la República podrá rebajar porcentajes y retirar productos de la lista referida; estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente.

Artículo 6°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República, en casos calificados podrá, al fijar la lista, señalar respecto de uno o más productos incluidos en ella, un plazo durante el cual no podrán retirarse de dicha lista ni rebajarse sus porcentajes respectivos de devolución.

El Presidente de la República podrá otorgar igual garantía respecto de productos que se incluyan con posterioridad a la lista ya formada. Una vez expirados los plazos especiales recién señalados, los productos respectivos quedarán sujetos al régimen general y podrán ser retirados de la lista o rebajados sus porcentajes en conformidad a las normas del artículo anterior.

Artículo 7º.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, se aplicarán sobre el valor F.O.B. de la mercadería y en ningún caso podrán exceder del 30%.

Artículo 8º.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores, se hará efectiva mediante la entrega de certificados que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías que no hubieren sido vendidas a firme, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación.

Igualmente, hacen excepción a lo dispuesto en el inciso primero, las exportaciones cuyo pago esté sujeto, total o parcialmente, a liquidación final. En estos casos, el Banco Central de Chile entregará provisoriamente al exportador, al momento de acreditarse el embarque, certificados por el monto que determine en cada caso el Comité Ejecutivo, los que deberán ser como asimismo equivalentes al 50% del total que correspondería de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. Una vez efectuado el retorno y liquidación de las divisas correspondientes a la exportación, el Banco Central entregará certificados por el saldo que legalmente corresponde, tomando en consideración para el cálculo exclusivamente el valor total obtenido por la exportación.

Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el valor F.O.B. de la mercadería, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

Artículo 9º.- Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por el Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Las Municipalidades, Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social, presentarán en cobro los certificados que reciban por los conceptos señalados, directamente a las Tesorerías Fiscales, las que deberán pagarlos a su presentación.

Artículo 10.- Las mercaderías enviadas a mercados exteriores y que se devuelvan al país no podrán ser internadas sino previa devolución del o los certificados a que se refiere el artículo 8? de esta ley y/o en su defecto, entero de su equivalencia en arcas fiscales.

Si la devolución al país de la mercadería exportada no está plenamente justificada a juicio de los organismos competentes, el pago de los impuestos y derechos correspondientes y el reintegro de las sumas percibidas como devolución de derechos, se efectuará con los recargos y los intereses que señale el Reglamento.

En los casos en que la mercadería fuese devuelta por deficiencias de calidad con respecto a los standards internacionales en las que se compruebe se incurrió por dolo o culpa del exportador, el reglamento establecerá multas u otras sanciones que deberán ser aplicadas administrativamente, de acuerdo al procedimiento que se establezca.

Artículo 11.- La importación de equipos y maquinarias destinados a la instalación ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción, a lo menos en un 51% anual, se destine a la exportación, podrá quedar liberada de los impuestos, gravámenes y demás derechos que se perciban por intermedio de las Aduanas, con excepción de los impuestos adicionales establecidos o que se establezcan en conformidad al artículo 169 de la ley Nº 13. 305 y sus modificaciones.

La liberación de derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por las Aduanas, referidos en el inciso anterior, deberá en todo caso ser proporcional al volumen de la producción que la industria favorecida destine a la exportación.

Para los efectos indicados en los incisos anteriores el Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días, contados desde la vigencia de esta ley, deberá dictar un Decreto que llevará la firma de los Ministros de Hacienda, y de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá las disposiciones que regirán el otorgamiento de las franquicias que en este artículo se señalan.

En el mismo Decreto, el Presidente de la República determinará el sistema de fiscalización para verificar el cumplimiento de las condiciones o requisitos exigidos para el otorgamiento de las franquicias, debiendo establecer las sanciones que se aplicarán en caso de contravención.

Artículo 12.- Los bienes que hubieren gozado de las franquicias a que se refiere el artículo 11, y que se enajenen, deberán pagar previamente todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que afecten la internación de ellos en el momento de su enajenación.

No obstante, si el adquirente goza o pueda gozar de exención de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, debiendo dictarse el Decreto Supremo que así lo establezca, en los casos en que corresponda.

Las personas o entidades que adquieran las especies a que se refiere el inciso primero de este artículo serán solidariamente responsables del pago de los derechos, impuestos y demás gravámenes señalados.

Sin embargo, estarán exentos de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciben por intermedio de las Aduanas, aquellos bienes que se enajenen una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de la internación, o bien en un plazo inferior en conformidad a las disposiciones generales de la Ordenanza de Aduanas.

Artículo 13.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio de exportación, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, partes y piezas que se incorporarán a un producto de exportación. Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a dichas materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales siempre que el producto final esté destinado exclusivamente a su uso o consumo en el exterior.

Artículo 14.- El Presidente de la República podrá en cualquier momento establecer normas con el objeto de simplificar la tramitación de las operaciones de exportación. Asimismo, podrá, en cualquier momento, modificar dichas normas.

El uso de esta facultad por el Presidente de la República no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas generales aplicables al comercio de exportación.

Artículo 15.- El Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro a las exportaciones por la o las entidades y en las condiciones que determine, con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, incluso de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos y otros.

Artículo 16.- El Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como asimismo para ventas internas de bienes de capital de producción nacional, en las condiciones, montos, plazos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las limitaciones contenidas en los D.F.L. Nºs 247 y 252, de 1960.

Los créditos que se otorguen de acuerdo a lo dispuesto en este artículo podrán ser reajustables.

Artículo 17.- Déjase sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9° de la ley Nº 12.937; 12º y 40º de la ley Nº 13.039; y letra b) del artículo 4 de la ley Nº 14.824. En lo sucesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.

No obstante, el rendimiento que hasta la publicación de esta ley produzca la aplicación de las disposiciones citadas en el inciso anterior, se destinará a cancelar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. El excedente de dichos fondos y el rendimiento que se produzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación.

Artículo 18.- Deróganse el Decreto con Fuerza de Ley Nº 256, de 1960; artículos 93, 94 y 95 de la ley Nº 12.861 y artículo 10 de la ley Nº 14.824.

Artículo 19.- Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias, civiles y criminales que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.

Disposiciones varias

Artículo 20.- Introdúcense al artículo 99 de la ley Nº 16.250, modificado por el artículo 58 transitorio de la ley N° 16.282, las siguientes modificaciones.

1.- Elimínase en el inciso cuarto los términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero".

2.- Agrégase en el inciso cuarto, en punto seguido, la siguiente frase: "Se considerará que la utilidad devengada que corresponde a los accionistas es equivalente al monto de la utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la respectiva sociedad anónima y que deba someterse a aprobación de la junta de Accionistas, con deducción de la parte que legalmente no puede ser de disposición voluntaria de dicha Junta y de aquella que ya se hubiere distribuido como dividendo provisorio".

3.- Agréganse los siguientes incisos finales:

"Estarán exentas del impuesto de 7, 5% las personas que declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o que dichos valores figuran a su nombre en razón de un encargo de administración, comisión de confianza u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquier título semejante, otorgado por el verdadero dueño cuya individualización y domicilio deberá señalarse en dicha declaración para que opere la exención. Si el verdadero dueño resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las sociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones cuando a su juicio exclusivo, debido al número de socios o a otra causa, sea muy difícil su cumplimiento".

Artículo 21.- Lo dispuesto en el artículo 20 regirá desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley Nº 16.282.

Artículo 22.- Agrégase al inciso primero del Nº 2 del artículo 60 de la Ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase en punto seguido: "También estarán exceptuadas del gravamen establecido en este número las devoluciones de capitales internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del D.F.L. Nº 437, de 1954, o del D.F.L. Nº 258, de 1960, o amparados por certificados o convenios suscritos con el Banco Central de Chile en conformidad a los artículos 14 y 16 del Decreto Nº 1. 272, de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el monto del capital efectivamente internado a Chile".

Para estos efectos, se considerará que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al momento de la devolución.

Artículo 23.- La Industria Azucarera de la Frontera S. A. gozará de las mismas franquicias tributarias que favorecen a la Industria Azucarera Nacional S. A., siempre que cumpla exclusivamente el mismo objetivo que ésta.

Artículo 24.- Libérase de todo derecho de internación, estadística ad-valorem, almacenaje y, en general, de todo impuesto o derecho, incluso los derechos consulares, y de toda otra contribución, depósito o garantía que grave la importación de las maquinarias, útiles, implementos y repuestos y demás bienes que sean adquiridos por la Industria Azucarera de la Frontera S. A. con el preciso objeto de construir y operar una Fábrica de Azúcar de Remolacha en la provincia de Cautín.

Artículo 25.- Las franquicias establecidas en los artículos precedentes son otorgadas tanto en favor de la actual Industria Azucarera de la Frontera S. A., en formación, inscrita con fecha 25 de octubre de 1964 bajo el número 2.627 en la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, como también en favor de la Industria Azucarera de la Frontera S.A., una vez que esté legalmente autorizada e instalada.

Artículos Transitorios

Artículo 1º.- Dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos indicada en el artículo 5º, entendiéndose que el primer trienio a que se refiere el inciso final de dicho artículo comienza a correr el 1º de enero de 1966.

Al fijar la lista indicada en el inciso anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha se encontraren comprendidos en la lista de productos establecidos en conformidad al artículo 20 del D.F.L. Nº 256, de 1960, señalándose como mínimo, un porcentaje de devolución igual al que tenía asignado a la fecha de publicación de esta ley; el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por el inciso final del artículo 5°, sin perjuicio de poder ejercitar a su respecto la facultad a que se refiere el inciso final del artículo 5º, en la oportunidad correspondiente.

Las exportaciones cuyos embarques se realicen con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas a las normas que sobre devolución de impuestos establece el D.F.L. Nº 256, del año 1960.

Artículo 2°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 18, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 3º, continuará en vigencia al artículo 13º del D.F.L. Nº 256, de 1960.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, las empresas que a la fecha de la publicación de esta ley se encontraren acogidas a los beneficios que establece el artículo 14 del D.F.L. Nº 256, de 1960, en relación con los artículos 6º, 7º, 8º y 9º de ese mismo texto, continuarán rigiéndose por dichas disposiciones.

A las empresas a que alude el inciso anterior, no se les aplicarán simultáneamente las normas de los artículos 4º y siguientes de esta ley, a menos que renuncien por escrito al régimen del artículo 14 del D.F.L. Nº 256 citado".

Sala de la Comisión, a 21 de octubre de 1965.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Stark (Presidente), Garay, Montt, Clavel, Corvalán, Pareto, Iglesias, Momberg y Turna.

Se designó Diputado Informante al H. señor Iglesias.

(Fdo.): Fernando Parga Santelices, Secretario".

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

Honorable Cámara

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento, el proyecto de ley, de origen en un Mensaje con trámite de "simple" urgencia, e informado por la Comisión de Economía y Comercio, que consulta diversas normas para estimular las exportaciones

En el transcurso de las once sesiones que ocupó el conocimiento de esta iniciativa legal, la Comisión estuvo permanentemente asesorada por los señores Andrés Saldívar (Subsecretario de Hacienda), Luis Planes (Jefe del Departamento de Compraventa de la Dirección de Impuestos Internos) y Gastón Planes y Fernando Barrios (Asesores Jurídicos del Banco Central)

Además, tuvo la oportunidad de escuchar a los señores Javier Lagarrigue (Vicepresidente del Departamento del Cobre), Basilio Hayashi (Jefe del Departamento de Rentas de la Dirección de Impuestos Internos), Hugo Cubillos y Carlos Besa (Jefe del Departamento de Estudios Económicos y Director Económico, respectivamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores), Ricardo Bustos (Jefe de Estudios de la Corporación de Fomento de la Producción), Joaquín Undurraga (Representante de la Oficina de Planificación Nacional), Sergio Román (Representante de Famae), Clemente Pérez (Representante de Famae), José Luis Sáez (Representante de la Empresa Nacional de Minería), Francisco Cuevas Mackenna (Presidente de la Sociedad Nacional de Minería), Ernesto Ayala y Mariano Pola (Gerente y Asesor, respectivamente, de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S. A. ), Américo Simonetti (Gerente de Madeco), Fernando Valenzuela, Alberto Saldívar y Luis Martín (Gerente, Abogado y Gerente de Exportaciones, respectivamente, de Industrias Forestales S. A. ), Juan Ramón Samaniego y Juan Videla (Gerente y Asesor, respectivamente, de la Sociedad de Fomento Fabril), Jerónimo Santa María y Luis Correa (Representantes de la Asociación de Exportadores), Vicente Echeverría (Vicepresidente de Asimet), Alfonso Assadi y Miguel Pérez (Subgerente y Presidente del Sindicato, respectivamente, de Cobre Cerrillos), Braulio Moya (Representante del Sindicato Madeco), Jorge Covarrubias y Andrés Morandé (Representantes de la Cooperativa Agrícola Frutícola de Aconcagua), Antonio Mercado (Ingeniero), Eugenio Greene (Asesor y Secretario de la Comisión Nacional del Consejo de Fomento Agropecuario), Juan Izquierdo y Pablo Liona(Administrador Subrogante y Asesor de Administración, respectivamente, del Mineral de Algarrobo) y Jorge Pizarro (Vicepresidente de la Asociación de Pequeños Propietarios de Minerales de Hierro)

Los objetivos básicos y fundamentales que persigue el proyecto en informe han sido claramente señalados y analizados tanto en el Mensaje con que el Ejecutivo inició el estudio de estas materias como en el informe respectivo de la Comisión Técnica

Expresa S.E. el Presidente de la República que "a fin de promover el mejoramiento sustancial de los niveles de ingreso de la comunidad nacional, reviste especial interés lograr la atenuación y eliminación de los tradicionales problemas que afectan a nuestra balanza de pagos, lo que se obtiene a través de un régimen ordenado de las importaciones y con un aumento de las exportaciones" y agrega más adelante "corresponde al Estado crear las condiciones que permitan la colocación con éxito en los mercados foráneos de artículos de producción nacional con un alto valor agregado"

Afirma en seguida que para crear dichas condiciones "el Gobierno ha estimado indispensable modificar la legislación sobre devolución de impuestos y derechos que gravan a los productos de exportación y -sus componentes; simplificación de trámites de exportación; ingresos al país de materias primas, piezas o partes, artículos a media elaboración y otros, bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares; financiamiento de exportaciones; liberaciones a los equipos y maquinaria destinados a industrias de exportación; seguros de exportación, etc. "

Por su parte, la Comisión de Economía señala que los incentivos para incrementar las exportaciones contenidos en la legislación vigente "desgraciadamente no han producido un aumento sustancial de nuestras exportaciones, que permita disminuir el desequilibrio de la balanza de pagos, como se esperaba, situación que en los últimos tiempos se ha visto agravada al ser afectados algunos rubros importantes del comercio de exportación, como los productos del sector industrial, los cuales, por su alto costo de producción, no pueden competir con los artículos similares en el mercado internacional. Solamente puede afirmarse que ha habido un incremento, que es más aparente que real, de exportación de los productos de la minería, debido, en gran parte, al aumento del precio del cobre en el mercado mundial. Los hechos expuestos han ocasionado un saldo desfavorable en nuestra balanza comercia, el cual se acentuó notoriamente durante el año 1964 y en los primeros meses del año en curso"

El criterio unánime de la Comisión de Hacienda ha sido concordante con la idea de legislar para crear estímulos efectivos de fomento y diversificación de las exportaciones, con el objeto de compensar las dificultades que encuentra el país para colocar sus productos en los mercados exteriores y obtener que ellos salgan a precios de mercado internacional

Dichas dificultades, que hasta la fecha aparecen como insuperables, provienen de tres órdenes de factores que juegan conjuntamente en contra de las posibilidades de las exportaciones chilenas

a) La estructura de los costos actuales de los productos nacionales de exportación, que los deja fuera del mercado de competencia

b) falta de un conocimiento efectivo de los mercados internacionales,

c) Insuficiente racionalización de la producción, que no permite asegurar su calidad ni determinar técnicamente cuáles y que tipos de exportaciones son las que conviene fomentar

De los tres factores enunciados, sólo el primero de ellos permite abordar su solución inmediata -que es la meta a que tiende preferentemente el proyecto en informe, ya que el estudio de los mercados internacionales y la racionalización de la producción nacional, si bien merecen en estos momentos una atención especial de los organismos técnicos estatales, no puede traducirse en rápidas conclusiones que estén en condiciones de transformarse de inmediato en resoluciones administrativas o en normas legislativas

Las primeras disposiciones relacionadas con el propósito específico de fomento de las exportaciones dictadas por el Congreso Nacional deben encontrarse en los artículos 93, 94 y 95 de la ley Nº 12.861, publicada en el Diario Oficial de 7 de febrero de 1958, que establecieron diversas franquicias y exenciones de impuestos a los productos destinados a la exportación, pero que en la práctica no resultaron operantes a pesar que se dictaron sucesivos decretos reglamentarios que en definitiva tuvieron que ser derogados por ineficaces

En virtud de las facultades que se le concedieron al Gobierno anterior por la ley Nº 13.305, el Presidente de la República dictó el D.F.L. Nº 256, de 1960, que vino a reemplazar el sistema concebido en las citadas disposiciones de la ley Nº 12.861 por un mecanismo destinado fundamentalmente a devolver al exportador los impuestos que hubieren incidido en el costo del producto de exportación, con excepción de los impuestos a la renta, contribuciones de bienes raíces y contribuciones o impuestos creados con fines de fomento, excluyéndose de dichos beneficios a las industrias sometidas a regímenes legales especiales (cobre, salitre, empresas exportadoras de minerales de hierro que no retornan al país el total de sus ventas en el exterior)

En el hecho este nuevo sistema ideado por el D.F.L. Nº 256, de devolución de impuestos, ha resultado insuficiente para satisfacer los objetivos perseguidos, porque ha sido prácticamente imposible determinar la verdadera incidencia de los tributos respecto de cada una de las partes, piezas, materias primas, etc., que entran en las diversas fases de elaboración del producto que se pretende exportar y, en consecuencia, dicha devolución sólo se ha podido materializar en la última etapa de producción. Por lo tanto, no ha beneficiado en su exacta magnitud al exportador en términos que le permita competir en igualdad de costos con el artículo extranjero en el mercado internacional

El sistema anotado, establecido en el artículo 1º del D.F.L. Nº 256, de 1960, dispone que a los productos que se exporten se les devolverá la totalidad de los impuestos que incidan en sus costos, pero concretamente sólo ha sido posible aplicarlo cuando se trata de productos primarios, como los agrícolas, en que es posible seguir toda la etapa de producción y determinar con toda precisión el total de los gravámenes que inciden en el costo. Por el contrario, cuando se trata de productos manufacturados, en donde entran en juego un sinnúmero de partes y piezas, perseguir dicha incidencia impositiva con mediana exactitud es difícil, ya que el estudio de cada coeficiente que interviene en el proceso de elaboración demandaría un tiempo apreciable para su determinación

Asimismo, los artículos del referido D.F.L. Nº 256 adolecen de un grave defecto de técnica jurídica, puesto que participan a la vez de las características de una norma legal y de un cuerpo reglamentario, lo que se traduce en una serie de disposiciones propias de las facultades privativas del Presidente de la República con diversas limitaciones innecesarias y que han sido en definitiva contraproducentes para lograr plenamente la satisfacción de los fines deseados

Las circunstancias señaladas han movido al Ejecutivo a proponer las enmiendas correspondientes a la legislación vigente con el objeto principal de eliminar esta rigidez para determinar la incidencia precisa de los tributos en las múltiples etapas de elaboración de los productos destinados a la exportación y entregar al Presidente de la República la determinación del respectivo coeficiente de devolución teniendo como referencia para su cálculo la incidencia tributaria, sistema que representa, por su gran flexibilidad; un auténtico estímulo para los productores, la posibilidad de establecer una verdadera política de exportaciones y la creación de un procedimiento eficaz para hacer efectiva la devolución de los impuestos

El proyecto en informe mantiene en el fondo la misma estructura del D.F.L. Nº 256, de 1960, y lo único que pretende es mejorar sus normas positivas y eliminar las deficiencias que se han observado en la aplicación práctica de sus disposiciones, pero sin crear un mecanismo diferente, y en todo con sujeción estricta a los convenios internacionales a que ha adherido el Gobierno de Chile, al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio y a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, estableciendo un sistema de devolución de impuestos más expedito en su aspecto administrativo y notoriamente más eficiente en cuanto lograr el objetivo base de estimular en términos reales las exportaciones, rebajando efectivamente la totalidad de los impuestos que han gravado el costo del producto

A la Comisión de Hacienda no le corresponde, en este trámite reglamentario, entrar a refererirse en particular a cada uno de los artículos del proyecto y solamente se limitará a fijar los alcances de las modificaciones que le ha introducido al articulado despachado por la Comisión Técnica

La disposición establecida en el artículo 1º contiene el principio básico general que informa toda la filosofía del proyecto al Presidente de la República para disponer la devolución al contribuyente empresario o productor el monto de todos los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que hubiere pagado y que inciden en los costos y precios de cualquier producto nacional destinado a la exportación

En seguida, dicha disposición especifica que la referida exención tributaria podrá también decretarse para la energía eléctrica, combustibles, aceites lubricantes empleados en la producción de determinado artículo y a su transporte hasta el puerto de embarque, como, igualmente, a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstas nacionales o nacionalizadas

La Comisión de Hacienda, si bien estima y considera que la enumeración anterior no es de ningún modo taxativa o limitativa del concepto general y amplio enunciado por el artículo 1º, aceptó una indicación para agregar expresamente al régimen de devolución de impuestos a los fletes de las materias primas hacia los centros de producción. Enmienda simplemente explicativa que no altera en absoluto el alcance de fondo de la disposición

El artículo 2º enumera las actividades productoras que no tienen derecho a acogerse a los beneficios del sistema de devolución de impuestos o "draw-back", que establece el proyecto para estimular el comercio de exportación de productos nacionales

La Comisión consideró necesario incluir entre dichas actividades no beneficiadas a las exportaciones de manufacturas o semi-manufacturadas de cobre, salvo informe favorable del Departamento del Cobre

Para ello tuvo presente la favorable tendencia del mercado mundial de precios del expresado metal que hace aparecer totalmente innecesario favorecer desde ya a las exportaciones de cobre semi-elaborado con mayores estímulos y el hecho de que, por otra parte, la disposición aprobada deja abierta la posibilidad de que, si en el futuro varían dichas circunstancias, pueda el Departamento del Cobre fomentar las ventas al extranjero de la producción nacional de alambrón y planchón o de cualquier otro tipo de cobre semi-elaborado, que tengan un efectivo grado de incorporación de trabajo en la materia prima, mediante su informe favorable que las dejaría en condiciones de disfrutar de todas las ventajas que este proyecto otorga a las exportaciones en general

El artículo 5º sufrió modificaciones en sus incisos segundo y quinto

El cambio de redacción del inciso segundo obedece al deseo de limitar la facultad que se le entrega al Ejecutivo para fijar diferentes porcentajes para un mismo producto sólo a los casos que por superiores intereses de fomento a las exportaciones o motivos esencialmente técnicos así lo aconsejen en atención a la zona de su producción o al destino donde ellos van dirigidos

La disposición incorporada por la Comisión Técnica, además de las dos razones antes indicadas, facultaba al Presidente de la República para establecer porcentajes diferenciados en forma amplia, cuando las necesidades de los exportadores o cualquier otro motivo pudiera hacer aparecer como conveniente dicha medida. Si bien esta posibilidad pudiera considerarse aceptable en ciertas y escasísimas circunstancias, tiene el grave peligro de dejar al Ejecutivo sujeto a todo tipo de presiones y desvirtuar, en el fondo, las finalidades precisas que se persiguen con las nuevas normas y modalidades propuestas por el proyecto en informe

El inciso quinto se propone reemplazarlo por dos nuevas disposiciones

En la forma que viene concebido dicho inciso se autoriza al Presidente de la República para que cada tres años calendario rebaje los porcentajes de draw-back o simplemente retire un determinado producto de la lista correspondiente, enmiendas que producirían sus efectos 180 días después de la dictación del respectivo decreto

Como de acuerdo con el inciso cuarto del mismo artículo 5º se le permite al Presidente de la República en cualquier época incluir un nuevo producto a la lista o aumentar los porcentajes de devolución ya establecidos, podría suceder el caso, por ejemplo, que el Ejecutivo hiciera uso de estas atribuciones transcurrido dos años de vigencia del trienio respectivo; en consecuencia, el artículo de exportación que se pretendía beneficiar con su inclusión en la lista sólo gozaría de las ventajas de la devolución de impuestos por un año y ciento ochenta días y, por lo tanto, la seguridad o la estabilidad mínima indispensable que debe poseer el productor resultaría totalmente ilusoria

Es por ello que la Comisión propone cambiar su redacción con el objeto de establecer expresamente que los productos gozarán del draw-back por un plazo de tres años contado desde el momento en que se incluyan por el Presidente de la República en la lista de las materias afectas al régimen de devolución y con esto se les concede la estabilidad necesaria y pasa a constituir dicha medida un efectivo estímulo a las exportaciones, al asegurar al producto un plazo mínimo y un determinado porcentaje por igual período de permanencia en la lista

Además, la disposición agregada al artículo 5º contiene una norma nueva, en virtud de la cual se determina que si sobre un artículo dado, expirado el plazo de tres años no recae un pronunciamiento distinto, se entiende incluido automáticamente por un nuevo trienio, aun cuando haya sido afectado por variaciones en el porcentaje de devolución

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, los porcentajes de devolución, determinados con sujeción a las condiciones y requisitos establecidos en los artículos anteriores, deberán aplicarse sobre el valor F.O.B. de la mercadería y de modo alguno la fijación de dichos porcentajes podrá exceder del 30%

Estimó aconsejable la Comisión ampliar la base de aplicación del referido coeficiente de devolución para incluir aquellos casos en que la exportación se pacta sobre el valor C.I.F. y, con tal objeto, propone agregar a la expresada disposición, a continuación de la expresión "sobre el valor F.O.B. ", la frase "o C.I.F. según sean las condiciones de exportación de la mercadería"

El artículo 8º dispone que la devolución de impuestos, se lleva materialmente a la práctica, en los casos de exportaciones que se hacen a precio firme, es decir, en las que se conoce exactamente el precio al pedirse el registro de exportación, mediante la entrega al exportador de certificados endosables emitidos por el Banco Central, por una cantidad equivalente al correspondiente porcentaje sobre el valor F.O.B. o C.I.F. de la factura, al acreditarse el embarque de la mercadería por medio de la póliza cumplida por la Aduana

Esta última idea fue adicionada por la Comisión en el sentido de concederle al exportador el derecho opcional a solicitar que se haga efectiva la devolución de los impuestos ya pagados no sólo al momento de acreditarse el embarque, como lo autoriza la disposición original, sino que podrá pedir dicha devolución a la fecha de la liquidación definitiva de los retornos a que dé lugar la respectiva operación de exportación, a su libre elección, en consideración a que no se estimó lógico constreñir al empresario a recabar obligadamente en determinada oportunidad un derecho creado en su propio beneficio y con el fin de estimular, precisamente, las operaciones de exportación de ese productor

Los incisos segundo y tercero del artículo 8º aprobados por la Comisión Técnica establecen normas distintas a la regla general anterior para los casos de exportaciones de mercaderías que no hubieren sino vendidas a firme, en cuyo evento los certificados aludidos sólo se entregan al productor una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y tomando en cuenta únicamente los valores percibidos por la exportación, o cuyo pago esté sujeto total o parcialmente a liquidación final, situación esta última que se resuelve disponiendo que el Banco Central deberá entregar provisoriamente al exportador, al momento de acreditarse el embarque, certificados por un monto mínimo equivalente al 50% del total que le correspondería recibir sobre el valor F.O.B. de la mercadería, y el saldo una vez cumplidos los requisitos señalados para los artículos que no hubieren sido vendidos a firme

La Comisión de Hacienda prefirió establecer un solo sistema, más sencillo, para los dos casos de excepción a la regla general del artículo 8º y al efecto aprobó en reemplazo de los incisos segundo y tercero una disposición que exige que si las mercaderías exportadas quedan en consignación, como por ejemplo las frutas, o cuyo pago está sujeto a liquidación final, como en el caso del hierro, la entrega del certificado se haga sólo en el momento en que se acredite el retorno, o sea, cuando quede claramente establecido cual ha sido el precio exacto final de una determinada exportación

La modificación introducida al inciso primero del artículo 9º, que señala la aplicación y uso que sus poseedores podrán dar a los certificados que emita el Banco Central, tiende simplemente a establecer una mayor propiedad en el lenguaje al sustituir la frase "o por el Servicio de Aduanas" por la siguiente: "o por intermedio del Servicio de Aduanas", ya que técnicamente dicha repartición pública no está destinada a recaudar directamente impuestos o derechos

A continuación del artículo 9°, la Comisión Informante acordó consultar dos disposiciones nuevas

La primera de ellas establece que las empresas dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán quedar exentas, de pleno derecho, de todo gravamen o tributo en la forma que determine el reglamento

La finalidad de este artículo nuevo es mantener el mismo sistema actualmente vigente sobre la materia, contenido en el artículo 14 del D.F.L. Nº 256, de 1960, y que el proyecto despachado por la Comisión de Economía -en su artículo 3º transitorio- mantiene sólo para aquellas empresas ya acogidas a los beneficios del citado artículo 14

Dentro de los procedimientos en vigencia sobre liberación de impuestos, existen dos que se destacan por su importancia: a) el que consiste en devolver el monto o valor de los tributos a que está afecta la producción de un determinado artículo después que ellos han sido oportunamente pagados, y b) el que permite a ciertas industrias que exportan la totalidad de su producción elaborar sin tener que financiar la tributación a que están sujetas, es decir, la ley las libera del pago de todo gravamen

En este último sistema, en vez de acogerse al mecanismo de devolverles a los industriales lo tributado al término del proceso de exportación, se les libera durante la producción del pago de todo impuesto

En realidad, el objetivo de mantener este sistema como norma general y permanente -y no sólo para aquellas industrias que ya lo estaban disfrutando- no es otro que dar un derecho opcional a las empresas para elegir libremente, de acuerdo con su particular conveniencia, si se asilan al draw-back al término del proceso de exportación o se acogen a la liberación de pleno derecho durante la producción de artículos de exportación sin tener que pagar o financiar la tributación

Es incuestionable que el exportador que opte por el mecanismo que opera de pleno derecho corre el riesgo de recibir, en definitiva, un porcentaje de exención tributaria muchísimo menor del que podría obtener bajo el sistema de los certificados sobre devolución de impuestos al término del proceso de exportación, aun cuando éste presupone el pago oportuno y efectivo de todos los gravámenes vigentes

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo de la disposición en análisis, la industria que se acoja a la liberación de pleno derecho no podrá solicitar la devolución de los porcentajes asignados al producto y, además, no puede éste ser ofrecido en venta dentro del mercado nacional

Hace excepción a esta última norma el caso en que el Ministerio de Economía declare que la venta de determinado producto de exportación es indispensable liara satisfacer necesidades de consumo interno, en cuyo evento el respectivo productor deberá pagar íntegramente el monto de la tributación de la cual había sido liberado

Existen industrias que, obligadas a exportar toda su mercadería, en conformidad a la legislación vigente, que no pueden vender parte de ella en el territorio nacional aun cuando se necesiten sus productos en el país, bajo sanción de incurrir en la pérdida de la exención tributaria que quier causa al país, sin previa devolución las favorece, no pueden abastecer a las empresas chilenas que elaboran con esos artículos y se produce el contrasentido que se ven forzadas a importarlos a pesar de ser productos nacionales

Respecto a este punto cabe hacer presente el hecho de que en el seno de la Comisión se planteó la duda acerca de si la facultad que se concede al Ministerio de Economía para permitir la venta de este tipo de productos en el mercado interno podría extenderse o considerarse que suspende la prohibición de venta en el país emanada de otros textos legales, como, por ejemplo, a la que se refiere el D.F.L. Nº 257, de 1960, relativa a aquellos artículos producidos por industrias que han internado sus maquinarias sin pagar derechos aduaneros

La Comisión agregó este artículo nuevo en el entendido que sólo tiene por finalidad los objetivos anteriormente expuestos, cuyos alcances son simplemente mantener la norma configurada en el artículo 14 del D. F. L. Nº 256, de 1960, con la sola enmienda de facultar la venta en el país de artículos producidos por empresas acogidas a dicho sistema, es decir, sólo se puede levantar la prohibición de vender en el mercado nacional a las mercaderías elaboradas por industrias sujetas a las normas específicas de esta disposición legal y no emanadas de otros textos legales -que no se modifican ni derogan expresa ni tácitamente- que se refieren a materias diferentes relacionadas con prohibiciones de venta interna

Concordante con lo dispuesto en el referido artículo nuevo propuesto agregar a continuación del 9º, la Comisión aprobó una indicación para modificar el artículo 10 del proyecto

Dicha disposición prohíbe la internación de mercaderías enviadas a mercados exteriores y que se devuelvan por cualquier causa al país, sin previa devolución de los certificados emitidos por el Banco Central en el momento de la exportación o el entero en arcas fiscales de los valores equivalentes, medida que se explica obviamente ya que la causa que dio origen a la devolución de impuestos ha quedado sin efecto

Con la mantención del sistema contemplado en el artículo 14 del D.F.L. Nº 256, de 1960, puede suceder que dentro de las mercaderías enviadas a mercados extranjeros y devueltas al país queden incluidos productos que no dieron origen a la emisión de certificados, ya que se acogieron al mecanismo de liberación de pleno derecho de la tributación durante el proceso de elaboración, en cuyo caso, como es natural, debe establecerse para este exportador la obligación de pagar los tributos de que había sido liberado, lo que constituye una norma equivalente a la devolución de los certificados en la situación del exportador sujeto al procedimiento del draw-back

Además, en el inciso tercero del artículo 10, que se refiere a los casos de mercaderías devueltas al país por deficiencias de calidad con respecto a los standards "internacionales", se propone sustituir esta última expresión por "aceptados", con el objeto de no constreñir al exportador a tener que obligadamente ajustarse a las exigencias que pudieran significar los standards internacionales, en el evento de que, de común acuerdo con el comprador extranjero, llegue a pactar condiciones más amplias y flexibles para una determinada transacción comercial

El segundo artículo nuevo propuesto agrega por esta Comisión Informante a continuación del artículo 9º, autoriza al Presidente de la República para conceder un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten por intermedio de cooperativas u otras entidades que no persigan fines comerciales, valor que sumado al porcentaje ordinario fijado al producto no puede en ningún caso exceder del 30% máximo señalado en el artículo 7º

Se ha querido a través de dicha disposición estimular las exportaciones realizadas directamente por los productores asociados en cooperativas o por intermedio de otras organizaciones de productores que no persiguen fines de lucro, con el propósito de evitar frecuentes casos que se observan en la práctica de pagos excesivos e injustificados que se ve obligado a hacer el exportador por concepto de comisiones en las diversas fases del proceso de comercialización de los productos destinados al uso o consumo en el exterior

Además, se persigue con la incorporación de esta norma impedir los efectos negativos para los intereses nacionales que se derivan de frecuentes competencias entre sí a que se ven abocados los productores chilenos para introducir su producción en el mercado internacional

A la disposición contenida en el artículo 11 se le introdujeron dos tipos de modificaciones

La primera de ellas, que incide en su inciso segundo, persigue la misma finalidad de redacción anteriormente señalada al analizar la enmienda propuesta al artículo 9º

La segunda, que consiste en agregar dos incisos nuevos finales, pretende prevenir la presentación de facturas que no correspondan a los valores reales y efectivamente pagados en el exterior en los casos de importaciones de artículos realizadas por empresas mineras de cobre y hierro o salitreras o en el evento de aportes de capitales extranjeros que se efectúen total o parcialmente en mercaderías, mediante la exigencia de acreditar fehacientemente el valor de ellas con las facturas originales emitidas directamente por las fábricas productoras de las respectivas mercaderías -no siendo aceptables facturas de distribuidores o de centrales de compras en el exterior-, con lo cual se evitan posibles irregularidades en esta clase de operaciones que sin estas nuevas disposiciones son imposible de corregir o advertir

De acuerdo con la norma del inciso primero del artículo 11, el Presidente de la República queda facultado para liberar del pago de los derechos e impuestos que se perciben por intermedio de las Aduanas a la importación de los equipos y maquinarias destinadas a la instalación o explotación de industrias cuya producción, a lo menos en un 51% anual, se destine a la exportación, en proporción al volumen de la producción que la empresa favorecida venda en los mercados internacionales

Como complemento de dicha norma el inciso primero del artículo 12 establece que los bienes que hubieren gozado de esas franquicias aduaneras no podrán ser enajenados, salvo el caso que se paguen previamente todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que afecten la internación de dichos equipos o maquinarias en el momento que el industrial beneficiado legalice su venta

La Comisión de Hacienda aprobó una indicación para agregar al citado inciso primero del artículo 12, la siguiente frase final: "debiendo imputarse las cantidades ya pagadas por esos conceptos.

De la redacción original de la disposición en análisis se desprende que la enajenación de los equipos o maquinarias liberados queda condicionada al hecho de tener el interesado que pagar el total de los tributos que en su oportunidad se encuentren en vigencia, aun cuando la exención que lo favoreció no comprendiera la totalidad de los derechos aduaneros existentes a la fecha de la internación de los equipos y maquinarias destinados a su industria

La modificación propuesta viene a corregir la manifiesta injusticia que encierra para un empresario la obligación de pagar la totalidad de los impuestos de los cuales no quedó exento íntegramente al acogerse a los beneficios de dicha disposición, y por ello se autoriza al industrial imputar, al monto total de los gravámenes aduaneros que se le exige pagar, las sumas que hubiere tenido que cancelar anteriormente por el mismo concepto

El artículo 13 faculta al Presidente de la República para establecer o modificar las normas relativas al ingreso al país de materias primas, artículos a media elaboración o partes y piezas bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, con el objeto de lograr o facilitar el desenvolvimiento del comercio de exportación y siempre que se reúna la condición de que dichas materias primas, artículos, etc., se incorporen a un producto de exportación, es decir, que la mercadería final esté destinada exclusivamente a su uso o consumo en el exterior

La Comisión acordó proponer la sustitución de dicha disposición por otra que, manteniendo las ideas básicas aprobadas por la Comisión Técnica, la mejora en dos aspecto específicos: 1) Evita la rigidez que significa racionalizar los regímenes de almacenes particulares o de ingreso al país de mercaderías sujetas a admisión temporal solamente en lo relativo a la elaboración de productos de exportación, facultando al Presidente de la República para adecuar en general estos sistemas en todos sus aspectos y no sólo, como se dispone en el texto original, al que se refiere al desenvolvimiento de las exportaciones; y 2) Amplía los alcances de sus efectos al substituir el concepto de que dichas materias primas, artículos, etc., están destinados a "incorporarse a un producto exclusivamente de uso o consumo en el exterior" por el de que se "utilizan en la elaboración de un producto", sea o no destinado a la exportación, ya que la disposición sustitutiva permite el ingreso a almacenes particulares o acoger la internación temporal a materias cuya finalidad no sólo sea incorporarse al producto sino aquellas que también puedan emplearse en su elaboración, como es el caso de los combustibles. El Ejecutivo, en consecuencia, queda autorizado para establecer y modificar normas sobre ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares de materias primas u otros artículos que se utilicen en la elaboración de un producto, sin que sea preciso -como se exige en la disposición primitiva- que se incorporen a un determinado producto, basta que intervengan en su elaboración, ni que este producto esté obligadamente destinado a la exportación

El artículo 14 entrega al Presidente de la República la determinación de normas conducentes a simplificar la tramitación de las operaciones de exportación, sin perjuicio de las atribuciones que competen sobre el particular al Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile

El reemplazo efectuado por la Comisión de Hacienda de dicho artículo, en lo que concierne a sus dos primeros incisos, obedece simplemente a un concepto formal de redacción

Las ideas desarrolladas en los dos últimos incisos de esta disposición, establecen y reglamentan normas en virtud de las cuales se faculta al Ejecutivo para exigir determinados coeficientes de calidad para los productos que se exporten y fijar la forma en que deberá acreditarse su cumplimiento, con el objeto de proteger el prestigio y condiciones de la producción nacional, basado en el principio moderno de comercio internacional que sustenta que los mercados se conquistan a través de un adecuado control y fiscalización de la calidad, estipulación de precios convenientes y fijación de condiciones satisfactorias de venta de los artículos que salen a la competencia exterior

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 despachado por la Comisión Técnica, el Presidente de la República queda facultado para dictar normas tendientes a establecer -por las entidades y en las condiciones que el reglamento determine- el seguro a las exportaciones, con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, inclusive sobre aquellos derivados de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos u otros

La modificación introducida a dicha disposición por esta Comisión Informante -que consiste en reemplazar la expresión "por la o las entidades y en las condiciones que determine" por "preferentemente a cargo del Instituto de Seguros del Estado"- tiene por objeto simplemente señalar una preferencia para que los citados seguros se contraten en dicho organismo estatal, sin perjuicio que si condiciones de precio u otras así lo aconsejen, puedan estos seguros colocarse en compañías particulares del ramo

El artículo 16 autoriza al Banco Central de Chile para acordar líneas de créditos especiales en favor de los exportadores o para ventas internas de bienes de capital de producción nacional

El inciso segundo de dicha disposición establece que los créditos que se otorguen para ambos tipos de actividades productoras podrán ser reajustables, según lo determine el Instituto Emisor

Respecto a esta última norma, la Comisión estimó necesario reemplazarla por la que se indica al final de este informe y su sustitución obedece a la conveniencia de hacer obligatoria la reajustabilidad en relación con los créditos que se concedan en conformidad a este artículo para exportaciones, habida consideración de que, en este caso, el exportador retornará en pago de su mercadería divisas que representan una moneda dura, y será de ordinaria ocurrencia que al término del plazo estipulado con el Banco para servir su deuda en moneda nacional haya variado la paridad cambiaría, con lo cual resultaría una ganancia injustificada para el exportador, por la diferencia de cambios, en perjuicio directo de la entidad que le concedió el crédito

Los artículos 23, 24 y 25 conceden diversas franquicias tributarias y aduaneras a la Industria Azucarera de la Frontera S.A., tanto en su actual etapa de formación como una vez que esté definitivamente instalada

La Comisión estuvo de acuerdo en la conveniencia de otorgar un tratamiento especial para la referida industria y aprobó, además, una indicación para ampliar dichos beneficios en el sentido de liberar también a la citada empresa de los impuestos a la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y otros que graven la constitución o ampliación de la sociedad anónima, como, asimismo, la suscripción y colocación de su capital, con el fin de completar el cuadro de exenciones a que quedará sujeta, que por una omisión no aparecerían incluidos dentro de las franquicias con que el proyecto pretende favorecer a la Industria Azucarera de la Frontera S.A

A continuación del artículo 25, y con el carácter de permanentes, la Comisión de Hacienda propone consultar siete artículos nuevos

El primero de ellos, relativo a la citada Industria Azucarera de la Frontera, situada en la provincia de Cautín, y concordante con el espíritu de las disposiciones de los artículos 23, 24 y 25, tiene por objeto dar a dicha sociedad anónima las mismas franquicias y exenciones tributarias y por un plazo semejante, de que gozan, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley Nº 13. 039, las industrias establecidas en los departamentos de Iquique y Arica, especialmente en lo que dice relación con el impuesto a la renta de Categoría y de las contribuciones a los bienes raíces

El segundo artículo nuevo faculta a la Comisión Coordinadora de la Zona Norte -organismo encargado de confeccionar planes y programas de desarrollo de esa zona - para efectuar convenios, financiados con cargo a sus propios recursos económicos, con las distintas universidades del país, especialmente con la Universidad del Norte, u otros institutos de investigación científica, con el propósito de que éstos, utilizando sus elementos especializados profesionales o técnicos, puedan practicar los estudios, trabajos e investigaciones que la Comisión Coordinadora les encomiende, orientadas dichas tareas a conseguir un mejor y pleno aprovechamiento de los recursos naturales de carácter mineral y vegetal de que generosamente está dotada esta rica región del norte del territorio nacional, particularmente en lo relativo a la terminación del catastro minero y el posible uso industrial o alimenticio de diversas plantas y arbustos característicos de la zona

La tercera disposición nueva agregada después del artículo 25, entrega al Banco Central de Chile el estudio y fiscalización de las condiciones de producción, comercialización, fletes, precios, ventas, costos y utilidades de la industria de minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, en atención a que dicho organismo actualmente no tiene la posibilidad de poder cumplir en forma estricta, respecto de estas operaciones, con la misión que la ley le encomienda en el sentido de controlar efectivamente que el precio de la mercadería que se exporta corresponda al valor real de ella en el mercado internacional, dadas las características de éste y las modalidades bajo las cuales se celebran los contratos respectivos

En esta forma, el Banco Central de Chile, al estar habilitado para controlar todos los aspectos involucrados en la producción y comercialización del hierro, podrá racionalizar y fiscalizar verdaderamente el desarrollo técnico y económico de dicha industria extractiva, situación en que no se encuentra actualmente, de acuerdo con las atribuciones legales vigentes

Cabe destacar muy particularmente que la disposición aprobada limita la facultad de las empresas productoras para realizar importaciones a sólo aquellas mercaderías que no se produzcan en el país en cantidad, calidad, precios y plazos de entrega adecuados, con lo cual se pretende lograr una considerable ampliación del mercado para la colocación de artículos de producción nacional

El artículo nuevo siguiente, signado con el número 4) consulta un requisito especial para el caso de las exportaciones de hierro que estén en condiciones de impetrar los beneficios del presente proyecto, cual es que deberán cumplir, además, con las exigencias específicas que, para esta clase de operaciones comerciales, determine el reglamento correspondiente que al efecto deberá dictar el Presidente de la República; mientras tanto, dichas exportaciones quedarán sujetas a la legislación actual contenida en el D.F.L. Nº 256, de 1960, es decir, con esta disposición se entregan facultades indispensables para que el Ejecutivo pueda, en defensa del interés fiscal, condicionar y reglamentar el aprovechamiento, por parte de las empresas exportadoras de minerales de hierro, de las franquicias que concede la iniciativa en informe

A continuación se propone una disposición nueva -con el número 5)- con la cual se pretende regular y normalizar el mercado interno de repuestos mecánicos, mediante la formación de stocks de estos artículos en almacenes particulares de aduana, sin costo previo para el país

A medida que las necesidades del mercado interno lo requieran, dichos repuestos irán internándose al resto del territorio nacional y sólo en este momento se les aplicarán las normas vigentes para las importaciones, haciéndose, en consecuencia, en ese instante, plenamente exigibles todos los gravámenes aduaneros establecidos en la legislación particular para estas operaciones

En esta forma se espera contar con un abastecimiento más completo y oportuno de repuestos destinados a vehículos motorizados y maquinaria agrícola, y que la autoridad correspondiente esté en mejores

condiciones para controlar los precios de venta al consumidor, en atención a que el número de almacenes particulares que se habilitarán con este objeto deberá necesariamente ser bastante reducido

Finalmente, cabe agregar respecto de este artículo, que se consideró inconveniente la aplicación de la facultad de rechazo que otorga al Banco Central la ley Nº 16.101, al realizarse la importación de las mercaderías depositadas en los almacenes particulares de aduana, por tratarse de repuestos que se encontrarían en el país a la época; en su reemplazo y más acorde con la naturaleza de estas operaciones, se faculta al Comité Ejecutivo del referido Banco para autorizar o rechazar previamente los embarques de artículos destinados a los mencionados almacenes particulares, excluyéndose la posibilidad de un rechazo posterior

Haber hecho aplicables para estos casos la norma anterior de la ley Nº 16.101, en toda su extensión, acarrearía la total inoperancia del sistema creado y causaría perjuicios graves tanto a las empresas interesadas como al abastecimiento adecuado del país que, precisamente, se busca normalizar

El sexto artículo nuevo, agregado por la Comisión de Hacienda, modifica el inciso primero del artículo 31 del Decreto Supremo Nº 1.272, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 11 de noviembre de 1961, con el objeto de permitir al Presidente -previo informe favorable de la Dirección de Industria y Comercio- otorgar las franquicias tributarias que concede dicho cuerpo legal a aquellas industrias que se instalen con la finalidad de producir artículos que no se fabrican en el país en calidad o cantidad suficientes, para atender las necesidades del mercado interno, por otras empresas similares ya establecidas

Dicha disposición posibilita al Ejecutivo la adopción de positivas medidas para fomentar la producción de mercaderías cuya calidad y cantidad sean indispensables para el normal desarrollo de las actividades económicas del país y, especialmente, para un efectivo abastecimiento al público consumidor

Por el último de los artículos nuevos consultados a continuación del 25, se agrega un inciso final al artículo 3º del D.F.L, Nº 307, de 1960, por el cual se faculta al Servicio de Impuestos Internos para que, en determinadas circunstancias, autorice la aplicación de pleno derecho de las exenciones tributarias a que se refiere el citado decreto con fuerza de ley

Dicha legislación, dictada el año 1960, concede a los comerciantes e industriales establecidos en zonas liberadas y a las industrias que gocen de franquicias aduaneras especiales, la posibilidad, respecto del producto similar a aquél que está autorizado importar liberado, de adquirirlo en el país exento del impuesto a la compraventa

Actualmente, para hacer operar esta exención, se exige el pago oportuno del expresado tributo, para luego proceder a su devolución. El uso de este sistema ha demostrado en la práctica que, en la mayoría de los casos, constituye una tramitación demorosa e innecesaria, que puede fácilmente obviarse con la enmienda propuesta en este artículo nuevo, ya que por ella se faculta al Servicio de Impuestos Internos para que, en aquellos casos en que probablemente no se irrogue un perjuicio al Fisco, pueda decretar que no se pague el aludido impuesto que, de acuerdo con la legislación vigente debe posteriormente de cancelado devolverse

Al artículo 1º transitorio se le introdujeron tres modificaciones. Las dos primeras inciden en sus incisos primero y segundo y tienen por objeto simplemente adecuar esta disposición a la nueva redacción propuesta por esta Comisión para el artículo 5º, que dispone que el trienio para cada producto deberá contarse desde la fecha de su inclusión en la lista de los artículos afectos al régimen de devolución de impuestos y establece un procedimiento distinto del indicado por la Comisión Técnica para el retiro de un producto de la lista o la rebaja del respectivo porcentaje de devolución

Además, en el inciso nuevo agregado al artículo 1º transitorio, se establece el efecto retroactivo para los beneficios consultados en el proyecto, respecto a los productos agropecuarios de naturaleza perecible, cuyos embarques se hubieran efectuado con posterioridad al 1º de enero, en atención a que esta particular circunstancia y el hecho que el estudio de esta iniciativa legal se encuentra todavía en su primer trámite constitucional, permite concluir que, de no consultarse esta disposición transitoria en favor de la exportación de productos perecibles, dicha actividad nacional no podrá acogerse ni beneficiarse con la devolución de impuestos, en relación con los embarques realizados después del 1º de enero del presente año y hasta la fecha de entrada en vigencia de este proyecto

Finalmente, se propone la supresión del artículo 3° transitorio, en razón que sus normas están ya consideradas, en el carácter de general y permanente, en el primero de los artículos nuevos que se agregan a continuación del 9°

En mérito de las consideraciones expuestas, la Comisión de Hacienda acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto en informe, con las siguientes modificaciones

Artículo 1°

Suprimir, en el inciso primero, el punto final, y agregar la siguiente frase: "como, asimismo, a los fletes de las materias primas a los centros de producción"

Artículo 2°

Agregar una letra nueva final, que diga

"f) A las exportaciones de manufacturas o semimanufacturas de cobre, salvo informe favorable del Departamento del Cobre.

Artículo 5°

a) Reemplazar el inciso segundo, por el siguiente

"El Presidente de la República podrá fijar porcentajes diferentes para un mismo producto si razones de incremento de las exportaciones en determinadas zonas o a través de ciertos puertos así lo aconsejen. En todo caso para una misma zona o puerto el porcentaje deberá ser igual"

b) Sustituir el inciso quinto, por lo que a continuación se indican

"El Presidente de la República sólo podrá retirar productos de la lista referida o rebajar sus porcentajes de devolución, una vez transcurridos 3 años desde la fecha de su inclusión en aquella. En todo caso el retiro del producto o la rebaja de su porcentaje de devolución, sólo podrá efectuarse dentro del mes de enero siguiente a la fecha de expiración del respectivo período de tres años. Estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente

Los productos que estando incluidos en la lista, no sean retirados en la forma y oportunidad a que se refiere el inciso anterior, hubieren o no sido alterados sus porcentajes de devolución, se entenderán incluidos por un nuevo período de tres años, contado desde la expiración del trienio anterior y así sucesivamente.

Artículo 7º

Intercalar entre las expresiones "sobre el valor F.O.B. " y "de la mercadería", la siguiente frase: "o C.I.F. según sean las condiciones de exportación"

Artículo 8º

Sustituir, en el inciso primero, el punto final por una coma, y agregar, a continuación, la siguiente frase: "o al acreditarse el retorno a elección del exportador"

Reemplazar los incisos segundo y tercero, por el siguiente

"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías en consignación o sujetas a condición o cuyo pago esté sujeto a liquidación final, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto, sólo los valores obtenidos por la exportación"

Artículo 9º

Sustituir en el inciso primero la frase "o por el Servicio de Aduanas", por la siguiente: "o por intermedio del Servicio de Aduanas"

Artículos nuevos a continuación del 9º

Consultar los siguientes

A) "Artículo...- Las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación, podrán estar exentas de pie-exportación, podrán estar eventas de pleno derecho de los tributos a que se refiere la presente ley que determine el reglamento y en la forma y condiciones que en él se establezcan.

Los artículos producidos al amparo de la presente disposición no gozarán de los demás beneficios de esta ley en cuanto a devolución de tributos y no podrán venderse en el mercado interno, a menos que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción declare por decreto que la venta de estos artículos en el país es indispensable para atender necesidades de consumo interno.

Las industrias o empresas que en virtud de la autorización a que se refiere el inciso anterior vendan productos en el mercado interno, deberán pagar todos los impuestos que les habría correspondido tributar en el caso de no estar acogidas a estos beneficios. El pago deberá hacerse en la forma y condiciones que determine el reglamento".

B) "Artículo...- El Presidente de la República, al fijar la lista a que se refiere el artículo 5º podrá otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas u otras organizaciones de productores que no persigan fines de lucro. En ningún caso el porcentaje de devolución asignado al producto de que se trate más el porcentaje adicional, a que se refiere este artículo, podrá exceder al 30% señalado en el artículo 7º.

Los certificados de devolución que se emitan por el Banco Central, serán extendidos a nombre de la respectiva cooperativa o entidad exportadora, la que deberá transferirlos a sus cooperados o asociados.

Las cooperativas u organizaciones a que se refiere este artículo, para poder gozar de los porcentajes adicionales indicados en el inciso primero, deberán estar inscritas en un registro especial que llevará el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en la forma y bajo las condiciones que determine el Reglamento".

Artículo 10.

a) Agregar en el inciso primero la siguiente frase final, reemplazando el punto final por una coma: "o el pago de los impuestos que corresponda si se trata de artículos producidos al amparo de lo dispuesto en el artículo A)", y

b) Reemplazar en el inciso tercero la palabra "internacionales", por la siguiente: "aceptados".

Artículo 11.

Intercalar, en el inciso segundo, a continuación de la frase "se perciban por", las palabras "intermedio de"; y Agregar los siguientes incisos finales:

"En las importaciones que realicen las empresas de la Gran Minería del hierro, mediana y pequeña minerías del cobre y hierro y las empresas salitreras, sólo se podrá proceder a la cobertura de los cambios una vez que dichas empresas acompañen las facturas originales de las fábricas productoras de las respectivas mercaderías y no se aceptarán facturas emitidas por firmas distribuidoras o centrales de compras en el exterior.

El Comité de Inversiones Extranjeras sólo autorizará aportes de capitales extranjeros que se realicen total o parcialmente en mercaderías, cuando se le acredite fehacientemente el valor de ellas, mediante facturas emitidas directamente por los fabricantes productores de dichas mercaderías, no siendo aceptables facturas de distribuidores o centrales de compras".

Artículo 12.

Reemplazar el punto final del inciso primero por una coma, y agregar la siguiente frase: "debiendo imputarse las cantidades ya pagadas por esos conceptos".

Artículo 13.

Reemplazarlo por el siguiente: "Artículo...- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio exterior y principalmente de las exportaciones, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, combustibles, partes y piezas que se utilizan en la elaboración de un producto.

Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a las materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales".

Artículo 14.

Sustituirlo por el que a continuación se indica:

"Artículo...- El Presidente de la República podrá, en cualquier momento, establecer normas destinadas a simplificar la tramitación de las operaciones de exportación.

Esta facultad no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas aplicables al comercio de exportación.

Igualmente, el Presidente de la República podrá establecer exigencias de calidad que deberán satisfacer todos o algunos de los productos de exportación y fijar la forma en que deberá acreditarse su cumplimiento.

Las normas cuya dictación se autoriza en los incisos anteriores, deberán adoptarse mediante decretos del Ministerio de Economía y Reconstrucción, pudiendo ser modificadas cuando las circunstancias así lo aconsejen".

Artículo 15

Reemplazar la frase "por la o las entidades y en las condiciones que determine" por "preferentemente a cargo del Instituto de Seguros del Estado".

Artículo 16

Sustituir el inciso segundo, por el siguiente:

"Los créditos de exportación deberán ser reajustables. Los créditos para ventas internas podrán ser reajustables".

Artículo 25

Agregar el siguiente inciso nuevo final:

"Asimismo, la Industria Azucarera de la Frontera Sociedad Anónima, en formación, quedará exenta de todos los impuestos de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y demás que gravan su constitución, ampliación y la suscripción y colocación de sus acciones".

Artículos nuevos a continuación del 25.

Consultar los siguientes:

1.- "Artículo...- Concédese a la Industria Azucarera de la Frontera Sociedad Anónima, por el plazo de quince años a contar de la fecha de la presente ley, las mismas franquicias y exenciones tributarias que se señalan en el artículo 25 de la ley Nº 13.039. ";

2.- "Artículo...- Facúltase a la Comisión Coordinadora para la Zona Norte para celebrar contratos o convenios con el objeto de ejecutar investigaciones tecnológicas aplicadas, relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El financiamiento de las referidas convenciones o contrato se hará con cargo a los recursos de dicho Organismo. ";

3.- "Artículo...- Corresponderá al Banco Central de Chile estudiar y fiscalizar las condiciones de la producción de minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, incluso aglomerados o concentrados, en lo que se refiere a sus niveles o volúmenes de producción y posibilidad de expansión, como asimismo, fiscalizar las condiciones de su comercialización, fletes, precios, ventas, costos y utilidades.

Para los efectos del inciso anterior, el Comité Ejecutivo del Banco podrá:

a) Autorizar o rechazar las exportaciones de minerales de hierro en cualquiera de sus formas y las importaciones necesarias para el funcionamiento de las empresas productoras. Sólo se autorizarán importaciones cuando las mercaderías correspondientes no se produzcan en el país en cantidad, calidad, precio y plazos de entrega adecuados, circunstancias que deberán ser comprobadas por el Banco. Para comparar el precio de las mercaderías importadas y nacionales se agregará al valor CIF de las primeras el impuesto ad-valorem y los derechos de aduana, almacenaje, estadística y consulares y, en general, todos los impuestos que se perciben por intermedio de las aduanas;

b) Comprobar y aprobar o denegar los contratos, precios, fletes, seguros y demás modalidades de las ventas y embarques de los productos referidos en el inciso primero, con el fin de verificar que ellos se realicen a los precios del mercado respectivo y en las mejores condiciones posibles; y

c) Requerir de las empresas productoras todos los antecedentes e informaciones que estime necesario.";

4.- "Artículo...- Los beneficios que concede esta ley se aplicarán a los exportadores de minerales de hierro en la forma y bajo las condiciones que determine el reglamento.

Mientras no se dicte el reglamento seguirán rigiendo las normas contenidas en el D.F.L. Nº 256, de 1960, respecto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior. ";

5.- "Artículo...- Con informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, el Superintendente de Aduanas habilitará recintos particulares de aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola. En todo caso, será necesario que el embarque de las mercaderías referidas sea autorizado previamente por el Banco Central de Chile.

Para la internación al país de las mercaderías a que alude el inciso anterior, se aplicarán todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para las importaciones; sin embargo, no se les aplicará la facultad establecida en el artículo 2º de la ley Nº 16.101, ni estas importaciones se considerarán para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 4º del mismo cuerpo legal.";

"Artículo...- Agrégase al inciso primero del artículo 31 del Decreto Supremo Nº 1.272, del Ministerio de Economía, de 11 de noviembre de 1961, el siguiente párrafo en punto seguido:

"De todos modos será facultad del Presidente de la República otorgar las liberaciones del presente artículo a las nuevas industrias que se establezcan en el futuro, cuando, previo informe de la Dirección de Industria y Comercio, se determine que la o las industrias existentes no abastecen adecuadamente el mercado nacional en cantidad y calidad. ";

7.- "Artículo...- Agrégase al artículo 3° del D.F.L. Nº 307, de 1960, el siguiente inciso nuevo:

"En todo caso, facúltase al Servicio de Impuestos Internos para hacer operar de pleno derecho las exenciones contenidas en el presente decreto con fuerza de ley, siempre que a su juicio exclusivo, esté suficientemente garantido el interés del Fisco". "

Artículos transitorios

Artículo 1º

a) En el inciso primero, suprimir la frase "entendiéndose que el primer trienio a que se refiere el inciso final de dicho artículo comienza a correr el 1º de enero de 1966".

b) En el inciso segundo, reemplazar la frase "el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes, deberá sujetarse a lo dispuesto por el inciso final del artículo 59, sin perjuicio de poder ejercitar a su respecto la facultad a que se refiere el inciso final del artículo 5º, en la oportunidad correspondiente. ", por la siguiente:

"El retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por los incisos cuarto y quinto del artículo 5º.".

c) Agregar el siguiente inciso final:

"Sin embargo, los productos agropecuarios de naturaleza perecible, cuyo embarque se hubiere efectuado después del 1º de enero de 1966, quedarán afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo 4º de esta ley, de acuerdo con los porcentajes que fije el Presidente de la República en conformidad a las normas estatuidas en el artículo 9°. ".

Artículo 3°.

Suprimirlo.

Sala de la Comisión, a 24 de enero de 1966.

Acordado en sesiones de fecha 15, 16, 24, 25 y 30 de noviembre, 2 (2), 6, 14 de diciembre, 6, 12 y 13 de enero, con asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Basso, Cademártori, Cerda, Escorza, Gajardo, Irureta, Lazo, doña Carmen, Maira, Muga, Naudon, Penna, Poblete, Rioseco, Sota, Videla y Valente.

(Fdo. ): Jaime de Larraechea, Secretario de Comisiones.

77.-INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO

Honorable Cámara:

La Comisión de Economía y Comercio pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple", por el cual se consultan diversas medidas tendientes a fomentar el incremento de las exportaciones.

Durante el estudio de este proyecto, la Comisión fue asesorada por el señor Subsecretario de Hacienda, don Andrés Zaldívar, el Jefe del Departamento de la Compraventa de la Dirección de Impuestos Internos, don Luis Illanes, el asesor del Banco Central de Chile, en exportaciones, don Fernando Barrios, y el abogado de dicho Banco, señor Gastón Illanes.

Igualmente, con el objeto de conocer el pensamiento de los diversos organismos representantes da la producción y el comercio, escuchó al abogado de la Asociación de Exportadores, señor Jerónimo Santa María, al abogado de la Cámara de Comercio, señor Eduardo Dagnino, y al Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril señor Fernando Smits, los cuales expusieron sus puntos de vista en una reunión informal que celebró la Comisión.

Las exportaciones de materias primas y de productos elaborados en el país se encuentran regidas actualmente por las normas consultada son el D.F.L. Nº 256, de 1960, en el cual se contemplan diversas medidas de fomento de este rubro del comercio internacional. Entre esas medidas deben mencionarse, especialmente, las exenciones del pago de impuestos que inciden en sus costos y precios para los productos que se exportan, la energía eléctrica y los combustibles empleados en su producción y en el transporte de los mismos hasta puerto de embarque y las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de ellos, sean éstas nacionales, nacionalizadas o importadas; las exenciones del pago de impuestos que operan de pleno derecho, que benefician a ciertas exportaciones, o actos o contratos referentes o conducentes a esta finalidad, y, finalmente, la devolución de los tributos pagados por los contribuyentes por parte del Fisco. También, consulta otros dos tipos de franquicias tributarias de menor aplicación y que consisten en la liberación anticipada de impuestos que afectan a una exportación y en la exención tributaria para las empresas que exportan la totalidad de su producción o mantienen secciones separadas para producir los productos que exportan.

Según datos proporcionados por la Dirección de Impuestos Internos, en el año 1964 la Tesorería ha devuelto impuestos por un valor de Eº 2.837.534,81 y se han imputado certificados a pago de impuestos, en la Tesorería de Santiago, por un valor de Eº 712.271,67, lo que permite estimar que el monto total en todo el país no excede de Eº 1.000.000, lo cual suma con las devoluciones, aproximadamente, Eº 4.000 000.

Desgraciadamente, la realidad ha demostrado que todos estos incentivos no han producido un aumento sustancial de nuestras exportaciones, que permita disminuir el desequilibrio de nuestra balanza de pagos, como se esperaba, situación que en los últimos tiempos se ha visto agravada al verse afectados algunos rubros importantes del comercio de exportación, como los productos del sector industrial, los cuales por su alto costo de producción no pueden competir con los productos similares en el mercado internacional. Solamente pueda afirmarse que ha habido un incremento, que es más aparente que real, de la exportación de los productos de la minería, debido, en gran parte, al aumento del precio del cobre en el mercado mundial.

Los hechos antes expuestos han producido un saldo desfavorable en nuestra balanza comercial, el cual se acentuó notoriamente durante el año 1964 y en los primeros meses del año en curso. Así, de acuerdo con datos estadísticos contenidos en el Boletín Nº 451, del Banco Central de Chile, correspondiente al mes de septiembre del presente año, se demuestra que hubo los siguientes, déficit mensuales, expresados en millones de dólares, durante el año 1964 y enero y febrero del presente año:

Ahora bien, con el objeto de remediar este desequilibrio en la balanza comercial, y consecuentemente, producir mayores ingresos en la economía privada, y nacional, el Ejecutivo ha propuesto un conjunto de medidas económicas y de facultades que se otorgan al Presidente de la República tendientes a aumentar los incentivos a la exportación.

Como medida básica el proyecto consulta expresamente la devolución de los impuestos, contribuciones, gravámenes y derechos que afectan a las exportaciones y sus componentes. Se comprenden en estos tributos solamente a aquellos que tienen incidencia en el costo o en el precio de los productos que se exportan.

A esta materia se refiere el artículo 4º del proyecto, que está en íntima relación con el artículo 1° y la mayoría de las demás disposiciones de que consta.

En efecto, dicho artículo 1º establece la posibilidad de que queden exentos del pago de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios, los productos que se exporten, incluyendo en esta exención a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque, como igualmente a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstas nacionales o nacionalizadas, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Obviamente, esta disposición tiene por objeto estimular nuestro comercio de exportación, ya que producirá, necesariamente, una rebaja considerable en los costos de producción de los bienes destinados a la exportación, y consecuencialmente, beneficiará a todos los factores que intervienen en el proceso de producción de dichos bienes. Además, producirá como consecuencia inmediata un estímulo para que los productores nacionales se interesen por entrar a competir en los mercados internacionales.

Se formuló durante la discusión particular de este artículo, indicación con el objeto de darle carácter imperativo a la exención, la cual fue rechazada por la Comisión luego de un extenso cambio de ideas sobre el particular, en atención a que su aprobación implicaría restarle flexibilidad al sistema central del proyecto, cual es el de ir adoptando periódicamente las medidas necesarias conducentes a perfeccionar o adaptar los estímulos para la expoliación, de los cuales el de mayor importancia es aquel que otorga al Presidente de la República la facultad de determinar la lista de los productos que serán favorecidos con el régimen devolutivo de tributos.

El artículo 2º consulta seis casos en los cuales no operará el beneficio de la devolución impositiva, con el objeto de favorecer exclusivamente operaciones de comercio de exportación de productos o materias primas de origen nacional que se hayan elaborado en Chile o que hayan sufrido un proceso de transformación en el país, cuando se trata de mercaderías extranjeras. Si no se dan estas circunstancias, no estará afecta la exportación al beneficio general de esta ley en proyecto.

Estos casos son los siguientes:

1º Las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa;

2º Las especies que entren al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares, y que se reexporten;

3º Las mercaderías nacionales que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

4º Las empresas productoras de cobre de la Gran Minería a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 11. 828 (sus exportaciones);

5º La industria salitrera regida por la ley Nº 12. 033 (sus exportaciones), y

Las exportaciones efectuadas por las industrias explotadoras de minerales de hierro que no retornan al país el total de ellas.

El artículo 3º consulta un precepto legal que ya se estaba aplicando en nuestro país en virtud de las normas del D. F. L. Nº 256, ya mencionado, pero que operaba a base de una enumeración taxativa que contenía el artículo 13 de dicho texto legal. Con la fórmula que aquí se propone, que entrega al Presidente de la República la determinación de los actos, contratos, trámites y actuaciones que serán liberados del pago de tributos, se espera fundadamente obtener mayores beneficios para los exportadores.

El artículo 4º ha sido analizado con anterioridad en este dictamen.

El artículo 5º, que guarda estrecha relación con el artículo 6º y que debe ser analizado conjuntamente con él, fue objeto de extensos debates durante su discusión particular y, además, se le formularon diversas indicaciones tendientes a modificarlo. El motivo de la discusión se centralizó alrededor de la facultad que otorga al Presidente de la República para determinar los productos afectos al régimen de estímulo, de fijarles los porcentajes de devolución correspondientes, de incluir nuevos productos en las listas, de retirarlos y de aumentar o rebajar aquellos porcentajes.

A juicio de algunos señores Diputados es necesario consultar un régimen de estabilidad que permita desarrollar industrias destinadas a producir bienes de exportación, razón por la cual es indispensable evitar el riesgo a que podrían estar sujetos estos empresarios si pudiere en cualquier época retirarse de las listas sus productos, e incluso se planteó la necesidad de aumentar el plazo de permanencia del producto en las listas de tres a diez años, lo que en definitiva se estimó exagerado.

Sobre este aspecto del problema se tomó conocimiento del texto de la legislación española sobre la materia, que lleva el Nº 29/65, publicada en el Boletín Oficial de España de! 5 de mayo del presente año, la cual es de tal amplitud que autoriza el retiro de productos de exportación de la lista correspondiente, en cualquier momento.

Igualmente, se debatió una indicación que autoriza una nueva fórmula de estímulo para este tipo de actividades exportables, consistente en fijar diferentes porcentajes de devolución para un mismo producto en diferentes zonas del país cuando circunstancias especiales, que calificará el Presidente de la República, así lo aconsejen.

Esta indicación contó con el apoyo de la unanimidad de los miembros de la Comisión en atención a que su aplicación práctica contribuirá a dar cumplimiento más efectivo a los propósitos de la ley en proyecto.

Otra modificación que fue aprobada por la Comisión a este artículo, en el actual inciso cuarto, tiene por objeto dejar claramente establecido que el Presidente de la República podrá aumentar en cualquier momento los porcentajes de devolución de impuestos para algún producto de la lista.

En consecuencia, el sentido de estos artículos puede sintetizarse como sigue:

1º Es facultad privativa del Presidente de la República determinar por Decreto Supremo la lista de los productos afectos ai régimen de devolución;

2º Igual facultad tiene para fijar libremente los porcentajes de devolución correspondiente;

3º En cualquier época está facultado para incluir nuevos productos en dicha lista;

4º En cualquier época puede aumentar los porcentajes de devolución de impuestos;

5º Solamente cada tres años podrá rebajar porcentajes de devolución de impuestos o retirar productos de la mencionada lista;

6º En casos calificados, podrá señalar plazos diferentes respecto de determinados productos durante los cuales no podrán retirarse de dicha lista, ni rebajarse los respectivos porcentajes de devolución, y

Igual garantía podrá otorgar a ciertos productos que se incluyan con posterioridad en la lista ya decretada.

El artículo 7º establece el valor de la mercadería sobre el cual se aplicará el porcentaje de devolución, y al efecto establece que se considerará el valor F. O. B.

El artículo 8º debe considerarse conjuntamente con el 9º ya que ambos tratan de la forma en que el Fisco efectuará la devolución de impuestos, vale decir por medio de certificados que se expedirán por medio del Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería.

También sobre este sistema devolutivo mediante el instrumento ya señalado, se produjo en la Comisión un extenso cambio de opiniones. En efecto, en primer lugar se expresaron dudas acerca de la utilidad que estos documentos pueden prestar a los exportadores o tenedores de ellos, ya que el proyecto en informe no autoriza el canje de estos certificados por dinero. En seguida, y como consecuencia de la premisa anterior, se formuló cuestión acerca de qué utilización podrá dársele a los saldos que restaran a los tenedores de los certificados una vez que hubieren aplicado parte de su valor al pago de cualquier obligación tributaria, aduanera, provisional, etc.

Finalmente, se discutió acerca de la forma en que se confeccionarían los certificados y de si admitían endoso. Igualmente se consideró una indicación para sustituir al comienzo del inciso primero la forma verbal "serán" por la siguiente: "podrán ser", y otra, que faculta a ios tenedores de certificados para cobrarlos directamente en Tesorería.

Sobre estas materias la Comisión recibió amplia información de parte de los funcionarios asesores del Banco Central de Chile, anteriormente individualizados, los cuales manifestaron que -estos certificados serán divisibles en cupones, a la orden, y, consecuencialmente, endosables, lo cual garantiza ampliamente a los tenedores de bonos para solventar obligaciones de las que se enumeran en el artículo 9º.

Más aún, quedó establecido en la Comisión que tal como está concebido este sistema, prestará una mayor utilidad a los exportadores dado el amplio campo de aplicación de los certificados, y que el hecho de que no puedan ser canjeados en dinero no producirá ningún perjuicio a las operaciones de exportación.

Por lo dicho, se rechazó la indicación señalada anteriormente sobre esta materia. La primera proposición fue aprobada, por cuanto sólo tiende a dar mayor flexibilidad al sistema.

El artículo 10 consulta el caso de que las mercaderías exportadas sean devueltas al país, para lo cual contempla el procedimiento a seguir en cuanto a la devolución de los respectivos certificados y autoriza la dictación de un Reglamento sobre la materia. Asimismo, establece la posible aplicación de sanciones a los exportadoras a los cuales se les devuelva su mercadería.

Por el artículo 11 se autoriza la liberación del pago de impuestos, derechos y demás gravámenes que se pagan por intermedio de las Aduanas, con la sola excepción de los impuestos adicionales establecidos en conformidad al artículo 169 de la ley Nº 13. 305 -que autoriza al Presidente de la República para imponer un tributo de hasta un 200 % sobre el valor C. I. F. de las mercaderías que se importen-, a la internación de equipos y maquinarias destinados a la instalación, ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción, a lo menos, en un 51% anual se destine a la exportación.

El porcentaje de exención tributaria, de acuerdo con el inciso segundo, será proporcional al volumen de la producción que la industria beneficiada destine a la exportación.

Sobre el particular se formularon dos indicaciones: la primera, tendiente a suprimir la frase final del inciso primero con el objeto de incluir en la exención los impuestos adicionales; y la segunda, tendiente a aplicar la misma exención tributaria en favor de las materias primas, partes, repuestos, aceites y lubricantes que se importen para la producción de un artículo destinado a la exportación.

En cuanto a la primera indicación, se expresó en la Comisión que los impuestos que contempla el mencionado artículo 169 de la ley Nº 13. 305 constituyen un mecanismo flexible que tiene por objeto regular, en un momento dado, la instalación de determinadas industrias que no sean convenientes para la economía nacional, lo cual queda entregado a la decisión del Presidente de la República. Por esta razón fue rechazada la indicación.

La segunda indicación fue rechazada por cuanto sería de muy difícil control la determinación de las especies que se ocuparían en la producción de un artículo de exportación, problema que no se presenta con la internación de una maquinaria o un equipo industrial.

El artículo en examen fue aprobado en razón de que constituye un fuerte incentivo para los empresarios, los que se verán obligados a aumentar su producción hasta obtener que sus exportaciones alcancen al mínimo establecido para poder acogerse a la franquicia antes señalada en lo referente a la internación de maquinarias y equipos, y, además, porque el porcentaje de liberación de impuestos será proporcional al volumen de producción destinada a la exportación por la industria favorecida.

El artículo 12, de carácter más bien reglamentario, tiende a regular los casos de enajenación de los bienes que hubieren gozado de las franquicias tributarias que contempla el proyecto y la forma en que deberán enterarse dichos derechos e impuestos por los adquirentes de estos bienes.

Los artículos 13, 14, y 15, contienen ideas fundamentales del proyecto, cuales son facultar al Presidente de la República para reglamentar un sistema operativo ágil y flexible de admisión temporal de bienes susceptibles de ser transformados o elaborados en el país y que se destinen exclusivamente a la exportación, con el objeto de producir un mayor ingreso derivado del valor agregado por la industria nacional; simplificar los trámites de las exportaciones y establecer un sistema de seguro a las exportaciones tendientes a cubrir de todo riesgo a los exportadores.

El artículo 16 autoriza al Banco Central de Chile para acordar líneas de crédito a los Bancos particulares para que éstos puedan atender al comercio de exportación y permitir la posibilidad a los industriales de adquirir bienes de capitales en el mercado interno, en las condiciones usuales en los mercados internacionales, sin las limitaciones establecidas en la Ley Orgánica del Banco Central de Chile y en la Ley General de Bancos.

Los artículos 17 y 18 derogan, en primer lugar, todo el régimen de bonificaciones de que disfrutan en la actualidad las exportaciones que se realicen por los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, las cuales en lo sucesivo se regirán por las normas del texto legal en estudio, porque se estimó que el proyecto en examen contempla las medidas necesarias que pueden ser aplicadas en esa zona con mayor beneficio que las actualmente vigentes; y, en segundo lugar, se derogan diversas disposiciones que contienen franquicias tributarias para la exportación de determinadas mercaderías o productos desde algunas zonas del país.

El artículo 19 no merece mayor comentario, por cuanto sólo hace aplicable las sanciones contempladas en la legislación común a los infractores, como las especiales contempladas en el texto legal en estudio.

Disposiciones Varias.

Este título, que abarca los artículos 20, 21 y 22, contiene diversas modificaciones a la ley Nº 16.250 y a la Ley sobre Impuesto a la Renta.

El artículo 20 contiene tres modificaciones al artículo 99 de la ley Nº 16. 250, en su texto actual, que consisten en lo siguiente:

1º.- Se establece que las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en el extranjero pagarán, además, del recargo de un 25 % durante los años tributarios de 1965, 1966 y 1967, al impuesto adicional, un impuesto de 7. 5% sobre el porcentaje de la utilidad devengada que les corresponda de acuerdo con su participación en el capital de la sociedad respectiva, o sea, estas personas, en definitiva, pagarán estas dos clases de impuestos;

2º.- Por la segunda modificación se aclara el concepto de utilidad devengada que corresponde a dicho tipo de accionistas por cuanto -como dice el Mensaje en la exposición de motivos- su interpretación puede prestarse a discusiones ante los Tribunales de Justicia o/y en ciertos casos, puede llegar a hacer inaplicable dicha disposición, y

3º.- La tercera modificación consiste en agregar un inciso final que tiene por objeto, según se expresó en la Comisión, atraer la inversión de capitales extranjeros en nuestro país mediante la exención del pago del recargo al impuesto adicional, del 7, 5 %, cuando los extranjeros declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o, en caso contrario, indiquen los nombres de sus verdaderos dueños.

Estas disposiciones regirán desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley Nº 16. 282, según lo establece el artículo 21.

El artículo 22 tiene por objeto eximir del pago del impuesto adicional contemplado en el artículo 60 de la Ley de la Renta, a las devoluciones de capital extranjero acogido a las disposiciones del Estatuto del Inversionista Extranjero, cuando estas devoluciones se efectúen durante la vida de la sociedad anónima chilena en la que se haya invertido capital, en conformidad con los plazos del decreto bajo cuyo amparo se efectuó la inversión. Esta disposición tiende a beneficiar solamente al capital originalmente aportado desde el extranjero y hasta concurrencia de su monto inicial, sin que pueda beneficiar en ningún caso al retiro de utilidades capitalizadas originadas por la explotación en Chile de dichos capitales.

A continuación, la Comisión acordó incluir tres disposiciones nuevas aprobadas a indicación de un miembro de ella y que tienen por objeto otorgar las mismas franquicias tributarias que favorecen a la Industria Azucarera Nacional (IANSA) S. A., a la Industria Azucarera de la Frontera S. A., que se encuentra actualmente en formación y que se piensa establecer en la provincia de Cautín.

Igualmente, se la libera del pago de todos los derechos de internación que gravan la importación de la maquinaria, útiles y elementos y demás bienes que adquiera dicha Empresa con el propósito exclusivo de construir y operar una fábrica de azúcar de remolacha en la provincia de Cautín.

La última disposición que beneficia a esta industria establece que este beneficio tributario se aplicará tanto a la sociedad actualmente en formación como a la sociedad que, en definitiva, quede legalmente constituida.

Artículos transitorios

El artículo 1º transitorio, junto con establecer que el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos afectos al beneficio de devolución de impuestos, dispone que en dicha lista quedarán incluidos los proyectos que ya figuraban en la lista confeccionada en conformidad al artículo 20 del D.F.L. Nº 256, con un porcentaje mínimo de devolución igual al que tenían asignados a la fecha de publicación de la presente ley, según una modificación introducida por la Comisión.

En su inciso final este artículo hace aplicable las normas de dicho D.F.L. Nº 256 a las exportaciones que logren realizarse con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos beneficiados con la devolución de impuestos.

El segundo artículo transitorio regula una situación que puede presentarse con las exenciones que operan de pleno derecho en relación con la derogación que contempla el proyecto de ley en informe del D.F.L. Nº 256, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento que determine los actos, contratos, trámites o actuaciones que queden exentas del pago de todo impuesto. En este lapso, se aplicarán las normas del artículo 13 de dicho D.F.L, que considera este tipo de exenciones ipso jure.

Finalmente, el artículo 3º transitorio, establece que las empresas que se encontraren acogidas a los beneficios del artículo 14 del D.F.L. Nº 256, que exime del pago de impuestos a aquellas que se dediquen exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán optar entre el sistema del D.F.L. Nº 256 o el establecido en el proyecto en informe, a su elección.

En mérito de las razones expuestas, la Comisión de Economía y Comercio, por la unanimidad de sus miembros, acordó recomendar la aprobación del proyecto en informe, redactado en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

Estímulos a las exportaciones.

Artículo 1º.- Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también a las materias primas y partes que se emplean en la elaboración de productos de exportación, sean éstas nacionales o nacionalizadas, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Artículo 2º.- Las normas de esta ley no se aplicarán:

a) A las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa o motivo;

b) A las especies que entren al país, bajo un régimen suspensivo de derecho, sea de admisión temporal o de Almacenes Particulares y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

c) A las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, entendiéndose por tales, las que define el artículo 1º de la ley Nº 11. 828, publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 1955;

d) A la industria salitrera, que se rige por la ley Nº 12. 033, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956, y

e) A las industrias explotadoras de minerales de hierro, que no retornan al país el total de sus exportaciones.

Artículo 3º.- Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos, derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

El Reglamento determinará los actos, contratos, trámites o actuaciones comprendidos en el presente artículo, como asimismo los gravámenes de los cuales quedan exentos.

Artículo 4º.- Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3º, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5º.- El Presidente de la República, determinará por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo anterior y fijará libremente sus respectivos porcentajes, para lo cual podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de esos productos.

El porcentaje podrá ser diferente para un mismo producto si razones de incremento de la exportación en determinadas zonas o a través de ciertos puertos, distintas necesidades de los exportadores u otros motivos así lo aconsejen, a juicio del Presidente de la República.

En el caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras o artículos a media elaboración que ingresaren al país bajo un régimen suspensivos de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporadas en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará al valor agregado nacional.

El Presidente de la República podrá, en cualquier época, incluir nuevos productos en la lista así formada, fijándoles los porcentajes de devolución correspondientes. Asimismo, en cualquier época, podrá aumentar los porcentajes ya establecidos.

Cada tres años calendario, en el mes de enero siguiente a la expiración del trienio respectivo, el Presidente de la República podrá rebajar porcentajes y retirar productos de la lista referida; estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente.

Artículo 6°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República, en casos calificados podrá, al fijar la lista, señalar respecto de uno o más productos incluidos en ella, un plazo durante el cual no podrán retirarse de dicha lista ni rebajarse sus porcentajes respectivos de devolución.

El Presidente de la República podrá otorgar igual garantía respecto de productos que se incluyan con posterioridad a la lista ya formada. Una vez expirados los plazos especiales recién señalados, los productos respectivos quedarán sujetos al régimen general y podrán ser retirados de la lista o rebajados sus porcentajes en conformidad a las normas del artículo anterior.

Artículo 7º.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, se aplicarán sobre el valor F.O.B. de la mercadería y en ningún caso podrán exceder del 30%.

Artículo 8º.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores, se hará efectiva mediante la entrega de certificados que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías que no hubieren sido vendidas a firme, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación.

Igualmente, hacen excepción a lo dispuesto en el inciso primero, las exportaciones cuyo pago esté sujeto, total o parcialmente, a liquidación final. En estos casos, el Banco Central de Chile entregará provisoriamente al exportador, al momento de acreditarse el embarque, certificados por el monto que determine en cada caso el Comité Ejecutivo, los que deberán ser como asimismo equivalentes al 50% del total que correspondería de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. Una vez efectuado el retorno y liquidación de las divisas correspondientes a la exportación, el Banco Central entregará certificados por el saldo que legalmente corresponde, tomando en consideración para el cálculo exclusivamente el valor total obtenido por la exportación.

Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el valor F.O.B. de la mercadería, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

Artículo 9º.- Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por el Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Las Municipalidades, Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social, presentarán en cobro los certificados que reciban por los conceptos señalados, directamente a las Tesorerías Fiscales, las que deberán pagarlos a su presentación.

Artículo 10.- Las mercaderías enviadas a mercados exteriores y que se devuelvan al país no podrán ser internadas sino previa devolución del o los certificados a que se refiere el artículo 8? de esta ley y/o en su defecto, entero de su equivalencia en arcas fiscales.

Si la devolución al país de la mercadería exportada no está plenamente justificada a juicio de los organismos competentes, el pago de los impuestos y derechos correspondientes y el reintegro de las sumas percibidas como devolución de derechos, se efectuará con los recargos y los intereses que señale el Reglamento.

En los casos en que la mercadería fuese devuelta por deficiencias de calidad con respecto a los standards internacionales en las que se compruebe se incurrió por dolo o culpa del exportador, el reglamento establecerá multas u otras sanciones que deberán ser aplicadas administrativamente, de acuerdo al procedimiento que se establezca.

Artículo 11.- La importación de equipos y maquinarias destinados a la instalación ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción, a lo menos en un 51% anual, se destine a la exportación, podrá quedar liberada de los impuestos, gravámenes y demás derechos que se perciban por intermedio de las Aduanas, con excepción de los impuestos adicionales establecidos o que se establezcan en conformidad al artículo 169 de la ley Nº 13. 305 y sus modificaciones.

La liberación de derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por las Aduanas, referidos en el inciso anterior, deberá en todo caso ser proporcional al volumen de la producción que la industria favorecida destine a la exportación.

Para los efectos indicados en los incisos anteriores el Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días, contados desde la vigencia de esta ley, deberá dictar un Decreto que llevará la firma de los Ministros de Hacienda, y de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá las disposiciones que regirán el otorgamiento de las franquicias que en este artículo se señalan.

En el mismo Decreto, el Presidente de la República determinará el sistema de fiscalización para verificar el cumplimiento de las condiciones o requisitos exigidos para el otorgamiento de las franquicias, debiendo establecer las sanciones que se aplicarán en caso de contravención.

Artículo 12.- Los bienes que hubieren gozado de las franquicias a que se refiere el artículo 11, y que se enajenen, deberán pagar previamente todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que afecten la internación de ellos en el momento de su enajenación.

No obstante, si el adquirente goza o pueda gozar de exención de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, debiendo dictarse el Decreto Supremo que así lo establezca, en los casos en que corresponda.

Las personas o entidades que adquieran las especies a que se refiere el inciso primero de este artículo serán solidariamente responsables del pago de los derechos, impuestos y demás gravámenes señalados.

Sin embargo, estarán exentos de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciben por intermedio de las Aduanas, aquellos bienes que se enajenen una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de la internación, o bien en un plazo inferior en conformidad a las disposiciones generales de la Ordenanza de Aduanas.

Artículo 13.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio de exportación, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, partes y piezas que se incorporarán a un producto de exportación. Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a dichas materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales siempre que el producto final esté destinado exclusivamente a su uso o consumo en el exterior.

Artículo 14.- El Presidente de la República podrá en cualquier momento establecer normas con el objeto de simplificar la tramitación de las operaciones de exportación. Asimismo, podrá, en cualquier momento, modificar dichas normas.

El uso de esta facultad por el Presidente de la República no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas generales aplicables al comercio de exportación.

Artículo 15.- El Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro a las exportaciones por la o las entidades y en las condiciones que determine, con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, incluso de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos y otros.

Artículo 16.- El Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como asimismo para ventas internas de bienes de capital de producción nacional, en las condiciones, montos, plazos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las limitaciones contenidas en los D.F.L. Nºs 247 y 252, de 1960.

Los créditos que se otorguen de acuerdo a lo dispuesto en este artículo podrán ser reajustables.

Artículo 17.- Déjase sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9° de la ley Nº 12.937; 12º y 40º de la ley Nº 13.039; y letra b) del artículo 4 de la ley Nº 14.824. En lo sucesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.

No obstante, el rendimiento que hasta la publicación de esta ley produzca la aplicación de las disposiciones citadas en el inciso anterior, se destinará a cancelar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. El excedente de dichos fondos y el rendimiento que se produzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación.

Artículo 18.- Deróganse el Decreto con Fuerza de Ley Nº 256, de 1960; artículos 93, 94 y 95 de la ley Nº 12.861 y artículo 10 de la ley Nº 14.824.

Artículo 19.- Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias, civiles y criminales que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.

Disposiciones varias

Artículo 20.- Introdúcense al artículo 99 de la ley Nº 16.250, modificado por el artículo 58 transitorio de la ley N° 16.282, las siguientes modificaciones.

1.- Elimínase en el inciso cuarto los términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero".

2.- Agrégase en el inciso cuarto, en punto seguido, la siguiente frase: "Se considerará que la utilidad devengada que corresponde a los accionistas es equivalente al monto de la utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la respectiva sociedad anónima y que deba someterse a aprobación de la junta de Accionistas, con deducción de la parte que legalmente no puede ser de disposición voluntaria de dicha Junta y de aquella que ya se hubiere distribuido como dividendo provisorio".

3.- Agréganse los siguientes incisos finales:

"Estarán exentas del impuesto de 7, 5% las personas que declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o que dichos valores figuran a su nombre en razón de un encargo de administración, comisión de confianza u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquier título semejante, otorgado por el verdadero dueño cuya individualización y domicilio deberá señalarse en dicha declaración para que opere la exención. Si el verdadero dueño resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las sociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones cuando a su juicio exclusivo, debido al número de socios o a otra causa, sea muy difícil su cumplimiento".

Artículo 21.- Lo dispuesto en el artículo 20 regirá desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley Nº 16.282.

Artículo 22.- Agrégase al inciso primero del Nº 2 del artículo 60 de la Ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase en punto seguido: "También estarán exceptuadas del gravamen establecido en este número las devoluciones de capitales internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del D.F.L. Nº 437, de 1954, o del D.F.L. Nº 258, de 1960, o amparados por certificados o convenios suscritos con el Banco Central de Chile en conformidad a los artículos 14 y 16 del Decreto Nº 1. 272, de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el monto del capital efectivamente internado a Chile".

Para estos efectos, se considerará que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al momento de la devolución.

Artículo 23.- La Industria Azucarera de la Frontera S. A. gozará de las mismas franquicias tributarias que favorecen a la Industria Azucarera Nacional S. A., siempre que cumpla exclusivamente el mismo objetivo que ésta.

Artículo 24.- Libérase de todo derecho de internación, estadística ad-valorem, almacenaje y, en general, de todo impuesto o derecho, incluso los derechos consulares, y de toda otra contribución, depósito o garantía que grave la importación de las maquinarias, útiles, implementos y repuestos y demás bienes que sean adquiridos por la Industria Azucarera de la Frontera S. A. con el preciso objeto de construir y operar una Fábrica de Azúcar de Remolacha en la provincia de Cautín.

Artículo 25.- Las franquicias establecidas en los artículos precedentes son otorgadas tanto en favor de la actual Industria Azucarera de la Frontera S. A., en formación, inscrita con fecha 25 de octubre de 1964 bajo el número 2.627 en la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, como también en favor de la Industria Azucarera de la Frontera S.A., una vez que esté legalmente autorizada e instalada.

Artículos Transitorios

Artículo 1º.- Dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos indicada en el artículo 5º, entendiéndose que el primer trienio a que se refiere el inciso final de dicho artículo comienza a correr el 1º de enero de 1966.

Al fijar la lista indicada en el inciso anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha se encontraren comprendidos en la lista de productos establecidos en conformidad al artículo 20 del D.F.L. Nº 256, de 1960, señalándose como mínimo, un porcentaje de devolución igual al que tenía asignado a la fecha de publicación de esta ley; el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por el inciso final del artículo 5°, sin perjuicio de poder ejercitar a su respecto la facultad a que se refiere el inciso final del artículo 5º, en la oportunidad correspondiente.

Las exportaciones cuyos embarques se realicen con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas a las normas que sobre devolución de impuestos establece el D.F.L. Nº 256, del año 1960.

Artículo 2°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 18, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 3º, continuará en vigencia al artículo 13º del D.F.L. Nº 256, de 1960.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, las empresas que a la fecha de la publicación de esta ley se encontraren acogidas a los beneficios que establece el artículo 14 del D.F.L. Nº 256, de 1960, en relación con los artículos 6º, 7º, 8º y 9º de ese mismo texto, continuarán rigiéndose por dichas disposiciones.

A las empresas a que alude el inciso anterior, no se les aplicarán simultáneamente las normas de los artículos 4º y siguientes de esta ley, a menos que renuncien por escrito al régimen del artículo 14 del D.F.L. Nº 256 citado".

Sala de la Comisión, a 21 de octubre de 1965.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Stark (Presidente), Garay, Montt, Clavel, Corvalán, Pareto, Iglesias, Momberg y Turna.

Se designó Diputado Informante al H. señor Iglesias.

(Fdo.): Fernando Parga Santelices, Secretario".

FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Corresponde, a continuación, iniciar el debate del proyecto de ley sobre fomento de las exportaciones, calificado de simple urgencia.

Diputado informante de la Comisión de Economía y Comercio es el Honorable señor Iglesias.

El proyecto está impreso en los boletines Nºs 10.478 y 10.478-A.

-Los informes de las Comisiones de Economía y Comercio y de Hacienda aparecen entre los Documentos de la Cuenta del Boletín de la Sesión 45ª, de 25 de enero de 1966.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

En discusión el proyecto.

El señor IGLESIAS.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor PENNA.-

Pido la palabra.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Iglesias; y, a continuación, el Honorable señor Penna.

El señor IGLESIAS.-

Señor Presidente, con referencia al proyecto en debate, debemos hacer algunas consideraciones esenciales, de tipo general.

La realidad del comercio exterior chileno demuestra la necesidad impostergable de obtener un substancial incremento de las exportaciones del país, como un medio de poder atender los crecientes requerimientos de mercaderías importadas, indispensables tanto para el desarrollo de las diversas ramas de la producción, en especial de la industria, como para el consumo de la población en aquellos rubros esenciales, que el país no produce o en cuya producción hay déficit.

No obstante que, en el último decenio, el volumen de exportaciones ha aumentado en forma considerable, tanto que entre 1954 y 1964 el aumento fue alrededor de los 100 millones de dólares, dicho aumento ha sido insuficiente para compensar el crecimiento, más rápido, de las necesidades de importación. Esto aparece con claridad con sólo considerar que, mientras en 1954, las importaciones del país ascendieron a 348.000.000 de dólares, en 1964 ellas llegaron a 625.000.000 de dólares. Cabe considerar que la cifra de importación de 1964 resultó luego de aplicar el Banco Central de Chile fuertes medidas restrictivas, destinadas a lograr armonizar las necesidades de importación con las disponibilidades de monedas extranjeras.

Por otra parte, debe destacarse la necesidad de que nuestra economía logre alcanzar una etapa de diversificación de las exportaciones, poniendo especial énfasis en aquéllas que envuelven mayor valor agregado, con el doble propósito de obtener que ella no dependa, en forma tan importante como la actual, de las fluctuaciones de precios de un solo producto, y, al mismo tiempo, de atenuar los efectos negativos del deterioro de los términos del intercambio.

El proyecto de ley que nos ocupa tiende a crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una política definida de fomento a las exportaciones, para lo cual aborda los diferentes problemas que afectan a nuestros exportadores y que los colocan en condiciones de inferioridad para competir con éxito en los mercados internacionales.

Es así como el proyecto consagra un nuevo mecanismo de devolución de los impuestos y derechos que inciden en los costos y precios de los productos de exportación; crea las bases jurídicas para el establecimiento de un sistema eficiente de almacenes particulares para la elaboración de productos de exportación; permite la apertura de líneas de créditos especiales en favor de los exportadores, eliminando la rigidez de las actuales disposiciones legales en materia de créditos; faculta al Presidente de la República para establecer el seguro de exportación, que ponga a cubierto al exportador no sólo de los riesgos comerciales, sino de todos los que se presentan en una operación de exportación, incluido los riesgos políticos; otorga franquicias para la importación de equipos y maquinarias necesario para el funcionamiento de las industrias de exportación; y, finalmente, permite el Presidente de la República simplificar los trámites que deben cumplir las exportaciones. 

Dentro del esquema señalado, desempeña un papel fundamental el mecanismo de la devolución de los impuestos y derechos que inciden en el costo o precio de los productos de exportación, que reemplaza al que se encuentra en vigencia en virtud de lo dispuesto por el D.F.L. Nº 256, de 1960, que, por dificultades en su aplicación, había sido interpretado en términos restrictivos respecto a la forma de calcular las incidencias de dichos tributos en la última etapa de la producción del correspondiente artículo de exportación. Este sistema, a diferencia de lo establecido en las legislaciones de otros países sobre devolución de impuestos, carecía, en verdad, de eficacia como factor promocional. La Comisión, como lo expresa el informe, reconoció que, efectivamente, ese decreto con fuerza de ley no había dado los resultados esperados...

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, pido una interrupción.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Honorable señor Iglesias, el Honorable señor Phillips le solicita una interrupción.

El señor IGLESIAS.-

Conforme, señor Presidente.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Phillips.

El señor PHILLIPS.-

Agradezco al señor Diputado Informante la deferencia que ha tenido al concederme esta interrupción.

Señor Presidente, no veo en qué puede beneficiar a las exportaciones que el país realiza esta disposición sobre devolución de los impuestos o, más bien dicho, de lo que estas industrias hubieren pagado por los artículos que exportan, disposición que ha sido reemplazada ya dos veces y a la cual se ha presentado una nueva indicación, firmada incluso por Su Señoría, el señor Diputado informante, y por el Honorable señor Penna. En realidad, estas industrias de exportación, que en virtud del D.F.L. Nº 256, sólo deben dedicarse a esa actividad, en caso de que vendan sus productos en el mercado interno, deben pagar un porcentaje ínfimo.

Creo que así no se fomentan las exportaciones y que esto no es ninguna ventaja para el erario; por el contrario, esta devolución es una verdadera "pensión de gracia" para aquellas industrias que, acogiéndose a las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 256, en forma mañosa -como es el caso de una industria que tiene nombre, porque las cosas hay que decirlas claramente- pudieron traer maquinarias.

La primera vez que se trató de permitir estas internaciones, en el tiempo del señor González Videla, el Congreso las rechazó. Posteriormente, por intermedio del decreto con fuerza de ley Nº 256, dictado en virtud de la ley Nº 13.305, se consiguió que pudieran traer maquinarias al país sin pagar derechos ni impuestos de ningún tipo, porque se iban a destinar a la exportación.

Yo no veo en este proyecto de estímulo a las exportaciones, qué exportaciones se van a fomentar, ya que lo único que les interesa a tales industrias, es importar, hasta tal punto, que más parece un proyecto de ley de fomento a las importaciones.

Me gustaría que se aclararan estos conceptos, señor Presidente.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Puede continuar el señor Diputado informante.

El señor IGLESIAS.-

Efectivamente, con esta nueva legislación queda derogado totalmente el decreto con fuerza de ley Nº 256, al igual que ciertos artículos de otras leyes que no han dado los resultados requeridos, como, a su vez, el sistema de bonificación a las exportaciones del departamento de Arica, de Iquique y Pisagua.

Respecto a otra de las observaciones del Honorable colega Phillips, una vez que entremos en el articulado del proyecto, vamos a ver en qué forma éste estimula y beneficia las exportaciones. No sé si el Honorable colega Penna podría agregar algo más para satisfacer las consultas del Honorable señor Phillips.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Penna.

El señor PENNA.-

Señor Presidente, Chile ha contraído compromisos internacionales a través de la ALALC y del GATT, y esos acuerdos obligan a todos los países que los suscriban a liberar de impuestos sus exportaciones. En consecuencia, si nosotros queremos entrar en el mercado internacional con precios competitivos, no nos queda otro remedio que exceptuar del pago de impuestos y contribuciones los productos que vendamos al extranjero. Es un problema derivado de convenios internacionales y, por tanto, podría decirse que es un caso de fuerza mayor.

Se sabe que todos los países industrializados protegen sus productos de exportación. En la República Federal Alemana, por ejemplo, un automóvil Volkswagen cuesta US° 1.000; pero si ese mismo vehículo se adquiere en cualquier país limítrofe de esa nación sólo debe pagarse US$ 800. Los productos complejos nacionales, especialmente las maquinarias, no tienen posibilidad alguna de competir en el exterior si están pagando desde el tornillo a cada pieza que los componen, impuesto a la compraventa; o sea, este tributo se multiplica muchas veces. Por este motivo, esos productos no pueden afrontar exitosamente las condiciones de los mercados internacionales. En otros países este impuesto simplemente no existe, o bien, los productos referidos están liberados de él.

Por otra parte, como decía el Honorable señor Iglesias, estas medidas forman parte de una política destinada a obtener la diversificación de nuestra economía, para no depender sólo de las ventas de cobre, porque si el valor de este mineral baja o sube un centavo nos trae o una tragedia o un gran beneficio. Para reforzar nuestra economía, debemos propiciar la futura creación de industrias que utilicen mucha mano de obra que elaboren productos en condiciones económicas satisfactorias a fin de posibilitar su competencia con las manufacturas foráneas.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Puede continuar el señor Diputado informante.

El señor IGLESIAS.-

Como decía, las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 256...

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Honorable Diputado, los Honorables señores Guastavino y Phillips le solicitan una interrupción.

El señor IGLESIAS.-

Con todo agrado, las concedo, señor Presidente.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Guastavino; y, a continuación, el Honorable señor Phillips.

El señor GUASTAVINO.-

Señor Presidente, las palabras pronunciadas por el señor Diputado informante y por el Honorable señor Penna, comienzan a colocar el debate sobre el problema de fondo que entraña el presente proyecto de ley.

La verdad de las cosas es que las materias comprendidas en esta iniciativa legal son extraordinariamente importantes para la vida económica del país. Por eso, tenemos interés en que se aclaren algunos conceptos que, desgraciadamente, no han sido suficientemente explicados por el Honorable señor Iglesias.

Por ejemplo, se trata de un proyecto del Gobierno, elaborado sobre la base de las informaciones proporcionadas por él. Pollo tanto, creemos que vale la pena dejar estampado si éste es su criterio en relación con la política de comercio exterior. Al contrario, nosotros pensamos que un texto de esta naturaleza no puede estar sino enraizado a otros aspectos básicos de la vida económica de un país.

Queremos insistir en lo que tanto la Comisión de Economía y Comercio como la de Hacienda han indicado en sus informes: el camino de exenciones tributarias y franquicias aduaneras que, hasta ahora se ha seguido en el país ha resultado un fracaso para las exportaciones y para nuestra balanza de pagos. El Banco Central de Chile ha informado que, en un año, la diferencia entre las mercaderías exportadas y las importadas ascendió a US$ 164.800.000; en otras palabras, a esa suma llegó el déficit de nuestra balanza de pagos. ¿Cuál ha sido el rasero, el cartabón con el cual se ha delineado nuestra política de exportaciones hasta el momento y que hoy vemos ratificada en el proyecto que discutimos?

El problema consiste -y hubiéramos deseado que el informe del Honorable Diputado informante aclarara esta cuestión- en que por la persistencia en este camino no hay solución; por el contrario, hay hecatombe y catástrofes para la vida económica del país.

¿Qué ocurre? Que el proyecto, hasta este momento, significa sencillamente lo siguiente: como las exenciones tributarias y franquicias aduaneras no han sido suficientes, entonces ahondamos el camino de esos mismos beneficios. Las disposiciones en debate proponen simplemente aumentar considerablemente este proceso.

Nosotros estimamos que esta iniciativa de ley es la ratificación del camino, ya cancelado por la vida económica del país, que, hasta ahora, ha seguido nuestra política de comercio exterior. Consideramos que los planteamientos en materia de exportaciones e importaciones no puede ser sino parte del conjunto general y de fondos, o sea, de la política económica de un país. En este sentido, notamos extraordinaria debilidad, verdadera evasión, en la apreciación de las materias y de la "toma de conciencia" que el proyecto propone a la Honorable Cámara. Es decir, en el informe de la Comisión de Hacienda se da, sencillamente, como una de las razones para esta situación en nuestro comercio exterior, el que se desconozca el mercado internacional...

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

¿Me permite, Honorable Diputado? El señor Diputado informante desea recuperar su tiempo.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, el Honorable señor Iglesias me había concedido una interrupción.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Con la venia del señor Diputado informante, tiene la palabra Su Señoría.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, seré breve en mis observaciones, pues comprendo que una interrupción es sólo para puntualizar conceptos y no para entrar en debates.

Las explicaciones dadas por el Honorable señor Penna sobre las materias que yo abordé son de orden general.

El Honorable colega tiene razón en sus observaciones respecto de las obligaciones contraídas en el plano internacional y de la ALALC. Pero lo que estoy preguntando es totalmente diferente.

El proyecto entero es de fomento a las exportaciones, salvo tres indicaciones a los artículos 11, 12 y 13, que se encuentran en poder de la Mesa.

El decreto con fuerza de ley Nº 257, de 1960, liberó del pago de impuestos, gravámenes y derechos la internación de maquinarias destinadas a industrias que se establecieran en el país con la finalidad de exportar la totalidad de su producción. Este proyecto parece que fuera al revés; se quiere dar facilidades para que esas industrias entren a competir internamente con aquéllas que no gozaron de franquicias. Es cuestión de leer el texto de las indicaciones, aunque el Honorable señor Penna diga que no, para darse cuenta de que, en vez de fomentar la exportación, de obligar a llevar al extranjero el total de la producción, se permite vender en el país una parte de las manufacturas, en proporción a los impuestos que paguen las industrias.

No me parece correcto que quienes se asilaron en esas disposiciones legales recurran hoy día a este subterfugio, no digo a la mala, porque conozco el buen espíritu que anima a los Honorables señores Penna e Iglesias y, en consecuencia, no podría hacerles un cargo gratuito, lo cual tampoco es mi intención. Pero cuando se leen esas indicaciones y yo llamo la atención de los señores Diputados sobre este aspecto, se comprueba que son contrarias a la tesis sustentada en el proyecto y constituyen un beneficio particular. Ellas tienen un nombre. No creo que una ley de fomento de las exportaciones pueda contener este tipo de disposiciones.

Muchas gracias.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Puede continuar el señor Diputado informante.

El señor IGLESIAS.-

Para poder dar término a este informe, ruego a los Honorables colegas no pedirme interrupciones para hacer consultas o aclaraciones. No voy a seguir concediéndolas. Después de finalizada mi exposición y una vez que se entre al debate podemos ir fijando posiciones sobre cada artículo.

Señor Presidente, el nuevo sistema descansa sobre la base de que en la consideración de los porcentajes de devolución que se asignarán a cada producto efectivamente puedan comprenderse los tributos y derechos pagados en las diversas etapas de la producción hasta llegar a la forma final de comercialización de la mercadería. Por otra parte, en atención a que la devolución de impuesto referida significa un menor ingreso fiscal que deberá ser sustituido con aportes de la comunidad, este régimen no establece la obligación de favorecer a todos los productos de exportación, sino sólo a aquéllos que realmente requieran de este estímulo y en el porcentaje que sea necesario para mejorar sus condiciones de competencia. Siguiendo esta idea, se ha establecido un porcentaje de devolución máxima del 30% y, además, se determinan algunos casos en los cuales no operará el beneficio de la devolución de tributos. Ellos son los siguientes:

1°.- Las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa;

2°.- Las especies que entren al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares, y que se reexporten; 3°.- Las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

4°.- Las empresas productoras de cobre de la Gran Minería a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 11.828, (sus exportaciones) ;

5°.- La industria salitrera regida por la ley Nº 12.033 (sus exportaciones) ; y

6°.- Las exportaciones efectuadas por las industrias explotadoras de minerales de hierro que no retornan al país el total de ellas.

Por las consideraciones anteriores, el proyecto entrega al Ejecutivo la facultad de determinar los productos que gozarán del beneficio de la devolución, los que se incluyen en una lista que indicará también los respectivos porcentajes de devolución que se les asigna. Para establecer estos porcentajes, el Gobierno podrá tomar en consideración, como se ha dicho, no sólo la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de los productos, sino, además, las condiciones y precios de los mercados internacionales, etcétera.

El proyecto es especialmente novedoso con respecto a las legislaciones de otros países, por cuanto asegura condiciones mínimas de estabilidad en el goce del sistema de devolución de impuestos. Se estima indispensable, dentro de una política de fomento, garantizar a los sectores de la producción la mantención de las franquicias, a lo menos durante un lapso dentro del cual puedan desarrollar nuevos rubros o consolidar mercados en el exterior. Así es como se contempla un plazo mínimo de estabilidad de tres años. Durante ese tiempo, los productos incluidos en la lista no pueden ser retirados de ella ni rebajados sus porcentajes de devolución, pudiendo, sí, ser aumentados dentro del límite ya señalado, cuando las necesidades del mercado así lo hagan aconsejable. Con este mismo propósito, y teniendo presente que para el desarrollo de algunas producciones agropecuarias - de proyectos industriales de envergadura- un plazo de estabilidad de tres años pudiera ser insuficiente, esta iniciativa legal permite fijar plazos superiores, durante los cuales se mantendrá la garantía recién comentada.

La devolución de derechos se hará efectiva mediante la entrega de certificados expresados en moneda corriente que entregará el Banco Central de Chile a la orden del exportador al acreditarse el embarque de la mercadería o el retorno de las divisas, según se trate de mercaderías vendidas a firme o sujeta a condición, respectivamente. Para los efectos del otorgamiento de los certificados deberá convertirse el valor FOB de la mercadería exportada al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

El proyecto establece que el tenedor de los certificados referidos podrá aplicarlos al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias que se recauden por las tesorerías fiscales o por el Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las instituciones de previsión y por el Servicio de Seguro Social, con lo cual se asegura un amplio campo de utilización de dichos certificados.

Como podrá apreciarse, el proyecto no contempla la devolución en dinero efectivo por parte de las tesorerías, sino la emisión de certificados que harán las veces de dinero para el pago de los gravámenes y demás recién señalados. En esta forma, el exportador contará de inmediato con instrumentos para hacer frente a prestaciones que el Estado de una u otra manera le impone, quedando al margen, además, de retardos por dificultades en la Caja Fiscal.

El cumplimiento de un programa de exportaciones requiere en gran medida de un impulso a las actividades industriales, las que necesitarán, en mayor o menos grado, importar maquinarias y equipos para la instalación de industrias nuevas o ampliación y modernización de las existentes. Para estos efectos, se contempla como franquicia la rebaja de los derechos e impuestos que afecten a dichas importaciones, que beneficiará a aquellas industrias que envíen al exterior a lo menos el 51 % de su producción anual, franquicia que será proporcional al volumen de la producción que se destine a la exportación.

No obstante la ubicación geográfica de nuestro país, existen algunos factores ventajosos de nuestra industria frente a la competencia internacional, como es el caso de la mano de obra, tanto por su calidad como por su menor costo relativo. Por esta razón, se considera de interés establecer un sistema ágil y efectivo de almacenes particulares de aduana al cual puedan ingresar mercaderías extranjeras, sin perder su calidad de tales, para sufrir en ellos un proceso de transformación e incorporación de elementos nacionales para su posterior envío al exterior. Para estos efectos, el proyecto contempla la facultad del Presidente de la República para modificar las normas aplicables a estos almacenes particulares de aduana.

Otro de los factores que el proyecto ha considerado de suma importancia y que, por lo demás, es usado por todos aquellos países que desean aumentar el volumen de sus exportaciones, es el de proveer a los exportadores de adecuados sistemas de financiamiento, tanto en lo que se refiere a aquéllos necesarios para preparar los embarques como aquéllos que se proporcionan a los adquirentes en el extranjero para poder competir con los exportadores de otros países.

La disposición que se incluye tiene por objeto permitir al Banco Central la creación de líneas de créditos a más de un año plazo, que la legislación actual prohibe, y dar a dichos créditos la calidad de reajustables cuando sean otorgados en moneda nacional al exportador.

La misma disposición que comentamos en el párrafo anterior permite también la creación de líneas de créditos internos para los efectos de permitir a los productores de bienes de capital chileno competir en forma justa con los proveedores extranjeros de bienes similares, alentando en esta forma el desarrollo de las industrias del país.

Con el fin de precaver a los exportadores en contra de los riesgos que envuelve una operación de exportación, se contempla un artículo que permite al Presidente de la República dictar normas para el establecimiento de seguros para las exportaciones, incluso a las ventas de mercaderías a créditos, ya sea que se trate de riesgos comerciales, políticos o de otro orden, existiendo una indicación muy oportuna, en el sentido de que deben contratarse estos seguros de preferencia en el Instituto de Seguros del Estado. Asimismo, se autoriza al Presidente de la República para señalar la o las instituciones que otorgarán este seguro y las condiciones del mismo. Este seguro, junto con dar las garantías necesarias al exportador aludido, facilita en gran medida el financiamiento de las operaciones de exportación por los organismos de créditos tanto nacionales como extranjeros.

El proyecto considera una disposición que permite al Presidente de la República eliminar las trabas legales que impiden una sustancial y efectiva simplificación de los trámites a que se encuentran sometidas las operaciones de exportación.

Finalmente, quiero repetir que quedan con esta ley sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9º, de la ley Nº 12.937; 12 y 40 de la ley Nº 13.039 y letra b) del artículo 4º de la ley Nº 14.824, ya que estas exportaciones se regirán por lo dispuesto en la presente ley.

En todo caso, el rendimiento que produzca la aplicación de las disposiciones antes mencionadas hasta la publicación de la presente ley en el "Diario Oficial", se destinará a pagar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la fecha de dicha publicación.

Quedan derogados también el decreto con fuerza de ley Nº 256, de 1960; los artículos 93, 94 y 95 de la ley Nº 12.861 y el artículo 10 de la ley Nº 14.824.

En las disposiciones varias, el artículo 23 establece, en virtud de lo que se propone en el proyecto, que la Industria Azucarera de la Frontera Sociedad Anónima gozará de las mismas franquicias tributarias que favorecen a la Industria Azucarera Nacional, siempre que cumpla exclusivamente el mismo objetivo.

Además, se libera de todo derecho de internación, estadística ad-valorem, almacenaje y, en general, de todo impuesto o derecho, incluso los derechos consulares, y de toda otra contribución, depósito o garantía que grave la importación de las maquinarias, útiles, implementos y repuestos y demás bienes que sean adquiridos por la Industria Azucarera de la Frontera Sociedad Anónima, con el preciso objeto de construir y operar una Fábrica de Azúcar de Remolacha en la provincia de Cautín.

Estas franquicias favorecen a la Industria Azucarera de la Frontera Sociedad Anónima, en formación, y a la Industria Azucarera de la Frontera Sociedad Anónima, una vez que esté legalmente autorizada e Instalada.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor TUMA.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor GUASTAVINO.-

Pido la palabra.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Están inscritos, a continuación, los Honorables señores Penna y Phillips.

Tiene la palabra el Honorable señor Penna.

El señor PENNA.-

Señor Presidente, con motivo de la crisis salitrera y de la depresión económica mundial ocurrida entre los años 1920 y 1929, la economía chilena sufrió una transformación profunda, y faltando los recursos necesarios para abastecerse de artículos manufacturados, se vio en la necesidad de hacer un esfuerzo interno para proveer a la comunidad de los bienes que hasta ese momento eran importados.

Este proceso llamado de sustitución, que fue mucho más notorio después de la segunda guerra mundial, se ha prolongado hasta nuestros días.

Se creó así una mentalidad de proteger a la industria nacida al amparo de estas circunstancias, sin reparar en el precio que tal esfuerzo significa en términos económicos.

Un resultado de esta política de sustitución ha sido la elevación de la demanda de bienes importados, como maquinarias, repuestos y equipos, así como materias primas para alimentar ese desarrollo.

Como nuestro comercio de exportación no ha crecido al ritmo de la sustitución, no se ha incrementado nuestro ingreso de divisas. Por otra parte, debemos agregar el déficit interno de productos agropecuarios, todo lo cual nos ha llevado a una estructura de nuestra balanza exterior crónicamente deficitaria, que ha sido necesario encarar con un creciente endeudamiento externo y un estímulo a mayores sustituciones.

Es indudable que el esfuerzo de sustitución ha elevado en forma considerable nuestra capacidad manufacturera, aportando al desarrollo económico recursos de gran magnitud.

Sin embargo, hemos llegado a una etapa industrial, en donde las futuras sustituciones nos obligan a pensar en la producción de bienes de creciente complejidad técnica que exigen disponer de mercados de una demanda varias veces superior a la nuestra.

Un mercado estrecho (ocho millones de chilenos con una entrada "per cápita" de quinientos dólares) nos obliga a pensar en el ensanche de dicho mercado, incorporando a la economía nacional la demanda externa, lo cual, junto a la redistribución del ingreso que este Gobierno lleva adelante, puede asegurar un crecimiento económico rápido para proporcionar a la comunidad, el nivel de vida a que legítimamente aspira.

Cabe considerar que además del desarrollo tecnológico que esta política implica, ella nos debe proveer de los recursos en moneda extranjera indispensable para atender a las necesidades crecientes de nuestro desarrollo. También nos permitirá diversificar nuestra economía, dándole mucha más estabilidad.

Actualmente como país monoexportador de materias primas, dependemos del precio fluctuante de un solo producto; y por otra del deterioro de los términos de intercambio, vemos disminuir nuestra capacidad de compra de productos manufacturados, a pesar de mantener nuestros niveles de exportación de materias primas.

De lo anterior se desprende que nuestra actitud frente al comercio exterior debe variar fundamentalmente y nos debemos convencer de que el esfuerzo nacional debe volcarse con primera prioridad hacia la producción de bienes destinados a la exportación y, en lugar de exportar el saldo de una producción canalizada fundamentalmente hacía el consumo doméstico, debe promoverse la producción de bienes destinados principalmente a los mercados externos, que sólo consumiremos marginalmente.

Planteada la necesidad de que los chilenos encaremos con decisión una política de exportaciones, el Gobierno cree que esto supone la acción del Estado en los siguientes campos:

1) La realización de un estudio cuidadoso de la producción chilena exportable, a fin de detectar sus posibilidades de expansión.

2) El Estado debe orientar su organización para impulsar a los exportadores, principalmente en aspectos que tradicionalmente ellos no abordan, como, por ejemplo, el estudio de las condiciones de precios y mercados en el exterior y la divulgación de estos antecedentes entre los organismos técnicos y los productos nacionales.

Al mismo tiempo, en el exterior deberá promoverse una amplia difusión de las condiciones y precios de la producción exportable chilena, actuando en colaboración con nuestro servicio exterior, pero cumpliendo una función semejante a la de un agente comercial.

3) Medidas concretas tendientes a encontrar sistemas adecuados de financiamiento; como, por ejemplo:

a) Orientación del crédito en favor de las actividades que se señalan mediante estudios como de especial interés para el país;

b) Financiamiento de pre-embarques, destinados a la formación de "stocks" necesarios para cumplir los compromisos de exportación:

c) Créditos de post-embarques destinados a posibilitar a los productores nacionales para conceder créditos a los adquirentes extranjeros en términos semejantes a los competidores;

4) Seguros de créditos para exportaciones, para dar seguridades e impulsar a los productores nacionales a esforzarse en mejorar su posición como exportador y que cubran riesgos de inconvertibilidad, políticos, insolvencia, etcétera;

5) Control de calidad de los productos de exportación con miras a favorecer la competencia;

6) Canales de comercialización adecuados a las modalidades de producción, tendiendo principalmente a la formación de agrupaciones de productores, sean cooperativas u otras formas;

7) Organización administrativa del Estado, de manera de promover y aplicar una política permanente y coherente de comercio exterior.

Actualmente las entidades que tienen que ver con el comercio exterior están diseminadas en varios Ministerios y entidades autónomas : Ministerio de Relaciones Exteriores, CORFO, ENAMI, EGA, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Banco Central de Chile, Departamento del Cobre, etcétera.

Un extranjero o un chileno que desea intervenir, no se orienta, porque no encuentra una entidad central que coordine.

Todas estas medidas el Gobierno actual las ha estado previendo, y hace más de un año que envió al Congreso el proyecto de leyes normativas, en el cual dos capítulos cubrían estas inquietudes: la creación del Ministerio de Comercio Exterior y la chilenización del Banco Central.

Lamentablemente, estos proyectos de tanta trascendencia no han sido acogidos en el Honorable Senado, y el Gobierno, dentro de poco, después del receso, desglosará estos capítulos para enviarlos de nuevo al Congreso Nacional.

En todo caso, vale la pena sopesar la responsabilidad y ver con serenidad si, por motivos puramente formales, valía la pena retrasar un año nuestro desarrollo.

Pero nos encontramos ahora frente a este proyecto de fomento de exportaciones que, pienso, es uno de los más fundamentales para nuestro desarrollo y que, junto a la creación del Ministerio de Comercio Exterior y a la chilenización del Banco Central, forman un todo para enfrentar una verdadera política de exportaciones seria y profunda.

Las primeras disposiciones dictadas por el Congreso Nacional, relacionadas específicamente con el fomento de las exportaciones, están contenidas en los artículos 93, 94 y 95 de la ley Nº 12.861, publicada en el "Diario Oficial" de 7 de febrero de 1958.

Estas medidas no fueron operantes, porque tenían mucha rapidez. Por medio de la ley Nº 13.305, sobre facultades extraordinarias, el Presidente de la República dictó el decreto con fuerza de ley Nº 256, de 1960, por el cual se devuelven al exportador los impuestos que hubieren incidido en el costo del producto de exportación, con excepción del de la renta, bienes raíces e impuestos de fomento. Se excluyen los productos que tienen regímenes legales especiales: cobre, salitre, minerales de fierro, que retornan el total al país.

Este sistema ideado por el decreto con fuerza de ley Nº 256, de devolución de impuestos, ha resultado insuficiente para los fines que se persiguen, porque es muy difícil determinar la verdadera incidencia de los tributos en cada una de las piezas, partes, materias primas, etcétera, que entran en la elaboración de un producto que se pretende exportar, y que sólo se ha podido materializar en la última etapa de la producción.

De modo que no se ha beneficiado en su exacta magnitud al exportador, para competir en igualdad de costos en el mercado mundial.

Sólo se ha aplicado a productos primarios, como los agrícolas, en los cuales se puede determinar con precisión el monto de los impuestos. Por lo tanto, en productos manufacturados, en que entran en juego un sinnúmero de piezas, es difícil cuantificar la incidencia de los impuestos.

Además, en el decreto con fuerza de ley Nº 256 se contienen otros defectos, que constituyen rigideces y entorpecen el espíritu del decreto, porque, al mismo tiempo que es una ley, es un reglamento que va, casuísticamente, determinando cada caso.

Se mantiene, por este proyecto, el fondo del decreto con fuerza de ley Nº 256, de 1960; sólo se pretende mejorar sus normas positivas y eliminar las deficiencias de su aplicación práctica, en todo caso, con sujeción estricta a los convenios internacionales a que ha adherido el Gobierno de Chile: al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, estableciendo un sistema de devolución de impuestos más expedito y más eficiente para lograr el objetivo de que nuestros productos puedan competir en los mercados mundiales.

No soy Diputado informante de la Comisión de Hacienda, pero he asumido la responsabilidad de tal en vista de la enfermedad del Honorable señor Lavandera. Creo que, en alguna forma, podré describir o explicar varias de las modificaciones que la Comisión ha introducido en el proyecto aprobado por la Comisión de Economía y Comercio.

El artículo 1º revela realmente el espíritu del proyecto. En virtud de él se trata de hacer una declaración general en que se libere de impuestos a las exportaciones ; una declaración muy flexible para la debida justificación ante los organismos internacionales, porque lo que se hará realmente es que el Presidente de la República fije el porcentaje de devolución de los diversos productos, y los exportadores se preocuparán de completar ese porcentaje con facturas de impuestos, ya que se les entregarán certificados que podrán utilizar en el pago sus propios impuestos.

En el artículo 1º se estableció, además, la exención tributaria para los fletes de materias primas que lleguen a los centros de producción.

En el artículo 2º se agregó, entre las actividades no beneficiadas, a las exportaciones de manufacturas o semimanufacturas de cobre, salvo informe favorable del Departamento del Cobre.

Entre las muchas indicaciones, hay unas que se refieren al artículo 11, que oportunamente discutiremos y que están en poder de la Mesa.

Una de las indicaciones más importantes de la Comisión de Hacienda es la que entrega al Banco Central de Chile el estudio y la fiscalización de la venta, comercialización y producción de los minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, incluso aglomerados o concentrados.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Honorable Diputado, el Honorable señor Phillips le solicita una interrupción.

El señor PENNA.-

Concedo la interrupción.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Phillips.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, agradezco la deferencia del Honorable señor Penna.

Al referirse de paso al artículo 11, relacionado con el 12 y el 13, nos ha dicho el Honorable colega que las indicaciones, en poder de la Mesa, presentadas y modificadas en dos oportunidades, serán discutidas en el momento oportuno.

Como yo conozco un poco el Reglamento de la Cámara, indiscutiblemente que una vez que llegue la hora, se cerrará el debate y no podremos discutir las indicaciones, que tienen una significación importantísima.

Por eso, rogaría al Honorable colega que nos diera una explicación satisfactoria, que hasta el momento no ha hecho, de las indicaciones firmadas por algunos de Sus Señorías, y que llevan el membrete del Banco Central de Chile.

Muchas gracias.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede continuar el Honorable señor Penna.

El señor PENNA.-

Voy a darle en el gusto a Su Señoría.

La verdad es que, después de escuchar a los representantes de los diversos organismos invitados a la Comisión de Hacienda, se llegó a la conclusión de que hay cuatro clases de industrias en condiciones de exportar.

Las empresas que actualmente están dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación, y que están exentas del pleno derecho de los tributos a que se refiere la presente ley, pero que no podrán vender su producción en el mercado interno, "a menos que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción declare por decreto que la venta de estos artículos al país es indispensable para atender necesidades de consumo interno". Las industrias o empresas que, en virtud de esa autorización, "vendan productos en el mercado interno deberán pagar todos los impuestos que les habría correspondido tributar en el caso de no estar acogidas a estos beneficios".

El señor PHILLIPS.-

La indicación presentada por Su Señoría dice otra cosa.

El señor PENNA.-

Estoy leyendo un artículo nuevo que la Comisión de Hacienda propone agregar a continuación del artículo 9º y que figura en el boletín.

El señor PHILLIPS.-

La indicación presentada por Su Señoría es distinta y no está incluida en el boletín. Le rogaría leerla.

El señor PENNA.-

En cuanto a las industrias instaladas que hubieren realizado importaciones de equipos y maquinarias destinados a la instalación, ampliación, renovación, mantención o explotación de ellas, podrán solicitar la devolución de los derechos e impuestos que hayan pagado por dichas importaciones, en proporción al volumen de su producción correspondiente al total de su capacidad instalada y que se obliguen a exportar.

No obstante, durante los primeros cinco años, contados desde la fecha de promulgación de la ley, los porcentajes de exportación de cada año podrán ser variables, debiendo, en todo caso, ser proporcionales al volumen de la producción que la industria destine a la exportación. Naturalmente, esto va ser reglamentado. En esos cinco años tendrá que haber irregularidad en el porcentaje de la producción anual que la empresa se compromete a exportar ante el Banco Central de Chile, sobre las cuales se efectuará la devolución de impuestos. Pero el término medio tiene que ser el comprometido.

El señor PHILLIPS.-

¿Pero cómo van a exportar si son industrias importadoras?

El señor PENNA.-

Señor Presidenta, concedo una interrupción al señor Phillips.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede usar de la interrupción el Honorable señor Phillips.

El señor PHILLIPS.-

No voy a usar de ella en esta oportunidad, señor Presidente.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede continuar el Honorable señor Penna.

El señor PENNA.-

Las industrias nuevas estarán liberadas también totalmente del pago de los impuestos por las importaciones de equipos u otros elementos para su funcionamiento, en proporción al volumen de su producción que se comprometan a vender en el país. Es decir, si una industria dice: "Señores, nosotros compramos maquinarias para producir tal cantidad; pero venderemos en el mercado interno el 10% de nuestra prolucción", solo deberá pagar el 10% de los derechos e impuestos, o sea, pagará esos tributos por el porcentaje de ventas que realice dentro del país. El porcentaje que venda hacia afuera estará exento de impuestos, porque al país le conviene tener divisas.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, pido una interrupción.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Honorable señor Penna, el Honorable señor Phillips le solicita una interrupción. ¿La concede Su Señoría?

El señor PENNA.-

Este es un debate, no es un diálogo.

Señor Presidente, estoy dando a conocer los cuatro casos que se presentan a las industrias. Cuando termine, el Honorable señor Phillips podrá hacer las acotaciones que estime conveniente.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

El Honorable señor Penna no desea ser interrumpido.

El señor PENNA.-

Respecto de las industrias acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 257, que no pueden vender dentro del país su producción, como es el caso de las fábricas de harina de pescado, ahora podrán hacerlo mediante el pago de un porcentaje equivalente a los respectivos derechos e impuestos que en la actualidad gravan la importación de las maquinarias y equipos que internaron al amparo de las franquicias otorgadas.

Yo no veo dónde están los inconvenientes que se señalan aquí.

Concedo una interrupción al Honorable señor Phillips.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede usar de la palabra el Honorable señor Phillips.

El señor PHILLIPS.-

Agradezco al Honorable señor Penna la interrupción que me ha concedido.

Quería decirle, no con el afán de molestarlo ni de hacerle perder el hilo de su informe, sino de aclarar, en el momento preciso, los distintos puntos de su exposición, que una cosa es la disposición que venía contemplada en el proyecto primitivo, despachado por la Comisión de Hacienda, y otra muy distinta son las indicaciones modificatorias que se refieren a estos artículos. Concretando, hay indicaciones del Banco Central, de la Comisión y las que ahora modifican las presentadas anteriormente.

Yo creo que si el articulado del decreto con fuerza de ley Nº 257, de 1960, dio franquiicas aduaneras y tributarias para instalar industrias en Chile con el objeto de dedicarse a las exportaciones, el país, que no nada en recursos ni en dólares, no se beneficia con dar a las empresas que internaron maquinarias liberadas de derechos aduaneros y de impuestos de toda índole, Ibertad para vender en el mercado interno sus productos. Aquellas disposiciones han sido cambiadas tres veces, para terminar porque paguen en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por una sola vez, la parte que les corresponde.

No me parece justo que, habiendo empresas del mismo tipo, dedicadas también a las exportaciones y al mercado interno, que han pagado el total de los tributos al erario, se desee ahora dar franquicias a nuevas empresas, en contra de las ya establecidas, las que, repito, pagaron sus impuestos y cumplieron con las disposiciones legales basadas justamente en lo que ahora se quiere modificar.

El señor PENNA.-

Extraño profundamente la inquietud del Honorable señor Phillips. Su Señoría sabe que con la aplicación de los proyectos del Gobierno, especialmente los relativos al plan avícola y porcino, el país va a necesitar grandes cantidades de harina de pescado. En la actualidad, las empresas acogidas al D.F.L. Nº 257 no pueden venderla en Chile. De manera que, según el criterio del señor Phillips, tendríamos que exportar todo el producto de las industrias de Iquique y después importar la harina suficiente para cubrir nuestro propio consumo.

Otro problema que la Comisión de Hacienda trató durante muchos días es el relacionado con las exportaciones de mineral de hierro, respecto del cual deseo dar algunos antecedentes a la Cámara.

Por ejemplo, el mineral de "El Algarrobo", de la Compañía de Acero del Pacífico, vendió, en 1964, 25,4 millones de dólares en minerales de hierro con una utilidad declarada, según balance, de 8,7 millones, o sea, un 37%. Con ella se está financiando la construcción del segundo alto horno de Huachipato. La Compañía Minera "San Fe" vendió 47,5 millones de dólares, casi el doble de CAP, y declaró una utilidad de 20 mil escudos, es decir, del 0,5 por mil. Ahora, según los propios balances de estas compañías y los antecedentes proporcionados por los organismos oficiales de comercio exterior del Japón, el hierro chileno aparece vendido en ese país al precio FOB. de 9,04 dólares, por tonelada larga. En cambio, en los contratos celebrados por algunas empresas chilenas con intermediarios, el precio es manifiestamente inferior. Los datos proporcionados por la compañía explotadora de "El Algarrobo" coinciden con los suministrados por los organismos oficiales del Japón, en que el mineral se ha vendido a 9,04 dólares FOB. Sin embargo, la compañía "Santa Fe" informó que había vendido a 8 dólares. En consecuencia, habría dejado de retornar el 11% del total pagado por los importadores japoneses. Esto ha significado para el país una pérdida neta de 6 a 10 millones de dólares.

El problema de fondo es que hay una madeja de intereses en torno de las compañías del hierro. "Canadian Co", propietaria de "Santa Fe", es una empresa originalmente naviera, que para asegurarse mercados de hierro adquirió algunas minas chilenas. También tiene intereses siderúrgicos, de modo que las pérdidas y utilidades las hace aparecer donde más le conviene. Pero, pese a esto, la verdad es que, cuando el año 1950, los principales países productores de acero vieron disminuidos o agotados sus yacimientos de alta ley, los buscaron en otras regiones del mundo, para asegurar el abastecimiento de materia prima a sus industrias siderúrgicas.

En Chile se encuentran reservas minerales de alta ley y las exportaciones chilenas han ido creciendo. En cambio, los organismos de control han quedado estáticos. En el Banco Central de Chile hay, en la actualidad, un solo funcionario, que, además de otras actividades, está encargado de supervigilar nuestras exportaciones de hierro, que ocupan el segundo lugar entre los rubros exportables. Ese funcionario no puede objetar los contratos que se le presentan, porque carece de antecedentes, desconoce la situación del mercado mundial, los procesos de trabajo, la calidad del producto, etcétera. Muchas veces no conoce ni siquiera las minas.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

¿Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar Su Señoría en el tiempo de su segundo discurso.

El señor PENNA.-

Por estas indicaciones presentadas en la Comisión de Hacienda, se pone bajo la supervigilancia del Banco Central todo lo relacionado con la comercialización, venta y embarques de la minería del hierro. Lo ideal habría sido crear un Departamento del Hierro, encargado del control de este importante rubro de exportación. Por el momento, se ha acordado entregarlo a un Departamento del Banco Central, tal como nació originalmente el Departamento del Cobre. Con la creación del Ministerio de Comercio Exterior, pasará a formar parte de él y se podrá ejercer una mayor supervigilancia de estas exportaciones.

A este Departamento se le entregan atribuciones para autorizar o rechazar las exportaciones de mineral de hierro, en cualquiera de sus formas, y las importaciones necesarias para el funcionamiento de las empresas productoras, asimismo, para comprobar y aprobar o denegar los contratos. En consecuencia, por el sólo hecho de que el Banco Central manifieste dudas respecto de los contratos, éstos se pueden denegar. Además, ese organismo estará facultado para comprobar y aprobar o denegar los precios, fletes, seguros, y demás modalidades de las ventas y embarques de los productos referidos, con el fin de verificar que los contratos se extiendan a los precios del mercado respectivo y en las mejores condiciones posibles. La Comisión de Hacienda teme que con los minerales de hierro pase lo mismo que ocurrió con el salitre.

Actualmente, los altos hornos de la industria siderúrgica en algunos países están siendo alimentados con materiales pe-tratados como pellets sinter, briquetas, etcétera. Se ha comprobado por estudios técnicos que una misma inversión en un horno tiene un rendimiento del 50% superior cuando éste es alimentado con este tipo de materiales. Incluso hay procesos que eliminan altos hornos para producir un arrabio primario. Estos procesos se llaman de reducción directa. Por ejemplo, Rusia, en 1965, alimentó en un 100% sus altos hornos con sinter pellets. Estados Unidos, en el mismo año, alimentó los suyos en un 70% con estos materiales; y Suecia, en un 100%.

Mientras en los mercados mundiales el precio de los minerales naturales está bajando paulatinamente, el de esos productos, que incorporan mano de obra, sigue subiendo, porque son muy cotizados por los grandes países siderúrgicos. Existe el propósito de estimular la instalación de estas industrias en la minería del hierro. Como el Presidente de la República tendrá, por este proyecto, la facultad de fijar los porcentajes de devolución, evidentemente determinará los más altos para los productos que tengan incorporada mayor cantidad de mano de obra.

El señor GUASTAVINO.-

Parece que nadie más alcanzará a intervenir en la discusión de este proyecto.

El señor PENNA.-

Terminaré muy pronto, Honorable colega.

Como conclusión, pienso que este proyecto es uno de los más fundamentales enviados por el Gobierno a la consideración del Parlamento, junto con la creación del Ministerio de Comercio Exterior y la chilenización del Banco Central, que permitirá orientar los créditos hacia las exportaciones, transformará la estructura económica del país, pues nos pondrá a la altura de los países modernos que salen a conquistar los mercados del mundo, no ya a vender materias primas, que son agotables, sino a vender la inteligencia, la capacidad de nuestros técnicos y el empuje de nuestros trabajadores.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

A continuación está inscrito el Honorable señor Phillips.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, aunque pueda parecer majadero, voy a insistir en mi planteamiento anterior.

Creo de vital importancia dar a conocer a la Honorable Cámara lo que acontece con estas disposiciones.

El artículo 11 del proyecto, tal como fue aprobado por la Comisión de Economía y Comercio de la Cámara, establecía que la importación de equipos y maquinarias destinadas a industrias queda-rían liberadas de derechos de aduanas, siempre y cuando aquéllas se comprometieran a exportar como mínimo el 51% de su producción.

La indicación de los Diputados democratacristianos a este artículo hace aún mucho más amplia la franquicia señalada, porque libera de esos derechos a todos los equipos que se importen con el fin descrito, suprimiendo la tasa mínima exportable para hacerse acreedor a la franquicia, como se estableció en el proyecto del Gobierno.

Se observa, pues, que la indicación comentada no cambia en absoluto el concepto que se tuvo en vista al redactarla. En ambos casos, se modifica el sistema de franquicias aduaneras en forma tal que la aprobación de cualquiera de las dos proposiciones -ahora son tres- producirá efectos dañinos y discriminatorios para la industria realmente chilena establecida y que ha pagado todos sus tributos, como felizmente hay muchas en el país.

En efecto, si una industria chilena está abasteciendo bien al país y se permite, a través de esta ley, la competencia desleal de consorcios extranjeros que se instalen al amparo que la franquicia de no pagar o pagar menos derechos de aduana, simplemente se está cometiendo un abuso en contra de todos aquellos ciudadanos chilenos que ya han pagado debidamente sus impuestos aduaneros. No es justo, moral, ni correcto que así se naga, por otro lado, el sacrificio que se impondrá a las fabricas chilenas ira, con seguridad, en beneficio directo de capitales extranjeros que, al venir a Chile y desplazar arbitrariamente a los nacionales, retiran en dólares todas sus utilidades y su capital aportado. Si así se quiere incrementar las exportaciones, tengo serias dudas sobre la conveniencia de esta disposición.

Señor presidente, lo que más me ha llamado la atención es el nuevo articulo 13, o letra C), como lo califica la Secretaria de la Honorable Cámara. Este articulo permite que las industrias ya acogidas al D.F.L. 257, esto es, aquéllas que se han instalado en el país sin pagar derechos de ningún tipo bajo compromiso solemne con el Estado de exportar toda su producción, tengan ahora la oportunidad de vender en el país pagando solo una parte de ios derechos aduaneros que les corresponde. Yo pregunto a los señores Diputados patrocinantes de estas disposiciones: ¿en cuanto se incrementarán las exportaciones nacionales con esta franquicia? Simplemente en nada, porque estas fábricas ya lo están exportando todo. En este caso, la escuálida Caja fiscal está haciendo, sencillamente, un sacrificio inútil. En el proyecto de ley de reajuste de sueldos y salarios del sector público y privado se establecen diversos impuestos. En la sesión de esta tarde, seguramente, la Cámara conocerá el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, en el cual también se establecen nuevos tributos.

En consecuencia, resulta contradictorio el otorgamiento de franquicias tributarias y aduaneras a las empresas amparadas por el decreto con tuerza de ley Nº 257, que exportan sus productos y están liberadas de los derechos, impuestos y demás gravámenes que otras deben pagar en su totalidad.

Asimismo, es curioso que en el artículo 13 no se obligue a las empresas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 257 a exportar sus productos, ya que también podrán venderlos en Chile para colocar parte de su producción, lo cual no es ningún aliciente para las industrias mencionadas en los artículos 11 y 12, las que están obligadas a exportar permanentemente una cuota fija de sus productos.

Finalmente, las empresas mencionadas en el articulo 13 que no cumplan con sus disposiciones, no pagaran multa; en cambio, las mencionadas en los artículos 11 y 12 deberán hacerlo si faltan a ellas.

En resumen, el proyecto, tal como ha sido presentado por el Ejecutivo, es perjudicial y dañino para la sana vida industrial del país. Los artículos 11, 12 y 13 propuestos en reemplazo de los originales, mantienen todos los inconvenientes de estos, más algunas absurdas medidas que no permitirán el fomento de las exportaciones, sino que mantendrán los privilegios de las empresas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 257.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

¿Me permite, Honorable Diputado? El Honorable señor Penna le solicita una interrupción.

El señor PHILLIPS.-

Con todo gusto se la concedo, señor Presidente.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Penna.

El señor PENNA.-

Señor Presidente, quiero decir que el artículo a que es refiere el Honorable señor Phillips es bien claro, porque dispone que las empresas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 257 tendrán derecho a vender en el mercado interno a parte de su producción que convengan con el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, debiendo pagar impuestos en un porcentaje equivalente a esa cuota.

Si el Gobierno, por ejemplo, necesita cierta cantidad de harina de pescado para vender en el mercado interno, esas compañías deberán pagar en un porcentaje equivalente a esa cantidad los respectivos derechos e impuestos que en la actualidad gravan la importación de las maquinarias y equipos que se internaron al amparo de las franquicias que establece el decreto con fuerza de ley Nº 257. En el caso de infracción por la colocación en el mercado interno de un porcentaje superior, se haran exigibles, en su totalidad, los derechos e impuestos que graven las respectivas maquinarias.

En consecuencia, no veo donde está lo que el Honorable señor Phillips critica. Además, textualmente se dice que el Presidente de la República deberá dictar un decreto, que llevará la firma de los Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá las normas que regirán el otorgamiento y aplicación de las franquicias que en esta disposición se señalan. En él determinar el sistema de fiscalización para verificar el cumplimiento de las condiciones o requisitos exigidos para la concesión de esas franquicias, y las sanciones que se aplicaran en caso de contravención.

El señor LORCA (don Gustavo).-

¿Y por qué no presenta indicación en ese sentido?

El señor PENNA.-

La presenté, Honorable colega.

El señor PHILLIPS.-

Deseo recuperar mi derecho señor Presidente.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, veo que es imposible ponernos de acuerdo sobre esta disposición.

Una cosa es la disposición que viene en el texto aprobado por la Comisión de Hacienda; otra es la primera indicación que algunos Diputados formularon; y otra, la sustitutiva, que también está en poder de la Secretaría de la Cámara para ser votada. Las tres son modificatorias, con algunas alternativas.

La primera indicación disponía que se llegaría a un convenio y, de año en año, según se desprende de su lectura, podría ser modificado el monto de ¡o que se dejaría en el país y los impuestos por pagar. La última fija el plazo por una sola vez. En consecuencia, se está reconociendo la anomalía que esto representa.

Su Señoría se ha referido a las industrias de harina de pescado, a las que esta disposición no alcanza, porque tienen un régimen especial, totalmente distinto y su instalación se efectuó bajo un mismo sistema y con idénticos privilegios para todas las empresas. No hay discriminación tributaria respecto de ellas, pero sí respecto de otras. Así, frente a una industria amparada en el decreto con fuerza de ley Nº 257, que no pagó impuestos ni derechos de aduana por haber contraído el compromiso solemne con el Estado de trabajar en exportaciones, hay otras plantas que están produciendo para el mercado interno y a la vez están exportando y que han pagado la totalidad de los impuestos o gravámenes. Esto es lo que quiero que Su Señoría entienda. Estas industrias han pagado, repito, la totalidad de los gravámenes, de acuerdo con la ley. Las otras industrias, las que se acogieron al decreto con fuerza de ley Nº 257, que no son las de harina de pescado, tienen un tratamiento diferente y quieren aprovechar esta disposición para modificar lo que fue el espíritu del decreto con fuerza de ley Nº 257. Como no pagaron tributos ni derechos de internación, hoy quieren vender parte de su producción en el país, lo cual no parece justo, porque las demás industrias del mismo tipo, que también están exportando, pagaron los impuestos correspondientes.

Yo no sé si al Gobierno le sobra la plata para estarla regalando a empresas que van a competir deslealmente con otras. Si esas industrias quieren vender dentro del país, lo lógico es que lo hagan en las mismas condiciones que sus competidoras que pagaron los impuestos y derechos de aduana, toda vez que seguirán gozando de las demás franquicias que establece la ley. Lo tiernas es un engaño, porque los procesos de la industria han cambiado. Hay industrias que están exportando desde hace diez años y ahora van a hacer frente a una competencia desleal.

No se cual es el criterio económico de Su Señoría, pero indiscutiblemente...

El señor ARAVENA (don Jorge).-

¿Me permite una interrupción?

El señor PHILLIPS.-

Con todo gusto.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Aravena, don Jorge.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

El Honorable señor Phillips hacía presente, con respecto a este problema, que la disposición que ha estado analizando "tenía nombre y apellido ¿Se podría saber algo con respecto a esto?

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede continuar el Honorable señor Phillips.

El señor PHILLIPS.-

Todavía no he trabajado en el Servicio de investigaciones, y espero no hacerlo. Pero, indiscutiblemente, todo el mundo conoce de qué se trata. El Honorable señor Jorge Aravena, que es un "huaso" tan diablo como el Diputado que habla, lo sabe. Creo que está demás la pregunta que me formula en este momento.

Para terminar, creo, que la ley tiene que ser pareja. No podemos, por medio de algunos artículos de una ley, proporcionar a determinadas empresas o industrias, franquicias, como la exención de ciertos tributos, que significan para aquellas otras que los pagan, una competencia desleal.

Es distinto el caso que mi Honorable colega señor Penna, de buena fe, plantea, sobre las empresas que producen harina de pescado, todas las cuales están en la misma condición y se rigen, en el hecho, por un estatuto claro y preciso. En consecuencia, cualquiera disposición que se dicte sobre la materia las afecta a todas. Es distinto el caso cuando a algunas empresas que no han pagado tributos por estar acogidas a un estatuto legal que les concede ciertas franquicias, se les quiere aplicar también disposiciones que rigen para otras empresas que pagan y han pagado esos tributos.

He concedido una interrupción al Honorable señor Lorca, don Gustavo.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Gustavo Lorca.

El señor LORCA (don Gustavo).-

Señor Presidente, el robustecimiento de la balanza de pagos como el desarrollo interno del país hacen necesario estimular las exportaciones.

El mecanismo del proyecto faculta al Presidente de la República para eximir de impuestos, contribuciones y gravámenes que incidan en los respectivos costos y precios a los productos que se exporten y se coloquen en una lista que el Ejecutivo elaborará. Esta fórmula facilita la agilidad y rapidez del procedimiento.

Sería útil, sin embargo, que la elaboración de las listas se hiciera previa consulta a las entidades técnicas y a las empresas fiscales que intervienen en este comercio.

En el informe de la Comisión de Hacienda se modificó ventajosamente la base de cálculo de las devoluciones, con respecto al proyecto del Ejecutivo, ya que se adoptó también el sistema del valor FOB como el del valor CIF según las condiciones de la operación.

Esto es de gran trascendencia, ya que en un país muy distante de los grandes mercados y que tiene un costo obligado de largo transporte marítimo es justo que la devolución incluya este rubro.

La devolución de los impuestos y demás, transformada en certificados del Banco Central de Chile, aplicables a pagos de impuestos, patentes, imposiciones y demás cargos previsionales, es útil y práctica.

Podría agregarse también la aplicación de estos certificados a la constitución de depósitos de importación o bien, como ocurre en Colombia y Mejico, que ella se acredite para que puedan hacerse importaciones para la propia industria.

Sin embargo, se mantiene en el proyecto el principio gravemente inconveniente de autorizar liberación de impuestos, gravámenes y demás derechos para las importaciones de equipos y maquinarias destinadas a la instalación, ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción se destine a la exportación, a lo menos en un 51% anual.

Esta es la disposición contenida en el proyecto aprobado por las Comisiones de Economía y Comercio y de Hacienda de la Honorable Cámara.

He coloca, así, en manifiesta desventaja a las industrias instaladas o que trabajan con equipos que oportunamente pagaron sus impuestos, ya que se abaratan los costos de aquéllas en términos de competencia, poco equitativa.

Ello se agrava porque les permite colocar en el mercado interno hasta casi la mitad de su producción, a precios desproporcionados con los de las otras industrias.

Se da, con ello, una situación de privilegio a los consorcios internacionales, ya que les permite traer sus equipos y maquinarias liberados totalmente de derechos aduaneros, creándose una seria competencia en contra de la industria nacional, que ha pagado la totalidad de sus impuestos aduaneros.

Puede demostrarse que el monto de los derechos de aduana que tendrán que pagar en Chile para vender, en el mercado interno, las industrias nuevas, será rigurosamente menor que el equivalente al ya pagado por la industria establecida.

Esta discriminación en contra de la industria chilena establecida no ha sido jamás aceptada por el Congreso Nacional, y constituiría evidentemente una inmoralidad.

La discriminación va a ser más notoria, aun cuando las industrias extranjeras pretendan instalarse al amparo de esta disposición, pues podrán elegir el rubro industrial más atrayente para ellas, desplazando, precisamente en estos rubros, a la industria nacional, sin tomar, como ésta lo está haciendo, la responsabilidad de abastecer las necesidades del mercado nacional, en todo su conjunto.

En este aspecto, el artículo 11 no tiene por objeto fomentar las exportaciones, pues, como está concebido, sólo se traducirá en que la empresa o consorcio extranjero que se instale va a reemplazar en el mercado interno a la industria nacional, dejando a esta última en la alternativa de exportar o tener que cerrar.

En el caso de que la industria nacional deba exportar el monto en que ha sido desplazada en el mercado interno, no hay incremento alguno del total de exportaciones del país.

En el caso que deba cerrar, tampoco se incrementa en nada la exportación total, por cuanto el nuevo consorcio quedará con un amplio aliciente para vender el máximo en Chile y con el menor interés en seguir exportando.

Por tanto, en nada contribuirá esta disposición a fomentar las exportaciones. Por último, será, lisa y llanamente, inoperante y carecerá de toda solidez práctica en la vida industrial y comercial, pues obliga a las empresas a exportar un porcentaje determinado de su producción. Esto es imposible, sobre todo en un compromiso a cinco años plazo, como propone en la fórmula últimamente citada en la discusión del proyecto. Bastará una dificultad mecánica o una huelga de cierta duración, para que la empresa comprometida a despachar al exterior un tonelaje determinado, no pueda, materialmente, hacerlo. Bastará también, por cualquier motivo, las puertas del comercio exterior se cierren a Chile para ese producto, como ha acontecido en algunas oportunidades, para que todo compromiso tomado en el Estado con el propósito de usar la franquicia, se transforme en una mera declaración teórica. Así veremos que, a corto plazo, el propio Gobierno deberá cambiar la ley a fin de solucionar estos graves inconvenientes.

Estimamos, por ello, que no puede aprobarse esta disposición, sin grave daño para el interés nacional.

Como lo hemos manifestado, con el resto del proyecto estamos, en general, de acuerdo.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede continuar el Honorable señor Phillips.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, antes de continuar mis observaciones, quiero conceder una interrupción al Honorable señor Iglesias, según entiendo, con cargo al tiempo de que dispone como Diputado informante.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Advierto a Su Señoría que el proyecto debe votarse a las 13 horas y que la interrupción no puede ser con cargo al tiempo del Diputado informante, salvo que la Cámara, por unanimidad, acuerde lo contrario.

El señor PHILLIPS.-

De todas maneras, le concedo una breve interrupción.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la interrupción el señor Diputado informante.

El señor IGLESIAS.-

Señor Presidente, voy a satisfacer la consulta del Honorable colega señor Phillips, quien, lamentablemente, no colaboró con nosotros en la Comisión de Economía y Comercio. Habría sido interesante tenerlo allá. El ha dicho que podrían cometerse injusticias con las industrias ya instaladas. Para tranquilizarlo, deseo expresarle que se dictará el reglamento a que aludió el Honorable señor Penna y que, además, el artículo 11 dice "podrá", o sea, establece una facultad, y no una obligación. Todos los antecedentes que aquí se han dado y los que oportunamente aporten los organismos técnicos, serán pesados en su verdadera valor cuando se elabore el reglamento, que fijará el monto de las franquicias o liberaciones y determinará los casos en que se tendrá o no derecho a ellas.

El Honorable colega señor Lorca ha señalado la conveniencia de dar oportunidad a la empresa privada para hacer ver sus intereses en el momento en que se preparen las listas de mercaderías acogidas a la ley de fomento de las exportaciones. No lo considero procedente. El Ejecutivo, que cuenta con elementos técnicamente capacitados, dispondrá de la información suficiente para incluir en las listas aquellas mercaderías cuya producción convenga efectivamente al interés nacional y signifique más trabajo, mayor actividad y mejores salarios.

Este proyecto lo consideramos extraordinariamente importante. Lo defendemos con calor y entusiasmo, y le decimos al Honorable señor Phillips que confiamos plena y totalmente en el Ejecutivo que empleará estas herramientas, por lo cual no tenemos ningún cuidado de que se cometan injusticias.

Nada más.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede continuar el Honorable señor Phillips.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, señalar mi inasistencia a la Comisión es como reírse de los pobres. El Honorable colega sabe que nosotros no tenemos representación en la Comisión de Hacienda, donde fue modificado el proyecto.

Comprendo que, de buena fe, el Honorable señor Iglesias ha mencionado la disposición aprobada por la Comisión de Economía y Comercio. Pero yo le rogaría que se refiriera a los artículos que la sustituyen y que están en poder de la Mesa. El tercero de ellos dice, textualmente: "Las industrias actualmente acogidas a los beneficios que otorga el D.F.L. Nº 257, de 1960, tendrán derecho a vender en el mercado interno la parte de su producción que convengan, por una sola vez, con el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción...", etcétera.

Esto echa por tierra la disposición que él ha citado y los argumentos que ha expuesto. Queda en pie que lo que he afirmado varias veces esta mañana no tiene contestación.

No hemos dicho que el proyecto sea malo. Por el contrario, le prestaremos nuestra aprobación. Pero encontramos que esta disposición no corresponde al criterio del Ejecutivo. Este artículo ya fue modificado en la Comisión de Hacienda. Ahora, hay dos indicaciones sobre la misma materia. Es indiscutible que lo dispuesto en el tercer artículo sustitutivo contradice totalmente los argumentos que aquí se han dado. Sé que, de buena fe, se desea fomentar las exportaciones. En eso estamos de acuerdo. Pero no hay duda de que esta disposición va contra toda norma de ética tributaria.

Concedo una interrupción al Honorable señor Gustavo Lorca.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Gustavo Lorca.

El señor LORCA (don Gustavo).-

Señor Presidente, sólo deseo hacer una pregunta al Honorable señor Penna. Si las disposiciones sustitutivas del artículo 11 son tan convenientes y, en realidad, se enmarcan dentro de la política del Gobierno en esta materia, ¿por qué no fueron objeto de la iniciativa del Ejecutivo?

El señor PENNA.-

¿Me concede una interrupción, Honorable señor Phillips?

El señor PHILLIPS.-

Con todo gusto.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Penna.

El señor PENNA.-

Señor Presidente, la verdad es que las inquietudes de los Honorable señores Phillips y Gustavo Lorca fueron planteadas también en la Comisión de Hacienda. Justamente, hemos presentado esta indicación para terminar con estas inquietudes.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

¿Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del primer discurso del Honorable señor Phillips. Puede continuar Su Señoría, en el tiempo del segundo discurso del Honorable Diputado.

El señor PENNA.-

Así, el primero de los artículos sustitutivos del 11 establece que las empresas que hubieren realizado importaciones de maquinarias y hubieren pagado todos los derechos e impuestos, podrán solicitar la devolución de éstos, en proporción...

El señor LORCA (don Gustavo).-

¿Por qué no presentaron esta indicación en la Comisión? Allí debió discutirse.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, deseo recuperar mi derecho.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, es indiscutible que no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Después de la pregunta del señor Lorca, el señor Penna se ha referido al artículo 11. Sabe muy bien él, que la ha firmado, que la tercera disposición sustitutiva establece todo lo contrario. Así es que no "emborrachemos la perdiz". No creo que, de buena fe, se pueda sostener que estas disposiciones no son contrarias. Basta leerlas para darse cuenta de que industrias que pagaron y que están exportando, estarán en competencia con industrias que no han pagado, pero que se iban a dedicar a las exportaciones. Este proyecto es para fomentar las exportaciones, y no la producción destinada al mercado interno. En consecuencia, no se venga a decir que esto favorecerá las exportaciones.

Estas empresas tienen la obligación legal, contraída a través del decreto con fuerza de ley Nº 257, de dedicarse, íntegramente a las exportaciones, como lo están haciendo. Es un juego sucio pretender que industrias que no pagaron tengan los mismos beneficios que aquéllas que pagaron y están exportando.

Concedo una interrupción al Honorable señor Tuma.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, como este proyecto debe ser votado a la hora de término de la sesión, o sea, a la una de la tarde, no me alcanza el tiempo para referirme a él en general.

En la Comisión de Economía y Comercio, a la cual tengo la honra de pertenecer, se discutieron las disposiciones a las cuales se ha referido el Honorable señor Phillips. Los representantes de la Sociedad de Fomento Fabril y de los exportadores, allí presente, no les formularon ningún reparo y, por el contrario, se manifestaron muy conformes con el proyecto enviado por el Ejecutivo.

Quiero referirme a algunos artículos que hemos incorporado en el proyecto con la venia de las Comisiones de Economía y Comercio y de Hacienda, como, asimismo, del Subsecretario de Hacienda, señor Zaldívar, que asistió a ambas. Son los artículos 23, 24 y 25, que dan algunas franquicias a la Industria Azucarera de la Frontera, para colocarla en la misma situación que la "IANSA".

Esta es la primera vez que Cautín obtiene franquicias para la instalación de una industria. Todas las franquicias se han dado siempre a la zona norte. Las provincias del sur rara vez consiguen algún beneficio para su industria agropecuaria. El artículo 23 dice que la Industria Azucarera de La Frontera gozará de las mismas franquicias tributarias que la "IANSA". Por lo demás, esto cuenta con el visto bueno del Gerente de la "IANSA", señor Casanueva, con quien el directorio de la nueva industria ha estado permanentemente en contacto.

El artículo 24 libera a la empresa del pago de derechos aduaneros por la internación de su maquinaria.

La Comisión de Hacienda agregó al artículo 25 un inciso que la exime del pago de los impuestos de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y de los que graven su constitución y ampliación y la suscripción y colocación de sus acciones.

No me cabe la menor duda de que la Honorable Cámara aprobará los artículos 23, 24 y 25.

Deseo proporcionar algunos antecedentes sobre los beneficios que la industria traerá a la provincia, principalmente en lo que se refiere a la ampliación del área de cultivo. En la actualidad, Cautín tiene más o menos 6.500 hectáreas regables por el canal Allipén y otros. Asimismo, existe la posibilidad de aumentar el cultivo hasta un máximo de 30.000 hectáreas, según un informe emitido por el ingeniero provincial señor Juan Morales Puelma, y recibido en la Comisión de Agricultura y Colonización de la Cámara con fecha 15 de mayo de 1964. Del mismo modo, un organismo especializado, "IBCON" de Chile, después de una visita de sus ingenieros a la zona, ha dado a conocer la siguiente opinión:

"La capacidad de la provincia (Cautín) para el cultivo de la remolacha es más que suficiente para abastecer una planta industrial de este producto, estimándose como capacidad máxima en la provincia para este cultivo 30.000 hectáreas anuales.

"Es lógico que esta cifra se podrá alcanzar después de un período más o menos largo de promoción del cultivo, pero es necesario notar que para abastecer una planta del tamaño de la de IANSA en Los Angeles, se necesitan cultivar sólo 6.500 hectáreas anuales".

Esta superficie es la que Cautín está en condiciones de cultivar. Por eso,...

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

¿Me permite, Honorable señor Turna? Ha llegado la hora de término de la discusión.

Cerrado el debate en general y particular.

Se dará lectura a las indicaciones.

El señor GUASTAVINO.-

¡Bastante democrática la discusión del proyecto! Es una vergüenza.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para leer las indicaciones en el momento de votarse los artículos en que incidan.

Acordado.

En votación general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 5 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Aprobado en general el proyecto.

Los artículos 3º, 4º, 6º, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 2º transitorio quedan aprobados reglamentariamente en particular por no haber sido objeto de indicaciones.

El señor Secretario dará lectura a las indicaciones al artículo 1".

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Aparte de la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en suprimir, en el inciso primero, el punto final, y agregar la siguiente frase: "como, asimismo, a los fletes de las materias primas a los centros de producción", se ha formulado indicación por los señores Poblete y Morales, don Carlos, para incluir a continuación del inciso primero, el siguiente inciso nuevo: "También se aplicará esta exención sobre la incidencia en el costo de cada unidad que se exporte que provenga de los derechos e impuestos que graven la internación de la maquinaria utilizada en su producción, repuestos y accesorios no fabricados en el país".

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación el artículo 1º con la indicación de la Comisión de Hacienda.

Si le parece a la Honorable Cámara y no se pide votación...

El señor GUASTAVINO.-

Que se vote, señor Presidente.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 7 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Aprobado el artículo con la indicación de la Comisión de Hacienda.

En votación el inciso nuevo propuesto por los Honorables señores Poblete y Morales, don Carlos.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos; por la negativa, 44 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazado el inciso nuevo propuesto.

Se leerán las indicaciones formuladas al artículo 2º.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

El señor Rioseco ha formulado indicación para suprimir en su letra e) la frase: "que no retornen al país el total de sus exportaciones".

La Comisión de Hacienda propone agregarle una letra f) final que diga: "A las exportaciones de manufacturas o semimanufacturas de cobre, salvo informe favorable del Departamento del Cobre".

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación el artículo con la indicación del Honorable señor Rioseco.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 48 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

En votación el artículo 2º con la indicación de la Comisión de Hacienda.

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará.

Aprobado.

Se dará lectura a las indicaciones presentadas al artículo 5º.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

La Honorable Comisión de Hacienda propone reemplazar los incisos segundo y quinto de este artículo por los que figuran en el boletín.

Los señores Poblete y Morales, don Carlos, formulan indicación para que en el último inciso sustitutivo propuesto en la indicación de la Comisión de Hacienda se reemplacen las expresiones "tres" y "trienios" por "diez y decenio". Es decir, el último inciso del artículo 5º diría: "se entenderán incluidos por un nuevo período de diez años, contado desde la expiración del decenio anterior y así sucesivamente."

Además, los señores Poblete y Morales, don Carlos, han propuesto intercalar un inciso nuevo a continuación del primero, que diga: "Para fijar la lista y el monto de la devolución, el Presidente de la República considerará el informe elaborado por una Comisión técnica que estará integrada por el Banco Central, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y la Corporación de Fomento de la Producción, la que para evacuar su informe deberá, en todo caso, oír a los interesados."

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación el artículo 5º con la primera indicación de la Comisión de Hacienda, que reemplaza el inciso segundo.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Aprobado el artículo con la indicación.

En votación el artículo 5º con la indicación de la Comisión de Hacienda y la formulada a ella por los Honorables señores Poblete y Carlos Morales, que consiste en reemplazar "trienio" por "decenio" y "3" por "10".

-Durante la votación.

El señor LORCA (don Alfredo).-

¿Estamos votando la indicación de los Honorables señores Poblete y Carlos Morales?

El señor CAÑAS ( Secretario).-

No, señor Diputado. La Honorable Comisión de Hacienda propone sustituir el inciso quinto del artículo 5º por otros dos incisos y, al final de ése, los señores Poblete y Carlos Morales formulan una indicación. Entonces, esos incisos se votan con la indicación de los señores Diputados, y, de ser rechazados, se votarán con la indicación de la Comisión de Hacienda en su forma original.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 2 votos; por la negativa, 40 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación formulada por los Honorables señores Poblete y Morales, don Carlos.

En votación la indicación de la Comisión de Hacienda, en su forma original.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

El señor GUASTAVINO.-

Que se vote, señor Presidente.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 8 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Aprobada la indicación.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación de los señores Poblete y Morales, don Carlos, para agregar al artículo 5º, un nuevo inciso, que diga: "Para fijar la lista y el monto de la devolución, el Presidente de la República considerará el informe elaborado por una Comisión técnica que estará integrada por el Banco Central, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y la Corporación de Fomento de la Producción, la que, para evacuar su informe, deberá, en todo caso, oír a los interesados."

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 4 votos; por la negativa, 40 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

En votación el artículo 7º.

Se van a leer las indicaciones presentadas.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

La Comisión de Hacienda propone intercalar entre las expresiones: "sobre el valor FOB y de la mercadería", la siguiente frase: "o C. I. F., según sean las condiciones de exportación".

En consecuencia, el artículo 7" queda como sigue: "Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, se aplicarán sobre el valor FOB ó CIF, según sean las condiciones de exportación de la mercadería y en ningún caso podrán exceder del 30%."

Indicación del señor Rioseco, para agregar en el artículo 7º después del punto final, la siguiente frase nueva: "Sin perjuicio de la devolución anterior todo producto que se exporte podrá tener, además, una compensación que corresponda al desnivel entre la variación del índice de los precios internos y el aumento de la paridad cambiaría producida entre 1958 y 1965. Esta compensación será variada cada año en la misma proporción en que varíen los indicadores anotados."

Indicación de los señores Poblete y Morales, don Carlos -difiere en la redacción de la anterior en el porcentaje- partí agregar, después del punto final del artículo 7o, la siguiente frase: "Sin perjuicio de la devolución anterior, todo producto que se exporte tendrá una compensación mínima de 20% sobre su valor CIF y que corresponde al desnivel entre la variación del índice de los precios internos y el aumento de la paridad cambiaría producido entre los años 1958 y 1965. Esta compensación será variada cada año, en la misma proporción en que varíen los indicadores anotados.

Indicación del señor Rioseco, para agregar los siguientes incisos nuevos a este mismo artículo 7°: "Sin perjuicio de las devoluciones anteriores, todo producto que se exporte podrá tener una compensación que corresponda a la diferencia de valor existente entre la materia prima o producto nacional empleado y el valor FOB de dicha materia prima o producto similar extranjero.

"El Fisco podrá repetir el cobro de esa compensación al productor nacional de aquellas materias primas o productos."

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación el artículo 7", con la indicación de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma eco-vómica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 9 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Aprobado el artículo 7º con la indicación.

Se van a votar las otras indicaciones a que se ha dado lectura.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación del señor Rioseco, para agregar el siguiente inciso final al artículo 7º:

"Sin perjuicio de la devolución anterior, todo producto que se exporte podrá tener, además, una compensación que corresponda al desnivel entre la variación del índice de los precios internos y el aumento de la paridad cambiaría producida entre los años 1958 y 1965. Esta compensación será variada cada año, en la misma proporción en que varíen los indicadores anotados".

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma, económica, dio el siguiente resaltado: por la afirmativa, 2 votos; por la negativa, 42 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación de los señores Poblete y Morales, concebida literalmente en los mismos términos anteriores, salvo que fija un monto de compensación mínima de un 20% sobre el valor "CIF".

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resaltado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 43 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación del señor Rioseco, para agregar, al artículo 7°, los siguientes incisos nuevos :

"Sin perjuicio de las devoluciones anteriores, todo producto que se exporte podrá tener una compensación que corresponda a la diferencia de valor existente entre la materia prima o producto nacional empleado y el valor FOB de dicha materia prima o producto similar extranjero".

"El Fisco podrá repetir el cobro de esa compensación al productor nacional de aquellas materias primas o productos".

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 38 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

En votación el artículo 8" del proyecto.

Se va a dar lectura a las indicaciones.

El señor CAÑAS (Secretario).-

En el artículo 8º, la Comisión de Hacienda propone:

1º.- Sustituir, en el inciso primero, el punto final por una coma; y agregar, a continuación, la siguiente frase: "o al acreditarse el retorno a elección del exportador"; y

2º.- Reemplazar los incisos segundo y tercero, por el siguiente:

"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías en consignación o sujetas a condición o cuyo pago esté sujeto a liquidación final, el Banco Central de Chile entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación".

Además, los señores Poblete y Morales, don Carlos, proponen agregar los siguientes incisos nuevos a este artículo 8º:

"Cuando se trate de productos de la minería, el exportador, en el momento de realizarse la compra, otorgará al productor un comprobante que indique la cantidad y precio del producto adquirido para la exportación.".

"El Banco Central, con el solo mérito de dicho comprobante, entregará los certificados de devolución directamente al productor dentro del plazo de 30 días. La diferencia de la devolución entre el precio de compra del producto y el valor FOB corresponderá al exportador.

"Si el exportador no entregare al productor el comprobante indicado, no podrá recibir certificados de devolución por ninguna exportación mientras no cumpla con esta obligación".

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación.

Si le parece a la Honorable Cámara, se votará el artículo 8" con las tres indicaciones formuladas por la Comisión de Hacienda, en una sola votación.

Acordado.

El señor SOTA.-

Con las dos indicaciones.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Hubo acuerdo, señor Diputado.

Son dos las indicaciones. Tiene razón Su Señoría.

El señor SOTA.-

Muchas gracias.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el artículo 8º, con las dos indicaciones de la Comisión de Hacienda.

El señor GUASTAVINO.-

Que se vote.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 11 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Aprobado el artículo 8°, con las indicaciones de la Comisión de Hacienda.

En votación la indicación de los Honorables señores Poblete y Morales, para agregar al artículo 8º los incisos nuevos a que se dio lectura.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 5 votos; por la negativa, 35 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

Corresponde votar el artículo 9º. Se van a leer las indicaciones presentadas.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

La Comisión de Hacienda propone sustituir en el inciso primero la frase "o por el Servicio de Aduanas" por la siguiente: "o por intermedio del Servicio de Aduanas."

Indicación de los señores Poblete y Carlos Morales para agregar en el inciso segundo, después de la expresión "Servicio de Seguro Social", la frase: "Corporación de la Vivienda y Asociaciones de Ahorro y Préstamos."

Indicación del señor Poblete para agregar un inciso nuevo que diga: "Asimismo, los tenedores podrán presentar a las tesorerías para su pago directo e inmediato los certificados que no hubieren aplicado a los pagos a que se refiere el inciso primero."

Indicación del mismo señor Diputado, para agregar un inciso nuevo que diga:

"Los excedentes que se produzcan por la no aplicación de los certificados emitidos por el Banco Central para el pago de impuestos, intereses penales, multas, patentes, contribuciones, etc., por los tenedores de ellos, se destinarán anualmente a la formación de un fondo que se aplicará al estudio de mercados exteriores para el fomento de las exportaciones.

"Este fondo será puesto a disposición del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción por el Banco Central, y dicho Ministerio deberá utilizarlo en la finalidad antes mencionada conjuntamente con la Corporación de Fomento."

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación el artículo 9º con la indicación de la Comisión de Hacienda, sin perjuicio de votar después las demás indicaciones.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 12 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Aprobado el artículo con la indicación de Hacienda.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación de los señores Poblete y Morales, don Carlos, para agregar en el inciso segundo, después de la expresión "Servicio de Seguro Social", la siguiente: "Corporación de la Vivienda y Asociaciones de Ahorro y Préstamos."

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 2 votos; por la negativa, 34 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación de los mismos señores Diputados, Poblete y Morales, don Carlos, para agregar el siguiente inciso nuevo:

"Asimismo, los tenedores podrán presentar a las tesorerías, para su pago directo e inmediato los certificados que no hubieran aplicado a los pagos a que se refiere el inciso primero".

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos; por la negativa, 41 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación del señor Poblete para agregar los siguientes incisos nuevos: "Los excedentes que se produzcan por la no aplicación de los certificados emitidos por el Banco Central para el pago de impuestos, intereses penales, multas, patentes, contribuciones, etc., por los tenedores de ellos, se destinarán anualmente a la formación de un fondo que se aplicará al estudio de mercados exteriores para el fomento de las exportaciones.

'Este fondo será puesto a disposición del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción por el Banco Central, y dicho Ministerio deberá utilizarlo en la finalidad antes mencionada conjuntamente con la Corporación de Fomento."

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 37 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

La Comisión de Hacienda propone agregar a continuación un artículo nuevo.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

El artículo nuevo que la Comisión de Hacienda propone agregar es el siguiente:

"Artículo...- Las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán estar exentas de pleno derecho de los tributos a que se refiere la presente ley que determine el reglamento y en la forma y condiciones que en él se establezcan.

"Los artículos producidos al amparo de la presente disposición no gozarán de los demás beneficios de esta ley en cuanto a devolución de tributos y no podrán venderse en el mercado interno, a menos que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción declare por decreto que la venta de estos artículos en el país es indispensable para atender necesidades de consumo interno.

Las industrias o empresas que en virtud de la autorización a que se refiere el inciso anterior vendan productos en el mercado interno, deberán pagar todos los impuestos que les habría correspondido tributar en el caso de no estar acogidos a estos beneficios. El pago deberá hacerse en la forma y condiciones que determine el reglamento"

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación.

-Efectuada, la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Aprobado el artículo nuevo.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación de los señores Poblete y Morales, don Carlos, para agregar, a continuación del artículo recién aprobado, el siguiente inciso:

"No se aplicará la disposición del inciso tercero del artículo nuevo a continuación del 9" por venta en el país de los subproductos que haga la pequeña y mediana minería."

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la, negativa, 34 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

La Comisión de Hacienda propone agregar otro artículo nuevo.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

El artículo nuevo que la Comisión de Hacienda propone agregar es el siguiente:

"Articulo....- El Presidente de la República, al fijar la lista a que se refiere el artículo 5º podrá otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas u otras organizaciones de productores que no persigan fines de lucro. En ningún caso el procentaje de devolución asignado al producto de que se trate más el porcentaje adicional, a que se refiere este artículo, podrá exceder al 30% señalado en el artículo 7º.

"Los certificados de devolución que se emitan por el Lauco Central serán extendidos a nombre de la respectiva cooperativa o entidad exportadora, la que deberá transferirlos a sus cooperados o asociados.

"Las cooperativas u organizaciones a que se refiere este artículo, para poder gozar de los porcentajes adicionales indicados en el inciso primero, deberán estar inscritas en un registro especial que llevará el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en la forma y bajo las condiciones que determine el Reglamento."

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación.

-Efectuada, la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Aprobado el artículo.

En el artículo 10, la Comisión de Hacienda ha formulado dos indicaciones.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

La Comisión de Hacienda ha formulado las siguientes indicaciones:

1º.- Para agregar en el inciso primero la siguiente frase final, reemplazando el punto final por una coma: "o el pago de los impuestos que corresponda si se trata de artículos producidos al amparo de lo dispuesto en el artículo A)"; y

2º.- Reemplazar en el inciso tercero la palabra "Internacionales" por la siguiente te: "aceptados".

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobarán las indicaciones.

Aprobadas.

En votación el artículo 11.

El señor Secretario dará lectura a las indicaciones formuladas a esta disposición.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Aparte de la indicación formulada por la Comisión de Hacienda al artículo 11 y que incide en el inciso segundo para intercalar a continuación de la frase "...se perciban por", las palabras "...intermedio de..." y agregar dos incisos al final, se ha presentado indicación por el señor Poblete al inciso final propuesto por la Comisión de Hacienda, para intercalar la expresión "pro forma" después de la frase "mediante facturas" y antes de 'emitidas directamente por los fabricantes".

Se han formulado, además, las siguientes indicaciones:

De los señores Penna, Lorca, don Alfredo; Cerda, don Eduardo, y Sota, para suprimir los artículos 11 y 12, agregando los siguientes artículos nuevos:

"Artículo -Las industrias instaladas que hubieren realizado importaciones de maquinarias y equipos destinados a su instalación, ampliación o renovación, podrán solicitar la devolución de los derechos e impuestos que hubieren pagado con ocasión de dichas importaciones, en proporción al volumen de su producción total que se obliguen a exportar dentro de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se otorgue la franquicia.

En todo caso, la devolución a que se refiere este artículo sólo podrá comprender los derechos e impuestos pagados dentro de los cinco años anteriores a la fecha del otorgamiento de la franquicia y ella se efectuará mediante la entrega al respectivo industrial, de certificados de los indicados en el artículo 8º de esta ley, en la forma y oportunidades que señale el Reglamento.

En los casos de incumplimiento de la obligación de exportación aludida en el inciso 1º, los infractores deberán enterar en arcas fiscales el valor de los certificados que hubieren recibido, dentro de los plazos y con los intereses y multas que fije el Reglamento."

"Artículo...- Las importaciones de maquinarias y equipos nuevos que realicen las industrias para su instalación, ampliación o renovación podrán quedar liberadas total o parcialmente del pago de los impuestos y derechos y, en general, de los gravámenes que se perciban por intermedio de las aduanas que las afecten, en proporción al volumen de la producción que las industrias favorecidas destinen a la exportación.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, las industrias interesadas deberán obligarse a realizar dentro de un plazo de cinco años, contado desde la fecha en que se otorgue la franquicia, exportaciones de mercaderías de producción por valores que, en conjunto, en relación con su producción total, sean iguales al porcentaje de liberación acordado.

En el caso en que no se cumpla con la obligación de exportar los porcentajes de la producción a que se refieren los incisos anteriores, los infractores pagarán la totalidad de los derechos e impuestos cuya aplicación quedó en suspenso, conforme al inciso primero, con los intereses y multas que señale el Reglamento."

"Artículo...- Las industrias actualmente acogidas a los beneficios que otorgue el D.F.L. 257, de 1960, tendrán derecho a vender anualmente en el mercado interno, la parte de su producción que convengan con el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, previo pago de un porcentaje igual de los derechos e impuestos que en la actualidad gravan la importación de las maquinarias y equipos que internaron al amparo del texto legal citado.

En el caso de infringir el convenio referido, colocando en el mercado interno un porcentaje de su producción superior al convenido, se harán exigibles la totalidad de los impuestos y gravámenes a que se encuentra afecta la internación de la respectiva maquinaria y equipo.

Para los efectos previstos en esta disposición y en los dos artículos precedentes, dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar un Reglamento que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá las normas que regirán el otorgamiento y aplicación de las franquicias que en estas disposiciones se señalan; dicho Reglamento determinará el sistema de fiscalización para verificar el cumplimiento de las obligaciones o requisitos exigidos para el otorgamiento de las franquicias, debiendo establecer las sanciones que se aplicarán en caso de contravención."

De los señores Poblete y Morales, don Carlos, para reemplazar los artículos 11 y 12, por el siguiente:

"Artículo...- Al calcular el porcentaje de devolución para los diferentes productos que se exporten a que. se refieren los artículos anteriores, el Presidente de la República deberá considerar expresamente la incidencia de los derechos aduaneros pagados por internación de maquinaria, en el valor F.O.B. del producto que se exporte.

Consecuentemente, el porcentaje de devolución total que se fije no podrá ser menor que el que resulte del cálculo anterior e igualmente podrá ser superior en ese monto al límite fijado en el artículo 7º de esta ley.

El Presidente de la República deberá dictar, dentro del plazo de 90 días, contados desde la vigencia de esta ley, el reglamento que establezca la forma cómo se harán los cálculos correspondientes."

De los señores Penna e Iglesias, para sustituir el artículo 11 por los siguientes, nuevos:

"Artículo 11.- Las industrias instaladas que hubieren realizado importaciones de maquinarias y equipos destinados a su instalación, ampliación o renovación, podrán solicitar la devolución de sus derechos e impuestos que hubieren pagado con ocasión de dichas importaciones, en proporción al volumen de su producción correspondiente al total de su capacidad instalada que se obliguen a exportar. No obstante, durante los primeros cinco años, contados desde la fecha que se otorgue la franquicia, los porcentajes que representen la exportación de cada año con respecto a la capacidad instalada podrá ser variable, debiendo promediar, en todo caso, en el período la tasa de exportación convenida.

La devolución se efectuará mediante la entrega al respectivo industrial de certificados de los indicados en el artículo 8º de está ley, en la forma y oportunidades que señale el Reglamento.

En los casos de incumplimiento de la obligación de exportación aludida en el inciso primero, los infractores deberán enterar en arcas fiscales el valor de los certificados que hubieren recibido, dentro de los plazos y con los intereses y multas que fije el Reglamento."

"Artículo...- Las importaciones de maquinarias y equipos que realicen las industrias para su instalación, ampliación o renovación, podrán quedar liberadas, total o parcialmente, del pago de los impuestos y derechos y, en general, de los gravámenes que se perciben por intermedio de las Aduanas, que las afecten en proporción al volumen de su producción correspondiente al total de su capacidad instalada que se obliguen a exportar. Se exceptúan de esta exención los impuestos adicionales establecidos o que se establezcan en conformidad al artículo 169 de la ley Nº 13.305 y sus modificaciones posteriores.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, las industrias interesadas deberán obligarse a realizar exportaciones de mercaderías de su producción por valores que en relación con su capacidad instalada sean iguales al porcentaje de liberación acordado. Las ampliaciones se podrán considerar como industrias nuevas para los efectos de fijar el porcentaje de liberación.

En el caso de que no se cumpla con la obligación de exportar los porcentajes de la producción a que se refieren los incisos anteriores, los infractores pagarán la totalidad de los derechos e impuestos de los que hubieren sido liberados, con los intereses y multas que indique el Reglamento."

"Artículo...- Las industrias actualmente acogidas a los beneficios que otorga el D.F.L. Nº 257, de 1960, tendrán derecho a vender en el mercado interno la parte de su producción, que convengan, por una sola vez, con el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante el pago de un porcentaje equivalente de los respectivos derechos e impuestos que en la actualidad gravan la importación de las maquinarias y equipos que internaron al amparo de las franquicias que otorga el texto legal antes citado.

En el caso de infracción al convenio por la colocación en el mercado interno de un porcentaje de su producción superior al pactado, se harán exigibles, en su totalidad, los derechos, impuestos y gravámenes que afectan la internación de la respectiva maquinaria y equipo.

Para los efectos indicados en el presente artículo y en los dos anteriores, el Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días, contados desde la vigencia de esta ley, deberá dictar un decreto que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá las normas que regirán el otorgamiento y aplicación de las franquicias que en estas disposiciones se señalan.

En el mismo decreto, el Presidente de la República determinará el sistema de fiscalización para verificar el cumplimiento de las condiciones o requisitos exigidos para el otorgamiento de las franquicias, debiendo establecer las sanciones que se aplicarán en caso de contravención."

El señor LORCA (don Gustavo).-

No se puede legislar en esta forma.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación de los señores Poblete y Carlos Morales, para suprimir en el inciso primero del artículo 11 la frase: "con excepción de los impuestos adicionales establecidos o que se establezcan en conformidad con el artículo 169 de la ley Nº 13.305 y sus modificaciones."; y para intercalar como inciso segundo, el siguiente: "La misma exención podrá establecerse en favor de las materias primas, partes, repuestos, aceites y lubricantes que se importen para la producción de un artículo destinado a la exportación."

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación la indicación de los señores Alfredo Lorca, Penna, Cerda y Sota, que reemplaza los artículos 11 y 12 por los que se leyeron.

Si le parece a la Honorable Cámara, se rechazará.

Rechazada.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación la indicación de los señores Poblete y Carlos Morales, para reemplazar los artículos 11 y 12 por el que se leyó.

-efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 34 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Los señores Penna e Iglesias formulan indicación para sustituir el artículo 11. Su texto se dio a conocer al final de las indicaciones formuladas a los artículos 11 y 12.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Si le parece a la Honorable Cámara, se rechazará la indicación.

Rechazada.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Los señores Poblete y Morales, don Carlos, han formulado indicación para suprimir en el inciso primero del artículo 11 la frase que dice: "con excepción de los impuestos adicionales establecidos o que se establezcan en conformidad al artículo 169 de la ley Nº 13.305 y sus modificaciones."

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación el inciso primero del artículo con la indicación.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

El señor GUASTAVINO.-

Que se vote, señor Presidente.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 36 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

En votación el inciso 1º en su forma original.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación del señor Poblete y del señor Morales, don Carlos, para intercalar como inciso segundo el siguiente: "La misma exención podrá establecerse en favor de las materias primas, partes, repuestos, aceites y lubricantes que se importen para la producción de un artículo destinado a la exportación."

La Comisión de Hacienda también formula indicación al inciso segundo.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación la primera indicación que se acaba de leer.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 37 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BUZETA.-

Suspendamos la sesión.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Podríamos empalmarla con la de las cuatro y suspenderla por ahora.

El señor BUZETA.-

Empalmemos y suspendamos la sesión, señor Presidente.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación el inciso segundo con la indicación de la Comisión de Hacienda.

El señor FERNANDEZ.-

¿De qué letra?

El señor CAÑAS ( Secretario).-

De la letra a), señor Diputado, que es la única en que incide el inciso segundo.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará.

Aprobado.

El señor BUZETA.-

¿Por qué no solicita el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con la de las 4 de la tarde, señor Presidente?

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación el resto del artículo 11, en su forma original.

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará.

Aprobado.

El señor BUZETA.-

Suspendamos la sesión hasta las 4, señor Presidente.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación de la Comisión de Hacienda para agregar dos incisos finales, al último de los cuales se ha formulado una indicación por el señor Poblete, para intercalar, entre las frases "mediante facturas" y "emitidas directamente por los fabricantes", la expresión "pro forma". O sea, la frase quedaría en la siguiente forma:..."mediante facturas pro forma emitidas directamente por los fabricantes...", etcétera.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación los dos incisos finales propuestos por la Comisión de Hacienda, con la indicación del Honorable señor Poblete.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 34 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazados los dos incisos con la indicación presentada.

En votación los dos incisos en su forma original.

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobarán.

Aprobados.

El señor BUZETA.-

Suspendamos la sesión, señor Presidente.

El señor GUASTAVINO.-

¿No es posible agilizar la votación, señor Presidente? ¿Quedan muchas indicaciones?

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Se ha solicitado a la Mesa que se den por desechadas todas las indicaciones presentadas al resto del articulado, con excepción de las formuladas por la Comisión de Hacienda, las cuales se darían por aprobadas.

¿Habría acuerdo para proceder en esta forma?

El señor BUZETA.-

No.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Recabo nuevamente el asentimiento de la Honorable Cámara para proceder en la forma indicada.

¿Habría acuerdo?

El señor BUZETA.-

No, señor Presidente.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

No hay acuerdo.

El señor GUSTAVINO.-

Pero cómo, si ya está tomado el acuerdo, señor Presidente.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Honorable señor Gustavino, la Mesa tuvo dudas sobre la observación del Honorable señor Buzeta. Por eso recabó nuevamente el asentimiento de la Sala para confirmarla.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

¿Por qué no se suspende la sesión por dos minutos, para ponernos de acuerdo, señor Presidente?

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Se van a leer las indicaciones presentadas al artículo 12.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

En el artículo 12, se han presentado indicaciones, por los señores Penna e Iglesias, para sustituir, en su inciso primero, las palabras "artículo 11" por la expresión "artículos anteriores".

Además, la Comisión de Hacienda propone reemplazar el punto final del inciso primero por una coma, y agregar la siguiente frase: "debiendo imputarse las cantidades ya pagadas por esos conceptos."

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación el artículo 12 con la primera indicación a que se acaba de leer.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dejará sin efecto por ser innecesaria.

Acordado.

En votación el artículo 12 con la indicación de la Comisión de Hacienda.

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará.

En votación el artículo 13, con la indicación de la Comisión de Hacienda que consiste en reemplazarlo.

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará.

El señor MONTES.-

Que se vote.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Aprobado el artículo 13 con la indicación de la Comisión de Hacienda.

En votación el artículo 14 con la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en substituirlo.

Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará.

Aprobado.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

En el artículo 15, la Comisión de Hacienda ha formulado indicación para reemplazar la frase "por la o las entidades y en las condiciones que determine" por "preferentemente a cargo del Instituto de Seguros del Estado".

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación el artículo 15 con la indicación de la Comisión de Hacienda.

Si le parece a la Cámara, se aprobará.

Aprobado.

En votación el artículo 16, con la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en sustituir el inciso segundo.

Si le parece a la Cámara, se aprobará.

Aprobado.

En votación el artículo 25 con la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en agregar un inciso final, nuevo.

Si le parece a la Cámara, se aprobará.

Aprobado.

Corresponde votar los siete artículos nuevos propuestos por la Comisión de Hacienda.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Una sola votación!

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Si le parece a la Cámara, se aprobarán en una sola votación los siete artículos nuevos.

El señor VALENTE.-

Menos el segundo.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo?

El señor GUASTAVINO.-

Siempre que se excluya el segundo.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Si le parece a la Cámara, se aprobarán, en una sola votación, seis de los siete artículos, excluyendo el segundo.

Aprobados.

En votación el segundo artículo nuevo propuesto por la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 11 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Aprobado el artículo.

El señor Secretario va a leer los artículos nuevos permanentes que se han propuesto.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación de los señores Buzeta, Sanhueza, Silva Solar, Jerez y de la señora Silvia Correa, para agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- Los trabajadores que presten servicios en las empresas del cobre de la Mediana Minería, cuyos yacimientos y trabajos de explotación se encuentren en la provincia de Santiago, gozarán de una gratificación anual equivalente a seis sueldos o salarios mensuales básicos, que se cancelarán, en tres cuotas iguales, en los meses de marzo, septiembre y diciembre de cada año".

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

La Mesa tiene dudas sobre la procedencia de esta indicación. . .

El señor VALENTE.-

Es perfectamente procedente.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

...de manera que va a abrir debate sobre el particular.

¿Habría acuerdo para proceder a votar este artículo?

Varios señores DIPUTADOS.-

Sí, señor Presidente.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Acordado.

El señor LORCA (don Alfredo).-

No hay acuerdo.

El señor GUASTAVINO.-

Ya está proclamado el acuerdo de la Sala.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

La Mesa ha incurrido en un error. De acuerdo con el Reglamento, en caso de dudas sobre la procedencia de una indicación, debe abrirse debate y someterse a votación.

En discusión la procedencia de la indicación.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 31 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

La Cámara declara improcedente la indicación.

El señor CAÑAS ( Secretario).-

Indicación de los señores Sanhueza, Buzeta, Irureta, Silva Solar, Pereira, Jerez y Correa, doña Silvia, para agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- En las importaciones que realicen las industrias, empresas y particulares sólo se podrá proceder a la cobertura de los cambios una vez que dichas empresas acompañen las facturas originales de las fábricas productoras de las respectivas mercaderías y no se aceptarán facturas emitidas por las firmas distribuidoras o centrales de compra en el exterior.

"El Comité de Inversiones Extranjeras sólo autorizará aportes de capitales extranjeros que se realicen total o parcialmente en mercaderías, cuando se le acredite fehacientemente el valor de ellas mediante facturas emitidas directamente por los fabricantes productores de dichas mercaderías, no siendo aceptables facturas de distribuidores o centrales de compras."

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 26 votos.

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

A continuación, se votarán los artículos transitorios.

Corresponde votar el artículo 1º transitorio, al cual la Comisión de Hacienda le ha introducido tres enmiendas.

Si le parece a la Honorable Cámara, se votarán conjuntamente dichas modificaciones.

Acordado.

El señor GUASTAVINO.-

¡Con nuestra abstención!

El señor ISLA ( Vicepresidente).-

En votación el artículo 1º transitorio con las enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará, con la abstención de los señores Diputados comunistas y socialistas.

Aprobado.

En votación el artículo 3º transitorio.

Hay una indicación de la Comisión de Hacienda por la cual propone suprimirlo.

Si le parece a la Honorable Cámara, y no se pide votación, se aprobará la supresión de este artículo.

Acordado.

Terminada la discusión del proyecto.

Como se ha cumplido el objeto de la presente sesión, se levanta.

2.- PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONSULTA NORMAS PARA ESTIMULAR LAS EXPORTACIONES.

Santiago, 5 de febrero de 1966.

Con motivo del Mensaje, informes y demás antecedentes que tengo sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicar a la ener bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Estímulo a las Exportaciones

Articulo 1°.- Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque como, asimismo, a los fletes de las materias primas a los centros de producción.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstos nacionales o nacionalizados, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Artículo 2°.- Las normas de esta ley no se aplicarán:

a) A las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa o motivo;

b) A las especies que entren al país, bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de Almacenes Particulares y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

c) A las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, entendiéndose por tales, las que define el artículo 1° de la ley N° 11.828 publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 1955;

d) A la industria salitrera, que se rige por la ley N° 12.033, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956;

e) A las industrias explotadoras de minerales de hierro, que no retornan al país el total de sus exportaciones, y

f) A las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de cobre, salvo informe favorable del Departamento del Cobre.

Artículo 3°.- Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos, derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

El Reglamento determinará los actos, contratos, trámites o actuaciones comprendidos en el presente artículo, como asimismo los gravámenes de los cuales quedan exentos.

Artículo 4°.- Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3°, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5°.- El Presidente de la República determinará por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo anterior y fijará libremente sus respectivos porcentajes, para lo cual podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de esos productos.

El Presidente de la República podrá fijar porcentajes diferentes para un mismo producto si razones de incremento de las exportaciones en determinadas zonas o a través de ciertos puertos así lo aconsejen. En todo caso, para una misma zona o puerto el porcentaje deberá ser igual.

En el caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras o artículos a media elaboración que ingresaren al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporados en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará al valor agregado nacional.

El Presidente de la República podrá, en cualquier época, incluir nuevos productos en la lista así formada, fijándoles los porcentajes de devolución correspondientes. Asimismo, en cualquier época, podrá aumentar los porcentajes ya establecidos.

El Presidente de la República sólo podrá retirar productos de la lista referida o rebajar sus porcentajes de devolución, una vez transcurridos 3 años desde la fecha de su inclusión en aquélla. En todo caso, el retiro del producto o la rebaja de su porcentaje de devolución, sólo podrán efectuarse dentro del mes de enero siguiente a la fecha de expiración del respectivo período de 3 años. Estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente.

Los productos que estando incluidos en la lista, no sean retirados la forma y oportunidad a que se refiere el inciso anterior, hubieren o no sido alterados sus porcentajes de devolución, se entenderán incluidos por un nuevo período de 3 años, contado desde la expiración del trienio anterior, y así, sucesivamente.

Artículo 6°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República, en casos calificados podrá, al fijar la lista, señalar respecto de uno o más productos incluidos en ella, un plazo durante el cual no podrán retirarse de dicha lista no rebajarse sus porcentajes respectivos de devolución.

El Presidente de la República podrá otorgar igual garantía respecto de productos que se incluyan con posterioridad a la lista ya formada. Una vez expirados los plazos especiales recién señalados, los productos respectivos quedarán sujetos al régimen general y podrán ser retirados de la lista o rebajados sus porcentajes en conformidad a las normas del artículo anterior.

Artículo 7°.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, se aplicarán sobre el valor F. O. B. ó C. I. F., según sean las condiciones de exportación de la mercadería y en ningún caso podrán exceder del 30%.

Artículo 8°.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores, se hará efectiva mediante la entrega de certificados que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería, o al acreditarse el retorno, a elección del exportador.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías en consignación o sujetas a condición o cuyo pago esté sujeto a liquidación final, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación.

Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el valor F.O.B. de la mercadería, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

Artículo 9°.- Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por intermedio del Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Las Municipalidades, Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social, presentarán en cobro los certificados que reciban por los conceptos señalados, directamente a las Tesorerías Fiscales, las que deberán pagarlos a su presentación.

Artículo 10.- Las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuya destino final sea la exportación, podrán estar exentas de pleno derecho de los tributos a que se refiere la presente ley que determine el reglamento y en la forma y condiciones que en él se establezcan.

Los artículos producidos al amparo de la presente disposición no gozarán de los demás beneficios de esta ley en cuanto a devolución de tributos y no podrán venderse en el mercado interno, a menos que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción declare por decreto que la venta de estos artículos en el país es indispensable para atender necesidades de consumo interno.

Las industrias o empresas que en virtud de la autorización a que se refiere el inciso anterior vendan productos en el mercado interno, deberán pagar todos los impuestos que les habría correspondido tributar en el caso de no estar acogidos a estos beneficios. El pago deberá hacerse en la forma y condiciones que determine el reglamento.

Artículo 11.- El Presidente de la República, al fijar la lista a que se refiere el artículo 5° podrán otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas u otras organizaciones de productores que no persigan fines de lucro. En ningún caso el porcentaje de devolución asignado al producto de que se trate, más el porcentaje adicional a que se refiere este artículo, podrá exceder al 30% señalado en el artículo 7°.

Los certificados de devolución que se emitan por el Banco Central, serán extendidos a nombre de la respectiva cooperativa o entidad exportadora, la que deberá transferirlos a sus cooperados o asociados.

Las cooperativas u organizaciones a que se refiere este artículo, para poder gozar de los porcentajes adicionales indicados en el inciso primero, deberán estar inscritas en un registro especial que llevará el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en la forma y bajo las condiciones que determine el Reglamento.

Artículo 12.- Las mercaderías enviadas a mercados exteriores y que

se devuelvan al país no podrán ser internadas sino previa devolución del o los certificados a que se refiere el artículo 8° de esta ley y/o en su defecto, entero de su equivalencia en arcas fiscales, o el pago de los impuestos que corresponda si se trata de artículos producidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.

Si la devolución al país de la mercadería exportada no está plenamente justificada a juicio de los organismos competentes, el pago de los impuestos y derechos correspondientes y el reintegro de las sumas percibidas como devolución de derechos, se efectuará con los recargos y los intereses que señale el Reglamento.

En los casos en que la mercadería fuese devuelta por deficiencias de calidad con respecto a los standards aceptados en las que se compruebe se incurrió por dolo o culpa del exportador, el reglamento establecerá multas u otras sanciones que deberán ser aplicadas administrativamente, de acuerdo al procedimiento que se establezca.

Artículo 13.- La importación de equipos y maquinarias destinados a la instalación, ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción, a lo menos en un 51% anual, se destine a la exportación, podrá quedar liberada de los impuestos, gravámenes y demás derechos que se perciban por intermedio de las Aduanas, con excepción de los impuestos adicionales establecidos o que se establezcan en conformidad al artículo 169 de la ley N° 13.305 y sus modificaciones.

La liberación de derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, referidos en el inciso anterior, deberá en todo caso ser proporcional al volumen de la producción que la industria favorecida destine a la exportación.

Para los efectos indicados en los incisos anteriores el Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días, contado desde la vigencia de esta ley, deberá dictar un Decreto que llevará la firma de los Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá las disposiciones que regirán el otorgamiento de las franquicias que en este artículo se señalan.

En el mismo Decreto, el Presidente de la República determinará el sistema de fiscalización para verificar el complimiento de las condiciones o requisitos exigidos para el otorgamiento de las franquicias, debiendo establecer las sanciones que se aplicarán en caso de contravención.

En las importaciones que realicen las empresas de la Gran Minería del hierro, mediana y pequeña minerías del cobre y hierro y las empresas salitreras, sólo se podrá proceder a la cobertura de los cambios una vez que dichas empresas acompañen las facturas originales de las fábricas productoras de las respectivas mercaderías y no se aceptarán facturas emitidas por firmas distribuidoras o centrales de compras en el exterior.

El Comité de Inversiones Extranjeras sólo autorizará aportes de capitales extranjeros que se realicen total o parcialmente en mercaderías, cuando se le acredite fehacientemente el valor de ellas, mediante facturas emitidas directamente por los fabricantes productores de dichas mercaderías, no siendo aceptables facturas de distribuidores o centrales de compras.

Artículo 14.- Los bienes que hubieren gozado de las franquicias a que se refiere el artículo 13, y que se enajenen, deberán pagar previamente todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que afecten la internación de ellos en el momento de su enajenación, debiendo imputarse las cantidades ya pagadas por esos conceptos.

No obstante, si el adquirente goza o pueda gozar de exención de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, debiendo dictarse el Decreto Supremo que así lo establezca, en los casos en que corresponda.

Las personas o entidades que adquieran las especies a que se refiere el inciso primero de este artículo serán solidariamente responsables del pago de los derechos, impuestos y demás gravámenes señalados.

Sin embargo, estarán exentos de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciben por intermedio de las Aduanas, aquellos bienes que se enajenan una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de la internación, o bien en un plazo inferior en conformidad a las disposiciones generales de la Ordenanza de Aduanas.

Artículo 15.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio exterior y principalmente de las exportaciones, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, combustibles, partes y piezas que se utilizan en la elaboración de un producto.

Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a las materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales.

Artículo 16.- El Presidente de la República podrá, en cualquier momento, establecer normas destinadas a simplificar la tramitación de las operaciones de exportación.

Esta facultad no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas aplicables al comercio de exportación.

Igualmente, el Presidente de la República podrá establecer exigencias de calidad que deberán satisfacer todos o algunos de los productos de exportación y fijar la forma en que deberá acreditarse su cumplimiento.

Las normas cuya dictación se autoriza en los incisos anteriores, deberán adoptarse mediante decretos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pudiendo ser modificadas cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 17.- El Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro a las exportaciones preferentemente a cargo del

Instituto de Seguros del Estado, con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, incluso de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos y otros.

Artículo 18.- El Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como, asimismo, para ventas internas de bienes de capital de producción nacional, en las condiciones, montos, plazos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las limitaciones contenidas en los D.F.L. N°s. 247 y 252, de 1960.

Los créditos de exportación deberán ser reajustables. Los créditos para ventas internas podrá ser reajustables.

Artículo 19.- Déjanse sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9° de la ley N° 12.937; 12 y 40 de la ley N° 13.039; y letra b) del artículo 4° de la ley N° 14.824. En lo sucesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.

No obstante, el rendimiento que hasta la publicación de esta ley produzca la aplicación de las disposiciones citadas en el inciso anterior, se destinará a cancelar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. El excedente de dichos fondos y el rendimiento que se produzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación.

Artículo 20.- Deróganse el Decreto con Fuerza de Ley N° 256, de 1960; artículos 93, 94 y 95 de la ley N° 12.861 y artículo 10 de la ley N° 14.824.

Artículo 21.- Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias, civiles y criminales que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.

Disposiciones varias

Artículo 22.- Introdúcense al artículo 99 de la ley N° 18.250, modificado por el artículo 58 transitorio de la ley N° 16.282, las siguientes modificaciones:

1.- Elimínanse en el inciso cuarto los términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero".

2.- Agrégase en el inciso cuarto, en punto seguido, la siguiente frase: "Se considerará que la utilidad devengada que corresponde a los accionistas es equivalente al monto de la utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la respectiva sociedad anónima y que deba someterse a aprobación de la Junta de Accionistas, con deducción de la parte que legalmente no pueda ser de disposición voluntaria de dicha Junta y de aquella que ya se hubiere distribuido como dividendo provisorio.".

3.- Agrégase el siguiente inciso final:

"Estarán exentas del impuesto de 7,5% las personas que declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en

dominio o que dichos valores figuran a su nombre en razón de un encargo de administración, comisión de confianza u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquier título semejante, otorgado por el verdadero dueño cuya individualización y domicilio deberá señalarse en dicha declaración para que opere la exención. Si el verdadero dueño resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las sociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones, cuando a su juicio exclusivo, debido al número de socios o a otra causa, sea muy difícil su cumplimiento.".

Artículo 23.- Lo dispuesto en el artículo 22 regirá desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley N° 16.282.

Artículo 24.- Agrégase al inciso primero del N° 2 del artículo 60 de la ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase, en punto seguido: "También estarán exceptuadas del gravamen establecido en este número las devoluciones de capitales internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del D.F.L. N° 437, de 1954 o del D.F.L. N° 258,, de 1960, o amparados por certificados o convenios suscritos con el Banco Central de Chile en conformidad a los artículos 14 y 16 del Decreto N° 1.272, de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el monto del capital efectivamente internado a Chile".

Para estos efectos, se considerará que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al momento de la devolución.

Artículo 25.- La Industria Azuqarera de la Frontera S. A., gozará de las mismas franquicias tributarias que favorecen a la Industria Azucarera Nacional S. A., siempre que cumpla exclusivamente el mismo objetivo que ésta.

Artículo 26.- Libérase de todo derecho de internación, estadística, ad-valorem, almacenaje y, en general, de todo impuesto o derecho, incluso los derechos consulares, y de toda otra contribución, depósito o garantía que grave la importación de las maquinarias, útiles, implementos y repuestos y demás bienes que sean adquiridos por la Industria Azucarera de la Frontera S. A., con el preciso objeto de construir y operar una Fábrica de Azúcar de Remolacha en la provincia de Cautín.

Artículo 27.- Las franquicias establecidas en los artículos precedentes son otorgadas tanto en favor de la actual Industria Azucarera de la Frontera S. A., en formación, inscrita con fecha 25 de octubre de 1964 bajo el número 2.627 en la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, como también en favor de la Industria Azucarera de la Frontera S. A., una vez que esté legalmente autorizada e instalada.

Asimismo, la Industria Azucarera de la Frontera S. A., en formación, quedará exenta de todos los impuestos de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y demás que gravan su constitución, ampliación y la suscripción y colocación de sus acciones.

Artículo 28.- Concédese a la Industria Azucarera de la Frontera S. A., por el plazo de quince años a contar de la fecha de la presente ley, las mismas franquicias y exenciones tributarias que se señalan en el artículo 25 de la ley N° 13.039.

Artículo 29.- Facúltase a la Comisión Coordinadora para la Zona Norte para celebrar contratos o convenciones con el objeto de ejecutar investigaciones tecnológicas aplicadas, relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El financiamiento de las referidas convenciones o contratos se hará con cargo a los recursos de dicho Organismo.

Artículo 30.- Corresponderá al Banco Central de Chile estudiar y fiscalizar las condiciones de la producción de minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, incluso aglomerados o concentrados, en lo que se refiere a sus niveles o volúmenes de producción y posibilidad de expansión, como asimismo, fiscalizar las condiciones de su comercialización, fletes, precios, ventas, costos y utilidades.

Para los efectos del inciso anterior, el Comité Ejecutivo del Banco podrá:

Autorizar o rechazar las exportaciones de minerales de hierro en cualquiera de sus formas y las importaciones necesarias para el funcionamiento de las empresas productoras. Sólo se autorizarán importaciones cuando las mercaderías correspondientes no se produzcan en el país en cantidad, calidad, precio y plazos de entrega adecuados, circunstancias que deberán ser comprobadas por el Banco. Para comparar el precio de las mercaderías importadas y nacionales se agregará al valor CIF de las primeras el impuesto ad-valorem y los derechos de aduana, almacenaje, estadística y consulares y, en general, todos los impuestos que se perciben por intermedio de las aduanas;

Comprobar y aprobar o denegar los contratos, precios, fletes, seguros y demás modalidades de las ventas y embarques de los productos referidos en el inciso primero, con el fin de verificar que ellos se realicen a los precios del mercado respectivo y en las mejores condiciones posibles; y

Requerir de las empresas productoras todos los antecedentes e informaciones que estime necesario.

Artículo 31.- Los beneficios que concede esta ley se aplicarán a los exportadores de minerales de hierro en la forma y bajo las condiciones que determine el reglamento.

Mientras no se dicte el reglamento seguirán rigiendo las normas contenidas en el D.F.L. N° 256, de 1960, respecto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 32.- Con informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, el Superintendente de Aduanas habilitará recintos particulares de aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola. En todo caso, será necesario que el embarque de las mercaderías referidas sea autorizado previamente por el Banco Central de Chile.

Para la internación al país de las mercaderías a que alude el inciso anterior, se aplicarán todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para las importaciones; sin embargo, no se les aplicará la facultad establecida en el artículo 2° de la ley N° 16.101, ni estas importaciones se considerarán para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 4° del mismo cuerpo legal.

Articulo 33.- Agrégase al inciso primero del artículo 31 del Decreto Supremo N° 1.272, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 11 de noviembre de 1961, el siguiente párrafo en punto seguido:

"De todos modos será facultad del Presidente de la República otorgar las liberaciones del presente artículo a las nuevas industrias que se establezcan en el futuro, cuando, previo informe da la Dirección de Industria y Comercio, se determine que la o las industrias existentes no abastecen adecuadamente el mercado nacional en cantidad y calidad.

Artículo 34.- Agrégase al artículo 3° del D.F.L. N° 307, de 1960, el siguiente inciso nuevo:

"En todo caso, facúltase al Servicio de Impuestos Internos para hacer operar de pleno derecho las exenciones contenidas en el presente decreto con fuerza de ley, siempre que, a su juicio exclusivo, esté suficientemente garantido el interés del Fisco."

Artículos Transitorios

Artículo 1°.- Dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos indicada en el artículo 5°.

Al fijar la lista indicada en el inciso anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha se encontraren comprendidos en la lista de productos, establecida en conformidad al artículo 20 del D.F.L. N° 256, de 1960, señalándoles como mínimo, un porcentaje de devolución igual al que tenía asignado a la fecha de publicación de esta ley; el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por los incisos cuarto y quinto del artículo 5°.

Las exportaciones cuyos embarques se realicen con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas a las normas que sobre devolución de impuestos establece el D.F.L. N° 256, del año 1960.

Sin embargo, los productos agropecuarios de naturaleza perecible, cuyo embarque se hubiere efectuado después del 1° de enero de 1966, quedarán afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo 4° de esta ley, de acuerdo con los porcentajes que fije el Presidente de la República en conformidad a las normas estatuidas en el artículo 6°.

Artículo 2°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 20, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 3°, continuará en vigencia el artículo 13 del D.F.L. N° 256, de 1960".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas Ibáñez.

2.- PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONSULTA NORMAS PARA ESTIMULAR LAS EXPORTACIONES.

Santiago, 5 de febrero de 1966.

Con motivo del Mensaje, informes y demás antecedentes que tengo sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicar a la ener bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Estímulo a las Exportaciones

Articulo 1°.- Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque como, asimismo, a los fletes de las materias primas a los centros de producción.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstos nacionales o nacionalizados, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Artículo 2°.- Las normas de esta ley no se aplicarán:

A las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa o motivo;

A las especies que entren al país, bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de Almacenes Particulares y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

A las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, entendiéndose por tales, las que define el artículo 1° de la ley N° 11.828 publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 1955;

A la industria salitrera, que se rige por la ley N° 12.033, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956;

A las industrias explotadoras de minerales de hierro, que no retornan al país el total de sus exportaciones, y

A las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de cobre, salvo informe favorable del Departamento del Cobre.

Artículo 3°.- Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos, derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

El Reglamento determinará los actos, contratos, trámites o actuaciones comprendidos en el presente artículo, como asimismo los gravámenes de los cuales quedan exentos.

Artículo 4°.- Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3°, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5°.- El Presidente de la República determinará por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo anterior y fijará libremente sus respectivos porcentajes, para lo cual podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de esos productos.

El Presidente de la República podrá fijar porcentajes diferentes para un mismo producto si razones de incremento de las exportaciones en determinadas zonas o a través de ciertos puertos así lo aconsejen. En todo caso, para una misma zona o puerto el porcentaje deberá ser igual.

En el caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras o artículos a media elaboración que ingresaren al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporados en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará al valor agregado nacional.

El Presidente de la República podrá, en cualquier época, incluir nuevos productos en la lista así formada, fijándoles los porcentajes de devolución correspondientes. Asimismo, en cualquier época, podrá aumentar los porcentajes ya establecidos.

El Presidente de la República sólo podrá retirar productos de la lista referida o rebajar sus porcentajes de devolución, una vez transcurridos 3 años desde la fecha de su inclusión en aquélla. En todo caso, el retiro del producto o la rebaja de su porcentaje de devolución, sólo podrán efectuarse dentro del mes de enero siguiente a la fecha de expiración del respectivo período de 3 años. Estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente.

Los productos que estando incluidos en la lista, no sean retirados la forma y oportunidad a que se refiere el inciso anterior, hubieren o no sido alterados sus porcentajes de devolución, se entenderán incluidos por un nuevo período de 3 años, contado desde la expiración del trienio anterior, y así, sucesivamente.

Artículo 6°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República, en casos calificados podrá, al fijar la lista, señalar respecto de uno o más productos incluidos en ella, un plazo durante el cual no podrán retirarse de dicha lista no rebajarse sus porcentajes respectivos de devolución.

El Presidente de la República podrá otorgar igual garantía respecto de productos que se incluyan con posterioridad a la lista ya formada. Una vez expirados los plazos especiales recién señalados, los productos respectivos quedarán sujetos al régimen general y podrán ser retirados de la lista o rebajados sus porcentajes en conformidad a las normas del artículo anterior.

Artículo 7°.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, se aplicarán sobre el valor F. O. B. ó C. I. F., según sean las condiciones de exportación de la mercadería y en ningún caso podrán exceder del 30%.

Artículo 8°.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores, se hará efectiva mediante la entrega de certificados que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería, o al acreditarse el retorno, a elección del exportador.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías en consignación o sujetas a condición o cuyo pago esté sujeto a liquidación final, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación.

Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el valor F.O.B. de la mercadería, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

Artículo 9°.- Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por intermedio del Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Las Municipalidades, Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social, presentarán en cobro los certificados que reciban por los conceptos señalados, directamente a las Tesorerías Fiscales, las que deberán pagarlos a su presentación.

Artículo 10.- Las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuya destino final sea la exportación, podrán estar exentas de pleno derecho de los tributos a que se refiere la presente ley que determine el reglamento y en la forma y condiciones que en él se establezcan.

Los artículos producidos al amparo de la presente disposición no gozarán de los demás beneficios de esta ley en cuanto a devolución de tributos y no podrán venderse en el mercado interno, a menos que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción declare por decreto que la venta de estos artículos en el país es indispensable para atender necesidades de consumo interno.

Las industrias o empresas que en virtud de la autorización a que se refiere el inciso anterior vendan productos en el mercado interno, deberán pagar todos los impuestos que les habría correspondido tributar en el caso de no estar acogidos a estos beneficios. El pago deberá hacerse en la forma y condiciones que determine el reglamento.

Artículo 11.- El Presidente de la República, al fijar la lista a que se refiere el artículo 5° podrán otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas u otras organizaciones de productores que no persigan fines de lucro. En ningún caso el porcentaje de devolución asignado al producto de que se trate, más el porcentaje adicional a que se refiere este artículo, podrá exceder al 30% señalado en el artículo 7°.

Los certificados de devolución que se emitan por el Banco Central, serán extendidos a nombre de la respectiva cooperativa o entidad exportadora, la que deberá transferirlos a sus cooperados o asociados.

Las cooperativas u organizaciones a que se refiere este artículo, para poder gozar de los porcentajes adicionales indicados en el inciso primero, deberán estar inscritas en un registro especial que llevará el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en la forma y bajo las condiciones que determine el Reglamento.

Artículo 12.- Las mercaderías enviadas a mercados exteriores y que

se devuelvan al país no podrán ser internadas sino previa devolución del o los certificados a que se refiere el artículo 8° de esta ley y/o en su defecto, entero de su equivalencia en arcas fiscales, o el pago de los impuestos que corresponda si se trata de artículos producidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.

Si la devolución al país de la mercadería exportada no está plenamente justificada a juicio de los organismos competentes, el pago de los impuestos y derechos correspondientes y el reintegro de las sumas percibidas como devolución de derechos, se efectuará con los recargos y los intereses que señale el Reglamento.

En los casos en que la mercadería fuese devuelta por deficiencias de calidad con respecto a los standards aceptados en las que se compruebe se incurrió por dolo o culpa del exportador, el reglamento establecerá multas u otras sanciones que deberán ser aplicadas administrativamente, de acuerdo al procedimiento que se establezca.

Artículo 13.- La importación de equipos y maquinarias destinados a la instalación, ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción, a lo menos en un 51% anual, se destine a la exportación, podrá quedar liberada de los impuestos, gravámenes y demás derechos que se perciban por intermedio de las Aduanas, con excepción de los impuestos adicionales establecidos o que se establezcan en conformidad al artículo 169 de la ley N° 13.305 y sus modificaciones.

La liberación de derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, referidos en el inciso anterior, deberá en todo caso ser proporcional al volumen de la producción que la industria favorecida destine a la exportación.

Para los efectos indicados en los incisos anteriores el Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días, contado desde la vigencia de esta ley, deberá dictar un Decreto que llevará la firma de los Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá las disposiciones que regirán el otorgamiento de las franquicias que en este artículo se señalan.

En el mismo Decreto, el Presidente de la República determinará el sistema de fiscalización para verificar el complimiento de las condiciones o requisitos exigidos para el otorgamiento de las franquicias, debiendo establecer las sanciones que se aplicarán en caso de contravención.

En las importaciones que realicen las empresas de la Gran Minería del hierro, mediana y pequeña minerías del cobre y hierro y las empresas salitreras, sólo se podrá proceder a la cobertura de los cambios una vez que dichas empresas acompañen las facturas originales de las fábricas productoras de las respectivas mercaderías y no se aceptarán facturas emitidas por firmas distribuidoras o centrales de compras en el exterior.

El Comité de Inversiones Extranjeras sólo autorizará aportes de capitales extranjeros que se realicen total o parcialmente en mercaderías, cuando se le acredite fehacientemente el valor de ellas, mediante facturas emitidas directamente por los fabricantes productores de dichas mercaderías, no siendo aceptables facturas de distribuidores o centrales de compras.

Artículo 14.- Los bienes que hubieren gozado de las franquicias a que se refiere el artículo 13, y que se enajenen, deberán pagar previamente todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que afecten la internación de ellos en el momento de su enajenación, debiendo imputarse las cantidades ya pagadas por esos conceptos.

No obstante, si el adquirente goza o pueda gozar de exención de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, debiendo dictarse el Decreto Supremo que así lo establezca, en los casos en que corresponda.

Las personas o entidades que adquieran las especies a que se refiere el inciso primero de este artículo serán solidariamente responsables del pago de los derechos, impuestos y demás gravámenes señalados.

Sin embargo, estarán exentos de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciben por intermedio de las Aduanas, aquellos bienes que se enajenan una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de la internación, o bien en un plazo inferior en conformidad a las disposiciones generales de la Ordenanza de Aduanas.

Artículo 15.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio exterior y principalmente de las exportaciones, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, combustibles, partes y piezas que se utilizan en la elaboración de un producto.

Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a las materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales.

Artículo 16.- El Presidente de la República podrá, en cualquier momento, establecer normas destinadas a simplificar la tramitación de las operaciones de exportación.

Esta facultad no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas aplicables al comercio de exportación.

Igualmente, el Presidente de la República podrá establecer exigencias de calidad que deberán satisfacer todos o algunos de los productos de exportación y fijar la forma en que deberá acreditarse su cumplimiento.

Las normas cuya dictación se autoriza en los incisos anteriores, deberán adoptarse mediante decretos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pudiendo ser modificadas cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 17.- El Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro a las exportaciones preferentemente a cargo del

Instituto de Seguros del Estado, con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, incluso de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos y otros.

Artículo 18.- El Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como, asimismo, para ventas internas de bienes de capital de producción nacional, en las condiciones, montos, plazos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las limitaciones contenidas en los D.F.L. N°s. 247 y 252, de 1960.

Los créditos de exportación deberán ser reajustables. Los créditos para ventas internas podrá ser reajustables.

Artículo 19.- Déjanse sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9° de la ley N° 12.937; 12 y 40 de la ley N° 13.039; y letra b) del artículo 4° de la ley N° 14.824. En lo sucesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.

No obstante, el rendimiento que hasta la publicación de esta ley produzca la aplicación de las disposiciones citadas en el inciso anterior, se destinará a cancelar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. El excedente de dichos fondos y el rendimiento que se produzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación.

Artículo 20.- Deróganse el Decreto con Fuerza de Ley N° 256, de 1960; artículos 93, 94 y 95 de la ley N° 12.861 y artículo 10 de la ley N° 14.824.

Artículo 21.- Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias, civiles y criminales que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.

Disposiciones varias

Artículo 22.- Introdúcense al artículo 99 de la ley N° 18.250, modificado por el artículo 58 transitorio de la ley N° 16.282, las siguientes modificaciones:

1.- Elimínanse en el inciso cuarto los términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero".

2.- Agrégase en el inciso cuarto, en punto seguido, la siguiente frase: "Se considerará que la utilidad devengada que corresponde a los accionistas es equivalente al monto de la utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la respectiva sociedad anónima y que deba someterse a aprobación de la Junta de Accionistas, con deducción de la parte que legalmente no pueda ser de disposición voluntaria de dicha Junta y de aquella que ya se hubiere distribuido como dividendo provisorio.".

3.- Agrégase el siguiente inciso final:

"Estarán exentas del impuesto de 7,5% las personas que declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en

dominio o que dichos valores figuran a su nombre en razón de un encargo de administración, comisión de confianza u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquier título semejante, otorgado por el verdadero dueño cuya individualización y domicilio deberá señalarse en dicha declaración para que opere la exención. Si el verdadero dueño resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las sociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones, cuando a su juicio exclusivo, debido al número de socios o a otra causa, sea muy difícil su cumplimiento.".

Artículo 23.- Lo dispuesto en el artículo 22 regirá desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley N° 16.282.

Artículo 24.- Agrégase al inciso primero del N° 2 del artículo 60 de la ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase, en punto seguido: "También estarán exceptuadas del gravamen establecido en este número las devoluciones de capitales internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del D.F.L. N° 437, de 1954 o del D.F.L. N° 258,, de 1960, o amparados por certificados o convenios suscritos con el Banco Central de Chile en conformidad a los artículos 14 y 16 del Decreto N° 1.272, de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el monto del capital efectivamente internado a Chile".

Para estos efectos, se considerará que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al momento de la devolución.

Artículo 25.- La Industria Azuqarera de la Frontera S. A., gozará de las mismas franquicias tributarias que favorecen a la Industria Azucarera Nacional S. A., siempre que cumpla exclusivamente el mismo objetivo que ésta.

Artículo 26.- Libérase de todo derecho de internación, estadística, ad-valorem, almacenaje y, en general, de todo impuesto o derecho, incluso los derechos consulares, y de toda otra contribución, depósito o garantía que grave la importación de las maquinarias, útiles, implementos y repuestos y demás bienes que sean adquiridos por la Industria Azucarera de la Frontera S. A., con el preciso objeto de construir y operar una Fábrica de Azúcar de Remolacha en la provincia de Cautín.

Artículo 27.- Las franquicias establecidas en los artículos precedentes son otorgadas tanto en favor de la actual Industria Azucarera de la Frontera S. A., en formación, inscrita con fecha 25 de octubre de 1964 bajo el número 2.627 en la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, como también en favor de la Industria Azucarera de la Frontera S. A., una vez que esté legalmente autorizada e instalada.

Asimismo, la Industria Azucarera de la Frontera S. A., en formación, quedará exenta de todos los impuestos de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y demás que gravan su constitución, ampliación y la suscripción y colocación de sus acciones.

Artículo 28.- Concédese a la Industria Azucarera de la Frontera S. A., por el plazo de quince años a contar de la fecha de la presente ley, las mismas franquicias y exenciones tributarias que se señalan en el artículo 25 de la ley N° 13.039.

Artículo 29.- Facúltase a la Comisión Coordinadora para la Zona Norte para celebrar contratos o convenciones con el objeto de ejecutar investigaciones tecnológicas aplicadas, relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El financiamiento de las referidas convenciones o contratos se hará con cargo a los recursos de dicho Organismo.

Artículo 30.- Corresponderá al Banco Central de Chile estudiar y fiscalizar las condiciones de la producción de minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, incluso aglomerados o concentrados, en lo que se refiere a sus niveles o volúmenes de producción y posibilidad de expansión, como asimismo, fiscalizar las condiciones de su comercialización, fletes, precios, ventas, costos y utilidades.

Para los efectos del inciso anterior, el Comité Ejecutivo del Banco podrá:

Autorizar o rechazar las exportaciones de minerales de hierro en cualquiera de sus formas y las importaciones necesarias para el funcionamiento de las empresas productoras. Sólo se autorizarán importaciones cuando las mercaderías correspondientes no se produzcan en el país en cantidad, calidad, precio y plazos de entrega adecuados, circunstancias que deberán ser comprobadas por el Banco. Para comparar el precio de las mercaderías importadas y nacionales se agregará al valor CIF de las primeras el impuesto ad-valorem y los derechos de aduana, almacenaje, estadística y consulares y, en general, todos los impuestos que se perciben por intermedio de las aduanas;

Comprobar y aprobar o denegar los contratos, precios, fletes, seguros y demás modalidades de las ventas y embarques de los productos referidos en el inciso primero, con el fin de verificar que ellos se realicen a los precios del mercado respectivo y en las mejores condiciones posibles; y

Requerir de las empresas productoras todos los antecedentes e informaciones que estime necesario.

Artículo 31.- Los beneficios que concede esta ley se aplicarán a los exportadores de minerales de hierro en la forma y bajo las condiciones que determine el reglamento.

Mientras no se dicte el reglamento seguirán rigiendo las normas contenidas en el D.F.L. N° 256, de 1960, respecto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 32.- Con informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, el Superintendente de Aduanas habilitará recintos particulares de aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola. En todo caso, será necesario que el embarque de las mercaderías referidas sea autorizado previamente por el Banco Central de Chile.

Para la internación al país de las mercaderías a que alude el inciso anterior, se aplicarán todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para las importaciones; sin embargo, no se les aplicará la facultad establecida en el artículo 2° de la ley N° 16.101, ni estas importaciones se considerarán para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 4° del mismo cuerpo legal.

Articulo 33.- Agrégase al inciso primero del artículo 31 del Decreto Supremo N° 1.272, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 11 de noviembre de 1961, el siguiente párrafo en punto seguido:

"De todos modos será facultad del Presidente de la República otorgar las liberaciones del presente artículo a las nuevas industrias que se establezcan en el futuro, cuando, previo informe da la Dirección de Industria y Comercio, se determine que la o las industrias existentes no abastecen adecuadamente el mercado nacional en cantidad y calidad.

Artículo 34.- Agrégase al artículo 3° del D.F.L. N° 307, de 1960, el siguiente inciso nuevo:

"En todo caso, facúltase al Servicio de Impuestos Internos para hacer operar de pleno derecho las exenciones contenidas en el presente decreto con fuerza de ley, siempre que, a su juicio exclusivo, esté suficientemente garantido el interés del Fisco."

Artículos Transitorios

Artículo 1°.- Dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos indicada en el artículo 5°.

Al fijar la lista indicada en el inciso anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha se encontraren comprendidos en la lista de productos, establecida en conformidad al artículo 20 del D.F.L. N° 256, de 1960, señalándoles como mínimo, un porcentaje de devolución igual al que tenía asignado a la fecha de publicación de esta ley; el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por los incisos cuarto y quinto del artículo 5°.

Las exportaciones cuyos embarques se realicen con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas a las normas que sobre devolución de impuestos establece el D.F.L. N° 256, del año 1960.

Sin embargo, los productos agropecuarios de naturaleza perecible, cuyo embarque se hubiere efectuado después del 1° de enero de 1966, quedarán afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo 4° de esta ley, de acuerdo con los porcentajes que fije el Presidente de la República en conformidad a las normas estatuidas en el artículo 6°.

Artículo 2°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 20, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 3°, continuará en vigencia el artículo 13 del D.F.L. N° 256, de 1960".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas Ibáñez.

2.- PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONSULTA NORMAS PARA ESTIMULAR LAS EXPORTACIONES.

Santiago, 5 de febrero de 1966.

Con motivo del Mensaje, informes y demás antecedentes que tengo sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicar a la ener bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Estímulo a las Exportaciones

Articulo 1°.- Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque como, asimismo, a los fletes de las materias primas a los centros de producción.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstos nacionales o nacionalizados, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Artículo 2°.- Las normas de esta ley no se aplicarán:

A las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa o motivo;

A las especies que entren al país, bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de Almacenes Particulares y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido un proceso de transformación en el país;

A las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, entendiéndose por tales, las que define el artículo 1° de la ley N° 11.828 publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 1955;

A la industria salitrera, que se rige por la ley N° 12.033, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956;

A las industrias explotadoras de minerales de hierro, que no retornan al país el total de sus exportaciones, y

A las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de cobre, salvo informe favorable del Departamento del Cobre.

Artículo 3°.- Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos, derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

El Reglamento determinará los actos, contratos, trámites o actuaciones comprendidos en el presente artículo, como asimismo los gravámenes de los cuales quedan exentos.

Artículo 4°.- Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3°, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5°.- El Presidente de la República determinará por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo anterior y fijará libremente sus respectivos porcentajes, para lo cual podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de esos productos.

El Presidente de la República podrá fijar porcentajes diferentes para un mismo producto si razones de incremento de las exportaciones en determinadas zonas o a través de ciertos puertos así lo aconsejen. En todo caso, para una misma zona o puerto el porcentaje deberá ser igual.

En el caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras o artículos a media elaboración que ingresaren al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporados en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará al valor agregado nacional.

El Presidente de la República podrá, en cualquier época, incluir nuevos productos en la lista así formada, fijándoles los porcentajes de devolución correspondientes. Asimismo, en cualquier época, podrá aumentar los porcentajes ya establecidos.

El Presidente de la República sólo podrá retirar productos de la lista referida o rebajar sus porcentajes de devolución, una vez transcurridos 3 años desde la fecha de su inclusión en aquélla. En todo caso, el retiro del producto o la rebaja de su porcentaje de devolución, sólo podrán efectuarse dentro del mes de enero siguiente a la fecha de expiración del respectivo período de 3 años. Estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente.

Los productos que estando incluidos en la lista, no sean retirados la forma y oportunidad a que se refiere el inciso anterior, hubieren o no sido alterados sus porcentajes de devolución, se entenderán incluidos por un nuevo período de 3 años, contado desde la expiración del trienio anterior, y así, sucesivamente.

Artículo 6°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República, en casos calificados podrá, al fijar la lista, señalar respecto de uno o más productos incluidos en ella, un plazo durante el cual no podrán retirarse de dicha lista no rebajarse sus porcentajes respectivos de devolución.

El Presidente de la República podrá otorgar igual garantía respecto de productos que se incluyan con posterioridad a la lista ya formada. Una vez expirados los plazos especiales recién señalados, los productos respectivos quedarán sujetos al régimen general y podrán ser retirados de la lista o rebajados sus porcentajes en conformidad a las normas del artículo anterior.

Artículo 7°.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, se aplicarán sobre el valor F. O. B. ó C. I. F., según sean las condiciones de exportación de la mercadería y en ningún caso podrán exceder del 30%.

Artículo 8°.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores, se hará efectiva mediante la entrega de certificados que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería, o al acreditarse el retorno, a elección del exportador.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías en consignación o sujetas a condición o cuyo pago esté sujeto a liquidación final, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación.

Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el valor F.O.B. de la mercadería, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

Artículo 9°.- Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por intermedio del Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Las Municipalidades, Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social, presentarán en cobro los certificados que reciban por los conceptos señalados, directamente a las Tesorerías Fiscales, las que deberán pagarlos a su presentación.

Artículo 10.- Las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuya destino final sea la exportación, podrán estar exentas de pleno derecho de los tributos a que se refiere la presente ley que determine el reglamento y en la forma y condiciones que en él se establezcan.

Los artículos producidos al amparo de la presente disposición no gozarán de los demás beneficios de esta ley en cuanto a devolución de tributos y no podrán venderse en el mercado interno, a menos que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción declare por decreto que la venta de estos artículos en el país es indispensable para atender necesidades de consumo interno.

Las industrias o empresas que en virtud de la autorización a que se refiere el inciso anterior vendan productos en el mercado interno, deberán pagar todos los impuestos que les habría correspondido tributar en el caso de no estar acogidos a estos beneficios. El pago deberá hacerse en la forma y condiciones que determine el reglamento.

Artículo 11.- El Presidente de la República, al fijar la lista a que se refiere el artículo 5° podrán otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas u otras organizaciones de productores que no persigan fines de lucro. En ningún caso el porcentaje de devolución asignado al producto de que se trate, más el porcentaje adicional a que se refiere este artículo, podrá exceder al 30% señalado en el artículo 7°.

Los certificados de devolución que se emitan por el Banco Central, serán extendidos a nombre de la respectiva cooperativa o entidad exportadora, la que deberá transferirlos a sus cooperados o asociados.

Las cooperativas u organizaciones a que se refiere este artículo, para poder gozar de los porcentajes adicionales indicados en el inciso primero, deberán estar inscritas en un registro especial que llevará el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en la forma y bajo las condiciones que determine el Reglamento.

Artículo 12.- Las mercaderías enviadas a mercados exteriores y que

se devuelvan al país no podrán ser internadas sino previa devolución del o los certificados a que se refiere el artículo 8° de esta ley y/o en su defecto, entero de su equivalencia en arcas fiscales, o el pago de los impuestos que corresponda si se trata de artículos producidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.

Si la devolución al país de la mercadería exportada no está plenamente justificada a juicio de los organismos competentes, el pago de los impuestos y derechos correspondientes y el reintegro de las sumas percibidas como devolución de derechos, se efectuará con los recargos y los intereses que señale el Reglamento.

En los casos en que la mercadería fuese devuelta por deficiencias de calidad con respecto a los standards aceptados en las que se compruebe se incurrió por dolo o culpa del exportador, el reglamento establecerá multas u otras sanciones que deberán ser aplicadas administrativamente, de acuerdo al procedimiento que se establezca.

Artículo 13.- La importación de equipos y maquinarias destinados a la instalación, ampliación, renovación, mantención o explotación de industrias cuya producción, a lo menos en un 51% anual, se destine a la exportación, podrá quedar liberada de los impuestos, gravámenes y demás derechos que se perciban por intermedio de las Aduanas, con excepción de los impuestos adicionales establecidos o que se establezcan en conformidad al artículo 169 de la ley N° 13.305 y sus modificaciones.

La liberación de derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, referidos en el inciso anterior, deberá en todo caso ser proporcional al volumen de la producción que la industria favorecida destine a la exportación.

Para los efectos indicados en los incisos anteriores el Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días, contado desde la vigencia de esta ley, deberá dictar un Decreto que llevará la firma de los Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contendrá las disposiciones que regirán el otorgamiento de las franquicias que en este artículo se señalan.

En el mismo Decreto, el Presidente de la República determinará el sistema de fiscalización para verificar el complimiento de las condiciones o requisitos exigidos para el otorgamiento de las franquicias, debiendo establecer las sanciones que se aplicarán en caso de contravención.

En las importaciones que realicen las empresas de la Gran Minería del hierro, mediana y pequeña minerías del cobre y hierro y las empresas salitreras, sólo se podrá proceder a la cobertura de los cambios una vez que dichas empresas acompañen las facturas originales de las fábricas productoras de las respectivas mercaderías y no se aceptarán facturas emitidas por firmas distribuidoras o centrales de compras en el exterior.

El Comité de Inversiones Extranjeras sólo autorizará aportes de capitales extranjeros que se realicen total o parcialmente en mercaderías, cuando se le acredite fehacientemente el valor de ellas, mediante facturas emitidas directamente por los fabricantes productores de dichas mercaderías, no siendo aceptables facturas de distribuidores o centrales de compras.

Artículo 14.- Los bienes que hubieren gozado de las franquicias a que se refiere el artículo 13, y que se enajenen, deberán pagar previamente todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que afecten la internación de ellos en el momento de su enajenación, debiendo imputarse las cantidades ya pagadas por esos conceptos.

No obstante, si el adquirente goza o pueda gozar de exención de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, debiendo dictarse el Decreto Supremo que así lo establezca, en los casos en que corresponda.

Las personas o entidades que adquieran las especies a que se refiere el inciso primero de este artículo serán solidariamente responsables del pago de los derechos, impuestos y demás gravámenes señalados.

Sin embargo, estarán exentos de los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciben por intermedio de las Aduanas, aquellos bienes que se enajenan una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de la internación, o bien en un plazo inferior en conformidad a las disposiciones generales de la Ordenanza de Aduanas.

Artículo 15.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio exterior y principalmente de las exportaciones, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, combustibles, partes y piezas que se utilizan en la elaboración de un producto.

Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a las materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales.

Artículo 16.- El Presidente de la República podrá, en cualquier momento, establecer normas destinadas a simplificar la tramitación de las operaciones de exportación.

Esta facultad no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas aplicables al comercio de exportación.

Igualmente, el Presidente de la República podrá establecer exigencias de calidad que deberán satisfacer todos o algunos de los productos de exportación y fijar la forma en que deberá acreditarse su cumplimiento.

Las normas cuya dictación se autoriza en los incisos anteriores, deberán adoptarse mediante decretos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pudiendo ser modificadas cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 17.- El Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro a las exportaciones preferentemente a cargo del

Instituto de Seguros del Estado, con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, incluso de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos y otros.

Artículo 18.- El Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como, asimismo, para ventas internas de bienes de capital de producción nacional, en las condiciones, montos, plazos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las limitaciones contenidas en los D.F.L. N°s. 247 y 252, de 1960.

Los créditos de exportación deberán ser reajustables. Los créditos para ventas internas podrá ser reajustables.

Artículo 19.- Déjanse sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9° de la ley N° 12.937; 12 y 40 de la ley N° 13.039; y letra b) del artículo 4° de la ley N° 14.824. En lo sucesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.

No obstante, el rendimiento que hasta la publicación de esta ley produzca la aplicación de las disposiciones citadas en el inciso anterior, se destinará a cancelar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. El excedente de dichos fondos y el rendimiento que se produzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación.

Artículo 20.- Deróganse el Decreto con Fuerza de Ley N° 256, de 1960; artículos 93, 94 y 95 de la ley N° 12.861 y artículo 10 de la ley N° 14.824.

Artículo 21.- Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias, civiles y criminales que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.

Disposiciones varias

Artículo 22.- Introdúcense al artículo 99 de la ley N° 18.250, modificado por el artículo 58 transitorio de la ley N° 16.282, las siguientes modificaciones:

1.- Elimínanse en el inciso cuarto los términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero".

2.- Agrégase en el inciso cuarto, en punto seguido, la siguiente frase: "Se considerará que la utilidad devengada que corresponde a los accionistas es equivalente al monto de la utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la respectiva sociedad anónima y que deba someterse a aprobación de la Junta de Accionistas, con deducción de la parte que legalmente no pueda ser de disposición voluntaria de dicha Junta y de aquella que ya se hubiere distribuido como dividendo provisorio.".

3.- Agrégase el siguiente inciso final:

"Estarán exentas del impuesto de 7,5% las personas que declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en

dominio o que dichos valores figuran a su nombre en razón de un encargo de administración, comisión de confianza u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquier título semejante, otorgado por el verdadero dueño cuya individualización y domicilio deberá señalarse en dicha declaración para que opere la exención. Si el verdadero dueño resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las sociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones, cuando a su juicio exclusivo, debido al número de socios o a otra causa, sea muy difícil su cumplimiento.".

Artículo 23.- Lo dispuesto en el artículo 22 regirá desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley N° 16.282.

Artículo 24.- Agrégase al inciso primero del N° 2 del artículo 60 de la ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase, en punto seguido: "También estarán exceptuadas del gravamen establecido en este número las devoluciones de capitales internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del D.F.L. N° 437, de 1954 o del D.F.L. N° 258,, de 1960, o amparados por certificados o convenios suscritos con el Banco Central de Chile en conformidad a los artículos 14 y 16 del Decreto N° 1.272, de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el monto del capital efectivamente internado a Chile".

Para estos efectos, se considerará que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al momento de la devolución.

Artículo 25.- La Industria Azuqarera de la Frontera S. A., gozará de las mismas franquicias tributarias que favorecen a la Industria Azucarera Nacional S. A., siempre que cumpla exclusivamente el mismo objetivo que ésta.

Artículo 26.- Libérase de todo derecho de internación, estadística, ad-valorem, almacenaje y, en general, de todo impuesto o derecho, incluso los derechos consulares, y de toda otra contribución, depósito o garantía que grave la importación de las maquinarias, útiles, implementos y repuestos y demás bienes que sean adquiridos por la Industria Azucarera de la Frontera S. A., con el preciso objeto de construir y operar una Fábrica de Azúcar de Remolacha en la provincia de Cautín.

Artículo 27.- Las franquicias establecidas en los artículos precedentes son otorgadas tanto en favor de la actual Industria Azucarera de la Frontera S. A., en formación, inscrita con fecha 25 de octubre de 1964 bajo el número 2.627 en la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, como también en favor de la Industria Azucarera de la Frontera S. A., una vez que esté legalmente autorizada e instalada.

Asimismo, la Industria Azucarera de la Frontera S. A., en formación, quedará exenta de todos los impuestos de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y demás que gravan su constitución, ampliación y la suscripción y colocación de sus acciones.

Artículo 28.- Concédese a la Industria Azucarera de la Frontera S. A., por el plazo de quince años a contar de la fecha de la presente ley, las mismas franquicias y exenciones tributarias que se señalan en el artículo 25 de la ley N° 13.039.

Artículo 29.- Facúltase a la Comisión Coordinadora para la Zona Norte para celebrar contratos o convenciones con el objeto de ejecutar investigaciones tecnológicas aplicadas, relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El financiamiento de las referidas convenciones o contratos se hará con cargo a los recursos de dicho Organismo.

Artículo 30.- Corresponderá al Banco Central de Chile estudiar y fiscalizar las condiciones de la producción de minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, incluso aglomerados o concentrados, en lo que se refiere a sus niveles o volúmenes de producción y posibilidad de expansión, como asimismo, fiscalizar las condiciones de su comercialización, fletes, precios, ventas, costos y utilidades.

Para los efectos del inciso anterior, el Comité Ejecutivo del Banco podrá:

Autorizar o rechazar las exportaciones de minerales de hierro en cualquiera de sus formas y las importaciones necesarias para el funcionamiento de las empresas productoras. Sólo se autorizarán importaciones cuando las mercaderías correspondientes no se produzcan en el país en cantidad, calidad, precio y plazos de entrega adecuados, circunstancias que deberán ser comprobadas por el Banco. Para comparar el precio de las mercaderías importadas y nacionales se agregará al valor CIF de las primeras el impuesto ad-valorem y los derechos de aduana, almacenaje, estadística y consulares y, en general, todos los impuestos que se perciben por intermedio de las aduanas;

Comprobar y aprobar o denegar los contratos, precios, fletes, seguros y demás modalidades de las ventas y embarques de los productos referidos en el inciso primero, con el fin de verificar que ellos se realicen a los precios del mercado respectivo y en las mejores condiciones posibles; y

Requerir de las empresas productoras todos los antecedentes e informaciones que estime necesario.

Artículo 31.- Los beneficios que concede esta ley se aplicarán a los exportadores de minerales de hierro en la forma y bajo las condiciones que determine el reglamento.

Mientras no se dicte el reglamento seguirán rigiendo las normas contenidas en el D.F.L. N° 256, de 1960, respecto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 32.- Con informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, el Superintendente de Aduanas habilitará recintos particulares de aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola. En todo caso, será necesario que el embarque de las mercaderías referidas sea autorizado previamente por el Banco Central de Chile.

Para la internación al país de las mercaderías a que alude el inciso anterior, se aplicarán todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para las importaciones; sin embargo, no se les aplicará la facultad establecida en el artículo 2° de la ley N° 16.101, ni estas importaciones se considerarán para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 4° del mismo cuerpo legal.

Articulo 33.- Agrégase al inciso primero del artículo 31 del Decreto Supremo N° 1.272, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 11 de noviembre de 1961, el siguiente párrafo en punto seguido:

"De todos modos será facultad del Presidente de la República otorgar las liberaciones del presente artículo a las nuevas industrias que se establezcan en el futuro, cuando, previo informe da la Dirección de Industria y Comercio, se determine que la o las industrias existentes no abastecen adecuadamente el mercado nacional en cantidad y calidad.

Artículo 34.- Agrégase al artículo 3° del D.F.L. N° 307, de 1960, el siguiente inciso nuevo:

"En todo caso, facúltase al Servicio de Impuestos Internos para hacer operar de pleno derecho las exenciones contenidas en el presente decreto con fuerza de ley, siempre que, a su juicio exclusivo, esté suficientemente garantido el interés del Fisco."

Artículos Transitorios

Artículo 1°.- Dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos indicada en el artículo 5°.

Al fijar la lista indicada en el inciso anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha se encontraren comprendidos en la lista de productos, establecida en conformidad al artículo 20 del D.F.L. N° 256, de 1960, señalándoles como mínimo, un porcentaje de devolución igual al que tenía asignado a la fecha de publicación de esta ley; el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por los incisos cuarto y quinto del artículo 5°.

Las exportaciones cuyos embarques se realicen con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas a las normas que sobre devolución de impuestos establece el D.F.L. N° 256, del año 1960.

Sin embargo, los productos agropecuarios de naturaleza perecible, cuyo embarque se hubiere efectuado después del 1° de enero de 1966, quedarán afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo 4° de esta ley, de acuerdo con los porcentajes que fije el Presidente de la República en conformidad a las normas estatuidas en el artículo 6°.

Artículo 2°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 20, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 3°, continuará en vigencia el artículo 13 del D.F.L. N° 256, de 1960".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas Ibáñez.

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS QUE CONSULTA NORMAS PARA ESTIMULAR LAS EXPORTACIONES.

Honorable Senado

Vuestra Comisión de Economía y Comercio tiene el honor de informaros el proyecto de ley, remitido por la H. Cámara de Diputados, que consulta normas para estimular las exportaciones.

Durante el estudio de este proyecto la Comisión contó con la colaboración del señor Ministro de Hacienda, don Sergio Molina, y de los señores Luis Illanes, Jefe del Departamento de Compraventas de la Dirección de Impuestos Internos, Gastón Illanes y Fernando Barrios, asesores jurídicos del Banco Central de Chile.

Igualmente, y con el objeto de conocer el pensamiento de diversos organismos representantes de la producción, la Comisión escuchó al Vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril, don Patricio Huneeus y al Presidente de la Asociación de Fabricantes de Conservas, don Alfonso Ramírez.

El proyecto en estudio tiende a desarrollar los distintos aspectos de la economía chilena y trata de promover el mejoramiento substancial de la balanza de pagos. Con este objeto se trata de ir a un régimen adecuado de las importaciones creando situaciones favorables en beneficio de las exportaciones nacionales, que hoy se encuentran regidas por las normas del D.F.L. 256, de 1960.

Al impulsar el desarrollo de las actividades exportadoras, ampliando nuestros mercados, se permitirá el aprovechamiento de la capacidad instalada de la industria con la consiguiente rebaja de sus costos, beneficiando así al consumidor.

El proyecto legisla sobre franquicias de impuestos y derechos que gravan a los productos de exportación y sus componentes, simplifica trámites de exportación, permite el ingreso de materias primas, piezas o partes, artículos a media elaboración y otros bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares; autoriza seguros a los exportadores para garantizar sus cobranzas y libera a equipos y maquinarias destinas dos a industrias de exportación.

El representante de la Sociedad de Fomento Fabril expresó el apoyo de dicha institución al proyecto en estudio, manifestando que estaba plenamente de acuerdo con su objetivo de promover las exportaciones, especialmente de productos que tuvieran un valor agregado, y haciendo presente que la mayoría de los países de América Latina, Europa y el Japón tenían ya en aplicación una política de incentivo a la exportación.

Señaló, a continuación, que existía en este momento una circunstancia especial que hacía particularmente urgente la necesidad de una legislación sobre la materia, cual era la difícil situación que debería afrontar la industria durante el año 1966, pues las perspectivas del mercado interno eran mucho menos halagadoras que las del año anterior.

Expuso, en seguida, las principales observaciones que le merecía el proyecto, que en líneas generales pueden resumirse en: a) necesidad de que esta ley se aplique sobre la base de una política de cambio estable y realista que otorgue una compensación que corresponda al desnivel entre la variación del índice de precios internos y el aumento de la paridad cambiaría producida entre 1958 y 1965. Sobre el particular recalcó que la ley representaría un positivo beneficio sólo en el entendido de que fuera una ley de estímulo y no un paliativo para una paridad irreal en los cambios; b) debe darse la máxima estabilidad a las bonificaciones que el Ejecutivo estime necesarias, estimando que el plazo de duración de ellas debe ser mayor que el de tres años establecido en el proyecto; y c) que el artículo 13 podría provocar una competencia desleal en el mercado interno entre nuevos consorcios extranjeros que se podrían establecer aprovechando las franquicias que concede el citado artículo y las industrias establecidas. Por ello es partidario de que todas las industrias paguen los derechos de aduana para vender en Chile y que reciban un "draw back" adicional para recuperar esos pagos en proporción a sus exportaciones.

El representante de la Asociación de Fabricantes de Conservas expresó su coincidencia con lo dicho por el señor Huneeus manifestando que para los industriales conserveros era indispensable la aprobación de esta ley para poder competir en los mercados internacionales, pues en la actualidad sólo había posibilidades de exportar a Perú en virtud de convenios especiales.

Respecto a las observaciones expuestas por el representante de la Sociedad de Fomento Fabril, el señor Gastón Illanes expresó que el Gobierno coincidía con el planteamiento de que la tasa de cambios debía estar ajustada a la realidad de los costos internos afirmando que ése era el espíritu del Ejecutivo en esa materia. Acerca de la estabilidad de los beneficios concedidos explicó que una vez vencido el plazo de tres años éste podría renovarse y que en todo caso la ley contemplaba la posibilidad de otorgar de partida plazos mayores en situaciones especiales. Sobre la tercera observación, relativa a la necesidad de un tratamiento equitativo para la industria establecida, aclaró que el se refería concretamente a la disposición que exime de derechos de importación a las maquinarias, bajo determinadas condiciones, reconociendo que eso podía perjudicar a la industria instalada por lo que el Gobierno había seguido estudiando el asunto después de enviado el proyecto a la Cámara y que al tratarse el segundo informe estaría en condiciones de proponer una nueva fórmula.

En relación con la política cambiaría, y ante una consulta del Senador señor Ibáñez, el Ministro de Hacienda expuso que la intención del Gobierno era mantener una tasa de cambio flexible. Recordó las graves consecuencias que en años recientes había traído la mantención de un tipo de cambio alejado de la realidad.

Recalcó que dejar congelada la tasa de cambio si las condiciones de precios internos varían, vendría a destruir el espíritu de la ley en. Estudio y reiteró que ésta pretendía ser un beneficio adicional a las exportaciones y en ningún casó un sustituto para mantener una política cambiaría irreal.

El artículo l° consulta la exención de impuestos, contribuciones, gravámenes y derechos que afectan a las exportaciones y sus componentes, incluyendo en esta exención a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puertos de embarque, como asimismo a los fletes de las materias primas a los centros de producción. Además se exhiben las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstas nacionales o nacionalizadas.

El artículo 2° consulta diversos casos en los cuales no operarán los beneficios concedidos por esta ley.

La Comisión acordó incorporar las modificaciones posteriores a la ley 11.828, en razón de que recientemente se ha legislado sobre la materia y en lo relacionado con la industria salitrera aprobó, a indicación del H. Senador señor Gormaz, una frase aclaratoria en el sentido de que dicha industria sólo quedará al margen de esta ley mientras esté regida; por la N° 12.033.

El artículo 3° entrega al Presidente de la República la determinación de los actos, contratos, trámites y actuaciones que serán liberados, de pleno derecho, del pago de tributo.

El artículo 4° dispone la devolución de los impuestos, contribuciones, gravámenes y derechos que afectan a los productos exportados y sus componentes.

Los artículos 5° y 6° facultan al Presidente de la República para determinar los productos afectos al régimen de estímulo, fijarle los porcentajes de devolución, incluir o retirar, con ciertas limitaciones, productos en las listas de exportación, y aumentar o disminuir los porcentajes señalados.

La Comisión acordó suprimir el inciso segundo del artículo 5°, por estimar que la fijación de los porcentajes debe hacerse en consideración a los productos mismos y no en relación a la zona en que son elaborados.

El artículo 7° establece el valor de la mercadería sobre el cual se aplicará el porcentaje de devolución, el que no podrá exceder del 30% del mismo.

Sobre el particular la Comisión acordó, a indicación del H. Senador señor Gómez, suprimir la expresión "según sean las condiciones de exportación de la mercadería", en atención a que dicha frase entregaba a los "exportadores la elección del valor sobre el cual se aplicaría el porcentaje y la intención del proyecto era dejar dicha determinación en manos del Presidente de la República.

Los artículos 8° y 9° señalan el procedimiento de devolución de impuestos, que se hará por medio de certificados que expedirá el Banco Central a la orden del exportador una vez acreditado el embarque de la mercadería.

Dichos certificados podrán ser aplicados por sus tenedores al pago de tributos, intereses penales o sanciones pecuniarias que se recauden por el Fisco o las Municipalidades y cargas previsionales.

La Comisión acordó dejar expresa constancia de que, por ser documentos a la orden, los certificados eran negociables.

El artículo 10 exime de pleno derecho de los impuestos a que se refiere esta ley, a las empresas, o sus secciones, que se dediquen exclusivamente a la producción de artículos de exportación.

Señala a continuación que este beneficio es incompatible con la devolución de tributos, y establece que los artículos elaborados por estas industrias no podrán venderse en el mercado interno, salvo autorización expresa del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en cuyo caso deberán pagar los tributos correspondientes.

El artículo 11 autoriza al Presidente de la República para otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas u otros organismos que no persigan fines de lucro. En todo caso, dicho porcentaje no podrá exceder del 30% señalado en el artículo 7°.

Los representantes del Banco Central explicaron que la idea del Gobierno era hacer que el productor fuera en forma más directa al mercado externo.

La Comisión aprobó este artículo con el voto en contra del H. Senador señor Gómez, quien estimó que con esta disposición se vendría a fomentar la creación innecesaria de cooperativas con el solo objeto de acogerse a este beneficio.

El H. Senador señor Ibáñez, por su parte, coincidió con lo expresado por el señor Gómez, agregando que tampoco habría inconveniente para que la cooperativa actuara a través de un exportador con lo que se desvirtuaría completamente el objeto de la disposición. También hizo presente que era propiciar la exportación vertical en circunstancias que los países más desarrollados aplicaban un sistema de exportación horizontal.

El artículo 12 dispone que las mercaderías que por haber sido enviadas al exterior gozaron de las franquicias que concede esta ley, no podrán ser internadas al país sino previa devolución de los certificados a que se refiere esta disposición legal o pago de los impuestos que correspondan de acuerdo a las normas generales de tributación, en su caso.

El artículo 13 faculta al Presidente de la República para liberar de derechos aduaneros, con determinadas excepciones, la importación de equipos y maquinarias destinadas a industrias que exporten a lo menos el 51% de su producción anual.

También establece normas relativas a los requisitos que se deben cumplir para proceder a la cobertura de los cambios en las importaciones que realicen las empresas de la gran minería del hierro, mediana y pequeña minería del cobre y hierro y las empresas salitreras.

Este artículo fue rechazado por unanimidad, expresando los señores Senadores que tenían reservas de carácter general sobre la materia que serían precisadas en el segundo informe una vez que el señor Ministro de Hacienda proporcionara mayores detalles.

El artículo 14 fue rechazado por los mismos motivos y con las mismas reservas que el anterior.

El artículo 15 faculta al Presidente de la República para establecer y modificar las normas relativas al ingreso al país, bajo regímenes de admisión temporal o almacenes particulares, de materias primas, artículos semielaborados y otros.

El artículo 16 autoriza al Presidente de la República para simplificar la tramitación de operaciones de exportación y establecer exigencias de calidad respecto de los productos que vayan a ser objeto de ella.

El artículo 17 señala que el Presidente de la República podrá dictar las normas necesarias para establecer el seguro a las exportaciones, con el objeto de garantizar al exportador contra los riegos inherentes a ellas.

Se acordó por la Comisión suprimir la frase "preferentemente a cargo del Instituto de Seguros del Estado", por estimar que no había ninguna razón por la cual entidades aseguradoras particulares no pudieren tomar estos riesgos.

El artículo 18 autoriza al Banco Central para acordar líneas especiales de crédito a las exportaciones y a las ventas internas de bienes de capital de producción nacional.

La Comisión acordó darle una nueva redacción al inciso final referente a la reajustabilidad de los créditos por considerar que la expresión "deberán" contenido en el proyecto carecía de suficiente flexibilidad, pues si los créditos se otorgaban en dólares no se justificaba la reajustabilidad.

El artículo 19 deja sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, asimilándolas en lo sucesivo a las normas generales que establece esta ley.

Ante una pregunta del H. Senador señor Gómez acerca de la forma en que quedarían garantidas estas zonas, el señor Ministro de Hacienda le manifestó que quedaban incorporadas al régimen general y que personeros representativos de las industrias de la zona le habían manifestado su conformidad con esta solución.

El H. Senador señor Gómez expresó que era partidario de asegurarles un porcentaje mínimo de devolución, así como de que se les respetaran los plazos anteriores. También indicó que los fondos regionales debían ser transferidos a las Municipalidades de la zona.

El señor Ministro quedó de traer un estudio sobre los tres aspectos indicados por el señor Senador.

El artículo 20 deroga diversas disposiciones relacionadas con devolución de impuestos a las exportaciones, en actual vigencia.

El artículo 21 establece que los infractores de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias que ésta y demás leyes pertinentes les señalen.

El artículo 22, con el que comienza las disposiciones varias, modifica el artículo 99 de la ley 16.250, modificado por el artículo 58 de la ley 16.282.

Los personeros del Gobierno expresaron que este artículo tenía tres objetivos principales: a) definir el concepto de utilidad devengada con el objeto de poner término a los problemas a que había dado lugar la interpretación que le daban las industrias, en el sentido de que sólo comprendía los dividendos repartidos y no las acciones liberadas o las sumas que iban a fondos de reserva voluntarios. La definición actual solucionaba estos problemas al establecer normas precisas para su cálculo; b) impedir que ciudadanos chilenos actuaran a través de sociedades extranjeras para poseer acciones en empresas nacionales, con el fin de eludir los tributos que tendrían que pagar-si lo hicieren directamente; c) con este fin se exime del impuesto de 7,5% a las personas que declaren bajo juramento si las acciones de que figuran como titulares son de su dominio o están actuando por cuenta de otra persona, caso en el cual deberán individualizar al verdadero dueño. En caso que se nieguen a hacer esta declaración, quedarán sujetas al impuesto del 7,5% y al recargo del impuesto adicional de 25% que estableció la ley 16.250.

El artículo 23 señala que el artículo anterior se aplicará con efecto retroactivo, pues el artículo 58, transitorio, de la ley 16.282 aún no ha tenido aplicación.

El artículo 24 adiciona el inciso primero del N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con el objeto de liberar del pago del impuesto adicional las devoluciones de capitales internados al país, que se encuentren en determinadas condiciones.

Los artículos 25, 26, 27 y 28 fueron rechazados por unanimidad por estimarse que son materias ajenas al proyecto.

El artículo 29 faculta a la Comisión Coordinadora de la Zona Norte para celebrar contratos con el objeto de realizar investigaciones tecnológicas relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de dicha zona.

Sobre el particular el H. Senador señor Gómez solicitó al señor Ministro de Hacienda un informe completo acerca de su labor como Presidente de la citada Comisión.

El artículo 30 encomienda al Banco Central el estudio y fiscalización de las condiciones de producción y comercialización de los minerales de hierro, otorgándole diversas atribuciones a su Comité Ejecutivo con este objeto.

El artículo 31 autoriza al Presidente de la República para determinar la forma y condiciones en que se aplicarán a los minerales de hierro los beneficios que concede esta ley.

El artículo 32 establece normas especiales para la internación de repuestos de vehículos motorizados y maquinarias agrícolas.

El artículo 33 adiciona el inciso primero del artículo 31 del Decreto de Economía N° 1272, de 1961, en el sentido de facultar al Presidente de la República para hacer extensivas las liberaciones aduaneras que establece el artículo a nuevas industrias que se establezcan en el futuro, cuando previo informe de la Dirección de Industria y Comercio, se determine que las existentes no abastecen adecuadamente el mercado en calidad o cantidad.

El asesor del Banco Central explicó que esta disposición tenía por objeto hacer posible que las franquicias se extendieran en ciertos casos a industrias que deseaban fabricar productos ya elaborados en el país, y que de acuerdo con las normas vigentes no podían acogerse a ellas. Explicó que muchas las industrias establecidas eran muy pequeñas, pero que por estar fabricando ya una línea de productos impedían el establecimiento de grandes industrias que serían de mucho mayor beneficio para Chile.

El artículo fue aprobado por dos votos contra uno, acordándose, a indicación del H. Senador señor Ibáñez, modificar su redacción con el fin de incluir a la Sociedad de Fomento Fabril entre los organismos que debían emitir informe previo y suprimiendo el requisito de que no abasteciera adecuadamente en cantidad o calidad el mercado nacional, por estimarse que eran elementos subjetivos de calificación que podrían dar origen a involuntarias arbitrariedades.

El H. Senador señor Gómez, fundamentó su oposición en que perjudicaba a las industrias establecidas y podía provocar una verdadera invasión del mercado por parte de industrias extranjeras, lo que no consideraba conveniente.

El artículo 34 agrega un inciso al artículo 3° del DFL. 307, de 1960, con el cual se faculta a Impuestos Internos para hacer operar de pleno derecho las extensiones contenidas en dicho D.F.L.

El artículo 1° transitorio señala un plazo de 90 días para que el Presidente de la República fije la lista de productos, estableciendo algunas normas generales sobre la forma en que deberá proceder.

El artículo 2° transitorio dispone que, mientras el Presidente no dicte el Reglamento a que hace referencia el artículo 3°, sigue en vigencia el artículo 13 del DFL. 256, de 1960.

En consecuencia, el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados ha sido aprobado con las siguientes modificaciones:

Artículo 2°

En la letra c), suprimir la frase "el artículo l° de"; suprimir el punto y coma (;) y agregar a continuación la siguiente frase: "y sus modificaciones posteriores;"

En la letra d), reemplazar el punto y coma (;) con que termina, por una coma (,) y agregar la siguiente frase: "mientras sus operaciones inactividades se rijan por esta ley;"

En la letra f), reemplazar "del Departamento" por "de la Corporación"

Artículo 5°

Suprimir el inciso segundo.

En el inciso cuarto reemplazar la frase "en cualquier época", por la siguiente: "en el momento que lo juzgue conveniente,"

Artículo 6°

Intercalar, entre "un plazo" y "durante el cual no podrán retirarse...", la palabra "mayor"

Artículo 7°

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 7°.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, los aplicará el Presidente de la República sobre el valor F. O. B. o C. I. F. y en ningún caso podrán exceder del 30% de dichos valores"

Artículo 8°

En el inciso tercero, agregar a continuación de "F.O.B.", lo siguiente: "o C. I. F."; agregar una coma (,) a continuación de la frase "de la mercadería", e intercalar entre ella y "deberá convertirse al tipo de cambio más favorable", la expresión "según corresponda,".

Artículo 10

Intercalar una coma (,) entre la palabra "ley" y la frase: "que determine el reglamento...".

Artículo 12

En el inciso final, reemplazar, en la última frase, la palabra "se" por "éste".

Artículo 13

Suprimirlo.

Artículo 14

Suprimirlo.

Artículo 15

Pasa a ser artículo 13, sin modificaciones.

Artículo 16

Pasa a ser artículo 14, sin modificaciones.

Artículo 17

Pasa a ser artículo 15, suprimiendo la frase siguiente: "preferentemente a cargo del Instituto de Seguros del Estado"

Artículo 18

Pasa a ser artículo 16, reemplazando su inciso segundo por el que sigue:

"Los créditos para exportación o para bienes de capital que se vendan dentro del país podrán ser reajustables."

Artículo 19

Pasa a ser artículo 17, sin otra modificación.

Artículo 20

Pasa a ser artículo 18, sin modificaciones.

Artículo 22

Pasa a ser artículo 19, sin modificaciones.

Artículos 22, 23 y 24

Suprimirlos.

Artículos 25, 26, 27 y 28

Suprimirlos.

Artículos 29, 30, 31 y 32

Pasan a ser artículos 23, 24, 25 y 26, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 33

Pasa a ser artículo 27

Reemplazar el inciso segundo, por el siguiente:

"De todos modos, será facultad del Presidente de la República, otorgar las liberaciones del presente artículo a las industrias que se establezcan en el futuro, previo informe favorable de la Dirección de Industria y Comercio de la Sociedad de Fomento Fabril."

Artículo 34

Pasa a ser artículo 28, sin modificaciones

Con las modificaciones señaladas, el proyecto aprobado queda como sigue

Proyecto de ley:

"Estímulo a las exportaciones

Artículo 1°.- Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque como, asimismo, a los fletes de las materias primas a los centros de producción.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstos nacionales o nacionalizados, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Artículo 2°.- Las normas de esta ley no se aplicarán:

a) A las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa o motivo;

b) A las especies que entren al país, bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de Almacenes Particulares y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido proceso de transformación en el país;

c) A las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, entendiéndose por tales, las que define la ley N° 11.828, publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 1955 y sus modificaciones posteriores.

d) A las industria salitrera, que se rige por la ley N9 12.038, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956, mientras sus operaciones y actividades se rijan por esta ley;

e) A las industrias explotadoras de minerales de hierro, que no retornan al país el total de sus exportaciones, y

f) A las exportaciones de manufacturas o semimanufacturas de cobre, salvo informe favorable de la Corporación del Cobre.

Artículo 3°.- Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos, derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

El Reglamento determinará los actos, contratos, trámites o actuaciones comprendidos en el presente artículo, como asimismo los gravámenes de los cuales quedan exentos.

Artículo 4°.- Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3°, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5°.- El Presidente de la República determinará por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo anterior y fijará libremente sus respectivos porcentajes, para lo cual podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de esos productos.

En el caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras o artículos a media elaboración que ingresaren al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporados en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará al valor agregado nacional.

El Presidente de la República podrá, en el momento que lo juzgue conveniente, incluir nuevos productos en la lista así formada, fijándoles los porcentajes de devolución correspondientes. Asimismo, en cualquier época, podrá aumentar los porcentajes ya establecidos.

El Presidente de la República sólo podrá retirar productos de la lista referida o rebajar sus porcentajes de devolución, una vez transcurridos 3 años desde la fecha de su inclusión en aquélla. En todo caso, el retiro del producto o la rebaja de su porcentaje de devolución, sólo podrán efectuarse dentro del mes de enero siguiente a la fecha de expiración del respectivo período de tres años. Estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente.

Los productos que estando incluidos en la lista, no sean retirados en la forma y oportunidad a que se refiere el inciso anterior, hubieren o no sido alterados sus porcentajes de devolución, se entenderán incluidos por un nuevo período de 3 años, contado desde la expiración del trienio anterior, y así, sucesivamente.

Artículo 6°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República, en casos calificados podrá, al fijar la lista, señalar respecto de uno o más productos incluidos en ella, un plazo mayor durante el cual no podrán retirarse de dicha lista ni rebajarse sus porcentajes respectivos de devolución.

El Presidente de la República podrá otorgar igual garantía respecto de productos que se incluyan con posterioridad a la lista ya formada. Una vez expirados los plazos especiales recién señalados, los productos respectivos quedarán sujetos al régimen general y podrán ser retirados de la lista o rebajados sus porcentajes en conformidad a las normas del artículo anterior.

Artículo 7°.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, los aplicará el Presidente de la República sobre el valor F.O.B. o C.I.F. y en ningún caso podrán exceder del 30% de dichos valores.

Artículo 8°.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores, se hará efectiva mediante la entrega de certificados que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería, o al acreditarse el retorno, a elección del exportador.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías en consignación o sujetas a condición o cuyo pago esté sujeto a liquidación final, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación.

Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el valor F.O.B. o C.I.F. de la mercadería, según corresponda, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

Artículo 9°.- Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por intermedio del Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Las Municipalidades, Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social, presentarán en cobro los certificados que reciban por los conceptos señalados, directamente a las Tesorerías Fiscales, las que deberán pagarlos a su presentación.

Artículo 10.- Las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán estar exentas de pleno derecho de los tributos a que se refiere la presente ley, que determine el Reglamento y en la forma y condiciones que en él se establezcan.

Los artículos producidos al amparo de la presente disposición no gozarán de los demás beneficios de esta ley en cuanto a devolución de tributos y no podrán venderse en el mercado interno, a menos que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción declare por decreto que la venta de estos artículos en el país es indispensable para atender necesidades de consumo interno.

Las industrias o empresas que en virtud de la autorización a que se refiere el inciso anterior vendan productos en el mercado interno, deberán pagar todos los impuestos que les habría correspondido tributar en el caso de no estar acogidos a estos beneficios. El pago deberá hacerse en la forma y condiciones que determine el Reglamento.

Artículo 11.- El Presidente de la República, al fijar la lista a que se refiere el artículo 5° podrá otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas u otras organizaciones de productores que no persigan fines de lucro. En ningún caso el porcentaje de devolución asignado al producto de que se trate, más el porcentaje adicional a que se refiere este artículo, podrá exceder al 30% señalado en el artículo 7°.

Los certificados de devolución que se emitan por el Banco Central, serán extendidos a nombre de la respectiva cooperativa o entidad exportadora, la que deberá transferirlos a sus cooperados o asociados.

Las cooperativas u organizaciones a que se refiere este artículo, para poder gozar de los porcentajes adicionales indicados en el inciso primero, deberán estar inscritas en un registro especial que llevará el Ministerio do Economía, Fomento y Reconstrucción en la forma y bajo las condiciones que determine el Reglamento.

Artículo 12.- Las mercaderías enviadas a mercados exteriores y que se devuelvan al país no podrán ser internados sino previa devolución de el o los certificados a que se refiere el artículo 8° de esta ley y/o en su defecto, entero de su equivalencia en arcas fiscales, o el pago de los impuestos que corresponda si se trata de artículos producidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.

Si la devolución al país de la mercadería exportada no está plenamente justificada a juicio de los organismos competentes, el pago de los impuestos y derechos correspondientes y el reintegro de las sumas percibidas como devolución de derechos, se efectuará con los recargos y los intereses que señale el Reglamento.

En los casos en que la mercadería fuese devuelta por deficiencias de calidad con respecto a los standards aceptados en las que se compruebe se incurrió por dolo o culpa del exportador, el reglamento establecerá multas u otras sanciones que deberán ser aplicadas administrativamente, de acuerdo al procedimiento que éste establezca.

Artículo 13.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio exterior y principalmente de las exportaciones, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, combustibles, partes y piezas que se utilizan en la elaboración de un producto.

Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a las materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales.

Artículo 14.- El Presidente de la República podrá, en cualquier momento, establecer normas destinadas a simplificar la tramitación de las operaciones de exportación.

Esta facultad no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del

Banco Central de Chile para dictar normas aplicables al comercio de exportación.

Igualmente, el Presidente de la República podrá establecer exigencias de calidad que deberán satisfacer todos o algunos de los productos de exportación y fijar la forma en que deberá acreditarse su cumplimiento.

Las normas cuya dictación se autoriza en los incisos anteriores, deberán adoptarse mediante decretos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pudiendo ser modificadas cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 15.- El Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro a las exportaciones con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, incluso de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos y otros.

Artículo 16.- El Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como asimismo, para ventas internas de bienes de capital de producción nacional, en las condiciones, montos, plazos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las limitaciones contenidas en los D.F.L. N° 247 y 252, de 1960.

Los créditos para exportación o para bienes de capital que se vendan dentro del país podrán ser reajustables.

Articuló 17.- Déjanse sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9° de la ley N° 12.937; 12 y 40 de la ley N° 13.039; y letra b) del artículo de la ley N° 14.824. En lo sucesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.

No obstante, el rendimiento que hasta la publicación de esta ley produzca la aplicación de las disposiciones citadas en el inciso anterior, se destinará a cancelar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. El excedente de dichos fondos y el rendimiento que se produzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación.

Artículo 18.- Deróganse el D.F.L. N° 256, de 1960; artículos 93, 94 y 95 de la ley N° 12.861 y artículo 10 de la ley N° 14.824.

Artículo 19.- Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias, civiles y criminales que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.

Disposiciones varias

Artículo 20.- Introducen se al artículo 99 de la ley N° 16.250, modificado por el artículo 58 transitorio de la ley N° 16.282, las siguientes modificaciones:

1- Elimínense en el inciso cuarto los términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero".

2- Agregase en el inciso cuarto, en punto seguido, la siguiente frase: "Se considerará que la utilidad devengada que corresponde a los accionistas es equivalente al monto de la utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la respectiva sociedad anónima y que deba someterse a aprobación de la Junta de Accionistas, con deducción de la parte que legalmente no pueda ser de disposición voluntaria de dicha Junta y de aquella que ya se hubiere distribuido como dividendo provisorio.".

3- Agregase el siguiente inciso final:

"Estarán exentas del impuesto de 7,5% las personas que declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o que dichos valores figuran a su nombre en razón de un encargo de administración, comisión de confianza u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquier título semejante, otorgado por el verdadero dueño cuya individualización y domicilio deberá señalarse en dicha declaración para que opere la exención. Si el verdadero dueño resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las sociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones, cuando a su juicio exclusivo, debido al número de socios o a otra causa, sea muy difícil su cumplimiento.".

Artículo 21.- Lo dispuesto en el artículo 22 regirá desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley N° 16.282.

Artículo 22.- Agrégase al inciso primero del N° 2 del artículo 60 de la .Ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase, en punto seguido: "También estarán exceptuadas del gravamen establecido en este número las devoluciones de capitales internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del D.F.L. N° 437, de 1954 o del D.F.L. N° 258, de 1960, o amparados por certificados o convenios suscritos con el Banco Central de Chile en conformidad a los artículos 14 y 16 del Decreto N? 1.272, de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el monto del capital efectivamente internado a Chile.".

Para estos efectos, se considerará que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al momento de la devolución.

Artículo 23.- Facúltase a la Comisión Coordinadora para la Zona Norte para celebrar contratos o convenciones con el objeto de ejecutar investigaciones tecnológicas aplicadas, relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El financiamiento de las referidas convenciones o contratos se hará con cargo a los recursos de dicho Organismo.

Artículo 24.- Corresponderá al Banco Central de Chile estudiar y fiscalizar las condiciones de la producción de minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, incluso aglomerados o concentrados, en lo que se refiere a sus niveles o volúmenes de producción y posibilidad de expansión, como asimismo, fiscalizar las condiciones de su comercialización, fletes, precios, ventas, costos y utilidades.

Para los efectos del inciso anterior, el Comité Ejecutivo del Banco podrá:

a) Autorizar o rechazar las exportaciones de minerales de hierro en cualquiera de sus formas y las importaciones necesarias para el funcionamiento de las empresas productoras. Sólo se autorizarán importaciones cuando las mercaderías correspondientes no se produzcan en el país en cantidad, calidad, precio y plazos de entrega adecuados, circunstancias que deberán ser comprobadas por el Banco. Para comparar el precio de las mercaderías importadas y nacionales se agregará al valor CIF de las primeras el impuesto ad valorem y los derechos de aduana, almacenaje, estadística y consulares y, en general, todos los impuestos que se perciben por intermedio de las aduanas;

b) Comprobar y aprobar o denegar los contratos, precios, fletes, seguros y demás modalidades de las ventas y embarques de los productos referidos en el inciso primero, con el fin de verificar que ellos se realicen a los precios del mercado respectivo y en las mejores condiciones posibles; y

c) Requerir de las empresas productoras todos los antecedentes e informaciones que estime necesario.

Artículo 25.- Los beneficios que concede esta ley se aplicarán a los exportadores de minerales de hierro en la forma y bajo las condiciones que determine el reglamento.

Mientras no se dicte el reglamento seguirán rigiendo las normas contenidas en el D.F.L. N° 256, de 1960, respecto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 26.- Con informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, el Superintendente de Aduanas habilitará recintos particulares de aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola. En todo caso, será necesario que el embarque de las mercaderías referidas sea autorizado previamente por el Banco Central de Chile.

Para la internación al país de las mercaderías a que alude el inciso anterior, se aplicarán todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para las importaciones; sin embargo, no se les aplicará la facultad establecida en el artículo 2° de la ley N° 16.101, ni estas importaciones se considerarán para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 4° del mismo cuerpo legal.

Artículo 27.- Agrégase al inciso primero del artículo 31 del Decreto Supremo N° 1.272, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 11 de noviembre de 1961, el siguiente párrafo, en punto seguido:

"De todos modos, será facultad del Presidente de la República, otorgar las liberaciones del presente artículo a las industrias que se establezcan en el futuro, previo informe favorable de la Dirección de Industria y Comercio y de la Sociedad de Fomento Fabril."

Artículo 28.- Agrégase al artículo 3° del D.F.L. N° 307, de 1960, el siguiente inciso nuevo:

"En todo caso, facúltase al Servicio de Impuestos Internos para hacer operar de pleno derecho, las exenciones contenidas en el presente decreto con fuerza de ley, siempre que, a su juicio exclusivo, esté suficientemente garantido el interés del Fisco.".

Artículos transitorios.

Artículo 1°.- Dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos indicada en el artículo 5°.

Al fijar la lista indicada en el inciso anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha se encontraren comprendidos en la lista de productos, establecida en conformidad al artículo 20 del D.F.L. N° 256, de 1960, señalándoles como mínimo, un porcentaje de devolución igual al que tenían asignado a la fecha de publicación de esta ley; el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por los incisos cuarto y quinto del artículo 59.

Las exportaciones cuyos embarques se realicen con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas a las normas que sobre devolución de impuestos establece el D.F.L. N° 256, del año 1960.

Sin embargo, los productos agropecuarios de naturaleza perecible, cuyo embarque se hubiere efectuado después del 1° de enero de 1966, quedarán afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo 4° de esta ley, de acuerdo con los porcentajes que fije el Presidente de la República en conformidad a las normas estatuidas en el artículo 5°.

Artículo 2°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 20, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 39, continuará en vigencia el artículo 13 del D.F.L. N° 256, de 1960."

Sala de la Comisión, a 16 de marzo de 1966.

Acordado en sesiones de fechas 15 y 16 de marzo de 1966, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ibáñez (Presidente), Gómez y Gormaz.

(Fdo.) : Enrique Gaete Henning, Secretario.

?INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONSULTA NORMAS PARA ESTIMULAR LAS EXPORTACIONES.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Economía y Comercio tiene el honor de informaros el proyecto de ley, remitido por la H. Cámara de Diputados, que consulta normas para estimular las exportaciones.

Durante el estudio de este proyecto la Comisión contó con la colaboración del señor Ministro de Hacienda, don Sergio Molina, y de los señores Luis Illanes, Jefe del Departamento de Compraventas de la Dirección de Impuestos Internos, Gastón Illanes y Fernando Barrios, asesores jurídicos del Banco Central de Chile.

Igualmente, y con el objeto de conocer el pensamiento de diversos organismos representantes de la producción, la Comisión escuchó al Vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril, don Patricio Huneeus y al Presidente de la Asociación de Fabricantes de Conservas, don Alfonso Ramírez.

El proyecto en estudio tiende a desarrollar los distintos aspectos de la economía chilena y trata de promover el mejoramiento substancial de la balanza de pagos. Con este objeto se trata de ir a un régimen adecuado de las importaciones creando situaciones favorables en beneficio de las exportaciones nacionales, que hoy se encuentran regidas por las normas del D.F.L. 256, de 1960.

Al impulsar el desarrollo de las actividades exportadoras, ampliando nuestros mercados, se permitirá el aprovechamiento de la capacidad instalada de la industria con la consiguiente rebaja de sus costos, beneficiando así al consumidor.

El proyecto legisla sobre franquicias de impuestos y derechos que gravan a los productos de exportación y sus componentes, simplifica trámites de exportación, permite el ingreso de materias primas, piezas o partes, artículos a media elaboración y otros bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares; autoriza seguros a los exportadores para garantizar sus cobranzas y libera a equipos y maquinarias destinas dos a industrias de exportación

El representante de la Sociedad de Fomento Fabril expresó el apoyo de dicha institución al proyecto en estudio, manifestando que estaba plenamente de acuerdo con su objetivo de promover las exportaciones, especialmente de productos que tuvieran un valor agregado, y haciendo presente que la mayoría de los países de América Latina, Europa y el Japón tenían ya en aplicación una política de incentivo a la exportación.

Señaló, a continuación, que existía en este momento una circunstancia especial que hacía particularmente urgente la necesidad de una legislación sobre la materia, cual era la difícil situación que debería afrontar la industria durante el año 1966, pues las perspectivas del mercado interno eran mucho menos halagadoras que las del año anterior.

Expuso, en seguida, las principales observaciones que le merecía el proyecto, que en líneas generales pueden resumirse en: a) necesidad de que esta ley se aplique sobre la base de una política de cambio estable y realista que otorgue una compensación que corresponda al desnivel entre la variación del índice de precios internos y el aumento de la paridad cambiaría producida entre 1958 y 1965. Sobre el particular recalcó que la ley representaría un positivo beneficio sólo en el entendido de que fuera una ley de estímulo y no un paliativo para una paridad irreal en los cambios; b) debe darse la máxima estabilidad a las bonificaciones que el Ejecutivo estime necesarias, estimando que el plazo de duración de ellas debe ser mayor que el de tres años establecido en el proyecto; y c) que el artículo 13 podría provocar una competencia desleal en el mercado interno entre nuevos consorcios extranjeros que se podrían establecer aprovechando las franquicias que concede el citado artículo y las industrias establecidas. Por ello es partidario de que todas las industrias paguen los derechos de aduana para vender en Chile y que reciban un "draw back" adicional para recuperar esos pagos en proporción a sus exportaciones.

El representante de la Asociación de Fabricantes de Conservas expresó su coincidencia con lo dicho por el señor Huneeus manifestando que para los industriales conserveros era indispensable la aprobación de esta ley para poder competir en los mercados internacionales, pues en la actualidad sólo había posibilidades de exportar a Perú en virtud de convenios especiales.

Respecto a las observaciones expuestas por el representante de la Sociedad de Fomento Fabril, el señor Gastón Illanes expresó que el Gobierno coincidía con el planteamiento de que la tasa de cambios debía estar ajustada a la realidad de los costos internos afirmando que ése era el espíritu del Ejecutivo en esa materia. Acerca de la estabilidad de los beneficios concedidos explicó que una vez vencido el plazo de tres años éste podría renovarse y que en todo caso la ley contemplaba la posibilidad de otorgar de partida plazos mayores en situaciones especiales. Sobre la tercera observación, relativa a la necesidad de un tratamiento equitativo para la industria establecida, aclaró que el se refería concretamente a la disposición que exime de derechos de importación a las maquinarias, bajo determinadas condiciones, reconociendo que eso podía perjudicar a la industria instalada por lo que el Gobierno había seguido estudiando el asunto después de enviado el proyecto a la Cámara y que al tratarse el segundo informe estaría en condiciones de proponer una nueva fórmula.

En relación con la; política cambiaría, y ante una consulta del Senador señor Ibáñez, el Ministro de Hacienda expuso que la intención del Gobierno era mantener una tasa de cambio flexible. Recordó las graves consecuencias que en años recientes había traído la mantención de un tipo de cambio alejado de la realidad.

Recalcó que dejar congelada la tasa de cambio si las condiciones de precios internos varían, vendría a destruir el espíritu de la ley en. Estudio y reiteró que ésta pretendía ser un beneficio adicional a las exportaciones y en ningún caso un sustituto para mantener una política cambiaría irreal.

El artículo 1° consulta la exención de impuestos, contribuciones, gravámenes y derechos que afectan a las exportaciones y sus componentes, incluyendo en esta exención a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puertos de embarque, como asimismo a los fletes de las materias primas a los centros de producción. Además se exhiben las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstas nacionales o nacionalizadas.

El artículo 2° consulta diversos casos en los cuales no operarán los beneficios concedidos por esta ley.

La Comisión acordó incorporar las modificaciones posteriores a la ley 11.828, en razón de que recientemente se ha legislado sobre la materia y en lo relacionado con la industria salitrera aprobó, a indicación del H. Senador señor Gormaz, una frase aclaratoria en el sentido de que dicha industria sólo quedará al margen de esta ley mientras esté regida; por la N° 12.033.

El artículo 3° entrega al Presidente de la República la determinación de los actos, contratos, trámites y actuaciones que serán liberados, de pleno derecho, del pago de tributo.

El artículo 4° dispone la devolución de los impuestos, contribuciones, gravámenes y derechos que afectan a los productos exportados y sus componentes.

Los artículos 5° y 6° facultan al Presidente de la República para determinar los productos afectos al régimen de estímulo, fijarle los porcentajes de devolución, incluir o retirar, con ciertas limitaciones, productos en las listas de exportación, y aumentar o disminuir los porcentajes señalados.

La Comisión acordó suprimir el inciso segundo del artículo 5°, por estimar que la fijación de los porcentajes debe hacerse en consideración a los productos mismos y no en relación a la zona en que son elaborados.

El artículo 7° establece el valor de la mercadería sobre el cual se aplicará el porcentaje de devolución, el que no podrá exceder del 30% del mismo.

Sobre el particular la Comisión acordó, a indicación del H. Senador señor Gómez, suprimir la expresión "según sean las condiciones de exportación de la mercadería", en atención a que dicha frase entregaba a los "exportadores la elección del valor sobre el cual se aplicaría el porcentaje y la intención del proyecto era dejar dicha determinación en manos del Presidente de la República.

Los artículos 8° y 9° señalan el procedimiento de devolución de impuestos, que se hará por medio de certificados que expedirá el Banco Central a la orden del exportador una vez acreditado el embarque de la mercadería.

Dichos certificados podrán ser aplicados por sus tenedores al pago de tributos, intereses penales o sanciones pecuniarias que se recauden por el Fisco o las Municipalidades y cargas previsionales.

La Comisión acordó dejar expresa constancia de que, por ser documentos a la orden, los certificados eran negociables.

El artículo 10 exime de pleno derecho de los impuestos a que se refiere esta ley, a las empresas, o sus secciones, que se dediquen exclusivamente a la producción de artículos de exportación.

Señala a continuación que este beneficio es incompatible con la devolución de tributos, y establece que los artículos elaborados por estas industrias no podrán venderse en el mercado interno, salvo autorización expresa del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en cuyo caso deberán pagar los tributos correspondientes.

El artículo 11 autoriza al Presidente de la República para otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas u otros organismos que no persigan fines de lucro. En todo caso, dicho porcentaje no podrá exceder del 30% señalado en el artículo 7°.

Los representantes del Banco Central explicaron que la idea del Gobierno era hacer que el productor fuera en forma más directa al mercado externo.

La Comisión aprobó este artículo con el voto en contra del H. Senador señor Gómez, quien estimó que con esta disposición se vendría a fomentar la creación innecesaria de cooperativas con el solo objeto de acogerse a este beneficio.

El H. Senador señor Ibáñez, por su parte, coincidió con lo expresado por el señor Gómez, agregando que tampoco habría inconveniente para que la cooperativa actuara a través de un exportador con lo que se desvirtuaría completamente el objeto de la disposición. También hizo presente que era propiciar la exportación vertical en circunstancias que los países más desarrollados aplicaban un sistema de exportación horizontal.

El artículo 12 dispone que las mercaderías que por haber sido enviadas al exterior gozaron de las franquicias que concede esta ley, no podrán ser internadas al país sino previa devolución de los certificados a que se refiere esta disposición legal o pago de los impuestos que correspondan de acuerdo a las normas generales de tributación, en su caso.

El artículo 13 faculta al Presidente de la República para liberar de derechos aduaneros, con determinadas excepciones, la importación de equipos y maquinarias destinadas a industrias que exporten a lo menos el 51% de su producción anual.

También establece normas relativas a los requisitos que se deben cumplir para proceder a la cobertura de los cambios en las importaciones que realicen las empresas de la gran minería del hierro, mediana y pequeña minería del cobre y hierro y las empresas salitreras.

Este artículo fue rechazado por unanimidad, expresando los señores Senadores que tenían reservas de carácter general sobre la materia que serían precisadas en el segundo informe una vez que el señor Ministro de Hacienda proporcionara mayores detalles.

El artículo 14 fue rechazado por los mismos motivos y con las mismas reservas que el anterior.

El artículo 15 faculta al Presidente de la República para establecer y modificar las normas relativas al ingreso al país, bajo regímenes de admisión temporal o almacenes particulares, de materias primas, artículos semi-elaborados y otros.

El artículo 16 autoriza al Presidente de la República para simplificar la tramitación de operaciones de exportación y establecer exigencias de calidad respecto de los productos que vayan a ser objeto de ella.

El artículo 17 señala que el Presidente de la República podrá dictar las normas necesarias para establecer el seguro a las exportaciones, con el objeto de garantizar al exportador contra los riegos inherentes a ellas.

Se acordó por la Comisión suprimir la frase "preferentemente a cargo del Instituto de Seguros del Estado", por estimar que no había ninguna razón por la cual entidades aseguradoras particulares no pudieren tomar estos riesgos.

El artículo 18 autoriza al Banco Central para acordar líneas especiales de crédito a las exportaciones y a las ventas internas de bienes de capital de producción nacional.

La Comisión acordó darle una nueva redacción al inciso final referente a la reajustabilidad de los créditos por considerar que la expresión "deberán" contenido en el proyecto carecía de suficiente flexibilidad, pues si los créditos se otorgaban en dólares no se justificaba la reajustabilidad.

El artículo 19 deja sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, asimilándolas en lo sucesivo a las normas generales que establece esta ley.

Ante una pregunta del H. Senador señor Gómez acerca de la forma en que quedarían garantidas estas zonas, el señor Ministro de Hacienda le manifestó que quedaban incorporadas al régimen general y que personeros representativos de las industrias de la zona le habían manifestado su conformidad con esta solución.

El H. Senador señor Gómez expresó que era partidario de asegurarles un porcentaje mínimo de devolución, así como de que se les respetaran los plazos anteriores. También indicó que los fondos regionales debían ser transferidos a las Municipalidades de la zona.

El señor Ministro quedó de traer un estudio sobre los tres aspectos indicados por el señor Senador.

El artículo 20 deroga diversas disposiciones relacionadas con devolución de impuestos a las exportaciones, en actual vigencia.

El artículo 21 establece que los infractores de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias que ésta y demás leyes pertinentes les señalen.

El artículo 22, con el que comienza las disposiciones varias, modifica el artículo 99 de la ley 16.250, modificado por el artículo 58 de la ley 16.282.

Los personeros del Gobierno expresaron que este artículo tenía tres objetivos principales: a) definir el concepto de utilidad devengada con el objeto de poner término a los problemas a que había dado lugar la interpretación que le daban las industrias, en el sentido de que sólo comprendía los dividendos repartidos y no las acciones liberadas o las sumas que iban a fondos de reserva voluntarios. La definición actual solucionaba estos problemas al establecer normas precisas para su cálculo; b) impedir que ciudadanos chilenos actuaran a través de sociedades extranjeras para poseer acciones en empresas nacionales, con el fin de eludir los tributos que tendrían que pagar-si lo hicieren directamente; c) con este fin se exime del impuesto de 7,5% a las personas que declaren bajo juramento si las acciones de que figuran como titulares son de su dominio o están actuando por cuenta de otra persona, caso en el cual deberán individualizar al verdadero dueño. En caso que se nieguen a hacer esta declaración, quedarán sujetas al impuesto del 7,5% y al recargo del impuesto adicional de 25% que estableció la ley 16.250.

El artículo 23 señala que el artículo anterior se aplicará con efecto retroactivo, pues el artículo 58, transitorio, de la ley 16.282 aún no ha tenido aplicación.

El artículo 24 adiciona el inciso primero del N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con el objeto de liberar del pago del impuesto adicional las devoluciones de capitales internados al país, que se encuentren en determinadas condiciones.

Los artículos 25, 26, 27 y 28 fueron rechazados por unanimidad por estimarse que son materias ajenas al proyecto.

El artículo 29 faculta a la Comisión Coordinadora de la Zona Norte para celebrar contratos con el objeto de realizar investigaciones tecnológicas relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de dicha zona.

Sobre el particular el H. Senador señor Gómez solicitó al señor Ministro de Hacienda un informe completo acerca de su labor como Presidente de la citada Comisión.

El artículo 30 encomienda al Banco Central el estudio y fiscalización de las condiciones de producción y comercialización de los minerales de hierro, otorgándole diversas atribuciones a su Comité Ejecutivo con este objeto.

El artículo 31 autoriza al Presidente de la República para determinar la forma y condiciones en que se aplicarán a los minerales de hierro los beneficios que concede esta ley.

El artículo 32 establece normas especiales para la internación de repuestos de vehículos motorizados y maquinarias agrícolas.

El artículo 33 adiciona el inciso primero del artículo 31 del Decreto de Economía N° 1272, de 1961, en el sentido de facultar al Presidente de la República para hacer extensivas las liberaciones aduaneras que establece el artículo a nuevas industrias que se establezcan en el futuro, cuando previo informe de la Dirección de Industria y Comercio, se determine que las existentes no abastecen adecuadamente el mercado en calidad o cantidad.

El asesor del Banco Central explicó que esta disposición tenía por objeto hacer posible que las franquicias se extendieran en ciertos casos a industrias que deseaban fabricar productos ya elaborados en el país, y que de acuerdo con las normas vigentes no podían acogerse a ellas. Explicó que muchas las industrias establecidas eran muy pequeñas, pero que por estar fabricando ya una línea de productos impedían el establecimiento de grandes industrias que serían de mucho mayor beneficio para Chile.

El artículo fue aprobado por dos votos contra uno, acordándose, a indicación del H. Senador señor Ibáñez, modificar su redacción con el fin de incluir a la Sociedad de Fomento Fabril entre los organismos que debían emitir informe previo y suprimiendo el requisito de que no abasteciera adecuadamente en cantidad o calidad el mercado nacional, por estimarse que eran elementos subjetivos de calificación que podrían dar origen a involuntarias arbitrariedades.

El H. Senador señor Gómez, fundamentó su oposición en que perjudicaba a las industrias establecidas y podía provocar una verdadera invasión del mercado por parte de industrias extranjeras, lo que no consideraba conveniente.

El artículo 34 agrega un inciso al artículo 3° del DFL. 307, de 1960, con el cual se faculta a Impuestos Internos para hacer operar de pleno derecho las extensiones contenidas en dicho D.F.L.

El artículo 1° transitorio señala un plazo de 90 días para que el Presidente de la República fije la lista de productos, estableciendo algunas normas generales sobre la forma en que deberá proceder.

El artículo 2° transitorio dispone que, mientras el Presidente no dicte el Reglamento a que hace referencia el artículo 3°, sigue en vigencia el artículo 13 del DFL. 256, de 1960.

En consecuencia, el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados ha sido aprobado con las siguientes modificaciones:

Artículo 2°

En la letra c), suprimir la frase "el artículo 1° de"; suprimir el punto y coma (;) y agregar a continuación la siguiente frase: "y sus modificaciones posteriores;".

En la letra d), reemplazar el punto y coma (;) con que termina, por una coma (,) y agregar la siguiente frase: "mientras sus operaciones inactividades se rijan por esta ley;".

En la letra f), reemplazar "del Departamento" por "de la Corporación".

Artículo 5°

Suprimir el inciso segundo.

En el inciso cuarto reemplazar la frase "en cualquier época", por la siguiente: "en el momento que lo juzgue conveniente,".

Artículo 6°

Intercalar, entre "un plazo" y "durante el cual no podrán retirarse...", la palabra "mayor".

Artículo 7°

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 7°.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, los aplicará el Presidente de la República sobre el valor F.O.B. o C.I.F. y en ningún caso podrán exceder del 30% de dichos valores".

Artículo 8°

En el inciso tercero, agregar a continuación de "F.O.B.", lo siguiente: "o C. I. F."; agregar una coma (,) a continuación de la frase "de la mercadería", e intercalar entre ella y "deberá convertirse al tipo de cambio más favorable", la expresión "según corresponda,".

Artículo 10

Intercalar una coma (,) entre la palabra "ley" y la frase: "que determine el reglamento...".

Artículo 12

En el inciso final, reemplazar, en la última frase, la palabra "se" por "éste".

Artículo 13

Suprimirlo.

Artículo 14

Suprimirlo.

Artículo 15

Pasa a ser artículo 13, sin modificaciones.

Artículo 16

Pasa a ser artículo 14, sin modificaciones.

Artículo 17

Pasa a ser artículo 15, suprimiendo la frase siguiente: "preferentemente a cargo del Instituto de Seguros del Estado".

Artículo 18

Pasa a ser artículo 16, reemplazando su inciso segundo por el que sigue:

"Los créditos para exportación o para bienes de capital que se vendan dentro del país podrán ser reajustables.".

Artículo 19

Pasa a ser artículo 17, sin otra modificación.

Artículo 20

Pasa a ser artículo 18, sin modificaciones.

Artículo 21

Pasa a ser artículo 19, sin modificaciones.

Artículos 22, 23 y 24

Suprimirlos.

Artículos 25, 26, 27 y 28

Suprimirlos.

Artículos 29, 30, 31 y 32

Pasan a ser artículos 23, 24, 25 y 26, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 33

Pasa a ser artículo 27.

Reemplazar el inciso segundo, por el siguiente:

"De todos modos, será facultad del Presidente de la República, otorgar las liberaciones del presente artículo a las industrias que se establezcan en el futuro, previo informe favorable de la Dirección de Industria y Comercio de la Sociedad de Fomento Fabril.".

Artículo 34

Pasa a ser artículo 28, sin modificaciones.

Con las modificaciones señaladas, el proyecto aprobado queda como sigue:

Proyecto de ley:

"Estímulo a las exportaciones

Artículo 1°.- Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igualmente, esta exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque como, asimismo, a los fletes de las materias primas a los centros de producción.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstos nacionales o nacionalizados, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Artículo 2°.- Las normas de esta ley no se aplicarán:

a) A las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior por cualquier causa o motivo;

b) A las especies que entren al país, bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de Almacenes Particulares y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido proceso de transformación en el país;

c) A las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, entendiéndose por tales, las que define la ley N° 11.828, publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 1955 y sus modificaciones posteriores.

d) A las industria salitrera, que se rige por la ley N9 12.038, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956, mientras sus operaciones y actividades se rijan por esta ley;

e) A las industrias explotadoras de minerales de hierro, que no retornan al país el total de sus exportaciones, y

f) A las exportaciones de manufacturas o semimanufacturas de cobre, salvo informe favorable de la Corporación del Cobre.

Artículo 3°.- Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos, derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

El Reglamento determinará los actos, contratos, trámites o actuaciones comprendidos en el presente artículo, como asimismo los gravámenes de los cuales quedan exentos.

Artículo 4°.- Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3°, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5°.- El Presidente de la República determinará por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo anterior y fijará libremente sus respectivos porcentajes, para lo cual podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de esos productos.

En el caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras o artículos a media elaboración que ingresaren al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporados en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará al valor agregado nacional.

El Presidente de la República podrá, en el momento que lo juzgue conveniente, incluir nuevos productos en la lista así formada, fijándoles los porcentajes de devolución correspondientes. Asimismo, en cualquier época, podrá aumentar los porcentajes ya establecidos.

El Presidente de la República sólo podrá retirar productos de la lista referida o rebajar sus porcentajes de devolución, una vez transcurridos 3 años desde la fecha de su inclusión en aquélla. En todo caso, el retiro del producto o la rebaja de su porcentaje de devolución, sólo podrán efectuarse dentro del mes de enero siguiente a la fecha de expiración del respectivo período de tres años. Estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente.

Los productos que estando incluidos en la lista, no sean retirados en la forma y oportunidad a que se refiere el inciso anterior, hubieren o no sido alterados sus porcentajes de devolución, se entenderán incluidos por un nuevo período de 3 años, contado desde la expiración del trienio anterior, y así, sucesivamente.

Artículo 6°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República, en casos calificados podrá, al fijar la lista, señalar respecto de uno o más productos incluidos en ella, un plazo mayor durante el cual no podrán retirarse de dicha lista ni rebajarse sus porcentajes respectivos de devolución.

El Presidente de la República podrá otorgar igual garantía respecto de productos que se incluyan con posterioridad a la lista ya formada. Una vez expirados los plazos especiales recién señalados, los productos respectivos quedarán sujetos al régimen general y podrán ser retirados de la lista o rebajados sus porcentajes en conformidad a las normas del artículo anterior.

Artículo 7°.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, los aplicará el Presidente de la República sobre el valor F.O.B. o C.I.F. y en ningún caso podrán exceder del 30% de dichos valores.

Artículo 8°.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores, se hará efectiva mediante la entrega de certificados que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería, o al acreditarse el retorno, a elección del exportador.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías en consignación o sujetas a condición o cuyo pago esté sujeto a liquidación final, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación.

Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el valor F.O.B. o C.I.F. de la mercadería, según corresponda, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

Artículo 9°.- Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por intermedio del Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Las Municipalidades, Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social, presentarán en cobro los certificados que reciban por los conceptos señalados, directamente a las Tesorerías Fiscales, las que deberán pagarlos a su presentación.

Artículo 10.- Las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán estar exentas de pleno derecho de los tributos a que se refiere la presente ley, que determine el Reglamento y en la forma y condiciones que en él se establezcan.

Los artículos producidos al amparo de la presente disposición no gozarán de los demás beneficios de esta ley en cuanto a devolución de tributos y no podrán venderse en el mercado interno, a menos que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción declare por decreto que la venta de estos artículos en el país es indispensable para atender necesidades de consumo interno.

Las industrias o empresas que en virtud de la autorización a que se refiere el inciso anterior vendan productos en el mercado interno, deberán pagar todos los impuestos que les habría correspondido tributar en el caso de no estar acogidos a estos beneficios. El pago deberá hacerse en la forma y condiciones que determine el Reglamento.

Artículo 11.- El Presidente de la República, al fijar la lista a que se refiere el artículo 5° podrá otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas u otras organizaciones de productores que no persigan fines de lucro. En ningún caso el porcentaje de devolución asignado al producto de que se trate, más el porcentaje adicional a que se refiere este artículo, podrá exceder al 30% señalado en el artículo 7°.

Los certificados de devolución que se emitan por el Banco Central, serán extendidos a nombre de la respectiva cooperativa o entidad exportadora, la que deberá transferirlos a sus cooperados o asociados.

Las cooperativas u organizaciones a que se refiere este artículo, para poder gozar de los porcentajes adicionales indicados en el inciso primero, deberán estar inscritas en un registro especial que llevará el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en la forma y bajo las condiciones que determine el Reglamento.

Artículo 12.- Las mercaderías enviadas a mercados exteriores y que se devuelvan al país no podrán ser internados sino previa devolución de el o los certificados a que se refiere el artículo 8° de esta ley y/o en su defecto, entero de su equivalencia en arcas fiscales, o el pago de los impuestos que corresponda si se trata de artículos producidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.

Si la devolución al país de la mercadería exportada no está plenamente justificada a juicio de los organismos competentes, el pago de los impuestos y derechos correspondientes y el reintegro de las sumas percibidas como devolución de derechos, se efectuará con los recargos y los intereses que señale el Reglamento.

En los casos en que la mercadería fuese devuelta por deficiencias de calidad con respecto a los standards aceptados en las que se compruebe se incurrió por dolo o culpa del exportador, el reglamento establecerá multas u otras sanciones que deberán ser aplicadas administrativamente, de acuerdo al procedimiento que éste establezca.

Artículo 13.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio exterior y principalmente de las exportaciones, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, combustibles, partes y piezas que se utilizan en la elaboración de un producto.

Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a las materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales.

Artículo 14.- El Presidente de la República podrá, en cualquier momento, establecer normas destinadas a simplificar la tramitación de las operaciones de exportación.

Esta facultad no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del

Banco Central de Chile para dictar normas aplicables al comercio de exportación.

Igualmente, el Presidente de la República podrá establecer exigencias de calidad que deberán satisfacer todos o algunos de los productos de exportación y fijar la forma en que deberá acreditarse su cumplimiento.

Las normas cuya dictación se autoriza en los incisos anteriores, deberán adoptarse mediante decretos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pudiendo ser modificadas cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 15.- El Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro a las exportaciones con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, incluso de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos y otros.

Artículo 16.- El Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como asimismo, para ventas internas de bienes de capital de producción nacional, en las condiciones, montos, plazos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las limitaciones contenidas en los D.F.L. N° 247 y 252, de 1960.

Los créditos para exportación o para bienes de capital que se vendan dentro del país podrán ser reajustables.

Artículo 17.- Déjanse sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9° de la ley N° 12.937; 12 y 40 de la ley N° 13.039; y letra b) del artículo de la ley N° 14.824. En lo sucesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.

No obstante, el rendimiento que hasta la publicación de esta ley produzca la aplicación de las disposiciones citadas en el inciso anterior, se destinará a cancelar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. El excedente de dichos fondos y el rendimiento que se produzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación.

Artículo 18.- Deróganse el D.F.L. N° 256, de 1960; artículos 93, 94 y 95 de la ley N° 12.861 y artículo 10 de la ley N° 14.824.

Artículo 19.- Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias, civiles y criminales que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.

Disposiciones varias

Artículo 20.- Introducen se al artículo 99 de la ley N° 16.250, modificado por el artículo 58 transitorio de la ley N° 16.282, las siguientes modificaciones:

1.- Elimínense en el inciso cuarto los términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero".

2.- Agregase en el inciso cuarto, en punto seguido, la siguiente frase: "Se considerará que la utilidad devengada que corresponde a los accionistas es equivalente al monto de la utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la respectiva sociedad anónima y que deba someterse a aprobación de la Junta de Accionistas, con deducción de la parte que legalmente no pueda ser de disposición voluntaria de dicha Junta y de aquella que ya se hubiere distribuido como dividendo provisorio.".

3.- Agregase el siguiente inciso final:

"Estarán exentas del impuesto de 7,5% las personas que declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o que dichos valores figuran a su nombre en razón de un encargo de administración, comisión de confianza u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquier título semejante, otorgado por el verdadero dueño cuya individualización y domicilio deberá señalarse en dicha declaración para que opere la exención. Si el verdadero dueño resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las sociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones, cuando a su juicio exclusivo, debido al número de socios o a otra causa, sea muy difícil su cumplimiento.".

Artículo 21.- Lo dispuesto en el artículo 22 regirá desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley N° 16.282.

Artículo 22.- Agrégase al inciso primero del N° 2 del artículo 60 de la Ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase, en punto seguido: "También estarán exceptuadas del gravamen establecido en este número las devoluciones de capitales internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del D.F.L. N° 437, de 1954 o del D.F.L. N° 258, de 1960, o amparados por certificados o convenios suscritos con el Banco Central de Chile en conformidad a los artículos 14 y 16 del Decreto N° 1.272, de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el monto del capital efectivamente internado a Chile.".

Para estos efectos, se considerará que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al momento de la devolución.

Artículo 23.- Facúltase a la Comisión Coordinadora para la Zona Norte para celebrar contratos o convenciones con el objeto de ejecutar investigaciones tecnológicas aplicadas, relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El financiamiento de las referidas convenciones o contratos se hará con cargo a los recursos de dicho Organismo.

Artículo 24.- Corresponderá al Banco Central de Chile estudiar y fiscalizar las condiciones de la producción de minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, incluso aglomerados o concentrados, en lo que se refiere a sus niveles o volúmenes de producción y posibilidad de expansión, como asimismo, fiscalizar las condiciones de su comercialización, fletes, precios, ventas, costos y utilidades.

Para los efectos del inciso anterior, el Comité Ejecutivo del Banco podrá:

a) Autorizar o rechazar las exportaciones de minerales de hierro en cualquiera de sus formas y las importaciones necesarias para el funcionamiento de las empresas productoras. Sólo se autorizarán importaciones cuando las mercaderías correspondientes no se produzcan en el país en cantidad, calidad, precio y plazos de entrega adecuados, circunstancias que deberán ser comprobadas por el Banco. Para comparar el precio de las mercaderías importadas y nacionales se agregará al valor CIF de las primeras el impuesto ad valorem y los derechos de aduana, almacenaje, estadística y consulares y, en general, todos los impuestos que se perciben por intermedio de las aduanas;

b) Comprobar y aprobar o denegar los contratos, precios, fletes, seguros y demás modalidades de las ventas y embarques de los productos referidos en el inciso primero, con el fin de verificar que ellos se realicen a los precios del mercado respectivo y en las mejores condiciones posibles; y

c) Requerir de las empresas productoras todos los antecedentes e informaciones que estime necesario.

Artículo 25.- Los beneficios que concede esta ley se aplicarán a los exportadores de minerales de hierro en la forma y bajo las condiciones que determine el reglamento.

Mientras no se dicte el reglamento seguirán rigiendo las normas contenidas en el D.F.L. N° 256, de 1960, respecto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 26.- Con informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, el Superintendente de Aduanas habilitará recintos particulares de aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola. En todo caso, será necesario que el embarque de las mercaderías referidas sea autorizado previamente por el Banco Central de Chile.

Para la internación al país de las mercaderías a que alude el inciso anterior, se aplicarán todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para las importaciones; sin embargo, no se les aplicará la facultad establecida en el artículo 2° de la ley N° 16.101, ni estas importaciones se considerarán para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 4° del mismo cuerpo legal.

Artículo 27.- Agrégase al inciso primero del artículo 31 del Decreto Supremo N° 1.272, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 11 de noviembre de 1961, el siguiente párrafo, en punto seguido:

"De todos modos, será facultad del Presidente de la República, otorgar las liberaciones del presente artículo a las industrias que se establezcan en el futuro, previo informe favorable de la Dirección de Industria y Comercio y de la Sociedad de Fomento Fabril."

Artículo 28.- Agrégase al artículo 3° del D.F.L. N° 307, de 1960, el siguiente inciso nuevo:

"En todo caso, facúltase al Servicio de Impuestos Internos para hacer operar de pleno derecho, las exenciones contenidas en el presente decreto con fuerza de ley, siempre que, a su juicio exclusivo, esté suficientemente garantido el interés del Fisco.".

Artículos transitorios.

Artículo 1°.- Dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá fijar la lista de productos indicada en el artículo 5°.

Al fijar la lista indicada en el inciso anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha se encontraren comprendidos en la lista de productos, establecida en conformidad al artículo 20 del D.F.L. N° 256, de 1960, señalándoles como mínimo, un porcentaje de devolución igual al que tenían asignado a la fecha de publicación de esta ley; el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por los incisos cuarto y quinto del artículo 5°.

Las exportaciones cuyos embarques se realicen con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas a las normas que sobre devolución de impuestos establece el D.F.L. N° 256, del año 1960.

Sin embargo, los productos agropecuarios de naturaleza perecible, cuyo embarque se hubiere efectuado después del 1° de enero de 1966, quedarán afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo 4° de esta ley, de acuerdo con los porcentajes que fije el Presidente de la República en conformidad a las normas estatuidas en el artículo 5°.

Artículo 2°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 20, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 3°, continuará en vigencia el artículo 13 del D.F.L. N° 256, de 1960."

Sala de la Comisión, a 16 de marzo de 1966.

Acordado en sesiones de fechas 15 y 16 de marzo de 1966, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ibáñez (Presidente), Gómez y Gormaz.

(Fdo.) : Enrique Gaete Henning, Secretario.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS QUE CONSULTA NORMAS PARA ESTIMULAR LAS EXPORTACIONES.

Honorable Senado

El Gobierno estima urgente impulsar el desarrollo de las actividades exportadoras, en atención a que ello provoca, obviamente, la ampliación de mercados que nuestra industria necesita, que permitirá el aprovechamiento máximo de su capacidad instalada, con la consiguiente rebaja en sus costos y mejoramiento en calidad, beneficiando en definitiva al consumidor nacional.

Tal decisión, vertida en el Mensaje con que el Presidente de la República sometió a la H. Cámara de Diputados la consideración de esta iniciativa de ley, explica la importancia que el Ejecutivo le atribuye y la trascendencia que sus disposiciones tienen para la producción nacional.

La irregularidad de desarrollo que ha presentado en los últimos años nuestra balanza comercial, que en los años 1958, 1960, 1961 y 1963 fue deficitaria, tiende a normalizarse arrojando saldos a favor. En efecto, en 1964 esa balanza arrojó un saldo favorable de US$ 18.500.000, y de enero a septiembre de 1965, última fecha de la cual tenemos antecedentes disponibles, las exportaciones superaron a las importaciones en US$ 122.700.000.

Evidentemente este resultado no deriva precisamente de una política de fomento a las exportaciones, sino más bien de otra restrictiva, de las importaciones. Este último antecedente dificulta el análisis comparativo de cifras de esta especie, sin desconocer el positivo beneficio que importa para la economía nacional el que, por un camino u otro, se logre la estabilización de nuestra balanza comercial.

Esa política complementaria, cuya ausencia notábamos, de fomento a las exportaciones, que en este proyecto se contempla, permitirá mantener este equilibrio en forma definitiva.

Las medidas de fomento que analizaremos tienen su fundamento y base principal en el D.F.L., actualmente vigente, N° 256, de 4 de abril de 1960, el que concede franquicias tributarias- a los productos que se exporten y que, a su vez, reemplazó al decreto de Hacienda N° 10.815, de 1958, que reglamentaba esta materia.

El D.F.L. N° 256, referido, operaba a través de un sistema de exención de impuestos y de un mecanismo de devolución de los tributos que incidían en los costos del producto a exportarse.

Del D.F.L. N° 256, de 1960, no se obtuvieron los resultados de incremento de las exportaciones que se esperaban, lo que ha desplazado de los mercados internacionales diferentes productos chilenos que se encuentran en la imposibilidad de competir con sus congéneres extranjeros amparados por avanzadas legislaciones.

Se estima que la aplicación de estas franquicias tributarias han representado para los exportadores un beneficio de aproximadamente E° 4.000.000, durante el año 1964, de esta cantidad, tres cuartas partes corresponden al sistema de devolución de impuestos y una cuarta al mecanismo de exenciones tributarias.

El proyecto en informe conserva una estructura más o menos similar a la del D.F.L. N° 256, en cuanto discurre sobre la base de establecer un procedimiento de devolución de impuestos, contribuciones, gravámenes, etc., pero a diferencia de éste, en que el porcentaje debía determinarse por decreto del Ministerio de Hacienda, previo informe de la Dirección de Impuestos Internos, se otorga amplias facultades al Presidente de la República para determinar, por decreto del Ministerio de Economía, tanto los productos que quedarán afectos al régimen de devolución como los porcentajes de devolución que se aplicarán sobre el valor F.O.B. con el único límite de que este coeficiente no podrá exceder del 30% de dichos valores.

En otras palabras, el Presidente de la República tendrá una libertad discrecional para conceder, con el límite indicado, porcentajes de devolución a los productos de exportación que determine. Para obrar sólo deberá considerar la política de exportaciones que trace el Gobierno, la competencia de los distintos productos en los mercados internacionales y la incidencia de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que recaigan en sus costos y precios. En este último aspecto, quedó en claro que la legislación de los diferentes países contempla, entre los ítem que se aprecian como gravámenes, el costo de las imposiciones previsionales. Igualmente, tanto los señores Gastón Illanes y Fernando Barrios, funcionarios del Banco Central, como el Jefe del Departamento de Impuesto a las Compraventas de la Dirección de Impuestos Internos, señor Luis Illanes, coincidieron en estimar que en el concepto impuesto debe entenderse incluidos el impuesto de 5% sobre las utilidades que se devenga en beneficio de la Corporación de la Vivienda.

En consecuencia, el Presidente de la República fijará libremente los porcentajes de devolución, para lo cual, como lo expresa el artículo 5°, "podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de esos productos".

Se ha adoptado este procedimiento por cuanto organismos internacionales, como GATT y ALALC, prohiben el establecimiento de regímenes de bonificación a las exportaciones, lo que ha llevado a diferentes países latinoamericanos especialmente a legislar, a veces en forma demasiado proteccionista, concediendo beneficios que les permitan operar con éxito en los mercados internacionales.

El señor Gastón Illanes, abogado del Banco Central, informó que de acuerdo al sistema de devolución de impuestos contemplado en el D.F.L. N° 256, el coeficiente medio es del 3%, fluctuando entre el 0,17%, para las almendras, al 23% del vino. Este promedio Sube ahora al máximo de 30% aludido y se estima que la menor entrada o gasto de esta iniciativa de ley será del orden de los E° 30.000.000 durante el curso del año. Esta cantidad lógicamente decrecerá en la medida en que se logre el propósito de incrementar las exportaciones.

Otra diferencia con la legislación vigente la representa el hecho que, de acuerdo al D.F.L. N° 256, no se consideran para los efectos del cálculo del coeficiente de devolución los impuestos a la renta, de bienes raíces, imposiciones previsionales y contribuciones de fomento; tributos y gravámenes, que en lo sucesivo, se computarán para esos efectos.

La Comisión de Hacienda, antes de pronunciarse sobre este proyecto, concedió audiencias al señor Juan Ramón Samaniego, Gerente de la Sociedad de Fomento Fabril; Fernando Valenzuela, Gerente de Industrias Forestales S.A. y Ernesto Ayala, Gerente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S.A.

El Gerente de la Sociedad de Fomento Fabril reconoció que el D.F.L. N° 256, de 1960, no ha constituido suficiente estímulo para los exportadores, razón por la cual no se ha obtenido su primer efecto cual era el de lograr la instalación de nuevas industrias.

Expresó que era indispensable para poder hablar de un proyecto de fomento a las exportaciones discurrir sobre la base de una paridad cambiaría real. Arguyó que los exportadores han tenido fuertes mermas en sus ingresos como consecuencia de obligárseles a liquidar sus cambios a un precio que no refleja el verdadero valor de la moneda.

Refiriéndose al proyecto mismo, pidió que el artículo l°, al igual que como lo es el D.F.L. N° 256, actualmente, debe ser obligatorio y no una mera facultad que pueda ser ejercida discriminatoriamente. Consecuencialmente, es partidario que este régimen de coeficientes de devolución, más comúnmente denominado "draw back", debe ser parejo para productos de una misma especie.

Pidió, asimismo, que se diera autorización a las industrias que, acogiéndose a los beneficios del D.F.L. N° 257, de 1960, internaron sus maquinarias y equipos liberados de impuestos, para vender sus productos dentro del país, siempre que pagaran una parte proporcional de los derechos de cuyo pago se les eximió. El citado cuerpo legal permite no pagar derechos de aduana por instalaciones que se dediquen exclusivamente a la exportación.

Finalmente, solicitó también que a los pequeños industriales que importan sus maquinarias pagaderas de contado se les autorice para pagar los impuestos de internación que las afectan en forma diferida, al igual que como lo dispone la ley N° 13.305, respecto de aquellos industriales que adquieren sus maquinarias a plazos.

El señor Fernando Valenzuela, Gerente de INFORSA, expresó su conformidad con el proyecto en estudio y formuló algunas observaciones que derivan de su experiencia en la industria mencionada.

En este aspecto hizo hincapié en la necesidad de otorgar efecto retroactivo al primero de enero al sistema de devolución de impuestos que contempla, porque el conocimiento del Mensaje del Ejecutivo que fue enviado a la Cámara de Diputados con fecha 15 de octubre de 1965 y la .confianza de que entraría a regir a partir del 1° de enero de 1966, les llevó a efectuar exportaciones que, bajo el régimen vigente de una paridad cambiaría distante de la real y de un fuerte incremento de costos, les significa una evidente pérdida.

En seguida, se refirió al planteamiento del Gerente de la Sociedad de Fomento Fabril respecto de aprobar en este proyecto una disposición que permita a las industrias que se instalaron con fines exclusivos de exportación, en virtud del D.F.L. N° 257, por lo cual gozaron de exención de impuestos a la internación de sus maquinarias y equipos, vender el total o parte de sus productos en el país, siempre que se paguen proporcionalmente esos impuestos de internación.

Esta idea, que comparte plenamente, permitirá según informó, aprovechar una cantidad importante de papel de desecho que se produce en su industria y que no tiene venta en los mercados internacionales. La elaboración de estos papeles en Chile y su utilización y venta permitirá a Industrias Forestales S. A. bajar sus costos de producción.

Por último, el señor Valenzuela señaló la ventajosa posición que tienen los países capitalistas o desarrollados para competir en los mercados internacionales, motivada principalmente por la circunstancia de producirse en ellos mismos las maquinarias que precisan las industrias con lo cual evitan pagar impuestos de internación que, en países como el nuestro, las afectan en forma demasiado fuerte. Este argumento induce al señor Valenzuela a considerar que una política de fomento de las exportaciones debería consultar como una de sus principales medidas la de favorecer o liberar la internación de maquinarias y equipos industriales.

El señor Ernesto Ayala, Gerente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S. A., concordó en la necesidad imperiosa de desarrollar a la brevedad una política de fomento a las exportaciones.

En este aspecto las industrias en el último tiempo han debido soportar un fuerte gravamen derivado del aumento constante de sus costos de producción y del lento reflejo de ellos en la variación cambiaría. Hizo hincapié en que la paridad cambiaría no funciona de acuerdo a la desvalorización monetaria. En este aspecto señaló que en el año 1965, mientras el dólar de exportación subió un 14,6%, los castos industriales fueron alzados en, aproximadamente, un 40%. Es indudable que, de haber existido libertad de cambios, el porcentaje de alza del dólar de exportación debió haber sido similar al del costo de la vida, esto es, 25,9%. Ha agravado la situación de los exportadores el que los costos industriales hayan experimentado, por los constantes sacrificios solicitados por el Ejecutivo a este sector de la producción, un aumento muy superior al del índice del costo de la vida.

Expresó su preocupación el señor Ayala, porque las herramientas que contempla este proyecto se empleen para mantener un tipo de cambio bajo en lugar de enfocarlas hacia un fomento efectivo de las exportaciones, basadas en un cambio realista.

Pidió el señor Ayala aceptar la proposición de la Comisión de Economía de suprimir el inciso segundo del artículo 5° del proyecto de la Cámara de Diputados que permite otorgar diferentes porcentajes de devolución en determinadas zonas o a través de ciertos puertos. Fundó su petición en que esta medida puede ser base de arbitrariedades, porque, en el fondo, ella conduce a beneficiar a productores determinados y no a productos de una misma especie.

En relación al inciso cuarto del artículo 5°, que permite al Presidente de la República retirar productos de la lista de artículos que gozarán del régimen de devolución de impuestos, una vez transcurridos tres años desde la fecha de su inclusión en aquélla, pidió se ampliara este plazo a lo menos a diez años, que corresponde al plazo de financiamiento de deudas externas a largo plazo. Este plazo es especialmente breve para la instalación de industrias de importancia o agropecuarias, en que el solo proceso de estudio, instalación y puesta en marcha cepa el período de tres años referido, si se tiene en cuenta que el lograr que una actividad alcance el máximo de su capacidad instalada es un proceso lento, imposible de abreviar.

En relación a los artículos 13 y 14 de la Cámara de Diputados, que nuestra Comisión de Economía rechazara, pidió se mantuviera esta resolución, porque esos artículos, que contemplan exenciones para la importación de maquinarias y equipos de industrias nuevas o existentes que exporten, a lo menos, el 51% de su producción, son abiertamente perjudiciales para la industria chilena establecida, pues autorizarán la instalación de grandes consorcios extranjeros que no pagarán derechos de aduana por una parte importante de sus maquinarias.

La Sociedad de Fomento Fabril, según el señor Ayala, ha sustentado una fórmula justa y que cumple con el objetivo de un fomento de exportaciones, cuyos principios fundamentales son los siguientes.

a) que todas las industrias paguen en su totalidad sus derechos de aduana cuando deseen vender en Chile.

b) que todas las devoluciones de exportación sean como principio fundamental iguales para cada tipo de producto y que ellas se hagan efectivas en las Aduanas en el momento de su embarque.

c) que al determinarse los porcentajes de devolución en la forma prevista en el artículo 5° del proyecto de ley, el Presidente de la República deba agregar, en todo caso, un porcentaje igual por producto por concepto de los derechos o impuestos pagados o que corresponda pagar por intermedio de las aduanas con motivo de la internación de los equipos, maquinarias e instalaciones necesarias para su manufactura. Que el porcentaje de devolución total que resulte para determinado artículo como consecuencia de esta disposición pueda ser mayor que el límite de 30% fijado en el artículo 7°.

d) que de acuerdo con la ley N° 13.305, artículo 164, los derechos de aduana puedan pagarse diferidos.

El señor Ayala manifestó que como se había discutido públicamente, creía de interés dar a conocer a los señores Senadores la situación de la Fábrica de Papel de Diarios de su Empresa respecto de una fábrica equivalente de Industrias Forestales S. A. Informó que la fábrica de su Empresa había pagado en su oportunidad y al contado todos los derechos de aduana correspondientes a la maquinaria instalada, que en esta virtud podía legalmente vender en Chile o en el extranjero su producción sin :limitación alguna. Por otro lado, Industrias Forestales S. A. había traído al país sus maquinarias acogidas a las franquicias del D.F.L. N° 257, de 1960, que permite no pagar derechos de aduana por instalaciones que se dediquen exclusivamente a la exportación. Agregó que, en consecuencia, mientras esta última industria no pague los citados derechos no podía vender en el mercado interno. Pero que gracias a disposiciones dictadas en la ley 13.305 ahora se podían pagar esos derechos a plazo en el mismo período en qué se cubre el pago de los préstamos internacionales que cancelan la maquinaria. Estos préstamos tienen períodos de pago de 10 a 15 años, o sea, los derechos de aduana se pueden cancelar en estos mismos plazos. Agregó que no hay, pues, privilegio o disposición alguna a favor de su Empresa y que para que hubiera otro proveedor más en el interior del país bastaba que Industrias Forestales S. A. procediera como lo había hecho toda la industria chilena. Esto es, cancelando los derechos correspondientes, que en esta ocasión son de la misma tasa para las dos industrias anotadas.

En la Cámara de Diputados y durante la discusión en la Sala se rechazó una indicación para otorgar un trato preferente a las industrias acogidas al D.F.L. N° 257, de 1960.

Agregó, finalmente, que la fórmula propuesta por la Sociedad de Fomento Fabril es absolutamente general y que a su juicio ella involucraba todas las industrias, estén o no acogidas a franquicias tributarias aduaneras con lo cual se terminan las discriminaciones que pudieran generarse

En seguida, analizaremos escuetamente las diversas disposiciones de este proyecto

El artículo 1°, estrechamente vinculado con el artículo 5°, contempla una declaración de carácter general, según la cual los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igual exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, combustibles y lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque como, asimismo, a los fletes de las materias primas a los centros de producción.

Las mismas exenciones se aplicarán a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de estos productos de exportación.

El proyecto contempla en su artículo 3° una exención tributaria que opera de pleno derecho y que alcanza a los impuestos, derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

La exención que dispone el artículo 1° citado, es independiente de esta que opera ipso iure y de acuerdo al artículo 4° los tributos en que incida esta exención deberán ser pagados por el contribuyente y con posterioridad, de acuerdo al sistema consignado en el artículo 5°, el Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes.

Por esto, el artículo 1° no tiene más alcance que el de una decía- ración de carácter general, pues realmente operará el sistema de devolución a que se refieren los artículos 4° y 5°.

Fue aprobado, con una indicación a su inciso primero que aclara su segunda frase, dejando constancia la unanimidad de esta Comisión, que en el concepto gravámenes deben entenderse incluidas las imposiciones de previsión, así como las tasas y tarifas.

Con el voto a favor del señor Von Mühlenbrock, y en contra de sus demás miembros, la Comisión desechó una indicación del señor Ibáñez, para transformar el carácter facultativo de esta disposición en obligatorio.

El artículo 2° indica diversas exportaciones que no quedarán amparadas por esta ley por gozar de regímenes especiales.

La Comisión a indicación del señor Altamirano y con la abstención del Senador Palma, suprimió la letra a) por ser innecesaria. En efecto, señala, que las mercaderías extranjeras que se devuelvan al exterior no gozarán del régimen que consagra esta ley a las exportaciones. Esas mercaderías jamás pueden considerarse como susceptibles de exportarse, porque ellas no han ingresado a Chile.

A indicación del mismo Senador Altamirano, se ha precisado en el proyecto que os propone esta Comisión, el que esta ley no beneficia a las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, para lo cual se ha optado por definirlas.

La Comisión estima justificado amparar con los beneficios de esta ley a las exportaciones de manufacturas de cobre, en las cuales hay un efectivo aporte nacional sumado a la "materia prima y, en consecuencia, no beneficiar con este proyecto a las semimanufacturas de cobre, las que, no obstante, podrán gozar de este régimen con informe favorable de la Corporación del Cobre.

Los artículos 3° y 4°, a que antes nos referimos, fueron aprobados sin modificaciones.

El artículo 5°, fundamental de este proyecto, dispone que el Presidente de la República determinará por decreto del Ministerio de Economía, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución y fijará libremente sus respectivos porcentajes, para lo cual podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de estos productos.

A indicación del H. Senador señor Ibáñez, se acordó agregar la exigencia de que el Presidente de la República para fijar los respectivos porcentajes deberá considerar el informe que elabore una comisión técnica, integrada por cuatro miembros representantes del Banco Central, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Dirección de Impuestos Internos y Corporación de Fomento de la Producción, previa audiencia a los interesados.

Este informe, aun cuando no es obligatorio para el Presidente de la República, permite asegurar que éste dispondrá de amplia información para resolver en la fijación de los porcentajes de devolución de impuestos.

A indicación del señor Altamirano, se incluye en el inciso primero de este artículo una prohibición de otorgar a un mismo producto porcentajes distintos de devolución. Con esto se pretende evitar en lo posible que a productores de una misma especie se les dé tratamiento tributario diferente.

Agrega este artículo que en caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras, o artículos a media elaboración, que ingresaren al país bajo un régimen suspensivo de derechos y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporados en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará a la componente nacional.

Con este inciso segundo se ampara una posibilidad que puede tener gran significación en nuestra economía, cual es la de internar productos sin terminar, a fin de finiquitarlos en el país y reexportarlos. Existen ya proposiciones a diferentes industrias de vestuario en este sentido.

De acuerdo al inciso tercero de este mismo artículo 5°, el Presidente tiene amplias atribuciones para incorporar a la lista nuevos productos o aumentar los porcentajes de devolución de impuestos anteriormente establecidos.

En cambio, de acuerdo al inciso cuarto, su facultad para retirar productos de la lista o rebajar sus porcentajes de devolución está limitada en cuanto se asegura a esos productos una permanencia mínima en las condiciones en que fueron incorporados de tres años. Agrega este inciso que el retiro del producto o la rebaja de su porcentajes de devolución sólo podrá efectuarse dentro del mes de enero siguiente a la fecha de expiración del respectivo período de tres años.

El inciso final expresa que los productos que no son retirados oportunamente de la lista se entenderán incluidos en las mismas condiciones por otro período de tres años.

Por mayoría de votos se acordó suprimir el artículo 6° que permite al Presidente de la República aumentar respecto de determinadas industrias el plazo de tres años aludido. Consideran los Senadores Altamirano, Contreras Labarca y Bossay, que es inconveniente seguir discriminando en la concesión de franquicias, razón por la cual votaron el rechazo de este artículo.

El artículo 7° señala que el máximo a que puede ascender el porcentaje de devolución que puede aplicar el Presidente d la República sobre el valor F.O.B. será del 30%.

Los artículos 8° y 9° reglamentan la forma como operará la devolución de impuestos a través de certificados que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador y por lo tanto, susceptibles de endoso. Estos certificados se entregarán al acreditarse el embarque de las mercaderías o su retorno, a elección del exportador.

Estos certificados pueden ser aplicables al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias que se recauden por las Tesorerías fiscales o por intermedio del Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las instituciones de previsión y por el Servicio de Seguro Social.

El Honorable Senador señor Altamirano formuló indicación para limitar el uso de estos certificados al pago de cualquier impuesto o derecho fiscal, pues estima que hacerlos extensivos a solucionar obligaciones con las municipalidades o cajas de previsión es agravar el desfinanciamiento de estas instituciones. Esta indicación fue rechazada con los votos de los Senadores Bossay, Von Mühlenbrock y Palma, quienes consideran que las referidas instituciones están debidamente garantidas al decir el inciso segundo del artículo 9° que las Tesorerías fiscales deberán pagar a su presentación los certificados que las municipalidades e instituciones de previsión le presenten.

El artículo 10 establece la posibilidad de eximir de pleno derecho de todos los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que incidan en los costos y precios a las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente la producción de artículos de exportación o cuyo destino final es la exportación. Esta exención tendrá la amplitud, forma y condiciones que determine el reglamento. Los productos referidos podrán venderse en el mercado interno, a menos que el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción declare por decreto que la venta de sus artículos es indispensable para atender necesidades de consumo interno. Si en virtud de esta autorización se vendieren productos en Chile, las empresas acogidas a este artículo deberán pagar todos los impuestos que les habría correspondido tributar en el caso de no estar acogidas a estos beneficios.

Esta disposición no ampara a las industrias acogidas al DFL. N° 257, de 1960, sino que es repetición del artículo 14 del DFL. N° 256, de 1960. Esta disposición fue aprobada con el voto en contra de los HH. Senadores del FRAP.

El artículo 11 permite otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas.

El artículo 12 reglamenta el caso de las mercaderías enviadas a mercados exteriores y que se devuelvan al país. Estas mercaderías no podrán ser internadas sino previa devolución de los certificados que se hayan emitido al producirse su exportación.

Los artículos 13 y 14 tienen por objeto facilitar el proceso y procedimientos de exportación. El primero permite al Presidente de la República establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, pudiendo someterse estas materias primas o artículos a media elaboración que permanezcan en estos almacenes particulares a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos particulares. El segundo de los artículos citados permite al Presidente de la República establecer normas destinadas a simplificar la tramitación de las operaciones de exportación. Esta facultad la tiene actualmente el Comité Ejecutivo del Banco Central en forma limitada y se requiere de esta autorización legal para ampliarla.

En seguida, en el artículo 15 se establece que el Presidente de la República podrá dictar normas sobre seguro a las exportaciones, con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes de la exportación, incluso de ventas a créditos de mercaderías y servicios, riesgos políticos y otros.

La Comisión aprobó, en principio, este artículo, haciendo salvedad los señores Altamirano, Bossay y Contreras Labarca de la necesidad de modificar su redacción, para lo cual dejaron para el segundo informe una indicación del señor Ministro de Hacienda que detalla las facultades que se otorgan a este respecto.

El artículo 16 permite al Banco Central acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como asimismo, para ventas internas de bienes de capital de producción nacional.

La Comisión aprobó este artículo al tomar conocimiento que uno de los mayores obstáculos existentes es el de que el Banco Central no puede otorgar créditos con estos propósitos a plazos superiores a 12 meses, en circunstancias que la amortización normal de este tipo de operaciones fluctúa de 8 a 10 años.

El inciso primero del artículo 17 suprime bonificaciones que se habían establecido en distintos textos legales a las exportaciones que se efectuaban a través de los departamentos de Arica, Iquique y Pisagua. El artículo 9° de la ley 12.937 destinaba el producto del impuesto de las compraventas que se recaudare en los departamentos de Iquique y Pisagua a bonificar en un 12% a prorrata del valor F.O.B. del producto exportado y a otorgar una bonificación del 30% sobre el costo de la materia prima y partes de origen nacional incorporados al producto exportado. El artículo 12 de la ley 13.039 otorgó iguales bonificaciones a las exportaciones que se efectuaren por el departamento de Arica, financiándolas con la imposición de un impuesto de 15% sobre el valor C.I.F. de algunas mercaderías que se importaren por el mismo puerto. El artículo 40 de la ley 13.039 modificó el artículo 9° de la ley 12.937 mencionado. Por último, la letra b) del artículo 4° de la ley 14.824 otorga recursos y modifica el régimen de bonificaciones a las exportaciones por el departamento de Arica.

La aplicación de estas disposiciones legales ha representado un fuerte desembolso para el Fisco, pues el financiamiento de estas bonificaciones es escaso. Al mismo tiempo, los exportadores obtienen el pago de estas bonificaciones tardíamente, razón por la cual han aceptado renunciar al sistema vigente e incorporarse a las normas generales de este proyecto.

El inciso segundo de este artículo dispone que las bonificaciones establecidas en los preceptos legales citados regirán hasta la fecha de publicación de esta ley. A indicación del señor Ministro de Hacienda se agregó una frase final que dispone que el déficit que eventualmente resulte entre las bonificaciones devengadas y las efectivamente pagadas se cubrirá con cargo al Presupuesto de la Nación.

En el artículo 18 se derogan tanto el DFL. Ñ° 256, de 1960, como otras disposiciones anteriores sobre fomento a las exportaciones.

En seguida, se determinan las sanciones en que incurrirán los infractores de esta ley.

En cuanto al artículo 20 el Mensaje expresa:

"En este proyecto se propone, también, modificar el artículo 99 de la ley N° 16.250 modificado por el artículo 58 transitorio de la ley N° 16.282 que estableció el pago de un impuesto de un 7,5% sobre "utilidad devengada" que les corresponda a los accionistas extranjeros por su participación en el capital de la sociedad respectiva.

En primer término se aclara el concepto de "utilidad devengada" que pueden prestarse a interpretaciones que harían inaplicable la disposición o provocarían discusiones ante los Tribunales de Justicia.

Asimismo, se propone eximir de este impuesto a las personas extranjeras que declaren bajo juramento que las acciones le pertenecen en dominio o que, en caso contrario, indiquen por objeto no sancionar a los verdaderos inversionistas extranjeros y poder tener elementos para perseguir el fraude tributario que puede existir sobre la materia.

Esta reglamentación del impuesto se fundamenta, además, en que dicho tributo, al afectar especialmente a las personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas o residentes en el exterior, por acciones que posean en sociedades anónimas constituidas en Chile, ha tenido una desfavorable repercusión en las inversiones de capitales extranjeros en el país.

Este efecto desfavorable que se traduciría en una falta de interés por invertir en el país, precisamente en los momentos en que el Supremo Gobierno se encuentra empeñado en la tarea de atraer capitales extranjeros a Chile, significará un serio retraso en el desarrollo económico del país, que es indispensable fomentar al máximo.

Asimismo, se propone modificar el N° 2 del artículo 60 de la actual Ley sobre Impuesto a la Renta, disposición que permite gravar con el impuesto adicional a las devoluciones de capitales extranjeros acogidos a las disposiciones del Estatuto del Inversionista Extranjero, cuando dichas devoluciones se efectúan durante la vida de la sociedad anónima chilena en la cual se hayan invertido capitales.

En relación a esta disposición, el Ejecutivo ha estimado conveniente eximir del impuesto adicional a las devoluciones de dichos capitales que se efectúen durante la vida de la sociedad anónima, de acuerdo con los plazos del decreto bajo cuyo amparo se efectuó la inversión. Esta exención se refiere únicamente al capital originalmente aportado desde el extranjero y sólo debe aplicarse, en consecuencia, hasta concurrencia de su monto, pues se ha estimado que no debe concederse esta exención para el retiro del país de las utilidades capitalizadas que provienen de la explotación en Chile de los capitales internados".

El artículo anterior, de acuerdo al artículo 21 del proyecto, regirá desde la vigencia del artículo 58 transitorio de la ley 16.282.

La Dirección de Impuestos Internos ha interpretado el artículo 60 de la Ley de la Renta que establece el impuesto adicional, en el sentido de gravar con este tributo todos los repartos de dineros que se distribuyan a personas que carezcan de domicilio o residencia en el país. Esta interpretación enteramente ajustada a la letra del N° 2 del artículo 60 de la ley 15.564, ha provocado retraimiento de inversiones en el país, porque no sólo se afecta a las utilidades remesadas al exterior, sino también, a las devoluciones de capital.

A obviar este inconveniente tiende el artículo 22, el que establece, además, una limitación en su inciso segundo al disponer que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte de capital efectivamente internado a Chile, y otra de utilidades o rentas capitalizadas. Con esto se evita el que quede a elección del inversionista imputar a capital o utilidades los retiros que efectué.

El artículo 23 permitirá a la Comisión Coordinadora de la Zona Norte ejecutar investigaciones tecnológicas, con los fondos de que dispone, con institutos especializados, como por ejemplo, con el Instituto de Investigaciones Geológicas.

A continuación, se reglamenta el establecimiento de un Departamento del Hierro dependiente del Banco Central de Chile. Actualmente las importaciones de este mineral se efectúan libremente, ya sea a través de puertos libres o mediante las franquicias que establece el artículo 11 de la ley 11.828, modificada últimamente por la ley N° 16.425.

Esta última disposición autoriza la liberación amplia de las maquinarias o elementos que se destinen en forma permanente al desarrollo y funcionamiento de minas, plantas de beneficio, fundiciones, refinerías u obras complementarias y accesorias que importen al país las empresas de la pequeña y mediana minería nacional.

Ante una observación de los HH. Senadores señores Altamirano y Bossay en orden a que este artículo, si bien libera de derechos de importación a esas mercaderías, no autoriza a importar aquellas cuya internación se encuentre prohibida, el señor Gastón Illanes, abogado del Banco Central, expresó que la Contraloría General de la República había dictaminado en sentido contrario y en virtud de esa interpretación las empresas mineras tienen absoluta liberalidad de importación.

Por esta misma razón es necesario reglamentar las importaciones que efectúan las empresas productoras de hierro.

El señor Altamirano formuló indicación para suprimir la segunda frase de la letra a) del artículo 24 a fin de ampliar las facultades de que dispondrá el Comité Ejecutivo del Banco Central para autorizar o rechazar las importaciones que soliciten esas empresas productoras.

El artículo 24 fue aprobado con la indicación señalada.

El articuló siguiente lo estimó esta Comisión innecesario, pues al no haberse mencionado a las industrias explotadoras de minerales de hierro que retornan al país el total de sus exportaciones en el artículo 2° de este proyecto, que es el que menciona las personas que no están favorecidas con las disposiciones de esta ley, están de hecho incluidas y es innecesario repetir este concepto y nada aconseja extender sólo para ellos los efectos del DFL. N° 256 hasta que se dicte su reglamento.

Por estas razones la Comisión lo suprimió.

A fin de disminuir los costos aduaneros y el derivado del empleo de divisas, se reglamenta en el artículo 26 la autorización para habilitar recintos particulares de aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola.

El artículo 27 del proyecto de la Comisión de Economía modifica el decreto supremo 1272, con orden a autorizar el aporte de capital para industrias similares a las existentes en el país.

La Comisión conoció una indicación del Honorable Senador señor Ibáñez para rechazar este artículo.

Los HH. Senadores señores Altamirano y Bossay apoyaron esta indicación por cuanto consideran que el artículo rompe el equilibrio existente y perjudica a la industria nacional instalada.

Una indicación del señor Ministro de Hacienda para precisar la redacción de este artículo quedó para ser considerada en el segundo informe en espera de antecedentes que se han solicitado a la Corporación de Fomento de la Producción.

En consecuencia, fue suprimido este artículo.

Igualmente, se rechazó el artículo 28 por haberse legislado sobre el particular.

A indicación del H. Senador señor Contreras Labarca, se agregó una disposición que tiene por objeto evitar que las facturas de internación de maquinarias y equipos sean falseadas en cuanto a los valores de adquisición que en ellas se consignan.

Para este efecto, el Banco Central sólo podrá proceder a efectuar la cobertura de cambios correspondiente si los interesados le acompañan copia autorizada de las facturas originales de las fábricas productoras de las respectivas mercaderías, no aceptándose las emitidas por firmas distribuidoras o centrales de compra en el exterior.

Con el voto en contra de los HH. Senadores señores Palma y Von Mühlenbrock se aprobó una indicación del H. Senador señor Altamirano que obliga a todas las firmas productoras y exportadoras de hierro a retornar al país íntegramente el valor de su exportación, en conformidad a las normas generales que rigen sobre la materia.

Actualmente, sólo la Bethlehem Chile Iron Mines Co. está exenta de esta obligación, a juicio del autor de la indicación, nada justifica que continúe amparada por este régimen de excepción.

El artículo 1° transitorio reglamenta la vigencia de esta ley y la oportunidad en que el Presidente de la República deberá fijar la primera lista de coeficientes de devolución de impuestos.

Una indicación del Ejecutivo al inciso final de este artículo quedó para el segundo informe. Ella tiene por objeto dar efecto retroactivo a esta ley al 1° de enero de 1966 a todos los productos que se hubieren exportado con posterioridad a esa fecha y que figuren en la lista referida. Esta medida se basa en la demora que ha sufrido la tramitación de este proyecto, especialmente en la H. Cámara de Diputados donde, permaneció de octubre de 1965, fecha de envío del Mensaje respectivo, a marzo de 1966, en que se dio cuenta en esta Corporación. Los exportadores continuaron sus ventas al exterior en la seguridad de obtener estos beneficios desde la iniciación de este año.

El artículo 2° transitorio mantiene en vigencia, hasta que entre a regir el reglamento de esta ley, las exenciones de pleno derecho que operan de acuerdo al artículo 13 del DFL. N° 256, que se refieren principalmente a impuestos de timbres y estampillas, compraventa, cifras de negocios, etc., que incidan en los actos o contratos en que conste la venta de especies al exterior.

En mérito a las consideraciones anteriores tenemos a honra proponeros la aprobación del proyecto contenido en el informe de la Comisión de Economía y Comercio, con las siguientes modificaciones:

Articulo 1°

En su inciso primero intercalar entre las palabras "esta" y "exención" la siguiente: "misma".

Artículo 2°

Suprimir la letra a).

La letra b) pasa a ser a), sin modificaciones.

Reemplazar la letra c) por la siguiente:

"b) A las empresas productoras de cobre de la gran minería, entendiéndose por tales aquellas que produzcan dentro del país cobre blister, refinado a fuego o electrolítico, en cualquiera de sus formas, en cantidades no inferiores a 75.000 toneladas métricas anuales mediante la explotación y beneficio de minerales de producción propia o de sus filiales o asociadas;"

La letra d) pasa a ser c), sin otra modificación.

En la letra e), que pasa a ser d), suprimir la conjunción "y" con que termina, agregándole la siguiente frase final: "sin perjuicio de la aplicación del artículo 24, y".

La letra f) pasa a ser e).

Suprimir las palabras "manufacturas o".

Artículo 5°

En el inciso primero agregar, suprimiendo el punto final, lo siguiente:

"y el informe que elabore una comisión técnica que estará integrada por un representante del Banco Central de Chile, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de la Corporación de Fomento de la Producción y de la Dirección de Impuestos Internos, respectivamente, la que para evacuar su informe deberá oír a los interesados. Un mismo producto no podrá tener distintos porcentajes de devolución.

En el inciso segundo, substituir las palabras "al valor agregado" por estas otras: "a la componente".

Artículo 6°

Suprimirlo.

Artículo 7°

Pasa a ser artículo 6°.

Suprimir las palabras "o C.I.F.".

Artículo 8°

Pasa a ser artículo 7.

En el inciso primero, intercalar entre las palabras "certificados" y "que emitirá", las siguientes: "de valores divisibles"

En el inciso tercero suprimir las palabras "o C.I.F.". Consultar como inciso cuarto, el siguiente, nuevo: "La conversión indicada en el inciso anterior se efectuará al tipo de cambio que allí se indica, vigente a la fecha del embarque o de la liquidación del retorno de la exportación."

En seguida, consultar como artículo el siguiente, nuevo:

"Artículo 8°- El Presidente de la República podrá agregar a los porcentajes de devolución indicados en el artículo 5°, un porcentaje adicional, igual para cada producto, por concepto de derechos e impuestos que se generen por la importación de equipos y maquinarias necesarios para la manufactura del producto exportado

El porcentaje aludido en el inciso anterior tendrá una aplicación máxima de diez años contados desde la fecha del decreto que lo incluya

El porcentaje de devolución total que resulte para un determinado producto como consecuencia de la aplicación de este artículo, podrá exceder del límite fijado en el artículo 6° de esta ley.

Artículo 11

Substituir la referencia al artículo "7°" por otra al artículo "69", en el inciso primero.

Artículo 17

En el inciso segundo agregar, en punto seguido, lo siguiente:

"En consecuencia, el déficit que eventualmente resulte entre las bonificaciones devengadas y las efectivamente pagadas, se cubrirá con cargo al Presupuesto de la Nación.

Artículo 21

Reemplazar "artículo 22" por "artículo anterior".

Artículo 22

En el inciso primero, intercalar entre las palabras "a los artículos" y los números "14 y 16", lo siguiente: "11 de la ley N° 9.839, 13 del decreto N° 6973, de 1956, del Ministerio de Hacienda, y".

Artículo 24

En la letra a), suprimir su segunda frase que comienza "Sólo se autorizarán..." y termina con la palabra "por el Banco.

Artículo 25

Suprimirlo.

Artículo 26

Pasa a ser artículo 25, sin otra modificación.

Artículo 27

Suprimirlo.

Artículo 28

Pasa a ser artículo 26, sin modificaciones

A continuación, como artículos 27 y 28 consultar los siguientes nuevos

"Artículo 27.- En las importaciones que realicen las industrias, empresas o particulares sólo se podrá proceder a la cobertura de los cambios una vez que dichas empresas acompañen copia autorizada de las facturas originales de las fábricas productoras de las respectivas mercaderías y no se aceptarán facturas emitidas por las firmas distribuidoras o centrales de compra en el exterior

El Comité de Inversiones Extranjeras sólo autorizará aportes de capitales extranjeros que se realicen total o parcialmente en mercaderías, cuando se le acredite fehacientemente el valor de ellas mediante facturas emitidas directamente por los fabricantes productores de dichas mercaderías no siendo aceptables facturas de distribuidores o centrales de compra.

"Artículo 28.- Todas las firmas productoras y exportadoras de hierro deberán retornar al país íntegramente el valor de sus exportaciones en conformidad a las normas generales que rigen en la materia.

Artículos transitorio

Artículo l°

En el inciso primero, intercalar entre las palabras "fijar la" y "lista", la siguiente: "primera".

En el inciso segundo, suprimir la coma (,) que figura después de las palabras "lista de productos".

En el inciso cuarto, agregar después de la palabra "perecible" y antes de la coma, las siguientes palabras: "que se incluyeren en la primera lista".

Artículo 2°

Substituir la cita al artículo "20" por otra al artículo "18".

Con las modificaciones señaladas, el proyecto aprobado queda como sigue:

Proyecto de ley

"Estímulos, a las exportaciones.

"Artículo 1°.- Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igualmente, esta misma exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque como, asimismo, a los fletes de las materias primas a los centros de producción.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también a las materias primas y partes que se empleen en la fabricación de productos de exportación, sean éstos nacionales o nacionalizados, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Artículo 2°.- Las normas de esta ley no se aplicarán:

a) A las especies que entren al país, bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de Almacenes Particulares y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido proceso de transformación en el país;

b) A las empresas productoras de cobre de la gran minería, entendiéndose por tales aquellas que produzcan dentro del país cobre blister, refinado a fuego o electrolítico, en cualquiera, de sus formas, en cantidades no inferiores a 75.000 toneladas métricas anuales mediante la explotación y beneficio de minerales de producción propia o de sus filiales o asociadas;

c) A la industria salitrera, que se rige por la ley N9 12.033, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956, mientras sus operaciones y actividades se rijan por esta ley;

d) A las industrias explotadoras de minerales de hierro, que no retornan al país el total de sus exportaciones, sin perjuicio de la aplicación del artículo 24, y

e) A las exportaciones de semimanufacturas de cobre, salvo informe favorable de la Corporación del Cobre.

Artículo 3°.- Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

El Reglamento determinara los actos, contratos, trámites o actuaciones comprendidos en el presente artículo, como asimismo los gravámenes de los cuales quedan exentos.

Artículo 4°.- Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3°, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5°.- El Presidente de la República determinará por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo anterior y fijará libremente sus respectivos porcentajes, para lo cual podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de esos productos y el informe que elabore una comisión técnica que estará integrada por un representante del Banco Central de Chile, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de la Corporación de Fomento de la Producción y de la Dirección de Impuestos Internos, respectivamente, la que para evacuar su informe deberá oír a los interesados. Un mismo producto no podrá tener distintos porcentajes de devolución.

En el caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras o artículos a media elaboración que ingresaren al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporados en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará a la componente nacional.

El Presidente de la República podrá, en el momento que lo juzgue conveniente, incluir nuevos productos en la lista así formada, fijándoles los porcentajes de devolución correspondientes. Asimismo, en cualquier época, podrá aumentar los porcentajes ya establecidos.

El Presidente de la República sólo podrá retirar productos de la lista referida o rebajar sus porcentajes de devolución, una vez transcurridos tres años desde la fecha de su inclusión en aquélla. En todo caso, el retiro del producto o la rebaja de su porcentaje de devolución, sólo podrán efectuarse dentro del mes de enero siguiente a la fecha de expiración del respectivo período de tres años. Estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de la dictación del decreto correspondiente.

Los productos que estando incluidos en la lista, no sean retirados en la forma y oportunidad a que se refiere el inciso anterior, hubieren o no sido alterados sus porcentajes de devolución, se entenderán incluidos por un nuevo período de tres años, contado desde la expiración del trienio anterior, y así, sucesivamente.

Artículo 6°.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, los aplicará el Presidente de la República sobre el valor F.O.B. y en ningún caso podrán exceder del 30% de dichos valores.

Artículo 7°.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores, se hará efectiva mediante la entrega de certificados de valores divisibles, que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería, o al acreditarse el retorno, a elección del exportador.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías en consignación o sujetas a condición o cuyo pago esté sujeto a liquidación final, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación.

Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el valor F.O.B. de la mercadería, según corresponda, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

La conversión indicada en el inciso anterior se efectuará al tipo de cambio que allí se indica, vigente a la fecha del embarque o de la liquidación del retorno de la exportación.

Artículo 8°.- El Presidente de la República podrá agregar a los porcentajes de devolución indicados en el artículo 5°, un porcentaje adicional, igual para cada producto, por concepto de derechos e impuestos que se generen por la importación de equipos y maquinarias necesarios para la manufactura del producto exportado.

El porcentaje aludido en el inciso anterior, tendrá una aplicación máxima de diez años contados desde la fecha del decreto que lo incluya.

El porcentaje de devolución total que resulte para un determinado producto como consecuencia de la aplicación de este artículo, podrá exceder del límite fijado en el artículo 6° de esta ley.

Artículo 9°.- Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables- por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por intermedio del Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Las Municipalidades, Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social, presentarán en cobro los certificados que reciban, por los conceptos señalados, directamente a las Tesorerías Fiscales, las que deberán pagarlos a su presentación.

Artículo 10.- Las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán estar exentas de pleno derecho de los tributos a que se refiere la presente ley que determine el Reglamento y en la forma y condiciones que en él se establezcan.

Los artículos producidos al amparo de la presente disposición no gozarán de los demás beneficios de esta ley en cuanto a la devolución de tributos y no podrán venderse en el mercado interno, a menos que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción declare por decreto que la venta de estos artículos en el país es indispensable para atender necesidades de consumo interno.

Las industrias o empresas que en virtud de la autorización a que se refiere el inciso anterior vendan productos en el mercado interno, deberán pagar todos los impuestos que les habría correspondido tributar en el caso de no estar acogidos a estos beneficios. El pago deberá hacerse en la forma y condiciones que determine el Reglamento.

Artículo 11.- El Presidente de la República, al fijar la lista a que se refiere el artículo 5° podrá otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas u otras organizaciones de productores que no persigan fines de lucro. En ningún caso el porcentaje de devolución asignado al producto de que se trate, más el porcentaje adicional a que se refiere este artículo podrá exceder al 30% señalado en el artículo 6°.

Los certificados de devolución que se emitan por el Banco Central, serán extendidos a nombre de la respectiva cooperativa o entidad exportadora, la que deberá transferirlos a sus cooperados o asociados.

Las cooperativas u organizaciones a que se refiere este artículo, para poder gozar de los porcentajes adicionales indicados en el inciso primero, deberán estar inscritas en un registro especial que llevará el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en la forma y bajo las condiciones que determine el Reglamento.

Artículo 12.- Las mercaderías enviadas a mercados exteriores y que se devuelvan al país no podrán ser internadas sino previa devolución de el o los certificados a que se refiere el artículo 8° de esta ley y o en su defecto, entero de su equivalencia en arcas fiscales, o el pago de los impuestos que corresponda si se trata de artículos producidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.

Si la devolución al país de la mercadería exportada no está plenamente justificada a juicio de los organismos competentes, el pago de los impuestos y derechos correspondientes y el reintegro de las sumas percibidas como devolución de derechos, se efectuará con los recargos y los intereses que señale el Reglamento.

En los casos en que la merendaría fuese devuelta por deficiencias de calidad con respecto a los standards aceptados en las que se compruebe se incurrió por dolo o culpa del exportador, el reglamento establecerá multas u otras sanciones que deberán ser aplicadas administrativamente, de acuerdo al procedimiento que éste establezca.

Artículo 13.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio exterior y principalmente de las exportaciones, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, combustibles, partes y piezas que se utilizan en la elaboración de un producto.

Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a las materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales.

Artículo 14.- El Presidente de la República podrá, en cualquier momento, establecer normas destinadas a simplificar la tramitación de las operaciones de exportación.

Esta facultad no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas aplicables al comercio de exportación.

Igualmente, el Presidente de la República podrá establecer exigencias de calidad que deberán satisfacer todos o algunos de los productos

de exportación y fijar la forma en que deberá acreditarse su cumplimiento.

Las normas cuya dictación se autoriza en los incisos anteriores, deberán adoptarse mediante decretos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pudiendo ser modificadas cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 15.- El Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro a las exportaciones con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, incluso de ventas a crédito de mercaderías y servicios, riesgos políticos y otros.

Artículo 16.- El Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como asimismo, para ventas internas de bienes de capital de producción nacional, en las condiciones, montos, plazos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las limitaciones contenidas en los D.F.L. N°s. 247 y 252, de 1960.

Los créditos para exportación d para bienes de capital que se vendan dentro del país podrán ser reajustables.

Artículo 17.- Déjanse sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9° de la ley N° 12.937; 12 y 40 de la ley N° 13.039; y letra b) del artículo 4° de la ley N° 14.824. En lo sucesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.

No obstante, el rendimiento que hasta la publicación de esta ley produzca la aplicación de las disposiciones citadas en el inciso anterior, se destinará a cancelar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. El excedente de dichos fondos y el rendimiento que se produzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación. En consecuencia, el déficit que eventual- mente resulte entre las bonificaciones devengadas y las efectivamente pagadas, se cubrirá con cargo al Presupuesto de la Nación.

Artículo 18.- Deróganse el D.F.L. N° 256, de 1960; artículos 93, 94 y 95 de la ley N° 12.861 y artículo 10 de la ley N° 14.824.

Artículo 19.- Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias, civiles y criminales que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.

Disposiciones varias.

Artículo 20.- Introducese al artículo 99 de la ley N° 16.250, modificado por el artículo 58 transitorio de la ley N° 16.282, las siguientes modificaciones:

1- Elimínanse en el inciso cuarto los términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero".

2- Agrégase en el inciso cuarto, en punto seguido, la siguiente frase: "Se considerará que la utilidad devengada que corresponde a los accionistas es equivalente al monto de la utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la respectiva sociedad anónima y que deba someterse a aprobación de la Junta de Accionistas, con deducción de la parte que legalmente no puede ser de disposición voluntaria de dicha Junta y de aquella que ya se hubiere distribuido como dividendo provisorio.".

3- Agrégase el siguiente inciso final:

“Estarán exentas del 7,5% las personas que declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o que dichos valores figuran a su nombre en razón de un encargo de administración, comisión de confianza u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquier título semejante, otorgado por el verdadero dueño cuya individualización y domicilio deberá señalarse en dicha declaración para que opere la exención. Si el verdadero dueño resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las sociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones, cuando a su juicio exclusivo, debido al número de socios o a otra causa, sea muy difícil su cumplimiento."

Artículo 21.- Lo dispuesto en el artículo anterior regirá desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley N° 16.282.

Artículo 22.- Agrégase al inciso primero del N° 2 del artículo 60 de la Ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase, en punto seguido: "También estarán exceptuadas del gravamen establecido en este número las devoluciones de capitales internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del D.F.L. N° 437,De 1954 o del D.F.L. 258, de 1960, o amparados por certificados o convenios suscritos con el Banco Central de Chile en conformidad a los artículos 11 de la ley N° 9.839, 13 del decreto N° 6.973, de 1956, del Ministerio de Hacienda, y 14 y 16 del Decreto N° 1.272, de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el monto del capital efectivamente internado a Chile".

Para estos efectos, se considerará que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al momento de la devolución.

Artículo 23.- Facúltase a la Comisión Coordinadora para la Zona Norte para celebrar contratos o convenciones con el objeto de ejecutar investigaciones tecnológicas aplicadas, relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El financiamiento de las referidas convenciones o contratos se hará con cargo a los recursos de dicho Organismo.

Artículo 24.- Corresponderá al Banco Central de Chile estudiar y fiscalizar las condiciones de la producción de minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, incluso aglomerados o concentrados, en lo que se refiere a sus niveles o volúmenes de producción y posibilidad de expansión, como asimismo, fiscalizar las condiciones de su comercialización, fletes, precios, ventas, costos y utilidades.

Para los efectos del inciso anterior, el Comité Ejecutivo del Banco podrá:

a) Autorizar o rechazar las exportaciones de minerales de hierro en cualquiera de sus formas y las importaciones necesarias para el funcionamiento de las empresas productoras. Para comparar el precio de las mercaderías importadas y nacionales se agregará al valor CIF las primeras, el impuesto ad valorem y los derechos de aduana, almacenaje, estadística y consulares y, en general, todos los impuestos que se perciben por intermedio de las aduanas;

b) Comprobar y aprobar o denegar los contratos, precios, fletes, seguros y demás modalidades de las ventas y embarques de los productos referidos en el inciso primero, con el fin de verificar que ellos se realicen a los precios del mercado c) respectivo y en las mejores condiciones posibles; y

Requerir de las empresas productoras los antecedentes e informaciones que estime necesario.

Artículo 25.- Con informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, el Superintendente de Aduanas habilitará recintos particulares de aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola. En todo caso, será necesario que el embarque de las mercaderías referidas sea autorizado previamente por el Banco Central de Chile.

Para la internación al país de las mercaderías a que alude el inciso anterior, se aplicarán todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para las importaciones; sin embargo, no se les aplicará la facultad establecida en el artículo 2° de la ley N° 16.101, ni estas -importaciones se considerarán para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 49 del mismo cuerpo legal.

Artículo 26.- Agrégase al artículo 3° del D.F.L. N° 307, de 1960, el siguiente inciso nuevo:

"En todo caso, facúltase al Servicio de Impuestos Internos para hacer operar de pleno derecho, las exenciones contenidas en el presente decreto con fuerza de ley, siempre que a su juicio exclusivo, esté suficientemente garantido el interés del Fisco."

Artículo 27.- En las importaciones que realicen las industrias, empresas o particulares sólo se podrá proceder a la cobertura de los cambios una vez que dichas empresas acompañen copia autorizada de las facturas originales de las fábricas productoras de las respectivas mercaderías y no se aceptarán facturas emitidas por las firmas distribuidoras o centrales de compra en el exterior.

El Comité de Inversiones Extranjeras sólo autorizará aportes de capitales extranjeros que se realicen total o parcialmente en mercaderías, cuando se le acredite fehacientemente el valor de ellas mediante facturas emitidas directamente por los fabricantes productores de dichas mercaderías no siendo aceptables facturas de distribuidores o centrales de compra.

Artículo 28.- Todas las firmas productoras y exportadoras de hierro deberán retornar al país íntegramente el valor de sus exportaciones en conformidad a las normas generales que rigen en la materia.

Artículos transitorios

Artículo 1°.- Dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá fijar la primera lista de productos indicada en el artículo 5°.

Al fijar la lista indicada en el inciso anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha se encontraren comprendidos en la lista de productos establecida en conformidad al artículo 20 del D.F.L. N° 256, de 1960, señalándoles como mínimo, un porcentaje de devolución igual al que tenía asignado a la fecha de publicación de esta ley; el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por los incisos cuarto y quinto del artículo 5°.

Las exportaciones cuyos embarques se realicen con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas las normas que sobre devolución de impuestos establece el D.F.L. N° 256, del año 1960.

Sin embargo, los productos agropecuarios de naturaleza perecible que se incluyeren en la primera lista, cuyo embarque se hubiere efectuado después del l9 de enero de 1966, quedarán afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo 49 de esta ley, de acuerdo con los porcentajes que fije el Presidente de la República en conformidad a las normas estatuidas en el artículo 5°.

Artículo 2°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 18, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 3°, continuará en vigencia el artículo 13 del D.F.L. N° 256, de 1960."

Sala de la Comisión, a 12 de abril de 1966.

Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Altamirano (Presidente), Bossay, Contreras Labarca, Palma y Von Mühlenbrock.

(Fdo.) : Pedro Correa Opaso, Secretario.

NORMAS SOBRE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En primer lugar del Orden del día, figuran los informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda recaídos en el proyecto de la Cámara de Diputados que establece normas para estimular las exportaciones.

Tanto el de la Comisión de Economía, suscrito por los Honorables señores Ibáñez (presidente). Gómez y Gormaz, como el de la de Hacienda, firmado por los Honorables señores Altamirano (presidente), Bossay, Contreras Labarca, Palma y Von Mühlenbrock, recomiendan aprobar el proyecto con modificaciones.

- El proyecto aparece en los Anexos de la sesión 72ª, en 8 de marzo de 1966, documento Nº 2, página 4082, y los informes, en los de las sesiones 90ª, en 5 de abril de 1966, documento N° 2, página 5745, y 94, en 13 de abril de 1966, documento 1, página 6057.

El señor REYES ( Presidente).-

En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra.

El señor IBAÑEZ.-

Esta iniciativa de ley, que tiene un carácter eminentemente técnico, fue informada por la Comisión de Economía dentro de un plazo más o menos perentorio, porque se trataba, o se intentó hacerlo, por lo menos, de discutirla en general antes que otros proyectos de mucha importancia pendientes en el Senado en este instante, o simultáneamente con ellos. Pero el que la Comisión hubiera tenido plazo breve para realizar su estudio, no le impidió introducir algunas modificaciones de todo punto de vista convenientes y que contaron, casi en su totalidad, con la aprobación unánime de sus miembros. Posteriormente, el hecho de no debatirse este proyecto en la Sala en la fecha prevista, permitió a la Comisión de Hacienda ocuparse en su examen. Con motivo del. debate habido en ella, fue posible completar, diría yo, la revisión y las enmiendas que el proyecto necesitaba. Si tomamos ambos informes en conjunto, llegaremos a la conclusión de que existe unanimidad acerca de la importancia de esta iniciativa y de la conveniencia de despachar cuanto antes una ley que contenga un estímulo efectivo para el desarrollo de las exportaciones industriales y agrícolas del país.La minuciosidad de los informes y la casi unanimidad habida para aceptar las indicaciones hechas a esta iniciativa, hacen innecesaria una mayor explicación en la Sala esta tarde, salvo en algunos aspectos importantes que deseo poner de relieve.

En primer lugar, hubo consenso, al cual concurrió el señor Ministro de Hacienda, para estimar que esta iniciativa debe constituir un estimulo real a las exportaciones y que en forma alguna puede ser una compensación a una paridad cambiaría insuficiente.

Debo hacer presente que en muchos círculos industriales y agrícolas existe el temor de que esta ley sólo permita paliar la situación adversa al comercio de exportación derivada de esa paridad cambiaría, la cual tiene una modificación inferior a la del costo de la vida y de los costos industriales. El señor Ministro de Hacienda fue categórico al declarar que no era ése el propósito del Gobierno; y que la intención del Ejecutivo al enviar este proyecto al Congreso fue establecer un régimen para devolver efectivamente los diversos cargos que han gravado la producción chilena, por concepto de impuestos, leyes sociales y otras formas de tributación, que hacen que la producción de nuestro país difícilmente compita con la de otros pueblos.

Además, se expresó en esa oportunidad que el régimen de fomento de las exportaciones semejante al que esta ley patrocina existe ya en la mayoría de los países y que, por lo tanto, Chile sé encuentra en posición desfavorable para competir en los mercados internacionales, por no existir en nuestros sistemas económicos y de comercio internacional el estímulo que propone este proyecto. Reitero que éste existe en muchas otras naciones, lo que en los actuales momentos coloca en posición muy desventajosa a los exportadores chilenos.

En la Comisión de Economía quedó también en claro que esta iniciativa no debería establecer discriminaciones entre las distintas zonas del país, pues ello podría prestarse a situaciones absolutamente inconvenientes y, en definitiva, constituir una especie de compensación de distintos niveles de eficiencia, lo cual no se aviene con un régimen económico sano. Por lo tanto, prevaleció el criterio de no hacer discriminaciones de carácter zonal y que tampoco las hubiera en las industrias instaladas con relación a las que pudieran hacerlo en lo futuro.

Por las modificaciones introducidas ai proyecto, se pretendió fijar un régimen de equidad por el cual no se favoreciera indebidamente a nadie y, al mismo tiempo, permitiera a todas las actividades económicas orientarse hacia las exportaciones y contar con este instrumento para estimular su giro y permitirles competir en los mercados internacionales.

Me parece que, tratándose de la discusión general de este proyecto y dada la extensión y minuciosidad de los informes emitidos, no procede entrar en mayores detalles. Por esta razón, termino mis palabras solicitando a mis colegas de la Comisión de Hacienda y al Senado su conformidad para que el segundo informe pueda ser debatido y redactado en conjunto con las Comisiones de Economía y de Hacienda, a fin de ordenar debidamente el trabajo de ambas Comisiones y abreviar el trámite de este proyecto.

Es cuanto quería decir.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

He oído con agrado las observaciones del Honorable señor Ibáñez al señalar que el proyecto en debate está encaminado a estimular las actividades industriales y comerciales en el país. Me parece que ello es útil.

No obstante y a pesar de que el proyecto fue estudiado por dos Comisiones, deseo saber qué se entiende por exportación de energía eléctrica. Esta no se despacha envasada.

El señor PALMA.-

Forma parte de los costos.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Pero ello es objeto de tratados o convenios especiales de país a país. Incluso forma parte, me parece, de uno de los rubros de telecomunicaciones; y hay un organismo internacional que regla dicho proceso.

Hago esta observación porque, en materia de energía eléctrica, el país ha sido descuidado.

El señor PALMA.-

¿Su Señoría se refiere al artículo 1°?

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Sí, señor Senador.

El señor PALMA.-

Dicho artículo dice: "Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos,...". Es decir, de todos los impuestos que forman parte de los costos.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Exacto.

El señor PALMA.-

Incluso del que afecta a la energía eléctrica empleada en producir el producto que se exporta.

Ese es el alcance verdadero de dicho precepto. No se trata de una exportación de energía eléctrica, sino de la energía consumida en la elaboración del producto.

El señor IBAÑEZ.-

Exactamente, señor Senador.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

En ello, estoy de acuerdo. Pero, podría parecer que se trata de exportar dicha energía. Si existe posibilidad de hacerlo. ..

El señor IBAÑEZ.-

Se puede exportar la energía eléctrica. Suiza la exporta.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

...ello debe ser objeto de arreglos especiales.-

Acepto las observaciones del Honorable señor Palma.

El señor GOMEZ.-

Concuerdo con las afirmaciones del Honorable señor Ibáñez en cuanto a que sería más conveniente que el segundo informe fuera evacuado por las Comisiones de Hacienda y Economía, unidas, a fin de acelerar el despacho del proyecto. Pero, al mismo tiempo, deseo formular indicación para que las Comisiones puedan recibir indicaciones hasta momentos antes de su discusión final, porque dentro de la de Economía quedaron muchos aspectos sin analizar debidamente. El sistema que propongo obviará las dificultades y permitirá a los señores Senadores formular indicaciones hasta el último instante.

El señor REYES ( Presidente).-

El procedimiento señalado por Su Señoría, en cuanto a permitir que las Comisiones unidas acepten indicaciones hasta el final del debate, normalmente ha afectado el pronto despacho de los proyectos. Por lo tanto, podría aceptarse la idea de dar plazo máximo para formularlas, hasta el momento en que el proyecto sea considerado por las Comisiones unidas. Siempre se ha estimado que son susceptibles de modificarse esas indicaciones en las Comisiones; pero presentar indicaciones nuevas, alteraría el trámite de la iniciativa.

El señor GOMEZ.-

En el proyecto del cobre, utilizamos tal procedimiento.

A fin de tramitar rápidamente este proyecto aceptamos despacharlo, en la Comisión de Economía, sin que se debatieran muchos aspectos; pero planteamos que, al proceder así, lo hacíamos con la condición de formular la petición que ahora formulo, porque hay muchas indicaciones que surgen en el debate mismo de las Comisiones unidas. En el ánimo de salvar dificultades, hemos hecho el planteamiento referido, porque, de lo contrario, habría que pedir que el proyecto volviera a Comisión para estudiarlo debidamente, lo cual se evita con la aprobación de la indicación que acabo de formular; dar plazo para presentar indicaciones hasta el día mismo en que las Comisiones unidas traten el segundo informe. No quiero decir hasta el final, porque -repito- se trata de indicaciones que surgen en el debate que se suscita en esas Comisiones. Podría ser hasta después de dos días de discusión en las Comisiones. En ese momento iniciaríamos la discusión general de todo el proyecto, y luego presentaríamos las indicaciones necesarias. Como dije, existe precedente en el despacho del proyecto del cobre.

El señor REYES ( Presidente).-

Tal como afirma Su Señoría, existe ese precedente; pero, por informaciones que tiene la Mesa, no es la mejor manera de resolver las dificultades planteadas, pues se crea un difícil problema al personal de Secretarías de Comisiones.

El señor GOMEZ.-

No se trata de cosas de fondo. Son materias que no quedaron debidamente estudiadas y, por lo tanto, no ocurrirá lo que Su Señoría señala.

El sistema que propongo es mucho más cómodo y expedito y evitaría tener que pedir que el proyecto vuelva a Comisión. En la Comisión de Economía se planteó esta situación -puede corroborarlo su presidente-, y aceptamos el despacho del proyecto en el entendido de que lo hacíamos siempre que existiera la posibilidad de presentar indicaciones hasta el instante final.

Por estas consideraciones, ruego a la Sala aprobar el procedimiento que señalo, porque facilita las cosas.

El señor IBAÑEZ.-

Me permito proponer que procedamos con orden.

Seguramente, otros señores Senadores intervendrán en esta discusión general. Con posterioridad a ella, y si se aprueba la idea de que el proyecto vaya a las Comisiones unidas, podríamos discutir el procedimiento y fecha en que esas Comisiones deberán trabajar.

El señor REYES ( Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Altamirano.

El señor ALTAMIRANO.-

Hemos concordado en lo general con el proyecto presentado por Gobierno, destinado a estimular las exportaciones. Es demasiado sabido que en nuestro país uno de los obstáculos mayores para el desarrollo económico es, precisamente, el déficit de moneda extranjera existente cada año. Para romper básicamente "el cuello de botella" -como dicen los economistas- en que se encuentra nuestro país, es necesario fomentar las exportaciones y sustituir las importaciones.

Esta iniciativa crea un mecanismo especial de fomento a las exportaciones, que nosotros aceptamos en sus líneas generales.

En la Comisión de Hacienda el representante de la Sociedad de Fomento Fabril alegó fundamentalmente por la devaluación monetaria como mecanismo de fomento a las exportaciones. Sostuvo lo siguiente: "que era indispensable para poder hablar de un proyecto de fomento a las exportaciones discurrir sobre la base de una paridad cambiaría real. Arguyó que los exportadores han tenido fuertes mermas en sus ingresos como consecuencia de obligárseles a liquidar sus cambios a un precio que no refleja el verdadero valor de la moneda."

Nosotros coincidimos en que para estimular a las exportaciones no es necesario insistir en la inminente devaluación monetaria, que influye de manera tan determinante en el alza del costo de la vida.

Nuestra experiencia confirma lo expresado. En cambio, pensamos que la manera de fomentar determinadas exportaciones que necesitan del estículo más que otras, es, precisamente, el mecanismo ideado por el Gobierno, y que en cierto modo ya existe al bonificar las exportaciones en distintos porcentajes, según lo requiera el producto por exportar.

Hemos sostenido hasta la saciedad que dar un mismo tipo cambiario a las exportaciones del cobre de la gran minería y a las de la pequeña minería o de los productos agropecuarios, como son la fruta, madera o diferentes artículos industriales, no tiene ninguna fundamentación técnica y económica. La gran industria de exportación del cobre, del hierro y del salitre trabaja en condiciones totalmente diferentes de la de los pequeños productores agropecuarios o industriales. En consecuencia, dar el mismo trato cambiario a estos distintos tipos de producción carece, como ya lo expresé, de fundamentación técnica.

Por otra parte, compartimos las observaciones formuladas aquí muchas veces en el sentido de que crear diferentes tipos de cambio engendra diversos inconvenientes y da margen a posibilidades de corrupción y actos de deshonestidad administrativa, los cuales hemos sido los primeros en repudiar.

Por eso, consideramos que una forma de conceder distintos tipos de cambio para el retorno es bonificar, y que la bonificación quede consignada en el presupuesto de la nación.

El sistema ideado en este proyecto difiere del que existe hoy día.

En la actualidad se bonifica todo producto de exportación. De acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno, se bonificarán aquellos que determine el Presidente de la República mediante decreto supremo que llevará la firma del señor Ministro de Hacienda. Evidentemente, este mecanismo puede inducir a equívocos y errores; pero, a pesar de ello, lo consideramos preferible al actual, pues da, por cierto, elasticidad al Jefe del Estado para bonificar algunos productos que necesitan de tal estímulo y, en cambio, le permite no hacerlo respecto de otros que, por condiciones naturales o diferentes motivos, no lo requieren.

En seguida, la diferencia fundamental que introduce el actual proyecto con relación a las disposiciones vigentes se refiere al porcentaje de bonificación. En la actualidad, éste se determina automáticamente, de acuerdo con las contribuciones, impuestos y gravámenes que afecten a determinado producto. En cambio, con el mecanismo propuesto, será el Presidente de la República quien libremente podrá conceder determinado porcentaje, en conformidad con ciertos antecedentes que deberá considerar; pero de ninguna manera aquél se ajustará matemáticamente.

Nosotros también estimamos conveniente este sistema, pues no todos los productos requieren igual bonificación. Con este proyecto se permite al Presidente de la República bonificar hasta en 30% del valor FOB del producto, y para otorgar porcentajes variables, según lo aconseje el estudio de seis tipos de antecedentes.

¿Cuáles son estos antecedentes? Primero, los impuestos, contribuciones, gravámenes y derechos que afecten a determinado artículo; segundo, los mismos impuestos, contribuciones y gravámenes que afecten a la energía eléctrica que se emplea para producirlo; tercero, los impuestos, gravámenes y contribuciones que afecten el transporte hasta puerto de embarque del producto de que se trate; cuarto, flete de las materias primas a los centros de producción; quinto, los impuestos, contribuciones y gravámenes que afecten las materias primas con que se fabrica el producto por exportar; y sexto, las partes importadas incorporadas en él.

Todos estos antecedentes permitirán al Presidente de la República determinar el porcentaje en que se bonificará el producto. Este porcentaje -repito- no podrá ser superior al 30% del valor FOB. Naturalmente este mecanismo puede dar margen a abusos; pero nosotros preferimos pensar que no se cometerán tales abusos y, en cambio, permitir que la ley actúe con elasticidad.

En realidad, nuestras exportaciones, no obstante los estímulos que han existido, no han aumentado como debieran.

Solicito, señor Presidente, que recabe el asentimiento de la Sala para insertar un cuadro del Banco Central en que se deja constancia de los valores totales exportados en los rubros de minería, agropecuario e industrial y varios, en el período comprendido entre 1958 y 1965.

-Se accede a lo solicitado.

El señor ALTAMIRANO.-

En este cuadro se confirma una vez más el carácter eminentemente minero de nuestro país. En 1965, Chile exportó, en cifras redondas, 650 millones de dólares, de los cuales 530 millones corresponden a productos mineros. A esta última cifra sería necesario agregar 50 millones de dólares de exportaciones de artículos manufacturados de cobre, que en el fondo son productos mineros, pues su elaboración y manufactura es mínima. De este modo, de 650 millones de dólares, 580 millones corresponden a exportaciones de productos mineros; y entre productos agropecuarios e industriales, Chile exportó sólo 60 millones, a lo sumo. Ahora, de esos 580 millones de dólares correspondientes al rubro de minería, 435 millones son de cobre. Con esto se demuestra, nuevamente, la dependencia casi absoluta y total de nuestro país respecto del metal rojo, no sólo por ser éste la principal fuente de moneda extranjera, sino, también, por su incidencia muy importante en el financiamiento del presupuesto en moneda corriente.

Ahora bien, de los 436 millones de dólares correspondientes a exportaciones de cobre, provienen de la gran minería 355 millones; de las minerías mediana y pequeña 27 millones, y por concepto de manufactura de este metal, se exportaron 53 millones.

Igualmente, pediré que se inserten en mis observaciones otros cuadros, relativos a las exportaciones de salitre, de hierro y de cobre, en que se deja constancia de los valores totales exportados y de los valores retornados a Chile. Y así, una vez más, se comprueba como, de una exportación del orden de 400 millones de dólares en cobre, salitre y hierro de la gran minería, alrededor de 160 millones de dólares no retornaron al país.

En estos cuadros se consigna lo que año por año se ha exportado y lo que se ha retornado en los mismos períodos. La diferencia es, naturalmente, ¡o que ha quedado afuera. Y se demuestra lo que tantas veces hemos aseverado en este hemiciclo, como en todos los lugares en que nos corresponde intervenir: mientras mendiga algunos dólares de crédito en el exterior, nuestro país no custodia debidamente el retorno del valor de sus riquezas básicas, y un porcentaje extraordinariamente alto queda, por diferentes capítulos, fuera de Chile.

También es importante hacer ver que las exportaciones no sé han diversificado, pese a que el señor Roberto Vergara, en la iniciación del Gobierno anterior, planteó toda una política de estímulo a las exportaciones que, según él, había de significar un aumento substancial de los retornos y una importante diversificación en nuestra producción de exportación.

La verdad es, como ya lo hemos dicho, que tanto la agricultura como la industria contribuyen con un porcentaje ínfimo a nuestra balanza de pagos. Concretamente, la agricultura exportó el año antes pasado 50 millones de dólares, pero de esta cantidad 16 millones corresponden a harina de pescado; en consecuencia, la exportación propiamente agrícola se reduce a unos 34 millones de dólares, que es la cifra en que se ha mantenido la exportación agropecuaria durante el último septenio. No ha habido, pues, ninguna variación fundamental, y como en el año pasado se produjo una violenta caída en la exportación de harina de pescado, resulta que en 1965 disminuyó la exportación de productos agropecuarios, de 50 millones de dólares a que ascendió en 1964, a sólo 32 millones.

La exportación de productos industriales y varios se ha mantenido también en alrededor de 30 millones de dólares. El año antepasado, 1964, se exportó por 58 millones de dólares, y el año pasado, 1965, por 84 millones de dólares. Pero este aumento se debe exclusivamente a la exportación de productos manufacturados de cobre, que, como lo saben muy bien los señores Senadores, tienen muy escasa elaboración. Estamos exportando mineral de cobre al precio internacional de Londres, que en este momento es de alrededor de 90 centavos de dólar por libra.

Así, pues, no se ha producido aumento en las exportaciones, como no sea en las de cobre, incrementadas por una circunstancia de orden internacional: la guerra. Y mucho menos ha existido diversificación en la exportación de nuestros productos agropecuarios e industriales.

La situación angustiosa de nuestra balanza de pagos queda de manifiesto frente al hecho de que, con una exportación de alrededor de 600 millones de dólares, que ha sido la de los últimos tres años, no han sido retornados, en promedio, 150 millones de dólares; de manera tal que nos restan, para solventar nuestras obligaciones en el exterior, sólo 450 millones de dólares.

Si hubiéramos debido pagar y servir la deuda externa del año antepasado, del pasado y del año en curso, habríamos tenido que destinar a ello 300 millones de dólares, o más. No lo recuerdo exactamente, y el señor Ministro de Hacienda, aquí presente, podrá confirmar la cifra. De manera tal que, de 450 millones de dólares con que Chile cuenta como producto de sus exportaciones, si no hubiera renegociado la deuda externa, habría debido destinar 300 millones a servirla, y le habrían restado sólo 150 millones para cumplir todas sus obligaciones en cuanto a importar productos esenciales para el consumo y el abastecimiento de la industria.

A ningún señor Senador podrá escapar, por consiguiente, la situación extraordinariamente dramática que vive nuestra balanza de pagos, así como lo justificado de nuestra oposición permanente a continuar el endeudamiento externo, pues ello obliga a un mayor servicio, en circunstancia de que ya el correspondiente al actual endeudamiento escapa a las posibilidades de pago de Chile. Repito: si no hubiéramos renegociado la deuda externa, Chile tendría que haberse declarado en quiebra, y habría pasado por insolvente. Solo la renegociación, que -obvio es decirlo- no puede repetirse anual e indefinidamente, nos ha salvado de la situación de extrema angustia en que nos encontramos.

Por todas estas razones, nosotros concordamos con este proyecto de estímulo a las exportaciones y, en sus líneas fundamentales, estamos de acuerdo con el mecanismo ideado para bonificarlas. Compartimos también la opinión expresada por el Honorable señor Pedro Ibáñez en orden a que no deben establecerse diferencias ni discriminaciones en esas bonificaciones, ni en cuanto a la zona, como se preceptuaba en un artículo aprobado por la Cámara de Diputados, ni, tampoco, según el producto. La bonificación debe ser la misma para todo Chile e igual para un mismo producto.

Finalmente, quiero referirme muy brevemente a otras indicaciones agregadas a esta iniciativa.

El Gobierno, por desgracia, insiste en retrasar estos proyectos, algunos de ellos importantes y necesarios, como el reajuste al personal civil, a las Fuerzas Armadas y éste, de estímulo a las exportaciones. Y retrasa su despacho al agregar una serie de artículos que nada tienen que ver con sus disposiciones y deberían ser motivo de proyectos específicos. De ese modo, dificulta su estudio.

Entre otras de esas indicaciones, se agregó una relativa, fundamentalmente, a una industria: Industrias Forestales, la cual, de acuerdo con las disposiciones vigentes, sólo puede exportar su producción, y no venderla dentro del país. De acuerdo con el decreto con fuerza de ley 257, las industrias quedan liberadas de derechos y, en general, de impuestos aduaneros por la maquinaria y los bienes de producción que traigan al país, siempre que destinen el total de lo producido a la exportación. Este fue el caso de Industrias Forestales.

Posteriormente, por razones sobre las cuales no es del caso pronunciarse, dicha industria deseó vender parte de su producción en Chile. Lógicamente, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, se opuso. Hace un tiempo el Honorable señor Maurás presentó una indicación tendiente a permitir a Industrias Forestales vender parte de su producción dentro del país. En esa ocasión, solicitamos en la Comisión de Hacienda informe de la Corporación de Fomento, el Banco Central y las industrias pertinentes. Demás está decir que Industrias Forestales consideró muy atinada la indicación, y que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones se opuso a ella violentamente. El Banco Central en un largo informe, que yo solicito insertar en mis observaciones, también se opuso. La Corporación de Fomento, en informe con fecha 17 de agosto de 1965, eludió el pronunciamiento.

Se trata de un dictamen que yo dudo que Cantinflas hubiera podido hacer mejor. Leeré sólo algunos de sus párrafos: "El proyecto de ley en cuestión plantea disposiciones cuyo análisis requiere un detenido estudio que, dada la brevedad del plazo" -nadie le había fijado plazo- "con que ha contado esta Corporación, no ha sido posible realizar hasta el momento." En consecuencia, no emite ningún pronunciamiento concreto. Más adelante agrega; "... esta Corporación, antes de emitir una opinión definitiva, estima necesario estudiar cuidadosamente las repercusiones que las modificaciones acarrearían en las industrias que se han instalado sobre la base de las disposiciones vigentes y los eventuales perjuicios que podrían producirles dichas modificaciones". Vuelve a insistir que va a estudiar, pero no emite opinión. Continúa diciendo: "Estimamos, además, necesario investigar la influencia que la entrada al mercado del deshecho de las plantas de papel de diario" -se refiere a Industrias Forestales- "tendría en las fábricas actualmente instaladas" -es decir, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones-, "que entregan papeles para usos varios."

En otras palabras, en esa oportunidad la Corporación de Fomento no se pronunció en el diferendo entre dos grandes consorcios productores del país: Industrias Forestales y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.

Nosotros aprobamos la indicación en la Comisión, porque, al margen de las discrepancias políticas o de orden personal que pudieran existir, siempre hemos mantenido una posición antimonopolio, y toda iniciativa que tienda a terminar con los grupos monopólicos que dominan la industria y el comercio en el país, contará siempre, repito, con nuestro asentimiento.

No entramos en el detalle de si ésta es la indicación que mejor cautela los intereses nacionales. Como ya lo manifestaron los Honorables señores Gómez e Ibáñez, hubo poco tiempo para hacer un estudio detallado del proyecto. El Gobierno le ha dado especial prioridad; y como toda iniciativa conveniente siempre ha contado con nuestra aprobación, hemos puesto todo lo posible de nuestra parte, en la Comisión de Hacienda, para despacharlo cuanto antes, por lo menos en primer informe.

Por eso, no estamos en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la indicación que permitiría a Industrias Forestales vender parte de su producción de papel dentro del país; pero, insisto, la aprobamos por tender ella a romper la estructura monopólica chilena.

El señor REYES (Presidente) .-

¿Su Señoría solicitó la inserción en el texto de su discurso de algunos dictámenes a que aludió?

El señor ALTAMIRANO.-

Antes, solicité la inserción de un cuadro estadístico elaborado por el Banco Central, relativo a las exportaciones de salitre, de hierro y de la gran minería del cobre, con los retornos correspondientes. Ahora, he solicitado, también insertar él informe del Banco Central y el de la Corporación de Fomento que inciden en la indicación presentada por el Honorable señor Maurás y que, en el fondo, tiende a la misma finalidad que la presentada ahora, respecto de la cual el Gobierno no ha hecho oposición e imagino que las instituciones informantes han cambiado de opinión, puesto que no se han opuesto a ella.

-Se accede a lo solicitado.

"Santiago, 17 de agosto de 1965.

Nº 2113 - 12716

Informe sobre consulta contenida en oficio Nº 630.

Señor Presidente:

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de dar respuesta al Oficio Nº 630 de fecha 31 de julio ppdo., en el que se solicita un informe de esta Corporación sobre el proyecto de ley, contenido en el Boletín Nº 21.579, que deroga las disposiciones de la ley Nº 7321, sobre limitaciones de uso para el papel de producción nacional que se destine a la impresión de periódicos, revistas y libros impresos.

El proyecto de ley en cuestión plantea disposiciones cuyo análisis requiere un detenido estudio que, dada la brevedad del plazo, con que ha contado esta Corporación, no ha sido posible realizar hasta el momento .

En efecto, el artículo 1º deroga ciertas disposiciones de la ley Nº 7321. Si bien es cierto que la situación de abastecimiento de papel en el mercado interno, ha variado totalmente desde la fecha de dictación de la ley 7321, esta Corporación, antes de emitir una opinión definitiva, estima necesario estudiar cuidadosamente las repercusiones que las modificaciones acarrearían en las industrias que se han instalado sobre la base de las disposiciones vigentes y los eventuales perjuicios que podrían producirles dichas modificaciones.

En cuanto al artículo 2°, que establece que la venta de papel de deshecho no será causa de pérdida de los beneficios del decreto con fuerza de ley 257, esta Corporación cree indispensable aclarar algunos aspectos de importancia antes de fijar su posición al respecto. En este sentido podemos mencionar la determinación del posible uso de los papeles de desecho, las ventajas económicas que representa su utilización en lugar de retornarlo al proceso de elaboración y, finalmente, cuál es el porcentaje de la producción total que pueda aceptarse como deshecho. Estimamos, además, necesario investigar la influencia que la entrada al mercado del deshecho de las plantas de papel de diario tendría en las fábricas actualmente instaladas, que entregan papeles para usos varios.

Considerado el asunto desde otro punto de vista, el problema que toca el proyecto de ley en estudio se encuentra íntimamente relacionado con la situación general de las exportaciones de productos industriales. Estamos informados que el Supremo Gobierno tiene el decidido propósito depromover la dictación de un cuerpo legal, armónico y general, sobre el fomento de las exportaciones. A nuestro juicio sería del todo aconsejable que en dicho cuerpo legal se resolviera el extremo que trata el proyecto, con lo cual se evitaría la posibilidad de una solución que no fuera armónica con la política general de exportaciones que se adopte.

Saluda atentamente a Ud.

Corporación de Fomento de la Producción

Osvaldo Hiriart C.

Vicepresidente Ejecutivo Subrogante

Al señor

Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado

Presente."

"Banco Central de Chile

Santiago

Santiago,

Señor Presidente:

Me es grato dar respuesta a la Nota de esa H. Comisión Nº 635, de 2 de agosto en curso, en que solicita la opinión de este Banco Central, acerca de un Proyecto de Ley contenido en el Boletín N° 21.579, que modifica la Ley Nº 7321, en cuanto establece limitaciones de uso para el papel nacional destinado a la impresión de periódicos, revistas y libros impresos.

Paso en seguida a analizar el alcance del Art. 1º del proyecto en estudio.

La Ley Nº 7321 concede franquicias aduaneras a la importación de papel que, cumpliendo ciertos requisitos, se destine en forma exclusiva a la impresión de periódicos, revistas y libros, o a otras impresiones destinadas a la exportación.

El Art. 9º de esta ley extiende estas franquicias a la celulosa de origen extranjero que se emplee por las fábricas nacionales en la elaboración de papeles con marcas de agua destinados a la impresión de periódicos, revistas y libros.

El Art. 4º dispone que incurrirán en el delito de fraude, y sanciona con multa y comiso de la mercadería, a las personas que empleen papel nacional destinado a periódicos, revistas y libros impresos, en otros usos diferentes.

El fundamento de esta sanción, sería, según el proyecto de ley adjunto, el mal uso de la celulosa importada con franquicias aduaneras. Como, normalmente, las fábricas de papel nacionales sólo consumen hoy día celulosa también nacional, el proyecto considera que no tendría objeto mantener las limitaciones de uso señaladas por la ley Nº 7321.

En realidad, la limitación de uso del papel nacional para impresos, que establece el Art. 1° citado, tiene a juicio de este Banco Central, un alcance y un fundamento especial, distintos que los que se señalan en el proyecto. En efecto, la limitación de uso alcanza a todo el papel nacional para impresos, sea que en su producción se haya empleado o no celulosa importada. El fundamento de esa limitación no es, pues, precisamente el empleo de celulosa importada, sino el que se señala a continuación.

Al establecer el Art. 1º de esta ley Nº 7321 la liberación de derechos de Aduana para el papel importado destinado a la impresión de periódicos, revistas y libros, creó la necesidad de la industria nacional de vender su producción de papel para el mismo objeto, a precios competitivos con el del artículo extranjero importado sin derechos, lo que significaba limitar sus utilidades en este rubro. Como compensación, los demás tipos de papeles continuaron gozando de una protección aduanera. La limitación de uso del Art. 7º tiene, pues, por objeto impedir que el papel nacional para impresos, que se vende por la industria a un precio reducido,pueda revenderse para otros fines o emplearse en otros objetos, perjudicando así a la propia industria. Es por esta razón que la ley calificó como fraude (no aduanero), el empleo de estos papeles, nacionales en usos distintos de la impresión, y también la reventa o transferencia de esos mismos papeles, si no se hace constar en la factura respectiva que ellos están sujetos a limitación de uso.

Por la razón anotada, el Banco considera inconveniente la disposición contenida en el Art. 1° del proyecto de ley que se acompaña, que deroga tales limitaciones de uso.

El Art. 2° del proyecto en estudio, establece que la venta de papeles inaptos para la exportación, no hará perder los beneficios que el DFL. 257 de 1960 acuerda a las empresas acogidas a él.

Este D.F.L. libera de todo gravamen aduanero a la importación de maquinarias nuevas, que no se fabriquen en el país y que se dediquen exclusivamente a la producción de artículos de exportación. El mismo DFL. dispone en su Art. 2º, que las empresas nacionales acogidas a sus franquicias, que dieren a su producción, o a partes de ella, por cualquiera causa o motivo, un destino distinto al de la exportación, deberán pagar todos los derechos y gravámenes aduaneros que afectan a la maquinaria, y serán además responsables del delito de fraude aduanero.

Esta disposición, que parece indispensable para evitar la competencia desleal con industrias destinadas al abastecimiento interno, y que por tanto han pagado todos los gravámenes de internación, puede en determinados casos resultar excesivamente rígida, y es por esta razón que en el proyecto de Leyes Normativas actualmente en estudio en el H. Senado, se contempla una disposición que faculta al Presidente de la República para autorizar determinadas excepciones, y ello con carácter general para todas las industrias de cualquiera naturaleza. que se acojan a las disposiciones del DFL. 275, y no sólo para la industria de papel, como se establece en el proyecto adjunto. Por otra parte, la disposición de las Leyes Normativas no sería aplicable a las industrias ya acogidas a las franquicias del DFL. 257 y que internaron sus maquinarias conforme a un régimen ya establecido, sino sólo a las que impetren en el futuro sus beneficios.

Por otra parte, el Art. 2º del proyecto, al permitir la venta en el mercado interno de los papeles inaptos para la exportación, sin límite de ninguna especie, podría, exagerando las cosas, conducir a que toda la producción de una fábrica nacional que haya gozado de franquicias por ser exclusivamente exportadora, se vendiera para el mercado interno, y burlara así los tributos fiscales y compitiera deslealmente con el resto de la industria nacional. Bastaría para ello que produjera papel que no cumpliese íntegramente con las rígidas especificaciones exigidas por el mercado internacional para este producto.

Si a lo anterior se agrega la derogación de las limitaciones de uso, conforme al Art. 1° del proyecto, resultaría que este papel para impresos, que debe destinarse a la exportación, se podría vender en el país, y no sólo a la industria editorial, sino que para cualquier uso, con las consecuencias que antes se han analizado.

Por otra parte, el problema de los deshechos de papel, que se desea solucionar en el proyecto adjunto, se resuelve normalmente por la industria papelera en general, utilizándolos nuevamente como materia prima.

En todo caso, si se estimara conveniente legislar en el sentido de permitir su venta en el mercado interno, este Banco Central se permite sugerir la conveniencia de adoptar medidas que impidan que se produzcan las situaciones antes señaladas.

Por último, y en conformidad a lo solicitado en su Nota 635, cumplo con manifestar a la H. Comisión, que el precio promedio de exportación del papel para diarios producido en el país, fue de US$ 127,31 por tonelada FOB, durante el año 1964, y de US$ 120,62 por tonelada FOB en el primer semestre del año en curso.

Es cuanto tengo el agrado de manifestar a Su Señoría en respuesta a su citado Oficio Nº 635.

Saluda atentamente al señor Presidente.

Francisco Ibáñez B.

Gerente General."

El señor ALTAMIRANO.-

Concluyo expresando, señor Presidente, que en términos generales estamos de acuerdo con este proyecto de estímulo a las exportaciones, pero haremos, sí, algunas indicaciones que, a nuestro juicio, tienden a mejorarlo, porque es fundamental el fomento de aquéllas como medio de evitar el grave problema en que se encuentra nuestro país: tiene una exportación efectiva de alrededor de 500 millones de dólares y su servicio de la deuda externa alcanza aproximadamente, a 300 millones. En consecuencia, tiene que vivir con apenas 200 millones de dólares. De allí que el Gobierno actual, como los pasados, esté obligado a endeudarse en el exterior, y dependa, casi fundamentalmente, de esos préstamos para financiar las importaciones y solventar los gastos del presupuesto en moneda corriente.

El señor PALMA.-

Como ya han manifestado varios señores Senadores, el proyecto de ley de estímulo a las exportaciones tiene importancia mayor de la que se le ha dado, pues forma parte del programa que se trazó Su Excelencia el Presidente de la República, en orden a encontrar los caminos por medio de los cuales el desarrollo de la economía nacional se promueva en los términos más dinámicos posibles en las circunstancias actuales.

En verdad, el cuadro planteado por el Honorable señor Altamirano corresponde a. una realidad y a una tradición histórica mantenida muchos años en este país.

Chile ha sido fundamentalmente un país minero, y lo sigue siendo. En el total de las exportaciones, las agropecuarias e industriales significan apenas 12% ó 15%. Además, están sujetas, en especial las industriales, a las posibles variaciones de algunos productos básicos que se utilizan, aunque sea en forma relativamente reducida, como es el caso de los productos relacionados con el cobre.

Sin embargo, esta iniciativa representa más que un estímulo a las exportaciones: es un estímulo al desarrollo industrial. En verdad, todos los países tienden a expandir sus mercados. Churchill, al proponer en Gran Bretaña, después de la guerra, un programa de desarrollo económico, sintetizó esa tendencia en tres palabras muy sencillas: "Exportar o morir". Países de ese tipo tienen características especiales desde el punto de vista económico, que los capacitan para vender al exterior sus conocimientos y sus productos. Por desgracia, nosotros hemos tenido una estructura monolítica en materia de exportaciones, sistemáticamente ligada al cobre, al salitre y al hierro. Nuestras restantes actividades no han encontrado, durante largo tiempo, los estímulos necesarios para interesar al capital nacional, y aún el extranjero, aprovechando circunstancias naturales.

Por eso, no obstante la existencia de los decretos con fuerza de ley 296 y 297, de 1960, éstos no se han traducido en factores de verdadero interés para estimular de manera apreciable la producción nacional que pueda ser exportada, excepto la minería y, principalmente, a la del cobre.

Todo ello ha impulsado al Gobierno a buscar los caminos económicos concretos, claros y más viables, para poner en mar-cha un sistema que hoy día rige para la mayoría de los países. Es sabido por todos que los precios internos de un producto alemán para el consumo en ese país, son más altos que los de ese mismo producto fuera de Alemania. Lo mismo podría decirse de cualquiera otra nación y, en especial, de Estados Unidos. Ellos ven en la exportación de sus capacidades -repito: intelectuales y de sus productos naturales- un medio de trueque, actividad económica extraordinariamente importante.

Chile ha estado un tanto al margen de esas realidades. Inclusive, en el último tiempo, hemos encontrado competencias desfavorables para el país, en la propia América Latina. Si la ALALC prohíbe las bonificaciones, hay naciones que crean sistemas de estímulo, de modo que nuestros productos de exportación quedan disminuidos en sus posibilidades. Por años -digo- hemos estado en el último tiempo compitiendo aun con productos fabricados en Chile, similares a los elaborados por otros países pertenecientes a la ALALC, en condiciones desfavorables dentro de nuestro propio mercado productor.

El Gobierno ha estimado de extrema urgencia llevar adelante este proyecto, que, como se ha explicado ya, significará un estímulo extraordinario a las exportaciones y dará a la actividad industrial del país la estabilidad que anhelaba. La mayor parte de las disposiciones contenidas en esta iniciativa se aplicarán de pleno derecho, es decir, no requerirán, para actuar, ninguna intervención extraordinaria de parte del industrial exportador o de los organismos relacionados con las exportaciones, pues desde el mismo momento en que los productos aquí considerados se exporten, se otorga la facultad de descontar de los fondos correspondientes aquellos tributos expresamente establecidos y que inciden en el valor total de la producción. Todos los aspectos señalados transforman a esta ley en una herramienta realmente efectiva, distinta de las que hasta el momento han tratado de estimular las exportaciones y que, en la práctica, no han producido resultado alguno, según los antecedentes que nos fueron suministrados durante el breve debate habido en las Comisiones.

A.1 otorgarse al Presidente de la República la facultad de bonificar en forma indirecta, por medio de la devolución de impuestos, el valor de los productos exportados, estamos ampliando de manera extraordinaria el campo de nuestras exportaciones y creando condiciones de competencia en mercados que ya aplican sistemas parecidos, en particular en América Latina.

Considero que estas disposiciones podrían haber sido más amplias. Aún más, algunas de ellas, introducidas por medio de indicaciones presentadas por colegas nuestros, crean problemas que entorpecerán la aplicación de la ley.

Hay industrias en el país, corno la del hierro, que requieren condiciones especiales para exportar, dada su ubicación geográfica respecto de los mercados consumidores. Por lo tanto, algunas indicaciones deberán discutirse nuevamente, pues resultan un tanto contradictorias respecto de los objetivos centrales del proyecto. Estoy seguro de que habrán de ser reconsideradas en un debate más prolijo.

La provincia de Coquimbo ve con inquietud la futura aplicación de algunos nuevos impuestos al hierro, por ser una de las principales productoras de este metal. De esa actividad depende la vida de muchos de sus habitantes, y en estos momentos afronta una desocupación verdaderamente grave.

Asimismo, estimo de importancia facultar al Presidente de la República para fijar normas que, aunque universales, tengan algún carácter discriminatorio respecto de determinados productos. Digo esto porque, dentro de una economía planificada puede ser desde todo punto de vista conveniente estimular la actividad de industrias que, por su ubicación y condiciones eventuales de producción, necesiten competir con éxito con otras ya establecidas.

Por eso, el proyecto primitivo tenía más elasticidad; menos rigidez de la que ha resultado en definitiva como consecuencia de las disposiciones aprobadas en las Comisiones de Economía y de Hacienda. Sin embargo, en un país en desarrollo como el nuestro, donde la economía necesita una dirección suficientemente ágil para considerar los hechos del momento y las circunstancias de algunas zonas del país, me parece que siempre se requerirá que radique en el Presidente de la República o en el organismo director que corresponda, la autoridad necesaria para estimular ese tipo de actividad económica, la cual no puede aplicar con la agilidad indispensable nuestro sistema parlamentario, precisamente por carecer de ella.

Destaco el agrado con que los Senadores del partido de Gobierno observamos la unanimidad existente en la Corporación para aprobar en principio este proyecto de ley, cuya importancia mediremos en el transcurso de los años, tanto más cuanto que irá aparejado con una serie de iniciativas de carácter económico que forman parte del programa de Gobierno.

También deseo hacerme cargo de la crítica formulada por el Honorable señor Altamirano en orden a que muchas industrias cuyas actividades económicas habríamos contribuido a mantener los parlamentarios de Gobierno, no retornan la totalidad del valor de sus exportaciones. La verdad es que todos somos partidarios del retorno total de las exportaciones, pero como ya quedó demostrado en el extenso debate promovido con motivo de los convenios del cobre y con relación a otras industrias, lo que queda en el extranjero no es precisamente disponibilidad libre o utilidad de las respectivas empresas, como pudiera desprenderse de una declaración tan amplia como la expresada por el señor Senador, sino que responden con frecuencia a gastos efectivamente realizados en el exterior. Sin duda sería preferible que esas divisas circularan por nuestro organismo económico. Sin embargo, cuando se afirma que se dejan en el extranjero alrededor de 150 millones de dólares del total de nuestras exportaciones, como dijo el Honorable señor Altamirano, se ofrece una imagen un poco distorsionada de la realidad. En efecto, aunque en definitiva retornara al país la totalidad de esos valores, habría que girar nuevamente al extranjero la parte correspondiente a gastos efectuados allá. En consecuencia, cifras como las indicadas en este caso no tienen el alcance ni la importancia que de su sola mención parecen desprenderse.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Me concede una interrupción, señor Senador?

El señor PALMA.-

Con mucho gusto.

El señor ALTAMIRANO.-

No pretendo abrir polémica respecto de una materia que ha sido tratada hasta la saciedad en el Senado. Sólo quiero insistir en que no concordamos en absoluto con lo expresado por el Honorable señor Palma.

En verdad, gran parte de esas cifras podrían retornar al país. Estoy de acuerdo con el señor Senador en que no su totalidad, pero, por lo menos, 80%.

Según los convenios del cobre, se fijó la libra del metal en 29 centavos de dólar. Ello, sobre la base de la producción programada por el Gobierno, implica utilidades para las empresas, según cálculos oficiales, de alrededor de cien millones de dólares al año, sin considerar otra serie de rubros que perfectamente deberían retornar al país.

Por eso, en esta oportunidad, junto con agradecer la interrupción que me concedió el Honorable señor Palma, quiero dejar constancia de que no concuerdo con sus expresiones, pues una política auténticamente nacional podría significar para Chile por lo menos 80 % de las cifras mencionadas, que hoy quedan fuera del país. El país podría disponer de 600 millones de dólares, y no de 450 millones con que cuenta en la actualidad.

Muchas gracias, señor Senador.

El señor PALMA.-

Repito que todos, en principio, somos partidarios del retorno total. Lo hemos dicho en más de una ocasión. Sin embargo, circunstancias especiales, convenios, contratos y la realidad económica de los países con sistemas cambiarlos bajo control, obligan a adoptar este inevitable procedimiento dentro de las actuales condiciones del mercado internacional. Por eso, a pesar de ser partidarios, en principio de la misma idea del Honorable señor Altamirano, no nos asustamos de que ese hecho acontezca.

Ahora, en cuanto a las cifras que definitivamente quedarían en el extranjero, son apreciaciones que, como es natura), están sujetas al cuadro que se analice en un momento determinado, el cual cambia según las circunstancias, de modo que no deseo volver sobre este tópico tan discutido.

Creemos que mediante el proyecto de fomento a las exportaciones, el país dará un gran salto hacia adelante en su desarrollo industrial interno, pues aquellos productos que importamos para mantener nuestra industria minera básica y otras similares, se podrán fabricar en Chile, dado que las nuevas condiciones económicas lo harán posible

Por último, deseo referirme a un hecho que, a mi juicio, es importante destacar.

En la segunda discusión del proyecto algunos Senadores insistiremos en las situaciones especiales que se crean a ciertas zonas del país. Aun cuando existe unanimidad de criterios para afrontar el problema no hay duda de que, dentro de la planificación económica, hay factores de desarrollo que será necesario considerar. Uno de ellos puede consistir, precisamente, en conceder a ciertas zonas condiciones especiales, ya otorgadas a otras, sobre todo a aquellas regiones que precisan, en un futuro próximo, contar con determinadas ventajas con el objeto de tomar el ritmo de industrialización alcanzado por provincias como Valparaíso, Santiago y Concepción.

Por ello, me adelanto a decir que por lo menos algunos Senadores formularemos indicaciones en tal sentido, por creer indispensable redistribuir la actividad económica en el país, especialmente en lo atinente a la industria de exportación.

El señor NOEMI.-

No obstante no pertenecer a las Comisiones que estudiaron el proyecto, lo considero de vital importancia para el desarrollo económico del país. Por ello, no puedo dejar de decir algunas palabras y porque, además, estimo que el programa de ascenso social que el Gobierno quiere dar a su pueblo está íntimamente ligado a su desarrollo económico. Pienso que la única forma de realizar ese plan consiste en fomentar dicho desarrollo.

Algunos señores Senadores, con cierto pesimismo, sostuvieron que habiéndose legislado sobre la materia, nada se había logrado para nivelar nuestra balanza de pagos. Pues bien, el Gobierno ha enviado este proyecto, debido precisamente a la ineficacia de esa legislación.

En efecto, ya en 1958, la ley 12.861, en sus artículos 93, 94, y 95, estableció diversas franquicias y exenciones tributarias para los productos destinados a la exportación. Con posterioridad, la ley 18.305 permitió la dictación del decreto con fuerza de ley 256, en virtud del cual se ha estructurado un sistema que otorga ciertas granjerias a las exportaciones mediante la eliminación de ciertos impuestos. Pero la verdad es que todo eso ha resultado ineficaz.

Felizmente -lo digo con satisfacción- después de un lapso de varios años en que la balanza de pagos reveló un déficit considerable, en el año 1965, sólo en el período de enero a septiembre, bajo la Administración del Excelentísimo señor Frei, hubo un excedente de 122 millones 700 mil dólares, lo que, evidentemente es satisfactorio.

Existe la posibilidad de aumentar en forma considerable nuestras exportaciones cuando éstas puedan competir en el mercado extranjero. Como ello se hace imposible debido a sus costos recargados por impuestos excesivos, el proyecto en debate tiende a obviar tales dificultades.

Como sabemos, anteriormente se liberaba a las exportaciones de ciertos tributos. El proyecto tiende a considerar también los impuestos a la CORVI, a los bienes raíces, las imposiciones previsionales, las contribuciones y los tributos de fomento que forman parte del costo del producto que se exporta. En consecuencia, el proyecto tiende a crear condiciones de costo favorables para que se pueda exportar y competir con el producto extranjero, que actualmente goza de todas esas prerrogativas en virtud de legislaciones amplias y avanzadas en la materia.

Estoy convencido de que este proyecto, en la medida en que permita a los exportadores rebajar de pleno derecho sus costos, y, en consecuencia, competir en el mercado extranjero, sin los inconvenientes de las anteriores disposiciones, contribuirá a una expansión considerable de las exportaciones. Chile está en condiciones de hacerlo, no sólo respecto de su agricultura y minería, sino también de su industria.

Por lo tanto, veo con profunda satisfacción esta iniciativa, que ha de permitir al país llegar un día a la nivelación de su balanza de pagos, como el ejemplo citado de 1965, en la Administración del señor Frei, y seguir por un camino ascendente que nos permita disponer de divisas en exceso, para así poder nosotros hacer un Gobierno en el cual los trabajadores y los pobres de este país tengan una vida digna. Y el único medio para alcanzarlo es mediante el fomento del desarrollo económico de Chile.

El señor REYES ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si no hay oposición, se dará por aprobado en general el proyecto.

Aprobado.

Si le parece a la Sala, se enviará el proyecto a las Comisiones de Hacienda y Minería, unidas, y se recibirán indicaciones, de acuerdo con lo sugerido por el Honorable señor Gómez, durante el curso de la discusión de la iniciativa en las Comisiones, en el orden en que se vaya tratando, sin reabrir debate sobre los artículos aprobados.

El señor GOMEZ.-

En ese entendido, señor Presidente.

El señor REYES ( Presidente).-

Acordado.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Tiene urgencia el proyecto, señor Presidente?

El señor REYES ( Presidente).-

Sí, señor Senador. Precisamente, iba a informar a la Sala sobre el particular.

El plazo constitucional de la urgencia vence el viernes 22 de este mes. En consecuencia, me permito proponer discutirlo en la sala el jueves 21, o antes, si estuviere informado con anterioridad.

Acordado.

El señor IBAÑEZ.-

¿El presidente de qué Comisión preside, para los efectos de la citación?

El señor PALMA.-

El de la de Hacienda, señor Senador.

El señor REYES ( Presidente).-

El de la Comisión de Hacienda.

El señor IBAÑEZ.-

¿Para qué día citará a sesión el señor presidente de las Comisiones?

El señor ALTAMIRANO.-

Lo veremos oportunamente, de acuerdo con Su Señoría.

El señor GOMEZ.-

¿No le corresponde presidir al presidente de la Comisión de Economía y Comercio?

El señor REYES ( Presidente).-

De acuerdo con la precedencia reglamentaria, le corresponde al de la Comisión de Hacienda.

El señor GOMEZ.-

El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción figura antes que el de Hacienda.

El señor REYES ( Presidente).-

Así es señor Senador, pero el orden establecido por el Reglamento es el siguiente: Comisión de Gobierno, Comisión de Relaciones Exteriores, Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Comisión de Educación Pública, Comisión de Hacienda y Comisión de Economía y Comercio. En esta materia, el Reglamento es explícito.

SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE ECONOMÍA Y COMERCIO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS QUE CONSULTA NORMAS PARA ESTIMULAR LAS EXPORTACIONES.

4°, 8°, 13, 16, 17, 19, 23, 25, 26 y 28 permanentes, y 2° transitorio.

Honorable Senado:

II.- Artículos que fueron objeto de indicaciones aprobadas por las Comisiones Unidas: 2°, 6°, 7°, 9°, 11, 12, 15,, 18 y 27.

Vuestras Comisiones Unidas de Hacienda y de Economía y Comercio tienen a honra evacuaros el segundo informe reglamentario acerca del proyecto de ley, remitido por la H. Cámara de Diputados, que consulta normas para estimular las exportaciones.

III.- Indicaciones rechazadas. Son las que figuran con los números que a continuación se indican de los anexos de indicaciones (Boletines 22.095 y 22.095 bis) : 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 bis, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 60 bis 61 y 62.

Asistieron a las sesiones que sobre esta materia se celebraron, además de los miembros de vuestras Comisiones Unidas, los señores Fernando Barrios, funcionario del Banco Central de Chile; don Luis Manes, Jefe del Departamento de Compraventas del Servicio de Impuestos Internos, y don Roberto Fresard y Luis Velasco, de la Corporación de Fomento de la Producción.

IV.- Indicaciones declaradas improcedentes o inadmisibles son las números: 15, 18, 19, 21, 56 y 58.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento del Senado, dejamos constancia de lo siguiente:

V.- Fueron retiradas las indicaciones números 2, 6, 10, 16, 20 y 50.

I.- Artículos del proyecto propuestos por la Comisión de Hacienda en el primer informe que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones:

A continuación, os señalaremos, escuetamente, las principales modificaciones introducidas en este trámite a este proyecto de ley por vuestras Comisiones Unidas, en atención a que deberá ser conocido por la Sala en el día de hoy.

En la letra c) del artículo 2° se aprobó una indicación de los HH. Senadores señores Contreras Tapia y Gómez, por la cual se hacen extensivos los beneficios de esta ley a las empresas salitreras que entre sus medios de producción utilicen el sistema Shanks.

Asimismo, a indicación del H. Senador señor Hugo Miranda, se reemplazó la letra d) por otra que exceptúa de la aplicación de las disposiciones de esta ley a las industrias que no retornen al país el total de sus exportaciones.

En seguida, en el artículo 6°, fue aprobada una indicación del H. Senador señor Ignacio Palma que incluye en el cálculo de los porcentajes de devolución de los productos afectos a este régimen, según el artículo 4° de este proyecto de ley, el valor C. I. F. de las mercaderías que se exporten.

En el artículo 7° fue aprobada otra indicación del mismo señor Senador, por la que se dispone que los certificados que se otorguen de acuerdo a esta disposición deberán expresar en moneda corriente tanto el valor F. O. B. como el valor C. I. F. de la mercadería, según los casos, los que deberán convertirse al tipo de cambio más favorable susceptible de aplicarse a la liquidación de los retornos de las correspondientes exportaciones.

Finalmente, a indicación del H. Senador señor Gómez, se aprobó la agregación de tres nuevos incisos al artículo 7° del proyecto de ley de la H. Comisión de Hacienda.

De acuerdo a ellos, en el caso de exportaciones de productos de la minería, el exportador al efectuar la compra deberá otorgar al productor un comprobante que señale el precio y cantidad del producto que adquiera para exportación.

Dentro del plazo de treinta días, el Banco Central de Chile sobre la base de dicho comprobante deberá entregar al productor directamente los correspondientes certificados de devolución. Si se produjeren diferencias entre el precio de compra y el valor F. O. B. del producto corresponderá al exportador recibir la devolución por dicha diferencia.

El referido comprobante será requisito necesario e indispensable para que el exportador reciba, a su vez el respectivo certificado de devolución por las exportaciones que realice.

En el artículo 9° se acordó no hacer aplicables los certificados a pagos a las municipalidades, a indicación del H. Senador señor Contreras Tapia, en razón del extraordinario desfinanciamiento que afecta a estas corporaciones.

En el artículo 11 fue aprobada una indicación para reemplazar la frase final de su inciso primero, a fin de fijar un límite a la diferencia que podrá favorecer a las exportaciones que realicen las cooperativas u otros organismos de producción que no persigan fines de lucro.

Al artículo 18 se acordó agregar un nuevo inciso, con el objeto de mantener la exención del impuesto de compraventas de que gozan las mercaderías nacionales que se envían al departamento de Arica y a las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, que era la única aplicación práctica que tenía el artículo 10 de la ley N° 14.824.

A indicación del H. Senador señor Ignacio Palma se acordó reemplazar el artículo 27, en razón de que la primitiva redacción imponía obligaciones tales que no eran susceptibles de cumplirse de acuerdo a las modalidades de venta existentes en los mercados internacionales.

Al iniciarse la sesión del día de hoy, el H. Senador señor Contreras Tapia pidió la reapertura del debate sobre el artículo 13 del proyecto, porque, a su juicio, su aprobación perjudicaría notoriamente a intereses de la zona que representa y, asimismo, porque existía actualmente en las provincias afectadas una profunda preocupación por este problema.

La indicación de Su Señoría no contó con la unanimidad requerida, ya que los HH. Senadores señores Gormaz y Noemi no dieron el acuerdo reglamentario al respecto.

En seguida, se estudiaron las indicaciones 60, 60 bis, 61 y 62 que, en conjunto, se refieren a la industria pesquera.

El señor Ampuero criticó el procedimiento empleado por el Ejecutivo en orden a legislar sobre una materia de suyo importante por la vía de la indicación, en un segundo informe, en circunstancias que existe en el Senado un proyecto de ley específico en el cual debería estudiarse latamente esta materia y que, sin embargo, el Ejecutivo ha retirado de la convocatoria.

Agregó que era inconveniente legislar apresuradamente sobre algo que requiere un análisis detenido en un proyecto de ley orgánico y racional.

Término proponiendo su rechazo, sin considerar el fondo de ellas, sino sólo con el objeto de legislar en forma adecuada.

El señor Fresard, en representación de la Corporación de Fomento de la Producción, precisó que tres de estas indicaciones habían sido estudiadas detenidamente por técnicos del Ejecutivo y por la propia Cámara de Diputados.

Por su parte, el H. Senador señor Víctor Contreras coincidió con lo expresado por el señor Ampuero respecto al procedimiento adoptado por el Ejecutivo para legislar sobre una materia de tanta trascendencia como es la industria pesquera para la zona norte del país.

Refiriéndose a las indicaciones en estudio manifestó que la integración de las industrias en la forma propuesta crearía, en definitiva, un monopolio, beneficiándose sólo dos grandes grupos: Grace y Guanaye.

Asimismo, expresó que dicha integración perjudicaría al sector obrero, ya que no les garantizaría la permanencia y continuidad de su trabajo y, al mismo tiempo, se iba a transformar en un medio para obligar a los pequeños industriales a integrarse, ya que de no hacerlo la Corporación de Fomento de la Producción les exigirá el cumplimiento de las obligaciones que tengan pendientes.

El H. Senador señor Ibáñez estuvo de acuerdo en fijar en un 30% el porcentaje de devolución de las exportaciones por el lapso de tres años, pero discrepó de la distribución que se establece en los incisos segundo y siguientes del artículo propuesto en la indicación número sesenta.

En cuanto a las indicaciones 60 bis, 61 y 62, anunció su voto favorable por cuanto tienden a facilitar la integración y racionalización de la industria pesquera.

Cerrado el debate, las Comisiones Unidas por seis votos contra dos y dos abstenciones, acordaron rechazar la indicación N° 60, y por seis votos contra cuatro, las restantes.

A indicación del H. Senador señor Bossay, se acordó dejar expresa constancia en este informe de que dichos rechazos se hacen con el propósito de estudiar estas materias en forma más detenida y lograr, de esta manera, una legislación armónica y orgánica que incorpore en los beneficios a todas las personas que de una u otra manera laboran en dichas industrias; asegurándoles su subsistencia durante el tiempo de inactividad forzada.

En mérito de las consideraciones anteriores, os proponemos la aprobación del proyecto de ley contenido en el primer informe de la Comisión de Hacienda, con las siguientes modificaciones:

Artículo 2°

Letra c)

Agregar, a continuación del punto y coma (;), lo siguiente: "sin embargo, serán aplicables las normas de esta ley a las empresas salitreras que laboren conforme al sistema Shanks;"

Letra d)

Sustituirla por la siguiente:

"d) A las industrias que no retornen al país el total de sus exportaciones, y".

Artículo 6°

Intercalar, entre "F. O. B." y "y en ningún caso...", lo siguiente: "o C. I. F.".

Artículo 7°

En el inciso tercero, intercalar entre las palabras "el valor F. O. B." y "de la mercadería", lo siguiente: "o C. I. F.".

En seguida, consultar como incisos quinto, sexto y séptimo, los siguientes, nuevos:

"Cuando se trate de productos de la Minería, el exportador, en el momento de realizarse la compra otorgará al productor un comprobante que indique la cantidad y precio del producto adquirido para la exportación.

El Banco Central con el solo mérito de dicho comprobante, entregará los certificados de devolución directamente al productor dentro del plazo de 30 días. La diferencia de la devolución entre el precio de compra del producto y el valor F. O. B., corresponderá al exportador.

Si el exportador no entrega al productor el comprobante indicado, no podrá recibir certificados de devolución por ninguna exportación que realice mientras no cumpla con esta obligación."

Artículo 9°

En el inciso primero, suprimir las palabras "al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y".

En el inciso segundo, eliminar "Municipalidades" y agregar, suprimiendo el punto final, la siguiente frase: "con preferencia a cualquier otro pago.".

Artículo 11

Reemplazar, en el inciso primero, su frase final: "En ningún caso el porcentaje de devolución asignado al producto de que se trate, más el porcentaje adicional a que se refiere este artículo, podrá exceder al 30% señalado en el artículo 6°.", por la siguiente: "En ningún caso el porcentaje adicional podrá exceder de un 10% del de devolución que se haya asignado al productor de que se trate y, en conjunto, no podrá exceder al 30% señalado en el artículo 6°.".

Artículo 12

En el inciso primero, reemplazar el guarismo "8°" por "7°".

Artículo 15

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 15.-El Presidente de la República podrá dictar normas sobre seguro de crédito a las exportaciones con el fin de asegurar al exportador contra los riesgos inherentes al crédito a la exportación de mercaderías y servicios, incluso los políticos y catastróficos, y señalar las condiciones y garantías aplicables a dichos seguros.

Estos seguros podrán ser cubiertos, en todo o en parte, por las Compañías Nacionales de Seguros y por el Instituto de Seguros del Estado dentro de las normas contenidas en los D.F.L. 251, de 1931 y 210, de 1953, previa autorización de la Superintendencia del ramo; y también por personas jurídicas creadas por la ley en que el Estado tenga aportes de capital o representación, especialmente designadas por el Presidente de la República.

En el caso de que el seguro de crédito a la exportación o de alguno de los riesgos que éste comprende quedare a cargo de las personas jurídicas creadas por ley a que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la República determinará, además, las condiciones en que operarán y los recursos con que ellas contarán.

Para los efectos de la asignación de recursos a que se refiere el inciso anterior, la Ley de Presupuestos de la Nación contemplará anualmente las sumas que sean necesarias. El ítem correspondiente será excedible.

El Instituto de Seguros del Estado y las Compañías de Seguros podrán organizar una sociedad anónima aseguradora que cubra exclusivamente todos o algunos de los riesgos a que se refiere este artículo aportando los capitales necesarios.

El Presidente de la República podrá modificar las normas que dicte en uso de las facultades que le conceden los incisos precedentes.

El seguro de crédito a la exportación estará exento de los impuestos de cifra de negocios, timbres y estampillas y del establecido en el artículo 12, N° 1 del D.F.L. N° 251, de 1931."

Artículo 18

Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Las compras que efectúen los industriales o comerciantes establecidos en el departamento de Arica y en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en el resto del país, estarán exentas del impuesto de compraventas."

Artículo 27

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 27.-El Banco Central de Chile podrá exigir, ya sea antes de cursar un Registro de Importación, o bien antes de que se proceda a la cobertura de los cambios, que se acompañen facturas originales del productor o fabricante de la respectiva mercadería.

El Comité de Inversiones Extranjeras, salvo casos calificados, exigirá la misma documentación, antes de autorizar aportes de capital que se realicen total o parcialmente en mercaderías."

Con las modificaciones señaladas el proyecto aprobado por vuestras Comisiones Unidas de Hacienda y de Economía y Comercio queda como sigue:

"Proyecto de ley:

Estímulos a las exportaciones

Artículo 1°.- Los productos que se exporten podrán quedar exentos de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos que inciden en sus costos y precios. Igualmente, esta misma exención podrá aplicarse a la energía eléctrica, los combustibles y aceites lubricantes empleados en su producción y en el transporte hasta puerto de embarque como, asimismo, a los fletes de las materias primas a los centros de producción.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable también a las materias primas y partes que se empleen en la elaboración de productos de exportación, sean éstos nacionales o nacionalizados, y a sus respectivas materias primas o partes componentes.

Artículo 2°.- Las normas de esta ley no se aplicarán:

a) A las especies que entren al país, bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de Almacenes Particulares y que se reexporten y a las mercaderías nacionalizadas que no hubieren sufrido proceso de transformación en el país;

b) A las empresas productoras de cobre de la gran minería, entendiéndose por tales aquellas que produzcan dentro del país cobre blister, refinado a fuego o electrolítico, en cualquiera de sus formas, en cantidades no inferiores a 75.000 toneladas métricas anuales mediante la explotación y beneficio de minerales de producción propia o de sus filiales o asociadas;

c) A la industria salitrera, que se rige por la ley N° 12.033, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956, mientras sus operaciones y actividades se rijan por esta ley; sin embargo, serán aplicables las normas de esta ley a las empresas salitreras que laboren conforme al sistema Shanks;

d) A las industrias que no retornen al país el total de sus exportaciones, y

e) A las exportaciones de semimanufacturas de cobre, salvo informe favorable de la Corporación del Cobre.

Artículo 3°.- Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos, derechos y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación.

El Reglamento determinará los actos, contratos, trámites o actuaciones comprendidos en el presente artículo, como asimismo los gravámenes de los cuales quedan exentos.

Artículo 4°.- Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3°, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5°.- El Presidente de la República determinará por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, la lista de los productos afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo anterior y fijará libremente sus respectivos porcentajes, para lo cual podrá tomar como referencia la incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio de esos productos y el informe que elabore una comisión técnica que estará integrada por un representante del Banco Central de Chile, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de la Corporación de Fomento de la Producción y de la Dirección de Impuestos Internos, respectivamente, la que para evacuar su informe deberá oír a los interesados. Un mismo producto no podrá tener distintos porcentajes de devolución.

En el caso de exportación de mercaderías en cuya producción se hubiere utilizado materias primas, piezas o partes extranjeras o artículos a media elaboración que ingresaren al país bajo un régimen suspensivo de derechos, sea de admisión temporal o de almacenes particulares y siempre que dichas materias primas, partes o piezas o artículos a media elaboración se encontraren incorporados en el producto final, la devolución a que se refiere este artículo sólo beneficiará a la componente nacional.

El Presidente de la República podrá, en el momento que lo juzgue conveniente, incluir nuevos productos en la lista así formada, fijándoles los porcentajes de devolución correspondientes. Asimismo, en cualquier época podrá aumentar los porcentajes ya establecidos.

El Presidente de la República sólo podrá retirar productos de la lista referida o rebajar sus porcentajes de devolución una vez transcurridos tres años desde la fecha de su inclusión en aquélla. En todo caso, el retiro del producto o la rebaja de su porcentaje de devolución, sólo podrán efectuarse dentro del mes de enero siguiente a la fecha de expiración del respectivo período de tres años. Estas modificaciones entrarán en vigencia 180 días después de k dictación del decreto correspondiente.

Los productos que estando incluidos en la lista no sean retirados en la forma y oportunidad a que se refiere el inciso anterior, hubieren o no sido alterados sus porcentajes de devolución, se entenderán incluidos por un nuevo período de tres años, contado desde la expiración del trienio anterior, y así, sucesivamente.

Artículo 6°.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, los aplicará el Presidente de la República sobre el valor F.O.B. o C.I.F. y en ningún caso podrán exceder del 30% de dichos valores.

Artículo 7°.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores, se hará efectiva mediante la entrega de certificados de valores divisibles que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el embarque de la mercadería, o al acreditarse el retorno, a elección del exportador.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos de exportaciones de mercaderías en consignación o sujetas a condición o cuyo pago esté sujeto la liquidación final, el Banco Central de Chile sólo entregará los certificados correspondientes, una vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de divisas y considerando al efecto sólo los valores obtenidos por la exportación.

Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresar en moneda corriente, el valor FOB o CIF de la mercadería, según corresponda, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones.

La conversión indicada en el inciso anterior se efectuará al tipo de cambio que allí se indica, vigente a la fecha del embarque o de la liquidación del retorna de la exportación.

Cuando se trate de productos de la Minería, el exportador, en el momento de realizarse la compra otorgará al productor un comprobante que indique la cantidad y precio del producto adquirido para la exportación.

El Banco Central con el solo mérito de dicho comprobante, entregará los certificados de devolución directamente al productor dentro del plazo de 30 días. La diferencia de la devolución entre el precio de compra del producto y el valor F.O.B., corresponderá ad exportador.

Si el exportador no entrega al productor el comprobante indicado, no podrá recibir certificados de devolución por ninguna exportación que realice mientras no cumpla con esta obligación.

Artículo 8°.- El Presidente de la República podrá agregar a los porcentajes de devolución indicados en el artículo 5° un porcentaje adicional, igual para cada producto, por concepto de derechos e impuestos que se generen por la importación de equipos y maquinarias necesarios para la manufactura del producto exportado.

El porcentaje aludido en el inciso anterior, tendrá una aplicación máxima de diez años contados desde la fecha del decreto que lo incluya.

El porcentaje de devolución total que resulte para un determinado producto como consecuencia de la aplicación de este artículo, podrá exceder del límite fijado en el artículo 6° de esta ley.

Artículo 9°.- Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por intermedio del Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social.

Las Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social, presentarán en cobro los certificados que reciban, por los conceptos señalados, directamente a las Tesorerías Fiscales, las que deberán pagarlos a su presentación con preferencia a cualquier otro pago.

Artículo 10.- Las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán estar exentas de pleno derecho de los tributos a que se refiere la presente ley que determine el Reglamento y en la forma y condiciones que en él se establezcan.

Los artículos producidos al amparo de la presente disposición no gozarán de los demás beneficios de esta ley en cuanto a la devolución de tributos y no podrán venderse en el mercado interno, a menos que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción declare por decreto que la venta de estos artículos en el país es indispensable para atender necesidades de consumo interno.

Las industrias o empresas qué en virtud de la autorización a que se refiere el inciso anterior vendan productos en el mercado interno, deberán pagar todos los impuestos que les habría correspondido tributar en el caso de no estar 'acogidos a estos beneficios. El pago deberá hacerse en la forma y condiciones que determine el Reglamento.}

Artículo 11.- El Presidente de la República, al fijar la lista a que se refiere el artículo 5°, podrá otorgar un porcentaje adicional de devolución a los productos que se exporten a través de cooperativas u otras organizaciones de productores que no persigan fines de lucro. En ningún caso el porcentaje adicional podrá exceder de un 10% del de devolución que se haya asignado al producto de que se trate y, en conjunto, no podrá exceder al 30% señalado en el artículo 6°.

Los certificados de devolución que se emitan por el Banco Central, serán extendidos a nombre de la respectiva cooperativa o entidad exportadora, la que deberá transferirlos a sus cooperados o asociados.

Las cooperativas u organizaciones a que se refiere este artículo, para poder gozar de los porcentajes adicionales indicados en el inciso primero, deberán estar inscritas en un registro especial que llevará el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en la forma y bajo las condiciones que determine el Reglamento.

Artículo 12.- Las mercaderías enviadas a mercados exteriores y que se devuelvan al país no podrán ser internadas sino previa devolución del o los certificados a que se refiere el artículo 7° de esta ley y/o en su defecto, entero de su equivalencia en arcas fiscales, o el pago de los impuestos que corresponda si se trata de artículos producidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.

Si la devolución al país de la mercadería exportada no está plenamente justificada a juicio de los organismos competentes, el pago de los impuestos y derechos correspondientes y el reintegro de las sumas percibidas como devolución de derechos, se efectuará con los recargos y los intereses que señale el Reglamento.

En los casos en que la mercadería fuese devuelta por deficiencias de calidad con respecto a los standard aceptados en las que se compruebe se incurrió por dolo o culpa del exportador, el reglamento establecerá multas u otras sanciones que deberán ser aplicadas administrativamente, de acuerdo al procedimiento que éste establezca.

Artículo 13.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio exterior y principalmente de las exportaciones, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, combustibles, partes y piezas que se utilizan en la elaboración de un producto.

Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a las materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales.

Artículo 14.- El Presidente de la República podrá, en cualquier momento, establecer normas destinadas a simplificar la tramitación de las operaciones de exportación.

Esta facultad no alterará las atribuciones del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para dictar normas aplicables al comercio de exportación.

Igualmente, el Presidente de la República podrá establecer exigencias de calidad que deberán satisfacer todos o algunos de los productos de exportación y fijar la forma en que deberá acreditarse su cumplimiento.

Las normas cuya dictación se autoriza en los incisos anteriores, deberán adoptarse mediante decretos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pudiendo ser modificadas cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 15.- El Presidente de la República podrá dictar normas sobre seguro de crédito a las exportaciones con el fin de asegurar al exportador contra los riesgos inherentes al crédito a la exportación de mercaderías y servicios, incluso los políticos y catastróficos y señalar las condiciones y garantías aplicables a dichos seguros.

Estos seguros podrán ser cubiertos, en todos o en parte, por las Compañías Nacionales de Seguros y por el Instituto de Seguros del Estado dentro de las normas contenidas en los D.F.L. 251, de 1931, y 210, de 1953, previa autorización de la Superintendencia del ramo; y también por personas jurídicas creadas por ley en que el Estado tenga aporte de capital o representación, especialmente designadas por el Presidente de la República.

En el caso de que el seguro de crédito a la exportación o de alguno de los riesgos que éste comprende quedare a cargo de las personas jurídicas creadas por ley a que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la República determinará, además, las condiciones en que operarán y los recursos con que ellas contarán.

Para los efectos de la asignación de recursos a que se refiere el inciso anterior, la Ley de Presupuestos de la Nación contemplará anualmente las sumas que sean necesarias. El ítem correspondiente será excedible.

El Instituto de Seguros del Estado y las Compañías de Seguros podrán organizar una sociedad anónima aseguradora que cubra exclusivamente a todos o algunos de los riesgos a que se refiere este artículo aportando los capitales necesarios.

El Presidente de la República podrá modificar las normas que dicte en uso de las facultades que le conceden los incisos precedentes.

El seguro de crédito a la exportación estará exento de los impuestos de cifra de negocios, timbres y estampillas y del establecido en el artículo 12, N° 1 del D.F.L. N° 251, de 1931.

Artículo 16.- El Banco Central de Chile podrá acordar líneas de créditos especiales para exportaciones, como asimismo, para ventas internas de bienes de capital de producción nacional, en las condiciones, montos, plazos e intereses que determine y sin que les sean aplicables las limitaciones contenidas en los D.F.L. N°s. 247 y 252, de 1960.

Los créditos para exportación o para bienes de capital que se vendan dentro del país podrán ser reajustables.

Artículo 17.- Déjanse sin efecto las bonificaciones a las exportaciones de los Departamentos de Arica, Iquique y Pisagua, establecidas en los artículos 9° de la ley N° 12.937; 12 y 40 de la ley N° 13.039; y letra b) del artículo 4° de la ley N° 14.824. En lo sucesivo dichas exportaciones se regirán por las normas de esta ley.

No obstante, el rendimiento que hasta la publicación de esta ley produzca la aplicación de las disposiciones citadas en el inciso anterior, se destinará a cancelar bonificaciones por exportaciones efectuadas hasta la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. El excedente de dichos fondos y el rendimiento que se produzca en el futuro, pasarán a rentas generales de la Nación. En consecuencia, el déficit que eventual- mente resulte entre las bonificaciones devengadas y las efectivamente pagadas, se cubrirá con cargo al Presupuesto de la Nación.

Artículo 18.- Deróganse el D.F.L. N° 256, de 1960; artículos 93, 94 y 95 de la ley N° 12.861 y artículo 10 de la ley N° 14.824.

Las compras que efectúen los industriales o comerciantes establecidos en el departamento de Arica y en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en el resto del país, estarán exentas del impuesto de compraventas.

Artículo 19.- Los infractores a las disposiciones de esta ley incurrirán en las sanciones tributarias, civiles y criminales que la presente ley y demás leyes pertinentes señalan.

Disposiciones varias

Artículo 20.- Introdúcense al artículo 99 de la ley N° 16.250, modificado por el artículo 58 transitorio de la ley N° 16.282, las siguientes modificaciones:

1.- Elimínanse en el inciso cuarto los términos "en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero.".

2.- Agrégase en el inciso cuarto, en punto seguido, la siguiente frase: "Se considerará que la utilidad devengada que corresponde a los accionistas es equivalente al monto de la utilidad líquida que arroje el balance general practicado por la respectiva sociedad anónima y que deba someterse a aprobación de la Junta de Accionistas, con deducción de la parte que legalmente no, puede ser de disposición voluntaria de dicha Junta y de aquella que ya se hubiere distribuido como dividendo provisorio.".

3.- Agrégase el siguiente inciso final:

"Estarán exentas del impuesto de 7,5% las personas que declaren bajo juramento que las acciones de que son titulares les pertenecen en dominio o que dichos valores figuren a su nombre en razón de un encargo de administración, comisión de confianza u otra especie de mandato, depósito, garantía o cualquier otro título semejante, otorgado por el verdadero dueño cuya individualización y domicilio deberá señalarse en dicha declaración para que opere la exención. Si el verdadero dueño resultare ser una sociedad deberá individualizarse, además, a sus socios. El Director Regional de Impuestos Internos podrá liberar al declarante de la obligación de individualizar a los socios de las sociedades que resultaren ser los verdaderos dueños de las respectivas acciones, cuando a su juicio exclusivo, debido al número de socios o a otra causa, sea muy difícil su cumplimiento."

Artículo 21.- Lo dispuesto en el artículo anterior regirá desde la fecha de vigencia del artículo 58, transitorio, de la ley N° 16.282.

Artículo 22.- Agrégase al inciso primero del N° 2 del artículo 60 de la Ley sobre Impuesto a la Renta la siguiente frase, en punto seguido: "También estarán exceptuadas del gravamen establecido en este número las devoluciones de capitales internados al país que se encuentren acogidos o que se acojan a las franquicias del D.F.L. 437, de 1954 o del D.F.L. 258, de 1960, o amparados por certificados o convenios suscritos con el Banco Central de Chile en conformidad a los artículos 11 de la ley N° 9.839, 13 del decreto N° 6.973, de 1956, del Ministerio de Hacienda, y 14 y 16 del decreto N° 1.272, de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero únicamente hasta el monto del capital efectivamente internado a Chile.".

Para estos efectos, se considerará que en cada devolución de capital existe proporcionalmente una parte relativa al capital efectivamente internado a Chile y otra parte relativa al monto de las utilidades o rentas capitalizadas, existentes al momento de la devolución.

Artículo 23.- Facúltase , a la Comisión Coordinadora para la Zona Norte para celebrar contratos o convenciones con el objeto de ejecutar investigaciones tecnológicas aplicadas, relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El financiamiento de las referidas convenciones o contratos se hará con cargo a los recursos de dicho Organismo.

Artículo 24.- Corresponderá al Banco Central de Chile estudiar y fiscalizar las condiciones de la producción de minerales de hierro, en cualquiera de sus formas, incluso aglomerados o concentrados, en lo que se refiere a sus niveles o volúmenes de producción y posibilidad de expansión, como asimismo, fiscalizar las condiciones de su comercialización fletes, precios, ventas, costos y utilidades.

Para los efectos del inciso anterior, el Comité Ejecutivo del Banco podrá:

a) Autorizar o rechazar las exportaciones de minerales de hierro en cualquiera de sus formas y las importaciones necesarias para el funcionamiento de las empresas productoras. Para comparar el precio de las mercaderías importadas y nacionales se agregará al valor C. I. F de las primeras, el impuesto ad valorem y los derechos de aduana, almacenaje, estadística y consulares y, en general, todos los impuestos que se perciban por intermedio de las aduanas;

b) Comprobar y aprobar o denegar los contratos, precios, fletes, seguros y demás modalidades de las ventas y embarques de los productos referidos en el inciso primero, con el fin de verificar que ellos se realicen a los precios del mercado respectivo y en las mejores condiciones posibles, y

c) Requerir de las empresas productoras todos los antecedentes e informaciones que estime necesario.

Artículo 25.- Con informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, el Superintendente de Aduanas habilitará recintos particulares de aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola. En todo caso, será necesario que el embarque de las mercaderías referidas sea autorizado previamente por el Banco Central de Chile.

Para la internación al país de las mercaderías a que alude el inciso anterior, se aplicarán todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para las importaciones; sin embargo, no se les aplicará la facultad establecida en el artículo 2° de la ley N° 16.101, ni estas importaciones se considerarán para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 49 del mismo cuerpo legal.

Artículo 26.- Agrégase al artículo 3° del D.F.L. N° 307, de 1960, el siguiente inciso nuevo:

"En todo caso, facúltase al Servicio de Impuestos Internos para hacer operar de pleno derecho, las exenciones contenidas en el presente decreto con fuerza de ley, siempre que, a su juicio exclusivo, esté suficientemente garantido el interés del Fisco.".

Artículo 27.- El Banco Central de Chile podrá exigir, ya sea antes de cursar un Registro de Importación, o bien antes de que se proceda a la cobertura de los cambios que se acompañen facturas originales del productor o fabricante de la respectiva mercadería.

El Comité de Inversiones Extranjeras, salvo casos calificados, exigirá la misma documentación, antes de autorizar aportes de capital que se realicen total o parcialmente en mercaderías.

Artículo 28.- Todas las firmas productoras y exportadoras de hierro deberán retornar al país íntegramente el valor de sus exportaciones en conformidad a las normas generales que rigen en la materia.

Artículos transitorios

Artículo 1°.- Dentro del plazo de 90 días contado desde la vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá fijar la primera lista de productos indicada en el artículo 5°.

Al fijar la lista indicada en el inciso anterior, el Presidente de la República deberá incluir los productos que a esa fecha se encontraren comprendidos en la lista de productos establecida en conformidad al artículo 20 del D.F.L. N° 256, de 1960, señalándoles como mínimo, un porcentaje de devolución igual al que tenían asignado a la fecha de publicación de esta ley; el retiro de estos productos de la lista o la rebaja de sus porcentajes deberá sujetarse a lo dispuesto por los incisos cuarto y quinto del artículo 5°.

Las exportaciones cuyos embarques se realicen con anterioridad a la fecha en que el Presidente de la República fije la lista de productos afectos al régimen que contempla la presente ley, seguirán afectas a las normas que sobre devolución de impuestos establece el D.F.L. N° 256, del año 1960.

Sin embargo, los productos agropecuarios de naturaleza perecible que se incluyeren en la primera lista, cuyo embarque se hubiere efectuado después del 1° de enero de 1966, quedarán afectos al régimen de devolución a que se refiere el artículo 4° de esta ley, de acuerdo con los porcentajes que fije el Presidente de la República en conformidad a las normas estatuidas en el artículo 5°.

Artículo 2°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 18, mientras el Presidente de la República no dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 39, continuará en vigencia el artículo 13 del D.F.L. N° 256, de 1960."

Sala de las Comisiones Unidas, a 3 de mayo de 1966.

Acordado con asistencia de los HH. Senadores señores Ampuero (Presidente). Ibáñez, Bossay, Contreras Tapia, Gormaz, Gómez, Luengo, Von Mühlenbrock y Noemi.

(Fdo.) : Enrique Gaete Henning, Secretario.

NORMAS SOBRE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Segundo informe de las Comisiones de Hacienda, Economía y de Comercio, unidas, suscrito por los Honorables señores Ibáñez (Presidente), Bossay, Víctor Contreras, Gormaz, Gómez, Luengo, Von Mühlenbrock y Noemi, recaído en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados relativo a normas sobre fomento de las exportaciones.

-El proyecto aparece en los Anexos de la sesión 72°, en 8 de marzo de 1966 documento N° 2, página 4082, y los informes, en los de la sesión 90°, en 5 de abril de 1966, documento N° 1, página 5747 y 94°, en 12 de abril de 1966, documento N° 1, página 6057.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Las Comisiones unidas hacen presente que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones los siguientes artículos del primer informe de la Comisión de Hacienda: 4, 8, 13, 16, 17, 19, 23, 25, 26 y 28, permanentes, y 2° transitorio.

El señor REYES ( Presidente).-

Reglamentariamente, quedan aprobados.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Esta mañana pedí en las Comisiones unidas la reapertura del debate sobre el artículo 13 del primer informe, que dice:

"Artículo 13.- Con el objeto de facilitar el desenvolvimiento del comercio exterior y principalmente de las exportaciones, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, combustibles, partes y piezas que se utilizan en la elaboración de un producto.

"Dentro de las normas que se dicten al efecto, se comprenderá especialmente la posibilidad de someter a las materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales".

Considero que esta disposición es sumamente grave.

Aunque el artículo en referencia no ha sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, estimamos indispensable dejar constancia de nuestra posición frente a él, pues establece la posibilidad de habilitar recintos particulares de aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola, con informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.

En diversos círculos de Valparaíso, se ha expresado que la instalación de tales recintos particulares constituirá un atentado contra ese puerto, ya que lo convertiría en un simple corredor por donde pasarían fugazmente las mercaderías a lugares elegidos y habilitados por los poderosos intereses de los grandes importadores. Esos artículos no pagarían tarifa alguna de almacenamiento, y, aunque no se ha efectuado un cálculo detallado de las sumas que se dejarían de percibir, no cabe duda de que serían de elevado monto y afectarían a una ciudad y una zona que vive, en parte importante, de la actividad del puerto. La Empresa Portuaria de Chile vería también incidir en su presupuesto la falta de percepción de tarifas.

No estimamos conveniente el establecimiento de estos recintos aduaneros particulares, porque significa, en la práctica, un paso más hacia la disminución de las funciones e ingresos de organismos estatales. Esto, sin considerar los verosímiles riesgos para el interés estatal que implicaría el hecho de que poderosos importadores tengan, como quien dice, "su aduana en su propia casa".

Tengo a la vista tres editoriales de la prensa de Valparaíso en los que se trata de este problema. Dos de ellos, publicados por el diario "El Mercurio" de Valparaíso el 19 de mayo, se titulan "Grave amenaza para Valparaíso" y "Grave amenaza a Valparaíso origina un proyecto de ley". El otro corresponde al diario "La Estrella" del 30 de abril próximo pasado, y su encabezamiento dice: "Grave peligro existe de nuevo sobre Valparaíso". Además, este último diario, titula una información de primera página "Valparaíso está en peligro".

Junto con dejar constancia de nuestra posición, solicito que los artículos de prensa mencionados sean incorporados a la versión del debate.

-Los documentos referidos, cuya inserción se acuerda más adelante, dicen como sigue:

"Grave amenaza para Valparaíso.

"Decididamente la nuestra es una provincia de mala suerte. Cuando se trata de estimular el desarrollo regional y de tomar medidas en defensa de los medios de producción y de la situación económica de las provincias, con una sutileza que muchas veces se nos ha hecho incomprensiblemente injusta, se dice que Valparaíso es "centralista", en circunstancias que justamente la primera víctima del centralismo ha sido Valparaíso.

"Estas circunstancias han hecho que en esta provincia laboriosa y tenaz se viva en permanente posición de lucha para evitar el aniquilamiento de los factores económicos que le han dado vida y que tan trabajosamente han sido mantenidos.

"No vamos a volver sobre temas ya trajinados ni a lamentarnos de cosas pasadas, pues sería largo y penoso, sino a señalar que ya es tiempo de que se deje trabajar en paz y con seguridad a los miles de ciudadanos que viven en la región.

"Hacemos estas reflexiones a propósito de una disposición, al parecer inofensiva, que ha sido introducida silenciosa y sigilosamente en una ley, actualmente en discusión en el Senado, y que en definitiva significaría el traslado de la Aduana a la capital.

"Es una nueva tentativa, bajo forma velada e insidiosa, de llevar a la práctica un viejo proyecto que repetidamente se ha intentado. Al amparo de disposiciones aduaneras, como las dé "régimen de suspensión de derechos" o de "despacho por almacenes particulares", varias veces se ha tratado de convertir a Valparaíso en un simple terminal de descarga, esto es, hacer que las mercaderías pasen directamente de las bodegas de las naves a los carros ferroviarios que las trasladarían a Santiago, donde se haría su aforo, despacho, pago de derechos, etc.

"Hace pocos años fue necesaria una violenta campaña de opinión pública para detener un proyecto semejante, que estaba tan avanzado y se tenía tal seguridad en su aprobación que una firma comercial había adquirido hasta los ex, tensos terrenos, los de la vieja estación del desaparecido ferrocarril de Pirque, donde debía funcionar en adelante la Aduana.

"Es indispensable que de una vez por todas terminen estas maniobras subrepticias. Tanto los parlamentarios como las fuerzas vivas de la provincia deben hacerse presentes, respectivamente, para exigir un pronunciamiento claro al respecto. Valparaíso tiene derecho a vivir y ya basta de arrebatarle actividades, debilitando cada día más su ya aporreada situación económica".

"Grave amenaza a Valparaíso origina un proyecto de ley

"Diferentes reacciones en los diferentes círculos ha provocado la iniciativa legal que actualmente estudia el Senado y por la cual se trata de dar mayores estímulos a las exportaciones.

"El proyecto, si bien es cierto contempla algunas disposiciones que efectivamente tratan de expandir las exportaciones, resulta atentatoria para los intereses económicos de la Empresa Portuaria de Chile, y luego en el hecho disgrega una repartición tan importante como es el servicio de Aduana.

"Y es que en su artículo 32, autoriza la habilitación de recintos aduaneros particulares, los cuales se transforman en almacenes para repuestos de vehículos y maquinaria agrícola.

"En el criterio de personeros vinculados a estas actividades, la iniciativa encierra un verdadero atentado para nuestro puerto, ya que de concretarse, simplemente significaría que la Aduana de Valparaíso en el hecho quedaría convertida en un simple lugar de tránsito de mercaderías.

"Voceros de la Empresa Portuaria, también han manifestado su alarma ante esta circunstancia, expresando que los proyectados almacenes restarían importantes entradas a ese servicio, cuyas finanzas por diferentes razones se han visto mermadas en los últimos tiempos.

"Pero el mayor peligro que se cierne sobre Valparaíso con el mencionado proyecto, lo constituye el hecho de que el centralismo puede seguir restando importancia a Valparaíso, y por ese sistema de los almacenes particulares, llegar a concentrar con el tiempo, y en forma indirecta, una gran parte del servicio en la capital o en otros puntos del territorio.

"El Superintendente de Aduana, señor José Líbano, estima, sin embargo, que la iniciativa sólo complementa algunas disposiciones que se encuentran en pleno vigor, por medio de las cuales se faculta a la Junta General de Aduana para autorizar la habilitación de recintos particulares cuando las circunstancias así lo aconsejen.

-"En la actualidad -dijo- en dichos almacenes particulares se elaboran materiales y luego se fabrican determinados productos, todo lo cual se hace con arreglo a las disposiciones de la denominada ley de suspensión de derechos".

"Respecto a la merma de entradas que se produce como consecuencia natural de de la aplicación de la ley, expresó que "bien mirado el problema esto no representa tanto, máxime si se considera que se producen beneficios manifiestos con la descongestión del servicio y también de los recintos portuarios".

"Grave peligro existe de nuevo sobre Valparaíso

"Un grave peligro se cierne sobre el puerto de Valparaíso a raíz de una disposición legal contemplada en el proyecto de ley de estímulo a las exportaciones y que, actualmente está siendo considerado en el Senado.

"Mientras por una parte el proyecto, a grandes rasgos, favorece indudablemente las exportaciones, por otro lado cercena gravemente las entradas que la Empresa Portuaria percibe por concepto de almacenaje de mercaderías.

"La disposición atentatoria contra el puerto de Valparaíso figura en el artículo 32 del proyecto en discusión, en el cual se autoriza la habilitación de recintos particulares de Aduana destinados a almacenar repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola.

"Destacados personeros que están vinculados directamente con esta actividad han señalado al respecto, que en la práctica Valparaíso sería un puerto de tránsito para esa mercadería que constituye un importante rubro de las importaciones que hace el país. Agregan que los repuestos de vehículos motorizados y la maquinaria agrícola, que llegan en grandes partidas a Valparaíso, podrían de tal suerte ser retirados inmediatamente de los recintos portuarios y llevados a almacenes particulares, en otras zonas del país, dejándose de percibir, así, elevadas tarifas que incrementan el presupuesto de la Emporchi y que, en última medida, contribuyen al progresó de nuestro principal puerto.

"La justificada reacción de estos personeros ha ido cundiendo a medida que se han sabido algunos pormenores acerca de la iniciativa, materia de ley, en discusión. Se espera, así, que el descontento irá aumentando y que la protesta se haga general una vez se conozca en forma íntegra el artículo que postergaría por años el progreso que ha ido alcanzando nuestro puerto.

"Por otra parte, entraría a operar nuevamente el centralismo por cuanto esos almacenes particulares de terceros quedarían ubicados, como es obvio, en su mayor parte en la zona de Santiago.

"Las importaciones de repuestos de vehículos motorizados y de maquinaria agrícola han ido aumentando en forma notoria y se espera que tal ritmo será acelerado a raíz de los planes que existen respecto a la Reforma Agraria, Este sólo rubro pasaría, de tal forma, a convertirse en la principal y más importante entrada para el puerto de Valparaíso, siempre y cuando la disposición atentatoria fuese dejada sin efecto.

"Actualmente sólo existen almacenes particulares de aduana para el almacenamiento de combustibles líquidos, de maquinaria para montar industrias y de mercaderías que pertenecen a los propios importadores. Pero todos estos recintos están en manos de esos importadores y no de terceros y tienen una justificación lógica de ser.

"Los almacenes particulares para mercaderías de terceros -señalaron nuestros informantes- serían el peor atentado contra los intereses de Valparaíso, por cuanto en gran medida Valparaíso vive de su puerto y de sus actividades portuarias".

"Afirman, por otra parte, que el puerto sería un verdadero corredor por donde pasaría toda esa voluminosa mercadería pesada sin pagar tarifa alguna de almacenamiento y viajar hasta los almacenes particulares (de Santiago en su mayoría), obviándose así la cancelación que todas las mercaderías deben hacer.

"Aunque no se han calculado las cifras que el puerto de Valparaíso dejaría de percibir, se estima que éstas serían cuantiosas y que dejaría a nuestra región estagnada en su progreso siempre constante.

"Por otra parte, ésta no sería la primera vez que se presente un proyecto de tal naturaleza y que afectaría gravemente el avance de nuestra región. Materias similares han sido estudiadas anteriormente, pero el peso de campañas públicas terminó por aplastar esas iniciativas y Valparaíso salvó con éxito esos serios obstáculos que se cruzaron en su ruta hacia el engrandecimiento de la provincia".

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

En la sesión celebrada esta mañana por las Comisiones unidas, pedí abrir debate sobre el particular, para revisar el artículo citado, pues, como ya dije, esta disposición significaría que, con la venia del Presidente de la República, prácticamente se puedan establecer aduanas particulares.

El señor AMPUERO.-

Como lo ha explicado el Honorable señor Víctor Contreras, fue imposible reabrir el debate en las Comisiones unidas y, por ende, no se pudo reestudiar el artículo 13, cuyos inconvenientes principales han sido someramente explicados.

Con todo, deseo agregar algunas consideraciones de índole personal que apuntan a la inconsecuencia del Gobierno con relación a esta materia. En el proyecto sobre reajustes para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, después de larga discusión en la Comisión de Defensa Nacional, ese organismo del Senado aprobó un artículo en cuya virtud se daba gran flexibilidad a las importaciones destinadas a los astilleros y maestranzas de la Armada, a fin de permitirles plena utilización de sus instalaciones, incrementar, sus ingresos de monedas duras, al quedar en condiciones de prestar atención a naves extranjeras, y, además, entrar en competencia con otras fábricas similares. Pese a que el artículo en cuestión contó con el apoyo del señor Ministro de Defensa Nacional, el señor Ministro de Hacienda logró, más tarde, suprimirlo. Este último se basó en la conveniencia de mantener un régimen más o menos estricto y uniforme en el control aduanero y cambiario.

Ahora, en el artículo 13 se aprueba una norma que entrega inclusive eventualmente a particulares el manejo de estos almacenes, en términos que la fiscalización estatal se hará mucho más débil. Deseo, pues, dejar constancia del diferente criterio exhibido por el Gobierno respecto de dos disposiciones: una que favorecía a una empresa estatal, sobre la cual existe una supervisión muy estricta, y la establecida por el artículo 13, cuya finalidad es favorecer a particulares que están exentos de este control.

En seguida, quiero referirme al artículo 17, otro de los artículos citados entre los que se aprueban en forma automática, en virtud del Reglamento. Esta mañana hubo mayoría en las Comisiones unidas para rechazar una indicación del Ejecutivo concerniente al régimen legal imperante para la industria productora de harina de pescado, instalada en el norte. La razón -según quedó constancia en el informe- no es la negativa a legislar sobre la materia, sino la necesidad en que hemos convenido de legislar con calma y detenimiento, por medio de un proyecto específico pendiente de la decisión de la Comisión de Economía. Pero, en todo caso, desde el punto de vista reglamentario, el rechazo de la iniciativa del Ejecutivo debiera estar estrictamente condicionado a la supresión del artículo 17, por medio del cual se deroga un régimen de excepción que favorece a la industria pesquera instalada en la provincia de Tarapacá. Como no era facultad específica de la Comisión volver a analizar el artículo 17, se acordó -y yo cumplo con dejar constancia de ello- pedir a la Sala la reapertura del debate respecto de este artículo para decidir finalmente si se lo mantiene, haciendo ver que la vigencia de esta disposición está estrechamente relacionada con la industria pesquera nortina.

El señor TEITELBOIM.-

Quiero llamar la atención hacia lo que podríamos calificar de trampas legislativas. Con ello quiero referirme a aquellos artículos que se presentan como del todo inofensivos, que se hallan envueltos en un lenguaje más o menos sibilino y que son dejados pasar en medio del silencio y del sigilo, muchas veces a la chita callando, sin que el Parlamento se dé cuenta de lo que vota. De súbito, nos encontramos en la calle con alguna persona que nos advierte -en medio de nuestra sorpresa, debemos reconocerlo- que el Congreso ha aprobado, sin nuestra oposición, artículos con los cuales nosotros estamos violentamente en desacuerdo, pero respecto de los cuales no tuvimos conciencia de que los aprobábamos, porque sencillamente pasaron, en medio del cansancio producido por una gestión legislativa larga o en una sesión demasiado densa y fastidiosa. Lo mismo puede suceder a causa de una atmósfera de combinación del silencio o por la inadvertencia de todos o de la mayoría de los parlamentarios. Me parece que eso ocurrió respecto de más de un artículo en el último proyecto de ley sobre reajustes. Ahora, también, de alguna manera, se pretende hacer pasar el artículo 13 en medio de un proyecto que consigna normas para estimular las exportaciones. Ese precepto, a mi juicio, es gravísimo. Lo es por lo que se ha dicho aquí: porque contribuye a disminuir la autoridad del Estado en provecho de una anarquización favorable a los intereses particulares. Y Valparaíso, que constituye una aduana en regla, formal, estructurada como debe ser, pasaría a convertirse en lo que se ha llamado un simple terminal de descarga. Mediante algunas disposiciones aduaneras, como la de permitir el depósito de ciertos artículos en almacenes particulares, determinadas mercaderías podrían ir directamente desde las bodegas de los barcos a los carros de ferrocarril en los cuales se las trasladaría a otras ciudades. Después se procedería al aforo, despacho y pago de derechos, todo ello para mayor gloria de intereses particulares.

Veo en esto una tendencia a ir liquidando la participación necesaria del Estado chileno en el proceso de producción y de control, y ello se advierte en muchos aspectos de la vida económica. Naturalmente, no podemos hacernos cómplices de una tentativa de esta índole.

Estimo que se trata, efectivamente, de hacer a Valparaíso víctima de un atraco silencioso, de un golpe por sorpresa, a mansalva, que nosotros, los parlamentarios de Izquierda, de ninguna manera queremos aceptar. A mi juicio, todavía es tiempo para que, en nombre de la seriedad de las instituciones, rechacemos este artículo de trámite avanzado, que, si se aprobara, irrogaría grandes perjuicios, no sólo al primer puerto de la República, sino también a una institución que debe mantenerse, en los niveles correspondientes, en todos los puertos del país: la Aduana.

Por tales razones, concuerdo con las opiniones manifestadas por mis colegas los Honorables señores Víctor Contreras y Raúl Ampuero, por las que se oponen a la aprobación del artículo 13 de este proyecto de ley.

El señor REYES ( Presidente).-

La Sala ha escuchado la opinión de los señores Senadores, relativa a los artículos 13 y 17, que, reglamentariamente, procedería dar por aprobados.

Tiene la palabra el Honorable señor Gumucio.

El señor GUMUCIO.-

Señor Presidente, me referiré al artículo 13, no al 17.

No estamos de acuerdo en dar la unanimidad para que se reabra el debate.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Señor Presidente, ¿por qué no regularizar el debate, pidiendo su reapertura?

Estamos discutiendo al margen del Reglamento. De acuerdo con el informe, deben darse por aprobadas estas disposiciones, con lo que se acaba la discusión. Pero creo que debe pedirse reapertura del debate para tratarías, porque se han dado, respecto de ellas, antecedentes muy graves.

El señor REYES ( Presidente).-

Entiendo que no habría observaciones sobro otras disposiciones, pues las que hemos escuchado se limitan a los artículos 13 y 17. Luego, reglamentariamente procedería dar por aprobados todos aquellos que se han mencionado, salvo esos dos, que han merecido reparos.

Si a la Sala le parece, así se procederá.

Acordado.

Debo también informar a los señores, Senadores que la situación reglamentaria del artículo 13 es distinta de la del artículo 17. Reabrir debate sobre el primero requiere, de acuerdo con el artículo 171, la unanimidad de los Senadores presentes. En cambio, para el segundo se requeriría sólo de los dos tercios, por haberse formulado indicaciones que inciden en la misma idea a que él se refiere.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Me parece que no puede aplicarse el artículo 171 del Reglamento en este caso, señor Presidente, pues él habla de aprobar o desechar en su totalidad un proyecto de ley...

El señor REYES ( Presidente).-

O un acuerdo.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Se trata de un artículo, solamente.

El señor REYES ( Presidente).-

Pero es un artículo equivalente a un acuerdo.

No hay otra manera de interpretarlo.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.

Entiendo que la Sala puede reabrir debate sobre cualquier materia, sobre todo cuando, como en este caso, se han proporcionado datos de tanta gravedad como los señalados por el Honorable señor Teitelboim, según los cuales estaría amenazado el primer puerto de la República, y se favorecería el interés particular en contra del estatal.

El señor REYES ( Presidente).-

No entro a analizar la importancia del precepto, sino a establecer qué disposición reglamentaria es la que corresponde aplicar. La Mesa está dispuesta a considerar la que se le indique, pero, a su juicio, es el artículo 171 el que rige en este caso.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Pero debe conjugarse la importancia de la materia con el Reglamento.

El señor AMPUERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

Tengo entendido que es la segunda vez que la Mesa aplica el artículo 171 en la forma en que lo hace ahora y recuerdo haber formulado oportunamente una objeción sobre el particular.

Según mi punto de vista, ese artículo se refiere a la aprobación o al rechazo, en general, de un proyecto de ley o de acuerdo. No creo que pueda aplicarse específicamente a la votación particular de tales proyectos. Así, pues, la reapertura del debate procedería sólo por acuerdo de los dos tercios o de la simple mayoría, a menos que una disposición expresa dijera lo contrario.

El señor REYES ( Presidente).-

El señor Secretario, que dará lectura al artículo 171, me dice que ésta es la norma observada por la Sala en ocasiones anteriores.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Así se ha hecho, efectivamente.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Dice así el artículo: "Aprobado o desechado en su totalidad un proyecto de ley o un acuerdo, podrá pedirse que se reabra la discusión sobre él.

"La indicación respectiva quedará para el tiempo de Votaciones de primera hora de la sesión ordinaria siguiente, y ni aun por la unanimidad de los presentes podrá considerarse en otra ocasión.

"La aprobación de la reapertura requerirá la unanimidad de los Senadores presentes."

El señor AMPUERO.-

Señor Presidente, creo que de la lectura de este artículo se desprende con más claridad que antes la conclusión a que yo había arribado, porque al hablar de la aprobación o rechazo "en su totalidad" de un proyecto de ley o de acuerdo, quiere decir que se refiere a 1a votación en general y que la regla no puede aplicarse a la votación en particular.

El señor REYES ( Presidente).-

Si le parece a la Sala, continuaremos en la discusión del aspecto reglamentario.

El señor  MUSALEM.-

Perderemos mucho tiempo, señor Presidente. El Reglamento ha sido ya interpretado, según la norma aplicada anteriormente.

El señor GUMUCIO.-

Desde luego, la admisión temporal de mercaderías en almacenes particulares o depósitos es una institución en vigencia, que se regula por acuerdos de la Junta General de Aduanas.

Ahora, ¿qué innovación significa este artículo? La de permitir al Presidente de la República dictar normas más amplias, para que puedan acogerse también a depósito o almacenes particulares mercaderías de importación semielaboradas.

En verdad, el espíritu del proyecto es facilitar en lo posible un procedimiento que permita mayor rapidez tanto en la importación como en la exportación de productos. Esto no significa desmerecer la función correspondiente a la aduana, que es muy respetable y que nosotros reconocemos; pero, en verdad, existe el problema del atochamiento de los puertos, debido a lo cual transcurre un tiempo bastante prolongado hasta que las mercaderías cumplen con ese trámite burocrático, pero necesario -lo reconocemos-, que es el aforo. Por otra parte existe una serie de problemas provenientes del transporte dentro de los puertos, que complican el negocio de importación o exportación, debido al retraso que sufren en ellos las mercaderías.

Tratar de obtener una agilización de todo este proceso corresponde al espíritu de la iniciativa. Por lo demás, se trata de una facultad que se otorgaría al Presidente de la República para modificar las normas vigentes, pero ello en absoluto significa que el control aduanero vaya a dejar de existir. Los funcionarios de aduanas estarían obligados a trasladarse al depósito o almacén particular para aforar la mercadería que corresponda. Naturalmente, todo esto debe tener por base la confianza en las normas que se dicten. Desde luego, si éstas fueran abusivas, de carácter arbitrario, o llegaran más allá de lo conveniente al interés del país, serían perjudiciales. Pero un Ejecutivo que desea poner en práctica un proyecto de ley para hacer más ágil el sistema de importaciones y exportaciones, no cometerá la arbitrariedad de abusar de la facultad consignada en este artículo.

Por tal motivo, nosotros nos opondremos a reabrir debate al respecto.

El señor IBAÑEZ.-

Por desgracia, no es ésta la primera vez que se pretende perturbar la actividad propia del primer puerto del país mediante disposiciones de esta naturaleza. Es frecuente que en la legislación se introduzcan normas que debilitan la función característica de los puertos, y que provocan serios daños a la economía de la provincia de Valparaíso y a todos sus habitantes, que se dedican precisamente a labores en las cuales inciden disposiciones como la que ahora discutimos.

No me parece argumento suficiente para alterar en la forma propuesta en la iniciativa en debate el régimen de almacenes particulares, el hecho señalado por el Honorable señor Gümucio, en cuanto a que en las aduanas se produce atochamiento y dificultad en el transporte de mercaderías. Si tal cosa sucede, lo que corresponde, a mi juicio, es organizar debidamente el servicio de Aduanas; establecer un sistema que, permitiéndole trabajar en forma expedita cuando las mercaderías llegan a esos recintos, no altere un régimen propio de todos los puertos -no sólo del de Valparaíso-, que posibilita el almacenamiento de productos en lugares vecinos al puerto mismo o en locales particulares. Me perece del todo innecesaria esta disposición, salvo que se pretenda, como he dicho, alterar sustancialmente el régimen existente y privar a Valparaíso de actividades que le son propias y que necesita para vivir.

Me opongo, en consecuencia, a la aprobación de este artículo y espero que los señores Senadores, que siempre han mirado con mucha simpatía las actividades propias de cada región del país, en este caso habrán también de respaldar la posición de los parlamentarios porteños votando en contrario esta disposición, que aquí se pretende introducir en forma subrepticia y poco notoria para quienes no están interiorizados en esta clase de materias.

El señor REYES ( Presidente).-

A juicio de la Mesa, en cuanto al artículo 13 del proyecto corresponde aplicar el 171 del Reglamento, por ser aquélla una disposición que no tiene relación con otras ni con las indicaciones que se han formulado. Por lo tanto, para reabrir el debate, se requiere la conformidad unánime del Senado.

Respecto del artículo 17 del proyecto, por haber indicaciones, correspondería aplicar el 113 del Reglamento.

Por lo demás, debo informar a la Sala que éste ha sido invariablemente el criterio de la Corporación en este sentido.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Su Señoría estima que debe aplicarse el artículo 171. Para ser consecuentes con este precepto, la indicación debería quedar pendiente, para ser votada mañana.

El señor REYES ( Presidente).-

Exactamente, señor Senador.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Así lo establece el inciso segundo del artículo.

Pues bien, para ello sería necesario suspender el despacho del proyecto.

El señor REYES ( Presidente).-

En todo caso, sólo en cuanto al artículo 13, señor Senador.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Me parece que en este aspecto estamos forzando el Reglamento, señor Presidente.

He visto en poder del señor Prosecretario un índice completo, por materias, de nuestro Reglamento. Antiguamente el Senado tenía una guía detallada con esa característica, que facilitaba nuestras consultas. El Reglamento actual sólo se subdivide y clasifica en capítulos, de modo que resulta un "puzzle" entenderlo. Uno debe especializarse en esta materia o bien hacer su propio índice. Por eso, yo rogaría que, en su oportunidad, se nos hiciera llegar una copia de ese índice de materias de que hace uso la Secretaría.

He visto que el señor Prosecretario estaba preparando con mucha acuciosidad ese índice, y me manifestó que pronto estaría terminado.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Debo dar una explicación.

El Reglamento que los señores Senadores tienen en sus manos es provisional, y el definitivo se está elaborando en la imprenta. El que Su Señoría menciona se confeccionó para uso transitorio. Además, el índice a que se refiere el señor Senador está consignado en el nuevo texto que estará muy pronto en poder de Sus Señorías. El índice de materias fue incluido en el Reglamento hace muchos años.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

¿Tiene índice por materias?

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Sí, señor Senador.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

El que está en nuestro poder no lo tiene.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Su Señoría seguramente ha consultado un texto antiguo.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Me he dado cuenta de que el señor Prosecretario usa un Reglamento que contiene un índice por materias. Este mismo texto de consulta lo reclamo para todos los Senadores.

El señor REYES ( Presidente).-

Ya se está imprimiendo, señor Senador.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Lo celebro mucho, pues constituirá verdadera colaboración para nuestro trabajo.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Como lo anuncié anteriormente, pedimos reapertura del debate sobre el artículo 13 en la sesión de las Comisiones unidas de esta mañana y lo hemos hecho ahora en la Sala, por estimar que dicho precepto, no sólo afectará a Valparaíso, sino también a todas las aduanas del país. Ha citado especialmente a Valparaíso pues fueron los órganos de publicidad de ese puerto los que dieron la voz de alarma sobre el particular.

Quiero sólo dejar constancia de que por parte de los Senadores del Frente de Acción Popular existe interés por dejar sin efecto dicha disposición, porque ella lesionará fundamentalmente al puerto de Valparaíso, por ser éste uno de los de mayor importancia en el país y tener mayor volumen de carga y descarga.

El señor PRADO.-

Deploro que no podamos reabrir debate sobre el artículo 13. Por razones obvias, los miembros de las Comisiones unidas no han tenido ocasión de interiorizarse en materias como las preceptuadas por el artículo mencionado. En lo personal, creo comprender perfectamente el propósito perseguido por este proyecto y, asimismo, la intención del Ejecutivo al consultar entre las normas para estimular las exportaciones una referente a los regímenes aduaneros, ya consignados en la Ordenanza de Aduanas. Estos son regímenes de excepción dentro de lo que representa la estructura del servicio y de 1) que significa la posibilidad de que las mercaderías importadas ingresen al país, liberadas de los contrales habituales, con un grado de facilidades que actualmente no tienen los importadores, de acuerdo con nuestras leyes aduaneras.

Comprendo la utilidad de que, en cierta medida, las disposiciones de la Ordenanza de Aduanas tengan mayor elasticidad sobre el particular. Otorgar al Presidente de la República la facultad de estudiar esta situación y aplicar estas nuevas disposiciones es algo corriente y usual en materia de aduanas. La propia Ordenanza de Aduanas, en este sentido, ha sido reglamentada por decretos con fuerza de ley.

No obstante ello, deseo expresar claramente las serias reservas que tengo sobre tal asunto; pero me tranquiliza el hecho de conocer el criterio del Ejecutivo sobre este asunto. Sé que el Presidente de la República, en ningún caso, desea disminuir la función esencial del servicio de aduana ni tampoco la importancia económica, para la zona de Valparaíso, derivada de la estructura administrativa portuaria aduanera de dicho puerto. Si las disposiciones legales se aplicaran en la forma en que hasta este momento se han interpretado, entonces no me cabría duda de que habría un motivo para pensar que mediante estos nuevos preceptos se abrirá una brecha peligrosa, difícil de controlar. Hay razones para estimar que la administración aduanera, en la forma como está constituida -limitada por muchos conceptos-, no podrá operar con eficacia respecto de aquellas mercaderías que no son sólo materia prima, sino artículos a media elaboración. Esta es una de las novedades introducidas por este artículo. No será posible controlar, sino excepcionalmente, la correcta aplicación de las disposiciones tributarias aduaneras sobre una mercadería respecto de la cual se autoriza su ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a media elaboración, y piezas que se utilizan en la elaboración de un producto. A mi juicio, esto, en definitiva, abre efectivamente campo a serias dudas.

Conozco un poco estas materias y comprendo la intención; pero quiero dejar expresa constancia de que ése no es ni puede ser el propósito del Ejecutivo. Se trata de artículos respecto de los cuales es difícil sentar pautas demasiado generales y herméticas.

Un régimen aduanero que guarda mercaderías en almacenes fiscales y no permite disponer de ellas limita la facultad de los importadores, aplicando normas de regímenes restrictivos de carácter aduaneros, que son bastante rigurosos, es, en muchos casos, inconveniente para el desarrollo de la política de exportación del país; pero creo, no obstante, que la situación inversa es peligrosa.

Por estas razones tengo algunas reservas. Sin embargo, me impondré la tarea de aunar los conceptos aquí vertidos referentes a la manera de aplicar estas disposiciones, a fin de que de ellas se obtengan ventajas, sin los riesgos fundamentales que algunos señores Senadores han dado a conocer.

El señor BOSSAY.-

Deseo expresar mi opinión favorable a la reapertura del debate -si es que para ello hubiera acuerdo en el Senado- y manifestar que el verdadero peligro no radica en las frases mismas donde se establece la posibilidad de los almacenes particulares o de admisión temporal, sino simplemente en la amplitud que el Ejecutivo pueda dar a la facultad consignada en el artículo 13. ¿Qué significa esta amplitud que el Ejecutivo pueda dar a esa facultad?

En muchas oportunidades, como señaló el Honorable señor Ibáñez, el puerto de Valparaíso ha estado expuesto al peligro del establecimiento de verdaderas aduanas terrestres, por influencia de intereses particulares. Fue el caso de la que se pretendió instalar en la ciudad de Santiago, en Punta de Rieles. A esas aduanas llegaron toda clase de mercaderías ingresadas al puerto de Valparaíso, para ser depositadas en zonas más cercanas a los centros de consumo, con beneficio evidente para un conjunto de organizaciones despachadoras de aduanas o de empresas comerciales que transportan mercaderías.

Pero el sistema de admisión temporal o de almacenes particulares, como lo han señalado varios señores Senadores, existe en la actualidad; no constituye ninguna novedad. Son numerosas las fábricas de Santiago y de otras parte del país que tienen establecido el sistema de almacenes particulares. Asimismo, también existe, con pequeñas dificultades para su funcionamiento, el sistema de admisión temporal para materias primas o partes de un artículo para ser reexportadas. Respecto de este sistema existe la correspondiente legislación, y sólo se presenta el problema de la falta de velocidad en la dictación de una resolución por parte de la directiva de los servicios de aduanas.

Al parecer, la novedad se encuentra en el inciso segundo del artículo 13. En él se pretende establecer que no existiría un solo almacén particular, sino que una mercadería podrá pasar por sucesivos almacenes particulares, pertenecientes a distintas industrias, a medida que aquélla va siendo sujeta a diferentes procesos de elaboración hasta ser reexportada, semielaborada o totalmente elaborada. Si esa necesidad requiere de una disposición legal no contemplada actualmente en forma expresa, bien podría existir tal precepto; pero comprendo que el temor manifestado por los diarios "El Mercurio" y "La Estrella" de Valparaíso, y de muchos otros círculos de la provincia, radican en la amplitud que el Ejecutivo pueda dar a estas dos frases que, en el fondo, significan la posibilidad de modificar normas relativas al ingreso al país de mercaderías bajo el régimen de admisión temporal o de almacenes particulares.

La instalación en Santiago de una aduana completa, constituyó una triste experiencia para Valparaíso. Ello significaba restringir cada vez más los índices de créditos para esa provincia. De una capacidad total de 12% en depósito del Banco del Estado en la zona, sólo se colocó en el puerto 8%; o sea, el 50% de lo que los porteños depositan se destinó a la capital de la República, y no a los habitantes de Valparaíso, que lo necesitan mucho.

Asimismo, ha aumentado allí el no pago de documentos, por la difícil situación económica regional originada en la disminución de ventas y el cumplimiento de facturación. A todo lo anterior hay que agregar el factor de inquietud e imposibilidad de trabajo para estibadores, portuarios y lancheros y de todas aquellas personas que dependen de organizaciones de transportes o de empresas despachadoras de aduanas, lo cual es razón suficiente para afligir a la zona.

Estas medidas serían aplicables en una zona con excelente tren de trabajo y producción, pero no en aquéllas que tienen serias inquietudes económicas sobre su porvenir. Por eso creo que con esta amplísima facultad consignada en el artículo 13, el Presidente de la República no sólo reglamenta lo que ahora existe -almacenes particulares y el sistema de admisión temporal-, sino que crea verdaderas sucursales de aduanas, con traslado de capacidad de trabajo y recursos a una zona que, a lo mejor, no los necesita, por estar saturada de dineros y de capacidad laboral.

Por eso, deseo unir mi opinión favorable a la reapertura del debate del artículo mencionado para que, por lo menos, lo examinemos en detalle y,' si es necesario, obtener las informaciones técnicas que amplíen nuestros conocimientos, a fin de despachar una medida que, a la postre, no sea contraria a los intereses generales de una importante región del país.

El señor REYES ( Presidente).-

Oportunamente, la Mesa solicitará el acuerdo correspondiente para reabrir debate.

El Honorable señor Víctor Contreras solicitó el acuerdo de la Sala para incluir en la parte pertinente de su intervención dos editoriales que mencionó.

Acordado.

El señor AMPUERO.-

¿Se resolverá de inmediato lo relativo a la reapertura del debate?

El señor REYES ( Presidente).-

Reglamentariamente, corresponde hacerlo en la sesión de mañana.

El señor AMPUERO.-

Yo creo que si la Mesa está segura, es su derecho dar la interpretación que estime más cómoda y justa de la disposición reglamentaria; pero sigo sosteniendo que el texto del artículo es bien claro. La disposición del artículo 171 se refiere sólo a aquellos casos en que un proyecto de ley o un proyecto de acuerdo se hayan votado en general. El sentido de la disposición relativa a "los acuerdos que adopte el Senado se comunicarán sin esperar la aprobación del acta respectiva, salvo resolución en contrario", se refiere a los acuerdos adoptados por la Sala, a los proyectos de acuerdos que se transformen en decisiones de ella, pero no se puede referir a cada votación en particular de un proyecto de ley. De manera que, en mi concepto, la disposición aplicable es, lisa y llanamente, la consignada en el artículo 113.

Respecto de las resoluciones que haya entre materias que estamos discutiendo o discutamos posteriormente, en el artículo que nos interesa volver a debatir, el 13, se trata de un asunto que se calificará en el momento de votar la reapertura del debate mismo.

Estimo que la Mesa está profundamente equivocada al aplicar el artículo 171 del Reglamento.

El señor REYES ( Presidente).-

La Mesa ha creído interpretar correctamente la disposición reglamentaria, aunque, naturalmente, puede haber distintos criterios. Respalda su opinión el hecho de haberse procedido invariablemente de la misma manera, según me informa el señor Secretario.

En todo caso, me parece procedente consultar sobre este punto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor AMPUERO.-

A mi juicio, se está abusando de las consultas a esa Comisión. En verdad, quien debe resolver es la Sala. Si el señor Presidente tiene dudas, debe consultar al Senado.

El señor REYES ( Presidente).-

La Mesa no tiene dudas. Si las tuviera, las habría planteado.

El señor AMPUERO.-

Entonces, no hay para qué consultar a la Comisión de Legislación.

El señor REYES (Presidente)

A fin de establecer un procedimiento para lo futuro.

De todos modos, esta materia no se resolverá de inmediato, sino mañana.

El señor AMPUERO.-

Si se aplicara el artículo 113, se podría resolver de inmediato.

Por eso he insistido en mi punto de vista. No por el deseo de poner dificultades reglamentarias. A la inversa.

El señor REYES ( Presidente).-

Continúa la discusión.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En primer lugar, las Comisiones unidas de Hacienda y de Economía y Comercio proponen, en el artículo 29, letra c), agregar, a continuación del punto y coma, lo siguiente: "sin embargo, serán aplicables las normas de esta ley a las empresas salitreras que laboren conforme al sistema Shanks".

La letra c) dice: "A la industria salitrera, que se rige por la ley N° 12.033, publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1956, mientras sus operaciones y actividades se rijan por esta ley;".

-Se aprueba la enmienda propuesta por las Comisiones.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En seguida, proponen sustituir la letra d) por la siguiente: "A las industrias que no retornen al país el total de sus exportaciones, y".

La letra antigua decía: "A las industrias explotadoras de minerales de hierro, que no retornan al país el total de sus exportaciones, sin perjuicio de la aplicación del artículo 24, y".

El señor REYES ( Presidente).-

En discusión.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

La disposición se hace extensiva a todos los minerales.

El señor CHADWICK.-

A todos los que no retornen el total de sus exportaciones.

-Se aprueba lo propuesto por las Comisiones.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

El señor Ministro de Hacienda ha renovado la indicación número 30, para reponer el artículo 69 del proyecto de la Comisión de Economía.

Dice este artículo:

"No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República, en casos calificados, podrá, al fijar la lista, señalar respecto de uno o más productos incluidos en ella, un plazo mayor durante el cual no podrán retirarse de dicha lista ni rebajarse sus porcentajes respectivos de devolución.

"El Presidente de la República podrá otorgar igual garantía respecto de productos que se incluyan con posterioridad a la lista ya formada. Una vez expirados los plazos especiales recién señalados, los productos respectivos quedarán sujetos al régimen general y podrán ser retirados de la lista o rebajados sus porcentajes en conformidad a las normas del artículo anterior".

Este artículo fue rechazado por la Comisión de Hacienda en su primer informe, sin que fuera repuesto por las Comisiones unidas en el segundo.

El señor REYES ( Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la indicación.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Resultado de la votación: 13 votos por la afirmativa, 11 por la negativa, 2 abstenciones y 1 pareo.

El señor REYES ( Presidente).-

Debe repetirse la votación.

-(Durante la votación).

El señor BOSSAY.-

Voy a fundar el voto, señor Presidente.

El propósito de las Comisiones unidas fue establecer normas generales, sin excepciones o diferencias para algunas firmas o empresas. Dentro de ese criterio, en su oportunidad rechazaron el artículo que fijaba un plazo de seis años para determinadas actividades, y a las restantes las dejaba sometidas al plazo general de tres años. No se quería lo que en las Comisiones se llamó "ley del serrucho": unos más arriba, otros más abajo. Se deseaba que no hubiera discriminaciones y que todos los productos de una misma especie quedaran en igualdad de condiciones.

En el caso en estudio, se plantea una situación particular para uno o más productos; o sea, no se impone una norma de orden general. Por eso fue rechazado el artículo 6° de la Comisión de Economía.

Por otra parte, respecto de otros casos tuvimos, incluso, que dar explicaciones. Por ejemplo, a un señor Diputado que pidió apoyó para una disposición favorable exclusivamente a una empresa elaboradora de azúcar de betarraga en el sur. Le dijimos que, cuando se presentara el proyecto respectivo, no tendríamos ningún inconveniente en aprobarlo -yo, por lo menos, así lo hice presente-, pero siempre que se tratara de una iniciativa encaminada sólo a otorgar franquicias aduaneras para la importación de maquinaria destinada a esa industria.

Nos pareció que la ley en proyecto, de tanta importancia y que se prestará a tantos comentarios en cada uno de sus preceptos, no debía discriminar entre las distintas empresas y productos, sino constituir un conjunto de preceptos de carácter general, como ya lo he dicho, pese a que dentro de ella se conceden infinidad de facultades al Ejecutivo para reglamentar o modificar, según se pudo apreciar en el artículo 13, una serie de actos o situaciones. Esa es la razón de nuestra negativa.

Voto que no.

El señor IBAÑEZ.-

Señor Presidente, aunque esta disposición fue aprobada al comenzar la discusión en la Comisión de Economía y Comercio, al revisar otras normas del proyecto se adoptó el criterio de rechazar todo lo que significara otorgamiento de facultades discrecionales, que muchas veces colocan en situación difícil a los propios funcionarios de la Administración Pública.

Finalmente, prevaleció en la Comisión de Economía y luego en las Comisiones unidas el pensamiento de que una ley de esta naturaleza, por el alcance tan delicado e importante de sus disposiciones, debía tener siempre carácter general y, por tanto, no había conveniencia en mantener normas que, sin duda, en determinadas situaciones podrían justificarse, pero que abren la brecha para implantar un sistema poco claro V muchas veces anárquico en materia de concesión o negación de franquicias.

Por tal motivo, modificando el criterio sustentado al comienzo del debate en la Comisión de Economía, voto que no.

-Se rechaza la indicación renovada (15 votos contra 11 y 2 abstenciones).

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En seguida, en el artículo 6°, las Comisiones proponen intercalar, entre "FOB" y "y en ningún caso", lo siguiente: "o CIF".

El señor REYES ( Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor CHADWICK.-

Deseo conocer el alcance de la modificación en debate, porque no pude captarlo por la simple referencia que hizo el señor Secretario. Ruego a la Mesa explicar el sentido de la enmienda propuesta.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Con el agregado, la disposición quedaría redactada en los siguientes términos:

"Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, los aplicará el Presidente de la República sobre el valor FOB o CIF y en ningún caso podrán exceder del 30% de dichos valores".

El señor CHADWICK.-

Quisiera saber cuáles son las razones para incorporar la alternativa que ahora se propone, porque en el valor CIF se incluyen valores distintos de los comprendidos en la sigla internacional FOB. Entiendo que dentro de la mención CIF, están el seguro, el flete y le costó, mientras que la sigla FOB se refiere a los valores netos del costo libre a bordo.

En consecuencia, no parece razonable que, para eximir o fijar el porcentaje, se tome en cuenta el valor CIF.

No tengo una opinión definitiva sobre la materia, pero la primera impresión que me deja la enmienda aceptada por las Comisiones unidas es contraria a la legislación que se desea aprobar.

Por eso, agradecería que algún miembro de esas Comisiones diera a conocer al Senado los antecedentes que se tuvieron para variar Se criterio.

El señor AMPUERO.-

¿Quiénes renuevan la indicación?

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Es una indicación propuesta por la unanimidad de las Comisiones unidas. Por lo menos, es lo que se desprende del informe.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Nosotros la votaremos negativamente.

El señor AMPUERO.-

Sería interesante escuchar a alguno de los señores Senadores que patrocinó la indicación, porque, en realidad, parece haber más objeciones que fundamentos favorables.

El señor CHADWICK.-

¿Cuál es la razón de que se tomen en cuenta el flete y el seguro?

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

El agregado propuesto por las Comisiones unidas tuvo origen en una indicación formulada por el Honorable señor Palma.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

El Honorable señor Altamirano y el Senador que habla la votamos en contra.

El señor REYES ( Presidente).-

Ruego a algún señor Senador que haya participado en los debates de las Comisiones unidas dar una explicación sobre el particular.

El señor NOEMI.-

¿Me permite la palabra, señor Presidente?

Como dijo el Honorable señor Chadwick, el objeto de la indicación es, precisamente, agregar a la exportación FOB, o sea, libre y a bordo, los valores correspondientes al costo, el seguro y el flete. Es decir, que ese porcentaje se considere como costo, porque realmente forma parte del valor de exportación.

En realidad, el porcentaje de que se trata se aplica sobre un mayor valor y, por lo tanto, se beneficia en mayor escala a la exportación.

Me parece que eso es claro.

El señor CHADWICK.-

A mi juicio, subsiste siempre la objeción, pues estos factores agregados para el cálculo del 30% pueden ser completamente extraños a la economía nacional.

El flete y el seguro pueden pagarse a barcos de bandera extranjera. Y esto es lo que ordinariamente ocurre. De manera que no se ve justificación alguna para que el Presidente de la República...

El señor FONCEA.-

Se bonifica la exportación.

El señor CHADWICK.-

...aplique una bonificación por valores que crea y produce la economía extranjera, pues ello no se compadece con ningún sistema de estímulo racional que fortifique nuestra propia economía.

Por eso, y dada esta justificación, anuncio mi voto .contrario a la enmienda propuesta.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Señor Presidente, resulta deplorable que el Senado no sea informado con claridad sobre esta materia.

La explicación que uno deduce de la redacción del artículo es que aquí habrá una devolución que no debe exceder de 30%, ya sea que se trate de mercaderías puestas "free on board" o entregadas en destino, con el costo, flete y seguros. En cualquiera de los dos casos, sea que se trata de mercaderías consignadas en la costa de Chile o en el puerto extranjero de destino, se aplica una devolución. ¿Cuándo? ¿En qué momento? No lo dice, y de ahí nace la duda. Por ahora es una interrogante.

Ojalá algún señor Senador entendido en esta materia pueda explicarla. Hasta el momento, no hemos tenido ninguna explicación.

El señor NOEMI.-

En ningún caso se hará una devolución que exceda de 30%.

El señor CHADWICK.-

Eso lo sabemos. Lo dice la propia disposición.

El señor NOEMI.-

De manera que el 30%, en vez de ser libre y a bordo, incluirá costo, seguro y flete.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

No tiene nada que ver.

El señor AMPUERO.-

El 30% se aplica sobre un valor superior.

El señor CHADWICK.-

Quiero hacer presente, señor Senador, que, por esta vía, el exportador puede producirse a sí mismo un alza en la bonificación, si hace viajar a su mercadería. Por ejemplo, en vez de venderla al Perú, la destina a un puerto japonés. Indudablemente, tendrá un porcentaje mayor de bonificación, aunque deba pagar fletes en barcos extranjeros y seguros en compañías foráneas.

Creo que no existe conveniencia nacional en producir estos estímulos a costa de nuestra economía.

El señor GONZALEZ MADARIAGA-

Además, en esta legislación hay algo muy raro en cuanto se refiere al porcentaje de devolución, que se fija en forma diferente.

La redacción del precepto es demasiado vaga, pues se limita a hacer una referencia exclusivamente global y habla de que los porcentajes de devolución se calcularán "en la forma anteriormente descrita".

He estado buscando, sin que aparezca con precisión, qué artículo o inciso autoriza para hacer esta rebaja. Incluso, en el artículo anterior también se vuelve a hacer una referencia a la norma precedente.

El señor AMPUERO.-

Señor Presidente, parece haber acuerdo o asentimiento en la Sala en el sentido de mantener la disposición sin la referencia al valor CIF. Incluso, creo que esto deteriora toda la filosofía del proyecto.

En realidad, yo no me siento autorizado para interpretar esa filosofía, pues me incorporé al estudio del proyecto en la última sesión celebrada por las Comisiones unidas y, por consiguiente, no lo conozco cabalmente. En todo caso, se me ocurre que aquí se trata de premiar las exportaciones con el objeto de aumentar la afluencia de dólares, de moneda dura, a nuestra balanza de pagos. Indudablemente, el valor FOB significa premiar valores chilenos que retornarán en moneda extranjera al país.

En consecuencia, agregar el seguro y el flete, que ordinariamente se aplican a las compañías extranjeras, significa estar premiando algo que no merece ser premiado.

Ojalá algún señor Senador pudiera explicar con claridad el alcance de este precepto.

El señor GUMUCIO.-

Yo no he tenido la suerte de concurrir ni siquiera a la última de las sesiones celebradas por las Comisiones unidas, como lo hizo el señor Senador; pero me parece que ésta es una forma de calcular la devolución, pues bien pudo haber sido un porcentaje rígido de cualquier otro término de comparación.

Así como se eligió el FOB, también pudo haberse elegido el CIF.

En realidad, el problema consiste en saber cuál es el mejor como estímulo en el monto que se da; y el hecho de que están incluidos el transporte y el seguro no significa premiar al extranjero, sino al nacional, porque subirá el monto total de lo que resulta como devolución.

Lo que a primera vista entiendo es que se trata de una escala de valores para pagar una devolución mayor.

El señor AMPUÉRO.-

La verdad es que todos entendemos más o menos a medias la disposición, y, por desgracia, no está presente ninguno de los señores Senadores plenamente interiorizados en la materia.

Por eso, tal vez, vale la pena dedicar algunos minutos a dilucidar el problema.

Como es evidente, este porcentaje pudo haberse referido a cualquier cantidad; pero es diferente cuando se refiere al valor FOB, pues en este caso se trata de un valor creado en el país, que retornará en moneda dura; y puede incidir en una cantidad muy superior, con la agregación de estos elementos nuevos que son el seguro y el fleta, que no crean retornos adicionales de divisas para nuestro país, sino que, ordinariamente, significan egresos en moneda dura. Además, se trata de valores de muy difícil fiscalización.

Los gastos internos de exportación son fáciles de comprobar; pero, cuando se trata de calcular el valor de seguros y fletes, ello se puede prestar a infinidad de irregularidades. Me parece que, en materia de transporte marítimo, por ejemplo, existen irregularidades realmente fabulosas en la escala internacional.

Pienso que la enmienda sugerida significa agregar algo que se contradice con el espíritu fundamental de la ley y que, además, estaría creando factores de incertidumbre para los efectos de calcular las devoluciones.

El señor CHADWICK.-

Deseo exponer al Senado un ejemplo, a fin de aclarar mis ideas sobre el particular.

Un exportador, por ejemplo, puede verse tentado a crear artificialmente un precio CIF alto y, en vez de destinar su exportación a un mercado próximo, que dará una base más baja al cálculo de 30%, destinarla, contra los intereses generales del país, incluso vendiendo más barato el producto, pero produciendo un mayor flete y un mayor recargo por seguro, a otros •mercados de países lejanos. ¿Qué interés tenemos nosotros en estimular esta clase de fraude? ¿Qué ventaja reporta a la economía nacional?

Por eso, las ideas expuestas por el Honorable señor Ampuero y la que yo expresé mediante mi ejemplo, me convencen de que el texto primitivo propuesto en el primer informe se conformaba mejor con el interés nacional que esta fórmula ambigua que deja abierta la posibilidad de que el exportador se esté produciendo a sí mismo mayores ingresos a costa del país.

El señor IBAÑEZ.-

Creo que la indicación que se introdujo en las Comisiones unidas es necesaria y, por las palabras expresadas por el Honorable señor Chadwick, estimo indispensable una explicación.

Los exportadores no pueden crear artificialmente precios CIF altos, como ha dicho el señor Senador. Ellos verán a donde pueden exportar en mejores condiciones, con el objeto de aumentar el volumen de sus exportaciones. Esa es la finalidad de esta iniciativa legal.

Creo que la expresión usada por Su Señoría, al hablar de fraude, es extraordinariamente ligera. Aquí se trata de algo que no tiene nada de fraudulento.

Se trata de lo siguiente: respecto de ciertos productos de exportación, el flete tiene gravitación considerable dentro de su precio, especialmente en el caso de Chile, que, por su ubicación geográfica, está lejos de casi todos los grandes mercados consumidores. Naturalmente que, tratándose de productos caros -caros con relación a su volumen y a su peso-, el flete tiene poca importancia; incluso hay ciertos productos que podrían enviarse por avión. En cuanto a los perfumes franceses, por ejemplo, pese a su elevado costo, estimo que no habría inconvenientes para enviarlos en esa forma.

El señor CHADWICK.-

¡Las aduanas se encargan de pararlos...!

El señor IBAÑEZ.-

En todo caso, hay otros productos cuyo valor es bajo y lo que encarece su costo ante el consumidor es el flete; y, sobre todo, el flete en un trayecto largo, como sucede con la exportación de muchos productos chilenos.

En consecuencia, si lo que se pretende mediante la ley es crear un estímulo real para las exportaciones, debe otorgarse la facultad. En este caso, y por las razones que he dado, soy partidario de facultar al Ejecutivo para que el "draw back", como bonificación de exportación, deba aplicarse tanto sobre el valor FOB como del CIF, vale decir, incluyendo el flete.

Como es evidente, en productos de precios bajos, como pueden ser los mineros o agrícolas, el flete tiene incidencia considerable y, si no se hace extensivo el "draw back" al flete, nos quedaremos en situación adversa para competir en muchos mercados internacionales.

Lo mismo podría decirse de la madera u otros productos cuyo volumen y bajo valor, con relación a su peso, hace que el flete tiene incidencia considerable.

Son estas las razones que, a mi juicio, aconsejan la modificación introducida por las Comisiones unidas y que yo votaré favorablemente.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Realmente, éste es un debate deplorable para el Senado. No deseo hacer cargos a nadie -ni a los señores Senadores de Gobierno-, pero la Corporación debe ser ilustrada sobre esta materia. Estoy buscando la ilación de las cosas, la razón de esta devolución. En efecto, el artículo 3° dice: "Operará de pleno derecho y sin necesidad de presentación o trámite alguno, la exención de todos los impuestos, derechos, tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación".

Es decir, en esta forma se premia al exportador al liberarlo de toda suerte de impuestos.

Ahora bien, ¿cómo se concilia este precepto con los siguientes que autorizan al Presidente de la República y al Ministro de Economía para dictar una lista de los productos que pueden ser objeto de esa devolución y para establecer libremente los respectivos porcentajes de devolución, los cuales, según el artículo 6°, "los aplicará el Presidente de la República sobre el valor FOB ó CIF" -en esto no se hace diferencia alguna- "y en ningún caso podrán exceder del 30% de dichos valores". Es decir, aquí se fija un límite. ¿Por qué de 30%?

El señor NOEMI.-

Porque es el máximo que autoriza la ley.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Nadie ignora la diferencia que existe entre el valor FOB y el CIF de una mercadería destinada al Asia, por ejemplo. En muchos casos, el costo es igual al valor de la mercadería.

El señor IBAÑEZ.-

Evidentemente. Ello nos permite abrirnos ese mercado.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Opino que el Senado debe suspender el despacho del proyecto en tanto alguien pueda ilustrar a la Sala acerca de las dudas que suscita.

El señor NOEMI.-

Considero bastante clara esta cuestión. El artículo 6° dispone, en forma categórica, que "los porcentajes de devolución que se rigen en la forma anteriormente descrita, los aplicará el Presidente de la República sobre el valor FOB ó CIF y en ningún caso podrá exceder del 30% de dichos valores", o sea, del de las exportaciones. Es evidente que el costo de la importación FOB, o sea, libre a bordo, es menor que el CIF, puesto que este último incluye fletes y seguros; pero, en todo caso, el precepto es categórico al disponer que el porcentaje de devolución no podrá exceder de 30% del valor de la exportación, sea ésta CIF ó FOB.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

No obstante la explicación de Su Señoría, subsiste la duda que he planteado, ya que la disposición dice que no "podrán exceder del 30% de dichos valores". ¿A qué valores se refiere? ¿Al de las mercaderías? ¿Al de los impuestos que deberán ser devueltos? Esto es lo que falta aclarar.

El señor AMPUERO.-

Se refiere al 30% de los valores CIF y FOB.

El señor CHADWICK-

Las observaciones del Honorable señor Ibáñez no se hacen cargo de la objeción fundamental a la resolución de las Comisiones Unidas en el sentido de agregar el valor CIF. El señor Senador no ha considerado la primera objeción consistente en que el exportador puede, a su arbitrio, aumentar el máximo de 30% mediante compromisos en materia de fletes y seguros cuya variabilidad es extraordinaria.

Nuestro Honorable colega ha dicho que los exportadores no están en libertad de fijar sus precios y que deben regirse por las condiciones existentes en el mercado mundial. Esto último no corresponde en absoluto a la realidad, pues los precios no son uniformes en todas partes del mundo, precisamente porque en ellos intervienen costos de fletes, seguros, etcétera, sobre todo cuando se trata de mercados lejanos de sus fuentes naturales de producción. Por lo tanto, no existe esa regla rígida que permita poner a salvo al país de las manipulaciones de los exportadores para obtener un porcentaje más alto que 30%. Por ejemplo, en el vino exportado a granel, tiene considerable influencia el flete, lo cual determina cotizaciones muy diferentes en los distintos mercados del mundo.

¿Qué interesa a Chile como país? Promover las exportaciones, pero siempre que ello no se haga a un costo exagerado para la economía nacional. La exportación no debe ser un negocio que arroje beneficios exclusivamente en favor de los exportadores, sino que también del país. Si aceptamos la idea general de considerar como base el 30% de los gastos que el exportador puede crear, abriremos el camino para perjudicar nuestras posibilidades de ingresos.

Asimismo, tampoco el Honorable señor Ibáñez se ha hecho cargo de la situación paradójica que significa que Chile, país, pobre, estimule negocios ajenos, como los de las grandes empresas navieras internacionales y las de seguros que ganarán mucho más en la medida que se prolonguen los viajes y los exportadores chilenos estén fabricando, por medio de aquellas maniobras que con razón hemos denominados fraudulentas, costos más altos para percibir utilidades desmedidas.

Creo que si la ley autoriza al Ejecutivo para fijar hasta en 30% la devolución de los valores mencionados, le da cierta latitud, le otorga determinada libertad para orientar su política en esta materia, pero en ningún caso lo dejará prisionero de las tremendas presiones que hacen los interesados en las oficinas públicas cuando se trata de llevar a cabo un negocio que puede tener resultados suculentos si se logra aumentar la base del cálculo de 30%.

Por esas consideraciones insistimos en la conveniencia de atenernos al informe primitivo de las Comisiones Unidas y desechar la idea de agregar el valor CIF como base del cálculo para determinar el 30% de la exportación.

El señor GOMEZ.-

Esta materia tiene una explicación muy sencilla. En el mercado mundial hay productos que se transan valor FOB y otro CIF. En el primer caso están las materias primas -cobre, salitre, carbón y otras-, que pagan el valor que tienen aquí en el país y sus compradores se hacen cargo de los fletes y seguros fuera del país. En cambio, las manufacturas se cotizan valor CIF. Estas deben salir a competir con otros productos similares en distintos mercados del mundo, como hizo notar en las Comisiones Unidas el Honorable señor Contreras. Pues bien, esas manufacturas se transan valor CIF. Tal es el caso del calzado chileno: se transa CIF, puesto en Nueva York, ya que en esa forma le es más posible vencer la competencia.

En consecuencia, el porcentaje de 30% es un punto de referencia. No se trata de obligar al Presidente de la República a devolver ese máximo, pues no es un porcentaje fijo, sino máximo; en consecuencia, puede ser rebajado. El artículo establece que la liberación operará sobre los impuestos que incidan en el producto exportado. Nada más. No dice que deba ser 30% ; éste -repito- es sólo un punto de referencia para el cálculo.

Porque ¿cómo se podría calcular dicho porcentaje sobre el valor FOB si el producto ha sido transado CIF, ya que en este último caso intervienen seguros y fletes?

El señor AMPUERO.-

La objeción de Su Señoría es un poco inconducente, pues si admitimos que el artículo establece sólo un tope para los efectos de la devolución y que, en consecuencia, se trata de una referencia exclusivamente matemática, el cálculo puede hacerse independientemente del carácter de la transacción del producto, sea ésta FOB ó CIF.

El señor GOMEZ.-

El cálculo se torna más complicado cuando tiene que establecerse el valor del producto exportado, pues su precio varía según haya sido transado CIF ó FOB. El Banco Central tendrá que aplicar el porcentaje de devolución sobre el valor facturado.

El señor AMPUERO.-

Pero tiene que conocer el valor de los seguros y fletes. Si no se toman estas precauciones podrían abrirse las puertas para la comisión de los peores fraudes.

El señor PRADO.-

Deseo expresar algunas ideas sobre esto que, al parecer, ha sido interpretado con alguna confusión, a fin de contribuir a su esclarecimiento.

Estimo que no existen las contradicciones hechas presentes durante el debate, pues de la lectura detenida del artículo 6° fluye que éste contiene dos sistemas de exenciones: una directa, a las exportaciones, que alcanza a todos los actos que derivan de las actuaciones del fabricante o industrial para efectuar la exportación. Ese es un régimen de exención directa que, como dice el artículo 3° "operará de pleno derecho". El importador, fabricante de un producto de exportación, recurre ante los organismos respectivos y presenta la documentación del caso y luego consuma el acto de la importación y queda exento de todo. Eso es una cosa. No existe límite en el porcentaje respecto de este primer sistema.

El artículo 3° da margen a un cambio en ese sistema al establecer que determinados productos quedarán sujetos a una lista de exportaciones confeccionadas por el Presidente de la República. Esos artículos no gozarán de exención directa, sino que operará, respecto de ellos, un sistema distinto. ¿Por qué razón? Porque el artículo 4 expresa lo siguiente: "Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3°, deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes".

Se trata de productos o artículos que tienen incorporados derechos de importación y, en consecuencia, la ley los obliga a pagarlos; sin embargo, respecto de ellos opera el llamado "draw back", o seo la devolución de esos derechos en un porcentaje que el Presidente de la República calificará según la conveniencia que tal producto tenga para el país. Es a esta devolución de derechos a la cual se le fija un límite máximo de treinta por ciento en el artículo 6°.

Y aquí viene el punto importante: puede tener como límite máximo el valor FOB o el CIF. Al respecto, quisiera dar una explicación; pero veo que el señor Presidente me anuncia el término de la hora.

El señor REYES ( Presidente).-

Por haber llegado a su término el Orden del Día, queda pendiente la discusión de este proyecto para el día de mañana.

El señor PRADO.-

¿Me permite, señor Presidente? Quisiera hacer una observación sobre el artículo 13, porque desearíamos facilitar la reapertura del debate.

El señor JARAMILLO LYON.-

Que se trate mañana, también.

El señor REYES ( Presidente).-

En todo caso, deberá tratarse también en el día de mañana.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Convendría que el señor Ministro de Economía concurriera a la sesión, para que ilustrara al Senado sobre estas materias. No es admisible despachar el proyecto sin una información adecuada.

El señor REYES ( Presidente).-

La Mesa invitará al señor Ministro para que concurra a la sesión.

El señor PRADO.-

Si me permite señor Presidente, quisiera pedir que la Mesa recabara el asentimiento de la Sala para tratar el proyecto sobre protección de menores, despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y que tiene pendiente del estudio de la Comisión de Hacienda dos o tres disposiciones que dicen relación con ella. Se trata de un proyecto con urgencia que, por muchas razones, se espera poner en vigencia cuanto antes y, por ello, pediría recabar el acuerdo del Senado para despacharlo ahora, sin esperar el informe de la Comisión de Hacienda.

El señor JARAMILLO LYON.-

Estamos de acuerdo, señor Presidente.

El señor AGUIRRE DOLAN.-

No hay acuerdo.

El señor REYES ( Presidente).-

No hay acuerdo.

NORMAS SOBRE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Corresponde continuar ocupándose en el segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Economía y Comercio unidas, recaído en el proyecto que fija normas sobre fomento de las exportaciones.

En la sesión de ayer quedó pendiente el artículo 6º, respecto del cual las Comisiones Unidas proponen intercalar, entre las letras "F.O.B." y la frase "y en ningún caso...", lo siguiente: "o C.I.F.". En consecuencia, el artículo queda redactado así:

"Artículo 6º.- Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, los aplicará el Presidente de la República sobre el valor F.O.B. o C.I.F. y en ningún caso podrán exceder del 30% de dichos valores".

-El proyecto aparece en los Anexos de la sesión 12%, en 8 de marzo de 1966, documento Nº 2, página 4.082 y los informes en los de la sesión 90ª, en 5 de abril de 1966, documento Nº v, página 5745 y 94ª, en 13 de abril de 1966, documento Nº 1, página 6057.

El señor REYES ( Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor CHADWICK.-

El debate iniciado ayer sobre la enmienda de las Comisiones Unidas al artículo 6º, quedó en suspenso en espera de la información que debería darnos el Ejecutivo al respecto. Pedimos una mejor información para estar impuestos a cabalidad del alcance de la referida enmienda. Ignoro si hoy tendremos la suerte de conocer la palabra oficial que fije la posición del Gobierno o de los patrocinantes de esta modificación, que, a nuestro juicio, tiene extraordinario alcance y puede dar lugar a gravísimos abusos. Por eso, antes de intervenir directamente en el tema espero que se esclarezca debidamente la posición que el Gobierno o los autores de la enmienda asumen ante las críticas que hemos formulado.

El señor MOLINA ( Ministro de Hacienda).-

La indicación para agregar el valor CIF no fue de iniciativa del Ejecutivo; sin embargo, éste la aceptó, por estimar, al debatirse el tema en las Comisiones Unidas, que esa enmienda da mayor amplitud a la aplicación del sistema de devolución que establece el proyecto.

En aquella oportunidad, se dio como argumento principal la existencia de ciertas exportaciones en las cuales influyen grandemente el flete y el seguro dentro del valor de la negociación. En consecuencia, la modificación permite al Ejecutivo, manteniéndose dentro del porcentaje máximo establecido en 30%, conceder mayores beneficios para determinados productos en que la competencia externa, por la distancia a que se encuentra Chile de los mercados respectivos, sea un inconveniente para su colocación.

Esa fue la razón principal dada en las Comisiones Unidas en abono de esta modificación, y el Ejecutivo, sin tener otros antecedentes, le prestó su aprobación. Lo hizo, repito, por cuanto da más amplitud a la posibilidad de que el porcentaje de devolución sea mayor cuando, por sus características especiales, la influencia del flete en el valor del producto exportado, resulte muy alta.

El señor CHADWICK.-

Las explicaciones que el Senado ha oído del señor Ministro de Hacienda lo convencerán de que, en realidad, no ha habido, por parte del Gobierno, un examen muy detenido del alcance o significación de la enmienda en debate. Considero indispensable que el Senado tome debida conciencia de esta situación; que conozca los hechos tal como se producen en la realidad; que escapemos al peligro o amenaza que fluyen de la circunstancia de aprobar preceptos cuya expresión en los hechos ignoramos. En virtud de estas consideraciones, hoy en la mañana me di el trabajo de efectuar algunas investigaciones.

En primer lugar, pude descubrir que las afirmaciones del Honorable señor Ibáñez en orden a que no existe ningún peligro en que los exportadores puedan utilizar la base CIF, y a que ello no perjudica a la economía nacional, no están abonadas por los hechos. En efecto, en lo concerniente a fletes, la verdad es que el Banco Central se encuentra prácticamente en la imposibilidad de formarse concepto exacto de la veracidad y sinceridad de los datos puestos en su conocimiento cuando se procede por medio del contrato especial denominado "charter party". Este es un contrato en virtud del cual la nave es alquilada para un viaje redondo o bien por un tiempo determinado. Quien la toma en arrendamiento, queda en libertad de utilizarla para el transporte de mercaderías propias o ajenas y, en esa forma, maneja los costos de expedición según las circunstancias. Resulta que mientras las líneas de navegación tienen tarifas constantes y uniformes que pueden ser controladas por las autoridades de cambios, aquellas empresas que arriendan sus naves dejan entregada la determinación del costo y del flete al arrendador, el cual puede escapar perfectamente a todo control, por medio de manipulaciones que no es posible fiscalizar en forma efectiva.

En segundo lugar, ahondando en esta materia he establecido que existen empresas exportadoras de grandes volúmenes de materias primas, como la compañía minera Santa Fe, por ejemplo, que expiden desde Chile varios millones de toneladas de fierro al año. Esta empresa trabaja con capitales de una firma matriz que, a su vez, es propietaria de una línea de vapores que hace el negocio de los fletes. La manera como se determina el costo del transporte de minerales no ha podido ser definitivamente conocida por las autoridades del Banco Central, quienes han llegado a descubrir aspectos que resultan realmente escalofriantes. En efecto, se ha establecido que en las Bahamas hay una sociedad extranjera denominada "Canadian Foreing Development Corporation", que adquiere de Santa Fe el mineral de hierro a un precio promedio de 6 dólares cincuenta y lo vende a uno de 8 dólares. La diferencia, que es la utilidad neta de esta compañía, constituye el cauce por donde no retornan al país los valores exportados, los cuales vuelven a Chile mediante aportes de capital. A esas empresas capitalistas que dicen traer al país nuevos capitales, se da el tratamiento cambiario reservado para el área de corredores. O sea, cada vez que traen un dólar, se le entregan Eº 4.50; y para pagar los aportes que hacen, se le reciben dólares por los cuales pagan sólo Eº 3,78.

En esa forma, a vista y paciencia de nuestras autoridades de cambios, se está haciendo un negocio de diferencia con las conversiones.

Ahora bien, esa misma empresa, que trabaja en la forma indicada, es también dueña de los vapores que arriban a nuestros puertos del norte, extrangulados por el monopolio de los embarques mecanizados. Son barcos de una empresa asociada con Santa Fe, cuyos fletes, como he dicho, escapan a todo control.

Esto que ocurre con una firma desde el punto de vista del volumen de las exportaciones -es, tal vez, la que aparece en primer lugar de la nómina correspondiente-, se va Repitiendo con otros grandes exportadores. Hay el caso de Santa Bárbara, también exportadora de fierro, que tiene su correspondiente sociedad financiera en Las Bermudas bajo un nombre de fantasía: "World Commerce Corporation". Se trata de una corporación de comercio mundial, que compra mineral de fierro y hace toda clase de manipulaciones para evitar que lleguen a Chile los correspondientes retornos.

Entonces, nos encontramos ante el problema de resolver si vamos a primar a esos exportadores con un 30% del valor CIF que ellos determinen con una libertad que escapa a toda fiscalización, y que puede llegar, en algunos casos concretos a aproximadamente al valor íntegro del producto que se exporte desde Chile, o, por lo contrario, fijaremos un limite rígido, para que en ningún caso la economía nacional sufra deterioros absolutamente injustificados.

Concretamente, en mis apresuradas investigaciones de esta mañana me he percatado de que las exportaciones de fierro hechas a Japón, están recargadas en 100% del valor FOB por concepto de fletes. Si éstos corresponden a 7 dólares, aproximadamente -porque hay fluctuaciones en el valor FOB-, ese recargo equivaldría a otros 7 dólares. Ahora bien, si el Presidente de la República queda en libertad para fijar hasta 30% del valor CIF, llegaremos a la conclusión...

El señor GUMUCIO.-

Para el caso del hierro, puede tomarse el valor FOB.

El señor CHADWICK.-

Estoy argumentando sobre la base de una alternativa : que el Presidente de la República quede en libertad para tomar como base el valor CIF. Si así ocurre, podría darse el caso de que sobre el 200% de lo que vale el producto exportado -flete, seguros, gastos de embarque y desembarque- se aplique el 30% dé devolución en favor de los exportadores. Ello a costa del fisco, lo que representaría en cifras redondas, 60% del valor de la exportación.

Ahora bien, es indudable que no puede resultar beneficioso para la economía nacional que el fisco, el Estado chileno, tome a su cargo el porcentaje de 60% del valor del producto para alentar una exportación. Se me dirá de contrario, seguramente, que el Presidente de la República ejercitará esta facultad con prudencia y ecuanimidad; que cuando se llegue a la conclusión de que no hay antecedentes que justifiquen un desembolso tan oneroso para el fisco, el Primer Mandatario se abstendrá de utilizar dicha facultad. Los hechos y la experiencia, no obstante, demuestran que estos exportadores se transforman en auténticos grupos de poder que imponen sus decisiones y someten al país a un verdadero chantaje.

Sabemos todo lo que ocurrió en la pampa salitrera, cuando un empresario que terminó en la falencia absoluta, produciendo un escándalo nacional, estuvo amenazando a los sucesivos Gobiernos con paralizar sus faenas si no se le daban determinadas franquicias, que siempre fueron "in crescendo" y terminaron con la entrega, si no me equivoco, de una extensa pampa salitrera fiscal. El argumento, ahora, es el mismo, en manos de otra gente. Si no se les dan determinadas franquicias, si no se agotan los recursos que la ley concede al Presidente de la República para estimular y financiar algunas empresas de exportación que trabajarían a pérdida, responden que el país habrá de conformarse con una cesantía global, con una paralización de faenas que, prácticamente, arrojará a la miseria a zonas enteras del país. Y ante esta amenaza, el Ejecutivo, aunque tenga el mejor propósito de resguardar el interés nacional, termina por flaquear y capitular ante el interés particular, que despiadamente hace valer el espectro y la imagen detestable de la cesantía y del hambre para, por último, sacar su negocio adelante.

Yo quisiera decir que no estoy hablando por una simple proyección de antecedentes conocidos en el pasado, para tratar de saber si lo expuesto corresponde o no a la realidad del presente.

La empresa minera Santa Fe provee mayores ocupaciones, efectivamente, en la zona norte de la provincia de Coquimbo y en toda la de Atacama, y da trabajo a miles de asalariados; pero este aporte a la economía nacional, que reconocemos, es utilizado por ella para obtener toda clase de ventajas. En el puerto de Coquimbo, por ejemplo, no se puede asegurar estabilidad en los embarques si no se le da una bonificación de un dólar por tonelada y si los Ferrocarriles no le fijan tarifas especiales. No se pueden trabajar las minas si no se le otorga el privilegio exasperante de que sus muelles mecanizados sólo sirvan a los intereses de esa empresa, para ahogar toda posibilidad de que otros empresarios utilicen estos recursos para hacer sus exportaciones. Es una empresa que a lo largo de los años sólo arroja pérdidas; jamás ha tenido utilidades. Sin embargo, el volumen de sus exportaciones crece de año en año, y personajes llegados a Chile con negocios oscuros se transformaron en verdaderos príncipes de las finanzas, convirtiéndose en caballeros que determinaban la suerte de regiones enteras, e incluso influyen de manera bastante decisiva en el curso de nuestra vida política. Si se examinan los antecedentes acerca de dónde podrían provenir todos estos recursos, resulta que son infundados e inexplicables aportes de capitalistas extranjeros que vienen al país a perder su dinero y sufrir las alternativas de un mercado que siempre, según esos empresarios, les es adverso.

¿Podremos, en estas circunstancias, someter al Ejecutivo a una presión cierta, repetida en el pasado, y que habrá de presentarse de nuevo -porque el estímulo de obtener utilidades hace insaciables a estos empresarios-, mediante esta disposición que el Gobierno ni siquiera se atreve a patrocinar con calor, a dar razones que convenzan al Senado de que la economía chilena, por medio de esta bonificación, ha de soportar los gastos que se producen en el exterior, permitiendo llevar parte de nuestras escasas disponibilidades financieras a las entidades que manejan los seguros o a las empresas que hacen los fletes y que están íntimamente ligadas con estos agentes que han puesto su garra en las minas chilenas ? Creo que las razones, en cierto modo improvisadas, que expusimos ayer, no han sido desvirtuadas en momento alguno.

El señor CURTI.-

No ha habido oportunidad.

El señor CHADWICK.-

Por lo contrario, los datos que he reunido en la mañana de hoy...

El señor CURTI.-

Nadie ha podido hablar.

El señor CHADWICK.-

...confirman que nada justifica extender la base en que ha de calcularse el 30% de devolución a los exportadores mencionados en el artículo 6º, al valor C.I.F. de estas exportaciones.

Antes de terminar, no puedo ocultar mi aprensión ante la magnitud de la facultad que se concede al Ejecutivo en el artículo 5º de la iniciativa en debate. Allí se dice, en términos explícitos, de modo que nadie puede vacilar en su interpretación, que lo que el Presidente de la República hará está entregado a su libre arbitrio, sin que nadie pueda repararlo, sin que nadie pueda exigirle justificación de lo que se haga. El Presidente de la República podrá determinar, por decreto, la cuota o el monto de lo que habrá de devolverse a los exportadores. Yo no echo sombras sobre la persona del Primer Mandatario, ni sobre sus colaboradores, cuando reclamo que no se lo ponga en esta función, a veces imposible de cumplir bien. Lo hago porque sé que recibir las delegaciones de los que claman porque se les dé trabajo, y soportar la presión del empresario cuando hosca y tenazmente pone condiciones, en definitiva significa una verdadera capitulación para el interés nacional. No se debe entregar al Presidente de la República esta facultad, porque es contraria al interés de la economía chilena. Nadie podrá decir que hay razones de conveniencia nacional para que los fletes, gastos en el exterior por el seguro, por carga y descarga de los materiales, deban ser considerados para determinar el 30% de devolución con que se gratificará a los exportadores.

Nuestra política general en materia de exportaciones es radical y fundamentalmente distinta de la patrocinada por el actual Gobierno. Nosotros no creemos que bajo el imperio de la libre empresa, que no reconoce otra ley que la de aumentar el lucro personal, el país pueda expandir sus exportaciones y mejorar su balanza de pagos.

Pensamos que este criterio no es compartido por la mayoría del Senado, y no insistiremos en esta materia; pero sí creemos que ciertas normas del juego limpio no pueden vulnerarse; que no es admisible concebir que Senadores honrados, que vienen a cumplir su deber sin otra mira que el servicio público, vayan a caer enredados en esta proposición que abre la puerta para toda clase de fraudes en beneficio de exportadores que han demostrado, más de una vez, no reconocer límites cuando se trata de aumentar sus ganancias personales.

Por eso, me atrevo a insistir en las ideas ya anticipadas en la sesión de ayer; y solicito del Senado negar su voto a la proposición de las Comisiones unidas que concede al Presidente de la República la facultad de fijar la base de la devolución a los exportadores tomando en cuenta el valor CIF de los productos vendidos en el exterior.

EL señor SEPULVEDA,- He escuchado con mucho interés al Honorable señor Chadwick, y lo he seguido en su argumentación, porque, a mi juicio, demuestra las verdaderas proyecciones y el alcance de esta disposición, así como la necesidad de acoger la proposición hecha por las Comisiones unidas en el sentido de establecer la alternativa de que esta bonificación se aplique sobre el valor FOB o CIF de las exportaciones que realice el país.

Naturalmente, después de los antecedentes dados por el Honorable señor Chadwick con relación a algunos gastos que pueden producirse porque empresas mineras fundamentales quieran acogerse a estos beneficios, resulta un poco difícil argumentar a favor de la necesidad de aprobar esta disposición. Sin embargo, a mi juicio, la situación es bien clara: el propósito del proyecto no es otro que fomentar las exportaciones de la producción nacional. Y precisamente para lograr dicho objetivo, se ha concebido este sistema flexible de bonificaciones, cuyo manejo queda entregado a la responsabilidad del Presidente de la República y al estudio de comisiones técnicas, que en cada caso deberán determinar el porcentaje de devolución, que no podrá exceder del 30% del valor FOB, según lo aceptado en general, o del valor FOB o CIF, alternativamente.

Estimo necesario establecer la alternativa, pues de otra manera el proyecto no cumpliría su objetivo, sencillamente porque la bonificación del 30% sobre el valor FOB sería absolutamente insuficiente para muchos productos nacionales de importancia no incluidos en los casos señalados por el Honorable señor Chadwick. y no conseguiría el objetivo de fomento perseguido. Ello, porque la diferencia entre los valores FOB y CIF incide de manera tal en cierto tipo de productos y mercaderías, que corresponde precisamente a la cantidad que hay que absorber para permitir a un negocio competir en los mercados extranjeros.

De acuerdo con los antecedentes dados a conocer por el Honorable señor Chadwick, el Presidente de la República, en caso de estar investido de esta facultad, necesariamente debería negarse a otorgar estos beneficios a empresas que actúen en la forma señalada por Su Señoría; sobre todo si esos antecedentes, como él nos dijo, son conocidos del Banco Central de Chile. Se entrega esta responsabilidad al Presidente de la República; de modo que comprometería exclusivamente su responsabilidad si, en conocimiento de los antecedentes que se están exponiendo en el Senado en esta oportunidad, otorgare beneficios que no correspondieren.

Como el sistema reside precisamente en radicar dicha responsabilidad en el Ejecutivo, para que aquél pueda funcionar debidamente y pueda determinarse con flexibilidad, en cada caso, el porcentaje que debe aplicarse, sin duda no cabe otra alternativa que entregar al Presidente de la República, junto con la facultad, la responsabilidad de aplicar correctamente este instrumento que se está dando para estimular nuestras exportaciones, bastante resentidas por la falta de posibilidades de competir en el mercado internacional.

Tampoco cabe duda de que las industrias a quienes se quiere beneficiar con este proyecto no podrán recurrir al arbitrio de inflar los costos de los fletes para poder obtener un mayor porcentaje de bonificación sobre el valor CIF, pues, si lo hicieran, sólo recibirían una bonificación sobre el 30% de esa diferencia y gravitaría sobre ellas mismas el 70% restante, con lo cual se estarían castigando en vez de beneficiarse.

Por lo expuesto, dejando claramente establecido que en cada oportunidad deberá hacerse un estudio acucioso y concreto de cada caso, para evitar fraudes como los señalados por el Honorable señor Chadwick y no conceder beneficios injustos o sin justificación, debemos otorgar esta facultad al Presidente de la República, por ser la única manera de lograr el objetivo de promover las exportaciones de productos nacionales. Si el Ejecutivo no quedare investido de esta facultad, sencillamente no podría alcanzar su propósito de competir en el mercado internacional. Lo contrario significaría tener que aumentar el porcentaje; mantener el valor FOB, pero en vez de aplicar 30%, aplicar 35% ó 40%. Y en tal caso, también caeremos en la posibilidad de que algunas empresas, valiéndose de medios torcidos, presionen al Ejecutivo para obtener el porcentaje máximo.

De acuerdo con el proyecto, queda en manos del Ejecutivo otorgar este beneficio en todo o en parte, o no concederlo en ninguna medida a empresas que no deben recibirlo, por no tener justificación o sencillamente porqué en alguna forma tratan de defraudar el interés nacional.

Estas son las dudas que yo quería plantear; y más que las dudas, las razones por las cuales, en mi concepto, es indispensable conceder esta facultad, pues de otra manera habríamos estado perdiendo el tiempo en idear un procedimiento de estímulo de las exportaciones que, en el hecho, no funcionaría.

Es cuanto quería expresar, señor Presidente.

El señor GUMUCIO.-

Seré muy breve, porque el Honorable señor Sepúlveda ha dado razones de fondo que abonan la conveniencia de aprobar el artículo tal como viene redactado.

Deseo, eso sí, hacer presente que en el debate se ha incurrido en una equivocación total, pues no se ha considerado que el porcentaje es sobre el monto de los impuestos, no sobre el valor de las exportaciones. Naturalmente, el monto de los impuestos sube si el valor de las exportaciones aumenta. Pero, repito, el porcentaje de devolución es sobre los impuestos y no sobre el valor de las exportaciones.

Por su parte, el artículo 5º del proyecto en debate establece que el Presidente de la República determinará la lista de los productos afectos al régimen de devolución.

El señor CHADWICK.-

¿Me permite, señor Senador?

No deseo dejar pasar la afirmación que acaba de hacer el Honorable señor Gumució, pues no cabe ninguna duda de que la devolución se fija hasta en 30% del valor FOB o CIF de las exportaciones, no del monto de los impuestos. Y lo que hace el artículo 5º es facultar al Presidente de la República para fijar libremente el respectivo porcentaje. O sea, el artículo 6º viene a señalar un tope para una facultad que de ninguna manera se restringe a la sola devolución de este impuesto.

Esto es una forma de dar prima de exportación, que utiliza una especie de eufemismo con relación a los impuestos; pero que cuando se trata de concretar en una norma, fija un máximo de 30% del valor CIF o FOB de las exportaciones. No tiene necesaria referencia a los impuestos, porque la devolución puede ser del ciento por ciento, del doscientos por ciento o del trescientos por ciento de aquéllos. Como digo, el Presidente de la República queda facultado para primar las exportaciones.

El señor GUMUCIO.-

Reconozco que tiene razón el Honorable señor Chadwick, pues, en realidad, el artículo 6º, según viene redactado, parece referirse sólo al valor CIF o FOB.

De todos modos, el artículo 5º establece la obligación del Presidente de la República de confeccionar la lista de los productos que pueden quedar sujetos al régimen de devolución. Por lo tanto, en ese sentido no habrá sorpresas, pues el Presidente de la República, por decreto, que será conocido públicamente, determinará los productos que podrán gozar de estas franquicias. Por lo tanto, ella no se concederá a cada negocio en particular; y ahí jugará la facultad del Ejecutivo para ver si corresponde aplicar el porcentaje sobre el valor FOB o el valor CIF.

Reconozco que ayer, cuando discutimos el problema, no teníamos concepto muy claro sobre el particular. En cambio, el Honorable señor Gómez, que habló en dicha oportunidad, aclaró muy bien que para algunos productos el porcentaje de devolución sobre el valor CIF constituiría un aliento para su exportación, y para otros productos lo sería la devolución sobre el valor FOB.

Como, en realidad, quienes han objetado esta disposición no han señalado el camino y es muy difícil indicar en la misma ley los productos a los que se dará bonificación sobre el valor FOB y a cuáles sobre el valor CIF, no queda otro camino que facultar al Presidente de la República, en un acto de confianza en el jefe del Poder Administrativo, para fijar en cada caso, según convenga al país, uno u otro procedimiento. Pero -repito- en el fondo esto está vinculado al monto de la bonificación, según convenga a la exportación, ya sea sobre el valor FOB o sobre el valor CIF.

Las palabras de mi Honorable colega me hicieron efecto sólo en lo relativo a la minería del hierro, pues, según lo que escuché, parecería que en ese caso no cabría otra solución que aceptar el porcentaje sobre el valor FOB. Pero permanecería siempre la dificultad de saber qué otras exportaciones necesitan una devolución sobre la base del valor CIF. Por lo tanto, se justifica la facultad que este artículo da al Presidente de la República.

El señor CHADWICK.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

Deseo advertir una vez más al Senado que este problema tiene incidencia exclusivamente en aquellas exportaciones de gran volumen y escaso valor. El ejemplo dado por el Honorable señor Gómez respecto del calzado es totalmente inadecuado; no conduce a formarse juicio sobre la materia, porque es de toda evidencia que el flete que paga un artículo de alto valor, como el calzado, tiene poca incidencia en la regla sobre devolución de los valores exportados. En cambio, en fletes que corresponden al ciento por ciento del valor de lo exportado, que pueden conducir a devolver a los exportadores, con cargo fiscal, 60% del costo en Chile de la respectiva mercadería, la cuestion adquiere proporciones que no se pueden disimular.

El Honorable señor Gumucio de ninguna manera se ha hecho cargo de las razones de fondo que hemos dado, en cuanto a que la economía chilena no tiene por qué soportar los gastos de las empresas extranjeras que hacen fletes, ni contribuir a pagar los seguros que benefician a las compañías extranjeras. El señor Senador tampoco se ha referido al problema gravísimo que significará el hecho de quedar el Ejecutivo expuesto a toda clase de extorsiones de las empresas mineras que amenazan con paralizar regiones enteras cuando no se aceptan sus exigencias.

Por lo expuesto, después de oír al Honorable señor Gumucio, quedo con la evidencia de que si se aprueba el artículo 6º en la forma propuesta, cometeremos un verdadero atentado contra la economía nacional.

El señor REYES ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

-(Durante la votación).

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Nosotros votaremos negativamente esta disposición, tal como lo hicimos en las Comisiones unidas, por estimar que el pago de una bonificación de 30% sobre el valor FOB es un buen incentivo que se da a las empresas exportadoras.

Concordamos fundamentalmente con las expresiones del Honorable señor Chadwick, en el sentido de que esta disposición permitirá toda clase de presiones ante e! Ejecutivo para conseguir mayores beneficios para las empresas exportadoras.

Por tales motivos, los Senadores comunistas votaremos en contra de esta modificación al artículo 6º.

Voto que no.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Insinué ayer la conveniencia de que un Ministro de Estado nos explicara el mecanismo contenido en el proyecto de ley en debate, porque las explicaciones que se han dado no fueron claras y las observaciones que ahora mismo se formulan no lo han sido en absoluto. Habría deseado, pues, que el señor Ministro de Hacienda nos hubiera dado más detalles sobre los alcances del proyecto, las intenciones del Gobierno en las materias de que trata esta iniciativa legal y los beneficios que esta última habría de reportar para el Estado.

Como no he podido formarme concepto preciso sobre el particular, me abstengo de votar.

El señor NOEMI.-

Me parece de toda conveniencia dar al Presidente de la República la opción de aplicar el porcentaje de 30% sobre el valor CIF, mayor evidentemente que el FOB, por incluir seguros y fletes. Ello le permitiría un margen de acción suficiente para que Chile pueda adoptar, si lo desea, una política agresiva de exportaciones.

A mi juicio, hay productos como el papel de diarios y la celulosa, a los cuales no satisface esta devolución de 30% -advierto que la devolución no habrá de ser forzosamente de 30%-, pues no los deja - en situación de competir. El espíritu de la ley, a mi entender, es dejar al exportador en condiciones competitivas, en materia de precios, con los productores del exterior. Para eso, debe reducir sus costos. Si es necesario en determinado momento aplicar ese porcentaje de 30%, como máximo, al valor CIF, estimo conveniente que el Presidente de la República tenga en sus manos este instrumento, el cual no usará por su cuenta y riesgo, sino, como lo disponen otros artículos del proyecto, previos informes favorables de los Ministerios de Hacienda y de Economía, de Impuestos Internos y del Banco Central de Chile. De modo que, cuando se aplique tal determinación, será porque así conviene a los intereses del país.

No me parece que, en casos como los citados por el Honorable señor Chadwick, sea necesario aplicar el porcentaje sobre el valor CIF, pero en otros casos, sí. El espíritu de la ley es fomentar las exportaciones y crear divisas. Eso es lo importante. Para que podamos nivelar nuestra balanza comercial, es necesario que lleguen más divisas, las que, en último término, también generan otros ingresos, como son los impuestos.

Por lo dicho, estimamos conveniente la disposición y, en consecuencia, voto que sí.

El señor AMPUERO.-

Desafortunadamente, el debate se ha desarrollado con cierta precipitación, al extremo de que sólo en el día de hoy hemos podido darnos cuenta cabal del alcance que tienen sus disposiciones. En esta oportunidad, por lo menos quiero dejar constancia de la opinión de los Senadores socialistas en el sentido de que existe verdadera crisis en todo el sistema de comercio exterior chileno. El propio informe de las Comisiones unidas confiesa paladinamente que el D.F.L. 256, texto legal que responde, más o menos, a la inspiración del actual proyecto, significó a los exportadores, durante 1964, un beneficio de aproximadamente cuatro millones de escudos. Y decir que fue ése el beneficio, equivale a reconocer que los exportadores recibieron una erogación por igual suma con cargo a todos los contribuyentes chilenos.

Como no ha dado resultados ese decreto con fuerza de ley, cuya aplicación significó sacrificios relativamente cuantiosos a todos los contribuyentes del país, el proyecto en debate sigue la misma línea de dar aliento al lucro y mayores posibilidades de ganancia. Se nos informa al respecto que el costo de las disposiciones vigentes ha sido, durante 1966, de treinta millones de escudos y se recalca la finalidad del proyecto. Pero no es tan inocente decir que sencillamente se busca la manera de mejorar nuestras posibilidades en cuanto a divisas. Es cierto que tal es el objetivo que persigue el proyecto, pero ¿cuál es su costo y qué precio habremos de pagar en cambio? Por de pronto, una tributación de treinta millones de escudos que debemos soportar todos los chilenos.

El señor NOEMI.-

No es así, señor Senador. Las divisas no ingresarían si no se exportara.

El señor AMPUERO.-

Aspectos como los señalados, exhiben en toda su desnudez la situación crítica en que nos encontramos ante nuestros problemas de exportación. Por supuesto, en lo tocante al sistema mismo, ante un nuevo proyecto que discutamos sobre esta materia, dentro de tres o cuatro años, se estimará insuficiente el sistema de la legislación vigente en esa fecha y, en lugar de los treinta millones de escudos de que hablo, se buscará la manera para subvencionar a los exportadores con cien millones de escudos. Estimo que debe haber algún punto de equilibrio entre los sacrificios exigidos al contribuyente chileno, tanto en impuestos directos como en tributos indirectos, y el beneficio que representen eventuales exportaciones adicionales.

Por lo demás, el informe mismo manifiesta de manera expresa que hay una diferencia importante en cuanto al cálculo del porcentaje que sirve para determinar el monto mismo de la exención. Dice el informe literalmente:

"Otra diferencia con la legislación vigente la representa el hecho de que, de acuerdo al DFL. 256, no se consideran para los efectos del cálculo del coeficiente de devolución los impuestos a la renta, de bienes raíces, imposiciones provisionales y contribuciones de fomento, tributos y gravámenes, que en lo sucesivo, se computarán para esos efectos".

Digo que, evidentemente, podríamos exportar de todo, hasta piedras y picanas: todo depende del monto de la bonificación que asignemos al exportador. Pero, sin duda, debe haber algún punto de equilibrio, una línea ante la cual sencillamente debamos detenernos, para comparar todos los sacrificios realizados con los beneficios que se logren. Los Senadores socialistas estamos convencidos, no sólo de que la ley en proyecto será insuficiente y no se obtendrán de ella los resultados previstos, sino de que todo el sistema está en crisis y, en consecuencia, llegará el día en que deberemos enfrentarnos a la solución verdadera y definitiva : establecer el monopolio del comercio exterior por el Estado.

Por las consideraciones expuestas, votamos que no.

-Se aprueba el artículo con la modificación propuesta por las Comisiones unidas (16 votos por la afirmativa, 11 por la negativa, 2 abstenciones y 1 pareo).

El señor FIGUEROA (Secretario).-

A continuación, las Comisiones unidas proponen intercalar, en el inciso tercero del artículo 7º, entre las palabras "el valor FOB", y "de la mercadería", lo siguiente: "o CIF".

-Se aprueba, con la votación anterior.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En seguida, las Comisiones proponen agregar al artículo 7º, como incisos 5º, 6º y 7º, los siguientes nuevos:

"Cuando se trate de productos de la Minería, el exportador, en el momento de realizarse la compra otorgará al productor un comprobante que indique la cantidad y precio del producto adquirido para la exportación.

"El Banco Central con el solo mérito de dicho comprobante, entregará los certificados de devolución directamente al productor dentro del plazo de 30 días. La diferencia de la devolución entre el precio de compra del producto y valor FOB, corresponderá al exportador.

"Si el exportador no entrega al productor el comprobante indicado, no podrá recibir certificados de devolución por ninguna exportación que realice mientras no cumpla con esta obligación".

El señor CHADWICK.-

Aprobemos estos incisos con la misma votación anterior, por sea consecuencia de la aprobación que recayó en el artículo 6º.

-Se aprueban, con la votación anterior.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Respecto del artículo 9º, las Comisiones proponen suprimir, en el inciso primero, las palabras "al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y".

El inciso quedaría redactado así:

"Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por intermedio del Servicio de Aduanas, como asimismo al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social".

Además, las Comisiones proponen, en el inciso segundo del mismo artículo, eliminar la palabra "Municipalidades" y agregar, suprimiendo el punto final, la siguiente frase: "con preferencia a cualquier otro pago".

El señor REYES ( Presidente).-

En discusión las enmiendas propuestas.

Ofrezco la palabra.

El señor CONTRERAS (don Víctor).

-Junto con el Honorable señor Altamirano, formulamos indicación en las Comisiones unidas para suprimir la parte final del artículo 9º del proyecto propuesto por la Comisión de Economía y Comercio, que dice: "como, asimismo, al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las instituciones de previsión y por el Servicio de Seguro Social".

. Esta indicación obedece a que el Banco Central de Chile expedirá a los exportadores certificados mediante los cuales podrán pagar en las tesorerías fiscales o en las cajas de previsión. Ello hará que estas cajas se llenen de certificados y, de ese modo, difícilmente puedan cumplir las obligaciones por ellas debidas a sus imponentes. Conocemos cuán precaria es la situación financiera en que se encuentran los institutos previsionales. Hace días, en sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se nos informó que el fisco adeuda, por concepto de aportes e imposiciones, la enorme cantidad de 70 millones de escudos. Esta información emana de la Superintendencia de Seguridad Social.

El precepto en debate, por lo tanto, significa dar un golpe mortal a los institutos previsionales. No se acogió la indicación formulada por nosotros y solamente se aceptó que tuvieran prioridad de pago las municipalidades. El señor Subsecretario de Hacienda manifestó en aquella oportunidad que se dispondría de los dineros para efectuar los aportes que corresponda por el pago de certificados a las instituciones antes mencionadas. Dudo de que siempre haya en las tesorerías dineros suficientes para cubrir tales pagos.

Por lo tanto, como la disposición no quedó en la forma propuesta por los Senadores del FRAP, no tenemos en esta oportunidad otra alternativa que abstenernos en la votación del artículo 9º. Se aceptó solamente eliminar a las municipalidades, pero nuestro propósito, por el cual seguiremos bregando, es suprimir el concepto según el cual puede pagarse con certificados a las instituciones de previsión, pues ello haría imposible su financiamiento.

En consecuencia -repito-, nos abstendremos de votar.

El señor CHADWICK.-

Me permito consultar a la Mesa sobre la posibilidad de votar fraccionadamente el inciso primero del artículo 9º, es decir, si podemos pronunciarnos, primero, hasta la palabra "Aduanas", y, después, sobre el resto del inciso.

El señor REYES ( Presidente).-

Es procedente la división. En caso de rechazarse la segunda parte del primer inciso del artículo 9º, quedaría, de hecho, eliminado el inciso segundo.

El señor CHADWICK.-

Entonces, pido votación separada, en la forma que he indicado, señor Presidente.

El señor REYES ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

El señor Presidente pone en votación la siguiente frase del inciso 1º del artículo 9º: "Los certificados que emita el Banco Central de Chile podrán ser aplicables por sus tenedores, al pago de cualquier impuesto o derecho, intereses penales, multas u otras sanciones pecuniarias, que se recauden por las Tesorerías Fiscales o por intermedio del Servicio de Aduanas".

El señor REYES ( Presidente).-

Si a la Sala le parece, daré por aprobada esta parte del inciso primero.

El señor CHADWICK.-

Con mi voto contrario, señor Presidente.

El señor REYES ( Presidente).-

Aprobada, con el voto contrario del Honorable señor Chadwick.

Si les parece a los señores Senadores, se dará previamente por eliminada la frase que proponen suprimir las Comisiones Unidas, vale decir, las palabras: "al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y".

Acordado.

Corresponde votar el resto del inciso.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

El resto del inciso, después de la supresión acordada, queda así: "como asimismo al pago de imposiciones, tanto actuales como atrasadas, u otras cargas previsionales que se recauden por las Instituciones de Previsión y por el Servicio de Seguro Social".

El señor LUENGO.-

También debe votarse ahora el inciso segundo.

El señor REYES ( Presidente).-

En efecto, el inciso segundo es consecuencia de esos conceptos.

El señor LUENGO.-

Debe incluirse en la votación.

El señor REYES ( Presidente).-

En votación la última parte del inciso primero y el inciso segundo.

-(Durante la votación).

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Debo insistir en que, a mi juicio, una disposición de esta naturaleza es una monstruosidad. ¡Las cajas de previsión se llenarán de papeles, señor Presidente, y no podrán cumplir sus compromisos! Están en la obligación de pagar subsidios, pensiones. Se nos dirá que, previa presentación de esos certificados, las Tesorerías procederán al pago de tales valores, pero la práctica nos enseña otra cosa: sabemos que el Estado no dispondrá con regularidad, en las Tesorerías respectivas, de los fondos necesarios para ello.

Se asegura que habrá preferencia: tampoco creo en la preferencia que pueda darse para hacer esos pagos a las cajas de previsión.

Habida cuenta de la cantidad de setenta mil millones de pesos que el Estado adeuda a esos institutos, un precepto como éste ha de llevarlos a la quiebra.

Por los motivos expuestos, voto negativamente.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Resultado de la votación: 16 votos por la afirmativa, 7 por la negativa, 2 abstenciones y 1 pareo.

El señor REYES ( Presidente).-

Aprobados la segunda parte del inciso primero y el inciso segundo.

En este último, se entiende suprimida también la palabra "Municipalidades".

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Y agregada la frase: "con preferencia a cualquier otro pago".

El señor REYES ( Presidente).-

Exactamente.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Artículo 11. Las Comisiones unidas proponen reemplazar, en el inciso primero del artículo 11, la frase final, que dice: "En ningún caso el porcentaje de devolución asignado al producto de que se trate, más el porcentaje adicional a que se refiere este artículo, podrá exceder al 30% señalado en el artículo 6º", por la siguiente: "En ningún caso el porcentaje adicional podrá exceder de un 10% del de devolución que se haya asignado al productor de que se trate y, en conjunto, no podrá exceder al 30% señalado en el artículo 6º".

El señor REYES ( Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor CHADWICK-

En realidad, en este artículo, bajo el disfraz siempre simpático de las cooperativas, que dejan la impresión de tratarse de pequeños productores dignos de mayor estímulo, que justifican un sacrificio especial de parte del interés público, se abre una nueva puerta para que ciertos productores, asociándose en cooperativas y sin tener nada de pequeños ni, mucho menos, justificación para no pagar gravámenes considerables al fisco, logren una ventaja adicional con carácter de excepción.

Por conocer algunas cooperativas, porque sé que bajo tal denominación se disfrazan verdaderos consorcios de productores, que nada tienen que ver con la idea tradicionalmente admitida para estas instituciones, voto en contra de la modificación propuesta por las Comisiones unidas.

-Se aprueba la modificación (19 votos por la afirmativa, 4 por la negativa, 3 abstenciones y 1 pareo).

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Artículo 12. En el inciso primero, las Comisiones proponen reemplazar el guarismo "8º" por "7º".

-Se aprueba el informe en esta parte.

- O -

El señor REYES ( Presidente).-

Continúa la discusión del proyecto sobre fomento a las exportaciones.

Corresponde tratar el artículo 13. Al respecto, me permito hacer presente a la Sala que ayer no hubo unanimidad para reabrir debate en esta materia, por lo que, reglamentariamente, debía votarse hoy. El Comité Demócrata Cristiano, que se opuso a la reapertura del debate, ha retirado su oposición.

En consecuencia, si a la Sala le parece, se reabrirá debate sobre el artículo 13.

Acordado.

Ofrezco la palabra.

El señor PRADO.-

En el día de ayer, tal vez en forma un poco apresurada, algunos señores Senadores consideraron que el artículo 13 daba la posibilidad de aplicar normas que podrían resultar perjudiciales y graves para el desarrollo de algunas actividades fundamentales de puertos y aduanas. Tales normas afectarían fundamentalmente al puerto de Valparaíso, por realizarse a través de él la importación de 80% de las mercaderías manufacturadas en el extranjero.

Por otra parte, algunos señores Senadores temieron que la aplicación de tales normas se realizaría sin la debida consideración de ciertos intereses, con lo cual se desquiciaría el sistema administrativo y se imposibilitaría el control y la aplicación de las facultades fiscalizadoras y la potestad que hoy tiene el Servicio de Aduanas sobre los recintos particulares de depósitos y, muy fundamentalmente, sobre el llamado régimen temporal de admisión de mercaderías.

Considero acertada la decisión del Comité Demócrata Cristiano de acceder a la reapertura del debate respecto del artículo 13. A mi juicio, ello permitirá esclarecer la situación y aclarar lo que interesa principalmente al puerto de Valparaíso, que se rectifique, en cuanto a que no se producirán los perjuicios a que he hecho referencia.

El precepto en debate alude a dos materias esenciales de nuestro sistema aduanero: admisión temporal de mercaderías y habilitación de almacenes particulares. A ambas se refieren los artículos 140 a 146 de la Ordenanza de Aduanas, que establecen un régimen determinado sobre el particular. Los sistemas de admisión temporal de mercaderías y de almacenes particulares se denominan régimen suspensivo de derecho.

Los preceptos en referencia de la Ordenanza de Aduanas se encuentran actualmente vigentes. Para no entrar en exceso de detalles, sólo deseo manifestar que hoy día es posible ingresar mercaderías al país bajo los regímenes de admisión temporal o de suspensión de derechos, con la obligación de reexportarlas. Igualmente, de conformidad con el cuerpo legal citado, se pueden internar mercaderías extranjeras al país, las cuales pueden ser guardadas en los depósitos de la Empresa Portuaria. Hasta antes de que dicha empresa asumiera el papel de almacenista que correspondía a la Aduana, las mercaderías quedaban depositadas en los recintos de esta última, Sin embargo, hoy día, por norma general, con excepción de algunos puertos con regímenes especiales, ellas deben ser depositadas en los almacenes de la entidad en referencia, la cual, de hecho, actúa en forma coordinada con el Servicio de Aduanas.

La Ordenanza de Aduanas contiene disposiciones tanto para el otorgamiento de estos regímenes de excepción, como respecto de las garantías que deben rendirse para la concesión de los recintos y la calificación de su seguridad, y ello, con el objeto de que, al otorgarse la autorización correspondiente, el Servicio de Aduanas conserve la total potestad que hoy tiene sobre las mercaderías importadas mientras el trámite no se finiquite.

Desde hace años, varias veces se ha tratado de desvirtuar uno de esos regímenes : el relativo a los almacenes particulares. La Ordenanza de Aduanas, modificada en muchos capítulos, pero no en éste, permite en la actualidad a algunas industrias almacenar sus mercaderías en recintos de depósito propios, y también -en esto no hay novedad en el artículo 13 en debate- procesar artículos semielaborados. Dice el artículo 144, expresamente: "La Junta General de Aduanas, con aprobación del Presidente de la República, podrá acordar modalidades especiales para el almacenamiento particular por las fábricas o industrias nacionales de aquellas materias primas y artículos a media elaboración que vayan a ser transformados, elaborados o sometidos a procesos de terminación y que dicha Junta autorice".

¿Dónde está fundamentalmente, la innovación que se pretende introducir mediante el artículo en debate? Concuerdo en que esta disposición puede representar un riesgo para la subsistencia de los puertos, en especial para el de Valparaíso. Este último, por razones que no es del caso analizar en esta oportunidad, debe defenderse, por pertenecer a una provincia muy próxima a la capital, que no tiene, como las del norte o sur del país, riquezas básicas. Por otra parte, no posee fuentes potenciales de desarrollo económico, como las tienen, por ejemplo, la cuenca del Bío-Bío o algunas provincias que cuentan con yacimientos de la pequeña, mediana o gran minerías. Por eso, los Senadores de la zona debemos defender las estructuras administrativas originadas en la época en que Valparaíso era un puerto muy importante, desde el punto de vista comercial, cuando el país vivía de las importaciones. En esa oportunidad se crearon las estructuras administrativas en las aduanas, en los puertos y en las actividades de orden comercial. La mayoría de ellas son muy antiguas y alcanzaron gran prestigio en el país; no obstante, esas estructuras han venido sufriendo un proceso de cercenamiento con el sucesivo traslado a Santiago de las principales firmas comerciales, agencias de los bancos, etcétera. No sólo esas entidades se han traído a la capital, sino también las direcciones de importantes servicios, incluso, los de la Armada. Cuando asumió el actual Gobierno, se restituyó a Valparaíso la dirección de la Empresa Marítima del Estado, que también se había instalado en la capital.

Tenemos que defender a Valparaíso, porque si este puerto pierde sus estructuras administrativas que permiten un servicio eficaz en el tránsito de mercaderías de importación o exportación -estructura que de hecho existe, que actúa bien y con beneficio para el desarrollo económico del país- terminaremos con una actividad que es útil. Si un país centraliza demasiado sus servicios, comete un error. Hay que buscar fórmulas de descentralización; pero si efectivamente existen algunos riesgos como los señalados, estamos actuando en sentido contrario a los propósitos indicados.

Mediante este artículo, el Gobierno persigue dar facilidades para el fomento de las exportaciones. Esas facilidades están previstas en la ley en proyecto. Por desgracia, no he tenido oportunidad de conocer a fondo esta iniciativa, pero he estudiado este aspecto fundamental.

Mediante el sistema de almacenes particulares y de admisión temporal de mercaderías -regímenes aduaneros ambos que constituyen el sistema suspensivo de derecho-, se quiere facilitar la operación y la disposición de mercaderías, a fin de que quienes requieran de ellos con finalidades de exportación, no tengan dificultades, desde el momento del desembarque y descarga de aquéllas, hasta la tramitación de los documentos correspondientes, aforo y pago de derechos.

En mi opinión, medidas de esta naturaleza son adecuadas. Por eso, ayer, junto con manifestar algunas reservas, expresé que la debida aplicación de estas disposiciones, no causaría daño alguno.

La redacción del artículo es muy amplia. En virtud de él, el Presidente de la República podrá establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal o de-almacenes particulares; vale decir, todas las normas actualmente vigentes de la Ordenanza de Adunas o de leyes especiales sobre la materia, podrán ser modificadas. Dicha facultad se ejercerá respecto de materias primas, artículos a media elaboración, combustibles, partes y piezas que se utilicen en la elaboración de un producto. Si se examina la Ordenanza de Aduanas en este aspecto, se comprueba que ella consigna la misma enumeración, con algunas diferencias mínimas.

La disposición más importante está consignada en el inciso segundo del artículo en debate, pues permite someter a la' materias primas, artículos semielaborados, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en diferentes establecimientos industriales. A mi juicio, esto no puede ser objetado por nadie. Así como se permite a una industria procesar un artículo semielaborado para que lo termine o incorpore en partes chilenas, con mano de obra nacional -vale decir, valores agregados en nuestro país-, nadie podrá objetar que se otorgue igual tratamiento a seis o siete industrias manufactureras, si así lo exige el proceso productor.

En consecuencia, ¿dónde está el peligro? A mi juicio, hay dos riesgos que, después de consultas y conversaciones, me he propuesto obviar, para lo cual, por supuesto, se requiere la unanimidad del Senado.

En primer lugar, es necesario que las normas que dicte el Presidente de la República se adopten con acuerdo del organismo que tiene en sus manos, no sólo la capacidad técnica para determinar todo lo relativo a los regímenes de excepción, sino que, además, cuenta en su consejo con mayoría de representantes fiscales. Me refiero a la Junta General de Aduanas, entidad en la cual están representados los intereses de instituciones o grupos de personas que participan en el tráfico de mercaderías por las aduanas. Es allí donde el fisco tiene la oportunidad de hacerse oír, pues -insisto- tiene mayoría para imponer su criterio. Preside la Junta General de Aduanas el Ministro de Hacienda; y, en ausencia de dicho Secretario de Estado, el Superintendente de Aduanas. No obstante que en el Consejo de dicha institución hay representantes de los agentes generales de aduana, los del fisco constituyen mayoría frente a los de otras cámaras que también tienen intervención en ese proceso. Es conveniente que ello sea así y que intervenga directamente la Junta General de Aduanas, porque el articulado de la Ordenanza de Aduanas consigna diversas disposiciones tendientes a crear determinados resguardos.

En mi concepto, rompiendo lo que suele denominarse cordón fronterizo, al permitir el ingreso al país de mercaderías destinadas a ser consumidas o a otros fines, o dejando libres de ciertas trabas a los importadores, no se merman las atribuciones básicas que la Ordenanza de Aduanas entrega al servicio respectivo. De modo que todo lo relativo a garantía, a derechos y potestad de recintos aduaneros, debe ser aplicado.

Reitero que es de toda conveniencia que el Presidente de la República dicte las respectivas normas con acuerdo de la Junta General de Aduanas. Por tal motivo, formulo indicación para agregar a continuación de la frase "el Presidente de la República" y antes de "podrá establecer", la siguiente frase: "con acuerdo de la Junta General de Aduanas". Esto es lo que corresponde hacer cuando se habilitan recintos particulares o de admisión temporal de mercaderías.

El señor GONZALEZ MADARIAGA-

¿No existe actualmente una legislación que da facilidades al respecto a la Aduana de Valparaíso?

El señor PRADO.-

Es lo que acabo de decir, señor Senador: los artículos 140 a 146 de la Ordenanza de Aduanas establecen una reglamentación sobre el particular.

No cabe duda de que el artículo en debate pretende ampliar esa reglamentación y conceder mayores facilidades. Mediante mi iniciativa trato de establecer una condición para que el Servicio de Aduanas mantenga su potestad.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

¿No sería mejor preservar la legislación vigente, en vez de aprobar lo propuesto por la actual Administración?

El señor IBAÑEZ.-

Está en la razón el señor Senador.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Digo lo anterior porque, con el afán de reorganizarlo todo, se está llegando a un estado de confusión lamentable.

El señor CURTI.-

Al caos.

El señor IBAÑEZ.-

Exactamente.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Uno no puede aceptar esta forma de legislar, pues, por desgracia, es evidente que los encargados del manejo de la cosa pública carecen de la experiencia necesaria.

El señor PRADO.-

En el día de ayer, diversos señores Senadores se refirieron a esta disposición y señalaron el riesgo fundamental que, a juicio de ellos, involucraba el nuevo sistema. En ningún momento objetaron las otras disposiciones del proyecto, que son perfectamente lógicas en un régimen de fomento de las exportaciones.

El problema fundamental consiste en lo que se denomina habilitación de recintos particulares para el depósito de mercaderías por cuenta de terceros. Si se consulta a la Junta General de Aduanas, a las cámaras aduaneras, a los funcionarios responsables del Servicio o a la Cámara de Comercio de Valparaíso, se comprobará que el problema radica -no está expresamente expuesto, pero se deduce de las tres o cuatro tentativas que se han hecho- en que, mediante las normas que se dictarán, se puedan dar facilidades, no sólo a los industriales que participan en el proceso de elaboración de la materia prima o entregan un producto semiterminado, por ejemplo, sino también a los concesionarios de recintos de depósito que se establezcan en Santiago, en el norte o en cualquier otro punto del territorio y que no realizan por sí mismos ningún proceso industrial.

Cualquiera persona que entienda un poco lo que representa el comercio importador y exportador y la aplicación de las normas de control a cargo del Servicio de Aduanas, se da cuenta de que hacer lo anterior significa la apertura de una brecha que el Gobierno no quiere abrir. Conversé con el señor Ministro de Hacienda y sus asesores sobre el particular y concluí que, efectivamente, no es eso lo que ellos pretenden. No desean que tal cosa ocurra, pues no quieren infligir tan grave daño al primer puerto de la República.

Por eso, debemos hacer una declaración expresa en la ley en este sentido, ya que el propósito no es establecer normas que, con razón, han provocado justa alarma y merecido observaciones de varios señores Senadores, en especial en la sesión de ayer.

La segunda indicación que formulo -respecto de ella consulto a la Mesa sobre el procedimiento por aplicar, para los efectos de su aprobación, pues la reapertura del debate ha producido una situación reglamentaria incierta- es para agregar el siguiente inciso final: "Las normas que se dicten" (obviamente, las que dicte el Presidente de la República) "no podrán autorizar el establecimiento de recintos particulares para el depósito de mercaderías por cuenta de terceros".

Esto ha suscitado grandes debates y motivado cabildos. abiertos en Valparaíso, frente a la Superintendencia de Aduanas y a la Intendencia, porque se terminaba totalmente con los recintos fiscales de depósito y se abría una brecha de negocios a favor de los concesionarios de un recinto, sin ventaja alguna para el primer puerto del país y para la producción, en circunstancias de que la ley y la actual Ordenanza de Aduanas permiten tener recintos propios donde procesar la mercadería, cuando cumplan los requisitos exigidos y se encuentren habilitados en conformidad a los preceptos legales vigentes.

Pido a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para tratar estas indicaciones, que no sé en qué forma deberían ser aprobadas.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

En el momento oportuno, señor Senador.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Señor Presidente, ayer solicité abrir debate sobre el artículo 13; luego, el Honorable señor Ampuero opinó en el mismo sentido, y después, Senadores de todos los sectores coincidieron en la necesidad de discutir este precepto. Ello se debe a que esta disposición constituye un atentado, no sólo contra los intereses de Valparaíso, sino también contra todas las aduanas del país.

Tengo en mi poder algunas publicaciones hechas en diarios de Valparaíso que exponen con alarma el hecho de haberse incluido en este proyecto de fomento de las exportaciones una norma que convierte a la aduana de ese puerto en mero lugar de tránsito de mercaderías.

Leeré algunos párrafos de "El Mercurio" del 1º de mayo último. Dicen:

"Hacemos estas reflexiones a propósito de una disposición, al parecer inofensiva, que ha sido introducida silenciosa y sigilosamente en una ley, actualmente en discusión en el Senado, y que en definitiva significaría el traslado de la aduana a la capital.

"Es una nueva tentativa, bajo forma velada e insidiosa, de llevar a la práctica un viejo proyecto que repetidamente se ha intentado. Al amparo de disposiciones aduaneras como las de "régimen de suspensión de derechos" o de "despacho por almacenes particulares", varias veces se ha tratado de convertir a Valparaíso en un simple terminal de descarga, esto es, hacer que las mercaderías pasen directamente de las bodegas de las naves a los carros ferroviarios que las trasladarían a Santiago, donde se haría su aforo, despacho, pago de derechos, etcétera".

No quiero decir que con el objeto de beneficiar a Santiago se pretende aprobar este precepto. No creo oportuno abanderizarse para defender a Valparaíso en contra de los intereses de la capital.

¿Qué dice "El Mercurio" de Valparaíso? En un artículo relacionado con la Empresa Portuaria, expresa:

"El proyecto, si bien es cierto contempla algunas disposiciones que efectivamente tratan de expandir las exportaciones, resulta atentatorio para los intereses económicos de la Empresa Portuaria de Chile, y luego en el hecho disgrega una repartición tan importante como es el Servicio de Aduanas.

"Y es que en su artículo 13 autoriza la habilitación de recintos aduaneros particulares, los cuales se transforman en almacenes para repuestos de vehículos y maquinaria agrícola.

"En el criterio de personeros vinculados a estas actividades, la iniciativa encierra un verdadero atentado para nuestro puerto, ya que de concretarse, simplemente significaría que la aduana de Valparaíso quedaría convertida en un simple lugar de tránsito de mercaderías.

"Voceros de la Empresa Portuaria, también han manifestado su alarma ante esta circunstancia, expresando que los proyectados almacenes restarían importantes entradas a ese servicio, cuyas finanzas por diferentes razones se han visto mermadas en los últimos tiempos".

No entraré a analizar las causas que han determinado la merma de los ingresos de la Empresa Portuaria; pero, a mi juicio, tal como lo hice presente ayer, el artículo 13 no representa sino convertir a Valparaíso en un puerto de tránsito de mercaderías.

Por último, el Superintendente de Aduanas, en entrevista concedida al mismo periódico, manifiesta:

"En la actualidad en dichos almacenes particulares se elaboran materiales y luego se fabrican determinados productos, todo lo cual se hace con arreglo a las disposiciones de la denominada ley de suspensión de derechos".

El señor GUMUCIO.-

Que existe.

El señor PRADO.-

Todo eso existe.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

En efecto, todo eso existe, pero también existen, sin limitaciones, los almacenes particulares, cuando a cierta gente le conviene.

Al respecto, quiero recordar un caso. En la época del puerto libre de Arica, cuando era materialmente imposible descargar la mercadería debido al atocha-miento producido a causa de la falta de material rodante del ferrocarril que hace el servicio a Bolivia, el administrador de ese tiempo autorizó el traslado a una bodega particular, desde la aduana, de algunos vehículos. Ese administrador se vio envuelto en un sumario y, después de jubilar, tuvo que dar cuenta de las razones por las cuales dio tal autorización. Además, un vista de aduana del mismo puerto estuvo detenido durante catorce meses por la misma causa.

En consecuencia, si existe la franquicia, ella no se generaliza y se concede sólo a cierta gente. De otro modo, habiendo una disposición vigente, no se habría justificado la adopción de una medida tan rigurosa en contra de un funcionario que, después de catorce meses, ha sido absuelto por los tribunales.

El señor IBAÑEZ.-

De las informaciones que ha escuchado la Sala, se deduce que la situación planteada en el artículo 13 es bastante compleja, y, a juicio mío, mucho más compleja de lo que se ha explicado. No entraré a dar razones que, según mi parecer, deben exponerse más bien en la Comisión.

Como ya se ha manifestado, la Superintendencia de Aduanas y el Gobierno tienen facultades muy amplias para facilitar estos servicios, conforme a las normas legales en vigencia.

Llama particularmente la atención que, existiendo normas amplias y flexibles para procurar estos servicios de almacenamiento particular, aparezca aquí un artículo que otorga al Gobierno una facultad sin restricciones de ninguna especie, no sólo para establecer normas de ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal, sino también para modificar las existentes.

Concuerdo plenamente con el comentario hecho hace pocos instantes por el Honorable señor González Madariaga. Estas iniciativas, lejos de solucionar los vacíos que pudiera haber en los sistemas administrativos en vigor, crean absoluta anarquía en la Administración Pública. En el caso en estudio, después del debate habido en este recinto, me parece que no procede hacer modificación alguna a estas disposiciones, por lo menos hasta que ellas no sean estudiadas detenidamente en la Comisión respectiva.

Por eso, propongo simplemente rechazar el artículo 13, sin perjuicio de que, si hubiera razones -hasta el momento no aparecen claras- en abono de alguna enmienda del régimen de almacenamientos aduaneros, las analizáramos en la Comisión del ramo y despacháramos una disposición bien concebida, debidamente madurada y con suficiente documentación.

Solicito, pues, el rechazo de este artículo.

El señor PRADO.-

Lamento haber escuchado las últimas expresiones del Honorable señor Ibáñez, quien es partidario de fomentar las exportaciones, ha votado esta tarde por los artículos del proyecto y ayer expuso los riesgos que se presentan para las aduanas del país, en especial la de Valparaíso, no por ser de esa provincia, sino por constituir la aduana donde se realiza el tráfico de la mayor parte de las mercaderías importadas, por lo menos de las que se consumen en el centro del país.

Conociendo un poco los regímenes de que aquí se trata, evidentemente hay algunas diferencias sustanciales; pero, a mi juicio, ellas no envuelven los riesgos que han hecho notar los señores Senadores.

La Ordenanza General de Aduanas, en su artículo 144, dice: "La Junta General de Aduanas, con la aprobación del Presidente, podrá acordar modalidades especiales para el almacenamiento particular por las fábricas o industrias nacionales de...", y enumera las materias primas y artículos a medio elaborar que vayan a ser transformados. Por su parte, el artículo 13 del proyecto en debate se refiere a las materias primas, artículos a media elaboración, combustibles, partes y piezas que se empleen en la elaboración de un producto. Dentro de la terminología o nomenclatura utilizadas en las aduanas, sin duda, hay varios elementos no considerados.

Pues bien, si a los señores Senadores que han estado votando toda la tarde a favor de los artículos del proyecto, les interesa el fomento de las exportaciones, debe interesarles que dentro del país se pueda disponer de esas mercaderías con mucha mayor amplitud que la permitida hoy día por la Ordenanza de Aduanas en los términos señalados.

Esa es la primera diferencia. La segunda, de mayor trascendencia que la anterior, reside en el inciso segundo, que abre la posibilidad de someter a las materias primas, artículos a media elaboración, piezas y partes a sucesivos procesos de elaboración en los diferentes establecimientos industriales.

¿Cómo no va a ser importante que, para los efectos de una política de fomento de nuestras exportaciones, productos nacionales puedan ser completados con partes o piezas de artículos importados que se internen para tal efecto, y no se someta a éstos a toda la tramitación aduanera ni paguen derechos, porque serán exportados del país?

En consecuencia, deberán quedar sujetos a devolución de impuestos y derechos.

¿Para qué mantener una tramitación engorrosa si estamos hablando, precisamente, de fomentar las exportaciones?

El primer riesgo, que yo rechazo radica en dos aspectos: es conveniente que las habilitaciones se hagan de una en una, sistema que la Junta de Aduanas utiliza en el presente, a fin de saber de qué clase de mercaderías se trata. Pese a los riesgos existentes respecto de la fiscalización, este sistema permite que las aduanas puedan realizar un control efectivo.

El segundo riesgo consiste en que se establezcan en el país grandes concesiones de depósitos, que no autoriza la ordenanza actual. Razonando de acuerdo con los planteamientos formulados esta tarde, especialmente por quienes hemos votado a favor de la iniciativa, lo más lógico es suprimir lo malo y aprobar lo que sirva a los urgentes propósitos del proyecto.

Por eso, mis indicaciones tienden, explícitamente, a impedir que el Presidente de la República pueda disponer la habilitación de recintos de esa clase para que se almacenen mercaderías por cuenta de terceros.

A ello se han referido la prensa, Honorable señor Contreras, y todos los organismos que están preocupados del problema.

Deseaba hacer esta aclaración, porque sería inconsecuencia no dar a ciertas disposiciones, por apresuramiento, la importancia que tienen.

El señor CHADWICK.-

Entiendo que la reapertura del debate sobre el artículo 13 ofrece la oportunidad al Senado de pronunciarse una vez más sobre la aprobación o rechazo de la totalidad del precepto. En esa inteligencia, echo de menos las explicaciones que justifiquen el cambio de modalidad hasta ahora existente.

En mi opinión, lo que hasta aquí se ha dicho no es bastante para formarnos convicción de que debe sustituirse el actual régimen por otro que, en el fondo, consiste en delegar facultades legislativas propias del Congreso Nacional, en la persona de Su Excelencia el Presidente de la República.

Cualquiera que sea el interés que haya movido a algunos sectores del Senado a apoyar determinadas disposiciones del proyecto, en especial el artículo 13, que trata de las importaciones, con miras, seguramente, a facilitar la reexportación, no está justificado, por la amplitud de sus efectos, autorizar al Jefe del Estado para hacer, como lo hacía notar el Honorable señor Prado, de su capa un sayo; para que establezca y derogue nuevas normas sobre importación temporal o almacenamiento particular, sin fijar ni siquiera los principios básicos a que debe sujetarse.

El precepto en debate tiene el carácter de delegación de facultades, que, por lo menos los Senadores socialistas, no consideramos conveniente otorgar.

El señor CURTI.-

Votemos, señor Presidente.

El señor CHADWICK.-

Por eso, y con la venia del Honorable señor Curti...

El señor CURTI.-

Es que ya tenemos criterio formado.

El señor CHADWICK.-

...pido votar en general el artículo, a fin de resolver después si ha o no lugar a las indicaciones que nos ha anunciado el Honorable señor Prado.

El señor BOSSAY.-

En realidad, no conozco con exactitud la disposición reglamentaria que rige al respecto; pero argumentando dentro de lo que acabo de escuchar, y en conocimiento de las indicaciones formuladas por el Honorable señor Prado, me permitiré insistir en lo que planteé ayer ante el Senado, en el sentido de que a la fecha existen -lo sabe cualquier representante del puerto o cualquiera persona que se interese por el problema aduanero y portuario- almacenes aduaneros y se permite el ingreso temporal de ciertas partes o piezas destinadas a ser incorporadas a un artículo manufacturado o semimanufacturado, con el objeto de ser reexportadas.

El artículo 13 propuesto por la Comisión es, evidentemente, más amplio que las disposiciones legales en vigencia. En él se incorporan, tanto en el inciso primero como en el segundo, aquellos preceptos que faltan en la legislación actual. Uno de ellos se refiere a los combustibles y a las partes o piezas que se utilizan en la elaboración de un artículo determinado.

La disposición actual alude fundamentalmente a las materias primas. Al respecto, el inciso segundo del precepto en discusión plantea una nueva modalidad: que una parte ingresada temporalmente al territorio nacional no permanezca sólo en una bodega particular para ser modificada, sino que pueda pasar por varias etapas o almacenes particulares en los cuales reciba trato distinto hasta conformar la pieza que será reexportada.

El señor CHADWICK.-

Las armadurías.

El señor BOSSAY.-

Por eso, creo que las indicaciones del Honorable señor Prado obedecen a ambos propósitos: el que ha tenido, casi por unanimidad, el Congreso en numerosas disposiciones, consistente en despachar favorablemente este proyecto de ayuda a las exportaciones, y el de defender los intereses de Valparaíso.

¿Cuál es nuestro temor? El que ya han expresado, conforme a su personal enfoque del problema, distintos Senadores representantes de las provincias de Valparaíso y Aconcagua: que por la amplitud de la facultad que se otorga al Presidente de la República, se pudiera llegar al establecimiento de verdaderas aduanas, con sus recintos y bodegas, en otras ciudades que no son, por supuesto, Valparaíso ni otro puerto. Ello se evita con la frase "que no pueden existir almacenes particulares por cuenta de terceros".

Si no existen almacenes particulares por cuanta de terceros, o, en otras palabras, si sólo existen dichos almacenes en una industria determinada con el propósito de servir al tratamiento de esa mercadería para poderla exportar, no hay problema para Valparaíso. En la misma forma, esos almacenes particulares o fábricas pueden existir en cualquier parte de la provincia o del país.

Si no existiera la unanimidad que, reglamentariamente, creo indispensable para admitir a discusión y votación las indicaciones formuladas por el Honorable señor Prado, que involucran una idea nueva y que no fueron conocidas por la Comisión, no cabría, no obstante ser una idea conveniente, sino rechazar totalmente el artículo 13 y esperar que el problema sea resuelto por el Ejecutivo o por nosotros mismos, los parlamentarios, mediante una nueva iniciativa legal, en la forma que más convenga al interés nacional y al principal puerto de Chile.

Por eso, de no existir esa unanimidad, nuestros votos serán contrarios al artículo en debate.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

La indicación no necesita unanimidad. Está reabierto el debate. En consecuencia, se pondría en votación, en primer lugar, el artículo 13. Si éste fuere aprobado, se rechazaría la indicación.

El señor IBAÑEZ.-

Se trata de una indicación relativa a una materia que la Comisión no conoció y, por lo tanto, debe ser estudiada.

El Honorable señor Prado se refirió a ciertos peligros que él ve en caso de aprobarse el artículo tal como está redactado en el informe. Pero también hay otros, a los cuales Su Señoría no aludió, como es el de que el Presidente de la República quede facultado para "establecer y modificar normas relativas al ingreso al país bajo regímenes de admisión temporal".

No he encontrado justificación alguna para cambiar el régimen existente en la actualidad, que es amplio y flexible.

Además, hay otros peligros. En el inciso segundo, por ejemplo, se autoriza hacer extensiva la admisión temporal a "artículos a media elaboración, piezas y partes acogidas a los regímenes citados, a sucesivos procesos de elaboración en los distintos establecimientos industriales." A mi juicio, ello no debería ser aprobado sin justificación clara en el Senado.

El señor PRADO.-

¿Por qué?

El señor IBAÑEZ.-

Porque estimo muy difícil realizar el control aduanero de piezas, en forma fraccionada, en distintos establecimientos, y que serán sometidas a diversas transformaciones o elaboraciones.

Por eso, me opongo a la indicación y sugiero rechazar el artículo, sin perjuicio de que nosotros, con los debidos antecedentes y después de haber escuchado a todas las partes interesadas en esta disposición, podamos despachar una legislación bien estudiada y documentada sobre la materia.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

No puedo dejar de expresar mi extrañeza de que un artículo nuevo, no estudiado por el Senado, pueda, en el segundo informe, despacharse por la Sala sin siquiera cumplir la disposición reglamentaria que exige once firmas para el caso de las indicaciones renovadas.

El señor GUMUCIO.-

Se acordó la reapertura del debate, señor Senador.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

La reapertura del debate respecto del artículo 13, se apruebe o no se apruebe, tiene por objeto conocer el alcance de esta disposición, pero no da lugar a introducir una. nueva legislación.

Ya expresé mis temores de que en el trámite ordinario del segundo informe, aquí en la Sala, con expresiones vagas, podamos enmendar lo que la Comisión estudió con detenimiento. Me parece que esto es muy serio.

Admito que la unanimidad puede existir para enmendar la redacción o aclarar un concepto confuso, pero no con miras a. hacer una modificación total.

Debo agregar algo más. Respeto mucho la opinión del Honorable señor Prado, quien, aparte haber sido funcionario de los Servicios de Aduana y de puerto -lo dijo una vez aquí-, es abogado y Senador por la zona. Pero debo observar un hecho: el reparo al artículo 13 no partió de las bancas democratacristianas, ni en particular del Honorable señor Prado, sino de las comunistas, del Honorable señor Contreras Tapia,

¿Vamos a aceptar ahora una enmienda destinada a facultar al Presidente de la República para hacer de todos los puertos agencias de aduanas, a fin de que se puedan establecer recintos aduaneros particulares donde oficialmente funcionan las aduanas? ¡No! Eso requiere un estudio especial, particular, y más todavía cuando ello está consignado en la legislación actual.

¿Cuál es el apremio, la urgencia para hacerlo?

Me parece que el Senado no puede permitir una iniciativa legal en esta forma

Siento mucho oponerme al procedimiento señalado por la Mesa, pero, a mi juicio, no se puede aceptar una enmienda de esta naturaleza al discutirse el segundo informe.

Deploro tener que adoptar esta actitud, pues reconozco que puede haber mucho de razón en lo expuesto por el Honorable señor Prado, idea que puede dar origen a un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria, ya que se aproxima el comienzo de la legislatura ordinaria. Incluso, creo que el Ejecutivo, por la vía del veto, puede introducir enmiendas que convengan al interés nacional.

Por consiguiente, los remedios son muchos.

El señor REYES ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

-(Durante la votación).

El señor BARROS.-

Pido la palabra, para fundar el voto.

El artículo 13, como su número y lo expresado durante el debate acerca de su contenido lo indican, es fatal para Valparaíso. Me hago eco, en este instante, del clamor popular porteño.

Nadie ignora el hecho de que este Gobierno reformista desea entregar a particulares -no al Estado, a las aduanas locales- el régimen de admisión temporal de las mercaderías. Ello es mucho más grave si tal franquicia, como lo expresa el inciso final, se concederá a "diferentes establecimientos industriales", los cuales, por cierto, pueden estar o no estar en Valparaíso, con lo cual se contribuirá aún más a la asfixia del Puerto.

Por lo demás, si ya por medio de la Ordenanza General de Aduanas se han considerado estos casos en forma más restringida, ¿cómo es posible que vayamos a fatalizar a Valparaíso con la aprobación del artículo 13?

Comparto la opinión del Honorable señor González Madariaga en el sentido de que las disposiciones ya vigentes en esta materia son mucho más precisas y no ofrecen los riesgos que el artículo en debate representa para las aduanas de Valparaíso y del resto del país.

Voto que no.

El señor GUMUCIO.-

Ayer, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, nos opusimos, en el primer momento, a la reapertura del debate. Luego, cambiamos de criterio por estimar útil un análisis más amplio y detenido del artículo 13.

Estamos de acuerdo con dicho precepto y también con las indicaciones propuestas por el Honorable señor Prado, pues éstas eliminan algunos peligros y posibles abusos en el establecimiento de depósitos aduaneros particulares por parte de terceros. En efecto, se imponen ciertas limitaciones al Presidente de la República para fijar las normas pertinentes, al establecerse que para ello se requerirá el acuerdo de la Junta General de Aduanas.

Sin embargo, nos hemos visto en la necesidad de insistir en el espíritu del proyecto, cual es permitir la aplicación de un plan audaz de aumento de las exportaciones mediante una mayor expedición y agilidad en la tramitación burocrática. Ello no quiere decir que se pretenda perjudicar al puerto de Valparaíso mediante la institución de depósitos particulares. La verdadera innovación radica en la amplitud que se da a las normas vigentes en nuestro régimen aduanero.

¿Acaso no es de interés, desde el punto de vista nacional, que exista mayor facilidad en los trámites de internación de partes y piezas? En el caso de la industria automotriz, de aprobarse el proyecto que le permitirá funcionar en concordancia con la ALALC, es esencial facilitar la importación de partes y piezas que corresponden a un todo y que están sometidas a una tramitación burocrática que es aconsejable simplificar, en especial a causa del atochamiento que caracteriza a nuestros recintos aduaneros, lo que obliga a múltiples tramitaciones previas. Pues bien, en este caso se trata de permitir al funcionario correspondiente de Aduanas trasladarse a la industria donde se encuentre depositada esa mercadería y controlarla allí, en lugar de hacerlo en el local dónde ejerce sus funciones. En suma se desea dar mayor agilidad a los procedimientos vigentes, pues hay una serie de rubros que interesa desarrollar en beneficio del país.

Nadie puede dudar de que ha existido verdadero interés patriótico al proponer facilidades como las expuestas, a fin de contribuir a dar mayor auge a nuestras exportaciones.

Comprendo y respeto la posición de los

Senadores por Valparaíso en defensa de ese puerto. Por mi parte, puedo declarar que quienes representamos a Santiago nunca hemos tenido el propósito de establecer en la capital especies de sucursales de la Aduana de Valparaíso. Sólo se ha querido resolver un problema real: las demoras excesivas en la tramitación, aforo y despacho de las mercaderías. Por eso, voto que sí.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Resultado de la votación: 14 votos por la afirmativa, 14 por la negativa y un pareo.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

Corresponde repetir la votación.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Resultado de la votación: 13 votos por la afirmativa, 13 por la negativa y un pareo.

Al respecto, dice el artículo pertinente del Reglamento:

"Artículo 167.- El empate que se produzca se resolverá como sigue:

"Producido en una votación, esta se repetirá de inmediato. Si nuevamente se produce, se dará la proposición por desechada si se trata de un asunto con urgencia vencida. En los demás casos, quedará para ser definida en el Tiempo de Votaciones de primera hora de la sesión ordinaria siguiente. Si en ésta vuelve a producirse, se dará la proposición por desechada."

En este caso, la urgencia reglamentaria vence el día 13; pero existe un acuerdo de los Comités para despachar hoy el proyecto.

El señor GONZALEZ MADARIAGA-

Nada tiene que ver el acuerdo de los Comités con el Reglamento. Este es otro vicio que se está introduciendo en el Senado.

El señor MIRANDA.-

Hay un acuerdo del Senado.

El señor GONZALEZ MADARIAGA-

Lo que rige es el Reglamento.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

La Mesa estima que corresponde a la Sala resolver la cuestión.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Nada más importante que velar por la seriedad del Reglamento de la Corporación. Eso rige tanto para el partido que gobierna hoy como para aquel que tenga mañana el Poder. Eso es lo fundamental. Se pretende sostener que un acuerdo de los Comités puede vulnerar el Reglamento. Si se trata de una resolución destinada a tratar materias reglamentarias, ella debe ser sancionada por la Corporación, y no sólo por el partido de Gobierno.

El señor FUENTEALBA.-

No se trata de un acuerdo de nuestro partido.

El señor JULIET.-

La Sala puede ratificar lo acordado por los Comités.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Pero no puede alterarse el mecanismo del Reglamento, pues ello significaría que éste estaría sujeto a las resoluciones que adopten los Comités. Eso me parece sumamente peligroso. Idéntico concepto me merece la intención de despachar, en segundo informe, enmiendas a un artículo que no han sido estudiadas por la Comisión y, además, en circunstancias de que para renovar una indicación se requieren once firmas.

El señor JULIET.-

Debe entenderse rechazado el artículo.

El señor CHADWICK-.

No

El señor FUENTEALBA.-

Respetemos el acuerdo adoptado por los Comités. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Si a la Sala le parece, se respetará el acuerdo tomado por los Comités.

El señor CHADWICK.-

Consideramos que esto puede constituir un precedente extraordinariamente grave para lo futuro. No creemos que podamos manejar las decisiones del Senado con tanta precipitación, ni menos tomar un acuerdo de tanta importancia. Lo único procedente, a mi juicio, es atenernos al Reglamento, el cual sólo por excepción -tengo entendido- interpreta el doble empate como rechazo de una indicación: cuando se trata de un proyecto con urgencia vencida. Si ese caso de excepción no se produce, deberemos atenernos a la regla general, es decir, deberá tomarse el parecer del Senado en la próxima sesión ordinaria.

El señor ALLENDE.-

Pido la palabra.

Deseo dejar constancia de que el criterio defendido por el Honorable señor Chadwick es justo. Como nosotros hemos votado en contrario, la resolución que se propone nos favorecería, dentro del criterio con que hemos actuado. Sin embargo, asignamos más valor que al aprovechamiento ocasional de un acuerdo de Comités, a la defensa permanente de la aplicación del Reglamento.

En este caso el Senado no puede pasar por sobre disposiciones reglamentarias que obligan a desechar una proposición sólo cuando la urgencia de un proyecto está vencida, y se ha producido un segundo empate.

En consecuencia, por no estar vencida la urgencia, consideramos que esta materia debe votarse nuevamente en la sesión ordinaria del martes próximo.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

Por no estar vencida la urgencia, procedería dirimir el empate en la próxima sesión ordinaria.

El señor MUSALEM.-

Pero si la unanimidad de la Sala está de acuerdo en desechar el 'artículo. . .

El señor ALLENDE.-

Eso es otra cosa. Depende de que exista unanimidad en la Sala.

El señor MUSALEM.-

De eso se trata.

El señor FUENTEALBA.-

Por lo demás, nadie ha pretendido violar las normas reglamentarias.

El señor MUSALEM.-

Sugiero a la Mesa que consulte a la Sala acerca de si existe unanimidad para rechazar el precepto.

El señor PABLO.-

Desde luego, me parece que el problema estaría resuelto en caso de producirse acuerdo unánime para rechazar el artículo. Por lo demás, en muchas oportunidades, por acuerdo de los Comités, se ha suspendido la aplicación del Reglamento. La procedencia de ello está consignada en forma especial en el Reglamento de la Cámara, y así también se ha actuado en el Senado. No advierto por qué razón, en este caso concreto, no pueda aplicarse similar criterio por la voluntad unánime de la Sala.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

Recabo el asentimiento unánime de la Sala para dar por rechazado el artículo.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

No hay unanimidad.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

Solicito, nuevamente, el asentimiento unánime de la Sala para desechar el artículo.

Acordado.

Se suspende la sesión por quince minutos.

-Se suspendió a las 18.43.

-Se reanudó a las 19.05.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Corresponde ocuparse en el artículo 15. Las Comisiones unidas proponen reemplazarlo por el siguiente:

"El Presidente de la República podrá dictar normas sobre seguro de crédito a las exportaciones con el fin de asegurar al exportador contra los riesgos inherentes al crédito a la exportación de mercaderías y servicios, incluso los políticos y catastróficos, y señalar las condiciones y garantías aplicables a dichos seguros.

"Estos seguros podrán ser cubiertos, en todo o en parte, por las Compañías Nacionales de Seguros y por el Instituto de Seguros del Estado dentro de las normas contenidas en los DFL. 251, de 1931, y

210, de 1953, previa autorización de la Superintendencia del ramo; y también por personas jurídicas creadas por ley en que el Estado tenga aportes de capital o representación, especialmente designadas por el Presidente de la República.

"En el caso de que el seguro de crédito a la exportación o de alguno de los riesgos que éste comprende quedare a cargo de las personas jurídicas creadas por ley a que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la República determinará, además, las condiciones en que operarán y los recursos con que ellas contarán.

"Para los efectos de la asignación de recursos a que se refiere el inciso anterior, la Ley de Presupuestos de la Nación contemplará anualmente las sumas que sean necesarias. El ítem correspondiente será excedible.

"El Instituto de Seguros del Estado y las Compañías de Seguros podrán organizar una sociedad anónima aseguradora que cubra exclusivamente todos o algunos de los riesgos a que se refiere este artículo aportando los capitales necesarios.

"El Presidente de la República podrá modificar las normas que dicte en uso de las facultades que le conceden los incisos precedentes.

"El seguro de crédito a la exportación estará exento de los impuestos de cifra de negocios, timbres y estampillas y del establecido en el artículo 12, Nº 1 del D. F.L. Nº 251, de 1931."

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Señor Presidente, durante la discusión del artículo 15 en las Comisiones unidas, formulé indicación para reemplazarlo por el siguiente:

"El Presidente de la República podrá dictar normas para establecer el seguro de las exportaciones, preferentemente a cargo del Instituto de Seguros del Estado, con el fin de garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación, incluso de ventas a créditos de mercaderías, riesgos políticos y otros."

El Senador que habla y los Honorables señores Luengo y Altamirano votamos favorablemente esta indicación.

El señor NOEMI.-

¿Está renovada esta indicación, señor Senador?

El señor CONTRERAS (don Víctor). -

No, señor Senador, estoy comentándola solamente.

En la Comisión se aprobó el artículo propuesto por el Presidente de la República y no esta indicación.

¿Por qué deseamos que sea, de preferencia, el Instituto de Seguros del Estado quien contrate, si fuera necesario, la totalidad de los seguros? Porque tenemos gran interés en que dicho organismo se desarrolle y sea él, y no las empresas particulares, quien tenga a su cargo los seguros en el país.

En consecuencia, no nos satisface el artículo como fue aprobado primeramente por la Comisión de Gobierno y después por las Comisiones unidas. En la imposibilidad de presentar indicación renovada sobre el particular, votaremos negativamente este artículo.

-Se aprueba el artículo (10 votos por la afirmativa, 4 por la negativa y un pareo).

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Sobre el artículo 17 se había solicitado la reapertura del debate.

El señor NOEMI.-

No hay acuerdo.

El señor AMPUERO.-

¿No se podría dejar la decisión sobre la reapertura del debate del artículo 17 para después dé conocido el resultado de la votación relativa a las indicaciones del Ejecutivo con relación a la industria pesquera?

En efecto, el artículo 17 se encuentra aprobado, y en virtud de una disposición contenida en él se derogan los sistemas de bonificación para las exportaciones de harina de pescado en la provincia de Tarapacá, porque se entiende que esta industria quedará cubierta por la legislación general sobre exportaciones. Como en las Comisiones se rechazaron los artículos que daban tratamiento especial a la industria de la harina de pescado, habíamos sugerido no se derogara el sistema actual mientras no se legisle específicamente sobre la industria pesquera. De aquí que la indicación del Ejecutivo esté tan vinculada al artículo 17 y, por eso, proponemos no adoptar decisión sobre nuestra solicitud de reapertura del debate hasta no saber la suerte que correrán en definitiva las indicaciones del Ejecutivo sobre esa industria.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

Si al Senado le parece, se procederá en la forma solicitada por el Honorable señor Ampuero.

Acordado.

El señor PABLO.-

No se ha formulado la petición de reapertura del debate. . .

El- señor LUENGO.- Efectivamente.

El señor DURAN.-

Primero se conocerá el resultado de la votación sobre las indicaciones del Ejecutivo, y después se planteará la reapertura del debate.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

Queda pendiente la petición para reabrir el debate.

El señor GOMEZ.-

Según sea el resultado que se obtenga en las indicaciones del Ejecutivo, quedará determinado el criterio respecto de la reapertura solicitada, porque debe haber consonancia.

El señor LUENGO.-

¿Fueron renovadas las indicaciones del Ejecutivo?

El señor AMPUERO.-

En verdad, las dos materias están íntimamente relacionadas.

El señor GOMEZ.-

Según sea la suerte de las indicaciones del Ejecutivo sobre esta materia, votaremos a favor o en contrario de la reapertura del debate.

El señor AMPUERO.-

Se podría hacer una sola votación que significara resolver los dos problemas. Tengo entendido que en esto habría acuerdo. Si las indicaciones del Ejecutivo rechazadas en las Comisiones unidas se aceptan, lo lógico es que se mantenga el artículo 17.

El señor GOMEZ.-

Si se aceptara lo propuesto por Su Señoría, no habría posibilidad de dividir la votación en la forma pedida por el Honorable señor Ibáñez.

El señor LUENGO.-

No es oportuno en este momento pronunciarse sobre la reapertura del debate.

El señor NOEMI.-

Estimo, señor Presidente, que debe continuarse el debate en el orden que corresponda. Si estamos en el artículo 17, decidamos si se reabre el debate o no.

El señor CONTRERAS (don Víctor). -

De acuerdo con lo manifestado por el Honorable señor Ampuero, el artículo 17 deroga las disposiciones que favorecen a la industria pesquera, porque el Ejecutivo propuso, por las indicaciones Nºs. 60, 61 y 64, un sistema nuevo.

Si se aprueba el artículo 17, no habría ninguna clase de ayuda o estímulo a la industria pesquera y si, posteriormente, tampoco se aceptan las indicaciones del Ejecutivo, esta industria prácticamente quedaría en el aire y sin ninguna clase de apoyo. Por eso, se ha pedido dejar pendiente este artículo, mientras se sabe la suerte que correrán las indicaciones del Ejecutivo, porque nos exponemos al riesgo de crear una situación extremadamente grave.

El señor NOEMI.-

Insisto en que se siga el procedimiento usado hasta el momento, es decir, que se vaya votando artículo por artículo, y que ahora determinemos si se reabre el debate respecto del artículo 17.

Nosotros no tenemos el temor que preocupa al Honorable señor Contreras, porque, en último término las exportaciones de la pesca quedarían en lo sucesivo regidas por las normas de esta ley, como se dice expresamente en la disposición y que, según los productores, son mejores que las actualmente vigentes. En efecto, ellos estiman que si bien hoy tienen una legislación que les concede ciertas franquicias, no generan los ingresos y no reciben nada. Por esta razón, en definitiva, prefieren acogerse a esta ley que los deja en mejores condiciones.

El señor CONTRERAS (don Víctor). -

Los deja sin nada.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

En votación la reapertura del debate.

-(Durante la votación).

El señor ALLENDE.-

No voto nada relacionado con la industria de la pesca, porque hay intereses de familiares míos relacionados con ella.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Resultado de la votación: 12 votos por la negativa, 7 por la afirmativa y 6 abstenciones.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

No se acepta la reapertura del debate, porque de conformidad con el Reglamento se requiere el voto conforme de los dos tercios de los Senadores presentes.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

En el artículo 18, las Comisiones unidas proponen agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Las compras que efectúen los industriales o comerciantes establecidos en el departamento de Arica y en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en el resto del país, estarán exentas del impuesto de compraventas".

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor CONTRERAS (don Víctor). -

Estamos todos de acuerdo.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará el inciso propuesto por las Comisiones.

Aprobado.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Artículo 27. Las Comisiones proponen reemplazarlo por el siguiente:

"El Banco Central de Chile podrá exigir, ya sea antes de cursar un Registro de Importación, o bien antes de que se proceda a la cobertura de los cambios, que se acompañen facturas originales del productor o fabricante de la respectiva mercadería.

"El Comité de Inversiones Extranjeras, salvo casos calificados, exigirá la misma documentación, antes de autorizar aportes de capital que se realicen total o parcialmente en mercaderías".

-Se aprueba.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

Los Honorables señores Jaramillo, Pablo, Aguirre Doolan, Ahumada, Juliet, Ferrando, Fuentealba, Gumucio, Sepúlveda y Castro han renovado la indicación tendiente a reemplazar el inciso final del artículo 1º transitorio por el siguiente:

"Sin embargo, a los productos que se hubieren exportado a partir del 1º de enero de 1966 y que se incluyan en el Decreto Supremo que establezca la primera lista de mercaderías afectas al sistema de devolución a que se refiere el artículo 4º de esta ley, se les aplicarán los porcentajes que dicho Decreto determine, de acuerdo con las disposiciones del artículo 5º desde la fecha de sus respectivos embarques".

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Esta indicación significa dar carácter retroactivo a la ley.

El señor SEPULVEDA.-

Es para hacerla extensiva a todos los productos nacionales, no sólo a los agropecuarios.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Retroactividad para todos.

El señor SEPULVEDA.-

Para todos, y no sólo para los productos agropecuarios.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

-(Durante la votación):

El señor CONTRERAS (don Víctor). -

No obstante respetar mucho a los Honorables colegas que han renovado esta indicación, a mi juicio, ella es un tanto inmoral, porque nosotros, con el mismo criterio, podríamos proponer la siguiente disposición: "A los trabajadores a quienes se han pagado sueldos durante los primeros meses de 1966, se les dará una bonificación en forma retroactiva".

Se ha concedido a los exportadores el beneficio de 30% de bonificación. Sin embargo, ahora se pretende bonificar también a quienes hicieron las exportaciones antes de promulgarse la ley.

Voto negativamente esta indicación, por considerarla desde todo punto de vista inmoral.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Entiendo que la legislación que estamos discutiendo ahora no es nueva en el país, pues ha habido diversas disposiciones que han estimulado las exportaciones. El régimen del exportador ha sido legislado. Aún más, me parece que hay una ley, llamada "ley Faivovich", que concedió varios estímulos a la exportación.

Ahora bien, ¿no existe el temor de que con esta retroactividad aparezca un sector de los exportadores beneficiándose con la ley vigente y con este proyecto, que será ley a contar de la fecha de su publicación?

Tengo el temor de que se dé pan y pedazo.

Voto que no.

El señor SEPULVEDA.-

He firmado esta indicación renovada junto con otros Honorables colegas, porque, según entiendo, su alcance, muy lejos de tener algo de inmoral, como se ha manifestado,...

El señor CONTRERAS (don Víctor). -

Es muy inmoral.

El señor SEPULVEDA.-

...sólo tiene por objeto dar un trato general e igualitario a todos los productos nacionales que se encuentren en las mismas condiciones y no sólo a los agropecuarios, como establece el inciso final del artículo 1º transitorio, que se pretende reemplazar mediante esta indicación. En caso de mantenerse esa discriminación, entonces sí habría un trato preferencial!, que la indicación propuesta tiende a suprimir.

En mi concepto, no hay nada de extra-ordinario en esta indicación. Su finalidad es justa y conveniente, porque todo ese sistema está ideado prácticamente sobre la base de su aplicación a contar del 1º de enero de este año. El ejemplo del Honorable señor Víctor Contreras no hace sino ratificarlo, pues todas las bonificaciones y reajustes que hemos aprobado han tenido efecto retroactivo, desde el 1º de enero. En consecuencia, sólo se trata de mantener la misma línea respecto de este tipo de beneficios.

Repito que no veo nada de anormal ni de extraordinario en la materia. De otra manera, no habría firmado la indicación ni la votaría afirmativamente, como voy a hacerlo.

El señor LUENGO.-

La indicación renovada en debate fue presentada por el señor Ministro de Hacienda. Hago notar este hecho, porque cuando el Senado discutió el proyecto que exime del pago de contribuciones a los predios de avalúo inferior a cinco mil escudos, el Ejecutivo procuró, en forma permanente, postergar la fecha de vigencia de dicha exención y, por supuesto, en ningún caso aceptó darle efecto retroactivo, no obstante que dicha iniciativa tendía a beneficiar a los pequeños propietarios, a aquellas personas. . .

El señor CHADWICK-

Misérrimas.

El señor LUENGO.-

... dueñas de un predio de escaso valor, como que no han podido tener un avalúo superior a cinco mil escudos. Sin embargo, este mismo Ejecutivo, que en dicha oportunidad no tuvo la sensibilidad suficiente para eximir del pago de contribuciones a esas propiedades pequeñas desde la fecha en que empezó a discutirse el proyecto respectivo, o desde la fecha señalada en él -que incluso era posterior a la de la época en que se estaba tramitando-, ahora, mediante una indicación del señor Ministro de Hacienda, pretende dar efecto retroactivo a esta iniciativa que beneficia a productores y personas adineradas.

Deseo anotar que esto es una verdadera inconsecuencia.

También deseo hacerme cargo de la observación formulada por el Honorable señor Sepúlveda, quien sostuvo que con esto se sigue el mismo sistema establecido en el inciso final del artículo 1º transitorio propuesto por las Comisiones unidas. Debo decir que el caso es totalmente distinto, pues dicha disposición concede el beneficio a contar del 1º de enero de este año, no a todos los productos agropecuarios, sino sólo a aquellos de naturaleza perecible, cuyo caso está justificado por tratarse de mercaderías que por tener esa cualidad deben ser exportados oportunamente en su época, lo cual no ocurre con productos de otro tipo.

A mi juicio, el Ejecutivo se demuestra una vez más muy interesado en servir exclusivamente a las personas adineradas, a las grandes empresas, y no al pueblo.

Por las razones señaladas, voto en contra de la indicación renovada, que, en mi concepto, el Senado debe rechazar.

-Se aprueba, (12 votos por la afirmativa, 8 por la negativa, una abstención y un pareo).

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

El señor Ministro de Hacienda ha renovado la indicación número 60, para agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- A contar de la vigencia de la presente ley y por un período de tres años fíjase en un 30% el porcentaje de devolución que les corresponde a las exportaciones de harina y aceite de pescado que se efectúen a través de los departamentos de Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal y Chañaral de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 6º de la presente ley.

"Los certificados a que se refiere el artículo 7º serán entregados a la orden de la Corporación de Fomento de la Producción por el Banco Central de Chile, la que distribuirá el porcentaje de devolución a que se refiere el inciso anterior en la siguiente forma:

"a) Una cuarta parte se distribuirá y será transferida a título de erogación y libre de toda clase de impuestos, a los industriales pesqueros de los departamentos aludidos, a prorrata de sus exportaciones de harina y aceite de pescado; y

"b) Del saldo dispondrá la Corporación de acuerdo con su Ley Orgánica para la racionalización de la industria pesquera en los departamentos antes mencionados, debiendo darse preferencia al financiamiento de su programa de integraciones o fusiones de empresas pesqueras y al pago de deudas contraídas por éstas con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

"Vencido el plazo de tres años a que se refiere el inciso anterior, las exportaciones referidas quedarán sujetas al régimen general en conformidad a una escala de porcentajes decreciente que partirá de un 30% de devolución para capturas inferiores a 700.000 toneladas anuales en los departamentos antedichos, que fijará el Presidente de la República previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción."

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor AMPUERO.-

Me permito proponer que las indicaciones del señor Ministro de Hacienda sean tratadas simultáneamente.

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

El señor Ministro también renovó las indicaciones 60 bis, 61 y 62.

El señor CONTRERAS (don Víctor). -

Podríamos discutirlas juntas.

El señor GOMEZ.-

Hay otra indicación del Honorable señor Ibáñez que extiende la bonificación a todo el país, lo cual es más lógico.

El señor CONTRERAS (don Víctor). -

Esa indicación la rechazamos en las Comisiones.

El señor GOMEZ.-

En las Comisiones quedamos de acuerdo en que también se trataría esta indicación, que hace extensiva la bonificación a todo el país.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se pondrán en discusión las cuatro indicaciones del señor Ministro de Hacienda en conjunto.

El señor AMPUERO.-

Es preferible.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

Y también se votarán en conjunto.

El señor AMPUERO.-

La votación podría ser separada, en caso de pedirla un señor Senador.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

Pero la discusión se haría en conjunto.

Si no hay oposición, así se acordará.

Acordado.

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor CHADWICK.-

¿Podría leer las dos indicaciones el señor Secretario?

El señor FIGUEROA ( Secretario).-

La indicación 60 bis, propone el siguiente precepto:

"Artículo ...- Las personas jurídicas acogidas al DFL. Nº 266, de 1960, cuyas actividades se desarrollan en la provincia de Tarapacá y Antofagasta estarán exentas, hasta el 31 de diciembre de 1966, de todo impuesto, derecho, contribución o gravamen, de cualquiera naturaleza que ellos sean, incluso el impuesto establecido en el Título IV de la Ley Nº 15.564, que puedan afectar la fusión, venta o integración, total o parcial que se lleve a efecto entre ellas. Gozarán de la misma exención las 'actas, documentos o toda clase de convenciones que se ejecuten, extiendan o celebren y que persigan dichas finalidades; las cauciones que se otorguen para garantizar las obligaciones que con tales objetos se contraigan; y los traslados de plantas, naves, sus partes, equipos y maquinarias internados al país al amparo de regímenes liberatorios o de franquicias 'aduaneras consignados en las leyes Nºs. 12.937, 13.039 y sus modificaciones y en el DFL. Nº 266, de 1960.

"La Corporación de Fomento de la Producción deberá autorizar previamente la fusión, venta o integración, total o parcial, que se lleve a efecto entre las personas jurídicas a que se refiere el inciso primero.

"Las Aduanas autorizarán los traslados de los bienes antes referidos y de sus partes, sin exigir otro requisito que un informe favorable del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción".

La indicación Nº 60 tiene por objeto 'agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- Las personas jurídicas acogidas al DFL. Nº 266, de 1960, podrán imputar a la obligación de capitalizar el 75% de sus actividades, consignada en el artículo 4º de ese cuerpo legal, todo el valor que ellas inviertan con motivo de la fusión e integración total o parcial que se produzcan entre ellas, siempre que cuente con la aprobación previa de la Corporación de Fomento de la Producción en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior.

"La imputación podrá hacerse en forma escalonada, a medida que se inviertan o comprometan los valores, con cargo a los resultados de cualquier ejercicio anual que termine a más tardar el 31 de diciembre de 1969.

"Sin embargo, la Corporación de Fomento no autorizará las imputaciones señaladas en el inciso anterior mientras las industrias beneficiadas no las comprueben documentariamente".

Y la indicación Nº 62 es para agregar un artículo nuevo, con el siguiente texto:

"Artículo...- Las imposiciones adeudadas a los organismos o servicios de previsión por las personas jurídicas acogidas al DFL. Nº 266, de 1960, a la fecha de la vigencia de la presente ley serán pagadas en 36 meses mediante convenios con los referidos organismos o servicios, abonando un interés del 12% anual desde la fecha de la mora hasta la de los pagos efectivos.

"Los convenios que se pacten quedarán sin valor y efecto alguno por el solo hecho de no pagarse tres de las cuotas mensuales, sean o no sucesivas.

"Estos convenios quedarán exentos de multas o intereses penales. Las acciones judiciales entabladas a la fecha de la vigencia de la ley, quedarán suspendidas desde la fecha en que se formalicen los convenios.

"Las empresas tendrán un plazo de 90 días, contado desde la vigencia de esta ley para acogerse a estas franquicias.

"Los personales de las empresas que celebren los convenios antes aludidos gozarán de todos los beneficios que las leyes les otorgan."

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor IBAÑEZ.-

Las cuatro indicaciones tienen por finalidad ayudar a las actividades pesqueras del norte y, en forma muy específica, facilitar -cuando no presionar- la integración de las respectivas empresas. En las Comisiones unidas, me permití observar la primera de las indicaciones, la cual consta de dos partes, las que, según me parece, deberían discutirse en la sala en forma separada.

El artículo nuevo que se propone agregar mediante la indicación Nº 60 dispone en su primera parte que durante el plazo de tres años será de 30% la devolución que corresponda hacer por concepto de exportaciones de harina y aceite de pescado. Es decir, no deja, como en los demás artículos de exportación, sujeto a la decisión del Presidente de la República el valor de este "draw back".. .

El señor ALLENDE.-

¿Cómo?

El señor IBAÑEZ.-

...o devolución de las exportaciones, sino que lo fija en su proporción máxima y por el plazo de tres años desde la vigencia de la ley.

Pienso que la medida propuesta es de aquellas que las circunstancias recomiendan adoptar respecto de la industria pesquera. Con todo, me he permitido proponer que el artículo en referencia termine donde dice "y aceite de pescado". De ese modo, lo dispuesto por el artículo nuevo que se propone en la indicación número 60 regirá para todas las empresas acogidas al DFL 266.

En las disposiciones restantes del artículo nuevo que comento, se preceptúa, en primer lugar, que la Corporación de Fomento de la Producción dispondrá del 75% de estas devoluciones correspondientes a exportaciones de harina y aceite de pescado. Vale decir, las empresas productoras sólo dispondrán de 25% de tales devoluciones, o sea, de 7,5% del valor exportado. ¿Y qué hará la CORFO con el 75% de estas devoluciones? La cuarta parte la aplicará, a título de erogación y libre de toda clase de impuestos, a las industrias pesqueras aludidas, para estimular sus exportaciones en los rubros aluddos. Me parece que se trata de las mismas empresas enumeradas por el artículo en su primer inciso; pero, al mismo tiempo, se establece que la Corporación de Fomento de la Producción dispondrá del saldo de las devoluciones para racionalizar, de acuerdo con su ley orgánica, la industria pesquera constituida por las empresas antes mencionadas. Esta disposición me parece muy grave, porque en virtud de ella se entregan a determinada entidad recursos que, en todos los demás casos sobre los que legisla esta iniciativa de ley, pertenecen sin duda a las empresas que generan las exportaciones correspondientes. En cambio, tratándose de las empresas que he mencionado, tales recursos se entregan a la CORFO, para que ésta los emplee en ciertas finalidades, entre las cuales figura expresamente la integración. En otras palabras, aquellos recursos se utilizarán para presionar y provocar la integración de algunas empresas pesqueras.

En consecuencia, debo expresar que soy del todo contrario a la idea contenida en este precepto. Sin duda, empresas mal concebidas y mal organizadas se beneficiarán, en desmedro de los ingresos que legítimamente corresponden a aquellas otras que fueron bien concebidas y han realizado sus funciones en debida forma.

Por lo tanto, quiero proponer que se vote separadamente el primer artículo propuesto por las indicaciones en referencia; que se apruebe la primera parte de éste en los términos que he señalado, y se rechace la segunda, en que se declara la libre disposición a favor de la CORFO del 75% de estas bonificaciones.

En cuanto a los artículos propuestos por las indicaciones 60 bis, 61 y 62, los Senadores de estas bancas somos partidarios de que sean aprobados, porque ellos, en realidad, facilitan la integración de estas empresas, sin presionarlas ni obligarlas a la integración, y porque dan también ciertas facilidades para cumplir algunos compromisos respecto de los cuales estas empresas están en mora, debido a la situación sobradamente conocida por la cual atraviesa dicha actividad.

El señor AMPUERO.-

Cuando pedimos reapertura del debate sobre el artículo 17, lo que no se pudo obtener debido a la insistencia del Comité Demócrata Cristiano para resolver separadamente la suerte de esa disposición antes de entrar a discutir las que nos ocupas en estos instantes, ya suponía yo el resultado final de la discusión. Sin duda, mantener el artículo 17 en los términos aprobados por la Comisión en su primer informe, no legitimará el cambio de actitud de algunos señores Senadores que, en las Comisiones unidas, estuvieron en contra de las indicaciones del Ejecutivo, pero que, ahora, con el argumento de aprobar el mal menor, tendrán que acompañar al Gobierno en las indicaciones formuladas. Quiero destacar que el orden en que hemos resuelto el problema puede distorsionar fundamentalmente la opinión dominante en el Senado, ya que en las Comisiones unidas, por seis votos, se rechazó cada uno de los artículos que se han leído hace algunos instantes. Ahora es improbable que en la sala, aunque la composición de las fuerzas políticas sea similar, el resultado sea diferente. En todo caso, quiero que esas deficiencias de procedimiento, perfectamente conscientes, por lo menos me sirvan de justificación para entrar a un tema que no habría tratado con latitud si se hubiera mantenido el criterio dominante en las Comisiones unidas: me refiero a discutir la situación de la industria pesquera con relación al proyecto específico que se encuentra en las Comisiones unidas y que fue ya despachado en primer trámite por la Cámara-de Diputados.

No deseo hacer objeciones circunstanciales a las indicaciones formuladas por el Ministro de Hacienda. En este sentido, ratifico lo dicho por el Honorable señor Bossay en las Comisiones, esto es, que consideramos inconveniente alterar el régimen actual de bonificaciones para la exportación de harina de pescado, si no fuera para establecer un régimen definitivo, sistemático y suficientemente estudiado en ambas ramas del Congreso. El hecho de aprobar las indicaciones del Ejecutivo, evidentemente conspira contra el propósito de dictar una legislación metódica y completa, porque significaría cambiar el sistema hoy vigente por este otro, relativamente de emergencia y temporal que estamos despachando, y, luego, por otro, en treinta, sesenta o noventa días más. Ello sería perjudicial para la industria misma y para el normal desarrollo de las actividades económicas de esas provincias. De manera que no rechazo todas y cada una de las ideas contenidas en estas indicaciones, sino la oportunidad y, globalmente, la conveniencia de legislar incidentalmente sobre la materia cuando estamos abocándonos a ella en forma más seria y sistemática, con motivo del proyecto a que he hecho referencia.

Quiero sostener, como aclaración inicial, que cuando me refiero a los industriales pesqueros no olvido que algunos de ellos y muchos socios de las empresas constituidas para explotar esa rama de la producción, son hombres de esfuerzo o familias que han reunido penosamente algunos recursos para colocarlos en una industria que parecía floreciente y de perspectivas insospechadas en cuanto a su gran prosperidad futura. Pero, en general, ha habido otro tipo de industriales, tanto nacionales como extranjeros, que se avalanzaron sobre la provincia de Tarapacá y se introdujeron en la industria pesquera simplemente atraídos por las extraordinarias facilidades crediticias que proporcionaba la CORFO, carentes de toda seriedad industrial, sin estudio previo del negocio. En consecuencia, muchos de ellos se sienten ahora en situación comprometida a causa de esta imprevisión. Ello prueba, de paso, que toda la filosofía sobre la misma empresa no deja de ser una alusión romántica y oportunista, cuando se levanta como un mito casi religioso. Lo que hemos visto los parlamentarios del norte, sistemáticamente, a lo largo de los últimos años -y yo diría durante casi toda la historia de la industria nortina- es que la industria privada defiende sus fueros con gran celo mientras los negocios son prósperos. Es lo que ha sucedido con el salitre, el azufre, el cobre y la pesca. Pero, cuando se llega a una época de declinación, cuando sobreviene una crisis, cuando los negocios empeoran, los libre empresistas, los filósofos y promotores de tales doctrinas son los primeros en acudir angustiosamente al fisco con el objeto de obtener ventajas adicionales: bonificaciones, premios, gratificaciones. En fin, piden todas estas cosas que, en instantes como los descritos, ni siquiera parecen rozar la delicada epidermis de empresarios tan aferrados a las doctrinas liberales de otros siglos. Es lo que ahora ocurre con la industria pesquera.

Otro punto que me parece importante esclarecer, desde un comienzo, es el relativo a los compromisos contraídos por el Estadio con los industriales.

He tenido oportunidad de leer documentos muy autorizados, que provienen tanto de la Corporación de Fomento de la Producción como del Ministerio de Hacienda, contenidos en un memorándum que se ha hecho llegar a las Comisiones unidas. En ellos se afirma reiteradamente que el fisco estaría adeudando fuertes cantidades de dinero a los industriales pesqueros por concepto de bonificaciones y que estos industriales, por su parte, estarían movilizando recursos, influencias y presiones para conseguir la cancelación de tales deudas. Lo dije, hace unos diez meses, en esta sala: eso no tiene ningún asidero legal.

La ley 12.937, que estableció un régimen aduanero especial para la importación, exportación y fomento de los departamentos de Pisagua, Iquique, Taltal y Chañaral, deja expresa constancia, en su artículo 9º, de que se formará un fondo constituido por el impuesto a la compraventa correspondiente a esos departamentos, y que ese fondo será destinado exclusivamente a subvencionar la exportación de tales o cuales productos. En términos parecidos se expresa la ley 13.039, que creó la Junta de Adelanto de Arica. Es decir, para cualquiera que lea los textos legales que son la fuente de esos beneficios para los exportadores de la provincia de Tarapacá, resulta claro, indiscutible, que el compromiso fiscal se limitó al monto de los fondos que pudieran reunirse con el producido de los impuestos mencionados.

En esas condiciones funcionó el sistema durante los primeros años: desde 1959 hasta 1964. En total, se recaudaron algo así como 13.000 millones de pesos para alimentar este fondo de bonificación, que fueron por supuesto distribuidos entre los exportadores, principalmente o casi exclusivamente exportadores de harina de pescado. Trece mil millones de pesos -13 millones de escudos- hasta fines del año 1964. El año pasado, junto con el advenimiento del régimen de revolución en libertad, se consagró en el Presupuesto la tesis, hasta ese momento informal, de que cuando el fondo de bonificación se agotaba, el saldo debía ser cubierto con dinero fiscal. Así se estableció, en el Presupuesto de 1965, una partida del monto de siete millones de escudos, para completar ese fondo. Por primera vez, en la práctica, se aceptaba la tesis, a mi modo de ver insostenible, de que el fisco tenía compromisos de deudor frente a los exportadores de la provincia de Tarapacá. Este año se insistió en el sistema, asignándose creo que la cantidad de cinco millones de escudos para, también, poner al día las bonificaciones; vale decir, para complementar el fondo que, en los textos legales primitivos, estaba limitado por el producido de los impuestos a que me he referido.

Empiezo por manifestar nuestra opinión absolutamente contraria a ese procedimiento. Creo que el fisco ha estado dilapidando gratuitamente, en premios para los exportadores del norte, sumas que no estaba comprometido a pagar, sumas que no debía. Respecto de la industria pesquera se ha seguido el procedimiento ya inaugurado para la industria salitrera por el señor De Castro, de sacar dinero de los fondos públicos para beneficiar a determinadas personas muy contadas en número, porque esas bonificaciones fueron a parar a muy escasas empresas. Los señores Senadores deben saber que, de los siete millones de escudos destinados, en el Presupuesto del año pasado, a bonificar industrias, la empresa EPERVA recibió más de 25%. ¡Más de 25%! Y esto se sabía, por supuesto, en el momento de dictarse la disposición presupuestaria respectiva. Es decir, que ella tenía un destinatario con nombre y apellido, lo que me parece un mal procedimiento en las decisiones legislativas.

En seguida, y aclarados estos extremos de la discusión, quiero señalar que no creo que exista ejemplo de alguna otra rama industrial que se haya instalado y levantado, en nuestro país, con mayor número de facilidades, con una magnitud mayor de recursos públicos puestos al servicio de las empresas.

Tengo aquí infinidad de antecedentes que he estado reuniendo desde mediados del año pasado, cuando se hizo evidente la crisis por falta de materia prima, que dejan una impresión abrumadora de imprevisión por parte de la administración del Estado, por la propia Corporación de Fomento, y, en seguida, de generosidad inaudita para estimular a una actividad económica reducida, como digo, a determinado pequeño número de empresarios. Podría dar lectura a nóminas completas. Por ejemplo, es un hecho común el de que la Corporación de Fomento de la Producción haya prestado el 60% y hasta el 80% del capital social de las empresas. Es corriente el caso. El señor Fresard, de la Corporación de Fomento, sostuvo, en números redondos, en el seno de las Comisiones unidas, que el total de la inversión de aquélla en la industria alcanza a 70 millones de dólares, de los cuales unos 25 millones consistan en créditos directos y unos pocos. . .

El señor PABLO.-

¿En qué época?

El señor AMPUERO.-

Del año 1959 en adelante, hasta la actualidad. Es ésta una estimación hecha por un funcionario de la Corporación de Fomento.

Quiero señalar que, si contamos...

El señor PABLO.-

Señor Senador, perdóneme. Yo creo que el año pasado no se otorgaron nuevos créditos. O sea, los antecedentes de juzgamiento que está citando Su Señoría no corresponden a la actual Administración.

El señor AMPUERO.-

Es que, para mí, la Historia de Chile empezó un poco antes de que asumiera el poder el señor Frei.

El señor PABLO.-

Pero cuando Su Señoría dirige los dardos, todo parece hecho por la Corporación de Fomento de hoy.

El señor CONTRERAS (don Víctor). -

Su Señoría debe dirigirse a la Mesa.

El señor AMPUERO.-

La única novedad es que, por primera vez, se reconoció, en un documento oficial y público, que el fisco estaba debiendo dinero a los industriales, al consignar en el Presupuesto de 1965, primero, y en el de 1966, después, partidas destinadas a complementar el fondo de bonificación. Y eso me parece un pésimo precedente.

Esto es lo único que he afirmado como directa imputación a la Administración actual. En cuanto a la improvisación general que rodeó la instalación y desarrollo de la industria, yo diría que es bien difícil determinar responsabilidades. Por supuesto, éstas competen fundamentalmente a la Administración Alessandri, que creyó ver en el desarrollo industrial pesquero un sustituto de la ocupación que hasta poco antes daba la industria del salitre. Creo que todos, incluso los parlamentarios de la zona, vivimos un poco de espejismos, en cierta época, confiando en un desarrollo mucho más voluminoso de la industria, aunque más de alguno -y quiero citar el caso mío, Consejero de la CORFO en los primeros pasos de esa actividad- advirtió la necesidad de poner algún límite o tope. Hice pedir, en esa oportunidad, un estudio del mercado, que hasta ese año -creo que el de 1961- no se había hecho; e insistí dos o tres veces en el seno del Consejo en que no debía estimularse excesivamente la participación de los capitalistas en la creación de esta industria nueva. A mi juicio, se habría cumplido en ese momento la misión de la industria pesquera con haber absorbido la mano de obra dejada por el salitre y que no había tenido ocupación en el puerto libre de Arica, lo que habría logrado aminorar considerablemente el problema.

En todo caso, lo que afirmaba es que jamás en Chile una industria privada tuvo tratamiento parecido en cuanto al volumen de los créditos y a las facilidades con que éstos se otorgaron hasta alcanzar la cifra a que aludí denantes. En seguida, para que se tenga una idea aproximada de las condiciones que han rodeado el desarrollo de la industria, quiero señalar que, según datos que tengo a mano, hasta 1964 se habían distribuido aproximadamente trece millones de escudos. Si a eso añadimos solamente los 12 millones que a manera de erogación fiscal se han entregado entre 1965 y 1966, tendremos ya unos 25 millones de escudos concedidos en calidad de bonificación, otorgados como bonificaciones mismas, mediante el presupuesto o por la distribución de fondos establecidos para este efecto. El producido total de los impuestos recaudados en la zona para bonificaciones alcanza, pues, a trece millones de escudos.

Hice una vez una afirmación que ahora repito: no es mucha la distancia que separa la bonificación recibida anualmente por las industrias, del monto de sueldos y salarios que pagan. Para resumir, podríamos decir que el actual funcionamiento de las empresas fue producto del crédito popular, por intermedio de la CORFO. La Corporación de Fomento les instaló las industrias a los empresarios, agregándose al suyo un pequeño aporte privado y gran volumen de crédito extranjero, de los que ordinariamente se vale la CORFO.

El señor NOEMI.-

¿Me permite, señor Senador? Sólo deseo aclarar una idea.

No sé si en la Comisión se me informó mal, pero cuando el funcionario de la Corporación de Fomento mencionó la inversión a que se refiere Su Señoría -70 millones de dólares-, expresó que ésa era la inversión total en la industria, de la cual esa institución, entre préstamos y avales, había proporcionado 26 millones 931 mil dólares.

El señor AMPUERO.-

Precisamente eso es lo que manifesté yo, señor Senador.

El señor NOEMI.-

Exactamente. Pero los 70 millones no son aportados por la CORFO, sino que corresponden a la inversión total que ha hecho la industria. Aquélla, repito, entre préstamos y avales, aportó 33% de la inversión señalada, o sea, aproximadamente, 27 millones de dólares. El resto, los dos tercios, proviene de créditos externos o de los propios industriales.

Sólo eso quería manifestar, señor Senador.

El señor AMPUERO.-

Parece que el único punto de discrepancia podría estar en la apreciación respecto de la inversión de esos 70 millones de dólares. Lo que yo escuché en las Comisiones fue lo que escuchó el señor Senador: que la inversión de la CORFO en la industria -y entiendo que el 90% de ella está en Tarapacá y Antofagasta-es de 70 millones de dólares, y me parece que en esta cifra se incluyen 25 ó 26 millones correspondientes a préstamos directos o a avales para industriales, y otras inversiones hechas por la CORFO, por cuenta propia, para habilitar el puerto de Iquique y la instalación de las industrias.

El señor NOEMI.-

Yo no lo entendí así, señor Senador; entendí que los 70 millones de dólares corresponden a la inversión total en la industria, que puede componerse de aportes particulares, préstamos externos, etcétera.

El señor AMPUERO.-

No, Honorable colega. En eso tal vez Su Señoría se equivoque y estime el aporte de la CORFO en menos de lo que es. Para este efecto, su argumentación podría ser contraria a lo que yo estoy sosteniendo.

Me parece haber escuchado al funcionario de esta institución que del total de la inversión, 35% correspondía a créditos de aquélla. Vale decir, el capital total sería de 70 millones; estimo que la diferencia entre 26 millones y 70 millones, es la inversión directa que ha hecho la Corporación de Fomento, como digo, para habilitar la zona, los muelles, los terrenos para que se instalara la industria, aparte otros gastos que, por supuesto, no estoy en condiciones de enumerar en este momento. De modo que concuerdo con Su Señoría en cuanto a que, en todo caso, el total de la inversión proveniente de los créditos de la CORFO sería de más o menos 35%.

El señor NOEMI.-

Entre créditos y avales.

El señor AMPUERO.-

Entre créditos y avales, exactamente; pero la verdad es que los avales son muy pocos y que los créditos directos ascienden a alrededor de 24 millones.

El señor NOEMI.-

Los avales suman siete millones.

El señor AMPUERO.-

En todo caso, este solo hecho -con un par de millones más o menos de diferencia- confirma lo que vengo sosteniendo: ninguna otra rama industrial en Chile ha tenido un tratamiento semejante ni en volumen de créditos de esa magnitud, y en un período tan breve.

Aparte esto, señalaba también que el aporte de los consumidores de la provincia de Tarapacá, mediante el impuesto a la compraventa, forma el fondo de bonificaciones, que éste equivale anualmente a casi la totalidad de los sueldos y salarios pagados por la industria. Finalmente, anotaba una tercera irregularidad que también va en beneficio de los industriales: que todo el sistema de bonificaciones se paga a estos últimos, de manara que los armadores independientes, que no poseen planta en tierra, no gozan en absoluto de tal régimen, en circunstancias de que ellos trabajan la materia prima.

Ahí tienen los señores Senadores un panorama completo de una industria cuya tercera parte ha sido financiada por el Estado, cuya mano de obra lo ha sido por los consumidores locales y cuya materia prima se proporciona, sin bonificación alguna, por los armadores.

El señor CHADWICK-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

Me parece indispensable agregar otro dato, muy ilustrativo, para que el Honorable Senado tenga un concepto cabal de la formación de estas industrias.

El señor IBAÑEZ.-

¿Me permite, señor Senador?

El señor CHADWICK.-

Excúseme, Honorable colega, pero terminaré la idea. Por lo demás, estoy haciendo uso de una interrupción.

Deseo referirme al origen de los capitales aportados por los particulares. En el fondo, provienen del sector público, pues llegaron a invertirse en la pesca en virtud de exenciones otorgadas para los efectos del impuesto global complementario. Los derechos que correspondían al Estado por los servicios que presta a toda la comunidad se dejaron de percibir con el objeto de que los particulares invirtieran los valores correspondientes en la industria, en la pesca. De modo que si hacemos una justipreciación, si se tratara de hacer una evaluación de lo que corresponde como aporte real del patrimonio de particulares en la creación de esta industria, nos encontraríamos con que son sumas bastante pequeñas.

Todavía más: mediante el mecanismo de créditos otorgados con tanta liberalidad por la CORFO durante la Administración pasada, bajo el imperio de la libre empresa, se abría camino para que dichos industriales, que poco o nada aportaban, gozaran de los créditos, los cuales, en realidad, iban más allá de los porcentajes conocidos, porque había manipulaciones para alzar los precios en la adquisición de elementos industriales hechos en el extranjero. Por este recurso, la Corporación de Fomento, en vez de concurrir con 50% o 60% de los créditos, en muchas ocasiones lo hizo con el 100% del valor real de las inversiones.

Estimo que estos antecedentes son útiles para la consideración del problema y para que el Senado sepa definitivamente que estamos frente a un asunto que sólo en apariencia tiene el carácter de industria privada, la cual, en realidad, fue puesta en marcha casi exclusivamente financiada por dineros públicos.

El señor IBAÑEZ.-

Honorable señor Ampuero, ¿me permite una interrupción por tener que ausentarme de la Sala?

Quiero hacerme cargo de algunas de las observaciones reiteradas en el curso del debate. Todas ellas giran alrededor de la idea de que, en determinadas circunstancias, las empresas privadas se acogen en forma excesiva y hasta censurable y contraria a sus propios principios a la protección de lo que podríamos llamar "el alero del Estado".

Es preciso decir que la industria pesquera ha tenido una ayuda financiera especial por parte del Estado y ha gozado de exenciones de carácter tributario acordadas en forma unánime por los parlamentarios de todos los partidos políticos, por tratarse, precisamente, de resolver una situación extraordinariamente grave creada en el norte del país. En respuesta a esa situación, con el apoyo de todos los sectores políticos, se crearon estímulos especiales -y no vacilo en llamarlos artificiales- para desarrollar en plazo brevísimo una industria aleatoria, difícil, llena de riesgos, como lo demuestran los hechos que hoy día nos obligan a preocuparnos nuevamente de ella. Dejo sentado este primer punto.

Me opongo a la aprobación de esta primera indicación al texto redactado por el Ejecutivo, porque éste último involucraba la idea -explicada en el memorándum que tuvimos en nuestras manos durante el debate habido en las Comisiones unidas- de" que la Corporación de Fomento de la Producción se incorporara asociándose a esas empresas integradas que se pretende crear mediante esta disposición, con ayuda financiera que no estaba estipulada y que, a mi juicio, no reconoce límite en cuanto a su cuantía. Esto me parece absolutamente inconveniente y contrario a los principios económicos y políticos que sustento. Por ello me limito a proponer al Senado acoger la indicación sólo en aquella parte en que se coloca a la industria pesquera en la misma situación en que estarán todos los demás exportadores del país una vez que este proyecto sea ley.

No se justifica tampoco, mediante la devolución hecha por la vía de la disposición de esta ley, realizar una integración con ayuda a empresas mal concebidas, en desmedro de otras bien realizadas.

Respecto de la alusión hecha a la libre empresa -expresión que a mi juicio no es descriptiva de ninguna realidad efectiva de la época en que vivimos-, preferiría hablar de empresa privada. En cuanto a ésta, deseo tan sólo decir que, contrariamente a lo que pudiera suponer el Honorable señor Ampuero, no constituye una filosofía política. Sobre el particular me extenderé en una ocasión próxima, a fin de no alargar este debate.

Cuando la empresa privada alcanza prosperidad -en su expresión normal, no en este caso la del norte de Chile, pues reitero que se estimuló artificialmente la creación de esas empresas por razones muy atendibles de interés nacional-, ello se debe a su esfuerzo creador, a su capacidad empresarial. Dichas empresas contribuyen en forma sustancial a la colectividad, creando riquezas, oportunidades de trabajo y pagando fuertes impuestos. Pero cuando por circunstancias ajenas a ellas declinan, no puede pretenderse que sigan efectuando iguales aportes a la colectividad. Es el preciso momento en que nos encontramos ahora frente a las empresas pesqueras, respecto de las cuales es el Estado el que debe decidir si deben desaparecer -lo que en muchos casos puede ser la mejor solución-, o si estima que hay razones de conveniencia nacional que justifican desgravarlas e incluso ayudarlas para que sigan subsistiendo.

Por las razones que acabo de señalar, mi proposición, como dije hace un momento, no va más allá de dar a la actividad pesquera del país sino las franquicias que este proyecto consagra para los otros productos de exportación. Si tales franquicias fueran superiores a la de los demás exportadores, abrigaría serias dudas para prestarle mi aprobación, por creer que ha llegado el momento de analizar a fondo lo que esta actividad significa para el país y resolver sobre las alternativas presentadas al Estado en cuanto a la conveniencia de ayudarla, desgravarla o facilitar su integración, como parece ser el propósito de la indicación renovada.

El señor AMPUERO.-

Lógicamente, me será imposible referirme en su totalidad a las observaciones del Honorable señor Ibáñez, porque ellas abarcan incluso asuntos doctrinarios que, a mi juicio, están un poco distantes de la materia en debate.

El señor IBAÑEZ.-

Pero fueron mencionados por Su Señoría.

El señor AMPUERO.-

Sin embargo, a fin de no dejar trunco el diálogo suscitado, deseo manifestar que existe filosofía política cuando algunos ideólogos se refieren a la empresa privada y a la necesidad de la autonomía de ésta. Al aceptar ese principio, se aceptan otros que son la consecuencia necesaria del establecimiento de ciertos límites a la acción del Estado, lo cual significa dar o no dar importancia a la planificación; crear o no crear leyes en los mercados, y diversas consecuencias de orden económico que tienen estrecha asociación con la filosofía política. De manera que se puede llegar a decir, sí se quiere con un poco de amplitud del lenguaje, que quienes sostienen la denominada doctrina de la empresa privada, con todas sus implicaciones, están también sentando con ello un punto de apoyo sobre una determinada filosofía política. Puede que éste sea un asunto bizantino y que yo incurra en una impropiedad de expresión; pero ello no creo que quite ni ponga nada a la indicación en debate.

En cuanto a la industria pesquera misma, debo reconocer que los Senadores socialistas, con muchas reservas implícitas, aceptamos las leyes de zona franca de Iquique y también del puerto libre de Arica, partiendo de un supuesto más o menos inamovible: estábamos viviendo bajo un régimen capitalista que no podíamos cambiar con la promulgación de una ley; mientras eso ocurría, estaba agonizando una de las provincias del país, en situación de vulnerabilidad extrema frente a la penetración extranjera, es decir, con el riesgo de perder parte de nuestra soberanía en una región que había sido muy importante para nuestro desarrollo económico. En esa virtud, aceptamos el procedimiento; pero si nuestra actitud de ese tiempo tiene la justificación del balance que hacemos, hoy deja otras enseñanzas: el costo de los estímulos económicos por la vía de incentivar el lucro, de aumentar las posibilidades de las ganancias, es mucho más alto que el peor programa de inversiones fiscales directas. Y creo que esto viene a redundar a favor de nuestra posición tradicional.

Si en vez de creer en el milagro de la atracción de capitales privados y la prosperidad consecuencial, llevando a esa zona industriales animosos para encarar otras actividades económicas, premiándolos con todas estas formas de bonificación directas o indirectas que crearon las leyes, se hubiera hecho un plan directo de inversiones de la CORFO, tengo la seguridad de que habríamos pagado un precio mucho más barato por el crecimiento y estabilidad de Arica y dado una base más sólida a la industria pesquera en Iquique.

Esta es la moraleja que nos deja el debate habido hasta ahora.

Quiero insistir en que, al hacer las críticas que formulo a la industria pesquera,' me sería muy difícil singularizar responsabilidades personales. Dejo al margen a infinidad de pequeños inversionistas y esforzados industriales que, en distintas maneras, creyeron haber encontrado allá una posibilidad de desarrollar sus negocios. Me refiero a la industria en su conjunto, cuando digo que hubo imprevisión, cuyo origen fundamental radica en el optimismo excesivo de los planificadores y técnicos de la CORFO.

Ahora bien, nos encontramos frente al panorama descrito; pero ¿cuál es la situación, el nervio de la crisis industrial? Algo que debió haber sido pervisto, por lo menos en cierto grado, en cuanto a la inseguridad de captar la materia prima.

Los técnicos pesqueros de todo el mundo saben -aunque muchas veces sin poder explicar las causas- que hay declinaciones inesperadas en que la pesca, aún en las costas de países que tienen los mejores adelantos científicos, como ocurrió hace pocos años en California, donde no faltan los laboratorios, institutos ni investigadores en barcos especiales. No obstante ello hubo declinaciones catastróficas de dicha actividad durante dos o tres años. Hasta ahora ese fenómeno no ha tenido explicación racional alguna. Sin embargo, en Chile se planeó la industria pesquera como si fuera absolutamente estable. La experiencia ha demostrado lo doloroso de esta imprevisión.

Pero resulta que la atención pública y la del fisco se dirigen exclusivamente a considerar la situación de los industriales. Y, por su parte, éstos tienen, desde luego, una corrección parcial con la generosidad que la CORFO tiene para dar prórrogas de préstamos y permitir mayor liberalidad en el pago de dividendos.

¿No será llegado el momento de pensar en la situación de empleados y obreros en la época de paralización de actividades de la industria pesquera? ¿No es ésta situación mil veces más grave que la de los industriales? Porque, por último, la empresa tiene cierta elasticidad para renegociar sus créditos y compromisos, en especial cuando aducen razones tan abrumadoras como la falta de materia prima para hacer trabajar sus plantas. Pero, ¿qué solución tienen los obreros y empleados de las plantas pesqueras o la tripulación de barcos pesqueros si durante seis u ocho meses, como ocurrió el año pasado, no hay pesca? En otros países del mundo, la situación es totalmente distinta de la de la provincia de Tarapacá. Generalmente, el personal de mar o de tierra tienen ocupaciones complementarias. Son agricultores o pequeños artesanos, como ocurre en Noruega, Dinamarca y en gran parte del norte de Europa. De manera que cuando están sin trabajo las plantas de harina de pescado o los barcos pesqueros, los obreros y empleados trabajan en otras actividades.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Aquí en Chile hay que regar la pampa del Tamarugal.

El señor AMPUERO.-

Pero ocurre que en el norte de nuestro país no hay ocupaciones complementarias ni substitución de las ocupaciones perdidas.

Hasta este instante, si la mano de obra todavía sobrevive en la provincia, es por el auxilio de cesantía que en forma bastante mezquina proporciona el Servicio de Seguro Social. Pero, si este año hay nueva escasez de anchovetas, la situación será dramática, porque los obreros no tendrán derecho a ese auxilio, por no cumplir los requisitos previos para recibirlo.

Entonces, si éste es el nervio de la cuestión: la inseguridad de la pesca, las épocas de prosperidad y depresión, la abundancia y la escasez; si éstos son albures de la naturaleza de la industria, ¿no habrá llegado el momento de encarar el problema, no en la forma precaria en que lo hace el Ejecutivo, con cuatro indicaciones de alcance muy limitado? ¿No habrá llegado el momento, como lo sostuve en las Comisiones unidas, de ir derechamente a la médula del asunto, de legislar orgánicamente sobre la industria y de preocuparnos de los industriales, ahorcados por los créditos, y también de los obreros y empleados, asfixiados por la miseria más absoluta ?

Esto significa toda una nueva concepción de los auxilios. Por ejemplo, me parece paradójico, desde el simple ángulo del sentido común, bonificar las exportaciones cuando los negocios son prósperos, otorgar premios en proporción a lo exportado y, en cambio, no conceder ninguna bonificación cuando los trabajadores deben paralizar sus faenas. ¿No sería racional y lógico que cualquier sacrificio que quisiera hacer el fisco en forma de bonificación, premio o gratificación, se considerara como un fondo de regulación que capacitara a los industriales para seguir sirviendo suscompromisos y permitiera a los obreros y empleados, mediante un sistema propio, afrontar la cesantía temporal?

¿Resolveremos el problema con las indicaciones del señor Ministro? No, señor Presidente. De ninguna manera. Al revés, ellas sólo contienen algunos criterios básicos para producir la integración de la industria a través de los mecanismos financieros que elija la Corporación de Fomento. Pero aun esa integración debería realizarse dentro de líneas discutidas en el Parlamento, porque no es lo mismo que unas cuantas familias o unos pocos capitalistas pequeños se reúnan para tener una pequeña planta administrada por ellos, que compelerlos a ingresar a una gran sociedad, donde carecerán absolutamente de todo poder de decisión. Es decir, por la vía simplemente administrativa, se puede llegar a los peores excesos, a la concentración de las plantas y de las empresas, a su racionalización definitiva por la acción de concentrar el poder económico del norte en tres o cuatro firmas cuyos nombres y componentes sociales conocemos. Así como la compañía Eperva, cuyo principal accionista es Grace, recibió más del 25% de la bonificación generosamente aprobada por el Congreso Nacional el año pasado, ¿quién nos garantiza que la racionalización no terminará en dos o tres "supertrust" o monopolios del norte que sometan a la servidumbre económica más completa al resto de los aportantes de capitales pequeños? Aquí tampoco hay solución para esto.

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión sostenida al comienzo de este debate: a la necesidad de rechazar las indicaciones del señor Ministro de Hacienda y mantener provisionalmente el régimen vigente, hasta que sancionemos una ley final. Los contornos de esa ley existen; están dibujados en el proyecto pendiente en segundo trámite en el Senado y ya aprobado por la Cámara. Podríamos disponer a corto plazo de una ley apropiada, que, además, podría complementarse con otra serie de medidas tendientes a estimular la vida económica de Tarapacá.

El proyecto mencionado, que llegó de la Cámara el día 18 de enero, fijaba un plazo de tres meses a cierto grupo de Ministros para establecer un programa de desarrollo y rehabilitación del norte, de Tarapacá y, según creo, también de Antofagasta. Desde esa fecha hasta hoy han transcurrido cerca de cuatro meses, pero no sabemos de ningún propósito oficial destinado a reanimar la vida económica de la provincia de Tarapacá. Sólo tenemos estas pobres e improvisadas indicaciones, que resuelven un problema lateral, accidental, secundario, pero no enfocan el problema central.

Los Senadores socialistas creemos que la industria pesquera compromete los intereses generales de la zona y, en forma muy estrecha, la suerte y destino de los asalariados de Tarapacá, y que sólo una ley especial podrá dar solución adecuada al problema planteado. En consecuencia, insistiremos en el rechazo de estas indicaciones.

A ello obedecía también nuestra petición de reabrir debate sobre el artículo 17, pues si las indicaciones son rechazadas, como ocurrió en las Comisiones unidas, lo natural sería que tampoco se insertara ese precepto, para dejar pendiente el régimen actual, sin modificaciones, en espera de una solución que sea más global y satisfactoria para los intereses que representamos en esta Corporación.

Nada más.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Señor Presidente, oportunamente solicitamos la reapertura del debate sobre el artículo 17, relacionado con la bonificación que se otorga a las industrias pesqueras. Por desgracia, no hubo acuerdo para ello.

Ahora nos encontramos abocados a la discusión de cuatro indicaciones propuestas por el señor Ministro de Hacienda,

con el fin de reemplazar un proyecto elaborado por el Gobierno, en segundo trámite constitucional en el Senado y despachado por su Comisión de Economía y Comercio.

Durante la discusión en las Comisiones unidas, hicimos presente la necesidad de mantener las disposiciones del artículo 17 mientras se llevaba a efecto un estudio más a fondo de la situación de la industria pesquera en general, de los industriales pequeños y de los trabajadores.

Manifesté en esas Comisiones que si había alguien responsable de la situación que afecta a la industria de la pesca en los departamentos de Arica e Iquique, era, sin lugar a dudas, la Corporación de Fomento de la Producción y los grandes industriales. ¿Por qué? En primer lugar por no haber efectuado estudios previos de la fauna marina. Los estudios se practicaron de tierra a mar, en circunstancias de que debió haberse procedido a la inversa, con el propósito de establecer las posibilidades que se ofrecían a dicha industria.

Informaciones emanadas de la CORFO expresan que se recogió la experiencia de los productores de harina de pescado del Perú; pero, según mi entender, no se puede medir la capacidad de producción de la industria pesquera peruana con la nuestra. En la extensa costa de todo el Perú, de acuerdo con informes técnicos, existe abundante materia prima para proveer a esa industria.

En los departamentos de Arica e Iquique se instalaron 32 industrias. Además, se dieron franquicias para el establecimiento de otras en los departamentos de Tocopilla, Mejillones y Taltal, aun cuando no se les otorgó la bonificación acordada para las industrias de Tarapacá. A lo largo de 200 millas, se pusieron en actividad 250 barcos, que muchas veces no pescaron en forma racional. Luego, desapareció la materia prima.

Mucha gente se entusiasmó con los créditos que ofreció la Corporación de Fomento, aunque el representante de ésta afirmó que no había otorgado créditos hasta el 85% de los capitales en actividad de los industriales. Yo demostraré más adelante que así ocurrió. Los armadores, por ejemplo, obtuvieron créditos de esta naturaleza. Hubo familias enteras que, haciendo grandes esfuerzos, lograron reunir un capital para instalarse. Estas esforzadas personas, gente de trabajo que con sus propias manos ayudó a construir sus fábricas, se encuentran hoy día en situación extremadamente grave, no sólo porque se les ha insinuado la necesidad de integrar sus industrias, sino también porque las circunstancias las obligarán a ello.

Tengo aquí los acuerdos del Consejo de la Corporación de Fomento. Lamentablemente, no tengo el número de la sesión. En una de sus partes, en la letra f), dicen: "A los industriales que no se integren oportunamente o no estén en vías de integrarse a la fecha, 30 de abril" (fecha que -debo reconocerlo-ha sido prorrogada), "la CORFO les retirará toda ayuda y hará efectivo el cobro de las deudas pendientes que tienen con dicha Corporación".

En consecuencia, a los pequeños industriales no les quedará otra alternativa que integrarse.

Los Senadores comunistas votaremos negativamente, tal como lo hicimos en la Comisión, estas cuatro indicaciones renovadas, que conceden nuevas franquicias a las industrias elaboradoras de aceite y harina de pescado del norte.

Sin duda, nuestra actitud será presentada por los grandes empresarios como contraria a los intereses del norte. Eso no nos preocupa. Nos importa solamente salvaguardar los intereses de los trabajadores, los verdaderos intereses del país y de la zona norte. Para que no haya margen a equívocos, estimamos indispensable dar alguna extensión a nuestras palabras.

El Gobierno propuso cuatro artículos complementarios -ahora renovados por el señor Ministro de Hacienda- que disponen, en síntesis, lo siguiente:

A contar de la vigencia de la ley, y durante tres años, el porcentaje de devolución correspondiente a las exportaciones de aceite y harina de pescado será el máximo, o sea, el 30%, debiendo ser distribuido dicho porcentaje en un 25% libre de todo tipo de impuestos a los industriales, y el 75% restante destinado por la Corporación de Fomento, preferentemente, al financiamiento del programa de integraciones o fusiones de empresas y al pago de deudas contraídas por éstas con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

Se dispone, además, la total exención de impuestos durante este año a las operaciones de fusión, venta o integración total o parcial de las empresas pesqueras, llegando incluso a hacer extensiva esta exención a los "traslados de plantas, naves, sus partes, equipos y maquinarias internados al país al amparo de regímenes liberatorios o de franquicias aduaneras, consignados en las leyes 12.937, 13.039 y sus modificaciones y en el D.F.L. 266, de 1960". Se autoriza, además, a las empresas a imputar a la obligación de capitalizar el 75% establecida en el D.F.L. 266, Estatuto de la Industria Pesquera, todo lo que ellas inviertan en la fusión o integración. Y, por último, se permite a las empresas pagar las imposiciones adeudadas a los organismos o servicios de previsión en cómodas cuotas, en 36 mensualidades, mediante convenios con las referidas instituciones.

Se pretende justificar este cúmulo de franquicias con dos tipos de razones: que es necesario concederlas en virtud de la crisis de la industria pesquera nortina y, sobre todo, como una manera de estimular la fusión e integración de empresas, única forma, a juicio de la CORFO, de "racionalizar" las actividades de la industria.

En primer lugar, nos parece poco serio que el Gobierno, por la vía de la indicación, trate de solucionar problemas complejos respecto de los cuales existe un proyecto de ley especial, cuya urgencia fue retirada por el propio Ejecutivo.

Otra cosa, como cuestión previa: nadie puede negar que se trata de un conjunto de beneficios de carácter verdaderamente inusitado. Incluso, sí se considera que de partida se les otorga un porcentaje de devolución igual al máximo consignado para las otras exportaciones, sin perjuicio del porcentaje del artículo 8º y otras granjerias.

Veamos a quiénes beneficiara este proyecto.

Hemos dicho que aprovechará sólo a las grandes empresas pesqueras. Hasta el momento, sólo un pequeño grupo se ha beneficiado con los préstamos y ahora medraría con estas devoluciones y franquicias.

Los préstamos de CORFO han significado a este organismo una pérdida neta que se vincula cada vez más a los grandes intereses particulares y a los consorcios extranjeros.

Ruego al señor Presidente recabar el asentimiento de la Sala para insertar, en el texto de mis observaciones, un cuadro en que se dan a conocer los préstamos y bonificaciones concedidos por la CORFO a las industrias pesqueras que ahí se mencionan.

-Se accede a lo solicitado.

-El documento cuya inserción se acuerda, dice como sigue:

.

Analizaré, en seguida, a quiénes pertenecen estas empresas, para lo cual utilizaré datos de 1965.

La empresa EPERVA, de propiedad de Grace, tenía, en 1960, un capital de Eº 1.615.230. Recibió préstamos CORFO por Eº 1.297.500, o sea, casi el 90% de su capital.

El representante de la CORFO desmintió mis afirmaciones en la Comisión respectiva. Por eso, ahora deseo destacar que no acostumbro hacer afirmaciones sin tener los antecedentes necesarios.

Entre los años 1960 y 1964, Industone-Compañía Industrial obtuvo ganancias líquidas de Eº 10.739.500. Solamente en 1965 obtuvo cerca de Eº 4.000.000 y, en cambio, a los obreros les pagaba un mínimo de Eº 5,73 diarios, con un promedio de Eº 9,25.

Veamos, a continuación, de qué manera han correspondido estos industriales a sus colaboradores, a sus trabajadores, a esta gente que entrega todo su esfuerzo, todas sus energías, en una zona en donde la vida es extremadamente cara y donde los asalariados deben conformarse sólo con mirar la carne en las carnicerías, sin que les sea posible conseguirla ni para ellos ni para sus hijos.

El artículo 107 de la ley 15.575 dispuso, en su inciso segundo, que los industriales pesqueros debían pagar, de sus utilidades, el 10% a sus trabajadores. ¿Cuántas empresas han cumplido -me refiero a las que han obtenido utilidades- esta disposición legal? Sólo lo ha cumplido la CORFO, que mantenía la Industria Conservera Cavancha. Es la única que ha pagado oportunamente y ha cumplido las obligaciones que le impuso la disposición legal.

EPERVA obtuvo el año 1965 cerca de 4 millones de escudos de utilidad. ¿Cómo respondió el 15 de mayo a sus trabajadores, cuando se le requirió el pago de esta bonificación o gratificación que dispone el artículo 107 de la ley 15.575? Llamó a los representantes sindicales para proponerles el siguiente convenio ante la Inspección del Trabajo:

"Comparecen, por una parte don Germán Lafrentz Moller en representación de Empresa Pesquera Eperva S. A. de Iquique, en adelante EPERVA, y por otra parte los señores Benito Guzmán Cadima, Héctor Palacios Durán, Rubén Wong Rodríguez, Jaime Araya Bórquez y Víctor Soto Bolados por el Sindicato Industrial Eperva S. A. de Iquique en representación de todos sus asociados, en adelante el Sindicato, declarando ambas partes haber convenido lo siguiente:

1.- EPERVA, con el fin de no perjudicar a su personal actualmente en servicio y no obstante que, a su juicio no estaría afectada por lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 107 de la Ley 15.575, procederá a entregar a todo su personal de obreros actualmente en servicio y que trabajó durante el año 1964, una suma de dinero que se imputará a la participación que establece dicha disposición legal, en la forma que se indica en el párrafo siguiente.

2.- EL SINDICATO, en la representación que comparece, no obstante sostener la procedencia legal de esta participación, acepta el anticipo que hará EPERVA, y consecuencialmente, en representación de todos sus asociados, declara que no formulará reclamaciones de ninguna especie por la participación mencionada correspondiente al año 1964. En consecuencia, cuando sea dictado un pronunciamiento a firme de los Tribunales de Justicia, relacionado con la Empresa, y que establezca la procedencia de la participación, se otorgarán los recibos definitivos de esta participación, conforme a las planillas a que se alude en el párrafo siguiente.

3.- Dicho anticipo se hará efectivo por medio de una planilla de pago, que deberá ser firmada por los interesados y que se pagará a más tardar el 15 de mayo de 1966."

La compañía antes citada ha iniciado demanda ante los tribunales de justicia sosteniendo la inconstitucionalidad de la disposición anteriormente mencionada. Ha obtenido utilidades fabulosas; ha recibido bonificaciones a manos llenas, y en cambio, cuando se trata de dar una migaja a los trabajadores, cuyo término medio de jornal diario equivale a Eº 9,25, recurre a los tribunales de justicia, a fin de que éstos declaren si procede pagar, si es legal o si es constitucional la disposición anteriormente citada.

Si se trata de una empresa que ha recibido el 90% de su capital por intermedio de un organismo del Estado, capital ganado con el esfuerzo de todos los chilenos y que después se resiste a cumplir las disposiciones legales que favorecen a los asalariados, me parece que, por lo menos, tal problema merece la atención del señor Ministro del Trabajo, a fin de que éste la obligue a cumplir las mencionadas disposiciones.-

Debo agregar, además, que las compañías pesqueras "América" y "Alimar Norte", que se integran con "Guanaye", fueron citadas a la Inspección del Trabajo. En representación de la empresa concurrió nada menos, en calidad de abogado de los patrones, el secretario de la Intendencia, funcionario pagado con los dineros de todos los contribuyentes y, por ende, también de los trabajadores.

Al decir esto, no formulo un cargo gratuito. Tengo a la mano un documento emanado de la Inspección del Trabajo de Iquique en que consta lo siguiente: "Con fecha 12 de abril de 1966 comparecen don Ramón Vidal Martínez, doña Gilda Castillo, don Lino Tapia, don Luciano Jara, y don Nelson Godoy, domiciliados en O'Higgins 1831. Por la parte patronal comparece el administrador de la "Pesquera América", el abogado señor Edmundo Vera, domiciliado en la Intendencia, de profesión industrial".

Los dueños de la referida compañía procedieron, con la anuencia del señor abogado de la Intendencia, a despedir a 22 obreros y 12 empleados. El Inspector del Trabajo correspondiente, de la provincia, ha aceptado que los trabajadores renuncien al fuero sindical, derecho que, como sabemos, es irrenunciable.

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

¿Me permite señor Senador?

Hago presente a Su Señoría que ha completado los 30 minutos de su primer discurso y también los 15 siguientes.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

¿De manera que he hablado 45 minutos? ¡ No puede ser!

El señor GORMAZ.-

¡Pasa muy luego el tiempo!

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

En este proyecto, a todo el mundo se le han dado reajustes; al único que no se le ha dado nada es a mí. Por lo menos podrían reajustarme el tiempo. .

El señor GARCIA ( Vicepresidente).-

¿De cuántos minutos más desea disponer Su Señoría?

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Trataré de hacerlo en un tiempo breve...

-Risas.

No se rían, porque cuando Sus Señorías hablan, lo hacen por el campeonato, y, especialmente, cuando hablan los profesionales. Sobre todo Sus Señorías son de tiro largo.

El señor FUENTEALBA.-

No se tire al suelo...

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

De manera que alguna vez le tiene que tocar al pueblo.

El señor FUENTEALBA.-

A propósito de profesionales, Sus Señorías tienen al Honorable señor Chadwick.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Pero Su Señoría no lo hace nada de mal tampoco.

Señor Presidente, prosigo mis observaciones.

La compañía "Industone", perteneciente a los señores Edwards, obtuvo entre 1960

y 1964, utilidades líquidas por 10.739,145 escudos. El año pasado recibió alrededor de 2 millones de escudos de bonificación. Como se trata de una sociedad colectiva no ha sido posible determinar sus utilidades. En cambio, lo concreto es que pagaba a sus trabajadores un mínimo de Eº 4,36 diarios, con un promedio de Eº 7.06 al día.

La compañía pesquera "Indo" es de propiedad del señor Salvador Pubill, con un capital declarado de 4 millones de escudos consiguió créditos y avales por 530 mil escudos y 2 millones 500 mil dólares. O sea, virtualmente empezó a trabajar sin capital. En el año 1965 recibió Eº 2.949.395 de bonificaciones. El salario mínimo de sus trabajadores era de Eº 4,85, con un promedio de Eº 7,48 diarios. No había cifras sobre sus utilidades.

Sería largo continuar enumerando una serie de antecedentes, pero lo concreto es que este proyecto no resolverá el problema de los industriales pequeños ni el de los trabajadores, porque como muy bien lo hizo notar el compañero Honorable señor Ampuero, tratarán de ponerse a salvo ciertos industriales. Veamos, por ejemplo, como ya están alineados: un grupo de ellos bajo la protección de "EPERVA" que, como se ha dicho, es el mayor accionista de Grace y Compañía. En seguida, habrá otro grupo encabezado por "Guanaye", la cual tiene la mayor cantidad de accionistas y de altos funcionarios de Gobierno. A esta empresa, sin lugar a dudas, se incorporarán algunas industrias de las más emplumadas; pero aquellos pájaros desplumados, o sea, los chincoles, quedarán sin ninguna protección y no salvarán otra cosa que su pellejo, es decir, su prestigio, su solvencia personal ante los bancos, puesto que pasarán a integrar una sociedad anónima con una cantidad insignificante de acciones. Por lo tanto, quienes manden serán los grandes.

La historia se repite. Tengo a la mano el Mensaje del Presidente Alessandri en que pidió al Congreso la creación de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo, con el propósito de salvar la industria salitrera. Se dan los mismos argumentos; también allí se habla de la organización; se dice que "la racionalización de la industria abarcaría también aspectos de comercialización y de abastecimiento".-

Ahora, con argumentos similares, se plantea la integración o fusión de la industria pesquera. Para ello, las empresas integradas deberán aceptar ingresar a esta entidad que se formaría con participación de la Corporación de Fomento y cuyos objetivos fundamentales serían los siguientes:

"a) Tener el monopolio de la venta de las empresas asociadas;

"b) Almacenamiento de la producción y otorgar créditos warrants;

"c) Actuar como cooperativa de compras;

"d) Proporcionar servicios comunes a sus miembros;

"e) Creación y administración de un fondo regulador del mercado y de la producción;

"f) Reglamentar las faenas de pesca en cantidad y calidad, autorizando los zarpes correspondientes.

"Un análisis detallado de la creación, de las atribuciones y de la operación de este nuevo Organismo será motivo de un informe aparte que se efectuará oportunamente".

Señor Presidente, el mismo procedimiento que se puso en práctica al crearse la COVENSA: había en cancha 3 millones de toneladas de salitre; había la necesidad de organizar un aparato encargado de la distribución, comercialización y de la propaganda. Ahora también se trata de lo mismo. ¿Y para qué sirvió el monopolio de la industria salitrera? Para hacerle el juego a la Anglo Lautaro que, hoy luego del famoso Referendum Salitrero, tiene en sus manos el control absoluto de la industria. De 154 oficinas que existían hace cuarenta años, ahora sólo hay dos en produción que laboran con el sistema Guggenheim: María Elena y Pedro de Valdivia, de la Anglo. Muy poca importancia tienen Victoria, de Iquique, con su sistema semimecanizado, y las oficinas de Taltal, que trabajan con el sistema Shanks, aparte tres oficinas, también Shanks, actualmente paralizadas, que podrían funcionar en cualquier momento. Es decir, quedan en pie nueve oficinas, de las cuales las dos de la Anglo producen cerca del 90% del total del salitre del país.

Ahora se trata, a propósito de las pesqueras, de que deben incorporarse los pequeños industriales a las sociedades anónimas a que me he referido. Como dije denantes, aquí imperará la ley de la selva: el pez grande se comerá al chico. Digo esto fundado más en mi experiencia que en mis conocimientos teóricos sobre la materia. Serán los grandes quienes tendrán derecho a elegir a los directores y a gozar de suculentos sueldos. En seguida, con motivo de la creación del organismo encargado de la propaganda de la harina de pescado, allí también tendrán preeminencia los poderosos. Los chicos no tendrán otra alternativa que decir: nos hemos incorporado a una sociedad anónima con los fierros que tenían instalados y las deudas derivadas de los créditos que nos ha proporcionado la CORFO.

No tienen alternativa. No podrán, desde ningún punto de vista, argumentar que seguirán produciendo individualmente, pues la CORFO les hará efectivo todos los créditos pendientes.

Ahora, ¿en qué situación quedarán los trabajadores?

Se ha dicho que la mencionada racionalización no significará cesantía. Pero veamos lo acontecido en Tarapacá a raíz de la dictación de la famosa ley de inamovilidad que yo calificaría de "movilidad" por los abusos e inconsecuencias que permite en contra de los trabajadores. Digo esto, porque de acuerdo con ese cuerpo legal se obliga a los obreros a suscribir contratos mensuales de trabajo, para así poder despedirlos al término de ese breve plazo. En seguida, los vuelven a contratar -si así lo estiman conveniente- y en esa forma les niegan el derecho a feriado y desahucio.

En resumen, mediante esta determinación habrá despidos a granel. Ya despidieron, como dije, a los trabajadores de la empresa "América", los cuales fueron notificados el 1º de mayo en curso. La empresa pesquera Pfizer despidió a todo su personal. Para ello no ha habido ley de inamovilidad. No se han pagado las utilidades de acuerdo con las disposiciones legales. La seguridad industrial no existe. A este respecto, pido oficiar a los señores Ministros de Salud y del Trabajo acerca de la desgracia ocurrida a los marineros de la goleta "Celita", que en los primeros días de enero, al abrir la boca-escotilla de la embarcación fueron envueltos por las emanaciones de gases tóxicos que los hicieron perder el sentido y caer al fondo de la bodega. Todos murieron en forma instantánea. Oportunamente pedí oficiar al Gobierno sobre este caso. El Ministro del Trabajo, no así el de Salud, contestó en forma oportuna. Dicha empresa, que trabajaba para la compañía pesquera "Angamos", que también ha percibido sumas fabulosas en calidad de préstamo, hasta hoy no les ha dado ni siquiera -óiganlo bien Sus Señorías- el dinero para la sepultación de esas víctimas, porque la empresa argumentó y engañó a las autoridades, al médico sanitario provincial y a los señores Ministros de Salud y del Trabajo, al decir que tenía seguros en la Compañía Chilena Consolidada, lo cual no era efectivo. No tiene ninguna clase de seguros contratados.

Por tal motivo, votaremos negativamente, no porque queramos que los industriales pesqueros sucumban y se arruinen más de lo que están, situación que no es de su responsabilidad, sino porque consideramos que no es posible legislar sobre esta materia por la vía de la indicación, que no nos deja posibilidad alguna de hacer prosperar ideas en favor de los trabajadores, de la gente que está produciendo, la cual, además de perder su trabajo, quedará en la más tremenda miseria, ya que durante todo el año pasado estuvieron percibiendo subsidios de cesantía por las cajas de previsión y ahora, que nuevamente quedarán cesantes, no tendrán derecho a recibir ninguna ayuda.

No aceptamos que se concedan mayores beneficios a grandes capitalistas.

El señor GOMEZ.-

Concuerdo con el Honorable señor Ampuero en el sentido de que estas disposiciones no son completas, y en que lo lógico habría sido discutir un proyecto separado, para permitir el análisis de todo el problema en profundidad. Echo de menos la participación obrera en cuanto a la bonificación. También habría sido acertado asegurar el pago de los obreros en los meses en que no hay pesca, todo lo cual hace necesario un sistema previsional que cubra las situación de los obreros en las temporadas en que falta trabajo. Esta es una industria de temporada, que funciona ciertos meses del año y en otros está en completa inactividad, sin ingresos y, en consecuencia, requiere tener, como en otros países, un régimen de compensación. También habría que legislar para establecer un sistema de devolución a los armadores, a aquellos que entregan la materia prima a las industrias que exportan, tal como lo establecimos respecto de la minería.

En disposiciones de este proyecto se dice que el Banco Central entregará certificados a los exportadores de minerales, a los que entreguen minerales a las casas exportadoras, incluso ENAMI. Habría que adoptar un sistema similar respecto de los armadores pesqueros.

En lo referente al artículo 7º de la ley Nº 15.575, es necesario, también, legislar, porque no se ha reglamentado debidamente esta disposición y se ha producido el problema señalado por el Honorable señor Víctor Contreras.

Fui el autor de la iniciativa que otorgó 10% de las utilidades a los obreros y empleados de las industrias beneficiadas con las leyes especiales de la zona norte.

Por desgracia, ha habido problemas de interpretación, porque las autoridades es-timan que esta disposición entraña el pago de imposiciones y al agregarse al 10% las imposiciones y el impuesto que las empresas deben cancelar, estamos realmente en la suma que se debe pagar por el impuesto a la renta: 10%, más 5% al Seguro Social, más 2%, que es el impuesto que deben pagar, se llega a 17%. Esto ha originado problemas cuya consecuencia es el no pago del porcentaje de las utilidades a que los trabajadores tienen derecho, y, desgraciadamente, sobre esto el Poder Ejecutivo no ha hecho reglamentos adecuados. La ley se haya incumplida, y diversos juicios con relación a este problema se encuentran sometidos a los tribunales de justicia. Lo lógico habría sido aprovechar, también, esta oportunidad para corregir esta deficiencia, pero por medio de un proyecto separado, para haber conocido todo el problema.

El señor GUMUCIO.-

Sólo usaré de la palabra muy brevemente. Aquí se ha dado la oportunidad para que todos los sectores políticos opinen sobre este artículo, respecto del cual quisiera solamente dar una explicación personal. En gran parte, coincido con el Honorable señor Ampuero. No entraré al debate anunciado por el Honorable señor Ibáñez sobre la empresa privada, porque hay un hecho indiscutido: estos conceptos debemos valorarlos con relación al Estado. En Chile hay empresas. Existe una minoría privilegiada que no trabaja en empresas que crean bienes las cuales sí deben recibir un tratamiento distinto sino que sencillamente se dedican a comisiones diversas, a la distribución y al negocio del crédito, como el caso de los bancos.

En realidad, esta minoría privilegiada es la que ha mantenido una situación que, a mi juicio, debe modificarse de raíz, si se quiere, efectivamente, proyectar cambios, profundos en Chile.

Ahora, respecto de las otras empresas, las que crean bienes, estimo que debe ser un tratamiento parejo el que se les aplique. Si el Estado, les facilita ayuda, debe intervenir en su orientación, en el manejo, calificación y planificación de ellas, sencillamente porque están pidiendo ventajas del Estado.

Respecto de las indicaciones que discutimos esta noche, coincido en que habría sido preferible y definitivo estudiarlas en un proyecto completo. Las votaré, no obstante, favorablemente, porque vienen suscritas por el señor Ministro de Hacienda, lo cual me da confianza; pero debo dejar constancia de que no me agrada tener que legislar corrientemente a base de indicaciones, en las que, muchas veces puede haber precipitación o un miraje demasiado inmediato en problemas de tipo empresarial.

Por lo tanto, votaré en forma favorable sólo porque las indicaciones están suscritas por el señor Ministro de Hacienda. Sin embargo, mi deseo hubiera sido legislar en un proyecto aparte sobre esta materia. Considero, también, que si el Estado hace sacrificios, es lógico que pida garantías para los trabajadores que ingresan a esas empresas y que una legislación definitiva deba considerar este aspecto.

Ahora, con relación a CORFO misma, no me pronuncio, porque no conozco el detalle de este nuevo intento para agrupar a las empresas pesqueras. Lo único que me preocupa es que este nuevo sistema no vaya a ser como otros anteriores, que permita que exista una minoría que nunca pierde plata: hacen un mal negocio, lo toma la CORFO y levanta el aval; si se gana, ganan los particulares, y si se pierde, pierde la CORFO. No entraré en detalles ni a juzgar y no sé si, en definitiva, pueda ser esto como lo estoy diciendo. No deseo pronunciarme a fondo sobre esta materia. Votaré a favor sólo porque las indicaciones -repito- vienen suscritas por el señor Ministro de Hacienda. Habría deseado que esto hubiera sido estudiado más a fondo en un proyecto especial.

El señor MAURAS.-

Brevemente, deseo expresar que participo de casi la totalidad de los juicios de los Honorables señores Ampuero, Chadwick y Contreras Tapia.

Estimo, como señalaba el Honorable señor Víctor Contreras, que al final puede producirse lo que el señor Senador indicó, en el sentido de que en esta materia, posiblemente por tratarse de la industria pesquera, los peces grandes se comerán a los más chicos.

En verdad, fueron el Estado mismo y la CORFO quienes alentaron a los industriales para que se instalaran en el norte. Pienso que la mayoría de los industriales no fueron consecuentes con el apoyo que recibieron del Estado y han dado trato de negreros -con las excepciones que siempre hay en estos casos- a sus trabajadores. En una época en que estamos hablando de la integración de las empresas y de que sean dirigidas en forma bipartita, por capitalistas y obreros, quiero destacar que en esta industria los obreros tienen una permanente sospecha respecto de los manejos de los industriales; no da todos, porque, como señalé, tiene que haber algunos que manejan con equidad y elevación sus negocios. Para afirmar lo que digo, deseo leer brevemente un telegrama que he recibido hoy, y que dice:

Prensa Iquique informa hoy industriales pesqueros presentaron Intendente proyecto crea Caja Compensación tipo previsional compromete tripulantes. Agrega antecedentes remitieron se Santiago para aprobación Congreso. Por desconocer contenido solicitamos rechazo absoluto mientras no se haga amplia divulgación. Va carta.

"Vidolio Valenzuela Muñoz, Presidente Sindicato Tripulantes."

O sea, hay sospecha permanente de los manejos que existen con relación a esta industria. No obstante, creo que no debo contribuir a ahondar más la situación aflictiva por que atraviesan estos industriales, y estoy perfectamente de acuerdo en que no pasará mucho tiempo sin que sea necesario despachar un proyecto especial sobre esta materia.

Recién escuchaba las palabras del Honorable señor Gumucio, y comprendo su punto de vista, porque para él, Senador de Gobierno, una indicación firmada por el señor Ministro de Hacienda tiene que hacerle fuerza. Pero me parece extraño que ante una materia tan capital como la que toca la indicación en debate, presentada por dicho Secretario de Estado en un segundo trámite, no hayamos contado con sus informaciones para defenderla.

El señor AMPUERO.-

¿Me permite una interrupción?

En verdad, deseaba que el Honorable señor Gumucio me hubiera dado una interrupción, para referirme a algunas opiniones expresadas por el señor Ministro de Hacienda. Fue una opinión privada, pero creo que ahora que insiste en el punto el Honorable señor Maurás, debo contarla. El señor Ministro manifestó que acababa de llegar de un viaje y que iba a la Comisión sólo para sostener las indicaciones fundamentales del Ejecutivo. Cuando el Senador que habla le hizo referencia a las que ahora se encuentran en debate, dicho Secretario de Estado manifestó que respecto de ellas cumplía con presentarlas y someterlas a la decisión mayoritaria y libre del Senado. Mi impresión personal fue que no las estimaba fundamentales en el contexto general del proyecto. Aunque, por supuesto, no estoy autorizado para asegurar que no le interesan en absoluto, me parece importante dejar constancia de esto, para que si algunos Senadores democratacristianos compartieran nuestras dudas no lleven su actitud, por solidaridad con el Gobierno o por espíritu de partido, más lejos de donde deseaba llegar el señor Ministro de Hacienda.

El señor MAURAS.-

La extrañeza que me producía la ausencia del señor Ministro de Hacienda en los momentos que se trata este aspecto tan fundamental, ha sido disipada por el Honorable señor Ampuero. En verdad, parece que el Ministro ha presentado estas indicaciones sólo para los efectos reglamentarios. He sido informado de que los Senadores radicales miembros de las Comisiones unidas las votaremos en contra.

En general, esta legislación sobre las exportaciones, a mi juicio, va a ser una ley de parche, da ley "sálvese quien pueda", y, en consecuencia, tendremos rápidamente que ir al estudio de un proyecto completo sobre esta materia.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Voy a ser muy breve, señor Presidente, por lo avanzado de la hora, pero es imposible guardar silencio frente a lo que aquí se ha oído.

Desde luego, se observa lo que en más de una oportunidad hemos reparado: la precipitación con que se está legislando y las dudas que este procedimiento deja, cuando por la vía de la indicación se tratan materias de gran responsabilidad, sin permitir al Congreso estudiarlas detenidamente.

Este problema de la harina de pescado es más trascendente de lo que imaginan el público y muchas personas. Las especies con que se elabora la harina de pescado carecen de un estudio biológico, de modo que resulta prudente no pretender extraer del mar todo lo que se desee.

La anchoveta y la sardina constituyen alimento de peces voraces que, si se ven impedidos de esta alimentación, recurrirán a otros alimentos esenciales y menoscabarán otras fuentes alimenticias. Millones de aves guaneras también tienen las sardinas y las anchovetas como importante fuente de alimentación, lo cual hace que en Perú se las proteja y se fije una cantidad máxima permitida extraer, de manera que se aseguren estas otras funciones naturales en la vida del mar. Nosotros tampoco deberíamos descuidar este aspecto, si tenemos sobre todo presente que también disponemos de guan rojo, e ir a un estudio compensativo de la necesidad de cada uno de esos sectores, para llegar a determinar cuántas toneladas de pescados, de anchovetas y sardinas pueden extraerse al año.

Esas son las crisis que se están produciendo en forma constante.

La Corporación de Fomento de la Producción ha estado alimentando a una serie de esas empresas, sin dicho estudio biológico. Ya sabemos que la Corporación ha servido en Chile para enderezar a muchos "curcunchos", y ésa es una de las causas que hace temer que si hiciéramos un estudio del aspecto económico de dicho organismo, nos encontraríamos con muchas sorpresas. Recuerdo haber pedido una vez antecedentes, que todavía los conservo, que me permitieron afirmar que de sesenta o setenta empresas, sólo cinco, seis o siete, habían dado resultado. Todas las demás habían significado un fracaso.

Ahora bien, estuve en Arica, donde visité esas empresas; algunas muy interesantes y novedosas. El gerente de una de ellas me preguntó qué impresión me dejaba. Con sorna, le pregunté: "¿Qué sistema europeo ha copiado, señor gerente?" "¡Ah, no, todo es creación nuestra!" "No lo dudo, porque en Europa no se trabaja en la forma como trabajamos aquí la sardina y la anchoveta, con un sentido absolutamente especulativo". Se alarmó, y le agregué: "Señor gerente, debo decirle que si yo hubiera sido autoridad y hubiera estado en mis manos hacerlo, le habría exigido destinar 40% de su producción al consumo popular. Distribuya el pescado, seco o en conserva; pero que no todo sea rubro de exportación, mercantilmente explotado".

Las autoridades chilenas son miopes; miopes por inocencia o por malicia. Esa es la tremenda angustia que a uno lo acosa y de donde deriva todo este proceso económico lamentable que sufre el país.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

Confirmando lo expresado por Su Señoría, debo manifestar que en Iquique, en los primeros meses de este año, se han exportado seis mil toneladas de pescado congelado a la República Argentina y a Europa.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Bien sabemos que debemos traer aves de Estados Unidos, carne de Argentina y otros productos de todas partes. Pero en Chile no tenemos los alimentos necesarios.

Debo agregar que las denuncias hechas aquí respecto del proceso laboral son muy serias. En efecto, el Honorable señor Víctor Contreras ha denunciado que los contratos de trabajo se están haciendo de mes a mes, con lo cual se burla toda la legislación laboral. A mi juicio, esto es intolerable y debe enviarse un oficio al Ministro del Trabajo y Previsión Social para hacerle presente este hecho, a fin de que intervenga, pues pienso que el país no puede vivir con esa inquietud. Pido que se envíe dicho oficio.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Solicito agregar mi nombre al oficio pedido por el Honorable señor González Madariaga.

-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de los Honorables señores González Madariaga y Víctor Contreras, de conformidad con el Reglamento.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

El Honorable señor Víctor Contreras ha denunciado otro hecho muy grave -también he recibido una nota al respecto-sobre la burla que la goleta Cecilia ha hecho a la autoridad.

Ocurre que por desprendimiento de gases provenientes de la descomposición de la anchoveta y la sardina, que desprende hidrógeno sulfurado, murieron cinco obreros en enero. Pues bien, todos se lavan las manos como Poncio Pilatos. El Servicio Nacional de Salud adopta medidas para evitar la repetición del hecho. ¿Y cuáles son esas medidas? Permitir más ventilación en las escotillas para que entre oxígeno. ¡Pero eso es el abecé, lo elemental, que debió haberse aplicado desde el principio! No podemos venir a lamentarnos ahora, ante los cadáveres. En esto hay una responsabilidad que debe perseguirse. Lo demás es ingenuidad absoluta e intolerable. Aquí hay una responsabilidad administrativa que perseguir. Este es el primer cargo que se desprende de la nota.

En seguida, según parece, los familiares de las víctimas ni siquiera han recibido el pago del seguro que les correspondía; tanto, que no han podido solventar los gastos de los funerales, señor Senador. Y ocurre que la empresa propietaria de la goleta Cecilia ha dicho que tenía contratado un seguro en la Compañía Chilena Consolidada. Sin embargo, el Honorable señor Víctor Contreras ha declarado que ello es falso, que la empresa engañó a la autoridad.

Pido oficiar al Ministro de Justicia. Perdone, señor Presidente, pero estimo más conveniente oficiar al Presidente de la Corte Suprema, que es un poder del Estado, para denunciar el hecho de que una compañía burla los intereses de un sector de sus trabajadores, descargándose de su responsabilidad al decir que tiene contrato de seguro suscrito con una compañía, hecho que un Senador de la República sostiene en este hemiclo que es falso y que sólo tiene por objeto burlar los derechos de los interesados. No se extrañe, señor Presidente, cuando pido oficiar al señor Presidente de la Corte Suprema, porque lo hemos hecho más de una vez.

El señor REYES ( Presidente).-

De conformidad con el Reglamento se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría...

El señor CONTRERAS (don Víctor). -

También en nombre de los Senadores del FRAP.

El señor GOMEZ.-

Y de los Senadores radicales.

El señor REYES ( Presidente).-

... y de los Senadores radicales y del FRAP.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

He oído con mucho interés las expresiones del Honorable señor Gumucio, que denotan un sentido de honestidad legislativa muy amplia. El señor Senador dice que votará favorablemente estas indicaciones por pertenecer al Ministro de Hacienda, a pesar de no haberse podido entablar un debate como corresponde respecto de ellas, cuya importancia justificaría la presentación de un proyecto especial. Pero también se ha dicho que el señor Ministro las ha lanzado al azar, por si pasan.

En el tono elevado con que se ha expresado el Honorable señor Gumucio -muy propio de él-, pregunto: ¿por qué no dejamos pendiente esta materia y la tratamos en un proyecto particular ? Pienso que con ello haríamos un bien al país y al propio partido que está gobernando en este instante, porque ésta es la única manera de legislar: con las cartas sobre la mesa y mostradas a la opinión pública. Deseo tocar la conciencia cívica del Honorable señor Gumucio, después de haberle oído las expresiones que le hemos escuchado. Pienso que todas estas indicaciones deben ser rechazadas, para dar base a una legislación particular. Formulo esta petición a la Democracia Cristiana.

El señor NOEMI.-

Yo no pensaba intervenir en el debate, pero después de haberse citado al señor Ministro de Hacienda, no puedo dejar de decir algunas palabras sobre el particular, porque estimo que ha sido mal interpretado.

El Honorable señor Maurás ha manifestado su extrañeza por la ausencia del señor Ministro, y se ha dicho, además, que estas indicaciones fueron lanzadas un poco al azar, lo cual no es efectivo.

En verdad, el señor Ministro asistió al Senado recién llegado de un viaje al extranjero, y me preguntó si era necesaria su presencia en la Sala para el momento de discutirse las indicaciones. Yo le manifesté que todos los miembros de las Comisiones unidas habíamos sido debidamente informados y teníamos un informe de la Corporación de Fomento de la Producción con antecedentes completos sobre estas indicaciones, de modo que si era necesario dar en la Sala alguna explicación al respecto, cualquier miembro de las Comisiones podía leerlo. Como el señor Ministro de Hacienda se encontraba cansadísimo y no era necesaria su presencia, se retiró de la Sala; pero no por dejar las indicaciones al azar ni carecer de interés en ellas, sino porque, en último término, quien dio las informaciones respectivas fue la Corporación de Fomento, organismo que tiene íntima relación con el problema, que ha concedido los créditos y ha tenido contacto directo con los industriales. Por lo tanto, si se quiere alguna información -no lo he hecho en homenaje al tiempo-, yo podría ponerme a leer durante una hora y media como lo hizo el Honorable señor Víctor Contreras.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

¿Me permite, señor Senador?

Agradezco mucho las explicaciones que Su Señoría está dando al Senado, que no puedo poner en duda ni un instante. Pero le ruego que haga un examen. . .

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

De conciencia.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

...de estas indicaciones, pues ellas envuelven una extraordinaria responsabilidad legislativa. Su Señoría no ha podido apreciar el problema con la hondura con que uno lo hace, porque acaba de ingresar al Parlamento.

No es usual legislar en esta forma ni despachar así indicaciones de esta naturaleza, de tanta responsabilidad en el aspecto económico. Ellas siempre han dado lugar a un proyecto de ley especial. Tan así es que yo he recomendado muchísimo, en especial a ¡os Presidentes de la Comisión de Hacienda y de otras, que cada vez que lleguen estas indicaciones del Ejecutivo, producto de la inexperiencia, que hacen incluir en una misma iniciativa materias inconexas, el Senado, en uso de sus atribuciones, las desglose para tratarlas cada una separadamente. Esa es la forma normal de despachar los proyectos, y pido al Honorable señor Noemi que considere estas observaciones.

El señor NOEMI.-

Sobre este punto, reconozco que así fue planteado en las Comisiones. Pero se hizo ver que precisamente fueron los propios industriales quienes pidieron legislar sobre algunos aspectos, porque su situación era francamente deplorable. Fueron ellos quienes plantearon esto. Así nos manifestó el Honorable señor Gómez, Senador por la zona: que estas indicaciones eran fruto de la petición formulada por los propios interesados. Por lo tanto, el Gobierno ha querido legislar rápidamente en este sentido, sin perjuicio de que oportunamente...

El señor GOMEZ.-

¿Me permite, señor Senador?

En las Comisiones unidas expresé que la de Economía y Comercio conoció el proyecto de la Cámara que deroga todo el sistema. La iniciativa de la Cámara derogó el sistema establecido en las leyes 12.937 y 13.039. Manifesté al señor Ministro de Hacienda, en el seno de la Comisión de Economía, que si el Gobierno tenía la intención de derogar todo el sistema, lo lógico era que planteara una sustitución; que este artículo incidía en un proyecto completo que el Ejecutivo había retirado. Entonces, el señor Ministro de Hacienda envió estas indicaciones. Pero el problema se generó en la derogación del sistema mediante el proyecto que venía de la Cámara de Diputados. Lo lógico habría sido haber enfocado todo este problema en el proyecto separado que el Ejecutivo retiró de la convocatoria y que venía aprobado por la Cámara, que legislaba integralmente sobre la materia. Pero el señor Ministro de Hacienda no quería romper el sistema general para las exportaciones establecido en este proyecto, y por lo tanto, insistió en la derogación de los preceptos de las leyes 12.937 y 13.039. Como consecuencia de haber insistido el señor Ministro en tal derogación vino esto otro, que es imperfecto, que, según se ha visto, adolece de algunas omisiones. Eso es lo que yo manifesté en las Comisiones y esto es lo que acaeció en rigor.

El señor NOEMI.-

Deseo sostener que una legislación más acabada ya se encuentra incluso en segundo trámite, y que estas indicaciones, según tengo entendido, son fruto de algunos artículos ya estudiados y aprobados por la Cámara.

El señor AMPUERO.-

Algunos.

El señor NOEMI.-

Así nos informaron, por lo menos. Yo no conozco la ley. En las Comisiones nos expresaron que habían sido votados favorablemente incluso en la Cámara, y que se habían presentado estas indicaciones para legislar en los aspectos más urgentes.

En esta materia habría muchas cosas que decir. Por ejemplo, se ha imputado a la Corporación de Fomento la responsabilidad de este desastre. Pero no fue así, pues, según nos expresaron los funcionarios en las Comisiones, ellos no podían detener -creo que la expresión es del Honorable señor Ampuero- la "borrachera" producida en 1963. No recuerdo la cifra exacta -pero podría verla- de la pesca inmensa que se produjo durante ese año. Toda la gente se entusiasmó, y no estaba en manos de la Corporación impedir el deseo de las empresas por incorporarse a esa actividad. La pesca, que en 1963 fue de 623 mil toneladas, en 1964 subió a un millón de toneladas.

El señor CHADWICK.-

¿Me permite, señor Senador?

El señor NOEMI.-

En esa oportunidad, ¿a qué medios podía recurrir la CORFO para evitar el interés de los industriales particulares ?

El señor AMPUERO.-

Los tenía.

El señor CHADWICK.-

Tenía dos medios.

El señor NOEMI.-

Pero no fue así, de modo que no puede responsabilizarse a dicho organismo.

Deseo terminar mis palabras reconociendo los hechos. Lo importante sería legislar sobre esta materia. Pero, a mi juicio, lo uno no impide lo otro. Por lo demás, nunca he hecho promesas en el Senado ni tengo por qué hacerlas; pero me ha impresionado lo dicho por el Honorable señor Ampuero -lo confieso sinceramente- en el sentido de que debería completarse la legislación con ciertas disposiciones atinentes a la situación de los trabajadores. Para lograr tal objetivo, podríamos pedir al Gobierno que, por medio del veto, obtenga que parte de este porcentaje de devolución sea destinado a un fondo de compensación de los trabajadores, de modo que éstos, durante los períodos en que escasea la pesca o queden sin trabajo, tengan un respaldo a que acudir. Repito que esta idea, muy razonable a mi modo de ver, podría quedar incorporada al proyecto mediante el veto. Este podría también satisfacer tantas otras aspiraciones que no se consideran en los preceptos que nos ocupan, pero cuya existencia se conoce en estos momentos. Así se daría solución a un problema que, sin duda, mantiene en situación angustiosa a muchos industriales pesqueros.

El señor AMPUERO.-

Advertí que, aunque el debate pudiera parecer ocioso, los que estábamos interesados en el tema nos veríamos obligados a dar antecedentes para que se tome una decisión con plena conciencia. De manera que, pese a encontrarnos en hora ya bastante recomendable para recogerse, sobre todo tratándose de Senadores, insistiré en dos o tres antecedentes que estimo fundamentales. Lo hago en la esperanza de obtener una resolución que despeje el camino para legislar en forma orgánica, como lo hemos venido repitiendo.

Dije denantes que fui Consejero de la Corporación de Fomento de la Producción en representación de la Cámara de Diputados durante la época en que empezó la instalación de las industrias pesqueras en el norte. Desde luego, esas industrias constituían un negocio redondo, que pudo haberse intentadlo por capitalistas privados, si hubiera en nuestro país realmente empresarios al estilo capitalista, pero éstos escasean, como, en cierta oportunidad, me lo tuvo que reconocer el propio señor Pierre Lehmann, quien era en ese entonces Vicepresidente de la mencionada entidad. El concepto de que el negocio era tan bueno derivó de Las expectativas que se formaron las primeras empresas que llegaron allá. Pero quiero señalar algo que ahora tiene gran importancia: todos los estudios de factibilidad, todos los proyectos y autorizaciones para instalar estas industrias que estudió la CORFO, se hicieron sobre la base de calcular los precios y costos sin bonificaciones. Ya estaban vigentes las leyes sobre zona franca para Iquique y puerto libre para Arica. Pero, para garantizar la seriedad de estas empresas cuya instalación se iniciaba, todos los cálculos se hicieron con abstracción de la posibilidad de bonificar. De manera que ellas debieron funcionar bien desde el primer día, con ganancias, pero sin bonificaciones de ninguna clase. Este es un hecho muy importante para comprender hasta qué punto se lleva la generosidad parlamentaria con recursos fiscales, sobre todo cuando actuamos con la precipitación con que lo hacemos esta tarde respecto de una materia sobre la cual es necesario un estudio más profundo.

En segundo lugar, quería referirme a la extrema anarquía imperante en materia de investigaciones científicas y tecnológicas respecto de la industria de harina de pescado. Al respecto, puedo citar un antecedente, no muy preciso, por desgracia, que me proporcionó el Comandante de la escampavía "Yelcho". Hace poco, dicha unidad de la Armada realizaba investigaciones oceanograficas y le correspondió hacer escala en Iquique, donde tuve la oportunidad de subir a bordo. Allí se me aseguró -daré sólo una cifra moderada- que por lo menos doce organizaciones investigadoras de la fauna marítima, de los ciclos de esa fauna y de la prospección marítima en general, estaban actuando en nuestro océano y litoral. Por lo menos doce, aunque podría asegurar que se me dijo que eran diecisiete; pero, para no caer en exageración, diré que solamente son doce. ¿No es éste otro aspecto que debería comprender una legislación sensata?

Si hemos reconocido que la industria pesquera se planeó a ojo, a la chilena, para llegar hasta donde fuera posible,. ..

El señor GONZALEZ MADARIAGA-

¡A la "brutanteque"!

El señor AMPUERO.-

Su Señoría tal vez lo expresa más acertadamente.

Si hemos reconocido ese hecho ¿no sería posible que ahora, a los siete años de instaladas las industrias, estableciéramos disposiciones, en forma seria, sobre racionalización de las investigaciones científicas concernientes a este campo de la actividad industrial? ¿O se trata de un aspecto carente de importancia?

En tercer lugar, debo hacer presente que, en agosto del año pasado, solicité un estado de las deudas contraídas por la industria pesquera. Tengo a la vista los antecedentes respectivos, en los que figura una extensa nómina de deudores, cuya lectura en detalle evitaré, pues en ella nos encontraríamos con algunas novedades de las cuales podrían deducirse ciertas implicancias políticas. Por eso, me remitiré al resumen final. Por concepto de previsión, en agosto de 1965, las empresas pesqueras debían a la Caja de Empleados Particulares Eº 12.543; a la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, Eº 1.481.000, y al Servicio de Seguro Social, Eº 704.000; vale decir, Eº 2.197.543. Ese mismo año el fisco proporcionaba gratuitamente a esos empresarios la enorme suma de siete millones de escudos. Sin duda, ello es una comprobación adicional de que no podemos seguir caminando con el sistema imperante en la industria pesquera. Es malo, desde los puntos de vista jurídico, financiero, industrial y comercial; desde todo punto de vista, es un fracaso, y ello es lo que nos aconseja innovar.

Entre las indicaciones que se pretenden aprobar, hay una consistente en una disposición nueva por la cual se faculta a los deudores al sistema previsional para pagar en treinta y seis cuotas. La disposición en referencia contiene un inciso que dice: "Los convenios que se pacten quedarán sin valor y efecto alguno por el solo hecho de no pagarse tres de las cuotas mensuales, sean o no sucesivas". Yo me atrevo a garantizar a mis Honorables colegas que, antes de seis meses, se nos presentará una nueva indicación para modificar los referidos preceptos. Así será, inevitablemente, a menos que tengamos una nueva pesca milagrosa: transcurrido cierto tiempo, sin que haya captura de suficiente materia prima para estas industrias, se nos pedirá una prórroga. Ello constituye una nueva demostración de que se está improvisando una solución de emergencia y que no se ha tocado al problema de fondo.

Rechazaremos las indicaciones, no porque ellas sean entera: y totalmente incompatibles con una legislación global, sino porque no podemos estar cambiando de sistema cada tres meses. Los señores Senadores deben comprender que, de hecho, se producirá dilación en el estudio de cualquier otro proyecto de mayor alcance e importancia.

Tales son las observaciones que me parecía indispensable agregar para ver si conseguíamos otro milagro: el de que el Senado tome en serio la necesidad de respaldar a esta industria y darle un sistema legal racionalizado. Por eso, voto que no a las indicaciones que el señor Ministro de Hacienda ha formulado, pero a las que no asigna, según parece, importancia capital.

El señor DURAN.-

Me parece que hay una mala inteligencia al sostener que las leyes 12.937 y 13.039 han sido derogadas en los artículos 12 y 40 de esta última y 9º de aquélla. A mi juicio, ninguna de esas disposiciones ha sido derogada, sino que, simplemente, en estíos instantes, el artículo 17 del proyecto en debate propone aquella derogación, pues se trata de disposiciones que, sin duda, están vigentes. Con toda razón, el Honorable señor Ampuero planteó, hace algunas horas, en el debate de este mismo proyecto, el hecho de que era necesario haber dejado en suspenso el artículo 17, mientras estudiamos estas indicaciones del Ejecutivo.

En consecuencia, para los efectos de la continuidad de los regímenes establecidos en esas leyes, lo cierto es que las disposiciones citadas no han sido derogadas.

Estimo que los planteamientos formulados con relación a los sectores obreros son sumamente graves. Me refiero tanto a los obreros de las fábricas como a los integrantes de la marinería de las flotas pesqueras. Me asiste el convencimiento de que, en la medida en que eludamos una legislación integral sobre la materia, con esta política de parches debilitaremos la posibilidad de encontrar un camino justo, tanto para el sector empresarial como para el sector obrero. Despachar las indicaciones del Gobierno en la forma como se proponen por el señor Ministro, significaría resolver sólo algunos de los aspectos, pero, al mismo tiempo, ello implicaría dejar en el aire a todo el sector asalariado. De ahí, señor Presidente, que me incline por la tesis que hemos defendido los Senadores radicales en las Comisiones unidas y rechace las indicaciones del Ejecutivo.

Pero debo destacar, además, otro hecho que, en el orden legislativo, no es conveniente, y que, por desgracia, se está poniendo en práctica en forma ya reiterada, cual es el de mandar indicaciones que impiden un estudio más profundo y acabado de las materias en que ellas recaen.

La prensa de hoy nos informa que, con relación a la reforma constitucional sobre el derecho de propiedad, se han formulado innumerables indicaciones en la Cámara de Diputados, indicaciones que, en el hecho, impedirán a esta Corporación introducir enmiendas a las proposiciones que nos pueda formular la otra rama del Parlamento. Ello nos colocará en una posición estrecha, sin movilidad, pues deberemos limitarnos a decir sí o no a las proposiciones que lleguen de la Cámara de Diputados. No me parece que sea ésa una manera adecuada de legislar y, por lo tanto, me inclino por una fórmula legislativa basada en un amplio debate sobre cada una de estas materias, que, como se ha ido viendo en el curso del debate, tenga amplia divulgación .

Por otra parte, es efectivo lo que aquí se ha asegurado, de que se encuentra pendiente en esta Corporación, en segundo trámite constitucional, un proyecto de ley que se refiere a los problemas de la industria pesquera. En consecuencia, este "parche" obligará a las Comisiones respectivas a marcar un compás de espera hasta saber lo que resulte en definitiva de este "parche" que se agrega al proyecto sobre fomento de las exportaciones. No se podrá legislar sobre esas materias sin tener previo conocimiento del veto al proyecto en discusión.

Tocaré, en seguida, el último de los temas a los cuales deseaba referirme.

Si el Honorable señor Noemi nos ha dicho que el Gobierno puede, por medio del veto, completar la legislación contenida en el proyecto que debatimos, ¿no sería mucho más lógico que, ya que hay pocos Senadores en la sala y, por lo tanto, la votación será escasa en este instante, el propio Ejecutivo plantee en el veto una solución integral? ¿No sería más lógico que lo hiciera así y, de ese modo, evitáramos a la Comisión una espera más prolongada respecto del estudio que debe hacer sobre el proyecto que resuelve el problema de manera integral? El propio veto podría modificar todo aquel proyecto con ideas más concretas, amplias y totales para enfocar el aspecto que interesa al sector empresarial y, fundamentalmente, el aspecto de los sectores asalariados. Me parece que ése sería el mejor camino.

Y ya que debemos votar estas indicaciones, luego de haber despachado el artículo 17, digo que no les veo mayor gravedad si no hay acuerdo unánime para rechazar ese artículo, lo que podría proponer el Ejecutivo por medio del veto, a fin de mantener el sistema vigente mientras el Congreso despacha el proyecto de ley a que tantas veces me he referido, que legisla en forma más amplia sobre la industria pesquera. Dejo anunciado, pues, mi voto negativo.

El señor REYES ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

El Honorable señor Ibáñez ha pedido dividir la votación respecto de la indicación número 60, pero para eso se requeriría agregar una frase que no está consignada.

No hay acuerdo.

En consecuencia, no procede división de la votación, porque sin la frase a que me refiero, no sería posible dar al precepto adecuada redacción.

¿Habría acuerdo para votar separadamente cada una de las indicaciones o resolvemos sobre ellas en una sola votación?

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

En una sola, señor Presidente.

El señor REYES ( Presidente).-

Si le parece a la Sala, se votarán, en un solo acto, las indicaciones número 60, 60 bis, 61 y 62.

Acordado.

En votación.

-(Durante la votación).

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Deploro no poder votar, por impedírmelo un pareo concertado con el Honorable señor Foncea. De no haber sido así, habría votado que no.

El señor ALLENDE.-

Señor Presidente, estoy pareado con el Honorable señor Aylwin. Siento no poder votar. Me habría pronunciado en contra de estas indicaciones. Declaro, como lo he dicho en varias oportunidades, que no daré mi voto favorable a ninguna iniciativa que pueda significar alguna ayuda extraordinaria para los empresarios pesqueros, porque tengo familiares que participan en esa industria.

Al mismo tiempo, expreso que coincido con los planteamientos formulados por mi colega de representación, Honorable señor Ampuero, y cuando se debata ampliamente en este recinto el problema nacional de la industria pesquera expondré mi pensamiento.

Entretanto, señalo que me parece indispensable que el Gobierno conozca lo que aquí se ha expresado, con el objeto de evitar que pueda producirse este año la situación desastrosa de que padecieron en años anteriores los obreros y empleados de las industrias pesqueras.

El señor WALKER ( Prosecretario).-

Resultado de la votación: 8 votos por la negativa, 3 votos por la afirmativa, 3 abstenciones y 2 pareos.

El señor REYES ( Presidente).-

Rechazadas las indicaciones.

Terminada la discusión del proyecto.

3.-OFICIO DEL SENADO.

"Nº 535. Santiago, 5 de mayo de 1966.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa Honorable Cámara que consulta normas para el fomento de las exportaciones, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º.

En su inciso primero ha intercalado, entre las palabras "esta" y "exención", la siguiente: "misma".

Artículo 2º.

Ha suprimido su letra a).

Su letra b) ha pasado a ser a), sin enmiendas.

Su letra c) ha pasado a ser b), sustituida por la siguiente:

"b) A las empresas productoras de co. bre de la gran minería, entendiéndose por tales aquellas que produzcan dentro del país cobre blister, refinado a fuego o electrolítico, en cualquiera de sus formas, en cantidades no inferiores a 75. 000 toneladas métricas anuales mediante la explotación y beneficio de minerales de producción propia o de sus filiales o asociadas";

Su letra d) ha pasado a ser c), sustituyendo el punto y coma (; ) con que termina por una coma (, ) y agregando a continuación lo siguiente: "mientras sus operaciones y actividades se rijan por esta ley; sin embargo, serán aplicables las normas de esta ley a las empresas salitreras que laboren conforme al sistema Shanks";

Su letra e) ha pasado a ser d), sustituida por la siguiente:

"d) A las industrias que no retornen al país el total de sus exportaciones, y".

Su letra f) ha pasado a ser e), suprimiendo las palabras "manufacturas o", y reemplazando "del Departamento" por "de la Corporación".

Artículo 5º.

En su inciso primero ha agregado lo siguiente, suprimiendo el punto (. ) final: "y el informe que elabore una comisión técnica que estará integrada por un representante del Banco Central de Chile, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de la Corporación de Fomento de la Producción y de la Dirección de Impuestos Internos, respectivamente, la que para evacuar su informe deberá oír a los interesados. Un mismo producto no podrá tener distintos porcentajes de devolución".

Ha rechazado su inciso segundo.

En su inciso tercero ha sustituido "al valor agregado" por "a la componente".

En su inciso cuarto ha reemplazado la frase "en cualquier época, " por la siguiente: "en el momento que lo juzgue conveniente, ".

Artículo 6º

Ha sido rechazado.

Artículo 7º

Ha pasado a ser 6º, sustituido por el siguiente:

"Artículo 6ºLos porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, los aplicará el Presidente de la República sobre el valor FOB o CIF y en ningún caso podrán exceder del 30% de dichos valores".

Artículo 8º

Ha pasado a ser 7º.

En su inciso primero ha intercalado, entre las palabras "certificados" y "que emitirá", las siguientes: "de valores divisibles".

En su inciso tercero ha agregado, a continuación de "FOB" lo siguiente: "o CIF", y ha intercalado, después de la frase "de la mercadería", las palabras "según corresponda".

Seguidamente ha aprobado, como incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente, los siguientes, nuevos:

"La conversión indicada en el inciso anterior se efectuará al tipo de cambio que allí se indica, vigente a la fecha del embarque o de la liquidación del retorno de la exportación.

Cuando se trate de productos de la Minería, el exportador, en el momento de realizarse la compra otorgará al productor un comprobante que indique la cantidad y precio del producto adquirido para la exportación.

El Banco Central con el solo mérito de dicho comprobante, entregará los certificados de devolución directamente al productor dentro de! plazo de 30 días. La diferencia de la devolución entre el precio de compra del producto y el valor FOB, corresponderá al exportador.

Si el exportador no entrega al productor el comprobante indicado, no podrá recibir certificados de devolución por ninguna exportación que realice mientras no cumpla con esta obligación".

Como artículo 8°, nuevo, ha aprobado el siguiente:

"Artículo 8º. El Presidente de la República podrá agregar a los porcentajes de devolución indicados en el artículo 5º, un porcentaje adicional, igual para cada producto, por concepto de derechos e impuestos que se generen por la importación de equipos y maquinarias necesarios para la manufactura del producto exportado.

El porcentaje aludido en el inciso anterior tendrá una aplicación máxima de diez años contados desde la fecha del decreto que lo incluya.

El porcentaje de devolución total que resulte para un determinado producto como consecuencia de la aplicación de este

artículo, podrá exceder del límite fijado en el artículo 6º de esta ley".

Artículo 9º

En su inciso primero ha suprimido la frase "al pago de patentes, impuestos, contribuciones y multas municipales y".

En su inciso segundo ha eliminado "Municipalidades, " y ha agregado, suprimiendo el punto final, la siguiente frase: "con preferencia a cualquier otro pago".

Artículo 10.

En su inciso primero ha intercalado una coma (, ) entre "ley" y la frase "que determine el reglamento... ".

Artículo 11.

Ha reemplazado la segunda parte de su inciso primero que comienza "En ningún caso el porcentaje... ", hasta el final, por lo siguiente: "En ningún caso el porcentaje adicional podrá exceder de un 10% del de devolución que se haya asignado al productor de que se trate y, en conjunto, no podrá exceder al 30% señalado en el artículo 6º. ".

Artículo 12.

En su inciso primero, ha sustituido la referencia al artículo 8º por otra al artículo 7º".

En su inciso final ha sustituido "se establezca" por "éste establezca".

Artículo 13. Ha sido rechazado.

Artículo 14. Ha sido rechazado.

Artículo 15. Ha sido rechazado.

Artículo 16. Ha pasado a ser 13, sin enmiendas.

Artículo 17.

Ha pasado a ser 14, sustituido por el siguiente:

"Artículo 14. El Presidente de la República podrá dictar normas sobreseguro de crédito a las exportaciones con el fin de asegurar al exportador contra los riesgos inherentes al crédito a la exportación de mercaderías y servicios, incluso los políticos y catastróficos, y señalar las condiciones y garantías aplicables a dichos seguros.

Estos seguros podrán ser cubiertos, en todo o en parte, por las Compañías Nacionales de Seguros y por el Instituto de Seguros del Estado dentro de las normas contenidas en los D. F. L. 251, de 1931, y 210, de 1953, previa autorización de la Superintendencia del ramo; y también por personas jurídicas creadas por ley en que el Estado tenga aportes de capital o representación, especialmente designadas por el Presidente de la República.

En el caso de que el seguro de crédito a la exportación o de alguno de los riesgos que éste comprende quedare a cargo de las personas jurídicas creadas por ley a que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la República determinará, además, las condiciones en que operarán y los recursos con que ellas contarán.

Para los efectos de la asignación de recursos a que se refiere el inciso anterior, la Ley de Presupuestos de la Nación contemplará anualmente las sumas que sean necesarias. El ítem correspondiente será excedible.

El Instituto de Seguros del Estado y las Compañías de Seguros podrán organizar una sociedad anónima aseguradora que cubra exclusivamente todos o algunos de los riesgos a que se refiere este artículo aportando los capitales necesarios.

El Presidente de la República podrá modificar las normas que dicte en uso de las facultades que le conceden los incisos precedentes.

El seguro de crédito a la exportación enstará exento de los impuestos de cifra de negocios, timbres y estampillas y del establecido en el artículo 12, Nº 1 del D. F. L. Nº 251, de 1931. ",

Artículo 18.

Ha pasado a ser 15.

Su inciso segundo ha sido reemplazado por el siguiente:

"Los créditos para exportación o para bienes de capital que se vendan dentro del país podrán ser reajustables".

Artículo 19.

Ha pasado a ser 16.

En su inciso segundo ha agregado, en punto seguido, lo siguiente: "En consecuencia, el déficit que eventualmente resulte entre las bonificaciones devengadas y las efectivamente pagadas, se cubrirá con cargo al Presupuesto de la Nación".

Artículo 20.

Ha pasado a ser 17.

Como inciso segundo, nuevo, ha agregado el siguiente:

"Las compras que efectúen los industriales o comerciantes establecidos en el departamento de Arica y en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en el resto del país, estarán exentas del impuesto de compraventas".

Artículo 21.

Artículo 22.

Ha pasado a ser 19, sin enmiendas.

Artículo 23.

Ha pasado a ser 20, sustituyendo "artículo 22" por "artículo anterior".

Artículo 24.

Ha pasado a ser 21.

En su inciso primero ha intercalado, entre "a los artículos" y los números "14 y 16", lo siguiente: "11 de la Ley Nº 9. 839, 13 del decreto Nº 6. 973, de 1956, del Ministerrio de Hacienda, y".

Artículos 25, 26, 27 y 28.

Han sido rechazados.

Artículo 29. Ha pasado a ser 22, sin enmiendas.

Artículo 30.

Ha pasado a ser 23.

En su letra a), ha suprimido su segunda frase que comienza "Sólo se autorizarán... " y termina con las palabras "por el Banco. ".

Artículo 31.

Ha sido rechazado.

Artículo 32. Ha pasado a ser 24, sin enmiendas.

Artículo 33. Ha sido rechazado.

Artículo 34.

Ha pasado a ser 18, sin enmiendas.

Ha pasado a ser 25, sin enmiendas.

A continuación, como artículos 26 y 27, respectivamente, ha aprobado los siguientes, nuevos:

"Artículo 26. El Banco Central de Chile podrá exigir, ya sea antes de cursar un Registro de Importación, o bien antes de que se proceda a la cobertura de los cambios, que se acompañen facturas originales del productor o fabricante de la respectiva mercadería.

El Comité de Investigaciones Extranjeras, salvo casos calificados, exigirá la misma documentación, antes de autorizar aportes de capital que se realicen total o parcialmente en mercaderías. ".

Artículo 27. Todas las firmas productoras y exportadoras de hierro deberán retornar al país íntegramente el valor de sus exportaciones en conformidad a las normas generales que rigen en la materia. "

Artículos transitorios. Artículo 1º

En su inciso primero ha intercalado, entre "fijar la" y "lista", la palabra "primera".

En su inciso segundo ha suprimido la coma (, ) que figura después de "lista de productos".

Su inciso final ha sido sustituido por el siguiente:

"Sin embargo, a los productos que se hubieren exportado a partir del lº de enero de 1966 y que se incluyan en el Decreto Supremo que establezca la primera lista de mercaderías afectas al sistema de devolución a que se refiere el artículo 4º de esta ley, se les aplicarán los porcentajes que dicho Decreto determine, de acuerdo con las disposiciones del artículo 5º, desde la fecha de sus respectivos embarques. "

Artículo 2º

Ha sustituido la cita al artículo 20 por otra al artículo 17.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en contestación a vuestro oficio Nº 608, de 5 de febrero del año en curso.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Tomás Reyes Vicuña. Pelagio Figueroa Toro".

FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES. TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL.- OFICIO.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley que consulta normas para el fomento de las exportaciones.

Las modificaciones del Honorable Senado están impresas en el boletín N° 10.479-S

(El oficio del Senado figura entre los Documentos de la Cuenta del Boletín de la Sesión 84ª, de 6 de mayo de 1966).

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

En discusión la modificación del artículo 1º.

El señor GUASTAVINO.-

Pido la palabra.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GUASTAVINO.-

Señor Presidente, la modificación introducida por el Senado en el artículo 1º no significa absolutamente ningún cambio substantivo de su contenido.

Los Diputados comunistas nos hemos opuesto a este sistema de conceder franquicias y exenciones tan "rangosas", tan generosas. Con estas reservas, votaremos las enmiendas propuestas por el Senado.

Como la modificación del artículo 1° no cambia fundamentalmente el contenido de la disposición aprobada por la Cámara, que consideramos regresiva, nos abstendremos de votarla.

El señor PHILLIPS.-

Pido la palabra.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, concordando, en parte, con lo sostenido por el señor Guastavino, queremos hacer presente que en este artículo viene también la liberación de impuestos para los combustibles y los aceites lubricantes. En la actualidad, toda la industria nacional, que produce para el país, para el consumo interno, debe pagar las elevadas tasas que gravan a los combustibles y a los aceites lubricantes en Chile. En cambio, aquí se da una franquicia inmensa, especialmente, a las grandes compañías exportadoras.

Nada más.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la modificación del artículo 1º.

- Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Aprobada la modificación.

En discusión las enmiendas del artículo 2º.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la primera modificación, que consiste en suprimir la letra a).

- Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 12 votos.

Aprobada la modificación.

En votación la segunda modificación, que consiste en sustituir el texto de la letra c), que pasa a ser b), en virtud del acuerdo anterior.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobada.

En votación la modificación del Senado a la letra d), que pasa a ser c).

Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la, afirmativa, 18 votos; por la negativa, 34 votos.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Rechazada la modificación del Senado.

En votación la modificación del Senado que consiste en sustituir la letra e) del proyecto, que ha pasado a ser d).

Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos; por la negativa, 34 votos.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Rechazada la enmienda del Senado.

En votación las modificaciones introducidas por el Senado a la letra f), que ha pasado a ser e).

Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 14 votos.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Aprobadas las enmiendas del Senado.

En discusión las modificaciones del Senado.

En discusión las modificaciones del Senado al artículo 5º.

El señor GUASTAVINO.-

Pido la palabra.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GUASTAVINO.-

Señor Presidente, el artículo 5º aprobado por la Cámara establecía que el Presidente de la República podía simplemente determinar por decreto supremo la lista de productos afectos al régimen de devolución que se establece en la presente ley. Nosotros estamos de acuerdo con la modificación introducida por el Senado, en el sentido de que se exija también que el informe sea elaborado por una comisión técnica integrada por un representante las siguientes instituciones: del Banco Central, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de la Corporación de Fomento de la Producción y de la Dirección de Impuestos Internos; y que ella consulte previamente a los interesados. Esto nos parece más equitativo y conveniente para una justa apreciación de cuál debe ser esta lista que contempla el artículo 5º.

Por eso, aprobaremos esta modificación.

El señor PENNA.-

Pido la palabra.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PENNA.-

Señor Presidente, vamos a aprobar la modificación del Senado, porque la comisión asesora que se crea podrá informar mejor.

Creí que el artículo 2º se discutiría por letras. Desgraciadamente, se cerró el debate anticipadamente. Por eso, deseo aprovechar esta oportunidad, para referirme a las disposiciones contenidas en algunas letras de ese artículo.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

La Mesa quiere advertir que, reglamentariamente, las modificaciones del Senado deben discutirse en conjunto y votarse separadamente. La Mesa hace esta advertencia en relación con las enmiendas introducidas a los demás artículos del proyecto.

El señor RIOSECO.-

Pido la palabra.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RIOSECO.-

Señor Presidente, me parece muy conveniente que exista un informe de una comisión técnica para determinar la lista de productos afectos al régimen de devolución. Además, es importante que el Senado haya rechazado el inciso segundo, que permitía al Presidente de la República fijar porcentajes diferentes para un mismo producto, ya que, indudablemente, así se produciría una competencia desleal entre distintas zonas del país respecto de un mismo tipo de industrias y productos de exportación.

Nada más.

El señor PENNA.-

Pido la palabra.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PENNA.-

Señor Presidente, la Comisión de Hacienda había aprobado el inciso segundo, justamente para que pudieran fijarse porcentajes diferentes para un mismo producto en distintas zonas del país, con el objeto de dar incentivo a algunas provincias, ya que no es lo mismo, por ejemplo, exportar a través de Valparaíso, que de Coquimbo. Incluso los barcos tienen dificultades para llegar a algunos puertos. En consecuencia, existía el propósito de estimular la exportación desde los puertos que no tienen el movimiento de Valparaíso, en el caso de los productos que podían embarcarse desde aquéllos.

Por esta razón, rechazaremos la modificación del Senado que consiste en rechazar el inciso segundo del artículo 5º.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Se va a votar, en primer lugar, la modificación del Senado que consiste en agregar una frase final al inciso primero del artículo 5º.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobada,

En votación la modificación del Senado que consiste en rechazar el inciso segundo.

Efectuada la votación, en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 35 votos.

El señor BALLESTEROS ( Presidente).-

Rechazada la enmienda del Senado.

En votación la modificación del Senado que consiste en sustituir, en el inciso tercero, la expresión "al valor agregado" por "a la componente".