MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACION, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACION DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO.

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SANTIAGO, junio 17 de 1999

MENSAJE Nº 051-340/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

I. CASINOS DE JUEGO Y LEY MARCO. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS.

La creación de casinos de juegos no ha sido en Chile el resultado de una política general y uniforme, con objetivos claros y coherentes. Según lo demuestra la experiencia nacional e internacional, una situación como la descrita ha impedido la generación en este rubro, de un sector empresarial dinámico, que haya significado una contribución relevante al desarrollo de la industria turística y de las localidades en las que estos establecimientos operan en la actualidad. Además, lo anterior ha dado pábulo a que la decisión de crear casinos en determinadas localidades se haya efectuado sin considerar criterios rigurosos desde una perspectiva empresarial y comercial.

1. Los juegos de azar.

Si bien tanto en Chile como en otros muchos países, no han cambiado sustancialmente las concepciones generales en torno a los juegos de azar y a sus posibles consecuencias sociales, no se puede desconocer, sin embargo, que los sistemas de prohibición absoluta históricamente han fracasado en la consecución de sus objetivos moralizadores y se han convertido, de hecho, en situaciones de tolerancia o de juego clandestino, con más peligros reales que los que se trataban de evitar y, además, en un ambiente de inseguridad jurídica.

El desarrollo de las pautas de comportamiento colectivo que se están produciendo en el país en torno al tema del juego y la contemplación de las experiencias positivas consagradas, en materia específica de juegos, en otros países, inducen a iniciar nuevos derroteros en este campo. Se busca asegurar con mayor eficacia el cumplimiento de los objetivos ineludibles de tutela y protección social que al Estado corresponde, al mismo tiempo lograr otras importantes finalidades complementarias de interés social y de defensa y fomento de los intereses fiscales, a través de la práctica regulada de los juegos y de la instauración de un sistema más progresivo de reglamentación uniforme sobre la materia y de control público de las actividades destinadas a hacer posible y normal la práctica de los mismos.

Las aludidas finalidades de interés social y de defensa de los intereses fiscales, imponen la máxima urgencia en la promulgación de las normas necesarias que regulen adecuadamente esta actividad.

2. Los casinos de juego y el turismo.

La proliferación de casinos en el mundo ha sido muy rápida en los últimos años. Las principales razones para este proceso de legalización y expansión del juego con apuestas, son el aporte que los casinos pueden hacer al desarrollo económico y a la recaudación fiscal, específicamente en su relación con el turismo, el cual ha venido creciendo con gran fuerza desde hace ya bastantes años. El entretenimiento en los casinos ha generado un aumento del turismo hacia los lugares donde ha sido implementado, pues son una oferta atractiva dentro del conjunto de actividades vinculadas a los tiempos de ocio. A la vez, muchas comunidades han descubierto los importantes flujos de dinero que pueden ser atraídos hacia ellas tanto por el aumento de la población flotante, con el mayor consumo de servicios asociados a éste, como por el aumento de la recaudación utilizable para fines de desarrollo.

Los casinos afectan positivamente la industria turística local aumentando el número habitual de visitantes y, por consiguiente, las tasas de ocupación de los hoteles. Como un ejemplo del aumento en el flujo turístico, se puede citar el caso de la ciudad norteamericana de Las Vegas, en la cual la tasa de crecimiento del flujo de turistas, que venía bajando (pese a ser siempre positiva) desde mediados de los años ochenta hasta llegar a un 5,4% en 1989, subió bruscamente a un 15,4%, en el año en que se inauguraron dos "mega" casinos.

En este contexto, cabe resaltar que subyace en el actual estilo de creación de casinos, la idea de que estos establecimientos constituyen un instrumento de impulso al desarrollo de las localidades en que se ubican y especialmente en ellas al turismo. Sin embargo, la información actualmente disponible sobre el funcionamiento de los casinos, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, demuestra que éstos sólo entregan una contribución a las localidades en que se ubican, cuando aquéllas ya poseen una demanda turística importante de cierto nivel de ingresos.

Es decir, los casinos ayudan a agregar más amenidades y con ello ofrecen una ocasión para el gasto de los turistas ya captados por otros atractivos del lugar, pero no pueden estos centros de juego concebirse como instrumentos impulsores en sí mismos del turismo y, con ello, del desarrollo local. Las únicas experiencias en este último sentido han sido excepcionales y corresponden a aquéllas en que se ha creado una amplia zona de operación de casinos, en la que éstos representan el principal rubro industrial de explotación, como sucede en el caso del estado de Nevada en Estados Unidos de Norteamérica y de Aruba en el Caribe.

3. La actividad empresarial de Casinos.

Teniendo presente el tipo de demanda turística que concurre a los casinos nacionales, el proyecto de ley que a través del presente mensaje se propone, busca crear un sector empresarial como un aporte a la industria turística, que profesionalice esta actividad. De ahí que se reconozca al sector privado la iniciativa de crear casinos, siempre que pueda demostrarse la viabilidad técnica, comercial y de contribución al fortalecimiento del turismo existente en una localidad, la que por lo mismo debe ser escogida por los inversionistas interesados.

Con el propósito de conseguir el máximo desarrollo económico de la industria, se debe asegurar la competitividad de los diversos casinos. Con este fin, la legislación debiera orientarse a establecer criterios que permitan que sólo los mejores operadores obtengan licencias. Estos serán aquellos que cumplan con los más altos estándares de experiencia e integridad financiera en un ámbito determinado. No hay que olvidar que la habilidad en la gestión de casinos es relativamente limitada en el mundo. Por tanto, será deber de la autoridad dimensionar y evaluar tales capacidades, debiendo la ley, al efecto, dotar a la autoridad respectiva de las atribuciones necesarias para efectuar dicho examen.

4. Regulación de la actividad.

Es menester imponer como requisito de funcionamiento que los operadores de casinos de juego se rijan por un sistema seguro y efectivo de controles internos. Esto es esencial para asegurar que las operaciones de tales casinos se mantengan honestas y que se paguen los tributos adecuados. La legislación de casinos debe exigir la inspección de toda la información que diga relación con los ingresos provenientes del juego por parte de los agentes autorizados por la entidad fiscalizadora que al efecto se crea en esta ley. Esta legislación debe especificar que la contabilidad interna y los controles administrativos estén determinados por la Autoridad Fiscalizadora a partir de las mejores prácticas demostradas en la industria.

5. "Ley Marco".

En atención a lo señalado, se propone un proyecto de ley de carácter general, rompiendo de esta forma con el estilo tradicional de crear casinos en Chile, inspirado en una concepción casuística y monopólica del sector.

Por lo mismo, no se limita a priori el número de casinos que puedan existir en el país. Ello implicaría la introducción de elementos ajenos a un adecuado proceso de decisión, de acuerdo a los criterios ya mencionados, y consolidaría una estructura monopólica de origen legal, o mejor dicho artificial, en el sector, ya que emanaría de una decisión estatal, a diferencia de lo que sucede con los llamados monopolios naturales. Hasta el momento, nada serio puede argumentarse en el sentido de que una estructura monopólica resulta necesaria para un desarrollo adecuado de la industria de los casinos. La información disponible señala exactamente lo contrario sobre este punto.

Ahora bien, ¿por qué una ley "marco", que establezca bases generales?. En la doctrina nacional, se ha considerado que el mandato constitucional explícito de dictar normas generales, abstractas y básicas o principales comprendería, entre otras materias, las relativas a las apuestas en general, descritas en el artículo 60 N° 19 de la Constitución Política.

Lo anterior, nos permite concluir que por mandato constitucional, una ley regulatoria del funcionamiento de las apuestas en los casinos de juego debería ser de carácter general y abstracto, contemplando las normas básicas sobre esta materia, sin que sea constitucionalmente válida la práctica de dejar en manos de las municipalidades la regulación de las mismas, a través de decretos alcaldicios y contratos de concesión, como ha sucedido hasta ahora.

Cuando el texto constitucional pone al legislador en la necesidad de "regular el funcionamiento", está señalando, en suma, que el cuerpo legal regulatorio debe referirse a todos los aspectos básicos y generales que tienen que ver con la "puesta en obra" de un régimen jurídico abstracto de apuestas en casinos, o dicho de otra forma, todos los elementos básicos y generales que tienen que ver con la implementación de dicho régimen.

De lo expuesto se desprende que, a diferencia de lo que sucede hoy con las leyes que han creado casinos, como asimismo las mociones formalizadas para el establecimiento de otros nuevos, la ley que regule las apuestas en casinos de juego debe ir bastante más allá de la indicación de que se crea un casino en particular, de las instancias encargadas de supervigilar su operación, de la forma en que se distribuirán sus ingresos y del lugar en que podrán establecerse. En ninguna de las leyes existentes que regulan los actuales casinos en funcionamiento, como tampoco las referidas mociones en tramitación, se contemplan normas de las características que la propia Constitución Política exige: generales y abstractas; por el contrario, se trataría de leyes o mociones eminentemente casuísticas que se apartan, por lo mismo, del mandato constitucional.

Tampoco la norma constitucional se refiere a la necesidad de que las leyes que regulen el funcionamiento de apuestas, deban operar a través del sistema de concesiones y que sean las municipalidades las administradoras de las mismas; por el contrario, atribuirles a dichas corporaciones - atendida su naturaleza - la administración de cualquier sistema de apuestas, nada tiene que ver con el propósito y sentido con que las municipalidades existen y se desenvuelven en nuestro ordenamiento institucional.

En el sentido señalado, esta iniciativa actualiza los bienes jurídicos protegidos que subyacen en la regulación del juego: la fe pública, la transparencia de la actividad, el rol fiscalizador que le compete al Estado, la igualdad ante la ley, la vigencia de una sana competencia, entre otros; que sólo pueden ser recogidos adecuadamente en una normativa de bases generales que regule la referida actividad.

6. Las Salas de Bingo.

Por otra parte, así como han surgido vertiginosamente en el mundo los casinos de juego, también han tenido un desarrollo muy dinámico las llamadas Salas de Bingo o lotería familiar, que constituyen un pasatiempo distinto de la concepción que inspira un casino propiamente tal. En efecto, el bingo se inserta en un nivel intermedio entre los juegos de mera recreación y los tradicionales de casinos, constituyendo una oferta de amplio espectro dirigida a un público no especializado en juegos de azar, al cual se le ofrece un tiempo de entretenimiento a través de un tipo de juego de azar no compulsivo y fácil de jugar, con un costo por jugada muy bajo y con el aliciente de premios moderados y controlados. Un atractivo adicional, con ocasión de la alta concurrencia de usuarios, lo constituye la conformación de un espacio de relaciones sociales en torno a la práctica de este juego, en un ambiente de seguridad, transparencia, comodidad y entretención.

El juego del bingo se practica y funciona exitosamente desde hace años, entre otros países, en España, Gran Bretaña, Portugal, U.S.A., Canadá y, dentro de Latinoamérica, en Brasil, Venezuela, Perú, Argentina. En este último país, es digno de destacar que en la provincia de Buenos Aires, con un área de influencia de alrededor de 12 millones de habitantes, están instaladas en la actualidad, aproximadamente, 25 salas de bingo.

Incluso en Chile la práctica de este juego no es extraña. De hecho, en algunos de los actuales casinos del país también se ofrece y práctica, como uno más de los juegos que explotan tales establecimientos. No obstante lo anterior, el proyecto que se propone, siguiendo la experiencia internacional, ha optado por separar la práctica del juego de bingo en establecimientos distintos, atendida precisamente la diversa naturaleza tanto de este juego de azar como del tipo de público al que convoca, como se reseñó anteriormente.

Desde un punto de vista comercial, corresponde señalar que la instalación de salas de bingo demanda similares grados de inversión que la necesaria para instalar un casino y, desde un punto de vista técnico, adopta también gran rigurosidad tecnológica en el desarrollo y control del juego mismo.

Lo anterior, no hace más que justificar la necesidad de que las entidades cuyo objeto sea la explotación del bingo se sujeten también a requerimientos normativos similares a aquellos que el proyecto impone para la autorización, funcionamiento y fiscalización de los casinos de juego.

7. Autoridad Fiscalizadora.

Finalmente, cabe exponer la manifiesta necesidad de crear una autoridad fiscalizadora ad hoc, que el proyecto ha denominado "Comisión Nacional del Juego", que asuma la representación del Estado, y su interés, en autorizar y fiscalizar la práctica excepcionalmente lícita de los juegos de azar en los Casinos de Juego y en las Salas de Bingo. Dicha Comisión tendrá el carácter de una superintendencia que, como tal, será un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual, siguiendo también la experiencia internacional, se vincularía con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio del Interior.

En efecto, es indudable que las especiales características de las entidades autorizadas a explotar los juegos de azar que la ley prevé, como también la particular connotación del juego como actividad comercial privada, así como los controles que tanto las entidades y el desarrollo de los juegos de azar requieren, justifican sobradamente el establecimiento de una autoridad fiscalizadora, especializada en este rubro comercial que se abre a la iniciativa privada. Sería un error asumir que los actuales organismos fiscalizadores del Estado bastarían para acometer, en lo que les corresponda, la fiscalización de esta nueva actividad; porque en tal hipótesis, dicha fiscalización sería siempre fragmentaria y parcelada, y jamás podría ser integral y dirigida a la especificidad propia de tal actividad.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO.

El presente proyecto de ley está diseñado como una "ley marco", es decir un texto legal en el que se establecen las bases generales y la normativa esencial conforme a las cuales se regulará en el país lo relativo a la autorización, funcionamiento y fiscalización de las entidades que operen como Casinos de Juego y Salas de Bingo.

El texto de esta iniciativa se encuentra estructurado en seis Títulos, distribuidos en 50 artículos permanentes y dos disposiciones transitorias.

1. Normas Generales.

El Título I, contempla disposiciones de carácter general que corresponden, a su vez, a las ideas matrices de esta iniciativa de ley, en cuanto establece que el cuerpo legal tiene por objeto regular los juegos de azar que se realizan en el país por las entidades autorizadas, como asimismo lo concerniente al otorgamiento de permisos, funcionamiento y fiscalización de ellas.

Igualmente, se dispone que es atribución de la Administración - mediante los procedimientos y a través de los organismos que la propia ley prevé - determinar los requisitos y reglamentación bajo los cuales estos juegos y sus correspondientes sistemas de apuestas pueden ser autorizados y practicados.

Se establece, también, cuáles son las características generales de los juegos de azar que quedan comprendidos en normativa de esta ley; precisándose además que ellos corresponden solamente a las categorías de: ruleta, cartas, dados, máquinas con premio por suerte o azar ("tragamonedas") y bingo ("lotería familiar"). Al mismo tiempo, se aclara expresamente qué tipos de juegos quedan fuera del ámbito del presente cuerpo legal.

Por último, se consigna en este Título un conjunto de definiciones, referidas a importantes conceptos que, posteriormente, la propia ley en su texto va utilizando y aplicando; tales como "Juegos de Azar", "Casino de Juego", "Sala de Bingo", "Servicios Anexos", "Registro de Homologación", entre otros.

2. Juegos, Apuestas y Servicios Anexos.

En el Título II, se encuentran las disposiciones relativas al desarrollo de los juegos y apuestas, autorizados a practicarse en los casinos y salas de bingo, como también los servicios anexos que en tales entidades pueden ofrecerse.

Se consulta la existencia de un "Catálogo de Juegos", disponiéndose categóricamente que sólo los juegos de azar incorporados en éste podrán autorizarse y practicarse. A su vez, únicamente se permite que la respectiva entidad operadora explote directamente por si misma los juegos autorizados, prohibiéndose, a cualquier título, la entrega de su explotación a terceros. A la inversa, en lo que respecta a la prestación de los servicios anexos, se posibilita que éstos sí puedan ser ofrecidos mediante la intervención de terceros contratados por el operador.

El proyecto dispone, expresamente, que en los establecimientos autorizados como "Casinos de Juego", sólo podrán desarrollarse juegos que correspondan a las categorías de: ruleta, cartas, dados y máquinas con premio por suerte o azar. Mientras que en las "Salas de Bingo", únicamente se desarrollarán juegos correspondientes a las categorías de: bingo y máquinas con premio por suerte o azar. Por consiguiente, en el sistema adoptado, se consagra en forma clara y definida que las entidades que deseen operar este tipo de establecimientos, deberán optar por una de las dos alternativas de organización previstas: como Casino de Juego, o bien, como Sala de Bingo.

Con el objetivo de velar por la transparencia de la gestión, se establece que los operadores de casinos de juego y de salas de bingo, deberán llevar un registro diario de las recaudaciones brutas, por concepto de apuestas realizadas en el establecimiento.

Por otra parte, se hace una expresa mención de las personas a quienes se les prohíbe el ingreso a las salas de juego o su permanencia en ellas.

Sin perjuicio de las normas anteriores, y en concordancia con el carácter que tiene este cuerpo legal, se dispone además que, por la vía del reglamento, la autoridad regulará en forma específica lo relativo a la forma y monto de las apuestas, los procedimientos de control de los flujos de ingreso y egreso por los juegos, el funcionamiento de las salas de juego y labores de su personal, y la determinación de los servicios anexos que podrán prestarse en los establecimientos.

3. Establecimientos y Personal.

El Título III dispone que los establecimientos en que operen Casinos de Juego o Salas de Bingo, deberán tener como único destino la explotación de los juegos y de los servicios anexos incluidos en el denominado "permiso de operación", documento que contiene la autorización expresa otorgada por el organismo competente para desarrollar este tipo de actividades.

Tales establecimientos deberán ser de propiedad de la entidad operadora, o bien, tenidos en arriendo o comodato por ésta. En esta segunda alternativa, los respectivos contratos no podrán tener una duración inferior a la del correspondiente permiso de operación, y deberán ser otorgados por escritura pública y subinscritos al margen de la inscripción de dominio. Para el caso de un inmueble de propiedad del operador, se establece la prohibición de enajenarlo, hipotecarlo o gravarlo, mientras dure el permiso de operación, salvo autorización de la Comisión Nacional del Juego.

Se consagra, además, la obligación de efectuar inspecciones periódicas a los establecimientos por parte de la autoridad, y sin mediar previo aviso.

En cuanto al personal de casinos de juego y salas de bingo, se establecen en este Título los requisitos generales y las obligaciones para desempeñarse en ellos, los que son complementados en el reglamento. Se impide expresamente, por ejemplo, trabajar en esta actividad a los menores de edad y a los que hubieren sido condenados por delito común que merezca pena aflictiva.

A su vez, se establece para el citado personal la expresa prohibición de efectuar cualquier tipo de apuestas en los juegos que explote el establecimiento respectivo. Asimismo, se hace extensiva igual prohibición para determinadas personas, mencionadas en el artículo 15, en razón de tener relaciones de trabajo o de dirección en tales establecimientos, o tratarse de personal de la Comisión Nacional del Juego, fiscalizadores u otros funcionarios públicos o municipales.

4. Permisos de Operación.

Mediante el Título IV, se regula lo concerniente a la solicitud y requisitos exigidos para el Permiso de Operación de Casino de Juego o de Sala de Bingo.

a. Otorgamiento.

En su Párrafo 1º, se establece que sólo pueden optar a este permiso sociedades anónimas cerradas chilenas, sujetas al régimen de control de las sociedades anónimas abiertas, y que cumplan además con determinadas exigencias contempladas en los artículos 16 y 17; referidas, principalmente, al número y requisitos de los socios, normas sobre el capital social, transferencia de acciones, vigencia de la sociedad, y otras.

El objeto de estas sociedades sólo podrá ser la explotación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo; por lo tanto, una misma sociedad operadora no podrá obtener permiso de operación para más de un establecimiento.

La sociedad interesada debe presentar la solicitud de operación ante la Comisión Nacional del Juego, acompañando una serie de antecedentes específicos señalados en el artículo 18 del cuerpo legal. Se dispone además, que el procedimiento de tramitación de la solicitud como también la incorporación de otros antecedentes complementarios, serán regulados en el reglamento que al efecto se dictará.

La Comisión emitirá su pronunciamiento mediante resolución fundada. Para tal fin, deberá pedir la opinión del Gobierno Regional y de la Municipalidad correspondientes, como también de todo otro organismo de la Administración del Estado que considere pertinente.La resolución que conceda un permiso de operación deberá contener algunas menciones obligatorias, entre ellas, el plazo de vigencia del permiso, el que no podrá ser superior a diez años, sin perjuicio de las renovaciones del mismo cuando procedan.

El proyecto consagra expresamente el procedimiento para iniciar las actividades de explotación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo. En síntesis, establece que el operador tendrá el plazo máximo de un año, contado desde la publicación de la resolución que otorga el permiso, para iniciar la operación, salvo que antes del vencimiento hubiere obtenido de la Comisión una prórroga por razones fundadas. Vencido el plazo o su prórroga, sin haberse iniciado las actividades, se entenderá que el permiso de operación ha quedado sin efecto, quedando impedido el mismo solicitante de volver a pedirlo, sino hasta después de un año de vencido el plazo o su prórroga.

En todo caso, para iniciar la operación del establecimiento, el operador autorizado que se encuentre en condiciones de hacerlo deberá comunicarlo a la Comisión, la que dispondrá de 15 días hábiles para revisar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Al cabo de tal plazo, la autoridad expedirá un certificado en que conste dicho cumplimiento, el cual habilitará al operador para dar inicio a la explotación sin más trámite. Por el contrario, si la Comisión como resultado de su revisión formulare algunas observaciones, deberá dictar una resolución en que las consignará determinadamente y, una vez subsanadas por el operador, se efectuará una nueva revisión la que, de resultar favorable, dará derecho al operador a la obtención del certificado antes indicado, pudiendo iniciar desde ya sus actividades.

b. Extinción y Revocación.

En el Párrafo 2º de este mismo Título, se contienen las causales tanto de extinción como de revocación de los permisos de operación.

En lo tocante a la revocación, el texto pone de manifiesto su carácter estricto en la regulación de esta actividad, con el fin de velar debidamente por el resguardo de la moral, el orden social, la fe pública y la transparencia de su operación. En tal medida, en el artículo 25, se consultan 16 causales en virtud de las cuales la autoridad fiscalizadora puede proceder a la revocación de un permiso de operación; sin perjuicio de otros tipos de sanciones que por tales hechos en el mismo cuerpo legal se establecen.

Respecto a la aplicación de estas causales, en el proyecto se regula un procedimiento de reclamo ante la autoridad administrativa, contemplándose además un recurso superior ante la Corte de Apelaciones respectiva.

5. Supervigilancia y Fiscalización.

En el Título V, se crea el organismo público denominado "Comisión Nacional del Juego", con la misión de supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas, relativas a la generación, administración y explotación de los Casinos de Juego y las Salas de Bingo que operarán en el país. Se trata de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se vinculará con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.

En el Párrafo 1°, se señalan las funciones y atribuciones que legalmente le corresponden a este servicio, permitiéndosele convenir con otros servicios públicos y municipales, e incluso con privados, acciones específicas de fiscalización, conforme se determine en el reglamento.

En el Párrafo 2º se contempla su estructura y organización, como asimismo se establece su planta de personal. La autoridad máxima y jefe superior del servicio será el Comisionado Nacional del Juego, quien será nombrado directamente por el Presidente de la República y será de su exclusiva confianza.

En el artículo 35 del texto, se especifican las funciones y atribuciones de que estará dotado el Comisionado Nacional, otorgándosele, además de sus facultades propias, la de requerir a cualquier organismo, público o privado, para que ejerzan sus respectivas facultades fiscalizadoras sobre las entidades operadoras de casinos de juego o salas de bingo, en lo que les corresponda.

6. Infracciones y Sanciones.

El Título VI contiene las normas relativas a la fiscalización, las infracciones y sus correspondientes sanciones.

En su Párrafo 1º, se deja establecido que los inspectores o agentes de la Comisión Nacional del Juego tendrán la calidad de "ministros de fe", en el ejercicio de sus funciones, y que los hechos constatados por ellos, de los cuales deberán informar, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales y judiciales.

También se dispone que las sanciones por infracciones a esta ley o sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los funcionarios que el reglamento determine, pudiendo ordenarse además la suspensión del desarrollo de uno o más juegos o el cierre de salas de juego o servicios anexos.

No obstante, y con el objeto de evitar la comisión de abusos o actuaciones indebidas, el proyecto contiene una norma en virtud de la cual se establece que aquellos funcionarios que hayan aplicado sanciones, comprobadamente injustas o arbitrarias, serán a su vez sancionados con algunas de las medidas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos.

A través del Párrafo 2º, se regula lo relativo a las infracciones a esta normativa y las multas correspondientes. Se establece, en primer término, que aquellas infracciones que no tengan señalada una sanción específica, se penarán, con multa de una a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales. Se agrega, que será responsable de la multa la respectiva sociedad operadora y, subsidiariamente, sus directores, gerentes y apoderados.

Se contempla, asimismo, un procedimiento de reclamo en contra de la aplicación de multa. En primera instancia, ante el Comisionado Nacional del Juego y, posteriormente, mediante un recurso ante la justicia ordinaria, el cual se regirá por los trámites del procedimiento sumario.

Se establecen también determinadas sanciones especiales de multa, por infracciones que se cometan a distintas normas de esta ley, en las que pueden incurrir, ya sean las sociedades operadoras o sus directivos, o bien aquellas personas sobre quienes pesa prohibición de ingreso o prohibición de apostar en los establecimientos regidos por esta ley. En este último caso, la infracción constituirá, además, causal de terminación de contrato de trabajo o destitución, según corresponda.

A las infracciones anteriores se añaden otras, que si bien no tienen la entidad suficiente para ser sancionadas con un pena penal, revisten la suficiente gravedad como para que las multas que ahí se apliquen tengan montos superiores a las anteriormente expresadas.

Nos referimos a la manipulación, modificación o alteración de los implementos de juego, en perjuicio o en beneficio de jugadores u operadores; la utilización de máquinas o implementos de juegos no autorizados; la alteración maliciosa, la destrucción o inutilización de libros, registros y demás instrumentos en que conste la situación financiera o contable del operador, etc.

Se han tenido en vista los siguientes argumentos, lo suficientemente poderosos, como para negar sanción penal a las conductas a que se refiere el presente proyecto y que estén asociadas con los juegos de azar que aquí se describen:

En primer lugar, el mantenimiento de los juegos de azar o las loterías clandestinas como actividades susceptibles de sanción penal es más que discutible. No parece ser digno de un injusto punible el hecho de que los resultados de los juegos en que libre y voluntariamente intervienen personas estén determinados única y exclusivamente por el azar, es decir, el caso fortuito o la casualidad, porque ese carácter no desaparece con autorización legal alguna. Aún cuando el deseo de la autoridad sea prevenir las posibles actividades delictivas que se produzcan al amparo de juegos y loterías clandestinas, esta situación no basta para crear delitos, porque entonces el carácter intrínseco del juego no es el que define su sanción, sino la virtualidad que tenga para provocar agitación, agolpamiento y cobijar nuevas situaciones delictivas, cuestión que puede darse en juegos en los que predomine el azar, como también en aquellos en que el resultado dependa de la habilidad de los intervinientes o de cualquier otra circunstancia que no sea la suerte.

Si el legislador ha querido ver en la realización de estos juegos actividades ilícitas relacionadas que perturban la normalidad ciudadana, el orden, la seguridad y la economía públicos, es seguro que tales injustos absorberían, de alguna manera, el provocado por el juego. En efecto, si en los juegos de azar es posible visualizar o descubrir ciertas estratagemas, ardides, maquinaciones o alteraciones utilizado por sus autores o agentes destinadas a disminuir las probabilidades de obtener ganancias por parte de los intervinientes o aumentarlas para esos operadores (es decir, lo que por ejemplo, en España se llamaba usar medios fraudulentos para asegurar la suerte), nos encontraremos ciertamente frente al tipo de la estafa en la que se subsume el injusto del juego de azar, medio utilizado para el engaño. Si, por otro lado, lo que el legislador busca es impedir la alteración de libros, papeles, registros u otros antecedentes que posean los operadores de juegos o la utilización de máquinas o equipos no autorizados, cabe lo señalado en el párrafo anterior considerando la existencia de delitos asociados a la actividad tributaria o de sociedades que se superpongan y se apliquen con preferencia a algún eventual ilícito penal relacionado con los juegos de azar y, además, existe un amplísimo campo que puede ser ocupado por la actividad sancionadora de la acción administrativa que puede aplicarse para estos casos, sin necesidad de recurrir al procedimiento penal.

En segundo lugar, la ilicitud penal de la conducta del juego ilícito parece contrariar claramente las autorizaciones que el Estado entrega par la realización, más o menos, masiva de los juegos de azar y las apuestas mutuas que estos conllevan. Situaciones como estas han hecho que muchos países hayan reconsiderado o suprimido la inclusión de los juegos de azar como ilícitos penales. Así sucedió en España, en 1983, en medio de una gran reforma al Código Penal. Según Francisco Muñoz Conde "la prohibición misma es en sí muy cuestionable, sobre todo si se tiene en cuenta que algunos de estos juegos son fomentados por el Estado que hace de ellos lucrativos negocios".

En tercer lugar, y a mayor abundamiento, el proyecto de ley no ha querido modificar, por el momento las normas del párrafo 6º, del Título VI del Libro II del Código Penal, referidas a la represión de las actividades vinculadas al juego.

Por último, y corroborando lo señalado anteriormente, se ha considerado necesario explicitar que a las actividades de juegos de azar realizadas de conformidad a las normas de esta ley, no les será aplicable lo dispuesto en los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal.

7. Disposiciones Transitorias.

Mediante los artículos transitorios del proyecto de ley, se regula el "estatuto de transitoriedad" que se aplicará a los casinos de juego existentes a la fecha de vigencia de la presente ley y a las correspondientes concesiones que los amparan.

Así, se dispone que tales concesiones continuarán regidas, hasta el término de las mismas, por las respectivas leyes que las originaron, como asimismo por los correspondientes decretos alcaldicios y contratos de concesión. Prohibiéndose, a partir de la vigencia de esta ley, que cualquier concesión de casinos en actual operación pueda ser renovada o prorrogada.

Finalmente, se dispone que desde la fecha de término de las concesiones vigentes, por cualquier causa, deben entenderse derogadas todas las leyes y normas que hubieren autorizado la creación y explotación de casinos de juego en distintas ciudades del país.

En mérito de los antecedentes precedentemente expuestos, tengo el honor de someter a la consideración de esa H. Cámara de Diputados, para ser incluido en la actual Legislatura Ordinaria de Sesiones del H. Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º.- Los juegos de azar que esta ley establece, así como la autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de las entidades autorizadas para desarrollarlos, se regularán por las disposiciones siguientes y sus reglamentos.

Artículo 2º.- Corresponde a la Administración del Estado, en los términos previstos en la presente ley, la determinación de los requisitos y condiciones bajo los cuales los juegos de azar y sus apuestas asociadas pueden ser autorizados; la reglamentación general de los mismos y la competencia para la autorización y organización de las actividades específicas destinadas a hacer posible la práctica de aquéllos.

Los referidos juegos o actividades quedarán sometidos a las normas de la presente ley, con independencia de que predomine en ellos el grado de habilidad, destreza o maestría de los participantes, o sean exclusiva o primordialmente de suerte, envite o azar, y tanto si se desarrollan mediante la utilización de máquinas como si se llevan a cabo a través de la realización de actividades humanas.

Quedan únicamente excluidos del ámbito de aplicación de este cuerpo legal, los juegos o competiciones de puro pasatiempo o recreo, constitutivos de usos sociales de carácter tradicional o familiar que produzcan entre los jugadores transferencias de escasa importancia económica, siempre que no sean objeto de explotación lucrativa por los jugadores o por personas ajenas a ellos. La práctica de estos juegos y competiciones se entiende lícita, sin que se precise para ello autorización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la autoridad por razones distintas a la mera práctica del juego o por motivos de orden público.

Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

a) Juegos de Azar: aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la suerte, y que se encuentran señalados en el reglamento respectivo, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, máquinas con premio por suerte o azar y bingo.

b) Catálogo de Juegos: aquél en que se señalan los juegos que, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, máquinas con premio por suerte o azar y bingo, podrán desarrollarse en los casinos de juego y salas de bingo.

c) Casino de Juego: la entidad, también denominada "operador", habilitada para explotar los juegos de azar y los servicios anexos autorizados en el permiso de operación.

d) Sala de Bingo: la entidad, también denominada "operador", habilitada para explotar los juegos de bingo y máquinas con premio por suerte o azar, y los servicios anexos, autorizados en el permiso de operación.

e) Permiso de Operación: la autorización que otorga la autoridad encargada por esta ley, para explotar un Casino de Juego o una Sala de Bingo, incluidos las licencias de juego y los servicios anexos.

f) Licencia de explotación de juegos de azar: el permiso que otorga la autoridad competente, para explotar todos o algunos de los juegos de azar que la ley o sus reglamentos permiten; el que tendrá carácter de intransferible e inembargable.

g) Servicios Anexos: los servicios complementarios que debe ofrecer un operador, según se establezca en el permiso de operación, sea que se exploten directamente por aquél o por medio de un tercero, tales como: restaurante; bar; salas de espectáculos, de convenciones, de seminarios o de eventos similares; locales comerciales; y cambio de moneda extranjera.

h) Establecimiento: el edificio, cerrado, destinado exclusivamente a la operación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo y sólo dentro del cual se desarrollarán los juegos autorizados, se recibirán las apuestas y se pagarán los premios correspondientes.

i) Sala de Juego: cada una de las dependencias de un establecimiento en donde se desarrollan los juegos de azar autorizados.

j) Personal del Casino: las personas que prestan servicios permanentes en cualquier dependencia del establecimiento de un Casino de Juego o Sala de Bingo, sea que se desempeñen en las salas de juego o en los servicios anexos.

k) Autoridad Fiscalizadora: el organismo público encargado de fiscalizar la administración y explotación de los Casinos de Juego y Salas de Bingo en los términos previstos en la presente ley, denominada "Comisión Nacional del Juego", en adelante la "Comisión".

l) Registro de homologación: aquél que da cuenta de las máquinas y demás implementos necesarios para el desarrollo de los juegos de azar, autorizados para su uso en Chile en los casinos de juego y salas de bingo.

TITULO II

DE LOS JUEGOS, APUESTAS Y SERVICIOS ANEXOS

Artículo 4°.- Sólo se podrán desarrollar en el territorio nacional, y en las condiciones que esta ley y los reglamentos determinen, los juegos incorporados oficialmente en el Catálogo de Juegos y sólo dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, máquinas con premio por suerte o azar y bingo.

El catálogo, así como las altas y bajas en el mismo, se aprobará mediante decreto supremo del Presidente de la República, que se dictará a través del Ministerio del Interior, a propuesta de la Comisión y será confeccionado con arreglo a los siguientes criterios:

a) La salvaguarda del orden público y la prevención de perjuicios a terceros.

b) La transparencia en el desarrollo de los juegos y el establecimiento de los mecanismos que permitan prever la ocurrencia de fraudes.

c) La factibilidad de llevar y controlar la contabilidad de todas las operaciones realizadas.

En el referido catálogo, y para cada juego de las diversas categorías, se especificará además lo siguiente:

1. Las distintas denominaciones con que sea conocido el respectivo juego y las modalidades aceptadas.

2. Los elementos necesarios para su desarrollo.

3. Las reglas aplicables.

4. Las condiciones y prohibiciones que se considere necesario imponer a su práctica.

Artículo 5°.- Los operadores sólo podrán explotar los juegos de azar que esta ley y sus reglamentos autoricen, y siempre que cuenten con la licencia para ello.

Los juegos de azar cuya licencia haya sido otorgada al operador, deberán ser explotados por éste en forma directa, quedando prohibida toda transferencia, arrendamiento, cesión o entrega de su explotación a terceros a cualquier título.

Los juegos de azar dentro de las distintas categorías a que se refiere esta ley y sus reglamentos, sólo se podrán autorizar y desarrollar en los establecimientos de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo que hayan obtenido el permiso de operación correspondiente, según se establece en las disposiciones siguientes.

En los Casinos de Juego, sólo podrán desarrollarse los juegos incorporados en el catálogo, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados y máquinas con premio por suerte o azar.

En las Salas de Bingo, sólo podrán desarrollarse los juegos incorporados en el catálogo, dentro de las categorías de bingo y máquinas con premio por suerte o azar.

Artículo 6º.- Los operadores sólo podrán utilizar las máquinas e implementos de juegos de azar que se encuentren previamente homologados e inscritos en el registro que al efecto llevará la Comisión.

Artículo 7º.- Las apuestas sólo se realizarán mediante fichas u otros instrumentos previamente autorizados, representativos de moneda de curso legal en Chile, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Bajo ninguna circunstancia el operador podrá otorgar crédito a los jugadores.

Las apuestas serán limitadas en su monto o sin límite, según se determine en el reglamento respectivo. Los operadores podrán establecer montos mínimos en las apuestas previa autorización de la Comisión. En todo caso, carecerán de todo valor las apuestas bajo palabra, así como toda forma de asociación de dos o más jugadores con el ánimo de sobrepasar los límites máximos en cada tipo de apuestas establecido en las distintas mesas de juego.

Sin perjuicio de las instrucciones que al efecto imparta la Comisión, los operadores llevarán un registro diario de la apertura y cierre de las mesas, y de las recaudaciones brutas por concepto de apuestas, por cada una de las mesas y de los juegos que se practiquen en el establecimiento. El reglamento establecerá los procedimientos de registro y control a que deberán ajustarse los operadores, para establecer los flujos de ingresos y egresos en cada día de funcionamiento de las salas de juego.

Artículo 8º.- El reglamento respectivo regulará el funcionamiento de las salas de juego y las funciones y responsabilidades del personal a cargo tanto de la dirección de las salas como del desarrollo de los juegos.

Artículo 9º.- No podrán ingresar a las salas de juego o permanecer en ellas:

- Los menores de edad;

- Las personas en manifiesto estado de ebriedad;

- Los que porten armas, con excepción de los funcionarios de Carabineros e Investigaciones, en el cumplimiento de sus funciones;

- Los que se encuentren bajo la influencia de drogas;

- Los privados de razón;

- Los que se encuentren en interdicción de administrar sus bienes;

- Los que provoquen desórdenes, perturben el normal desarrollo de los juegos o cometan irregularidades en la práctica de los mismos;

- Los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, y

- Los que, siendo requeridos, no puedan acreditar su identidad con la cédula de identidad correspondiente, en el caso de los chilenos o extranjeros residentes, o con el pasaporte o documento de identidad respectivo, en el caso de los demás extranjeros.

Será de responsabilidad de los servicios de admisión del establecimiento, velar por el cumplimiento de estas prohibiciones, sin perjuicio de las facultades de la Comisión.

Los operadores no podrán imponer otras condiciones o prohibiciones de admisión a las salas de juego, distintas de las establecidas en el presente artículo.

Artículo 10.- El reglamento de funcionamiento de las salas de juego establecerá los servicios anexos que pueden prestarse en los establecimientos de casinos de juego o salas de bingo. El permiso de operación señalará aquellos servicios anexos que necesariamente deberán prestarse por el respectivo operador.

El operador podrá contratar con terceros la prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación, previa autorización de la Comisión, y conforme a las disposiciones que al efecto establezca el reglamento.

TITULO III

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EL PERSONAL

Artículo 11.- Los establecimientos en que operen los Casinos de Juego o las Salas de Bingo autorizados, tendrán como destino único la explotación de los juegos y de los servicios anexos incluidos en el permiso de operación.

Los juegos de azar y los servicios anexos se ubicarán en sectores diferenciados dentro del establecimiento, lugares que deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley, sin perjuicio de los generales o especiales exigidos por las demás leyes o reglamentos vigentes, aplicables a este tipo de locales y servicios.

Corresponderá a la Comisión fiscalizar que el establecimiento cumpla con los requisitos que establece la ley, los reglamentos y lo dispuesto en el permiso de operación.

Artículo 12.- Los establecimientos deberán ser de propiedad del operador o tenidos en arriendo o comodato por éste. En todo caso, la duración pactada del arrendamiento o del comodato deberá ser, a lo menos, igual al número de años por el cual se otorgó el permiso de operación.

Los contratos mencionados en el inciso anterior deberán ser otorgados por escritura pública y subinscribirse al margen de la inscripción de dominio del bien raíz.

Si el inmueble es de propiedad del operador, no podrá enajenarlo, hipotecarlo, ni someterlo a gravamen, mientras dure el permiso de operación, salvo con autorización de la Comisión. Esta limitación deberá inscribirse en el Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces competente.

Artículo 13.- El establecimiento podrá ser sometido a inspecciones periódicas por parte de la Comisión, las que podrán realizarse en cualquier momento y sin previo aviso, en la forma que dispongan los reglamentos. El operador deberá otorgar todas las facilidades que sean necesarias para efectuar dicha fiscalización.

Las inspecciones se efectuarán por la Comisión directamente o por intermedio de terceros, para cuyo efecto podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

Artículo 14.- El personal de Casino de Juego o de Sala de Bingo deberá poseer los requisitos de educación, solvencia económica y experiencia que el reglamento determine.

En todo caso, no podrán trabajar en dichos establecimientos los menores de edad, ni quienes hayan sido condenados por delito común que merezca pena aflictiva.

Artículo 15.- El personal de Casino de Juego o de Sala de Bingo no podrá, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos que explote el establecimiento.

La misma prohibición afectará a las siguientes personas:

a) Los que desempeñen funciones permanentes en cualquier dependencia del establecimiento;

b) Los socios, directores y gerentes de la sociedad operadora;

c) Los que administren o atiendan los servicios anexos;

d) El personal de la Comisión Nacional del Juego;

e) Los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, y

f) Cualquier persona que ejerza labores fiscalizadoras en los Casinos de Juego o en las Salas de Bingo.

La infracción de estas prohibiciones será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el título VI.

Sin perjuicio de lo dispuesto, si quienes infrinjan la prohibición son personas que estén ejerciendo labores fiscalizadoras en tales establecimientos, quedarán suspendidos de inmediato de tales labores.

TITULO IV

DEL PERMISO DE OPERACION

Párrafo 1º

Del otorgamiento

Artículo 16.- Podrán optar a permiso de operación para un Casino de Juego o una Sala de Bingo, sólo sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile, que se sujeten a las normas de control que rigen a las sociedades anónimas abiertas, según lo dispuesto en la ley N° 18.046, con las siguientes particularidades:

a) El objeto social será exclusivamente la explotación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo, en los términos previstos en la presente ley y sus reglamentos;

b) Sólo podrán constituirse y funcionar con un máximo de diez socios;

c) El capital social no podrá ser inferior al mínimo establecido por el reglamento, ni podrá disminuir durante la vigencia del permiso de operación. Si la sociedad hubiere sido constituida con un capital inferior al señalado, o éste disminuyera mientras se encuentre vigente el permiso, la Comisión ordenará enterar el referido capital mínimo dentro de un plazo de noventa días, expirado el cual sin que se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado, se tendrá por no presentada la solicitud o se revocará el permiso de operación, conforme a las reglas pertinentes;

d) El capital de la sociedad deberá estar íntegramente suscrito y pagado en un cincuenta por ciento, a lo menos, debiendo enterarse el saldo dentro de los seis meses siguientes a su constitución. Transcurrido el referido plazo sin haberse enterado dicho saldo, el capital de la sociedad se reducirá, de pleno derecho, al monto efectivamente suscrito y pagado, el que, en caso alguno, podrá ser inferior al mínimo a que se refiere la letra anterior.

Si reducido el capital social al monto efectivamente suscrito y pagado, éste fuere inferior al mínimo señalado, la Comisión ordenará el aumento del capital hasta completar al menos dicho capital mínimo en un plazo no superior a 90 días, y si así no ocurriere, se entenderá renunciada la solicitud;

e) Las acciones de la sociedad no podrán transferirse sin autorización de la Comisión y siempre que los nuevos socios cumplan, además, con los requisitos señalados en esta normativa;

f) Los accionistas no podrán constituir gravámenes ni otros derechos reales, distintos del dominio y en conformidad con lo señalado en esta ley, respecto de las acciones que posean en la sociedad operadora. Si una o más acciones pertenecieren conjuntamente a más de una persona, los codueños deberán designar un representante común ante la sociedad, el que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 17, y sin perjuicio de liquidar la comunidad dentro de los doce meses siguientes a su constitución, adjudicando las acciones que correspondan en la forma señalada en el reglamento;

g) La vigencia de la sociedad no podrá ser inferior al tiempo por el cual se solicita el permiso de operación o su renovación, y

h) El domicilio de la sociedad deberá corresponder al lugar en que se explotará el Casino de Juego o la Sala de Bingo cuya autorización de operación se solicita.

Artículo 17.- Los socios de las sociedades operadoras deberán ser personas naturales que no hayan sido condenadas por delito común que merezca pena aflictiva, cumplan con los antecedentes comerciales que el reglamento establezca, y puedan justificar el origen de los fondos que destinarán a la sociedad, lo cual, en todo caso, calificará la autoridad encargada de otorgar el permiso en conformidad a esta ley.

No podrán formar parte del directorio de la sociedad operadora, además de las personas comprendidas en las inhabilidades contempladas en la Ley N° 18.046, quienes no cumplan con los requisitos establecidos en el inciso anterior, en lo que corresponda.

Los socios y los directores de las entidades operadoras no podrán desempeñarse como gerentes de la sociedad. Tampoco estas personas podrán asumir ningún tipo de funciones en las salas de juego.

Artículo 18.- La solicitud de operación se presentará ante la Comisión Nacional del Juego y deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

a) La escritura social, y los demás antecedentes relativos a su constitución, así como los acuerdos de las juntas de accionistas y del directorio tendientes al perfeccionamiento de la sociedad, y aquellos en que consten los poderes de los gerentes y apoderados, que los autoricen para tramitar ante la Comisión las solicitudes de autorización de operación, licencias de juegos y servicios anexos que correspondan;

b) Los antecedentes personales y comerciales de los socios;

c) El proyecto o plan de operación y el plazo por el cual se solicita el permiso;

d) Los estudios presupuestarios y flujos financieros correspondientes;

e) Los instrumentos en que conste el dominio, o el arrendamiento o el comodato, relativos al inmueble en que funcionará el establecimiento, o las promesas de celebrar dichos contratos;

f) La ubicación y planos del establecimiento en que funcionará el Casino de Juego o la Sala de Bingo;

g) Los juegos de azar y servicios anexos que se pretende explotar;

h) Los estudios técnicos, comerciales y turísticos que el solicitante estime necesarios para mejor fundar la solicitud de operación, e

i) Los demás antecedentes que establezca el reglamento.

El procedimiento de tramitación de la solicitud de operación se regulará mediante reglamento que al efecto dictará el Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior.

Artículo 19.- La Comisión recabará la opinión del gobierno regional y municipalidad respectivos, sobre cada solicitud de operación, la cual deberá evacuarse dentro de 30 días.

La Comisión requerirá, además, los informes que estime pertinentes a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, para que emitan pronunciamiento sobre la viabilidad técnica, comercial y turística de la solicitud de operación, como asimismo para determinar la situación comercial y tributaria de los solicitantes. La Comisión podrá recabar, asimismo, cualquier otro informe o investigación que estime conveniente para mejor resolver, y requerir de los solicitantes cuantas aclaraciones e informaciones complementarias considere oportuno.

Artículo 20.- La resolución de la Comisión que otorgue o deniegue el permiso de operación de un Casino de Juego o una de Sala de Bingo, deberá ser fundada sobre la base de los estudios y antecedentes que obren en poder de la Comisión. En ningún caso se podrá otorgar un permiso de operación provisorio.

La resolución que otorgue el permiso de operación deberá publicarse en el Diario Oficial, por una vez y en extracto, dentro del plazo de 10 días a contar de su dictación.

Los permisos de operación tendrán la vigencia que establezca la resolución respectiva, la que podrá extenderse hasta un máximo de 10 años, salvo que el operador haya incurrido en alguna causal de terminación o revocación. Antes de su vencimiento, tales permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo al establecido para el otorgamiento de un permiso originario, pudiendo la Comisión, en este caso, abocarse simplemente a la verificación de la vigencia de los requisitos y la actualización de los antecedentes habilitantes.

Artículo 21.- La resolución que otorgue un permiso de operación deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:

a) Razón social, nombre de fantasía si lo hubiere, y capital de la sociedad, con indicación del porcentaje pagado y de los plazos en que deberá enterarse el porcentaje suscrito y no pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16;

b) Nombre y ubicación del Casino de Juego o la Sala de Bingo que se autoriza;

c) Plazo de vigencia del permiso de operación, y

d) Licencias de juego otorgadas y servicios anexos autorizados.

Artículo 22.- El operador deberá iniciar la operación del Casino de Juego o la Sala de Bingo dentro del plazo máximo de un año, contado desde la publicación de la resolución que otorga el permiso de operación, a menos que, antes de su vencimiento, el operador hubiere obtenido de la Comisión una prórroga, por razones fundadas.

Vencido el plazo original o la prórroga sin que las actividades se hayan iniciado, se entenderá que el permiso de operación ha quedado sin efecto, no pudiendo aquél solicitarse nuevamente por el mismo peticionario sino una vez transcurrido un año contado desde el vencimiento del plazo o de la prórroga, según corresponda.

En todo caso, no podrá iniciarse la operación parcial de un establecimiento. El operador que se encuentre en condiciones de dar inicio a las actividades de un Casino de Juego o una Sala de Bingo, deberá comunicar dicha circunstancia a la Comisión, la que dispondrá de 15 días hábiles para revisar el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del operador. Transcurrido el plazo señalado, la Comisión expedirá un certificado en el que conste dicho cumplimiento, documento que habilitará al operador para dar inicio a la explotación sin más trámite. Si la Comisión observare algunas materias, dictará una resolución en que las señalará circunstanciadamente. Resueltas las observaciones de la Comisión, el operador deberá solicitar una nueva revisión, y si no hubiere observaciones, la Comisión expedirá sin más trámite el certificado indicado y se podrá dar inicio a la explotación.

Artículo 23.- El permiso de operación habilitará la explotación del Casino de Juego o la Sala de Bingo expresamente comprendida en él y por el tiempo que la resolución establezca, no pudiendo invocarse este permiso para la habilitación y funcionamiento de otros establecimientos por el mismo operador, como tampoco para establecer sucursales del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el operador podrá solicitar la ampliación o reducción del número de licencias de juego otorgadas o servicios anexos autorizados, según el procedimiento establecido en el reglamento.

Párrafo 2°

De la extinción y revocación

Artículo 24.- El permiso de operación se extinguirá por alguna de las siguientes causales:

a) Vencimiento del plazo o de la renovación otorgada;

b) Renuncia del operador, en la forma y condiciones que determine el reglamento;

c) Disolución de la sociedad anónima operadora;

d) Quiebra del operador, y

e) Revocación.

Artículo 25.- El permiso de operación podrá ser revocado por cualquiera de las siguientes causales, sin perjuicio de las multas que sean procedentes:

a) Iniciar las operaciones del Casino de Juego o la Sala de Bingo sin contar con la certificación a que se refiere el artículo 22;

b) Infringir las normas sobre juegos contenidas en esta ley y sus reglamentos;

c) Suspender el funcionamiento de las salas de juego sin causa justificada;

d) Operar en un establecimiento no autorizado;

e) Explotar juegos no autorizados o prohibidos;

f) Transferir la propiedad o el uso del permiso de operación o de las licencias de juego otorgadas;

g) Explotar servicios anexos no autorizados en el permiso de operación;

h) Contratar con terceros la administración o prestación de los servicios anexos, sin contar previamente con la autorización correspondiente;

i) Introducir modificaciones sustanciales al establecimiento, sin contar previamente con la autorización de la Comisión;

j) Infringir gravemente las instrucciones que imparta la Comisión en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias;

k) Negar la información requerida por la Comisión en los plazos que ella determine, no suministrarla de acuerdo a las exigencias definidas por aquélla y, en general, obstaculizar las acciones de fiscalización;

l) Participar los socios, directores y gerentes de la sociedad operadora, por sí o por interpósita persona, en los juegos que se explotan en el establecimiento;

m) Utilizar máquinas o implementos de juego no comprendidos en el registro de homologación;

n) Incumplir el pago total o parcial de los premios provenientes de los juegos;

ñ) Disminuir, durante la vigencia del permiso de operación, el capital social mínimo establecido en el reglamento y no haber enterado este mínimo dentro del plazo de noventa días señalado en la letra c) del artículo 16, y

o) Cualquier otra infracción grave a la resolución que concedió el permiso, a juicio de la autoridad fiscalizadora.

Artículo 26.- La Comisión iniciará el procedimiento de revocación, cuando considere que existen antecedentes fundados en cuanto a que el operador ha incurrido en alguna causal de revocación del permiso de operación, en los términos previstos en el artículo anterior.

Para ello, dictará una resolución indicando la causal o causales en que el operador habría incurrido, señalando los antecedentes y fundamentos que las justifican.

La resolución deberá ser notificada al gerente del operador o a su apoderado, mediante carta notarial. En el caso que ninguno de ellos sea habido, se procederá a fijar la cédula que la contenga en la puerta del domicilio de la sociedad operadora.

El Comisionado Nacional del Juego podrá ordenar la paralización inmediata de las actividades del establecimiento, en la misma resolución que da comienzo al procedimiento de revocación.

Artículo 27.- El operador podrá efectuar los descargos que crea oportuno dentro del plazo de 15 días hábiles, acompañando los antecedentes que considere necesarios ante la Comisión Nacional del Juego.

Recibidos los descargos o transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior sin haberse éstos recepcionado, la Comisión procederá a resolver sin más trámite, dentro de los cinco días siguientes. Por motivos fundados la Comisión podrá ampliar este último plazo por una sola vez.

Artículo 28.- La resolución de revocación deberá ser fundada y se pronunciará sobre todos los puntos en que el operador haya sostenido su defensa.

Si el operador considera que la revocación de su permiso ha sido injustificada, podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva. La resolución de paralización de las actividades del establecimiento sólo podrá ser alzada por la misma Corte en la sentencia que anule la revocación, la que deberá ser fundada.

TITULO V

DE LA COMISION NACIONAL DEL JUEGO

Párrafo 1°

Naturaleza y funciones

Artículo 29.- Créase la "Comisión Nacional del Juego", organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su reglamento, la cual se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior.

Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que establezca en otras ciudades del país.

Artículo 30.- Corresponderá a la Comisión supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas, para la generación, administración y explotación de los casinos de juego y las salas de bingo que operen en el país.

Artículo 31.- La Comisión Nacional del Juego tendrá, en general, las siguientes funciones y atribuciones:

1. Conocer y resolver las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego y de salas de bingo, el otorgamiento de las licencias de explotación de juegos de azar y la autorización de servicios anexos; como asimismo, las renovaciones de tales permisos y la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos;

2. Fiscalizar las actividades de los casinos de juego y las salas de bingo, y sus sociedades operadoras, en los aspectos jurídicos, financieros y contables, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley y sus reglamentos;

3. Determinar los principios contables de carácter general, conforme a los cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial, sobre la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros;

4. Fiscalizar el desarrollo de los juegos, según las normas reglamentarias de los mismos, como también el correcto funcionamiento de las máquinas e implementos usados al efecto;

5. Autorizar al operador para contratar con terceros la administración y prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación;

6. Controlar el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes, que el reglamento respectivo determine, para las personas que desempeñen funciones en las salas de juego o en las demás dependencias del establecimiento;

7. Convenir con las municipalidades o con otros servicios de la Administración del Estado, e incluso con entidades privadas, la realización de acciones específicas de fiscalización de los casinos de juego o salas de bingo, conforme se establezca en el reglamento respectivo, y

8. Homologar las máquinas e implementos de juego que podrán utilizarse en los casinos de juego y en las salas de bingo, para cuyo efecto la Comisión mantendrá un registro actualizado. El reglamento determinará el procedimiento y los derechos de homologación.

Párrafo 2º

Del patrimonio

Artículo 32.- El patrimonio de la Comisión estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquieran a cualquier título;

c) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Servicio, y

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios.

e) Los demás que señale la ley.

Las donaciones en favor de la Comisión no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley 16.271.

Párrafo 3°

Estructura y organización

Artículo 33.- Un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de Comisionado Nacional del Juego, será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo, y las demás funciones y atribuciones que establezcan la ley y los reglamentos respectivos.

Artículo 34.- Establécese la siguiente planta de personal de la Comisión Nacional del Juego:

El Comisionado, mediante resolución interna, determinará las funciones y el personal adscrito a cada departamento o unidad.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá además contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios para asesorías, estudios o servicios determinados. También podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la Administración del Estado.

Artículo 35.- Corresponderá al Comisionado Nacional del Juego, especialmente:

1) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Comisión;

2) Establecer oficinas regionales cuando las necesidades del servicio así lo exijan;

3) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Comisión;

4) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del servicio. En ejercicio de estas facultades podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza;

5) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia;

6) Nombrar y remover al personal del servicio, de conformidad con las normas estatutarias;

7) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento;

8)Impartir instrucciones contables de carácter general, conforme a las cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial aquéllas que regulen la presentación de balances y estados de situación financiera de las entidades fiscalizadas, y la forma en que deberán llevar su contabilidad;

9) Requerir de los organismos del Estado los informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

10) Imponer las sanciones y multas que establecen la presente ley y demás disposiciones legales o reglamentarias;

11) Examinar, sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las entidades fiscalizadas; y requerir de sus representantes y personal en general, todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor inteligencia de las labores de fiscalización. Las mismas facultades tendrá el Comisionado respecto de los terceros que administren y presten servicios anexos en el establecimiento.

Salvo las excepciones autorizadas por el Comisionado mediante resolución, todos los libros, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el establecimiento del Casino de Juego o Sala de Bingo;

12) Realizar visitas inspectivas, directamente o por intermedio de sus inspectores o agentes, a las entidades sometidas a su fiscalización, con la frecuencia que estime conveniente;

13)Citar a cualquier persona que preste servicios en o para un Casino de Juego o Sala de Bingo, a prestar declaración bajo juramento, acerca de cualquier hecho o circunstancia cuyo conocimiento estimare necesario para esclarecer alguna operación de las entidades fiscalizadas o la conducta de su personal, y

14) Suspender, total o parcialmente, el funcionamiento de un Casino de Juego o una Sala de Bingo, cuando el operador no cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, de conformidad con el reglamento. El operador podrá solucionar los reparos en el plazo que al efecto determine el Comisionado.

Sin perjuicio de las funciones fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Comisionado tendrá, además, la facultad de requerir a cualquier organismo, para que ejerza, respecto de las entidades operadoras, sus facultades fiscalizadoras propias.

TITULO VI

DE LA FISCALIZACION, INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES

Párrafo 1°

De la Fiscalización

Artículo 36.- Los inspectores o agentes de la Comisión tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los referidos inspectores o agentes y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a cabo en cualquier momento, para lo cual el operador deberá otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los inspectores o agentes de la Comisión. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, el reglamento determinará, en lo demás, las modalidades que asumirá la función fiscalizadora y el alcance de la misma.

Artículo 37.- Las sanciones por infracciones a esta ley o sus reglamentos se aplicarán administrativamente por los funcionarios que se determine en el reglamento correspondiente, sin perjuicio de disponer la suspensión del desarrollo de uno o más juegos o el cierre de las salas de juego o de los servicios anexos, en los casos que señale el reglamento.

Artículo 38.- Los funcionarios respecto de quienes se acredite haber aplicado sanciones injustas o arbitrarias, atendido el mérito de los antecedentes que se reúnan en el procedimiento administrativo seguido en contra de la sociedad operadora, serán sancionados con algunas de las medidas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos.

Párrafo 2°

De las infracciones

Artículo 39.- Las infracciones a esta ley y sus reglamentos que no tengan señalada una sanción especial, serán penadas con multa a beneficio fiscal de una a cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, dentro de un período no superior a un año, estas multas se duplicarán.

Artículo 40.- Será responsable del pago de la multa la sociedad operadora del Casino de Juego o Sala de Bingo. Subsidiariamente, lo serán los directores, gerentes y apoderados que tengan facultades generales de administración.

Artículo 41.- Serán sancionados con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, los directores, gerentes y apoderados con facultades generales de administración que se opongan o impidan las labores de fiscalización de los inspectores o agentes de la Comisión.

La misma sanción se aplicará a las personas antes referidas, que se nieguen a proporcionar la información requerida por los inspectores o agentes en el cumplimiento de sus facultades fiscalizadoras u oculten los instrumentos en que conste dicha información.

Artículo 42.- Serán sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales los operadores de casinos de juego o salas de bingo que permitan el ingreso o la permanencia en las salas de juego de las personas indicadas en el artículo 9°.

Las personas cuyo ingreso o permanencia en las salas de juego se encuentra prohibido y que infringieren dicha prohibición, serán sancionadas con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales.

Artículo 43.- Serán sancionadas con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales las personas señaladas en las letras a), c), d), e) y f) del artículo 15, que infringieran la prohibición establecida en la misma disposición, sin perjuicio de que la infracción constituya además causal de terminación del contrato de trabajo o de destitución, según corresponda.

Las personas señaladas en la letra b) del artículo 15 que infringieren la respectiva prohibición, serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales. Igual multa se aplicará además a la sociedad operadora a la que pertenezca el infractor.

Artículo 44.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25, será sancionada con multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales, la sociedad operadora que explotare juegos no autorizados o prohibidos o servicios anexos no contemplados en el permiso de operación.

Artículo 45.- El que manipule, modifique o altere los implementos de los juegos o su desarrollo en perjuicio o beneficio de los jugadores o del operador, o quien sustituya el material con el que se juega con el mismo propósito, será sancionado con multa de 20 a 50 Unidades Tributarias Mensuales.

Si quien incurriere en las conductas señaladas, o quienes las permitieren, fueren los administradores de los establecimientos, los directores o gerentes de sociedades operadoras o los encargados de las salas de juego, serán sancionados con multa de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 46.- El que utilice máquinas o implementos de juego no autorizados, será sancionado con multa de 10 y hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales. Si como producto de esta conducta se haya causado perjuicio o beneficio a los jugadores, la sanción podrá llegar a las 60 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 47.- El que maliciosamente alterare, destruyere o inutilizare los libros, registros y demás instrumentos en que conste la situación financiera o contable de la sociedad operadora, será sancionado con multa de hasta 200 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 48.- El que maliciosamente alterare, destruyere o inutilizare los libros, registros y demás instrumentos en que deben asentarse los montos con que abren y cierran los juegos, será sancionado con multa de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 49.- Todas las infracciones anteriores se sancionarán sin perjuicio de la ocurrencia de delitos contra la fe pública, la propiedad, tributarios u otros que consigne la ley.

Artículo 50.- En los casos establecidos en los artículos 39, 42, 44, 45 a 49, aplicada la multa, la sociedad operadora podrá reclamarla ante el Comisionado dentro de los cinco días siguientes, haciendo valer todos los antecedentes de hecho y de derecho que fundamenten su reclamo. El Comisionado deberá resolver la reclamación dentro de los diez días siguientes de expirado el plazo para interponerla, quedando mientras tanto en suspenso el pago efectivo de la multa.

Desechada la reclamación, la sociedad operadora podrá recurrir ante el tribunal ordinario del domicilio de la sociedad, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que desechó el reclamo. El tribunal no podrá acoger a tramitación este recurso si no se acredita haberse consignado el valor de la multa. Acogido a tramitación, se regirá por las normas establecidas en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Si se acogiere el recurso, el tribunal dejará sin efecto la multa y ordenará la restitución de las sumas consignadas.

Rechazado el recurso quedará a firme la multa y se pondrán a disposición de la Comisión las sumas consignadas. Transcurrido el plazo sin que se hubiere interpuesto el recurso, la resolución del Comisionado tendrá mérito ejecutivo para su cobro.

Artículo 51.- A las actividades que se realicen de conformidad con esta ley, no les serán aplicables los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1°.- Los Casinos de Juego que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga por vencimiento del plazo o por cualquier otra causa anterior a dicho vencimiento, prohibiéndose cualquier prórroga o renovación de dicha concesión, parcial o total, a contar de la vigencia de la presente ley. Cualquier acto en contravención a esta prohibición será nulo absolutamente.

Artículo 2°.- Las leyes a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de casinos de juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes, y vigentes a la publicación de esta ley, se extingan por cualquier causa.".

Dios guarde a V.E.,

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

Presidente de la República

RAUL TRONCOSO CASTILLO

Ministro del Interior

EDUARDO ANINAT URETA

Ministro de Hacienda

?INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGOS Y SALAS DE BINGO.

BOLETÍN N° 2361-23-1

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HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión Especial para el Desarrollo del Turismo pasa a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de Casinos de Juegos y Salas de Bingo, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia calificada de “simple”.

A las sesiones que esta Comisión destinó al estudio de esta materia, asistieron el ex-Ministro del Interior, señor Raúl Troncoso Castillo; el ex-Subsecretario del Ministerio de Hacienda, señor Manuel Marfán; el ex-Director Nacional del Servicio Nacional de Turismo, señor César Gómez Viveros; el Ministro del Interior (S), señor Jorge Burgos Varela; el Jefe de la División Legislativa del Ministerio del Interior; señor Eduardo Pérez Contreras; el Asesor Jurídico del Ministerio del Interior, señor Rodrigo Cabello Moscoso; el Asesor Jurídico del Ministerio de Hacienda, señor Manuel Brito Viñales; el Jefe del Departamento de Técnica Tributaria del Servicio de Impuestos Internos, señor Juan Alberto Rojas B.; el Director Nacional del Servicio Nacional de Turismo, señor Oscar Santelices Altamirano; la Subdirectora del Servicio Nacional de Turismo, señora Vilma Rivas y el Abogado del Servicio Nacional de Turismo, señor Eduardo Baez.

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

a) Consideraciones preliminares.

La creación de casinos de juegos no ha sido en Chile el resultado de una política general y uniforme, con objetivos claros y coherentes, según lo demuestra la experiencia nacional e internacional. Una situación como la descrita ha impedido la generación en este rubro, de un sector empresarial dinámico, que haya significado una contribución relevante al desarrollo de la industria turística y de las localidades en las que estos establecimientos operan en la actualidad. Además, lo anterior ha dado pábulo a que la decisión de crear casinos en determinadas localidades se haya efectuado sin considerar criterios rigurosos desde una perspectiva empresarial y comercial.

Si bien tanto en Chile como en otros muchos países, no han cambiado sustancialmente las concepciones generales en torno a los juegos de azar y a sus posibles consecuencias sociales, no se puede desconocer, sin embargo, que los sistemas de prohibición absoluta históricamente han fracasado en la consecución de sus objetivos moralizadores y se han convertido, de hecho, en situaciones de tolerancia o de juego clandestino, con más peligros reales que los que se trataban de evitar y, además, en un ambiente de inseguridad jurídica.

El desarrollo de las pautas de comportamiento colectivo que se están produciendo en el país en torno al tema del juego y la contemplación de las experiencias positivas consagradas, en materia específica de juegos, en otros países, inducen a iniciar nuevos derroteros en este campo. Se busca asegurar con mayor eficacia el cumplimiento de los objetivos ineludibles de tutela y protección social que al Estado corresponde y al mismo tiempo lograr otras importantes finalidades complementarias de interés social y de defensa y fomento de los intereses fiscales, a través de la práctica regulada de los juegos y de la instauración de un sistema más progresivo de reglamentación uniforme sobre la materia y de control público de las actividades destinadas a hacer posible y normal la práctica de los mismos.

La proliferación de casinos en el mundo ha sido muy rápida en los últimos años. Las principales razones para este proceso de legalización y expansión del juego con apuestas, son el aporte que los casinos pueden hacer al desarrollo económico y a la recaudación fiscal, específicamente en su relación con el turismo, el cual ha venido creciendo con gran fuerza desde hace ya bastantes años. El entretenimiento en los casinos ha generado un aumento del turismo hacia los lugares donde ha sido implementado, pues son una oferta atractiva dentro del conjunto de actividades vinculadas a los tiempos de ocio. A la vez, muchas comunidades han descubierto los importantes flujos de dinero que pueden ser atraídos hacia ellas tanto por el aumento de la población flotante, con el mayor consumo de servicios asociados a éste, como por el aumento de la recaudación utilizable para fines de desarrollo.

Los casinos afectan positivamente la industria turística local aumentando el número habitual de visitantes y, por consiguiente, las tasas de ocupación de los hoteles. Como un ejemplo del aumento en el flujo turístico, se puede citar el caso de la ciudad norteamericana de Las Vegas, en la cual la tasa de crecimiento del flujo de turistas, que venía bajando (pese a ser siempre positiva) desde mediados de los años ochenta hasta llegar a un 5,4% en 1989, subió bruscamente a un 15,4%, en el año en que se inauguraron dos "mega" casinos.

En este contexto, cabe resaltar que subyace en el actual estilo de creación de casinos, la idea de que estos establecimientos constituyen un instrumento de impulso al desarrollo de las localidades en que se ubican y especialmente en ellas al turismo. Sin embargo, la información actualmente disponible sobre el funcionamiento de los casinos, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, demuestra que éstos sólo entregan una contribución a las localidades en que se ubican, cuando aquéllas ya poseen una demanda turística importante de cierto nivel de ingresos.

Es decir, los casinos ayudan a agregar más amenidades y con ello ofrecen una ocasión para el gasto de los turistas ya captados por otros atractivos del lugar, pero no pueden estos centros de juego concebirse como instrumentos impulsores en sí mismos del turismo y, con ello, del desarrollo local. Las únicas experiencias en este último sentido han sido excepcionales y corresponden a aquéllas en que se ha creado una amplia zona de operación de casinos, en la que éstos representan el principal rubro industrial de explotación, como sucede en el caso del estado de Nevada en Estados Unidos de Norteamérica y de Aruba en el Caribe.

b) Derecho comparado.

Las diversas legislaciones, tanto de países europeos como americanos, consagran entre sus normas de derecho positivo regulaciones en materias de casinos. De modo ilustrativo, se resumen en el presente Informe algunas de ellas.

España.- Desde el momento en que se promulgó el Real Decreto-ley 16/1977, el juego pasó a ser una actividad legal si se realizaba en los lugares y en las condiciones fijadas por la Administración. Por lo tanto, la intervención del Estado es positiva para el organizador o empresario y para el jugador.

Por otra parte, toda la regulación del juego tiene este carácter positivo cuando se trata de regular la relación entre la administración y los sujetos que organizan el juego, ya que al margen de ellas la actividad es constitutiva de delito y se pretende con la reglamentación alcanzar los objetivos a que se refiere el Preámbulo del Real Decreto-ley 16/1977, esto es:

“De tutela y de protección social, al mismo tiempo que se logran otras importantes finalidades complementarias de interés social y de defensa y fomento de los intereses fiscales además de dar impulso al sector turístico”.

"De las ganancias que se derivan de este negocio jurídico la Administración es partícipe ya que con independencia de los Tributos Estatales y Locales a que estén sometidas, con arreglo a la legislación vigente, las Sociedades o Empresa que desarrollan las actividades a que se refiere el referido Real Decreto. Ley, los Casinos y demás locales, instalaciones o recintos autorizados para el juego, quedarán sujetos a la tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, apuesta y combinaciones aleatorias”.

Así lo establece el artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977. Estas empresas no sólo tributarán el Impuesto de Sociedades, sino que para ellas se establece una fiscalidad especial por la actividad que realizan, cuya base imponible serán los ingresos que los Casinos obtengan procedentes del juego o las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en los juegos que tengan lugar en los distintos locales, instalaciones o recintos donde se celebren los juegos de suerte, envite o azar.

Perú.- El juego que se realiza en los casinos está normado por el Decreto-Ley N° 25836 y reglamentado por el D.S. 1-95-INTICI. De acuerdo a lo dispuesto por estas normas, la autorización para la explotación de los Casinos de Juego está a cargo del viceministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. El control y la supervisión están a cargo de la Comisión Nacional de Casinos de Juego, que está facultada para emitir directivas y sancionar los casos de incumplimiento de las normas respectivas. La Comisión está conformada por seis representantes, correspondiendo dos de ellos al Ministerio de Industria y un representante por cada una de las siguientes instituciones: Ministerio de Economía y Finanzas, Interior, de la Presidencia y la SUNAT.

En lo que respecta a las garantías para cuidar que la industria del juego esté libre de corrupción y de elementos criminales y para proteger los intereses ciudadanos, el Reglamento de Casinos de Juego es bastante claro. La citada norma señala en su artículo 5º quienes no pueden participar en la explotación de un casino de juego, en calidad de socios de una persona jurídica que ha obtenido la autorización para tal fin.

Sin embargo, para demostrar que no se encuentran dentro de las prohibiciones señaladas, las personas interesadas requieren presentar una declaración jurada. Asimismo, la Ley de Simplificación Administrativa complica el propósito final de garantizar la idoneidad moral de las personas que participan en la industria del juego, trasladando la verificación de tal condición de un momento anterior a uno posterior a la expedición de la licencia. Es este punto lo sustancialmente diferente a los requisitos para iniciar cualquier otra actividad.

Asimismo, el régimen tributario que se aplica a los casinos de juego es completamente diferente al que se aplica a otras actividades, tanto por los tributos aplicables como por el destino de lo recaudado.

Venezuela.- La ley para el control de los casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles, regula las actividades, el funcionamiento, el régimen de autorizaciones y sanciones concernientes a los Casinos, Salas de Bingo y a las Máquinas Traganíqueles, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 136 de la Constitución de la República.

La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, que tiene a su cargo la autorización y el control de las actividades objeto de la ley, está integrada por cinco miembros en representación de la Presidencia de la República, que la preside, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Consejo Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas, del Ministerio de Hacienda y por el organismo rector del Turismo.

En sus diversas disposiciones la ley desarrolla normas atinentes al régimen financiero de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, al régimen del personal de los mismos, a la autorización y apertura de los Casinos y Salas de Bingo, al funcionamientos de ellos y a las regalías y demás tributos causados por su operación, entre otras.

Argentina.- La ley sobre Explotación, Manejo y Administración de Juegos de Azar dispone que la explotación, manejo y administración de la lotería nacional y de los casinos y salas de juego de azar corresponderá a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, la que depende del Ministerio de Bienestar Social.

Dicho organismo, es administrado por un Presidente y un Vicepresidente, asistidos por una Junta de Administración integrada con los titulares de los sectores administrativos y de las diversas ramas de juego que explote.

Entre las facultades del Presidente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos se cuentan la de fijar derechos y tasas inherentes a las explotaciones a cargo del organismo, fijar el período de funcionamiento de los casinos, los horarios y el precio de las entradas, así como también los horarios de trabajo de la administración, aprobar los reglamentos de los distintos juegos de azar y los montos máximos y mínimos que deben regir las apuestas, entre otras.

Por otra parte, determina que el beneficio líquido que arroje la explotación de los casinos, deducido los gastos de administración se distribuirá en un 50% para ser destinado a la promoción y fomento de actividades deportivas y el saldo restante, después de deducido el importe de la retribución que debe entregarse a los gobiernos de las provincias donde funcionen casinos, quedará a disposición del Poder Ejecutivo para ser destinado a fines específicos que señala la propia ley, tales como obras de promoción y asistencia comunitaria, protección de la salud y fomento de la educación, entre otras.

c) Las normas actualmente vigentes.

Nuestra Constitución Política, en su artículo 60 N° 19 entrega como una materia de competencia legal aquella que dice relación con las regulaciones al funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general.

Por su parte, el Código Civil en sus artículos 1466 y 2258 a 2263 aborda los juegos de azar, disponiendo normas que los regulan.

No obstante, ha sido el propio legislador a través de diversos cuerpos legales el que ha consagrado la existencia de los casinos de juego, autorizando a algunas municipalidades para concesionar su explotación a particulares a través del mecanismo de propuestas públicas, constituyendo ingresos propios de ellas el producto del porcentaje de la utilidad de explotación del respectivo casino que el concesionario se obligue a pagar. Del mismo modo se las ha facultado para percibir el producto de las entradas a dichos recintos de juego.

d) Propuesta legislativa en materia de casinos.

Teniendo presente el tipo de demanda turística que concurre a los casinos nacionales, el proyecto de ley, que a través del presente mensaje se propone, busca crear un sector empresarial como un aporte a la industria turística, que profesionalice esta actividad. De ahí que reconozca al sector privado la iniciativa de crear casinos, siempre que pueda demostrarse la viabilidad técnica, comercial y de contribución al fortalecimiento del turismo existente en una localidad, la que por lo mismo debe ser escogida por los inversionistas interesados.

Con el propósito de conseguir el máximo desarrollo económico de la industria, debe asegurarse la competitividad de los diversos casinos. Con este fin, la legislación se orienta a establecer criterios que permitan que sólo los mejores operadores obtengan licencias; ellos serán aquellos que cumplan con los más altos estándares de experiencia e integridad financiera en un ámbito determinado. Por tanto, será deber de la autoridad dimensionar y evaluar tales capacidades, debiendo la ley, al efecto, dotar a la autoridad respectiva de las atribuciones necesarias para efectuar dicho examen.

Por otra parte, es menester imponer como requisito de funcionamiento que los operadores de casinos de juego se rijan por un sistema seguro y efectivo de controles internos. Esto es esencial para asegurar que las operaciones de tales casinos se mantengan honestas y que se paguen los tributos adecuados. La legislación de casinos debe exigir la inspección de toda la información que diga relación con los ingresos provenientes del juego por parte de los agentes autorizados por la entidad fiscalizadora que al efecto se crea en esta ley. Esta legislación, debe especificar que la contabilidad interna y los controles administrativos estén determinados por la Autoridad Fiscalizadora a partir de las mejores prácticas demostradas en la industria.

En atención a lo señalado, el Mensaje propone un proyecto de ley de carácter general, rompiendo de esta forma con el estilo tradicional de crear casinos en Chile, inspirado en una concepción casuística y monopólica del sector.

Por lo mismo, no se limita a priori el número de casinos que puedan existir en el país, pues ello implicaría la introducción de elementos ajenos a un adecuado proceso de decisión, de acuerdo a los criterios ya mencionados, y consolidaría una estructura monopólica de origen legal, o mejor dicho artificial, en el sector, ya que emanaría de una decisión estatal, a diferencia de lo que sucede con los llamados monopolios naturales.

En la doctrina nacional, se ha considerado que el mandato constitucional explícito de dictar normas generales, abstractas y básicas o principales comprendería, entre otras materias, las relativas a las apuestas en general, descritas en el artículo 60 N° 19 de la Constitución Política. Lo anterior, permite concluir que por mandato constitucional, una ley regulatoria del funcionamiento de las apuestas en los casinos de juego debería ser de carácter general y abstracto, contemplando las normas básicas sobre esta materia, sin que sea constitucionalmente válida la práctica de dejar en manos de las municipalidades la regulación de las mismas, a través de decretos alcaldicios y contratos de concesión, como ha sucedido hasta ahora.

Tampoco la norma constitucional se refiere a la necesidad de que las leyes que regulen el funcionamiento de apuestas, deban operar a través del sistema de concesiones y que sean las municipalidades las administradoras de las mismas; por el contrario, atribuirles a dichas corporaciones - atendida su naturaleza - la administración de cualquier sistema de apuestas, nada tiene que ver con el propósito y sentido con que las municipalidades existen y se desenvuelven en nuestro ordenamiento institucional.

En el sentido señalado, la iniciativa actualiza los bienes jurídicos protegidos que subyacen en la regulación del juego: la fe pública, la transparencia de la actividad, el rol fiscalizador que le compete al Estado, la igualdad ante la ley, la vigencia de una sana competencia, entre otros, que sólo pueden ser recogidos adecuadamente en una normativa de bases generales que regule la referida actividad.

Por otra parte, así como han surgido vertiginosamente en el mundo los casinos de juego, también han tenido un desarrollo muy dinámico las llamadas salas de bingo o lotería familiar, que constituyen un pasatiempo distinto de la concepción que inspira un casino propiamente tal. En efecto, el bingo se inserta en un nivel intermedio entre los juegos de mera recreación y los tradicionales de casinos, constituyendo una oferta de amplio espectro dirigida a un público no especializado en juegos de azar, al cual se le ofrece un tiempo de entretenimiento a través de un tipo de juego de azar no compulsivo y fácil de jugar, con un costo por jugada muy bajo y con el aliciente de premios moderados y controlados. Un atractivo adicional, con ocasión de la alta concurrencia de usuarios, lo constituye la conformación de un espacio de relaciones sociales en torno a la práctica de este juego, en un ambiente de seguridad, transparencia, comodidad y entretención.

El juego del bingo se practica y funciona exitosamente desde hace años, entre otros países, en España, Gran Bretaña, Portugal, U.S.A., Canadá y, dentro de Latinoamérica, en Brasil, Venezuela, Perú, Argentina. En este último país, es digno de destacar que en la provincia de Buenos Aires, con un área de influencia de alrededor de 12 millones de habitantes, están instaladas en la actualidad, aproximadamente, 25 salas de bingo.

Incluso en Chile, la práctica de este juego no es extraña. De hecho, en algunos de los actuales casinos del país también se ofrece y práctica, como uno más de los juegos que explotan tales establecimientos. No obstante lo anterior, el proyecto que se propone, siguiendo la experiencia internacional, ha optado por separar la práctica del juego de bingo en establecimientos distintos, atendida, precisamente, la diversa naturaleza tanto de este juego de azar como del tipo de público al que convoca.

Desde un punto de vista comercial, corresponde señalar que la instalación de salas de bingo demanda similares grados de inversión que la necesaria para instalar un casino y, desde un punto de vista técnico, adopta también gran rigurosidad tecnológica en el desarrollo y control del juego mismo.

Lo anterior, no hace más que justificar la necesidad de que las entidades cuyo objeto sea la explotación del bingo se sujeten también a requerimientos normativos similares a aquellos que el proyecto impone para la autorización, funcionamiento y fiscalización de los casinos de juego.

Finalmente, cabe exponer la manifiesta necesidad de crear una autoridad fiscalizadora ad hoc, que el proyecto ha denominado "Comisión Nacional del Juego", que asuma la representación del Estado, y su interés, en autorizar y fiscalizar la práctica excepcionalmente lícita de los juegos de azar en los Casinos de Juego y en las Salas de Bingo. Dicha Comisión tendrá el carácter de una superintendencia que, como tal, será un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual, siguiendo también la experiencia internacional, se vincularía con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio del Interior.

Es indudable que las especiales características de las entidades autorizadas a explotar los juegos de azar que la ley prevé, como también la particular connotación del juego como actividad comercial privada, así como los controles que tanto las entidades y el desarrollo de los juegos de azar requieren, justifican sobradamente el establecimiento de una autoridad fiscalizadora, especializada en este rubro comercial que se abre a la iniciativa privada. Sería un error asumir, a juicio del Ejecutivo, que los actuales organismos fiscalizadores del Estado bastarían para acometer, en lo que les corresponda, la fiscalización de esta nueva actividad, porque en tal hipótesis, dicha fiscalización sería siempre fragmentaria y parcelada, y jamás podría ser integral y dirigida a la especificidad propia de tal actividad.

e) Reseña legislativa de su tramitación.

El citado proyecto de ley fue ingresado a la Secretaría de la Corporación con fecha 6 de julio de 1999, siendo remitido para su conocimiento e Informe a la Comisión Especial para el Desarrollo del Turismo. Esta inició su estudio el 19 de julio del mismo año, prestándole su aprobación, en general y por unanimidad, el 3 de noviembre de 1999.

Durante su permanencia en esta Comisión, S.E. el Presidente de la República remitió, con fecha 14 de octubre de 1999 y 02 de agosto del año en curso diversas indicaciones al proyecto original.

II.- MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

El proyecto de ley en informe está diseñado como una "ley marco", es decir un texto legal en el que se establecen las bases generales y la normativa esencial conforme a las cuales se regulará en el país lo relativo a la autorización, funcionamiento y fiscalización de las entidades que operen como Casinos de Juego y Salas de Bingo.

El texto de esta iniciativa se encuentra estructurado en seis Títulos, distribuidos en 50 artículos permanentes y dos disposiciones transitorias.

El Título I, contempla disposiciones de carácter general que corresponden, a su vez, a las ideas matrices de esta iniciativa de ley, en cuanto establece que el cuerpo legal tiene por objeto regular los juegos de azar que se realizan en el país por las entidades autorizadas, como asimismo lo concerniente al otorgamiento de permisos, funcionamiento y fiscalización de ellas. Igualmente, se dispone que es atribución de la Administración - mediante los procedimientos y a través de los organismos que la propia ley prevé - determinar los requisitos y reglamentación bajo los cuales estos juegos y sus correspondientes sistemas de apuestas pueden ser autorizados y practicados. Se establece, también, cuáles son las características generales de los juegos de azar que quedan comprendidos en la normativa de esta ley, precisándose, además, que ellos corresponden solamente a las categorías de ruleta, cartas, dados, máquinas con premio por suerte o azar ("tragamonedas") y bingo ("lotería familiar"). Al mismo tiempo, se aclara expresamente qué tipos de juegos quedan fuera del ámbito del presente cuerpo legal. Por último, se consigna en este Título un conjunto de definiciones, referidas a importantes conceptos que, posteriormente, la propia ley en su texto va utilizando y aplicando, tales como "Juegos de Azar", "Casino de Juego", "Sala de Bingo", "Servicios Anexos", "Registro de Homologación", entre otros.

En el Título II, se encuentran las disposiciones relativas al desarrollo de los juegos y apuestas, autorizados a practicarse en los casinos y salas de bingo, como también los servicios anexos que en tales entidades pueden ofrecerse. Se consulta la existencia de un "Catálogo de Juegos", disponiéndose categóricamente que sólo los juegos de azar incorporados en éste podrán autorizarse y practicarse. A su vez, únicamente se permite que la respectiva entidad operadora explote directamente por si misma los juegos autorizados, prohibiéndose, a cualquier título, la entrega de su explotación a terceros. A la inversa, en lo que respecta a la prestación de los servicios anexos, se posibilita que éstos sí puedan ser ofrecidos mediante la intervención de terceros contratados por el operador. El proyecto dispone, expresamente, que en los establecimientos autorizados como "Casinos de Juego", sólo podrán desarrollarse juegos que correspondan a las categorías de ruleta, cartas, dados y máquinas con premio por suerte o azar. Mientras que en las "Salas de Bingo", únicamente se desarrollarán juegos correspondientes a las categorías de bingo y máquinas con premio por suerte o azar. Por consiguiente, en el sistema adoptado, se consagra en forma clara y definida que las entidades que deseen operar este tipo de establecimientos, deberán optar por una de las dos alternativas de organización previstas: como Casino de Juego, o bien, como Sala de Bingo.

Con el objetivo de velar por la transparencia de la gestión, se establece que los operadores de casinos de juego y de salas de bingo, deberán llevar un registro diario de las recaudaciones brutas, por concepto de apuestas realizadas en el establecimiento. Por otra parte, se hace una expresa mención de las personas a quienes se les prohíbe el ingreso a las salas de juego o su permanencia en ellas. Sin perjuicio de las normas anteriores, y en concordancia con el carácter que tiene este cuerpo legal, se dispone además que, por la vía del reglamento, la autoridad regulará en forma específica lo relativo a la forma y monto de las apuestas, los procedimientos de control de los flujos de ingreso y egreso por los juegos, el funcionamiento de las salas de juego y labores de su personal, y la determinación de los servicios anexos que podrán prestarse en los establecimientos.

El Título III dispone que los establecimientos en que operen Casinos de Juego o Salas de Bingo, deberán tener como único destino la explotación de los juegos y de los servicios anexos incluidos en el denominado "permiso de operación", documento que contiene la autorización expresa otorgada por el organismo competente para desarrollar este tipo de actividades. Tales establecimientos deberán ser de propiedad de la entidad operadora, o bien, tenidos en arriendo o comodato por ésta. En esta segunda alternativa, los respectivos contratos no podrán tener una duración inferior a la del correspondiente permiso de operación, y deberán ser otorgados por escritura pública y subinscritos al margen de la inscripción de dominio. Para el caso de un inmueble de propiedad del operador, se establece la prohibición de enajenarlo, hipotecarlo o gravarlo, mientras dure el permiso de operación, salvo autorización de la Comisión Nacional del Juego. Se consagra, además, la obligación de efectuar inspecciones periódicas a los establecimientos por parte de la autoridad, y sin mediar previo aviso.

En cuanto al personal de casinos de juego y salas de bingo, se establecen en este Título los requisitos generales y las obligaciones para desempeñarse en ellos, los que son complementados en el reglamento. Se impide expresamente, por ejemplo, trabajar en esta actividad a los menores de edad y a los que hubieren sido condenados por delito común que merezca pena aflictiva. A su vez, se establece para el citado personal la expresa prohibición de efectuar cualquier tipo de apuestas en los juegos que explote el establecimiento respectivo. Asimismo, se hace extensiva igual prohibición para determinadas personas, mencionadas en el artículo 15, en razón de tener relaciones de trabajo o de dirección en tales establecimientos, o tratarse de personal de la Comisión Nacional del Juego, fiscalizadores u otros funcionarios públicos o municipales.

Mediante el Título IV, se regula lo concerniente a la solicitud y requisitos exigidos para el Permiso de Operación de Casino de Juego o de Sala de Bingo.

En su Párrafo 1º, se establece que sólo pueden optar a este permiso sociedades anónimas cerradas chilenas, sujetas al régimen de control de las sociedades anónimas abiertas, y que cumplan además con determinadas exigencias contempladas en los artículos 16 y 17; referidas, principalmente, al número y requisitos de los socios, normas sobre el capital social, transferencia de acciones, vigencia de la sociedad, y otras. El objeto de estas sociedades sólo podrá ser la explotación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo; por lo tanto, una misma sociedad operadora no podrá obtener permiso de operación para más de un establecimiento. La sociedad interesada debe presentar la solicitud de operación ante la Comisión Nacional del Juego, acompañando una serie de antecedentes específicos señalados en el artículo 18 del cuerpo legal. Se dispone además, que el procedimiento de tramitación de la solicitud como también la incorporación de otros antecedentes complementarios, serán regulados en el reglamento que al efecto se dictará.

La Comisión emitirá su pronunciamiento mediante resolución fundada. Para tal fin, deberá pedir la opinión del Gobierno Regional y de la Municipalidad correspondientes, como también de todo otro organismo de la Administración del Estado que considere pertinente. La resolución que conceda un permiso de operación deberá contener algunas menciones obligatorias, entre ellas, el plazo de vigencia del permiso, el que no podrá ser superior a diez años, sin perjuicio de las renovaciones del mismo cuando procedan. El proyecto consagra, expresamente, el procedimiento para iniciar las actividades de explotación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo.

En síntesis, establece que el operador tendrá el plazo máximo de un año, contado desde la publicación de la resolución que otorga el permiso, para iniciar la operación, salvo que antes del vencimiento hubiere obtenido de la Comisión una prórroga por razones fundadas. Vencido el plazo o su prórroga, sin haberse iniciado las actividades, se entenderá que el permiso de operación ha quedado sin efecto, quedando impedido el mismo solicitante de volver a pedirlo, sino hasta después de un año de vencido el plazo o su prórroga.

En todo caso, para iniciar la operación del establecimiento, el operador autorizado que se encuentre en condiciones de hacerlo deberá comunicarlo a la Comisión, la que dispondrá de 15 días hábiles para revisar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Al cabo de tal plazo, la autoridad expedirá un certificado en que conste dicho cumplimiento, el cual habilitará al operador para dar inicio a la explotación sin más trámite. Por el contrario, si la Comisión como resultado de su revisión formulare algunas observaciones, deberá dictar una resolución en que las consignará determinadamente y, una vez subsanadas por el operador, se efectuará una nueva revisión la que, de resultar favorable, dará derecho al operador a la obtención del certificado antes indicado, pudiendo iniciar desde ya sus actividades.

En el Párrafo 2º de este mismo Título, se contienen las causales tanto de extinción como de revocación de los permisos de operación. En lo tocante a la revocación, el texto pone de manifiesto su carácter estricto en la regulación de esta actividad, con el fin de velar debidamente por el resguardo de la moral, el orden social, la fe pública y la transparencia de su operación. En tal medida, en el artículo 25, se consultan 16 causales en virtud de las cuales la autoridad fiscalizadora puede proceder a la revocación de un permiso de operación; sin perjuicio de otros tipos de sanciones que por tales hechos en el mismo cuerpo legal se establecen. Respecto a la aplicación de estas causales, en el proyecto se regula un procedimiento de reclamo ante la autoridad administrativa, contemplándose además un recurso superior ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En el Título V, se crea el organismo público denominado "Comisión Nacional del Juego", con la misión de supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas, relativas a la generación, administración y explotación de los Casinos de Juego y las Salas de Bingo que operarán en el país. Se trata de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se vinculará con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.

En el Párrafo 1°, se señalan las funciones y atribuciones que legalmente le corresponden a este servicio, permitiéndosele convenir con otros servicios públicos y municipales, e incluso con privados, acciones específicas de fiscalización, conforme se determine en el reglamento.

En el Párrafo 2º se contempla su estructura y organización, como asimismo se establece su planta de personal. La autoridad máxima y jefe superior del servicio será el Comisionado Nacional del Juego, quien será nombrado directamente por el Presidente de la República y será de su exclusiva confianza.

En el artículo 35 del texto, se especifican las funciones y atribuciones de que estará dotado el Comisionado Nacional, otorgándosele, además de sus facultades propias, la de requerir a cualquier organismo, público o privado, para que ejerzan sus respectivas facultades fiscalizadoras sobre las entidades operadoras de casinos de juego o salas de bingo, en lo que les corresponda.

El Título VI contiene las normas relativas a la fiscalización, las infracciones y sus correspondientes sanciones. Se deja establecido que los inspectores o agentes de la Comisión Nacional del Juego tendrán la calidad de "ministros de fe", en el ejercicio de sus funciones, y que los hechos constatados por ellos, de los cuales deberán informar, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales y judiciales. También se dispone que las sanciones por infracciones a esta ley o sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los funcionarios que el reglamento determine, pudiendo ordenarse además la suspensión del desarrollo de uno o más juegos o el cierre de salas de juego o servicios anexos. No obstante, y con el objeto de evitar la comisión de abusos o actuaciones indebidas, el proyecto contiene una norma en virtud de la cual se establece que aquellos funcionarios que hayan aplicado sanciones, comprobadamente injustas o arbitrarias, serán a su vez sancionados con algunas de las medidas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos.

A través del Párrafo 2º, se regula lo relativo a las infracciones a esta normativa y las multas correspondientes. Se establece, en primer término, que aquellas infracciones que no tengan señalada una sanción específica, se penarán, con multa de una a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales. Se agrega, que será responsable de la multa la respectiva sociedad operadora y, subsidiariamente, sus directores, gerentes y apoderados.

Se contempla, asimismo, un procedimiento de reclamo en contra de la aplicación de multa. En primera instancia, ante el Comisionado Nacional del Juego y, posteriormente, mediante un recurso ante la justicia ordinaria, el cual se regirá por los trámites del procedimiento sumario.

Se establecen también determinadas sanciones especiales de multa, por infracciones que se cometan a distintas normas de esta ley, en las que pueden incurrir, ya sean las sociedades operadoras o sus directivos, o bien aquellas personas sobre quienes pesa prohibición de ingreso o prohibición de apostar en los establecimientos regidos por ella. En este último caso, la infracción constituirá, además, causal de terminación de contrato de trabajo o destitución, según corresponda.

A las infracciones anteriores se añaden otras, que si bien no tienen la entidad suficiente para ser sancionadas con una pena penal, revisten la suficiente gravedad como para que las multas que ahí se apliquen tengan montos superiores a las anteriormente expresadas.

Ellas están referidas a la manipulación, modificación o alteración de los implementos de juego, en perjuicio o en beneficio de jugadores u operadores; la utilización de máquinas o implementos de juegos no autorizados; la alteración maliciosa, la destrucción o inutilización de libros, registros y demás instrumentos en que conste la situación financiera o contable del operador, etc.

Por último, se ha considerado necesario explicitar que a las actividades de juegos de azar realizadas de conformidad a las normas de esta ley, no les será aplicable lo dispuesto en los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal.

Mediante los artículos transitorios del proyecto de ley, se regula el "estatuto de transitoriedad" que se aplicará a los casinos de juego existentes a la fecha de vigencia de la presente ley y a las correspondientes concesiones que los amparan. Así, se dispone que tales concesiones continuarán regidas, hasta el término de las mismas, por las respectivas leyes que las originaron, como asimismo por los correspondientes decretos alcaldicios y contratos de concesión, prohibiéndose, a partir de la vigencia de esta ley, que cualquier concesión de casinos en actual operación pueda ser renovada o prorrogada. Finalmente, se dispone que desde la fecha de término de las concesiones vigentes, por cualquier causa, deben entenderse derogadas todas las leyes y normas que hubieren autorizado la creación y explotación de casinos de juego en distintas ciudades del país.

Con posterioridad, el Ejecutivo remitió a la Comisión, una indicación complementaria mediante la cual adicionó un Título nuevo que denominó “De la afectación” que regula los impuestos especiales que deberán pagar los contribuyentes que administren dichos establecimientos.

III.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGANICAS CONSTITUCIONALES O DE QUORUM CALIFICADO.

En el proyecto en informe no existen disposiciones que revistan el carácter de normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado.

IV.- DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISION.

A las sesiones que la Comisión destinó al estudio de este proyecto asistieron, además de sus miembros, los Diputados señores Alvarez-Salamanca Büchi, don Pedro Pablo; Correa de la Cerda, don Sergio; García García, don René Manuel; González Román, doña Rosa; Martínez Labbé, don Rosauro; Reyes Alvarado, don Víctor y Salas de la Fuente, don Edmundo.

Asimismo, concurrieron especialmente invitados, el señor Domingo Sánchez, Asesor del Programa de Asesoría Legislativa de la Corporación Tiempo 2000; la señora Paula Pinedo, Investigadora del Departamento de Estudios del Instituto Libertad y Desarrollo; el señor Arturo Castillo Chacón, Presidente de la Federación Gremial de Cámaras de Turismo de Chile; el señor Luís Alberto Reyes G., Director Secretario de la Federación de Turismo de Chile; don Federico Cumming, Vicepresidente de la Federación Gremial de Cámaras de Turismo de Chile y concesionario de los Casinos de Arica y Puerto Varas; don Antonio Martínez Segui, Concesionario, del Casino de Viña del Mar; don Antonio Martínez Ruíz, Asesor, del Casino de Viña del Mar; don Pierpaolo Zaccarelli, Gerente General, del Casino de Viña del Mar; don Luis Paredes Fierro, Alcalde de Arica; don Jorge Soria Quiroga, Alcalde de Iquique; don Miguel Cuadros Moreno, Administrador Municipal de Coquimbo; doña Claudia Abufon, abogada de la Municipalidad de Coquimbo; don Rodrigo González Torres, ex-Alcalde de Viña del Mar; don Eduardo Cerón Valenzuela, Alcalde de Puerto Varas; don Pedro Araya Ortíz, Alcalde de Antofagasta; don Carlos Leython Labarca, Alcalde de Pichilemu; don Washington Saldías González, Concejal de Pichilemu; doña Marta Elhers, Alcaldesa de Lo Barnechea; don Luis Aguilera Aguilera, Alcalde de Tomé; don Roberto Urrutia, Alcalde de Constitución; don Luis García Rojas, Alcalde de Cartagena; don Hector Ortiz Veas, Concejal de Chillán; don Carlos Labbé Correa, Alcalde de Machalí; doña Ximena Hidalgo Eskuche, asesora Jurídica de la Municipalidad de La Serena; don Miguel Chaparro Guzmán, Administrador Municipal de Pucón; don Pedro García Muñoz, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Pucón; don Ernesto Lo Carrasco, Director de SECOPLAC; don Carlos White Vogel, Contralor de la Municipalidad de Viña del Mar y doña Ivonne Betbeder Aguilar, Concejal de la Municipalidad de Viña del Mar.

Todos ellos hicieron valiosos aportes y entregaron opiniones y documentos sobre el tema que la Comisión tuvo en cuenta en sus debates, los que quedaron a disposición de sus Ssas. en las Actas de sus sesiones y en la Secretaría de ella.

V.- ARTICULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISION QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA.

Vuestra Comisión estimó que los preceptos contenidos en los artículos 32, 34, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, y 59 de este proyecto deben ser conocidos, reglamentariamente, por la Comisión de Hacienda.

VI.- DISCUSION GENERAL.

Al inicio de la discusión general del proyecto, el entonces Ministro del Interior, don Raúl Troncoso, expresó que el texto en informe propone una ley de carácter general, rompiendo de esta forma con el estilo tradicional de crear casinos en Chile, inspirado en una concepción casuística y monopólica del sector. Por lo mismo, no se limita a priori el número de casinos que puedan existir en el país, puesto que ello implica la introducción de elementos ajenos a un adecuado proceso de decisión, y consolida una estructura monopólica de origen legal, o mejor dicho artificial, en el sector, ya que emanaría de una decisión estatal, a diferencia de lo que sucede con los llamados monopolios naturales. Hasta el momento, agregó, nada serio puede argumentarse en el sentido que una estructura monopólica resulte necesaria para un desarrollo adecuado de la industria de los casinos. La información disponible señala exactamente lo contrario sobre este punto.

Señaló que, en la doctrina nacional, se ha considerado que el mandato constitucional explícito de dictar normas generales, abstractas y básicas o principales comprende, entre otras materias, las relativas a las apuestas en general, descritas en el artículo 60 Nº 19 de nuestra Constitución Política. Lo anterior permite concluir que, por mandato constitucional, una ley regulatoria del funcionamiento de las apuestas en los casinos de juego debe ser de carácter general y abstracto, contemplando las normas básicas sobre esta materia, sin que sea constitucionalmente válida la práctica de dejar en manos de las municipalidades la regulación de las mismas, a través de decretos alcaldicios y contratos de concesión, como ha sucedido hasta ahora.

Reiteró que, cuando el precepto constitucional pone al legislador en la necesidad de regular el funcionamiento está señalando, en suma, que el cuerpo legal regulatorio debe referirse a todos los aspectos básicos y generales que tienen que ver con la “puesta en obra” de un régimen jurídico abstracto de apuestas en casinos, o dicho de otra forma, todos los elementos básicos y generales que tienen que ver con la implementación de dicho régimen. De lo que se desprende que, a diferencia de lo que sucede hoy con las leyes que han creado casinos, como asimismo, las mociones para el establecimiento de otros nuevos, la ley que regule las apuestas en casinos de juego debe ir bastante más allá de la indicación de que se crea un casino en particular, de las instancias encargadas de supervigilar su operación, de la forma en que se distribuirán sus ingresos y del lugar en que podrán establecerse. En ninguna de las leyes existentes que regulan los actuales casinos en funcionamiento, como tampoco en las mociones que fueron presentadas, se contemplan normas de las características que la propia Constitución Política exige: generales y abstractas; por el contrario, se trata de leyes o mociones eminentemente casuísticas que se apartan, por lo mismo, del mandato constitucional. Tampoco la norma constitucional se refiere a la necesidad de que las leyes que regulen el funcionamiento de apuestas, deban operar a través del sistema de concesiones y que sean las municipalidades las administradoras de las mismas. Por el contrario, atendida la naturaleza de estas corporaciones, el asignarles a ellas la administración de cualquier sistema de apuestas, nada tiene que ver con el propósito y sentido con que las municipalidades existen y se desenvuelven en nuestro ordenamiento institucional.

En este sentido, señaló el ex–Ministro del Interior, esta iniciativa actualiza los bienes jurídicos protegidos que subyacen en la regulación del juego, a saber la fe pública, la transparencia de la actividad, el rol fiscalizador que le compete al Estado, la igualdad ante la ley, la vigencia de una sana competencia, entre otros; que sólo pueden ser recogidos adecuadamente en una normativa de bases generales que regule la referida actividad.

Al respecto, añadió que el Gobierno ha tenido en consideración para promover la iniciativa de ley en informe, las siguientes consideraciones: 1) Consagrar en nuestro país un sistema normativo común y único para la regulación de los Casinos de juego, fundamentalmente en lo relativo al procedimiento de autorización, régimen de funcionamiento y áreas de fiscalización. Señaló que, las actuales leyes particulares regulatorias de los siete casinos de juego hoy día existente en Chile, no son coincidentes ni comparten un mismo sistema de regulación, situación que ha implicado que este campo de actividad en el territorio nacional no se rija hoy par una legislación uniforme y de común aplicación. 2) Reconocer a los casinos de juego como una actividad empresarial más dentro del país, pero al mismo tiempo asumiendo sus particularidades propias, lo cual fundamenta la necesidad de la existencia de un sistema administrativo, en nivel central, para los efectos de la autorización de funcionamiento de los casinos de juego y la fiscalización de sus actividades. 3) Establecer una fiscalización formal e institucional de la actividad casinos de juego, mediante una instancia nacional encargada de la supervigilancia de la actividad en su conjunto, tal como existe en la mayoría de los países del mundo. Al efecto, destacó que en la actualidad la única fiscalización de los casinos de juego la efectúan las propias municipalidades concesionadoras, lo cual implica tener una fiscalización ad hoc para cada casino, cuya rigurosidad depende, en los hechos, de las áreas de control que a cada municipalidad le interese o le sea posible exigir. En este contexto, aparte del control financiero contable que se realiza, es razonable plantear dudas respecto de la idoneidad en la fiscalización del juego mismo por parte de los municipios y, en algunos casos, si ésta es efectivamente realizada. Asimismo, se busca que los municipios cumplan con su rol natural, terminando con la actual situación en que el funcionamiento de las apuestas y juegos en casinos, deba operar a través del sistema de concesiones con las municipalidades como administradoras de las mismas; por el contrario, atribuirles a dichas corporaciones - atendida su naturaleza - la administración de cualquier sistema de apuestas, nada tiene que ver con el propósito y sentido con que ellas existen y se desenvuelven en nuestro ordenamiento institucional. 4) Evitar la generación inorgánica de nuevos casinos de juego en determinadas comunas del país, impidiendo así la repetición y aumento de los mismos defectos, inconvenientes y carencias que afectan al sistema actual de establecimientos de juego. 5) Incorporar en el sistema de juegos y establecimientos regulados por esta normativa a las denominadas “Salas de Bingo” o lotería familiar, atendido a que la explotación de tales establecimientos implica requerimientos normativos similares a aquellos dirigidos a la autorización, funcionamiento y fiscalización de los casinos. 6) Cautelar la “fe pública” que subyace fuertemente en torno a la actividad casinos de juego, que se expresa, por ejemplo, en materias tan relevantes como que el juego constituye un ilícito especialmente excepcionado para esta actividad, eventual fuente de delitos de lavado de dinero, repercusiones en materias de orden público, etcétera. 7) Erradicar la concepción casi monopólica que ha adquirido la explotación de esta actividad en el país, provocada par la creación especifica de determinados establecimientos de juego a través de leyes particulares, la cual ha impedido un desarrollo sano de la actividad. 8) Desarticular el surgimiento de establecimientos de juego clandestinos, motivado por la señalada concepción monopólica de la actividad; los cuales surgen aún en localidades en donde ya existen casinos autorizados, a causa del servicio ineficiente y poco atractivo que éstas prestan, precisamente, por ese amparo monopólico. 9) Permitir la incorporación de una nueva amenidad en aquellas localidades del país con una fuerte consolidación turística. Propósito plenamente plausible atendido el desarrollo persistente de la actividad turística y comercial que caracteriza hay en día a nuestro país, particularmente en ciertas zonas geográficas en donde existe un fuerte flujo de visitantes y turistas que demandan esta atracción, y 10) Ofrecer a las inversionistas, nacionales a extranjeros, la garantía de una plataforma legal y comercial clara, seria y transparente para el desarrollo de la actividad empresarial “casinos de juego’ en Chile, a la par con los países más desarrollados.

Asimismo, el ex-Subsecretario de Hacienda, señor Manuel Marfán, señaló que con la finalidad de permitir la adecuada aplicación de la normativa que contiene este proyecto de ley, ha sido necesario disponer en el Párrafo 30 del Título V de esta iniciativa, “Estructura y Organización” (artículos 33, 34 y 35), la creación de un servicio público que asuma la representación del Estado y fiscalice la práctica de los juegos de azar en los Casinos de Juego y en las Salas de Bingo.

La realización de esta clase de juegos es lícita sólo de manera excepcional, por lo que ha sido necesario establecer una regulación detallada e incluso contemplar disposiciones acerca de posibles infracciones en la aplicación concreta de estas actividades.

Agregó que, la nueva repartición, que llevará el nombre de Comisión Nacional del Juego, será dirigida por un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, a quien se asigna grado 1 de la Escala de Entidades Fiscalizadoras. Además del Comisionado Nacional del Juego, se establece en la planta de personal (artículo 34 del proyecto) dos Jefes de Departamento grado 2º Escala de Entidades Fiscalizadoras (E.F.), y ocho profesionales, cuatro de ellos con grado 4º E.F. y los otros cuatro con grado 5º E.F. Como se puede apreciar, agregó, se trata de una planta reducida, permitiéndose al Comisionado, mediante resolución interna, determinar las funciones y el personal adscrito a cada departamento o unidad. En atención a la limitada cantidad de personal de planta, se permite que, para el cumplimiento de sus funciones, pueda Ia Comisión contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios para asesorías, estudios o servicios determinados. Asimismo, eventualmente, podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la Administración del Estado. Las numerosas funciones y atribuciones que deberá desarrollar este servicio, detalladas en el artículo 35 del proyecto, justifican su creación y la calidad de entidad fiscalizadora que se le asigna. Hizo presente, asimismo, que el costo fiscal total anual, en régimen, alcanza la suma de $ 175.584 miles (ciento setenta y cinco millones quinientos ochenta y cuatro mil pesos).

A su vez, el entonces Director del Servicio Nacional del Turismo, señor César Gómez Viveros, señaló que el propósito del mensaje al formular una política general sobre casinos es del todo plausible, oportuna y conveniente. A su juicio poner término a la instalación casuística de casinos, terminar con los monopolios de las salas de juego y regular la actividad para hacerla competitiva y transparente es muy conveniente para el país, y, como se trata de una actividad económica relacionada estrechamente con el turismo es también positivo para éste.

Asimismo, señaló que el establecimiento de casinos en determinados puntos del territorio no es indiferente a la actividad turística puesto que se constituye en un elemento que en muchos casos facilita o mejora la competitividad del producto turístico nacional frente a otras ofertas.

Manifestó, que el sustraer de las municipalidades la competencia sobre los casinos de juego, sus concesiones, renovaciones y fiscalizaciones, es una decisión claramente positiva pues el actual sistema distrae a los municipios de su propio quehacer abandonando otras tareas que pudieran ser mucho más interesantes para la comunidad, entre ellas las pertinentes al desarrollo turístico local. Tanto el mensaje como el proyecto mismo se refieren a los casinos desde la perspectiva turística; sin embargo, acotó, el órgano del turismo carece de una competencia técnica expresa con respecto de los emplazamientos y condiciones de los casinos que se establezcan en lo sucesivo.

Por otra parte, expresó que es importante y conveniente la forma de resguardar el interés fiscal y el interés de los participantes del juego mediante la fiscalización que se propone, de esta manera se prestigia la actividad, se evitan las incertidumbres respecto de los elementos del juego de azar y se otorga certeza de que se trata de un juego limpio y con reglas que se cumplen.

Hizo presente que, en la Política Nacional de Turismo, aprobada en septiembre de 1998, por S.E. el Presidente de la República, se toca especialmente esta materia, tanto de la necesidad de una Ley Marco de Casinos de Juego, como del mejoramiento en la competitividad de las empresas turísticas, recogiendo la intención tenida en vista por el Servicio Nacional de Turismo al formular la mencionada política.

Tales argumentaciones fueron compartidas sucesivamente por las distintas autoridades gubernamentales que concurrieron, con posterioridad, a las sesiones de la Comisión a sostener el criterio del Ejecutivo.

Por su parte, algunos señores Diputados opinaron que el proyecto en Informe representa una contribución para desarrollar en el país una industria sólida de casinos de juego y salas de bingo, al establecer un régimen general que regule el rubro considerado como un gran cooperador en la expansión del turismo. A su vez, estimaron que el proyecto provee de la infraestructura legal básica para que en el país pueda diseñarse una política nacional coherente respecto de esta actividad.

Agregaron que un rasgo destacable del modelo adoptado por el proyecto es la opción que se hace para evitar la creación de monopolios u oligopolio en el sector, al no limitar a priori el número de establecimientos que pueden funcionar, evitándose con ello la creación de posiciones de privilegio a favor de los pocos escogidas.

No obstante señalar que la normativa contenida en el proyecto es bastante completa, otros señores Diputados creen que el enfoque correcto de una legislación sobre juegos de azar debe limitarse a establecer los requisitos legales, mínimos y objetivos para su instalación, y diseñar una autoridad fiscalizadora con las atribuciones suficientes para precaver apuestas fraudulentas y sin facultades discrecionales para decidir sobre el derecho a realizar una actividad económica.

Asimismo, expresaron que la actividad de la Comisión que se crea debiera consistir principalmente en el ejercicio de una labor de control técnico de los juegos que se desarrollan en los respectivos casinos y que les llamaba la atención que se propusiera al Ministerio del Interior como autoridad de la cual dependería esta Comisión.

En relación con este aspecto agregaron que el Mensaje no realiza mayores precisiones, limitándose a disponer que así ocurre en las legislaciones de otros países, fundamento cuestionable porque no por esa sola circunstancia se legitima la propuesta. El principio rector en materia de integración y dependencia institucional de organismos fiscalizadores, es que se lo trate de revestir de las mayores garantías de independencia e imparcialidad, al mismo tiempo que dotarlo de criterios técnicos adecuados para cumplir su cometido.

A juicio de ellos, el proyecto incurre precisamente en el error de establecer una relación institucional vinculada a la política y completamente desvinculada de los aspectos técnicos que debieran primar en organismos de esta índole.

Del mismo modo, estimaron que el proyecto define a los servicios anexos como aquellos servicios complementarios que debe ofrecer un operador, según se establezca en el respectivo permiso de operación, no pareciéndoles razonable limitar los negocios anexos a un casino que pudiera tener una persona. Lo único relevante, a juicio de ellos, es establecer que las salas de juego deben desarrollarse en un lugar físico independiente de los demás negocios que tenga el titular, pero no condicionar los negocios a la existencia de un casino. Lo relevante, agregaron, es que dentro de las sala de juego no se puedan desarrollar otras actividades que las expresamente autorizadas, pero no limitar el desarrollo de actividades conexas a ellas.

Por otra parte, estimaron que existen otras materias de que el proyecto carece y que podrían incorporarse, a saber: a) Recalcar que el ámbito de aplicación de la ley, comprende a todos los juegos de azar, y no sólo a los casinos y bingos, b) Consagrar la libertad de ingreso al desarrollo de esta actividad económica, c) Limitarse a establecer un control de contenido eminentemente técnico, de manera de poder precisar en la ley los requisitos que deben cumplir los juegos de azar, d) Reconocer la capacidad de los operadores de crear nuevas modalidades de juegos de azar, dentro del marco regulatorio y sujetos a la fiscalización de la autoridad.

Sometido a votación en general, el proyecto fue aprobado, por unanimidad.

VII.- SINTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACION GENERAL.

No hubo opiniones en tal sentido, al menos que se manifestaran en un voto diverso al adoptado en la discusión general.

VIII.- DISCUSION PARTICULAR.

Vuestra Comisión, en sus sesiones ordinarias celebradas los días miércoles 16 y 30 de agosto; 4 de octubre y 15 de noviembre del año en curso, sometió a discusión particular el proyecto de ley, adoptándose, por mayoría de votos y, en algunos casos que se señalan, por unanimidad, los siguientes acuerdos respecto de su articulado, el que se reproduce para una mejor comprensión:

No obstante, al iniciar la discusión, ella acordó, a indicación de la señora Prochelle, por unanimidad, encabezar el articulado del proyecto con un TITULO I denominado DE LOS CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO

Artículo 1º.-

Los juegos de azar que esta ley establece, así como la autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de las entidades autorizadas para desarrollarlos, se regularán por las disposiciones siguientes y sus reglamentos.

-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 1°.- La autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de los casinos de juego y salas de bingo, así como los juegos de azar que en ellos se desarrollen, se regularán por las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.".

-- Fue aprobada por unanimidad.

Artículo 2º.-

Corresponde a la Administración del Estado, en los términos previstos en la presente ley, la determinación de los requisitos y condiciones bajo los cuales los juegos de azar y sus apuestas asociadas pueden ser autorizados; la reglamentación general de los mismos y la competencia para la autorización y organización de las actividades específicas destinadas a hacer posible la práctica de aquéllos.

Los referidos juegos o actividades quedarán sometidos a las normas de la presente ley, con independencia de que predomine en ellos el grado de habilidad, destreza o maestría de los participantes, o sean exclusiva o primordialmente de suerte, envite o azar, y tanto si se desarrollan mediante la utilización de máquinas como si se llevan a cabo a través de la realización de actividades humanas.

Quedan únicamente excluidos del ámbito de aplicación de este cuerpo legal, los juegos o competiciones de puro pasatiempo o recreo, constitutivos de usos sociales de carácter tradicional o familiar que produzcan entre los jugadores transferencias de escasa importancia económica, siempre que no sean objeto de explotación lucrativa por los jugadores o por personas ajenas a ellos. La práctica de estos juegos y competiciones se entiende lícita, sin que se precise para ello autorización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la autoridad por razones distintas a la mera práctica del juego o por motivos de orden público.

-- S. E. el Presidente de la República formuló indicación para sustituirlo el siguiente:

"Artículo 2°.- Corresponde a la Administración del Estado, en los términos previstos en esta ley, la determinación de los requisitos y condiciones bajo los cuales los juegos de azar antes referidos y sus apuestas asociadas pueden ser autorizados y la reglamentación general de los mismos, como también la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlos.

Dichos juegos y apuestas quedarán sometidos a las normas del presente cuerpo legal, con independencia de que en ellos predomine el grado de habilidad o destreza de los participantes, o sean exclusiva o primordialmente de suerte, envite o azar, sea a través de medios mecánicos o por acción directa de las personas.".

-- Fue aprobada por unanimidad.

Artículo 3º.-

Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

a) Juegos de Azar: aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la suerte, y que se encuentran señalados en el reglamento respectivo, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, máquinas con premio por suerte o azar y bingo.

-- Se aprobó por unanimidad con la sola modificación, a propuesta del señor Urrutia, de cambiar de ubicación la palabra "bingo" situándola después de la expresión "dados".

b) Catálogo de Juegos: aquél en que se señalan los juegos que, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, máquinas con premio por suerte o azar y bingo, podrán desarrollarse en los casinos de juego y salas de bingo.

-- Se aprobó por unanimidad con la sola modificación, a propuesta del señor Urrutia, de cambiar de ubicación la palabra "bingo" situándola después de la expresión "dados".

c) Casino de Juego: la entidad, también denominada "operador", habilitada para explotar los juegos de azar y los servicios anexos autorizados en el permiso de operación.

-- Se aprobó por unanimidad con la sola modificación, a indicación del señor Bertolino, de intercalar la expresión "y/o bingo" después de la palabra "azar".

d) Sala de Bingo: la entidad, también denominada "operador", habilitada para explotar los juegos de bingo y máquinas con premio por suerte o azar, y los servicios anexos, autorizados en el permiso de operación.

-- Se aprobó por unanimidad con la sola modificación, a indicación de los señores Bertolino y Urrutia, de eliminar la expresión "y máquinas con premio por suerte o azar".

e) Permiso de Operación: la autorización que otorga la autoridad encargada por esta ley, para explotar un Casino de Juego o una Sala de Bingo, incluidos las licencias de juego y los servicios anexos.

-- Se aprobó por unanimidad.

f) Licencia de explotación de juegos de azar: el permiso que otorga la autoridad competente, para explotar todos o algunos de los juegos de azar que la ley o sus reglamentos permiten; el que tendrá carácter de intransferible e inembargable.

-- Se aprobó por unanimidad.

g) Servicios Anexos: los servicios complementarios que debe ofrecer un operador, según se establezca en el permiso de operación, sea que se exploten directamente por aquél o por medio de un tercero, tales como: restaurante; bar; salas de espectáculos, de convenciones, de seminarios o de eventos similares; locales comerciales; y cambio de moneda extranjera.

-- Se aprobó por unanimidad.

h) Establecimiento: el edificio, cerrado, destinado exclusivamente a la operación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo y sólo dentro del cual se desarrollarán los juegos autorizados, se recibirán las apuestas y se pagarán los premios correspondientes.

-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para sustituirla por la siguiente:

"h) Establecimiento: el inmueble, consistente en un recinto cerrado, destinado exclusivamente a la operación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo, en cuyo interior se desarrollarán sólo los juegos autorizados, se recibirán las apuestas, se pagarán los premios correspondientes y funcionarán los servicios anexos.".

-- Fue aprobada por unanimidad.

i) Sala de Juego: cada una de las dependencias de un establecimiento en donde se desarrollan los juegos de azar autorizados.

-- Fue aprobada por unanimidad.

j) Personal del Casino: las personas que prestan servicios permanentes en cualquier dependencia del establecimiento de un Casino de Juego o Sala de Bingo, sea que se desempeñen en las salas de juego o en los servicios anexos.

-- Fue aprobada por unanimidad.

k) Autoridad Fiscalizadora: el organismo público encargado de fiscalizar la administración y explotación de los Casinos de Juego y Salas de Bingo en los términos previstos en la presente ley, denominada "Comisión Nacional del Juego", en adelante la "Comisión".

-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para reemplazar, así como en todas las disposiciones del proyecto que la mantengan, la denominación "Comisión Nacional del Juego" por "Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo".

-- Fue aprobada por unanimidad.

l) Registro de homologación: aquél que da cuenta de las máquinas y demás implementos necesarios para el desarrollo de los juegos de azar, autorizados para su uso en Chile en los casinos de juego y salas de bingo.

-- Los señores Recondo y Bertolino formularon indicación para reemplazarla por la siguiente:

"l) Registro de homologación: la nómina e identificación de las máquinas y demás implementos expresamente autorizados por la autoridad fiscalizadora para el desarrollo de los juegos de azar en los casinos de juego y salas de bingo.

-- Fue aprobada por unanimidad.

TITULO II

DE LOS JUEGOS, APUESTAS Y SERVICIOS ANEXOS

Artículo 4°.-

Sólo se podrán desarrollar en el territorio nacional, y en las condiciones que esta ley y los reglamentos determinen, los juegos incorporados oficialmente en el Catálogo de Juegos y sólo dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, máquinas con premio por suerte o azar y bingo.

El catálogo, así como las altas y bajas en el mismo, se aprobará mediante decreto supremo del Presidente de la República, que se dictará a través del Ministerio del Interior, a propuesta de la Comisión y será confeccionado con arreglo a los siguientes criterios:

a) La salvaguarda del orden público y la prevención de perjuicios a terceros.

b) La transparencia en el desarrollo de los juegos y el establecimiento de los mecanismos que permitan prever la ocurrencia de fraudes.

c) La factibilidad de llevar y controlar la contabilidad de todas las operaciones realizadas.

En el referido catálogo, y para cada juego de las diversas categorías, se especificará además lo siguiente:

1. Las distintas denominaciones con que sea conocido el respectivo juego y las modalidades aceptadas.

2. Los elementos necesarios para su desarrollo.

3. Las reglas aplicables.

4. Las condiciones y prohibiciones que se considere necesario imponer a su práctica.

-- El señor Recondo formuló indicación para sustituir su inciso primero por el siguiente:

"Sólo se podrán desarrollar los juegos incorporados oficialmente en el Catálogo de Juegos y siempre que se sometan a las disposiciones que esta ley y los reglamentos determinen.".

-- Sometida a votación fue aprobada por 7 votos a favor y 1 en contra.

-- El señor Bertolino formuló indicación para reemplazar, en su inciso segundo, las expresiones "Ministerio del Interior" por "Ministerio respectivo" y "Comisión" por autoridad fiscalizadora".

-- Sometida a votación fue aprobada por 6 votos a favor y 2 en contra.

Artículo 5°.-

Los operadores sólo podrán explotar los juegos de azar que esta ley y sus reglamentos autoricen, y siempre que cuenten con la licencia para ello.

Los juegos de azar cuya licencia haya sido otorgada al operador, deberán ser explotados por éste en forma directa, quedando prohibida toda transferencia, arrendamiento, cesión o entrega de su explotación a terceros a cualquier título.

Los juegos de azar dentro de las distintas categorías a que se refiere esta ley y sus reglamentos, sólo se podrán autorizar y desarrollar en los establecimientos de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo que hayan obtenido el permiso de operación correspondiente, según se establece en las disposiciones siguientes.

En los Casinos de Juego, sólo podrán desarrollarse los juegos incorporados en el catálogo, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados y máquinas con premio por suerte o azar.

En las Salas de Bingo, sólo podrán desarrollarse los juegos incorporados en el catálogo, dentro de las categorías de bingo y máquinas con premio por suerte o azar.

-- Los señores Bertolino y Urrutia formularon indicación para suprimir, en su último inciso, las expresiones "y máquinas con premio por suerte o azar".

-- Sometida a votación fue aprobada por 6 votos a favor 1 en contra 1 una abstención.

Artículo 6º.-

Los operadores sólo podrán utilizar las máquinas e implementos de juegos de azar que se encuentren previamente homologados e inscritos en el registro que al efecto llevará la Comisión.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 7º.-

Las apuestas sólo se realizarán mediante fichas u otros instrumentos previamente autorizados, representativos de moneda de curso legal en Chile, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Bajo ninguna circunstancia el operador podrá otorgar crédito a los jugadores.

Las apuestas serán limitadas en su monto o sin límite, según se determine en el reglamento respectivo. Los operadores podrán establecer montos mínimos en las apuestas previa autorización de la Comisión. En todo caso, carecerán de todo valor las apuestas bajo palabra, así como toda forma de asociación de dos o más jugadores con el ánimo de sobrepasar los límites máximos en cada tipo de apuestas establecido en las distintas mesas de juego.

Sin perjuicio de las instrucciones que al efecto imparta la Comisión, los operadores llevarán un registro diario de la apertura y cierre de las mesas, y de las recaudaciones brutas por concepto de apuestas, por cada una de las mesas y de los juegos que se practiquen en el establecimiento. El reglamento establecerá los procedimientos de registro y control a que deberán ajustarse los operadores, para establecer los flujos de ingresos y egresos en cada día de funcionamiento de las salas de juego.

-- Los señores Bertolino, Recondo y Rojas formularon indicación para suprimir su inciso segundo y para eliminar en su inciso tercero la oración inicial "Sin perjuicio de las instrucciones que al efecto imparta la Comisión".

-- Fue aprobada por 5 votos a favor y 1 en contra.

Artículo 8º.-

El reglamento respectivo regulará el funcionamiento de las salas de juego y las funciones y responsabilidades del personal a cargo tanto de la dirección de las salas como del desarrollo de los juegos.

-- Fue aprobado por 4 votos a favor y 2 en contra.

Artículo 9º.-

No podrán ingresar a las salas de juego o permanecer en ellas:

- Los menores de edad;

- Las personas en manifiesto estado de ebriedad;

- Los que porten armas, con excepción de los funcionarios de Carabineros e Investigaciones, en el cumplimiento de sus funciones;

- Los que se encuentren bajo la influencia de drogas;

- Los privados de razón;

- Los que se encuentren en interdicción de administrar sus bienes;

- Los que provoquen desórdenes, perturben el normal desarrollo de los juegos o cometan irregularidades en la práctica de los mismos;

- Los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, y

- Los que, siendo requeridos, no puedan acreditar su identidad con la cédula de identidad correspondiente, en el caso de los chilenos o extranjeros residentes, o con el pasaporte o documento de identidad respectivo, en el caso de los demás extranjeros.

Será de responsabilidad de los servicios de admisión del establecimiento, velar por el cumplimiento de estas prohibiciones, sin perjuicio de las facultades de la Comisión.

Los operadores no podrán imponer otras condiciones o prohibiciones de admisión a las salas de juego, distintas de las establecidas en el presente artículo.

-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

"Será responsabilidad del operador, y en especial de las personas a cargo de la admisión al establecimiento, velar por el acatamiento de estas prohibiciones, sin perjuicio de las facultades pertinentes de la Comisión.".

-- Sometida a votación fue aprobada por 4 votos a favor y 1 en contra con el reemplazo, a indicación del señor Bertolino, de la palabra "Comisión" por la expresión "autoridad fiscalizadora".

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-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para incorporar a continuación del actual artículo 9°, el siguiente artículo 9° bis, nuevo:

"Artículo 9º bis.- No podrán, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en los Casinos de Juego o Salas de Bingo, las siguientes personas:

a) El personal de la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo;

b) Los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, y

c) Las personas que, por mandato o encargo de la Comisión, ejerzan labores fiscalizadoras en los Casinos de Juego o en las Salas de Bingo.

Igual prohibición afectará a toda otra persona que ejerza labores fiscalizadoras en un Casino de Juego o Sala de Bingo, mientras dure su cometido y respecto de los juegos que se desarrollen en ese establecimiento.

Si el que infringiere la prohibición antes señalada lo hace durante el ejercicio de una labor fiscalizadora, quedará de inmediato suspendido de dicha labor.

Lo dispuesto en este artículo, se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15.".

-- Fue aprobada por unanimidad, con la modificación, a indicación del señor Bertolino, de eliminar su letra a) y reemplazar la palabra "Comisión" por la expresión "autoridad fiscalizadora".

Artículo 10.-

El reglamento de funcionamiento de las salas de juego establecerá los servicios anexos que pueden prestarse en los establecimientos de casinos de juego o salas de bingo. El permiso de operación señalará aquellos servicios anexos que necesariamente deberán prestarse por el respectivo operador.

El operador podrá contratar con terceros la prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación, previa autorización de la Comisión, y conforme a las disposiciones que al efecto establezca el reglamento.

-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para suprimir, en su inciso primero, la frase "de funcionamiento de las salas de juego".

-- Sometida a votación fue aprobada por unanimidad.

TITULO III

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EL PERSONAL

Artículo 11.-

Los establecimientos en que operen los Casinos de Juego o las Salas de Bingo autorizados, tendrán como destino único la explotación de los juegos y de los servicios anexos incluidos en el permiso de operación.

Los juegos de azar y los servicios anexos se ubicarán en sectores diferenciados dentro del establecimiento, lugares que deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley, sin perjuicio de los generales o especiales exigidos por las demás leyes o reglamentos vigentes, aplicables a este tipo de locales y servicios.

Corresponderá a la Comisión fiscalizar que el establecimiento cumpla con los requisitos que establece la ley, los reglamentos y lo dispuesto en el permiso de operación.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 12.-

Los establecimientos deberán ser de propiedad del operador o tenidos en arriendo o comodato por éste. En todo caso, la duración pactada del arrendamiento o del comodato deberá ser, a lo menos, igual al número de años por el cual se otorgó el permiso de operación.

Los contratos mencionados en el inciso anterior deberán ser otorgados por escritura pública y subinscribirse al margen de la inscripción de dominio del bien raíz.

Si el inmueble es de propiedad del operador, no podrá enajenarlo, hipotecarlo, ni someterlo a gravamen, mientras dure el permiso de operación, salvo con autorización de la Comisión. Esta limitación deberá inscribirse en el Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces competente.

-- S. E. el Presidente de la República formuló indicación para suprimir, en el inciso tercero, la forma verbal "hipotecarlo" y la coma (,) que le sigue.

-- Fue aprobada por unanimidad.

Artículo 13.-

El establecimiento podrá ser sometido a inspecciones periódicas por parte de la Comisión, las que podrán realizarse en cualquier momento y sin previo aviso, en la forma que dispongan los reglamentos. El operador deberá otorgar todas las facilidades que sean necesarias para efectuar dicha fiscalización.

Las inspecciones se efectuarán por la Comisión directamente o por intermedio de terceros, para cuyo efecto podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para incorporar, en su inciso segundo, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración final: "Lo anterior, se entiende sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias de otros organismos fiscalizadores.".

-- Fue aprobada por unanimidad.

Artículo 14.-

El personal de Casino de Juego o de Sala de Bingo deberá poseer los requisitos de educación, solvencia económica y experiencia que el reglamento determine.

En todo caso, no podrán trabajar en dichos establecimientos los menores de edad, ni quienes hayan sido condenados por delito común que merezca pena aflictiva.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 15.-

El personal de Casino de Juego o de Sala de Bingo no podrá, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos que explote el establecimiento.

La misma prohibición afectará a las siguientes personas:

a) Los que desempeñen funciones permanentes en cualquier dependencia del establecimiento;

b) Los socios, directores y gerentes de la sociedad operadora;

c) Los que administren o atiendan los servicios anexos;

d) El personal de la Comisión Nacional del Juego;

e) Los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, y

f) Cualquier persona que ejerza labores fiscalizadoras en los Casinos de Juego o en las Salas de Bingo.

La infracción de estas prohibiciones será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el título VI.

Sin perjuicio de lo dispuesto, si quienes infrinjan la prohibición son personas que estén ejerciendo labores fiscalizadoras en tales establecimientos, quedarán suspendidos de inmediato de tales labores.

-- S.E. el presidente de la República formuló indicación para reemplazar sus incisos primero y segundo, por el siguiente y para suprimir su inciso final:

"El personal del Casino de Juego o de la Sala de Bingo no podrá, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en el establecimiento en que aquél se desempeña. Igual prohibición existirá respecto de los socios, directores o gerentes de la respectiva sociedad operadora y de quienes administren los servicios anexos del mismo establecimiento.".

-- Fue aprobada por unanimidad.

TITULO IV

DEL PERMISO DE OPERACION

Párrafo 1º

Del otorgamiento

Artículo 16.-

Podrán optar a permiso de operación para un Casino de Juego o una Sala de Bingo, sólo sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile, que se sujeten a las normas de control que rigen a las sociedades anónimas abiertas, según lo dispuesto en la ley N° 18.046, con las siguientes particularidades:

a) El objeto social será exclusivamente la explotación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo, en los términos previstos en la presente ley y sus reglamentos;

b) Sólo podrán constituirse y funcionar con un máximo de diez socios;

c) El capital social no podrá ser inferior al mínimo establecido por el reglamento, ni podrá disminuir durante la vigencia del permiso de operación. Si la sociedad hubiere sido constituida con un capital inferior al señalado, o éste disminuyera mientras se encuentre vigente el permiso, la Comisión ordenará enterar el referido capital mínimo dentro de un plazo de noventa días, expirado el cual sin que se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado, se tendrá por no presentada la solicitud o se revocará el permiso de operación, conforme a las reglas pertinentes;

d) El capital de la sociedad deberá estar íntegramente suscrito y pagado en un cincuenta por ciento, a lo menos, debiendo enterarse el saldo dentro de los seis meses siguientes a su constitución. Transcurrido el referido plazo sin haberse enterado dicho saldo, el capital de la sociedad se reducirá, de pleno derecho, al monto efectivamente suscrito y pagado, el que, en caso alguno, podrá ser inferior al mínimo a que se refiere la letra anterior.

Si reducido el capital social al monto efectivamente suscrito y pagado, éste fuere inferior al mínimo señalado, la Comisión ordenará el aumento del capital hasta completar al menos dicho capital mínimo en un plazo no superior a 90 días, y si así no ocurriere, se entenderá renunciada la solicitud;

e) Las acciones de la sociedad no podrán transferirse sin autorización de la Comisión y siempre que los nuevos socios cumplan, además, con los requisitos señalados en esta normativa;

f) Los accionistas no podrán constituir gravámenes ni otros derechos reales, distintos del dominio y en conformidad con lo señalado en esta ley, respecto de las acciones que posean en la sociedad operadora. Si una o más acciones pertenecieren conjuntamente a más de una persona, los codueños deberán designar un representante común ante la sociedad, el que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 17, y sin perjuicio de liquidar la comunidad dentro de los doce meses siguientes a su constitución, adjudicando las acciones que correspondan en la forma señalada en el reglamento;

g) La vigencia de la sociedad no podrá ser inferior al tiempo por el cual se solicita el permiso de operación o su renovación, y

h) El domicilio de la sociedad deberá corresponder al lugar en que se explotará el Casino de Juego o la Sala de Bingo cuya autorización de operación se solicita.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 17.-

Los socios de las sociedades operadoras deberán ser personas naturales que no hayan sido condenadas por delito común que merezca pena aflictiva, cumplan con los antecedentes comerciales que el reglamento establezca, y puedan justificar el origen de los fondos que destinarán a la sociedad, lo cual, en todo caso, calificará la autoridad encargada de otorgar el permiso en conformidad a esta ley.

No podrán formar parte del directorio de la sociedad operadora, además de las personas comprendidas en las inhabilidades contempladas en la Ley N° 18.046, quienes no cumplan con los requisitos establecidos en el inciso anterior, en lo que corresponda.

Los socios y los directores de las entidades operadoras no podrán desempeñarse como gerentes de la sociedad. Tampoco estas personas podrán asumir ningún tipo de funciones en las salas de juego.

-- Fue aprobado por unanimidad con la sola modificación, a propuesta de la señora Prochelle, de reemplazar, en su inciso primero, la palabra "calificará" por la expresión "verificará".

Artículo 18.-

La solicitud de operación se presentará ante la Comisión Nacional del Juego y deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

a) La escritura social, y los demás antecedentes relativos a su constitución, así como los acuerdos de las juntas de accionistas y del directorio tendientes al perfeccionamiento de la sociedad, y aquellos en que consten los poderes de los gerentes y apoderados, que los autoricen para tramitar ante la Comisión las solicitudes de autorización de operación, licencias de juegos y servicios anexos que correspondan;

b) Los antecedentes personales y comerciales de los socios;

c) El proyecto o plan de operación y el plazo por el cual se solicita el permiso;

d) Los estudios presupuestarios y flujos financieros correspondientes;

e) Los instrumentos en que conste el dominio, o el arrendamiento o el comodato, relativos al inmueble en que funcionará el establecimiento, o las promesas de celebrar dichos contratos;

f) La ubicación y planos del establecimiento en que funcionará el Casino de Juego o la Sala de Bingo;

g) Los juegos de azar y servicios anexos que se pretende explotar;

h) Los estudios técnicos, comerciales y turísticos que el solicitante estime necesarios para mejor fundar la solicitud de operación, e

i) Los demás antecedentes que establezca el reglamento.

El procedimiento de tramitación de la solicitud de operación se regulará mediante reglamento que al efecto dictará el Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior.

-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para eliminar en el encabezamiento, las palabras "Nacional del Juego, y". Asimismo, para reemplazar, en la letra h), la interjección "e", y la coma (,) que le antecede, por punto y coma (;), y para intercalar la siguiente letra i), nueva, pasando la actual a ser letra j):

"i) Un certificado, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, que de cuenta del hecho de encontrase al día la sociedad operadora y sus accionistas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y".

-- Fue aprobada por unanimidad.

Artículo 19.-

La Comisión recabará la opinión del gobierno regional y municipalidad respectivos, sobre cada solicitud de operación, la cual deberá evacuarse dentro de 30 días.

La Comisión requerirá, además, los informes que estime pertinentes a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, para que emitan pronunciamiento sobre la viabilidad técnica, comercial y turística de la solicitud de operación, como asimismo para determinar la situación comercial y tributaria de los solicitantes. La Comisión podrá recabar, asimismo, cualquier otro informe o investigación que estime conveniente para mejor resolver, y requerir de los solicitantes cuantas aclaraciones e informaciones complementarias considere oportuno.

-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 19.- Respecto de cada solicitud de operación que se presente, la Comisión deberá recabar la opinión del gobierno regional respectivo y de la municipalidad correspondiente a la comuna en donde se propone el funcionamiento del Casino de Juego o Sala de Bingo. Dichas opiniones serán evacuadas dentro del plazo de 30 días contado desde que son requeridas.

Asimismo, la Comisión requerirá especialmente del Servicio Nacional de Turismo, un informe técnico sobre el impacto y consideraciones turísticas del proyecto constitutivo de la solicitud de operación.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión requerirá, además, los informes que estime pertinentes a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, para que, dentro de la esfera de sus competencias, emitan pronunciamiento sobre los aspectos técnicos y financieros de la solicitud de operación, como asimismo para determinar la situación comercial de los solicitantes. La Comisión podrá recabar, asimismo, cualquier otro informe o investigación que estime conveniente para mejor resolver, y requerir de los solicitantes cuantas aclaraciones e informaciones complementarias considere oportuno.".

-- Fue aprobada por unanimidad con la sola modificación, a indicación de la señora Prochelle, de trasladar la última oración de su inciso primero como inciso final del mismo artículo, con el agregado de las expresiones "o informes" después de la palabra "opiniones".

Artículo 20.-

La resolución de la Comisión que otorgue o deniegue el permiso de operación de un Casino de Juego o una de Sala de Bingo, deberá ser fundada sobre la base de los estudios y antecedentes que obren en poder de la Comisión. En ningún caso se podrá otorgar un permiso de operación provisorio.

La resolución que otorgue el permiso de operación deberá publicarse en el Diario Oficial, por una vez y en extracto, dentro del plazo de 10 días a contar de su dictación.

Los permisos de operación tendrán la vigencia que establezca la resolución respectiva, la que podrá extenderse hasta un máximo de 10 años, salvo que el operador haya incurrido en alguna causal de terminación o revocación. Antes de su vencimiento, tales permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo al establecido para el otorgamiento de un permiso originario, pudiendo la Comisión, en este caso, abocarse simplemente a la verificación de la vigencia de los requisitos y la actualización de los antecedentes habilitantes.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 21.-

La resolución que otorgue un permiso de operación deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:

a) Razón social, nombre de fantasía si lo hubiere, y capital de la sociedad, con indicación del porcentaje pagado y de los plazos en que deberá enterarse el porcentaje suscrito y no pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16;

b) Nombre y ubicación del Casino de Juego o la Sala de Bingo que se autoriza;

c) Plazo de vigencia del permiso de operación, y

d) Licencias de juego otorgadas y servicios anexos autorizados.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 22.-

El operador deberá iniciar la operación del Casino de Juego o la Sala de Bingo dentro del plazo máximo de un año, contado desde la publicación de la resolución que otorga el permiso de operación, a menos que, antes de su vencimiento, el operador hubiere obtenido de la Comisión una prórroga, por razones fundadas.

Vencido el plazo original o la prórroga sin que las actividades se hayan iniciado, se entenderá que el permiso de operación ha quedado sin efecto, no pudiendo aquél solicitarse nuevamente por el mismo peticionario sino una vez transcurrido un año contado desde el vencimiento del plazo o de la prórroga, según corresponda.

En todo caso, no podrá iniciarse la operación parcial de un establecimiento. El operador que se encuentre en condiciones de dar inicio a las actividades de un Casino de Juego o una Sala de Bingo, deberá comunicar dicha circunstancia a la Comisión, la que dispondrá de 15 días hábiles para revisar el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del operador. Transcurrido el plazo señalado, la Comisión expedirá un certificado en el que conste dicho cumplimiento, documento que habilitará al operador para dar inicio a la explotación sin más trámite. Si la Comisión observare algunas materias, dictará una resolución en que las señalará circunstanciadamente. Resueltas las observaciones de la Comisión, el operador deberá solicitar una nueva revisión, y si no hubiere observaciones, la Comisión expedirá sin más trámite el certificado indicado y se podrá dar inicio a la explotación.

-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para reemplazar, en su inciso primero, la expresión "antes de su vencimiento" por "antes del vencimiento de dicho plazo" y para sustituir el inciso tercero por el siguiente:

"El operador que se encuentre en condiciones de iniciar la operación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo, deberá comunicarlo a la Comisión, la que dispondrá de 15 días hábiles para revisar el estricto cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias necesarias para iniciar tal operación. Verificado dicho cumplimiento, la Comisión expedirá un certificado en el que conste tal circunstancia, documento que habilitará para dar inicio a la operación. Si la Comisión observare algunas materias, las señalará expresamente mediante resolución. En este último caso, el operador deberá subsanar tales observaciones y solicitar una nueva revisión, con el objeto que la Comisión expida el certificado indicado y poder dar inicio a la operación. En ningún caso podrá iniciarse la operación parcial de un establecimiento.".

-- Fue aprobada por unanimidad.

Artículo 23.-

El permiso de operación habilitará la explotación del Casino de Juego o la Sala de Bingo expresamente comprendida en él y por el tiempo que la resolución establezca, no pudiendo invocarse este permiso para la habilitación y funcionamiento de otros establecimientos por el mismo operador, como tampoco para establecer sucursales del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el operador podrá solicitar la ampliación o reducción del número de licencias de juego otorgadas o servicios anexos autorizados, según el procedimiento establecido en el reglamento.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Párrafo 2°

De la extinción y revocación

Artículo 24.-

El permiso de operación se extinguirá por alguna de las siguientes causales:

a) Vencimiento del plazo o de la renovación otorgada;

b) Renuncia del operador, en la forma y condiciones que determine el reglamento;

c) Disolución de la sociedad anónima operadora;

d) Quiebra del operador, y

e) Revocación.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 25.-

El permiso de operación podrá ser revocado por cualquiera de las siguientes causales, sin perjuicio de las multas que sean procedentes:

a) Iniciar las operaciones del Casino de Juego o la Sala de Bingo sin contar con la certificación a que se refiere el artículo 22;

b) Infringir las normas sobre juegos contenidas en esta ley y sus reglamentos;

c) Suspender el funcionamiento de las salas de juego sin causa justificada;

d) Operar en un establecimiento no autorizado;

e) Explotar juegos no autorizados o prohibidos;

f) Transferir la propiedad o el uso del permiso de operación o de las licencias de juego otorgadas;

g) Explotar servicios anexos no autorizados en el permiso de operación;

h) Contratar con terceros la administración o prestación de los servicios anexos, sin contar previamente con la autorización correspondiente;

i) Introducir modificaciones sustanciales al establecimiento, sin contar previamente con la autorización de la Comisión;

j) Infringir gravemente las instrucciones que imparta la Comisión en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias;

k) Negar la información requerida por la Comisión en los plazos que ella determine, no suministrarla de acuerdo a las exigencias definidas por aquélla y, en general, obstaculizar las acciones de fiscalización;

l) Participar los socios, directores y gerentes de la sociedad operadora, por sí o por interpósita persona, en los juegos que se explotan en el establecimiento;

m) Utilizar máquinas o implementos de juego no comprendidos en el registro de homologación;

n) Incumplir el pago total o parcial de los premios provenientes de los juegos;

ñ) Disminuir, durante la vigencia del permiso de operación, el capital social mínimo establecido en el reglamento y no haber enterado este mínimo dentro del plazo de noventa días señalado en la letra c) del artículo 16, y

o) Cualquier otra infracción grave a la resolución que concedió el permiso, a juicio de la autoridad fiscalizadora.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 26.-

La Comisión iniciará el procedimiento de revocación, cuando considere que existen antecedentes fundados en cuanto a que el operador ha incurrido en alguna causal de revocación del permiso de operación, en los términos previstos en el artículo anterior.

Para ello, dictará una resolución indicando la causal o causales en que el operador habría incurrido, señalando los antecedentes y fundamentos que las justifican.

La resolución deberá ser notificada al gerente del operador o a su apoderado, mediante carta notarial. En el caso que ninguno de ellos sea habido, se procederá a fijar la cédula que la contenga en la puerta del domicilio de la sociedad operadora.

El Comisionado Nacional del Juego podrá ordenar la paralización inmediata de las actividades del establecimiento, en la misma resolución que da comienzo al procedimiento de revocación.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 27.-

El operador podrá efectuar los descargos que crea oportuno dentro del plazo de 15 días hábiles, acompañando los antecedentes que considere necesarios ante la Comisión Nacional del Juego.

Recibidos los descargos o transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior sin haberse éstos recepcionado, la Comisión procederá a resolver sin más trámite, dentro de los cinco días siguientes. Por motivos fundados la Comisión podrá ampliar este último plazo por una sola vez.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 28.-

La resolución de revocación deberá ser fundada y se pronunciará sobre todos los puntos en que el operador haya sostenido su defensa.

Si el operador considera que la revocación de su permiso ha sido injustificada, podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva. La resolución de paralización de las actividades del establecimiento sólo podrá ser alzada por la misma Corte en la sentencia que anule la revocación, la que deberá ser fundada.

-- Fue aprobado por unanimidad.

TITULO V

DE LA COMISION NACIONAL DEL JUEGO

Párrafo 1°

Naturaleza y funciones

Artículo 29.-

Créase la "Comisión Nacional del Juego", organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su reglamento, la cual se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior.

Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que establezca en otras ciudades del país.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 30.-

Corresponderá a la Comisión supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas, para la generación, administración y explotación de los casinos de juego y las salas de bingo que operen en el país.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 31.-

La Comisión Nacional del Juego tendrá, en general, las siguientes funciones y atribuciones:

1. Conocer y resolver las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego y de salas de bingo, el otorgamiento de las licencias de explotación de juegos de azar y la autorización de servicios anexos; como asimismo, las renovaciones de tales permisos y la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos;

2. Fiscalizar las actividades de los casinos de juego y las salas de bingo, y sus sociedades operadoras, en los aspectos jurídicos, financieros y contables, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley y sus reglamentos;

3. Determinar los principios contables de carácter general, conforme a los cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial, sobre la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros;

4. Fiscalizar el desarrollo de los juegos, según las normas reglamentarias de los mismos, como también el correcto funcionamiento de las máquinas e implementos usados al efecto;

5. Autorizar al operador para contratar con terceros la administración y prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación;

6. Controlar el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes, que el reglamento respectivo determine, para las personas que desempeñen funciones en las salas de juego o en las demás dependencias del establecimiento;

7. Convenir con las municipalidades o con otros servicios de la Administración del Estado, e incluso con entidades privadas, la realización de acciones específicas de fiscalización de los casinos de juego o salas de bingo, conforme se establezca en el reglamento respectivo, y

8. Homologar las máquinas e implementos de juego que podrán utilizarse en los casinos de juego y en las salas de bingo, para cuyo efecto la Comisión mantendrá un registro actualizado. El reglamento determinará el procedimiento y los derechos de homologación.

-- Fue aprobado por unanimidad, con la sola modificación, a indicación de la señora Prochelle, de intercalar, en su numeral 1°, entre las expresiones "resolver" y "las solicitudes", la expresión "dentro de 120 días", y la agregación de un numeral 9° nuevo del siguiente tenor:

"9. Propender en coordinación con SERNATUR, al desarrollo turístico del país.

Párrafo 2ºDel patrimonio

Artículo 32.-

El patrimonio de la Comisión estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquieran a cualquier título;

c) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Servicio, y

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios.

e) Los demás que señale la ley.

Las donaciones en favor de la Comisión no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley 16.271.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Párrafo 3°

Estructura y organización

Artículo 33.-

Un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de Comisionado Nacional del Juego, será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo, y las demás funciones y atribuciones que establezcan la ley y los reglamentos respectivos.

-- Sometido a votación fue aprobado por 4 votos a favor, 1 en contra y dos abstenciones.

Artículo 34.-

Establécese la siguiente planta de personal de la Comisión Nacional del Juego:

El Comisionado, mediante resolución interna, determinará las funciones y el personal adscrito a cada departamento o unidad.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá además contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios para asesorías, estudios o servicios determinados. También podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la Administración del Estado.

-- Sometido a votación fue aprobado por 4 votos a favor, 1 en contra y dos abstenciones.

Artículo 35.-

Corresponderá al Comisionado Nacional del Juego, especialmente:

1) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Comisión;

2) Establecer oficinas regionales cuando las necesidades del servicio así lo exijan;

3) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Comisión;

4) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del servicio. En ejercicio de estas facultades podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza;

5) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia;

6) Nombrar y remover al personal del servicio, de conformidad con las normas estatutarias;

7) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento;

8) Impartir instrucciones contables de carácter general, conforme a las cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial aquéllas que regulen la presentación de balances y estados de situación financiera de las entidades fiscalizadas, y la forma en que deberán llevar su contabilidad;

9) Requerir de los organismos del Estado los informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

10) Imponer las sanciones y multas que establecen la presente ley y demás disposiciones legales o reglamentarias;

11) Examinar, sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las entidades fiscalizadas; y requerir de sus representantes y personal en general, todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor inteligencia de las labores de fiscalización. Las mismas facultades tendrá el Comisionado respecto de los terceros que administren y presten servicios anexos en el establecimiento.

Salvo las excepciones autorizadas por el Comisionado mediante resolución, todos los libros, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el establecimiento del Casino de Juego o Sala de Bingo;

12) Realizar visitas inspectivas, directamente o por intermedio de sus inspectores o agentes, a las entidades sometidas a su fiscalización, con la frecuencia que estime conveniente;

13) Citar a cualquier persona que preste servicios en o para un Casino de Juego o Sala de Bingo, a prestar declaración bajo juramento, acerca de cualquier hecho o circunstancia cuyo conocimiento estimare necesario para esclarecer alguna operación de las entidades fiscalizadas o la conducta de su personal, y

14) Suspender, total o parcialmente, el funcionamiento de un Casino de Juego o una Sala de Bingo, cuando el operador no cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, de conformidad con el reglamento. El operador podrá solucionar los reparos en el plazo que al efecto determine el Comisionado.

Sin perjuicio de las funciones fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Comisionado tendrá, además, la facultad de requerir a cualquier organismo, para que ejerza, respecto de las entidades operadoras, sus facultades fiscalizadoras propias.

-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para agregar, en el numeral 10), a continuación de la palabra "reglamentarias", la frase "que regulen la actividad de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo", y para reemplazar su inciso final, por el siguiente:

"Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Comisionado deberá poner en conocimiento de los organismos pertinentes, los antecedentes de que disponga, para que éstos ejerzan las facultades fiscalizadoras que les sean propias.".

-- Fue aprobada por unanimidad.

-- La señora ¨Prochelle presentó indicación para agregar un nuevo numeral 15 del siguiente tenor:

"15. Propender en coordinación con SERNATUR, al desarrollo turístico del país.".

-- Fue aprobada por unanimidad.

TITULO VI

DE LA FISCALIZACION, INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES

Párrafo 1°

De la Fiscalización

Artículo 36.-

Los inspectores o agentes de la Comisión tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los referidos inspectores o agentes y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a cabo en cualquier momento, para lo cual el operador deberá otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los inspectores o agentes de la Comisión. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, el reglamento determinará, en lo demás, las modalidades que asumirá la función fiscalizadora y el alcance de la misma.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 37.-

Las sanciones por infracciones a esta ley o sus reglamentos se aplicarán administrativamente por los funcionarios que se determine en el reglamento correspondiente, sin perjuicio de disponer la suspensión del desarrollo de uno o más juegos o el cierre de las salas de juego o de los servicios anexos, en los casos que señale el reglamento.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 38.-

Los funcionarios respecto de quienes se acredite haber aplicado sanciones injustas o arbitrarias, atendido el mérito de los antecedentes que se reúnan en el procedimiento administrativo seguido en contra de la sociedad operadora, serán sancionados con algunas de las medidas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Párrafo 2°

De las infracciones

Artículo 39.-

Las infracciones a esta ley y sus reglamentos que no tengan señalada una sanción especial, serán penadas con multa a beneficio fiscal de una a cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, dentro de un período no superior a un año, estas multas se duplicarán.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 40.-

Será responsable del pago de la multa la sociedad operadora del Casino de Juego o Sala de Bingo. Subsidiariamente, lo serán los directores, gerentes y apoderados que tengan facultades generales de administración.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 41.-

Serán sancionados con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, los directores, gerentes y apoderados con facultades generales de administración que se opongan o impidan las labores de fiscalización de los inspectores o agentes de la Comisión.

La misma sanción se aplicará a las personas antes referidas, que se nieguen a proporcionar la información requerida por los inspectores o agentes en el cumplimiento de sus facultades fiscalizadoras u oculten los instrumentos en que conste dicha información.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 42.-

Serán sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales los operadores de casinos de juego o salas de bingo que permitan el ingreso o la permanencia en las salas de juego de las personas indicadas en el artículo 9°.

Las personas cuyo ingreso o permanencia en las salas de juego se encuentra prohibido y que infringieren dicha prohibición, serán sancionadas con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 43.-

Serán sancionadas con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales las personas señaladas en las letras a), c), d), e) y f) del artículo 15, que infringieran la prohibición establecida en la misma disposición, sin perjuicio de que la infracción constituya además causal de terminación del contrato de trabajo o de destitución, según corresponda.

Las personas señaladas en la letra b) del artículo 15 que infringieren la respectiva prohibición, serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales. Igual multa se aplicará además a la sociedad operadora a la que pertenezca el infractor.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 44.-

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25, será sancionada con multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales, la sociedad operadora que explotare juegos no autorizados o prohibidos o servicios anexos no contemplados en el permiso de operación.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 45.-

El que manipule, modifique o altere los implementos de los juegos o su desarrollo en perjuicio o beneficio de los jugadores o del operador, o quien sustituya el material con el que se juega con el mismo propósito, será sancionado con multa de 20 a 50 Unidades Tributarias Mensuales.

Si quien incurriere en las conductas señaladas, o quienes las permitieren, fueren los administradores de los establecimientos, los directores o gerentes de sociedades operadoras o los encargados de las salas de juego, serán sancionados con multa de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 46.-

El que utilice máquinas o implementos de juego no autorizados, será sancionado con multa de 10 y hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales. Si como producto de esta conducta se haya causado perjuicio o beneficio a los jugadores, la sanción podrá llegar a las 60 Unidades Tributarias Mensuales.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 47.-

El que maliciosamente alterare, destruyere o inutilizare los libros, registros y demás instrumentos en que conste la situación financiera o contable de la sociedad operadora, será sancionado con multa de hasta 200 Unidades Tributarias Mensuales.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 48.-

El que maliciosamente alterare, destruyere o inutilizare los libros, registros y demás instrumentos en que deben asentarse los montos con que abren y cierran los juegos, será sancionado con multa de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 49.-

Todas las infracciones anteriores se sancionarán sin perjuicio de la ocurrencia de delitos contra la fe pública, la propiedad, tributarios u otros que consigne la ley.

-- Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 50.-

En los casos establecidos en los artículos 39, 42, 44, 45 a 49, aplicada la multa, la sociedad operadora podrá reclamarla ante el Comisionado dentro de los cinco días siguientes, haciendo valer todos los antecedentes de hecho y de derecho que fundamenten su reclamo. El Comisionado deberá resolver la reclamación dentro de los diez días siguientes de expirado el plazo para interponerla, quedando mientras tanto en suspenso el pago efectivo de la multa.

Desechada la reclamación, la sociedad operadora podrá recurrir ante el tribunal ordinario del domicilio de la sociedad, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que desechó el reclamo. El tribunal no podrá acoger a tramitación este recurso si no se acredita haberse consignado el valor de la multa. Acogido a tramitación, se regirá por las normas establecidas en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Si se acogiere el recurso, el tribunal dejará sin efecto la multa y ordenará la restitución de las sumas consignadas.

Rechazado el recurso quedará a firme la multa y se pondrán a disposición de la Comisión las sumas consignadas. Transcurrido el plazo sin que se hubiere interpuesto el recurso, la resolución del Comisionado tendrá mérito ejecutivo para su cobro.

-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para reemplazar en su inciso primero la frase "en los artículos 39, 42, 44, 45 a 49" por la palabra "precedentemente".

-- Fue aprobada por unanimidad.

Artículo 51.-

A las actividades que se realicen de conformidad con esta ley, no les serán aplicables los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal.

-- Fue aprobado por unanimidad.

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-- S.E. el Presidente de la República formuló indicación para intercalar el siguiente TITULO VII, NUEVO:

De la afectación.

Artículo 52.- Sin perjuicio de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824, y en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el Decreto Ley N° 825, ambos de 1974, y demás establecidos en leyes especiales, los contribuyentes que administren, en la forma prescrita por esta ley, Casinos de Juego o Salas de Bingo o los servicios anexos a dichos casinos o salas, deberán pagar los impuestos especiales que se indican en los artículos siguientes.

Artículo 53.- Establécese un impuesto, de exclusivo beneficio fiscal de un monto equivalente al 0,07 de una unidad tributaria mensual, que se cobrará, en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juegos de los Casinos de Juego y Salas de Bingo que operen en el territorio nacional.

Este tributo tendrá la calidad de impuesto sujeto a retención y deberá ser ingresado a rentas generales de la Nación dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención, por los operadores de los Casinos de Juego o Salas de Bingo señalados en el inciso anterior.

Artículo 54.- Establécese un impuesto del 10%, que se determinará, recaudará y pagará, en conformidad a las reglas que se indican:

a) El impuesto se calculará sobre la base de la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados, durante el ejercicio respectivo;

b) El impuesto se declarará y pagará mensualmente, en el mismo plazo que el contribuyente tiene para efectuar pagos provisionales mensuales, establecido en artículo 84 letra a) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824, de 1974, y

c) Las sumas que los contribuyentes paguen por aplicación de las normas contenidas en este artículo, serán destinadas a incrementar, por el sólo ministerio de la ley, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se hubiere efectuado la declaración y pago correspondientes.

Artículo 55.- Los contribuyentes señalados en el artículo 52 pagarán, además de los tributos antes señalados, un impuesto del 10%, calculado en la forma establecida en el artículo anterior, el que se destinará a incrementar el Fondo Común Municipal, en el ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se hubiere declarado y pagado el impuesto.

Artículo 56.- Las sumas recaudadas en virtud de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se aplicarán, por las autoridades regionales y locales respectivamente, al financiamiento de obras de desarrollo.

Artículo 57.- La Tesorería General de la República deberá registrar separadamente los ingresos provenientes de los impuestos establecidos en los artículos 54 y 55, con el objeto de girar las sumas que correspondieren, en la oportunidad señalada por la ley, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional o al Fondo Común Municipal, según corresponda.

Artículo 58.- Los impuestos establecidos en los artículos precedentes se sujetarán en todo a lo dispuesto en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del Decreto Ley N° 830, de 1974, y serán administrados y fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos.

Artículo 59.- Deróganse los incisos tercero y cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.110.".

-- Fue aprobado por unanimidad

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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1°.-

Los Casinos de Juego que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga por vencimiento del plazo o por cualquier otra causa anterior a dicho vencimiento, prohibiéndose cualquier prórroga o renovación de dicha concesión, parcial o total, a contar de la vigencia de la presente ley. Cualquier acto en contravención a esta prohibición será nulo absolutamente.

-- Los señores Bertolino, Gutierrez y Urrutia formularon indicación para intercalar, después de la expresión "dicho vencimiento" la oración "permitiéndose prórrogas o renovaciones de dicha concesión que no puedan exceder el 31 de diciembre del 2015", y para suprimir las oraciones " prohibiéndose cualquier prórroga o renovación de dicha concesión, parcial o total, a contar de la vigencia de la presente ley. Cualquier acto en contravención a esta prohibición será nulo absolutamente."

-- Fue aprobada por unanimidad.

Artículo 2°.-

Las leyes a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de casinos de juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes, y vigentes a la publicación de esta ley, se extingan por cualquier causa.".

-- Fue aprobado por unanimidad.

IX.- ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISION.

-- De S. E. el Presidente de la República, para sustituir la letra l) del artículo 3º, por la siguiente:

l) Registro de Homologación: la nómina e identificación de las máquinas y demás implementos expresamente autorizados por la Comisión, para el desarrollo y explotación de los juegos de azar en los Casinos de Juego y Salas de Bingo del país.

-- De los Diputados señores Bertolino y Recondo, para reemplazar el artículo 8º, por el siguiente:

“El reglamento respectivo regulará el funcionamiento y desarrollo de los juegos”.

-- Del Diputado señor Recondo, para reemplazar el artículo 9º por el siguiente:

No podrán ingresar a las salas de juegos o permanecer en ellas:

a) Los menores de edad,

b) Las personas en evidente estado de alteración de conciencia o aquellas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o drogas.

c) Los que porten armas, con excepción de los funcionarios de Carabineros e Investigaciones, en el cumplimiento de sus funciones.

d) Los que pro su actitud evidencien que podrían amenazar la moral, la seguridad o tranquilidad de los demás usuarios o el normal desenvolvimiento de las actividades.

Será de responsabilidad de los servicios de admisión del establecimiento, velar por el cumplimiento de estas prohibiciones.

-- Del Diputado señor Urrutia, para reemplazar el inciso primero del artículo 10º, por el siguiente:

“El reglamento establecerá los servicios anexos básicos que debe prestarse en los establecimientos de Casinos de juego o Salas de bingo.”

-- Del Diputado señor Recondo, para suprimir el Artículo 10.

-- De S. E. el Presidente de la República, para sustituir el inciso primero del artículo 17, por el siguiente:

“Los socios de las sociedades operadoras deberán ser personas naturales que no hayan sido condenadas por delito común que merezca pena aflictiva, cumplan con los antecedentes comerciales que el reglamento establezca, y puedan justificar el origen de los fondos que destinarán a la sociedad, lo que para los efectos de esta ley calificará la autoridad encargada de otorgar el correspondiente permiso de operación.".

-- De S. E. el Presidente de la República, para reemplazar, en el inciso primero del artículo 17, la oración "lo cual, en todo caso, calificará la autoridad encargada de otorgar el permiso en conformidad a esta ley" por la frase: "lo que para los efectos de esta ley calificará la propia Comisión".

-- De S. E. el Presidente de la República, para eliminar, en el inciso segundo del artículo 19, las expresiones “y tributaria”.

X.- TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISION

Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que dará a conocer oportunamente la señora Diputada Informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación del siguiente proyecto de ley, en cuyo texto aparecen "con negrilla" las modificaciones introducidas por ésta al texto primitivo propuesto por el Ejecutivo:

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1º.- La autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de los casinos de juego y salas de bingo, así como los juegos de azar que en ellos se desarrollen, se regularán por las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.

Artículo 2º.- Corresponde a la Administración del Estado, en los términos previstos en esta ley, la determinación de los requisitos y condiciones bajo los cuales los juegos de azar antes referidos y sus apuestas asociadas pueden ser autorizados; y la reglamentación general de los mismos, como también la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlos.

Dichos juegos y apuestas quedarán sometidos a las normas del presente cuerpo legal, con independencia de que en ellos predomine el grado de habilidad o destreza de los participantes, o sean exclusiva o primordialmente de suerte, envite o azar, sea a través de medios mecánicos o por acción directa de las personas.

Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

a) Juegos de Azar: aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la suerte, y que se encuentran señalados en el reglamento respectivo, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, bingo máquinas con premio por suerte o azar.

b) Catálogo de Juegos: aquél en que se señalan los juegos que, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, bingo y máquinas con premio por suerte o azar, podrán desarrollarse en los casinos de juego y salas de bingo.

c) Casino de Juego: la entidad, también denominada "operador", habilitada para explotar los juegos de azar y/o bingo y los servicios anexos autorizados en el permiso de operación.

d) Sala de Bingo: la entidad, también denominada "operador", habilitada para explotar los juegos de bingo y los servicios anexos, autorizados en el permiso de operación.

e) Permiso de Operación: la autorización que otorga la autoridad encargada por esta ley, para explotar un Casino de Juego o una Sala de Bingo, incluidos las licencias de juego y los servicios anexos.

f) Licencia de explotación de juegos de azar: el permiso que otorga la autoridad competente, para explotar todos o algunos de los juegos de azar que la ley o sus reglamentos permiten; el que tendrá carácter de intransferible e inembargable.

g) Servicios Anexos: los servicios complementarios que debe ofrecer un operador, según se establezca en el permiso de operación, sea que se exploten directamente por aquél o por medio de un tercero, tales como: restaurante; bar; salas de espectáculos, de convenciones, de seminarios o de eventos similares; locales comerciales; y cambio de moneda extranjera.

h) Establecimiento: el inmueble, consistente en un recinto cerrado, destinado exclusivamente a la operación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo, en cuyo interior se desarrollarán sólo los juegos autorizados, se recibirán las apuestas, se pagarán los premios correspondientes y funcionarán los servicios anexos.

i) Sala de Juego: cada una de las dependencias de un establecimiento en donde se desarrollan los juegos de azar autorizados.

j) Personal del Casino: las personas que prestan servicios permanentes en cualquier dependencia del establecimiento de un Casino de Juego o Sala de Bingo, sea que se desempeñen en las salas de juego o en los servicios anexos.

k) Autoridad Fiscalizadora: el organismo público encargado de fiscalizar la administración y explotación de los Casinos de Juego y Salas de Bingo en los términos previstos en la presente ley, denominada “Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo”, en adelante la Comisión.

l) Registro de homologación: La nómina e identificación de las máquinas y demás implementos expresamente autorizados por la autoridad fiscalizadora para el desarrollo de los juegos de azar en los casinos de juego y salas de bingo.

TITULO II

DE LOS JUEGOS, APUESTAS Y SERVICIOS ANEXOS

Artículo 4°.- Sólo se podrán desarrollar los juegos incorporados oficialmente en el Catálogo de Juegos y siempre que se sometan a las disposiciones que esta ley y los reglamentos determinen.

El catálogo, así como las altas y bajas en el mismo, se aprobará mediante decreto supremo del Presidente de la República, que se dictará a través del Ministerio respectivo, a propuesta de la autoridad fiscalizadora y será confeccionado con arreglo a los siguientes criterios:

a) La salvaguarda del orden público y la prevención de perjuicios a terceros.

b) La transparencia en el desarrollo de los juegos y el establecimiento de los mecanismos que permitan prever la ocurrencia de fraudes.

c) La factibilidad de llevar y controlar la contabilidad de todas las operaciones realizadas.

En el referido catálogo, y para cada juego de las diversas categorías, se especificará además lo siguiente:

1. Las distintas denominaciones con que sea conocido el respectivo juego y las modalidades aceptadas.

2. Los elementos necesarios para su desarrollo.

3. Las reglas aplicables.

4. Las condiciones y prohibiciones que se considere necesario imponer a su práctica.

Artículo 5°.- Los operadores sólo podrán explotar los juegos de azar que esta ley y sus reglamentos autoricen, y siempre que cuenten con la licencia para ello.

Los juegos de azar cuya licencia haya sido otorgada al operador, deberán ser explotados por éste en forma directa, quedando prohibida toda transferencia, arrendamiento, cesión o entrega de su explotación a terceros a cualquier título.

Los juegos de azar dentro de las distintas categorías a que se refiere esta ley y sus reglamentos, sólo se podrán autorizar y desarrollar en los establecimientos de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo que hayan obtenido el permiso de operación correspondiente, según se establece en las disposiciones siguientes.

En los Casinos de Juego, sólo podrán desarrollarse los juegos incorporados en el catálogo, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados y máquinas con premio por suerte o azar.

En las Salas de Bingo, sólo podrán desarrollarse los juegos incorporados en el catálogo, dentro de la categoría de bingo.

Artículo 6º.- Los operadores sólo podrán utilizar las máquinas e implementos de juegos de azar que se encuentren previamente homologados e inscritos en el registro que al efecto llevará la comisión.

Artículo 7º.- Las apuestas sólo se realizarán mediante fichas u otros instrumentos previamente autorizados, representativos de moneda de curso legal en Chile, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Bajo ninguna circunstancia el operador podrá otorgar crédito a los jugadores.

Los operadores llevarán un registro diario de la apertura y cierre de las mesas, y de las recaudaciones brutas por concepto de apuestas, por cada una de las mesas y de los juegos que se practiquen en el establecimiento. El reglamento establecerá los procedimientos de registro y control a que deberán ajustarse los operadores, para establecer los flujos de ingresos y egresos en cada día de funcionamiento de las salas de juego.

Artículo 8º.- El reglamento respectivo regulará el funcionamiento de las salas de juego y las funciones y responsabilidades del personal a cargo tanto de la dirección de las salas como del desarrollo de los juegos.

Artículo 9º.- No podrán ingresar a las salas de juego o permanecer en ellas:

- Los menores de edad;

- Las personas en manifiesto estado de ebriedad;

- Los que porten armas, con excepción de los funcionarios de Carabineros e Investigaciones, en el cumplimiento de sus funciones;

- Los que se encuentren bajo la influencia de drogas;

- Los privados de razón;

- Los que se encuentren en interdicción de administrar sus bienes;

- Los que provoquen desórdenes, perturben el normal desarrollo de los juegos o cometan irregularidades en la práctica de los mismos;

- Los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, y

- Los que, siendo requeridos, no puedan acreditar su identidad con la cédula de identidad correspondiente, en el caso de los chilenos o extranjeros residentes, o con el pasaporte o documento de identidad respectivo, en el caso de los demás extranjeros.

Será responsabilidad del operador, y en especial de las personas a cargo de la admisión al establecimiento, velar por el acatamiento de estas prohibiciones, sin perjuicio de las facultades pertinentes de la autoridad fiscalizadora.

Los operadores no podrán imponer otras prohibiciones de admisión a las salas de juego, distintas de las establecidas en el presente artículo.

Artículo 9º bis.- No podrán, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en los Casinos de Juego o Salas de Bingo, las siguientes personas:

a) Los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, y

b) Las personas que, por mandato o encargo de la autoridad fiscalizadora, ejerzan labores fiscalizadoras en los Casinos de Juego o en las Salas de Bingo.

Igual prohibición afectará a toda otra persona que ejerza labores fiscalizadoras en un Casino de Juego o Sala de Bingo, mientras dure su cometido y respecto de los juegos que se desarrollen en ese establecimiento.

Si el que infringiere la prohibición antes señalada lo hace durante el ejercicio de una labor fiscalizadora, quedará de inmediato suspendido de dicha labor.

Lo dispuesto en este artículo, se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15.

Artículo 10.- El reglamento establecerá los servicios anexos que pueden prestarse en los establecimientos de casinos de juego o salas de bingo. El permiso de operación señalará aquellos servicios anexos que necesariamente deberán prestarse por el respectivo operador.

El operador podrá contratar con terceros la prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación, previa autorización de la Comisión, y conforme a las disposiciones que al efecto establezca el reglamento.

TITULO III

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EL PERSONAL

Artículo 11.- Los establecimientos en que operen los Casinos de Juego o las Salas de Bingo autorizados, tendrán como destino único la explotación de los juegos y de los servicios anexos incluidos en el permiso de operación.

Los juegos de azar y los servicios anexos se ubicarán en sectores diferenciados dentro del establecimiento, lugares que deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley, sin perjuicio de los generales o especiales exigidos por las demás leyes o reglamentos vigentes, aplicables a este tipo de locales y servicios.

Corresponderá a la Comisión fiscalizar que el establecimiento cumpla con los requisitos que establece la ley, los reglamentos y lo dispuesto en el permiso de operación.

Artículo 12.- Los establecimientos deberán ser de propiedad del operador o tenidos en arriendo o comodato por éste. En todo caso, la duración pactada del arrendamiento o del comodato deberá ser, a lo menos, igual al número de años por el cual se otorgó el permiso de operación.

Los contratos mencionados en el inciso anterior deberán ser otorgados por escritura pública y subinscribirse al margen de la inscripción de dominio del bien raíz.

Si el inmueble es de propiedad del operador, no podrá enajenarlo, ni someterlo a gravamen, mientras dure el permiso de operación, salvo con autorización de la Comisión. Esta limitación deberá inscribirse en el Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces competente.

Artículo 13.- El establecimiento podrá ser sometido a inspecciones periódicas por parte de la Comisión, las que podrán realizarse en cualquier momento y sin previo aviso, en la forma que dispongan los reglamentos. El operador deberá otorgar todas las facilidades que sean necesarias para efectuar dicha fiscalización.

Las inspecciones se efectuarán por la Comisión directamente o por intermedio de terceros, para cuyo efecto podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas. Lo anterior, se entiende sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias de otros organismos fiscalizadores

Artículo 14.- El personal de Casino de Juego o de Sala de Bingo deberá poseer los requisitos de educación, solvencia económica y experiencia que el reglamento determine.

En todo caso, no podrán trabajar en dichos establecimientos los menores de edad, ni quienes hayan sido condenados por delito común que merezca pena aflictiva.

Artículo 15.- El personal del Casino de Juego o de la Sala de Bingo no podrá, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en el establecimiento en que aquél se desempeña. Igual prohibición existirá respecto de los socios, directores o gerentes de la respectiva sociedad operadora y de quienes administren los servicios anexos del mismo establecimiento

La infracción de estas prohibiciones será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el título VI.

TITULO IV

DEL PERMISO DE OPERACION

Párrafo 1º

Del otorgamiento

Artículo 16.- Podrán optar a permiso de operación para un Casino de Juego o una Sala de Bingo, sólo sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile, que se sujeten a las normas de control que rigen a las sociedades anónimas abiertas, según lo dispuesto en la ley N° 18.046, con las siguientes particularidades:

a) El objeto social será exclusivamente la explotación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo, en los términos previstos en la presente ley y sus reglamentos;

b) Sólo podrán constituirse y funcionar con un máximo de diez socios;

c) El capital social no podrá ser inferior al mínimo establecido por el reglamento, ni podrá disminuir durante la vigencia del permiso de operación. Si la sociedad hubiere sido constituida con un capital inferior al señalado, o éste disminuyera mientras se encuentre vigente el permiso, la Comisión ordenará enterar el referido capital mínimo dentro de un plazo de noventa días, expirado el cual sin que se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado, se tendrá por no presentada la solicitud o se revocará el permiso de operación, conforme a las reglas pertinentes;

d) El capital de la sociedad deberá estar íntegramente suscrito y pagado en un cincuenta por ciento, a lo menos, debiendo enterarse el saldo dentro de los seis meses siguientes a su constitución. Transcurrido el referido plazo sin haberse enterado dicho saldo, el capital de la sociedad se reducirá, de pleno derecho, al monto efectivamente suscrito y pagado, el que, en caso alguno, podrá ser inferior al mínimo a que se refiere la letra anterior.

Si reducido el capital social al monto efectivamente suscrito y pagado, éste fuere inferior al mínimo señalado, la Comisión ordenará el aumento del capital hasta completar al menos dicho capital mínimo en un plazo no superior a 90 días, y si así no ocurriere, se entenderá renunciada la solicitud;

e) Las acciones de la sociedad no podrán transferirse sin autorización de la Comisión y siempre que los nuevos socios cumplan, además, con los requisitos señalados en esta normativa;

f) Los accionistas no podrán constituir gravámenes ni otros derechos reales, distintos del dominio y en conformidad con lo señalado en esta ley, respecto de las acciones que posean en la sociedad operadora. Si una o más acciones pertenecieren conjuntamente a más de una persona, los codueños deberán designar un representante común ante la sociedad, el que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 17, y sin perjuicio de liquidar la comunidad dentro de los doce meses siguientes a su constitución, adjudicando las acciones que correspondan en la forma señalada en el reglamento;

g) La vigencia de la sociedad no podrá ser inferior al tiempo por el cual se solicita el permiso de operación o su renovación, y

h) El domicilio de la sociedad deberá corresponder al lugar en que se explotará el Casino de Juego o la Sala de Bingo cuya autorización de operación se solicita.

Artículo 17.- Los socios de las sociedades operadoras deberán ser personas naturales que no hayan sido condenadas por delito común que merezca pena aflictiva, cumplan con los antecedentes comerciales que el reglamento establezca, y puedan justificar el origen de los fondos que destinarán a la sociedad, lo cual, en todo caso, verificará la autoridad encargada de otorgar el permiso en conformidad a esta ley.

No podrán formar parte del directorio de la sociedad operadora, además de las personas comprendidas en las inhabilidades contempladas en la Ley N° 18.046, quienes no cumplan con los requisitos establecidos en el inciso anterior, en lo que corresponda.

Los socios y los directores de las entidades operadoras no podrán desempeñarse como gerentes de la sociedad. Tampoco estas personas podrán asumir ningún tipo de funciones en las salas de juego.

Artículo 18.- La solicitud de operación se presentará ante la Comisión y deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

a) La escritura social, y los demás antecedentes relativos a su constitución, así como los acuerdos de las juntas de accionistas y del directorio tendientes al perfeccionamiento de la sociedad, y aquellos en que consten los poderes de los gerentes y apoderados, que los autoricen para tramitar ante la Comisión las solicitudes de autorización de operación, licencias de juegos y servicios anexos que correspondan;

b) Los antecedentes personales y comerciales de los socios;

c) El proyecto o plan de operación y el plazo por el cual se solicita el permiso;

d) Los estudios presupuestarios y flujos financieros correspondientes;

e) Los instrumentos en que conste el dominio, o el arrendamiento o el comodato, relativos al inmueble en que funcionará el establecimiento, o las promesas de celebrar dichos contratos;

f) La ubicación y planos del establecimiento en que funcionará el Casino de Juego o la Sala de Bingo;

g) Los juegos de azar y servicios anexos que se pretende explotar;

h) Los estudios técnicos, comerciales y turísticos que el solicitante estime necesarios para mejor fundar la solicitud de operación;

i) Un certificado, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, que de cuenta del hecho de encontrase al día la sociedad operadora y sus accionistas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y

j) Los demás antecedentes que establezca el reglamento.

El procedimiento de tramitación de la solicitud de operación se regulará mediante reglamento que al efecto dictará el Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior.

Artículo 19.- Respecto de cada solicitud de operación que se presente, la Comisión deberá recabar la opinión del gobierno regional respectivo y de la municipalidad correspondiente a la comuna en donde se propone el funcionamiento del Casino de Juego o Sala de Bingo.

Asimismo, la Comisión requerirá especialmente del Servicio Nacional de Turismo, un informe técnico sobre el impacto y consideraciones turísticas del proyecto constitutivo de la solicitud de operación.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión requerirá, además, los informes que estime pertinentes a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, para que, dentro de la esfera de sus competencias, emitan pronunciamiento sobre los aspectos técnicos y financieros de la solicitud de operación, como asimismo para determinar la situación comercial de los solicitantes. La Comisión podrá recabar, asimismo, cualquier otro informe o investigación que estime conveniente para mejor resolver, y requerir de los solicitantes cuantas aclaraciones e informaciones complementarias considere oportuno.".

Dichas opiniones o informes serán evacuadas dentro del plazo de 30 días contados desde que son requeridas.

Artículo 20.- La resolución de la Comisión que otorgue o deniegue el permiso de operación de un Casino de Juego o una de Sala de Bingo, deberá ser fundada sobre la base de los estudios y antecedentes que obren en poder de la Comisión. En ningún caso se podrá otorgar un permiso de operación provisorio.

La resolución que otorgue el permiso de operación deberá publicarse en el Diario Oficial, por una vez y en extracto, dentro del plazo de 10 días a contar de su dictación.

Los permisos de operación tendrán la vigencia que establezca la resolución respectiva, la que podrá extenderse hasta un máximo de 10 años, salvo que el operador haya incurrido en alguna causal de terminación o revocación. Antes de su vencimiento, tales permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo al establecido para el otorgamiento de un permiso originario, pudiendo la Comisión, en este caso, abocarse simplemente a la verificación de la vigencia de los requisitos y la actualización de los antecedentes habilitantes.

Artículo 21.- La resolución que otorgue un permiso de operación deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:

a) Razón social, nombre de fantasía si lo hubiere, y capital de la sociedad, con indicación del porcentaje pagado y de los plazos en que deberá enterarse el porcentaje suscrito y no pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16;

b) Nombre y ubicación del Casino de Juego o la Sala de Bingo que se autoriza;

c) Plazo de vigencia del permiso de operación, y

d) Licencias de juego otorgadas y servicios anexos autorizados.

Artículo 22.- El operador deberá iniciar la operación del Casino de Juego o la Sala de Bingo dentro del plazo máximo de un año, contado desde la publicación de la resolución que otorga el permiso de operación, a menos que, antes del vencimiento de dicho plazo, el operador hubiere obtenido de la Comisión una prórroga, por razones fundadas.

Vencido el plazo original o la prórroga sin que las actividades se hayan iniciado, se entenderá que el permiso de operación ha quedado sin efecto, no pudiendo aquél solicitarse nuevamente por el mismo peticionario sino una vez transcurrido un año contado desde el vencimiento del plazo o de la prórroga, según corresponda.

El operador que se encuentre en condiciones de iniciar la operación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo, deberá comunicarlo a la Comisión, la que dispondrá de 15 días hábiles para revisar el estricto cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias necesarias para iniciar tal operación. Verificado dicho cumplimiento, la Comisión expedirá un certificado en el que conste tal circunstancia, documento que habilitará para dar inicio a la operación. Si la Comisión observare algunas materias, las señalará expresamente mediante resolución. En este último caso, el operador deberá subsanar tales observaciones y solicitar una nueva revisión, con el objeto que la Comisión expida el certificado indicado y poder dar inicio a la operación. En ningún caso podrá iniciarse la operación parcial de un establecimiento.

Artículo 23.- El permiso de operación habilitará la explotación del Casino de Juego o la Sala de Bingo expresamente comprendida en él y por el tiempo que la resolución establezca, no pudiendo invocarse este permiso para la habilitación y funcionamiento de otros establecimientos por el mismo operador, como tampoco para establecer sucursales del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el operador podrá solicitar la ampliación o reducción del número de licencias de juego otorgadas o servicios anexos autorizados, según el procedimiento establecido en el reglamento.

Párrafo 2°

De la extinción y revocación

Artículo 24.- El permiso de operación se extinguirá por alguna de las siguientes causales:

a) Vencimiento del plazo o de la renovación otorgada;

b) Renuncia del operador, en la forma y condiciones que determine el reglamento;

c) Disolución de la sociedad anónima operadora;

d) Quiebra del operador, y

e) Revocación.

Artículo 25.- El permiso de operación podrá ser revocado por cualquiera de las siguientes causales, sin perjuicio de las multas que sean procedentes:

a) Iniciar las operaciones del Casino de Juego o la Sala de Bingo sin contar con la certificación a que se refiere el artículo 22;

b) Infringir las normas sobre juegos contenidas en esta ley y sus reglamentos;

c) Suspender el funcionamiento de las salas de juego sin causa justificada;

d) Operar en un establecimiento no autorizado;

e) Explotar juegos no autorizados o prohibidos;

f) Transferir la propiedad o el uso del permiso de operación o de las licencias de juego otorgadas;

g) Explotar servicios anexos no autorizados en el permiso de operación;

h) Contratar con terceros la administración o prestación de los servicios anexos, sin contar previamente con la autorización correspondiente;

i) Introducir modificaciones sustanciales al establecimiento, sin contar previamente con la autorización de la Comisión;

j) Infringir gravemente las instrucciones que imparta la Comisión en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias;

k) Negar la información requerida por la Comisión en los plazos que ella determine, no suministrarla de acuerdo a las exigencias definidas por aquélla y, en general, obstaculizar las acciones de fiscalización;

l) Participar los socios, directores y gerentes de la sociedad operadora, por sí o por interpósita persona, en los juegos que se explotan en el establecimiento;

m) Utilizar máquinas o implementos de juego no comprendidos en el registro de homologación;

n) Incumplir el pago total o parcial de los premios provenientes de los juegos;

ñ) Disminuir, durante la vigencia del permiso de operación, el capital social mínimo establecido en el reglamento y no haber enterado este mínimo dentro del plazo de noventa días señalado en la letra c) del artículo 16, y

o) Cualquier otra infracción grave a la resolución que concedió el permiso, a juicio de la autoridad fiscalizadora.

Artículo 26.- La Comisión iniciará el procedimiento de revocación, cuando considere que existen antecedentes fundados en cuanto a que el operador ha incurrido en alguna causal de revocación del permiso de operación, en los términos previstos en el artículo anterior.

Para ello, dictará una resolución indicando la causal o causales en que el operador habría incurrido, señalando los antecedentes y fundamentos que las justifican.

La resolución deberá ser notificada al gerente del operador o a su apoderado, mediante carta notarial. En el caso que ninguno de ellos sea habido, se procederá a fijar la cédula que la contenga en la puerta del domicilio de la sociedad operadora.

El Comisionado Nacional del Juego podrá ordenar la paralización inmediata de las actividades del establecimiento, en la misma resolución que da comienzo al procedimiento de revocación.

Artículo 27.- El operador podrá efectuar los descargos que crea oportuno dentro del plazo de 15 días hábiles, acompañando los antecedentes que considere necesarios ante la Comisión Nacional del Juego.

Recibidos los descargos o transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior sin haberse éstos recepcionado, la Comisión procederá a resolver sin más trámite, dentro de los cinco días siguientes. Por motivos fundados la Comisión podrá ampliar este último plazo por una sola vez.

Artículo 28.- La resolución de revocación deberá ser fundada y se pronunciará sobre todos los puntos en que el operador haya sostenido su defensa.

Si el operador considera que la revocación de su permiso ha sido injustificada, podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva. La resolución de paralización de las actividades del establecimiento sólo podrá ser alzada por la misma Corte en la sentencia que anule la revocación, la que deberá ser fundada.

TITULO V

DE LA COMISION NACIONAL DEL JUEGO

Párrafo 1°

Naturaleza y funciones

Artículo 29.- Créase la "Comisión Nacional del Juego", organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su reglamento, la cual se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior.

Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que establezca en otras ciudades del país.

Artículo 30.- Corresponderá a la Comisión supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas, para la generación, administración y explotación de los casinos de juego y las salas de bingo que operen en el país.

Artículo 31.- La Comisión Nacional del Juego tendrá, en general, las siguientes funciones y atribuciones:

1. Conocer y resolver, dentro de 120 días, las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego y de salas de bingo, el otorgamiento de las licencias de explotación de juegos de azar y la autorización de servicios anexos; como asimismo, las renovaciones de tales permisos y la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos;

2. Fiscalizar las actividades de los casinos de juego y las salas de bingo, y sus sociedades operadoras, en los aspectos jurídicos, financieros y contables, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley y sus reglamentos;

3. Determinar los principios contables de carácter general, conforme a los cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial, sobre la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros;

4. Fiscalizar el desarrollo de los juegos, según las normas reglamentarias de los mismos, como también el correcto funcionamiento de las máquinas e implementos usados al efecto;

5. Autorizar al operador para contratar con terceros la administración y prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación;

6. Controlar el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes, que el reglamento respectivo determine, para las personas que desempeñen funciones en las salas de juego o en las demás dependencias del establecimiento;

7. Convenir con las municipalidades o con otros servicios de la Administración del Estado, e incluso con entidades privadas, la realización de acciones específicas de fiscalización de los casinos de juego o salas de bingo, conforme se establezca en el reglamento respectivo, y

8. Homologar las máquinas e implementos de juego que podrán utilizarse en los casinos de juego y en las salas de bingo, para cuyo efecto la Comisión mantendrá un registro actualizado. El reglamento determinará el procedimiento y los derechos de homologación.

9. Propender, en coordinación con SERNATUR, al desarrollo turístico del país.

Párrafo 2ºDel patrimonio

Artículo 32.- El patrimonio de la Comisión estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquieran a cualquier título;

c) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Servicio, y

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios.

e) Los demás que señale la ley.

Las donaciones en favor de la Comisión no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley 16.271.

Párrafo 3°

Estructura y organización

Artículo 33.- Un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de Comisionado Nacional del Juego, será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo, y las demás funciones y atribuciones que establezcan la ley y los reglamentos respectivos.

Artículo 34.- Establécese la siguiente planta de personal de la Comisión Nacional del Juego:

El Comisionado, mediante resolución interna, determinará las funciones y el personal adscrito a cada departamento o unidad.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá además contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios para asesorías, estudios o servicios determinados. También podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la Administración del Estado.

Artículo 35.- Corresponderá al Comisionado Nacional del Juego, especialmente:

1) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Comisión;

2) Establecer oficinas regionales cuando las necesidades del servicio así lo exijan;

3) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Comisión;

4) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del servicio. En ejercicio de estas facultades podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza;

5) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia;

6) Nombrar y remover al personal del servicio, de conformidad con las normas estatutarias;

7) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento;

8) Impartir instrucciones contables de carácter general, conforme a las cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial aquéllas que regulen la presentación de balances y estados de situación financiera de las entidades fiscalizadas, y la forma en que deberán llevar su contabilidad;

9) Requerir de los organismos del Estado los informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

10) Imponer las sanciones y multas que establecen la presente ley y demás disposiciones legales o reglamentarias, que regulen la actividad de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo;

11) Examinar, sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las entidades fiscalizadas; y requerir de sus representantes y personal en general, todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor inteligencia de las labores de fiscalización. Las mismas facultades tendrá el Comisionado respecto de los terceros que administren y presten servicios anexos en el establecimiento.

Salvo las excepciones autorizadas por el Comisionado mediante resolución, todos los libros, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el establecimiento del Casino de Juego o Sala de Bingo;

12) Realizar visitas inspectivas, directamente o por intermedio de sus inspectores o agentes, a las entidades sometidas a su fiscalización, con la frecuencia que estime conveniente;

13) Citar a cualquier persona que preste servicios en o para un Casino de Juego o Sala de Bingo, a prestar declaración bajo juramento, acerca de cualquier hecho o circunstancia cuyo conocimiento estimare necesario para esclarecer alguna operación de las entidades fiscalizadas o la conducta de su personal, y

14) Suspender, total o parcialmente, el funcionamiento de un Casino de Juego o una Sala de Bingo, cuando el operador no cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, de conformidad con el reglamento. El operador podrá solucionar los reparos en el plazo que al efecto determine el Comisionado.

15) Propender, en coordinación con SERNATUR, al desarrollo turístico del país.

Sin perjuicio de las funciones fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Comisionado deberá poner en conocimiento de los organismos pertinentes, los antecedentes de que disponga para que éstos ejerzan las facultades fiscalizadoras que les sean propias.

TITULO VI

DE LA FISCALIZACION, INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES

Párrafo 1°

De la Fiscalización

Artículo 36.- Los inspectores o agentes de la Comisión tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los referidos inspectores o agentes y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a cabo en cualquier momento, para lo cual el operador deberá otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los inspectores o agentes de la Comisión. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, el reglamento determinará, en lo demás, las modalidades que asumirá la función fiscalizadora y el alcance de la misma.

Artículo 37.- Las sanciones por infracciones a esta ley o sus reglamentos se aplicarán administrativamente por los funcionarios que se determine en el reglamento correspondiente, sin perjuicio de disponer la suspensión del desarrollo de uno o más juegos o el cierre de las salas de juego o de los servicios anexos, en los casos que señale el reglamento.

Artículo 38.- Los funcionarios respecto de quienes se acredite haber aplicado sanciones injustas o arbitrarias, atendido el mérito de los antecedentes que se reúnan en el procedimiento administrativo seguido en contra de la sociedad operadora, serán sancionados con algunas de las medidas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos.

Párrafo 2°

De las infracciones

Artículo 39.- Las infracciones a esta ley y sus reglamentos que no tengan señalada una sanción especial, serán penadas con multa a beneficio fiscal de una a cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, dentro de un período no superior a un año, estas multas se duplicarán.

Artículo 40.- Será responsable del pago de la multa la sociedad operadora del Casino de Juego o Sala de Bingo. Subsidiariamente, lo serán los directores, gerentes y apoderados que tengan facultades generales de administración.

Artículo 41.- Serán sancionados con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, los directores, gerentes y apoderados con facultades generales de administración que se opongan o impidan las labores de fiscalización de los inspectores o agentes de la Comisión.

La misma sanción se aplicará a las personas antes referidas, que se nieguen a proporcionar la información requerida por los inspectores o agentes en el cumplimiento de sus facultades fiscalizadoras u oculten los instrumentos en que conste dicha información.

Artículo 42.- Serán sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales los operadores de casinos de juego o salas de bingo que permitan el ingreso o la permanencia en las salas de juego de las personas indicadas en el artículo 9°.

Las personas cuyo ingreso o permanencia en las salas de juego se encuentra prohibido y que infringieren dicha prohibición, serán sancionadas con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales.

Artículo 43.- Serán sancionadas con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales las personas señaladas en las letras a), c), d), e) y f) del artículo 15, que infringieran la prohibición establecida en la misma disposición, sin perjuicio de que la infracción constituya además causal de terminación del contrato de trabajo o de destitución, según corresponda.

Las personas señaladas en la letra b) del artículo 15 que infringieren la respectiva prohibición, serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales. Igual multa se aplicará además a la sociedad operadora a la que pertenezca el infractor.

Artículo 44.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25, será sancionada con multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales, la sociedad operadora que explotare juegos no autorizados o prohibidos o servicios anexos no contemplados en el permiso de operación.

Artículo 45.- El que manipule, modifique o altere los implementos de los juegos o su desarrollo en perjuicio o beneficio de los jugadores o del operador, o quien sustituya el material con el que se juega con el mismo propósito, será sancionado con multa de 20 a 50 Unidades Tributarias Mensuales.

Si quien incurriere en las conductas señaladas, o quienes las permitieren, fueren los administradores de los establecimientos, los directores o gerentes de sociedades operadoras o los encargados de las salas de juego, serán sancionados con multa de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 46.- El que utilice máquinas o implementos de juego no autorizados, será sancionado con multa de 10 y hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales. Si como producto de esta conducta se haya causado perjuicio o beneficio a los jugadores, la sanción podrá llegar a las 60 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 47.- El que maliciosamente alterare, destruyere o inutilizare los libros, registros y demás instrumentos en que conste la situación financiera o contable de la sociedad operadora, será sancionado con multa de hasta 200 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 48.- El que maliciosamente alterare, destruyere o inutilizare los libros, registros y demás instrumentos en que deben asentarse los montos con que abren y cierran los juegos, será sancionado con multa de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 49.- Todas las infracciones anteriores se sancionarán sin perjuicio de la ocurrencia de delitos contra la fe pública, la propiedad, tributarios u otros que consigne la ley.

Artículo 50.- En los casos establecidos precedentemente, aplicada la multa, la sociedad operadora podrá reclamarla ante el Comisionado dentro de los cinco días siguientes, haciendo valer todos los antecedentes de hecho y de derecho que fundamenten su reclamo. El Comisionado deberá resolver la reclamación dentro de los diez días siguientes de expirado el plazo para interponerla, quedando mientras tanto en suspenso el pago efectivo de la multa.

Desechada la reclamación, la sociedad operadora podrá recurrir ante el tribunal ordinario del domicilio de la sociedad, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que desechó el reclamo. El tribunal no podrá acoger a tramitación este recurso si no se acredita haberse consignado el valor de la multa. Acogido a tramitación, se regirá por las normas establecidas en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Si se acogiere el recurso, el tribunal dejará sin efecto la multa y ordenará la restitución de las sumas consignadas.

Rechazado el recurso quedará a firme la multa y se pondrán a disposición de la Comisión las sumas consignadas. Transcurrido el plazo sin que se hubiere interpuesto el recurso, la resolución del Comisionado tendrá mérito ejecutivo para su cobro.

Artículo 51.- A las actividades que se realicen de conformidad con esta ley, no les serán aplicables los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal.

TÍTULO VII

DE LA AFECTACIÓN

Artículo 52.- Sin perjuicio de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824, y en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el Decreto Ley N° 825, ambos de 1974, y demás establecidos en leyes especiales, los contribuyentes que administren, en la forma prescrita por esta ley, Casinos de Juego o Salas de Bingo o los servicios anexos a dichos casinos o salas, deberán pagar los impuestos especiales que se indican en los artículos siguientes.

Artículo 53.- Establécese un impuesto, de exclusivo beneficio fiscal de un monto equivalente al 0,07 de una unidad tributaria mensual, que se cobrará, en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juegos de los Casinos de Juego y Salas de Bingo que operen en el territorio nacional.

Este tributo tendrá la calidad de impuesto sujeto a retención y deberá ser ingresado a rentas generales de la Nación dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención, por los operadores de los Casinos de Juego o Salas de Bingo señalados en el inciso anterior

Artículo 54.- Establécese un impuesto del 10%, que se determinará, recaudará y pagará, en conformidad a las reglas que se indican:

a) El impuesto se calculará sobre la base de la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados, durante el ejercicio respectivo;

b) El impuesto se declarará y pagará mensualmente, en el mismo plazo que el contribuyente tiene para efectuar pagos provisionales mensuales, establecido en el artículo 84 letra a) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824, de 1974, y

c) Las sumas que los contribuyentes paguen por aplicación de las normas contenidas en este artículo, serán destinadas a incrementar, por el solo ministerio de la ley, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se hubiere efectuado la declaración y pago correspondientes.

Artículo 55.- Los contribuyentes señalados en el artículo 52 pagarán, además de los tributos antes señalados, un impuesto del 10%, calculado en la forma establecida en el artículo anterior, el que se destinará a incrementar el Fondo Común Municipal, en el ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se hubiere declarado y pagado el impuesto.

Artículo 56.- Las sumas recaudadas en virtud de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se aplicarán, por las autoridades regionales y locales respectivamente, al financiamiento de obras de desarrollo.

Artículo 57.- La Tesorería General de la República deberá registrar separadamente los ingresos provenientes de los impuestos establecidos en los artículos 54 y 55, con el objeto de girar las sumas que correspondieren, en la oportunidad señalada por la ley, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional o al Fondo Común Municipal, según corresponda.

Artículo 58.- Los impuestos establecidos en los artículos precedentes se sujetarán en todo a lo dispuesto en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del Decreto Ley N° 830, de 1974, y serán administrados y fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos.

Artículo 59.- Deróganse los incisos tercero y cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.110.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1°.- Los Casinos de Juego que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga por vencimiento del plazo o por cualquier otra causa anterior a dicho vencimiento, permitiéndose prórrogas o renovaciones de dicha concesión, que no pueden exceder al 31 de diciembre del año 2015.

Artículo 2°.- Las leyes a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de casinos de juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes, y vigentes a la publicación de esta ley, se extingan por cualquier causa.

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Se designó Diputado Informante a doña MARINA PROCHELLE AGUILAR.

SALA DE LA COMISIÓN, a 15 de noviembre de 2000.

Acordado en sesiones de fechas 19 y 21 de julio, 4, 11 y 18 de agosto, 1. 8 y 15 de septiembre, 6 y 21 de octubre, 3, 10, y 17 de noviembre de 1999, 19 de enero, 8 y 15 de marzo, 5 y 19 de abril, 21 de junio, 12 y 19 de julio, 9, 16 y 30 de agosto, 4 y 11 de octubre y 15 de noviembre de 2000, con asistencia de los Diputados Arratia Valdebenito, don Rafael; Bertolino Rendic, don Mario; Encina Moriamez, don Francisco; Gutiérrez Román, don Homero; Kuschel Silva, don Carlos Ignacio; Mesías Lehu, don Iván; Mulet Martínez, don Jaime; Palma Irarrázabal, don Joaquín; Prochelle Aguilar, doña Marina; Recondo Lavanderos, don Carlos; Rojas Molina, don Manuel; Sánchez Grunert, don Leopoldo y Urrutia Cárdenas, don Salvador.

Pedro N. Muga Ramírez

Abogado-Secretario de la Comisión

?PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, REGIONALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGOS Y SALAS DE BINGO.

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BOLETÍN N° 2361-23-1

HONORABLE CAMARA:

La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, que regula la materia señalada en el epígrafe, de origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, y para cuyo despacho se ha hecho presente la urgencia, calificándola de “simple”.

Cabe hacer notar que los artículos 27, 48 y 53 del proyecto revisten el carácter de orgánico constitucionales, los dos primeros según lo preceptuado en el artículo 74 de la Carta Fundamental, en tanto que el tercero conforme lo prescrito en el artículo 111 de la misma. Por ende, deben ser aprobados por los cuatro séptimos de los diputados en ejercicio. Por otra parte, los artículos 28 a 34 (incluidos en el Título V, “De la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo y del Consejo Resolutivo”), así como los artículos 50 a 57 (comprendidos en el Título VII, “De la Afectación”), deben cumplir trámite de Hacienda.

Durante el estudio de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Francisco Vidal, y de los asesores jurídicos del ministerio del Interior, señores Rodrigo Cabello y Eduardo Pérez.

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

La materia sobre que versa este proyecto de ley fue objeto previamente de un extenso análisis en la Comisión Especial de Turismo, la cual expidió un informe con fecha 15 de noviembre de 2000. Según se infiere de la lectura de dicho informe, el texto sancionado por la instancia en comento recoge, en líneas generales, el articulado del Mensaje, excepción sea hecha del título VII del proyecto, denominado “De la afectación”, que fue incorporado vía indicaciones durante la tramitación de la iniciativa legal. En razón de lo anterior, y en aras de agilizar el despacho del proyecto de ley, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, adoptó el acuerdo de tomar como base de discusión y votación el texto aprobado por la aludida Comisión Especial, sin perjuicio de introducirle a éste las adecuaciones de fondo y forma que se detallan en el lugar correspondiente.

En armonía con lo señalado precedentemente, no se consignan aquí los planteamientos de las distintas autoridades y representantes del sector privado que expusieron ante la Comisión Especial, desechándose por el mismo motivo la idea de escuchar a esas personas nuevamente. Tampoco se aborda la legislación comparada sobre el tópico, ni se hace una descripción del proyecto a la luz de los principios que establece el Mensaje en la materia, aspectos todos que desarrolla in extenso el informe previo aludido.

Por último, sobre este punto es importante dejar establecido que, al momento de tomarse el acuerdo en cuestión, un número significativo de señores diputados que integraban la Comisión de Gobierno Interior habían participado a la vez, en su calidad de miembros también de la Comisión Especial de Turismo, en el debate generado en esta última con ocasión del proyecto, por lo que los antecedentes acerca de la materia les eran sobradamente conocidos. Igualmente, debe destacarse que en su oportunidad el Ejecutivo presentó a la consideración de los parlamentarios de esta Comisión un anteproyecto de ley marco sobre el rubro, el que sirvió de base para el Mensaje en examen, aspecto que abona la determinación a que se refiere el primer párrafo del presente capítulo.

**********

Cabe dejar expresa constancia, por acuerdo de la Comisión, de un hecho que en otras ocasiones no tendría mayor relevancia pero que, en la especie, no resulta menor: el tratamiento del proyecto por parte de ella se inició en el Período Legislativo pasado, habiendo sido aprobado en general y en particular hasta el artículo 31 inclusive del texto propuesto, en su oportunidad, por la Comisión Especial de Turismo, esto es, hasta el párrafo 2° de su título IV. Al retomar su estudio esta Comisión de Gobierno Interior, ahora con una nueva integración parlamentaria, múltiples eran las indicaciones que se encontraban pendientes -muchas de ellas, incluso, incidían sobre disposiciones básicas ya sancionadas- como, asimismo, observaciones y nuevos planteamientos e interrogantes que fueron formulados en su seno.

Al no producirse el acuerdo reglamentario exigido para reabrir debate acerca de las materias antes anotadas, prevaleció la tesis de continuar el tratamiento de la iniciativa, a partir de su artículo 32, haciéndose cargo tan solo de aquellas indicaciones ya presentadas o que se materializaran en adelante al resto del proyecto. Esto último, en el entendido que las imperfecciones y vacíos que, obviamente, éste contiene, serán subsanados a través del procedimiento regular en la Sala y del trámite correspondiente al segundo informe por parte de esta Comisión, en la oportunidad que respectivamente les cabe.

**********

El artículo 60 N°20 de la Carta Fundamental prescribe que es materia de ley “toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico”, hipótesis que puede aplicarse en la especie, al tenor del objetivo que persigue la iniciativa legal, y que se enuncia en su artículo 1°: regular la autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de los Casinos de Juego y Salas de Bingo, así como los juegos de azar que en ellos se desarrollen.

También resulta pertinente el N°19 del mencionado artículo 60, que encomienda a la ley regular el funcionamiento de loterías, hipódromos y “apuestas en general”. En efecto, el Mensaje en estudio, además de preocuparse del procedimiento de autorización de instalación y del funcionamiento de los casinos de juego y salas de bingo, establece en el artículo 2° que corresponde a la Administración del Estado la determinación de los requisitos y condiciones bajo los cuales los juegos de azar y sus “apuestas asociadas pueden ser autorizados”. El artículo 7°, a su vez, se refiere en términos más específicos a las modalidades que deben revestir las apuestas.

En un plano diferente, cabe señalar que el título V del proyecto (artículo 28 y siguientes), que lleva por epígrafe “De la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo y del Consejo Resolutivo”, crea estos organismos y fija su planta y atribuciones; cobrando plena aplicación en esta materia el artículo 62 inciso cuarto N°2 de la Carta Magna, según el cual corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley tendientes a crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales o semifiscales, como asimismo determinar sus funciones. En estrecha relación con lo anterior, el presente proyecto de ley incide en la administración financiera y presupuestaria del Estado, materia de resorte exclusivo del Primer Mandatario, de acuerdo al inciso tercero del aludido artículo 62. Vinculado también a las atribuciones exclusivas del Jefe de Estado en materia legislativa, corresponde citar nuevamente el artículo 62, que en su inciso cuarto N°1 se refiere a la facultad de imponer tributos, materia sobre la que versa el artículo 50 y siguientes del proyecto de ley.

Dando cumplimiento al artículo 14 de la L.O.C. del Congreso Nacional, y al artículo 13 del reglamento de la Cámara, el informe financiero que acompaña al Mensaje precisa que la planta de -hasta- 11 funcionarios que componen la Comisión Nacional demanda un gasto anual de 175 millones de pesos.

Por último, resulta pertinente referirse de manera sucinta a la inserción del proyecto en informe, y especialmente lo relativo a la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo, en la Ley Orgánica Constitucional de Bases. En esta materia hay que tener presente, en primer lugar, que el artículo 18 de la L.O.C. de Bases señala que la organización primaria de los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa debe sujetarse a las normas especiales contenidas en el título II de ese cuerpo legal (es decir, desde el referido artículo 18 hasta el 53) . En armonía con el artículo 25 de la L.O.C. en mención, según el cual los servicios públicos “estarán sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través de los respectivos ministerios”, el artículo 28 del proyecto puntualiza que la Comisión Nacional se relacionará con el Jefe de Estado por intermedio del ministerio del Interior. El mismo artículo 28 señala que la Comisión es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, siendo pues, de acuerdo al artículo 26 inciso tercero de la L.O.C. de Bases, un ente descentralizado. En relación con esta última característica, y según lo preceptuado en el artículo 33 de la aludida L.O.C., se establece que la representación judicial y extrajudicial del organismo recae en el Comisionado Nacional (artículo 32 del proyecto). Por último, cabe recordar que el artículo 34 de la Ley de Bases permite a los servicios públicos encomendar la ejecución de acciones a entidades de derecho privado, previa autorización legal y mediante la celebración de contratos. Esta importante materia encuentra cabida en el proyecto en examen, específicamente en su artículo 30, cuyo numeral 7 faculta a la Comisión para convenir con otros servicios públicos o entes privados la realización de cometidos específicos de fiscalización de los Casinos de Juego o Salas de Bingo.

II.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

El proyecto de ley en informe está diseñado como una "ley marco", es decir, un texto en el que se establecen las bases generales y la normativa esencial en lo relativo a la autorización, funcionamiento y fiscalización de las entidades que operen como Casinos de Juego y Salas de Bingo, incluyendo el destino de parte de las utilidades que genere su actividad.

III.- DISCUSION Y VOTACIÓN

A) En General

La Comisión prestó su asentimiento unánime a la idea de legislar en torno a esta materia, estimando que dada la importancia que históricamente ha tenido la actividad del juego en el país, particularmente en determinados centros turísticos, es conveniente a estas alturas, bajo todo punto de vista, dictar un ordenamiento uniforme sobre la actividad del juego, superando así la legislación fragmentaria y desigual que ha regido hasta hoy.

B) En Particular

Durante ésta, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

En primer lugar, se aprobó por asentimiento unánime una indicación de la señora González doña Rosa y de los señores Gutiérrez, Longton, Martínez don Rosauro, Naranjo y Reyes, tendiente a anteponer el epígrafe “Título I: Disposiciones Generales”.

Artículo 1º

Éste, que delimita el ámbito de la presente ley estableciendo al efecto que ella -y sin perjuicio de los reglamentos complementarios que se dicten- regula todo lo relacionado con los juegos de azar que se desarrollen en los casinos y salas de bingo, incluyendo a las entidades que administran los establecimientos correspondientes, fue aprobado por unanimidad.

Artículo 2º

Este artículo recibió el siguiente tratamiento:

Su inciso primero, que preceptúa que corresponde a la Administración del Estado determinar los requisitos y condiciones bajo los cuales pueden ser autorizados los juegos de azar y sus apuestas asociadas, como también permitir el funcionamiento y fiscalizar a las entidades facultadas para desarrollar aquéllos, fue objeto de una indicación de los señores Reyes y Silva, aprobada por simple mayoría de votos (3 contra 1 y 1 abstención), que lo elimina.

El inciso segundo, que agrega que los referidos juegos y apuestas quedarán sometidos a la ley con independencia de que predomine en ellos la habilidad de los participantes o el azar, fue objeto de una indicación del Ejecutivo -originalmente contemplada para agregar dos incisos nuevos al artículo 1°, pero que por un acuerdo de la Comisión quedó como texto del artículo 2°-, aprobada por unanimidad, que elimina el referido inciso segundo, y consagra una norma de reemplazo similar a la estipulada en el inciso primero suprimido, reconociendo al efecto el carácter excepcional que reviste la explotación de los juegos de azar -donde hay de por medio consideraciones de orden público y de seguridad nacional- y, en armonía con lo anterior, le otorga al Estado la atribución de determinar, en los términos previstos en esta ley, las modalidades bajo las cuales los juegos y sus apuestas asociadas pueden tener lugar, como asimismo la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlos, a la vez que precisa que la instancia administrativa que la ley señala tiene la facultad exclusiva para conceder o denegar en cada caso particular la explotación de casinos de juego y salas de bingo.

El representante del Ejecutivo puntualizó que la facultad que se otorga a los organismos de la Administración del Estado es “en los términos previstos en esta ley”, o sea, los entes que especifica el propio proyecto; por consiguiente, guarda armonía con la diversidad de órganos a los que correspondería velar por el normal desenvolvimiento de los casinos de juego y salas de bingo. Por otra parte, explicó que la mención a las consideraciones de seguridad nacional (para justificar la intervención de los organismos estatales en la regulación de la actividad del juego) apunta principalmente al tema del lavado de dinero.

Sobre el motivo de la supresión del inciso segundo de este artículo propuesto por la Comisión Especial de Turismo, hubo consenso en que regula una materia (la conceptualización de los juegos de azar desde el punto de vista de su aliatoriedad y destreza de los participantes) que trata de mejor manera el artículo 3° letra a) del proyecto.

Artículo 3º

Éste, que define una serie de conceptos relacionados con la materia que regula el proyecto de ley, recibió el tratamiento que pasa a consignarse:

- Su letra a), que, como queda dicho al final del acápite relativo al artículo 2°, define los juegos de azar, resaltando el carácter aleatorio de los mismos, y encomendando su individualización a un reglamento, siempre que se encuentren dentro de alguna de las categorías que especifica (ruleta, cartas, dados, bingo, máquinas con premio por suerte), fue aprobada por asentimiento unánime, conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación de los diputados González doña Rosa, Gutiérrez, Longton, Martínez don Rosauro, Naranjo, Palma don Joaquín, Reyes y Silva, que le incorpora una adecuación formal.

- La letra b), que establece qué ha de entenderse por catálogo de juegos, fue aprobada por unanimidad, sin enmiendas.

- La letra c), que define al casino de juego como la entidad habilitada para explotar los juegos de azar y/o bingo y los servicios anexos comprendidos en el permiso correspondiente, fue objeto de una indicación sustitutiva, firmada por los mismos señores diputados individualizados en la letra a) de este artículo, y aprobada por asentimiento unánime, que manteniendo en análogos términos el concepto propuesto en el proyecto, elimina el bingo dentro de las categorías de juego de azar que pueden ser explotados por los casinos.

Sobre el sentido de la aludida indicación, se destacó que ella restablece el espíritu original del proyecto en la materia (alterado durante el trámite ante la Comisión Especial), en cuanto a autorizar el bingo únicamente en las salas de bingo.

Se señaló también que la distinción entre casino de juego y sala de bingo determinará que en ciertas localidades no se reúnan las condiciones necesarias para contar con un casino, pero sí una sala de bingo, pudiendo así recaudar ingresos propios.

- La letra d), en tanto, que expresa que por sala de bingo ha de entenderse la entidad autorizada para explotar juegos de bingo y los servicios anexos incluidos en el permiso respectivo, fue objeto de una indicación sustitutiva de parte de los señores diputados antes aludidos, aprobada por asentimiento unánime, que amplía la esfera de acción de la sala de bingo a la explotación de las máquinas con premio por suerte o azar.

Respecto a la finalidad de esta indicación, se dijo que con ella se recoge la experiencia de países como Argentina y España, donde ha quedado demostrado que los bingos tienden naturalmente a ampliar su giro de actividades hacia la explotación de las máquinas con premio por suerte o azar, conocidas como tragamonedas.

- Su letra e), que define el permiso de operación como aquél otorgado por la autoridad competente para explotar un casino de juego o sala de bingo, incluyendo las licencias de juego y los servicios anexos, fue aprobada por asentimiento unánime, sin modificaciones.

- La letra f), que conceptualiza la licencia de explotación de juegos de azar como el permiso intransferible e inembargable para explotar todos o algunos de los juegos de azar permitidos, fue aprobada también por unanimidad, sin variaciones.

- Su letra g), conforme a la cual debe entenderse por servicios anexos aquéllos de carácter complementario que debe ofrecer un operador, sean explotados directamente por él o a través de un tercero (tales como restaurante, salas de espectáculos, etc.), fue aprobada por idéntico quórum, en los términos propuestos.

- Su letra h), que define al establecimiento como un recinto cerrado destinado exclusivamente a la operación de un casino de juego o sala de bingo, y en cuyo interior se desarrollarán los juegos autorizados, se recibirán las apuestas y funcionarán los servicios anexos, fue aprobada por asentimiento unánime.

- La letra i), que señala que la sala de juegos está constituida por cada una de las dependencias del recinto donde se desarrollan los juegos de azar, fue aprobada por unanimidad, sin enmiendas.

- La letra j), que expresa qué ha de entenderse por personal del casino, comprendiendo bajo dicha nomenclatura a quienes se desempeñen en las salas de juego o en los servicios anexos, fue aprobada asimismo por asentimiento unánime.

- Su letra k), que establece que la autoridad fiscalizadora es el organismo público encargado de supervigilar la administración y explotación de los casinos de juego y salas de bingo, dándole la denominación de “Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo” -en adelante la Comisión-, fue aprobada por idéntico quórum.

- La letra l), que prescribe que el registro de homologación es aquél donde consta la nómina e identificación de las máquinas y demás implementos permitidos por la autoridad fiscalizadora para el desarrollo de los juegos de azar, fue aprobada por asentimiento unánime, conjuntamente, y por análogo quórum, con una indicación meramente formal, suscrita por los señores diputados a que se ha hecho referencia.

El representante del Ejecutivo explicó que esta clase de registro existe en todos los países donde la actividad del juego tiene una presencia significativa, y responde a la necesidad de que haya un organismo que determine cuáles máquinas y elementos de juego pueden ser homologados, previa verificación de que se trata de implementos propios de juegos de azar y que no contienen dispositivos que engañen a los apostadores.

TITULO II

DE LOS JUEGOS, APUESTAS Y SERVICIOS ANEXOS

Artículo 4°

Este precepto recibió el siguiente tratamiento:

Su inciso primero, conforme al cual sólo se pueden desarrollar los juegos incorporados en el catálogo respectivo, fue aprobado por asentimiento unánime, sin enmiendas.

El inciso segundo, que establece que el catálogo en cuestión y sus modificaciones deben ser aprobados mediante decreto supremo, a través del Ministerio respectivo y a propuesta de la Comisión, agregando que el catálogo será confeccionado con arreglo a los criterios que enuncia, fue aprobado por idéntico quórum, conjuntamente con una indicación meramente formal, suscrita por el señor Reyes, en consonancia con lo dispuesto en la letra k) del artículo 2°.

Artículo 5°

Este artículo recibió el tratamiento que se detalla a continuación:

El inciso primero, conforme al cual los operadores sólo podrán explotar los juegos de azar autorizados, y siempre que cuenten con licencia para ello, fue aprobado por unanimidad, en los términos propuestos.

Su inciso segundo, en cuya virtud los juegos de azar deberán ser explotados directamente por el operador, prohibiéndose toda transferencia, arrendamiento o cesión a terceros, fue aprobado también por asentimiento unánime.

A su vez, el inciso tercero, que puntualiza que los juegos de azar sólo se podrán autorizar y desarrollar en los establecimientos de los casinos de juego o de las salas de bingo que hubieren obtenido el permiso de operación, fue aprobado por idéntico quórum, sin variaciones.

El inciso cuarto, con arreglo al cual en los casinos sólo podrán desarrollarse los juegos incorporados en el catálogo a que se ha hecho referencia, dentro de las categorías que especifica, fue aprobado por unanimidad.

Finalmente, el inciso quinto, que prescribe que en las salas de bingo podrán desarrollarse únicamente los juegos incluidos en el catálogo en comento, dentro de la categoría de bingo, fue aprobado por asentimiento unánime, sin perjuicio de aprobarse también, y por análogo quórum, una indicación del señor Reyes que le agrega una oración en cuya virtud (y en consonancia con la modificación a la letra d- del artículo 3°) se autoriza a las salas de bingo para explotar además máquinas con premio por suerte o azar, pero en la cantidad máxima que fije el reglamento, con el objeto de resguardar al bingo como juego principal.

Artículo 6º

Éste, que establece que los operadores sólo podrán utilizar las máquinas e implementos de juegos de azar previamente homologados e inscritos en el registro que al efecto llevará la Comisión, fue aprobado por unanimidad.

Artículo 7º

Esta disposición, cuyo inciso primero dispone que las apuestas sólo se realizarán mediante fichas u otros instrumentos previamente autorizados, prohibiéndose al operador otorgar crédito a los jugadores, y que en el inciso segundo establece que los operadores llevarán un registro diario de la apertura y cierre de las mesas, como también de las recaudaciones brutas por concepto de apuestas, fue aprobada por asentimiento unánime, conjuntamente, y por análogo quórum, con una indicación del Ejecutivo que le incorpora un inciso segundo, nuevo (pasando el actual inciso segundo a ser tercero), en cuya virtud las apuestas podrán tener límites en su monto, según el reglamento, sin perjuicio de lo cual los operadores podrán fijar montos mínimos de aquéllas con la aquiescencia de la Comisión, señalando también que carecerán de valor las apuestas bajo palabra o efectuadas bajo la modalidad que especifica.

El representante del Ejecutivo manifestó que mediante esta indicación se repone una norma análoga del texto del Mensaje, que fue suprimida en la Comisión de Turismo.

Artículo 8º

Éste, que encomienda al reglamento la regulación del funcionamiento de las salas de juego y las funciones y responsabilidades del personal respectivo, fue aprobado por unanimidad.

Artículo 9º

Este precepto recibió de parte de la Comisión el tratamiento que se consigna a continuación:

El inciso primero, que prohibe el ingreso o permanencia en las salas de juego de las personas que especifica (menores de edad, los que se encuentren bajo la influencia de drogas, los privados de razón, etc.), fue aprobado por simple mayoría de votos (4 contra 1).

El inciso segundo, en cuya virtud será de responsabilidad del operador, y en especial de las personas a cargo de la admisión al establecimiento velar por el cumplimiento de las prohibiciones antedichas, sin perjuicio de las facultades de la Comisión, fue aprobado por idéntico quórum.

Su inciso tercero, que establece que los operadores no podrán imponer otras condiciones o prohibiciones de admisión a las salas de juego, distintas de las señaladas en este artículo, fue aprobado también por el quórum antes consignado.

A propósito de esta disposición, y en especial su inciso primero, el representante del Ejecutivo expresó que en nuestra legislación no hay prohibiciones generales de ingreso a determinados lugares, porque ello atentaría contra la libertad ambulatoria. De ahí que se establezcan prohibiciones específicas en lo que respecta a las salas de juego, sin perjuicio de lo cual no debe olvidarse que este último constituye una actividad ilícita en principio, y por ende es lógico que se adopten resguardos sobre el ingreso y permanencia en los aludidos recintos.

El voto de minoría se fundamentó en que esta materia escapa al dominio de la ley, debiendo ser tratada más bien en el reglamento interno de cada establecimiento. Además, el precepto podría prestarse a manejos discrecionales en su aplicación práctica.

Artículo 9° bis

Esta disposición fue objeto del siguiente tratamiento:

El inciso primero, que preceptúa que no podrán efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en los casinos de juego o salas de bingo las personas que enuncia en las letras a) y b), fue aprobado por unanimidad, conjuntamente, y por el mismo quórum, con una indicación del señor Reyes que agrega una letra a), nueva, pasando las actuales letras a) y b) a ser b) y c), respectivamente, incorporando dentro de la prohibición al personal de la Comisión.

El inciso segundo, en cuya virtud idéntica prohibición afectará a toda persona que ejerza labores fiscalizadoras en un casino de juego o sala de bingo en tanto dure su cometido y respecto de los juegos que se desarrollen en ese establecimiento, fue aprobado por idéntico quórum.

El inciso tercero, conforme al cual la infracción de la prohibición en comento durante la tarea fiscalizadora implicará la suspensión inmediata del transgresor en el cargo, fue aprobado asimismo por asentimiento unánime.

Finalmente, el inciso cuarto, que expresa que lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la norma consagrada en el artículo 14 (que establece la prohibición de efectuar apuestas respecto de otras personas), fue aprobado por análogo quórum.

Artículo 10

Esta disposición, que en su inciso primero encarga al reglamento fijar los servicios anexos que pueden prestarse en los establecimientos de casinos de juego o salas de bingo, precisando a continuación en el mismo inciso que el permiso de operación señalará los servicios de esa naturaleza que deberá prestar el operador; y que agrega en el inciso segundo que el operador podrá contratar con terceros la prestación de tales servicios, previa autorización de la Comisión, fue aprobada por asentimiento unánime, conjuntamente, y por el mismo quórum, con una indicación del señor Reyes a la oración final del inciso primero, en el sentido que corresponderá al reglamento -y no al permiso de operación- determinar los servicios que ha de prestar el operador.

TITULO III

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EL PERSONAL

Artículo 11

Éste, que en su inciso primero señala que los establecimientos en que operen los casinos de juego o las salas de bingo autorizados tendrán como único destino la explotación de los juegos y de los servicios anexos; que, en el inciso segundo, agrega que los juegos de azar y los servicios mencionados se ubicarán en sectores diferenciados dentro del establecimiento; y que en el inciso final estipula que corresponderá a la Comisión fiscalizar que el recinto de que se trate cumpla con los requisitos legales y de otro tipo, fue aprobado por simple mayoría de votos (4 contra 1).

El representante del Ejecutivo sostuvo que la diferenciación de que habla el inciso segundo está orientada a facilitar la tarea fiscalizadora de la actividad del juego por parte de la Comisión, y no significa que las salas de juego deban funcionar necesariamente en un lugar separado de los servicios aludidos. Hizo ver, asimismo, que como la idea del proyecto es que la sociedad operadora se dedique únicamente a explotar los juegos de azar y los servicios anexos, para que pudieren funcionar las salas de juego dentro de un hotel tendrían que existir dos sociedades apartes, ya que de lo contrario se complicaría la labor de fiscalización. Por último, precisó que los casinos que existen hoy se rigen por su propia normativa, y ésta es respetada por las disposiciones transitorias del proyecto mientras dure su vigencia.

El voto disidente se fundamentó en que, sin perjuicio de las explicaciones consignadas, persistiría una inquietud sobre la suerte de los casinos que operan bajo leyes especiales, y puntualmente los amparados en la denominada Ley Arica, según la cual los casinos deben estar asociados a establecimientos hoteleros, requisito que entra en pugna con lo señalado por el presente artículo y el 3° letra g), que no considera el negocio hotelero dentro de los servicios anexos.

Artículo 12

Esta norma, que en el inciso primero expresa que los establecimientos deberán ser de propiedad del operador o tenidos en arriendo o comodato por éste, y en estos dos últimos casos la duración del contrato debe ser igual, a lo menos, a la del permiso de operación; que, en el inciso segundo, acota que los mencionados contratos deberán ser otorgados por escritura pública y subinscribirse al margen de la inscripción de dominio del bien raíz; y que, en el inciso tercero, precisa que si el inmueble es de propiedad del operador no podrá enajenarlo, hipotecarlo, ni someterlo a gravamen mientras dure el permiso de operación, salvo con autorización de la Comisión, fue aprobado por unanimidad, conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación suscrita por la señora González doña Rosa y los señores Gutiérrez, Longton, Palma don Joaquín y Reyes, que modifica el inciso final en el sentido de dejar como única prohibición la de enajenar el inmueble durante la vigencia del permiso.

Artículo 13

Éste, que en el inciso primero señala que el establecimiento podrá ser sometido a inspecciones periódicas y sin previo aviso por parte de la Comisión, añadiendo en el inciso segundo que tales inspecciones podrán ser efectuadas directamente por ésta o a través de terceros, y sin perjuicio de las facultades propias de otros organismos fiscalizadores, fue aprobado por simple mayoría de votos (3 contra 1 y 1 abstención).

Puntualizando el alcance de esta norma, el representante del Ejecutivo expresó que el único ente responsable de la fiscalización es la Comisión, y por ende ella es indelegable. Lo anterior no obsta a que la Comisión autorice a terceros para realizar inspecciones, considerando la escasa disponibilidad de personal de planta de aquélla para efectuar directamente la mencionada función.

No obstante dicha aclaración, el voto de minoría adujo que la inspección entraña una actuación delicada, de modo tal que esa atribución debería estar confiada exclusivamente a la Comisión o, en último caso, a modo de garantía, obligar a la Comisión a calificar previamente a los terceros encargados de la inspección. Asimismo, impugnó la facultad de ejercer la inspección sin previo aviso y en cualquier momento.

Artículo 14

Éste, que en el inciso primero estatuye que el personal de casinos de juego o de salas de bingo, según el caso, deberá poseer los requisitos de educación, solvencia económica y experiencia que el reglamento determine, y que en el inciso segundo precave que no podrán trabajar en dichos establecimientos los menores de edad ni quienes hayan sido condenados por delito común que merezca pena aflictiva, fue objeto de una indicación suscrita por la señora González doña Rosa y los señores Longton y Palma don Joaquín, aprobada por simple mayoría (3 contra 1 y 1 abstención), que lo elimina.

La supresión se fundamentó en que, a juicio de la mayoría, el precepto es redundante, sin perjuicio de lo cual contiene una expresión imprecisa, cual es exigir “solvencia económica”.

Artículo 14 (Antiguo 15)

Esta disposición, que señala en el inciso primero que el personal de casinos de juego o de salas de bingo no podrá, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos que explote el establecimiento en que aquél se desempeñe, haciéndose extensiva tal prohibición a los socios, directores y gerentes de la sociedad operadora, y a los que administran los servicios anexos; agregando en el inciso segundo que la infracción de tales prohibiciones será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el título VI, fue aprobada por asentimiento unánime.

TITULO IV

DEL PERMISO DE OPERACION

Párrafo 1º

Del otorgamiento

Artículo 15 (Antiguo 16)

Éste, conforme al cual podrán optar a un permiso de operación para un casino de juego o sala de bingo sólo las sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile que se sujeten a las normas de control que rigen a las sociedades anónimas abiertas, con las particularidades que especifica a continuación (relativas, entre otros aspectos, al objeto social, al número mínimo de socios, al monto del capital social, a la oportunidad en que éste debe ser enterado y a la transferencia de las acciones), fue aprobado por asentimiento unánime, excepción sea hecha de su letra a), que recibió una indicación de los señores Longton y Martínez don Rosauro, aprobada por simple mayoría de votos (4 contra 2 y 1 abstención), que le introduce una adecuación formal; y de la letra d) inciso segundo -que trata del plazo para aumentar el capital social al mínimo que fije el reglamento, bajo sanción de entenderse renunciada la solicitud-, que fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por 4 votos a favor y 3 abstenciones, en el sentido que si no se da cumplimiento al requisito en referencia se tendrá por no presentada la solicitud o se revocará el permiso de operación, según corresponda.

Sobre el alcance del artículo en general, el representante del Ejecutivo expresó que de acuerdo al proyecto una misma sociedad no está facultada para operar más de un casino; lo cual no es óbice para que los mismos socios que conforman la sociedad operadora puedan crear otras sociedades que se dediquen al rubro. Por otra parte, señaló que la norma -letra b) del artículo en mención- que limita a diez el número de socios de la sociedad operadora obedece a que, por definición, las sociedades anónimas cerradas cuentan con pocos miembros; con todo, admitió, pudo haberse escogido otra cifra.

Finalmente, sobre el sentido de la indicación al párrafo segundo de la letra d) de este artículo, se explicó que ella mejora la redacción del precepto propuesto por la Comisión Especial de Turismo, porque se pone en la eventualidad de que el casino esté operando, caso en el cual si no se entera el capital mínimo dentro del plazo legal la sanción lógica es la revocación del permiso de operación.

Artículo 16 (Antiguo 17)

Este artículo, que en su inciso primero prescribe que los socios de las sociedades operadoras deberán ser personas naturales que no hayan sido condenadas por delito común que merezca pena aflictiva, cumplan con los antecedentes comerciales que el reglamento establezca y puedan justificar el origen de los fondos que destinarán a la sociedad, cuestión que calificará la autoridad competente; que, en el inciso segundo, establece que no podrán formar parte del directorio de la sociedad operadora quienes no cumplan con los requisitos aludidos, y que, en el inciso tercero, estipula que los socios y los directores de las entidades operadoras no podrán desempeñarse como gerentes de la sociedad, ni tampoco asumir ningún tipo de funciones en las salas de juego, fue aprobado por 6 votos a favor y 1 abstención.

No obstante la propuesta surgida durante la discusión en orden a prohibir ser socio de más de una sociedad operadora de casino o sala de bingo, no prosperó tal sugerencia, prevaleciendo el argumento del Ejecutivo según el cual ello no guarda armonía con el espíritu del proyecto y, por otra parte, podría vulnerar la garantía constitucional de la libertad de iniciativa en materia económica.

Artículo 17 (Antiguo 18)

Este precepto, que en su inciso primero señala que la solicitud de operación se presentará ante la Comisión, debiendo acompañarse a ella la documentación que enuncia (a saber, por ejemplo, la escritura social, los antecedentes personales y comerciales de los socios, los juegos de azar y servicios anexos que se pretende explotar, un certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la sociedad operadora y sus accionistas, etc.); y que, en el inciso segundo, precisa que el procedimiento de tramitación de la solicitud se regulará mediante un reglamento que ha de dictar el Presidente de la República por decreto expedido a través del ministerio del Interior, fue aprobado por asentimiento unánime, conjuntamente, y por idéntico quórum, con sendas indicaciones: la primera, de los señores Martínez don Rosauro y Sánchez, que le introduce una enmienda a la letra c) del primer inciso -en armonía con la modificación al inciso tercero del artículo 19 (antiguo 20), que se verá oportunamente-, en orden a que el plazo de duración del permiso de operación que se solicite a la Comisión no puede ser inferior a 10 años; y la segunda, suscrita por la señora González doña Rosa y los señores Longton, Martínez don Rosauro, Reyes, Sánchez y Silva, en el sentido que el decreto que menciona la parte final del artículo será tramitado por el ministerio que corresponda.

Artículo 18 (Antiguo 19)

Éste recibió el siguiente tratamiento:

El inciso primero, que prescribe que respecto de cada solicitud de operación la Comisión recabará la opinión del gobierno regional y municipal pertinentes, fue aprobado por asentimiento unánime, sin variaciones.

El inciso segundo, en cuya virtud el mencionado organismo público requerirá de Sernatur un informe técnico sobre el impacto turístico del proyecto de casino o sala de bingo, fue aprobado por análogo quórum, en los términos propuestos.

Su inciso tercero, según el cual la Comisión requerirá, además, los informes que estime pertinentes a cualquier otro órgano de la Administración del Estado para que emita un pronunciamiento sobre los aspectos técnicos y financieros de la solicitud, sin perjuicio de poder pedir a los interesados las aclaraciones e informaciones complementarias que estime del caso, fue aprobado también por asentimiento unánime.

El inciso cuarto, con arreglo al cual las opiniones e informes antedichos deberán ser evacuados dentro de los 30 días siguientes al requerimiento, fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, que lo reemplaza por una disposición que en su primera parte prescribe que una vez reunidos los antecedentes la Comisión elevará una proposición al Consejo Resolutivo -regulado más adelante- para que éste se pronuncie sobre la solicitud respectiva, agregando a continuación que el Consejo emitirá su dictamen dentro del plazo de 30 días contado desde la recepción de la propuesta.

Sobre el sentido de la indicación en referencia, el representante del Ejecutivo argumentó que ella guarda relación con la inspiración del proyecto, que consulta la participación de varios organismos estatales en la temática de los casinos. La creación del Consejo Resolutivo se inserta, pues, en esa línea y obedece al objetivo específico de que haya un organismo jerárquicamente superior a la Comisión Nacional del Juego, siguiendo en esta materia el modelo organizacional de la Fiscalía Nacional Económica. La idea es que la Comisión se encargue exclusivamente del acopio de antecedentes respecto de cada interesado en operar un casino o sala de bingo, y luego los eleve a la consideración del Consejo, que toma la decisión en cada caso.

Artículo 19 (Antiguo 20)

Este precepto recibió el tratamiento que pasa a detallarse:

El inciso primero, que señala que la resolución de la Comisión que otorgue o deniegue el permiso de operación deberá ser fundada, puntualizando luego que en ningún caso se podrá otorgar un permiso de carácter provisorio, fue aprobado por unanimidad, conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación del Ejecutivo en virtud de la cual, y en armonía con la modificación introducida al artículo precedente, se omite la alusión a la Comisión, y por otro lado se precisa que la resolución en comento puede referirse también a la renovación del permiso.

Su inciso segundo, que determina que la resolución que acoja la solicitud deberá publicarse en el Diario Oficial por una vez, y en extracto, dentro del plazo de 10 días a contar de su dictación, fue aprobado por asentimiento unánime, conjuntamente, y por análogo quórum, con una indicación del Ejecutivo, la cual, en correspondencia con la enmienda anterior, agrega la hipótesis de renovación del permiso.

El inciso tercero, que señala que los permisos de operación tendrán la vigencia que establezca la resolución respectiva, la que podrá extenderse hasta un máximo de 10 años, salvo que el operador haya incurrido en alguna causal de terminación o revocación, agregando que antes de su vencimiento el permiso podrá ser renovado mediante un procedimiento análogo al contemplado para el otorgamiento, recibió el siguiente trato: a) La primera oración, hasta la coma que viene luego de las palabras “10 años”, fue objeto de una indicación de los señores Martínez don Rosauro, Pérez don Víctor y Sánchez, aprobada por asentimiento unánime, que la sustituye por una norma según la cual el permiso en comento se otorgará por el plazo solicitado por el interesado, no pudiendo en todo caso ser inferior a 10 años ni superior a 20; b) La parte de la misma oración que viene después, alusiva a la posibilidad de que el operador incurra en alguna causal de terminación o revocación del permiso, recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada también por unanimidad, que la elimina, y c) Finalmente, la segunda oración del inciso en examen, que trata de las condiciones de renovación del referido permiso, fue aprobada por asentimiento unánime, conjuntamente, y por análogo quórum, con una indicación del Ejecutivo que precisa que la renovación debe efectuarse entre 180 y 360 días antes de la fecha de vencimiento del permiso.

En cuanto al alcance de la indicación que extiende el plazo de duración del permiso de marras hasta veinte años, y que puntualiza que en la determinación de aquél la autoridad debe ceñirse a la petición del interesado -con tal que se enmarque en el límite y máximo consignados-, hubo acuerdo en que el término de 10 años resulta insuficiente, considerando que en la mayoría de los casos la explotación de un casino demanda una gran inversión que se recupera en el largo plazo, superando el lapso referido. Desde otra perspectiva, fundamentando la intervención del legislador en el establecimiento de un límite de tiempo para el desarrollo del juego como actividad empresarial, el representante del Ejecutivo hizo ver que, dada la ilicitud de aquél como principio general, es lógico que la autoridad vele por las condiciones en que debe expedirse el permiso de operación y, entre éstas, su duración.

Respecto al tópico de la renovación del permiso, el Ejecutivo destacó que la circunstancia de que dicho trámite no opere de manera automática da garantías de ecuanimidad a quienes deseen ingresar al negocio de la explotación de casinos. Se establecen, de este modo, condiciones que permiten una saludable competencia en el rubro.

Artículo 20 (Antiguo 21)

Éste, en cuya virtud la resolución que concede el permiso a que se ha hecho referencia deberá contener las especificaciones que enuncia -entre ellas la razón social, el nombre y ubicación del establecimiento y las licencias de juego otorgadas- fue aprobado por unanimidad, conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación del Ejecutivo que, en concordancia con lo dicho a propósito de la disposición precedente, incorpora la hipótesis de la renovación del permiso.

Artículo 21 (Antiguo 22)

Este artículo recibió el siguiente tratamiento:

El inciso primero, que establece que el operador deberá iniciar la operación del casino de juego o de la sala de bingo dentro del plazo máximo de un año, contado desde la publicación de la resolución que otorga el permiso de operación, a menos que antes de su vencimiento, y por razones fundadas, el operador hubiere obtenido una prórroga, fue aprobado por simple mayoría (4 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones).

El inciso segundo, conforme al cual una vez vencido el plazo original o la prórroga sin que las actividades se hayan iniciado se entenderá que el permiso de operación ha quedado sin efecto, no pudiendo aquél solicitarse nuevamente por el mismo peticionario sino una vez transcurrido el plazo que se estipula, fue aprobado por idéntico quórum.

Su inciso tercero, que detalla el procedimiento que ha de seguirse ante la Comisión una vez que el operador se encuentre en condiciones de iniciar la operación del casino de juego o sala de bingo, fue aprobado por el quórum señalado precedentemente, conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del Ejecutivo en el sentido de que la prohibición de operación parcial a que se refiere el precepto apunta específicamente a los casinos de juego y salas de bingo.

El representante del Ejecutivo explicó que durante la elaboración del proyecto se consideró la posibilidad de otorgar permisos provisorios para operar, pero en definitiva ella fue descartada, estimándose preferible fijar el plazo de un año, contado desde el cumplimiento de la gestión a que alude el inciso primero, para iniciar las actividades del casino o sala de bingo.

Artículo 22 (Antiguo 23)

Esta norma fue objeto del siguiente tratamiento:

El inciso primero, que dispone que el permiso de operación habilitará para la explotación del casino de juego o la sala de bingo expresamente comprendida en él y por el tiempo que fije la resolución, no pudiendo invocarse aquél para instalar sucursales del establecimiento, fue aprobado por unanimidad, sin enmiendas.

Su inciso segundo, que señala que sin perjuicio de lo anterior el operador podrá solicitar la ampliación o reducción del número de licencias de juego otorgadas o servicios anexos autorizados, fue aprobado por asentimiento unánime, conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación del Ejecutivo que le introduce una oración nueva, conforme a la cual tal solicitud será resuelta por el Consejo Resolutivo.

Párrafo 2°

De la extinción y revocación

Artículo 23 (Antiguo 24)

Este artículo, que enuncia las causales de extinción del permiso de operación (vencimiento del plazo o de la renovación correspondiente, renuncia del operador, disolución de la sociedad anónima, entre otras), fue aprobado también por unanimidad.

Artículo 24 (Antiguo 25)

Este precepto, que establece las causales de revocación del permiso de operación, sin perjuicio de las multas que fueren procedentes, recibió el siguiente trato:

Sus letras a) a ñ), que enuncian, como se señaló en el encabezamiento, distintas causales de revocación, tales como iniciar las operaciones de un casino de juego o sala de bingo sin contar con la certificación de rigor, infringir las normas sobre juegos, operar un establecimiento no autorizado, explotar juegos prohibidos, e incumplir el pago de los premios provenientes de los juegos, fueron aprobadas por asentimiento unánime, conjuntamente, y por el mismo quórum, con sendas indicaciones del Ejecutivo a las letras b) y n), tendientes, respectivamente, a puntualizar que la infracción de las normas sobre juegos debe ser “grave” y, por otra parte, a sustituir el vocablo “incumplir” por la palabra “negar”, relativa al pago de los premios provenientes de los juegos.

La letra o), en tanto, que se refiere a la causal amplia de “cualquier otra infracción grave a la resolución que concedió el permiso, a juicio de la autoridad fiscalizadora”, fue objeto de una indicación suscrita por la señora González doña Rosa y los señores Martínez don Rosauro y Sánchez, aprobada por simple mayoría (4 contra 2), que la suprime.

La eliminación de esta última letra se fundamentó en que, para la mayoría de los diputados presentes, la amplitud de la facultad conferida a la autoridad podría derivar eventualmente en apreciaciones arbitrarias por parte de la Comisión sobre los hechos que conformarían la infracción grave de la resolución que confirió el permiso. Además, y en abono del argumento anterior, se sostuvo que dicha causal de revocación contrasta con las restantes, que están concebidas en términos más objetivos.

Artículo 25 (Antiguo 26)

Éste, cuyo inciso primero señala que la Comisión iniciará el procedimiento de revocación cuando considere que existen antecedentes fundados para ello; que, en el inciso segundo, acota que con tal propósito dictará una resolución indicando la causal o causales en que el operador habría incurrido y acompañando los fundamentos correspondientes; que, en el inciso tercero, establece que la resolución deberá ser notificada al gerente del operador o a su apoderado; y que en el inciso cuarto permite a la autoridad ordenar la paralización inmediata de las actividades del establecimiento en la misma resolución que da comienzo al procedimiento de revocación, fue aprobado por unanimidad, conjuntamente, y por análogo quórum, con una indicación formal del Ejecutivo al inciso final.

No obstante el quórum con que fue aprobada esta disposición, y reconocerse que en casos graves es necesaria la paralización inmediata de actividades del casino o sala de bingo decretada por la autoridad, se hizo ver que debe tenerse especial cuidado en el ejercicio de dicha atribución, porque entraña un delicado problema socio-laboral para los trabajadores afectados por la medida.

Artículo 26 (Antiguo 27)

Este precepto recibió el siguiente tratamiento:

El inciso primero, en cuya virtud el operador podrá efectuar los descargos que crea oportuno dentro del plazo de 15 días hábiles, acompañando los antecedentes del caso ante la Comisión Nacional del Juego, fue aprobado por asentimiento unánime, conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación meramente formal del Ejecutivo.

Su inciso segundo, que preceptúa que una vez recibidos los descargos, o transcurrido el plazo sin haberse éstos recepcionado, la Comisión procederá a resolver sin más trámite, dentro de los cinco días siguientes, fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, estableciendo el texto de reemplazo que en la situación antedicha la Comisión elevará los antecedentes al Consejo Resolutivo dentro del plazo que especifica, organismo que decidirá sin más trámite en el término de diez días, prorrogable por una sola vez.

Artículo 27 (Antiguo 28)

Esta disposición, con arreglo a la cual la resolución de revocación deberá ser fundada y se pronunciará sobre todos los puntos esgrimidos a su favor por el operador, señalando luego, en el inciso segundo, que si el operador considera que la revocación de su permiso ha sido injustificada podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, en cuyo evento la resolución de paralización de las actividades del establecimiento sólo podrá ser alzada por la misma Corte en la sentencia que anule la revocación, fue aprobada por cuatro votos a favor y tres abstenciones, conjuntamente, y por análogo quórum, con una indicación del Ejecutivo que reemplaza el texto del segundo inciso por una norma similar, esto es, manteniendo el mencionado recurso, pero reglamentando diversos aspectos del mismo, tales como el plazo para interponerlo -10 días desde que se notifica la resolución de revocación- y fallarlo -la Corte debe dictar sentencia en el término de treinta días, sin ulterior recurso-.

Hubo consenso en que esta nueva redacción, que recoge por lo demás la propuesta entregada por la Corte Suprema dando cumplimiento al artículo 74 de la Carta Fundamental, perfecciona la norma aprobada en su momento por la Comisión Especial de Turismo.

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El epígrafe del Título V, denominado “De la Comisión Nacional del Juego”, recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime, que lo reemplaza por el encabezado “De la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo y del Consejo Resolutivo”.

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Párrafo 1°

Naturaleza y funciones

Artículo 28 (Antiguo 29)

Éste, que crea la "Comisión Nacional del Juego", definiéndola como un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que se regirá por esta ley y su reglamento, y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior, agregando que su domicilio estará en Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que establezca en otras ciudades del país, fue aprobado por unanimidad, conjuntamente, y por el mismo quórum, con sendas indicaciones del Ejecutivo: la primera, de carácter formal, en armonía con el cambio de nomenclatura del Título V; mientras que la otra precisa que la aludida Comisión estará a cargo del Comisionado Nacional.

Artículo 29 (Antiguo 30)

Esta norma, en cuya virtud se encomienda a la Comisión la tarea de supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas atingentes a los casinos de juego y las salas de bingo, fue aprobada por asentimiento unánime, sin modificaciones.

Artículo 30 (Antiguo 31)

Este artículo, que señala que la Comisión tendrá, en general, las funciones y atribuciones que especifica más adelante, recibió el siguiente tratamiento:

Su encabezado, que como se dijo hace referencia a las funciones y atribuciones de dicho organismo, fue aprobado por unanimidad, conjuntamente, y por análogo quórum, con sendas indicaciones: la primera, del Ejecutivo, que le incorpora una adecuación formal, en tanto que la segunda, suscrita por el señor Sánchez, elimina las palabras “en general”.

Los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 8, que se refieren a atribuciones y funciones como fiscalizar la actividad de los casinos y salas de bingo, determinar los principios contables que deben aplicar las entidades fiscalizadas, autorizar al operador para contratar con terceros la prestación de los servicios anexos y controlar el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes que el reglamento determine, fueron aprobados por unanimidad, sin enmiendas.

El numeral 1, que consagra la facultad de conocer y resolver, dentro de 120 días, las solicitudes de permisos y las renovaciones de operación de casinos de juego y salas de bingo, como también el otorgamiento, ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos, fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime, estableciendo el texto de reemplazo, y en armonía con los cambios sustantivos introducidos al proyecto en cuanto a la estructura organizacional del sistema y la competencia de los entes estatales, que la mencionada Comisión posee la atribución -más restringida- de reunir y recabar los antecedentes concernientes a las solicitudes de permisos de operación de casinos y salas de bingo, a la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos, y aquéllos relativos a la renovación y revocación de tales permisos.

El numeral 7, que faculta a la Comisión para convenir con las municipalidades u otros organismos de la Administración del Estado, e incluso con entidades privadas, la realización de acciones específicas de fiscalización de los casinos y salas de bingo, recibió una indicación sustitutiva de la señora González doña Rosa y del señor Sánchez, aprobada por asentimiento unánime, en virtud de la cual se mantiene tal atribución en los términos consignados, pero puntualizando, respecto de las organizaciones privadas, que el convenio correspondiente podrá suscribirse únicamente con aquéllas que se encuentren acreditadas ante la Comisión.

El numeral 9, que confiere a la Comisión la atribución de coordinarse con SERNATUR para propender al desarrollo turístico del país, fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada también por asentimiento unánime, que lo elimina.

Sobre la supresión, en el encabezamiento del artículo, de la expresión “en general”, se sostuvo que el empleo de una fórmula meramente enunciativa para referirse a las funciones y atribuciones de la Comisión vulneraría el artículo 7° de la Carta Fundamental, pues este precepto obliga a los órganos del Estado -y la Comisión lo es- a actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, no pudiendo arrogarse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes; principio del que se infiere que las atribuciones de los organismos públicos deben estar claramente señaladas en el ordenamiento jurídico, lo que no ocurriría en la especie por la forma en que está redactada la norma. Tal raciocinio, por otra parte, se encuentra avalado por fallos del Tribunal Constitucional recaídos en artículos de proyectos de ley formulados de manera análoga.

En un plano diferente, el representante del Ejecutivo explicó que la eliminación, en el nuevo texto del numeral 1, del plazo de 120 días propuesto por la Comisión Especial de Turismo para que la Comisión se pronuncie sobre las solicitudes que señala la disposición, guarda armonía con el cambio que se introdujo al diferenciar la labor de la Comisión respecto de la que se asigna al Consejo.

Tocante a la indicación que modifica el numeral 7 en referencia, los diputados patrocinantes afirmaron que con ella se pretende adoptar ciertos resguardos, dada la importancia que reviste el hecho de asignarles a los privados un papel fiscalizador en la materia (que normalmente sólo es ejercido por entes públicos), motivo por el cual, además de precisarse un convenio con la Comisión -como en los casos restantes-, se les exige estar acreditados ante este organismo.

Párrafo 2º Del patrimonio

Artículo 31 (Antiguo 32)

Éste, conforme al cual el patrimonio de la Comisión estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso, incluyendo los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos; precisando en el inciso segundo que las donaciones que se hagan en su favor no requerirán del trámite de insinuación y estarán exentas del impuesto establecido en la ley del rubro, fue aprobado por ocho votos a favor, tres en contra y una abstención, sin perjuicio de facultar a la Secretaría de la Comisión para corregir un error de reiteración contenido en la letra b), que trata de los bienes muebles e inmuebles.

Párrafo 3°

Estructura y organización

Artículo 32 (Antiguo 33)

Este precepto, que establece que el jefe superior del servicio en mención -cuyo título es Comisionado Nacional del Juego, un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República- tendrá la representación judicial y extrajudicial del organismo, y las demás funciones y atribuciones que establezcan la ley y los reglamentos, fue aprobado por seis votos a favor y cinco en contra, conjuntamente, y por el mismo quórum, con una indicación formal del Ejecutivo, en consonancia con adecuaciones previas al articulado.

Artículo 33 (Antiguo 34)

Éste, que en el inciso primero fija la planta de personal de la Comisión, estipulando 3 cargos para la plana directiva y 8 para la de profesionales, y especificando el grado en la escala única de cada uno de ellos; que, en el inciso segundo, encarga al Comisionado determinar las funciones y el personal adscrito a cada departamento o unidad; y que, en el inciso tercero, faculta a la Comisión para contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios con el objeto de realizar asesorías, estudios o servicios determinados, sin perjuicio de poder solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos de la Administración del Estado, fue aprobado por ocho votos a favor y cuatro en contra.

Esta disposición, y en particular el párrafo que permite contratar personal extra o solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de otros organismos, generó un debate en torno a su mérito. Así, mientras algunos estimaron innecesario dotar de la referida atribución a la Comisión Nacional, pudiendo cumplir las tareas que detalla el precepto organismos como el Servicio de Impuestos Internos, la opinión contraria, plasmada en el voto de mayoría, sostuvo que es normal entregar a los entes públicos la facultad de recurrir a personal ajeno -sea a contrata o a honorarios- para poder cumplir de mejor manera su cometido. Además, la norma en cuestión apunta, aunque no lo señala en forma expresa, al ejercicio de un control específico, cual es el de los implementos que se emplean en el juego.

Artículo 34 (Antiguo 35)

Este artículo recibió el siguiente tratamiento:

Su inciso primero, que enuncia las funciones del Comisionado Nacional del Juego, fue aprobado por seis votos a favor y cuatro abstenciones, conjuntamente con sendas indicaciones: I.- La primera, del Ejecutivo, (aprobada por análogo quórum), tendiente a modificarlo en los siguientes aspectos principales: a) Introducirle una enmienda formal a su encabezamiento; b) Replantear la función consignada en el numeral 1, -esto es, planificar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Comisión-, en términos de circunscribirla a las tareas de dirección y organización de dicho organismo; c) Sustituir el numeral 15, que se refiere a la labor de propender en conjunto con Sernatur al desarrollo turístico del país, por dos numerales nuevos, estableciendo el primero de ellos, en síntesis, la función de emprender acciones judiciales respecto de los juegos de azar desarrollados al margen de la ley, mientras que el N°16 que se incorpora le encomienda al Comisionado Nacional ejercer las demás funciones que establezca la ley; d) Finalmente, se introduce una adecuación de forma al inciso segundo del artículo en examen, que establece la obligación del Comisionado de poner en conocimiento de los organismos competentes los antecedentes necesarios para que éstos ejerzan las facultades fiscalizadoras que les son inherentes. II.- La segunda indicación, en tanto, suscrita por el señor Valenzuela y aprobada por cinco votos a favor y cuatro abstenciones, modifica el numeral 12 de este artículo, que trata de las visitas inspectivas realizadas directamente o por intermedio de inspectores o agentes, en orden a reemplazar el vocablo “agentes” por “funcionarios”.

El inciso segundo, con arreglo al cual el Comisionado deberá proporcionar a los organismos pertinentes la información que obre en su poder para que aquéllos ejerzan sus facultades fiscalizadoras propias, fue aprobado por seis votos a favor y cuatro abstenciones.

TITULO VI

DE LA FISCALIZACION, INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES

Párrafo 1°

De la Fiscalización

Artículo 35 (Antiguo 36)

Éste, que en su inciso primero dispone que los inspectores o agentes de la Comisión tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento; agregando en el inciso segundo que las acciones de fiscalización podrán llevarse a cabo en cualquier momento, para lo cual el operador deberá otorgar todas las facilidades que le sean requeridas, fue aprobado por seis votos a favor y cuatro en contra, conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación del señor Valenzuela, que en armonía con la enmienda introducida al artículo precedente sustituye la palabra “agentes” las veces que aparece, por el término “funcionarios”.

Artículo 36 (Antiguo 37)

Este artículo, según el cual las sanciones por infracciones a esta ley o sus reglamentos se aplicarán administrativamente por los funcionarios que se determine en el reglamento correspondiente, sin perjuicio de la medida de suspensión del desarrollo de uno o más juegos o el cierre de las salas de juego o de los servicios anexos, recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por seis votos a favor y cuatro abstenciones, que lo reemplaza por una norma que restringe la referencia a las sanciones a aquéllas consagradas en el presente Título -el V- y no a la ley en su conjunto o sus reglamentos, manteniendo por otro lado las medidas de suspensión y cierre antes señaladas, en los casos contemplados en esta ley.

Artículo 37 (Antiguo 38)

Este precepto, en cuya virtud los funcionarios respecto de quienes se acredite que han aplicado sanciones injustas o arbitrarias serán castigados con alguna de las medidas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos, fue aprobado por idéntico quórum que el anterior.

Párrafo 2°

De las infracciones

Artículo 38 (Antiguo 39)

Esta disposición, que señala que las infracciones a esta ley y sus reglamentos que no tengan asignada una sanción especial serán penadas con multa a beneficio fiscal por el monto que indica, y que en caso de reincidencia dentro del lapso de un año el importe se duplicará, recibió una indicación sustitutiva del Ejecutivo, aprobada por cinco votos a favor y tres abstenciones, precisando el nuevo texto que los juegos de azar que establece esta ley sólo se podrán explotar en la forma y condiciones y por las entidades que ella señala.

Artículo 39 (Antiguo 40)

Éste, según el cual será responsable del pago de la multa la sociedad operadora del Casino de Juego o Sala de Bingo y, en forma subsidiaria, los directores, gerentes y apoderados que tengan facultades generales de administración, fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, aprobada por seis votos a favor y tres en contra, recogiendo en términos similares el inciso primero de la norma de reemplazo el texto del artículo 39 propuesto por la Comisión Especial de Turismo, esto es, prescribiendo que las infracciones a la ley y sus reglamentos que no tengan fijada una sanción especial serán penadas con multa a beneficio fiscal, la que se duplicará en caso de reincidencia dentro del mismo año; agregando en el inciso segundo que la responsabilidad del pago de la aludida multa recaerá en primer lugar en los directores, gerentes y apoderados con facultades de administración, y sólo subsidiariamente en la sociedad operadora.

Artículo 40 (Antiguo 41)

Este precepto, con arreglo al cual serán sancionados con la multa que especifica los directores, gerentes y apoderados con facultades generales de administración que se opongan o impidan las labores de fiscalización de los inspectores o agentes de la Comisión, y que en el inciso segundo establece que la misma sanción se aplicará a las personas antes referidas que se nieguen a proporcionar la información solicitada por los señalados funcionarios en cumplimiento de sus facultades fiscalizadoras, u oculten los instrumentos en que conste dicha información, fue aprobado por seis votos a favor y tres en contra, sin perjuicio de facultar a la Secretaría para introducirle una adecuación en consonancia con la reforma a los artículos 34 y 35.

Artículo 41 (Antiguo 42)

Éste fue objeto del siguiente tratamiento:

Su inciso primero, que prescribe que serán sancionados con multa -por el monto que especifica- los operadores de casinos de juego o salas de bingo que permitan el ingreso o la permanencia en las salas de juego de las personas indicadas en el artículo 9°, fue aprobado por seis votos a favor y tres en contra, sin enmiendas.

El inciso segundo, según el cual los individuos a que alude esta última disposición y que infringieren tal prohibición serán sancionados asimismo con multa, fue objeto de una indicación suscrita por el señor Valenzuela, aprobada por unanimidad, que lo elimina.

Artículo 42 (Antiguo 43)

Éste recibió el siguiente trato:

El inciso primero, que prescribe que les serán cursadas multas, por el monto que especifica, y sin perjuicio de las otras sanciones que correspondieren, a las personas señaladas en las letras que enuncia del artículo 15 -citado erróneamente- que infringieren la prohibición contemplada en esta última norma (es decir, efectuar apuestas en los juegos que explote el establecimiento), fue aprobado por cinco votos a favor y tres abstenciones, conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación del Ejecutivo, conforme a la cual la referencia debe entenderse hecha a la letra a), b) y c) del artículo 9° bis, esto es, al personal de la Comisión, a los funcionarios públicos que en razón de su cargo tengan la custodia de fondos de ese carácter y a las personas que por mandato de la Comisión ejerzan labores fiscalizadoras en los Casinos o Salas de Bingo que efectuaren apuestas por sí o por interpósita persona.

Su inciso segundo, en tanto, que establece que las personas a que se refiere la letra b) del precitado artículo 15 que infringieren la respectiva prohibición serán sancionadas con multa por el monto que consigna, aplicándose esta última también a la sociedad operadora a que pertenezca el infractor, fue aprobado por cinco votos a favor y tres abstenciones, conjuntamente, y también por el mismo quórum de votación, con una indicación del Ejecutivo que precisa que la referencia en comento es al inciso primero del artículo 14.

Artículo 43 (Antiguo 44)

Éste, en cuya virtud -y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 (Actual 24) -que trata de las causales de revocación del permiso de operación- , se sanciona con multa, por el monto que se precisa (entre 50 y 200 u.t.m.), a la sociedad operadora que explotare juegos no autorizados o prohibidos, o servicios anexos no contemplados en la licencia correspondiente, fue aprobado por cinco votos a favor y tres abstenciones, conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación del Ejecutivo que modifica la parte relativa a los servicios anexos, en términos de establecer una multa distinta (cuyo rango oscila entre las 30 y las 100 u.t.m.) para el caso de quebrantamiento de la prohibición que existiere a su respecto.

Artículo 44 (Antiguo 45)

Este precepto, que en el inciso primero señala que el que manipule los implementos de los juegos o su desarrollo en perjuicio o a beneficio de los jugadores o del operador, o sustituya el material con el que se juega con el mismo propósito, será sancionado con multa de entre 20 y 50 u.t.m.; y que, en el inciso segundo, puntualiza que si quien incurriere en las conductas aludidas, o las permitiere, fueren los administradores de los establecimientos, los directores o gerentes de sociedades operadoras, o los encargados de las salas de juego, se aplicará una multa que puede duplicar la fijada para el caso del inciso precedente, fue aprobado también por cinco votos a favor y tres abstenciones.

Artículo 45 (Antiguo 46)

Esta disposición, en cuya virtud el que utilice máquinas o implementos de juego no autorizados será sancionado con multa, agregando que si como consecuencia de esta conducta se produjere perjuicio o beneficio a los jugadores la multa podrá elevarse hasta la suma que consigna, fue aprobada por cinco votos a favor y tres abstenciones.

El representante del Ejecutivo explicó que mediante esta norma se busca precaver el empleo de máquinas de apuestas que no han sido homologadas, habida consideración que se ha constatado la existencia de este tipo de implementos de juego en lugares que no cuentan con la autorización para ello.

Artículo 47 (Antiguo)

Éste, según el cual quien maliciosamente alterare, destruyere o inutilizare los libros, registros y demás instrumentos en que conste la situación financiera o contable de la sociedad operadora será sancionado con una multa cuyo monto puede alcanzar la suma que indica (200 u.t.m.), fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por cinco votos a favor y tres abstenciones, que lo elimina.

Artículo 46 (Antiguo 48)

Este artículo, en cuya virtud quien maliciosamente alterare, destruyere o inutilizare los libros, registros y demás instrumentos en que deben asentarse los montos con que abren y cierran los juegos será sancionado con multa de hasta 100 u.t.m., fue aprobado por cinco votos a favor y tres abstenciones, conjuntamente, y por análogo quórum, con una indicación del Ejecutivo que rebaja el tope de la multa a 30 u.t.m.

Artículo 47 (Antiguo 49)

Esta norma, que establece que las sanciones precedentes son sin perjuicio de la responsabilidad por los delitos que se cometan, fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada asimismo por el quórum anterior, que la reemplaza por una disposición con arreglo a la cual si un mismo hecho configura a la vez una falta administrativa sancionada en esta ley y un crimen o simple delito, el infractor sólo será sancionado con la pena asignada a uno de éstos.

Artículo 48 (Antiguo 50)

Éste recibió el siguiente tratamiento:

El inciso primero, según el cual en los casos precedentes, una vez aplicada la multa, la sociedad operadora podrá reclamarla ante el Comisionado dentro del término de cinco días, haciendo valer los antecedentes en que se funda el reclamo, debiendo el Comisionado resolver la solicitud en el término que se señala, quedando mientras tanto en suspenso el pago de la multa, fue aprobado por cinco votos a favor y tres abstenciones, conjuntamente, y por análogo quórum, con una indicación del Ejecutivo que eleva a diez días el plazo para efectuar la presentación en comento.

El inciso segundo, que prescribe que una vez desechada la reclamación la sociedad operadora podrá recurrir ante el tribunal ordinario del domicilio de la sociedad dentro del plazo que se menciona, debiendo el tribunal rechazar la tramitación del recurso si no se acredita haberse consignado el valor de la multa, e indicando finalmente que si el reclamo es acogido formalmente se sujetará a las normas contenidas en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil -esto es, el procedimiento sumario-, fue aprobado por idéntico quórum que el que antecede, conjuntamente con una indicación del Ejecutivo encaminada por una parte a precisar que el tribunal aludido es el de competencia en asuntos civiles, y por la otra a dejar establecido que no hay ulterior recurso una vez resuelta la reclamación.

Su inciso tercero, con arreglo al cual si se acoge el recurso el tribunal dejará sin efecto la multa y ordenará la restitución de las suma consignada, fue aprobado también por el quórum consignado.

El inciso cuarto, que dispone que si se rechaza el recurso quedará a firme la multa y se pondrá a disposición de la Comisión la suma en cuestión, acotando que transcurrido el plazo sin que se hubiere interpuesto el recurso la resolución del Comisionado tendrá mérito ejecutivo para efectos del cobro pertinente, fue aprobado asimismo por cinco votos a favor y tres abstenciones.

Al igual que en el caso del artículo 27, la enmienda incorporada al inciso segundo recoge las observaciones planteadas en su momento por la Corte Suprema.

Artículo 49 (Antiguo 51)

Éste, que puntualiza que a las actividades que se realicen de conformidad con esta ley no les serán aplicables los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal, fue aprobado por el mismo quórum.

TÍTULO VII

DE LA AFECTACIÓN

Artículo 50 (Antiguo 52)

Éste, que preceptúa que sin perjuicio del impuesto a la renta, del impuesto al valor agregado (IVA) y demás tributos establecidos en leyes especiales, quienes administren casinos de juego o salas de bingo, o los servicios anexos a ellos, deberán pagar los tributos que se especifican más adelante, fue aprobado por cinco votos a favor y tres abstenciones.

Artículo 51 (Antiguo 53)

Este artículo, que crea un impuesto equivalente a 0,07 u.t.m., que se cobrará en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juego de los casinos y bingos, agregando en el inciso segundo que dicho impuesto estará sujeto a retención y deberá ser ingresado a rentas generales de la nación en el período que consigna, fue aprobado por cinco votos a favor y cuatro abstenciones.

Artículo 52 (Antiguo 54)

Éste, que establece un impuesto del 10%, el cual se calculará sobre la base del conjunto de ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados, y se declarará y pagará mensualmente, en el mismo plazo que fija la ley de impuesto a la renta para realizar pagos provisionales mensuales; estipulando por último que las sumas pagadas por este concepto incrementarán el Fondo Nacional de Desarrollo Regional -FNDR-, fue aprobado por seis votos a favor y tres abstenciones.

Artículo 53 (Antiguo 55)

Esta disposición, según la cual los contribuyentes a que se refiere el artículo 52 (actual 50) pagarán además un impuesto del 10%, calculado en la forma de que trata el artículo precedente, el que se destinará a incrementar el Fondo Común Municipal -FCM-, fue aprobada por análogo quórum que la anterior.

Artículo 54 (Antiguo 56)

Éste, que prescribe que los dineros recaudados en virtud de lo señalado en los artículos 54 y 55 -actuales 52 y 53- se aplicarán por las autoridades regionales y locales, respectivamente, al financiamiento de obras de desarrollo, fue aprobado por el mismo quórum.

Artículo 55 (Antiguo 57)

Esta disposición, que ordena al Servicio de Tesorería registrar separadamente los ingresos provenientes de los impuestos de que tratan los artículos 54 y 55 -actuales 52 y 53-, con el objeto de girar las sumas correspondientes al FNDR o al FCM, según el caso, fue aprobado también por seis votos a favor y tres abstenciones.

Artículo 56 (Antiguo 58)

Éste, que precisa que los tributos establecidos en el presente Título se sujetarán a lo dispuesto en el Código Tributario, y serán administrados y fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos, fue aprobado por idéntico quórum.

Artículo 57 (Antiguo 59)

Este precepto, que deroga los incisos que indica del artículo 2° de la ley N°18.110 (que consagran idéntico impuesto al contemplado en el artículo 53 -actual 51- de la presente ley, aunque circunscrito a los casinos de Arica, Coquimbo, Viña del Mar y Puerto Varas), fue aprobado por el quórum arriba mencionado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1°

Este artículo, con arreglo al cual los casinos de juego que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión pertinente se extinga por vencimiento del plazo o por cualquier otra causa anterior a dicho vencimiento, permitiendo no obstante prorrogar o renovar la concesión, pero sin exceder el 31 de diciembre del año 2015, fue aprobado por cinco votos a favor y cuatro abstenciones, conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación del Ejecutivo que elimina la oración final relativa a la prórroga o renovación de la concesión, prohibiendo expresamente un acto de esa naturaleza a contar de la vigencia de la ley, bajo sanción de nulidad absoluta.

Artículo 2°

Éste, que establece que las leyes por medio de las cuales se hubiere autorizado la creación de casinos de juego en distintas ciudades del país se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes, vigentes a la publicación de esta ley, se extingan por cualquier causa, fue aprobado por cinco votos a favor y cuatro abstenciones.

IV.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUORUM CALIFICADO.

La Comisión determinó que los artículos 27, 48 y 53 del proyecto revisten el carácter de orgánico constitucionales, los dos primeros según lo preceptuado en el artículo 74 de la Carta Fundamental, en tanto que el tercero conforme lo prescrito en el artículo 111 de la misma.

V.- ARTICULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA.

Al respecto, el señor Presidente de la Comisión determinó que los artículos 28 a 34 (incluidos en el Título V, “De la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo y del Consejo Resolutivo”), así como los artículos 50 a 57 (comprendidos en el Título VII, “De la Afectación”), deben cumplir trámite de Hacienda.

VI.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN

A) Artículos

- Artículo 14, por simple mayoría de votos (3 contra 1 y 1 abstención), que señala textualmente:

“El personal de Casino de Juego o de Sala de Bingo deberá poseer los requisitos de educación, solvencia económica y experiencia que el reglamento determine.

En todo caso, no podrán trabajar en dichos establecimientos los menores de edad, ni quienes hayan sido condenados por delito común que merezca pena aflictiva.”.

- Artículo 47, por cinco votos a favor y tres abstenciones, que reza así:

“El que maliciosamente alterare, destruyere o inutilizare los libros, registros y demás instrumentos en que conste la situación financiera o contable de la sociedad operadora, será sancionado con multa de hasta 200 unidades tributarias mensuales.”.

B) Indicaciones

1) Al artículo 13:

- Del señor Longton, por simple mayoría (3 contra 1 y 1 abstención), encaminada a suprimir en el inciso primero las expresiones “en cualquier momento y sin previo aviso”.

- De la señora González doña Rosa, por idéntico quórum que la precedente, y que tenía por finalidad eliminar la primera oración del inciso segundo, que dice así: “Las inspecciones se efectuarán por la Comisión directamente o por intermedio de terceros, para cuyo efecto podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas”.

- Del señor Palma don Joaquín, por simple mayoría (3 contra 2), y que tenía por propósito sustituir en el inciso segundo el vocablo “podrá” por la palabra “deberá”.

2) De la señora González doña Rosa y del señor Rojas, por simple mayoría (8 contra 4), y que proponía eliminar el inciso final del artículo 33 (Antiguo 34), que dice así: “Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá además contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios para asesorías, estudios o servicios determinados. También podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la Administración del Estado”.

VII.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES

No hay.

**********

En virtud de lo expuesto, y por las consideraciones que dará a conocer oportunamente el señor diputado informante, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recomienda la aprobación del siguiente

“PROYECTO DE LEY:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de los casinos de juego y salas de bingo, así como los juegos de azar que en ellos se desarrollen, se regularán por las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.

Artículo 2º.- Atendido el carácter excepcional de la explotación comercial de los juegos de azar antes referidos, en razón de las consideraciones de orden público y seguridad nacional que su autorización implica, corresponde al Estado determinar, en los términos previstos en esta ley, los requisitos y condiciones bajo los cuales dichos juegos y sus apuestas asociadas pueden ser autorizados, la reglamentación general de los mismos, como también la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlos.

Al efecto, corresponde a la instancia administrativa que esta misma ley señala, la atribución exclusiva para autorizar o denegar particularmente la explotación de casinos de juego y salas de bingo en el territorio nacional.

Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

a) Juegos de Azar: aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la suerte, y que se encuentran señalados en el reglamento respectivo, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, bingo y máquinas con premio por suerte o azar.

b) Catálogo de Juegos: aquél en que se señalan los juegos que, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, bingo y máquinas con premio por suerte o azar, podrán desarrollarse en los casinos de juego y salas de bingo.

c) Casino de Juego: la entidad, también denominada "operador", habilitada para explotar los juegos de azar señalados en la letra a), con excepción del bingo, y los servicios anexos, autorizados en el permiso de operación.

d) Sala de Bingo: la entidad, también denominada "operador", habilitada para explotar los juegos de bingo y máquinas con premio por suerte o azar, y los servicios anexos, autorizados en el permiso de operación.

e) Permiso de Operación: la autorización que otorga la autoridad encargada por esta ley, para explotar un Casino de Juego o una Sala de Bingo, incluidos las licencias de juego y los servicios anexos.

f) Licencia de explotación de juegos de azar: el permiso que otorga la autoridad competente, para explotar todos o algunos de los juegos de azar que la ley o sus reglamentos permiten; el que tendrá carácter de intransferible e inembargable.

g) Servicios Anexos: los servicios complementarios que debe ofrecer un operador, según se establezca en el permiso de operación, sea que se exploten directamente por aquél o por medio de un tercero, tales como: restaurante; bar; salas de espectáculos, de convenciones, de seminarios o de eventos similares; locales comerciales; y cambio de moneda extranjera.

h) Establecimiento: el inmueble, consistente en un recinto cerrado, destinado exclusivamente a la operación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo, en cuyo interior se desarrollarán sólo los juegos autorizados, se recibirán las apuestas, se pagarán los premios correspondientes y funcionarán los servicios anexos.

i) Sala de Juego: cada una de las dependencias de un establecimiento en donde se desarrollan los juegos de azar autorizados.

j) Personal del Casino: las personas que prestan servicios permanentes en cualquier dependencia del establecimiento de un Casino de Juego o Sala de Bingo, sea que se desempeñen en las salas de juego o en los servicios anexos.

k) Autoridad Fiscalizadora: el organismo público encargado de fiscalizar la administración y explotación de los Casinos de Juego y Salas de Bingo en los términos previstos en la presente ley, denominada “Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo”, en adelante la Comisión.

l) Registro de homologación: La nómina e identificación de las máquinas y demás implementos expresamente autorizados por la Comisión para el desarrollo de los juegos de azar en los casinos de juego y salas de bingo.

TITULO II

DE LOS JUEGOS, APUESTAS Y SERVICIOS ANEXOS

Artículo 4°.- Sólo se podrán desarrollar los juegos incorporados oficialmente en el Catálogo de Juegos y siempre que se sometan a las disposiciones que esta ley y los reglamentos determinen.

El catálogo, así como las altas y bajas en el mismo, se aprobará mediante decreto supremo, que se dictará a través del Ministerio respectivo, a propuesta de la autoridad fiscalizadora y será confeccionado con arreglo a los siguientes criterios:

a) La salvaguarda del orden público y la prevención de perjuicios a terceros.

b) La transparencia en el desarrollo de los juegos y el establecimiento de los mecanismos que permitan prever la ocurrencia de fraudes.

c) La factibilidad de llevar y controlar la contabilidad de todas las operaciones realizadas.

En el referido catálogo, y para cada juego de las diversas categorías, se especificará además lo siguiente:

1. Las distintas denominaciones con que sea conocido el respectivo juego y las modalidades aceptadas.

2. Los elementos necesarios para su desarrollo.

3. Las reglas aplicables.

4. Las condiciones y prohibiciones que se considere necesario imponer a su práctica.

Artículo 5°.- Los operadores sólo podrán explotar los juegos de azar que esta ley y sus reglamentos autoricen, y siempre que cuenten con la licencia para ello.

Los juegos de azar cuya licencia haya sido otorgada al operador, deberán ser explotados por éste en forma directa, quedando prohibida toda transferencia, arrendamiento, cesión o entrega de su explotación a terceros a cualquier título.

Los juegos de azar dentro de las distintas categorías a que se refiere esta ley y sus reglamentos, sólo se podrán autorizar y desarrollar en los establecimientos de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo que hayan obtenido el permiso de operación correspondiente, según se establece en las disposiciones siguientes.

En los Casinos de Juego, sólo podrán desarrollarse los juegos incorporados en el catálogo, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados y máquinas con premio por suerte o azar.

En las Salas de Bingo, sólo podrán desarrollarse los juegos incorporados en el catálogo, dentro de la categoría de bingo. No obstante, el permiso de operación podrá autorizar la explotación además de máquinas con premio por suerte o azar, en la cantidad máxima que establezca el reglamento, con el objeto de cautelar el bingo como juego principal.

Artículo 6º.- Los operadores sólo podrán utilizar las máquinas e implementos de juegos de azar que se encuentren previamente homologados e inscritos en el registro que al efecto llevará la comisión.

Artículo 7º.- Las apuestas sólo se realizarán mediante fichas u otros instrumentos previamente autorizados, representativos de moneda de curso legal en Chile, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Bajo ninguna circunstancia el operador podrá otorgar crédito a los jugadores.

Las apuestas serán limitadas en su monto o sin límite, según se determine en el reglamento respectivo. Los operadores podrán establecer montos mínimos para las apuestas, previa autorización de la Comisión. En todo caso, carecerán de todo valor las apuestas bajo palabra, así como toda forma de asociación de dos o más jugadores con el ánimo de sobrepasar los límites máximos establecidos para cada tipo de apuestas en las distintas mesas de juego.

Los operadores llevarán un registro diario de la apertura y cierre de las mesas, y de las recaudaciones brutas por concepto de apuestas, por cada una de las mesas y de los juegos que se practiquen en el establecimiento. El reglamento establecerá los procedimientos de registro y control a que deberán ajustarse los operadores, para establecer los flujos de ingresos y egresos en cada día de funcionamiento de las salas de juego.

Artículo 8º.- El reglamento respectivo regulará el funcionamiento de las salas de juego y las funciones y responsabilidades del personal a cargo tanto de la dirección de las salas como del desarrollo de los juegos.

Artículo 9º.- No podrán ingresar a las salas de juego o permanecer en ellas:

- Los menores de edad;

- Las personas en manifiesto estado de ebriedad;

- Los que porten armas, con excepción de los funcionarios de Carabineros e Investigaciones, en el cumplimiento de sus funciones;

- Los que se encuentren bajo la influencia de drogas;

- Los privados de razón;

- Los que se encuentren en interdicción de administrar sus bienes;

- Los que provoquen desórdenes, perturben el normal desarrollo de los juegos o cometan irregularidades en la práctica de los mismos;

- Los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, y

- Los que, siendo requeridos, no puedan acreditar su identidad con la cédula de identidad correspondiente, en el caso de los chilenos o extranjeros residentes, o con el pasaporte o documento de identidad respectivo, en el caso de los demás extranjeros.

Será responsabilidad del operador, y en especial de las personas a cargo de la admisión al establecimiento, velar por el acatamiento de estas prohibiciones, sin perjuicio de las facultades pertinentes de la Comisión.

Los operadores no podrán imponer otras prohibiciones de admisión a las salas de juego, distintas de las establecidas en el presente artículo.

Artículo 9º bis.- No podrán, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en los Casinos de Juego o Salas de Bingo, las siguientes personas:

a) El personal de la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo.

b) Los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, y

c) Las personas que, por mandato o encargo de la Comisión, ejerzan labores fiscalizadoras en los Casinos de Juego o en las Salas de Bingo.

Igual prohibición afectará a toda otra persona que ejerza labores fiscalizadoras en un Casino de Juego o Sala de Bingo, mientras dure su cometido y respecto de los juegos que se desarrollen en ese establecimiento.

Si el que infringiere la prohibición antes señalada lo hace durante el ejercicio de una labor fiscalizadora, quedará de inmediato suspendido de dicha labor.

Lo dispuesto en este artículo, se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.

Artículo 10.- El reglamento establecerá los servicios anexos que pueden prestarse en los establecimientos de casinos de juego o salas de bingo. El mismo reglamento señalará aquellos servicios anexos que necesariamente deberán prestarse por todo operador.

El operador podrá contratar con terceros la prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación, previa autorización de la Comisión, y conforme a las disposiciones que al efecto establezca el reglamento.

TITULO III

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EL PERSONAL

Artículo 11.- Los establecimientos en que operen los Casinos de Juego o las Salas de Bingo autorizados, tendrán como destino único la explotación de los juegos y de los servicios anexos incluidos en el permiso de operación.

Los juegos de azar y los servicios anexos se ubicarán en sectores diferenciados dentro del establecimiento, lugares que deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley, sin perjuicio de los generales o especiales exigidos por las demás leyes o reglamentos vigentes, aplicables a este tipo de locales y servicios.

Corresponderá a la Comisión fiscalizar que el establecimiento cumpla con los requisitos que establece la ley, los reglamentos y lo dispuesto en el permiso de operación.

Artículo 12.- Los establecimientos deberán ser de propiedad del operador o tenidos en arriendo o comodato por éste. En todo caso, la duración pactada del arrendamiento o del comodato deberá ser, a lo menos, igual al número de años por el cual se otorgó el permiso de operación.

Los contratos mencionados en el inciso anterior deberán ser otorgados por escritura pública y subinscribirse al margen de la inscripción de dominio del bien raíz.

Si el inmueble es de propiedad del operador, no podrá enajenarlo mientras dure el permiso de operación. Esta limitación deberá inscribirse en el Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces competente.

Artículo 13.- El establecimiento podrá ser sometido a inspecciones periódicas por parte de la Comisión, las que podrán realizarse en cualquier momento y sin previo aviso, en la forma que dispongan los reglamentos. El operador deberá otorgar todas las facilidades que sean necesarias para efectuar dicha fiscalización.

Las inspecciones se efectuarán por la Comisión directamente o por intermedio de terceros, para cuyo efecto podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas. Lo anterior, se entiende sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias de otros organismos fiscalizadores.

Artículo 14.- El personal del Casino de Juego o de la Sala de Bingo no podrá, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en el establecimiento en que aquél se desempeña. Igual prohibición existirá respecto de los socios, directores o gerentes de la respectiva sociedad operadora y de quienes administren los servicios anexos del mismo establecimiento.

La infracción de estas prohibiciones será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el título VI.

TITULO IV

DEL PERMISO DE OPERACION

Párrafo 1º

Del otorgamiento

Artículo 15.- Podrán optar a permiso de operación para un Casino de Juego o una Sala de Bingo, sólo sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile, que se sujeten a las normas de control que rigen a las sociedades anónimas abiertas, según lo dispuesto en la ley N° 18.046, con las siguientes particularidades:

a) El objeto social será la explotación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo, en los términos previstos en la presente ley y sus reglamentos;

b) Sólo podrán constituirse y funcionar con un máximo de diez socios;

c) El capital social no podrá ser inferior al mínimo establecido por el reglamento, ni podrá disminuir durante la vigencia del permiso de operación. Si la sociedad hubiere sido constituida con un capital inferior al señalado, o éste disminuyera mientras se encuentre vigente el permiso, la Comisión ordenará enterar el referido capital mínimo dentro de un plazo de noventa días, expirado el cual sin que se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado, se tendrá por no presentada la solicitud o se revocará el permiso de operación, conforme a las reglas pertinentes;

d) El capital de la sociedad deberá estar íntegramente suscrito y pagado en un cincuenta por ciento, a lo menos, debiendo enterarse el saldo dentro de los seis meses siguientes a su constitución. Transcurrido el referido plazo sin haberse enterado dicho saldo, el capital de la sociedad se reducirá, de pleno derecho, al monto efectivamente suscrito y pagado, el que, en caso alguno, podrá ser inferior al mínimo a que se refiere la letra anterior.

Si reducido el capital social al monto efectivamente suscrito y pagado, éste fuere inferior al mínimo señalado, la Comisión ordenará el aumento del capital hasta completar al menos dicho capital mínimo en un plazo no superior a 90 días, y si así no ocurriere se tendrá por no presentada la solicitud o se revocará el permiso de operación, según corresponda;

e) Las acciones de la sociedad no podrán transferirse sin autorización de la Comisión y siempre que los nuevos socios cumplan, además, con los requisitos señalados en esta normativa;

f) Los accionistas no podrán constituir gravámenes ni otros derechos reales, distintos del dominio y en conformidad con lo señalado en esta ley, respecto de las acciones que posean en la sociedad operadora. Si una o más acciones pertenecieren conjuntamente a más de una persona, los codueños deberán designar un representante común ante la sociedad, el que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 16, y sin perjuicio de liquidar la comunidad dentro de los doce meses siguientes a su constitución, adjudicando las acciones que correspondan en la forma señalada en el reglamento;

g) La vigencia de la sociedad no podrá ser inferior al tiempo por el cual se solicita el permiso de operación o su renovación, y

h) El domicilio de la sociedad deberá corresponder al lugar en que se explotará el Casino de Juego o la Sala de Bingo cuya autorización de operación se solicita.

Artículo 16.- Los socios de las sociedades operadoras deberán ser personas naturales que no hayan sido condenadas por delito común que merezca pena aflictiva, cumplan con los antecedentes comerciales que el reglamento establezca, y puedan justificar el origen de los fondos que destinarán a la sociedad, lo cual, en todo caso, verificará la autoridad encargada de otorgar el permiso en conformidad a esta ley.

No podrán formar parte del directorio de la sociedad operadora, además de las personas comprendidas en las inhabilidades contempladas en la Ley N° 18.046, quienes no cumplan con los requisitos establecidos en el inciso anterior, en lo que corresponda.

Los socios y los directores de las entidades operadoras no podrán desempeñarse como gerentes de la sociedad. Tampoco estas personas podrán asumir ningún tipo de funciones en las salas de juego.

Artículo 17.- La solicitud de operación se presentará ante la Comisión y deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

a) La escritura social, y los demás antecedentes relativos a su constitución, así como los acuerdos de las juntas de accionistas y del directorio tendientes al perfeccionamiento de la sociedad, y aquellos en que consten los poderes de los gerentes y apoderados, que los autoricen para tramitar ante la Comisión las solicitudes de autorización de operación, licencias de juegos y servicios anexos que correspondan;

b) Los antecedentes personales y comerciales de los socios;

c) El proyecto o plan de operación y el plazo por el cual se solicita el permiso, el que no podrá ser inferior a 10 años;

d) Los estudios presupuestarios y flujos financieros correspondientes;

e) Los instrumentos en que conste el dominio, o el arrendamiento o el comodato, relativos al inmueble en que funcionará el establecimiento, o las promesas de celebrar dichos contratos;

f) La ubicación y planos del establecimiento en que funcionará el Casino de Juego o la Sala de Bingo;

g) Los juegos de azar y servicios anexos que se pretende explotar;

h) Los estudios técnicos, comerciales y turísticos que el solicitante estime necesarios para mejor fundar la solicitud de operación;

i) Un certificado, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, que de cuenta del hecho de encontrase al día la sociedad operadora y sus accionistas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y

j) Los demás antecedentes que establezca el reglamento.

El procedimiento de tramitación de la solicitud de operación se regulará mediante reglamento que al efecto dictará el Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del ministerio respectivo.

Artículo 18.- Respecto de cada solicitud de operación que se presente, la Comisión deberá recabar la opinión del gobierno regional respectivo y de la municipalidad correspondiente a la comuna en donde se propone el funcionamiento del Casino de Juego o Sala de Bingo.

Asimismo, la Comisión requerirá especialmente del Servicio Nacional de Turismo un informe técnico sobre el impacto y consideraciones turísticas del proyecto constitutivo de la solicitud de operación.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión requerirá, además, los informes que estime pertinentes a cualquier otro órgano de la Administración del Estado para que, dentro de la esfera de su competencia, emita un pronunciamiento sobre los aspectos técnicos y financieros de la solicitud de operación, como asimismo para determinar la situación comercial de los solicitantes. La Comisión podrá recabar cualquier otro informe o investigación que estime conveniente para mejor resolver, y requerir de los solicitantes cuantas aclaraciones e informaciones complementarias considere oportuno.

Analizados los informes y antecedentes reunidos, la Comisión elevará una proposición al Consejo Resolutivo, para que éste se pronuncie sobre la solicitud de operación, las licencias de juego y servicios anexos que se pretende explotar, teniendo a la vista tales informes y antecedentes.

El Consejo Resolutivo emitirá su pronunciamiento dentro del plazo de treinta días, contado desde la recepción de la proposición antes indicada.

Artículo 19.- La resolución que otorgue, deniegue o renueve el permiso de operación de un Casino de Juego o una de Sala de Bingo, deberá ser fundada sobre la base de los estudios y antecedentes que obren en poder de la Comisión. En ningún caso se podrá otorgar un permiso de operación provisorio.

La resolución que otorgue o renueve el permiso de operación deberá publicarse en el Diario Oficial, por una vez y en extracto, dentro del plazo de 10 días a contar de su dictación.

El permiso de operación se otorgará por el plazo invocado por el solicitante, no pudiendo ser inferior a diez años ni superior a veinte. Antes de su vencimiento, y con una antelación no inferior a 180 ni superior a 360 días, tales permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo al establecido para el otorgamiento de un permiso originario, pudiendo la Comisión, en este caso, abocarse simplemente a la verificación de la vigencia de los requisitos y la actualización de los antecedentes habilitantes.

Artículo 20.- La resolución que otorgue o renueve un permiso de operación deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:

a) Razón social, nombre de fantasía si lo hubiere, y capital de la sociedad, con indicación del porcentaje pagado y de los plazos en que deberá enterarse el porcentaje suscrito y no pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15;

b) Nombre y ubicación del Casino de Juego o la Sala de Bingo que se autoriza;

c) Plazo de vigencia del permiso de operación, y

d) Licencias de juego otorgadas y servicios anexos autorizados.

Artículo 21.- El operador deberá iniciar la operación del Casino de Juego o la Sala de Bingo dentro del plazo máximo de un año, contado desde la publicación de la resolución que otorga el permiso de operación, a menos que, antes del vencimiento de dicho plazo, el operador hubiere obtenido de la Comisión una prórroga, por razones fundadas.

Vencido el plazo original o la prórroga sin que las actividades se hayan iniciado, se entenderá que el permiso de operación ha quedado sin efecto, no pudiendo aquél solicitarse nuevamente por el mismo peticionario sino una vez transcurrido un año contado desde el vencimiento del plazo o de la prórroga, según corresponda.

El operador que se encuentre en condiciones de iniciar la operación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo, deberá comunicarlo a la Comisión, la que dispondrá de 15 días hábiles para revisar el estricto cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias necesarias para iniciar tal operación. Verificado dicho cumplimiento, la Comisión expedirá un certificado en el que conste tal circunstancia, documento que habilitará para dar inicio a la operación. Si la Comisión observare algunas materias, las señalará expresamente mediante resolución. En este último caso, el operador deberá subsanar tales observaciones y solicitar una nueva revisión, con el objeto que la Comisión expida el certificado indicado y poder dar inicio a la operación. En ningún caso podrá iniciarse la operación parcial de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo.

Artículo 22.- El permiso de operación habilitará la explotación del Casino de Juego o la Sala de Bingo expresamente comprendida en él y por el tiempo que la resolución establezca, no pudiendo invocarse este permiso para la habilitación y funcionamiento de otros establecimientos por el mismo operador, como tampoco para establecer sucursales del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el operador podrá solicitar la ampliación o reducción del número de licencias de juego otorgadas o servicios anexos autorizados, según el procedimiento establecido en el reglamento. En todo caso, dicha solicitud deberá ser resuelta por el Consejo Resolutivo.

Párrafo 2°

De la extinción y revocación

Artículo 23.- El permiso de operación se extinguirá por alguna de las siguientes causales:

a) Vencimiento del plazo o de la renovación otorgada;

b) Renuncia del operador, en la forma y condiciones que determine el reglamento;

c) Disolución de la sociedad anónima operadora;

d) Quiebra del operador, y

e) Revocación.

Artículo 24.- El permiso de operación podrá ser revocado por cualquiera de las siguientes causales, sin perjuicio de las multas que sean procedentes:

a) Iniciar las operaciones del Casino de Juego o la Sala de Bingo sin contar con la certificación a que se refiere el artículo 21;

b) Infringir gravemente las normas sobre juegos contenidas en esta ley y sus reglamentos;

c) Suspender el funcionamiento de las salas de juego sin causa justificada;

d) Operar en un establecimiento no autorizado;

e) Explotar juegos no autorizados o prohibidos;

f) Transferir la propiedad o el uso del permiso de operación o de las licencias de juego otorgadas;

g) Explotar servicios anexos no autorizados en el permiso de operación;

h) Contratar con terceros la administración o prestación de los servicios anexos, sin contar previamente con la autorización correspondiente;

i) Introducir modificaciones sustanciales al establecimiento, sin contar previamente con la autorización de la Comisión;

j) Infringir gravemente las instrucciones que imparta la Comisión en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias;

k) Negar la información requerida por la Comisión en los plazos que ella determine, no suministrarla de acuerdo a las exigencias definidas por aquélla y, en general, obstaculizar las acciones de fiscalización;

l) Participar los socios, directores y gerentes de la sociedad operadora, por sí o por interpósita persona, en los juegos que se explotan en el establecimiento;

m) Utilizar máquinas o implementos de juego no comprendidos en el registro de homologación;

n) Negar el pago total o parcial de los premios provenientes de los juegos;

ñ) Disminuir, durante la vigencia del permiso de operación, el capital social mínimo establecido en el reglamento y no haber enterado este mínimo dentro del plazo de noventa días señalado en la letra c) del artículo 15, y

Artículo 25.- La Comisión iniciará el procedimiento de revocación, cuando considere que existen antecedentes fundados en cuanto a que el operador ha incurrido en alguna causal de revocación del permiso de operación, en los términos previstos en el artículo anterior.

Para ello, dictará una resolución indicando la causal o causales en que el operador habría incurrido, señalando los antecedentes y fundamentos que las justifican.

La resolución deberá ser notificada al gerente del operador o a su apoderado, mediante carta notarial. En el caso que ninguno de ellos sea habido, se procederá a fijar la cédula que la contenga en la puerta del domicilio de la sociedad operadora.

La Comisión podrá ordenar la paralización inmediata de las actividades del establecimiento, en la misma resolución que da comienzo al procedimiento de revocación.

Artículo 26.- El operador podrá efectuar los descargos que crea oportuno dentro del plazo de 15 días hábiles, acompañando los antecedentes que considere necesarios ante la Comisión.

Recibidos los descargos o transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior sin haberse éstos recepcionado, la Comisión elevará los antecedentes al Consejo Resolutivo dentro de los cinco días siguientes. Éste procederá a resolver sin más trámite dentro del plazo de diez días, pudiendo ampliar este último término por una sola vez.

Artículo 27.- La resolución de revocación deberá ser fundada y se pronunciará sobre todos los puntos en que el operador haya sostenido su defensa.

Si el operador considera que la revocación de su permiso ha sido injustificada, podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución de revocación. Dicho tribunal conocerá de la reclamación en cuenta, en la Sala que fuere sorteada al efecto, si hubiere más de una. La Corte dará traslado por seis días al Comisionado Nacional y evacuado dicho trámite o acusada la correspondiente rebeldía, la Corte dictará sentencia en el término de treinta días, sin ulterior recurso. En el caso que hubiere quedado a firme la resolución de paralización de actividades dictada por la instancia administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 25, ésta sólo podrá ser alzada por la misma Corte en la sentencia que anule la revocación del permiso, la que deberá ser fundada.

TITULO V

DE LA COMISION NACIONAL DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO Y DEL CONSEJO RESOLUTIVO

Párrafo 1°

Naturaleza y funciones

Artículo 28.- Créase la "Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo", organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su reglamento, la cual se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior.

Estará a cargo de un Comisionado Nacional. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que establezca en otras ciudades del país.

Artículo 29.- Corresponderá a la Comisión supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas, para la generación, administración y explotación de los casinos de juego y las salas de bingo que operen en el país.

Artículo 30.- La Comisión tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1. Requerir, recabar y reunir la información y antecedentes relativos a las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego y de salas de bingo, a la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos, y los relativos a la renovación y revocación de tales permisos.

2. Fiscalizar las actividades de los casinos de juego y las salas de bingo, y sus sociedades operadoras, en los aspectos jurídicos, financieros y contables, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley y sus reglamentos;

3. Determinar los principios contables de carácter general, conforme a los cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial, sobre la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros;

4. Fiscalizar el desarrollo de los juegos, según las normas reglamentarias de los mismos, como también el correcto funcionamiento de las máquinas e implementos usados al efecto;

5. Autorizar al operador para contratar con terceros la administración y prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación;

6. Controlar el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes, que el reglamento respectivo determine, para las personas que desempeñen funciones en las salas de juego o en las demás dependencias del establecimiento;

7. Convenir con las municipalidades o con otros servicios de la Administración del Estado, e incluso con entidades privadas acreditadas ante la Comisión, la realización de acciones específicas de fiscalización de los casinos de juego o salas de bingo, conforme se establezca en el reglamento respectivo, y

8. Homologar las máquinas e implementos de juego que podrán utilizarse en los casinos de juego y en las salas de bingo, para cuyo efecto la Comisión mantendrá un registro actualizado. El reglamento determinará el procedimiento y los derechos de homologación.

Párrafo 2º

Del patrimonio

Artículo 31.- El patrimonio de la Comisión estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Servicio;

c) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios, y

d) Los demás que señale la ley.

Las donaciones en favor de la Comisión no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley 16.271.

Párrafo 3°

Estructura y organización

Artículo 32.- Un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de Comisionado Nacional, será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo, y las demás funciones y atribuciones que establezcan la ley y los reglamentos respectivos.

Artículo 33.- Establécese la siguiente planta de personal de la Comisión Nacional:

El Comisionado, mediante resolución interna, determinará las funciones y el personal adscrito a cada departamento o unidad.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá además contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios para asesorías, estudios o servicios determinados. También podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la Administración del Estado.

Artículo 34.- Corresponderá al Comisionado Nacional:

1) Dirigir y organizar el funcionamiento de la Comisión;

2) Establecer oficinas regionales cuando las necesidades del servicio así lo exijan;

3) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Comisión;

4) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del servicio. En ejercicio de estas facultades podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza;

5) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia;

6) Nombrar y remover al personal del servicio, de conformidad con las normas estatutarias;

7) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento;

8) Impartir instrucciones contables de carácter general, conforme a las cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial aquéllas que regulen la presentación de balances y estados de situación financiera de las entidades fiscalizadas, y la forma en que deberán llevar su contabilidad;

9) Requerir de los organismos del Estado los informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

10) Imponer las sanciones y multas que establecen la presente ley y demás disposiciones legales o reglamentarias, que regulen la actividad de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo;

11) Examinar, sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las entidades fiscalizadas; y requerir de sus representantes y personal en general, todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor inteligencia de las labores de fiscalización. Las mismas facultades tendrá el Comisionado respecto de los terceros que administren y presten servicios anexos en el establecimiento.

Salvo las excepciones autorizadas por el Comisionado mediante resolución, todos los libros, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el establecimiento del Casino de Juego o Sala de Bingo;

12) Realizar visitas inspectivas, directamente o por intermedio de sus inspectores o funcionarios, a las entidades sometidas a su fiscalización, con la frecuencia que estime conveniente;

13) Citar a cualquier persona que preste servicios en o para un Casino de Juego o Sala de Bingo, a prestar declaración bajo juramento, acerca de cualquier hecho o circunstancia cuyo conocimiento estimare necesario para esclarecer alguna operación de las entidades fiscalizadas o la conducta de su personal;

14) Suspender, total o parcialmente, el funcionamiento de un Casino de Juego o una Sala de Bingo, cuando el operador no cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, de conformidad con el reglamento. El operador podrá solucionar los reparos en el plazo que al efecto determine el Comisionado Nacional;

15) Accionar judicialmente respecto de la explotación y práctica de juegos de azar desarrollados al margen de la presente ley, como asimismo, por los delitos e infracciones de que tome conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y

16) Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Comisionado Nacional deberá poner en conocimiento de los organismos pertinentes los antecedentes de que disponga para que éstos ejerzan las facultades fiscalizadoras que les sean propias.

TITULO VI

DE LA FISCALIZACION, INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES

Párrafo 1°

De la Fiscalización

Artículo 35.- Los inspectores o funcionarios de la Comisión tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los referidos inspectores o funcionarios y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a cabo en cualquier momento, para lo cual el operador deberá otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los inspectores o funcionarios de la Comisión. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, el reglamento determinará, en lo demás, las modalidades que asumirá la función fiscalizadora y el alcance de la misma.

Artículo 36.- Las sanciones establecidas en el presente Título se entienden sin perjuicio de disponerse la suspensión del desarrollo de uno o más juegos o el cierre temporal de las salas de juego o de los servicios anexos contemplados en la presente ley.

Artículo 37.- Los funcionarios respecto de quienes se acredite haber aplicado sanciones injustas o arbitrarias, atendido el mérito de los antecedentes que se reúnan en el procedimiento administrativo seguido en contra de la sociedad operadora, serán sancionados con algunas de las medidas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos.

Párrafo 2°

De las infracciones

Artículo 38.- No se podrán desarrollar y explotar los juegos de azar que la presente ley establece, sino en la forma y condiciones que esta misma ley regula, y sólo por las entidades que ella contempla.

Artículo 39.- Las infracciones a esta ley que no tengan señalada una sanción especial serán penadas con multa a beneficio fiscal de una a treinta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, dentro de un período no superior a un año, estas multas se duplicarán.

Serán responsables del pago de la multa los directores, gerentes y apoderados que tengan facultades generales de administración y, subsidiariamente, la sociedad operadora del casino de juego o sala de bingo.

Artículo 40.- Serán sancionados con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, los directores, gerentes y apoderados con facultades generales de administración que se opongan o impidan las labores de fiscalización de los inspectores o funcionarios de la Comisión.

La misma sanción se aplicará a las personas antes referidas, que se nieguen a proporcionar la información requerida por los inspectores o funcionarios en el cumplimiento de sus facultades fiscalizadoras u oculten los instrumentos en que conste dicha información.

Artículo 41.- Serán sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales los operadores de casinos de juego o salas de bingo que permitan el ingreso o la permanencia en las salas de juego de las personas indicadas en el artículo 9°.

Artículo 42.- Serán sancionadas con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales las personas señaladas en las letras a), b) y c) del artículo 9°bis, que infringieran la prohibición establecida en la misma disposición, sin perjuicio de que la infracción constituya además causal de terminación del contrato de trabajo o de destitución, según corresponda.

Las personas señaladas en el inciso primero del artículo 14 que infringieren la respectiva prohibición, serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales. Igual multa se aplicará además a la sociedad operadora a la que pertenezca el infractor.

Artículo 43.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24, será sancionada con multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales, la sociedad operadora que explotare juegos no autorizados o prohibidos. Tratándose de la explotación de servicios anexos no contemplados en el permiso de operación o no autorizados, ella será sancionada con multa de treinta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 44.- El que manipule, modifique o altere los implementos de los juegos o su desarrollo en perjuicio o beneficio de los jugadores o del operador, o quien sustituya el material con el que se juega con el mismo propósito, será sancionado con multa de 20 a 50 Unidades Tributarias Mensuales.

Si quien incurriere en las conductas señaladas, o quienes las permitieren, fueren los administradores de los establecimientos, los directores o gerentes de sociedades operadoras o los encargados de las salas de juego, serán sancionados con multa de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 45.- El que utilice máquinas o implementos de juego no autorizados, será sancionado con multa de 10 y hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales. Si como producto de esta conducta se hubiere causado perjuicio o beneficio a los jugadores, la sanción podrá llegar a las 60 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 46.- El que maliciosamente alterare, destruyere o inutilizare los libros, registros y demás instrumentos en que deben asentarse los montos con que abren y cierran los juegos, será sancionado con multa de hasta 30 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 47.- En los casos que un mismo hecho sea constitutivo de alguna falta administrativa prevista en esta ley y de un crimen o simple delito, sólo será sancionado con las penas asignadas a éstos.

Artículo 48.- En los casos establecidos precedentemente, aplicada la multa, la sociedad operadora podrá reclamarla ante el Comisionado dentro de los diez días siguientes, haciendo valer todos los antecedentes de hecho y de derecho que fundamenten su reclamo. El Comisionado deberá resolver la reclamación dentro de los diez días siguientes de expirado el plazo para interponerla, quedando mientras tanto en suspenso el pago efectivo de la multa.

Desechada la reclamación, la sociedad operadora podrá recurrir, sin ulterior recurso, ante el tribunal ordinario civil que corresponda al domicilio de la sociedad, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que desechó el reclamo. El tribunal no podrá acoger a tramitación este recurso si no se acredita haberse consignado el valor de la multa. Acogido a tramitación, se regirá por las normas establecidas en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Si se acogiere el recurso, el tribunal dejará sin efecto la multa y ordenará la restitución de las sumas consignadas.

Rechazado el recurso quedará a firme la multa y se pondrán a disposición de la Comisión las sumas consignadas. Transcurrido el plazo sin que se hubiere interpuesto el recurso, la resolución del Comisionado tendrá mérito ejecutivo para su cobro.

Artículo 49.- A las actividades que se realicen de conformidad con esta ley, no les serán aplicables los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal.

TÍTULO VII

DE LA AFECTACIÓN

Artículo 50.- Sin perjuicio de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824, y en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el Decreto Ley N° 825, ambos de 1974, y demás establecidos en leyes especiales, los contribuyentes que administren, en la forma prescrita por esta ley, Casinos de Juego o Salas de Bingo o los servicios anexos a dichos casinos o salas, deberán pagar los impuestos especiales que se indican en los artículos siguientes.

Artículo 51.- Establécese un impuesto, de exclusivo beneficio fiscal de un monto equivalente al 0,07 de una unidad tributaria mensual, que se cobrará, en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juegos de los Casinos de Juego y Salas de Bingo que operen en el territorio nacional.

Este tributo tendrá la calidad de impuesto sujeto a retención y deberá ser ingresado a rentas generales de la Nación dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención, por los operadores de los Casinos de Juego o Salas de Bingo señalados en el inciso anterior

Artículo 52.- Establécese un impuesto del 10%, que se determinará, recaudará y pagará, en conformidad a las reglas que se indican:

a) El impuesto se calculará sobre la base de la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados, durante el ejercicio respectivo;

b) El impuesto se declarará y pagará mensualmente, en el mismo plazo que el contribuyente tiene para efectuar pagos provisionales mensuales, establecido en el artículo 84 letra a) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824, de 1974, y

c) Las sumas que los contribuyentes paguen por aplicación de las normas contenidas en este artículo, serán destinadas a incrementar, por el solo ministerio de la ley, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se hubiere efectuado la declaración y pago correspondientes.

Artículo 53.- Los contribuyentes señalados en el artículo 50 pagarán, además de los tributos antes señalados, un impuesto del 10%, calculado en la forma establecida en el artículo anterior, el que se destinará a incrementar el Fondo Común Municipal, en el ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se hubiere declarado y pagado el impuesto.

Artículo 54.- Las sumas recaudadas en virtud de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se aplicarán, por las autoridades regionales y locales respectivamente, al financiamiento de obras de desarrollo.

Artículo 55.- La Tesorería General de la República deberá registrar separadamente los ingresos provenientes de los impuestos establecidos en los artículos 52 y 53, con el objeto de girar las sumas que correspondieren, en la oportunidad señalada por la ley, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional o al Fondo Común Municipal, según corresponda.

Artículo 56.- Los impuestos establecidos en los artículos precedentes se sujetarán en todo a lo dispuesto en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del Decreto Ley N° 830, de 1974, y serán administrados y fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos.

Artículo 57.- Deróganse los incisos tercero y cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.110.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1°.- Los Casinos de Juego que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga por vencimiento del plazo o por cualquier otra causa anterior a dicho vencimiento. Prohíbese cualquier prórroga o renovación de dicha concesión, parcial o total, a contar de la vigencia de la presente ley; cualquier acto en contravención a esta prohibición será nulo absolutamente.

Artículo 2°.- Las leyes a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de casinos de juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes, y vigentes a la publicación de esta ley, se extingan por cualquier causa.”.”

****************

Se designó Diputado Informante al señor Silva, don Exequiel.

Sala de la Comisión, a 3 de mayo de 2002.

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 6, 13 y 20 de marzo; 3 de abril; 12 de junio y 7 de agosto de 2001; 16 y 30 de abril de 2002, con asistencia de los señores Valenzuela, don Esteban (Presidente); Ascencio, don Gabriel; Becker, don Germán; señora Caraball, doña Eliana; Egaña, don Andrés; Galilea, don Pablo; señora González, doña Rosa; Gutiérrez, don Homero; Ibáñez, don Gonzalo; Jeame Barrueto, don Víctor; Letelier, don Juan Pablo; Longton, don Arturo; Martínez, don Rosauro; Montes, don Carlos; Naranjo, don Jaime; Palma, don Joaquín; Pérez, don Víctor; Quintana, don Jaime; Reyes, don Víctor; Rojas, don Manuel; Sánchez, don Leopoldo; Silva, don Exequiel; y Varela, don Mario.

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH

Abogado Secretario de la Comisión

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO.

(boletín Nº 2361-23)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS PREVIAS

1. Origen y Urgencias.

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, calificada de “simple urgencia”.

2. Disposiciones o indicaciones rechazadas.

Fueron rechazados la letra c) del artículo 52, y los artículos 53, 54 y 55.

3. Artículos que no fueron aprobados por unanimidad

Los artículos 51 y 57.

-o-

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Francisco Vidal, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; Eduardo Pérez, Rodrigo Cabello y Alexis Yáñez, asesores del Ministerio del Interior, y Manuel Brito, Carlos Pardo y la señora Gabriela Maturana, asesores del Ministerio de Hacienda.

Especialmente invitados asistieron la señora Adriana Peñafiel, alcaldesa de La Serena, y los señores Bernardo Burger, alcalde de Valdivia; Eduardo Aguilera, alcalde de Tomé; Roberto Urrutia, alcalde de Constitución; Jorge Kaplán, alcalde de Viña del Mar; Rabindranath Quinteros, alcalde de Puerto Montt; Carlos Barra, alcalde de Pucón; Esteban Velásquez, alcalde de Calama; Luis Viveros, alcalde de Cañete; Ramón Bahamondes, alcalde de Puerto Varas; Miguel Márquez, alcalde de San José de Maipo; Luis García, alcalde de El Tabo; Ernesto Lo, alcalde subrogante de Iquique; Osvaldo Riederman y Pedro Burgos, concejal y director de Turismo de Panquipulli, respectivamente.

El propósito de la iniciativa consiste en establecer una “ley marco” que sirva de base para regular en el país lo relativo a la autorización, funcionamiento y fiscalización de las entidades que operen como casinos de juego y salas de bingo; así como, el destino de parte de las utilidades que genere su actividad.

El proyecto contiene 57 artículos permanentes y 2 artículos transitorios, agrupados en siete títulos.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 5 de julio de 1999, establece que la planta de personal de la Comisión Nacional del Juego que se crea, tendrá un costo fiscal total anual, en régimen, de $ 175.584 miles, considerando un máximo de 11 cargos para el funcionamiento del Servicio.

Con fecha 27 de agosto de 2002, el informe financiero se actualizó en los términos siguientes: el costo fiscal anual, en régimen, que irroga el artículo 34 para un máximo de 11 cargos es de $ 200.753 miles.

Además, se precisa que la iniciativa no importará un mayor gasto fiscal para el ejercicio presupuestario del año 2002.

En el debate de la Comisión, el señor Francisco Vidal expuso que actualmente existen siete casinos de juego en Chile, los que han sido creados en cada oportunidad en virtud de una ley especial que se ha promulgado al efecto.

Sostuvo que, a partir del año 1996, diversos parlamentarios, tanto senadores como diputados, han manifestado su interés en que se autorice la creación de nuevos casinos de juego en distintas ciudades de Chile; en consideración a ello, el Ejecutivo de entonces estimó que era necesario contar con una normativa de carácter general que regulara dicha actividad, razón por la que presentó un proyecto de ley marco sobre el particular.

Señaló que la tramitación de la citada iniciativa, se inició con un largo debate en la Comisión especial de Turismo, para luego continuar en la de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y, finalmente, pasar a la de Hacienda.

Manifestó que el Gobierno actual considera necesario contar con una legislación moderna que regule una actividad que, hasta ahora, ha estado reservada para unos pocos; sin perjuicio de que el proyecto de ley también contemple los debidos resguardos para los siete casinos de juego existentes.

Argumentó que la historia demuestra que es imprescindible establecer sistemas de fiscalización y supervisión para este sector de la economía, lo que ocurre en casi todos los países del mundo.

Puso énfasis en que la nueva legislación debe basarse en criterios de desarrollo regional y comunal.

El señor Eduardo Pérez recalcó que el proyecto de ley considera que los juegos de azar son ilícitos y que sólo se permitirán bajo determinados requisitos y condiciones. Será una decisión de autoridad la que permita o no el funcionamiento de nuevos casinos de juego, afirmó.

Planteó que, hasta ahora, la actividad en cuestión ha sido una suerte de monopolio legal, pues se requería de una ley específica para poder abrir un casino y, además, de una concesión municipal. Al respecto, puntualizó que éstas son diferentes en cada caso, ya que los municipios han exigido, por ejemplo, un porcentaje de las utilidades, o bien, una cantidad fija de dinero.

Sostuvo que los municipios sólo se han preocupado de fiscalizar los aspectos contables de la actividad, pues tienen interés directo en ello; sin embargo, no se ocupan de controlar las condiciones del juego mismo. Por esta razón, la iniciativa propone una nueva instancia de fiscalización que velará por la corrección del juego, a fin de que se trate efectivamente de un juego de azar. Este nuevo órgano tendrá el carácter de servicio público, siendo similar a una Superintendencia.

Por último, señaló que el proyecto de ley establece una nueva nomenclatura relativa a los ilícitos penales que pueden cometerse en el ámbito de los juegos de azar. Añadió al respecto, que hoy no se cuenta con instrumentos adecuados para perseguir y sancionar el juego ilícito.

El diputado Alvarado, don Claudio, planteó que, de aprobarse el proyecto de ley en estudio, la constitución de casinos pasará a ser la norma general, razón por la que existirá mayor competencia en este ámbito. Agregó que, no obstante lo anterior, la iniciativa no considera la operación de casinos de juego en los buques de turismo, lo que, a su juicio, deja en desventaja a las empresas chilenas que se dedican a ese negocio, el que, sin embargo, realizan libremente los barcos extranjeros cuando surcan aguas nacionales, aun cuando no están autorizados para ello.

El diputado Cardemil, don Alberto, opinó no estar convencido acerca de la necesidad de liberalizar el régimen de autorización de casinos. Le parece que existirán enormes presiones sobre la Comisión encargada de otorgar dichas autorizaciones; en cambio, actualmente ello queda restringido a la aprobación de una ley especial; por lo tanto, se trata de un decisión ponderada por el Congreso Nacional.

En respuesta a diversas consultas formuladas por los señores diputados, el señor Francisco Vidal destacó que el proyecto de ley no suprime los actuales casinos, sino que deja vigente su autorización de funcionamiento hasta el término de la concesión respectiva.

Precisó que, en cuanto a la distribución de utilidades, la iniciativa propone que el 10% se destine al Fondo Común Municipal y el 10% a la municipalidad de la comuna en que funciona el casino.

El señor Eduardo Pérez hizo presente que, entre otros, el tema de los casinos de juego en los buques de turismo tampoco ha sido definido en el proyecto. Al respecto, cree que la iniciativa no los contemplaría, ya que el concepto de establecimiento que en ella se preceptúa no les sería aplicable.

Sostuvo que el rol del Estado en la fiscalización de los casinos de juego tiene su fundamento en las normas de Orden Público Económico contempladas en la Constitución Política, pues habría un interés general que cautelar. Agregó que, por esa misma razón, existe fiscalización en materia de Isapre, AFP, Bancos, etcétera.

Por otra parte, señaló que sería complejo limitar la autorización de casinos de juego, por ejemplo, a dos por Región, pues el fundamento constitucional para ello no parece claro. A su juicio, el proyecto de ley no persigue estimular la creación de casinos, sino sólo reglamentar un sector de la economía que normalmente es regulado.

De las distintas exposiciones realizadas por los señores alcaldes, que constan en las Actas de la Comisión, es conveniente destacar los siguientes comentarios que se fundamentan en las experiencias de aquéllos cuyos municipios se han visto favorecidos por la actividad de casinos de juegos y salas de bingo, o que representan una aspiración en orden a acoger en sus comunas dichas actividades de esparcimiento.

No existe oposición a que se creen nuevos casinos a través de una legislación marco como la propuesta, siempre que esté vinculada su existencia a las características especiales para el turismo que pueda tener el lugar o ciudad elegida.

Se cuestiona la distribución de los recursos que hace el proyecto, ya que los municipios que tienen casino en la actualidad obtendrán cantidades insignificantes de recursos, produciéndose un impacto negativo importante en los ingresos presupuestarios de tales comunas por esta vía. Se postuló que, al menos, el 50% de las utilidades de los casinos de juego deben quedar en la respectiva comuna.

No sería aconsejable que se autorizara el funcionamiento de casinos en la ciudad de Santiago, ya que de hacerlo así, disminuiría la afluencia de público a los casinos ubicados en regiones, viéndose dificultada su subsistencia.

Del análisis que efectuó la Comisión respecto a las opiniones entregadas por los señores alcaldes, se concluyeron los siguientes criterios con el subsecretario de Desarrollo Regional, con la idea de que fueran plasmados en las indicaciones correspondientes: a) modificar los porcentajes de distribución de los recursos involucrados, así como los mecanismos propuestos. Sobre el particular, se postuló que podría establecerse, por ejemplo, que el 50% de los recursos permaneciera en la comuna en que se encuentra ubicado el casino y el 50% restante fuera distribuido entre las comunas de la respectiva región; b) contemplar un período de transición para que se incorporen los actuales municipios a la nueva normativa; plazo que podría ser de 5 años; c) no establecer límites en la ley en cuanto al número de casinos de juego que se puedan abrir por región, y d) fijar criterios mínimos para vincular la apertura de un casino de juego con una zona eminentemente turística.

La Comisión especial para el Desarrollo del Turismo dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 32, 34, y 52 al 59 del texto aprobado por ella. Por su parte, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social incluyó entre dichos artículos, del 28 al 34 y del 50 al 57, del texto aprobado por ella.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar que la Comisión optó por pronunciarse por el último texto propuesto que corresponde al de la Comisión de Gobierno Interior.

En el artículo 28 del proyecto, se crea la “Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo”, organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por el proyecto en informe y su reglamento, y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior.

En el inciso segundo, se establece que estará a cargo de un Comisionado Nacional. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que establezca en otras ciudades del país.

Sobre el particular, se hizo hincapié en la Comisión que en la actualidad no existe un órgano que se encargue de la fiscalización del juego como tal, ya que cada municipio realiza las labores de supervigilancia que estima del caso.

Ante sendas consultas sobre la naturaleza jurídica que tendría la referida Comisión Nacional y el hecho de que la sede del nuevo órgano se radique en Santiago, los representantes del Ejecutivo opinaron que no ven inconveniente para cambiar su denominación por la de Superintendencia de Casinos de Juego y Salas de Bingo y que los órganos que tienen el carácter de nacionales, normalmente tienen su domicilio en la capital del país.

Los diputados señores Escalona, Lagos, Lorenzini, Jaramillo, Ortiz y Silva formularon una indicación para reemplazar la expresión “Comisión Nacional” por la de “Superintendencia”.

Puesto en votación el artículo con la indicación precedente fue aprobado por unanimidad.

En vista de la anterior modificación introducida al proyecto, corresponderá hacer las adecuaciones de texto en el resto del proyecto respecto a la Comisión Nacional y al Comisionado Nacional.

En el artículo 29, se dispone que corresponderá a la Comisión supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas, para la generación, administración y explotación de los casinos de juego y las salas de bingo que operen en el país.

Los diputados señores Cardemil, Escalona, Lorenzini y Ortiz presentaron una indicación para reemplazar la expresión “generación “por “instalación”.

Sometido a votación el artículo 29 con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 30, se señala que la Comisión tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1. Requerir, recabar y reunir la información y antecedentes relativos a las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego y de salas de bingo, a la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos, y los relativos a la renovación y revocación de tales permisos.

2. Fiscalizar las actividades de los casinos de juego y las salas de bingo, y sus sociedades operadoras, en los aspectos jurídicos, financieros y contables, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley y sus reglamentos;

3. Determinar los principios contables de carácter general, conforme a los cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial, sobre la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros;

4. Fiscalizar el desarrollo de los juegos, según las normas reglamentarias de los mismos, como también el correcto funcionamiento de las máquinas e implementos usados al efecto;

5. Autorizar al operador para contratar con terceros la administración y prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación;

6. Controlar el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes, que el reglamento respectivo determine, para las personas que desempeñen funciones en las salas de juego o en las demás dependencias del establecimiento;

7. Convenir con las municipalidades o con otros servicios de la Administración del Estado, e incluso con entidades privadas acreditadas ante la Comisión, la realización de acciones específicas de fiscalización de los casinos de juego o salas de bingo, conforme se establezca en el reglamento respectivo, y

8. Homologar las máquinas e implementos de juego que podrán utilizarse en los casinos de juego y en las salas de bingo, para cuyo efecto la Comisión mantendrá un registro actualizado. El reglamento determinará el procedimiento y los derechos de homologación.

Se opinó en la Comisión que la autorización para crear un casino debiera corresponder al ministro del Interior, previo informe de la Superintendencia del sector.

Puesto en votación el artículo 30 fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 31, se precisa que el patrimonio de la Comisión estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la ley de Presupuestos;

b) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Servicio;

c) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios, y

d) Los demás que señale la ley.

En el inciso segundo, se contempla que las donaciones en favor de la Comisión no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley Nº 16.271.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 32, se dispone que un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de Comisionado Nacional, será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo, y las demás funciones y atribuciones que establezcan la ley y los reglamentos respectivos.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 33, se establece la siguiente planta de personal de la Comisión Nacional:

En el inciso segundo, se plantea que el Comisionado, mediante resolución interna, determinará las funciones y el personal adscrito a cada departamento o unidad.

En el inciso tercero, se señala que para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá además contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios para asesorías, estudios o servicios determinados. También podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la Administración del Estado.

Se planteó en la Comisión que las funciones que tendrá la Comisión (Superintendencia) hacen necesario que se le dote de una planta de personal más numerosa que la propuesta.

El Ejecutivo formuló una indicación para agregar los siguientes incisos a continuación del inciso primero, pasando los actuales incisos segundo y tercero, a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“Además de los requisitos generales para ingresar a la administración del Estado contemplados en la ley Nº 18.834, establécense los siguientes requisitos especiales para los cargos de la planta que en cada caso se indican:

Directivos:

Superintendente: Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste y una experiencia profesional mínima de 10 años;

Jefes de Departamentos: Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste y una experiencia profesional mínima de 5 años, y

Profesionales: Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste.

El régimen de remuneraciones del personal de la Superintendencia, será el correspondiente a las instituciones fiscalizadoras. Tendrá asimismo, derecho a la asignación de modernización establecida en el artículo 1º de la ley Nº 19.553.”.

Puesto en votación este artículo con la indicación precedente fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 34, se determina que corresponderá al Comisionado Nacional:

1) Dirigir y organizar el funcionamiento de la Comisión;

2) Establecer oficinas regionales cuando las necesidades del servicio así lo exijan;

3) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Comisión;

4) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del servicio. En ejercicio de estas facultades podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza;

5) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia;

6) Nombrar y remover al personal del servicio, de conformidad con las normas estatutarias;

7) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento;

8) Impartir instrucciones contables de carácter general, conforme a las cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial aquéllas que regulen la presentación de balances y estados de situación financiera de las entidades fiscalizadas, y la forma en que deberán llevar su contabilidad;

9) Requerir de los organismos del Estado los informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

10) Imponer las sanciones y multas que establecen la presente ley y demás disposiciones legales o reglamentarias, que regulen la actividad de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo;

11) Examinar, sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las entidades fiscalizadas; y requerir de sus representantes y personal en general, todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor inteligencia de las labores de fiscalización. Las mismas facultades tendrá el Comisionado respecto de los terceros que administren y presten servicios anexos en el establecimiento.

Salvo las excepciones autorizadas por el Comisionado mediante resolución, todos los libros, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el establecimiento del Casino de Juego o Sala de Bingo;

12) Realizar visitas inspectivas, directamente o por intermedio de sus inspectores o funcionarios, a las entidades sometidas a su fiscalización, con la frecuencia que estime conveniente;

13) Citar a cualquier persona que preste servicios en o para un Casino de Juego o Sala de Bingo, a prestar declaración bajo juramento, acerca de cualquier hecho o circunstancia cuyo conocimiento estimare necesario para esclarecer alguna operación de las entidades fiscalizadas o la conducta de su personal;

14) Suspender, total o parcialmente, el funcionamiento de un Casino de Juego o una Sala de Bingo, cuando el operador no cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, de conformidad con el reglamento. El operador podrá solucionar los reparos en el plazo que al efecto determine el Comisionado Nacional;

15) Accionar judicialmente respecto de la explotación y práctica de juegos de azar desarrollados al margen de la presente ley, como asimismo, por los delitos e infracciones de que tome conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y

16) Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley.

En el inciso segundo, se precisa que, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que le confiere el proyecto, el Comisionado Nacional deberá poner en conocimiento de los organismos pertinentes los antecedentes de que disponga para que éstos ejerzan las facultades fiscalizadoras que les sean propias.

Sometido a votación el artículo 34 fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 50, se señala que sin perjuicio de los impuestos establecidos en la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, y en la ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el decreto ley Nº 825, ambos de 1974, y demás establecidos en leyes especiales, los contribuyentes que administren, en la forma prescrita por esta ley, Casinos de Juego o Salas de Bingo o los servicios anexos a dichos casinos o salas, deberán pagar los impuestos especiales que se indican en los artículos siguientes.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 51, se establece un impuesto, de exclusivo beneficio fiscal de un monto equivalente al 0,07 de una unidad tributaria mensual, que se cobrará, en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juegos de los casinos de juego y salas de bingo que operen en el territorio nacional.

En el inciso segundo, se señala que este tributo tendrá la calidad de impuesto sujeto a retención y deberá ser ingresado a rentas generales de la Nación dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención, por los operadores de los casinos de juego o salas de bingo señalados en el inciso anterior.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por 7 votos a favor y 4 votos en contra.

En el artículo 52, se establece un impuesto del 10%, que se determinará, recaudará y pagará, en conformidad a las reglas que se indican:

a) El impuesto se calculará sobre la base de la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados, durante el ejercicio respectivo;

b) El impuesto se declarará y pagará mensualmente, en el mismo plazo que el contribuyente tiene para efectuar pagos provisionales mensuales, establecido en el artículo 84 letra a) de la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974, y

c) Las sumas que los contribuyentes paguen por aplicación de las normas contenidas en este artículo, serán destinadas a incrementar, por el solo ministerio de la ley, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el ejercicio presupuestario siguiente a aquél en que se hubiere efectuado la declaración y pago correspondientes.

Sometido a votación el artículo fue aprobado por unanimidad, salvo la letra c) que fue rechazada por 3 votos a favor, 7 votos en contra y una abstención.

En el artículo 53, se dispone que los contribuyentes señalados en el artículo 50 pagarán, además de los tributos antes señalados, un impuesto del 10%, calculado en la forma establecida en el artículo anterior, el que se destinará a incrementar el Fondo Común Municipal, en el ejercicio presupuestario siguiente a aquél en que se hubiere declarado y pagado el impuesto.

Puesto en votación este artículo fue rechazado por 4 votos a favor y 5 votos en contra.

En el artículo 54, se contempla que las sumas recaudadas en virtud de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se aplicarán, por las autoridades regionales y locales respectivamente, al financiamiento de obras de desarrollo.

Puesto en votación este artículo fue rechazado por 4 votos a favor y 5 votos en contra.

En el artículo 55, se determina que la Tesorería General de la República deberá registrar separadamente los ingresos provenientes de los impuestos establecidos en los artículos 52 y 53, con el objeto de girar las sumas que correspondieren, en la oportunidad señalada por la ley, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional o al Fondo Común Municipal, según corresponda.

Puesto en votación este artículo fue rechazado por 4 votos a favor y 7 votos en contra.

En el artículo 56, se señala que los impuestos establecidos en los artículos precedentes se sujetarán en todo a lo dispuesto en el Código Tributario, contenido en el artículo 1º del decreto ley Nº 830, de 1974, y serán administrados y fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

Por el artículo 57, se derogan los incisos tercero y cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.110.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por 7 votos a favor y 4 votos en contra.

El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir los actuales artículos 1º y 2º transitorios, por los siguientes:

“Artículo 1º.- Los Casinos de Juego que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga definitivamente. No obstante, en lo referido a las normas sobre fiscalización y sanciones que este cuerpo legal contempla, deberán someterse a ellas a contar de la fecha que entre en funcionamiento la entidad fiscalizadora de Casinos de Juego y Salas de Bingo creada por el presente cuerpo legal.

En todo caso, cualquiera nueva prórroga o renovación de las concesiones antes mencionadas que se disponga con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, sólo podrá extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010.

Todo acto en contravención a lo dispuesto en el presente artículo será nulo absolutamente.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las leyes actualmente vigentes, a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de casinos de juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes se extingan por cualquier causa.”.

Puesta en votación esta indicación fue aprobada por unanimidad.

Sala de la Comisión, a 28 de agosto de 2002.

Acordado en sesiones de fechas 4, 11, 18 de junio; 2, 9, 16 de julio, y 20 de agosto, de 2002, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini, don Pablo (Presidente); Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Cardemil, don Alberto (Errázuriz, don Maximiano); Dittborn, don Julio; Escalona, don Camilo; Hidalgo, don Carlos; Jaramillo, don Enrique; Lagos, don Eduardo; Mora, don Waldo; Ortiz, don José Miguel; Silva, don Exequiel; Tohá, señora Carolina (Letelier, don Felipe) y Von Mühlenbrock, don Gastón.

Se designó diputado informante al señor Von Mühlenbrock, don Gastón.

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO,

Abogado Secretario de la Comisión”.

REGULACIÓN DE LOS CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Primer trámite constitucional.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Corresponde conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.

Diputados informantes de las Comisiones especial para el Desarrollo del Turismo, de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda son los señores Mario Bertolino, Exequiel Silva y Gastón von Mühlenbrock, respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 2361-23, sesión 14ª, en 6 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 2.

-Informes de las Comisiones de Gobierno Interior, Turismo y de Hacienda, sesión 36ª, en 3 de septiembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nºs 7, 8 y 9, respectivamente.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Bertolino , informante de la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo.

El señor BERTOLINO .-

Señora Presidenta , la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo me ha designado, en reemplazo de la ex presidenta y ex diputada señora Marina Prochelle , para que informe sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo, iniciado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República y enviado a trámite legislativo el 6 de julio de 1999.

La Comisión inició su estudio el 19 de julio del mismo año y lo aprobó en general, por unanimidad, el 3 de noviembre de 1999. Durante su permanencia en la Comisión, su Excelencia el Presidente de la República remitió, con fecha 14 de octubre de 1999 y 2 de agosto del año en curso, indicaciones al proyecto original.

Consideraciones preliminares.

En Chile, la creación de casinos de juego no ha sido el resultado de una política general y uniforme, con objetivos claros y coherentes, según lo demuestra la experiencia nacional e internacional. Una situación como la descrita ha impedido la generación en este rubro de un sector empresarial dinámico que contribuya en forma relevante al desarrollo de la industria turística y de las localidades en las que estos establecimientos operan. Lo anterior ha dado pábulo a que la decisión de crear casinos en determinadas localidades se haya efectuado sin considerar criterios rigurosos desde una perspectiva empresarial y comercial.

No se puede desconocer que, históricamente, la prohibición absoluta ha fracasado en la consecución de sus objetivos moralizadores y ha originado, de hecho, situaciones de tolerancia o de juego clandestino, con más peligros reales que los que se tratan de evitar y, además, un ambiente de inseguridad jurídica.

Se busca asegurar con mayor eficacia el cumplimiento de los objetivos ineludibles de tutela y protección social que corresponden al Estado y, al mismo tiempo, lograr otras importantes finalidades complementarias de interés social y de defensa y fomento de los intereses fiscales.

La proliferación de casinos de juego con apuestas en el mundo ha sido muy rápida en los últimos años. Incluso, hoy los jugadores acceden a casinos a través de internet. Ésa es una de las principales razones para legislar al respecto, puesto que, de lo contrario, se tapará el sol con un dedo.

También es importante reconocer que los casinos favorecen a la industria turística local al aumentar el número de visitantes habituales y, por consiguiente, las tasas de ocupación tanto en hoteles como en otros servicios que se presta al turismo. Es decir, los casinos ayudan a agregar más amenidades y con ello ofrecen una ocasión para que el gasto de los turistas, ya captado por otros atractivos del lugar, sea mayor.

Con respecto al derecho comparado, para analizar el proyecto se tuvo presente lo que sucede en España, Perú, Venezuela y Argentina.

Nuestra Constitución Política, en su artículo 60, número 19, señala, como una materia de competencia legal, aquellas que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general.

Asimismo, el Código Civil, en sus artículos 1466 y 2258 a 2263, aborda los juegos de azar y dispone normas que los regulan.

El propio legislador, a través de diversos cuerpos legales, consagró la existencia de los casinos de juego, al autorizar a algunas municipalidades para concesionar su explotación a particulares.

La propuesta legislativa en materia de casinos implica crear un sector empresarial, como aporte a la industria turística, que profesionalice esa actividad.

Además, es menester imponer, también, como requisito de funcionamiento, que los operadores de casinos de juego se rijan por un sistema seguro y efectivo de controles internos.

En atención a lo señalado, el mensaje propone un proyecto de ley de carácter general, con lo cual se innova en cuanto al estilo tradicional de crear casinos en Chile. Por lo mismo, no se limita a priori el número de casinos que puedan existir, pues ello implicaría la introducción de elementos ajenos a un adecuado proceso de decisión.

Hago notar que este informe es de la Comisión especial de Desarrollo del Turismo y que existen dos más, de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, respectivamente, que presentan visiones distintas.

La norma constitucional tampoco se refiere a la necesidad de que las leyes que regulen el funcionamiento de apuestas deban operar a través del sistema de concesiones y que sean las municipalidades las administradoras de las mismas; por el contrario, la administración de cualquier sistema de apuestas nada tiene que ver con el propósito y sentido con que las municipalidades existen y se desenvuelven en nuestro ordenamiento institucional.

Por otra parte, así como en el mundo han surgido rápidamente los casinos de juego, también han tenido un desarrollo muy dinámico las llamadas salas de bingo o lotería familiar que constituyen un pasatiempo distinto de la concepción que inspira un casino. Incluso, en Chile, la práctica de este juego no es extraña; de hecho, en algunos de los actuales casinos también se ofrece y practica como uno de los juegos que explotan tales establecimientos.

Finalmente, cabe exponer la manifiesta necesidad de crear una autoridad fiscalizadora, que en este proyecto se ha denominado “Comisión Nacional del Juego” y que en las otras comisiones se ha reemplazado por “Superintendencia del Juego”.

En cuanto a sus ideas matrices, el proyecto en informe está diseñado como ley marco.

En el título I se contemplan disposiciones de carácter general.

En el título II se contienen disposiciones relativas al desarrollo de los juegos y apuestas autorizadas para practicarse en los casinos y salas de bingo.

En el título III se dispone que los establecimientos en que operen casinos de juego o salas de bingo, deberán tener como único destino la explotación de los juegos y de los servicios anexos incluidos en el denominado “permiso de operación”.

En cuanto al personal de dichos casinos y salas de bingo, en este título se establecen los requisitos generales y las obligaciones para desempeñarse en ellos. Se impide expresamente, por ejemplo, trabajar en esta actividad a los menores de edad.

En el título IV se regula lo concerniente a la solicitud y requisitos exigidos para el permiso de operación de casino de juego o de sala de bingo.

En el proyecto no existen disposiciones que revistan el carácter de normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado.

La Comisión estimó que los preceptos contenidos en los artículos 32, 34, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 deben ser conocidos, reglamentariamente, por la Comisión de Hacienda.

Entre los artículos 1º y 4º se define qué son los juegos de azar, el catálogo de juegos, el casino de juego, las salas de bingo, los permisos de operación, la autoridad fiscalizadora, así como las demás definiciones que se requieren.

El artículo 9º establece quiénes no podrán, por sí o por interpósita persona, efectuar, bajo ninguna circunstancia, apuestas en los casinos de juego o las salas de bingo. Por ejemplo, los funcionarios públicos o municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos y las personas que, por encargo o mandato de la autoridad fiscalizadora, ejerzan labores fiscalizadoras en ellos.

Los establecimientos en que operen casinos de juego o salas de bingo autorizadas tendrán como único destino la explotación de los juegos y de los servicios anexos incluidos en el permiso de operación.

Al respecto, nuestra Comisión ha entendido que los casinos pueden tener en su interior una sala de bingo; pero las salas de bingo no pueden tener en sus dependencias un casino, sino sólo el bingo y máquinas tragamonedas.

Por otro lado, los permisos de operación deberán ser solicitados ante la Comisión del Juego, la que tendrá una serie de plazos establecidos para dar su venia a los posibles operadores, quienes siempre actuarán como sociedades anónimas.

Dicha Comisión requerirá los informes que estime pertinentes a cualquier otro órgano de la administración del Estado, teniendo especial interés en recibir el informe técnico que emitirá el Servicio Nacional de Turismo sobre el impacto y consideraciones turísticas del proyecto.

Los permisos de operación tendrán una vigencia establecida en la resolución respectiva y podrán extenderse hasta un máximo de diez años. Ese lapso se considera en función de las actuales concesiones de los siete casinos que funcionan en el país. Por lo tanto, una vez que se termine la vigencia de todas las concesiones, se procederá a renovarlas en la misma fecha.

El operador deberá iniciar la explotación del casino de juego en un plazo máximo de un año después de haber recibido su autorización.

Los permisos se extinguirán por una serie de situaciones, como el vencimiento del plazo, la renuncia o quiebra del operador o la revocación del permiso.

A la Comisión Nacional del Juego, o Superintendencia del Juego , le corresponderá fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y las normas técnicas, para la generación, administración y explotación de los casinos de juego y las salas de bingo que operen en el país.

Deberá conocer y resolver, dentro de 120 días, las solicitudes de permiso de operación de casinos y de salas de bingo.

La Comisión estará constituida por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por los aportes que anualmente le asigne la ley de Presupuestos; los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquieran a cualquier título; las herencias, legados y donaciones que acepte el servicio; los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios, y las demás que señale la ley.

En cuanto a su estructura y organización, un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de comisionado nacional del juego, o de superintendente -según lo que después se decida-, será el jefe superior del servicio.

La planta de personal de la Comisión Nacional del Juego estará conformada por once funcionarios y se dividirá en una planta de directivos y otra de profesionales.

Corresponderá al comisionado -entre otras funciones-: planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la comisión, y establecer oficinas regionales cuando las necesidades del servicio así lo exijan.

En lo referente a la fiscalización, infracciones y delitos y sanciones, existirán multas que van desde una hasta cien unidades tributarias mensuales.

Serán sancionados con multas de una a diez unidades tributarias mensuales los operadores de casinos de juego o salas de bingo que permitan el ingreso o la permanencia en las salas de juego de las personas indicadas en el artículo 9º del proyecto que no están autorizadas para hacerlo.

Asimismo, habrá multas que pueden ir de 20 a 50 unidades tributarias mensuales para los operadores que alteren los implementos de los juegos.

Habrá un catálogo de juegos en el cual se incorporarán los únicos juegos autorizados que se desarrollarán en las salas de casino.

El título de la afectación dice relación con los impuestos que deberán pagar las sociedades operadoras de casinos.

Además del impuesto a la renta que paga cualquier sociedad, el artículo 53 establece un impuesto, de exclusivo beneficio fiscal, ascendente a un monto equivalente al 0,07 de una unidad tributaria mensual, que se cobrará, en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juegos de los casinos de juego y salas de bingo que operen en el territorio nacional. Equivale al valor de la entrada que deberá pagar cada jugador.

Este tributo tendrá la calidad de impuesto sujeto a retención y deberá ser ingresado a rentas generales de la Nación dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención.

El artículo 54 establece un impuesto del diez por ciento que se determinará, recaudará y pagará en conformidad a las reglas que se indican:

a) El impuesto se calculará sobre la base de la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados durante el ejercicio respectivo;

b) El impuesto se declarará y pagará mensualmente, en el mismo plazo que el contribuyente tiene para efectuar pagos provisionales mensuales, establecido en el artículo 84, letra a), de la ley sobre impuesto a la renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974;

c) Las sumas que los contribuyentes paguen por aplicación de las normas contenidas en este artículo, serán destinadas a incrementar, por el solo ministerio de la ley, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. O sea, el diez por ciento de tributos irá a dicho Fondo.

El artículo 55 dispone que los contribuyentes señalados en el artículo 52 pagarán, además de los tributos antes señalados, un impuesto del diez por ciento, calculado en la forma establecida en el artículo anterior, el que se destinará a incrementar el Fondo Común Municipal.

El artículo 57 establece que la Tesorería General de la República deberá registrar separadamente los ingresos provenientes de los impuestos establecidos en los artículos 54 y 55, con el objeto de girar las sumas que correspondieren, en la oportunidad señalada por la ley, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional o al Fondo Común Municipal, según corresponda.

El proyecto de ley contiene dos disposiciones transitorias.

El artículo 1º señala: “Los casinos de juego que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga por vencimiento del plazo o por cualquier otra causa anterior a dicho vencimiento, permitiéndose prórrogas o renovaciones de dicha concesión que no puedan exceder el 31 de diciembre del año 2015”.

El artículo 2º indica: “Las leyes a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de casinos de juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes, y vigentes a la publicación de esta ley, se extingan por cualquier causa”.

Finalmente, dejo constancia de que la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo estuvo integrada por los ex diputados señores Rafael Arratia , Homero Gutiérrez , Iván Mesías , Joaquín Palma , Salvador Urrutia y la ex diputada Marina Prochelle , y por los diputados señores Francisco Encina , Carlos Kuschel , Jaime Mulet , Carlos Recondo , Manuel Rojas, Lepoldo Sánchez y quien habla.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Exequiel Silva, informante de la Comisión de Gobierno Interior.

El señor SILVA .-

Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, paso a informar acerca del proyecto de ley que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.

Hago presente que, debido a los cambios en la composición de esta Cámara y al poco tiempo que han tenido sus nuevos integrantes para evaluar esta iniciativa, la idea de la Comisión de Gobierno Interior es que vuelva a ser considerada por ella, en segundo trámite constitucional, además, porque se han presentado varias indicaciones.

Me referiré, en términos generales, a algunos temas del proyecto respecto de los cuales persisten algunas dudas y aprensiones.

En primer lugar, ¿qué pasará con los siete casinos que hoy están en funcionamiento?

En segundo lugar, ¿cómo se definirá la distribución de recursos? Ello porque la mayoría de los miembros de la Comisión no están de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo.

En tercer lugar, si se regulará o no el número de casinos existentes en el país.

También es necesario decir por qué se crea esta ley marco.

Hasta hoy la creación de un casino requiere de una ley especial que, en definitiva, se rige por la vía de la excepción. La ley general prohíbe los juegos de azar y, por lo tanto, por dicha vía se han ido creando distintos casinos que hasta la fecha alcanzan el número de siete.

Por tanto, uno tendría que preguntar si esta prohibición debe mantenerse o estableceremos, como actividad lícita, el establecimiento de casinos y juegos de azar.

No parece lógico que para algunas ciudades el juego sea lícito, y para otras esté absolutamente prohibido por las normas legales.

Estos son los temas que debemos resolver.

Cada uno de los casinos se ha creado a través de una ley distinta. O sea, los tiempos de concesión y las normas que los regulan son diferentes, y no existe una norma general, que es lo que se pretende establecer con esta ley marco.

Todos coincidimos en el impacto que representa la instalación de un casino sobre la actividad turística, no como la creación de oferta turística, sino como acompañamiento a una ya existente.

Hemos analizado la legislación comparada de España, Perú, Venezuela y Argentina, y en algunas tendemos a coincidir y en otras creemos que podemos tomar nota de sus ejemplos negativos.

Este proyecto de ley tiene siete títulos.

El título I dice relación con la regulación del juego y las entidades donde se realiza.

Es necesario señalar que hoy, en el país, nadie regula el juego, cómo funcionan las máquinas, si efectivamente el azar está presente en una máquina tragamonedas, en una ruleta, etcétera. No hay una institución que fiscalice y se indica que, por lo complejo de la situación, el otorgamiento de permisos sigue siendo facultad administrativa del Estado.

Se establece una serie de definiciones para tener claridad sobre los temas de que trata este proyecto de ley, qué son los juegos de azar, el catálogo de juegos, el casino de juego, la sala de bingo, el permiso de operación, la licencia de explotación, los servicios anexos, el establecimiento, el personal del casino, la autoridad fiscalizadora, etcétera. Esto es tremendamente importante, por cuanto la exigente regulación de esta actividad requiere de definiciones precisas sobre cada una de las instancias que pretende regular.

En los títulos I y II se disponen los juegos y sus normas. Se explica el catálogo de juegos; se entrega a la autoridad fiscalizadora la potestad de definir y regular los juegos que pueden desarrollarse en un casino, y se señala su forma de ejecución y las responsabilidades de los operadores privados que realizarán la actividad, incluso estableciendo, en una enumeración estricta, las prohibiciones de ingreso a los casinos de juego y a las salas de bingo.

El título III, de los establecimientos y el personal, se refiere a la explotación de los juegos y de los servicios anexos, los cuales serán fiscalizados por la Comisión Nacional que se crea a partir de la propia ley.

Se agrega que los establecimientos -a diferencia de lo que hoy existe-, serán de propiedad del operador o tenidos en arriendo o comodato por éste.

Se indican las prohibiciones y regulaciones a que se sujetará el personal que opere y trabaje en los casinos y se mencionan las facilidades que deberán otorgar los operadores privados a la Comisión que inspeccione un establecimiento, a fin de que ésta -que preocupa mucho- sea muy estricta, fundamentalmente por las cantidades de recursos -digámoslo claramente-, el peligro de actividades de lavado de dinero u otras.

El título IV, del permiso de operación para operar un casino de juego o una sala de bingo -quizás, uno de los pilares fundamentales del proyecto-, establece que sólo podrán optar a él las sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile de acuerdo con las normas de control que rigen a las sociedades anónimas abiertas.

Asimismo, se indican: el objeto social exclusivo -cual es, la explotación de un casino de juego o de una sala de bingo-; el número de socios; el capital social, las acciones de la sociedad, los accionistas, la vigencia de la sociedad y su domicilio, las condiciones para ser socios, la solicitud de operación, cómo debe realizarse ante la Comisión Nacional, cuáles son los antecedentes que se deben acompañar -que, a la luz de la lectura del articulado, son bastante exigentes-; los organismos que deben dar su opinión ante la Comisión -partiendo por el gobierno regional-; cómo debe establecerse la resolución fundada que otorgue, deniegue o renueve el permiso de operación, y los plazos y las condiciones en que un operador deberá iniciar la operación.

Todo en el párrafo 2º de este título se relaciona con la extinción y revocación del permiso de operación por el no cumplimiento de las normas establecidas en el proyecto de ley.

El párrafo 1º del título V se refiere a la creación, naturaleza y funciones de la Comisión Nacional de casinos de juego y salas de bingo. Aquí se ha cambiado la denominación de “Comisión Nacional del Juego” que establece la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo, puesto que, por su amplitud, podría considerar cualquier juego de azar.

En cuanto al Consejo Resolutivo, este título trata sobre: la creación de la Comisión Nacional, sus facultades, el establecimiento de su planta de once cargos, la creación del cargo de comisionado nacional, nombrado por el Presidente de la República , y de sus atribuciones o facultades. Se trata de un funcionario y de una Comisión con bastante poder a fin de regular una actividad que, como he señalado, puede ser cuestionada por muchos.

El título VI dice relación con la fiscalización, las infracciones, los delitos y las sanciones, y el título VII, con la afectación.

Este último título tiene un artículo muy importante, porque, más allá de la afectación, en términos tributarios, y de la alusión a distintas leyes, se refiere a la distribución de los dineros que se generan en los casinos.

En síntesis, el proyecto propone que una porción de los impuestos recaudados vaya al Fondo Común Municipal, y otra, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Los parlamentarios miembros de la Comisión de Gobierno Interior estimamos que esta fórmula debe cambiarse en el sentido de distribuir esos recursos entre la región y la municipalidad donde estén instalados los casinos.

Finalmente, a través de las disposiciones transitorias se pretende dar un plazo razonable a los siete casinos existentes, regulado por las actuales concesiones -de acuerdo con la ley que creó cada uno de ellos-, para que se adecuen a las normas de este proyecto.

Hago notar que la iniciativa nació de una discusión que se generó por el alto número de proyectos que había en esta Cámara para crear casinos de juego, cual es, hasta hoy -como señalé- la única forma de proceder.

En consecuencia, el Ejecutivo propuso este proyecto de ley marco para que, a partir de criterios que determinen organismos como la Comisión Nacional de casinos de juego y salas de bingo, a la luz de los antecedentes que la ley señala que deben presentar los operadores para crear un casino y fijar las restricciones que ello conlleva, sea ésta la vía que determine cómo establecer los casinos de juego.

En segundo lugar, crea una instancia que no tan sólo debe otorgar permisos de concesión, sino también efectuar una fiscalización permanente a una actividad que hoy sólo cuenta con el seguimiento de la Superintendencia de Seguros y Valores, la que ésta canaliza en relación con su ámbito de inspección; pero no en cuanto a los juegos de azar, actividad fundamental y única que desarrollan estos casinos de juego y salas de bingo.

Espero que la Sala apruebe rápidamente el proyecto y recoja las indicaciones presentadas. Estimamos que es una discusión que debe generarse por parte de todos los parlamentarios. Por tal motivo, consideramos positivo apurar el despacho del proyecto, a fin de contar, en una segunda discusión, con la posibilidad de recoger las indicaciones y mejorar la iniciativa. En este sentido, no podemos frenar permanentemente las aspiraciones de muchas ciudades del país que pretenden tener un casino de juego para mejorar su oferta turística.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock, informante de la Comisión de Hacienda .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señora Presidenta , la Comisión de Hacienda pasa a informar sobre este proyecto de ley en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Francisco Vidal , subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo ; Eduardo Pérez , Rodrigo Cabello y Alexis Yáñez , asesores del Ministerio del Interior, y Manuel Brito , Carlos Pardo y la señora Gabriela Maturana , asesores del Ministerio de Hacienda.

Especialmente invitados asistieron la señora Adriana Peñafiel , alcaldesa de La Serena , y los señores Bernardo Burger , alcalde de Valdivia ; Eduardo Aguilera , alcalde de Tomé ; Roberto Urrutia , alcalde de Constitución ; Jorge Kaplán , alcalde de Viña del Mar ; Radindranath Quinteros , alcalde de Puerto Montt ; Carlos Barra , alcalde de Pucón ; Esteban Velásquez , alcalde de Calama ; Luis Viveros , alcalde de Cañete ; Ramón Bahamondes , alcalde de Puerto Varas ; Miguel Márquez , alcalde de San José de Maipo ; Luis García , alcalde de El Tabo ; Ernesto Lo , alcalde subrogante de Iquique ; Osvaldo Riederman y Pedro Burgot , concejal y director de Turismo de Panguipulli , respectivamente.

Constancias previas:

1. Origen y urgencias.

La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , calificada de “simple” urgencia.

2. Disposiciones o indicaciones rechazadas.

Fueron rechazadas la letra c) del artículo 52, y los artículos 53, 54 y 55.

3. Artículos que no fueron aprobados por unanimidad: los artículos 51 y 57.

El propósito de la iniciativa consiste en establecer una ley marco que sirva de base para regular en el país lo relativo a la autorización, funcionamiento y fiscalización de las entidades que operen como casinos de juego y salas de bingo, así como el destino de parte de las utilidades que genere su actividad.

El proyecto contiene 57 artículos permanentes y dos transitorios, agrupados en siete títulos.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 5 de julio de 1999, establece que la planta de personal de la Comisión Nacional del Juego, que se crea, tendrá un costo fiscal total anual, en régimen, de 175.584.000 pesos, considerando un máximo de 11 cargos para el funcionamiento del servicio.

Con fecha 27 de agosto de 2002, el informe financiero se actualizó en los términos siguientes: el costo fiscal anual, en régimen, que irroga el artículo 34 para un máximo de 11 cargos, es de 200.741.000 pesos.

Además, se precisa que la iniciativa no importará un mayor gasto fiscal para el ejercicio presupuestario del año 2002.

En el debate de la Comisión, el señor Francisco Vidal expuso que actualmente existen siete casinos de juego en Chile, los que han sido creados en cada oportunidad en virtud de una ley especial que se ha dictado al efecto. Sostuvo que, a partir del año 1996, diversos parlamentarios, tanto senadores como diputados, han manifestado su interés en que se autorice la creación de nuevos casinos de juego en distintas ciudades de Chile. En consideración a ello, el Ejecutivo de entonces estimó que era necesario contar con una normativa de carácter general que regulara dicha actividad, razón por la que presentó un proyecto de ley marco sobre el particular.

Señaló que la tramitación de la citada iniciativa se inició con un largo debate en la Comisión especial de Turismo, para luego continuar en la de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social y, finalmente, pasar a la de Hacienda.

Manifestó que el Gobierno actual considera necesario contar con una legislación moderna que regule una actividad que, hasta ahora, ha estado reservada a unos pocos, sin perjuicio de que el proyecto de ley también contemple los debidos resguardos para los siete casinos de juego existentes.

Argumentó que la historia demuestra que es imprescindible establecer sistemas de fiscalización y supervisión para este sector de la economía, lo que ocurre en casi todos los países del mundo.

Puso énfasis en que la nueva legislación debe basarse en criterios de desarrollo regional y comunal.

El señor Eduardo Pérez recalcó que el proyecto de ley considera que los juegos de azar son ilícitos y que sólo se permitirán bajo determinados requisitos y condiciones. Afirmó que una decisión de la autoridad permitará o no el funcionamiento de nuevos casinos de juego.

Planteó que, hasta ahora, la actividad en cuestión ha sido una suerte de monopolio legal, pues se requiere de una ley específica para abrir un casino y, además, de una concesión municipal. Al respecto, puntualizó que éstas son diferentes en cada caso, ya que los municipios han exigido, por ejemplo, un porcentaje de las utilidades, o bien una cantidad fija de dinero.

Sostuvo que los municipios sólo se han preocupado de fiscalizar los aspectos contables de la actividad, pues tienen interés directo en ello. Sin embargo, no se ocupan de controlar las condiciones del juego mismo. Por esta razón, la iniciativa propone una nueva instancia de fiscalización que velará por la corrección del juego, a fin de que se trate efectivamente de un juego de azar. Este nuevo órgano tendrá el carácter de servicio público, similar al de una Superintendencia.

Por último, señaló que el proyecto de ley establece una nueva nomenclatura relativa a los ilícitos penales que pueden cometerse en el ámbito de los juegos de azar. Añadió, al respecto, que hoy no se cuenta con instrumentos adecuados para perseguir y sancionar el juego ilícito.

El diputado Alvarado, don Claudio , planteó que, de aprobarse el proyecto de ley en estudio, la constitución de casinos pasará a ser la norma general, razón por la que existirá mayor competencia en este ámbito. Agregó que, no obstante, la iniciativa no considera la operación de casinos de juego en los buques de turismo, lo que, a su juicio, deja en desventaja a las empresas chilenas que se dedican a ese negocio, el que, sin embargo, realizan libremente los barcos extranjeros cuando surcan aguas nacionales, aun cuando no están autorizados para ello.

El diputado Cardemil, don Alberto , opinó no estar convencido acerca de la necesidad de liberalizar el régimen de autorización de casinos. Le parece que existirán enormes presiones sobre la Comisión encargada de otorgar dichas autorizaciones; en cambio, actualmente ello queda restringido a la aprobación de una ley especial, por lo que se trata de una decisión ponderada y adoptada por el Congreso Nacional.

En respuesta a diversas consultas formuladas por los señores diputados, el señor Francisco Vidal destacó que el proyecto de ley no suprime los actuales casinos, sino que deja vigente su autorización de funcionamiento hasta el término de la concesión respectiva.

Precisó que, en cuanto a la distribución de utilidades, la iniciativa propone que el diez por ciento se destine al Fondo Común Municipal y el diez por ciento a la municipalidad de la comuna en que funcione el casino.

El señor Eduardo Pérez hizo presente que, entre otros puntos, el tema de los casinos de juego en los buques de turismo tampoco ha sido definido en el proyecto. Al respecto, cree que la iniciativa no los contemplaría, ya que el concepto de establecimiento que en ella se consigna no les sería aplicable.

Sostuvo que el rol del Estado en la fiscalización de los casinos de juego tiene su fundamento en las normas de orden público económico consagradas en la Constitución Política, pues habría un interés general que cautelar. Agregó que, por esa misma razón, existe fiscalización en materia de isapres, aefepés, bancos, etcétera.

Por otra parte, señaló que sería complejo limitar la autorización de casinos de juego, por ejemplo, a dos por región, pues el fundamento constitucional para ello no parece claro. A su juicio, el proyecto de ley no persigue estimular la creación de casinos, sino sólo reglamentar un sector de la economía, como corresponde.

De las distintas exposiciones realizadas por los señores alcaldes, que constan en las actas de la Comisión, es conveniente destacar los siguientes comentarios que se fundamentan en las experiencias de aquéllos cuyos municipios se han visto favorecidos por la actividad de casinos de juego y salas de bingo o que representan una aspiración en orden a acoger en sus comunas dichas actividades de esparcimiento.

No existe oposición a que se creen nuevos casinos a través de una legislación marco como la propuesta, siempre que su existencia esté vinculada a las características especiales para el turismo que pueda tener el lugar o ciudad elegida. Repito, siempre que esté vinculada al lugar o a la ciudad elegida que tenga una vinculación con el turismo.

Se cuestiona la distribución de los recursos que hace el proyecto, ya que los municipios que tienen casino en la actualidad obtendrán cantidades insignificantes de recursos, generándose un impacto negativo importante, por esa vía, en los ingresos presupuestarios de tales comunas. Se postuló que, al menos, el cincuenta por ciento de las utilidades de los casinos de juego debe quedar en la respectiva comuna.

No sería aconsejable autorizar el funcionamiento de casinos en la ciudad de Santiago, ya que, si así se hiciera, disminuiría la afluencia de público a los casinos ubicados en regiones, con lo cual se vería dificultada su subsistencia.

Del análisis que efectuó la Comisión respecto de las opiniones entregadas por los señores alcaldes, se concluyeron los siguientes criterios con el subsecretario de Desarrollo Regional, en la idea de que fueran plasmados en las indicaciones correspondientes: a) modificar los porcentajes de distribución de los recursos involucrados, así como los mecanismos propuestos. Sobre el particular, se postuló que podría establecerse, por ejemplo, que el cincuenta por ciento de los recursos permaneciera en la comuna en que se encuentra ubicado el casino y que el cincuenta por ciento restante fuera distribuido entre las comunas de la respectiva región; b) contemplar un período de transición para que se incorporen los actuales municipios a la nueva normativa, plazo que podría ser de cinco años; c) no establecer límites en la ley en cuanto al número de casinos de juego que se puedan abrir por región, y d) fijar criterios mínimos para vincular la apertura de un casino de juego a una zona eminentemente turística.

La Comisión especial para el Desarrollo del Turismo dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 32, 34, y 52 al 59 del texto aprobado por ella. Por su parte, la Comisión de Gobierno Interior incluyó entre dichos artículos, el 28 al 34 y el 50 al 57 del texto aprobado por ella.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar que la Comisión optó por pronunciarse por el último texto propuesto que corresponde al de la Comisión de Gobierno Interior.

En el artículo 28 del proyecto se crea la “Comisión Nacional de casinos de juego y salas de bingo”, organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por el proyecto en informe y su reglamento, y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior.

En el inciso segundo se establece que estará a cargo de un comisionado nacional. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que establezca en otras ciudades del país.

Sobre el particular, se hizo hincapié en la Comisión que en la actualidad no existe un órgano que se encargue de la fiscalización del juego como tal, ya que cada municipio realiza las labores de supervigilancia que estima del caso. Recalco la importancia de tener presente esta realidad.

Ante sendas consultas sobre la naturaleza jurídica que tendría la referida Comisión Nacional y el hecho de que la sede del nuevo órgano se radicara en Santiago, los representantes del Ejecutivo opinaron que no ven inconveniente para cambiar su denominación por la de Superintendencia de casinos de juego y salas de bingo, y que, normalmente, los órganos con carácter de nacionales tienen su domicilio en la capital del país.

Los diputados señores Escalona, Lagos , Lorenzini , Jaramillo , Ortiz y Silva formularon indicación para reemplazar la expresión “Comisión Nacional” por la de “Superintendencia”.

Puesto en votación el artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

En vista de la anterior modificación introducida al proyecto, corresponderá hacer las adecuaciones de texto en el resto del proyecto respecto de la Comisión Nacional y del comisionado nacional.

En el artículo 29 se dispone que “corresponderá a la Comisión supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas, para la generación, administración y explotación de los casinos de juego y las salas de bingo que operen en el país”.

Los diputados señores Cardemil , Escalona , Lorenzini y Ortiz presentaron indicación para reemplazar la expresión “generación” por “instalación”.

Sometido a votación el artículo 29 con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 30 se señala que la Comisión tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

“1. Requerir, recabar y reunir la información y antecedentes relativos a las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego y de salas de bingo, a la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos, y los relativos a la renovación y revocación de tales permisos;

“2. Fiscalizar las actividades de los casinos de juego y las salas de bingo, y sus sociedades operadoras, en los aspectos jurídicos, financieros y contables, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley y sus reglamentos;

“3. Determinar los principios contables de carácter general, conforme a los cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial, sobre la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros;

“4. Fiscalizar el desarrollo de los juegos, según las normas reglamentarias de los mismos, como también el correcto funcionamiento de las máquinas e implementos usados al efecto;

“5. Autorizar al operador para contratar con terceros la administración y prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación;

“6. Controlar el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes, que el reglamento respectivo determine, para las personas que desempeñen funciones en las salas de juego o en las demás dependencias del establecimiento;

“7. Convenir con las municipalidades o con otros servicios de la administración del Estado, e incluso con entidades privadas acreditadas ante la Comisión, la realización de acciones específicas de fiscalización de los casinos de juego o salas de bingo, conforme se establezca en el reglamento respectivo, y

“8. Homologar las máquinas e implementos de juego que podrán utilizarse en los casinos de juego y en las salas de bingo, para cuyo efecto la Comisión mantendrá un registro actualizado. El reglamento determinará el procedimiento y los derechos de homologación”.

Se opinó en la Comisión que la autorización para crear un casino debiera corresponder al ministro del Interior , previo informe de la Superintendencia del sector. Debo enfatizar la importancia de esta proposición.

Puesto en votación el artículo 30, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 31 precisa que “el patrimonio de la Comisión estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la ley de Presupuestos;

b) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Servicio;

c) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios, y

d) Los demás que señale la ley.

En el inciso segundo se preceptúa que “las donaciones en favor de la Comisión no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley Nº 16.271”.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 32 dispone que “un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de comisionado nacional, será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo, y las demás funciones y atribuciones que establezcan la ley y los reglamentos respectivos”.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 33 se establece la siguiente planta de personal de la Comisión Nacional:

En el inciso segundo se plantea: “El comisionado, mediante resolución interna, determinará las funciones y el personal adscrito a cada departamento o unidad”.

En el inciso tercero se señala: “Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá, además, contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios para asesorías, estudios o servicios determinados. También podrá solicitar en comisión de servicio a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la Administración del Estado.

Se planteó en la Comisión que las funciones que tendrá la Comisión o Superintendencia hacen necesario dotarla de una planta de personal más numerosa que la propuesta.

El Ejecutivo formuló indicación para agregar los siguientes incisos, a continuación del inciso primero, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

“Además de los requisitos generales para ingresar a la Administración del Estado contemplados en la ley Nº 18.834, establécense los siguientes requisitos especiales para los cargos de la planta que en cada caso se indican:

“Directivos:

“Superintendente: Título profesional de una carrera de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste y una experiencia profesional mínima de diez años;

“Jefes de Departamentos: Título profesional de una carrera de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste y una experiencia profesional mínima de cinco años; y “Profesionales: Título profesional de una carrera de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste.

“El régimen de remuneraciones del personal de la Superintendencia será el correspondiente a las instituciones fiscalizadoras. Tendrá, asimismo, derecho a la asignación de modernización establecida en el artículo 1º de la ley Nº 19.553”.

Puesto en votación el artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 34 se dispone que “corresponderá al comisionado nacional:

“1) Dirigir y organizar el funcionamiento de la Comisión;

“2) Establecer oficinas regionales cuando las necesidades del servicio así lo exijan;

“3) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Comisión;

“4) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del servicio. En ejercicio de estas facultades podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza;

“5) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia;

“6) Nombrar y remover al personal del servicio, de conformidad con las normas estatutarias;

“7) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento;

“8) Impartir instrucciones contables de carácter general, conforme a las cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial aquéllas que regulen la presentación de balances y estados de situación financiera de las entidades fiscalizadas, y la forma en que deberán llevar su contabilidad;

9) Requerir de los organismos del Estado los informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

“10) Imponer las sanciones y multas que establecen la presente ley y demás disposiciones legales o reglamentarias, que regulen la actividad de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo;

“11) Examinar, sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las entidades fiscalizadas; y requerir de sus representantes y personal en general, todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor inteligencia de las labores de fiscalización. Las mismas facultades tendrá el comisionado respecto de los terceros que administren y presten servicios anexos en el establecimiento.

“Salvo las excepciones autorizadas por el comisionado mediante resolución, todos los libros, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el establecimiento del Casino de Juego o Sala de Bingo;

“12) Realizar visitas inspectivas, directamente o por intermedio de sus inspectores o funcionarios, a las entidades sometidas a su fiscalización, con la frecuencia que estime conveniente;

“13) Citar a cualquier persona que preste servicios en o para un Casino de Juego o Sala de Bingo, a prestar declaración bajo juramento, acerca de cualquier hecho o circunstancia cuyo conocimiento estimare necesario para esclarecer alguna operación de las entidades fiscalizadas o la conducta de su personal;

“14) Suspender, total o parcialmente, el funcionamiento de un Casino de Juego o una Sala de Bingo, cuando el operador no cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, de conformidad con el reglamento. El operador podrá solucionar los reparos en el plazo que al efecto determine el comisionado nacional;

“15) Accionar judicialmente respecto de la explotación y práctica de juegos de azar desarrollados al margen de la presente ley, como asimismo, por los delitos e infracciones de que tome conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y

“16) Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley”.

En el inciso segundo se precisa que, “sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que el proyecto le confiere, el comisionado nacional deberá poner en conocimiento de los organismos pertinentes los antecedentes de que disponga para que éstos ejerzan las facultades fiscalizadoras que les sean propias”.

Sometido a votación el artículo 34, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 50 dispone: “Sin perjuicio de los gravámenes establecidos en la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, y en la ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el decreto ley N° 825, ambos de 1974, y demás establecidos en leyes especiales, los contribuyentes que administren, en la forma prescrita por esta ley, casinos de juego o salas de bingo o los servicios anexos a dichos casinos o salas, deberán pagar los impuestos especiales que se indican en los artículos siguientes”.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 51 establece un impuesto, de exclusivo beneficio fiscal, de un monto equivalente al 0,07 de una unidad tributaria mensual, que se cobrará, en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juegos de los casinos de juego y salas de bingo que operen en el territorio nacional.

El inciso segundo dispone que el tributo tendrá la calidad de impuesto sujeto a retención y deberá ser ingresado a rentas generales de la Nación dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención, por los operadores de los Casinos de Juego o Salas de Bingo señalados en el inciso anterior Puesto en votación, fue aprobado por 7 votos a favor y 4 en contra.

El artículo 52 establece un impuesto del diez por ciento que se determinará, recaudará y pagará, en conformidad con las reglas que se indican:

a) El impuesto se calculará sobre la base de la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados, durante el ejercicio respectivo;

b) El impuesto se declarará y pagará mensualmente, en el mismo plazo que el contribuyente tiene para efectuar pagos provisionales mensuales, establecido en el artículo 84 letra a) de la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974, y

c) Las sumas que los contribuyentes paguen por aplicación de las normas contenidas en este artículo, serán destinadas a incrementar, por el solo ministerio de la ley, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el ejercicio presupuestario siguiente a aquél en que se hubiere efectuado la declaración y pago correspondientes.

Sometido a votación, el artículo fue aprobado por unanimidad, salvo la letra c), que fue rechazada por 3 votos a favor, 7 en contra y una abstención.

El artículo 53 dispone que los contribuyentes señalados en el artículo 50 pagarán, además de los tributos antes señalados, un impuesto del diez por ciento, calculado en la forma establecida en el artículo anterior, el que se destinará a incrementar el Fondo Común Municipal en el ejercicio presupuestario siguiente a aquél en que se hubiere declarado y pagado el impuesto.

Puesto en votación, fue rechazado por 4 votos a favor y 5 en contra.

El artículo 54 establece que las sumas recaudadas en virtud de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se aplicarán, por las autoridades regionales y locales, respectivamente, al financiamiento de obras de desarrollo.

Puesto en votación, fue rechazado por 4 votos a favor y 5 en contra.

El artículo 55 determina que la Tesorería General de la República deberá registrar separadamente los ingresos provenientes de los impuestos establecidos en los artículos 52 y 53, con el objeto de girar las sumas que correspondieren, en la oportunidad señalada por la ley, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional o al Fondo Común Municipal, según corresponda.

Puesto en votación, fue rechazado por 4 votos a favor y 7 en contra.

El artículo 56 señala que los impuestos establecidos en los artículos precedentes se sujetarán en todo a lo dispuesto en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974, y serán administrados y fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos.

Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 57 deroga los incisos tercero y cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.110.

Puesto en votación, fue aprobado por 7 votos a favor y 4 en contra.

El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir los actuales artículos 1° y 2° transitorios, por los siguientes:

“Artículo 1°.- Los Casinos de Juego que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga definitivamente. No obstante, en lo referido a las normas sobre fiscalización y sanciones que este cuerpo legal contempla, deberán someterse a ellas a contar de la fecha que entre en funcionamiento la entidad fiscalizadora de casinos de juego y salas de bingo creada por el presente cuerpo legal”.

“En todo caso, cualquiera nueva prórroga o renovación de las concesiones antes mencionadas que se disponga con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, sólo podrá extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010.

“Todo acto en contravención con lo dispuesto en el presente artículo será nulo absolutamente”.

“Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las leyes actualmente vigentes, a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de Casinos de Juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes se extingan por cualquier causa”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

Esto fue acordado en distintas sesiones por los diputados señores Lorenzini, don Pablo ( presidente ); Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Cardemil, don Alberto ; Errázuriz, don Maximiano , quien reemplazó a don Julio Dittborn ; Escalona, don Camilo ; Hidalgo, don Carlos; Jaramillo, don Enrique ; Lagos, don Eduardo ; Mora, don Waldo ; Ortiz, don José Miguel; Silva, don Exequiel ; la señora Tohá, doña Carolina , y el diputado informante que habla.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.

La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-

Señora Presidenta , el proyecto, que lleva tres años en la Cámara, al que ahora se le ha dado urgencia, no trató algunas materias, que tampoco han sido comentadas en el informe. Por ejemplo, no se especifica lo que claramente ya se había acordado, en el sentido de que la vigencia de las concesiones de los casinos que en este momento tienen siete ciudades del país, se entiende prorrogada hasta el año 2010, puesto que algunas se vencen el año 2003. Hay que partir de la base de que los casinos fueron autorizados específicamente para que ciudades deprimidas usaran los fondos en proyectos de inversión y desarrollo.

La creación de la Comisión Nacional de casinos de juego y salas de bingo constituye una nueva medida centralista, porque si bien habrá oficinas regionales, la mayor parte de este organismo funcionará en torno del gobierno central.

La ley que se despachó para que en Arica se instalaran casinos no ha dado los resultados esperados, porque en Chile la gente se traslada de un lugar a otro. Ahora, a través del proyecto, se quiere autorizar la instalación de casinos en diferentes ciudades, sin considerar que esta actividad debería, además, ayudar a fomentar el turismo.

Es necesario sopesar el impacto social que esto generará. En Tacna, se pueden apreciar cinco o seis casinos por cuadra, lo que crea serios problemas sociales.

Junto con otros diputados, hemos presentado una indicación, a fin de que el proyecto vuelva a la Comisión de Gobierno Interior para que sea examinado en forma exhaustiva, de modo de estructurar un proyecto más acorde con los momentos que vive el país y la función que deben desempeñar los casinos de juego.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .

El señor LORENZINI .-

Señora Presidenta, estamos frente a un proyecto complejo, pero que interesa a más de 30 comunas del país.

El proyecto data de 1999, de modo que algunos parlamentarios nuevos, como el diputado señor Von Mühlenbrock y otros, recién ahora lo han conocido. En consideración al tiempo transcurrido, espero que quienes nos acompañen en estos tres años que restan del actual período parlamentario, no sigan analizando esta iniciativa.

El proyecto persigue el fortalecimiento de comunas, de regiones, lo que significa la presencia de mucho dinero. Según las proyecciones para 2002, las siete concesiones de casinos, que corresponden a las ciudades de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón , Puerto Varas y Puerto Natales, aportarán un ingreso de más de 11 mil millones de pesos. Se estima que cuando se encuentren funcionando 25 ó 30 casinos, ingresarán a esas comunas no menos de 20 mil millones de pesos. Así las cosas, los aportes generados por estas concesiones a los ingresos anuales de estas comunas irán desde el cinco por ciento, en el caso de Arica, hasta el 45 por ciento, en el caso de Pucón.

La primera pregunta que nos hicimos en la Comisión de Hacienda fue cómo vincular la experiencia de las siete comunas que en la actualidad mantienen casinos -dependen de ellas en forma importante- con una ley marco que, como señaló el diputado señor Silva , abra perspectivas a otras comunas del país. En tal sentido, luego que la Comisión de Hacienda de la Corporación sostuviera conversaciones con personeros de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y los siete alcaldes involucrados en la materia -ellas se llevaron a cabo en Valparaíso y Santiago -, se acordó mantener hasta el 31 de diciembre de 2010 las actuales perspectivas económicas. Cuando un alcalde nos dijo que, sobre la base de sus ingresos, ya había proyectado una serie de obras y adquirido una serie de compromisos, y que si se los quitaban quedaría desfinanciado, se le contestó que podría proyectarlos hasta el 2011. Si uno mira los vencimientos de los contratos de concesión de estas siete municipalidades, salvo el caso de Viña del Mar que se extiende hasta 2015, todos los demás vencen en 2005, y en el caso de Puerto Natales, en 2006. Por lo tanto y con la política asumida en esta materia, estamos asegurando dos períodos de cinco años de concesión. Aunque la aspiración era que los contratos de concesión se extendieran todos hasta 2015, al menos se ha cumplido una de las grandes metas.

La segunda meta que nos propusimos -en eso concordamos con la Comisión de Gobierno Interior- es que esto no da para una comisión de control. Se trata de un tema país. Existen muchos movimientos financieros y transacciones monetarias, con lo que se abre la posibilidad de efectuar lavado de dinero y otro tipo de transacciones. En ese sentido -así se incluyó en una indicación-, pensamos que una superintendencia debe dedicarse a controlar los casinos, salas de juego, bingo, etcétera. No hablo de una superintendencia con 8 ó 10 funcionarios, sino de una que aporte a todos los funcionarios que sean necesarios. Si ya existen siete casinos, ocho funcionarios -un jefe y un inspector por cada centro de juego- no tendrían posibilidad de fiscalizar y controlar, y con ello dar pie a nuevas legislaciones que permitan, a la luz de la experiencia obtenida, mejorar los proyectos. Por lo tanto, esto también se aceptó.

En tercer lugar, ¿quién decide la ubicación de los nuevos casinos? Nos pareció que la Superintendencia debía estar a cargo de la parte técnica y operativa, pero la decisión final en esta materia debía ser adoptada por un organismo superior, en este caso el Ministerio del Interior, el que debe tomar en cuenta todos los antecedentes proporcionados por la Superintendencia, las cámaras de turismo, intendencias y gobiernos regionales.

Restan aún dos puntos importantes por resolver, pero no queremos retrasar el proyecto más de la cuenta o que vuelva a la Comisión respectiva a dormir por otros tres años.

Más allá de las indicaciones que se puedan presentar, la discusión se centra en tres grandes preguntas. La primera es si es bueno restringir el número de casinos a los existentes en la actualidad. La respuesta unánime es que ello no debe hacerse.

La segunda consiste en saber si es positivo proteger a los existentes. Eso ya ha sido acordado.

La tercera se reduce a saber si es bueno limitar por regiones el número de casinos. Ésta es una de las grandes interrogantes, y entre los parlamentarios existen diversas opiniones.

Según nos dijeron quienes dominan el derecho constitucional, no habría posibilidad de restringir el número de casinos, por cuanto se trata de negocios abiertos o sociedades anónimas. Con todo, la Comisión de Hacienda piensa que sí es posible hacerlo en determinados puntos. Por ejemplo, prohibir que exista más de un casino en el radio de diez kilómetros; procurar que fomenten el desarrollo de las regiones, sobre todo en el ámbito turístico.

Ahora bien, quienes piensan que nos vamos a llenar de casinos, no están en lo cierto. Se trata de negocios, y los alcaldes y concejales de las distintas comunas involucradas deberán ir en busca de inversionistas y convencerlos para que inviertan sus dineros en esos casinos. Éstos, por su parte, deberán hacer proyecciones y estudios de factibilidad, a fin de saber si les resulta rentable colocar dinero en ellos. En este sentido, no resulta fácil tomar la decisión de construir casinos separados por pocos kilómetros, por cuanto el jugador clásico u ocasional que vive en la zona circulará indistintamente entre ambos.

¿Qué propuso la Comisión de Hacienda frente a este incentivo perverso? Que la distribución de los ingresos generados -11 mil millones hasta 2011; 20 mil millones a futuro- no vayan a un fondo común nacional. ¿Por qué la comuna de Tirúa, representada por el diputado señor Escalona, debe recibir dineros por este concepto si ni medianamente cerca cuenta con un casino? ¿Por qué las comunas que hicieron un esfuerzo por conseguir inversionistas deben beneficiar a las 341 restantes?

En este sentido, la Comisión de Hacienda resolvió que la mitad del 20 por ciento de los ingresos brutos que produce una concesión fuera captado directamente por la comuna en que se encuentra situado el casino. Y para que las comunas vecinas no se pongan envidiosas y comiencen a en-tregar incentivos perversos, se determinó que el 50 por ciento del total generado por la concesiones -la mitad de 20 mil millones- se distribuya entre las comunas de la regiones en la que se encuentran los casinos.

Se trata de una propuesta razonable que crea incentivos y desincentivos. En la actualidad, el 50 por ciento de los ingresos generados se distribuye a nivel nacional bajo los cánones del Fondo Común Municipal, y el otro 50 por ciento va al Fondo de Desarrollo Regional. Todos los parlamentarios sabemos que la entrega de estos dineros no se decide por criterios técnicos, sino políticamente. Este tema, sin lugar a dudas, no está agotado.

El Ministerio del Interior -hay que decirlo en forma responsable- aceptó todas las propuestas planteadas en la Comisión de Hacienda, incluida ésta. Incluso, alcanzamos a votar el proyecto ad referéndum, en espera de la indicación. No llegó, con un atribulado subsecretario, porque el Ministerio de Hacienda había desconocido el acuerdo logrado con el ministro del Interior . Como lo hemos visto en la prensa en los últimos días, parece que Hacienda manda más que Interior, de manera que el tema tuvo que ponerse en esas condiciones en votación.

Nos parece que se trata de una política país. Los casinos mueven mucho dinero y posibilidades de hacer otras operaciones. Hay municipalidades, como Constitución, Osorno , Valdivia , San Antonio , Antofagasta, en fin -más de veinte alcaldes nos visitaron-, que tienen intenciones de construir una relación con el sector privado para poder tener concesión.

Entonces no podemos permitir que Hacienda, en una decisión unilateral, desconozca un acuerdo de una Comisión de la Cámara con el Gobierno a través del Ministerio del Interior. Esto se está haciendo costumbre y mandamos el mensaje, con mucho cariño, a nuestro ministro , que a lo mejor se encuentra en México a esta hora.

Pero resulta que para un tema país, de tres años de análisis en las comisiones, acordado con el Gobierno a través del Ministerio del Interior, nos mandan funcionarios de cuarto nivel porque el subsecretario está trabajando en otras materias. Quizás pensarán que los diputados de la Comisión de Hacienda somos de cuarto nivel. Creo que eso tendremos que revisarlo.

Evidentemente, hay que legislar sobre este tema y por eso proponemos votarlo en general. Pero luego tiene que volver a comisiones y, ojalá, no se empantane allí tres años más.

Este tema interesa a todos los parlamentarios: a aquellos en cuyas comunas de sus distritos existen casinos, a los veinte que están buscando la posibilidad de tener un casino en sus comunas y también a los de las restantes comunas de otras regiones, porque si hoy se benefician cuatro o cinco regiones, con el proyecto logrará hacerlo el resto, como así también las comunas que las integren. Por ejemplo, si se instala un nuevo casino en Antofagasta, se beneficiarán Calama y Tocopilla. Se pondrá contento el diputado Mora y, por cierto, todos los parlamentarios.

En general, se debe analizar si se establece limitación o no a los casinos regionales. En la Comisión de Hacienda pensamos que esto se puede hacer a través de otros elementos restrictivos, como de potencia de las empresas, la prueba de la blancura, si fomenta el turismo, si se constituye en polo de desarrollo, que no haya cerca muchos casinos, en fin. Podría ser la restricción natural que se da en un negocio.

El otro tema es la distribución que, como está hoy, no corresponde.

Deberíamos aprobar el día martes la idea de legislar, enviarlo a comisiones, pedirle a sus presidentes que actúen con expedición en esta materia, porque el tema ya está en el debate. Tenemos cientos de documentos; han estado presentes en la discusión los alcaldes para explicarnos lo que sucede. Es decir, es un tema real, que parece agradable. Son muchos millones de pesos los que pueden recibir todas las comunas del país.

El interés por el tema es evidente, porque hay más de veinte parlamentarios inscritos. Tres puntos son los que están pendientes. Ojalá que Hacienda nos escuche a la distancia, para que se ponga de acuerdo con el Gobierno o, de lo contrario, que nos diga claramente que no quiere ley de casinos.

Mi impresión es que Hacienda tiene esa idea. Si es así, que nos lo haga saber para que esas tres comisiones de la Cámara no sigan perdiendo el tiempo por tres años más. El país necesita de nuestro trabajo y hay muchos otros temas importantes que tratar. Si Hacienda está interesado en el tema, como lo estuvo el Ministerio del Interior y el subsecretario Francisco Vidal , que dé una señal. Si no lo está, que converse con el ministro Insulza y se pongan de acuerdo: el Presidente zanjará la discusión. Pero queremos tener una resolución sobre un tema, que tiene ilusionado a alcaldes de muchas comunas del país.

He dicho.

-Aplausos.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes .

El señor PAREDES.-

Señora Presidenta, no me meteré en profundidades, porque, en verdad, más que plantear una controversia sobre la materia, me importa lograr consenso.

En el proyecto, como en los informes de las distintas comisiones, hay una coincidencia, la que me parece preocupante.

Existe un instrumento legal, llamado “ley Arica”, la Nº 19.669, publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 2000, que establece nuevas medidas para el desarrollo de las provincias de Arica y de Parinacota. La “ley Arica”, aprobada por la gran mayoría de los parlamentarios de la Cámara y del Senado, en su artículo 36 dispone: “Autorízase el establecimiento, administración y explotación de nuevos casinos de juego en la comuna de Arica, los que estarán sujetos a las siguientes condiciones especiales: 1) Se concederá permiso para operar nuevos casinos sólo cuando su establecimiento sea anexo a una inversión en estructura turística que se realizará en terrenos propios del solicitante y que comprenderá la construcción de un hotel de, a lo menos, ochenta dependencias habitacionales,...”. Además, establece una serie de otras exigencias a los empresarios interesados en invertir en turismo.

Bien vale la pena hacer un poco de historia y recordar las motivaciones que, como país, se tuvieron en vista para que el Congreso Nacional aprobara este instrumento llamado “ley Arica”. Esas razones dicen relación con una cuestión de soberanía, dado que el desarrollo de las zonas extremas y fronterizas debe garantizarse de alguna forma por parte del Estado.

Agradezco la disposición que tuvieron todos los sectores políticos del país para dotar a Arica de algunos instrumentos que le permitieran desarrollarse.

Por esa razón, me resulta sorprendente ver que el proyecto, que es la ley marco que pretende regular el funcionamiento de los casinos en Chile, no establezca ninguna excepción respecto del artículo 36 de la ley Nº 19.669, “ley Arica”, dado que establece una serie de normas nuevas para aspirar a instalar un casino.

Lo más preocupante de todo es que el artículo 1º de las disposiciones transitorias del proyecto de ley dice lo siguiente: “Los Casinos de Juego que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga por vencimiento del plazo o por cualquier otra causa anterior a dicho vencimiento. Prohíbese cualquier prórroga...”.

Creo que con esa norma, veladamente, se está afectando el beneficio entregado en el artículo 36 en la “ley Arica” a las provincias de Arica y de Parinacota. Respalda mi preocupación el artículo 2º transitorio, que dispone que “Las leyes a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de casinos de juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes, y vigentes a la publicación de esta ley, se extingan por cualquier causa”.

En mi particular opinión, el artículo 2º transitorio borra de una plumada el artículo 36 de la ley Nº 19.669.

Se ha planteado un argumento económico para instalar casinos en muchos lugares del país. Creo que aquí hay un principio que ha imperado desde hace mucho tiempo, cual es que las ciudades que tengan ciertas condiciones turísticas puedan aspirar a tener casino. Sin embargo, no comparto la opinión de que esto deba generalizarse, porque, si lo miramos desde otra perspectiva, yo podría decir también que si bien es cierto que hay muchas comunas que no tienen casinos, disponen de otros instrumentos de desarrollo que les permiten allegar recursos a sus municipios. Ejemplos de ello son la zona franca, en Iquique, y la minería, en Antofagasta. De igual modo, podríamos decir que esos incentivos de desarrollo regional que se producen en determinadas regiones también deben redistribuirse entre todas las comunas.

El casino de la municipalidad de Arica -que será muy afectado si se aprueba esta norma- genera entre 400 millones y 700 millones de pesos al año al presupuesto municipal, cifra que puede parecer menor, pero es un factor tremendamente relevante para el presupuesto de esa ciudad, que ha sido muy afectada por la depresión económica.

Por eso, presenté una indicación destinada a sustituir el artículo 2º transitorio del proyecto por el artículo 36 de la “ley Arica”, ya que en éste se consagra un beneficio que se entregó con una visión de país para el desarrollo de Arica y de Parinacota.

Por lo tanto, solicitamos consecuencia a los parlamentarios que en su oportunidad apoyaron esa iniciativa, para que aprueben dicha indicación en ambas comisiones, y después en la Sala, con el objeto de que se mantenga este elemento de desarrollo para Arica y Parinacota en la ley de casinos, beneficio que fue reconocido por el Congreso hace más o menos dos o tres años.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca .

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-

Señora Presidenta , hace más de siete años, parlamentarios de distintos partidos presentamos una serie de proyectos de ley para la creación de casinos de juego en diversas ciudades del país que, a nuestro juicio, presentaban características de centros turísticos y que, con esta actividad, podrían potenciarse y diversificar su oferta de trabajo.

En ese entendido y desde mi particular punto de vista, la ciudad de Constitución, antiguo y principal balneario de la Séptima Región, me pareció un lugar adecuado para la instalación de un casino de juego, por su gente digna y culta, por sus bellezas naturales inigualables, por su condición de ciudad de actividad múltiple, por sus accesos inmejorables, por su ferrocarril -algún día recuperable para el turismo, y necesario para la incorporación al desarrollo de quienes habitan la ribera del río Maule, entre Talca y Constitución- y, por último -por qué no decirlo-, por la necesidad actual de allegar nuevas fuentes de financiamiento a un municipio que requiere invertir más en la gente y en la ciudad, de manera de hacer atractivo el entorno y satisfacer las exigencias de las personas que viajan por motivos diversos, como la entretención y el descanso, a la antigua Nueva Bilbao.

En general, salvo error involuntario, todas las iniciativas presentadas, que dieron origen a este proyecto de ley marco enviado por el Ejecutivo, proponen la creación de casinos de juego en regiones, ninguno en Santiago.

Los argumentos de los diferentes proyectos de ley eran crear nuevas expectativas de trabajo e impulso en regiones, para, de este modo, ayudar a desconcentrar el país. Así se concluye después de leer las distintas mociones. Por ejemplo, la del senador Gabriel Valdés expresaba que era necesaria la creación de un casino en la ciudad de Valdivia por la enorme afluencia de visitantes, para mejorar la infraestructura de la ciudad y para crear nuevas fuentes de trabajo. La de la senadora Carmen Frei propone la creación de un casino en Antofagasta, “donde, además de ofrecer una sala de juegos de azar, se puede contar con espectáculos nocturnos de jerarquía, será un importante complemento al fomento de la actividad turística de la ciudad y la Región, teniendo, además, en consideración las obras de habilitación de balnearios, recuperación de sitios arqueológicos, campañas de aseo y ornato de la ciudad, remodelación de importantes edificios, etc.”, así como para dar trabajo para los habitantes de la región. La del senador Adolfo Zaldívar fundamentaba la creación de un casino de juego en Puerto Aisén señalando que “tiene plena justificación en tanto complementa tareas productivas y configura una fuente estable de recursos para fines de mejoramiento de los servicios que presta el gobierno comunal”. La de los ex senadores Nicolás Díaz y Anselmo Sule expresaba que la creación de un casino en Pichilemu, Sexta Región, servirá “para potenciar el turismo”. La del senador Ricardo Núñez indicaba que la creación de un casino en Caldera “se fundamenta en los urgentes requerimientos que la Región tiene para generar mayores recursos, a fin de ampliar y diversificar su economía y enfrentar así los importantes desafíos del presente y del futuro”.

Lo que se pretendía con todos esos proyectos presentados era evitar que se generara una nueva actividad productiva en la capital, que, sin duda, sería de gran atractivo, dada la concentración de habitantes, y que, de concretarse, perjudicaría a esta actividad, sobre todo a la de la Quinta Región.

En materia de casinos de juego, me parece insensato dar igual tratamiento a Santiago y al resto del país. Esto no es ir en contra de la libertad empresarial. El número 21 del artículo 19 de la Constitución dispone que las normas legales deberán respetar cualquier actividad económica que se quiera efectuar en el país, que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. Pero agrega que habrá excepciones, por motivos justificados, que se establecerán por ley. O sea, perfectamente bien podemos dejar a la Región Metropolitana fuera de la creación de casinos.

Por eso digo que esto no es ir en contra de la libertad empresarial ni atentar en contra del artículo 19 de la Constitución Política, sino que es, simplemente, sentido común; es evitar que Santiago, una vez más, se lleve el grueso de la inversión, y que esta futura ley, en lugar de significar un pingüe negocio para las regiones, se transforme en letra muerta.

Santiago, por su enorme población, es el polo natural de convergencia de los chilenos, que viajan a esa ciudad por diversas actividades, y quienes en el futuro lo harán, además, por el atractivo ocasional que significan las salas de juego.

Ésa no es la idea. Lo digo porque tal vez es la primera ocasión en que la Cámara tiene la oportunidad de discriminar abiertamente en favor de las regiones, privilegiando en ellas nuevas oportunidades de trabajo y enviando también un mensaje al país: queremos buscar caminos reales que permitan a la gente de regiones quedarse allí, con nuevas y distintas fuentes de empleo.

Por lo expuesto, presentaré una indicación para agregar, en el título I, “Disposiciones generales”, un inciso segundo al artículo 2º, que señale que se prohíbe expresamente la explotación de casinos de juego en la Región Metropolitana.

Debo aclarar que me estoy refiriendo sólo al tema de los casinos de juego y no al de las salas de bingo, las que perfectamente bien pueden funcionar en la Región Metropolitana, porque no sólo tienen fines de lucro, sino que, además, muchas veces tienen objetivos sociales, lo que es perfectamente justificable.

También me parece necesario hacer presente el inconveniente destino que da el proyecto de ley a los recursos que se generarán con la creación de los casinos de juego si se aprueba la iniciativa.

Estoy de acuerdo con que parte de los recursos se destine al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr, porque desde ahí se distribuirán a todas las comunas de las regiones donde estén instalados los casinos que se creen de acuerdo con la ley; pero me parece un error que el proyecto disponga que otra parte vaya al Fondo Común Municipal, porque considero que las municipalidades ya están resguardadas al establecer que determinado monto de fondos vaya al Fndr. A mi juicio, esos recursos deben beneficiar a la comuna donde está instalado el casino, ya que tendrá la responsabilidad de mejorar su infraestructura, hacer plazas de juego y veredas, arborizar y embellecer la zona para atraer a la gente a recrearse en una sala de juego.

Por lo mismo, tampoco comparto el artículo 53 del proyecto, y considero que también debe modificarse.

Las salas de juego no constituyen un factor que cause mayor delincuencia; al contrario, son un atractivo para la gente y un elemento importante para el desarrollo de las ciudades donde se instalarán. Por ello, a mi juicio, deben existir en todo el país y no sólo en algunas regiones o comunas.

Por lo tanto, con las modificaciones que he mencionado y por la necesidad de crear nuevas oportunidades de trabajo, voy a respaldar este proyecto de ley.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Ha terminado el tiempo correspondiente al Orden del Día.

Informo a la Sala que han quedado inscritos 22 señoras y señores diputados para continuar la discusión general de este proyecto en la sesión del próximo martes.

REGULACIÓN DE LOS CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.

Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, once diputados de distintas bancadas hemos formulado indicaciones para corregir dos aspectos esenciales de este proyecto, cuya aprobación en general es necesaria por las razones que se han expresado.

Hay un aspecto que no se ha destacado suficientemente, cual es que se permite la existencia de salas de bingo en cada una de las comunas, y se norman las loterías populares que se hacen cuando una persona sufre una enfermedad catastrófica o cualquier percance que las amerite.

Pues bien, el proyecto tiene dos graves inconvenientes que hemos querido subsanar con las indicaciones. En primer lugar, hace de este tipo de juego una actividad económica más. Toma la tradición del país y vincula los casinos a actividades turísticas fuera de Santiago, de forma que indirectamente ayuden al desarrollo regional. Gastar dinero en este sentido debe ser una acción adicional a la decisión de una persona de concurrir a un lugar turístico. No puede ser una actividad común y corriente ni corresponde que haya casinos en grandes zonas urbanas, pues pervertirían los niveles de ahorro del mundo popular y generarían actividades viciosas en su entorno.

En consecuencia, el proyecto establece un máximo de dos casinos por regiones y excluye explícitamente a la Región Metropolitana, no por animosidad, sino por los niveles de concentración demográfica, que casi no vale la pena comentar. Si existiese un casino en Providencia, en El Bosque, en el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez , en Maipú, en el Cajón del Maipo, en Farellones, etcétera, indirectamente se generarían dificultades a los casinos de regiones y a la actividad turística en torno de ellos, motivo por el que se excluye a la Región Metropolitana.

Al respecto, se requiere que la Cámara sea generosa para delegar poder en otros organismos. En consecuencia, proponemos que la decisión acerca de la concesión de los casinos recaiga en los consejos regionales, los cuales deberán aprobarlos por un amplio quórum, lo que obliga a realizar estudios técnicos adecuados y a evacuar informes sobre las áreas que efectivamente pueden generar polos turísticos y, además, permite utilizar una instancia colegiada con pocos poderes, que existe en nuestra legalidad.

No es conveniente que el Congreso tenga que discutir la concesión de los casinos en cada caso o que se cree un superintendente general de casinos, dependiente del Ministerio del Interior del gobierno de turno, ya que son figuras de otras épocas y, además, pueden prestarse para situaciones impropias. En cambio, es preferible que esto sea resuelto por una instancia colegiada, plural y por un amplio quórum.

Asimismo, señalamos expresamente que debe establecerse un máximo de dos casinos por región y en provincias distintas. Por ejemplo, si en la Novena Región hubiese un casino en la provincia de Cautín, habría que buscar un lugar turístico en la provincia de Malleco.

Como han sostenido algunos, es importante que el Ejecutivo reflexione y proponga una indicación para que se destine el 50 por ciento de los recursos que se generen a las comunas donde se ubiquen los casinos y el otro 50 por ciento a los gobiernos regionales respectivos. Es más, se ha manifestado en la Comisión de Gobierno Interior que la idea, además de los fines turísticos, es destinar lo que produzcan los casinos a financiar las actividades de los organismos dedicados a recuperar a los discapacitados.

Llamo a votar favorablemente en general y a que se respalden las indicaciones, con el objeto de que el proyecto vuelva a las comisiones respectivas, se logre un consenso amplio con el Ejecutivo , se agilice su despacho y se permita la existencia racional de los casinos en regiones.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Mario Escobar.

El señor ESCOBAR .-

Señor Presidente , es indudable que la Cámara debe tomar en cuenta las diferentes consideraciones hechas durante los años en que el proyecto ha estado en las diferentes comisiones.

Sin embargo, echo de menos una política de turismo, actividad que mueve millones de dólares en el mundo. En Chile ni siquiera tenemos una Subsecretaría de Turismo, en circunstancias de que es un motor importante en cualquier economía.

¿Cómo nace la iniciativa? Por consideraciones locales y regionales, que se van articulando y que terminan concretándose en un proyecto de ley que, desde nuestro punto de vista, es bastante malo.

Reitero, lo primero que tendría que decir es que no hay una política global y seria de turismo, que eche a andar todo un concepto de lo que debe ser la modernidad y la cantidad importante de recursos que se pudieran generar. En consecuencia, el proyecto de ley sobre casinos intenta paliar tibiamente este déficit que tenemos como Estado.

¿Qué proyecto tenemos? Un proyecto malo, que incrementa el aparataje del Estado, o sea, va en contra de lo que debiéramos hacer para lograr que el Estado se minimice y modernice; centraliza la decisión y la autorización para instalar los casinos, lo que, obviamente, atenta en contra de las regiones; no distribuye los fondos recaudados como corresponde, es decir, perjudica directamente a los lugares donde quedarían instalados los casinos y también a las regiones respectivas y, lo que es más serio, considero que prostituye el juego en el país.

Desde esa perspectiva, hubiera preferido el establecimiento de ciudades casino, focalizadas para potenciar lugares estratégicos; pero, evidentemente, se ha creado una serie de instancias, tomando en consideración muchas peticiones locales y, tal vez, pretendiendo solucionar un problema municipal.

Finalmente, comparto la idea de legislar, pero también considero importantísimo apoyar las indicaciones que se han hecho al proyecto durante su tramitación, con el objeto de modificarlo como corresponde y, de esa manera, elaborar una ley que realmente satisfaga no sólo las necesidades locales y regionales, sino que, además, se inserte en lo que debiera ser una política real de turismo en el país.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente , el proyecto me parece de trascendental importancia para regular una actividad que no ha tenido un tratamiento general ni orgánico en nuestro país y que, sin duda, ha sido fuente importante, por una parte, para incentivar la actividad turística y, por otra, ha generado cuantiosos ingresos a los municipios que cuentan con casinos.

Nadie discute las bondades que implica el turismo para el desarrollo económico, pero quizás lo más destacable de esta actividad es la gran cantidad de empleos directos que genera, los que hoy son más necesarios que nunca debido a la crítica situación por la que se está atravesando.

Después de un análisis detallado del proyecto de ley que hoy discutimos, quiero decir que comparto una de las ideas matrices que tuvo en vista el Ejecutivo al momento de iniciar su tramitación, cual es la de crear un sector empresarial que aporte a la industria turística y que se profesionalice la actividad. De ahí que se reconozca al sector privado la iniciativa de crear casinos, siempre que pueda demostrarse la viabilidad técnica, comercial y de contribución al fortalecimiento del turismo existente en la localidad; por lo mismo, ésta debe ser escogida por los inversionistas interesados.

En este sentido, me parece adecuado que una ley marco establezca las bases generales y su normativa esencial conforme a las cuales se regulará lo relativo a autorización, funcionamiento y fiscalización de las entidades que operen como casinos de juego y salas de bingo.

En honor al tiempo, no me detendré en aquellos aspectos que considero positivos del proyecto en discusión y sólo me limitaré a anunciar las razones por las cuales votaré en contra de algunos de sus artículos.

En lo que respecta al título IV, del Permiso de operación, párrafo primero “Del otorgamiento”, si bien me parece correcto que exista un órgano de carácter nacional que fiscalice, administre y explote la actividad ligada a los casinos de juego y salas de bingo, es inapropiado que sea la Comisión Nacional la que determine el lugar donde operarán los casinos.

En efecto, el hecho de que el artículo 18 establezca que, respecto de cada solicitud de operación que se presente, la Comisión deberá recabar la opinión del gobierno regional respectivo y de la municipalidad correspondiente a la comuna en donde se propone el funcionamiento de un casino de juego o sala de bingo, es una mera referencia para darle un aire de regionalismo, por cuanto esa norma no entrega las herramientas a dichas entidades para planificar la actividad turística que se quieran desarrollar en la zona. Me parece que radicar exclusivamente la decisión en una Comisión Nacional sólo servirá para que se tomen determinaciones centralistas de acuerdo con la mayor o menor presión que exista en el momento y sin que las regiones puedan incidir en ellas.

En este orden de ideas, aquí debe existir una muestra de confianza en los gobiernos regionales y en los municipios, ya que dichos organismos, en forma coordinada y conjunta, son los que debieran definir y proyectar aquellos lugares que les interesa potenciar turísticamente mediante la creación de casinos de juego o salas de bingo. Por lo tanto, la Comisión Nacional del Juego sólo debiera limitarse a otorgar los permisos de operación a los concesionarios del lugar que previamente definan las autoridades locales.

En el título VII, “De la Afectación”, en concordancia con lo expuesto precedentemente, es altamente perjudicial e injusto que los artículos 52 y 53 establezcan, respectivamente, impuestos del 10 por ciento que se calcularán sobre la base de la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados, y que se destinará, el primero, a incrementar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y, el segundo, el Fondo Común Municipal.

Una vez más, estamos en presencia de una iniciativa que sólo favorecerá el centralismo, puesto que las regiones y los municipios verán cómo retorna un escaso margen de utilidad del producto de la actividad de los casinos. Por ejemplo, Antofagasta -distrito que tengo el honor de representar- recibió en 2001, por concepto del Fondo Común Municipal, la suma de 6.500 millones de pesos, frente a los $ 96.146 millones de pesos que fueron asignados a la Región Metropolitana. Para este año, según cifras de la propia Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere , se proyecta para la Segunda Región, por concepto del Fondo Común Municipal la cifra aproximada de 6.287 millones de pesos, frente a los 95.912 millones de pesos que se destinarán a la Región Metropolitana. En este sentido, cabe preguntarse, ¿es justo que una región o municipio que, por voluntad soberana de sus habitantes o autoridades, decida no instalar un casino de juego o una sala de bingo, reciba parte del tributo que generará esta actividad? Es necesario que los recursos que genere la actividad de los casinos y salas de bingo queden en el municipio donde se producen y que sólo una parte de dichos ingresos sea compartida con el resto de las comunas existente en la región, con el objeto de desincentivar la creación de varios casinos en una misma zona geográfica.

Hay que tener presente que la creación de un casino en una comuna, indudablemente, reporta numerosos beneficios, pero también trae aparejado un mayor gasto para el municipio que se refleja en mayor alumbrado público, mantención de áreas verdes, creación y mejoramiento de los espacios públicos existentes, seguridad ciudadana, etcétera, gastos que se vuelven absolutamente necesarios si realmente se quiere potenciar a una comuna como centro de una actividad turística. Para comprobar esta afirmación basta comprobar la experiencia de municipios con casinos, como Iquique, Viña del Mar y Pucón, entre otros.

El hecho de que los recursos queden directamente en el municipio y en la región donde se generan permitirá a los municipios y a los gobiernos regionales llevar a cabo obras y satisfacer necesidades de la comunidad en forma clara, oportuna y con recursos nuevos no considerados hoy en sus presupuestos.

Finalmente, sabiendo que esta parte del proyecto de ley es de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, me atrevo a proponer al Gobierno que dichos artículos sean modificados en un doble sentido.

En primer lugar, que los fondos que el artículo 53 destina al Fondo Común Municipal, sean percibidos por la municipalidad donde se encuentra el casino o la sala de bingo.

En segundo lugar, respecto del artículo 52, que destina los dineros al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr, solicito que el Gobierno distribuya las utilidades en el resto de las comunas de la región donde se encuentra el casino, a fin de desincentivar su creación en otras comunas. Asimismo, que un porcentaje de los recursos generados por este ítem sea entregado a Carabineros, por ser ellos los que se preocupan de resguardar la seguridad ciudadana.

Finalmente, hago un llamado al Gobierno en el sentido de que, después de haber hecho trabajar a esta Cámara en un proyecto por más de cuatro años y de haber consensuado, a través del Ministerio del Interior, el destino de los fondos y otras materias, no envíe indicaciones como consecuencia de la negativa del Ministerio de Hacienda para solucionar este tema con rapidez, ya que muchas zonas, especialmente la que represento -Antofagasta- esperan prontamente la creación de un casino de juego para darle a su región el impulso turístico que necesitan.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-

Señor Presidente , después de muchos años -si mal no recuerdo, la primera iniciativa fue presentada por el ex diputado Isidoro Tohá -, se debate en esta Sala el proyecto sobre la creación de casinos.

El ex diputado Tohá propuso un proyecto modesto para autorizar el funcionamiento de un casino de juego en las termas de Chillán. En ese momento, su propósito era fomentar y fortalecer el turismo en esa parte del territorio nacional donde existe un centro de desarrollo recreativo altamente concurrido en ciertas épocas del año. A partir de esa moción, varios diputados presentaron iniciativas parciales que apuntaban a un fin similar. Quien habla, con otros colegas, pensando en una tradición, presentamos una moción con el objeto de que en la comuna de Pichilemu, Sexta Región, pudiesen funcionar salas de juego, así como también en las termas de Cauquenes, que podrían constituir un polo de desarrollo turístico interno importante. Lo cierto es que después de reflexionar, más que abordar proyectos individuales, se planteó la idea de tener una ley general, la que discutimos hoy. En ese sentido, ha sido un avance el hecho de poder tener un debate más amplio para establecer las bases a fin de crear casinos de juego y salas de bingo.

Habría que determinar si el objeto de la creación de los casinos de juego y las salas de bingo sólo es para incentivar el turismo, para la recreación y esparcimiento, o si, en verdad, cumplen funciones múltiples. Es lo que creo. En ese sentido, es necesario precisar quién debe decidir dónde se instalarán los casinos de juego o las salas de bingo. Este proyecto ofrece un marco de decisiones importantes, por cuanto radica en las regiones la decisión de crearlas. Propone un máximo -materia que podremos perfeccionar durante el transcurso del debate- en cuanto a si sólo habrá dos salas de juego por región o una por provincia. Pero no cabe duda de que la decisión sobre el número de casinos de juego no debería quedar radicada en una autoridad de nivel central, sino en otra descentralizada, en las autoridades regionales. Eso es lo correcto.

Hay un debate adicional, en el cual, probablemente, existe mayor disparidad en la reflexión sobre este proyecto, cual es, si los recursos que generen los casinos y salas de bingo están pensados para los municipios -como señala el colega Araya -, para el concesionario -hemos visto cómo éstos manifiestan un tremendo interés, porque es un negocio muy lucrativo- o si deben tener un fin social, visión distinta que tenemos otros parlamentarios.

En ese contexto, no somos partidarios de que los recursos generados por los futuros casinos de juego y salas de bingo ingresen al fondo de inversión del municipio receptor. Por el contrario, en esta materia algunos somos partidarios del modelo canadiense, esto es, garantizar que dichos fondos se destinen, al interior de cada región, para políticas sociales claramente identificadas.

Con la diputada señora Isabel Allende y otros colegas, queremos presentar una indicación a fin de que los recursos que se obtengan a través de los casinos de juego y las salas de bingo se asignen a programas para discapacitados y adultos mayores. En ningún caso deseamos que la iniciativa sirva para provocar una distorsión en las regiones, en el sentido de que algunos municipios contarán con una fuente adicional de ingresos en desmedro de los otros.

Algunos creemos que estas salas de juego pueden cumplir una función de atracción turística interna, lo que, de por sí, es un beneficio para la comuna donde se instalen. Pero los ingresos que produzcan, más allá de lo que legítimamente recibirá quien las administre, deben tener un fin público consensuado. Vamos a proponer a la Sala -tema que discutiremos en la Comisión- que estos fondos vayan en beneficio de los discapacitados y de los adultos mayores. Es una visión distinta de la que existe en la actualidad: que las salas de juegos, más que una fuente de turismo, son una fuente de ingreso para algunos municipios. Por ello, de persistir esa lógica, tememos que este proyecto, más que propender al desarrollo regional, pueda significar un elemento de tensión e, incluso, de conflicto indeseado.

Adicionalmente, hay un tema clave en la iniciativa para aquellos que quieren que los casinos de juego y las salas de bingo funcionen con absoluta transparencia. Para algunos, el nombre propuesto por el Ejecutivo no es el más afortunado, pero da igual. Lo importante es la función de quien supervisará, fiscalizará y aprobará los permisos correspondientes para los operadores. En ese sentido, es necesario asegurar, a través de una ley, que los establecimientos funcionen dentro de márgenes de probabilidades conocidos, de forma tal que no ocurra -se dice- lo mismo que en algunos casinos del país, donde las probabilidades de ganar en las máquinas se regulan en forma ambigua, las probabilidades del azar se ajustan mecánicamente y, a veces, se determinan las tasas de utilidad para el administrador, más allá de parámetros aparentemente correctos.

En lo personal, soy partidario de que quien entre a fiscalizar sea un ente nacional, con capacidad de funcionamiento en las regiones y en cada uno de los lugares donde funcionen los casinos de juego y las salas de bingo, estableciendo una diferencia entre ambos. Es muy importante que esa entidad se genere de forma tal -tendremos que precisarlo- que dé garantías no sólo a los operadores, sino también a los ciudadanos que quieran asistir para jugar, que las probabilidades de ganar o de perder estén dentro de un rango adecuado, como en todo juego de azar, y que su capacidad de fiscalizar sea también adecuada.

En este proyecto, con un objetivo determinado y recursos, debe haber una decisión regional no sólo acerca del lugar donde deben funcionar los casinos de juego y las salas de bingo. Con la diputada Isabel Allende y otros diputados queremos proponer que el fin sea público, no limitado sólo a los municipios receptores de los casinos, pues ellos, por sí, recibirán las ventajas, las inversiones propias del funcionamiento de los mismos y de la actividad turística. También queremos garantizar que el ente nacional que supervise esta actividad dé garantías al conjunto de los usuarios.

Por último, deseo proponer la posibilidad de que en la discusión particular de esta iniciativa podamos debatir acerca de copiar la experiencia de Canadá. En ese país, las salas de bingo cuentan con una administración distinta de las de juego: es pública, en términos de los lugares donde opera; pero, dentro de cada territorio, parte de su recaudación se entrega a organizaciones sociales sin fines de lucro.

Debiéramos analizar la experiencia canadiense, dado que, hoy, en nuestro país, es una práctica común que las organizaciones sociales de todas las comunas realicen bingos en forma muy activa como fuente para financiar sus actividades, llevar a cabo sus proyectos, recaudar recursos para construir una sede, ayudar a un vecino, o desarrollar alguna actividad en su territorio.

Quizás, en algún punto del proyecto podríamos establecer cómo utilizar parte de los recursos obtenidos en las salas de bingo para que las organizaciones comunitarias sin fines de lucro puedan realizar actividades con fines de financiamiento. Así no suprimiremos la posibilidad de que mantengan esta práctica, ampliamente difundida en nuestro territorio. De parte de los legisladores nunca ha habido voluntad de quitarles esa actividad, pero sí etablecer la forma de perfeccionarla y potenciarla, separando su lógica de la de los casinos de juego en los cuales, sin duda, deberemos crear un concesionario y proponer que los fondos tengan un destino preciso en favor de los adultos mayores y los discapacitados.

Esperamos que estas ideas se puedan perfeccionar en el segundo trámite reglamentario.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel) .-

Señor Presidente , se dice que el proyecto tiene como finalidad el desarrollo turístico de las regiones, por lo que quiero que el presidente de la Comisión me diga cuál es el catastro de las comunas turísticas en las que deseamos fomentar casinos de juego, atendidas sus condiciones, gran potencial, impulso y futuro resplandeciente por delante. En verdad, he tratado de conseguir más información acerca de cuáles son esas zonas o polos de desarrollo turístico, pero no he podido encontrar más de lo que todos conocemos.

Entonces, mirar alrededor de los siete casinos que existen en el país nos permitirá darnos cuenta de dos cosas importantes. Primero, cómo se desarrolla la ciudad en la cual se invierten los recursos que se obtienen del casino. Segundo, eliminar varios “cuchillos” que existen en contra de éste y que pueden estar afectándolo: la delincuencia, los malos caminos y la ausencia de lugares seguros para pasear, alojar o donde los niños puedan divertirse sanamente. Ésos son los “cuchillos” que debemos quitar en algunos polos de desarrollo comunal.

Sé que para algunos diputados es muy importante crear casinos en todo Chile, porque, a lo mejor, pueden obtener más votos; pero el problema es de dulce y de agraz. ¿Cuánta gente ha perdido fortunas enteras en los casinos? Dirán que es parte de la libertad personal, pero un viejo refrán campesino dice que: por una mala cabeza sufre el cuerpo entero. Es verdad. Una persona puede farrearse una fortuna y dejar desprotegida a toda su familia.

En consecuencia, soy partidario de que haya dos casinos por región. Por ello, varios diputados hemos firmado una indicación en ese sentido. No lo digo porque cuento con un casino en Pucón, sino porque tengo el convencimiento de que las comunas deben contar con otro polo de desarrollo.

Por último, hagamos un convenio. No demos tantos recursos del Fndr a las municipalidades que tienen casino. Es decir, compensemos. Demos más a las comunas más pobres para que puedan tener un desarrollo acorde con nuestras aspiraciones.

Quiero apelar a la conciencia de los honorables diputados y preguntarles qué pasa cuando se permite la instalación de casinos en todo el país. Habría que ser muy iluso para pensar que se construirán en pequeñas ciudades o comunas. Es indudable que irán a las capitales regionales, a las ciudades con mayor número de habitantes. Entonces, hablemos las cosas como son: el turismo no se desarrollará por esa vía, sino sólo gracias al bolsillo de algunas personas. O sea, los recursos obtenidos en un casino deben servir a toda la comunidad en su conjunto.

¿Qué quiero decir con esto? No hagamos cosas sólo por quedar bien. No desvistamos un santo para vestir a otro. Las comunas que tienen casino deben quedar como están, pero a las nuevas démosle el género para que fabriquen la vestimenta y vistan a su santo y el polo de desarrollo que queremos para ellas.

Algunos diputados opinan que los gobiernos regionales debieran distribuir los recursos de los casinos. Pregunto a los colegas presentes si confían en los gobiernos o consejos regionales. Claramente que no, porque han politizado hasta el infinito y se están farreando la gran oportunidad de regionalizar el país.

Quiero dar cifras. Recientemente, se aprobaron proyectos financiados con recursos del Fndr en la Novena Región. La Alianza por Chile tiene el 68 por ciento de los alcaldes de esa región. El gobierno regional, a través de oficio, les pidió que priorizaran tres obras, lo cual hicieron de acuerdo con sus concejos. Sin embargo, funcionarios del gobierno regional se dedicaron a recorrer la zona y a decir a la gente que les entregarán financiamiento para otras obras.

Reitero que el 68 por ciento de los alcaldes son nuestros y el 33 por ciento, de la Concertación. Pero, ¡ojo!, con los recursos pasó lo contrario. El 33 por ciento de los alcaldes de la Concertación se llevaron el 68 por ciento de los recursos y el 68 por ciento de los alcaldes nuestros solamente el 33. Vale decir, los primeros se llevaron casi todo. ¿Y a esta gente queremos entregarle la misión de repartir los recursos? Eso es lo que trancan las leyes en este país. Eso es lo que hacen funcionarios del Core, subalternos del intendente. ¿Y aquí queremos dar a los Cores otra responsabilidad más para que hagan lo que quieran? No. Por eso estoy de acuerdo en que la distribución de los recursos se decida en las sesiones de las municipalidades, donde hay gente que realmente tiene interés en su región, sin hacer política sino pensando en su agricultura, turismo y en todo lo que involucra su desarrollo.

Estas son las cosas que, lejos de hacer un favor a la Novena Región, hoy la tienen sumida en el desencanto y en una lucha desencadenada, entre un grupo y otro, que antes no habíamos visto.

Hace poco rato conversé sobre este tema con el diputado Germán Becker , quien me dijo: “Pero, René Manuel, de qué te extrañas, si, según el último censo, Padre las Casas , del distrito Nº 50 -que él representa-, es una de las comunas que más desarrollo ha tenido en Chile; sin embargo, el Fndr destinó 1.200 millones de pesos para Temuco y, escúchenme bien, 100 millones de pesos para Padre las Casas. ¿Este es el Core que reparte equitativamente la plata? ¿Esta es la gente que habla de equidad para el país? Por lo tanto, cuando se trata de dineros, éstos fondos no se los pueden entregar a Alí Babá .

Quiero que el proyecto vuelva a Comisión a fin de estudiarlo bien y que los recursos desarrollen efectivamente zonas turísticas y no las distribuyan gente que sólo está interesada en la política, lo que no es bueno para el país.

Nuestra indicación es en el sentido de que haya dos casinos por región y de que los recursos se repartan en forma equitativa, con el objeto de que las comunas que quieran desarrollarse reciban fondos del proyecto. Lo demás es música.

Si entregáramos las atribuciones a una organización omnipotente, indudablemente los amigos de turno tendrían casino.

Por lo tanto, pido formalmente que, luego de que se vote, el proyecto vuelva a Comisión para poder estudiarlo más en profundidad.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Burgos .

El señor BURGOS .-

Señor Presidente , coincido con el diputado señor René Manuel García en cuanto a que sería muy bueno que la iniciativa volviera a la Comisión respectiva.

En términos generales, me parece que el proyecto está bien pensado. De hecho, considero una buena decisión romper la lógica de que sólo puede haber casino en virtud de una ley, porque lo contrario constituye una norma presionante, abusiva y discriminatoria.

Además, la iniciativa recoge una realidad con la que muchos en esta Sala estamos de acuerdo: subraya y propone la facultad de emprender, pues, en definitiva, deja que sea el mercado el que defina dónde pueden funcionar casinos o salas de juego, lo que es positivo desde el punto de vista de la economía del país.

Obviamente, ante temas como éstos se debe contar con elementos para que el Estado determine ciertas peculiaridades que tiene el negocio de los casinos.

Digamos las cosas por su nombre. Históricamente, el negocio de los casinos y las salas de juego ha sido una forma de lavar dinero en el mundo, lo cual es preocupante. En todo caso, eso no significa que debamos evitar que exista una industria lícita, pero sí debemos contar con los instrumentos destinados a evitar los riesgos de este tipo de negocios, como el lavado de dinero, lo cual -reitero- ha ocurrido en muchos países del mundo, particularmente en naciones desarrolladas.

Para hacer frente a ese problema la iniciativa establece que se debe señalar el tipo de constitución de la sociedad. Además, pronto -si Dios quiere en las primeras semanas de octubre-, conoceremos en la Sala el proyecto de ley que crea la unidad de análisis financiero, que tiene por objeto buscar las operaciones sospechosas que provengan no sólo del mercado financiero, sino también de otro tipo de institucionalidades, como las destinadas al juego. Creo que es una buena oportunidad para acompañar una iniciativa de esta naturaleza con instrumentos positivos a fin de que el Estado pueda defenderse de maniobras ilícitas destinadas a lavar dinero.

Por eso, tiene plena justificación la posición del diputado señor René Manuel García en cuanto a que el proyecto debe volver a Comisión, porque hay algunos temas que llaman la atención, más allá de las indicaciones presentadas.

Prohibir a la Región Metropolitana que tenga casino es atentatorio para sus habitantes, como si dicha región no tuviera carencias desde el punto de vista de los recursos que requieren los municipios. Por cierto que las municipalidades necesitan muchos recursos; y si hay formas lícitas de allegarlos, los diputados que representamos a distritos de la Región Metropolitana, por cierto, no podemos estar de acuerdo con que se prohíba por ley que en ella se instalen casinos.

Por otro lado, si bien el punto se corrige en parte en el informe de la Comisión de Hacienda, es mucho más lógico que se cree una superintendencia encargada del tema que una comisión nacional del juego. De hecho, se debe precisar a qué juego se refiere el proyecto, porque este concepto abarca mucho más que lo que acontece en los casinos o en las salas de bingo, como es el caso particular de los hipódromos, que no se rigen por esta ley.

Por otro lado, tengo serias dudas en cuanto a que la vinculación de la normativa legal se establezca a través del Ministerio del Interior. En ese sentido, considero que es buena hora de poner término a los “colgajos” que penden de esa cartera, la cual tiene demasiadas cosas que hacer en nuestra cotidianidad como para entregarle una nueva función, como es la supervigilancia de los casinos y de las salas de juego. Por lo tanto, a partir del hecho de que los casinos tendrán que constituirse como sociedades anónimas, me parece más lógico crear un departamento especializado en la superintendencia que regula las sociedades anónimas y no crear una nueva institucionalidad. Aquella instancia debe tener a su cargo la fiscalización del funcionamiento de los casinos.

El proyecto dispone la creación de 11 cargos, para lo cual perfectamente se pueden emplear funcionarios de la superintendencia respectiva o contratarse las que falten con el objeto de crear un departamento especializado en la superintendencia que regula a las sociedades anónimas.

Por otra parte, se deben efectuar algunas correcciones de texto.

Está bien establecer que los casinos o las salas de juego siempre tengan que ser sociedades anónimas cerradas, pero se deben regir por la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas abiertas, en el sentido de que quedan bajo la supervigilancia de la superintendencia y deban inscribirse en el registro de valores. Sin embargo, no prohibiría que no pudieran constituirse como sociedades anónimas abiertas per se es decir, con un número de más de quinientos accionistas o que su capital esté dividido en más de cien personas -según mal no recuerdo lo señala la ley Nº 18.046- o que se registren en las bolsas de valores.

Se deben modificar también algunas normas relacionadas con la prohibición de ingreso a los casinos de juego. Al respecto, el legislador, junto con disponer la prohibición de acceso de ciertas personas a éstos, señala que el administrador del casino o sala de juegos no podrá ejercer otras prohibiciones. A mi juicio, eso no hay para qué decirlo, pues basta con que el administrador no podrá prohibir, puesto que lo hace la ley.

Asimismo, es necesario aclarar el tema de los funcionarios públicos que no podrán entrar en los casinos de juego. Si bien el proyecto dispone que no podrán hacerlo los que custodien fondos fiscales, se debe precisar el alcance; porque si entendemos la custodia, en sentido restrictivo, como el cuidado de valores en una caja de fondos, quedará muy restringida la inhabilidad. Sin embargo, establecer que no podrán hacerlo quienes tengan a su cargo el uso de valores públicos es muy amplio. Por lo tanto, se debe adoptar una decisión muy clara al respecto, porque de lo contrario se prestará para interpretaciones complicadas, muy vinculadas al tema de la transparencia y de la corrupción.

En consecuencia, es de suma importancia que el proyecto vuelva a la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo o a la Comisión de Hacienda -según decida la Sala-, a fin de aprovechar un buen proyecto desde el punto de vista de la modernidad, que nos permite confiar en las reglas del mercado respecto de los casinos y las salas de juego y para efectuar algunas modificaciones de texto indispensables.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

La Presidenta de la Cámara , señora Adriana Muñoz, me ha solicitado que comunique a la Sala que hoy, a las 12.10 horas, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, se rendirá un acto en saludo al Día Internacional de la Paz , al cual quedan invitados todos los señores diputados que deseen asistir.

En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Muñoz.

El señor MUÑOZ (don Pedro) .-

Señor Presidente , con franqueza, debe reconocerse que el proyecto de ley que analizamos encuentra su fundamento último en la situación económica que viven muchos municipios del país.

Sólo de ese modo se explica que con alguna frecuencia se busquen fórmulas alternativas de conseguir recursos a través de alguna idea que, aunque novedosa en su origen, no tarda en desvirtuarse, al ser promovida por demasiados como la ansiada solución de sus problemas.

Algo recuerda este debate al suscitado, por ejemplo, con los denominados fotorradares, otra fórmula mágica, aunque bastante más dañina, de abultar las arcas municipales.

En uno y otro caso, no cabe duda de que detrás de la protección de la seguridad en las carreteras y de un pretendido esfuerzo por impulsar el turismo, se esconde la necesidad de allegar recursos a algunas casas edilicias, particularmente luego de ver el resultado obtenido por aquellas que cuentan, en la actualidad con salas de juego.

Seamos claros. La verdadera solución a los problemas que enfrentan los municipios pasa por otras iniciativas legales. Proyectos como éste, si bien ayudan al objetivo de proporcionar algunos recursos e incluso, en algunos casos, efectivamente tienen impacto en el turismo, no son sino medidas de parche a una situación de otro tipo.

Entonces, la discusión se ha dado entre dos actores fundamentales, que vemos en muchas de las regiones del país.

Por una parte, los municipios que cuentan con casinos, que dependen significativamente de estos recursos para su propia subsistencia y la mantención de sus planes de obras. Si bien gozan de un privilegio, la realidad es que éste existe. Terminarlo de un día para otro no resulta fácil ni conveniente.

Por otra parte, está la posición de las restantes comunas y de ciertos operadores turísticos, en particular de ciudades vecinas que ven con simpatía la posibilidad de contar también con esta fuente de recursos.

Considero que la implementación masiva de casinos constituye lo que en buen chileno se llama “desvestir un santo para vestir otro”.

Se trata de distribuir la actual demanda por este tipo de juegos de azar entre más beneficiarios, pero las posibilidades de incrementarlas sustantivamente en mercados pequeños, como el nuestro, son más bien limitadas. Ello sin analizar siquiera éticamente las consecuencias e implicancias de que ocurriera el caso opuesto.

Sinceramente, no me atrevería a decir que, por el contrario, aumentando las salas de juego, se incrementarán también los recursos y se lograría un éxito.

En el plano puntual, quiero referirme a cuatro aspectos del proyecto.

En primer término, creo que hay un consenso en la necesidad de fiscalizar los recursos que provienen de esa actividad, que se han mantenido siempre en una nebulosa, con muchas acusaciones y cubierto con un manto de incertidumbre no conveniente. En ello, evidentemente, hay un avance.

En segundo lugar, es imprescindible establecer una limitación en torno a la autorización de casinos.

Ética y penalmente no puede admitirse una excepción genérica dejada al criterio de una Comisión, por mayor calificación técnica que posea.

Por ello resultan contradictorios algunos argumentos esgrimidos en este trámite.

Se reconoce que se trata de una excepción a la penalización genérica de los juegos de azar en nuestra legislación.

Se señala que no son conductas deseables de fomentar, pero se cuestiona, no penal ni éticamente, sino en materia económica, que exista un monopolio que favorezca sólo a algunas comunas, y se postule incluso la inconstitucionalidad de una restricción al respecto.

¿Cómo no va a generarse un monopolio en una actividad ilícita que sólo admite algunas excepciones establecidas por ley?

Una cosa es consecuencia de otra. Si es ilícito y sólo se admite por ley, es lógico que sea escaso. Por ello, sería plenamente constitucional una limitación en el número, como se ha planteado, iniciativa que apoyo y que estimo debería ser repuesta.

Si se autorizan cuarenta ó cincuenta casinos en el país, ya no habrá excepción, y el paso siguiente será la liberalización completa del juego, argumentando la no discriminación y la existencia de privilegios.

Considero indispensable limitar su número. Se ha planteado la existencia de dos casinos por cada región. Me parece razonable, aun cuando pudieran establecerse excepciones en algunos casos, cuando se demostrare su utilidad y conveniencia práctica.

No veo la inconstitucionalidad, por cuanto, como señalé, se trata de una actividad ilegal que el Estado, en razón de consideraciones económicas o turísticas, permite en ciertos casos, debiendo, por tanto, operarse en forma restrictiva.

Ello posibilitaría abrir la licitación abierta, con postulaciones por los cupos restantes, generando importantes recursos, y permitiendo zanjar el tema por largos años.

En tercer lugar, me preocupa la situación de los municipios que actualmente cuentan con casinos de juego.

Quisiera que la ley contemplara resguardos para ellos, los que no se advierten significativamente en la iniciativa luego de su paso por la Comisión de Hacienda.

En este punto me habría gustado consultarle al ministro de la cartera si el Ejecutivo piensa reponer la idea formulada en la Comisión de Hacienda para establecer una repartición de los recursos en forma equitativa entre el municipio sede y la región respectiva. Ello, a mi juicio, es fundamental.

Al mismo tiempo, considero necesario extender el período de transición fijado en el año 2010, y que en el informe de turismo se fijaba en el año 2015.

Ambos resguardos son indispensables para comunas como Puerto Natales, en la región de Magallanes, donde los recursos del casino son muy importantes en el menguado presupuesto municipal, los que se verían seriamente afectados, por ejemplo, con la instalación de otro casino en Punta Arenas.

La idea es que puedan coexistir, pero protegiendo a la comuna que dispone hoy de esos fondos, de modo de no verlos reducidos drásticamente.

Por último, me preocupa una situación de orden práctico, que puede parecer curiosa, pero que debe precaverse.

El proyecto, siguiendo un criterio de legislación comparada, distingue entre los casinos propiamente tales y las salas de bingo.

Pues bien, en todas las comunas del país, y particularmente en la región de Magallanes, es una práctica habitual de todos los fines de semana la realización de bingos y loterías en organizaciones sociales, colegios y clubes deportivos, algunos con mucha convocatoria y publicidad.

Pudiera ocurrir que invocando disposiciones de este proyecto de ley, particularmente del artículo 5º, que establece una exclusividad legal a favor del concesionario, éste dijera: “Mire, yo le pago al Estado importantes recursos. Pago impuestos, pago patente. Por favor, elimíneme esta competencia ilegal y desleal”.

Lo anterior, que puede parecer un hecho extremo, es usual, y lo vemos todos los días con concesionarios de carreteras que piden terminar con el tránsito en caminos vecinales para proteger los peajes; con concesionarios de estacionamientos subterráneos que piden fiscalizar y cursar infracciones en los establecimientos de los alrededores; con concesionarios portuarios que piden limitaciones a la actividad de las empresas estatales, por poner algunos ejemplos.

Por ello, debiera incorporarse una disposición con el fin de precaver esta situación. He presentado una indicación al respecto.

Creo indispensable fiscalizar, con mayor celo, los casinos existentes. Rescato ese punto del proyecto. Votaré a favor de la idea de legislar.

Pero me parece preocupante la indeterminación de muchos otros aspectos.

De no modificarse las normas sobre protección de las comunas que cuentan con casinos, limitando el número de salas, ampliando el período de transición, y estableciendo una fórmula clara en el reparto de los fondos, no sería partidario de avanzar en un segundo trámite si no se hace en el sentido señalado.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Hago presente a la Sala que la Mesa y los señores diputados van a recibir, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, a las 16.45 horas, a los señores alcaldes y concejales que se encuentran realizando un seminario en Valparaíso.

-o-

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .

El señor ROJAS.-

Señor Presidente , sin duda, el proyecto que discutimos es muy importante, toda vez que nació con el propósito de captar recursos económicos para los municipios que hoy no tienen casinos.

Pudimos precisar ese objetivo en la Comisión de Turismo.

Por cierto, la petición llevó a subir de siete casinos actuales -respecto de los que hoy se legisla y se tiene norma legal- a un número no menor de 27 ó 28 casinos.

En ese minuto, eran 28 comunas las que pedían este beneficio.

En la Comisión de Turismo no sólo se analizaba el aspecto económico, sino que, además, se sostenía que la puesta en marcha de un casino debe tener, como palanca de motivación, desarrollar un área floreciente de nuestro país, como es el turismo.

Por lo tanto, comparto la voluntad de legislar sobre esta materia.

No comparto la idea del diputado señor Burgos, de que el mercado debe quedar en libertad de acción y regularse por sí solo. Creo que Santiago no amerita contar con un casino.

En definitiva, los casinos para las regiones podrían ser pilares fundamentales de su desarrollo económico; y proponer que Santiago tenga un casino iría en desventaja para quienes vivimos muy lejos de la capital.

Por otro lado, el proyecto de ley que discutimos no clarifica qué puede pasar con los barcos que permanecen algún tiempo en nuestras bahías y tienen salas de juego. Habría que legislar sobre esa materia. Hoy el proyecto de ley no hace mención al respecto.

La preocupación que nos asiste es saber cuántos casinos, como máximo, queremos tener: ¿dos por región? ¿Uno?

Es un tema que se puede dilucidar en el segundo informe de la Comisión, que esperamos se lleve pronto a cabo. Creo en un máximo de dos casinos por regiones. No sé si tenemos la capacidad económica para que existan dos casinos por región. Un ejemplo típico de ello lo constituyen Arica e Iquique, donde hay dos casinos, muy cerca uno del otro. El de Arica, a mi juicio, está muy alicaído, porque tiene un impulso menor que el de Iquique.

En el caso de los fondos, comparto el criterio de muchos señores diputados de que parte de los fondos queda exclusivamente en la región; vale decir, dejar un porcentaje no menor al 40 por ciento en la comuna en la que se instalará el casino y destinar el resto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, no traspasarlo al Fondo Común Municipal.

Las regiones merecen beneficiarse con los fondos en forma directa. Todos sabemos lo que puede suceder al amparo de la puesta en marcha del juego lícito a través de los casinos, todas las situaciones que se pueden generar con esta actividad en los lugares en que se desarrolla, específicamente lo que hemos señalado de que aumente la delincuencia, la drogadicción, el lavado de dinero y otros; de manera que no cabe duda de que el recurso que se genere debe ir en beneficio directo de la comuna madre, en la que se instala el casino, para favorecer las regiones en forma directa.

Me parece necesario legislar, y de acuerdo con la indicación presentada, el proyecto debe volver a Comisión para clarificar lo que dice relación con la cantidad de casinos, la repartición de fondos y lo que ocurrirá con los buques que entran en la bahía y que cuentan con casino de juego.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.

El señor SILVA .-

Señor Presidente , quiero señalar la importancia de avanzar en una legislación distinta de la actual. No es posible seguir sustentando la existencia de casinos por la vía de la excepción a la ley y que cada vez que se quiere crear un casino se requiera de una ley específica. Ése no me parece el sistema adecuado. Tanto en la Comisión de Gobierno Interior como en la de Hacienda, hemos comprobado el desorden que esto genera: existen siete casinos en el país, cada uno de los cuales ha necesitado de una ley, con normas y reglas diferentes; con distinta distribución de recursos, etcétera, sin que exista un organismo fiscalizador que, efectivamente, constate que los casinos cumplen una serie de normas que, de acuerdo con lo señalado por los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, son prioritarias para su correcto funcionamiento.

Quiero precisar dos cosas: soy absolutamente contrario a la propuesta de fijar un número determinado de casinos por región, trátese de uno, dos o más. No me parece una solución adecuada. ¿Por qué debemos regular una actividad como ésta? La discusión de hasta dónde llega la intervención del Estado es antiquísima.

Hay materias, como educación y salud, en las que, desde mi punto de vista, la intervención estatal debe ser fuerte y potente; pero, sin duda alguna, la instancia que debe regular materias como la que está en análisis es el mercado.

La mejor regulación para determinar el número de casinos no será que, por ley, fijemos que se instalarán uno, dos o tres casinos por región. La mejor regulación es si efectivamente al empresario que pretende realizar una actividad como ésta le parece un buen negocio instalar un casino en una comuna u otra. ¿O alguien piensa que en cualquier comuna de Chile ése será un buen negocio?

Si analizamos la realidad de los casinos en el mundo y tomamos los resguardos que consagra el proyecto -salvo las modificaciones necesarias para que no ocurra lo que pasó en Perú-, en general, se trata de ciudades a las cuales el casino añade algo a la oferta turística existente. El punto que los empresarios considerarán a la hora de invertir es el flujo de personas que permite el turismo como actividad empresarial, ya presente en las comunas y ciudades del país.

En esta materia quiero ser muy enfático: soy absolutamente contrario -reitero- a fijar un límite al número de casinos por región; más bien soy partidario -como señala el mensaje- de establecer una ley marco que permita la creación de casinos no por excepción a la ley, sino basados en ciertos requisitos que podemos incluso determinar más rígidos que como los señala el proyecto y en una institucionalidad fiscalizadora muy fuerte, tanto desde el punto de vista de su funcionamiento como de sus recursos.

Un segundo punto se refiere a la distribución de los recursos. En ese sentido, quiero hacer un llamado al Ejecutivo en orden a variar la propuesta de la iniciativa, que dispone que vayan al Fondo Común Municipal o al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Soy partidario de que los recursos se distribuyan en beneficio de la región en la que están los casinos. Ello aminorará de alguna manera los deseos de que cada comuna de las regiones tenga casino, pero lo fundamental es que la distribución se realice dentro de la misma y no a nivel nacional para su posterior distribución, como ocurre en la actualidad a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Asimismo, postulamos que los recursos que establece el Fondo Común Municipal vayan a la comuna en la que está el casino. Podemos discutir los porcentajes de distribución en un segundo informe, pero lo lógico es que los fondos queden en la comuna y en la región en la que están situados los casinos.

Por último, un tercer punto. He leído, en el último tiempo, varios artículos periodísticos sobre esta materia. Incluso la semana pasada leí la intervención de un destacado diputado por Viña del Mar, quien señaló que la instalación de los casinos creaba situaciones de corrupción, que las ciudades en las cuales se instalaban prácticamente se transformaban en Sodoma y Gomorra.

Lo extraño de sus palabras es que justamente en Viña del Mar existe un casino. Me parece un muy mal argumento señalar que la instalación de casinos dará origen a malos hábitos, a perversión, en circunstancias de que en la ciudad que se representa existe un casino.

Lo que corresponde es establecer un artículo transitorio que consagre normas que protejan a los casinos existentes y los recursos que están comprometidos; pero no usemos argumentos que, si son válidos para las ciudades en las cuales no hay casinos, también deberían serlo para aquellas en las cuales sí los hay.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.

El señor BERTOLINO .-

Señor Presidente , dado que como diputado informante de la iniciativa di a conocer lo acordado en la Comisión, ahora voy a plantear mi posición al respecto.

El proyecto apunta en la línea correcta de regularizar una ley de casinos que permita la creación de una empresa o de una actividad en ayuda o complemento del turismo.

A mi juicio, hay cinco puntos sobre los cuales debemos reflexionar.

En primer lugar, en las tan mentadas limitaciones que se pretende establecer.

En segundo lugar, ¿por qué se crea una Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo con once personas? ¿Qué capacidad tendrán ellas -radicadas en Santiago- para elaborar alguna visión fiscalizadora de lo que pasa en los casinos en distintos puntos del país?

En tercer lugar, ¿por qué ella dependerá del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Economía, por ejemplo, que se relaciona con el turismo?

En cuarto lugar, respecto de los destinos de los fondos, voy a hacer una reserva constitucional, ya que, en nuestro país, no se pueden destinar impuestos a fondos específicos.

Respecto de las limitaciones, concuerdo plenamente con el diputado señor Exequiel Silva en que el mercado asigna las limitaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con un hotel de cinco estrellas que quiera disponer de una sala de juegos? No tenemos por qué pensar que un casino es un edificio como los siete existentes en el país.

¿Qué pasa en regiones que son verdaderas atracciones turísticas? Como la Cuarta Región, que represento, en la que al menos hay seis o siete polos de desarrollo, ya sea a través de “resorts”, de lugares de veraneo o desarrollos inmobiliarios.

En ese lugar, ¿sólo se le asignará uno? Y en este caso, ¿a cuál? ¿Al que llegue primero o al que tenga mejor relación con la persona que estará a cargo de esta posible Comisión? De hecho, cuando se vio el proyecto, fue eliminada la Comisión Nacional de Juego. Desgraciadamente, después no pude asistir a una sesión de la Comisión en que la repusieron. ¿Eso significa que habrá tráfico de influencias? ¿Que se establecerán condiciones favorables, a lo mejor, para que haya corrupción, que está llegando a nuestro país? ¿Qué quien tenga el poder en ese momento decidirá los destinos de esta empresa o pondrá sus condiciones para otorgar la concesión?

Para que esta actividad sea productiva, seria y controlada, como corresponde, la única fórmula es que funcione como cualquier giro comercial. Si se le quiere fiscalizar desde el punto de vista tributario, está el Servicio de Impuestos Internos; si tiene servicios anexos, como restaurante, estará el Servicio Nacional de Salud. Cada organismo del Estado debería cumplir su función, con lo cual no se requiere una entidad específica con once personas que, por supuesto, no fiscalizarán nada de nada. A mi juicio, el proyecto está ignorando la estructura administrativa nacional.

Hoy existen casinos que realizan una actividad lícita. No hay por qué pensar que ella tiene un carácter infernal.

Planteo reservas de constitucionalidad sobre algunas normas del proyecto. Por lo tanto, pido a la Mesa pronunciarse respecto de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 1º; del inciso primero del artículo 2º; de los artículos 7º, 8º y 10; del inciso segundo del artículo 11; del artículo 13; del inciso segundo del artículo 18 y del inciso segundo del artículo 23. Sólo por mencionar a algunos que hacen referencia a normas reglamentarias para regular el funcionamiento de casinos y salas de bingo.

Tal como se ha dicho, las normas precedentes infringen el número 19 del artículo 60 y el número 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas “el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulen”.

A mi juicio, la inconstitucionalidad es muy clara, porque mediante disposiciones del proyecto de ley se está entregando a disposiciones reglamentarias la regulación de una actividad económica. Es decir, se regulará, vía decreto supremo, en circunstancia que corresponde hacerlo al legislador.

En otro aspecto, cualquier limitación o regulación del ejercicio de las garantías constitucionales debe efectuarse a través de los preceptos legales; en leyes en sentido estricto y no en disposiciones emanadas de la potestad reglamentaria.

Otro aspecto que me interesa recalcar es la forma de aprobar las normas relativas a los tribunales de justicia. En conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política, una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

El inciso segundo del artículo 28 del proyecto, entrega competencia a la corte de apelaciones respectiva para pronunciarse de la resolución de la comisión que revoca un permiso. Por su parte, el artículo 50 confiere competencia a los tribunales para resolver un curso de reclamación. Estos preceptos requerirían para su aprobación del quórum de los cuatro séptimos de los senadores y diputados en ejercicio. Además, deberían ser enviados en consulta a la Corte Suprema y ser sometidos al control de constitucionalidad obligatorio del Tribunal Constitucional. Habría otros aspectos sobre estas materias, pero con lo que he dicho es suficiente.

En las letras b), e) y f) del artículo 16 del proyecto de ley se establecen limitaciones al derecho de propiedad. Por ejemplo, la b) dice que las sociedades sólo podrán estar conformadas con un número de diez socios. No sé en qué se diferencian si son once o doce.

También hay infracciones al principio de separación de poderes y a las normas del debido proceso. Se dota al organismo público que se crea con facultades propias de tribunales de justicia, como el aplicar sanciones, además de otorgar a los funcionarios el carácter de ministros de fe, hacer visitas inspectivas, citar a declarar y dar valor de presunción legal de veracidad a los hechos por ellos constatados.

No obstante, no existe ninguna norma que precava, respecto de estos mismos funcionarios, conflictos de interés o que establezca, por ejemplo, obligaciones de secreto o forma de controlar que lo que ellos dicen es verdad.

Es más, los funcionarios, aparte de constatar las infracciones, las sancionan. O sea, se estaría creando la misma situación que existe hoy en Impuestos Internos, donde afortunadamente se ha dado una señal de que se quiere remediar. Acá tendríamos jueces y parte al mismo lado de la mesa.

Pero esto no es todo, sino también se infringen las normas básicas que derivan de la garantía constitucional sobre el debido proceso.

Se infringe también el destino o al destino de los tributos o impuestos. Los artículos 54 y 55 de la iniciativa crean dos impuestos de 10 por ciento: uno va al Fondo Común Municipal y, otro, al Fondo de Desarrollo Regional. Está bien preocuparse de los intereses fiscales, pero no se ha hecho ninguna simulación, no se ha demostrado ningún trabajo económico que diga qué significarán en esta actividad esos dos tributos que se hacen sobre las ventas -no sobre las utilidades-, más aún de una entrada de 0,07 UTM. Obviamente, se le están aplicando a una actividad económica más impuestos ¿Con eso queremos desarrollar el turismo? En verdad, parece una contradicción.

El proyecto es centralista, ya que once burócratas decidirán lo que pasa en todas las regiones del país, sentados en Santiago, por supuesto, en un escritorio bastante cómodo con alguna vista agradable para funcionar.

Tiene muchas regulaciones burocráticas que en nada ayudan a que la creación de casinos pueda cooperar con ciertas zonas que tienen riquezas naturales, que son por sí solas atractivas para el turista.

En resumen, el proyecto, además de incurrir en las inconstitucionalidades señaladas, es poco realista, es centralista, contiene excesivas regulaciones y genera impactos no evaluados en las finanzas de las municipalidades, del fisco y de las instituciones de beneficencia.

Es importante que los casinos, como tales, puedan tener una sala de bingo, pero esta actividad no puede estar radicada sólo en ellos, porque también tiene otra función: la de esparcimiento familiar.

No se trata de dar libertades como para que exista un casino en una gasolinera o en un quiosco de la esquina, pero tampoco, por esa forma de ver las cosas, se debe restringir a tal punto de que sólo pueda haber uno por región.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.

La señora ALLENDE (doña Isabel).-

Señor Presidente , es un avance como país y, desde luego, como Poder Legislativo que hoy se analice un proyecto de ley que establece bases generales para crear, regular el funcionamiento y, desde luego, fiscalizar casinos de juego y salas de bingo. Se ha dicho reiteradamente que el funcionamiento de los siete casinos que hoy existen en el país ha sido azaroso.

De acuerdo con la experiencia internacional y el derecho comparado no sólo estamos hablando de una actividad lícita, sino de una que requiere regulación y transparencia que garanticen su correcto funcionamiento. En eso hay un deber ineludible del Estado.

Desde luego, no se trata de que el casino sea la panacea o la solución para las regiones o comunas más apartadas. La experiencia internacional ha demostrado que en el último tiempo se han creado muchos casinos. Ello indica que, previo a su instalación, tiene que haber cierto dinamismo y un potencial turístico y económico. De lo contrario, sólo se estarían generando en forma artificial.

El casino de juegos es un elemento dinamizador que contribuye al desarrollo económico y a la recaudación fiscal -lo cual nos interesa enormemente-, pero no se puede mirar sólo como una panacea.

Coincido con lo señalado por el diputado señor Silva , en cuanto a que no corresponde al Congreso Nacional limitar artificialmente si debe haber uno o dos casinos de juego por regiones o por provincias, ya que eso se contradice totalmente con el esquema económico vigente. Ello tendrá que regularlo el mercado.

Haciendo un símil, sería absurdo legislar para permitir que se construya un hotel cinco estrellas porque ya existe uno ubicado a una determinada cantidad de kilómetros, en un sector de una determinada comuna. Tendrá que haber tantos casinos como sean requeridos. Por algo el operador debe adecuarse a las condiciones de funcionamiento de una sociedad anónima cerrada, pero con todas las regulaciones de una sociedad anónima abierta. Se deben cumplir requisitos y exigencias, por lo cual no tiene que ser el Congreso Nacional el que establezca artificialmente dónde se debe instalar un casino de juegos.

En el distrito que represento está la comuna de San José de Maipo, limítrofe con Argentina. A ella concurren cada día más turistas que buscan su belleza y el buen aire. Por ello ha sido declarada zona de interés turístico. Naturalmente, si el día de mañana el proyecto se transforma en ley, está en todo su derecho solicitar la concesión de un casino de juego, lo que no obsta para que otras comunas de la Región Metropolitana también lo hagan.

Sin embargo, como se pretende con el proyecto y lo sanciona el derecho internacional, es imprescindible contar con un marco regulatorio y una autoridad capaz de fiscalizar. Se debe preservar el bien jurídico, a fin de que funcione como corresponde, con el vigor, la seriedad y la transparencia necesaria.

El proyecto establece multas, pero falta sancionar algunos aspectos, como permitir la entrada de menores de edad a estos recintos u otros.

Requiere de un pronunciamiento más categórico de parte nuestra, y por eso también podría estar sujeto a mayor revisión el reparto de utilidades.

Como lo señaló el diputado don Juan Pablo Letelier , somos partidarios de que haya una decisión del Gobierno al respecto, ya que hay dos sectores que debieran ser tomados en consideración al momento de repartir las utilidades: me refiero al adulto mayor y a los discapacitados. Con ambos tenemos deudas pendientes, son insuficientes las políticas aplicadas y los recursos destinados. Hemos sido incapaces de resolver la problemática que afecta a cada uno de esos mundos, en cuanto a satisfacer necesidades y desarrollo.

Como país, debemos preocuparnos del adulto mayor y de los discapacitados, porque ambos sectores son extremadamente importantes. Debemos distribuir entre ellos estas utilidades a través de las administraciones regionales y no a través de una entidad nacional. No queremos volver, una vez más, al centralismo.

Sería una excelente señal, disposición y actitud, equivalentes a un reconocimiento de cuánto falta aún por hacer para llegar a ser un país que medianamente le presta el apoyo que merecen los discapacitados y las personas de la tercera edad.

Junto con aprobar la idea de legislar sobre la materia, es necesario establecer una verdadera regulación para garantizar el correcto funcionamiento de los casinos de juego. En la prensa se ha planteado que, junto con esta actividad habrá malas prácticas, malos hábitos y otros temas, lo que creo está fuera de lugar. Cuesta acostumbrarse en Chile a que somos una sociedad compuesta, entre otros, por adultos, a quienes no podemos seguir diciéndole lo que puede o no puede hacer. Este instrumento, repito, tiene sólo que regular la actividad para hacerla transparente y proteger el bien jurídico, pero no le corresponde a la Cámara de Diputados decir a las personas adultas si pueden o no ir a un casino de juegos.

Espero que se tome en consideración la indicación que presentaremos con el colega don Juan Pablo Letelier respecto del reparto de utilidades en favor de los discapacitados y del adulto mayor.

Ojalá exista consenso en esta Cámara para no regular artificialmente la creación de casinos de juego o de salas de bingo. Alguien dijo, con mucha razón, que no necesariamente se debería autorizar el funcionamiento de un casino, ya que sólo se podría instalar una sala de juegos en un hotel. No podemos seguir con esta pretendida disposición regulatoria de instalar dos casinos de juego por región, con lo cual se impediría que un hotel de cuatro o cinco estrellas pusiera una sala de juegos. Hoy, prácticamente en todas las ciudades del mundo, los hoteles de cuatro o cinco estrellas realizan este tipo de actividades.

Llamo la atención de mis colegas para que mediten sobre este aspecto y no se caiga en una suerte de proteccionismo. No somos nosotros los llamados a establecer si hay muchos o pocos casinos de juego. Será el mercado, sobre la base de la oferta y la demanda, el que regulará su número. De esa forma el proyecto contendrá las disposiciones reguladoras que permitirán promover el desarrollo económico de la región, el turismo y la recaudación fiscal.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado don Mario Varela.

El señor VARELA .-

Señor Presidente , el primer punto que es necesario tener claro al momento de analizar el proyecto es que nuestra legislación considera los juegos de azar como ilícitos. Nosotros estamos por mantener esa definición, de manera que sea la ley la que excepcionalmente los permita, teniendo como finalidad el que se realice como parte de las actividades de entretenimiento, turismo y esparcimiento.

En efecto, la ley distingue entre los juegos lícitos e ilícitos. Los juegos lícitos se subdividen en juegos de inteligencia y juegos de destreza física o corporal.

Lo que se quiere decir, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1466 del Código Civil, es que las deudas contraídas a través de los juegos de azar son ilícitas, en el sentido de que, por una parte, el ganador de un juego de azar no puede demandar, en juicio, el cumplimiento de obligaciones que derivan de esta clase de juegos, y por otra, el perdedor no puede rehusar el pago mediante una excepción de nulidad.

Creemos que debe haber un cambio en este principio fundamental que, en nuestra opinión, arranca de la base ética que debe regir nuestra sociedad. Es necesaria la regulación del juego de manera de asegurar que se circunscriba exclusivamente a su función de entretención y esparcimiento, tratando de evitar los efectos colaterales negativos que provoca cuando se practica con abuso. Entre estos efectos negativos cabe destacar el incentivo al gasto desmedido de los recursos de las personas y su endeudamiento más allá de lo razonable; personas con propensión a la denominada “adicción al juego”, que puede afectar severamente la vida normal, y por último y sin que esté vinculado de modo directo, históricamente se ha generado una serie de actividades ilícitas en torno del juego, tales como la prostitución, el tráfico de drogas y la extorsión, cuando ellas no han estado suficientemente delimitadas y reguladas.

En la actualidad, la legislación regula de manera individual el otorgamiento de licencias para casinos, de modo que no exista una regulación general que respete el derecho de desarrollar una actividad económica que garantiza nuestra Constitución. Por lo anterior, concordamos con la idea del proyecto de establecer un régimen general y requisitos objetivos, de modo que se establezca un número limitado de casinos en el país, pero que luego se permita competir en igualdad de condiciones por el permiso respectivo.

Esta finalidad se logra con una ley clara y precisa, sin espacios para la discrecionalidad administrativa, requisito que el proyecto de ley no cumple. La recaudación obtenida por la concesión de casinos de juego debe ir en beneficio de la comuna donde se encuentren ubicados, así como también de la región correspondiente, de manera de impulsar el desarrollo armónico de las distintas zonas.

El beneficio del desarrollo turístico no puede quedar radicado exclusivamente en aquellos lugares que la naturaleza privilegió con una belleza especial, sino que debiera aprovechar los sitios que no fueron tan afortunados.

Por lo demás, nuestra propuesta contempla la existencia de sólo dos casinos por región, lo que significa que el resto de las comunas se sacrificarán en beneficio de dos que contarán con la posibilidad de tener un casino y los ingresos que ellos produzcan. En este esquema, es de toda justicia que el sacrificio sea recompensado. En este punto, nuestra propuesta plantea que el 30 por ciento de los beneficios producidos por un casino se destinen a la comuna en que se ubica, mientras el 70 por ciento restante favorezca al Fondo de Desarrollo Regional respectivo.

Aunque es positivo el concepto de promoción de turismo a través de la instalación de casinos en zonas donde esta actividad ya se encuentre consolidada, parece altamente inconveniente que no se haga ninguna diferenciación desde el punto de vista demográfico. Ello permitiría que Santiago o cualquiera otra capital regional cuente con casinos, lo que contraría abiertamente el carácter complementario de destinos turísticos que debiera tener el ordenamiento legislativo de esta actividad económica. Por esta razón, se ha propuesto que a la hora de otorgar los permisos para explotar casinos, se utilice como criterio básico un coeficiente entre la disponibilidad de camas turísticas en el lugar y la cantidad de habitantes. De esta forma, resultan claramente beneficiados los nuevos proyectos turísticos que se encuentran localizados en zonas apartadas.

El número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. En consecuencia, la operación de casinos -por cuanto se trata de una actividad económica que cumple con tres requisitos fundamentales dispuestos por la Constitución- debe estar regulada por una ley.

Uno de los objetivos por los cuales debe velar toda ley, con extensión del deber del Estado de promover el bien común, es el respeto y apego a determinados valores respecto de la persona y la sociedad. En este caso, se hace necesaria la regulación del juego, de modo de asegurar que se circunscriba exclusivamente a su función de entretención y esparcimiento, tratando de evitar efectos colaterales negativos, los que surgen cuando se practica con abuso.

Siendo el espíritu del constituyente lo suficientemente claro en el número 19 del artículo 60 de la Constitución, el proyecto pierde la oportunidad de incluir otros juegos de azar. La numerosa legislación acumulada tiende a dificultar la entrada de nuevos interesados y, por lo mismo, la competencia en los juegos de azar es absolutamente discrecional, cosa que no parece adecuada.

La creación de una Comisión Nacional del Juego, o como la denomina la Comisión de Gobierno Interior, la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo, como un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, no significa la creación de una estructura que tiene todas las características de una superintendencia, con la misión de fiscalizar y supervisar el estricto cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas, y no hace otra cosa que aumentar el tamaño del Estado a nivel nacional y regional, desaprovechando otras estructuras creadas que pueden cumplir con las mismas funciones.

Uno de los puntos más discutibles del proyecto lo constituye el hecho de que se le quita a las municipalidades de su esfera de acción la capacidad que hasta hoy tienen en cuanto a convenir un contrato de concesión con los escogidos de la propuesta correspondiente, sin una mejor solución. El Ejecutivo propone que el permiso de operación lo otorgue la Comisión Nacional del Juego, previa opinión del gobierno regional respectivo y de la municipalidad correspondiente. La traba burocrática no acaba ahí. El Servicio Nacional de Turismo debe ser requerido por la Comisión Nacional del Juego mediante un informe técnico sobre el impacto y consideraciones turísticas del proyecto constitutivo de la solicitud de operación. Incluso, la Comisión puede requerir los informes que estime pertinentes a cualquier otro órgano de la administración del Estado. A simple vista, el poder que se asigna a la comisión es absolutamente desproporcionado. Más aún, quien realmente tendrá el poder de decisión en sus manos será el intendente regional respectivo, sin mayores criterios que regulen el ejercicio arbitrario de esta facultad.

El proyecto sólo contempla la regulación de casinos en su concepto tradicional y no reconoce la existencia de otras modalidades un poco más modernas de operación de casinos de juego, como los casinos en barcos de turismo y los que funcionan de modo virtual a través de internet. Con esta omisión, el proyecto plantea una normativa obsoleta, destinada a quedar sobrepasada por la propia realidad y, por lo tanto, condenada al fracaso desde el punto de vista regulatorio.

Nuestra propuesta reconoce la realidad y asume la necesidad de regular la operación de casinos, al menos en sus modalidades hasta hoy conocidas. De esta manera, se podrán otorgar licencias para buques o embarcaciones de cualquier tipo que realicen expediciones turísticas y que cuenten con cama. En este caso, la licencia se entenderá concedida respecto de la comuna en que el buque tenga su puerto principal de zarpe. Sólo podrán operar cuando se encuentren dentro del mar territorial chileno, siempre y cuando los pasajeros que transporte se alojen en dichas embarcaciones. Asimismo, queda prohibida la operación del casino mientras el buque se encuentre en el puerto.

Por otro lado, extraña profundamente que el Gobierno, habiendo declarado en numerosas oportunidades la necesidad de ir adecuando el quehacer nacional a los avances tecnológicos propuestos por el mundo, no haya incluido referencia alguna respecto del tema de los casinos en línea. En la actualidad existen dos tendencias claramente diferenciadas: la de Estados Unidos, que aboga por prohibir toda propuesta de casinos en red, por considerarlos ilegales, y la de Australia y Nueva Zelandia, que proyectan el desarrollo de los casinos en red, pero respaldados por una autoridad de juego del país respectivo. Esta es una excelente oportunidad para legislar sobre una actividad que crece y que potencialmente representa una importante fuente de ingreso para los organismos públicos chilenos, tanto a nivel de usuarios nacionales como extranjeros.

Por último, deseo señalar que estoy a favor de la idea de legislar, pero considero que el proyecto debe volver a Comisión, a fin de incorporar materias que hasta el momento no han sido contempladas.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.

Restan por intervenir las diputadas señoras Laura Soto y Carolina Tohá y los diputados señores Ramón Pérez, Gonzalo Ibáñez, Carlos Recondo, Rodrigo Álvarez, José Miguel Ortiz, Patricio Walker, Sergio Ojeda, Waldo Mora, Carlos Vilches, Maximiano Errázuriz, Rosauro Martínez, Eugenio Tuma, Patricio Hales, Enrique Jaramillo, Rodrigo González, Antonio Leal, Eduardo Lagos, Carlos Abel Jarpa, Fidel Espinoza, Camilo Escalona y Fulvio Rossi. Usarán de la palabra en la sesión de mañana, luego de tratar el proyecto relativo a la pedofilia.

REGULACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Primer trámite constitucional. (Continuación).

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.

Se encuentran inscritos cinco señores diputados para intervenir. En consecuencia, propongo, para despachar en algún momento el proyecto, que intervengan por cinco minutos, con el objeto de votar la iniciativa en general al término del Orden del Día de esta sesión. La votación en particular quedaría para después, porque el proyecto debe volver a Comisión, dado que ha sido objeto de indicaciones.

Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García para plantear una cuestión de Reglamento.

El señor GARCÍA (don René Manuel) .-

Señora Presidenta , quiero que la Mesa aclare la situación, porque me parece que sólo tendríamos que votar el primer proyecto, dado que el segundo tendría que ir a Comisiones, ya que fue objeto de indicaciones.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Diputado señor García , propongo, por eso, que lo votemos en general, sin los artículos que necesitan quórum especial.

El señor GARCÍA (don René Manuel) .-

Eso lo decide usted, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Cuando llegue el momento oportuno, tomaremos la decisión que corresponda.

Tiene la palabra el diputado señor Ramón Pérez por cinco minutos.

El señor PÉREZ ( don Ramón) .-

Señora Presidenta , el proyecto que hoy nos ocupa, que tiene por objeto establecer las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo, ya ha sido objeto de un largo debate.

Sus primeros artículos regulan todo lo relacionado con los juegos de azar y entregan a la administración del Estado la determinación de los requisitos y condiciones bajo las cuales pueden ser autorizados. También le compete al Estado fijar la reglamentación general de los mismos, como la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlos.

Asimismo, el proyecto define los juegos de azar, separando las salas de bingo de los demás juegos que se practican en los casinos.

Tengo varios reparos que formular. Uno de ellos se refiere al impuesto del 0,07 de una unidad tributaria mensual que deberán pagar las personas que deseen ingresar a un casino de juego. Desde mi perspectiva constituye un elemento negativo, porque en el casino de Iquique, de $ 300 que la gente paga por ingresar, con la entrada en vigencia de la ley tendrá que pagar $ 2.000, de acuerdo con el actual valor de la UTM. O sea, seis y media veces más.

Sin lugar a dudas, será una limitante para aquellas personas o turistas de menores ingresos que deseen entretenerse jugando sólo en las máquinas tragamonedas, que dan más posibilidades de ganar porque el 80 por ciento se destina a premios y sólo un 20 por ciento se distribuye entre el concesionario y la municipalidad respectiva.

Considero que los recursos obtenidos por aplicación de los impuestos del 10 por ciento, que se destinarían al Fondo Común Municipal y al Fondo Nacional de Desarrollo Regional -porcentajes que deberán pagar los concesionarios de acuerdo con los cálculos totales de los ingresos brutos por la explotación del casino de juegos- deberían pasar directamente a las municipalidades donde están ubicados los casinos, pues las autoridades de ellas son las que conocen los problemas sociales que afligen a la comunidad y la mejor forma para su distribución. No comparto que esto se realice desde Santiago , porque allí opera la forma centralista que todas las regiones ya conocemos. Prueba de ello es lo que establece el artículo 56 del proyecto contenido en el informe de la Comisión de Hacienda, que determina que, de acuerdo con el Código Tributario, los impuestos serán administrados y fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, la intención del Gobierno no es ayudar a las municipalidades más pobres, sino, por el contrario, recaudar más fondos para el erario.

Otro aspecto no menor es la indicación que formuló el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda para sustituir los artículos 1º y 2º transitorios. Considero una arbitrariedad establecer que sólo podrá extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010 la prórroga o renovación de las concesiones de los casinos de juego en actual operación, en circunstancias de que el casino de Viña del Mar podrá funcionar hasta el año 2015 de acuerdo con su situación legal actual.

Destaco lo anterior debido a que en otras ciudades existen casinos autorizados por ley, igual que el de Viña del Mar, pero que, a diferencia de este último, se verán directamente perjudicados con la proposición del Ejecutivo. Por lo tanto, es preciso reconsiderar esta situación y cambiar el guarismo 2010 por 2015, para producir con ello una total igualdad.

Más allá de lo que la propia norma implica, me referiré a algunos aspectos que resulta necesario precisar. Dependiendo de los términos de cada concesión, los casinos aportan a las municipalidades respectivas un promedio del 35 por ciento de sus utilidades, aunque en algunos juegos dicho aporte llegaría hasta el 80 por ciento. Si bien es cierto que las municipalidades son reacias a informar los montos involucrados en las concesiones, según cálculos elaborados por medios de prensa, la industria de los casinos movió alrededor de 1.100.000 unidades de fomento el año 1994 y, aproximadamente, 1.800.000 en 1999. Esto representa, de manera estimada, el 15 por ciento de la industria del juego.

Una proyección simple nos hace situar entre los 25 mil y 30 mil millones de pesos los ingresos de los siete casinos legales que operan actualmente en Chile. De hecho, los casinos de Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas experimentaron un crecimiento de sus utilidades en un 20 por ciento entre los años 2000 y 2001. Los otros tres casinos de Arica, Iquique y Puerto Natales crecieron en un promedio de un 17 por ciento.

La gran discusión que ha generado este proyecto de ley, radica principalmente -y como es obvio- en el aspecto monetario. Al analizar el articulado de la propuesta legislativa, es posible comparar los recursos que perderá cada municipio, mayormente radicados en proyectos sociales, aunque la experiencia de Iquique demuestra que la instalación de un casino constituye un “gancho” para incrementar otras actividades comerciales anexas, tales como hoteles, taxis, guías turísticos, comercio y otros.

Soy partidario de una total descentralización de los recursos que genere cada región para que ésta los administre con un criterio localista, pero teniendo en vista el beneficio que esta normativa traería a las ciudades donde no existen casinos de juego, especialmente en cuanto al fomento del turismo. Anuncio mi voto favorable para aprobar la idea de legislar, dejando constancia de que durante la discusión en particular haré presentes mis aprensiones sobre algunos puntos planteados en esta intervención.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ .-

Señora Presidenta , durante los 12 años y medio que lleva funcionando este Congreso se han presentado muchas mociones con el fin de establecer una legislación marco, para otorgar la posibilidad de instalar casinos de juego y salas de bingo en comunas que así lo han requerido. Es el caso de Tomé de la Octava Región.

El juego en nuestro país está penalizado, pero existe una gran presión de muchas comunas para instalar casinos, porque ven en ellos la solución a los problemas de desarrollo.

Esta iniciativa comenzó a tratarse en 1999 y ha sido detenidamente estudiada en las Comisiones de Turismo, de Gobierno Interior y de Hacienda, de la Cámara. Con agradable sorpresa hemos constadado los rendimientos que tienen los casinos en las siete comunas donde hoy están autorizados para funcionar. Bien por ellas, porque les han significado un gran aporte para su desarrollo.

Los de casinos de juego y salas de bingo deben regularse sobre la base de una norma general marco que permita el funcionamiento de esta actividad en todo el territorio nacional. Por esta vía se debería incentivar el desarrollo de una actividad económica vinculada total y absolutamente al turismo, lo cual podrá lograrse a través de proyectos de verdadera significación y trascendencia, que representen para las localidades beneficiadas un aporte real y un efectivo progreso.

Los proyectos de inversión sobre instalación de casinos deben ser analizados por los organismos creados en la iniciativa, en especial sobre la base de la solvencia, idoneidad y honorabilidad de los socios y de la importancia que tendrán en el desarrollo turístico de la respectiva comuna.

Las entidades interesadas en esta actividad deben conocer las regulaciones generales y los controles vigentes que rigen a todas las sociedades anónimas cerradas, además de las facultades que otorga el proyecto al organismo contralor que crea.

El impuesto de la ley del IVA, que es del 18 por ciento, más el 20 por ciento de los ingresos, representan un 38 por ciento, límite de la rentabilidad del negocio, que es superior al de cualquiera otra actividad económica, ya que, además, se debe considerar la tributación normal de la sociedad.

El impuesto sobre las entradas es de muy poca significación fiscal, pero, si es muy alto, puede influir negativamente en la rentabilidad del negocio. Por ello, el proyecto sugiere darle un tratamiento a nivel comunal, pues debe responder a esa realidad. Tampoco debe tener un trato general por no ser comparables los negocios de comunas grandes, con una alta densidad poblacional, con los de comunas rurales, con poca población.

En definitiva, el proyecto debiera ser el marco regulatorio general que permita el desarrollo de estos negocios, conforme a las reglas del mercado, al igual que otras actividades económicas, y deje a la reglamentación la definición de los detalles y exigencias para su implementación y control.

Debo recordar que la licitación de negocios de casinos, como quedó demostrado en la discusión de la Comisión de Hacienda, no atrae el interés de empresas extranjeras ni nacionales por lo reducido del mercado. Entonces, no debemos pensar que la iniciativa provocará una proliferación de esos establecimientos. Buen ejemplo de ello es la ley Arica, que a pesar de autorizar el funcionamiento de un casino en esa comuna, en dos años no se ha instalado ninguno.

Hago presente a los señores diputados que este proyecto autoriza el funcionamiento, administración y fiscalización de los casinos de juego y salas de bingo. Por lo tanto, debemos aprobar la idea de legislar, porque está en el camino de contar con un cuerpo legal que puede significar el desarrollo de muchas comunas y del sector turismo.

Por eso, anuncio mi voto favorable al proyecto.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.

El señor VILCHES.-

Señora Presidenta, los periodistas, que están muy atentos al debate de la Sala, me consultaron si estamos de acuerdo en la forma en que se van a distribuir las utilidades de un casino de juego.

Al respecto, apoyaré la propuesta del diputado señor René Manuel García , en el sentido de que esto no puede ser de exclusividad de algunos, por lo cual debería autorizarse el funcionamiento de dos casinos por región. Ésa es una buena decisión, bastante ecuánime, porque con seguridad siempre habrá municipalidades que presentarán proyectos de casinos para beneficio de sus comunas.

El otro punto discutible es la forma de distribución de los recursos que aportarán los casinos. Según el proyecto, irían al Fondo Común Municipal, pero sería una decisión que tomarían los consejos regionales. Con ello, por la naturaleza de los recursos, se politizaría su asignación. Por ello, los representantes de los municipios debieran tener una participación mucho más activa para acceder a la oportunidad de que esos fondos vayan en ayuda de los municipios más modestos, que requieren de ayuda extra para su desarrollo.

Anuncio mi voto favorable a la idea de legislar sobre este proyecto, el cual tiene pendientes algunas discusiones subsanables con las indicaciones que se presentarán.

Tal como lo decía el diputado señor Ortiz , la idea de dictar una legislación en este sentido data de muchos años, porque muchas municipalidades, sobre todo las que son puerto, habían solicitado el beneficio de contar con un casino de juegos de azar. Otros países han resuelto esta situación de manera distinta. Se autoriza la concesión de casinos, pero ninguna está en tierra firme. Sólo los barcos o naves de turismo, que salen a navegar a alta mar, pueden ser beneficiados con la instalación de casinos.

Creo que ese concepto también debería ser considerado en este proyecto, porque de esa manera se facilitaría la determinación de la municipalidad beneficiada a través de la matrícula de las naves.

La iniciativa todavía necesita un estudio más acucioso para definir el destino de los beneficios del casino.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.

El señor TUMA.-

Señora Presidenta , el proyecto, definido como ley marco en lo relativo a la autorización, funcionamiento y fiscalización de las entidades que operen como casinos de juego y salas de bingo, es muy importante para todas las comunas del país. El Congreso, por unanimidad, decidió que no podíamos seguir recogiendo solicitudes de parlamentarios, de autoridades, de alcaldes, de intendentes, etcétera, para autorizar la creación de un casino, porque ya se habían acumulado cerca de veinte solicitudes. En verdad, no es apropiado legislar ni tener extensos debates para la creación de un casino en particular.

De manera que hubo unanimidad para fijar una ley marco, mediante la cual se crea una institución que recogerá la información y fijará las condiciones y requisitos para abrir un casino. También se establece una institución que fiscalizará que las prácticas de los juegos de azar sean vigiladas, transparentes, y que garanticen la no manipulación de los juegos en favor de los dueños o concesionarios de los casinos. Esto tiene que ver con la fe pública y con los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo, deseo referirme a un tema controvertido, sin perjuicio de señalar que soy uno de los autores de un proyecto de ley que crea las salas de bingo. Quiero expresar mi reconocimiento al Ejecutivo por haber recogido mi iniciativa en este mensaje y crear las salas de bingo en el país, lo que permitirá que no sólo las comunas turísticas o de grandes recursos puedan brindar entretención y recursos a los municipios, sino también las más modestas. De esa manera se permitirá a la familia compartir con los vecinos, en una sana entretención mediante la cual se canalizarán aportes para el beneficio de muchas instituciones sociales, evitando de paso actividades que a menudo terminan en riñas, iniciadas sobre todo por la venta de alcohol.

Soy contrario a las rigideces. Me desagrada que el proyecto establezca sólo dos casinos por región, en circunstancias de que podrían ser uno, tres, cuatro, cinco o diez. Las condiciones de las comunas o regiones determinarán los argumentos para autorizar un casino. En mi opinión, en esta materia debemos hacer una gran reflexión para hacer un aporte a la región.

Desde luego, los casinos que ya estén instalados pedirán un tratamiento especial, pero no concibo que debamos otorgarles una exclusividad y protección especial sin abrir la posibilidad de que en otras zonas del país, como gancho de desarrollo turístico, se pudieren autorizar otros casinos sin ninguna limitación en el número de establecimientos, porque cada región tiene sus propias realidades y particularidades.

Comparto la necesidad de aprobar prontamente el proyecto. Si va a volver a Comisión, espero que sea perfeccionado en cuanto a permitir que en cada comuna que tenga potencialidades turísticas y de acuerdo con las necesidades del país, se autorice la instalación de estas empresas, tan legítimas como cualquiera otra, pero me parece inconcebible poner limitaciones a las regiones.

La Décima Región, por ejemplo, tiene tres provincias. ¿A cuál se le permitirá instalar casino? ¿Por qué vamos a decir que sólo dos los ameritan? Creo que las condiciones del país justifican que otorguemos la más amplia libertad en esta nueva actividad, que viene a satisfacer una gran aspiración de las comunas del país.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.

El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-

Señora Presidenta , intervengo brevemente en este debate, tal vez para dar una voz extremadamente discordante respecto de las consideraciones generales expuestas durante la discusión.

Todos, o una parte importante de diputados, están encantados con abrir espacio a una nueva actividad económica, pero pocos han reflexionado acerca de lo que significa fomentar, en términos absolutos, la práctica del juego de azar en nuestro país.

¿Puede alguien en su sano juicio considerar que jugar habitualmente los bienes de que se dispone, ponerlos a la suerte en cada esquina de una ciudad, constituye una buena costumbre?

Si no hemos perdido el mínimo de sano juicio que nos debe caracterizar, hemos de concluir que esa costumbre es mala. Por eso, en nuestra legislación, los juegos de azar, en los que predomina la suerte, han sido considerados hasta ahora como actos ilícitos, tanto en el campo civil como en el campo penal. En esto, don Andrés Bello, que estableció esta regla en el Código Civil, tenía toda la razón. La propiedad de que disponemos sobre los bienes no nos autoriza para ponerlos habitualmente en juego. La propiedad la tenemos para administrarlos en forma juiciosa, para el bien común, para el bien de todos nosotros y no para jugarlos a la suerte. Por eso, de suyo, el juego de azar, donde la suerte predomina, es un acto ilícito y una mala costumbre.

Es cierto que oponerse por entero a esta costumbre o evitarla, aun en montos moderados y ocasionales, es contraproducente, y puede tener un cauce; pero lo que no se puede hacer es irnos al extremo de autorizarlo como una actividad económica cualquiera.

Todos, seguramente, creen que porque soy el diputado que representa a Viña del Mar debo oponerme absolutamente al proyecto. Quiero decir a mis colegas que, si para que funcione el casino en Viña del Mar es menester aprobar una ley como ésta, prefiero verlo cerrado. No tengo ningún inconveniente en decirlo públicamente, porque éste es un proyecto criminal, demencial, que tiene por objeto corromper a nuestras familias y a las personas, en general, en el uso de sus bienes, y eso no puede ser aceptado ni tolerado.

Desde luego, me opondré a la idea de legislar sobre la base del proyecto del Ejecutivo. No tengo ningún inconveniente en aceptar la situación actual de siete comunas privilegiadas respecto de las restantes, no sostenible más en el tiempo, y tal vez nunca debió ser así.

Estoy dispuesto a legislar sobre la base de seguir considerando al juego algo ilícito, como regla general, y a establecer normas objetivas, claras y precisas, pero siempre limitadas, a fin de tener una estructura adecuada y que los recursos se repartan con justicia en todo el país. Pero en cuanto a este proyecto, que tiene como idea matriz la legalización del juego de azar, estimarlo como una actividad económica lícita comparable a cualquiera otra, no es tolerable.

Todos los colegas se plantean cómo y dónde tendrán un casino en su comuna, pero les quiero decir que eso no ocurrirá. Sólo les pido que cuenten el número de farmacias, de estaciones de servicio, para que sepan cuántos casinos habrá por comuna y cómo la eventual futura ley generará recursos para las comunas. Aquí no hay generación de riquezas, sino dilapidación de ellas.

Francamente, es una vergüenza para el país el hecho de que su Gobierno esté patrocinando un proyecto que tiene un efecto tan enormemente destructivo. Por eso, me opondré aun a la idea de legislar, que no es en el vacío, sino respecto de un determinado proyecto, y éste no tiene remedio.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.

La señora CARABALL (doña Eliana).-

Señora Presidenta , hemos escuchado una postura absolutamente negativa para el proyecto. Es muy legítimo que el diputado Ibáñez la sostenga, pero, en verdad, si el juego fuera ilícito no veo cómo pueden estar funcionando siete casinos. Si fuera tan pervertidor y transformador de las costumbres, deberíamos cerrar todos los casinos y no estudiar ningún proyecto, pero ése es el criterio del diputado Ibáñez .

En general, pensamos que es una actividad que existe desde hace muchos años y está regulada en todas partes del mundo. Negarnos a su existencia sería entrar, como en muchas otras cosas, en el juego clandestino, en circunstancias de que es mucho mejor tener las cosas en la mesa, legislarlas y poner las condiciones sobre las cuales la sociedad permite que este tipo de actividades se desarrollen.

Ésa es la idea del proyecto y, sobre todo, la de hacer extensiva a todas las regiones del país la posibilidad de explotar este tipo de establecimientos, que deja bastantes recursos para destinarlos a obras de adelanto, de los que, generalmente, ni los municipios, ni las regiones, ni el país disponen. Todo está en que el legislador tenga la sabiduría necesaria para distribuir estos recursos y no dejarlos librados a normas demasiado genéricas.

Quiero referirme en forma particular a una indicación que introduce un artículo 3º transitorio, con el objeto de prohibir la instalación de casinos de juego en la Región Metropolitana. Dice que se podrán instalar hasta el 2020 sólo dos casinos de juego en cada región, con excepción de la Región Metropolitana.

No sé cuál será la razón de esta exclusión, pero imagino que suponen una competencia que podría dañar las posibilidades de las regiones de captar, a lo mejor, a los mejores jugadores que lleguen al país. Sin embargo, no hay nada que explique esa odiosa discriminación, por cuanto la Región Metropolitana debe realizar actividades que le generen recursos propios, a fin de subvenir gastos que, de otra manera, recargarían el presupuesto nacional, lo que podría acarrear quejas -y con razón- de las regiones, como ha sucedido cuando se hacen grandes inversiones en Santiago con cargo al erario.

Una manera de que la Región Metropolitana obtenga recursos es a través de actividades como la explotación de salas de juego y casinos. Por eso, no es aceptable, bajo concepto alguno, que una actividad que se supone legítima para el resto de las regiones sea prohibida en la Región Metropolitana sin mayor argumento, pues el que se consigna en el informe de la Comisión de Hacienda es tan genérico como señalar que la Región Metropolitana incurriría en competencia desleal con el resto de las regiones, lo que parece absurdo en una economía de mercado como la que se considera que funciona en el país. Por eso, si la actividad económica sobre la que se legisla es aceptada por la sociedad, las normas deben ser iguales para todos.

En consecuencia, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar y mi oposición a excluir a la Región Metropolitana de la posibilidad de instalar casinos y salas de juego, porque ello no se compadece con la legislación actual, con la Constitución ni con los derechos de todos los ciudadanos.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Martínez .

El señor MARTÍNEZ .-

Señora Presidenta , los informes que hemos conocido respecto de este proyecto reflejan el consenso que se ha alcanzado en la materia, en particular en la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo -que ha hecho un importante y acucioso trabajo-, en la que tuve la oportunidad de participar junto a los principales representantes de la actividad.

Dada la importancia que han adquirido los juegos, y específicamente los casinos, resulta necesario establecer parámetros claros que determinen los mecanismos de funcionamiento, con el objeto de disponer medidas que no sean contrarias a la participación privada, sino que resguarden ese derecho, dadas las garantías de equidad que deben tener los interesados en incursionar en el área.

Nuestro país no está ajeno a la proliferación de casinos que se ha producido en el mundo, pues es altamente valorada la contribución que hacen al desarrollo económico y a la recaudación fiscal, especialmente por su impacto en la actividad turística, rubro con el que tienen correlación directa y se nutren mutuamente.

Tal como lo reconoce el informe de la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo, la existencia de casinos y salas de juego es una contribución en la medida en que las localidades donde se emplazan posean una demanda turística importante, de cierto nivel de ingreso.

Queda fuera de toda discusión la importancia que han adquirido las instituciones que albergan sistemas de juego. De allí la necesidad de establecer un marco general que regule la actividad. En la actualidad, las concesiones, renovaciones y fiscalizaciones son de competencia de los municipios, los cuales, por su naturaleza y por la inexistencia de normas precisas, se ven impedidos de cumplir en forma eficaz esa labor.

Para un país que pretende avanzar hacia el desarrollo es imperioso tener un ordenamiento común y moderno, además de estimular la actividad privada en materias tan sensibles como ésta. Al no haber normas claras y precisas, se puede dar pie al abuso y, lo que es peor, a la existencia de lugares propicios para la comisión de ilícitos.

Una mirada amplia y general a los informes de las Comisiones, así como a las indicaciones presentadas, me permite señalar que el proyecto responde a la idea de contar con una legislación moderna, en los términos precitados.

A modo de ejemplo, resulta importante y motivador para el sector privado la indicación que con los diputados señores Víctor Pérez y Sánchez presentamos al artículo 19 del proyecto, con el fin de establecer que el plazo del permiso de operación se otorgue por el tiempo solicitado por el interesado, no pudiendo ser inferior a diez años ni superior a veinte años, en atención a la alta inversión que se debe realizar, además de que, de alguna manera, eso incentiva al empresario.

Igual sentido y resguardo del principio de equidad tiene la indicación presentada al artículo 24, que se refiere a las causales de revocación de los permisos de operación. Se eliminó su letra “o)”, que señalaba: “Cualquier otra infracción grave a la resolución que concedió el permiso, a juicio de la autoridad fiscalizadora”, debido a que la amplitud conferida a la autoridad -elemento subjetivo que es extremadamente peligroso- podría derivar en arbitrariedades.

Respecto de la afectación, el artículo 53 del título VII del proyecto establece que los contribuyentes pagarán, además de los tributos contemplados, un impuesto del 10 por ciento, determinado en la forma establecida en el proyecto, que incrementará el Fondo Común Municipal.

Según el artículo siguiente, los dineros recaudados se aplicarán al financiamiento de obras de desarrollo.

Me parece que dicha disposición es positiva, pero sería mucho más eficaz que esos recursos se destinaran a educación y a salud, ámbitos que constituyen el mayor problema que hoy afecta a los municipios.

En consecuencia, con las aprensiones señaladas, anuncio mi voto favorable al proyecto.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .

El señor JARAMILLO .-

Señora Presidenta , sabemos que son muchos los intereses económicos que hay en esta materia, desde el de los actuales concesionarios de los pocos casinos que existen en el país al de los que pretenden llegar a serlo.

La gran expectativa creada por este proyecto producirá confusión en su aprobación, ya que -por decir lo menos- será bombardeada de indicaciones, tal como lo han señalado los diputados informantes.

De hecho, son muchas las regiones, provincias y comunas que plantean tener los méritos para la instalación en ellas de casinos y salas de juego. Al respecto, tal como lo sostuve en la Comisión de Hacienda, la comuna de Panguipulli, de la Décima Región, es viable turísticamente, por lo que tiene el derecho a que allí se instale un casino. En todo caso, seguramente proposiciones similares formularán muchas comunas y regiones.

Por eso, no estoy de acuerdo con lo que aquí se ha planteado, en cuanto a limitar la instalación de casinos a sólo dos por regiones. Tampoco con lo que establecen los artículos 53 y 56; estoy por aprobar en general el proyecto, y tratar las indicaciones en un nuevo trámite.

Para algunos -entre quienes me cuento- discutir estos temas no es sencillo, sobre todo porque creemos, sinceramente, que el juego y las apuestas son actividades que deben tener regulaciones precisas y estrictas. No hay nada peor que abrir la puerta en materias tan delicadas como éstas, porque se puede hacer masiva una actividad que, si bien no es inmoral, constituye una oportunidad para el abuso y la adicción.

Por eso, comparto en parte lo señalado por el diputado señor Ibáñez . Son miles los chilenos que sufren verdaderas patologías mentales asociadas a la adicción inmoderada por el juego, aspecto que, de una u otra forma, ya ha sido reconocido por la legislación chilena, por cuanto se contemplan las restricciones necesarias para la instalación y el funcionamiento de esos establecimientos.

Tal como muy bien lo dijo la diputada señora Caraball , no podemos abrirnos y permitir el funcionamiento de actividades no convenientes para la sociedad, pero si sabemos legislar, hasta lo que aparentemente no es bueno puede llegar a serlo.

Finalmente, quiero decir que concuerdo con los diputados de mi bancada con sentido regionalista. Así lo he planteado y estoy de acuerdo con ellos.

Anuncio mi voto favorable al proyecto y solicito al Supremo Gobierno que acoja las propuestas de perfeccionamiento originadas en el debate de la Cámara.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.

El señor ROSSI.-

Señora Presidenta , ojalá siempre existiera la misma disposición de fiscalizar o de tomar la tuición de actividades que están hoy radicadas en los municipios.

Podríamos hacerlo con la salud y la educación municipal que, en muchas regiones, deja mucho que desear.

Pero, en fin, de alguna forma considero positivo que a través de esta Comisión Nacional se pretenda fiscalizar y transparentar el manejo de los recursos de una actividad que es ilícita -por ello se regula tanto en los lugares donde se desarrolla en los casinos-, de manera de dar tranquilidad a los usuarios y al fisco; porque, digamos las cosas por su nombre: la recaudación por concepto de casinos y salas de bingo es bastante importante y considerable para los presupuestos de muchos municipios.

Los casinos siempre se han estimado palancas de desarrollo o herramientas para dinamizar al sector empresarial. Por eso, se ha autorizado su instalación en algunas regiones y no en otras. Desde el punto de vista territorial, se benefician por tener cierto grado de exclusividad.

Lo mismo pasa con las zonas francas. No existen en Santiago ni en La Serena, pero sí en las regiones extremas porque son lugares que, por distintas consideraciones, entre ellas el turismo, requieren de un impulso adicional para su fortalecimiento y desarrollo.

Hay que tener cuidado con liberalizar la creación de casinos. Por ello, presentamos una indicación, a fin de que en la Región Metropolitana no haya casinos. Básicamente, por las consideraciones que acabo de señalar.

Por otro lado, y lo que es más grave, en un país donde se habla de autonomía de las regiones y de dar más poder a los gobiernos locales, donde se quiere descentralizar, hoy se les está quitando una importante fuente de financiamiento a muchos municipios. Sin ir más lejos, en Iquique la recaudación anual por concepto de casinos y salas de juego alcanza a 1.700 millones de pesos; en cambio, la de la zona franca, sólo asciende a 700 millones. Incluso, supera lo que se percibe por impuesto territorial.

Es decir, si hoy le quitamos ese dinero al municipio de Iquique, como a otros que tienen casinos, vamos a paralizar la inversión. Por eso, esa medida atenta contra la descentralización y la autonomía de las regiones y no contribuye a fortalecer el poder de los gobiernos comunales.

Sobre este punto, presentamos una indicación que permite compatibilizar ambos intereses. Entregar el 50 por ciento de la recaudación al municipio de la comuna que tiene casino, y el 50 por ciento restante, a un fondo regional para contribuir al desarrollo de las comunas aledañas.

Espero que mis colegas legisladores consideren que el problema de este proyecto de ley tiene dos vertientes: por un lado, la liberalización de la creación de casinos y, por otro, el destino de los fondos.

Como el juego es ilícito, ojalá seamos capaces de regular adecuadamente en qué lugares deben existir casinos y, también, atender las consideraciones relativas al turismo y otras.

Por último, sugiero no quitar a los municipios una importante fuente de ingresos, que contribuye al desarrollo y potenciamiento de los casinos, tanto en el acceso como en la creación de un entorno que fortalezca el turismo.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Cito a reunión de Comités.

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .

El señor ÁLVAREZ .-

Señora Presidenta , tiene una razón de ser el que nuestra legislación estableciera que el juego es ilegal. No es una declaración decimonónica, sino que se buscaba una regulación para ciertas actividades -como muy bien lo ha dicho el diputado señor Enrique Jaramillo con mucha prudencia y sabiduría- que generan problemas y consecuencias negativas, como enfermedades, la ludopatía, por ejemplo, y otras externalidades desde el punto de vista económico y de seguridad, ya que parte de estas actividades pueden utilizarse para lavado de dinero y otras conductas delictuales modernas. Obviamente, no acusamos a los casinos de ello, no, pero la experiencia demuestra que muchos de estos problemas pueden derivarse de la existencia ilimitada, absoluta, sin restricciones, de salas de juego en el sentido más amplio.

Por eso, es necesaria una buena regulación de su funcionamiento y contar con leyes que conduzcan a una cierta política en la materia.

Por lo tanto, anunciamos nuestro voto favorable a la idea de legislar. Como bancada presentaremos indicaciones sobre distintas materias.

En primer lugar, nos parece un tema por discutir el número de casinos o de salas de bingo que puede haber en un lugar de nuestro país. A nuestro juicio, no debe ser ilimitado. No creemos, por principio, que deba existir total y absoluta libertad al respecto. El derecho a tener casino, y por supuesto los efectos colaterales positivos que tiene con el turismo, deben estar compensados con esos elementos negativos a que recién aludíamos; por eso, no debe haber total libertad para su creación. Nosotros determinaremos cuántos casinos pueden existir -siempre es discutible la cifra, pueden ser dos o más-, pero debe ser una cantidad que permita una buena fiscalización.

En segundo lugar, queda pendiente el tema de la distribución de los dineros. Nos parecen buenas algunas iniciativas que plantean destinarlos a fines sociales, pero no deben ser en perjuicio de los que deben soportar algunas de las externalidades negativas, de seguridad, de pérdida de calidad económica para las familias, etcétera, como son los municipios que tienen casino. Por eso, buscaremos una fórmula para que parte de estos fondos queden en ellos.

En tercer lugar -y para mí, como diputado por Magallanes , es muy importante por la situación especial de Puerto Natales-, creemos que el estatuto para los casinos actuales no contempla algunas situaciones. Por ejemplo, no está regulado qué pasará después del término de las actuales concesiones. Además, no creo que deba afectarse con la nueva ley el futuro de esos casinos. Ellos deben mantener el tratamiento jurídico vigente, sobre todo porque han colaborado con muchas instituciones muy importantes para los municipios. Por ejemplo, si hoy Puerto Natales tiene una corporación municipal, sin duda sin déficit, especialmente en el ámbito educacional, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, es por los fondos que provienen del casino de esa localidad.

Los casinos existentes deberían mantener de manera permanente el actual tratamiento económico, y no sólo hasta que se les venza la concesión, como dice el proyecto de ley.

En cuarto lugar, no se ha prestado una buena atención al tema de las salas de bingo, no sólo en cuanto a su número y regulación, sino respecto al tremendo efecto que producirá en muchas instituciones sociales que en todos nuestros distritos basan su existencia, sus programas, el crecimiento y la ayuda en bingos benéficos, en los cuales muchos diputados tienen que colaborar.

Sin ellas, aquellas pequeñas organizaciones de origen vecinal, como también las grandes instituciones de ayuda social, tendrán problemas. Por eso hay que hacer un estudio sobre los efectos que podría producir la aprobación de la disposición pertinente en cuanto a la ayuda y a los esfuerzos de caridad.

En quinto lugar, como se ha dicho, la iniciativa no contiene ninguna regulación sobre los barcos de turismo que tienen casinos y que navegan por aguas chilenas, con bandera extranjera o nacional. Es imprescindible hacer un análisis del tema.

Reitero que votaremos favorablemente la idea de legislar, pero creemos que el proyecto requiere modificaciones, sobre todo porque debe basarse en el principio de aumentar las posibilidades turísticas que implica la existencia de casinos.

También debemos entender que esta actividad económica produce ciertos efectos negativos y no es como cualquier otra, por lo que el legislador debe establecer los debidos resguardos.

En consecuencia, aun cuando en general vamos a dar nuestra aprobación a la iniciativa, anunciamos nuestra intención de buscar otras fórmulas relativas al número de casinos que deben autorizarse, a la distribución de los fondos que se recauden por ese concepto, a las salas de bingo, a las salas de juego en los buques y también respecto del estatuto especial para los casinos actualmente existentes, con el objeto de que comunas muy relevantes, como en el caso de mi distrito -Puerto Natales y Última Esperanza-, no sean afectadas por lo dispuesto en el proyecto.

He dicho.

El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-

En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-

Señor Presidente , estamos ante un proyecto de gran importancia no sólo para las comunas que en la actualidad cuentan con casinos, sino para el país en general.

La iniciativa, tal como lo planteó el diputado señor Rodrigo Álvarez , tiene serias deficiencias que es necesario superar, de manera que después de su aprobación general por la Sala, volverá a Comisión, trámite en el cual se podrán incorporar las proposiciones de los señores diputados, con el fin de sacar adelante un proyecto adecuado a la realidad del país.

Cuando distintas leyes autorizaron la instalación de casinos en Chile, la actividad de los juegos de azar era considerada ilícita.

El proyecto, tal como está formulado, cambia sustancialmente el concepto bajo el cual se autoriza esta actividad, puesto que permite que en cualquier parte del territorio, si se reúnen los requisitos exigidos, se instale un recinto de juegos. Por lo tanto, los casinos estarán en las mismas condiciones que cualquier otro negocio, una farmacia, un almacén, un supermercado, y la autorización para su funcionamiento deberá darse si los recintos reúnen los requisitos.

En esas circunstancias, en el país proliferarán los recintos de juego en las distintas comunas del país, lo que afectará a los sectores de bajos ingresos, que serán atraídos por el juego.

Por otra parte, podría disminuir la calidad de las inversiones que deben realizarse si esta actividad se mantiene en las condiciones en que ha sido autorizada hasta el presente.

Por lo demás, se justifica autorizar la instalación de casinos de juego para que esta actividad fomente el desarrollo turístico de las distintas regiones del país.

El proyecto no cumple ese objetivo. La proliferación de casinos no apunta al desarrollo de las regiones ni del turismo; su instalación en forma indiscriminada en cualquier región del país, radicaría esta actividad en los puntos de mayor desarrollo económico y de mayor concentración de la actividad comercial y financiera.

Por lo tanto, los principales casinos estarían instalados en el centro de la actividad económica, comercial, de comunicaciones y habitacional del país, es decir, en la Región Metropolitana.

Junto con otros señores diputados hemos presentado indicaciones al proyecto con el objeto de que se limite la instalación de casinos, y de que el juego siga siendo una actividad considerada ilícita, salvo en las ocasiones excepcionales en que se le permite.

Proponemos que se autorice la instalación de dos recintos de juego -autorizados por el consejo regional respectivo- en las diferentes regiones del país, con excepción de la Región Metropolitana.

Junto a ello, hemos planteado que la distribución de los recursos que se obtengan por el funcionamiento de los casinos se haga en partes iguales entre el municipio cuya comuna alberga el casino, y el conjunto de las comunas de la región, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Al respecto, hay que tener presente que la Comisión de Hacienda acordó que los casinos entreguen sus recursos al Fondo Común Municipal y al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Por último, en relación con los artículos 54 y 55, que se refieren a la afectación, se requiere un estudio acucioso, el que en su oportunidad haré llegar a las correspondientes Comisiones, puesto que los casinos existentes, en especial el de Viña del Mar, entregan el doble de recursos al sector público, que lo que recibiría de acuerdo con lo dispuesto por el proyecto en debate, al gravar con un impuesto de 20 por ciento esta actividad.

Es imprescindible, entonces, estudiar acuciosamente, por un lado, el incentivo a la inversión que generará el proyecto, y por el otro, resguardar los fondos públicos que se pueden percibir por este concepto, puesto que si se aplicara el proyecto al casino de Viña del Mar el sector público recibiría 3.500 millones de pesos, monto inferior al que entrega ahora.

En la actualidad, las máquinas tragamonedas aportan al municipio el 60 por ciento de lo que recaudan; por su parte, las salas de juego entregan el 94 por ciento de sus ingresos, de manera que se hace indispensable un estudio económico para que el proyecto se adecue a los intereses generales del país y de las regiones.

He dicho.

El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-

En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Hidalgo.

El señor HIDALGO.-

Señor Presidente, la ley de casinos es un anhelo esperado por muchos años en el distrito 15 y en la provincia de San Antonio, que es el balneario de la capital en el litoral central.

El litoral reúne aproximadamente a dos millones y medio de personas durante el período de diciembre a febrero. Instalar un casino allí traerá consigo más empleos, más recursos para la municipalidad y la región y, por supuesto, más inversión turística. Desde ya, anticipo mi voto favorable a la idea de legislar en general.

Hay aspectos que se deben mejorar en el proyecto, pero lo veo muy favorable, porque la ciudad de Santiago es donde vive la mayor cantidad de personas y, desde ese punto de vista, la provincia de San Antonio, en particular, tiene una accesibilidad extraordinaria: la ruta 68, la 78, la de la fruta, y el próximo año, si Dios quiere, quedará lista la ruta alternativa Cartagena-Algarrobo. Por lo tanto, para la provincia, para el distrito que represento y en especial para el balneario de El Tabo, donde se quiere instalar un casino, la aprobación de esta ley será muy beneficiosa.

Tal vez, la única aprensión respecto del proyecto es la dependencia del funcionamiento de las salas de juego de la famosa Comisión Nacional de Casinos. En mi opinión, es preferible que un departamento especial de control y fiscalización de casinos, dependiente de la Superintendencia de Valores y Seguros, fiscalice y otorgue las autorizaciones respectivas. No es necesario aumentar el gasto público o en la administración del Estado si se puede fiscalizar de esta manera.

Creo que el número de casinos que puede haber en una región, provincia o comuna hay que dejarlo al mercado, para que sean los inversionistas quienes determinen si quieren instalar uno, dos o tres.

El establecimiento de un casino puede tener efectos favorables -aumento de trabajo, de impuestos y de recursos para las municipalidades- y también negativos. Pero cada uno de nosotros es bastante mayor para saber lo que es bueno o malo. Sucede exactamente lo mismo que con el alcohol. En este caso, no deberían existir las 50 mil botillerías que hay en todo Chile.

Votaré a favor la idea de legislar, por tratarse de un anhelo de la provincia y del distrito que represento, que comprende las comunas de Casablanca, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo.

He dicho.

El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.

El señor JARPA .-

Señor Presidente , un anhelo de la provincia de Ñuble es contar con un casino en las termas minerales de Chillán.

Tal como lo expresó su Señoría en su intervención, el ex diputado señor Tohá presentó un proyecto, en 1994, para la creación e instalación de un casino de juegos en el recinto de las termas minerales de Chillán. En sus considerandos contiene varios de los puntos señalados por los colegas que hicieron uso de la palabra: la necesidad de los municipios de contar con recursos para solucionar los problemas de los sectores más postergados, como es el caso de la comuna de Pinto, sector agrícola tradicional que presenta grandes dificultades en su desarrollo social y económico. Asimismo, la instalación de un centro turístico de importancia en las termas minerales de Chillán se concilia con la calidad de sus aguas termales y el clima cordillerano. En comunas como Pucón, Coquimbo y Viña del Mar han dado buenos resultados.

También hay que ver cómo se logra conciliar con los casinos de juego el binomio que es la gestión empresarial, los recursos, y el desarrollo turístico.

Se han señalado, en especial por el diputado señor Ibáñez , las externalidades negativas de la actividad del casino, como el lavado de dinero, la posibilidad de que las personas pierdan sus ingresos en el juego, y otras situaciones ilícitas. Al respecto, quiero señalar que ciertas actividades ilegales o ilícitas no se evitan con la prohibición de esta actividad. El mejor ejemplo es lo que ocurrió en Estados Unidos cuando se declaró ilegal el consumo de alcohol. Lo único que se logró fue clandestinaje, corrupción política y prácticas gangsteriles.

Los parlamentarios tenemos una tremenda responsabilidad, porque, como los alquimistas, debemos transformar una actividad impura en pura por el solo imperio de la ley, o sea, en que algo ilícito se convierte en lícito. Esta responsabilidad se basa y se cimienta en que la ley es la que da fe pública de la transparencia del rol regulador del Estado, como la igualdad ante la ley y la forma como se reparten los fondos recaudados por la actividad. En este sentido, quiero señalar ciertos criterios: si bien concuerdo con el diputado señor González en que no debe haber una proliferación excesiva de casinos, tampoco me parece justo dos por región, ya que se trata de realidades totalmente disímiles. Hay diferencias en la extensión, en la población, en los recursos naturales, en las condiciones socioeconómicas, factores que deben determinar la cantidad de casinos y conciliar su distribución nacional y regional. Asimismo, es necesario contar con uno o más entes que determinen el número de casinos, otorguen autorización para funcionar y regulen su instalación para tranquilidad de quienes concurran a esos recintos.

Por último, debo señalar la necesidad de una distribución con equidad, en cuanto a que los recursos llegarán a todas las comunas, o sea, debe haber una distribución regional.

Por los motivos expuestos, es necesario y urgente contar con una ley marco que regule esta actividad, que puede traer muchos beneficios a las comunas más postergadas.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señora Presidenta , como diputado informante , quiero dar a conocer algunas aprensiones formuladas al proyecto, como el centralismo en la distribución de los recursos, razón por la cual muchos parlamentarios votamos en contra la norma respectiva.

Visitamos varias comunas, entre ellas Panguipulli y Valdivia, consideradas lugares potenciales para la instalación de un casino de juegos.

Concuerdo plenamente en que no se pueden instalar casinos sin limitación o regulación alguna, aun cuando creo que algunas regiones, por su patrimonio turístico, pueden tener más de dos.

Pienso que se puede regular, a nivel de país, la cantidad máxima de casinos, pero el mercado es el que debe regular esto, pues no es llegar e instalarlos, ya que se necesitan fuertes inversiones económicas.

Respecto de la recaudación, estimo que el 50 por ciento debe ir a la comuna en la cual se instala el casino de juegos, y el otro 50 por ciento, distribuirse en la región.

Por tanto, concurriré con mi voto afirmativo a la idea de legislar.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Los diputados que no alcanzaron a hacer uso de la palabra, señores Eduardo Lagos, Patricio Hales, Fidel Espinoza, Carlos Recondo, Sergio Ojeda, Camilo Escalona, Waldo Mora, Rodrigo González, señora Laura Soto, señores Andrés Egaña y Antonio Leal, pueden insertar sus discursos en el boletín de sesiones.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Corresponde votar, en general, el proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo, con excepción de los artículos 28, 50 y 55 del texto propuesto por la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo, que corresponden a los artículos 27, 48 y 53 del texto de la Comisión de Gobierno Interior, que, por referirse a materias propias de ley orgánica constitucional, requieren de un pronunciamiento especial y de votación separada.

Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ ( doña Lily ).-

Señora Presidenta , en virtud de lo establecido en la letra b) del artículo 5º de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, informo a esta Sala que no participé en la discusión ni votaré el proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .

El señor JARAMILLO .-

Señora Presidenta , quisiera saber si el artículo 53 del texto de la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo se votará en forma separada.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Señor diputado , el proyecto sólo será votado en general, porque ha sido objeto de indicaciones. Por lo tanto, debe volver a Comisión.

En votación general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 4 abstenciones.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Se va a repetir la votación, porque aparecen votando diputados que se habían inhabilitado.

Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Paya.

El señor PAYA.-

Señora Presidenta , escuché atentamente su explicación, pero lo razonable sería eliminar el voto de la persona que se había inhabilitado y aparece votando, ya que la votación se produjo y su resultado es bastante claro.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Señor diputado , la Mesa decidió repetir la votación.

En votación general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca, Araya, Ascencio, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cristi ( doña María Angélica), Dittborn, Egaña, Escalona, García (don René Manuel), Girardi, Hidalgo, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Martínez, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Monckeberg, Muñoz (don Pedro), Ojeda, Olivares, Ortiz, Pareto, Pérez (don Ramón), Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saffirio, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Vilches y Von Mühlenbrock.

-Votó por la negativa el diputado señor González (don Rodrigo).

-Se abstuvo el diputado señor Prieto.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Corresponde votar en general los artículos 28, 50 y 55, que requieren quórum especial.

Tiene la palabra el diputado señor Burgos.

El señor BURGOS .-

Señora Presidenta , ¿en qué informe de los que tenemos aparecen los artículos que requieren de un quórum especial?

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

En ambos informes, señor diputado .

El señor BURGOS.-

Señora Presidenta, solicito votarlos por separado.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Muy bien, señor diputado .

Ante las consultas de varios señores diputados, quiero aclarar que estamos votando el proyecto en general, pues, como ha sido objeto de indicaciones, debe volver a Comisión. Ahora bien, la votación en general de estos artículos requiere quórum de ley orgánica constitucional, es decir, 69 votos.

Por desgracia, al inicio del debate no estaban presentes todos los colegas para facilitar la tramitación de este proyecto, que es de larga data, pues llevamos tres o cuatro sesiones discutiéndolo. Propusimos el siguiente procedimiento de trabajo: primero, poner término al debate, lo cual ya hemos cumplido, y los colegas que no alcanzaron a hacer uso de la palabra podrán insertar sus discursos en el boletín de sesiones; segundo, votar en general el proyecto, excepto los artículos que requieren de quórum especial. Por eso, aprobamos en general el proyecto con quórum simple, y separamos los tres artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional, es decir, 69 votos.

Ahora se solicitó votar por separado los artículos 28, 50 y 55.

Ése es el procedimiento que aprobó la Sala y el que hemos seguido.

El señor PAYA.-

Pido la palabra por un asunto de Reglamento.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor PAYA.-

Señora Presidenta , a juicio de la Mesa, si se rechazan estos tres artículos por falta de quórum o porque la mayoría votó en contra, ¿subsiste la aprobación en general del proyecto? Eso carecería en todo sentido. Deseo saber cuál es el criterio de la Mesa al respecto.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

El proyecto queda aprobado en general, salvo los tres artículos mencionados, y vuelve a Comisión, porque ha sido objeto de indicaciones.

El señor PAYA.-

Entonces, ¿qué sentido tendría discutirlo en la Comisión sin esos tres artículos, si no se pueden discutir ni tampoco reponer? En la práctica, estamos haciendo una votación en particular.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Señor diputado , tratamos y aprobamos en general el proyecto. Para aprobar en general los tres artículos que revisten carácter de orgánicos constitucionales, se requiere una votación de 69 votos. Ahora, para aprobarlo en general, propusimos las modalidades que ya expliqué. Por lo tanto, estamos votando en general y no en particular. Esto debe hacerse una vez que vuelva de la Comisión, con el respectivo debate de las indicaciones propuestas.

El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-

Señora Presidenta , lo que usted hizo fue una votación en particular.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Álvarez .

El señor ÁLVAREZ .-

Señora Presidenta , debe quedar absolutamente resuelta la pregunta que formuló el diputado señor Paya: ¿cuál es, a juicio de la Mesa, el efecto reglamentario que tendrán estas tres disposiciones que, creo, serán rechazadas por tratarse de materias importantes para el proyecto y que no podrán ser repuestas? Si no se alcanza el quórum que requieren estos tres artículos, no podrán ser discutidos más adelante.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

El artículo 30 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional señala lo siguiente: “Las diversas disposiciones de un mismo proyecto que para su aprobación necesiten mayorías distintas a la de los miembros presentes, se aprobarán en votación separada, primero en general y después en particular, con la mayoría especial requerida en cada caso. Tanto la discusión como la votación se efectuarán siguiendo el orden que las disposiciones tengan en el proyecto.

“El rechazo de una disposición que requiera mayoría especial de aprobación importará también el rechazo de las demás que sean consecuencia de aquélla”. Repito: consecuencia de aquélla, y no del proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor Paya.

El señor PAYA.-

Señora Presidenta , con el espíritu de aclarar lo que usted ha dicho, nosotros podemos modificar nuestro Reglamento por unanimidad, pero el requisito de aprobación en general con un quórum especial no está en el Reglamento, sino en la ley. Por lo tanto, me sigue quedando la duda, porque de lo que usted ha dicho entiendo que podríamos estar dando por aprobada en general esta materia con un quórum inferior al que exige la ley, y eso no puede ser.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Me faculta el artículo 30 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que acabo de leer, señor diputado . Hemos hecho una separación de la votación, cosa que normalmente se hace, en virtud del artículo 30 de la citada ley orgánica. No hay ningún error de interpretación reglamentaria ni constitucional de la Mesa.

Si los artículos se rechazan, se pueden reponer en el debate en la Comisión, pero el proyecto ha sido aprobado en general.

Ése es el criterio de la Mesa.

Corresponde votar en general los artículos 28, 50 y 55.

Como el diputado señor Burgos solicitó votarlos por separado, así procederemos.

En votación el artículo 28.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 7 abstenciones.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Álvarez-Salamanca, Araya, Ascencio, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Dittborn, García (don René Manuel), Girardi, Hidalgo, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Martínez, Mella ( doña María Eugenia), Monckeberg, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pareto, Pérez (don Ramón), Riveros, Robles, Saffirio, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Vilches y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Bauer, Correa, Cubillos ( doña Marcela), Egaña, Escalona, Escobar, García-Huidobro, González (don Rodrigo), Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Muñoz (don Pedro), Paya, Prieto y Villouta.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barros, Cristi ( doña María Angélica), Molina, Rojas, Ulloa, Uriarte y Urrutia.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

En votación el artículo 50.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 8 abstenciones.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Araya, Ascencio, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Dittborn, Jarpa, Jiménez, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Martínez, Mella ( doña María Eugenia), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Pareto, Pérez (don Ramón), Riveros, Robles, Saffirio, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Valenzuela, Vargas, Venegas y Vidal ( doña Ximena).

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Bauer, Correa, Cubillos ( doña Marcela), Egaña, Escobar, García-Huidobro, González (don Rodrigo), Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leay, Prieto y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barros, Cardemil, Cristi ( doña María Angélica), Molina, Rojas, Ulloa, Uriarte y Urrutia.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

En votación el artículo 55.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 8 abstenciones.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Rechazado.

Aprobado en general el proyecto, y pasa a segundo informe.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca, Araya, Ascencio, Bayo, Becker, Bertolino, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Dittborn, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Martínez, Mella ( doña María Eugenia), Monckeberg, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Pareto, Pérez (don Ramón), Riveros, Robles, Saffirio, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena) y Vilches.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bustos, Correa, Cubillos ( doña Marcela), Egaña, Encina, Escalona, Escobar, García-Huidobro, Girardi, González (don Rodrigo), Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leal, Muñoz (don Pedro), Paredes, Prieto, Rossi, Tohá (doña Carolina), Valenzuela y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Burgos, Cristi ( doña María Angélica), Molina, Rojas, Ulloa, Uriarte, Urrutia y Villouta.

El señor PAYA.-

Señora Presidenta, pido la palabra por un asunto de Reglamento.

La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor PAYA.-

Señora Presidenta , de acuerdo con lo que ha señalado -quiero que me lo ratifique-, las normas que fueron rechazadas por no haberse alcanzado el quórum requerido para su aprobación “en general”, podrían ser repuestas. Pero el efecto que produce una votación negativa es que termina la tramitación de esas normas y la Sala no puede discutirlas de nuevo.

De manera que debo entender que los artículos que alcanzaron el quórum requerido para su aprobación en general continúan con su tramitación, pero no así aquellos que fueron rechazados por falta de quórum.

La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-

Señor diputado , su criterio es atendible; pero se pueden reponer mediante distintas iniciativas. Los artículos 28 y 50 se refieren a los tribunales, y el artículo 55, a la distribución de los fondos provenientes de casinos.

Los artículos rechazados pueden ser repuestos, con otro texto, en el segundo trámite reglamentario.

?SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO INTERIOR, REGIONALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, Y DE TURISMO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGO

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BOLETÍN Nº2361-23-2

HONORABLE CÁMARA:

Las Comisiones Unidas de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Turismo, pasan a emitir el segundo informe sobre el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en un Mensaje y en primer trámite constitucional, para cuyo despacho el Ejecutivo ha hecho presente la urgencia con carácter de “simple” el día 3 de octubre pasado, renovándola el 5 de noviembre en curso.

Cabe hacer presente que la modalidad de funcionamiento conjunto de las Comisiones referidas obedece a un acuerdo adoptado por la Sala con fecha 1º de octubre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del reglamento, las Comisiones Unidas fueron presididas por el titular de la Comisión de Gobierno Interior, H. Diputado don Esteban Valenzuela.

Los artículos 29, 44 y 49 son de rango orgánico constitucional, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 74 y 102 de la Carta Fundamental. A su vez, los artículos 48 y 49 deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

Durante el estudio de la iniciativa en el trámite a que se ha hecho referencia, las Comisiones Unidas contaron con la asistencia y participación del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Francisco Vidal, y de los asesores de esa repartición, señores Rodrigo Cabello, Eduardo Pérez y Alexis Yáñez, además del abogado del ministerio de Hacienda, don Manuel Brito.

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Al tenor de lo dispuesto en los artículos 130 y 288 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Sala, con las indicaciones admitidas a tramitación, y se refiere a las siguientes materias:

I.- ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE MODIFICACIONES

Se encuentran en la situación antedicha los siguientes artículos aprobados por estas Comisiones Unidas, indicándose entre paréntesis, en su caso, la numeración correspondiente al primer informe expedido por la Comisión de Gobierno Interior.

8º, 25 (Antiguo 23), 32 (Antiguo 36), 33 (Antiguo 37), 34 (Antiguo 38), 38 (Antiguo 42), 39 (Antiguo 43), 40 (Antiguo 44), 41 (Antiguo 45), 42 (Antiguo 46), 43 (Antiguo 47), 45 (Antiguo 49) y 51 (Antiguo 57).

Todas las disposiciones anteriores son de quórum simple.

II.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

De acuerdo a determinación unánime de los integrantes de las Comisiones Unidas, los artículos 29, 44 y 49 deben ser aprobados como orgánico constitucionales, según lo disponen los artículos 74 y 102 de la Carta Fundamental. Cabe agregar que, respecto al artículo 49, dicha calificación guarda armonía con el fallo emitido por el Tribunal Constitucional con fecha 3 de noviembre de 1992, a propósito del proyecto de Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

III.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS

Cabe hacer notar que los artículos 27, 48 y 53 del texto aprobado en el primer informe por la Comisión de Gobierno Interior, habían sido suprimidos durante la votación en la Sala, al no reunirse el quórum necesario para su aprobación. Sin embargo, los dos primeros fueron repuestos vía indicaciones, como se verá en su lugar en el presente informe.

Hecha la precisión anterior, hay que dejar establecido que los siguientes artículos de aquél fueron eliminados:

“Artículo 30.- La Comisión tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1. Requerir, recabar y reunir la información y antecedentes relativos a las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego y de salas de bingo, a la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos, y los relativos a la renovación y revocación de tales permisos.

2. Fiscalizar las actividades de los casinos de juego y las salas de bingo, y sus sociedades operadoras, en los aspectos jurídicos, financieros y contables, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley y sus reglamentos;

3. Determinar los principios contables de carácter general, conforme a los cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial, sobre la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros;

4. Fiscalizar el desarrollo de los juegos, según las normas reglamentarias de los mismos, como también el correcto funcionamiento de las máquinas e implementos usados al efecto;

5. Autorizar al operador para contratar con terceros la administración y prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación;

6. Controlar el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes, que el reglamento respectivo determine, para las personas que desempeñen funciones en las salas de juego o en las demás dependencias del establecimiento;

7. Convenir con las municipalidades o con otros servicios de la Administración del Estado, e incluso con entidades privadas acreditadas ante la Comisión, la realización de acciones específicas de fiscalización de los casinos de juego o salas de bingo, conforme se establezca en el reglamento respectivo, y

8. Homologar las máquinas e implementos de juego que podrán utilizarse en los casinos de juego y en las salas de bingo, para cuyo efecto la Comisión mantendrá un registro actualizado. El reglamento determinará el procedimiento y los derechos de homologación.”.

“Artículo 31.- El patrimonio de la Comisión estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Servicio;

c) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios, y

d) Los demás que señale la ley.

Las donaciones en favor de la Comisión no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley 16.271.”.

“Artículo 32.- Un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de Comisionado Nacional, será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo, y las demás funciones y atribuciones que establezcan la ley y los reglamentos respectivos.”.

“Artículo 33.- Establécese la siguiente planta de personal de la Comisión Nacional:

El Comisionado, mediante resolución interna, determinará las funciones y el personal adscrito a cada departamento o unidad.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá además contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios para asesorías, estudios o servicios determinados. También podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la Administración del Estado.”.

“Artículo 34.- Corresponderá al Comisionado Nacional:

1) Dirigir y organizar el funcionamiento de la Comisión;

2) Establecer oficinas regionales cuando las necesidades del servicio así lo exijan;

3) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Comisión;

4) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del servicio. En ejercicio de estas facultades podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza;

5) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia;

6) Nombrar y remover al personal del servicio, de conformidad con las normas estatutarias;

7) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento;

8) Impartir instrucciones contables de carácter general, conforme a las cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial aquéllas que regulen la presentación de balances y estados de situación financiera de las entidades fiscalizadas, y la forma en que deberán llevar su contabilidad;

9) Requerir de los organismos del Estado los informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

10) Imponer las sanciones y multas que establecen la presente ley y demás disposiciones legales o reglamentarias, que regulen la actividad de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo;

11) Examinar, sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las entidades fiscalizadas; y requerir de sus representantes y personal en general, todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor inteligencia de las labores de fiscalización. Las mismas facultades tendrá el Comisionado respecto de los terceros que administren y presten servicios anexos en el establecimiento.

Salvo las excepciones autorizadas por el Comisionado mediante resolución, todos los libros, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el establecimiento del Casino de Juego o Sala de Bingo;

12) Realizar visitas inspectivas, directamente o por intermedio de sus inspectores o funcionarios, a las entidades sometidas a su fiscalización, con la frecuencia que estime conveniente;

13) Citar a cualquier persona que preste servicios en o para un Casino de Juego o Sala de Bingo, a prestar declaración bajo juramento, acerca de cualquier hecho o circunstancia cuyo conocimiento estimare necesario para esclarecer alguna operación de las entidades fiscalizadas o la conducta de su personal;

14) Suspender, total o parcialmente, el funcionamiento de un Casino de Juego o una Sala de Bingo, cuando el operador no cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, de conformidad con el reglamento. El operador podrá solucionar los reparos en el plazo que al efecto determine el Comisionado Nacional;

15) Accionar judicialmente respecto de la explotación y práctica de juegos de azar desarrollados al margen de la presente ley, como asimismo, por los delitos e infracciones de que tome conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y

16) Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Comisionado Nacional deberá poner en conocimiento de los organismos pertinentes los antecedentes de que disponga para que éstos ejerzan las facultades fiscalizadoras que les sean propias.”.

“Artículo 35.- Los inspectores o funcionarios de la Comisión tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los referidos inspectores o funcionarios y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a cabo en cualquier momento, para lo cual el operador deberá otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los inspectores o funcionarios de la Comisión. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, el reglamento determinará, en lo demás, las modalidades que asumirá la función fiscalizadora y el alcance de la misma.”.

“Artículo 53.- Los contribuyentes señalados en el artículo 50 pagarán, además de los tributos antes señalados, un impuesto del 10%, calculado en la forma establecida en el artículo anterior, el que se destinará a incrementar el Fondo Común Municipal, en el ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se hubiere declarado y pagado el impuesto.”.

“Artículo 54.- Las sumas recaudadas en virtud de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se aplicarán, por las autoridades regionales y locales respectivamente, al financiamiento de obras de desarrollo.”.

“Artículo 55.- La Tesorería General de la República deberá registrar separadamente los ingresos provenientes de los impuestos establecidos en los artículos 52 y 53, con el objeto de girar las sumas que correspondieren, en la oportunidad señalada por la ley, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional o al Fondo Común Municipal, según corresponda.”.

IV.- ARTÍCULOS MODIFICADOS

Los artículos que pasan a individualizarse fueron modificados, recibiendo el tratamiento que en cada caso se detalla. Al margen de lo anterior, se omite la referencia a aquellos artículos que fueron objeto de adecuaciones genéricas aplicables al proyecto en su conjunto.

Artículo 3º

Éste, que define para efectos de la ley términos como “juegos de azar”, “catálogo de juegos”, “casino de juego”, “sala de bingo”, permiso de operación”, etc., recibió las siguientes indicaciones del Ejecutivo:

a) A su letra a), en términos de reemplazar la referencia que hace a las categorías de juegos de azar permitidos, por una norma más genérica, aprobada por unanimidad, según la cual dichos juegos, además de estar señalados en el reglamento, deben encontrarse registrados en el catálogo pertinente.

b) A su letra b), que define el concepto de “catálogo de juegos”, aprobada por análogo quórum, en orden a sustituirla por una norma similar, aunque concebida de un modo más amplio, pues permite al reglamento fijar otras categorías de juegos además de las especificadas en la ley, sin perjuicio de destacar que el catálogo consiste en un registro formal confeccionado y administrado por la autoridad fiscalizadora.

c) Se reemplazan las letras c), d) y e), que señalan, respectivamente, qué debe entenderse por casino de juego, sala de bingo y permiso de operación.

En cuanto al primer concepto, se aprueba por unanimidad el texto sustitutivo que pone énfasis en la naturaleza de “establecimiento” del casino, que es un recinto cerrado donde se desarrollan los juegos de azar, se reciben las apuestas, se pagan los premios y funcionan los servicios anexos, en tanto que el texto anterior utilizaba el término casino como sinónimo de entidad operadora.

Por el mismo quórum, y en razón de una enmienda al artículo 5º, fueron rechazadas tanto la letra d) propuesta en el trámite anterior, como el texto sustitutivo para la misma letra presentado por el Ejecutivo, y que daba un nuevo concepto de sala de bingo.

Por asentimiento unánime fue aprobada la definición de “permiso de operación”, contenida en la nueva letra d) -antigua e)- del artículo en examen, que si bien mantiene en términos casi idénticos el texto que se reemplaza, innova en el sentido de expresar que la autorización en que consiste el permiso es otorgada por el Estado, aspecto que no estaba considerado anteriormente.

d) A su letra f) -actual e)-, que en lo fundamental prescribe que la licencia de explotación de juegos de azar consiste en el permiso para explotar todos o algunos de éstos, aprobada por unanimidad, y que suprime las expresiones “todos o algunos”.

e) A la letra g), que pasa a ser f), que define los servicios anexos, sustituyéndola por una disposición similar, aprobada por idéntico quórum.

f) A su letra h) -actual g)-, que precisa el concepto de “establecimiento”, sustituyéndola por una norma, aprobada por asentimiento unánime, que incorpora la noción de “operador” o “sociedad operadora”, entendiendo por tal la entidad comercial autorizada para explotar un casino de juego, en su calidad de titular de un permiso de operación.

g) A las letras i) y j), que se refieren, respectivamente, a la “sala de juego” y al “personal del casino”, reemplazándolas por sendos textos -como letras h) e i)-, aprobados por unanimidad, que establecen lo siguiente:

- La nueva letra h) mantiene, en líneas generales, la definición de sala de juego, con la variante de que, en vez de referirse a ella como las dependencias de un “establecimiento”, señala que se trata de las dependencias de un casino de juego.

- A su vez, la nueva letra i) cambia la denominación de “personal del casino” por “personal de sala”, manteniendo en todo caso el concepto anterior.

Artículo 4º

Éste prescribe en su inciso primero que sólo podrán desarrollarse los juegos incorporados en el catálogo respectivo y conforme a las disposiciones del proyecto.

El inciso segundo, cuyo encabezamiento dispone que el referido catálogo de juegos, así como las altas y bajas en el mismo, deben ser aprobados mediante decreto supremo, expedido a través del ministerio respectivo, a propuesta de la autoridad fiscalizadora y con arreglo a los criterios que enuncia luego, recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, que reemplaza dicho encabezamiento por un precepto que innova en el sentido de que el aludido acto de aprobación debe constar en una resolución fundada -en vez de un decreto supremo-, emanada de la autoridad fiscalizadora.

Artículo 5º

Éste, que en síntesis expresa que en los casinos y salas de bingo sólo pueden desarrollarse los juegos incorporados en el catálogo y dentro de las categorías que se especifican, fue objeto de sendas indicaciones: una, de carácter amplio, del Ejecutivo, que reemplaza sus incisos tercero, cuarto y quinto, aprobada por asentimiento unánime, salvo en lo que atañe al inciso quinto, que fue rechazado por idéntico quórum; y la otra del señor Ibáñez, aprobada por 8 votos a favor y 6 en contra, que le introduce una adecuación de fondo al inciso cuarto, según pasa a explicarse:

El nuevo inciso tercero, similar al que se sustituye, subraya que los juegos de azar sólo se podrán autorizar y desarrollar en los casinos y salas de bingo amparados por el permiso de operación, eliminando la referencia a las distintas categorías de juegos y -al igual que en el resto del proyecto- a las salas de bingo.

A su vez, el inciso cuarto propuesto en la indicación del Ejecutivo señala que en los casinos de juego necesariamente deberán desarrollarse las categorías que menciona -ruleta, cartas, dados y máquinas con premio por suerte o azar-, agregando una oración nueva con arreglo a la cual el permiso de operación debe precisar, por cada categoría, los tipos de juegos a explotarse, sin perjuicio de contener las demás materias que se detallan; texto que, a su vez, recibió una indicación del diputado Ibáñez (don Gonzalo), que incorpora al bingo dentro de las categorías de juegos que deben ofrecer los casinos, y que necesariamente ha de desarrollarse en un establecimiento de esta naturaleza.

Cabe señalar que el rechazo del nuevo inciso quinto propuesto obedece a que reglamenta los tipos de juego que pueden desarrollarse específicamente en las salas de bingo, habiendo sido eliminadas estas últimas como tales, como lógica consecuencia de lo señalado en la parte final del párrafo anterior.

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Es importante dejar consignado que la indicación del parlamentario individualizado tiene un alcance muy amplio y profundo, ya que implica que el juego bingo que regula el proyecto de ley pueda desarrollarse exclusivamente en los casinos, desechándose la posibilidad de que se creen salas de bingo como establecimientos separados, conforme la concepción original de la iniciativa. De este modo, forzoso es adecuar diversas normas del articulado a esta nueva orientación; cometido que, por acuerdo unánime, y naturalmente circunscrito a esa finalidad, se encomendó a la Secretaría de las Comisiones.

Dada la trascendencia del cambio que supone en el proyecto, en general, la mencionada indicación, se transcribe a continuación una síntesis de las opiniones vertidas a propósito:

El voto de mayoría argumentó que la indicación en referencia descansa en la idea de unificar el desenvolvimiento de los juegos de azar -incluyendo el bingo- en un solo establecimiento, pues al ser en esencia todos similares no se justifica que el bingo tenga que realizarse en un local aparte, destinado exclusivamente a ello. Aceptar la tesis contraria entraña el riesgo de que se multipliquen las salas de juego en el país, afectando seriamente la viabilidad de los bingos comunitarios con fines benéficos (que escapan a la regulación de esta ley), que representan una arraigada y loable tradición nacional. En efecto, la recaudación de estos últimos experimentaría una brusca merma, por la saturación del mercado del juego.

A su vez, el voto de minoría sostuvo que deberían existir las salas de bingo, independientemente de que los casinos también puedan explotar esta modalidad de juego. No aceptar esa posibilidad podría provocar un perjuicio a las comunas más pequeñas, que no reúnen las condiciones para instalar un casino en su territorio, pero sí un local de bingo, viéndose así privadas de esta sana forma de esparcimiento. En relación con lo anterior, se subrayó que la diferenciación entre los juegos de azar en general y el bingo no es arbitraria, sino que se justifica por la naturaleza del público que participa en aquéllos y éste, habiendo notorias asimetrías en materia de edad, recursos económicos, etc.

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Artículo 9º

Este artículo, que señala quiénes no pueden ingresar o permanecer en las salas de juego, recibió una indicación sustitutiva del Ejecutivo. El texto de reemplazo, que establece una regulación similar sobre el tema, aunque alterando el orden de algunas de las prohibiciones que consagra, fue objeto del siguiente trato:

El inciso primero, que trata la situación de los menores de edad, los privados de razón, las personas que se encuentran en manifiesto estado de ebriedad, etc., fue aprobado por asentimiento unánime.

Su inciso segundo, que hace recaer en el operador y el personal de su dependencia la obligación de velar por el acatamiento de la norma precedente, fue aprobado por análogo quórum.

El inciso tercero, que prescribe que los operadores no podrán imponer otras prohibiciones de admisión que las arriba consignadas, fue aprobado, asimismo, por asentimiento unánime.

Su inciso final, que prohíbe ingresar a las salas de juego o permanecer en ellas a las personas que se hallen en interdicción de administrar sus bienes y a los funcionarios públicos y municipales que en razón de sus cargos tengan la custodia de fondos públicos, fue rechazado por 7 votos en contra y 4 abstenciones.

Sobre el rechazo del inciso final, y pese a explicar el representante del Ejecutivo que esa disposición se inspira en legislaciones de otros países y estaba incluida en el proyecto despachado en el trámite anterior, se estimó imprecisa la expresión “custodia de fondos públicos”. También se dijo que impedir el ingreso o permanencia en las salas de juego de los funcionarios en cuestión podría vulnerar garantías constitucionales básicas, destacándose por último que la medida prohibitiva es reprochable no sólo en su mérito propio, sino también porque no hay certeza de que exista una norma análoga para otros centros donde se efectúan apuestas, como los hipódromos.

Artículo 10

Éste, que en su inciso primero encomienda al reglamento precisar los servicios anexos que pueden prestarse en los establecimientos de casinos de juegos, fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, que suprime el vocablo “establecimientos”.

Artículo 11

Esta disposición, cuyo inciso primero puntualiza que los establecimientos en que operen los casinos o las salas de bingo tendrán como destino único la explotación de los juegos y de los servicios anexos incluidos en el permiso correspondiente, recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por análogo quórum, que reemplaza ese inciso por una norma concebida en similares términos, pero anteponiendo la oración según la cual los casinos (quedando excluidas las salas de bingo, según se ha señalado) sólo podrán funcionar en el establecimiento individualizado en el permiso en cuestión.

Artículo 12

Éste, que se refiere a la condición jurídica en que debe encontrarse el establecimiento donde funciona el casino o sala de bingo, señalando al efecto que el operador debe ser su propietario o tenerlo en arriendo o comodato, y prohibiendo en el inciso final enajenar el inmueble mientras dure el permiso de operación (en caso que el operador sea su dueño), fue objeto de sendas indicaciones del Ejecutivo, aprobadas por unanimidad: la primera, encaminada a sustituir la primera oración del inciso primero, en términos de precisar que es la sociedad operadora (expresión que reemplaza al término “operador”) la que ha de tener el inmueble en alguna de las calidades a que se ha hecho mención; y la segunda, tendiente a eliminar el inciso final, que contiene la prohibición de enajenar el inmueble cuando es de propiedad del operador, mientras dure el permiso.

Ante la inquietud de uno de los presentes sobre eventuales dificultades en el funcionamiento de un casino producto de que el local donde opera sea arrendado y el plazo del arrendamiento no coincida con el del permiso de operación otorgado por la Superintendencia, el representante del Ejecutivo explicó que los derechos del arrendatario y de terceros quedan protegidos al establecerse la exigencia de que el contrato respectivo debe subinscribirse al margen de la inscripción de dominio del bien raíz.

Artículo 15

Éste, que señala que sólo podrán optar a un permiso de operación para un casino de juego las sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile y que cumplan con los requisitos que se enuncian, recibió sendas indicaciones del Ejecutivo, aprobadas por unanimidad: las dos primeras a sus letras b) y e), con el objeto de reemplazar la palabra “socios” por el vocablo “accionistas”, en tanto que la tercera suprime la segunda oración de la letra f), que regula la situación de las acciones pertenecientes a más de una persona.

Acerca del alcance de la enmienda a la letra f) del artículo en referencia, el Ejecutivo explicó que apunta a facilitar la fiscalización de los accionistas de la sociedad operadora, labor que se vería dificultada si una o más acciones pertenecen a varias personas.

Artículo 16

Éste, que fija los requisitos que deben reunir los socios de las sociedades operadoras (entre ellos, ser persona natural y no haber sido condenado por delito común que merezca pena aflictiva); que, luego, precisa quiénes no podrán integrar el directorio de la sociedad correspondiente, y prohíbe por último que los socios y directores de las entidades operadoras se desempeñen como gerentes de la sociedad, fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo.

El texto de reemplazo fue objeto del siguiente tratamiento:

- El inciso primero, que se refiere a los requisitos de los accionistas de las sociedades operadoras, permitiendo que lo sean tanto personas naturales como jurídicas, debiendo cumplir los requisitos que se especifican, fue aprobado por asentimiento unánime.

- Su inciso segundo, que señala quiénes no podrán formar parte del directorio de la sociedad operadora (norma idéntica al texto anterior), fue aprobado por análogo quórum.

- El inciso tercero, en virtud del cual les está vedado a los accionistas y directores de las entidades operadoras desempeñarse como gerentes de la sociedad, ni cumplir ningún tipo de funciones en las salas de juego (prohibición que también viene de la norma que se sustituye), fue aprobado por unanimidad.

- Su inciso cuarto, que exige la autorización de la Superintendencia que se crea para introducir cualquier modificación en la composición accionaria o en los estatutos de la sociedad operadora, fue aprobado por idéntico quórum.

- El inciso quinto, en cuya virtud al menos uno de los accionistas de la sociedad que opte a un permiso de operación debe acreditar determinada experiencia (10 años) en la administración y operación de casinos de juego o salas de bingo, debiendo poseer además una participación en el capital accionario de la sociedad solicitante no inferior al 10%, fue rechazado por asentimiento unánime.

Sobre el sentido de este último inciso, el representante del ministerio del Interior manifestó que su finalidad es velar por el adecuado desenvolvimiento de la actividad de los casinos; punto de vista que no fue acogido por los miembros de las Comisiones Unidas, que estimaron excesivamente restrictiva la norma, la cual, a su juicio, otorgaría una injustificada ventaja a los empresarios que ya han administrado un casino.

Artículo 17

Este artículo, que detalla la documentación que debe acompañarse a la solicitud de operación, recibió indicaciones del Ejecutivo, tendientes a incorporarle enmiendas en los siguientes aspectos:

a) A su letra b), que se refiere a los antecedentes personales y comerciales de los socios, para introducirle una adecuación -aprobada por asentimiento unánime-, en consonancia con modificaciones previas al proyecto, en el sentido de reemplazar la palabra “socios” por “accionistas”.

b) A su letra c) -concerniente al proyecto o plan de operación y el plazo por el cual se solicita el permiso-, aprobada por unanimidad, y que sustituye su texto por una disposición que señala las menciones mínimas que ha de contener el aludido plan.

c) A la letra d) -sobre los estudios presupuestarios y flujos financieros-, aprobada por 12 votos a favor y 1 en contra, y que la reemplaza por una norma que incorpora el concepto de informe económico-financiero, el cual, a lo menos, debe comprender los antecedentes antes señalados, como asimismo la rentabilidad proyectada, etc., y que agrega que un porcentaje no inferior al 40% del financiamiento debe estar constituido por aporte de la propia sociedad.

d) A la letra e), relativa a los documentos en que consta la calidad jurídica (dominio, arrendamiento o comodato) a cuyo amparo se detenta el inmueble donde funciona el "establecimiento", en el sentido de ajustar su contenido al resto del proyecto, adecuación que fue aprobada por unanimidad.

e) A la letra f) -que se refiere a la ubicación y planos del establecimiento-, aprobada por el mismo quórum que la precedente, en cuanto a agregar la exigencia de precisar en la solicitud las medidas de seguridad contempladas para el funcionamiento y una plantilla de las personas que prestarían servicios en las dependencias; indicación, que, a su vez, fue complementada por otra, suscrita por el señor González don Rodrigo y aprobada por asentimiento unánime, que cambia la palabra “medidas” por el vocablo “condiciones” (de seguridad).

f) Se intercala una letra j), nueva, aprobada por 12 votos a favor y 1 abstención -pasando la actual letra j) a ser letra k)-, que fija la exigencia de un depósito en dinero para proveer el pago de los gastos de precalificación que debe realizar la autoridad fiscalizadora.

g) A su inciso final, que se remite a un reglamento, con las especificaciones que señala, para regular el procedimiento de tramitación de la solicitud de operación, sustituyéndolo por una disposición similar aunque simplificada, contando ésta con la aprobación unánime.

Sobre la modificación a la letra f) del artículo en referencia, específicamente en lo que atañe al requisito de la plantilla de personal, el representante del Ejecutivo expresó que aquél apunta a tener una idea acabada sobre la envergadura del proyecto respectivo en lo que se refiere a las fuentes de trabajo que implica. Por otro lado -agregó-, dada la naturaleza de la actividad, parece congruente que se exija consignar en la petición las condiciones de seguridad que piensa implementar el operador en el recinto de que se trate.

Artículo 18 (Actual 19)

Éste, que faculta a la autoridad para recabar de los organismos que se mencionan (y sin perjuicio de otros que estime del caso) la información necesaria para una adecuada decisión de la solicitud de operación, señalando luego, en los incisos cuarto y quinto, que una vez reunidos los antecedentes debe elevar una propuesta al Consejo Resolutivo para que dicho organismo se pronuncie dentro del plazo que se consigna, recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por 9 votos a favor y 4 abstenciones, que sustituye los aludidos incisos por una norma que precisa el plazo (prorrogable por resolución fundada) en que la Superintendencia ha de pronunciarse otorgando o denegando el permiso de operación.

Artículo 19 (Actual 21)

Este artículo recibió el siguiente tratamiento por parte de las Comisiones:

- El inciso primero, que prescribe que la resolución que otorgue, deniegue o renueve el permiso de operación, deberá ser fundada sobre la base de los antecedentes que obren en poder de la Comisión, fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, estipulando el texto de reemplazo que la aludida resolución deberá ser fundada.

- Su inciso segundo, en cuya virtud la resolución de marras tiene que publicarse por una vez en extracto en el Diario Oficial, no sufrió modificaciones, siendo aprobado también por asentimiento unánime.

- El inciso tercero, que en síntesis señala que el permiso de operación no puede tener una duración inferior a 10 años ni superior a 20, agregando que con una antelación no menor a 180 ni mayor a 360 días dicho permiso puede ser renovado mediante un procedimiento análogo, recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime, tendiente, por un lado, a modificar el plazo del permiso, fijándolo en 10 años, y por el otro a rebajar de 180 a 150, y de 360 a 270 días, respectivamente, el lapso para realizar la gestión de renovación del permiso.

- Su inciso cuarto, nuevo, que corresponde a una indicación del Ejecutivo, aprobada por idéntico quórum, puntualiza que en ningún caso se podrá otorgar un permiso de operación de carácter provisorio.

Artículo 20 (Actual 22)

Esta disposición, que detalla las menciones mínimas que ha de contener la resolución que otorgue o renueve el permiso de operación, fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por 6 votos a favor y 2 abstenciones, que le incorpora las enmiendas que pasan a consignarse:

a) Se sustituye la letra b), que se refiere al requisito del nombre y ubicación del casino de juego o sala de bingo, por una norma que circunscribe su alcance a la individualización de aquél, y

b) Se intercala una letra c), nueva, pasando las actuales letras c) y d), a ser letras d) y e), respectivamente, que consigna la exigencia de señalar la ubicación y domicilio del establecimiento donde funcionará el casino.

Artículo 22 (Actual 24)

Éste, que precisa en el inciso primero que el permiso de operación habilitará sólo para la explotación del casino o sala de bingo comprendido en él y por el tiempo fijado en la resolución respectiva; y que acota en el inciso segundo que no obstante el operador podrá solicitar la ampliación o reducción del número de licencias de juego o de los servicios anexos autorizados, petición que deberá resolver el Consejo Resolutivo, recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por 4 votos contra 3, que le incorpora dos enmiendas a este último inciso, con el objeto de adecuar su contenido a las demás normas.

Artículo 24 (Actual 26)

Este artículo, que especifica las causales de revocación del permiso, recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, que le incorpora las enmiendas siguientes:

a) Se introduce una adecuación de tipo formal a la letra i), que consigna la causal consistente en introducir modificaciones sustanciales al establecimiento sin la autorización de la Superintendencia;

b) Se incorpora una adecuación a la letra l), que se refiere a la participación de los socios, directores y gerentes de la sociedad operadora en los juegos que explota el establecimiento, para ajustar su contenido a las disposiciones previamente modificadas, y

c) Se incorpora una letra o), nueva, en cuya virtud también podrá revocarse el permiso en caso de transferirse las acciones de la sociedad correspondiente sin la anuencia previa de la Superintendencia.

Artículo 25 (Actual 27)

Éste, que en su inciso cuarto faculta a la Comisión para ordenar la paralización inmediata de las actividades del establecimiento en la misma resolución que da origen al procedimiento de revocación, fue objeto de una indicación del Ejecutivo de carácter adecuatorio, la cual fue aprobada por asentimiento unánime.

Artículo 26(Actual 28)

Esta disposición, que otorga al operador el plazo de 15 días para efectuar sus descargos, agregando en el inciso segundo que la Comisión deberá elevar los antecedentes al Consejo Resolutivo -se hayan o no presentados los descargos- dentro del término que precisa, para que éste resuelva en el plazo de 10 días, ampliable por una sola vez, fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, que reemplaza el inciso segundo en el sentido de entregar la facultad decisoria a la Superintendencia, en armonía con el resto del proyecto.

TÍTULO V

Éste, cuyo enunciado es “De la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo y del Consejo Resolutivo”, fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, que lo reemplaza por el epígrafe “De la Superintendencia de Casinos de Juego”.

Artículo 28 (Actual 30)

Este precepto, que en el inciso primero prescribe que la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del ministerio del Interior, fue objeto de sendas indicaciones de la Comisión de Hacienda y del Ejecutivo: la primera, aprobada por unanimidad, encaminada a crear la mencionada Superintendencia en reemplazo de la Comisión, enmienda que se hace extensiva a todas las disposiciones del proyecto en que fuere pertinente; en tanto que la segunda, aprobada por 5 votos a favor y 3 abstenciones, cambia la dependencia de dicho organismo por el ministerio de Hacienda.

Artículo 29 (Actual 31)

Éste, que encomienda a la Comisión -léase Superintendencia- la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre generación, administración y explotación de los casinos, recibió una indicación de la Comisión de Hacienda, aprobada por 6 votos a favor y 1 abstención, que sustituye el vocablo “generación” por “instalación”.

Artículo 41 (Actual 37)

Éste, que sanciona con la multa que especifica a los operadores de casinos o salas de bingo que permitan el ingreso o la permanencia en el recinto de que se trate de las personas enunciadas en el artículo 9º, recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por 9 votos a favor y 2 abstenciones, que precisa que la referencia debe entenderse hecha al inciso primero del mencionado precepto, esto es, excluyendo el caso (regulado en el inciso final del artículo 9º) de las personas que se encuentran en interdicción de administrar sus bienes y de los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos.

Artículo 50 (Actual 46)

Éste, que hace aplicable a los contribuyentes que explotan casinos de juego o salas de bingo o los servicios anexos a ellos los impuestos especiales que contemplan los artículos siguientes, fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por 8 votos contra 1, que excluye de dicho tratamiento particular a los servicios anexos.

Artículo 52 (Actual 48)

Esta norma, que en consonancia con lo prescrito en el artículo 46 -actual- establece un impuesto del 10%, calculado sobre la base de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos, que se declarará y pagará mensualmente; destinándose tales recursos, por el solo ministerio de la ley, a incrementar el FNDR en el ejercicio siguiente a aquél en que se hubiere efectuado la declaración y pago aludidos; fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, aprobada por 7 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, que consagra un impuesto del 20% a las sociedades operadoras de casinos, calculado sobre los ingresos brutos y considerando para tal efecto la base imponible determinada para el pago del impuesto de primera categoría, debiendo declararse y pagarse mensualmente dicho tributo, según el procedimiento que se detalla.

Artículo 56 (Actual 50)

Éste, que prescribe que los impuestos fijados en la ley en proyecto se regularán por el Código Tributario y serán administrados y fiscalizados por el S.I.I., fue objeto de una indicación de los señores Pérez don Ramón, Rojas y Varela, aprobada por asentimiento unánime, que suprime de su texto la expresión “serán administrados”.

Artículo 1º Transitorio

Este precepto, que regula la situación de los casinos de juego en actual operación, estableciendo en lo principal que ellos continuarán rigiéndose por su propia normativa hasta la extinción de la concesión, prohibiendo una prórroga o renovación de la misma; fue objeto de una indicación sustitutiva formalizada en la Comisión de Hacienda, y aprobada por asentimiento unánime, que, manteniendo en lo fundamental la redacción del texto original, les hace aplicables a esos casinos las normas sobre fiscalización y sanciones que contempla el proyecto a partir del momento que especifica, y por otro lado restringe las prórrogas o renovaciones de concesión de esos establecimientos hasta el año 2010.

Artículo 2º Transitorio

Este artículo, según el cual las leyes que rigen a los casinos en actual operación se entenderán derogadas una vez que expiren las concesiones respectivas fue, asimismo, objeto de una indicación sustitutiva, presentada en la Comisión de Hacienda y aprobada por 7 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, que establece una norma similar sobre la materia, introduciéndole adecuaciones meramente formales.

V.- ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS

Se encuentran en esa situación los preceptos que se consignan más abajo:

Artículo 18

Este precepto, que obedece a una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, establece, en síntesis, la obligación de la Superintendencia de realizar un proceso de precalificación -esto es, antes del estudio y evaluación del permiso de operación- de la sociedad solicitante y de los accionistas, a costa del interesado, precisando que el resultado de dicho proceso constituirá la condición necesaria para el inicio de la etapa de evaluación a que se hizo referencia.

Artículo 20

Este artículo, que corresponde a una indicación del Ejecutivo, aprobada por 8 votos a favor y 5 en contra, establece en el inciso primero que sólo podrán autorizarse y funcionar hasta dos casinos por región, con excepción de la Región Metropolitana, en la que no podrán autorizarse en ningún caso; agregando en el inciso segundo que para tales efectos las solicitudes de permisos de operación o de renovación de los mismos sólo podrán formalizarse en los períodos que se detallan a continuación.

Artículo 29

Este artículo, que corresponde a una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, establece en lo principal que la resolución de revocación deberá ser fundada, puntualizando en el inciso segundo que el operador podrá impugnar tal resolución ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que deberá fallar el recurso dentro del plazo que se estipula, sin ulterior recurso.

Artículo 44

Este artículo, que obedece a una indicación del Ejecutivo, aprobada por 7 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, consagra el derecho de la sociedad operadora de entablar un reclamo ante el Superintendente por la multa que éste le hubiere impuesto y, en el evento de ser desechado tal recurso, de acudir ante el tribunal civil que se señala; instancia que, en el caso de acceder a la solicitud de la parte afectada, ordenará dejar sin efecto la multa y, por el contrario, si la rechaza, deberá poner a disposición de la Superintendencia la suma consignada; precisando finalmente el precepto que la resolución del Superintendente tendrá mérito ejecutivo para su cobro.

Artículo 49

Éste, que corresponde a una indicación del Ejecutivo, aprobada por 9 votos a favor y 1 abstención, estipula en el inciso primero que los recursos recaudados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 48 -actual- se distribuirán de forma tal que el 50% se destine a la municipalidad que sea asiento de la comuna donde se ubique el casino, con el propósito específico de aplicarlos al financiamiento de obras de desarrollo; mientras que el otro 50% se incorporará al patrimonio del gobierno regional que fuere pertinente dada la ubicación del casino, con la obligación, también, de orientar esos recursos al financiamiento de obras de desarrollo, acotando en el inciso segundo que el Servicio de Tesorerías deberá recaudar el tributo en comento y ponerlo a disposición de los respectivos gobiernos regionales y de las municipalidades.

Artículo 3º Transitorio

Esta disposición, que se origina en una indicación del Ejecutivo, y que señala el plazo dentro del cual el Presidente de la República deberá nombrar al Superintendente de Casinos de Juego, agregando en el inciso segundo que dicho funcionario, en el término que especifica, llamará a concurso público para proveer los cargos de carrera de la planta del Servicio, fue aprobada por 6 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

Artículo 4º Transitorio

Este artículo, que corresponde también a una indicación del Ejecutivo, aprobada por idéntico quórum que la anterior, precisa cuándo han de dictarse los reglamentos a que se refiere la presente ley, detallando en el inciso segundo en qué oportunidad habrá de verificarse la primera presentación de solicitudes de operación en lo que respecta al año 2003.

VI.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA

Se encuentran en tal situación los artículos 48 y 49.

VII.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES

1.- De los señores Bertolino y Delmastro, en razón de lo establecido en el artículo 62 inciso cuarto Nº2 de la Carta Fundamental, y que tenía por propósito reemplazar en el proyecto las expresiones "Comisión Nacional del Juego y/o Superintendencia de Casinos", por la frase: "Ministerio y autoridad fiscalizadora respectiva".

2.- De los señores Espinoza y Navarro, según lo dispuesto en el artículo 62 inciso tercero de la Constitución Política, tendiente a sustituir la letra c) del artículo 52 por la siguiente:

“c) Las sumas que los contribuyentes paguen por aplicación de las normas contenidas en este artículo serán destinadas a incrementar, por el solo ministerio de la ley, en un 40% el presupuesto municipal de la comuna en que funcione el casino respectivo, y el 30% restante será distribuido proporcionalmente a las demás comunas de la provincia donde se encuentra en casino y el 30% al Fondo Común Municipal, en el ejercicio presupuestario siguiente a aquél en que se hubiere efectuado la declaración y pago correspondientes.”.

3.- De los señores Pérez don Ramón, Rojas y Varela, también en virtud del artículo 62 inciso tercero del la Carta Fundamental, y que proponía sustituir la letra c) del artículo 52 por la que se reproduce a continuación:

“c) Las sumas que los contribuyentes paguen por aplicación de las normas contenidas en este artículo serán destinadas a incrementar, por el solo ministerio de la ley, el Fondo de Desarrollo Regional de la Región donde esté ubicado el casino de juegos, en el ejercicio presupuestario siguiente a aquél en que se hubiere efectuado la declaración y pago correspondientes.”.

4.- De los señores Espinoza y Navarro, según lo preceptuado en el artículo antes mencionado de la Constitución Política, y que tenía por finalidad intercalar la siguiente frase en el artículo 53, después de la palabra incrementar: “en partes equivalentes el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y”.

5.- De la señora Allende y del señor Letelier don Juan Pablo, también en conformidad al artículo 62 inciso tercero de la Carta Fundamental, y que estaba encaminada a sustituir el artículo 54 por el siguiente:

"Artículo 54.- Las sumas recaudadas en virtud de lo dispuesto en los artículos anteriores se aplicarán, por las autoridades regionales, al financiamiento de proyectos y obras para los discapacitados y los adultos mayores.".

6.- De la señora Soto, en virtud asimismo del mencionado artículo de la Ley Fundamental, y que tenía por finalidad incorporar el siguiente artículo 4° transitorio, nuevo:

"La distribución de los recursos que se obtengan por concepto del funcionamiento de los casinos de juego, deducido los impuestos respectivos, se distribuirán de la siguiente manera: 75% ingresará como fondos propios al municipio en que se instale el establecimiento, el otro 25% ingresará a los fondos regionales a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En ningún caso, este ingreso adicional significará un detrimento de los presupuestos definidos para cada región.".

7.- De la señora González doña Rosa, y de los señores Escobar, Espinoza, García, González, Jaramillo, Leal, Muñoz, Paredes, Quintana, Rossi y Valenzuela, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 inciso tercero de la Constitución Política, tendiente a agregar como artículo 4° transitorio, nuevo, el siguiente texto:

"La distribución de los recursos que se obtengan por concepto del funcionamiento de los casinos de juego se distribuirán en partes iguales entre el municipio en cuya comuna se instale el establecimiento y el respectivo fondo de desarrollo regional.".

VIII.- INDICACIONES RECHAZADAS

Están comprendidas en tal situación las indicaciones que se señalan:

1.- Del señor Paredes, por 8 votos en contra y 6 abstenciones, encaminada a agregar el siguiente artículo: "La nueva legislación sobre casinos reconoce los derechos excepcionales otorgados por la ley N°19.669, que establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota, en cuanto a que en su artículo 36 autoriza la creación de nuevos casinos siempre que estén asociados a la inversión de un hotel de, a lo menos, ochenta habitaciones.".

2.- De los señores Aguiló, Escalona, Espinoza y Muñoz, por asentimiento unánime, y que tenía por finalidad introducir el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 1º:

"Sin embargo ellas no serán aplicables al funcionamiento ocasional de bingos y loterías en organizaciones sociales y entidades sin fines de lucro.".

3.- Del Ejecutivo, por asentimiento unánime (en la medida que se aprobó una indicación que elimina las salas de bingo de la regulación del proyecto), y que perseguía sustituir la letra d) del artículo 3º por la siguiente:

“d) Sala de bingo: el establecimiento, inmueble o parte de un inmueble, consistente en un recinto cerrado, en cuyo interior se desarrollará el juego bingo en sus diversas modalidades, se pagarán los premios correspondientes y funcionarán los servicios anexos”.

4.- Del señor Ibáñez, por 14 votos contra 1, y que tenía por finalidad eliminar en la letra g) del artículo 3º, la siguiente frase: “...tales como restaurante, bar, salas de espectáculos o eventos, y cambio de moneda extranjera”.

5.- Del Ejecutivo, por 8 votos contra 6, y que tenía por propósito intercalar en la letra k) del artículo 3º, la siguiente frase a continuación de las expresiones “el organismo público encargado”: “de resolver las solicitudes de permiso de operación y”.

6.- Del Ejecutivo, por 7 votos a favor y 4 abstenciones, y que proponía el siguiente inciso cuarto para el artículo 9º: “No obstante, también estarán impedidos de ingresar a las salas de juego o permanecer en ellas, las personas que se encuentren en interdicción de administrar sus bienes y los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos.”.

7.- Del Ejecutivo, por asentimiento unánime, y que proponía el siguiente texto como inciso quinto del artículo 16: “Con todo, al menos uno de los accionistas de la sociedad que opte a un permiso de operación deberá acreditar que posee conocimiento y una experiencia mínima de 10 años en la administración y operación de casinos de juego o salas de bingo, en Chile o en el extranjero, y, además, una participación en el capital accionario de la sociedad solicitante no inferior al 10%.”.

8.- De los señores Espinoza y Muñoz, por 8 votos contra 5, y que estaba encaminada a incorporar los siguientes incisos finales al artículo 18:

"Sólo podrán autorizarse dos casinos de juegos por Región, los que no podrán encontrarse a menos de 100 kilómetros de distancia. En ningún caso podrán establecerse en la Región Metropolitana de Santiago.

Asimismo, sólo podrá autorizarse una sala de bingo por comuna.

Sólo en casos excepcionales, de manifiesto interés turístico o económico, podrá aprobarse la instalación adicional de uno de aquéllos o de éstas.".

9.- Del Ejecutivo, por 7 votos contra 6, y cuya finalidad era incorporar un artículo 20, nuevo, cuyo tenor es el que sigue:

“Artículo 20, nuevo.- La Superintendencia al momento de evaluar y resolver la solicitud de operación de un Casino de Juego, tendrá en consideración, especialmente, los siguientes criterios:

a) La calidad de territorio turísticamente consolidado del lugar de emplazamiento del Casino de Juego cuyo permiso de operación se solicita, en virtud del informe que al efecto emita el Servicio Nacional de Turismo.

b) Las opiniones emitidas por la municipalidad y por el gobierno regional respectivos, sobre la conveniencia de la instalación del Casino de Juego en sus correspondientes territorios.

c) El resultado de la precalificación de antecedentes de la sociedad solicitante y de sus accionistas, según se regula en el artículo 18.

d) La distancia relativa entre el lugar de emplazamiento del Casino de Juego cuyo permiso de operación se solicita y el lugar de funcionamiento de uno ya autorizado.

e) Las consideraciones de seguridad y orden público que reúna el lugar de emplazamiento y su entorno inmediato.

f) El cumplimiento íntegro, a juicio de la Superintendencia, de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para el otorgamiento de un permiso de operación.

No obstante lo dispuesto precedentemente, la Superintendencia, en virtud de las consideraciones establecidas en el artículo 2º de la presente ley y las atribuciones que la misma le reconoce, estará facultada para resolver finalmente la solicitud de permiso de operación de un Casino de Juego, y aun denegarla, independientemente del cumplimiento formal de los requisitos y condiciones exigidos a la entidad solicitante.”.

10.- Del Ejecutivo, también por 7 votos contra 6, tendiente a agregar al nuevo artículo 20 arriba transcrito el siguiente inciso final:

“Con todo, sólo podrán autorizarse y funcionar hasta dos casinos de juego por región, con excepción de la Región Metropolitana en la que no podrán autorizarse en ningún caso. Para los efectos anteriores, deberá además tenerse especialmente en cuenta la aplicación de lo dispuesto en la letra d), del inciso primero, del presente artículo.”.

11.- Del Ejecutivo, por el quórum antes expresado, y que tenía por propósito incorporar -como texto alternativo- el siguiente artículo 20, nuevo:

“La Superintendencia, al momento de evaluar y resolver la solicitud de operación de un Casino de Juego, tendrá en consideración, especialmente, los siguientes criterios:

a) El cumplimiento íntegro, a juicio de la Superintendencia, de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para el otorgamiento de un permiso de operación.

b) El resultado de la precalificación de antecedentes de la sociedad solicitante y de sus accionistas, según se regula en el artículo 18.

c) La calidad de territorio turísticamente consolidado del lugar de emplazamiento del Casino de Juego cuyo permiso de operación se solicita, en virtud del informe que al efecto emita el Servicio Nacional de Turismo.

d) Los informes emitidos por la municipalidad y por el gobierno regional respectivos, sobre la conveniencia de la instalación del Casino de Juego en sus respectivos territorios.

e) La distancia relativa entre el lugar de emplazamiento del Casino de Juego cuyo permiso de operación se solicita y el lugar de funcionamiento de otro establecimiento del mismo tipo.

f) Las condiciones de seguridad y orden público que reúna el lugar de emplazamiento y su entorno inmediato.

g) Las cualidades del Proyecto o Plan de Operación, en aspectos tales como: el incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento; la ubicación, diseño y calidad de las instalaciones; la relación armónica con el entorno; la conexión con los servicios y vías públicas y, en general, los efectos económico-sociales que la instalación del establecimiento haya de crear o promover en la zona geográfica de su localización.

En todo caso, la sociedad operadora que solicite la renovación de un permiso de operación vigente, tendrá derecho preferente respecto de otros solicitantes, cuando se encuentre en igualdad de condiciones con uno o más de ellos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, corresponderá finalmente a la Superintendencia, en virtud de las consideraciones establecidas en el artículo 2º de la presente ley y de las facultades que el mismo le otorga, la atribución de conceder o denegar el permiso de operación de un Casino de Juego.”.

12.- Del señor Valenzuela, también por 7 votos contra 6, encaminada a agregar a la letra d) del segundo texto propuesto como artículo 20, nuevo, la siguiente frase en punto seguido: “El Consejo Regional votará el informe sobre instalación de casinos, adjuntando el acta respectiva”.

13.- Del señor Ibáñez, por 5 votos contra 4, y cuyo tenor es el siguiente: “Elimínase en toda su extensión el Título V del Proyecto sobre Casinos de Juego (boletín Nº2361-23-2)”.

14.- Del Ejecutivo, por 6 votos contra 2 y 1 abstención, y que tenía por finalidad introducir las siguientes modificaciones al artículo 30:

“a) Reemplázase el numeral 1 por el siguiente:

“1. Otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego y salas de bingo, como asimismo las licencias de juego y servicios anexos, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Para estos efectos, la Superintendencia estará facultada para requerir, recabar u reunir la información y antecedentes relativos a las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego y de salas de bingo, a la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos, y los relativos a la renovación y revocación de tales permisos;”.

“b) Reemplázase, en el numeral 6, la palabra “establecimiento” por las expresiones “Casino de Juegos o de la Sala de Bingo”.

“c) Sustitúyese el numeral 7 por el siguiente:

“7. Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas debidamente acreditadas ante la Superintendencia, la realización de acciones específicas o la prestación de servicios que permitan complementar el ejercicio de sus atribuciones, y”.

“d) Reemplázanse, en la segunda oración del numeral 8, las expresiones “los derechos” por las expresiones “el registro”.

15.- Del señor Errázuriz, por 6 votos contra 2 y 1 abstención, y que tenía por finalidad agregar el siguiente inciso segundo al artículo 32:

"El Comisionado Nacional estará integrado, además, por los Intendentes Regionales, los Gobernadores Provinciales y los Consejeros Regionales de la Región donde se postule la instalación de casinos. El otorgamiento de la autorización para funcionar como casino requerirá el acuerdo de los dos tercios en ejercicio de los miembros del Comisionado Nacional. Sus cargos serán ad honorem.".

16.- Del Ejecutivo -formalizada en la Comisión de Hacienda-, por el mismo quórum que la anterior, tendiente a agregar al artículo 33 los siguientes incisos a continuación del inciso primero, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:

"Además de los requisitos generales para ingresar a la Administración del Estado contemplados en la ley N°18.834, establécense los siguientes requisitos especiales para los cargos de la planta que en cada caso se indican:

Directivos:

Superintendente: Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste y una experiencia profesional mínima de 10 años;

Jefes de Departamentos: Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste y una experiencia profesional mínima de 5 años; y

Profesionales: Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste.

El régimen de remuneraciones del personal de la Superintendencia, será el correspondiente a las instituciones fiscalizadoras. Tendrá, asimismo, derecho a la asignación de modernización establecida en el artículo 1° de la ley N°19.553.".

17.- Del Ejecutivo, también por 6 votos contra 2 y 1 abstención, y que tenía por propósito incorporar las siguientes enmiendas al artículo 34:

“a) Suprímense en el numeral 10 las expresiones “o reglamentarias”.

“b) Reemplázase, en el acápite primero del numeral 11 la palabra final “establecimiento” por las expresiones “Casino de Juegos o de la Sala de Bingo”.

“c) Reemplázase, en el numeral 15, la conjunción copulativa “y” final y la coma que la antecede (,), por un punto y coma (;).

“d) Intercálase el siguiente numeral 16, nuevo, pasando el actual a ser numeral 17:

“16) otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego y salas de bingo, como asimismo las licencias de juego y servicios anexos, de conformidad con las disposiciones de la presente ley, y”.

18.- De la Comisión de Hacienda, por 7 votos contra 2 y 2 abstenciones, tendiente a eliminar la letra c) del artículo 52.

19.- De los señores Espinoza, Muñoz, Pérez don Ramón, Rojas, Rossi y Varela, por unanimidad, y que tenía por propósito sustituir en el inciso segundo del artículo 1° transitorio que se propone por la Comisión de Hacienda (Ejecutivo), el guarismo "2010" por "2015".

20.- De la señora Soto doña Laura, por asentimiento unánime, tendiente a agregar el siguiente artículo 3° transitorio:

"Hasta el año 2020 sólo se podrá autorizar la instalación de un casino de juego por cada una de las regiones, con excepción de la Región Metropolitana de Santiago, en la cual no procederá la instalación de casinos de juego.

La autorización para el funcionamiento de los casinos, otorgada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17, deberá ser consultada al respectivo Gobierno Regional, el cual la aprobará por dos tercios de sus integrantes, sin perjuicio del informe positivo del Servicio Nacional de Turismo.".

21.- De la señora González doña Rosa, y de los señores Escobar, Espinoza, García, González, Jaramillo, Leal, Muñoz, Paredes, Quintana, Rossi y Valenzuela, por unanimidad, para agregar el siguiente artículo 3° transitorio:

"Hasta el año 2020 sólo se podrán autorizar la instalación de hasta dos casinos de juego por cada una de las regiones, con excepción de la Región Metropolitana de Santiago, en la cual no procederá la instalación de casinos de juego.

La autorización para el funcionamiento de los casinos, otorgada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17, deberá ser consultada al respectivo Gobierno Regional, el cual la aprobará por dos tercios de sus integrantes, sin perjuicio del informe positivo del Servicio Nacional de Turismo.

Cuando existiere más de un casino de juego en una Región, éstos deberán ubicarse en provincias distintas.".

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Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las consideraciones que pueda dar a conocer oportunamente el Diputado Informante, las Comisiones Unidas de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Turismo, recomiendan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

“TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de los casinos de juego, así como los juegos de azar que en ellos se desarrollen, se regularán por las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.

Artículo 2º.- Atendido el carácter excepcional de la explotación comercial de los juegos de azar antes referidos, en razón de las consideraciones de orden público y seguridad nacional que su autorización implica, corresponde al Estado determinar, en los términos previstos en esta ley, los requisitos y condiciones bajo los cuales dichos juegos y sus apuestas asociadas pueden ser autorizados, la reglamentación general de los mismos, como también la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlos.

Al efecto, corresponde a la instancia administrativa que esta misma ley señala, la atribución exclusiva para autorizar o denegar particularmente la explotación de casinos de juego en el territorio nacional.

Artículo3º.-Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

a) Juegos de Azar: aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la suerte, y que se encuentran señalados en el reglamento respectivo y registrados en el catálogo de juegos.

b) Catálogo de Juegos: el registro formal de los juegos de suerte o azar que podrán desarrollarse en los casinos de juego, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, bingo y máquinas con premio por suerte o azar, u otras categorías que el reglamento establezca. El referido registro será confeccionado y administrado por la autoridad fiscalizadora que establece esta ley.

c) Casino de Juego: el establecimiento, inmueble o parte de un inmueble, consistente en un recinto cerrado, en cuyo interior se desarrollarán los juegos de azar autorizados, se recibirán las apuestas, se pagarán los premios correspondientes y funcionarán los servicios anexos.

d) Permiso de Operación: la autorización que otorga el Estado, a través de la autoridad encargada por esta ley, para explotar un casino de juego, incluidas en él las licencias de juego y los servicios anexos.

e) Licencia de explotación de juegos de azar: el permiso que otorga la autoridad competente, para explotar los juegos de azar que la ley o sus reglamentos permiten; el que tendrá carácter de intransferible e inembargable.

f) Servicios Anexos: los servicios complementarios a la explotación de los juegos que debe ofrecer un operador, según se establezca en el permiso de operación, ya sea que se exploten directamente o por medio de terceros, tales como restaurante, bar, salas de espectáculos o eventos, y cambio de moneda extranjera.

g) Operador o Sociedad Operadora: la sociedad comercial autorizada, en los términos previstos en esta ley, para explotar un casino de juego, en su calidad de titular de un permiso de operación.

h) Sala de Juego: cada una de las dependencias de un casino de juego en donde se desarrollan los juegos de azar autorizados en el permiso de operación.

i) Personal de Sala: las personas que prestan servicios permanentes en cualquier dependencia de un casino de juego, sea que se desempeñen en las salas de juego o en los servicios anexos.

j) Autoridad Fiscalizadora: el organismo público encargado de fiscalizar la administración y explotación de los casinos de juego en los términos previstos en la presente ley, denominada “Superintendencia de Casinos de Juego”, en adelante la Superintendencia.

k) Registro de Homologación: La nómina e identificación de las máquinas y demás implementos expresamente autorizados por la Superintendencia para el desarrollo de los juegos de azar en los casinos de juego.

TÍTULO II

DE LOS JUEGOS, APUESTAS Y SERVICIOS ANEXOS

Artículo 4°.- Sólo se podrán desarrollar los juegos incorporados oficialmente en el Catálogo de Juegos y siempre que se sometan a las disposiciones que esta ley y los reglamentos determinen.

El catálogo de juegos, así como las altas y bajas en el mismo, se aprobarán mediante resolución fundada de la autoridad fiscalizadora y será confeccionado con arreglo a los siguientes criterios:

a) La salvaguarda del orden público y la prevención de perjuicios a terceros.

b) La transparencia en el desarrollo de los juegos y el establecimiento de los mecanismos que permitan prever la ocurrencia de fraudes.

c) La factibilidad de llevar y controlar la contabilidad de todas las operaciones realizadas.

En el referido catálogo, y para cada juego de las diversas categorías, se especificará además lo siguiente:

1. Las distintas denominaciones con que sea conocido el respectivo juego y las modalidades aceptadas.

2. Los elementos necesarios para su desarrollo.

3. Las reglas aplicables.

4. Las condiciones y prohibiciones que se considere necesario imponer a su práctica.

Artículo 5°.- Los operadores sólo podrán explotar los juegos de azar que esta ley y sus reglamentos autoricen y siempre que cuenten con la licencia para ello.

Los juegos de azar cuya licencia haya sido otorgada al operador, deberán ser explotados por éste en forma directa, quedando prohibida toda transferencia, arrendamiento, cesión o entrega de su explotación a terceros a cualquier título.

Los juegos de azar a que se refiere esta ley y sus reglamentos sólo se podrán autorizar y desarrollar en los casinos de juego amparados por el correspondiente permiso de operación, según se establece en las disposiciones siguientes.

En los casinos de juego necesariamente deberán desarrollarse las categorías de ruleta, bingo, cartas, dados y máquinas con premio por suerte o azar. En todo caso, el permiso de operación establecerá, por cada categoría, los tipos de juego a explotarse, como asimismo el número mínimo de mesas de juego y máquinas que deberán existir en el respectivo casino según la capacidad del mismo.

Artículo 6º.- Los operadores sólo podrán utilizar las máquinas e implementos de juegos de azar que se encuentren previamente homologados e inscritos en el registro que al efecto llevará la Superintendencia.

Artículo7º.- Las apuestas sólo se realizarán mediante fichas u otros instrumentos previamente autorizados, representativos de moneda de curso legal en Chile, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Bajo ninguna circunstancia el operador podrá otorgar crédito a los jugadores.

Las apuestas serán limitadas en su monto o sin límite, según se determine en el reglamento respectivo. Los operadores podrán establecer montos mínimos para las apuestas, previa autorización de la Superintendencia. En todo caso, carecerán de todo valor las apuestas bajo palabra, así como toda forma de asociación de dos o más jugadores con el ánimo de sobrepasar los límites máximos establecidos para cada tipo de apuestas en las distintas mesas de juego.

Los operadores llevarán un registro diario de la apertura y cierre de las mesas y de las recaudaciones brutas por concepto de apuestas, por cada una de las mesas y de los juegos que se practiquen en el establecimiento. El reglamento establecerá los procedimientos de registro y control a que deberán ajustarse los operadores, para establecer los flujos de ingresos y egresos en cada día de funcionamiento de las salas de juego.

Artículo 8º.- El reglamento respectivo regulará el funcionamiento de las salas de juego y las funciones y responsabilidades del personal a cargo tanto de la dirección de las salas como del desarrollo de los juegos.

Artículo 9º.- No podrán ingresar a las salas de juego o permanecer en ellas:

- Los menores de edad;

- Los privados de razón;

- Las personas que se encuentren en manifiesto estado de ebriedad o bajo influencia de drogas;

- Los que porten armas, con excepción de los funcionarios de Carabineros e Investigaciones, en el cumplimiento de sus funciones;

- Los que provoquen desórdenes, perturben el normal desarrollo de los juegos o cometan irregularidades en la práctica de los mismos;

- Los que, siendo requeridos, no puedan acreditar su identidad con el documento oficial de identificación correspondiente.

Será responsabilidad del operador, y en especial del personal a cargo de la admisión al casino de juego, velar por el acatamiento de estas prohibiciones, sin perjuicio de las facultades pertinentes de la Superintendencia.

Los operadores no podrán imponer otras prohibiciones de admisión a las salas de juego distintas de las establecidas en el presente artículo.

Artículo 9º bis.- No podrán, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en los casinos de juego, las siguientes personas:

a) El personal de la Superintendencia de Casinos de Juego.

b) Los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, y

c) Las personas que, por mandato o encargo de la Superintendencia, ejerzan labores fiscalizadoras en los casinos de juego.

Igual prohibición afectará a toda otra persona que ejerza labores fiscalizadoras en un casino de juego, mientras dure su cometido y respecto de los juegos que se desarrollen en ese establecimiento.

Si el que infringiere la prohibición antes señalada lo hace durante el ejercicio de una labor fiscalizadora, quedará de inmediato suspendido de dicha labor.

Lo dispuesto en este artículo, se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.

Artículo10.-El reglamento establecerá los servicios anexos que pueden prestarse en los casinos de juego. El mismo reglamento señalará aquellos servicios anexos que necesariamente deberán prestarse por todo operador.

El operador podrá contratar con terceros la prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación, previa autorización de la Superintendencia, y conforme a las disposiciones que al efecto establezca el reglamento.

TÍTULO III

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EL PERSONAL

Artículo 11.- Los casinos de juego autorizados sólo podrán funcionar en el establecimiento individualizado en el permiso de operación y tendrá como único destino la explotación de los juegos y de los servicios anexos comprendidos en dicho permiso.

Los juegos de azar y los servicios anexos se ubicarán en sectores diferenciados dentro del establecimiento, lugares que deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley, sin perjuicio de los generales o especiales exigidos por las demás leyes o reglamentos vigentes, aplicables a este tipo de locales y servicios.

Corresponderá a la Superintendencia fiscalizar que el establecimiento cumpla con los requisitos que fijen la ley, los reglamentos y el permiso de operación.

Artículo 12.- El establecimiento respectivo podrá ser de propiedad de la sociedad operadora o tenido en arriendo o comodato por ésta. En todo caso, la duración pactada del arrendamiento o del comodato deberá ser, a lo menos, igual al número de años por el cual se otorgó el permiso de operación.

Los contratos mencionados en el inciso anterior deberán ser otorgados por escritura pública y subinscribirse al margen de la inscripción de dominio del bien raíz.

Artículo 13.- El establecimiento podrá ser sometido a inspecciones periódicas por parte de la Superintendencia, las que podrán realizarse en cualquier momento y sin previo aviso, en la forma que dispongan los reglamentos. El operador deberá otorgar todas las facilidades que sean necesarias para efectuar dicha fiscalización.

Las inspecciones se efectuarán por la Superintendencia directamente o por intermedio de terceros, para cuyo efecto podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas. Lo anterior, se entiende sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias de otros organismos fiscalizadores.

Artículo 14.- El personal del casino de juego no podrá, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en el establecimiento en que aquél se desempeña. Igual prohibición existirá respecto de los accionistas, directores o gerentes de la respectiva sociedad operadora y de quienes administren los servicios anexos del mismo establecimiento.

La infracción de estas prohibiciones será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el título VI.

TÍTULO IV

DEL PERMISO DE OPERACIÓN

Párrafo 1°

Del Otorgamiento

Artículo 15.- Podrán optar a permiso de operación para un casino de juego, sólo sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile, que se sujeten a las normas de control que rigen a las sociedades anónimas abiertas, según lo dispuesto en la ley N° 18.046, con las siguientes particularidades:

a) El objeto social será la explotación de un casino de juego, en los términos previstos en la presente ley y sus reglamentos;

b) Sólo podrán constituirse y funcionar con un máximo de diez accionistas;

c) El capital social no podrá ser inferior al mínimo establecido por el reglamento, ni podrá disminuir durante la vigencia del permiso de operación. Si la sociedad hubiere sido constituida con un capital inferior al señalado, o éste disminuyera mientras se encuentre vigente el permiso, la Superintendencia ordenará enterar el referido capital mínimo dentro de un plazo de noventa días, expirado el cual sin que se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado, se tendrá por no presentada la solicitud o se revocará el permiso de operación, conforme a las reglas pertinentes;

d) El capital de la sociedad deberá estar íntegramente suscrito y pagado en un cincuenta por ciento, a lo menos, debiendo enterarse el saldo dentro de los seis meses siguientes a su constitución. Transcurrido el referido plazo sin haberse enterado dicho saldo, el capital de la sociedad se reducirá, de pleno derecho, al monto efectivamente suscrito y pagado, el que, en caso alguno, podrá ser inferior al mínimo a que se refiere la letra anterior.

Si reducido el capital social al monto efectivamente suscrito y pagado, éste fuere inferior al mínimo señalado, la Superintendencia ordenará el aumento del capital hasta completar al menos dicho capital mínimo en un plazo no superior a 90 días, y si así no ocurriere se tendrá por no presentada la solicitud o se revocará el permiso de operación, según corresponda;

e) Las acciones de la sociedad no podrán transferirse sin autorización de la Superintendencia y siempre que los nuevos accionistas cumplan, además, con los requisitos señalados en esta normativa;

f) Los accionistas no podrán constituir gravámenes ni otros derechos reales, distintos del dominio y en conformidad con lo señalado en esta ley, respecto de las acciones que posean en la sociedad operadora;

g) La vigencia de la sociedad no podrá ser inferior al tiempo por el cual se solicita el permiso de operación o su renovación, y

h) El domicilio de la sociedad deberá corresponder al lugar en que se explotará el casino de juego cuya autorización de operación se solicita.

Artículo 16.- Los accionistas de las sociedades operadoras podrán ser personas naturales o jurídicas, que cumplan con los antecedentes comerciales que el reglamento establezca y justifiquen el origen de los fondos que destinarán a la sociedad, lo cual, en todo caso, verificará la autoridad encargada de otorgar el permiso de operación. Tratándose de accionistas personas naturales, éstas, además, no deben haber sido condenadas por delito común que merezca pena aflictiva.

No podrán formar parte del directorio de la sociedad operadora, además de las personas comprendidas en las inhabilidades contempladas en la Ley N° 18.046, quienes no cumplan con los requisitos establecidos en el inciso anterior, en lo que corresponda.

Los accionistas y los directores de las entidades operadoras no podrán desempeñarse como gerentes de la sociedad. Tampoco estas personas podrán asumir ningún tipo de funciones en las salas de juego.

Cualquier modificación en la composición accionaria o en los estatutos de la sociedad operadora sólo podrá efectuarse previa autorización de la Superintendencia; asimismo, todo nuevo partícipe en la referida sociedad deberá sujetarse a los requisitos legales y someterse a la investigación de antecedentes que efectúe la entidad fiscalizadora como si se tratare de un accionista original.

Artículo17.- La solicitud de operación se presentará ante la Superintendencia y deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

a) La escritura social, y los demás antecedentes relativos a su constitución, así como los acuerdos de las juntas de accionistas y del directorio tendientes al perfeccionamiento de la sociedad, y aquéllos en que consten los poderes de los gerentes y apoderados, que los autoricen para tramitar ante la Superintendencia las solicitudes de autorización de operación, licencias de juegos y servicios anexos que correspondan;

b) Los antecedentes personales y comerciales de los accionistas;

c) El proyecto o Plan de Operación, el cual contendrá, a lo menos, las obras o instalaciones a desarrollar; el cronograma de ejecución; el programa de inversiones directas que comprenda el proyecto y las inversiones complementarias que sean necesarias para el desarrollo del proyecto;

d)El informe económico-financiero, que comprenda, al menos, un estudio presupuestario; los flujos financieros correspondientes; la rentabilidad proyectada; y la descripción y origen de las fuentes de financiamiento del proyecto.

En todo caso, al menos un 40% del financiamiento debe estar constituido por aporte de la propia sociedad;

e) Los instrumentos en que conste el dominio, o el arrendamiento o el comodato, relativos al inmueble en que funcionará el casino de juego, o las promesas de celebrar dichos contratos;

f) La ubicación y planos del establecimiento en que funcionará el casino de juego; las condiciones de seguridad previstas para su funcionamiento y una plantilla estimativa de las personas que habrán de prestar servicios en las diversas instalaciones;

g) Los juegos de azar y servicios anexos que se pretende explotar;

h) Los estudios técnicos, comerciales y turísticos que el solicitante estime necesarios para mejor fundar la solicitud de operación;

i) Un certificado, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, que dé cuenta del hecho de encontrarse al día la sociedad operadora y sus accionistas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias;

j) Un depósito en dinero, por el monto que establezca el reglamento, para proveer el pago de los gastos de precalificación que deba efectuar la autoridad fiscalizadora de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente, y

k) Los demás antecedentes que establezca el reglamento.

En lo demás, el procedimiento de tramitación de un permiso de operación se regulará en el reglamento.

Artículo 18.- Previo al procedimiento de estudio y evaluación de un permiso de operación de un casino de juego, la Superintendencia iniciará un proceso de precalificación de la sociedad solicitante y, en particular, de todos sus accionistas, para cuyo efecto tendrá amplias facultades para investigar los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de los accionistas, como asimismo sobre el origen de los capitales aportados.

La investigación de precalificación se basará tanto en los antecedentes aportados por los propios accionistas, como también sobre aquéllos que la propia Superintendencia recabe en ejercicio de sus atribuciones.

Los costos del proceso de precalificación serán asumidos por la propia sociedad solicitante, para cuyo efecto ésta deberá acompañar, junto con los demás antecedentes de la solicitud de operación, un depósito en dinero, por el monto que establezca el reglamento.

El resultado del proceso de precalificación de la sociedad solicitante y de todos sus accionistas, constituirá la condición necesaria para el inicio del proceso de evaluación para el otorgamiento del permiso de operación.

Las atribuciones establecidas en el presente artículo se ejercerán además por la Superintendencia, cada vez que, ya otorgado un permiso de operación, se produjeren modificaciones en la composición accionaria o en el capital de la sociedad, como asimismo cuando se incorpore un nuevo partícipe en la sociedad operadora.

Las demás normas que regulen el proceso de precalificación se recogerán en el reglamento.

Artículo 19.- Respecto de cada solicitud de operación que se presente, la Superintendencia deberá recabar la opinión del gobierno regional respectivo y de la municipalidad correspondiente a la comuna en donde se propone el funcionamiento del Casino de Juego.

Asimismo, la Superintendencia requerirá especialmente del Servicio Nacional de Turismo un informe técnico sobre el impacto y consideraciones turísticas del proyecto constitutivo de la solicitud de operación.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia requerirá, además, los informes que estime pertinentes a cualquier órgano de la Administración del Estado para que dentro de la esfera de su competencia, emita un pronunciamiento sobre los aspectos técnicos y financieros de la solicitud de operación, como asimismo para determinar la situación comercial de los solicitantes. La Superintendencia podrá recabar cualquier otro informe o investigación que estime conveniente para mejor resolver, y requerir de los solicitantes cuantas aclaraciones e informaciones complementarias considere oportuno.

La Superintendencia, dentro del plazo máximo de 90 días contado desde la presentación de la solicitud, se pronunciará otorgando o denegando el permiso de operación. Este plazo podrá ser prorrogado por un máximo de 60 días por resolución fundada del Superintendente.

Artículo 20.- Sólo podrán autorizarse y funcionar hasta dos casinos de juego por región, con excepción de la Región Metropolitana en la que no podrán autorizarse en ningún caso.

Para los efectos anteriores, la presentación de solicitudes de permisos de operación o de renovaciones de los mismos, sólo podrá formalizarse en los siguientes períodos:

a) En aquellas regiones en que existieren cuotas vacantes, dentro de los cuatro primeros meses de cada año.

b) Respecto de permisos de operación a extinguirse por vencimiento del plazo de otorgamiento, entre los 270 y los 150 días anteriores al día de su vencimiento. Este plazo regirá tanto para las nuevas solicitudes como para la solicitud de renovación de un permiso de operación vigente.

c) Respecto de permisos de operación que se extingan por cualquiera de las causales contempladas en la presente ley, distinta del vencimiento del plazo del permiso de operación, dentro de los 120 días siguientes a su extinción formal.

Si en las situaciones previstas en las letras b) y c) anteriores, no se presentaren, durante los períodos allí establecidos, solicitudes o renovaciones de permisos de operación o presentándose no fuese autorizado ningún permiso o renovación, sólo se podrán presentar nuevas solicitudes conforme a lo dispuesto en la letra a).

Artículo 21.- La resolución que otorgue, deniegue o renueve el permiso de operación de un Casino de Juego, deberá ser fundada.

La resolución que otorgue o renueve el permiso de operación deberá publicarse en el Diario Oficial, por una vez y en extracto, dentro del plazo de 10 días a contar de su dictación.

El permiso de operación se otorgará por un plazo de diez años. Antes de su vencimiento y con una antelación no inferior a 150 ni superior a 270 días, tales permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo al establecido para el otorgamiento de un permiso originario, pudiendo la Superintendencia, en este caso, abocarse simplemente a la verificación de la vigencia de los requisitos y la actualización de los antecedentes habilitantes.

En ningún caso se podrá otorgar un permiso de operación provisorio.

Artículo 22.- La resolución que otorgue o renueve un permiso de operación deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:

a) Razón social, nombre de fantasía si lo hubiere, y capital de la sociedad, con indicación del porcentaje pagado y de los plazos en que deberá enterarse el porcentaje suscrito y no pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15;

b) Nombre o individualización del Casino de Juego que se autoriza;

c) Ubicación y domicilio del establecimiento en donde necesariamente deberá funcionar el Casino de Juego que se autoriza;

d) Plazo de vigencia del permiso de operación, y

e) Licencias de juego otorgadas y servicios anexos autorizados.

Artículo 23.- El operador deberá iniciar la operación del Casino de Juego dentro del plazo máximo de un año, contado desde la publicación de la resolución que otorga el permiso de operación, a menos que, antes del vencimiento de dicho plazo, el operador hubiere obtenido de la Superintendencia una prórroga, por razones fundadas.

Vencido el plazo original o la prórroga sin que las actividades se hayan iniciado, se entenderá que el permiso de operación ha quedado sin efecto, no pudiendo aquél solicitarse nuevamente por el mismo peticionario sino una vez transcurrido un año contado desde el vencimiento del plazo o de la prórroga, según corresponda.

El operador que se encuentre en condiciones de iniciar la operación de un Casino de Juego, deberá comunicarlo a la Superintendencia, la que dispondrá de 15 días hábiles para revisar el estricto cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias necesarias para iniciar tal operación. Verificado dicho cumplimiento, la Superintendencia expedirá un certificado en el que conste tal circunstancia, documento que habilitará para dar inicio a la operación. Si la Superintendencia observare algunas materias, las señalará expresamente mediante resolución. En este último caso, el operador deberá subsanar tales observaciones y solicitar una nueva revisión, con el objeto que la Superintendencia expida el certificado indicado y poder dar inicio a la operación. En ningún caso podrá iniciarse la operación parcial de un Casino de Juego.

Artículo 24.- El permiso habilitará la explotación del Casino de Juego expresamente comprendida en él y por el tiempo que la resolución establezca, no pudiendo invocarse este permiso para la habilitación y funcionamiento de otros establecimientos por el mismo operador, como tampoco para establecer sucursales del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el operador podrá solicitar a la Superintendencia la ampliación o reducción del número de licencias de juego otorgadas o servicios anexos autorizados, según el procedimiento establecido en el reglamento.

Párrafo 2°

De la extinción y revocación

Artículo 25.- El permiso de operación se extinguirá por alguna de las siguientes causales:

a) Vencimiento del plazo o de la renovación otorgada;

b) Renuncia del operador, en la forma y condiciones que determine el reglamento;

c) Disolución de la sociedad anónima operadora;

d) Quiebra del operador, y

e) Revocación.

Artículo 26.- El permiso de operación podrá ser revocado por cualquiera de las siguientes causales, sin perjuicio de las multas que sean procedentes:

a) Iniciar las operaciones del Casino de Juego sin contar con la certificación a que se refiere el artículo 23;

b) Infringir gravemente las normas sobre juegos contenidas en esta ley y sus reglamentos;

c) Suspender el funcionamiento de las salas de juego sin causa justificada;

d) Operar en un establecimiento no autorizado;

e) Explotar juegos no autorizados o prohibidos;

f) Transferir la propiedad o el uso del permiso de operación o de las licencias de juego otorgadas;

g) Explotar servicios anexos no autorizados en el permiso de operación;

h) Contratar con terceros la administración o prestación de los servicios anexos, sin contar previamente con la autorización correspondiente;

i) Introducir modificaciones sustanciales al establecimiento en que funcione el Casino de Juego, sin contar previamente con la autorización de la Superintendencia;

j) Infringir gravemente las instrucciones que imparta la Superintendencia en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias;

k) Negar la información requerida por la Superintendencia en los plazos que ella determine, no suministrarla de acuerdo a las exigencias definidas por aquélla y, en general, obstaculizar las acciones de fiscalización;

l) Participar los accionistas, directores y gerentes de la sociedad operadora, por sí o por interpósita persona, en los juegos que se explotan en el establecimiento;

m) Utilizar máquinas o implementos de juego no comprendidos en el registro de homologación;

n) Negar el pago total o parcial de los premios provenientes de los juegos;

ñ) Disminuir, durante la vigencia del permiso de operación, el capital social mínimo establecido en el reglamento y no haber enterado este mínimo dentro del plazo de noventa días señalados en la letra c) del artículo 15, y

o) Transferir las acciones de la sociedad operadora sin la autorización previa de la Superintendencia.

Artículo27.- La Superintendencia iniciará el procedimiento de revocación, cuando considere que existen antecedentes fundados en cuanto a que el operador ha incurrido en alguna causal de revocación del permiso de operación, en los términos previstos en el artículo anterior.

Para ello, dictará una resolución indicando la causal o causales en que el operador habría incurrido, señalando los antecedentes y fundamentos que las justifican.

La resolución deberá ser notificada al gerente del operador o a su apoderado, mediante carta notarial. En el caso que ninguno de ellos sea habido, se procederá a fijar la cédula que la contenga en la puerta del domicilio de la sociedad operadora.

La Superintendencia podrá ordenar la paralización inmediata de las actividades del Casino de Juego, en la misma resolución que da comienzo al procedimiento de revocación.

Artículo 28.- El operador podrá efectuar los descargos que crea oportuno dentro del plazo de 15 días hábiles, acompañando los antecedentes que considere necesarios ante la Superintendencia.

Recibidos los descargos o transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior sin haberse éstos recepcionado, la Superintendencia resolverá sin más trámite dentro del plazo de diez días, pudiendo ampliar este último término por una sola vez.

Artículo 29.- La resolución de revocación deberá ser fundada y se pronunciará sobre todos los puntos en que el operador haya sostenido su defensa.

Si el operador considera que la revocación de su permiso ha sido injustificada, podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución de revocación. Dicho tribunal conocerá de la reclamación en cuenta, en la Sala que fuere sorteada al efecto, si hubiere más de una. La Corte dará traslado por seis días al Superintendente y evacuado dicho trámite o acusada la correspondiente rebeldía, la Corte dictará sentencia en el término de treinta días, sin ulterior recurso. En el caso que hubiere quedado a firme la resolución de paralización de actividades dictada por la instancia administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 27, ésta sólo podrá ser alzada por la misma Corte en la sentencia que anule la revocación del permiso, la que deberá ser fundada.

TÍTULO V

DE LA SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

Naturaleza y funciones

Artículo30.- Créase la “Superintendencia de Casinos de Juego”, organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley su reglamento, la cual se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Hacienda.

Estará a cargo de un Superintendente. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que establezca en otras ciudades del país.

Artículo 31.- Corresponderá a la Superintendencia supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas, para la instalación, administración y explotación de los casinos de juego que operen en el país.

TÍTULO VI

DE LA FISCALIZACIÓN, INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES

Párrafo 1°

De la Fiscalización

Artículo 32.- Las sanciones establecidas en el presente Título se entienden sin perjuicio de disponerse la suspensión del desarrollo de uno o más juegos o el cierre temporal de las salas de juego o de los servicios anexos contemplados en la presente ley.

Artículo 33.- Los funcionarios respecto de quienes se acredite haber aplicado sanciones injustas o arbitrarias, atendido el mérito de los antecedentes que se reúnan en el procedimiento administrativo seguido en contra de la sociedad operadora, serán sancionados con algunas de las medidas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos.

Párrafo 2°

De las infracciones

Artículo 34.- No se podrán desarrollar y explotar los juegos de azar que la presente ley establece, sino en la forma y condiciones que esta misma ley regula, y sólo por las entidades que ella contempla.

Artículo 35.- Las infracciones a esta ley que no tengan señalada una sanción especial serán penadas con multa a beneficio fiscal de una a treinta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, dentro de un período no superior a un año, estas multas se duplicarán.

Serán responsables del pago de la multa los directores, gerentes y apoderados que tengan facultades generales de administración y, subsidiariamente, la sociedad operadora del casino de juego.

Artículo 36. Serán sancionados con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, los directores, gerentes y apoderados con facultades generales de administración que se opongan o impidan labores de fiscalización de los inspectores o funcionarios de la Superintendencia.

La misma sanción se aplicara a las personas antes referidas, que se nieguen a proporcionar la información requerida por los inspectores o funcionarios en el cumplimiento de sus facultades fiscalizadoras u oculten los instrumentos en que conste dicha información.

Artículo 37.- Serán sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales los operadores de casinos de juego que permitan el ingreso o la permanencia en las salas de juego de las personas indicadas en eI inciso primero del artículo 9°.

Artículo 38. Serán sancionadas con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales las personas señaladas en las letras a), b) y c) del artículo 9°bis, que infringieran la prohibición establecida en la misma disposición, sin perjuicio de que la infracción constituya además causal de terminación del contrato de trabajo o de destitución, según corresponda.

Las personas señaladas en el inciso primero del artículo 14 que infringieren la respectiva prohibición, serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales. Igual multa se aplicará además a la sociedad operadora a la que pertenezca el infractor.

Artículo 39. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26, será sancionada con multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales, la sociedad operadora que explotare juegos no autorizados o prohibidos. Tratándose de la explotación de servicios anexos no contemplados en el permiso de operación o no autorizados, ella será sancionada con multa de treinta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 40. El que manipule, modifique o altere los implementos de los juegos o su desarrollo en perjuicio o beneficio de los jugadores o del operador, o quien sustituya el material con el que se juega con el mismo propósito, será sancionado con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.

Si quien incurriere en las conductas señaladas, o quienes las permitieren, fueren los administradores de los establecimientos, los directores o gerentes de sociedades operadoras o los encargados de las salas de juego, serán sancionados con multa de hasta cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 41. El que utilice máquinas o implementos de juego no autorizados, será sancionado con multa de diez y hasta cincuenta unidades tributarias mensuales. Si como producto de esta conducta se hubiere causado perjuicio o beneficio a los jugadores, la sanción podrá llegar a las sesenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 42. El que maliciosamente alterare, destruyere o inutilizare los libros, registros y demás instrumentos en que deben asentarse los montos con que abren y cierran los juegos, será sancionado con multa de hasta treinta unidades tributarias mensuales.

Artículo 43. En los casos que un mismo hecho sea constitutivo de alguna falta administrativa prevista en esta ley y de un crimen o simple delito, sólo será sancionado con las penas asignadas a éstos.

Artículo 44. En los casos establecidos precedentemente, aplicada la multa, la sociedad operadora podrá reclamarla ante el Superintendente dentro de los diez días siguientes, haciendo valer todos los antecedentes de hecho y de derecho que fundamenten su reclamo. El Superintendente deberá resolver la reclamación dentro de los diez días siguientes de expirado el plazo para interponerla, quedando mientras tanto en suspenso eI pago efectivo de la multa.

Desechada la reclamación, la sociedad operadora podrá recurrir, sin ulterior recurso, ante el tribunal ordinario civil que corresponda al domicilio de la sociedad, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que desechó el reclamo. El tribunal no podrá acoger a tramitación este recurso si no se acredita haberse consignado el valor de la multa. Acogido a tramitación, se regirá por las normas establecidas en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Si se acogiere el recurso, el tribunal dejará sin efecto la multa y ordenará la restitución de las sumas consignadas.

Rechazado el recurso quedará a firme la multa y se pondrán a disposición de la Superintendencia las sumas consignadas. Transcurrido el plazo sin que se hubiere interpuesto el recurso, la resolución del Superintendente tendrá mérito ejecutivo para su cobro.

Artículo 45. A las actividades que se realicen de conformidad con esta ley, no les serán aplicables los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal.

TÍTULO VII

DE LA AFECTACIÓN

Artículo 46. Sin perjuicio de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 ° del Decreto Ley N° 824, y en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el Decreto Ley N° 825, ambos de 1974, y demás establecidos en leyes especiales, los contribuyentes que administren, en la forma prescrita por esta ley, Casinos de Juego, deberán pagar los impuestos especiales que se indican en los artículos siguientes.

Artículo 47. Establécese un impuesto, de exclusivo beneficio fiscal de un monto equivalente al 0,07 de una unidad tributaria mensual, que se cobrará, en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juego de los Casinos de Juego que operen en el territorio nacional.

Este tributo tendrá la calidad de impuesto sujeto a retención y deberá ser ingresado a rentas generales de la Nación dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención, por los operadores de los Casinos de Juego señalados en el inciso anterior.

Artículo 48.- Establécese un impuesto del 20% a las sociedades operadoras de Casinos de Juego, el que se determinará y pagará en conformidad a las reglas siguientes:

a) El impuesto se calculará sobre la base de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados, durante el ejercicio respectivo, considerando para estos efectos la base imponible determinada para el pago del impuesto de primera categoría.

b) El impuesto se declarará y pagará mensualmente, en el mismo plazo que el contribuyente tiene para efectuar pagos provisionales mensuales, establecido en el artículo 84 letra a) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824, de 1974.

Artículo 49.- Los recursos que se recauden por aplicación del impuesto establecido en el artículo anterior, se distribuirán de la siguiente forma:

a) Un 50% se destinará a la municipalidad correspondiente a la comuna en que se encuentre ubicado el respectivo casino de juego, para ser aplicado por la autoridad comunal al financiamiento de obras de desarrollo.

b) Un 50% se incorporará al patrimonio del gobierno regional correspondiente a la región en que se encuentre ubicado el respectivo casino de juego, de conformidad a lo establecido en la letra f) del artículo 69 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, para ser aplicado por la autoridad regional al financiamiento de obras de desarrollo.

El Servicio de Tesorerías recaudará el referido impuesto y pondrá a disposición de los respectivos gobiernos regionales y municipalidades, los recursos correspondientes, dentro del mes subsiguiente al de su recaudación.

Artículo 50.- Los impuestos establecidos en los artículos precedentes se sujetarán en todo a lo dispuesto en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del Decreto Ley N° 830, de 1974, y serán fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos.

Artículo 51.- Deróganse los incisos tercero y cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.110.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1°.- Los casinos de juegos que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga definitivamente. No obstante, en lo referido a las normas sobre fiscalización y sanciones que este cuerpo legal contempla, deberán someterse a ellas a contar de la fecha que entre en funcionamiento la entidad fiscalizadora de casinos de juego creada por el presente cuerpo legal.

En todo caso, cualquiera nueva prórroga o renovación de las concesiones antes mencionadas que se disponga con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, sólo podrá extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010.

Todo acto en contravención a lo dispuesto en el presente artículo será nulo absolutamente.

Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las leyes actualmente vigentes, a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de casinos de juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes se extingan por cualquier causa.

Artículo 3°.- El Presidente de la República nombrará al Superintendente dentro de los treinta días siguientes de publicada la presente ley, quien asumirá de inmediato sus funciones.

El Superintendente, dentro del plazo de sesenta días contado desde su nombramiento, llamará a concurso público para proveer los cargos de carrera de la planta del Servicio.

Artículo 4°.- Los reglamentos a que se refiere la presente ley deberán dictarse dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación de la misma.

La primera presentación de solicitudes de permisos de operación, durante el año 2003, deberá verificarse dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior. No obstante, si alguno de los meses del período antes referido recayere en el último trimestre de dicho año, la presentación de solicitudes se diferirá hasta el período que para estos efectos se establece en la letra a) del artículo 20.”.

Se designó Diputado Informante al señor Araya, don Pedro.

*****************

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de fechas 8 y 15 de octubre; 5 y 12 de noviembre de 2002, con la asistencia de los señores Valenzuela, don Esteban (Presidente); Aguiló, don Sergio; Araya, don Pedro; Ascencio, don Gabriel; Barros, don Ramón; Becker, don Germán; Bertolino, don Mario; señora Caraball, doña Eliana; señora Cristi, doña María Angélica; Egaña, don Andrés; señora González, doña Rosa; González, don Rodrigo; señora Ibáñez, doña Carmen; Ibáñez, don Gonzalo; Jaramillo, don Enrique; Letelier, don Juan Pablo; Longton, don Arturo; Montes, don Carlos; Mora, don Waldo; Pérez, don Ramón; Quintana, don Jaime; Recondo, don Carlos; Rojas, don Manuel; Rossi, don Fulvio; Silva, don Exequiel; Varela, don Mario, y señora Vidal, doña Ximena.

Sala de la Comisión, a 15 de noviembre de 2002.

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH

Abogado Secretario de la Comisión

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. (BOLETÍN Nº 2361-23-2)

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a emitir este segundo informe relativo al proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

Con fecha 14 del mes en curso S.E. el Presidente de la República retiró e hizo presente nuevamente la urgencia para el despacho de la iniciativa en cuestión, calificándola de “simple”.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del segundo informe el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Francisco Vidal, y los asesores de esa repartición, señores Rodrigo Cabello, Eduardo Pérez y Alexis Yáñez.

Las disposiciones puestas en conocimiento de esta Comisión, en este trámite, son los artículos 48 y 49 del proyecto aprobado por la Comisión Técnica.

Por el artículo 48, se establece un impuesto del 20% a las sociedades operadoras de Casinos de Juego, el que se determinará y pagará en conformidad a las reglas que señala.

Por el artículo 49, se determina que los recursos que se recauden por aplicación del impuesto establecido en el artículo anterior, se distribuirán de la siguiente forma:

a) Un 50% se destinará a la municipalidad correspondiente a la comuna en que se encuentre ubicado el respectivo casino de juego, para ser aplicado por la autoridad comunal al financiamiento de obras de desarrollo.

b) Un 50% se incorporará al patrimonio del gobierno regional correspondiente a la región en que se encuentre ubicado el respectivo casino de juego, de conformidad a lo establecido en la letra f) del artículo 69 de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, para ser aplicado por la autoridad regional al financiamiento de obras de desarrollo.

El Servicio de Tesorerías recaudará el referido impuesto y pondrá a disposición de los respectivos gobiernos regionales y municipalidades, los recursos correspondientes, dentro del mes subsiguiente al de su recaudación.

El Ejecutivo formuló al proyecto las indicaciones siguientes:

1) Para incorporar, en los siguientes artículos, la expresión “sala de bingo” o “salas de bingo”, según corresponda, a continuación de las expresiones “casino de juego” o “casinos de juego”, intercalando en cada caso al artículo, la preposición o conjunción que fuere pertinente:

Artículo 1°;

Artículo 2°, inciso segundo;

Artículo 3°, letras b), d), g), h), i), j) y k);

Artículo 5°, inciso tercero;

Artículo 9°, inciso segundo;

Artículo 9° bis, inciso primero, en su encabezamiento y en las letras a) y c), y en su inciso segundo;

Artículo 10, inciso primero;

Artículo 11, inciso primero;

Artículo 14, inciso primero;

Artículo 15, en su encabezamiento y en las letras a) y h);

Artículo 17, inciso primero, letras e) y f);

Artículo 18, inciso primero;

Artículo 19, inciso primero;

Artículo 21, inciso primero;

Artículo 22, letras b) y c);

Artículo 23, inciso primero e inciso tercero, primera y última oraciones;

Artículo 24, inciso primero;

Artículo 26, letras a) e i);

Artículo 27, inciso final;

Título V, en su epígrafe;

Artículo 30, inciso primero;

Artículo 31;

Artículo 35, inciso segundo;

Artículo 37;

Artículo 46;

Artículo 47, incisos primero y segundo;

Artículo 48, en su encabezamiento;

Artículo 49, inciso primero, letras a) y b).

2) Para modificar el artículo 3°, de la siguiente forma:

a) Para intercalar la siguiente letra d), nueva, pasando las actuales letras d), e), f), g), h), i), j) y k) a ser letras e), f), g), h), i), j), k) y l), respectivamente:

“d) Sala de Bingo: el establecimiento, inmueble o parte de un inmueble, consistente en un recinto cerrado, en cuyo interior se desarrollará el juego bingo en sus diversas modalidades, se pagarán los premios correspondientes y funcionarán los servicios anexos.”.

b) Para intercalar en la letra j), que ha pasado a ser letra k), a continuación de las expresiones “el organismo público encargado”, la frase “de resolver las solicitudes de permiso de operación y”.

3) Para modificar el artículo 5°, de la siguiente forma:

a) Suprímese, en el inciso cuarto, la palabra “bingo” y la coma (,) que le antecede.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En las salas de bingo, deberán desarrollarse sólo juegos comprendidos dentro de la categoría de bingo.”.

4) Para reemplazar, en el inciso primero del artículo 10, las expresiones “por todo operador” por la frase “por los operadores de casinos de juego y por los operadores de salas de bingo”.

5) Para reemplazar, en el inciso primero del artículo 12, la expresión verbal “otorgó” por la expresión verbal “otorga”.

6) Reemplázase en la letra g) del artículo 15 la forma verbal “solicita” por “otorga”.

7) Para agregar, en el artículo 16, el siguiente inciso final, nuevo:

“Con todo, al menos uno de los accionistas de la sociedad que opte a un permiso de operación deberá acreditar que posee conocimiento y una experiencia mínima de 10 años en la administración y operación de casinos de juego o salas de bingo, en Chile o en el extranjero, y, además, una participación en el capital accionario de la sociedad solicitante no inferior al 10%.”.

8)Para intercalar, a continuación del actual artículo 19, el siguiente artículo 20, nuevo, corrigiéndose según corresponda la numeración de los artículos siguientes:

“Artículo 20.- La Superintendencia, al momento de evaluar y resolver la solicitud de operación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo, tendrá en consideración los siguientes criterios y factores, según la ponderación que para cada uno de ellos establezca el reglamento:

a) El cumplimiento íntegro, a juicio de la Superintendencia, de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para el otorgamiento de un permiso de operación.

b) El resultado de la precalificación de antecedentes de la sociedad solicitante y de sus accionistas, según se regula en el artículo 18.

c)La calidad de territorio turísticamente consolidado del lugar de emplazamiento del Casino de Juego o la Sala de Bingo cuyo permiso de operación se solicita, en virtud del informe que al efecto emita el Servicio Nacional de Turismo.

d) Los informes emitidos por la municipalidad y por el gobierno regional respectivos, sobre la conveniencia de la instalación del Casino de Juego o la Sala de Bingo en sus correspondientes territorios.

e) La distancia relativa entre el lugar de emplazamiento del Casino de Juego o la Sala de Bingo cuyo permiso de operación se solicita y el lugar de funcionamiento de otro establecimiento del mismo tipo.

f) Las consideraciones de seguridad y orden público que reúna el lugar de emplazamiento y su entorno inmediato.

g) Las cualidades del Proyecto o Plan de Operación, en aspectos tales como: el incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento; la ubicación, diseño y calidad de las instalaciones; la relación armónica con el entorno; la conexión con los servicios y vías públicas y, en general, los efectos económico-sociales que la instalación del establecimiento haya de crear o promover en la zona geográfica de su localización.

En todo caso, la sociedad operadora que solicite la renovación de un permiso de operación vigente, tendrá derecho preferente para la obtención del permiso, cuando iguale la mejor ponderación que arroje el proceso de evaluación entre los distintos solicitantes.”.

9)Para agregar al inciso primero del actual artículo 20, que ha pasado a ser artículo 21, las siguientes oraciones finales, nuevas: “Asimismo, sólo podrán autorizarse y funcionar hasta dos salas de bingo por provincia. Para los efectos anteriores, la Superintendencia deberá tener especialmente en cuenta la aplicación de lo dispuesto en la letra e), del inciso primero, del artículo precedente.”.

10) Para incorporar, a continuación del artículo 20, el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 21.- La presentación de solicitudes de permisos de operación de casinos de juego o de salas de bingo, sólo podrá formalizarse en el segundo semestre de cada año.

No obstante, las solicitudes de renovación de permisos de operación vigentes deberán presentarse entre los 270 y los 150 días anteriores al día de su vencimiento.”.

11) Para incorporar las siguientes modificaciones en el artículo 21, que ha pasado a ser 22:

a) En el inciso primero, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), incorporar la siguiente oración final: “conforme a los criterios establecidos en el artículo 20 y estar basada en los antecedentes que obren en poder de la Superintendencia.”; y

b) Para suprimir, en el inciso tercero, la frase “y con una antelación no inferior a 150 ni superior a 270 días”.

12) Para incorporar en el Título V, a continuación del actual artículo 31, que pasó a ser artículo 32, los siguientes artículos y párrafos nuevos:

“Artículo 33.- La Superintendencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1. Otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego y salas de bingo, como asimismo las licencias de juego y servicios anexos, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Para estos efectos, la Superintendencia estará facultada para requerir, recabar y reunir la información y antecedentes relativos a las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego y de salas de bingo, a la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos, y los relativos a la renovación y revocación de tales permisos.

2. Fiscalizar las actividades de los casinos de juego y las salas de bingo, y sus sociedades operadoras, en los aspectos jurídicos, financieros y contables, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley y sus reglamentos.

3. Determinar los principios contables de carácter general, conforme a los cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial, sobre la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros.

4. Fiscalizar el desarrollo de los juegos, según las normas reglamentarias de los mismos, como también el correcto funcionamiento de las máquinas e implementos usados al efecto.

5. Autorizar al operador para contratar con terceros la administración y prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación.

6. Controlar el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes, que el reglamento respectivo determine, para las personas que desempeñen funciones en las salas de juego o en las demás dependencias del Casino de Juego o de la Sala de Bingo.

7. Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas debidamente acreditadas ante la Superintendencia, la realización de acciones específicas o la prestación de servicios que permitan complementar el ejercicio de sus atribuciones.

8. Homologar las máquinas e implementos de juego que podrán utilizarse en los casinos de juego y en las salas de bingo, para cuyo efecto la Superintendencia mantendrá un registro actualizado. El reglamento determinará el procedimiento de homologación.

Del Patrimonio

Artículo 34.- El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la ley de Presupuestos;

b) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Servicio;

c) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios, y

d) Los demás que señale la ley.

Las donaciones en favor de la Superintendencia no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley Nº 16.271.

Estructura y Organización

Artículo 35.- Un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de superintendente de Casinos de Juego y Salas de Bingo, será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo, y las demás funciones y atribuciones que establezca la ley.

Artículo 36.- Establécese la siguiente planta de personal de la Superintendencia:

Además de los requisitos generales para ingresar a la Administración del Estado contemplados en la ley N° 18.834, establécense los siguientes requisitos especiales para los cargos de la planta que en cada caso se indican:

Directivos:

Superintendente: Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste, y una experiencia profesional mínima de 10 años.

Jefes de Departamentos: Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste, y una experiencia profesional mínima de 5 años.

Profesionales:

Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste.

El régimen de remuneraciones del personal de la Superintendencia, será el correspondiente a las instituciones fiscalizadoras. Tendrá, asimismo, derecho a la asignación de modernización establecida en el artículo 1° de la ley N° 19.553.

El superintendente, mediante resolución, determinará las funciones y el personal adscrito a cada departamento o unidad.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia podrá además contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios para asesorías, estudios o servicios determinados. También podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la Administración del Estado.

Artículo 37.- Corresponderá al superintendente:

1. Dirigir y organizar el funcionamiento de la Superintendencia.

2. Establecer oficinas regionales cuando las necesidades del servicio así lo exijan.

3. Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

4. Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del servicio. En ejercicio de estas facultades podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

5. Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia.

6. Nombrar y remover al personal del servicio, de conformidad con las normas estatutarias.

7. Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento.

8. Impartir instrucciones contables de carácter general, conforme a las cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial aquéllas que regulen la presentación de balances y estados de situación financiera, y la forma en que deberán llevar su contabilidad.

9. Requerir de los organismos del Estado los informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

10. Imponer las sanciones y multas que establecen la presente ley y las demás disposiciones legales que regulen la actividad de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo.

11. Examinar, sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las entidades fiscalizadas; y requerir de sus representantes y personal en general, todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor inteligencia de las labores de fiscalización. Las mismas facultades tendrá el superintendente respecto de los terceros que administren y presten servicios anexos en el Casino de Juego o en la Sala de Bingo.

El superintendente, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas que deben estar permanentemente disponibles para su examen en el propio establecimiento en donde funcione el Casino de Juego o Sala de Bingo.

12. Realizar visitas inspectivas, directamente o por intermedio de sus inspectores o funcionarios, a las entidades sometidas a su fiscalización, con la frecuencia que estime conveniente.

13. Citar a cualquier persona que preste servicios en o para un Casino de Juego o Sala de Bingo, a prestar declaración bajo juramento, acerca de cualquier hecho o circunstancia cuyo conocimiento estimare necesario para esclarecer alguna operación de las entidades fiscalizadas o la conducta de su personal.

14. Suspender, total o parcialmente, el funcionamiento de un Casino de Juego o una Sala de Bingo, cuando el operador no cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, de conformidad con el reglamento. El operador podrá solucionar los reparos en el plazo que al efecto determine el superintendente.

15. Accionar judicialmente respecto de la explotación y práctica de juegos de azar desarrollados al margen de la presente ley, como asimismo, por los delitos e infracciones de que tome conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.

16. Otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego y salas de bingo, como asimismo las licencias de juego y servicios anexos, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

17. Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el superintendente deberá poner en conocimiento de los organismos pertinentes los antecedentes de que disponga para que éstos ejerzan las facultades fiscalizadoras que les sean propias.”.

13) Para intercalar al inicio del Párrafo 1° del Título VI, el siguiente artículo nuevo, corrigiéndose según corresponda la numeración de los artículos siguientes:

“Artículo 38.- Los inspectores o funcionarios de la Superintendencia tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los referidos inspectores o funcionarios y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a cabo en cualquier momento, para lo cual el operador deberá otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los inspectores o funcionarios de la Superintendencia. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, el reglamento determinará, en lo demás, las modalidades que asumirá la función fiscalizadora.”.

14) Para eliminar, en la letra a) del artículo 48 actual, la frase final que se inicia con la forma verbal “considerando” y la coma (,) que la precede.

-o-

De los antecedentes proporcionados a la Comisión, cabe destacar que el señor subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo manifestó que las indicaciones supra apuntan básicamente a reponer las normas rechazadas por la Comisión Técnica, y que se refieren, por una parte, a la regulación de las salas de bingo como establecimientos separados de los casinos, y por la otra a conferirle a la Superintendencia del ramo -que se crea- las atribuciones y estructura necesarias para su cometido.

Luego de las explicaciones vertidas por el representante del Ejecutivo, la Comisión procedió a votar los artículos del proyecto (48 y 49) señalados por la Comisión de Gobierno Interior como de su competencia, aprobándolos ambos por asentimiento unánime.

Respecto al primer artículo citado, y específicamente su letra a), el señor subsecretario recalcó que el Ejecutivo estimó del caso que el cálculo del nuevo impuesto del 20% sea sobre la base de los ingresos brutos, habida cuenta de las grandes utilidades que genera el negocio de los casinos de juego.

En cuanto a las indicaciones presentadas a la iniciativa en informe durante este trámite, cabe señalar lo siguiente:

En primer lugar, se aprobó por 11 votos a favor y 1 en contra una indicación suscrita por los señores Alvarado, señora Caraball, Dittborn, Escalona, Hidalgo, Jaramillo, Ortiz, Pérez, don José, Silva, Tuma y Von Mühlenbrock, que elimina el artículo 20 propuesto por la Comisión Técnica, esto es, la norma que -en síntesis- sólo autoriza el funcionamiento de dos casinos por región, exceptuada la Metropolitana, en que no pueden autorizarse en ningún caso.

Sobre el particular se produjo un largo debate acerca de la posibilidad de dejar excluida a la Región Metropolitana de la ley en proyecto y de limitar a 2 el número de casinos por región. En el transcurso de esa discusión el representante del gobierno recordó que en un comienzo el Ejecutivo fue partidario de una amplia libertad en la materia. Luego, sin embargo, y accediendo a la petición de varios parlamentarios, presentó una indicación que consulta las restricciones antedichas.

Por otra parte, la Comisión otorgó a las indicaciones patrocinadas por S.E. el Presidente de la República el trato que pasa a enunciarse:

Las signadas con los N°s 1, 2, 3, 4, 12 y 13 fueron aprobadas por 11 votos contra 1.

A su vez, las indicaciones N°s 5, 6, 8, 10 y 11 contaron con la aprobación unánime de los asistentes.

La indicación N° 7, que según se vio tiene por finalidad agregar en el artículo 16 el requisito de que al menos uno de los accionistas de la sociedad que opte a un permiso de operación deberá acreditar una experiencia mínima de 10 años en la administración de casinos de juego o salas de bingo, en Chile o en el extranjero, y, además, una participación en el capital accionario de la sociedad solicitante no inferior al 10%, fue rechazada por asentimiento unánime.

El rechazo de esta indicación obedeció al hecho de que se consideró que la propuesta rigidizaría el acceso a la operación de esta clase de establecimientos, no siendo congruente además que se exija la aludida experiencia mínima a un accionista con una participación menor en el capital.

La indicación N° 9, que tiene por propósito agregar al inciso primero del actual artículo 20 una disposición con arreglo a la cual sólo podrán autorizarse y funcionar hasta dos salas de bingo por provincia, fue rechazada por 11 votos contra 1, como lógica consecuencia de la supresión del referido artículo 20 y del nuevo criterio adoptado en la materia.

La indicación N° 14, que suprime en la letra a) del artículo 48 su frase final, alusiva a la base de cálculo del impuesto que la norma establece, fue rechazada por asentimiento unánime.

Ello obedeció a que los representantes del Ejecutivo sostuvieron que, tras consultar con los expertos del Servicio de Impuestos Internos sobre la materia, determinaron que dicha indicación no era adecuada desde un punto de vista técnico para los fines del proyecto.

Finalmente, debe consignarse que esta Comisión compartió el criterio de la instancia técnica respecto a los artículos del proyecto que deben ser aprobados con quórum de orgánico constitucionales.

Sala de la Comisión, a 15 de enero de 2003.

Acordado en sesiones de fechas 14 y 15 de enero de 2003, con la asistencia de los diputados señores Ortiz (Presidente accidental), Alvarado, Álvarez, Becker, señora Caraball, Dittborn, Escalona, Hidalgo, Jaramillo, Mora, Pérez (don José), Silva, señora Tohá, Tuma y Von Mühlenbrock.

Se designó diputado informante al señor don Gastón Von Mühlenbrock.

(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH, Secretario accidental de la Comisión.

?INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO INTERIOR, REGIONALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, Y DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO

BOLETÍN Nº2361-23-3

HONORABLE CÁMARA:

Las Comisiones Unidas de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda, pasan a emitir un informe complementario sobre el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en un Mensaje y en primer trámite constitucional.

El mandato de las Comisiones Unidas en referencia deriva de un acuerdo adoptado por la Sala en sesión del 18 de marzo pasado, que no precisa -más allá de señalar que ha de evacuarse un informe complementario- el contenido específico de éste, toda vez que se trata de una situación no contemplada en el reglamento. De ahí que las Comisiones Unidas interpretarán tal mandato en orden a aproximar las posiciones sustentadas por Gobierno Interior y Turismo, por un lado, y Hacienda por el otro.

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del reglamento, las Comisiones Unidas fueron presididas por la titular de la Comisión de Gobierno Interior, H. Diputada doña Eliana Caraball.

Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y participación de la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, doña Adriana Delpiano, y de los asesores de esa repartición, señores Rodrigo Cabello y Eduardo Pérez.

I.- ANTECEDENTES

Se recordará que, en su segundo informe sobre el proyecto de ley enunciado, las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Turismo introdujeron varias modificaciones al texto aprobado en el primer trámite reglamentario. Las principales fueron las siguientes: 1) Por una parte, se estipuló que el juego denominado “bingo” debía desarrollarse en los mismos locales habilitados como casinos, en circunstancia que con anterioridad se había establecido una modalidad de tratamiento especial para las salas de bingo, considerándolas como establecimientos apartes, destinados en forma exclusiva a esta última modalidad de juego; 2) La segunda enmienda consistió en limitar a dos el número de casinos que se pueden explotar en cada región, salvo en la Metropolitana, que fue excluida de la posibilidad de contar con este tipo de establecimientos; 3) Por último, se eliminaron todas aquellas disposiciones que regulaban las funciones de la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo, como asimismo su estructura y organización y patrimonio, creándose en su reemplazo la Superintendencia del ramo, organismo que, sin embargo, es meramente enunciado, pues no se le dota de organización ni atribuciones específicas, limitándose a señalar el proyecto que le corresponde supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y técnicas para la instalación, administración y explotación de los casinos. Lo anterior, junto con determinar que la institución fiscalizadora careciera de significación práctica, trasuntaba, más allá del evidente vacío regulatorio, la posición predominante en el seno de dichas Comisiones Unidas, en orden a que la actividad del juego se sometiera a las normas de control de carácter general que existen en el ordenamiento jurídico, y no a un ente específico, a saber, la Superintendencia.

Conociendo del informe evacuado por las aludidas Comisiones Unidas, la Comisión de Hacienda, por su parte, resolvió volver al criterio original respecto de los temas consignados (sin perjuicio de incorporarle otras adecuaciones al texto propuesto por Gobierno y Turismo), vale decir, regular los casinos y las salas de bingo como establecimientos separados, y dejar al arbitrio de los particulares la instalación tanto de aquéllos como de éstas en los lugares y en el número que estimen pertinentes, cumpliendo eso sí, como es lógico, con los requisitos que especifica el proyecto para el desarrollo de la actividad. Tocante a la regulación del ente rector en el rubro, se mantuvo la nomenclatura propuesta por las Comisiones Unidas, esto es, la denominación de Superintendencia (en vez de Comisión Nacional), subsanando por otra parte el vacío normativo a que se hizo mención más arriba, lo que se tradujo en la reposición, en términos similares, de los preceptos que regulaban primitivamente todo lo relacionado con la estructura y el quehacer del organismo en cuestión.

Respecto al punto de los tributos y a la distribución de las utilidades generadas por los casinos y salas de bingo, la Comisión de Hacienda compartió los criterios aprobados en la instancia técnica, no suscitándose controversia sobre el particular.

No obstante, y como queda dicho, la posición diametralmente opuesta adoptada por uno y otro organismo de la Corporación en torno a las cuestiones arriba enunciadas, dio pábulo a la Sala para solicitar un nuevo estudio -traducido en un informe complementario- acerca de tales materias, con el propósito de aproximar los puntos de vista. Es necesario señalar también que, sin perjuicio de los temas antes esbozados, en el seno de las Comisiones Unidas se suscitó controversia respecto al procedimiento que ha de seguirse para otorgar el permiso de operación de un casino de juego o sala de bingo. Sobre este particular, hubo quienes se manifestaron por radicar en la Superintendencia las atribuciones encaminadas a dicha finalidad, en tanto otros parlamentarios se inclinaron por el mecanismo de la licitación, argumentando que ofrece la gran ventaja de objetivizar y transparentar la decisión de la autoridad; y, por último, quienes expresaron que el sistema de concesión, por el cual se rigen los casinos que operan actualmente en el país, debería mantenerse porque -desde su punto de vista- ha demostrado ser exitoso, particularmente en cuanto a la generación de ingresos para las municipalidades que la otorgan.

II.- COMETIDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO INTERIOR Y DE HACIENDA

A la luz, pues, del mandato conferido por la Sala, las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Hacienda se abocaron (según se señaló) a debatir los puntos en que los informes emanados de las instancias mencionadas discrepan abiertamente, con el objeto de arribar a una postura común sobre aquéllos o, al menos, morigerar los planteamientos originales.

En tal cometido, la Subdere cumplió un papel muy destacado, presentando alternativas de solución que sirvieron de base para los acuerdos alcanzados, según se verá en su lugar.

A continuación se detalla la posición adoptada sobre cada uno de los temas antes esbozados:

1) Reposición de salas de bingo como establecimientos apartes (Indicaciones N°1, 2, 3 y 4 de la Comisión de Hacienda)

En esta materia, por amplia mayoría se impuso la opinión de que, dada la distinta naturaleza de los juegos que se desarrollan en uno y otro tipo de local, es preferible su funcionamiento en forma separada.

2) Existencia de un organismo rector en la materia, con la denominación de Superintendencia, incluyendo su estructura, patrimonio y facultades, excepto las relativas al otorgamiento del permiso de operación (criterios y factores a considerar al efecto).

En cuanto a este punto, y con la salvedad expresada, cabe hacer presente que por abrumadora mayoría se concordó con el criterio aprobado en Hacienda (Indicaciones N°11 y 12).

3) Criterios y factores que ha de considerar la Superintendencia para evaluar y resolver las solicitudes de operación de casinos de juego y salas de bingo (Indicación N°7 de Hacienda).

En esta materia se produjo un largo debate en torno a la objetividad de los elementos considerados en la referida indicación. Ello motivó al Ejecutivo a presentar en el seno de las Comisiones Unidas, con fecha 8 de abril, una propuesta más acabada respecto al punto (que se adjunta en anexo) y que, en síntesis, recoge las observaciones de los parlamentarios, en la medida que recibió el apoyo mayoritario de ellos.

4) Límite de casinos en el país

Sobre el particular, también se produjo un extenso debate y, como en el caso anterior, el Ejecutivo, con fecha 31 de marzo, hizo llegar una proposición -que se acompaña como anexo-, aprobada mayoritariamente, que fija un tope de 25 casinos en el país, con un mínimo de uno y un máximo de tres por región, incluyendo a la Metropolitana. Sin embargo, es necesario señalar que, respecto a esta última, quedó pendiente precisar -tarea que se encomendó al Ejecutivo- la eventual exclusión de la provincia de Santiago de la posibilidad de contar con un casino de juegos.

5) Criterio de territorialidad para la instalación de salas de bingo

Dentro de la proposición del Ejecutivo previamente aludida se contempla el funcionamiento de hasta dos salas de bingo por cada provincia. Junto con compartirse la idea de que es conveniente restringir la instalación de estas salas, prevaleció asimismo el principio de emplear un criterio de territorialidad en la materia. Empero, la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas no adhirió a la sugerencia del gobierno sobre el particular, esto es, autorizar dos salas por provincia como máximo, en la medida que, según se argumentó, no todas las provincias cuentan con análogo número de comunas. En efecto, se observa una gran disparidad en esta materia y, de aceptarse la propuesta del Ejecutivo, quedarían en una situación desmedrada las provincias que constan de muchas comunas. En tal virtud, y reconociendo la validez de este punto de vista, la señora subsecretaria se comprometió a elaborar una solución alternativa.

*********

Por último, para una mejor inteligencia de las propuestas emanadas de estas Comisiones Unidas, se adjunta al informe el texto comparado de los proyectos aprobados en su segundo informe por la Comisión Técnica (Gobierno Interior y Turismo) y la de Hacienda, y, por otra parte, las sugerencias de modificaciones presentadas por el Ejecutivo tendientes a resolver los temas divergentes, como se adelantó en su oportunidad.

**********

Se designó diputada informante a la señora Caraball, doña Eliana (Presidenta).

Tratado en sesiones de fechas 2 y 9 del mes en curso, con la asistencia de la señora Caraball, doña Eliana (Presidenta); señora Allende, doña Isabel; señores Álvarez, don Rodrigo; Alvarado, don Claudio; Ascencio, don Gabriel; Becker, don Germán; Cardemil, don Alberto; Dittborn, don Julio; Egaña, don Andrés; Escalona, don Camilo; señora González, doña Rosa; Hidalgo, don Carlos; Ibáñez, don Gonzalo; Jaramillo, don Enrique; Longton, don Arturo; Lorenzini, don Pablo; Montes, don Carlos; Muñoz, don Pedro; Ortiz, don José Miguel; Pérez, don José; Quintana, don Jaime; Silva, don Exequiel; Tuma, don Eugenio; Valenzuela, don Esteban; Varela, don Mario; y Von Mühlenbrock, don Gastón.

Sala de la Comisión, a 10 de abril de 2003

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH

Abogado Secretario de la Comisión

?SEGUNDO INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO INTERIOR, REGIONALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, Y DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO

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BOLETÍN Nº2361-23-4

HONORABLE CÁMARA:

Las Comisiones Unidas de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda, pasan a emitir un nuevo informe complementario sobre el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en un Mensaje y en primer trámite constitucional.

El mandato de las Comisiones Unidas en referencia deriva de un acuerdo adoptado por la Sala en sesión del 18 de marzo pasado, complementado por otro de fecha 15 de abril, en cuya virtud se les encomienda materializar en un solo texto los acuerdos alcanzados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del reglamento, las Comisiones Unidas fueron presididas por la titular de la Comisión de Gobierno Interior, H. Diputada doña Eliana Caraball.

Los artículos 31, 52 y 57 del proyecto en informe son orgánico constitucionales, según los artículos 74 y 102 de la Carta Fundamental, en su caso.

Por acuerdo unánime de los miembros de las Comisiones Unidas, se deja constancia del compromiso asumido por el Ejecutivo en el seno de éstas en orden a presentar una indicación, en el trámite constitucional posterior, que regule lo relacionado con la situación de los casinos que funcionan en naves administradas por compañías nacionales y extranjeras y que surcan nuestros mares.

También es necesario señalar que, por idéntico quórum, se resolvió recabar el acuerdo de la Corporación en cuanto a admitir la reposición en Sala de aquellas indicaciones presentadas en el transcurso del segundo trámite reglamentario tanto en la Comisión de Gobierno Interior como en la de Hacienda.

Durante el estudio de la iniciativa en esta instancia, las Comisiones contaron con la asistencia y participación de la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, doña Adriana Delpiano, y de los asesores de esa repartición, señores Rodrigo Cabello y Eduardo Pérez.

I.- ANTECEDENTES

Se recordará que, en su segundo informe sobre el proyecto de ley enunciado, las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Turismo introdujeron varias modificaciones al texto aprobado en el primer trámite reglamentario. Las principales fueron las siguientes: 1) Por una parte, se estipuló que el juego denominado “bingo” debía desarrollarse en los mismos locales habilitados como casinos, en circunstancia que con anterioridad se había establecido una modalidad de tratamiento especial para las salas de bingo, considerándolas como establecimientos apartes, destinados en forma exclusiva a esta última modalidad de juego; 2) La segunda enmienda consistió en limitar a dos el número de casinos que se pueden explotar en cada región, salvo en la Metropolitana, que fue excluida de la posibilidad de contar con este tipo de establecimientos; 3) Por último, se eliminaron todas aquellas disposiciones que regulaban las funciones de la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo, como asimismo su estructura y organización y patrimonio, creándose en su reemplazo la Superintendencia del ramo, organismo que, sin embargo, es meramente enunciado, pues no se le dota de organización ni atribuciones específicas, limitándose a señalar el proyecto que le corresponde supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y técnicas para la instalación, administración y explotación de los casinos. Lo anterior, junto con determinar que la institución fiscalizadora careciera de significación práctica, trasuntaba, más allá del evidente vacío regulatorio, la posición predominante en el seno de dichas Comisiones Unidas, en orden a que la actividad del juego se sometiera a las normas de control de carácter general que existen en el ordenamiento jurídico, y no a un ente específico, a saber, la Superintendencia.

Conociendo del informe evacuado por las aludidas Comisiones Unidas, la Comisión de Hacienda, por su parte, resolvió volver al criterio original respecto de los temas consignados (sin perjuicio de incorporarle otras adecuaciones al texto propuesto por Gobierno y Turismo), vale decir, regular los casinos y las salas de bingo como establecimientos separados, y dejar al arbitrio de los particulares la instalación tanto de aquéllos como de éstas en los lugares y en el número que estimen pertinentes, cumpliendo eso sí, como es lógico, con los requisitos que especifica el proyecto para el desarrollo de la actividad. Tocante a la regulación del ente rector en el rubro, se mantuvo la nomenclatura propuesta por las Comisiones Unidas, esto es, la denominación de Superintendencia (en vez de Comisión Nacional), subsanando por otra parte el vacío normativo a que se hizo mención más arriba, lo que se tradujo en la reposición, en términos similares, de los preceptos que regulaban primitivamente todo lo relacionado con la estructura y el quehacer del organismo en cuestión.

Respecto al punto de los tributos y a la distribución de las utilidades generadas por los casinos y salas de bingo, la Comisión de Hacienda compartió los criterios aprobados en la instancia técnica, no suscitándose controversia sobre el particular.

No obstante, y como queda dicho, la posición diametralmente opuesta adoptada por uno y otro organismo de la Corporación en torno a las cuestiones arriba enunciadas, dio pábulo a la Sala para solicitar un nuevo estudio -traducido en un informe complementario- acerca de tales materias, con el propósito de aproximar los puntos de vista. Es necesario señalar también que, sin perjuicio de los temas antes esbozados, en el seno de éstas se suscitó controversia respecto al procedimiento que ha de seguirse para otorgar el permiso de operación de un casino de juego o sala de bingo. Sobre este particular, hubo quienes se manifestaron por radicar en la Superintendencia las atribuciones encaminadas a dicha finalidad, en tanto otros parlamentarios se inclinaron por el mecanismo de la licitación, argumentando que ofrece la gran ventaja de objetivizar y transparentar la decisión de la autoridad; y, por último, quienes expresaron que el sistema de concesión, por el cual se rigen los casinos que operan actualmente en el país, debería mantenerse porque -desde su punto de vista- ha demostrado ser exitoso, particularmente en cuanto a la generación de ingresos para las municipalidades que la otorgan.

Dicho mandato dio lugar al informe complementario de estas Comisiones Unidas, de fecha 10 de abril, y del que se diera cuenta en la Sala de la Corporación el día 15 del mismo mes.

Con posterioridad, y según se señalara, la Corporación acordó precisar los alcances del referido mandato estableciendo, con fecha 15 de mes en curso, que el cometido de las Comisiones Unidas consistiría en materializar en un solo texto los puntos que ellas concordaren, y sobre que versa este informe.

II.- COMETIDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO INTERIOR Y DE HACIENDA

A la luz, pues, del mandato conferido por la Sala, con la adición aludida, las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Hacienda se abocaron a debatir los puntos en que los informes emanados de las instancias previas mencionadas discrepaban abiertamente, con el objeto de presentar una sola propuesta a la Sala, sin perjuicio de solicitar a ésta -y por asentimiento unánime, como se adelantó- tenga a bien autorizar la reposición de las indicaciones presentadas en la Comisión Técnica y en la Comisión de Hacienda durante el segundo trámite reglamentario.

En tal cometido, la Subdere cumplió un papel muy destacado, presentando alternativas de solución que sirvieron de base para los acuerdos alcanzados, según se verá en su lugar.

A continuación se detalla la posición adoptada sobre cada uno de los temas antes esbozados:

1) Reposición de salas de bingo como establecimientos apartes (Indicaciones N°1, 2, 3 y 4 de la Comisión de Hacienda)

En esta materia, por amplia mayoría se impuso la opinión de que, dada la distinta naturaleza de los juegos que se desarrollan en uno y otro tipo de local, es preferible su funcionamiento en forma separada, acogiéndose, pues, el criterio de la Comisión de Hacienda.

2) Existencia de un organismo rector en la materia, con la denominación de Superintendencia, incluyendo su estructura, patrimonio y facultades, excepto las relativas al otorgamiento del permiso de operación (criterios y factores a considerar al efecto).

En cuanto a este punto, y con la salvedad expresada, cabe hacer presente que por abrumadora mayoría se concordó con el criterio aprobado en Hacienda (Indicaciones N°11 y 12).

3) Criterios y factores que ha de considerar la Superintendencia para evaluar y resolver las solicitudes de operación de casinos de juego y salas de bingo (Indicación N°7 de Hacienda)

En esta materia se produjo un largo debate en torno a la objetividad de los elementos considerados en la referida indicación. Ello motivó al Ejecutivo a presentar en el seno de las Comisiones Unidas, con fecha 8 de abril, una indicación más acabada respecto al punto y que, en síntesis, recoge las observaciones de los parlamentarios, en la medida que recibió el apoyo mayoritario de ellos y está plasmada en el texto que se propone. En todo caso, conviene destacar que la principal innovación que supone la indicación del Ejecutivo en relación al texto sancionado en Hacienda radica en asignar a cada uno de los factores y criterios aludidos una ponderación, que ha de fijar el reglamento.

Como lógica consecuencia de lo anterior, y también por amplia mayoría, se rechazó la indicación -del Ejecutivo, asimismo- recaída sobre la materia y presentada en la Comisión de Hacienda, toda vez que, como se precisó, ella fue absorbida por la del 8 de abril.

4) Límite de casinos en el país

Sobre el particular, también se produjo un extenso debate y, como en el caso anterior, el Ejecutivo, con fecha 31 de marzo, hizo llegar una proposición, aprobada mayoritariamente, que fija un tope de 25 casinos en el país, con un mínimo de uno y un máximo de tres por región, incluyendo a la Metropolitana.

5) Criterio de territorialidad para la instalación de salas de bingo

Dentro de la indicación del Ejecutivo aludida en el acápite previo se contemplaba el funcionamiento de hasta dos salas de bingo por cada provincia. Sin perjuicio de compartir la idea de que es conveniente restringir la instalación de estas salas, prevaleció asimismo la opinión de emplear sobre la materia un criterio de territorialidad distinto del consignado, argumentándose que no todas las provincias cuentan con análogo número de comunas, quedando en una situación desmedrada las provincias que constan de muchas de ellas. En tal virtud, y reconociendo el mérito de esta observación, el Ejecutivo sometió a la consideración de las Comisiones Unidas una nueva indicación acerca del punto (del 14 de abril), aprobada por amplia mayoría, con arreglo a la cual la cantidad de salas de bingo por región no podrá superar el equivalente al tercio del número de comunas que conforman la respectiva región.

*********

En cumplimiento del mandato de la Sala del 15 de abril, las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Hacienda vienen en someter a la consideración de la H. Corporación el siguiente

PROYECTO DE LEY

“TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de los casinos de juego y las salas de bingo, así como los juegos de azar que en ellos se desarrollen, se regularán por las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.

Artículo 2º.- Atendido el carácter excepcional de la explotación comercial de los juegos de azar antes referidos, en razón de las consideraciones de orden público y seguridad nacional que su autorización implica, corresponde al Estado determinar, en los términos previstos en esta ley, los requisitos y condiciones bajo los cuales dichos juegos y sus apuestas asociadas pueden ser autorizados, la reglamentación general de los mismos, como también la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlos.

Al efecto, corresponde a la instancia administrativa que esta misma ley señala, la atribución exclusiva para autorizar o denegar particularmente la explotación de casinos de juego y salas de bingo en el territorio nacional.

Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

a) Juegos de Azar: aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la suerte, y que se encuentran señalados en el reglamento respectivo y registrados en el catálogo de juegos.

b) Catálogo de Juegos: el registro formal de los juegos de suerte o azar que podrán desarrollarse en los casinos de juego y en las salas de bingo, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, bingo y máquinas con premio por suerte o azar, u otras categorías que el reglamento establezca. El referido registro será confeccionado y administrado por la autoridad fiscalizadora que establece esta ley.

c) Casino de Juego: el establecimiento, inmueble o parte de un inmueble, consistente en un recinto cerrado, en cuyo interior se desarrollarán los juegos de azar autorizados, se recibirán las apuestas, se pagarán los premios correspondientes y funcionarán los servicios anexos.

d) Sala de Bingo: el establecimiento, inmueble o parte de un inmueble, consistente en un recinto cerrado, en cuyo interior se desarrollará el juego bingo en sus diversas modalidades, se pagarán los premios correspondientes y funcionarán los servicios anexos.

e) Permiso de Operación: la autorización que otorga el Estado, a través de la autoridad encargada por esta ley, para explotar un casino de juego o una sala de bingo, incluidas en él las licencias de juego y los servicios anexos.

f) Licencia de explotación de juegos de azar: el permiso que otorga la autoridad competente, para explotar los juegos de azar que la ley o sus reglamentos permiten; el que tendrá carácter de intransferible e inembargable.

g) Servicios Anexos: los servicios complementarios a la explotación de los juegos que debe ofrecer un operador, según se establezca en el permiso de operación, ya sea que se exploten directamente o por medio de terceros, tales como restaurante, bar, salas de espectáculos o eventos, y cambio de moneda extranjera.

h) Operador o Sociedad Operadora: la sociedad comercial autorizada, en los términos previstos en esta ley, para explotar un casino de juego o una sala de bingo, en su calidad de titular de un permiso de operación.

i) Sala de Juego: cada una de las dependencias de un casino de juego o de una sala de bingo en donde se desarrollan los juegos de azar autorizados en el permiso de operación.

j) Personal de Sala: las personas que prestan servicios permanentes en cualquier dependencia de un casino de juego o de una sala de bingo, sea que se desempeñen en las salas de juego o en los servicios anexos.

k) Autoridad Fiscalizadora: el organismo público encargado de resolver las solicitudes de permiso de operación y de fiscalizar la administración y explotación de los casinos de juego y de las salas de bingo en los términos previstos en la presente ley, denominada “Superintendencia de Casinos de Juego y Salas de Bingo”, en adelante la Superintendencia.

l) Registro de Homologación: La nómina e identificación de las máquinas y demás implementos expresamente autorizados por la Superintendencia para el desarrollo de los juegos de azar en los casinos de juego y en las salas de bingo.

TÍTULO II

DE LOS JUEGOS, APUESTAS Y SERVICIOS ANEXOS

Artículo 4°.- Sólo se podrán desarrollar los juegos incorporados oficialmente en el catálogo de juegos y siempre que se sometan a las disposiciones que esta ley y los reglamentos determinen.

El catálogo de juegos, así como las altas y bajas en el mismo, se aprobarán mediante resolución fundada de la autoridad fiscalizadora y será confeccionado con arreglo a los siguientes criterios:

a) La salvaguarda del orden público y la prevención de perjuicios a terceros.

b) La transparencia en el desarrollo de los juegos y el establecimiento de los mecanismos que permitan prever la ocurrencia de fraudes.

c) La factibilidad de llevar y controlar la contabilidad de todas las operaciones realizadas.

En el referido catálogo, y para cada juego de las diversas categorías, se especificará además lo siguiente:

1. Las distintas denominaciones con que sea conocido el respectivo juego y las modalidades aceptadas.

2. Los elementos necesarios para su desarrollo.

3. Las reglas aplicables.

4. Las condiciones y prohibiciones que se considere necesario imponer a su práctica.

Artículo 5°.- Los operadores sólo podrán explotar los juegos de azar que esta ley y sus reglamentos autoricen y siempre que cuenten con la licencia para ello.

Los juegos de azar cuya licencia haya sido otorgada al operador, deberán ser explotados por éste en forma directa, quedando prohibida toda transferencia, arrendamiento, cesión o entrega de su explotación a terceros a cualquier título.

Los juegos de azar a que se refiere esta ley y sus reglamentos sólo se podrán autorizar y desarrollar en los casinos de juego y en las salas de bingo amparados por el correspondiente permiso de operación, según se establece en las disposiciones siguientes.

En los casinos de juego necesariamente deberán desarrollarse las categorías de ruleta, cartas, dados y máquinas con premio por suerte o azar. En todo caso, el permiso de operación establecerá, por cada categoría, los tipos de juego a explotarse, como asimismo el número mínimo de mesas de juego y máquinas que deberán existir en el respectivo casino según la capacidad del mismo.

En las salas de bingo deberán desarrollarse sólo juegos comprendidos dentro de la categoría de bingo.

Artículo 6º.- Los operadores sólo podrán utilizar las máquinas e implementos de juegos de azar que se encuentren previamente homologados e inscritos en el registro que al efecto llevará la Superintendencia.

Artículo 7º.- Las apuestas sólo se realizarán mediante fichas u otros instrumentos previamente autorizados, representativos de moneda de curso legal en Chile, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Bajo ninguna circunstancia el operador podrá otorgar crédito a los jugadores.

Las apuestas serán limitadas en su monto o sin límite, según se determine en el reglamento respectivo. Los operadores podrán establecer montos mínimos para las apuestas, previa autorización de la Superintendencia. En todo caso, carecerán de todo valor las apuestas bajo palabra, así como toda forma de asociación de dos o más jugadores con el ánimo de sobrepasar los límites máximos establecidos para cada tipo de apuestas en las distintas mesas de juego.

Los operadores llevarán un registro diario de la apertura y cierre de las mesas y de las recaudaciones brutas por concepto de apuestas, por cada una de las mesas y de los juegos que se practiquen en el establecimiento. El reglamento establecerá los procedimientos de registro y control a que deberán ajustarse los operadores, para establecer los flujos de ingresos y egresos en cada día de funcionamiento de las salas de juego.

Artículo 8º.- El reglamento respectivo regulará el funcionamiento de las salas de juego y las funciones y responsabilidades del personal a cargo tanto de la dirección de las salas como del desarrollo de los juegos.

Artículo 9º.- No podrán ingresar a las salas de juego o permanecer en ellas:

- Los menores de edad;

- Los privados de razón;

- Las personas que se encuentren en manifiesto estado de ebriedad o bajo influencia de drogas;

- Los que porten armas, con excepción de los funcionarios de Carabineros e Investigaciones, en el cumplimiento de sus funciones;

- Los que provoquen desórdenes, perturben el normal desarrollo de los juegos o cometan irregularidades en la práctica de los mismos;

- Los que, siendo requeridos, no puedan acreditar su identidad con el documento oficial de identificación correspondiente.

Será responsabilidad del operador, y en especial del personal a cargo de la admisión al casino de juego o sala de bingo, velar por el acatamiento de estas prohibiciones, sin perjuicio de las facultades pertinentes de la Superintendencia.

Los operadores no podrán imponer otras prohibiciones de admisión a las salas de juego distintas de las establecidas en el presente artículo.

Artículo 10.- No podrán, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en los casinos de juego y en las salas de bingo, las siguientes personas:

a) El personal de la Superintendencia de Casinos de Juego y Salas de Bingo.

b) Los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, y

c) Las personas que, por mandato o encargo de la Superintendencia, ejerzan labores fiscalizadoras en los casinos de juego o en las salas de bingo.

Igual prohibición afectará a toda otra persona que ejerza labores fiscalizadoras en un casino de juego o en una sala de bingo, mientras dure su cometido y respecto de los juegos que se desarrollen en ese establecimiento.

Si el que infringiere la prohibición antes señalada lo hace durante el ejercicio de una labor fiscalizadora, quedará de inmediato suspendido de dicha labor.

Lo dispuesto en este artículo, se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15.

Artículo 11.- El reglamento establecerá los servicios anexos que pueden prestarse en los casinos de juego y en las salas de bingo. El mismo reglamento señalará aquellos servicios anexos que necesariamente deberán prestarse por los operadores de casinos de juego y por los operadores de salas de bingo.

El operador podrá contratar con terceros la prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación, previa autorización de la Superintendencia, y conforme a las disposiciones que al efecto establezca el reglamento.

TÍTULO III

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EL PERSONAL

Artículo 12.- Los casinos de juego y las salas de bingo autorizados sólo podrán funcionar en el establecimiento individualizado en el permiso de operación, el que tendrá como único destino la explotación de los juegos y de los servicios anexos comprendidos en dicho permiso.

Los juegos de azar y los servicios anexos se ubicarán en sectores diferenciados dentro del establecimiento, lugares que deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley, sin perjuicio de los generales o especiales exigidos por las demás leyes o reglamentos vigentes, aplicables a este tipo de locales y servicios.

Corresponderá a la Superintendencia fiscalizar que el establecimiento cumpla con los requisitos que fijen la ley, los reglamentos y el permiso de operación.

Artículo 13.- El establecimiento respectivo podrá ser de propiedad de la sociedad operadora o tenido en arriendo o comodato por ésta. En todo caso, la duración pactada del arrendamiento o del comodato deberá ser, a lo menos, igual al número de años por el cual se otorga el permiso de operación.

Los contratos mencionados en el inciso anterior deberán ser otorgados por escritura pública y subinscribirse al margen de la inscripción de dominio del bien raíz.

Artículo 14.- El establecimiento podrá ser sometido a inspecciones periódicas por parte de la Superintendencia, las que podrán realizarse en cualquier momento y sin previo aviso, en la forma que dispongan los reglamentos. El operador deberá otorgar todas las facilidades que sean necesarias para efectuar dicha fiscalización.

Las inspecciones se efectuarán por la Superintendencia directamente o por intermedio de terceros, para cuyo efecto podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas. Lo anterior, se entiende sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias de otros organismos fiscalizadores.

Artículo 15.- El personal del casino de juego o de la sala de bingo no podrá, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en el establecimiento en que aquél se desempeña. Igual prohibición existirá respecto de los accionistas, directores o gerentes de la respectiva sociedad operadora y de quienes administren los servicios anexos del mismo establecimiento.

La infracción de estas prohibiciones será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el Título VI.

TÍTULO IV

DEL PERMISO DE OPERACIÓN

Párrafo 1°

Del Otorgamiento

Artículo 16.- Podrán optar a permiso de operación para un casino de juego o una sala de bingo sólo sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile, que se sujeten a las normas de control que rigen a las sociedades anónimas abiertas, según lo dispuesto en la ley N° 18.046, con las siguientes particularidades:

a) El objeto social será la explotación de un casino de juego o de una sala de bingo, en los términos previstos en la presente ley y sus reglamentos;

b) Sólo podrán constituirse y funcionar con un máximo de diez accionistas;

c) El capital social no podrá ser inferior al mínimo establecido por el reglamento, ni podrá disminuir durante la vigencia del permiso de operación. Si la sociedad hubiere sido constituida con un capital inferior al señalado, o éste disminuyera mientras se encuentre vigente el permiso, la Superintendencia ordenará enterar el referido capital mínimo dentro de un plazo de noventa días, expirado el cual sin que se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado, se tendrá por no presentada la solicitud o se revocará el permiso de operación, conforme a las reglas pertinentes;

d) El capital de la sociedad deberá estar íntegramente suscrito y pagado en un cincuenta por ciento, a lo menos, debiendo enterarse el saldo dentro de los seis meses siguientes a su constitución. Transcurrido el referido plazo sin haberse enterado dicho saldo, el capital de la sociedad se reducirá, de pleno derecho, al monto efectivamente suscrito y pagado, el que, en caso alguno, podrá ser inferior al mínimo a que se refiere la letra anterior.

Si reducido el capital social al monto efectivamente suscrito y pagado, éste fuere inferior al mínimo señalado, la Superintendencia ordenará el aumento del capital hasta completar al menos dicho capital mínimo en un plazo no superior a 90 días, y si así no ocurriere se tendrá por no presentada la solicitud o se revocará el permiso de operación, según corresponda;

e) Las acciones de la sociedad no podrán transferirse sin autorización de la Superintendencia y siempre que los nuevos accionistas cumplan, además, con los requisitos señalados en esta normativa;

f) Los accionistas no podrán constituir gravámenes ni otros derechos reales, distintos del dominio y en conformidad con lo señalado en esta ley, respecto de las acciones que posean en la sociedad operadora;

g) La vigencia de la sociedad no podrá ser inferior al tiempo por el cual se otorga el permiso de operación o su renovación, y

h) El domicilio de la sociedad deberá corresponder al lugar en que se explotará el casino de juego o la sala de bingo cuya autorización de operación se solicita.

Artículo 17.- Los accionistas de las sociedades operadoras podrán ser personas naturales o jurídicas, que cumplan con los antecedentes comerciales que el reglamento establezca y justifiquen el origen de los fondos que destinarán a la sociedad, lo cual, en todo caso, verificará la autoridad encargada de otorgar el permiso de operación. Tratándose de accionistas personas naturales, éstas, además, no deben haber sido condenadas por delito común que merezca pena aflictiva.

No podrán formar parte del directorio de la sociedad operadora, además de las personas comprendidas en las inhabilidades contempladas en la Ley N° 18.046, quienes no cumplan con los requisitos establecidos en el inciso anterior, en lo que corresponda.

Los accionistas y los directores de las entidades operadoras no podrán desempeñarse como gerentes de la sociedad. Tampoco estas personas podrán asumir ningún tipo de funciones en las salas de juego.

Cualquier modificación en la composición accionaria o en los estatutos de la sociedad operadora sólo podrá efectuarse previa autorización de la Superintendencia; asimismo, todo nuevo partícipe en la referida sociedad deberá sujetarse a los requisitos legales y someterse a la investigación de antecedentes que efectúe la entidad fiscalizadora como si se tratare de un accionista original.

Artículo 18.- La solicitud de operación se presentará ante la Superintendencia y deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

a) La escritura social y los demás antecedentes relativos a su constitución, así como los acuerdos de las juntas de accionistas y del directorio tendientes al perfeccionamiento de la sociedad, y aquéllos en que consten los poderes de los gerentes y apoderados, que los autoricen para tramitar ante la Superintendencia las solicitudes de autorización de operación, licencias de juegos y servicios anexos que correspondan;

b) Los antecedentes personales y comerciales de los accionistas;

c) El proyecto o plan de operación, el cual contendrá, a lo menos, las obras o instalaciones a desarrollar; el cronograma de ejecución; el programa de inversiones directas que comprenda el proyecto y las inversiones complementarias que sean necesarias para el desarrollo del proyecto;

d) El informe económico-financiero, que comprenderá, a lo menos, un estudio presupuestario; los flujos financieros correspondientes; la rentabilidad proyectada; y la descripción y origen de las fuentes de financiamiento del proyecto.

En todo caso, al menos un 40% del financiamiento debe estar constituido por aporte de la propia sociedad;

e) Los instrumentos en que conste el dominio, el arrendamiento o el comodato relativos al inmueble en que funcionará el casino de juego o la sala de bingo, o la promesa de celebrar uno de dichos contratos;

f) La ubicación y planos del establecimiento en que funcionará el casino de juego o la sala de bingo; las condiciones de seguridad previstas para su funcionamiento y una plantilla estimativa de las personas que habrán de prestar servicios en las diversas instalaciones;

g) Los juegos de azar y servicios anexos que se pretende explotar;

h) Los estudios técnicos, comerciales y turísticos que el solicitante estime necesarios para mejor fundar la solicitud de operación;

i) Un certificado, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, que dé cuenta del hecho de encontrarse al día la sociedad operadora y sus accionistas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias;

j) Un depósito en dinero, por el monto que establezca el reglamento, para proveer el pago de los gastos de precalificación que deba efectuar la autoridad fiscalizadora de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente, y

k) Los demás antecedentes que establezca el reglamento.

En lo demás, el procedimiento de tramitación de un permiso de operación se regulará en el reglamento.

Artículo 19.- Previo al procedimiento de estudio y evaluación de un permiso de operación de un casino de juego o de una sala de bingo, la Superintendencia iniciará un proceso de precalificación de la sociedad solicitante y, en particular, de todos sus accionistas, para cuyo efecto tendrá amplias facultades para investigar los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de los accionistas, como asimismo el origen de los capitales aportados.

La investigación de precalificación se basará tanto en los antecedentes presentados por los propios accionistas, como también sobre aquéllos que la propia Superintendencia recabe en ejercicio de sus atribuciones.

Los costos del proceso de precalificación serán asumidos por la propia sociedad solicitante, para cuyo efecto ésta deberá acompañar, junto con los demás antecedentes de la solicitud de operación, un depósito en dinero, por el monto que establezca el reglamento.

El resultado del proceso de precalificación de la sociedad solicitante y de todos sus accionistas constituirá la condición necesaria para el inicio del proceso de evaluación tendiente al otorgamiento del permiso de operación.

Las atribuciones establecidas en el presente artículo se ejercerán, además, por la Superintendencia cada vez que, ya otorgado un permiso de operación, se produjeren modificaciones en la composición accionaria o en el capital de la sociedad, como asimismo cuando se incorpore un nuevo partícipe en la sociedad operadora.

Las demás normas que regulen el proceso de precalificación se establecerán en el reglamento.

Artículo 20.- Respecto de cada solicitud de operación que se presente, la Superintendencia deberá recabar la opinión del gobierno regional respectivo y de la municipalidad correspondiente a la comuna en donde se propone el funcionamiento del casino de juego o la sala de bingo.

Asimismo, la Superintendencia requerirá especialmente del Servicio Nacional de Turismo un informe técnico sobre el impacto y consideraciones turísticas del proyecto constitutivo de la solicitud de operación.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia requerirá, además, los informes que estime pertinentes a cualquier órgano de la Administración del Estado para que dentro de la esfera de su competencia emita un pronunciamiento sobre los aspectos técnicos y financieros de la solicitud de operación, como asimismo para determinar la situación comercial de los solicitantes. La Superintendencia podrá recabar cualquier otro informe o investigación que estime conveniente para mejor resolver y requerir de los solicitantes cuantas aclaraciones e informaciones complementarias considere oportuno.

La Superintendencia, dentro del plazo máximo de 90 días, contado desde la presentación de la solicitud, se pronunciará otorgando o denegando el permiso de operación. Este plazo podrá ser prorrogado por un máximo de 60 días, por resolución fundada del Superintendente.

Artículo 21.- El cumplimiento íntegro de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para el otorgamiento de un permiso de operación, como asimismo el resultado de la precalificación de antecedentes de la sociedad solicitante y de sus accionistas, en los términos previstos en el artículo 19, constituyen condiciones previas y determinantes para dar inicio al proceso de evaluación y resolución de toda solicitud de operación de casino de juego o sala de bingo.

Verificado lo anterior, la Superintendencia procederá a evaluar la solicitud de operación, teniendo en consideración los siguientes criterios y factores, aplicando la ponderación que para cada uno de ellos establezca el reglamento:

a) La calidad de territorio turísticamente consolidado del lugar de emplazamiento del casino de juego o la sala de bingo cuyo permiso de operación se solicita, en virtud del informe que al efecto emita el Servicio Nacional de Turismo.

b) El informe emitido por el gobierno regional respectivo, especialmente con relación a la conveniencia del lugar de emplazamiento propuesto por la solicitante.

c) El informe emitido por la municipalidad respectiva sobre el impacto y los efectos del proyecto en la comuna.

d) La distancia relativa entre el lugar de emplazamiento del casino de juego o la sala de bingo cuyo permiso de operación se solicita y el lugar de funcionamiento de otro establecimiento del mismo tipo.

e) Las consideraciones de seguridad y orden público que reúna el lugar de emplazamiento y su entorno inmediato, según el informe que al efecto emita el Ministerio del Interior.

f) Las cualidades del proyecto o plan de operación, considerando al efecto los siguientes factores específicos:

- El incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento.

- La ubicación, diseño y calidad de las instalaciones.

- La relación armónica con el entorno.

- La conexión con los servicios y vías públicas.

- Los efectos económico-sociales que la instalación del establecimiento haya de crear o promover en la zona geográfica de su localización.

- El monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la solicitante.

No obstante, la sociedad operadora que solicite la renovación de un permiso de operación vigente tendrá derecho preferente para la obtención del permiso cuando, a lo menos, iguale el mejor puntaje ponderado que arroje el proceso de evaluación entre distintos solicitantes.

En todo caso, la Superintendencia no podrá autorizar un permiso de operación a ningún solicitante que no alcance el 60% de la suma total de los puntajes ponderados establecidos en el reglamento. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia para denegar, por resolución fundada, el respectivo permiso de operación, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

Artículo 22.- Podrán autorizarse y funcionar sólo hasta 25 casinos de juego en el país, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que establece la presente ley; uno en cada una de las regiones del país y el resto a ser distribuidos a nivel nacional. Con todo, no podrán autorizarse más de tres casinos de juego en una misma región.

Asimismo, sólo podrán autorizarse y funcionar, en cada región del país, una cantidad de salas de bingo que no supere el equivalente al tercio del número de comunas que conforman la respectiva región.

Para los efectos de lo establecido en los incisos anteriores, la presentación de solicitudes de permisos de operación o de renovaciones de los mismos sólo podrá efectuarse en los siguientes períodos:

a) Las nuevas solicitudes de permisos de operación deberán formalizarse durante el primer semestre de cada año.

b) Las solicitudes de renovación de permisos de operación vigentes deberán formalizarse entre los 270 y los 150 días anteriores al día de su vencimiento.

En todo caso, formalizada una nueva solicitud o renovación ante la Superintendencia, ésta publicará en un diario de circulación nacional, dentro de los cinco días hábiles siguientes, un extracto de la solicitud, el que contendrá, a lo menos, la individualización de la sociedad solicitante y el lugar propuesto para el funcionamiento del respectivo casino de juego o sala de bingo.

Artículo 23.- La resolución que otorgue, deniegue o renueve el permiso de operación de un casino de juego o una sala de bingo deberá ser fundada, conforme a los criterios establecidos en el artículo 21, y estar basada en los antecedentes que obren en poder de la Superintendencia.

La resolución que otorgue o renueve el permiso de operación deberá publicarse en el Diario Oficial, por una vez y en extracto, dentro del plazo de 10 días, contados desde su dictación.

El permiso de operación se otorgará por un plazo de diez años. Antes de su vencimiento, tales permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo al establecido para el otorgamiento de un permiso originario, pudiendo la Superintendencia, en este caso, abocarse simplemente a la verificación de la vigencia de los requisitos y la actualización de los antecedentes habilitantes.

En ningún caso se podrá otorgar un permiso de operación provisorio.

Artículo 24.- La resolución que otorgue o renueve un permiso de operación deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:

a) Razón social, nombre de fantasía si lo hubiere y capital de la sociedad, con indicación del porcentaje pagado y de los plazos en que deberá enterarse el porcentaje suscrito y no pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16;

b) Nombre o individualización del casino de juego o sala de bingo que se autoriza;

c) Ubicación y domicilio del establecimiento en donde necesariamente deberá funcionar el casino de juego o la sala de bingo que se autoriza;

d) Plazo de vigencia del permiso de operación, y

e) Licencias de juego otorgadas y servicios anexos autorizados.

Artículo 25.- La sociedad deberá iniciar la operación del casino de juego o sala de bingo dentro del plazo máximo de un año, contado desde la publicación de la resolución que otorga el permiso de operación, a menos que, antes del vencimiento de dicho plazo, hubiere obtenido de la Superintendencia una prórroga, por razones fundadas.

Vencido el plazo original o la prórroga sin que las actividades se hayan iniciado, se entenderá que el permiso de operación ha quedado sin efecto, no pudiendo aquél solicitarse nuevamente por el mismo peticionario sino una vez transcurrido un año, contado desde el vencimiento del plazo o de la prórroga, según corresponda.

El operador que se encuentre en condiciones de iniciar la operación de un casino de juego o de una sala de bingo deberá comunicarlo a la Superintendencia, la que dispondrá de 15 días hábiles para revisar el estricto cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias necesarias para iniciar las actividades. Verificado dicho cumplimiento, la Superintendencia expedirá un certificado en el que conste tal circunstancia, documento que habilitará para dar inicio a la operación. Si la Superintendencia observare algunas materias, las señalará expresamente mediante resolución. En este último caso, el operador deberá subsanar tales observaciones y solicitar una nueva revisión, con el objeto que la Superintendencia expida el certificado indicado y así poder dar inicio a la operación. En ningún caso podrá iniciarse el funcionamiento parcial de un casino de juego o de una sala de bingo.

Artículo 26.- El permiso habilitará la explotación del casino de juego o sala de bingo expresamente comprendida en él y por el tiempo que la resolución establezca, no pudiendo invocarse este permiso para la habilitación y funcionamiento de otros establecimientos por el mismo operador, como tampoco para establecer sucursales del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el operador podrá solicitar a la Superintendencia la ampliación o reducción del número de licencias de juego otorgadas o servicios anexos autorizados, según el procedimiento establecido en el reglamento.

Párrafo 2°

De la extinción y revocación

Artículo 27.- El permiso de operación se extinguirá por alguna de las siguientes causales:

a) Vencimiento del plazo o de la renovación otorgada;

b) Renuncia del operador, en la forma y condiciones que determine el reglamento;

c) Disolución de la sociedad anónima operadora;

d) Quiebra del operador, y

e) Revocación.

Artículo 28.- El permiso de operación podrá ser revocado por cualquiera de las siguientes causales, sin perjuicio de las multas que sean procedentes:

a) Iniciar el funcionamiento del casino de juego o la sala de bingo sin contar con la certificación a que se refiere el artículo 25;

b) Infringir gravemente las normas sobre juegos contenidas en esta ley y sus reglamentos;

c) Suspender el funcionamiento de las salas de juego sin causa justificada;

d) Operar en un establecimiento no autorizado;

e) Explotar juegos no autorizados o prohibidos;

f) Transferir la propiedad o el uso del permiso de operación o de las licencias de juego otorgadas;

g) Explotar servicios anexos no autorizados en el permiso de operación;

h) Contratar con terceros la administración o prestación de los servicios anexos, sin contar previamente con la autorización correspondiente;

i) Introducir modificaciones sustanciales al establecimiento en que funcione el casino de juego o la sala de bingo, sin contar previamente con la autorización de la Superintendencia;

j) Infringir gravemente las instrucciones que imparta la Superintendencia en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias;

k) Negar la información requerida por la Superintendencia en los plazos que ella determine, no suministrarla de acuerdo a las exigencias definidas por aquélla y, en general, obstaculizar las acciones de fiscalización;

l) Participar los accionistas, directores y gerentes de la sociedad operadora, por sí o por interpósita persona, en los juegos que se explotan en el establecimiento;

m) Utilizar máquinas o implementos de juego no comprendidos en el registro de homologación;

n) Negar el pago total o parcial de los premios provenientes de los juegos;

ñ) Disminuir, durante la vigencia del permiso de operación, el capital social mínimo establecido en el reglamento y no haber enterado este mínimo dentro del plazo de noventa días señalados en la letra c) del artículo 16, y

o) Transferir las acciones de la sociedad operadora sin la autorización previa de la Superintendencia.

Artículo 29.- La Superintendencia iniciará el procedimiento de revocación cuando considere que existen antecedentes fundados en cuanto a que el operador ha incurrido en alguna causal de revocación del permiso de operación, en los términos previstos en el artículo anterior.

Para ello, dictará una resolución indicando la causal o causales en que el operador habría incurrido, señalando los antecedentes y fundamentos que las justifican.

La resolución deberá ser notificada al gerente del operador o a su apoderado, mediante carta notarial. En el caso que ninguno de ellos sea habido, se procederá a fijar la cédula que la contenga en la puerta del domicilio de la sociedad operadora.

La Superintendencia podrá ordenar la paralización inmediata de las actividades del casino de juego o de la sala de bingo, en la misma resolución que da comienzo al procedimiento de revocación.

Artículo 30.- El operador podrá efectuar los descargos que crea oportuno dentro del plazo de 15 días hábiles, acompañando los antecedentes que considere necesarios ante la Superintendencia.

Recibidos los descargos o transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior sin haberse éstos recepcionado, la Superintendencia resolverá sin más trámite dentro del plazo de diez días, pudiendo ampliar este último término por una sola vez.

Artículo 31.- La resolución de revocación deberá ser fundada y se pronunciará sobre todos los puntos en que el operador haya sostenido su defensa.

Si el operador considera que la revocación de su permiso ha sido injustificada, podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución de revocación. Dicho tribunal conocerá de la reclamación en cuenta, en la Sala que fuere sorteada al efecto, si hubiere más de una. La Corte dará traslado por seis días al Superintendente y evacuado dicho trámite o acusada la correspondiente rebeldía, dictará sentencia en el término de treinta días, sin ulterior recurso. En el caso que hubiere quedado a firme la resolución de paralización de actividades dictada por la instancia administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 29, ésta sólo podrá ser alzada por la misma Corte en la sentencia que anule la revocación del permiso, la que deberá ser fundada.

TÍTULO V

DE LA SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO

Párrafo 1°

Naturaleza y funciones

Artículo 32.- Créase la Superintendencia de Casinos de Juego y Salas de Bingo, organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su reglamento, la cual se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Hacienda.

Estará a cargo de un Superintendente. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que establezca en otras ciudades del país.

Artículo 33.- Corresponderá a la Superintendencia supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas para la instalación, administración y explotación de los casinos de juego y las salas de bingo que operen en el país.

Artículo 34.- La Superintendencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1. Otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego y salas de bingo, como asimismo las licencias de juego y servicios anexos, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Para estos efectos, la Superintendencia estará facultada para requerir, recabar y reunir la información y antecedentes relativos a las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego y de salas de bingo, a la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos, y los atingentes a la renovación y revocación de tales permisos.

2. Fiscalizar las actividades de los casinos de juego y las salas de bingo, y sus sociedades operadoras, en los aspectos jurídicos, financieros y contables, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley y sus reglamentos.

3. Determinar los principios contables de carácter general conforme a los cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial, sobre la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros.

4. Fiscalizar el desarrollo de los juegos, según las normas reglamentarias de los mismos, como también el correcto funcionamiento de las máquinas e implementos usados al efecto.

5. Autorizar al operador para contratar con terceros la administración y prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación.

6. Controlar el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes que el reglamento respectivo determine para las personas que desempeñen funciones en las salas de juego o en las demás dependencias del casino de juego o de la sala de bingo.

7. Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas, debidamente acreditadas ante la Superintendencia, la realización de acciones específicas o la prestación de servicios que permitan complementar el ejercicio de sus atribuciones.

8. Homologar las máquinas e implementos de juego que podrán utilizarse en los casinos de juego y en las salas de bingo, para cuyo efecto la Superintendencia mantendrá un registro actualizado. El reglamento determinará el procedimiento de homologación.

Párrafo 2°

Del Patrimonio

Artículo 35.- El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Servicio;

c) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios, y

d) Los demás que señale la ley.

Las donaciones en favor de la Superintendencia no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil, y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley N° 16.271.

Párrafo 3°

Estructura y Organización

Artículo 36.- Un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de Superintendente de Casinos de Juego y Salas de Bingo, será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo, y las demás funciones y atribuciones que establezca la ley.

Artículo 37.- Establécese la siguiente planta de personal de la Superintendencia:

Además de los requisitos generales para ingresar a la Administración del Estado contemplados en la ley N° 18.834, establécense los siguientes requisitos especiales para los cargos de la planta que en cada caso se indican:

Directivos:

Superintendente: Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste, y una experiencia profesional mínima de 10 años.

Jefes de Departamento: Título profesional de una carrera, de a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste, y una experiencia profesional mínima de 5 años.

Profesionales:

Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste.

El régimen de remuneraciones del personal de la Superintendencia será el correspondiente a las instituciones fiscalizadoras. Tendrá, asimismo, derecho a la asignación de modernización establecida en el artículo 1° de la ley N° 19.553.

El Superintendente, mediante resolución, determinará las funciones y el personal adscrito a cada departamento o unidad.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia podrá, además, contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios para asesorías, estudios o servicios determinados. También podrá solicitar, en comisión de servicios, a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la Administración del Estado.

Artículo 38.-Corresponderá al Superintendente:

1. Dirigir y organizar el funcionamiento de la Superintendencia.

2. Establecer oficinas regionales cuando las necesidades del Servicio así lo exijan.

3. Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

4. Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En ejercicio de estas facultades podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

5. Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia.

6. Nombrar y remover al personal del Servicio, de conformidad con las normas estatutarias.

7. Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento.

8. Impartir instrucciones contables de carácter general, conforme a las cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial aquéllas que regulen la presentación de balances y estados de situación financiera, y la forma en que deberán llevar su contabilidad.

9. Requerir de los organismos del Estado los informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

10. Imponer las sanciones y multas que establecen la presente ley y las demás disposiciones legales que regulen la actividad de los casinos de juego o de las salas de bingo.

11. Examinar, sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las entidades fiscalizadas, y requerir de sus representantes y personal en general todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor inteligencia de las labores de fiscalización. Las mismas facultades tendrá el Superintendente respecto de los terceros que administren y presten servicios anexos en el casino de juego o en la sala de bingo.

El Superintendente, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas que deben estar permanentemente disponibles para su examen en el propio establecimiento en donde funcione el casino de juego o sala de bingo.

12. Realizar visitas inspectivas, directamente o por intermedio de sus inspectores o funcionarios, a las entidades sometidas a su fiscalización, con la frecuencia que estime conveniente.

13. Citar a cualquier persona que preste servicios en o para un casino de juego o sala de bingo a prestar declaración, bajo juramento, acerca de cualquier hecho o circunstancia cuyo conocimiento estimare necesario para esclarecer alguna operación de las entidades fiscalizadas o la conducta de su personal.

14. Suspender, total o parcialmente, el funcionamiento de un casino de juego o una sala de bingo cuando el operador no cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, de conformidad con el reglamento. El operador podrá solucionar los reparos en el plazo que, al efecto, determine el Superintendente.

15. Accionar judicialmente respecto de la explotación y práctica de juegos de azar desarrollados al margen de la presente ley, como asimismo por los delitos e infracciones de que tome conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.

16. Otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego y salas de bingo, como también las licencias de juego y servicios anexos, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

17. Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los organismos pertinentes los antecedentes de que disponga para que éstos ejerzan las facultades fiscalizadoras que les sean propias.

TÍTULO VI

DE LA FISCALIZACIÓN, INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES

Párrafo 1°

De la Fiscalización

Artículo 39.- Los inspectores o funcionarios de la Superintendencia tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los referidos inspectores o funcionarios y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a cabo en cualquier momento, para lo cual el operador deberá otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los inspectores o funcionarios de la Superintendencia. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, el reglamento determinará, en lo demás, las modalidades que asumirá la función fiscalizadora.

Artículo 40.- Las sanciones establecidas en el presente Título se entienden sin perjuicio de disponerse la suspensión, cuando procediere, del desarrollo de uno o más juegos, el cierre temporal de las salas de juego o de los servicios anexos contemplados en la presente ley.

Artículo 41.- Los funcionarios respecto de quienes se acredite haber aplicado sanciones injustas o arbitrarias, atendido el mérito de los antecedentes que se reúnan en el procedimiento administrativo seguido en contra de la sociedad operadora, serán sancionados con algunas de las medidas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos.

Párrafo 2°

De las infracciones

Artículo 42.- No se podrán desarrollar y explotar los juegos de azar que la presente ley establece sino en la forma y condiciones que ella regula, y sólo por las entidades que se contemplan.

Artículo 43.- Las infracciones a esta ley que no tengan señalada una sanción especial serán penadas con multa a beneficio fiscal de una a treinta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, dentro de un período no superior a un año, estas multas se duplicarán.

Serán responsables del pago de la multa los directores, gerentes y apoderados que tengan facultades generales de administración y, subsidiariamente, la sociedad operadora del casino de juego o de la sala de bingo.

Artículo 44. Serán sancionados con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales los directores, gerentes y apoderados con facultades generales de administración que se opongan o impidan las labores de fiscalización de los inspectores o funcionarios de la Superintendencia.

La misma sanción se aplicará a las personas antes referidas que se nieguen a proporcionar la información solicitada por los inspectores o funcionarios, en el cumplimiento de sus facultades fiscalizadoras, u oculten los instrumentos en que conste dicha información.

Artículo 45.- Serán sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales los operadores de casinos de juego o salas de bingo que permitan el ingreso o la permanencia en las salas de juego de las personas indicadas en el inciso primero del artículo 9°.

Artículo 46.- Serán sancionadas con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales las personas señaladas en las letras a), b) y c) del artículo 10 que infringieran la prohibición establecida en la misma disposición, sin perjuicio de que la infracción constituya, además, causal de terminación del contrato de trabajo o de destitución, según corresponda.

Las personas señaladas en el inciso primero del artículo 15 que infringieren la respectiva prohibición serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales. Igual multa se aplicará, además, a la sociedad operadora a la que pertenezca el infractor.

Artículo 47.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28, será sancionada con multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales la sociedad operadora que explotare juegos no autorizados o prohibidos. Tratándose de la operación de servicios anexos no contemplados en el permiso o no autorizados, será sancionada con multa de treinta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 48.- El que manipule, modifique o altere los implementos de los juegos o su desarrollo, en perjuicio o beneficio de los jugadores o del operador, o sustituya el material con el que se juega con el mismo propósito, será sancionado con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.

Si quienes incurrieren en las conductas señaladas, o las permitieren, fueren los administradores de los establecimientos, los directores o gerentes de sociedades operadoras o los encargados de las salas de juego, serán sancionados con multa de hasta cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 49.- El que utilice máquinas o implementos de juego no autorizados será sancionado con multa de diez y hasta cincuenta unidades tributarias mensuales. Si como producto de esta conducta se hubiere causado perjuicio o beneficio a los jugadores, la sanción podrá llegar a las sesenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 50.- El que maliciosamente alterare, destruyere o inutilizare los libros, registros y demás instrumentos en que deben asentarse los montos con que abren y cierran los juegos, será sancionado con multa de hasta treinta unidades tributarias mensuales.

Artículo 51.- En los casos que un mismo hecho sea constitutivo de alguna falta administrativa prevista en esta ley y de un crimen o simple delito, sólo será sancionado el infractor con las penas asignadas a este último.

Artículo 52.-En los casos establecidos precedentemente, aplicada la multa, la sociedad operadora podrá reclamarla ante el Superintendente dentro de los diez días siguientes, haciendo valer todos los antecedentes de hecho y de derecho que fundamenten su reclamo. El Superintendente deberá resolver la reclamación dentro de los diez días siguientes de expirado el plazo para interponerla, quedando en suspenso, mientras tanto, eI pago efectivo de la multa.

Desechada la reclamación, la sociedad operadora podrá recurrir, sin ulterior recurso, ante el tribunal ordinario civil que corresponda al domicilio de la sociedad, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que desechó el reclamo. El tribunal no podrá acoger a tramitación este recurso si no se acredita haberse consignado el valor de la multa. Acogido a tramitación, se regirá por las normas establecidas en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Si se acogiere el recurso, el tribunal dejará sin efecto la multa y ordenará la restitución de las sumas consignadas.

Rechazado el recurso, quedará a firme la multa y se pondrán a disposición de la Superintendencia las sumas consignadas. Transcurrido el plazo sin que se hubiere interpuesto el recurso, la resolución del Superintendente tendrá mérito ejecutivo para su cobro.

Artículo 53.- A las actividades que se realicen de conformidad con esta ley no les serán aplicables los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal.

TÍTULO VII

DE LA AFECTACIÓN

Artículo 54.- Sin perjuicio de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 ° del Decreto Ley N° 824, y en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el Decreto Ley N° 825, ambos de 1974, y demás establecidos en leyes especiales, los contribuyentes que administren, en la forma prescrita por esta ley, casinos de juego o salas de bingo, deberán pagar los impuestos especiales que se indican en los artículos siguientes.

Artículo 55.- Establécese un impuesto de exclusivo beneficio fiscal de un monto equivalente al 0,07 de una unidad tributaria mensual, que se cobrará, en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juego de los casinos de juego y de las salas de bingo que operen en el territorio nacional.

Este tributo tendrá la calidad de impuesto sujeto a retención y deberá ser ingresado a rentas generales de la Nación, dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención, por los operadores de los casinos de juego y salas de bingo señalados en el inciso anterior.

Artículo 56.- Establécese un impuesto del 20% a las sociedades operadoras de casinos de juego y de salas de bingo, el que se determinará y pagará en conformidad a las reglas siguientes:

a) El impuesto se calculará sobre la base de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados durante el ejercicio respectivo, considerando para estos efectos la base imponible determinada para el pago del impuesto de primera categoría.

b) El impuesto se declarará y pagará mensualmente, en el mismo plazo que el contribuyente tiene para efectuar pagos provisionales mensuales, establecido en el artículo 84 letra a) de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Artículo 57.- Los recursos que se recauden por aplicación del impuesto establecido en el artículo anterior se distribuirán de la siguiente forma:

a) Un 50% se destinará a la municipalidad correspondiente a la comuna en que se encuentre ubicado el respectivo casino de juego o sala de bingo, para ser aplicado por la autoridad comunal al financiamiento de obras de desarrollo.

b) Un 50% se incorporará al patrimonio del gobierno regional correspondiente a la región en que se encuentre ubicado el respectivo casino de juego o sala de bingo, de conformidad a lo establecido en la letra f) del artículo 69 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, para ser aplicado por la autoridad regional al financiamiento de obras de desarrollo.

El Servicio de Tesorerías recaudará el referido impuesto y pondrá a disposición de los respectivos gobiernos regionales y municipalidades los recursos correspondientes, dentro del mes subsiguiente al de su recaudación.

Artículo 58.- Los impuestos establecidos en los artículos precedentes se sujetarán en todo a lo dispuesto en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del Decreto Ley N° 830, de 1974, y serán fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos.

Artículo 59.- Deróganse los incisos tercero y cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.110.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1°.- Los casinos de juegos que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga definitivamente. No obstante, en lo referido a las normas sobre fiscalización y sanciones que este cuerpo legal contempla, deberán someterse a ellas a contar de la fecha que entre en funcionamiento la entidad fiscalizadora de casinos de juego creada por el presente cuerpo legal.

En todo caso, cualquiera nueva prórroga o renovación de las concesiones antes mencionadas que se disponga con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, sólo podrá extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010.

Todo acto en contravención a lo dispuesto en el presente artículo será nulo absolutamente.

Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las leyes actualmente vigentes, a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de casinos de juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes se extingan por cualquier causa.

Artículo 3°.- El Presidente de la República nombrará al Superintendente dentro de los treinta días siguientes de publicada la presente ley, quien asumirá de inmediato sus funciones.

El Superintendente, dentro del plazo de sesenta días contado desde su nombramiento, llamará a concurso público para proveer los cargos de carrera de la planta del Servicio.

Artículo 4°.- Los reglamentos a que se refiere la presente ley deberán dictarse dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación de la misma.

La primera presentación de solicitudes de permisos de operación, durante el año 2003, deberá verificarse dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior. No obstante, si alguno de los meses del período antes referido recayere en el último trimestre de dicho año, la presentación de solicitudes se diferirá hasta el período que para estos efectos se establece en la letra a) del artículo 22.”.

Se designó DIPUTADO INFORMANTE al señor Silva, don Exequiel.

Tratado y acordado en sesión de fecha 16 del mes en curso, con la asistencia de la señora Caraball, doña Eliana (Presidenta); señores Álvarez, don Rodrigo; Alvarado, don Claudio; Becker, don Germán; Dittborn, don Julio; Egaña, don Andrés; señora González, doña Rosa; Hidalgo, don Carlos; Ibáñez, don Gonzalo; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Ortiz, don José Miguel; Pérez, don José; Pérez, don Ramón; Silva, don Exequiel; Tuma, don Eugenio; y Von Mühlenbrock, don Gastón.

Sala de la Comisión, a 17 de abril de 2003.

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH

Abogado Secretario de la Comisión

REGULACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Primer trámite constitucional.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En el Orden del Día, corresponde conocer, en segundo trámite reglamentario, el proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.

Diputados informantes de las comisiones unidas de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social y de Turismo, de Hacienda y unidas de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social y de Hacienda, son los señores Araya, Von Mühlenbrock y Silva, respectivamente.

Antecedentes:

-Segundo informe de las comisiones unidas de Gobierno Interior y Turismo y de la de Haciienda, sesión 44ª, en 16 de enero de 2003. Documentos de la Cuenta Nºs 9 y 10, respectivamente.

-Informe complementario de las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Haciienda, sesión 67ª, en 15 de abril de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 4.

-Segundo informe complementario de las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 11, de esta sesión.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.

El señor ARAYA.-

Señora Presidenta , a continuación, voy a dar cuenta a la Sala los acuerdos a que llegaron las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Turismo respecto del proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego.

Hago presente que el funcionamiento en comisiones unidas obedece a un acuerdo adoptado por la Sala el 1 de octubre del año pasado.

En primer término, es necesario hacer presente que los artículos 29, 44 y 49 son de rango orgánico constitucional, conforme lo disponen los artículos 74 y 102 de nuestra Carta Fundamental. Además, los artículos 48 y 49 debieron ser conocidos, en su oportunidad, por la Comisión de Hacienda.

Los artículos 8º, 33 -antiguo 37-, 40 -antiguo 44-, 41 -antiguo 45-, 45 -antiguo 49- y 51 -antiguo 57- no fueron objeto de modificaciones.

Con el objeto de dar un mejor tratamiento a la presentación del informe y facilitar el entendimiento de los señores diputados, dividiré la exposición del proyecto de ley sometido a discusión en las siguientes materias:

1. Normas que dicen relación con la cantidad de casinos, requisitos que deben reunir las sociedades para operar casinos y requisitos que se deben cumplir para obtener un permiso de operación.

2. Normas que dicen relación con el destino de los tributos recaudados por la explotación de los casinos de juego.

3. Normas que dicen relación con la autoridad llamada a fiscalizar la actividad de los casinos de juego.

Respecto del primer punto, como cuestión previa, es necesario señalar que las comisiones unidas y los representantes del Ejecutivo , antes de determinar la cantidad de casinos que se establecerían en cada región, llevaron a cabo un amplio debate sobre el objetivo del presente proyecto de ley.

En el seno de las comisiones unidas existió consenso en cuanto a que la iniciativa legal en discusión tiene como uno de sus principales objetivos el fomento de la actividad turística en aquellas zonas del país que presenten potencial para desarrollar dicha actividad. Asimismo, sus integrantes estuvieron contestes en señalar que la actividad que la Cámara está regulando es en sí ilícita, razón por la que la Constitución y las leyes la prohíben en la generalidad de los casos. De allí que sólo por especial disposición y expresa autorización del legislador se permite la explotación de casinos de juego en determinadas ciudades.

En razón de los argumentos señalados, las comisiones unidas proponen a la Sala aprobar el artículo 20 del proyecto, que dispone: “Sólo podrán autorizarse y funcionar hasta dos casinos por región, con excepción de la Región Metropolitana en la que no podrán autorizarse en ningún caso”.

Por otra parte, las comisiones unidas acordaron eliminar la actividad de las salas de bingo, por considerarla distinta de la de los casinos de juego. Sin embargo, los miembros de la Comisión fuimos de la opinión de que el bingo debería ser parte del catálogo de juegos por realizarse dentro del recinto de los casinos, no en un lugar diferente. La decisión de desechar la posibilidad de que se crearan salas de bingo como establecimientos separados de los casinos se tomó en atención a que se busca unificar el desenvolvimiento de los juegos de azar en un solo establecimiento, y porque se busca no afectar la viabilidad y la realización de los bingos comunitarios con fines benéficos, los cuales no son materia de estudio del proyecto.

La iniciativa establece que las sociedades que podrán optar a un permiso de operación para un casino de juego deberán ser sociedades anónimas cerradas, constituidas en Chile, conforme con lo que establece la ley Nº 18.046, con algunas particularidades, de las cuales las más importantes son las siguientes:

-La sociedad tendrá por objeto la explotación de un casino de juego.

-Sólo podrá constituirse y funcionar con un máximo de diez accionistas.

-El capital social no podrá ser inferior al mínimo establecido en el reglamento ni podrá disminuirse durante la vigencia del permiso de operación. Asimismo, el capital deberá estar íntegramente suscrito y pagado, a lo menos, en un cincuenta por cierto, debiendo enterarse el saldo dentro de los seis meses siguientes a la constitución de la sociedad.

-La vigencia de la sociedad no podrá ser inferior al tiempo por el cual se solicita el permiso de operación o la respectiva renovación.

-Los accionistas podrán ser personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos comerciales que establezca el reglamento, y, a la vez justifiquen el origen de los fondos que se destinarán a la constitución de la sociedad. Si el accionista es una persona natural, adicionalmente a los requisitos anteriores se exige que dicha persona no haya sido condenada por delitos que merezcan pena aflictiva.

Los accionistas y directores de las entidades operadoras no podrán desempeñarse como gerente de la sociedad, así como tampoco asumir ningún tipo de funciones en la sala de juego.

Los permisos de operación deberán presentarse ante la Superintendencia, acompañando los documentos establecidos en el artículo 17 del proyecto, entre ellos, copia de la escritura de la constitución social, los antecedentes personales y comerciales de cada accionista, el proyecto o plan de operación, un informe económico-financiero que contenga, a lo menos, los flujos financieros respectivos, los juegos de azar y los servicios anexos que se pretenden explotar.

Es importante destacar que la sociedad que solicita el permiso deberá realizar un depósito de dinero, por un monto que establezca el reglamento, para proveer el gasto de precalificación que deberá efectuar la autoridad fiscalizadora.

Presentada la solicitud a la Superintendencia, se inicia un proceso de precalificación de la sociedad solicitante y, en particular, de sus accionistas, para lo cual el órgano fiscalizador gozará de amplias facultades.

Si la sociedad aprueba la precalificación de la Superintendencia, se iniciará un proceso de evaluación para el otorgamiento del permiso de operación.

Respecto de cada solicitud de operación que se presente, la Superintendencia deberá recabar la opinión del gobierno regional respectivo, de la municipalidad correspondiente al lugar donde se propone el funcionamiento del casino de juego, así como también la opinión del Servicio Nacional de Turismo. Éste último deberá emitir un informe técnico sobre el impacto y consideraciones turísticas del proyecto constitutivo de la solicitud de operación.

En todo caso, la Superintendencia podrá requerir los antecedentes que estime necesarios a cualquier órgano de la administración del Estado, para que, dentro de la esfera de su competencia, emita opinión en esta materia.

En cuanto a los plazos, la Superintendencia tiene uno máximo de 90 días, contado desde la presentación de la solicitud, para pronunciarse, a fin de otorgar o denegar el respectivo permiso de operación. Este plazo podrá ser prorrogado por resolución fundada del superintendente, por un máximo de 60 días.

La resolución que apruebe o deniegue el permiso de operación deberá ser fundada, y, en el caso de otorgar o renovar el permiso de operación, deberá publicarse dicha resolución en el Diario Oficial, por una sola vez y en extracto, dentro del plazo de diez días a contar de su dictación.

El proyecto se encarga de precisar que el operador deberá iniciar la operación del casino de juego dentro del plazo máximo de un año, contado desde la publicación de la resolución que otorga el permiso, salvo que pida prórroga por razones fundadas.

El permiso de operación se otorgará por un plazo de diez años, renovable mediante el procedimiento ya descrito.

No está permitido, desde ningún punto de vista, otorgar permisos de operación provisorios.

En lo que respecta al momento para solicitar los permisos de operación, el proyecto distingue tres situaciones:

Primero, en aquellas regiones en que existan cuotas vacantes dentro de los primeros cuatro meses de cada año. (Letra a) del artículo 20).

Respecto de permisos de operación que estén próximos a extinguirse por vencimiento del plazo de otorgamiento, éstos se podrán solicitar entre los 270 y los 150 días anteriores a su vencimiento. (Letra b) del artículo 20).

Respecto de los permisos de operación que se extingan por cualquiera de las causales contempladas en la ley, distinta del vencimiento del plazo, éstos podrán solicitarse dentro de los 120 días siguientes a su extinción formal. (Letra c) del artículo 20).

En el caso de que las situaciones previstas en las letras b) y c) ya descritas no se presenten nuevas solicitudes, se estará a lo señalado en la letra a) del artículo 20.

El artículo 25 del proyecto de ley se encarga de señalar las causales por las cuales se extinguirá el permiso de operación, las más importantes de las cuales son: el vencimiento del plazo, renuncia del operador, disolución de una sociedad o quiebra de la misma.

Por su parte, el artículo 26 señala cuales son las causales de revocación del permiso de operación, destacando, entre ellas, infringir gravemente las normas contenidas en el presente proyecto de ley, así como en el reglamento; suspender el funcionamiento de la sala de juegos sin causa justificada; explotar juegos no autorizados o prohibidos; negar el pago total o parcial de los premios provenientes de los juegos; disminuir, durante la vigencia de la sociedad, el capital social mínimo establecido en el reglamento.

Para el evento de que se proceda a revocar el permiso de operación concedido, el proyecto de ley establece un procedimiento mediante el cual la Superintendencia dictará una resolución en la que se indique la causal o causales en las que ha incurrido el operador, que ameriten poner fin a la concesión. Esta resolución deberá ser notificada mediante carta notarial.

El operador podrá realizar sus descargos dentro del plazo de 15 días hábiles, acompañando los antecedentes que estime necesarios.

Recibidos los descargos o transcurrido el plazo sin que se realicen éstos, la Superintendencia resolverá dentro del plazo de 10 días, ampliable por una sola vez.

La resolución que revoque el permiso de operación deberá ser fundada y se pronunciará sobre todos los puntos en los cuales el operador haya sostenido su defensa.

Frente a la resolución de la Superintendencia que el operador considere injustificada, podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que revoca el permiso de operación.

Conforme al artículo 1º transitorio, "Los casinos que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga definitivamente".

Sin perjuicio de ello, la operación de éstos no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2010.

En cuanto a las normas que dicen relación con el destino de los tributos recaudados por la explotación de los casinos de juego, el proyecto señala que, "Sin perjuicio de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del Decreto Ley Nº 824, y en la Ley Sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el Decreto Ley Nº 825, ambos de 1974, y demás establecidos en leyes especiales, los contribuyentes que administren, en la forma prescrita por esta ley, Casinos de Juego, deberán pagar..." los siguientes impuestos especiales:

a) Un impuesto a beneficio fiscal, equivalente a 0,07 de una unidad tributaria mensual, que se cobrará, en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juego de los casinos de juego que operen en el territorio nacional.

b) Un impuesto de 20 por ciento a las sociedades operadoras de casinos de juego, que se determinará y pagará de la siguiente forma:

El impuesto se calculará sobre la base de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados durante el ejercicio respectivo, considerando para estos efectos la base imponible determinada para el pago del impuesto de primera categoría.

Este impuesto se declarará y pagará mensualmente, y se distribuirá de la siguiente forma:

a) Un 50 por ciento se destinará a la municipalidad correspondiente a la comuna en que se encuentre ubicado el respectivo casino de juego, para ser aplicado por la autoridad comunal al financiamiento de obras de desarrollo.

b) Un 50 por ciento se incorporará al patrimonio del gobierno regional correspondiente a la región en que se encuentre ubicado el respectivo casino de juego, de conformidad a lo establecido en la letra f) del artículo 69 de la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, para ser aplicado por la autoridad regional al financiamiento de obras de desarrollo.

En ningún caso estos dineros podrán destinarse a gastos corrientes de los municipios ni de los gobiernos regionales.

El proyecto de ley otorga al Servicio de Impuestos Internos la facultad de fiscalizar el cumplimiento de las normas señaladas.

En cuanto a las normas relacionadas con la autoridad llamada a fiscalizar la actividad, las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Hacienda, aun cuando aceptan la existencia de la Superintendencia de Casinos de Juego y Salas de Bingo como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por un reglamento, que se relacionará con el Presidente de la República por medio del Ministerio de Hacienda y cuyo titular tendrá domicilio legal en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que se establezcan en otras ciudades del país, no aprobó ninguna norma relativa al patrimonio de este organismo.

Las comisiones unidas tampoco aprobaron las normas sobre el nombramiento del superintendente ni las relacionadas con la planta de personal que tendrá la Comisión Nacional de Juego.

Asimismo, la Comisión rechazó las normas acerca de las atribuciones y facultades de la Superintendencia, por una parte, y del superintendente, por la otra, como órgano unipersonal.

En definitiva, puedo señalar, como apreciación personal, que existe incongruencia en este sentido, ya que si bien se rechazó gran parte de las normas relativas a la Superintendencia, en cuanto a su creación, planta de personal, atribuciones y funciones, a lo largo del proyecto se reconoce la existencia de la Superintendencia y se le entregan funciones y atribuciones, como la de otorgar o negar permisos de operación de un casino de juego o revocar el permiso de operación ya existente.

Finalmente, agradezco el trabajo realizado por las señoras diputadas y los señores diputados durante el trabajo de las comisiones unidas, y a los funcionarios de la Comisión de Gobierno Interior que nos entregaron el apoyo técnico necesario para realizar la discusión parlamentaria. Por último, también agradezco a los representantes del Ejecutivo: al entonces subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , hoy ministro , señor Francisco Vidal , y a sus asesores señores Rodrigo Cabello , Eduardo Pérez , Alexis Yáñez y Manuel Brito , por la diligencia con que actuaron en la tramitación del presente proyecto y por haber recogido gran parte de las iniciativas e inquietudes que tuvimos los diputados respecto de la discusión de este proyecto.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock, informante de la Comisión de Hacienda .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señora Presidenta , paso a entregar el segundo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.

Con fecha 14 de enero su excelencia el Presidente de la República retiró e hizo presente nuevamente la urgencia para el despacho de la iniciativa en cuestión, calificándola de “simple”.

Durante el estudio del segundo informe, asistieron a la Comisión el entonces subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Francisco Vidal , y los asesores de esa repartición, señores Rodrigo Cabello , Eduardo Pérez y Alexis Yáñez .

Las disposiciones puestas en conocimiento de esta Comisión, en este trámite, son los artículos 48 y 49 del proyecto aprobado por la Comisión técnica.

Por el artículo 48 se establece un impuesto de 20 por ciento a las sociedades operadoras de casinos de juego, el que se determinará y pagará en conformidad a las reglas que señala.

Por el artículo 49 se determina que los recursos que se recauden por aplicación del impuesto establecido en el artículo anterior, se distribuirán de la siguiente forma:

a) Un 50 por ciento se destinará a la municipalidad correspondiente a la comuna en que se encuentre ubicado el respectivo casino de juego, para ser aplicado por la autoridad comunal al financiamiento de obras de desarrollo.

b) Un 50 por ciento se incorporará al patrimonio del gobierno regional correspondiente a la región en que se encuentre ubicado el respectivo casino de juego, de conformidad a lo establecido en la letra f) del artículo 69 de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, para ser aplicado por la autoridad regional al financiamiento de obras de desarrollo.

El Servicio de Tesorerías recaudará el referido impuesto y pondrá a disposición de los respectivos gobiernos regionales y municipalidades los recursos correspondientes, dentro del mes subsiguiente al de su recaudación.

El Ejecutivo formuló al proyecto las siguientes indicaciones:

1) Para incorporar, en los artículos que se señalan, la expresión "sala de bingo" o "salas de bingo", según corresponda, a continuación de las expresiones "casino de juego" o "casinos de juego", intercalando en cada caso al artículo la preposición o conjunción que fuere pertinente:

Artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 9°, 9 bis, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27; Título V; artículos 30, 31, 35, 37, 46, 47, 48 y 49.

2) Para modificar el artículo 3° de la siguiente forma:

a) Para intercalar la siguiente letra d), nueva, pasando las actuales letras d), e), f), g), h), i), j) y k) a ser letras e), f), g), h), i), j), k) y l), respectivamente:

"d) Sala de Bingo: el establecimiento, inmueble o parte de un inmueble, consistente en un recinto cerrado, en cuyo interior se desarrollará el juego bingo en sus diversas modalidades, se pagarán los premios correspondientes y funcionarán los servicios anexos."

b) Para intercalar en la letra j), que ha pasado a ser letra k), a continuación de las expresiones "el organismo público encargado", la frase "de resolver las solicitudes de permiso de operación y".

3) Para modificar el artículo 5° de la siguiente forma:

a) Suprímese, en el inciso cuarto, la palabra "bingo" y la coma (,) que la antecede.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

"En las salas de bingo, deberán desarrollarse sólo juegos comprendidos dentro de la categoría de bingo."

4) Para reemplazar, en el inciso primero del artículo 10, las expresiones "por todo operador" por la frase "por los operadores de casinos de juego y por los operadores de salas de bingo".

5) Para reemplazar, en el inciso primero del artículo 12, la expresión verbal "otorgó" por la expresión verbal "otorga".

6) Para sustituir, en la letra g) del artículo 15, la forma verbal "solicita" por "otorga".

7) Para agregar, en el artículo 16, el siguiente inciso final, nuevo:

"Con todo, al menos uno de los accionistas de la sociedad que opte a un permiso de operación deberá acreditar que posee conocimiento y una experiencia mínima de 10 años en la administración y operación de casinos de juego o salas de bingo, en Chile o en el extranjero, y, además, una participación en el capital accionario de la sociedad solicitante no inferior al 10%."

8) Para intercalar, a continuación del actual artículo 19, el siguiente artículo 20, nuevo, corrigiéndose, según corresponda, la numeración de los artículos siguientes:

"Artículo 20.- La Superintendencia, al momento de evaluar y resolver la solicitud de operación de un Casino de Juego o de una Sala de Bingo, tendrá en consideración los siguientes criterios y factores, según la ponderación que para cada uno de ellos establezca el reglamento:

"a) El cumplimiento íntegro, a juicio de la Superintendencia, de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para el otorgamiento de un permiso de operación.

"b) El resultado de la precalificación de antecedentes de la sociedad solicitante y de sus accionistas, según se regula en el artículo 18.

"c) La calidad de territorio turísticamente consolidado del lugar de emplazamiento del Casino de Juego o la Sala de Bingo cuyo permiso de operación se solicita, en virtud del informe que al efecto emita el Servicio Nacional de Turismo.

"d) Los informes emitidos por la municipalidad y por el gobierno regional respectivos, sobre la conveniencia de la instalación del Casino de Juego o la Sala de Bingo en sus correspondientes territorios.

"e) La distancia relativa entre el lugar de emplazamiento del Casino de Juego o la Sala de Bingo cuyo permiso de operación se solicita y el lugar de funcionamiento de otro establecimiento del mismo tipo.

"f) Las consideraciones de seguridad y orden público que reúna el lugar de emplazamiento y su entorno inmediato.

"g) Las cualidades del Proyecto o Plan de Operación, en aspectos tales como: el incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento; la ubicación, diseño y calidad de las instalaciones; la relación armónica con el entorno; la conexión con los servicios y vías públicas y, en general, los efectos económico-sociales que la instalación del establecimiento haya de crear o promover en la zona geográfica de su localización.

"En todo caso, la sociedad operadora que solicite la renovación de un permiso de operación vigente, tendrá derecho preferente para la obtención del permiso, cuando iguale la mejor ponderación que arroje el proceso de evaluación entre los distintos solicitantes."

9) Para agregar al inciso primero del actual artículo 20, que ha pasado a ser artículo 21, las siguientes oraciones finales, nuevas:

"Asimismo, sólo podrán autorizarse y funcionar hasta dos salas de bingo por provincia. Para los efectos anteriores, la Superintendencia deberá tener especialmente en cuenta la aplicación de lo dispuesto en la letra e), del inciso primero, del artículo precedente."

10) Para incorporar, a continuación del artículo 20, el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 21.- La presentación de solicitudes de permisos de operación de casinos de juego o de salas de bingo, sólo podrá formalizarse en el segundo semestre de cada año.

"No obstante, las solicitudes de renovación de permisos de operación vigentes deberán presentarse entre los 270 y los 150 días anteriores al día de su vencimiento.”

11) Para incorporar las siguientes modificaciones en el artículo 21, que ha pasado a ser 22:

a) En el inciso primero, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), incorporar la siguiente oración final: "conforme a los criterios establecidos en el artículo 20 y estar basada en los antecedentes que obren en poder de la Superintendencia”.

b) Para suprimir, en el inciso tercero, la frase “y con una antelación no inferior a 150 ni superior a 270 días”.

12) Para incorporar en el Título V, a continuación del actual artículo 31, que pasó a ser artículo 32, los siguientes artículos y párrafos nuevos:

"Artículo 33.- La Superintendencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

"1. Otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego y salas de bingo, como asimismo las licencias de juego y servicios anexos, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Para estos efectos, la Superintendencia estará facultada para requerir, recabar y reunir la información y antecedentes relativos a las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego y de salas de bingo, a la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos, y los relativos a la renovación y revocación de tales permisos.

"2. Fiscalizar las actividades de los casinos de juego y las salas de bingo, y sus sociedades operadoras, en los aspectos jurídicos, financieros y contables, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley y sus reglamentos.

"3. Determinar los principios contables de carácter general, conforme a los cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial, sobre la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros.

"4. Fiscalizar el desarrollo de los juegos, según las normas reglamentarias de los mismos, como también el correcto funcionamiento de las máquinas e implementos usados al efecto.

"5. Autorizar al operador para contratar con terceros la administración y prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación.

"6. Controlar el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes, que el reglamento respectivo determine, para las personas que desempeñen funciones en las salas de juego o en las demás dependencias del Casino de Juego o de la Sala de Bingo.

"7. Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas debidamente acreditadas ante la Superintendencia, la realización de acciones específicas o la prestación de servicios que permitan complementar el ejercicio de sus atribuciones.

"8. Homologar las máquinas e implementos de juego que podrán utilizarse en los casinos de juego y en las salas de bingo, para cuyo efecto la Superintendencia mantendrá un registro actualizado. El reglamento determinará el procedimiento de homologación."

"Del Patrimonio.

"Artículo 34.- El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:

"a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

"b) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Servicio;

"c) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios, y

"d) Los demás que señale la ley.

"Las donaciones en favor de la Superintendencia no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley 16.271."

"Estructura y Organización.

"Artículo 35.- Un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de Superintendente de Casinos de Juego y Salas de Bingo, será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo, y las demás funciones y atribuciones que establezca la ley."

El artículo 36 establece la planta de personal de la Superintendencia, la que incluye once cargos.

Además de los requisitos generales para ingresar a la Administración del Estado contemplados en la ley N° 18.834, el proyecto establece requisitos especiales para los cargos, los que aparecen debidamente especificados.

"Artículo 37.- Corresponderá al Superintendente :

"1. Dirigir y organizar el funcionamiento de la Superintendencia.

"2. Establecer oficinas regionales cuando las necesidades del servicio así lo exijan.

"3. Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

"4. Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del servicio. En ejercicio de estas facultades podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

"5. Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia.

"6. Nombrar y remover al personal del servicio, de conformidad con las normas estatutarias.

"7. Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento.

"8. Impartir instrucciones contables de carácter general, conforme a las cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial aquéllas que regulen la presentación de balances y estados de situación financiera, y la forma en que deberán llevar su contabilidad.

"9. Requerir de los organismos del Estado los informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

"10. Imponer las sanciones y multas que establecen la presente ley y las demás disposiciones legales que regulen la actividad de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo.

"11. Examinar, sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las entidades fiscalizadas; y requerir de sus representantes y personal en general, todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor inteligencia de las labores de fiscalización. Las mismas facultades tendrá el Superintendente respecto de los terceros que administren y presten servicios anexos en el Casino de Juego o en la Sala de Bingo.

"El Superintendente, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas que deben estar permanentemente disponibles para su examen en el propio establecimiento en donde funcione el Casino de Juego o Sala de Bingo.

"12. Realizar visitas inspectivas, directamente o por intermedio de sus inspectores o funcionarios, a las entidades sometidas a su fiscalización, con la frecuencia que estime conveniente.

"13. Citar a cualquier persona que preste servicios en o para un Casino de Juego o Sala de Bingo, a prestar declaración bajo juramento, acerca de cualquier hecho o circunstancia cuyo conocimiento estimare necesario para esclarecer alguna operación de las entidades fiscalizadas o la conducta de su personal.

"14. Suspender, total o parcialmente, el funcionamiento de un Casino de Juego o una Sala de Bingo, cuando el operador no cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, de conformidad con el reglamento. El operador podrá solucionar los reparos en el plazo que al efecto determine el Superintendente.

"15. Accionar judicialmente respecto de la explotación y práctica de juegos de azar desarrollados al margen de la presente ley, como asimismo por los delitos e infracciones de que tome conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.

"16. Otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego y salas de bingo, como asimismo las licencias de juego y servicios anexos, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

"17. Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley.

"Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los organismos pertinentes los antecedentes de que disponga para que éstos ejerzan las facultades fiscalizadoras que les sean propias.”

13) Para intercalar al inicio del Párrafo 1° del Título VI, el siguiente artículo nuevo, corrigiéndose, según corresponda, la numeración de los artículos siguientes:

"Artículo 38.- Los inspectores o funcionarios de la Superintendencia tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento. Los hechos constatados por los referidos inspectores o funcionarios y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

"Las acciones de fiscalización podrán llevarse a cabo en cualquier momento, para lo cual el operador deberá otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los inspectores o funcionarios de la Superintendencia. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, el reglamento determinará, en lo demás, las modalidades que asumirá la función fiscalizadora."

14) Para eliminar, en la letra a) del artículo 48 actual, la frase final que se inicia con la expresión "considerando" y la coma (,) que la precede.

De los antecedentes proporcionados a la Comisión, cabe destacar que el señor subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo de ese entonces, manifestó que las indicaciones apuntan básicamente a reponer las normas rechazadas por la Comisión técnica, y que se refieren, por una parte, a la regulación de las salas de bingo como establecimientos separados de los casinos, y por la otra, a conferirle a la Superintendencia del ramo -que se crea- las atribuciones y la estructura necesarias para su cometido.

Luego de las explicaciones vertidas por el representante del Ejecutivo, la Comisión procedió a votar los artículos 48 y 49, señalados por la Comisión de Gobierno Interior como de su competencia, aprobándolos ambos por asentimiento unánime.

Respecto del primer artículo citado, y específicamente de su letra a), el señor subsecretario recalcó que el Ejecutivo estimó del caso que el cálculo del nuevo impuesto del 20 por ciento sea sobre la base de los ingresos brutos, habida cuenta de las grandes utilidades que genera el negocio de los casinos de juego.

En cuanto a las indicaciones presentadas a la iniciativa en informe durante este trámite, cabe señalar lo siguiente:

En primer lugar, se aprobó, por 11 votos a favor y 1 en contra, una indicación suscrita por el señor Alvarado , la señora Caraball y los señores Dittborn , Escalona , Hidalgo , Jaramillo , Ortiz , Pérez, don José ; Silva , Tuma y Von Mühlenbrock, que elimina el artículo 20 propuesto por la Comisión técnica, esto es, la norma que -en síntesis- sólo autoriza el funcionamiento de dos casinos por región, exceptuada la Metropolitana, en que no pueden autorizarse en ningún caso.

Sobre el particular se produjo un largo debate acerca de la posibilidad de dejar excluida a la Región Metropolitana de la ley en proyecto y de limitar a dos el número de casinos por región. En el transcurso de esa discusión, el representante del Gobierno recordó que, en un comienzo, el Ejecutivo fue partidario de una amplia libertad en la materia. Sin embargo, accediendo a la petición de varios parlamentarios, presentó una indicación que consulta las restricciones antedichas.

Por otra parte, la Comisión otorgó a las indicaciones patrocinadas por su Excelencia el Presidente de la República el trato que pasa a enunciarse:

Las signadas con los N°s. 1, 2, 3, 4, 12 y 13 fueron aprobadas por 11 votos contra 1.

A su vez, las indicaciones N°s. 5, 6, 8, 10 y 11 contaron con la aprobación unánime de los asistentes.

La indicación N° 7, que, según se vio, tiene por finalidad agregar, en el artículo 16, el requisito de que al menos uno de los accionistas de la sociedad que solicite un permiso de operación deberá acreditar una experiencia mínima de diez años en la administración de casinos de juego o salas de bingo, en Chile o en el extranjero, y, además, una participación en el capital accionario de la sociedad solicitante no inferior al 10 por ciento, fue rechazada por asentimiento unánime.

El rechazo de esta indicación obedeció al hecho de que se consideró que la propuesta rigidizaría el acceso a la operación de esta clase de establecimientos, no siendo congruente que además se exija la aludida experiencia mínima a un accionista con una participación menor en el capital.

La indicación N° 9, que tiene por objeto agregar al inciso primero del actual artículo 20, una disposición con arreglo a la cual sólo podrán autorizarse y funcionar hasta dos salas de bingo por provincia, fue rechazada por 11 votos contra 1, como lógica consecuencia de la supresión del referido artículo 20 y del nuevo criterio adoptado en la materia.

La indicación N° 14, que suprime la frase final de la letra a) del artículo 48, alusiva a la base de cálculo del impuesto que la norma establece, fue rechazada por asentimiento unánime. Ello obedeció a que los representantes del Ejecutivo sostuvieron que, tras consultar con los expertos del Servicio de Impuestos Internos sobre la materia, determinaron que dicha indicación no era adecuada desde un punto de vista técnico para los fines del proyecto.

Finalmente, debe consignarse que la Comisión compartió el criterio de la instancia técnica respecto de los artículos del proyecto que deben ser aprobados con quórum orgánico constitucional.

Estos acuerdos se adoptaron en sesiones del 14 y 15 de enero del 2003, con la asistencia de los diputados señores Ortiz ( presidente accidental ), Alvarado , Álvarez , Becker ; de la diputada señora Caraball , y de los diputados señores Dittborn , Escalona , Hidalgo , Jaramillo , Mora , Pérez, don José ; Silva , de la diputada señora Tohá , y de los diputados señores Tuma y Von Mühlenbrock.

Es cuando puedo informar, señora Presidenta .

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Exequiel Silva, diputado informante de las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Hacienda.

El señor SILVA .-

Señora Presidenta , las comisiones unidas de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda, pasan a emitir, por mi persona, un nuevo informe complementario sobre el proyecto de ley en discusión

Por acuerdo unánime de los miembros de las comisiones unidas, se deja constancia del compromiso asumido por el Ejecutivo , en el seno de éstas, para presentar una indicación, en el trámite constitucional posterior, que regule lo relacionado con la situación de los casinos que funcionan en naves administradas por compañías nacionales y extranjeras y que surcan nuestros mares, tema que fue tratado en cada uno de los trámites del proyecto.

También es necesario señalar que, por acuerdo unánime, se resolvió recabar el acuerdo de la Corporación en cuanto a admitir la reposición, en Sala, de las indicaciones presentadas en el transcurso del segundo trámite reglamentario en las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda.

Señora Presidenta , como recordará la Sala, con motivo del segundo informe sobre el proyecto en discusión, dado a conocer por el honorable diputado señor Pedro Araya , las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Turismo introdujeron varias modificaciones al texto aprobado en el primer trámite reglamentario. Las principales fueron las siguientes:

En primer lugar, se estableció que el juego denominado “bingo” debía desarrollarse en los mismos locales habilitados como casinos, dado que en el proyecto original, del Ejecutivo, se disponía que éstos eran establecimientos separados.

En segundo lugar, se limitó a dos el número de casinos que se pueden explotar en cada región, salvo en la Metropolitana, que fue excluida de la posibilidad de contar con este tipo de establecimientos.

En tercer lugar, se eliminaron todas las disposiciones que regulaban las funciones de la Comisión Nacional de Casinos y Salas de Bingo, al igual que la Superintendencia, como se la denominó posteriormente.

Conocido el informe evacuado por estas Comisiones, la de Hacienda resolvió volver al criterio original respecto de los temas consignados, es decir, regular las salas de bingo y casinos como establecimientos separados; en segundo lugar, volver al criterio original de la existencia de un organismo rector con la denominación de Superintendencia, subsanando el vacío normativo al cual se hacía mención, con todas las facultades fiscalizadoras y normativas de operación. En tercer lugar, se modificó el criterio de límites de juego en los casinos: no se estableció ninguno respecto del número de casinos por regiones ni se excluyó a ninguna de ellas en particular.

En cuanto a estas tres grandes materias, la Sala mandató a las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Hacienda para buscar acuerdos y resolver las discrepancias que se manifestaron tanto en el informe entregado por el diputado Pedro Araya como en el del diputado Von Mühlenbrock.

A la luz de este mandato, paso, resumidamente, a relatar los acuerdos a los cuales se llegaron.

1) La reposición de las salas de bingo como establecimientos aparte; es decir, que funcionen en lugares y formas diferentes. Más adelante detallaré cómo se regularán.

En esta materia, por amplia mayoría se impuso la opinión de que, dada la distinta naturaleza de los juegos que se desarrollan en uno y otro tipo de local, es preferible -para la misma fiscalización- su funcionamiento en forma separada.

2) Se repuso la existencia de un organismo rector en la materia, con la denominación de Superintendencia, incluyendo su estructura, patrimonio y facultades, excepto las relativas al otorgamiento del permiso de operación, el cual se establece por criterios y factores para el efecto que paso a detallar brevemente. Se generó una larga discusión acerca de las potestades que tendría esta Superintendencia y sobre la arbitrariedad que podría llegar a cometer. Sin embargo, en el mismo texto legal se establecieron los requisitos y se trató de objetivar al máximo aquellos criterios, llegando a los siguientes:

La Superintendencia procederá a evaluar la solicitud de operación, teniendo en consideración los siguientes criterios y factores:

“a) La calidad de territorio turísticamente consolidado del lugar de emplazamiento del casino de juego o la sala de bingo cuyo permiso de operación se solicita, en virtud del informe que al efecto emita el Servicio Nacional de Turismo.

“b) El informe emitido por el gobierno regional respectivo, especialmente con relación a la conveniencia del lugar de emplazamiento propuesto por la solicitante.

“c) El informe emitido por la municipalidad respectiva sobre el impacto y los efectos del proyecto en la comuna.

“d) La distancia relativa entre el lugar de emplazamiento del casino de juego o la sala de bingo cuyo permiso de operación se solicita y el lugar de funcionamiento de otro establecimiento del mismo tipo.

“e) Las consideraciones de seguridad y orden público que reúna el lugar de emplazamiento...

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Perdón, señor diputado . ¿Me permite una interrupción?

Ruego a los señores diputados tomar asiento, porque estamos escuchando el informe de las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Hacienda.

(Aplausos).

Insisto en que sus Señorías tomen asiento.

(Manifestaciones en tribunas).

También les recuerdo a los asistentes a tribunas que está prohibido hacer cualquier tipo de manifestación.

Puede continuar, diputado señor Silva .

El señor SILVA.-

...y su entorno inmediato, según el informe que al efecto emita el Ministerio del Interior.

“f) Las cualidades del proyecto o plan de operación, considerando al efecto los siguientes factores específicos:

“-El incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento.

“-La ubicación, diseño y calidad de las instalaciones.

“-La relación armónica con el entorno.

“-La conexión con los servicios y vías públicas.

“-Los efectos económico-sociales que la instalación del establecimiento haya de crear o promover en la zona geográfica de su localización.

“-El monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por el solicitante.

"No obstante, la sociedad operadora que solicite la renovación del permiso de operación vigente tendrá derecho preferente para la obtención del permiso cuando, a lo menos, iguale el mejor puntaje ponderado que arroje el proceso de evaluación entre distintos solicitantes.

"En todo caso, la Superintendencia no podrá autorizar un permiso de operación a ningún solicitante que no alcance el 60 por ciento de la suma total de los puntajes ponderados establecidos en el reglamento. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia para denegar, por resolución fundada, el respectivo permiso de operación, de conformidad con lo establecido en la presente ley."

Éste fue el artículo que se tuvo en consideración con el fin de objetivar los elementos que la Superintendencia debía tener a la mano para determinar la entrega de la licencia de un casino. Por lo tanto, de esta manera las comisiones unidas resolvieron la discrepancia habida en los informes anteriores.

3) El límite de los casinos en el país fue el otro gran tema de discrepancia. Al respecto, el artículo 22, nuevo, establece lo siguiente:

“Podrán autorizarse y funcionar sólo hasta 25 casinos de juego en el país,...”. Recuerdo que una posición pretendía limitar la instalación de dos casinos por región, y que la Comisión de Hacienda proponía establecer que esto fuera “sin límite alguno”. Entonces, se llegó a esta solución intermedia.

Más adelante, dicho artículo preceptúa: “... previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que establece la presente ley; uno en cada una de las regiones del país -es decir, a lo menos, cada región tiene la posibilidad segura de contar con un casino ahora o a futuro- y el resto a ser distribuidos a nivel nacional”. Existirá una bolsa nacional, con doce licencias que podrán ser otorgadas, según lo que establece esta ley.

Luego, agrega: “Con todo, no podrán autorizarse más de tres casinos de juego en una misma región”.

Por lo tanto, la limitación fijada por las comisiones unidas sólo dice relación con el número total, estableciendo un máximo de tres casinos por cada región, sin consignar limitación alguna a ninguna región.

Continúo leyendo el artículo: “Asimismo, sólo podrán autorizarse y funcionar, en cada región del país, una cantidad de salas de bingo que no supere el equivalente al tercio del número de comunas que conforman la respectiva región”.

¿Por qué se establece así? Porque el informe original autorizaba hasta dos salas de bingo por provincia. Pero, del análisis político administrativo del país, nos dimos cuenta de que algunas provincias están conformadas por dos comunas y otras por un número mayor. Por eso, se estableció este criterio para ampliar el universo de la región y fijar como límite el tercio de las comunas que componen la región.

Luego agrega: “Para los efectos de lo establecido en los incisos anteriores, la presentación de solicitudes de permisos de operación o de renovaciones de los mismos sólo podrá efectuarse en los siguientes períodos:

"a) Las nuevas solicitudes de permisos de operación deberán formalizarse durante el primer semestre de cada año”, es decir, entre los 270 y los 150 días anteriores al día de su vencimiento.

“En todo caso, formalizada una nueva solicitud o renovación ante la Superintendencia, ésta publicará en un diario de circulación nacional, dentro de los cinco días hábiles siguientes, un extracto de la solicitud, el que contendrá, a lo menos, la individualización de la sociedad solicitante y el lugar propuesto para el funcionamiento del respectivo casino de juego o sala de bingo.”

Estos son los temas fundamentales que, en cumplimiento del mandato de la Sala, entregamos como solución al conflicto suscitado en los dos informes entregados por los colegas Araya y Von Mühlenbrock . Aclaro que hubo una votación mayoritaria para proponer la solución en ese sentido.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Solicito el acuerdo de los señores diputados para permitir el ingreso a la Sala de la subsecretaria de Desarrollo Regional, señora Adriana Delpiano.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra la diputada señora Rosa González por cinco minutos.

La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-

Señora Presidenta , durante casi tres años, tanto en la Comisión de Gobierno Interior como en la de Turismo, analizamos esta iniciativa y escuchamos a representantes de todos los organismos involucrados en el tema, a fin de que el proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo en el país se convirtiera en una futura ley clara y efectiva, y, sobre todo, contribuyera al desarrollo equilibrado y equitativo de las comunas que resultarán favorecidas con esta normativa, y no representara, como ha ocurrido en algunos proyectos aprobados por la Cámara, beneficios excesivos para la Región Metropolitana en desmedro del resto de las regiones.

Hemos trabajado para que el proyecto sea una ley que no presente falencias en su implementación práctica, de manera que no quepa duda alguna respecto de su materialización con la transparencia que requiere una iniciativa de esta envergadura. Sin embargo, hoy me pregunto: ¿qué pasó con la iniciativa original?

La mayoría de los diputados presentes estaban de acuerdo en aprobar un proyecto que involucrara sólo dos casinos por región, excluida la Metropolitana, dado que ésta ya tiene, entre otros, suficientes atractivos turísticos, comerciales y financieros, por lo cual no es necesario pensar en otorgarle nuevos beneficios de esa índole.

Hoy se nos propone un proyecto absolutamente opuesto al original del Ejecutivo y al de las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Turismo. Los diputados presentes concordarán conmigo en que la iniciativa que proponía la creación de dos casinos por región, con exclusión de la Metropolitana, es absolutamente diferente de otra, que considera la existencia de tres casinos por región, incluida la Metropolitana. Es decir, se ha cambiado un buen proyecto para las regiones, por otro que sólo beneficiará a Santiago.

Pero no tiene importancia que algunos hayan sucumbido a presiones para desnaturalizar el proyecto original, que excluía a la Región Metropolitana como plaza segura para construir estas salas de juego, por las razones de todos conocidas. Digo que no posee relevancia, porque el único lugar donde las regiones la tienen es en esta Cámara de Diputados. Hoy debemos ver el real compromiso de los diputados que no representan a la Región Metropolitana. Veremos una votación histórica, pues se rechazará un proyecto que sólo tiende a beneficiar a la Región Metropolitana en desmedro, repito, de las otras regiones. Es evidente que Santiago no puede seguir acumulando beneficios como los que pudieran surgir de la iniciativa que estamos por rechazar.

En este momento, la responsabilidad del proyecto no es del Ejecutivo ni de las autoridades de Gobierno, sino nuestra, solamente nuestra, y por ello no podemos dejar de lado nuestro compromiso con las personas de regiones que nos eligieron sus representantes. Por ello, llamo a todos los diputados que no son de la Región Metropolitana a rechazar esta iniciativa, única forma...

(Aplausos en tribunas).

...de volver a trabajar en un proyecto que vaya en beneficio de todos los chilenos y no solo de aquellos que viven en Santiago, como se pretende con la iniciativa que, reitero, llamo a rechazar.

En la actualidad, los 85 diputados que representamos a los diversos distritos de regiones somos mayoría en esta Cámara, de manera que los emplazo, nuevamente, a dejar de lado las diferencias políticas y a votar pensando en sus distritos, en sus regiones y en los beneficios que tendrán si rechazamos la iniciativa tal como se nos presenta, con el objeto de lograr una futura ley que sí represente a la gran mayoría de los chilenos que hoy dependen de la decisión de los 83 diputados que deberán votar.

Por eso, anuncio que votaré en contra de la iniciativa, y reitero mi llamado a todos los diputados para que rechacen el proyecto, ya que más tarde deberán justificar en las regiones y en sus distritos la decisión que tomen en la Sala.

En Arica, comuna de mi distrito, hay un casino de juego y se podrían construir más. No obstante, rechazo la iniciativa, que, además, permite instalar casinos de juego en Santiago.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel García) .-

Señora Presidenta , el proyecto de ley en debate tiene dos objetos fundamentales: uno, establecer una legislación que no sea discriminatoria en materia de casinos de juego. Sin embargo, si se aprueba será claramente discriminatoria porque va a favorecer a Santiago. La mayoría de los diputados no queremos eso, sino que deseamos beneficiar a las comunas y a las regiones. Ninguna capital del mundo requiere de estas instalaciones. Por lo tanto, como representante de un distrito con una comuna netamente turística, como Pucón, estaré en contra de la posibilidad de instalar casinos de juego en Santiago.

En segundo lugar, el proyecto tiene por finalidad establecer un sistema que regule estas materias en forma transparente. Pero la Superintendencia que se crea no puede estar llamada a nombrar a dedo a quienes tendrán a su cargo los casinos en el país. Para que haya transparencia debe haber un proceso de licitación y una instancia que elija a los concesionarios. Una persona no puede decidir sola, porque se transformaría en un tipo de Fosis permanente que tendría una parcela para enriquecer a sus amistades al otorgarles la administración de casinos a lo largo del país.

Creo firmemente que el proyecto debe favorecer no sólo a las regiones turísticas, sino también a las demás para dotarlas de un potencial desarrollo. Los diputados debemos tener fuerza para demostrar hoy, de una vez por todas, si estamos por la regionalización o por el centralismo.

Santiago cuenta con el metro, con las mejores autopistas, con hospitales y escuelas. ¡Todo para Santiago! ¡De cada cien pesos de impuestos que se pagan en el país, noventa se gastan en Santiago! ¿De qué regionalización me están hablando?

Quiero un país justo, en el que las regiones se levanten; que se sientan orgullosas de los diputados que las representan, quienes deben demostrar en la Cámara que las defienden del centralismo.

Votaré en contra el proyecto que establece la instalación de casinos en Santiago y que dispone la creación de una Superintendencia, que se puede transformar en una bola que no podremos parar.

Felicito a la gente que está trabajando para que los casinos se instalen en las regiones, y a la municipalidad de Viña del Mar, la que, aunque tarde, se ha sumado a esta iniciativa. Los diputados que representamos a distritos de regiones la vamos a ayudar.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ .-

Señora Presidenta , en 1996 ingresó a trámite legislativo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley marco que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.

Quiero enviar un mensaje a todos los alcaldes y concejales, que se encuentran pendientes de lo que ocurra en esta sesión.

Comprendo a mis colegas que representan a esas siete comunas, que deban defenderlas. Es legítimo. Pero también hay que tener en claro que en la discusión del proyecto se ha advertido que la exclusividad de contar con este instrumento de desarrollo turístico constituye una importante fuente de ingresos. Hasta hoy sólo por leyes especiales, siete comunas han tenido la posibilidad de contar con casinos.

En el Congreso Nacional hay más de treinta proyectos destinados a crear casinos en distintas comunas. En la Octava Región desean optar a esa posibilidad Quillón , Talcahuano, Tomé, Penco, Concepción, Chillán y San Pedro de la Paz. Hace algunos días sostuve una reunión en la cual esto se enlazó con la construcción del teatro Pencopolitano en la ciudad de Concepción.

Reconozco la legítima actitud de las personas que concurren a tribunas; pero quiero recordar que se pretende establecer una ley marco de casinos, que debe regular la actividad sobre la base de una norma general que permita su funcionamiento en todo el territorio nacional, sin exclusión, y lograr, por esa vía, incentivar el desarrollo económico vinculado al turismo, a través de proyectos de verdadera significación y trascendencia que representen para las localidades un real progreso.

Las autorizaciones para instalar casinos deben estar ligadas al análisis que realicen los organismos señalados en la ley. Por ejemplo, se requiere la opinión del municipio, del gobierno regional y del Sernatur.

No va a ser fácil postular. Por lo tanto, es falso que vaya a comenzar una proliferación de casinos. La ley especial de Arica otorgó la posibilidad de crear otro casino en la comuna, pero, desde hace dos años, no se ha solicitado ninguna autorización.

Esta legislación debería ser un marco regulatorio general que permita el desarrollo de estos negocios conforme con las reglas del mercado. Al respecto, no se ha dicho cómo tributan los actuales siete casinos existentes en el país. Es importante saberlo.

En este instante, las siete comunas que los poseen obtienen beneficios en función de la utilidad de las empresas, en circunstancias de que no debiera ser así.

En el proyecto se establece que el ingreso de los casinos, descontado el IVA, será del 20 por ciento que señala la ley o de un porcentaje superior que fije el gobierno.

También hay un cambio importante en el proyecto marco: en la comuna donde se instale un casino, el 50 por ciento de los recursos que corresponde distribuir será para ella y el otro ingresará a un fondo regional que se establecerá para ayudar a las comunas de más bajos ingresos. Se pretende con ello que los ingresos lleguen a todos los sectores.

En las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Hacienda, mi colega Tuma presentó una indicación que aprobamos por 20 votos a favor y 2 abstenciones, relacionada con las salas de bingo, con el objeto de que se puedan instalar hasta en un tercio de las comunas por región.

En la Octava Región, que represento, hay 52 comunas. Por lo tanto, 17 de ellas pueden solicitar autorización para instalar salas bingo. Eso es positivo. Sin embargo, aquí no se ha dicho.

En las comisiones unidas, presidida por la diputada señora Eliana Caraball , acordamos, por unanimidad, establecer el máximo de transparencia en el funcionamiento de esta actividad a través de la fiscalización por la Superintendencia de Casinos de Juego y Bingos. El último informe que se va a votar, junto con las respectivas indicaciones, va a dar claridad en muchos aspectos.

Digámoslo con franqueza: el tema en conflicto en el proyecto se refiere a la Región Metropolitana. Estamos todos de acuerdo en que haya una ley marco. No puede ser que sólo siete ciudades sean las privilegiadas; más aun, en el proyecto hay un artículo transitorio que dice que seis de los siete casinos actuales tienen autorización para funcionar hasta el 2010, y Viña del Mar, hasta el 2015. Es decir, no se los ha postergado. Por ello, con mucha franqueza expreso que voy a votar, sin discriminación, por que todas las comunas tengan casinos.

He dicho.

-Manifestaciones en la tribuna.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Pido que los asistentes a tribunas guarden silencio.

Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.

El señor VALENZUELA .-

Señora Presidenta , quiero ser franco: la tramitación del proyecto ha generado una gran frustración, porque la mayoría de los miembros de las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Hacienda, en noviembre del año pasado acordamos, con el subsecretario de Desarrollo Regional , un modelo de apertura de nuevos casinos, con ciertas restricciones: dos casinos por región, con exclusión de la Metropolitana.

(Aplausos).

No me motiva un afán discriminador pequeño, obsesivo, de gente obtusa, con un discurso antisantiaguino. ¡Por favor!

Le comentaba a algunos parlamentarios que hay 18 subsidios especiales para la Región Metropolitana que no tiene ninguna otra región. Es la única a la que el Estado le paga el lavado de calles, el sistema de semáforos en red y la mantención del Parque Metropolitano. Puedo seguir enumerando sus beneficios: es la única región a la que la Enap, con plata de todos los chilenos, le financia el petróleo diésel ciudad, generando discriminación hacia las demás ciudades del país.

Algunos señores diputados han mencionado el caso de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.; pero debemos decir que también la Quinta Región tiene un metro regional.

Distinto sería si en nuestro país hubiera gobiernos regionales electos; si los dineros recaudados por concepto de impuestos quedaran en las respectivas regiones, si no hubiera restricciones para crear universidades, como el drama de mi región, que nunca ha podido tener una universidad pública.

Si viviéramos en un país más equilibrado, podría ser comprensible que hubiese algún casino en un sector cordillerano de la Región Metropolitana. Pero no estamos en ese país; estamos en uno que padece enormes inequidades territoriales.

Cito al cardenal Silva Henríquez , quien dijo que debíamos honrar el alma de Chile, y el alma de Chile es de austeridad. Honremos también el espíritu de Andrés Bello, quien manifestó que el juego es un vicio y se debe autorizar excepcionalmente. Esta actividad debe estar asociada a personas que viajen a un lugar que esté alejado, que constituya un polo turístico, las que, como un gasto adicional, una parte de su dinero lo ocupan en juego. Es importante tener en cuenta ese concepto.

Chile no puede ser un país chabacano; no es posible que nos llenemos de salas bingo y de casinos en todas partes; que tengamos casino en la playa, o mirando al río Mapocho desde el Sheraton, o en el Carrera, y concentrar más poder en la Región Metropolitana.

(Aplausos).

Yo les dije al señor Trivelli y al señor Lavín : “Por favor, piensen en el país en su totalidad y con diversos polos de desarrollo”. Ése ha sido el espíritu de los legisladores. Por tanto, es importante acoger las indicaciones de diputados de distintos partidos y tendencias, muchos de ellos de inspiración federal y regionalista. Aprovechemos esta iniciativa para potenciar polos de desarrollo regional y no demos señales equívocas.

Con los diputados González , Becker y Quintana insistiremos en una indicación, y esperamos que la Sala la apruebe para no generar un monstruo. El superintendente, que es importante, debe fiscalizar; pero la concesión de casinos debe otorgarla una comisión especial en la que haya representantes de los consejos regionales, de la Asociación de Municipios, de los empresarios del turismo. Generemos espacios públicos transparentes como es el espíritu de los acuerdos políticos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Diputado Valenzuela , su tiempo ha concluido.

El señor VALENZUELA .-

Señora Presidenta , termino diciendo que estamos ante una decisión trascendente, por cuanto la Cámara debe honrarse a sí misma. Por ello, pido respeto para el trabajo que, durante varios meses, realizó la mayoría de los integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Fulvio Rossi.

El señor ROSSI.-

Señora Presidenta , el juego -quiero repetirlo- es un ilícito, porque altera el orden público y la seguridad nacional. Es un hecho que siempre trae consigo el lavado de dinero, la prostitución, el tráfico.

Por eso, se autoriza de manera excepcional, como lo dice el mensaje, en determinadas circunstancias; fundamentalmente, por razones geográficas, con el ánimo de dar más poder a regiones extremas, de potenciarlas y de lograr una descentralización verdadera.

Por lo mismo, hoy, las capitales de Estados Unidos de América y de países de Europa no tienen casinos de juego, porque existe concentración no sólo económica, sino poblacional, de infraestructura y de turismo.

En todo caso es fundamental que exista una Superintendencia. Su función, entre otras, será evitar irregularidades, por ejemplo, en relación con el capital de las sociedades que adquieran la concesión de los casinos y en el traspaso de acciones. Me parece positivo.

Respecto de los dineros, sería mucho mejor que el 50 por ciento quedara en la comuna que tiene el casino y el porcentaje restante fuera a las demás comunas de la provincia.

No quiero repetir lo que se ha dicho con mucha fuerza; pero si realmente queremos un país descentralizado, desconcentrado -incluso, en materia de turismo más del 50 por ciento de los ingresos se genera en Santiago-, hoy tenemos la oportunidad de votar para hacer realidad ese objetivo y lograr una auténtica regionalización, lo que implicará dar mayor poder a las comunas, a las regiones. Sin duda, la instalación de un casino en Santiago no contribuirá a ese objetivo.

El diputado Esteban Valenzuela lo dijo claramente: aquí se contraría el espíritu de la Comisión especializada. De alguna manera, se ha pasado a llevar el acuerdo que había, producto de una discusión muy profunda, en torno de autorizar la instalación de casinos en otras regiones con ciertos proyectos, por ejemplo, de turismo asociado, pero no en la ciudad de Santiago.

Es una oportunidad para demostrar -como decía alguien por ahí- que realmente estamos por dar mayor poder a las regiones, no sólo en el discurso, sino también en la realidad, con autonomía, con autodeterminación y con capacidad de gestión.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Mario Varela.

El señor VARELA .-

Señora Presidenta , el proyecto del Ejecutivo, que nace como respuesta a numerosas proposiciones de crear nuevos casinos -alrededor de veintinueve, en la historia más reciente-, ha despertado una expectativa gigantesca y desproporcionada respecto de resolver problemas de financiamiento que afectan a la gran mayoría de las comunas.

Como dijo el diputado Valenzuela , trabajamos largamente en la Comisión de Gobierno Interior. Y lo hicimos, más que pensando en nuestros respectivos distritos o en cómo autorizábamos un casino para una comuna que lo había solicitado, en una ley marco que reemplazara normativas especiales, a cuyo amparo se generara la creación de casinos en forma individual.

Sin embargo, el proyecto -en el que avanzamos bastante bien en la Comisión- se desnaturalizó al pasar a otra Comisión, que no entendió el espíritu de lo que estábamos tratando de regular. De 25 casinos se pasó a 105 salas de bingo para un tercio de las comunas que podrían llegar a tenerlas, idea que originalmente había sido excluida en la Comisión de Gobierno Interior.

Ahora bien, los quiero llevar a las proporciones reales. Todos sabemos que en España prácticamente se vive del turismo. Su población llega a 40 millones de habitantes y es visitada por 50 millones de turistas al año. Cuenta con 24 casinos, ubicados, en su gran mayoría, en el Mediterráneo, y ninguno en Madrid. Alemania, con 80 millones de habitantes, cuenta con 21 casinos, y ninguno en la capital, la antigua o la nueva -me refiero a Bonn y a Berlín-. Y nosotros, entre casinos y salas de bingo, estaremos virtualmente enfrentados a aprobar prácticamente 130 salas. En nuestro país se juegan aproximadamente 59 mil millones de pesos al año, de los cuales se reparten alrededor de 12 mil millones de pesos entre siete municipalidades, como utilidades directas que van a contribuir al Fondo Municipal.

Por eso, creo que estamos desproporcionando el beneficio que podría producir la creación de estas salas de bingo y casinos. Entiendo, incluso siendo diputado de la Región Metropolitana , que la apertura de casinos obedece a un complemento turístico que busca el desarrollo de las regiones, que es donde está el atractivo natural que interesa fundamentalmente a los extranjeros. Por lo demás, el verdadero sentido de la creación de un casino es la inversión asociada, es decir, todos los elementos anexos para atraer los recursos de los turistas que visitan nuestro país. Porque repartirnos la poca plata que existe en algunas comunas o regiones no tiene mucho sentido; pero sí lo tiene -como en los países modernos y europeos- atraer al turista extranjero y entregarle los atractivos de las zonas que realmente los tienen. No se trata de instalar un galpón con una sala de bingo para que nos repartamos la plata entre nosotros.

Por lo tanto, a pesar de ser diputado de la Región Metropolitana , siento que Santiago no tiene ese sentido turístico, ni tampoco la necesidad de la instalación de un casino.

(Aplausos).

Más nos atraen las externalidades negativas que los beneficios que pudiera reportar, lo que, además, perjudicaría a regiones, para las cuales los recursos allegados a través de estos casinos son muy importantes.

Respecto de las salas de bingo, creo que también se está cometiendo un error gigantesco. Hoy es posible fiscalizar siete casinos en el país, pero no 130, sobre todo si consideramos los problemas de corrupción que puede acarrear el lavado de dinero.

Además, los bingos -todos lo sabemos, en especial quienes viven en regiones- han servido como un instrumento de beneficencia social. Las mayoría de las instituciones que cumplen esta función financian sus actividades mediante la realización de bingos. La autorización por ley de las salas de bingo les imposibilitará que continúen desarrollando sus actividades, debido a falta de recursos.

Soy de los que cree -así lo planteamos en la Comisión de Gobierno Interior- que las salas de bingo deberían funcionar exclusivamente en los casinos. Existe una indicación al respecto, la que será discutida más adelante.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Diputado señor Varela , le ruego que redondee su idea, pues el tiempo destinado a su intervención está llegando a su fin.

El señor VARELA .-

Considero que la explotación de los casinos no se debería entregar “a dedo” o a discreción de la superintendecia, sino por facultad emanada de los gobiernos regionales, a fin de que las regiones decidan donde quieren instalar su casino. Esto potenciará el poder que reclaman, actitud que desde este hemiciclo debemos apoyar.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señor diputado , ha finalizado su tiempo.

El señor VARELA .-

En conclusión, estimo que las salas de bingo deben funcionar al interior de los casinos, que no deberían existir casinos en la Región Metropolitana y que la atribución de decidir la instalación de casinos vía licitación debería estar en manos de los gobiernos regionales.

He dicho.

-Aplausos en la Sala y en las tribunas.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.

El señor LORENZINI .-

Señora Presidenta , no sólo hablaré en mi nombre, sino también en el del diputado señor Saffirio , quien representa a Temuco.

Al parecer, el diputado señor Varela es clarividente, porque nadie ha reparado en los números. La actual legislación señala que el ingreso para las comunas o regiones ascenderá a un 20 por ciento de los ingresos brutos. Aquí está la trampita, porque con el proyecto vamos a potenciar a los grandes inversionistas que están haciendo lobby hace mucho tiempo -he visto a algunos de sus representantes que andan moviéndose en las altas esferas, no con la gente-: 20 por ciento, pero no sobre los ingresos brutos, sino sobre la base imponible determinada para el pago de impuesto de primera categoría. He ahí el negocio. ¿Recuerdan lo que sucedió con las inversoras mineras? Aquí no habrá un 20 por ciento de los ingresos. Disminuirán los gastos, y sobre los gastos tributables aplicarán ese porcentaje. ¡Se trata de inversiones monstruosas por depreciación y amortización! Perdónenme los señores de la Región Metropolitana, pero lo que les va a quedar de ganancia es cero. Tal como ocurrió con las mineras, durante los primeros diez años el balance será negativo y, quizá, los municipios tendrán que “ponerse” para compensar a los dueños de los casinos.

Por eso, pido al Ejecutivo que arreglemos este problema en el Senado. Atendidas estas circunstancias, el proyecto no tiene viabilidad; estamos discutiendo por nada, pues eso es lo que recibirán las nuevas comunas.

Así las cosas, ¿podrían estar felices las comunas que ya cuentan con un casino? No, porque si se llegaran a instalar casinos en Santiago, éstos le quitarán publico a los de provincia, como ocurriría con el de la Quinta Región, y no ganarán nada. Sería actuar como el perro del hortelano: menos para las regiones Quinta, Séptima y Décima, y nada para los que se van a instalar en Santiago. En tal sentido, el proyecto contiene un error conceptual desde el punto de vista tributario, pues hoy el ingreso es cero.

La cifra que se maneja en la actualidad alcanza a los 70 mil millones de pesos. ¿Cuánto reciben los siete casinos existentes en la actualidad? 14 mil millones de pesos. Con este esquema, con disminución de gastos -hice un estudio para los próximos siete años-, los actuales casinos dejarían de recibir un tercio de lo que ganan en la actualidad, es decir, 5 mil millones de pesos. Ello, claro está, si esto es llevado adelante por inversionistas razonables que no actúen como lo hicieron con las mineras. Claramente, aquí hay un punto que es necesario corregir en el Senado, porque en las condiciones actuales, el proyecto en debate no tiene viabilidad.

En segundo lugar, me referiré al tema relativo a la licitación.

¡Por favor, aquí estamos actuando en forma acelerada, en circunstancias de que lo queremos es transparencia y probidad! ¿El Ejecutivo quiere entregar a una sola persona, a un superintendente, la responsabilidad de decidir dónde emplazar 25 casinos y 120 salas de bingo? Si por un día de vacaciones a Álvaro Clarke , con todas las facultades que tenía, lo sacaron de la Superintendencia de Valores y Seguros, ¡imagínense las presiones que va a tener este caballero, el zar del juego en el país! ¡Esto es inaceptable!

Estamos proponiendo licitaciones públicas transparentes. Queremos competencia, queremos que los inversionistas nacionales y extranjeros postulen de cara al país con sus proyectos, y no que un señor decida entre cuatro paredes. Además, los criterios para decidir la ubicación de los casinos son bastante subjetivos: que sea en una zona turística. Hay estudios al respecto y muchos asesores -después de las últimas leyes van a quedar menos- que realizan tales estudios.

¿Cómo es posible que el Gobierno plantee la instalación de casinos a dedo, sin licitación? Eso ni siquiera es pensable para quienes estamos defendiendo la probidad y la transparencia en la Cámara, donde votaremos un paquete de medidas. Por lo tanto, es evidente que no puede existir un proyecto que entregue dichas facultades a una persona. A lo mejor, ya la pueden nominar para que practique, para que converse con algunos de los inversionistas que andan por las tribunas, para que planifiquen.

En cuanto a las salas de bingo, ¿saben de lo que estamos hablando? De 120 a lo largo del país. Hice estudios al respecto. Estimé en 170 mil millones de pesos los ingresos que obtendrán en los próximos siete u ocho años los casinos, de los cuales 60 mil millones, o sea el 35 por ciento, irá a las salas de bingo repartidas por las comunas.

A lo mejor, el diputado señor Palma quiere un casino en Chanco, y le ponen allí una sala de bingo. ¿Cree que los bingos sociales de los bomberos, de las señoras de la población, de los muchachos de los colegios van a tener sentido si existe una sala de bingo en la comuna que funciona todo el año? Aquí se acaban los bingos sociales, se acaban los bingos de las comunidades, de las personas que necesitan esos pocos pesos para fines sociales.

(Aplausos).

Es evidente que estamos traspasando -ojo con lo que voy a decir-, inicialmente, 60 mil millones de pesos. Por eso los españoles andan aquí, buscando. Ellos venden las maquinitas, los tragamonedas. Eso es lo que les interesa. Se llevaron el agua potable, la electricidad, y hoy se quieren llevar la plata del pueblo.

(Aplausos).

Por último, ¿ustedes creen -en esto no hay necesidad de ser economista- que un inversionista que, además, puede depreciar y amortizar aceleradamente va a invertir en Calama, en la Sexta Región, en Pichilemu, en Constitución o en Valdivia? No, va a instalar esos casinos en Santiago. Obviamente, un inversionista se va a quedar aquí, y no hay más, porque tampoco son tantos.

Por eso, votaré en contra de la instalación de casinos en Santiago, al igual que el diputado señor Saffirio.

(Aplausos).

Votaré en contra de que no haya licitación de los casinos y de que los inversionistas extranjeros se lleven 60 mil millones de pesos a través de las salas de bingo, causando tremendos daños a nuestras comunidades sociales.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.

El señor LONGTON.-

Señora Presidenta , si bien estamos en la discusión en particular del proyecto, nos llama la atención el tema de los casinos en Santiago.

Quiero decir, dado que están presentes en la Sala la subsecretaria y el ministro secretario general de Gobierno, que los gobiernos deben propender al crecimiento integral y armónico de las regiones, no a las desigualdades; que la libre competencia, desde luego, tiene sus límites, sobre todo cuando una región, como en este caso, empieza a ser dañada. Como su única fuente de riqueza importante es el casino, pareciera que el interés de Santiago es eliminarla.

Aquí se han dado varias cifras. Quienes defienden la existencia de casinos en Santiago dicen que los estamos discriminando. Pero escuchen bien quienes defienden a la Región Metropolitana, pues la cosa es al revés: el ingreso promedio por persona en la Región Metropolitana es 1,4 veces el de la Región de Valparaíso; el crecimiento del producto interno bruto per cápita es 2,5 veces superior al de nuestra región; los ingresos propios municipales por habitante son 15 por ciento superiores a los de nuestra región; la capacitación per cápita es 1,5 veces superior a la de la Quinta Región; la productividad promedio de cada trabajador de la Región Metropolitana es 1,3 veces mayor que la de la Región de Valparaíso. ¡Qué bueno que está escuchando el ministro del Interior ! En la Región Metropolitana hay 80 por ciento más de académicos doctorados per cápita que en la Quinta Región, dato que es importante; se destina 200 por ciento más de recursos públicos per cápita a ciencia y tecnología que en nuestra región, y eso que tenemos aquí más de veinte universidades; la tasa de desempleo en nuestra región -de acuerdo con las cifras dadas hace poco por el INE- es 55 por ciento superior a la de la Región Metropolitana.

Estimados amigos diputados de la Región Metropolitana: ¿me van a decir que nosotros los estamos discriminando?

Quiero dar más cifras sobre inversiones y proyectos que se están haciendo y que se harán en los próximos meses en la Región Metropolitana: la red del sistema vial norte-sur tiene un costo previsto de 440 millones de dólares; los sistemas viales para Américo Vespucio Sur cuestan 250 millones de dólares; el acceso nororiente de Santiago, que es un corredor de 20 kilómetros de longitud, que va entre la avenida Santa María , Costanera Norte, y el kilómetro 18 de la ruta 5 Norte, alcanza a 160 millones de dólares. Además, se consideran dos iniciativas para la capital que no son obras viales: el coliseo multifuncional del parque O’Higgins y el nuevo zoológico, denominado Complejo Ecológico Recreativo Metropolitano , que ascienden a 150 millones de dólares. Asimismo, los planes de construcción de colectores que se implementarán a largo plazo en Santiago ascienden a 500 millones de dólares; en 2003 se inicia la construcción de la segunda pista del aeropuerto Arturo Merino Benítez , con un costo de 70 millones de dólares; la línea 4 del Metro incorporará 33 kilómetros a la red -en la actualidad tiene 40-, con un costo de mil millones.

Señora Presidenta , ¿sabe cuánto suma todo esto? 2.570 millones de dólares. Si lo multiplicamos por 700 pesos, que es el valor del dólar, llegamos a 1 billón 799 mil millones de pesos.

Quiero pedir a los señores ministros que nos den sólo la décima parte de esa cifra, pues nos harían muy felices con eso; pero no nos vengan a decir que los discriminamos.

(Aplausos)

Señora Presidenta, la mayoría de nuestro partido se opone con mucha firmeza a la instalación de casinos en Santiago.

(Aplausos)

Ojalá el Gobierno propenda al desarrollo armónico, integral, parejo; que exista realmente igualdad a la hora de repartir la riqueza, que exista una verdadera descentralización y se le haga un alto a esta situación por la que estamos siendo amenazados.

Alguien por ahí habló del perro del hortelano. Efectivamente, algunos están actuando como el perro del hortelano. El casino de Viña es una fuente importante de recursos para la Quinta Región y no queremos perderla.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.

El señor TUMA.-

Señora Presidenta , soy uno de los autores del proyecto que crea las salas de bingo, presentado en 1997, y que, felizmente, el Gobierno lo acogió como un capítulo dentro de esta ley marco, legislación que fue necesario impulsar porque ya eran insostenibles las presiones a que era sometido el Congreso Nacional para crear casinos en una treintena de lugares distribuidos en todo el territorio nacional.

Presentamos el proyecto de las salas de bingo porque, de acuerdo con el tenor de esta iniciativa, lo más probable es que se apruebe el establecimiento de un máximo de 25 casinos en todo el país, significará que más de 300 comunas no contarán con dichas salas de juego.

Existen experiencias exitosas en España, Argentina y otros países que han autorizado el funcionamiento de salas de bingo con el objeto de recoger recursos para todas aquellas instituciones que serán privadas de realizar actos de beneficencia. Estas salas de bingo tienen por finalidad financiar actividades de beneficencia. Otro objetivo es permitir que en aquellas comunas lejanas, rurales, donde habitan familias muy modestas, puede haber un lugar de esparcimiento y de sana entretención para compartir con la familia y los amigos,...

(Manifestaciones en tribunas).

¿Por qué no? ¿Por qué vamos a satanizar las salas de bingo? ¿Por qué en Puerto Saavedra, en Carahue y en otras tantas otras comunas modestas del país no puede haber un lugar donde, con un sano propósito de recreación, las familia puedan concurrir, participar con sus amigos e, incluso, ganarse un premio?

Si bien este proyecto de ley marco no es lo óptimo para todos los parlamentarios, pues ha sido necesario hacer concesiones, llegar a acuerdos y transar en muchos de nuestros puntos de vista para legislar sobre la materia, quizás el punto más controvertido y que ha motivado la presencia de gran cantidad de personas en tribunas, especialmente de la ciudad de Viña del Mar, es el que se refiere a establecer casinos en la Región Metropolitana.

El espíritu que a mí me anima en este proyecto no es potenciar a las comunas más aventajadas, porque ya tienen suficiente. Como dijo el diputado señor Longton , las regiones tenemos serias desventajas respecto de la mayoría de las comunas de Santiago. Pero con la misma fuerza de hacer presente la injusticia de permitir que se instale algún casino en esas comunas más aventajadas del país, quiero defender el derecho de las comunas marginales de la Región Metropolitana. Esto de las regiones fue un límite arbitrario. ¡Fue un límite absolutamente arbitrario!

Como las cosas no son en blanco o negro, propongo que acordemos, por unanimidad, una indicación que permita que, sólo con fines turísticos, como es el de la montaña, pudiese autorizarse eventualmente hasta un casino en la Región Metropolitana.

He dicho.

-Manifestaciones en las tribunas.

La señora ALLENDE, doña Isabel , ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Ramón Pérez .

El señor PÉREZ ( don Ramón) .-

Señora Presidenta , mucho se ha dicho, tanto a favor como en contra, sobre la iniciativa que hoy debatimos. La mayoría de los diputados, entre los que me cuento, estamos de acuerdo en que deben existir más casinos en Chile, por el aporte turístico que ellos entregan. Pero, según lo planteado en el último informe de las comisiones unidas de Hacienda y de Gobierno Interior, se está cometiendo una serie de errores que es aconsejable corregir, por las consecuencias negativas que traerán para las regiones que recién los instalen.

De acuerdo con la experiencia adquirida y por la información de que disponen las ciudades que ya cuentan con casinos, como es el caso de Iquique, a la que represento con mucho orgullo, se pueden hacer las siguientes observaciones al proyecto:

En primer lugar, por el artículo 22 se incorpora la posibilidad de que en la Región Metropolitana puedan instalarse hasta tres casinos, lo que considero totalmente negativo, puesto que esta medida propende a un mayor centralismo, ya que la capital cuenta con un turismo permanente, por lo que, no necesita de estos atractivos tan necesarios en otras regiones para incentivar sus economías.

Por ello, en lo que favorece a la Región Metropolitana, anuncio mi voto negativo.

En segundo lugar, en el artículo 55 se establece un impuesto, de exclusivo beneficio fiscal, de un monto equivalente a 0,07 unidad tributaria mensual, aproximadamente 2 mil pesos, que se cobrará, en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juego.

La experiencia indica que los mayores ingresos de los casinos se producen por las máquinas tragamonedas, y se entretienen en ellas las personas de más escaso recursos, las que, incluso, muchas veces asisten al casino con lo mínimo. Por lo tanto, el cobro de tal impuesto significa limitar su diversión, sobre todo cuando se trata de adultos mayores. Por ejemplo, en el casino de Iquique sólo se cobran 300 pesos por el ingreso.

En tercer lugar, en el artículo 56 se establece un impuesto del 20 por ciento para las sociedades operadoras de casinos de juego y de salas de bingo, el cual se calculará sobre la base de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados durante el ejercicio respectivo, considerando para estos efectos la base imponible determinada para el pago del impuesto de primera categoría.

Con esta medida, los grandes beneficiados serán los concesionarios y no las ciudades donde operen los casinos, puesto que, con esta medida, ellos pueden deducir de sus ingresos, entre otros, la construcción del edificio, la contratación de artistas, los sueldos del personal, los gastos de ejecutivos, que muchas veces son exagerados y, obviamente, redundan en una drástica disminución de los ingresos.

A mi juicio, el 20 por ciento mencionado debe considerarse como piso de la negociación, a la espera de mejores ofertas a través de una licitación.

No entiendo por qué el Ejecutivo se niega a recibir mayores recursos, cuando en este momento, por ejemplo, la Municipalidad de Iquique percibe del casino un 37 por ciento del ingreso neto de los tragamonedas, y, por derecho a concesión, 23 mil unidades de fomento anuales, lo que significa 2.300 millones de pesos aproximadamente. Si se aplicara al acuerdo actual, dicho ingreso bajaría a 680 millones de pesos.

En cuarto lugar, el artículo 57 estipula que un 50 por ciento de los recursos que se recauden se destinarán a la municipalidad, y el otro 50 por ciento se incorporará al patrimonio del gobierno regional de la región en que se encuentre ubicado el respectivo casino.

En este punto, el 50 por ciento que se entrega al gobierno regional, organismo que cuenta con recursos propios y con muchas otras posibilidades de realizar obras, debiera destinarse igualitariamente a otras municipalidades de la provincia que no cuenten con casinos y que necesiten recursos para solucionar los problemas sociales que las afligen.

Por último, en las disposiciones transitorias se advierte una desigualdad ante la ley, puesto que de los siete casinos hoy existentes, seis extienden su vigencia hasta el 2010 y sólo uno hasta el 2.015, fecha esta última que debiera aplicarse para todos los actuales casinos.

Espero que se analice lo propuesto, que nace de la experiencia adquirida por años, en el manejo del casino de juegos de la provincia de Iquique.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA .-

Señora Presidenta , aun cuando este proyecto se encuentra todavía en su primer trámite constitucional, ha generado un debate que no sólo da cuenta de la problemática vinculada a la necesidad de desarrollar casinos asociados al desarrollo de proyectos turísticos, sino que ha puesto sobre la mesa aspectos relacionados con temas de fondo en ésta y otras materias.

En un comienzo, el debate público sobre esta iniciativa estuvo dado por el destino que tendrían parte de las utilidades que generarían los casinos de juego y las salas de bingo. Surgieron propuestas para destinar porcentajes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, a los gobiernos regionales, a los municipios de determinada provincia o región, e incluso al Fondo Común Municipal.

Luego de una intensa discusión, tanto en la Sala como en las comisiones, con participación activa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y tras una importante cuota de esfuerzo, se llegó a una fórmula consensuada, consistente en destinar los recursos a los municipios y al gobierno regional.

Finalmente, en un ejemplo clásico de la soterrada competencia y pugna entre la Región Metropolitana y el resto de las regiones, el tema se centró en cuántos casinos podrían instalarse por región, y si, dentro de esta cifra, se debe incluir al Gran Santiago , lo que ha desatado un fuerte lobby de distintas autoridades, tanto a favor como en contra de esta posibilidad, lo que revela, una vez más, que el tema del centralismo y, peor aún, de la concentración de recursos, de posibilidades y de poder, cruza las políticas públicas y no puede obviarse, so riesgo de convertirlo en un volcán que algún día hará erupción.

El resto de las materias abordadas por el proyecto incluyen criterios para la operatividad de lo establecido en la normativa, que parecen de lógica básica, entre ellos, consideraciones sobre los verdaderos efectos reactivadores que la instalación de casinos pueda tener para la economía y el turismo en las comunas propuestas, lo que se refrenda con los informes de los propios municipios y de los gobiernos regionales así como con los del Servicio Nacional de Turismo. En ese marco también cobran importancia los montos que los inversionistas están dispuestos a emplear.

En definitiva, estamos frente a un proyecto que apunta en la dirección correcta, ya que regula una actividad que, por el tipo de economía que tiene nuestro país, lo lleva hacia su crecimiento.

Es importante que se haya dado un salto normativo, en el sentido de conformar una entidad responsable de la autorización y fiscalización de este sector, lo que, por cierto, lejos de constituir una dificultad o un aumento de burocracia, como muchos han estimado, genera una señal de responsabilidad y de transparencia, principalmente hacia los inversionistas extranjeros. De alguna manera, en relación con la desregulación específica existente en materia de juegos de azar se puede hacer un símil respecto de lo ocurrido en materia de inversiones en proyectos con incidencia en el medio ambiente antes de la promulgación de la ley Nº 19.300 y su reglamento. Hoy, con reglas claras, las posibilidades de contar con cantidad y calidad de inversión son mayores y mejores que antes de la existencia de la ley de bases generales del Medio Ambiente.

Estamos ciertos de que, en el marco de los importantes acuerdos comerciales que nuestro Gobierno ha suscrito en los últimos meses, este proyecto, que regula el establecimiento de casinos en Chile, será un aporte real al desarrollo y crecimiento de esta actividad en el país, lo que irá en directo beneficio de los habitantes de las regiones.

Por último, en cuanto a la posibilidad de que la Región Metropolitana pueda contar con casino, quiero reiterar en esta Sala lo que he dicho públicamente, en el sentido de que me parece una caricatura y una exageración lo manifestado por el intendente Marcelo Trivelli , por el alcalde Lavín y por algunos consejeros regionales metropolitanos,...

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado .

El señor ESPINOZA .-

...quienes han dicho que es discriminatorio no incluir al Gran Santiago en el proyecto. ¡Nada más lejos de esa afirmación!

Señora Presidenta, le pido tan solo unos segundos para redondear la idea.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta .-

Puede redondear la idea, pero sea breve.

El señor ESPINOZA .-

Si considerar que la Región Metropolitana no debe contar con casinos es discriminatorio, ¿con qué adjetivos se puede calificar el que una gran parte de los recursos destinados a programas sociales, de salud, de educación, de deportes, de cultura, a las universidades, están claramente concentrados en la capital?

Votaré a favor del proyecto que autoriza la instalación de casinos, pero en contra de que, una vez más, Santiago concentre el poder que este país, de una u otra mane-ra ha generado. Chile necesita de un desarrollo equitativo y ese es nuestro compromiso.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.

El señor ARAYA.-

Señora Presidenta , este proyecto establece una regulación orgánica de los casinos de juego, porque hasta el momento se ha favorecido sólo a algunas ciudades.

Comparto lo expresado por el diputado señor Lorenzini en cuanto a la necesidad de modificar el destino de los fondos, y que el 20 por ciento de tributo no se descuente sólo de la base imponible del impuesto de primera categoría, porque ocurrirá lo mismo que en Antofagasta, Segunda Región, donde las compañías mineras se llevan gran parte de las riquezas y no dejan nada al Estado. No podemos permitir que ocurra eso.

La iniciativa tiene un carácter netamente descentralizador y busca el desarrollo de zonas turísticas. Durante años Antofagasta ha luchado por que allí se instale un casino, para lo cual el municipio ha llevado a cabo obras de infraestructura que apuntan en esa vía.

Por eso, pido a la Sala que apruebe el proyecto que establece la instalación de dos casinos por región, con excepción de la Región Metropolitana, porque Santiago se lleva gran parte de nuestras riquezas.

Antofagasta aporta más del 33 por ciento de los ingresos del erario, pero recibe apenas el 2 por ciento de lo que entrega. Por eso, no quiero que siga perdiendo los recursos que se podrían generar en esa zona producto de este proyecto.

Por último, quiero decir al representante del Ejecutivo presente en la Sala que hay una norma que no está incluida en esta iniciativa y que me parece muy importante, que tiene que ver con la concentración económica que se puede generar con los concesionarios de los casinos. Nada dice el proyecto sobre cuántos casinos puede tener un concesionario, lo que puede prestarse para monopolios, discriminación y arbitrariedades respecto de quienes quieran entrar en el negocio. Por tanto, hago un llamado al Ejecutivo para que en el Senado se acoja esta preocupación, a fin de que de una vez por todas se pueda regular esta actividad y terminar con la concentración económica y la riqueza que se genera sólo para algunos sectores del país.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada señora Carmen Ibáñez.

La señora IBÁÑEZ (doña Carmen) .-

Señora Presidenta , hoy estamos frente a un nuevo ataque centralista. ¡Hoy decimos no a la instalación de casinos en la Región Metropolitana!

Una vez más se está intentando privilegiar a la ciudad de Santiago en desmedro de las regiones. Lo acordado por las comisiones unidas de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda, significa matar el único punto de discriminación positiva que tiene uno de los países más centralistas del mundo. El régimen actual fomenta, aunque no de forma óptima, el turismo y el desarrollo de las siete ciudades que actualmente poseen casinos. La Región Metropolitana no necesita un casino para ser una zona de punta. Además, la creación de hasta tres casinos allí no haría sino perjudicar el paupérrimo desarrollo de nuestras regiones. Santiago no necesita un casino para crecer; nosotros sí. Santiago ya tiene suficiente con la concentración de más de la mitad de la riqueza del país.

Por último, quiero saludar a todas las autoridades de la Quinta Región presentes en las tribunas, y aun cuando podemos tener distintas ideologías, estamos todos unidos para defender a las regiones por sobre el centralismo exacerbado de la Región Metropolitana.

Por tanto, hago un llamado a todos los colegas que representan a distritos de regiones a votar que no. ¡No al centralismo de Santiago!

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.

El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-

Señora Presidenta , quiero aprovechar este debate para desvirtuar las argumentaciones de algunos colegas -en particular las del diputado señor Maximiano Errázuriz , quien, lamentablemente, no está en la Sala- que han señalado que, de aprobarse el artículo que prohíbe el funcionamiento de casinos en la Región Metropolitana, recurrirían de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

En primer lugar, no comparto la práctica legislativa de utilizar al Tribunal Constitucional como segunda instancia en el proceso de formación de la ley. Lo que no ganarán con votos en esta Sala, pretenden ganarlo en el Tribunal Constitucional. Me parece que eso no corresponde al trabajo parlamentario.

(Manifestaciones en las tribunas).

Se comete un error al pretender limitar nuestra capacidad de legislar, en circunstancias de que, por ley, tenemos facultades para establecer tratamientos normativos diferenciados para las distintas zonas geográficas del país.

La tesis de algunos diputados es que la igualdad de oportunidades y el principio de la no discriminación deben aplicarse a las regiones, de manera que lo que se da a una debe darse a todas. No comparto esa tesis, que, además, no tiene asidero jurídico. Asimismo, mueve a confusión a la opinión pública, porque nuestra Constitución Política autoriza al Poder Legislativo a establecer tratamientos diferenciados para personas o, como en este caso, para determinadas zonas geográficas del país. Lo que no autoriza es efectuar tratamientos arbitrarios, y, en este caso, no hay arbitrariedad alguna. La discrecionalidad administrativa tiene un correlato: la discrecionalidad parlamentaria, y en virtud de ella podemos discernir, discriminar y asignar beneficios diversos a personas, instituciones o territorios, cuando éstos se encuentran en situaciones especiales, como ocurre en este caso.

Lo errado del planteamiento de algunos diputados queda demostrado con las prácticas habidas en el Congreso. Si se trata de aplicar el principio de la no discriminación, ¿cómo se entiende que se haya aprobado una ley de fomento para Arica y Parinacota, una zona franca para Tocopilla, una ley austral, una ley indígena y una ley de integración de los discapacitados, que son discriminatorias, pero no arbitrarias? Santiago y el resto de las regiones están, objetivamente, en situaciones distintas, y esa diversidad objetiva, corroborable, debe dar lugar a decisiones y normas diversas, como las planteadas aquí.

Yo represento a las provincias de Colchagua y de Cardenal Caro, de la Sexta Región, que están empeñadas en llevar a cabo un plan de desarrollo turístico. Tenemos la ruta del vino, el tren del vino, diversas actividades turísticas y el agroturismo. Obviamente, un casino sería complementario al desarrollo turístico que estamos implementando. Me pregunto: ¿qué oportunidad de desarrollo tendría esa zona si a sólo cien kilómetros existieran dos casinos, seguramente enormes, dada la importancia de la Región Metropolitana? ¿Qué oportunidad de desarrollo tendrían Rancagua , Santa Cruz o Pichilemu si se instalaran dos casinos en Santiago? Eso no apunta a un desarrollo armónico y equilibrado del país.

Por eso, votaré a favor del proyecto, pero en contra de la posibilidad de que en Santiago haya casinos.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.

El señor BARROS.-

Señora Presidenta , el proyecto en discusión se ha concebido como una ley marco; es decir, como un texto legal que establezca las bases generales y la normativa esencial que regularán la autorización, funcionamiento y fiscalización de los casinos de juegos y de las salas de bingo.

Quiero referirme a cuatro aspectos fundamentales de la iniciativa.

En primer lugar, parece positivo limitar el número máximo de casinos a 25 a nivel nacional y a tres por región. En efecto, un número limitado de casinos permitirá ejercer mejor fiscalización y financiar proyectos con una infraestructura más segura y altos estándares de calidad.

En segundo lugar, estoy absolutamente en contra de la creación de una Superintendencia de casinos de juego. Como bien dijo el diputado señor René Manuel García , basta de asignaciones a dedo. Creo en las licitaciones y en la transparencia, más aún después de los casos de corrupción conocidos en el último tiempo.

En tercer lugar, quiero detenerme en el artículo 22, que se refiere a las salas de bingo, respecto de lo cual también estoy francamente en contra. El artículo dispone que sólo podrá autorizarse una cantidad de salas de bingo que no supere el equivalente a un tercio del número de comunas que conforman la respectiva región. Represento a las provincias de Colchagua y de Cardenal Caro, y si bien es cierto que el proyecto no legisla respecto de los bingos comunitarios, la creación de diez u once salas de bingo en las comunas de esas provincias producirá la muerte de los bingos que realizan los bomberos, las juntas de vecinos, los rotarios y, en general, todas las instituciones sociales.

Por último, mientras no vea que exista discriminación hacia las regiones, mientras no vea que las casas matrices de las empresas paguen sus impuestos en las regiones, mientras no vea el término de tantos subsidios que favorecen a la Región Metropolitana, obviamente mi voto será contrario a la instalación de casinos en la Región Metropolitana.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.

La señora CARABALL (doña Eliana).-

Señora Presidenta , durante la discusión del proyecto ha quedado en claro que las diferencias existentes entre los colegas dicen relación con tres materias: primero, con la opción de instalar casinos en la Región Metropolitana; segundo, con la creación de una Superintendencia con capacidad de asignar concesiones de explotación de casinos, y tercero, con la posibilidad de instalar salas de bingo separadas de los casinos.

El consenso más fácil de obtener, contrariamente a lo expresado en la Sala, fue el relativo a la instalación de salas de bingo. Es así como en las comisiones unidas de Hacienda y de Gobierno Interior se aprobó por unanimidad el funcionamiento de una cantidad de salas de bingo que no superara el equivalente a un tercio del número de comunas que conformaran la respectiva región, dejándose en claro que se tratará de salas de juego de azar y no de reuniones familiares, por cuanto allí se apuesta dinero.

Advierto que estas salas de bingo nada tienen que ver con los actuales bingos que efectúa la comunidad para atender las necesidades de personas enfermas o con problemas urgentes, o para financiar los gastos de las organizaciones sociales. Sin duda, la existencia de salas de bingo separadas de los casinos podría atentar contra los bingos sociales; pero a nosotros nos interesa mantener la posibilidad de que las organizaciones comunitarias puedan seguir realizando esta actividad, que les ayuda muchísimo a financiarse y a ir en ayuda de las personas que así lo requieran.

En cuanto a la creación de la Superintendencia, el principal problema radicó en sus atribuciones. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de establecer una ley marco que regule las actuales y futuras salas de juego; pero no hay consenso sobre la posibilidad de supervisar y, a la vez, asignar concesiones para las salas de juego.

Sin duda, es una disposición discutible y perfectible; incluso, se presentaron indicaciones para mejorar sus funciones. Pero nadie discutió que era necesario crear una Superintendencia que llevara a cabo una regulación que hoy no existe. Repito: hay discrepancias en cuanto a que no puede asignar y fiscalizar simultáneamente. Es necesario dilucidarlo en forma transparente, y la subsecretaria se comprometió a hacerlo presente en el Senado, de manera que quedara clara una cuestión respecto de la cual estamos de acuerdo.

Respecto del punto más conflictivo, cual es si la Región Metropolitana podrá instalar casinos en su territorio, debo señalar que, al momento de votar, en las comisiones unidas de Hacienda y de Gobierno Interior había 20 parlamentarios, de los cuales 14 votaron a favor de instalar casinos en la Región Metropolitana y sólo 6 en contra. Sin embargo, hoy, seguramente debido a los aplausos y la presencia de numerosas personas que nos acompañan en las tribunas, algunos diputados han tenido una posición distinta de la que hicieron presente en su oportunidad.

Me parece increíble hacer depender el futuro desarrollo regional o comunal de la existencia de un casino. Distinto es discutir adónde irán los fondos que generan estos casinos. Estoy de acuerdo en que los recursos se distribuyan, partiendo por las comunas más pobres del país, sin importar el territorio donde estén instalados los casinos. Sin duda, la distribución de fondos siempre se presta para que exista poca transparencia, presiones indebidas, en fin, para lo que todos sabemos que ocurre en estos casos.

Asimismo, resulta curioso que muchos empresarios que no tuvieron problema alguno en trasladar industrias productivas de regiones a Santiago, dejando cientos de cesantes, hoy estén entre quienes se oponen a la instalación de casinos en la Región Metropolitana, pensando que con ello favorecerán el desarrollo de las regiones.

Si se mantienen sólo los siete casinos que hoy existen en el país, está bien, que quede afuera la Región Metropolitana, pero si vamos a legislar para aumentar su número en todo el país, es inaceptable discriminar en contra de cualquier región, por supuesto, incluida la Metropolitana.

(Manifestaciones en las tribunas).

¡Me niego a legislar para la galería! Aquí estamos legislando en serio.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Hago presente a los asistentes a las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones. En caso contrario, deberé aplicar el Reglamento.

Puede continuar señora diputada .

La señora CARABALL (doña Eliana).-

Gracias, señor Presidente.

Quiero destacar que la Región Metropolitana produce el 48 por ciento del producto interno bruto y tiene cerca del 40 por ciento de la población del país. Luego, es natural que genere más gastos en proporción al número de habitantes. Sin embargo, sólo un quinto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional va a la Región Metropolitana, porque el espíritu de dicho fondo es descentralizador. No podemos hacer depender el desarrollo de las regiones de los casinos.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Germán Becker.

El señor BECKER.-

Señora Presidenta , seré más técnico en el análisis del proyecto, por cuanto creo que los discursos muy encendidos han hecho la mañana muy entretenida.

En primer lugar, se trata de una iniciativa que partió hace más de dos años en la Comisión de Turismo. Después se celebraron ocho sesiones en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social para hacer un análisis en profundidad. Se eliminó el casino en la Región Metropolitana y se dejaron 24, es decir, 2 por región. También se rechazó la indicación del Ejecutivo en el sentido de dejar la cantidad de casinos que se quisieran.

Posteriormente, se celebraron cuatro sesiones en la Comisión de Turismo para elaborar un informe que fue echado abajo en media sesión de la Comisión de Hacienda, en la cual participé. Perdí todas las votaciones por 11 votos contra 1.

Por lo tanto, creo que ahora es el momento de que las cosas vuelvan a su lugar. Primero, hay que plantear los objetivos del proyecto. El objetivo inicial era hacer una ley marco que regulara todos los casinos que se instalaran en el país. En un principio eran siete, cada uno con su propia ley. Ahora, como esa cantidad se va a ampliar, se necesitará una ley marco.

En segundo lugar, en mi opinión es importante tener en mente el objetivo, que es potenciar y contribuir al desarrollo turístico de las regiones.

Por otra parte, existen tres puntos que generaron desacuerdos en las comisiones donde se trató el proyecto. Primero, las salas de bingo. ¿Van a generar desarrollo turístico en las regiones? Debemos evitar la confusión, porque las salas de bingo sirven para otro juego de azar, que no es distinto del de las máquinas o del de la ruleta. Incluso es peor, porque las máquinas reparten en premios entre un 60 y un 90 por ciento; en cambio, las salas de bingo sólo un 50 por ciento. Es decir, la gente que va a jugar bingo, en promedio, sale con la mitad de la plata con que llega.

Por eso, me opongo a que se creen salas de bingo en pequeños pueblos para que la gente se distraiga, porque -digamos la verdad, diputado Tuma - lo único que van a generar son más recursos para los empresarios y no aportarán para beneficios, como hasta ahora.

En el caso de los casinos, su número era ilimitado, y la duda era si en la Región Metropolitana deberían establecerse. Después de muchos estudios, he llegado a la conclusión de que no se deben permitir en la capital. ¿Y por qué? La verdad es que Santiago ha sido discriminado positivamente -como lo explicó el diputado Longton - en muchas ocasiones. Ha sido muy favorecido por éste y por todos los gobiernos, y en este momento la única discriminación positiva hacia las regiones serían los 25 casinos. Por lo tanto, me opongo tajantemente a terminar con la discriminación positiva hacia las regiones.

Si queremos que el país crezca con igualdad, no debemos tener temor de discriminar positivamente a las regiones. Es la única forma de que se produzca un crecimiento armónico.

El sistema de mercado cada vez centraliza más a Chile, porque sólo se basa en criterios económicos y, obviamente, los negocios siempre están en las grandes urbes o ciudades.

Sólo como detalle, quiero contar que la única empresa grande que hay en Temuco -y en las tribunas hay varias personas de allá- es Colchones Rosen. ¿Y por qué? No por razones económicas. De hecho, las ventas e insumos están en Santiago. Sólo está allá porque el empresario quiere a su ciudad, a pesar de perder plata. Genera trabajo, pero esa tarea debe ser del Estado, porque no corresponde que el esfuerzo de los empresarios vaya en su detrimento.

Ahora, ¿qué va a pasar con los casinos si se establecen en todas las regiones, incluso en la Metropolitana? Lógicamente, los empresarios van a querer invertir en los casinos de Santiago, porque es donde están los recursos, hay cinco millones de habitantes y llegan los turistas. Además, eso es muy razonable, ya que a nadie se le va a ocurrir hacerlo en Padre Las Casas o en Lonquimay.

Por último, quiero insistir en que ésta es una las pocas discriminaciones positivas que favorece a las regiones, por lo que no podemos quitársela. Por lo tanto, ¡no a los casinos en Santiago!

El último tema conflictivo y, a mi juicio, el más importante, se relaciona con la forma de adjudicación de las concesiones de los casinos. El Ejecutivo propone la creación de una Superintendencia de Casinos de Juego que los adjudique directamente y que, al mismo tiempo, fiscalice. En mi opinión, esto es absolutamente incompatible. Por el contrario, ¿por qué pensamos que la licitación es imprescindible? Por dos razones:

Primero, por una de tipo económico, que ya fue planteada en forma brillante por el diputado señor Lorenzini : vía licitación. Así, ingresarán más recursos a los municipios y a las regiones que si se pusiera en marcha el actual proyecto, el que obliga a los empresarios a pagar un 20 por ciento de impuestos. En la actualidad, los seis casinos más importantes del país reciben 12 mil millones de pesos. Sin embargo, si se pusiera en marcha el proyecto en debate, percibirían 7.900 millones de pesos. Es decir, se perderían 4 mil millones de pesos o, lo que es lo mismo, los empresarios ganarían 4 mil millones de pesos más. Por esa razón, no me explico por qué el Ejecutivo en varias oportunidades se ha opuesto a la licitación.

La segunda razón por la cual estimo imprescindible la licitación se relaciona con la transparencia. No es posible que un organismo otorgue las concesiones y, al mismo tiempo, fiscalice. Con esto, se generaría otro foco de corrupción que el país no está en condiciones de tolerar. Además, la forma de adjudicación es absolutamente arbitraria, ya que no contiene elementos objetivos que puedan discriminar.

¿Qué sucederá cuando dos o más sociedades quieran invertir en una misma zona o ciudad? La Superintendencia deberá remitirse al artículo 21, que establece los elementos que se deberán considerar a la hora de adjudicar casinos. Insisto, en esta materia no existen criterios con los que se pueda discriminar. Los que enuncia el proyecto son todos objetivos y no discriminan: la calidad de territorio turísticamente consolidado del lugar de emplazamiento del casino de juego o la sala de bingo cuyo permiso de operación se solicita, en virtud del informe que al efecto emita el Servicio Nacional de Turismo -el virtual emplazamiento de casinos se efectuará en el mismo lugar, por lo que no existe discriminación-; el informe emitido por el gobierno regional respectivo, especialmente en relación con la conveniencia del lugar de emplazamiento propuesto por la solicitante -se trata de otro elemento objetivo y no discriminatorio, por cuanto lo más probable es que el gobierno señale que es bueno que exista un casino en la región-; el informe emitido por la municipalidad respectiva sobre el impacto y los efectos del proyecto en la comuna; la distancia relativa entre el lugar de emplazamiento del casino de juego o la sala de bingo cuyo permiso de operación se solicita y el lugar de funcionamiento de otro establecimiento del mismo tipo -una vez más no se discrimina, por cuanto si los casinos se encuentran en la misma ciudad, la distancia será la misma. Lo propio ocurre con las consideraciones de seguridad y de orden público.

Sin embargo, respecto de las cualidades del proyecto o plan de operación, se crean una serie de elementos subjetivos, como el incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento. Diputado señor Silva , ¿cuál de los dos proyectos generaría más incremento en esta materia en la zona de Valdivia? ¿Cuál establece una mejor ubicación, diseño y calidad en las instalaciones? ¿Cuál ofrece una relación más armónica con el entorno? Lo cierto es que no existe ningún elemento para discriminar positivamente.

Junto con los diputados Valenzuela y González presentamos una indicación que busca establecer una forma de licitación. Seguramente, será declarada inadmisible, tal como ocurrió en varias oportunidades en las comisiones en que tuvimos ocasión de participar. Si ello ocurre, nos veremos en la obligación de votar en contra los títulos IV y V, a través de las cuales se fija las atribuciones en materia de adjudicación y se crea la Superintendencia de Casinos de Juego. De ese modo, evitaremos ser cómplices de un nuevo foco de corrupción.

En resumen, no a las salas de bingo, que afectarán a los bingos benéficos; no a los casinos en Santiago, pues ello perjudicará seriamente a las regiones, y sí a una licitación pública transparente y objetiva.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.

La señora SOTO (doña Laura).-

Señora Presidenta , Chile está en deuda con las regiones -¡ésa es la verdad!- y hoy tiene la oportunidad histórica de remediar eso y de hacer justicia. ¡No a los casinos en Santiago! La mayoría de nuestra bancada va a votar en contra de los casinos en Santiago.

En este debate, que tiene pasión -y está bien que la tenga, porque estamos defendiendo principios y valores-, algunos han aludido a que aquí nosotros estamos quebrando la igualdad. Al revés, ya lo decía Santo Tomás , “La justicia es dar a cada cual lo suyo”. Hoy, cuando hablamos de que hay que darle más a las regiones, es porque tienen menos y queremos hacer justicia, como la hacemos con las personas.

Ya se ha dicho muy claramente que Santiago concentra la riqueza y también el talento. Los padres sufrimos en regiones cuando nuestros hijos miran a Santiago y quieren emigrar porque tienen mejores oportunidades. Los chiquillos y las chiquillas se quieren ir a estudiar a las universidades de Santiago. Eso nos duele; no queremos eso, sino dar igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades no significa la suma de dos más dos, sino que al que tenga menos se le dé más. Por eso, abogamos fuertemente por que no haya casinos en Santiago, como lo establecía el proyecto primitivo.

Quiero decir que la Comisión de Hacienda, en realidad, cuando adoptó su decisión lo hizo ultra petita. No tenía mandato para ello. Hoy nosotros queremos corregir ese error.

El tema de los casinos es delicado, complejo; nosotros lo sabemos. Por eso queremos que haya normas claras y precisas. Y cuando decimos que no exista concentración del poder y de la riqueza, precisamente estamos mirando a Santiago. Los lobbistas no están entre la gente que nos acompaña -y está muy bien que nos acompañen-. Los lobbistas tienen las puertas anchas para almorzar y cenar con los diputados y con los senadores. ¡Con quien quieran! La gente que está aquí defiende un principio muy importante: de igualdad, de probidad, de justicia.

Por eso, votaremos no a Santiago.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.

El señor SILVA .-

Señora Presidenta , en verdad estoy un poco sorprendido por la pasión de este debate. Sorprendido, además, porque el establecimiento de los casinos se ha considerado como un verdadero ícono por quienes queremos la descentralización del país, lo cual me parece un poquito exagerado.

Llamo a mis colegas a que nos unamos en la próxima ley de Presupuestos y defendamos a las regiones, como lo ha dicho el diputado Arturo Longton; pero no es adecuado poner el tema regional en el centro del debate.

La diputada Laura Soto se refería al proyecto original. Éste no ponía límite alguno, señora diputada . La indicación de la Comisión de Gobierno Interior era contra las salas de bingo, con el argumento de que se afectarían los bingos sociales. ¡Si eso es una falacia! ¿Qué tienen que ver los bingos sociales con una sala de bingo que se regiría por las normas de los casinos? ¿Qué tienen que ver los bingos de los bomberos con esto? Absolutamente nada. Es un argumento falaz. Yo lo dije en la Comisión de Hacienda.

Algunos quieren que el mercado regule la educación, la salud, pero no quieren que el mercado regule los casinos. ¡Por Dios! ¡En qué mundo estamos! Estas son las materias que debe regular el mercado, y creo que lo va regular eficientemente.

La diputada señora Rosa González recordaba que la ley Arica permite instalar los casinos que se deseen. ¿Por qué no se han instalado más casinos en Arica? Porque no es negocio. A lo mejor, si no se pone límite al mercado vamos a tener menos de 25 casinos, como lo establece el proyecto.

Entonces, no demos argumentos que no son reales, con el solo objeto de sacar aplausos de la tribuna.

Aquí se dice: “Hagamos licitación”. ¡Pero si actualmente los casinos se licitan! No obstante, se han llenado páginas y páginas de los diarios con los escándalos que se han producido con las licitaciones de casinos.

También se expresa: “No a la Superintendencia”. Ayer nos enteramos de que un concesionario de casino en Iquique había vendido sus acciones a otra empresa. ¿Quién controló esa operación? Eso no se podrá hacer si se aprueba este proyecto. Ésa es la verdad.

Aquí se habla de apertura, de transparencia. En Chile, digámoslo claramente, existe un monopolio de quien posee licencias de casino, con nombre y apellido. Tanto es así, que una de las indicaciones del proyecto -no recuerdo quien la introdujo- señalaba que para acceder a una licencia de casino se debía tener diez años de experiencia en la administración de uno de esos establecimientos. ¡Eso sí tenía nombre y apellido! ¡Digamos la verdad! Creo que el mejor sistema de fiscalización es el que se está proponiendo en el proyecto.

Entiendo a la gente de Viña del Mar en cuanto al tema de Santiago. Quienes estamos en una postura distinta de la de la mayoría que ha hablado, sólo queremos libertad, queremos que el mercado regule este tipo de situaciones. El problema de Viña del Mar es otro. Quiero decirlo categóricamente: me parece escandaloso que se diga que el municipio y la comuna de Viña del Mar dependen del casino, porque si fuera así, tendríamos que tener 341 casinos en todo Chile y no los siete que existen hoy. Los problemas de Viña del mar son otros. Miremos lo que está pasando con el hotel Miramar , en ruinas a la orilla del mar.

(Aplausos y manifestaciones).

Finalmente, pido que nos centremos en lo que está señalando el proyecto y no demos argumentos que no son reales.

Señora Presidenta , por su intermedio, le concedo una interrupción al diputado Riveros .

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Riveros.

El señor RIVEROS.-

Señora Presidenta , sólo quiero señalar un hecho.

Efectivamente, no me interesa ni me gusta recurrir al Tribunal Constitucional; pero, en este caso, quiero hacer prevención de constitucionalidad, en nombre, además, de los diputados Jorge Burgos y Gabriel Ascencio , porque corremos el riesgo de legislar en contra del texto expreso de la Constitución. Su artículo 19, Nº 22º, dice expresamente: “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

"Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras”.

Es deber nuestro no legislar contra texto expreso de la Constitución. Si queremos evitar la discriminación, no hagamos nuevas discriminaciones, porque con eso podemos pervertir un sistema jurídico y, en definitiva, lesionar la certeza jurídica que toda norma legal debe tener.

Por eso fundamentamos nuestra prevención de constitucionalidad.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Recupera el uso de la palabra el diputado señor Silva.

El señor SILVA .-

Señora Presidenta , el hecho de que exista un casino en Santiago o no, va a depender de los interesados. A mí me importa que el día de mañana exista un casino en Valdivia. A quienes sostienen que los gobiernos regionales deben decidir al respecto, existiendo una limitación de dos o tres casinos, yo les digo que sé lo que va a ocurrir en mi región si se entrega esta facultad a dichos gobiernos: se va a generar una discusión en cuanto a la instalación del casino en Osorno, en Puerto Montt o en Valdivia. Estoy convencido de que mientras más libertad exista sobre la materia, mayor será la opción de que Valdivia tenga un casino.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.

El señor RECONDO .-

Señora Presidenta , al escuchar el debate y revisar la tramitación del proyecto durante los años en que ha estado en el Congreso, se revela el nivel de confusión que existe en torno de esta materia. Pero no sólo confusión derivada, probablemente, de intereses distintos de los señores parlamentarios por defender sus regiones y ciudades, sino, además, falta de claridad por parte del Ejecutivo desde el momento en que envió el proyecto de ley al Congreso. Porque el mensaje original planteaba una ley marco que tendía a liberalizar la creación de casinos, y sólo entregaba a una Comisión Nacional del Juego, que contaba con todas las facultades reglamentarias, la determinación sobre quién podía iniciar una actividad de casino. Sin embargo, dicho criterio ha ido cambiando sistemáticamente durante la tramitación del proyecto. De un mensaje que nos daba la idea de mayor liberalización se pasa a otra de mayor restricción. Se empezó a poner límite al número de casinos y entramos en una discusión absolutamente distinta de la idea que se planteó en el proyecto primitivo.

Adicionalmente, una de las consideraciones de ese proyecto era generar algún beneficio local o desarrollo turístico en las localidades en las cuales debieran instalarse los casinos. Si revisamos lo que vamos a votar hoy, nos daremos cuenta de que todos esos criterios han tenido sucesivos cambios a favor y en contra de la idea original. Por ejemplo, en relación con el número de casinos, que partió como una cosa muy liberal, hoy el proyecto lo restringe a un número determinado. Por lo tanto, no tenemos ese sentido común, liberal y abierto que ha manifestado el diputado Exequiel Silva .

El mismo criterio se aprecia en lo referente a las salas de bingo. Originalmente, estaban incorporadas a las salas de juego de los casinos; hoy son distintas y también se plantea un número determinado.

Insisto en que hay poca claridad respecto de lo que queremos en materia de casinos para el país.

También, de la Comisión Nacional de Juego, que fue la propuesta original, nos pasamos después a una Superintendencia con amplias facultades. Sólo sería conveniente una Superintendencia con esas características si estuviéramos ante un proyecto absolutamente liberalizador, donde hubiera plena libertad para crear casinos, ojalá, a través de licitación. En ese caso, la Superintendencia, como ente fiscalizador, tendría razón de existir. Pero aquí estamos ante un proyecto que no es liberal, sino restrictivo, por lo que es incongruente la existencia de una Superintendencia con todas las facultades que se están entregando al nuevo servicio público que se crea, al cual no sólo se le otorgan todas las facultades para conceder las licencias, sino también se le entregan las de fiscalizar los casinos.

Finalmente, en cuanto a la idea original de generar desarrollo local y turístico en las regiones, las normas que hoy se incorporan al proyecto no van en esa dirección. Así, por ejemplo, lo que establece el título VII, “De la afectación”, es decir, de los impuestos o gravámenes que deberán pagar quienes practiquen esta actividad, es un retroceso porque se aplica un impuesto de 20 por ciento a beneficio local, pero en la forma como se plantea no tiene nada de beneficio local porque, en primer lugar, un 20 por ciento es mucho menos de lo que hoy aportan los casinos actuales a las comunas donde están instalados. Allí el casino genera un beneficio y desarrollo local importante, porque hace un aporte a la comuna. Pero con el porcentaje establecido, será muy poca la cantidad de recursos por distribuir: 50 por ciento para la comuna y 50 por ciento para el resto de la región. Por lo tanto, este proyecto deja de ser de beneficio para el desarrollo local, dado el nivel de gravamen que plantea.

Por lo tanto, ninguno de los objetivos iniciales se ha mantenido en el tiempo, lo cual demuestra una grave confusión en cuanto a cómo deberíamos legislar en esta materia.

Frente a la opinión de quienes son partidarios de la economía libre y de mercado plantean que aquí debiera haber un criterio mucho más liberal y dar muestras de ello, yo, siendo absolutamente partidario de la economía libre y de que el mercado asigne los recursos, creo que en estas materias no corresponde aplicar el mismo criterio, pues estamos frente a una actividad que no tiene ninguna de las virtudes que siempre queremos asignar a las actividades económicas. En consecuencia, las externalidades negativas de esta actividad son consideraciones muy de peso como para no allanarse a que sea entregada libremente al mercado.

Por todas estas consideraciones, por la confusión que ha existido en torno de la materia y porque el proyecto actual no recoge ningún objetivo claro, soy partidario de que el mecanismo para asignar casinos en el país siga siendo el actual, es decir, a través de leyes especiales para cada localidad que requiera un casino. Ese es el criterio que voy a defender, y, en consecuencia, votaré en contra del articulado.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.

El señor ROBLES.-

Señora Presidenta, a mi juicio, este proyecto de ley ya requiere perfeccionamiento, nace con falencias importantes en el mundo moderno, puesto que no ha considerado la regulación de los juegos de azar y de los casinos virtuales que se desarrollan por internet.

Hoy, cualquier chileno, desde su computador, puede ingresar a cualquier casino del mundo y jugar lo que desee: ruleta, black jack, 21 real, etcétera. Lo peor de todo es que los recursos no quedan en el país; se van al extranjero.

Por lo tanto, me parece que el hecho de que esta iniciativa no regule los juegos de azar que figuran en internet implica que estamos bastante atrasados en términos legislativos.

Ahora, cuando debatimos acerca de dónde deben ubicarse los casinos de juego, considerados establecimientos, inmuebles, etcétera, uno debe pensar que son un incentivo para el desarrollo armónico del país y, por lo tanto, están ligados al turismo. En ese sentido, a mi juicio, esos casinos deben ir de la mano del desarrollo de las regiones; lo que implica dos cosas:

En primer lugar, los casinos no pueden estar en la Región Metropolitana, que reúne el 50 por ciento de la población. Entonces, instalar casinos en ella atenta contra el principio de equidad territorial.

En segundo lugar, es poco prudente instalar casinos en las cabeceras de regiones. Por ejemplo, un casino en Concepción o en Copiapó atenta contra el desarrollo armónico del resto de la región. Por lo tanto, lo lógico es que los casinos estén orientados al desarrollo turístico.

Por último, lamento que la Comisión rechazara la indicación presentada por los diputados señores Aguiló, Escalona , Espinoza y Muñoz , en el sentido de defender el funcionamiento de loterías y bingos en organizaciones sociales y en entidades sin fines de lucro.

Según el proyecto en discusión, el hecho de regular el funcionamiento de salas de bingo y de sostener que éstas están relacionadas con un lugar donde se va a desarrollar como actividad, impedirá que las organizaciones sociales -juntas de vecinos, centros de padres y apoderados, organizaciones deportivas- efectúen loterías y bingos, como hoy lo hacen en muchas comunas de nuestro largo territorio, para financiar sus actividades específicas.

Hay en este punto dos elementos que me parecen centrales: uno, la necesidad de perfeccionar el proyecto -espero que en el Senado se regulen los juegos por internet- y el otro, mi voto en contra de la instalación de casinos y de salas de bingo en la Región Metropolitana.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.

El señor ROJAS.-

Señora Presidenta , en primer lugar, a quienes nos acompañan a través de la televisión y, por cierto, a los que están presentes en esta Sala, les diría formalmente: “No vayan a botar plata al casino”.

La claridad de los hechos nos indica que debemos analizar con frialdad la forma como se ha elaborado el proyecto. A muchos de los diputados que hemos participado desde el inicio de la discusión de esta iniciativa, nos genera los intereses propios de quienes somos partidarios de tener un casino en nuestras regiones, como, en mi caso, en Antofagasta.

Cuando el proyecto ingresó a trámite legislativo, en 1998, el mensaje del Ejecutivo consignaba que tenía por finalidad crear polos de desarrollo económico en lugares deprimidos, ciertamente las regiones, de manera que deberíamos legislar sobre la base de ese prisma.

La discriminación que sentimos hacia Santiago tiene un sentido lógico, Vengo de una región netamente minera que ha perdido la asignación de un cinco por ciento de las ventas del cobre, lo cual ha transformado a Calama en una de las ciudades más deprimidas del país. ¿Por qué? Por dársela a Santiago.

Cabe puntualizar, con respecto a la inversión que se realiza en Santiago en materia medioambiental, que de un peso que se gasta en la capital se dejan de invertir de tres a cinco pesos en regiones. Por lo tanto, quienes aspiramos a defender los intereses de nuestras regiones debemos decir, legítimamente, ¡no al casino en Santiago como una instancia económica de desarrollo!

Reconozco que sus agentes administrativos, como el alcalde Lavín , gran amigo, están en su legítimo derecho de defender sus intereses, pero, claramente, es necesario que legislemos privilegiando el combate contra la marginalidad. En mi opinión, la iniciativa debe atenerse a los objetivos primigenios del proyecto del Ejecutivo: crear polos de desarrollo en regiones, y en eso hay que tener cuidado.

Más que ahondar en el aspecto fundamentalmente técnico, que puede enrarecer la discusión, cabe señalar que, en Cerrillos, se contempla la construcción de un proyecto inmobiliario que albergará a 500 mil personas, lo cual significa, una vez más, asfixiar a las regiones.

No se trata de un capricho, de una maldad ni de nada por el estilo desear que la Región Metropolitana no tenga casinos, pero creo que esta actividad debe constituir, fundamentalmente, un polo de desarrollo para las regiones ligado con el atractivo turístico que queremos darles.

Por lo tanto, ¡no a la instalación de un casino en Santiago!

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ .-

Señora Presidenta , en este proyecto se plantea autorizar la creación de 25 casinos en las regiones, incluida la Región Metropolitana.

La legislación de numerosos países desarrollados, incluyendo aquellos más liberales en materias económicas, impide el funcionamiento de casinos de juego en las capitales, como París, Berlín , Washington y otras. En Chile el funcionamiento histórico de los casinos fue concebido como un estímulo al desarrollo de zonas que tenían un interesante potencial turístico o que requerían un especial desarrollo de poblamiento por ser regiones estratégicas, como el caso de Arica o de Puerto Natales.

Sin duda, limitar a siete regiones la existencia de casinos era insuficiente, por lo que hemos decidido legislar para que se amplíe el número de ellos en el país. Sin embargo, dicha ampliación debe ir ligada a un concepto y a una concepción regionalizadora y descentralizadora del país, por lo que hemos dicho: ¡Sí a la instalación de más casinos en las regiones, y no a su instalación en la Región Metropolitana!

(Aplausos).

¿Por qué decimos esto? Porque el funcionamiento de casinos en Santiago traerá consigo numerosos efectos negativos, afectará al turismo y a la actividad económica en nuestras regiones, especialmente en las más cercanas a la Región Metropolitana, y agudizará los ya serios problemas de cesantía que existen en muchas de ellas. Sin embargo, hay una razón más de fondo. En primer lugar, si autorizáramos casinos en la Región Metropolitana, se estaría reforzando la tendencia a la concentración de actividades, de población y de riqueza en la capital y agudizando los costos asociados, que recaen en todos los chilenos. En segundo término, porque ello contradiría, objetiva e incuestionablemente, los compromisos programáticos con la descentralización que el actual gobierno y todos los partidos políticos prometieron al país durante sus campañas electorales. Seamos coherentes y consecuentes: mantengamos las promesas de descentralización y de regionalización que prometimos durante esas campañas.

Por todo lo anterior, calificar esto como un supuesto acto de discriminación que se estaría cometiendo contra la Región Metropolitana -como se ha afirmado aquí- constituye una burla contra el sentido común de los chilenos y una provocación para quienes han hecho patria en regiones, donde han invertido su escaso capital y desarrollado sus actividades con denodados esfuerzos, superando todos los obstáculos que se deben enfrentar por no vivir en la capital, pues esto implica tener, en el caso de los trabajadores, un nivel de remuneraciones más bajo y pagar mayores costos por los servicios. En nuestras regiones pagamos más por el agua, el teléfono y la electricidad, y tenemos menos acceso a la educación y a la salud, así como menos posibilidades de acceder a la cultura. Por eso, instalar casinos en la Región Metropolitana significaría discriminar en su favor. ¡Que no se diga aquí que instalar casinos en la Región Metropolitana es obrar en favor del principio de la no discriminación, pues hacerlo significaría discriminar en contra de todas las regiones!

(Aplausos).

La gran mayoría de los chilenos queremos un país que se desarrolle con justicia y con armonía. Esperamos que en el Congreso Nacional cumplamos con nuestra obligación de legislar en función de un proyecto país y del interés de todos los chilenos. Quiero felicitar al diputado señor Mario Varela , quien, no obstante ser representante de un distrito de la Región Metropolitana, ha entendido que hay que legislar por principios, no por conveniencias.

(Aplausos).

La descentralización es hoy una nece-sidad fundamental para el desarrollo del país.

Ahora se trata de ser coherentes. Tenemos la gran oportunidad de legislar en función del principio de descentralizar el país y de lograr mayor transparencia.

La indicación presentada por algunos parlamentarios en el sentido de que los casinos se liciten, será declarada inadmisible. Sin embargo, queremos pedirle al Ejecutivo que el sistema de licitación sea repuesto en el Senado, porque no es presentable que los casinos, que generan grandes riquezas, no sean licitados públicamente. Estimamos justo y necesario exigir a los municipios someter a ese tratamiento todos los proyectos por montos iguales o superiores a 200 UTM.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Terminó su tiempo, señor González . Si continúa, el resto se cargará al tiempo del Comité del Partido por la Democracia.

El señor GONZÁLEZ .-

Hoy vamos a votar un proyecto emblemático sobre regionalización, descentralización y transparencia, en forma coherente con los proyectos sobre probidad administrativa y transparencia en favor del desarrollo nacional.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.

El señor DELMASTRO .-

Señora Presidenta , es unánime la opinión de que tanto la Región Metropolitana como las regiones requieren de señales claras respecto de lo que reiteradamente se ha dicho en todas las campañas políticas del pasado: la necesidad de descentralizar y regionalizar a nuestro país. Ello no sólo en beneficio de la Región Metropolitana, sino, también, del resto de las regiones. Es sabido que a Santiago llegan a vivir todos los años alrededor de 100 mil chilenos y chilenas, que no lo hacen porque les gusta el smog, que los asalten en la calle o les agrade viajar una hora o más para llegar al lugar de trabajo, sino que porque allí encuentran trabajo. ¿Y por qué lo encuentran? Porque gran parte de la inversión del Estado y de los privados se hace en la Región Metropolitana.

El diputado Longton decía hace pocos minutos que para los próximos meses la inversión en obras públicas y privadas en Santiago ascenderá a los 2 mil 500 millones de dólares. El plan de descontaminación de la Región Metropolitana considera para los próximos cinco años una inversión de otros mil millones de dólares. Y así suma y sigue.

Estamos tratando, por un lado, de descongestionar Santiago y, por otro, estamos proponiendo proyectos como éste, mediante el cual, lisa y llanamente, trasladamos la energía y los recursos económicos de regiones a Santiago.

Hace algunos meses esta Cámara aprobó, por unanimidad, un proyecto de acuerdo que pide al Presidente de la República tomar medidas en la dirección de descentralizar Santiago y regionalizar el país. ¿Cómo? Mediante medidas de tributación e incentivos tributarios para las industrias que se instalen en las regiones; desincentivos tributarios para aquellas industrias que se instalen en la Región Metropolitana. Eso no es discriminar, porque se está favoreciendo al país entero, no solamente a las regiones, sino que, también, a la Región Metropolitana.

Cuando se habla del mercado se dice: “El mercado va a señalar dónde instalar los casinos”. Pero ¡por Dios!, ¿en qué país estamos? Si el mercado de este país está en Santiago. Más del 50 por ciento de los chilenos y chilenas viven en menos del 1 por ciento del territorio nacional, y, en el resto, en 355 mil kilómetros cuadrados, repartidos de Arica a Punta Arenas, vivimos los demás. ¿Dónde está el mercado? En Santiago. Entonces, cualquier persona con dos dedos de frente y que quiera instalar un casino no va a pensarlo dos veces: lo va a instalar en la Región Metropolitana.

Termino diciendo que sería una pésima señal para el país seguir centralizando el poder económico y político en la capital.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.

El señor OJEDA.-

Señora Presidenta, no puedo dejar de expresar mi opinión respecto del proyecto en debate.

Represento a una provincia y a una región que, por excelencia y naturaleza, son esencialmente turísticas: la Décima Región y mi querida ciudad de Osorno, que requieren, desde luego, de grandes estímulos para explotar y aprovechar el inmenso potencial que dan el paisaje y la belleza a nuestras ciudades.

Necesitamos que se legisle sobre la materia porque queremos que la Décima Región, al igual que las otras regiones, tenga un marco regulador, como el que propone el proyecto, que posibilite la instalación de casinos, con reglas claras y transparentes, un límite de dos o tres por región y de 25 en el país.

Un casino es sólo una alternativa de desarrollo; hay muchas más para las regiones. Pero creemos que los casinos son un gran e inmejorable foco de atracción turística que gatillan una serie de efectos laterales positivos en beneficio de la comuna o de la provincia respectiva.

No queremos, por ningún motivo, que la Región Metropolitana tenga un casino. Nos negamos a ello.

(Aplausos).

Y no es un tema menor, como se ha señalado en la Sala, sino un tema mayor y peligroso que altera los objetivos y propósitos del proyecto.

La capital de Chile tiene innumerables fuentes de desarrollo, una alta concentración de capital y de inversión pública y privada; es un monstruo que a veces se lleva todo y devora todo en detrimento de las provincias.

Incluir a la Región Metropolitana en el proyecto posibilita una competencia desleal y establece un dique de contención que impedirá el flujo de un importante número de turistas a provincias, ya que al contar con mayores recursos instalará casinos o súper casinos que encantarán y detendrán a sus visitantes nacionales y extranjeros.

No estamos discriminando a Santiago; por el contrario, aquí se ha señalado que existe discriminación positiva. Además, esa región es privilegiada en el país, Santiago ya tiene mucho. Dejémosle algo a las provincias, que lo necesitan, porque el proyecto es para ellas, porque los casinos tienen relación directa con las regiones y con su turismo.

Entonces, ¿dónde está la descentralización? Lo hemos repetido. Los del Área Metropolitana han señalado que Santiago es Chile, y que Chile parece terminar en la entrada norte de San Bernardo.

Ahora nos toca a nosotros, a las regiones. Los casinos tienen que ser para las regiones.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.

El señor IBÁÑEZ .-

Señora Presidenta , séame permitido, en esta ocasión, tomar el tema un poco más de atrás y recordar las razones y argumentos que dábamos hace un año, cuando en la Sala se votó en general el proyecto, y mi posición, en esa oportunidad, fue contraria al mismo.

Los juegos de azar, aquellos cuyos resultados dependen absolutamente de la suerte y en los cuales se pone en juego dinero o bienes avaluables en dinero, constituyen en nuestro país y en cualquier nación civilizada actividades ilícitas, tanto desde el punto de vista civil como penal.

Las razones son claras: se puede jugar en estas condiciones porque se dispone de propiedad sobre bienes cuyo destino se entrega al resultado del azar. Es cierto que don Andrés Bello, en el Código Civil, define la propiedad como el derecho real en una cosa corporal para usar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.

El mismo don Andrés Bello , más adelante, en su Código, dispone que los créditos obtenidos en estos juegos adolecen de objeto ilícito y, por ende, no dan acción para ser cobrados.

Hay una contradicción entre la definición de propiedad de don Andrés Bello y la condenación que hace de los juegos de azar. ¿Con cuál nos quedamos? Por supuesto, con la segunda, porque la propiedad es capacidad de usar, de administrar, de disponer de los bienes, pero no arbitrariamente. No los tenemos para hacer cualquier cosa, sino para administrarlos con inteligencia y prudencia, de manera que produzcan los frutos necesarios para todos. Exponer los bienes al resultado de un juego de azar constituye la negación a nuestra condición de seres inteligentes y capaces de administrar bienes con prudencia; es la negación de nuestra condición, de la dignidad de personas humanas.

Por eso, un Estado que se precie de tal no puede aceptar que los bienes que están en propiedad de los particulares puedan dilapidarse en el juego, porque es el bien social, el bien común de todos, el que, en definitiva, resulta afectado.

Los bienes, el dinero y las cosas corporales tienen, antes que todo y por sobre todo un destino social. Por eso corresponde que sean objeto de apropiación privada, porque esta propiedad es mucho más eficaz que la tenencia común de los bienes; pero si, abusando de las garantías de esa propiedad, los bienes se ponen al juego de azar, ella, la propiedad misma, deja de tener justificación.

Con todo -como sabemos-, la pasión del juego es muy fuerte y no es conveniente que el Estado trate de suprimirla del todo, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad, sino que debe encauzarla en límites acotados y excepcionales para que el daño que pueda producir sea mínimo. En este sentido, cabe sostener que, frente al tráfico de drogas, el Estado no puede tener tolerancia ni mucho menos otorgar legalización; en el caso de la prostitución podrá haber alguna tolerancia excepcional; en el juego, actividad de suyo ilícita, puede haber tolerancia y, en alguna ocasión, legalización, precisamente para evitar que el desborde de esa pasión pueda causar daños mayores, y porque autorizado en forma excepcional es posible que lo que las personas pongan en juego no exceda de ninguna manera lo que gastan con motivo de una sana diversión, pero el Estado no puede dar nunca la señal de que el juego es una actividad normal y lícita. Si autorizara la instalación de salas de juego como lo hace con farmacias, ferreterías o panaderías estaría dando una pésima señal.

En nuestro país leyes excepcionales autorizan el funcionamiento de casinos. Es probable que nos hayamos quedado atrás y que el crecimiento de la población y de los ingresos nos impulse a aumentar el número de casinos, pero de ahí a irnos a la idea original del Gobierno, de liberalizar el juego, hay una enorme distancia que no podemos, de ninguna manera, recorrer sin faltar a nuestros deberes constitucionales.

Por eso, durante los últimos doce meses he luchado arduamente para evitar que este proyecto prospere. Así, en su momento, logramos que de la liberalización completa pasáramos a 24 casinos en el país a razón de dos por región, con exclusión de la Región Metropolitana.

También se logró eliminar esa figura tan curiosa de las salas de bingo independientes, y afectar severamente esa institución que nos propone el Gobierno: la Superintendencia de Juegos y Casinos. Sin embargo, el Gobierno insistió, a través de la Comisión de Hacienda, y logró reponer tanto la instalación de casinos en la Región Metropolitana, como la creación de las salas de bingo y la Superintendencia. A estas tres iniciativas nos oponemos hoy y pedimos votar a fin de eliminarlas.

No queremos salas de bingo separadas porque significaría el fin -fíjense que el proyecto propone 115 salas a lo largo del país- de bingos benéficos, que tanto bien hacen a las actividades societarias, caritativas y de bien público. No podemos seriamente quitarles el piso con la creación de estas salas de bingo profesionales.

Decimos no a la Superintendencia, porque rechazamos la corrupción y el centralismo. ¡Hasta cuándo creamos organismos centralizados cuando tenemos gobiernos regionales! Esa ha sido nuestra apuesta y, por eso, pedimos al Gobierno que incluya a los gobiernos regionales como la instancia decisoria en esta materia.

Por último, decimos no a la instalación de casinos en la Región Metropolitana.

(Aplausos).

Quiero explicar por qué digo que no. Lo hago por el bien de las ciudades de regiones. Es cierto que dependen, en alguna medida, de los ingresos -a veces importantes- que proporcionan los casinos. Decimos que no por las regiones en general, porque se benefician de la presencia de ellos y queremos expandirlos, pero también rechazamos los casinos en la Región Metropolitana por la misma ciudad de Santiago.

Ayer el seremi de la Región Metropolitana dijo que Santiago concentra el 48 por ciento del producto interno bruto del país y apunta a constituirse en la capital financiera de América Latina. ¿Podemos imaginarnos algo más peligroso que crear en Santiago un casino al lado de esos recursos financieros? ¡No nos basta con los escándalos que han remecido y estremecido al país y que lo han afectado enteramente y cuyo origen está en el manejo de los fondos financieros de todos los chilenos en Santiago! ¡No se dan cuenta de que poner allí un casino es lo mismo que prender una hoguera al lado de un polvorín! ¡No se dan cuenta de la tentación que se abre para todos aquellos que manejan esos fondos de todos los chilenos, a fin de ir a jugarlos en un casino! ¡Basta, señora Presidenta ! Por eso, porque queremos una capital razonable para nuestro país, no deseamos un casino en ese lugar. Por tanto, llamo a oponernos a esa disposición incluida en el proyecto del Gobierno.

Por último, en cuanto a las utilidades de los casinos y a su repartición, es muy posible que, hasta ahora, los dineros hayan sido mal distribuidos. Pero tampoco era materia de nuestra incumbencia, pues ninguno de nosotros participó en la dictación de las leyes respectivas. Sin embargo, estamos abiertos a otro tipo de repartición. Tenemos que hacer socias a las otras comunas de la región con la que tienen casino. Por eso propusimos una repartición de 60 por ciento a esas otras comunas y un 40 por ciento a la comuna sede del casino. No obstante, el Gobierno propuso que fuera 50 y 50. ¡Está bien, lo aceptamos! Pero no que se insista en que es un motivo egoísta, pues las ciudades que tienen casinos están dispuestas a repartir las utilidades que se generen.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.

El señor SÁNCHEZ.-

Señora Presidenta , hace rato, un colega diputado miraba hacia las tribunas creyendo que ahí estaban los grandes intereses haciendo lobby. Discrepo con él y le manifiesto que los grandes intereses que hacen lobby en ésta y en otras materias no están en las tribunas, pues ahí se encuentra la gente que está cuidando y defendiendo su trabajo, y que cree en las regiones.

(Aplausos).

Ahora bien, el proyecto de ley de casinos en debate es un hito que amenaza los proyectos y el espíritu de descentralización y de regionalización de que tanto se ha hablado durante años, y que sistemáticamente han levantado las distintas autoridades en pro de una real y justa distribución de los recursos, intentando mejorar la calidad de vida de toda la población, discriminando cuando el caso lo amerite. No puede ser que Santiago, con el 2 por ciento del territorio, tenga el 48 por ciento -como recién lo dijo el diputado Ibáñez - del producto interno bruto y, a su vez, discrimine y, prácticamente, absorba todo el desarrollo del país gracias a horrorosas políticas de tipo centralista.

Santiago no puede seguir creciendo en las mismas condiciones, ni tampoco teniendo esos privilegios por el mismo bien de la ciudad. Muchas veces hemos discutido el tema ambiental, la calidad de vida y la contaminación, punto en que las autoridades han estado de acuerdo. No obstante, las decisiones políticas van en sentido contrario.

En esta materia, quiero dar tres ejemplos. Primero me referiré al "descongelamiento" del anillo vial de Américo Vespucio. Se dijo que Santiago no crecería más al interior de ese anillo vialpor la situación ambiental, de congestión y de polución; sin embargo, se "descongeló" y Santiago sigue creciendo y concentrándose. Otra señal absolutamente contradictoria fue la eliminación del impuesto al diesel. Hoy es la creación y puesta en marcha de casinos. Se trata de tres ejemplos cercanos en el tiempo.

Los casinos han sido concebidos como un elemento de atracción turística y, por ende, un factor de desarrollo para las zonas del país, generando un potencial en dicha actividad económica. Santiago, por ser ciudad capital y lugar de ingreso obligado para los visitantes extranjeros, ya concentra más de la mitad de la actividad turística del país, por lo que no necesita de un casino para incentivar más ese ámbito. Por otro lado, la esencia de la regionalización y la descentralización se funda en el desarrollo armónico del país, por lo que las autoridades deben preocuparse de que así sea. La equidad no consiste en dar a todos lo mismo, sobre todo considerando que algunos ya gozan de una situación de privilegio. Por lo tanto, se trata de una discriminación positiva.

La instalación de casinos en Santiago inevitablemente significará la muerte o el deterioro grave de los casinos que existen o puedan existir en regiones. Para nadie es un misterio que los chilenos con mayores recursos viven en la capital y, por lo tanto, no van a viajar a regiones para concurrir a éstos.

Por último, insisto en la necesidad de que exista una ley que rija los casinos y ordene el sistema, pero es negativo entregar la posibilidad de que éstos funcionen en Santiago.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán .

La señora GUZMÁN (doña Pía) .-

Señora Presidenta , en esta Cámara represento a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea , comunas que acogen las expresiones culturales más importantes de la Región Metropolitana. Allí se emplazan hoteles cinco estrellas, cadenas de cine, teatros, galerías de arte, restaurantes, clubes privados de golf y tenis, etcétera. También existen importantes centros de ski, como Valle Nevado, que, según se ha dicho, desea implementar un casino.

Señalo lo anterior porque quizá la afirmación que sostendré a continuación pueda resultar extraña: creo que tenemos demasiado. Si se lee la edición de hoy de “El Mercurio” de Santiago , se podrá constatar lo que digo: una página completa dedicada a informar sobre las películas que se exhiben sólo en la comuna de Santiago, así como otra orientada a publicitar la presentación del Ballet Nacional de España y la ópera Macbeth -ambos espectáculos tendrán lugar en el Teatro Municipal-, y la exposición de cuadros pertenecientes a los maestros del siglo de oro holandés, que en la actualidad se presenta en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Esto no se relaciona con lo monetario o con materias de infraestructura, sino con la cultura y la recreación. Esto es lo que buscan los turistas. Por eso y durante mucho tiempo se ha venido sosteniendo que Santiago constituiría un gran polo de desarrollo financiero. Se ha vuelto a retomar esa idea, pues más allá de las instituciones financieras, existe un gran sustento de infraestructura turística.

Así las cosas, ¿es necesario que contemos con un casino?

(Manifestaciones en la Sala y en las tribunas).

Estoy totalmente de acuerdo: ¡No necesitamos un casino!

(Aplausos).

Puedo asegurar que el esquiador norteamericano o austriaco que visite Valle Nevado y pague una semana para ocupar sus instalaciones, perfectamente, podría contratar un tour o un charter para ir a jugar al casino de Viña del Mar y, de ese modo, distraerse con una actividad diferente.

(Aplausos).

¡Así se hace turismo! ¡Así se lleva adelante el desarrollo equilibrado de un país!

Debo señalar que no me gustan los casinos, pues no me gusta perder el dinero que me cuesta ganar con mucho esfuerzo. Sin embargo, entiendo que existan personas a las cuales les gusten y que se trata de un factor económico importante en comunas o en algunos lugares que tienen ventajas desde el punto de vista de la naturaleza u otros elementos, pero que necesitan un atractivo adicional para que concurra el turista.

Por lo tanto, me parece que los casinos tienen que estar en las regiones y, especialmente, en aquellos lugares que más lo necesitan.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señora diputada , ha terminado su tiempo.

La señora GUZMÁN (doña Pía) .-

Señora Presidenta , un minuto para hablar sobre la inconstitucionalidad.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tendrá que ser con cargo al tiempo de su partido, Renovación Nacional.

La señora GUZMÁN (doña Pía).-

No creo que haya inconstitucionalidad, porque ésta se produce por discriminaciones arbitrarias. En este caso no hay ninguna arbitrariedad en dar a las regiones la posibilidad de instalar casinos.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta , la discusión sobre el proyecto de casinos ha generado grandes pasiones. No es habitual tener las tribunas llenas, como hoy, y con un público interviniendo en el debate tan apasionadamente. No ha ocurrido lo mismo con las iniciativas de ley sobre materias relativas a salud, educación, y con muchas otras importantes que se discuten en la Corporación.

¿Qué tiene de singular esta materia? Que aquí están en juego recursos cuantiosos, como las elevadas utilidades de algunas grandes empresas; los efectos directos o indirectos, que, sin duda, esta actividad genera en el turismo, en hotelería y en el ámbito laboral. También consideremos los recursos que capta el sector público a través del pago de tributos y otras formas.

En mi opinión, el debate ha estado muy centrado en la lucha contra Santiago , que me parece pertinente discutir. En verdad, uno se pregunta cuál es la diferencia de oportunidades que hay entre San José de Maipo y San Francisco de Mostazal, que están casi en la misma línea si uno lo mira en el plano.

Pero, detrás de poner el centro en todo contra Santiago , se supone que los demás se benefician bastante con las cosas. Creo que es una discusión en que cada uno está pensando bastante en lo suyo. Los empresarios en su negocio -que seguramente están aquí, como decía un diputado- y los distintos grupos comunales pensando en su beneficio.

A esta discusión hay que incorporar el interés nacional. Pensar en el bien común; pensar también a largo plazo. Y el tema que no se ha analizado es bastante de fondo.

¿Cuántos recursos de esta actividad son captados por el sector público? Comparto plenamente lo que planteaba el diputado Lorenzini . ¿Cuánto de esto capta realmente el sector público? ¿Cuánto va en beneficio del conjunto de la sociedad? Porque aquí hay que revisar la estructura tributaria de esta actividad.

Se decía que el casino de Iquique se vende en cuatro mil y tantos millones. Y uno se pregunta: ¿Un casino vale tanto porque tiene baja rentabilidad? ¿Porque no le va bien a los empresarios? ¿Es por el interés regional? Aquí hay una actividad que da mucha utilidad. Revisemos la estructura tributaria, de tal forma que no vaya sólo en beneficio de los dueños, sino que también en función del bien común, de satisfacer las necesidades de todos.

Por otro lado, es muy importante discutir qué destino se le dará a los recursos; en qué se ocuparán. Y es un tema que hay que analizar, porque se pueden tener distintos enfoques. Puede ser que estos recursos vayan a enfrentar un tema nacional prioritario, que no se disperse. Creo que el país tiene muchos tipos de discriminaciones de distinto carácter.

En mi opinión, gran parte de los recursos deberían estar orientados a la principal discriminación que existe en Chile: la que afecta a los discapacitados. No puede ser que a ellos los tengamos tan postergados. Durante los años de la dictadura no se hizo nada por ellos. Llevamos pocos años con una ley de integración de los discapacitados. Respecto de los discapacitados, Chile está atrasado, incluso, a nivel latinoamericano.

Creo que los recursos que capte el sector público de esta actividad deberían ir a un gran fondo para discapacitados. Está claro: una parte va a quedar en la comuna, pero debería ser para los discapacitados de esa comuna; otra parte va a la región, que también se debería canalizar en favor de los discapacitados de la región. Así redistribuimos en función de enfrentar esta gran discriminación y desigualdad con una parte de los chilenos.

Lamento que este aspecto hasta ahora no se haya discutido como tal. Creo que experiencias de otros países indican que un debate en tal sentido genera mucho más motivación nacional, más de bien común, no sólo cada uno pensando en sí mismo.

Espero que en el Senado se incorpore esta discusión. Ojalá que se llenen las tribunas y tengamos la misma pasión para apoyar un gran fondo para los discapacitados, pensando -insisto- en el bien común, en el interés nacional y en enfrentar discriminaciones de esta naturaleza.

He querido plantear mi punto de vista porque creo que no podemos limitar el debate sólo a que no se instalen casinos en Santiago, porque eso no es lo más importante. Lo más trascendental es qué va a pasar con los 20 ó 30 mil millones de pesos; a qué van a ser destinados y si es posible que los chilenos, a través del Congreso Nacional, nos pongamos de acuerdo en destinarlos a satisfacer necesidades fundamentales.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señora Presidenta , estamos discutiendo un proyecto extremadamente importante, sobre todo para las regiones del país.

Desde que juré como diputado de la República , elegido por un distrito de la Décima Región de Los Lagos, he hecho sentir mi voz en la Comisión de Hacienda para señalar que en este país aún no se regionaliza y seguimos concentrando los recursos en la Región Metropolitana.

Por esta razón, solicité al Poder Ejecutivo en su momento, cuando nos tocó votar, particularmente a la subsecretaria de Desarrollo Regional, que contaba con mi voto para aprobar la instalación de un casino en la Región Metropolitana, siempre y cuando los recursos obtenidos allí se destinasen a otras regiones. O sea, se trataba de sacar recursos de la Región Metropolitana para inyectarlos en otras regiones del país, ya sea a través del Fondo Común Municipal u otras variables económicas.

Lamentablemente, no fui escuchado por el Ejecutivo , por lo que no se presentó una indicación con la idea que señalé, que tenía por objeto profundizar más en el tema de la regionalización y la desconcentración de los recursos. El Ejecutivo tendrá sus razones para no haber enviado esa indicación.

¿Por qué estaba pensando esto, que para mí es de profundo interés? Porque pienso que nuestro país no puede estar privado de tener un casino en cada región. No podemos seguir con una distribución de los recursos absolutamente centralista; los diputados de regiones no podemos mirar con sana envidia cuando vemos en los medios de comunicación las cuantiosas obras que se están ejecutando en la Región Metropolitana.

Como muy bien planteaba la diputada señora Pía Guzmán , la diversidad de programas de recreación de Santiago es inmensa, incomparable. En la Décima Región, en la provincia de Valdivia, todavía no tenemos ni un centro de multicines, como cualquiera de las comunas de la Región Metropolitana. Llega a ser patético, pero es la realidad. Todavía tenemos un cine de antaño. Estamos hablando de Valdivia, no de La Unión, Panguipulli , Los Lagos, Lago Ranco , Futrono y varias comunas que represento.

Reitero, estamos provocando un centralismo que tiene un costo altísimo para el país. Ya es hora que lo detengamos. Por eso propuse sacar recursos, de acuerdo con la ley, a la Región Metropolitana. Lamentablemente, no llegó la indicación del Ejecutivo, por lo que no votaré a favor de permitir la instalación de un casino en la Región Metropolitana.

(Aplausos)

Digo esto porque me gusta que haya consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Por eso no estuvimos absolutamente de acuerdo en la Comisión cuando se estaba rigidizando el establecimiento de dos casino por región. Ante eso, pensamos que había que abrir mucho más el tema de los casinos a las distintas regiones. Por otro lado, tampoco estamos de acuerdo en cuanto a que no se liciten. Por transparencia y probidad, sería fundamental licitar la concesión de los casinos y salas de bingo.

Para terminar, quiero decir que contamos con pocos instrumentos que nos permitan dar señales claras y precisas de desconcentración de los recursos, de regionalización. Ésta es una de ellas. De acuerdo con la iniciativa en debate, por lo menos se van a autorizar 25 casinos a nivel nacional, los cuales van a regularse a través del mercado y van a ser las comunas con un potencial turístico más importante las que tendrán el derecho a instalarlos.

Quiero dejar en claro que estaba dispuesto a votar en favor de la Región Metropolitana siempre y cuando el proyecto hubiese contemplado que gran parte de los recursos obtenidos allí se destinaran a regiones. Como ello no ocurrió, reitero que voy a votar en contra de la instalación de casinos en la Región Metropolitana.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora.

El señor MORA.-

Señora Presidenta, en verdad hemos tenido un debate bastante interesante. Algunos han hablado con convicción y otros buscando votos o tratando de sacar alguna ventaja, respecto de lo cual no estoy en absoluto de acuerdo.

Quiero decirle al diputado señor Montes que no estamos contra de Santiago, sino a favor de las regiones.

También me gustaría decirle a mi querida colega Pía Guzmán que la Región Metropolitana tiene mucho y demasiado. Pero tiene mucho y demasiado para los que tienen mucho, pero no tiene nada para los que no tienen nada; que son mucho más de los que tienen mucho.

Con el mismo respeto le digo a la gente que se encuentra en las tribunas que no estoy hablando por ellos sino, en conciencia, de lo que debemos hacer y cómo tenemos que legislar.

Me preocupa ver letreros. ¿Quién los paga? ¿Cómo se llega con esos letreros a la Cámara? ¿Quién financia este tipo de cosas?

Un señor DIPUTADO .-

Inverlink.

El señor MORA.-

Puede ser.

También estoy en contra de aquellos que piensan que hay mucha corrupción y que al crear una Superintendencia habrá un foco más de corrupción.

Chile es un país honesto, aun cuando hay sinvergüenzas, oportunistas y aprovechadores. Pero éste es un país sano y honesto, que funciona, que tiene democracia y permite denunciar a los sinvergüenzas y oportunistas como antes nunca tuvimos.

Por ello considero que debemos tener fuerza y valentía para decir lo que sentimos y pensamos sin estar sujeto a presiones. Voy a votar en contra, porque debemos descentralizar nuestro país.

A los 18 años me fui de mi pueblo, tuvimos que emigrar porque en nuestra región no había ninguna oportunidad para nosotros, en circunstancias de que Santiago nos ofrecía y sigue ofreciendo muchas.

Siempre he sostenido que debemos propender a la descentralización productiva, entregarle atribuciones a los municipios de las regiones para que puedan condonar impuestos territoriales y derechos por patentes comerciales con el fin de incentivar la inversión. Por tanto, considero que una ley de casino para las regiones estimulará la creación de nuevas fuentes de trabajo y fomentará la competencia entre ellos a fin de encontrar la forma de desarrollar el turismo y defender sus posibilidades.

Por todo lo anterior, voy a votar favorablemente esta iniciativa, con todos los defectos que puede tener, sin incluir a la Región Metropolitana porque considero que debemos aprobarla a como dé lugar y evaluar en el camino la forma en que se pueda corregir. Pero no voy a entrar en una discusión que tiene otras intenciones, porque, por esa vía, a lo mejor, podríamos llegar a no tener ley de casinos.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Hidalgo.

El señor HIDALGO .-

Señora Presidenta , esta iniciativa debe tener cuatro, cinco o seis años de tramitación.

El señor ORTIZ .-

Seis años.

El señor HIDALGO .-

Me señala el diputado Ortiz que son seis años.

Lamentablemente, las más perjudicadas son las comunas de la provincia de San Antonio -que está en mi distrito-, vecina y pulmón de Santiago.

Al principio, al igual que muchos colegas, era partidario del proyecto original y de que existiera libertad absoluta. ¿Por qué? Porque la libertad es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico, social, cultural de las personas. Con el tiempo, el proyecto se fue encarajinando. Al principio, pensamos que su tramitación iba a ser rápida, pero en el proceso nos encontramos con presiones -todas legítimas- que han demandado su despacho, perjudicando con ello a las comunas más pobres.

En los últimos cuatro o cinco años San Antonio exhibe la más alta cesantía del país, aunque no es la más pobre.

Por ello, pido a los colegas que no dilatemos más el despacho de este proyecto de ley, porque todas las cosas -en el año que llevo en el Congreso me ha correspondido participar en la revisión de dos o tres temas de una misma ley-, son perfectamente factibles de corregir y modificar.

La provincia de San Antonio necesita con urgencia de que esta iniciativa se convierta en ley a fin de contar con un casino. Es cierto que Santiago, como dicen por ahí, es un monstruo que lo absorbe todo y que lo tiene todo. Pero también es cierto que muchas comunas y provincias, como las del distrito 15, dependen de la gente de Santiago.

San Antonio no sólo le quiere entregar el pulmón, la arena y el mar a la capital, sino también la entretención. Y con la accesibilidad que se producirá una vez terminado el anillo vial de Vespucio, casi no tiene sentido contar con un casino en Santiago, excepto -como lo manifesté desde un principio- en alguna comuna o provincia pobre, como la provincia Cordillera, específicamente el Cajón del Maipo.

Este debate se ha alargado demasiado, hemos analizado el proyecto tres veces en la Sala, las comisiones han sostenido muchas reuniones. Es tiempo de que siga “tirando la chimenea” y despachándose proyectos. Si algo hay que corregir, con seguridad se hará en su momento.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señora Presidenta , más allá de las distintas visiones que claramente traspasan las bancadas, que incluso trascienden la relación que se ha hecho en los distintos informes, debemos destacar el trabajo que se ha venido desarrollando desde hace seis años por sacar adelante un proyecto que regule mejor una situación legalizada sólo en siete comunas del país.

Sin embargo, me preocupa el tipo de discusión que hemos tenido. De pronto parece que estamos debatiendo la modificación a la ley orgánica de Gobiernos Regionales o algo que se le parezca. Eso desvirtúa el esfuerzo realizado por el Congreso en los últimos años para elaborar una normativa tomando en consideración los aspectos de mucho cuidado y riesgo que involucra el juego.

Creo que también debemos aprender de nuestra historia. En los dos siglos de historia republicana, el juego ha sido ilegal, salvo en los siete casos de las comunas conocidas -aquí hay varios de sus representantes- por todos.

Hoy existe una realidad distinta, en la que el tema central consiste en cómo somos capaces de allegar más recursos a las comunas. Como parlamentario de la región de La Araucanía he sido testigo del notable impacto que causa el casino de Pucón en la realidad de las comunas circundantes. Veo acá, entre el público, a su alcalde Carlos Barra .

Sin embargo, deberíamos centrarnos en los aspectos importantes del proyecto, como por ejemplo, en el tema de la Región Metropolitana, que ya se señaló. Al respecto, quiero decir algo que aprendimos en la enseñanza básica o en la primaria. Chile tiene doce regiones y un Área Metropolitana. Más allá de la división político-administrativa que hoy regula al país, la Región Metropolitana tiene una realidad cultural y territorial muy distinta al resto del país. El turismo temporal que se puede generar en algunos sectores cordilleranos de la Región Metropolitana nada tiene que ver con el turismo permanente de zonas como Petrohué, Pucón , Futaleufú, Puerto Varas, etcétera.

Cabe señalar que el inciso segundo del artículo 21 del proyecto dispone: “Verificado lo anterior, la Superintendencia procederá a evaluar la solicitud de operación, teniendo en consideración los siguientes criterios y factores, aplicando la ponderación que para cada uno de ellos establezca el reglamento.

a) La calidad de territorio turísticamente consolidado del lugar de emplazamiento del casino de juego o la sala de bingo cuyo permiso de operación se solicita, en virtud del informe que al efecto emita el Servicio Nacional de Turismo”. Esta norma es suficiente para excluir del proyecto a la Región Metropolitana.

En mi opinión, la mayoría de los diputados del Partido por la Democracia va a votar en contra de la inclusión de la Región Metropolitana. Al respecto, destaco la valentía de los diputados de todas las bancadas de la Región Metropolitana, en el sentido de velar por el crecimiento y desarrollo armónico del país.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.

El señor JARPA .-

Señora Presidenta , después de seis años de tramitación del proyecto, hoy se va a votar en particular, en virtud de un acuerdo de los comités parlamentarios.

Creo necesario destacar la importancia de que el juego, actividad que tiene tantas aristas y sólo la ley hace lícita, se compatibilice con el desarrollo turístico. Esto es trascendente, puesto que los casinos ubicados en diferentes comunas han cumplido un rol fundamental para fomentar y cimentar el desarrollo turístico. Sin embargo, debemos señalar que el proyecto beneficia sólo a siete de las 342 comunas y a sólo seis regiones.

Esta iniciativa marco define criterios y crea herramientas que permitirán a esta actividad, que tiene tantos bemoles, transformarse en un instrumento generador de recursos para ir en ayuda de los sectores más postergados. Esta es la importancia de este proyecto. Esperamos que también tenga una pronta tramitación en el Senado, por cuanto, como aquí se ha expresado, es modificable.

Uno de los temas más puntuales planteados en esta sesión ha sido si la Región Metropolitana debe o no debe tener casinos, aspecto que se ha expresado como un problema para la regionalización.

Soy de los que creen que cuando hay centralismo, la única forma de lograr desarrollo armónico es realizar un trabajo unido entre los diferentes sectores y en las regiones. Esta acción descentralizadora debe hacerse mediante una buena relación entre todas las regiones. Lamentablemente, no nos fue posible presentar indicación en ese sentido, aunque tal vez habría sido rechazada. Hoy sólo se puede renovar las rechazadas y tendría que haber unanimidad para tratar indicaciones nuevas.

Espero que se llegue a un consenso en el Senado en cuanto a que la Región Metropolitana pueda contar sólo con un casino, el cual -como algunos colegas lo han señalado- debería estar relacionado con algún proyecto turístico y, además, quedar ubicado en los sectores precordilleranos, que nos parece el lugar más apto para ello, y cuya distribución de ingresos no vaya en favor de la Región Metropolitana, sino al Fondo Común Municipal. Mientras tanto, anuncio mi abstención frente a este artículo.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Pablo Longueira.

El señor LONGUEIRA .-

Señora Presidenta , en verdad no pensaba intervenir sobre este proyecto, pero lo haré porque me honro en representar a tres comunas populares de la Región Metropolitana: Renca, Conchalí y Huechuraba .

Tengo la sensación de que hemos participado en una sesión como en las que se hace mucha demagogia, se habla para la galería y se busca el aplauso fácil.

(Manifestaciones en las tribunas).

Siempre he creído que a los diputados nos hace muy bien que nos pifien desde la galería, porque con ello uno prueba de verdad para quién está legislando. Por lo tanto, no hay ningún problema en que lo hagan.

La semana pasada estuve en Talcahuano, Concepción, Valdivia y Puerto Varas, pero no me encontré con nadie que me pidiera que se instalara un casino en dichas ciudades, sino con gente que pedía trabajo. Aquí, a raíz de un tema muy profundo, se ha hecho demagogia sobre el centralismo de la Región Metropolitana. Quiero ser muy claro en señalar que por el cariño que siento por la gente de dicha región me opondré a la instalación de un casino en ella.

En nuestro país debemos estar preocupados sobre cómo creamos valores y virtudes positivas, pero la iniciativa establece la instalación de 25 casinos y una gran cantidad de salones de bingos. ¿Qué valores estamos transmitiendo con ello?

En esta sesión se han repartido papeles con la leyenda “No al casino en Santiago”, en circunstancias de que el país lo construimos todos juntos. A mi juicio, Chile tiene un buen ordenamiento en materia de casinos, pues los proyectos para su instalación se analizan cada uno en su propio mérito, se votan y se aprueban cuando se justifica.

Quiero señalar a la gente de la Quinta Región que si se aprueba la instalación de dos casinos en ella, uno estará en Curacaví, a la salida del túnel. Así de claro. ¿Por qué? Porque será mucho más cerca llegar allí que al casino de Viña del Mar, que en la actualidad prácticamente pertenece a la Región Metropolitana. ¿En qué país estamos viviendo? Mientras el mundo se globaliza aquí estamos poniendo límites que no existen. Una persona de Santiago que desee ir a jugar al casino de Viña del Mar debe pagar 3 mil 800 pesos por un pasaje de Tur-Bus, pero le sacan mucho más plata en el casino.

¿Cuál es el fondo del proyecto? ¿Necesita Chile más casinos? Si los necesita, que se vote la instalación de cada uno en un proyecto de ley y, si vamos a fomentar el turismo, que el Gobierno de turno argumente y presente el proyecto para votarlo, ¿o lo que se quiere es satisfacer las inquietudes y los intereses económicos de las empresas de casinos del mundo para destruir el espíritu de nuestro país, que tiene que ir exactamente en el sentido contrario?

Si se aprueba el proyecto en discusión, lo que ocurrirá es que se crearán más regiones, porque si hay dos casinos por cada una se dirá que Valdivia es región, que Arica es región, que Los Andes es región, y el casino estará instalado al lado de sor Teresita de Los Andes, a la salida del otro túnel y, el tercero, el de la Sexta Región, estará a la salida del túnel de Angostura. Por lo tanto, nadie irá a jugar a Viña del Mar, sino a los casinos ubicados en la salida de la Región Metropolitana. Eso va a ocurrir en diez años más.

Entonces, es mejor legislar pensando en el país. Si queremos avanzar en la descentralización, en la regionalización, éste no es el proyecto.

Sé que es incómodo hablar contra la gente que se encuentra en tribunas. Es muy incómodo, pero aquí es donde se prueba si vamos a legislar con demagogia o en serio.

Creo que Chile no necesita más casinos. La Región Metropolitana ya tiene uno. Si se presenta un proyecto para crear un casino en la Región Metropolitana, votaré en contra, porque no quiero causar más daño. No quiero que las mujeres de nuestro país digan, al igual como lo hacen ahora cuando sus hijos están en la droga, que su marido o su hijo se fue al juego o, también, que la señora se fue al juego.

Señora Presidenta , voy a pedir votación separada del primer inciso del artículo 22, porque el resto lo votaré en contra. Creo que lo más sano para Chile es que se conserven los casinos actuales, y si el país requiere otro, que se vote en su propio mérito, para la región que corresponda, de acuerdo con el fomento del turismo que queramos hacer. No veo argumento alguno para que en la Región Metropolitana exista un casino. Creo que debemos ser muy cuidadosos con los valores y virtudes que estamos enseñando.

No hay nada más dañino para un país como el nuestro, con pobreza y la falta de empleos, que a la vuelta de diez años tengamos casinos abiertos para todo el mundo. Hoy, la barrera que tienen para ingresar al casino los cinco millones de santiaguinos es subirse a un Tur-Bus y pagar 3 mil 800 pesos. ¿Dónde está el casino? Ése es el casino de la Región Metropolitana.

Por lo tanto, quiero decir a mis amigos de las regiones, especialmente a los que nos están acompañando en las tribunas, que si se aprueba este proyecto, los siguientes casinos estarán ubicados en Curacaví, Rinconada de Los Andes y San Francisco de Mostazal.

He dicho.

-Manifestaciones en las tribunas.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Guido Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señora Presidenta , en una sociedad donde hay adultos y adultas cada persona tiene derecho a decidir si participa o no del juego.

Si queremos mirar este país en forma integral, debemos fijarnos en que cada instrumento sea coherente y consistente. Muchos han dicho que la descentralización y regionalización son instrumentos fundamentales para enfrentar la pobreza. Y yo lo creo así. Cada vez que se presenta un nuevo instrumento, tenemos que ver si se enmarca en esos conceptos.

Lo que no me gusta es la hipocresía y los dobles discursos, porque muchos son descentralizadores, pero al momento de definir nuevos instrumentos se les olvida la descentralización.

Los problemas más graves de Santiago -represento a comunas pobres, Cerro Navia , Quinta Normal y Lo Prado- tienen que ver con su gigantismo, con que es la ciudad más contaminada del país y una de las más contaminadas del mundo. Cerro Navia y Lo Prado también tienen contaminación. ¿Cómo se resuelve el problema? Tratando de que Santiago no siga creciendo a 200 mil personas por año: 1.6 por ciento de crecimiento vegetativo significa cerca de 100 mil personas, más de 90 mil por inmigración. O sea, cada cuatro años Santiago crece el equivalente a una ciudad como Valparaíso o Viña del Mar. Así ningún problema ambiental se puede resolver. ¿Dónde se solucionan los problemas de Santiago? Fuera de Santiago. Incentivemos las regiones, cambiemos los incentivos de localización. Lo hemos dicho tantas veces. Santiago representa el 60 por ciento de la inversión financiera, el 70 por ciento de las sucursales bancarias, el 70 por ciento de la inteligencia de los profesionales.

Decía alguien aquí: “No quiero que mis hijos se vayan a Santiago; que desarrollen las regiones”. No habrá desarrollo del país si no se desarrollan las regiones.

Por lo tanto, proyectos como éste pueden vitalizar las regiones, pueden hacer lo que yo llamo una cierta especialización o vocación de uso de los territorios, en función de cierto progreso. Dejemos que sean las regiones las que tengan desarrollo turístico, dado que muchas veces no tienen desarrollo industrial ni financiero; dejemos que las regiones se beneficien de proyectos como el que estamos discutiendo.

Pido a los diputados del Partido por la Democracia que voten mayoritariamente a favor de las regiones para insertar nuestras políticas en un código de modernidad. También pido lo mismo a todos los que han dicho que quieren la modernización del Estado, que quieren descentralización, que quieren un país integralmente desarrollado y no desarrollado a medias, no un país con gigantismo, cosa que, además, le hace mal al país, a las regiones y a Santiago. Las regiones subsidian 500 millones de dólares; los problemas que genera la contaminación, los problemas de calidad de vida, significan 350 mil millones de pesos al año.

A lo mejor, un pequeño proyecto o un pequeño instrumento no cambiará las cosas, pero la suma de ellos, si legislamos con sentido, orientados a modernizar, a descentralizar, puede generar cambios. Hoy es el proyecto de casinos, mañana puede ser el que otorgue beneficios tributarios a las industrias que se instalen en regiones y no en Santiago; pasado mañana el que subsidie la educación de las escuelas o de los colegios que se instalen en regiones y no en Santiago, en fin, si damos los primeros pasos hacia la descentralización vamos a resolver los problemas del país y, sobre todo, los que somos de Santiago, resolveremos los problemas de Santiago.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.

El señor HALES .-

Señora Presidenta , cuando el ministro señor Vidal , en su momento, presentó el proyecto de ley de rentas, demostró que bajo la forma de redistribuir lo recaudado era posible colocar una lógica tal en los recursos del Estado, que podíamos conseguir que una comuna rica, que recaudaba mucho dinero, entregara una parte, a través de esta medida, a las comunas pobres. De ese modo, las regiones de Chile se beneficiarían de un proyecto que definía los criterios adecuados para la distribución de los recursos.

Eso es lo que le interesa a Chile, no la enemistad absurda de pensar en una guerra entre regiones. Eso puede resultar simpático a la hora de presentarse como parlamentario representante de uno u otro lado, pero a Chile, a las regiones, no les va mejor porque le va peor a Santiago; al revés. Si hubiera una buena forma de redistribuir los recursos de esta ciudad o esta región, que recauda, absurdamente, en seis millones de habitantes, el 40 por ciento del producto bruto, lo que debemos hacer es que la riqueza que produzca sirva al resto del país.

No le va mejor a una región extrema si a una región central le va peor. A lo mejor, terminamos al revés, porque cada vez que el aire está contaminado en Santiago, el Estado debe gastar dinero que podría destinar a las regiones, porque en la capital no se ha hecho ni la vialidad ni los planes urbanos adecuados, de manera que hay que invertir para que al final el dinero se gaste bien.

No necesitamos una definición arbitraria en función de los límites de las regiones, sino razones, como el desarrollo del turismo y del comercio.

Debemos respetar el legítimo anhelo de las regiones y ser capaces de hacer una buena redistribución. Por eso, votaré a favor.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el señor Francisco Vidal, ministro secretario general de Gobierno.

El señor VIDAL ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-

Señora Presidenta , en nombre del Ejecutivo, quiero que se entienda el origen del proyecto, porque hemos escuchado con mucha atención hoy en la Sala y durante muchos meses y años en distintas comisiones el debate sobre la materia.

En la actualidad Chile cuenta con siete casinos y ya en 1997se acumulaban 24 solicitudes de apertura de salas de juego para que el Ejecutivo tomara la iniciativa de legislar -en la lógica planteada por el diputado señor Longueira-, que a partir de la tradición implicaba iniciar la tramitación de 24 proyectos de ley.

El ministro del Interior de la época, don Carlos Figueroa, determinó, en consecuencia, que era el momento de legislar sobre una ley general, una ley marco, para evitar esta cascada de proyectos. Ése fue el sentido original de la iniciativa, y si ustedes sacan la cuenta, desde que se inició su tramitación, en 1997, a la fecha -estamos en abril de 2003-, han transcurrido siete años. En la legislatura anterior, este proyecto fue largamente debatido en la Comisión de Turismo. Posteriormente, fue largamente debatido en las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, y, luego, en las comisiones unidas que esta misma Sala decidió.

Por tanto, debo decir al diputado Recondo que el Ejecutivo no ha tenido una conducta poco clara en sus objetivos. En este proyecto en particular, se ha ido construyendo con el Legislativo una fórmula de acuerdo y de consenso. Efectivamente, el proyecto original no consideraba restricción alguna. Sin embargo, ¿qué llevó al Ejecutivo a colocar el tema de la cuota por región y la exclusión de la Región Metropolitana? La votación abrumadora de las comisiones de Turismo y de Gobierno Interior. Posteriormente, ¿qué llevó al Ejecutivo a introducir una indicación en orden a incluir la Región Metropolitana? La significativa votación de las comisiones unidas de Hacienda y de Gobierno Interior.

En definitiva, al Gobierno le interesa que haya más actividad de este tipo en otras comunas y regiones que tienen las mismas condiciones de las siete comunas que hoy tienen casino. ¿Por qué permitir una especie de oligopolio de sólo siete comunas, cuando hay zonas del país como las regiones Segunda, Cuarta, del Biobío, del Maule, de Los Lagos donde también es posible la expansión de esta actividad, pero no en forma excluyente o contradictoria respecto de los siete municipios que hoy tienen casino?

El primer consenso que se logró fue el relativo a los siete municipios que hoy tienen casino, porque ellos tenían el legítimo derecho a solicitar una transición relativamente extendida. Por eso, esta Sala votó en general -y seguramente hoy en particular- un artículo transitorio que le garantiza a seis municipios con la excepción del de Viña del Mar, la mantención de las condiciones contractuales, que vencían en los próximos dos años, hasta el año 2010. En el caso del casino de Viña del Mar, las condiciones contractuales de la última licitación expiran en el año 2015.

En esta materia, el Ejecutivo no ha hecho otra cosa que abrir oportunidades a otras regiones y comunas, respetando los derechos e intereses de los municipios que hoy tienen casinos.

Finalmente, el sentido de equidad también se expresa en la ley, porque en un régimen tributario adicional al normal de cualquier empresa, el destino de ese excedente tributario tiene una lógica de distribución y de equidad: el 50 por ciento de ese excedente va para proyectos regionales, y el otro 50 por ciento, para la comuna que en este nuevo escenario también puede tener un casino, porque el casino no significa sólo ingresos para la comuna, sino también egresos y gastos.

El Ejecutivo está disponible, a partir de la votación de los próximos minutos, a respaldar y respetar lo que la mayoría de esta Sala determine, y sobre esa decisión seguirá camino al Senado.

En consecuencia, si como resultado de la expresión parlamentaria se logra una votación que implique dos o una cuota nacional de casino sin la inclusión de la Región Metropolitana, el Ejecutivo no repondrá la indicación en el Senado, sino que respetará la decisión de la mayoría de esta Cámara.

-Aplausos.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguientes intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo normativo:

El señor ERRÁZURIZ.-

Señora Presidenta , el 10 de enero de 1995 presentamos un proyecto de ley que autoriza el funcionamiento de un casino de juegos en la comuna de San José de Maipo, provincia Cordillera, siendo hasta hoy la única iniciativa legal en ese sentido en beneficio de la Región Metropolitana.

Un total de diecisiete proyectos de ley para crear casinos en diversos lugares del país se presentaron antes de que el Gobierno decidiera enviar un proyecto de ley marco para evitar dictar una ley especial en cada caso.

Opiniones encontradas ha habido sobre el artículo de este proyecto que autoriza la existencia de un casino de juegos en la Región Metropolitana. Algunas sostienen que ello aumenta el centralismo y atenta contra la regionalización.

El Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política señala:

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

“2º La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre.

“Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Quiero señalar que si la ley establece requisitos que alguna región no cumple, es justo que esa región no tenga casino. En cambio, es claramente inconstitucional por atentar contra el Nº 2 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental una norma que excluya, expresamente, a una región de la posibilidad de tener casino de juegos.

Por lo anterior, hago expresa reserva de constitucionalidad y me reservo el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Informo a la Sala que ha llegado a la Mesa una presentación del diputado Delmastro, en la que comunica que, por razones personales, se va a inhabilitar de votar. Asimismo, se ha acordado el pareo de los diputados señores Alberto Cardemil y José Pérez.

Corresponde votar en particular el proyecto.

Hago presente que la Mesa procederá a la votación ateniéndose a la numeración del texto aprobado por las comisiones unidas de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social y de Hacienda.

Por no haber sido objeto de indicaciones ni modificaciones en ninguno de los trámites, se declaran aprobados los artículos 8, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 y 59.

Corresponde votar una indicación renovada de los diputados señores Ibáñez; señora Soto, doña Laura; Longton, Valenzuela, Quintana, Sánchez; González, don Rodrigo; señora González, doña Rosa; Becker, Egaña, Barros; Pérez, don Ramón; Molina, García-Huidobro y Rojas, para suprimir la expresión: “salas de bingo” y reponer la palabra: “bingo”, en el inciso final del artículo 5º”.

Hago presente a la Sala que esta indicación afecta a los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 9º, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 y 29; el epígrafe del Título V, y los artículos 32, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 45, 54, 55, 56 y 57.

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bustos, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Dittborn, Egaña, Errázuriz, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez ( doña Carmen), Jeame Barrueto, Kast, Leal, Leay, Longton, Longueira, Lorenzini, Martínez, Masferrer, Melero, Meza, Molina, Monckeberg, Moreira, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Palma, Paredes, Paya, Pérez ( don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prieto, Quintana, Recondo, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Vilches y Villouta.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Allende (doña Isabel), Ascencio, Bertolino, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Encina, Hales, Hernández, Hidalgo, Jaramillo, Letelier (don Felipe), Luksic, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Olivares, Ortiz, Riveros, Salas, Seguel, Silva, Tuma, Venegas, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Jarpa, Mella ( doña María Eugenia) y Vidal ( doña Ximena).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 9º, 10º, 11, 12, 13, 14 y 15; el epígrafe del Título V; los artículos 43, 44, 45, 54, 55 y 56, y los artículos 1º, 2º y 4º transitorios, los que no son materia de ley orgánica constitucional, no se les ha renovado indicación ni se ha solicitado a la Mesa votación separada.

En votación el artículo 6º.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 4 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Betolino, Burgos, Carabal ( doña Eliana), Cornejo, Correa, Cubillos ( doña Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (doña Carmen), Kast, Leal, Leay, Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mora, Mulet, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don Ramón), Prieto, Riveros, Robles, Rossi, Saffirio, Salas, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Tapia, Tuma, Uriarte, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vilches Von Mühlenbrock y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Bustos, Ceroni, Espinoza, Girardi, González (don Rodrigo), Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jeame Barrueto, Martínez, Monckeberg, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Paya, Pérez (don Aníbal), Quintana, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Urrutia y Villouta.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bayo, García (don René Manuel), Hales y Letelier (don Felipe).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 16.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 73 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Cornejo, Errázuriz, Hidalgo, Jarpa, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Mora, Mulet, Ojeda, Olivares, Ortiz, Riveros, Robles, Salas, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Tapia y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Ceroni, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Egaña, Encina, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Leay, Longton, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don Ramón), Prieto, Quintana, Recondo, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.

Se abstuvo el diputado señor Dittborn.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Becker.

El señor BECKER.-

Señora Presidenta , los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 prácticamente se refieren a la misma materia, esto es, a la forma en que la Superintendencia adjudicará los casinos. Por ese motivo, sugiero aprobarlos con la misma votación.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

No, señor diputado . Someteré a votación cada artículo por separado.

En votación el artículo 17.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 72 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Guzmán (doña Pía), Hidalgo, Jarpa, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Mora, Mulet, Ojeda, Olivares, Ortiz, Recondo, Riveros, Saffirio, Salas, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Tapia y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Bustos, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Kast, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Meza, Molina, Monckeberg, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Palma, Paredes, Paya, Pérez ( don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prieto, Quintana, Robles, Rojas, Rossi, Salaberry, Sánchez, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.

Se abstuvo el diputado señor Bayo.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 18.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 79 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Ascencio, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Guzmán (doña Pía), Hidalgo, Jarpa, Luksic, Melero, Mella ( doña María Eugenia), Olivares, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Recondo, Riveros, Saffirio, Salas, Seguel y Silva.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Egaña, Encina, Errázuriz, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Leay, Letelier, Longton, Longueira, Lorenzini, Martínez, Masferrer, Meza, Molina, Monckeberg, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don Ramón), Prieto, Quintana, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

Se abstuvieron los diputados señores:

Allende (doña Isabel), y Vidal ( doña Ximena).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 19.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 83 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Ascencio, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Jarpa, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Olivares, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Riveros, Seguel y Silva.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Martínez, Masferrer, Melero, Meza, Molina, Monckeberg, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don Ramón), Prieto, Quintana, Recondo, Robles, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

Se abstuvo la diputada señora Vidal ( doña Ximena).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 20.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 62 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Ascencio, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Errázuriz, Hidalgo, Jarpa, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Olivares, Ortiz, Riveros, Seguel y Silva.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Cornejo, Correa, Cubillos ( doña Marcela), Espinoza, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Masferrer, Melero, Meza, Monckeberg, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Palma, Paredes, Paya, Pérez ( don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prieto, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 21.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 83 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Ascencio, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Jarpa, Mella ( doña María Eugenia), Olivares, Ortiz, Riveros, Seguel y Silva.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Egaña, Encina, Errázuriz, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Martínez, Masferrer, Melero, Meza, Molina, Monckeberg, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don Ramón), Prieto, Quintana, Recondo, Robles, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Vilches, Villouta Von Mühlenbrock y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar una indicación renovada al artículo 22, de los diputados Ibáñez, señora Laura Soto, señores Longton, Valenzuela, Quintana, Sánchez, Rodrigo González, señora Rosa González y señores Becker, Egaña, Barros, Ramón Pérez, García-Huidobro y Rojas

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Egaña, Encina. Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Martínez, Masferrer, Melero, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Mora, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Palma, Paredes, Paya, Pérez ( don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prieto, Quintana, Recondo, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Allende (doña Isabel), Ascencio, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Errázuriz, Hales, Hidalgo, Leay, Longueira, Luksic, Monckeberg, Montes, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Olivares, Ortiz, Riveros, Salas, Seguel, Silva y Uriarte.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Jarpa, Tuma y Vidal ( doña Ximena).

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar el inciso primero y los demás incisos del artículo 22.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor ARAYA.-

¿Me permite, señora Presidenta ?

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor ARAYA.-

Señora Presidenta , ¿estamos votando el artículo 20 que propusieron las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Turismo o el de las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda?

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señor diputado , al iniciar la votación la Mesa señaló que nos guiaríamos por el informe de las comisiones unidas de Hacienda y de Gobierno Interior.

Tiene la palabra la diputada Pía Guzmán.

La señora GUZMÁN (doña Pía).-

Salvo el inciso segundo del artículo 22 que se refiere a las salas de bingo, que fue suprimido.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar el inciso primero y los demás incisos del artículo 22.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señores diputados, someteré nuevamente a votación el inciso primero y los incisos restantes del artículo 22.

En votación.

-Durante la votación.

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-

Señora Presidenta , no se entiende lo que estamos votando; hay confusión de artículos.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 19 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cornejo, Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Espinoza, Galilea (don Pablo), Girardi, Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Meza, Mora, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prieto, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tuma, Valenzuela, Vargas, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Ascencio, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Leay, Longueira, Melero, Monckeberg, Moreira, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Paya, Recondo, Riveros, Salaberry, Silva, Uriarte, Urrutia, Varela y Villouta.

El señor MASFERRER .-

Señora Presidenta , ya habíamos votado este artículo.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Hemos votado esta materia dos veces y el señor Secretario ya dio a conocer el resultado.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva para plantear un asunto de Reglamento.

El señor SILVA .-

Señora Presidenta , lo que pasa es que el artículo 22 ya había sido votado antes, y por eso se ha generado una confusión.

Por lo tanto, le solicito que repita la votación, porque, de lo contrario, estamos votando algo que no corresponde.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señores diputados, el artículo 22 fue aprobado con la indicación.

En votación el artículo 23.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Ascencio, Barros, Bertolino, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Cornejo, Dittborn, Egaña, Espinoza, Forni, García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Jarpa, Leal, Letelier (don Felipe), Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Muñoz ( doña Adriana), Norambuena, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Silva, Tohá (doña Carolina), Tuma y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Álvarez-Salamanca, Araya, Bauer, Bayo, Becker, Bustos, Ceroni, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Encina, Errázuriz, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Kast, Leay, Longton, Longueira, Lorenzini, Martínez, Masferrer, Melero, Meza, Molina, Monckeberg, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Ojeda, Olivares, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don Ramón), Recondo, Rojas, Salaberry, Salas, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Villouta y Walker.

-Se abstuvo la diputada señora Vidal ( doña Ximena).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 24.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 31 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Dittborn, Forni, Jarpa, Mella ( doña María Eugenia), Ortiz, Rossi, Silva, Tohá (doña Carolina) y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca, Araya, Bayo, Becker, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Kast, Leay, Longton, Longueira, Lorenzini, Martínez, Melero, Monckeberg, Ojeda, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Recondo, Robles, Saffirio, Sánchez, Tapia, Uriarte, Urrutia, Vargas y Villouta.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 25.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 67 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Ascencio, Bertolino, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Cornejo, Dittborn, Errázuriz, Guzmán (doña Pía), Hales, Jarpa, Mella ( doña María Eugenia), Olivares, Ortiz, Riveros, Silva y Tohá (doña Carolina).

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bustos, Ceroni, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Egaña, Encina, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hernández, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Kast, Leal, Leay, Longton, Longueira, Lorenzini, Martínez, Masferrer, Melero, Meza, Molina, Monckeberg, Mora, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Palma, Paya, Pérez (don Ramón); Quintana, Recondo, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Ibáñez (don Gonzalo), Salas y Vidal ( doña Ximena).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 26.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 60 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Ascencio, Bayo, Bertolino, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Cornejo, Dittborn, Encina, Errázuriz, Espinoza, Jarpa, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Olivares, Ortiz, Riveros, Silva, Tohá (doña Carolina) y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Barros, Bauer, Ceroni, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Egaña, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Leal, Leay, Longueira, Lorenzini, Martínez, Masferrer, Melero, Meza, Molina, Monckeberg, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Ojeda, Paredes, Paya, Pérez ( don Aníbal), Pérez (don Ramón), Quintana, Recondo, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Vilches, Villouta y Walker.

-Se abstuvo la diputada señora Vidal ( doña Ximena).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 27.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Araya, Ascencio, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Dittborn, Encina, Errázuriz, Galilea (don Pablo), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Jaramillo, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Mora, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Von Mühlenbrock y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Egaña, Forni, García-Huidobro, González (doña Rosa), Kast, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Recondo, Rojas, Salaberry, Uriarte, Urrutia, Varela, Vilches y Villouta.

-Se abstuvieron los diputados señores:

García (don René Manuel), Ibáñez (don Gonzalo) y Salas.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 28.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Araya, Ascencio, Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Errázuriz, Espinoza, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Jaramillo, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Mora, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Vidal ( doña Ximena), Von Mühlenbrock y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez, Barros, Bauer, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Egaña, Forni, García-Huidobro, González (doña Rosa), Kast, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Recondo, Salaberry, Uriarte, Urrutia, Varela, Vilches y Villouta.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Jarpa, Meza y Salas.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 29.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Araya, Ascencio, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Errázuriz, Espinoza, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Mora, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Quintana, Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena) y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Correa, Cubillos ( doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García-Huidobro, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Recondo, Robles, Rojas, Salaberry, Sánchez, Soto (doña Laura), Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

García (don René Manuel) y Salas.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 30.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Araya, Ascencio, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Espinoza, González (don Rodrigo), Hales, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Mora, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena) y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García-Huidobro, González (doña Rosa), Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Recondo, Rojas, Salaberry, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

García (don René Manuel), Jarpa y Salas.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El artículo 31 requiere quórum de ley orgánica constitucional para su aprobación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Araya, Ascencio, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Errázuriz, Espinoza, González (don Rodrigo), Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Mora, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Quintana, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena) y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Recondo, Rojas, Salaberry, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvo el diputado señor Muñoz.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 32.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 48 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Errázuriz, Espinoza, Hales, Jaramillo, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Mora, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Ortiz, Palma, Paredes, Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vidal ( doña Ximena) y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Meza, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Recondo, Rojas, Salaberry, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Jarpa y Letelier (don Felipe).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar el artículo 33.

El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-

Señora Presidenta , pedí votar el título V de una sola vez, porque tiene lógica. No se puede votar un artículo y otro no.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Al parecer, no hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.

El señor ROSSI.-

Señora Presidenta , no entiendo cómo vamos a votar sobre las funciones de una instancia que se rechazó.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor ROSSI.-

Se rechazó el artículo que creaba la Superintendencia y ahora su Señoría está poniendo en votación el artículo que crea sus funciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA .-

Señora Presidente , el diputado tiene toda la razón. En pro de una buena legislación, si la voluntad fue no crear una Superintendencia, los artículos siguientes deberían ser rechazados con la misma votación. Lo natural es que se caigan todos los artículos vinculados a ella.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros.

El señor RIVEROS.-

Señora Presidenta , lo señalado por el diputado Longueira es razonable, pero quiero prevenir que hemos votado algunos artículos que hacen referencia a un organismo que ha sido rechazado, de manera que seamos coherentes.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada Pía Guzmán .

La señora GUZMÁN (doña Pía) .-

Señora Presidenta , las referencias anteriores a la Superintendencia, rechazada en el capítulo V, quedan automáticamente fuera. Si cayó el primer artículo del capítulo V, no tiene sentido votar el resto.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Parece bastante lógico no seguir votando si ya cayó la disposición que establecía esa institución. En todo caso, la Secretaría va a adecuar de manera coherente el articulado del proyecto.

Por último, tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.

El señor ORTIZ .-

Señora Presidenta , con respecto a si habría o no casinos en la Región Metropolitana, el ministro Secretario General de Gobierno fue muy claro en recalcar que el Ejecutivo no repondrá la indicación, pero en ningún momento se refirió a la creación de una Superintendencia de Casinos de Juego .

Por lo tanto, sugiero que igualmente se voten los otros artículos y cada parlamentario asuma su responsabilidad.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Diputado Ortiz, vamos a continuar la votación. Después la Secretaría va a adecuar el proyecto en forma coherente.

Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez.

El señor ÁLVAREZ .-

Señora Presidenta , en ese caso, sugiero votar de una vez los artículos 33 al 38, ya que tratan de la misma materia.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela.

El señor VALENZUELA .-

Señora Presidenta , la mayoría de los diputados está de acuerdo en eliminar la Superintendencia, pero sin otorgar las concesiones a que se refiere el inciso primero del artículo 34, razón por la cual pido que su inciso primero se vote en forma separada.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señor diputado , si fue rechazada la creación de la Superintendencia, no corresponde proceder de esa manera.

Hemos decidido votar en un solo acto desde el artículo 33 hasta el 38.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 49 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Espinoza, González (don Rodrigo), Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Mora, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antomieta), Saffirio, Salas, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena) y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Dittboron, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Recondo, Rojas, Salaberry, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 39.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 45 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Encina, Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Mora, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Quintana, Robles, Rossi, Saa (doña María Antomieta), Salas, Sepúlveda ( doña Alejandra), Tapia, Tohá (doña Carolina), Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena) y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Dittboron, Egaña, Errázuriz, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Kast, Kuschel, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Recondo, Rojas, Salaberry, Sánchez, Soto (doña Laura), Tuma, Uriarte, Urrutia, Vargas, Villouta y Von Mühlenbrock.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El artículo 52 requiere quórum de ley orgánica constitucional para su aprobación.

En votación.