MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE SUSPENDE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 20.084.

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SANTIAGO, mayo 8 de 2006

MENSAJE Nº 903-54/

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto que suspende la entrada en vigencia de ley N° 20.084 en consideración a una serie de razones que paso a exponer.

I. ANTECEDENTES.

El Gobierno que encabezo ha puesto la política pública sobre la infancia y la adolescencia en el centro de las prioridades. Ésta ha sido, sin embargo, una temática en la cual no sólo la presente administración ha considerado necesario priorizar sus esfuerzos. Prueba de ello fue la reforma al sistema de protección de los derechos de niños y adolescentes lograda con un significativo consenso por los diversos actores políticos representados en el Congreso Nacional. Fruto de este consenso, se dio en Chile una ley sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal ley N° 20.084, publicada en el Diario Oficial el pasado 7 de diciembre de 2005.

En ese contexto, cabe señalar que una preocupación fundamental de todos los intervinientes en el proceso de discusión de la ley N° 20.084, fue contar con un sistema adecuadamente preparado para su especial aplicación. En efecto, la ley en cuestión ha previsto un sistema especializado de juzgamiento y sanciones para los adolescentes que infrinjan la ley penal entre los 14 y los 18 años de edad.

Este sistema especializado se basa en una serie de disposiciones que exigen una respuesta muy fina por parte del mismo, que permita la efectiva reinserción social de los adolescentes infractores de la ley penal.

La señalada especialización se manifiesta en distintos ámbitos. Por un lado, en la reducción del catálogo de conductas respecto de las cuales va a existir una reacción netamente penal y, por otra parte, en el establecimiento de la privación de libertad como sanción en términos restringidos.

La especialidad implica centros privativos de libertad diferentes y enfocados exclusivamente en los adolescentes, que posibiliten una intervención orientada a la plena integración social. Significa también que el procedimiento de persecución penal debe recoger las especificidades de la etapa adolescente considerando, por ejemplo, el lenguaje juvenil, con estándares que garanticen que las audiencias sean entendidas cabalmente por el adolescente imputado y se conviertan en parte de su proceso socioeducativo. Finalmente, implica la especialidad de todos los actores del sistema de justicia, desde las policías, hasta los jueces, pasando por fiscales, defensores, educadores de los centros y delegados de libertad asistida, todos los cuales han de estar capacitados tanto en los aspectos legales de esta crucial reforma como en, quizá aun más importante, los ámbitos criminológicos y de inserción social.

II. ÚLTIMA EVALUACIÓN.

Atendido lo anterior, el Ministerio de Justicia ha hecho una última evaluación del estado de la implementación del sistema, previa a la entrada en vigencia de la referida ley el próximo 8 de junio. Ésta ha sido recientemente expuesta a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Esta evaluación ha mostrado que, a pesar de los esfuerzos desplegados por todas las instituciones involucradas en la puesta en marcha –Servicio Nacional de Menores, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Ministerio Público y Poder Judicial, entre otras– el sistema presenta algunas carencias que ponen en riesgo la consecución de los objetivos referidos precedentemente, sobre todo en lo que respecta a la administración de las sanciones que dispone la ley N° 20.084 y, más particularmente, en relación con las sanciones dispuestas en centros semicerrados y los programas vinculados con educación y rehabilitación del consumo de drogas para adolescentes infractores de la ley penal.

El H. Congreso Nacional ha manifestado formalmente su preocupación sobre el tema, a través de la referida Comisión del Senado.

De ahí que el Gobierno proponga una suspensión del plazo de entrada en vigencia de la ley N° 20.084, para que ésta tenga vigor a contar del 8 de junio del año 2007.

III. FUNDAMENTOS.

Hemos de señalar que para arribar a esta propuesta se han analizado todas las alternativas jurídicas posibles, entre ellas la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma en cuestión. Sin embargo, el Ejecutivo ha tomado la decisión de impulsar sólo un proyecto de suspensión de la entrada en vigencia de esta ley, para un plazo razonable –un año más que nos permita realizar todos los ajustes requeridos por el sistema, para arbitrar de manera adecuada las diversas medidas y sanciones que establece la ley N° 20.084, sin introducir tratamientos diferenciados en consideración a factores como el territorio.

A su vez, es menester señalar que con esta suspensión, no hacemos sino prever con suficiente holgura cada uno de los detalles de coordinación interinstitucional; inversión en infraestructura; financiamiento; regulaciones específicas; y, de capacitación, entre otros, a los que ya nos encontramos abocados y que exigirán –por cierto un mayor esfuerzo aún, para asegurar la mejor puesta en marcha que podamos entregarle a este nuevo sistema de enjuiciamiento y sanción de los adolescentes infractores de ley penal, tanto por parte del Gobierno, como por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Así, atendida la premura de postergar la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, y analizada la disponibilidad de agenda por parte del Congreso Nacional, durante el presente mes de mayo, es que el Ejecutivo ha decidido proponer una suspensión de la entrada en vigencia de la señalada ley para facilitar un adecuado proceso de implementación de la misma.

IV. CONTENIDO.

El proyecto de ley que se somete a consideración del Congreso Nacional consta de un artículo único que reemplaza en el artículo primero transitorio de la ley N° 20.084 la expresión “seis meses” por la expresión “dieciocho meses”, con el objeto de que ésta entre en vigencia a partir del 8 de junio de 2007.

Por todo lo señalado, creemos que esta medida resulta necesaria, útil y conducente al objetivo último que debe convocarnos: el de entregar a la ciudadanía un nuevo sistema que cumpla con las expectativas que en él se han cifrado y que garantice una adecuada reinserción social de los adolescentes infractores de la ley penal.

En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. Reemplácese en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.084 la expresión “seis meses” por “dieciocho meses”.”.

Dios guarde a V.E.,

ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN

Vicepresidente de la República

ISIDRO SOLÍS PALMA

Ministro de Justicia

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S. E. el Vicepresidente de la República, que modifica el plazo de entrada en vigencia de la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal juvenil.

BOLETÍN Nº 4.197-07.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros, en general y en particular, a la vez, el proyecto de ley de la referencia, con urgencia calificada de “suma”.

A la sesión en que se trató esta iniciativa asistieron el señor Ministro de Justicia, don Isidro Solís; la Subsecretaria de dicha Cartera, señora Verónica Barahona; el Jefe de la División Jurídica (S) del mismo Ministerio, señor Fernando Dazarola, y el Jefe de la División de Defensa Social, señor Decio Mettifigo. Concurrieron, también, la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Paulina Fernández; el Defensor Nacional, señor Eduardo Sepúlveda y el Director Nacional de Gendarmería de Chile, señor Alfredo Bañados.

Cabe hacer presente que por tratarse de una iniciativa que consta de un artículo único, fue discutida por vuestra Comisión en general y en particular a la vez, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, acordándose recomendaros proceder de igual manera.

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ANTECEDENTES

Antecedentes de hecho

a) El Mensaje

En su Mensaje, el Gobierno hace presente que ha puesto en el centro de sus prioridades la política pública sobre la infancia y la adolescencia. Señala que ésta ha sido, sin embargo, una temática en la cual no sólo la presente Administración ha considerado necesario priorizar sus esfuerzos y que prueba de ello fue la reforma al sistema de protección de los derechos de niños y adolescentes lograda con un significativo consenso por los diversos actores políticos representados en el Congreso Nacional. Agrega que, fruto de este consenso, se aprobó la ley sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal -la N° 20.084-, publicada en el Diario Oficial el pasado 7 de diciembre de 2005.

En ese contexto, señala que una preocupación fundamental de todos los intervinientes en el proceso de discusión de la señalada ley N° 20.084, fue contar con un sistema adecuadamente preparado para su aplicación. En efecto, explica, la ley en cuestión ha previsto un sistema especializado de juzgamiento y sanciones para los adolescentes que infrinjan la ley penal entre los 14 y los 18 años de edad.

Manifiesta que este sistema especializado se basa en una serie de disposiciones que exigen una respuesta muy fina por parte del mismo, que permita la efectiva reinserción social de los adolescentes infractores de la ley penal.

Sostiene que la señalada especialización se manifiesta en distintos ámbitos. Por un lado, en la reducción del catálogo de conductas respecto de las cuales va a existir una reacción netamente penal y, por otro, en el establecimiento de la privación de libertad como sanción en términos restringidos.

Asevera que la especialidad implica centros privativos de libertad diferentes y enfocados exclusivamente a los adolescentes, que posibiliten una intervención orientada a la plena integración social. Significa también que el procedimiento de persecución penal debe recoger las especificidades de la etapa adolescente, considerando, por ejemplo, el lenguaje juvenil, con estándares que garanticen que las audiencias sean entendidas cabalmente por el adolescente imputado y se conviertan en parte de su proceso socioeducativo. Finalmente, supone la especialidad de todos los actores del sistema de justicia, desde las policías hasta los jueces, pasando por fiscales, defensores, educadores de los centros y delegados de libertad asistida, todos los cuales han de estar capacitados tanto en los aspectos legales de esta crucial reforma como en, quizá aun más importante, los ámbitos criminológicos y de inserción social.

El Mensaje expresa que atendido lo anterior, el Ministerio de Justicia efectuó una última evaluación del estado de la implementación del sistema, previa a la entrada en vigencia de la referida ley el próximo 8 de junio, la cual fue recientemente expuesta a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Añade que dicha evaluación ha mostrado que, a pesar de los esfuerzos desplegados por todas las instituciones involucradas en la puesta en marcha –Servicio Nacional de Menores, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Ministerio Público y Poder Judicial, entre otras– el sistema presenta algunas carencias que ponen en riesgo la consecución de los objetivos referidos precedentemente, sobre todo en lo que respecta a la administración de las sanciones que dispone la ley N° 20.084 y, más particularmente, en relación con las sanciones dispuestas en centros semicerrados y los programas vinculados con educación y rehabilitación del consumo de drogas para adolescentes infractores de la ley penal.

Indica, a continuación, que el Congreso Nacional ha manifestado su preocupación sobre el tema, a través de la referida Comisión del Senado. De ahí que el Gobierno proponga una suspensión del plazo de entrada en vigencia de la ley N° 20.084, para que ésta tenga vigor a contar del 8 de junio del año 2007.

Informa que para arribar a esta propuesta se analizaron todas las alternativas jurídicas posibles, entre ellas la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma en cuestión. Sin embargo, añade, el Ejecutivo ha tomado la decisión de impulsar sólo un proyecto de suspensión de la entrada en vigencia de esta ley para un plazo razonable –un año más- que le permita realizar todos los ajustes requeridos por el sistema, para arbitrar de manera adecuada las diversas medidas y sanciones que establece la antes citada ley N° 20.084, sin introducir tratamientos diferenciados en consideración a factores como el territorio.

Asegura que con esta suspensión no se hace sino prever con suficiente holgura cada uno de los detalles de coordinación interinstitucional, inversión en infraestructura, financiamiento, regulaciones específicas y capacitación, entre otros, a los que el Gobierno ya se encuentra abocado, y que exigirán –por cierto- un mayor esfuerzo aún, para asegurar la mejor puesta en marcha que pueda entregarse a este nuevo sistema de enjuiciamiento y sanción de los adolescentes infractores de ley penal, tanto por parte del Gobierno como del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Así, indica que atendida la premura de postergar la entrada en vigencia de la ley N° 20.084 y analizada la disponibilidad de agenda por parte del Congreso Nacional durante el mes de mayo en curso, el Ejecutivo ha decidido proponer una suspensión de la entrada en vigencia de la señalada ley para facilitar un adecuado proceso de implementación de la misma.

Informa, a continuación, que el proyecto de ley que se somete a consideración del Congreso Nacional consta de un artículo único que reemplaza en el artículo primero transitorio de la ley N° 20.084 la expresión “seis meses” por la expresión “dieciocho meses”, con el objeto de que ésta entre en vigencia a partir del 8 de junio de 2007.

Estima que, por todo lo señalado, esta medida resulta necesaria, útil y conducente al objetivo último de entregar a la ciudadanía un nuevo sistema que cumpla con las expectativas que en él se han cifrado y que garantice una adecuada reinserción social de los adolescentes infractores de la ley penal.

En mérito de lo precedentemente expuesto, somete a consideración del Senado el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. Reemplácese en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.084 la expresión “seis meses” por “dieciocho meses”.”.

b) Análisis del estado de implementación de las condiciones previstas para la aplicación de la ley N° 20.084

Es dable dejar constancia que con fecha 2 de mayo de 2006, la Comisión celebró una sesión destinada a evaluar la implementación de los requisitos y condiciones que deben cumplirse para que el nuevo sistema de responsabilidad penal de los adolescentes comience a operar con normalidad y eficiencia el día 8 de junio próximo.

A dicha sesión concurrió el señor Ministro de Justicia, don Isidro Solís, acompañado de la Subsecretaria de esa Secretaría de Estado, señora Verónica Baraona; el Jefe de la División Jurídica (S), señor Fernando Dazarola; el Jefe del Departamento de Menores, señor Francisco Estrada; la Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuestos, señora Beatriz Barrera, y la asesora señora María Cecilia Ramírez. Estuvieron presentes también la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Paulina Fernández, acompañada de su Jefe de Gabinete, señor Marcos Barreto, y la asesora señora Alejandra Riveros.

Asistieron, en representación del Ministerio Público, el Director de la Unidad de Responsabilidad Penal Juvenil y Violencia Intrafamiliar, señor Iván Fuenzalida, y la abogada asesora señora María Eugenia Manaud. Por la Defensoría Penal Pública participaron el Defensor Nacional, señor Eduardo Sepúlveda; el Jefe de la Unidad de Responsabilidad Penal Juvenil, señor Gonzalo Berríos, y el Director Administrativo Nacional, señor Pablo Ortiz.

También estuvo presente el Director Nacional de Gendarmería de Chile, señor Alfredo Bañados. En representación del Ministerio de Hacienda concurrió la señora Sereli Pardo.

En esta oportunidad, los miembros de la Comisión recibieron antecedentes detallados acerca de aspectos como la infraestructura necesaria para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad en las distintas regiones del país; la construcción o habilitación de centros para el cumplimiento de penas en sistemas semicerrados; la provisión de los nuevos cargos previstos por la ley en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública; la dictación de reglamentos y otras normas; los procesos de capacitación en los distintos organismos involucrados en el nuevo sistema; la existencia de tratamientos y medidas de rehabilitación para la adicción a las drogas y al alcohol y la implementación de programas para la continuación de sus estudios por parte de los jóvenes infractores privados de libertad, entre otros aspectos.

Todos estos antecedentes permitieron a la Comisión apreciar en forma cabal el nivel de implementación en que se encuentran los aspectos reseñados, así como aquéllos en que aún debe avanzarse, todo ello teniendo en consideración que el nuevo sistema comenzaría a aplicarse el día 8 de junio próximo.

Antecedentes legales

Como se señaló precedentemente, la ley N° 20.084, publicada el 7 de diciembre de 2005, estableció un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Su artículo 1° transitorio prescribe que dicho cuerpo normativo entrará en vigencia seis meses después de su publicación. Se exceptúa de esta regla lo dispuesto por las letras a) y c) del artículo 68, disposiciones que regulan el procedimiento contravencional aplicable a los adolescentes, que queda bajo la competencia de los Tribunales de Familia.

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DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Gómez, abrió el debate de este iniciativa, señalando que en atención a que ella consta de un artículo único, procedía discutirla en general y en particular a la vez, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento del Senado.

El Ministro de Justicia, señor Isidro Solís, señaló que pese a los avances desarrollados en diversas áreas del proceso de implementación de la Ley N° 20.084 y luego de la presentación oficial que el Ministerio de Justicia y servicios relacionados hiciesen ante esta Comisión, en donde se llevó a cabo una detallada evaluación del proceso, se han revisado las fórmulas de contingencia ante los retrasos en la construcción de algunos de los centros semicerrados, estableciéndose que el inicio el 8 de junio próximo presentaría diversos aspectos problemáticos al no contar con la oferta suficiente en todas las regiones del país. Indicó que no queriendo repetir lo que fue la experiencia de la instalación de la reforma de Familia, se ha presentado esta iniciativa, que busca retrasar en un año la entrada en vigencia de la ley. Las otras áreas en que se observa déficit, dijo, corresponden al tema educación en algunos de los centros existentes y al tema tratamiento de rehabilitación de drogas, en la mayor parte del país.

Explicó que el Ministerio de Justicia, con base en los procesos de Reforma Procesal Penal y de Justicia de Familia, entiende bien que el diseño legislativo siempre es sólo la primera parte de un proceso de cambio profundo en cuya implementación se debe prestar singular atención al seguimiento y coordinación interinstitucional a fin de que la reforma legal, en este caso, la instalación por primera vez de un sistema de justicia penal especializado, resulte exitosa y permanente.

Agregó que desde que se anunciara en el año 2000 la reforma integral de la legislación e institucionalidad de infancia, los distintos actores involucrados se han ido preparando para implementar la futura ley de responsabilidad penal adolescente, con distintos énfasis y ritmos.

El proceso de implementación llevado a cabo, prosiguió, ha discurrido sobre el mecanismo de las coordinaciones interagencias. En algunos casos, incorporando a todos los actores del sistema de justicia; en otros, incluyendo también a todas las entidades públicas involucradas en el proceso de reintegración social, objetivo central de esta ley. En algunas áreas el seguimiento ha requerido una coordinación amplia que involucra a todas las agencias estatales y privadas involucradas. Pero otras temáticas han necesitado agendas bilaterales o tripartitas de trabajo.

Sostuvo que las dimensiones que requieren ser objeto de seguimiento durante la implementación son las siguientes:

1.Normativa

Ella ha significado estar atentos a los problemas que vayan surgiendo con la interpretación de determinadas normas a fin de proponer oportunamente al Parlamento proyectos de reforma legal o buscar las maneras de facilitar una interpretación homogénea a través de acuerdos institucionales, manuales de funcionamiento o instrucciones dentro de las respectivas potestades.

Al mismo tiempo, hay ámbitos que son propios de la potestad normativa de la autoridad administrativa:

1.1. – Reglamento de la Ley para la Ejecución de las sanciones: Se recibieron aportes de GENCHI y de SENAME respecto de los contenidos del Reglamento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Dicho Reglamento contempla la organización y funcionamiento de los centros privativos de libertad y la administración de las medidas que se aplican en el medio libre. Se definen normas disciplinarias y normas sobre seguridad de los recintos. Este reglamento se dictará mediante Decreto Supremo expedido por el Ministerio de Justicia

1.2.- Circulares; que formalicen las instrucciones y acuerdos de coordinación.

1.3.- Convenios: Ibid. Ya hay un borrador avanzado de Convenio GENCHI-SENAME p. ej. en materias de vigilancia, seguridad y asesoría técnica en seguridad.

1.4.- Decretos: de funcionamiento de los centros p. ej., ya que con la entrada en vigencia de la ley desaparecen los COD y CERECO como tales, y sus respectivos Decretos Supremos y entran en vigencia los Centros para la Internación en Régimen Semicerrado, Centros Cerrados de Privación de Libertad y los Centros de Internación Provisoria.

2. Administrativa

Las coordinaciones interagencias deben ser funcionales a las tareas, por lo que habrá distintos espacios de coordinación.

Es así como se constituyó, el 6 de diciembre de 2005, una Mesa de Justicia Penal Adolescente que, coordinada por el Ministerio de Justicia, integra a las siguientes instituciones: Ministerio Público, Corte Suprema, Subsecretaría de Interior, la División de Seguridad Ciudadana, Subsecretaría de Carabineros, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Menores, CONACE, Servicio de Registro Civil e Identificación, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Academia Judicial, Subsecretaría de Educación, Subsecretaría de Salud, MIDEPLAN, INJUV y SENCE.

Dicha Mesa fue informada del Plan de trabajo a seguir, de la unidad ministerial responsable y de la necesidad de designar a la brevedad interlocutores con poderes decisorios en cada institución. Una vez las instituciones señaladas designaron a sus encargados, se procedió a convocar a la Mesa Ejecutiva, la que ha sesionado en los meses de diciembre de 2005, enero de 2006 y marzo de 2006. En el seno de esta Mesa se han conformado las siguientes Comisiones de Trabajo:

1. Circuito Especializado

2. Capacitación

3. Judicial

4. Estadísticas

5. Infraestructura

6. Infraestructura e Intervención Drogas

7. Intervención

8. Reglamento (ya había comenzado previamente su trabajo)

9. Centro de Justicia (ya había comenzado previamente su trabajo por mandato de la Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal. Se trabaja aquí dentro de la instancia ya existente a fin de no replicar comisiones y bajo la coordinación, para estos efectos, de la UCR).

Comisión Judicial:

En el ámbito del Poder Judicial, señaló que a la fecha se encuentran nombrados los 9 Jueces de garantía adicionales y 3 Jueces en Tribunales Orales en lo Penal. La capacitación está a cargo de la Academia Judicial, quien ya ha licitado los respectivos Cursos de Especialización. Se trabaja en un protocolo que facilite el cumplimiento de la obligación del art. 42 de entregar información de la oferta programática a la judicatura.

3. Informática y Estadística

A este respecto, informó que los procesos de modernización tecnológica en que se encuentra involucrado el Estado de Chile deben también ser implementados en este subsistema de justicia. Por lo demás, un insumo básico para la correcta formulación de las políticas públicas, su desarrollo y evaluación, es contar con información estadística, completa y oportuna. Solo así el control de la gestión del sistema se transforma en un eje de la transformación. Las estadísticas delictivas sobre adolescentes son un tema constante de debate nacional y se carece de un sistema sólido que permita ofrecer información oportuna y confiable.

Un logro de la Comisión de Estadísticas fue el compromiso de todas las instituciones respectivas (Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, CAPJ, SENAME, GENCHI, Carabineros, Investigaciones y Registro Civil) en entregar al término de los primeros 6 meses de funcionamiento del sistema, información en un Anuario, sobre el funcionamiento del sistema. Se está actualmente trabajando, siguiendo la experiencia y formato del Anuario de la RPP, en la determinación de la información a recopilar, la selección de variables de análisis y procedimientos a seguir por la Comisión.

4. Capacitación y Difusión

Ella se refiere tanto respecto de los actores del circuito como de otros actores indirectos como estudiantes secundarios, organizaciones juveniles o vecinales, etc. La nueva mirada que la ley pretende instalar requiere relevar los principios de resocialización, de debido proceso, de la construcción de estándares especiales en materias procesales respecto de infractores juveniles, etc.

Cabe destacar que la Defensoría Penal Pública diseñó un intenso y extenso plan de capacitación para sus defensores especializados que se inició el pasado 15 de marzo y durará 2 meses.

En cuanto al Poder Judicial, la capacitación de la judicatura es responsabilidad de la Academia Judicial, entidad que licitó y adjudicó diferentes cursos de especialización a lo largo del país.

Con la aprobación de la Comisión Nacional de la Reforma, se ha licitado la realización de un Programa de Capacitación Interinstitucional (PCI) que reunirá a 50 actores de cada una de las tres instituciones centrales del sistema de justicia (150 en total) para la simulación de determinadas audiencias, durante la tercera semana de mayo del 2006.

Se ha elaborado un Plan de Capacitación para los actores directamente involucrados en el nuevo sistema, a nivel regional, a lo largo de todo el país. Así, se han realizado Seminarios Regionales, según el siguiente calendario:

Arica: 2-3 mayo

Iquique: 4-5 Mayo

Antofagasta: 11-12 Mayo

La Serena: 24-25 Abril

Valparaíso: Fines de Mayo

Rancagua: 4-5 Mayo

Talca: 4-5 de Mayo

Concepción: 27- 28 Abril

Temuco: 26-27 Abril

Puerto Montt: 24-25 Abril

Coyhaique: 9-10 Mayo

Punta Arenas: 11-12 de Mayo

Santiago: Fines de Mayo

5. Espacial-Infraestructura

Informó que ya el sector Justicia, a través de la Subsecretaría de Justicia, ha efectuado inversiones que alcanzan los 38 mil millones de pesos en orden a garantizar que en todo el país se cuente con centros especiales para adolescentes que les permitan estar totalmente separados de los adultos. Restan por gastar, pero están contemplados en presupuesto del sector, unos 3.700 millones de pesos en el diseño y construcción de un Centro Cerrado de privación de libertad, en la Región Metropolitana.

Se cuenta, por primera vez en nuestra historia, con un centro cerrado por región (17 centros), exclusivo para adolescentes del nuevo sistema de justicia penal. Se está en la fase de diseño de un nuevo centro para la región Metropolitana que vendrá a complementar los actualmente existentes

6. Programática

Manifestó que el eje clave del nuevo sistema está puesto en las sanciones no privativas de libertad. Se hace entonces, necesario, un seguimiento y monitoreo del funcionamiento de estas sistema de sanciones, como asimismo de las privativas de libertad. En ambos sistemas, la ley señala fines de responsabilización e integración social (o resocialización) que deberán ser integrados en los programas que desarrollen las administraciones directas de los centros y las instituciones privadas a cargo de las sanciones no privativas de libertad.

Señaló que SENAME preparó y capacitó al personal de los centros de administración directa y a los programas en medio libre, en las Nuevas Orientaciones Técnicas, que son el instrumento que contiene los modelos técnicos de intervención psicosocial, según línea programática.

Respecto de los programas que ejecutarán las sanciones no privativas de libertad, expresó que se cuenta con el personal capacitado y en número suficiente pata atender a la demanda proyectada, y que el financiamiento de los delegados está contemplado en el monto establecido en la Ley de Subvenciones, según se muestra en los siguientes cuadros:

La cobertura está estimada por número de atenciones, considerando que lo máximo que los adolescentes pueden estar en estas medidas son tres meses.

ÁREAS CON DÉFICIT:

Como tales, el señor Ministro identificó las siguientes:

1. Infraestructura Centros Semi Cerrados

El plan de inversiones de centros semi-cerrados contempla lo siguiente:

- A junio de 2006 existe un total de 5 centros, en las regiones I (Arica e Iquique), X (Puerto Montt), XI y XII.

- En enero de 2007 se agregarán 7 centros más, en las regiones II, IV, V, VI, X (Valdivia), RM (Calera de Tango) y RM (femenino)

- En mayo de 2007 se agregan al circuito dos centros más, en las regiones VII y IX

- Adicionalmente en RM (Tiempo Joven), se contará con otro centro semi cerrado para varones en Noviembre de 2007

- Los dos centros restantes están sujetos a aspectos técnicos, en las regiones III y VIII.

2. Educación

Actualmente funcionan 12 escuelas en centros privativos de libertad (de 17). Cabe señalar que la oferta es insuficiente, toda vez que no contempla todos los niveles educativos.

Las alternativas en estudio son las siguientes:

i.Adecuación legal para que el MINEDUC cuente con una subvención especial que otorgue un incentivo adicional a los sostenedores educacionales;

ii.Modalidades del Programa Chile Califica;

iii.Asumir directamente por SENAME la oferta en los centros donde no se cuenta con sostenedor interesado.

3. Tratamiento de Rehabilitación del Consumo Problemático de Drogas

Durante el año 2006, se están ejecutando 9 proyectos (7 financiados por SENAME y 2 por CONACE) con una cobertura de 460 plazas, con un costo total de M$ 471.000, en las regiones I, II, V, VI, VIII, X y RM.

Faltan dispositivos especializados para la atención de consumidores problemáticos y o abusivos de drogas en la mayoría de las regiones del país. Destacó que para responder a lo establecido en los artículos 7 y 17 de la Ley 20.084 (Sanción accesoria y acceso voluntario para el tratamiento de drogas) el Ministerio de Salud (Subsecretaría de Salud Pública) y CONACE han elaborado una “Norma técnica para el tratamiento integral en adolescentes infractores de ley con consumo problemático de alcohol – droga y otros trastornos de salud mental”, la cual será ejecutada por instancias dependientes de dichas instituciones. Esta Norma no cuenta actualmente con financiamiento, por lo que se solicitará presupuesto. Presentó un documento anexo que da cuenta de algunos de los principales aspectos contenidos en esta Norma Técnica, que se transcribe a continuación.

4. SENCE

Desde junio del 2000, opera un convenio de colaboración que implica el traspaso de fondos a Sename para la ejecución de cursos de capacitación laboral al interior de los centros privativos de libertad de acuerdo a los requisitos establecidos (mínimo ocho jóvenes con permanencia superior a un mes, de 16 años y más). Contempla recursos para becas individuales a jóvenes de programas de intervención ambulatoria de todas las regiones, cuya distribución opera de acuerdo a criterios de cobertura poblacional, territorial, edad y oferta. En la actualidad se encuentra en trámite de suscripción del convenio a partir del 1º de junio de 2006 y 2007 para dar continuidad a los productos señalados y contenidos en este.

Para el acceso de los jóvenes de Programas no privativos de libertad se ha incorporado en las bases técnicas del Programa especial de jóvenes como beneficiarios preferentes a Jóvenes de SENAME, y se logró ampliar el concepto de Responsabilidad Parental, lo que implicó resolver uno de los nudos principales para el acceso a este programa.

Se está trabajando en forma articulada y coordinada a nivel regional entre las contrapartes SENCE-SENAME para intencionar estrategias para favorecer al acceso de los y las adolescentes a la oferta de capacitación existente, mediante un trabajo a nivel local con los Organismos Técnicos Capacitadores. Debe establecerse la pertinencia de los cursos de acuerdo a la demanda de mercado y particularidades de los jóvenes infractores de ley para instalar metodología pertinente. La fecha de licitación de este programa es noviembre de 2006.

El documento anexo entregado por el señor Ministro de Justicia en relación con la norma técnica para el tratamiento integral en adolescentes infractores de ley con consumo problemático de alcohol – droga y otros trastornos de salud mental, da cuenta de lo siguiente:

“La presente Norma Técnica emanada bajo la coordinación del Ministerio de Salud, establece los lineamientos técnicos para las acciones sanitarias del sistema de salud, los que además han sido consensuadas con SENAME y CONACE, las otras instancias comprometidas para lograr los objetivos terapéuticos en las/los adolescentes infractores de ley que los requieran; en consecuencia, la obligatoriedad de sus disposiciones afecta a los organismos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, manteniéndose como referente técnico para las demás entidades públicas y privadas.

La Ley Nº 20.084 establece en su artículo Nº 7 que el juez estará facultado para establecer como sanción accesoria a las sanciones penales señaladas, siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del adolescente, la obligación de someterlo a tratamientos de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol.

Sobre la base del último estudio sobre consumo de drogas en adolescentes infractores de ley penal entre 14 y 17 años de SENAME realizado por CONACE, un 70 % presenta consumo de drogas ilícitas y de éstos un 50% es consumidor de varias sustancias adictivas. En virtud de lo anterior y teniendo como antecedente que el consumo de drogas se encuentra presente en la mayoría de los adolescentes infractores ingresados a los distintos sistemas de SENAME, se hace necesario su abordaje, debiendo existir oferta especializada para dar cumplimiento a la sanción accesoria que determine el juez y como un recurso para aquellos jóvenes que voluntariamente deseen acceder a un tratamiento, tanto en sistemas privativos como no privativos de libertad. Del mismo modo se reconoce la necesidad urgente de desarrollar un modelo de atención integral que aborde las necesidades en salud mental de esta población, incorporando acciones de fomento y protección de la salud mental, prevención de problemas y trastornos de salud mental, tratamiento oportuno e integral de los trastornos de salud mental más recurrentes y rehabilitación. Lo anterior permite a los Servicios de Salud cumplir un rol estratégico e histórico para la provisión de los servicios y al Ministerio de Salud velar por el ejercicio pleno de los derechos a la atención sanitaria de este importante segmento de su población.

1)De la Atención Clínica:

El tratamiento de los problemas asociados al consumo de alcohol y drogas, y otros trastornos de salud mental, es parte del Plan de Intervención Individual Integral del adolescente, diseñado por SENAME y, por tanto, exige mecanismos definidos de coordinación entre el Equipo Clínico de Drogas y Salud Mental y el Equipo SENAME en su totalidad, así como con otros actores involucrados en este Plan.

- La atención clínica debe cumplir con los siguientes principios

- abordaje biopsicosocial

- preferentemente ambulatorio

- enfoque integral comunitario

- asegurar la continuidad del tratamiento

- realizada por un equipo interdisciplinario

- articulada con el Plan de Intervención Individual del SENAME

- evaluada periódicamente

- El tratamiento de los problemas asociados al consumo de alcohol y drogas, y de cualquier otro trastorno de salud mental que el adolescente presente debe tratarse en forma conjunta e integrada por el mismo equipo clínico

- La atención deberá ser coordinada con acciones del Plan de Intervención Integral, con el propósito de no sobrecargar de actividades al adolescente en su proceso de reinserción social y esto se registra en la ficha clínica

En el caso de los adolescentes que cumplan sanción privativa de libertad o cuando exista medida cautelar privativa de libertad:

- La atención clínica se realizará al interior de los centros donde cumple la sanción, lugar al que acudirá un equipo de salud mental especializado para abordar su tratamiento y se asegurará la continuidad terapéutica al egreso de la medida.

- La atención se basará en una Guía Clínica a elaborar por MINSAL. Esta atención será coordinada con el equipo técnico y tutor correspondiente del centro, encargado de su proceso de (re)inserción social.

- En caso de intoxicación aguda o descompensación psiquiátrica, ésta se realizará en las Unidades de Hospitalización de Corta Estadía, ubicadas al interior de dicho centro.

En el caso de los adolescentes, que cumplan sanción en medio libre

- Recibirán la atención en los Centros de Salud Mental Comunitaria públicos con programa de drogas o en instituciones privadas debidamente acreditadas por la autoridad competente, preferentemente con programas específicos para la población infractora de ley con consumo problemático de drogas.

- Esta atención será coordinada con el Delegado correspondiente encargado de su proceso de (re)inserción social.

- El Plan de Tratamiento se realizará de acuerdo a una Guía Clínica a elaborar por MINSAL.

- En caso de intoxicación aguda o descompensación psiquiátrica que requieran hospitalización, ésta se realizará en las Unidades de Hospitalización de Corta Estadía disponibles en la región.”.

El señor Ministro entregó, finalmente un cuadro que calendariza la construcción de centros semi-cerrados.

Finalizando su exposición, el señor Ministro puso de manifiesto la necesidad de dar una tramitación expedita al proyecto, en atención a la proximidad de la fecha de entrada en vigor de la ley N° 20.084.

El Honorable Senador señor Chadwick expresó que el Mensaje no da cuenta claramente de los esfuerzos desplegados por las autoridades involucradas ni precisa las carencias que aún subsisten. Indicó que, escuchado el señor Ministro de Justicia, queda claro que tales carencias son de gran envergadura. En efecto, faltarían centros semicerrados en más de la mitad de las regiones del país, cuya programación e implementación requiere más de los 6 meses que se habían fijado para la entrada en vigor de la ley. Agregó que otras dificultades de gran magnitud se advierten también en lo referente a los programas de educación de los adolescentes sancionados y en la rehabilitación de la adicción a las drogas y al alcohol. En consecuencia, dijo, se trata de carencias en aspectos esenciales, sobre cuyas causas solicitó una explicación al señor Ministro.

El Honorable Senador señor Espina estimó que advierte graves incumplimientos por parte de las autoridades anteriores en relación a las condiciones que deben reunirse para una adecuada entrada en vigor de esta ley. Recordó que en innumerables oportunidades hizo presente sus dudas a los Ministerios de Justicia y de Hacienda y al SENAME acerca de que efectivamente pudiera implementarse esta ley en el plazo propuesto por el Ejecutivo y que invariablemente se le dieron las más amplias seguridades de que ello así ocurriría.

Puso de manifiesto la importancia que dentro de este nuevo sistema de justicia penal juvenil representan aspectos como los sistemas semicerrados, la libertad asistida y la acción de los delegados, al igual que los sistemas educativos y de rehabilitación de las drogas y el alcohol previstos por la ley.

Lamentablemente, prosiguió, respecto de estos elementos se ha producido un flagrante incumplimiento y una inexcusable negligencia en relación a los compromisos asumidos por parte de dichas autoridades. Ello, agregó, incide en la puesta en marcha de un sistema de relevancia inédita en materia de adolescentes.

No obstante lo anterior, valoró la decisión del Ejecutivo de impulsar este proyecto de ley, pues, sostuvo, más negativo aún sería poner en marcha la ley en forma evidentemente defectuosa.

Enfatizó las falencias existentes en materia de construcción o habilitación de sistemas semicerrados, lo que, sostuvo, representa una debilidad en un aspecto absolutamente esencial de esta ley. Hizo presente que la entonces Directora del SENAME le aseguró que ya existía uno de estos recintos en cada región del país, de modo que se trataba de adicionar otros. Hizo presente la necesidad de que el Ministerio del ramo evalúe una vez más este tema en particular.

Del mismo modo, puso de relieve las carencias que se advierten en lo concerniente a los programas para que los adolescentes sancionados completen su educación y se rehabiliten de la adicción a las drogas y al alcohol.

Por otra parte, expresó su extrañeza en relación a algunos reparos que el Ministerio Público ha formulado en relación al sistema de sanciones contemplado por la ley. Hizo presente que durante la tramitación de esta ley, la Comisión contó con la participación permanente de dos altos representantes de ese organismo, quienes colaboraron activamente en su estructuración. Llama la atención, entonces, dijo, que con posterioridad surjan objeciones de parte de esa institución, máxime si hasta el último momento se estuvo poniendo en su conocimiento los textos aprobados y recibiendo sus comentarios. En otro orden de ideas, puntualizó que esta institución, si bien consideró que 22 nuevos fiscales era una cifra insuficiente, la aceptó, de modo que debe asumir su responsabilidad en esta materia.

Finalmente, se refirió a las tareas que la ley le encomienda a los delegados en el cumplimiento de penas en sistemas de libertad asistida. Resaltó la importancia de los mismos, quienes, dijo, deben ser profesionales calificados y entrenados para asumir tan importantes labores. A este respecto, solicitó al señor Ministro de Justicia más antecedentes, de modo de poder conocer cabalmente el número de delegados que existen, su nivel de preparación y demás informaciones, de modo que este tema no pase a constituir un nuevo obstáculo en la implementación de la ley.

El Honorable Senador señor Muñoz, don Pedro, destacó, en primer lugar, la importancia de esta ley. Dijo que ella era la respuesta que los distintos sectores políticos dieron a un problema muy sensible para la comunidad, destacando que ello ocurrió durante la Administración del ex Presidente Lagos.

Ahora bien, agregó, tal como ha ocurrido con los Tribunales de Familia y la Reforma Procesal Penal, se advierte que las demandas son mayores a lo previsto, de manera que, inevitablemente, los nuevos sistemas sufren sobreexigencias.

Por esta razón, concordó con la necesidad de que se cumplan previamente todas las condiciones previstas para su entrada en vigor. Si ello no ha ocurrido, dijo, y no se han cumplido las obras o actuaciones prometidas, habrá las explicaciones del caso, pero el objetivo central sigue siendo la preocupación por los adolescentes, de modo que lo que procede es resolver los temas puntuales que se han reseñado y evaluar si la prórroga de un año que se ha propuesto es suficiente.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Gómez, señaló que la aprobación del proyecto en estudio exige otro aspecto, que calificó de central. Éste consiste en un compromiso claro y cierto por parte del Gobierno en relación al cumplimiento de las tareas que la plena aplicación de esta ley demanda, que se han hecho presente en esta oportunidad. De no ocurrir ello, advirtió, todos los nuevos actores en este proceso quedarán involucrados.

Atendiendo los planteamientos formulados, el señor Ministro de Justicia expresó, en primer término que las deficiencias detectadas no obedecen más que a una deficiente apreciación del proceso de implementación de esta ley. Conjeturó que, probablemente, en el clima favorable al establecimiento del nuevo sistema, el plazo de entrada en vigor era irrelevante. En consecuencia, sólo hubo una deficiente programación pero en ningún caso mala fe en relación con los antecedentes que se proporcionaban al Parlamento.

En cuanto al número de establecimientos semi-cerrados por región, coincidió en que, en principio, parece ideal contar con más de uno por región. Sin embargo, estimó preferible no comprometerse con cifras rígidas sino que permitir que el sistema sea lo suficientemente flexible como para atender a la demanda real que vaya observándose den cada zona. Para este efecto, hizo presente que el Ministerio contaba con otras fórmulas distintas de la construcción de recintos nuevos. Las respectivas soluciones, agregó, dependerán del factor accesibilidad o distancia para que las medidas que se adopten sean eficaces.

Respecto de las dificultades en lo concerniente a la rehabilitación de la adicción a las drogas, reiteró que se trata de una discusión estrictamente presupuestaria que habrá de hacerse con oportunidad de las leyes anuales de presupuestos.

En relación con los planteamientos del Ministerio Público, hizo notar que no debe perderse de vista que los cargos de fiscal que se crean por esta ley son adicionales a la planta ya existente, sin perjuicio de que pueda destinarse otro personal a estas funciones.

Informó, asimismo, que enviará a la Comisión los antecedentes referidos a los delegados.

Atendiendo a una consulta formulada por el Honorable Senador señor Chadwick, aclaró que las cifras y fechas informadas en esta sesión corresponden a los estados de obras observados durante el período en que ha estado a cargo del Ministerio y no a las proyecciones que las anteriores autoridades pudieran haber hecho.

Compartió con el Honorable Senador señor Muñoz Aburto que esta ley representa una verdadera revolución en el tratamiento del adolescente que infringe normas penales. Dada su importancia, para la instalación del mismo en nuestro medio se ha pensado en la conveniencia de establecer un grupo de expertos que haga el seguimiento de la misma.

Comprometió, además, su palabra en cuanto a realizar los esfuerzos necesarios para que dentro del nuevo plazo propuesto se cumplan las condiciones que aseguren la adecuada puesta en marcha de este nuevo sistema.

Por último, connotó que las institucionalidad recién creada corresponde a un “sistema en construcción”, es decir, de aquellos cuya ejecución o aplicación plena se alcanza en un período largo. De manera, dijo, que el plazo de un año adicional que se está solicitando corresponde a lo necesario solamente para que este sistema inicie su funcionamiento.

La Honorable Senadora señora Alvear estimó que por las consideraciones y antecedentes antes reseñados, resultaba procedente postergar la entrada en vigor de esta ley, más aún atendida la relevancia del sistema que se crea.

Consultó si estaban despejadas las dificultades que genera la frecuente resistencia de las distintas comunidades en las cuales se emplazan las construcciones destinadas al cumplimiento de condenas.

Por otra parte, acogió la idea planteada por el señor Ministro en orden a crear una comisión formada por expertos que se encargue de efectuar el seguimiento de la puesta en práctica de este nuevo sistema penal juvenil. Sobre este particular, propuso incorporar este mecanismo en el proyecto de ley en estudio, agregando que esta comisión informará trimestralmente a las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de ambas Cámaras.

El Honorable Senador señor Chadwick consideró atendibles estas proposiciones.

A continuación, la Honorable Senadora señora Alvear hizo presente que tenía algunas observaciones al contenido mismo del texto de la ley y consultó acerca de la posibilidad y la mejor oportunidad para someterlas a debate legislativo.

El señor Ministro de Justicia señaló que el Ejecutivo sería receptivo a este planteamiento en la medida en que exista acuerdo político que lo haga viable.

En cuanto a los puntos de emplazamiento de los centros semi-cerrados que aún faltan, informó que todos ellos están en desarrollo a excepción del de la VIII Región que pende de un informe del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, que versa sobre una interpretación del correspondiente plan regulador.

A continuación, el señor Ministro procedió a presentar una indicación del Ejecutivo para introducir un artículo 4º transitorio, nuevo, a la ley Nº 20.084, del siguiente tenor:

“Artículo 4º. Establécese una comisión formada por expertos, la que se encargará de evaluar la implementación de la presente ley e informar trimestralmente acerca del estado de avance de la misma a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Esta comisión será coordinada por el Ministerio de Justicia.”.

Finalizando el debate, el señor Presidente de la Comisión exhortó a aprobar el proyecto por unanimidad y recabó el acuerdo de la Comisión para enviar al Ministerio del ramo una relación de las tareas pendientes y de los compromisos asumidos para alcanzar una aplicación adecuada de la ley, lo que se acordó.

Enseguida, puso en votación el proyecto y la indicación presentada por el Ejecutivo.

La Comisión, por tres votos a favor y dos abstenciones, acogió la iniciativa en estudio y la referida indicación, incorporando, además, algunos ajustes de tipo meramente formal al texto originalmente propuesto.

Votaron a favor la Honorable Senadora señora Alvear y los Honorables Senadores señores Gómez y Muñoz, don Pedro. Se abstuvieron los Honorables Senadores señores Chadwick y Espina.

- - - - - -

En mérito del acuerdo precedentemente consignado, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento os propone aprobar en general y en particular el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley N° 20.084:

1. Reemplázase, en su artículo 1° transitorio, la expresión “seis meses” por “dieciocho meses”, y

2. Incorpórase como artículo 4° transitorio, nuevo, el siguiente:

“Artículo 4º. Establécese una comisión formada por expertos, la que se encargará de evaluar la implementación de la presente ley e informar trimestralmente acerca del estado de avance de la misma a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Esta comisión será coordinada por el Ministerio de Justicia.”.”.

- - - - - -

Acordado en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2006, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores José Antonio Gómez Urrutia (Presidente), María Soledad Alvear Valenzuela, Andrés Chadwick Piñera, Alberto Espina Otero y Pedro Muñoz Aburto.

Sala de la Comisión, a 10 de mayo de 2006.

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ

Abogada Secretaria de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA EL PLAZO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 20.084, SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL

(BOLETÍN Nº 4.197-07)

I.PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

1.- postergar un año la entrada en vigor de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, con el fin de facilitar el proceso de implementación práctica de las condiciones que la adecuada puesta en marcha de este nuevo sistema supone, y

2.agregar un nuevo artículo transitorio con el objeto de establecer una Comisión encargada de evaluar la puesta en práctica de la ley.

II.ACUERDOS: fue aprobado en general y en particular por la Comisión por tres votos a favor y dos abstenciones.

III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: la iniciativa consta de un artículo único compuesto por dos numerales.

IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.

V.URGENCIA: suma, a contar del 9 de mayo de 2006.

VI.ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Vicepresidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite constitucional.

VIII.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 9 de mayo de 2006.

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, aprobación en general y en particular, a la vez.

X.LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Valparaíso, a 10 de mayo de 2006.

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ

Abogada Secretaria de la Comisión

ÍNDICE

Constancias reglamentarias… 1

Antecedentes de hecho… 1

Antecedentes legales… 5

Discusión en general y en particular… 5

Aprobación en general y en particular… 21

Texto del proyecto de ley… 21

Resumen Ejecutivo… 23

Valparaíso, 10 de Mayo de 2.006.

Nº 26.888

A S.E. El Presidente de la Excelentísima Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de ayer, se dio cuenta del proyecto de ley que modifica el plazo de entrada en vigencia de la ley Nº 20.084, sobre responsabilidad penal juvenil, correspondiente al Boletín Nº 4.197-07.

En atención a que el proyecto mencionado dice relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Vuestra Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Hago presente a Vuestra Excelencia que, para los efectos de lo dispuesto en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 77 antes citado, la iniciativa legal en consulta tiene urgencia calificada de “suma”.

Adjunto copia del referido proyecto de ley.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

Presidente del Senado

JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA

Secretario General (S) del Senado

Santiago, 12 de mayo de 2006

Oficio N° 47

INFORME PROYECTO LEY 14-2006

Antecedente: Boletín N° 4197-07

Por Oficio N° 26.868, de 10 de mayo de 2006, el Presidente del H. Senado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 18.918 y lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, ha recabado la opinión de esta Corte respecto del proyecto de ley recaído en el Boletín N° 4197-07, el que modifica el plazo de entrada en vigencia de la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal juvenil.

Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 12 de mayo del presente, presidida por el titular don Enrique Tapia Witting y con la asistencia de los Ministros señores Ricardo Gálvez Blanco, Jorge Rodríguez Ariztía, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, señorita María Antonia Morales Villagrán, señores Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo y los Ministros Suplentes señora Margarita Herreros Martínez y señor Julio Torres Allú, acordó informar lo siguiente:

AL SEÑOR

PRESIDENTE DEL H. SENADO

DON EDUARDO FREÍ RUIZ-TAGLE

VALPARAÍSO

Al respecto, cúmpleme informar a V.E. que esta Corte Suprema, conociendo del aludido proyecto, no ve inconveniente en su aprobación.

Sin embargo, cabe hacer presente a V.E. que tanto la Corporación Administrativa del Poder Judicial como la Academia Judicial han incurrido en gastos que dicen relación con la implementación de la ley en referencia con cargo a fondos destinados a otros fines, los que deberán ser restituidos en su oportunidad.

Dios guarde a V.E.

Saluda atentamente a V.E.

Enrique Tapia Witting

Presidente

Carola Herrera Brummer

Secretaria Subrogante

POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el plazo de entrada en vigencia de la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal Juvenil , con urgencia calificada de "discusión inmediata" e informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

--Los antecedentes sobre el proyecto (4197-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 13ª, en 9 de mayo de 2006.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 15ª, en 10 de mayo de 2006.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).-

El objetivo principal de la iniciativa es prorrogar, hasta junio de 2007, la entrada en vigencia de la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Se propone, además, agregar a dicho cuerpo legal un nuevo artículo transitorio con el propósito de instituir una Comisión de expertos encargada de evaluar su puesta en práctica. Ésta deberá informar trimestralmente acerca del estado de avance de la normativa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Honorable Cámara de Diputados.

La Comisión de Constitución discutió en general y particular el proyecto por ser de artículo único y le dio su aprobación en los mismos términos por tres votos a favor (Senadores señora Alvear y señores Gómez y Muñoz Aburto) y dos abstenciones (Honorables señores Chadwick y Espina).

El texto correspondiente se consigna en la parte pertinente del informe.

Finalmente, cabe señalar que la Excelentísima Corte Suprema, consultada acerca del tenor de la iniciativa, informó que no ve inconveniente en su aprobación.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Pido autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, señor Edgardo Riveros Marín.

El señor ESPINA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Por supuesto, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Atendido que el Ministro de Hacienda asistió a la Comisión de Agricultura, no tengo impedimento alguno para que entren los Subsecretarios.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Gracias, señor Senador.

--Se accede a lo solicitado.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto.

Tiene la palabra al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Honorable señor Gómez.

El señor GÓMEZ.-

Señor Presidente , la Comisión analizó esta iniciativa presentada por el Ejecutivo cuyo objetivo es extender el plazo para la entrada en vigencia de la ley Nº 20.084, sobre Responsabilidad Penal Juvenil, lo cual fue solicitado por el Ministerio de Justicia.

El referido órgano legislativo, preocupado por el plazo fijado para la puesta en práctica de la ley, invitó al Ministro de dicha Cartera a fin de examinar las condiciones existentes para su implementación: la infraestructura, los programas de rehabilitación y de educación, los proyectos de construcción de algunos centros semicerrados, las capacitaciones y los medios con que contaban los diversos organismos dependientes de esa Secretaría de Estado, de la Fiscalía Nacional, de la Defensoría Pública y del propio Poder Judicial para que pueda entrar en vigencia la Ley sobre Responsabilidad Penal Juvenil.

El Ministro de Justicia estudió la situación y observó que había dificultades en tal sentido. Y, en función de eso, el Ejecutivo presentó este proyecto para postergar la entrada en vigor de la referida normativa. Dicho texto fue aprobado en la Comisión por tres votos a favor y dos abstenciones, determinándose, además, que no requiere quórum especial.

Es importante destacar, señor Presidente , que la ley entrará a regir el próximo 8 de junio. Por eso resulta necesario, de acuerdo con los antecedentes recibidos en la Comisión -que fueron escuchados y debatidos por todos los Senadores-, la postergación de su puesta en marcha.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.-

Señor Presidente , señores Senadores, el proyecto en estudio tiene por objeto, como se ha señalado, aplazar la aplicación de una normativa muy importante, cual es la nueva Ley sobre Responsabilidad Penal Juvenil.

No hace falta ahondar en la magnitud de dicha reforma, que viene a dejar atrás el subjetivo y tantas veces criticado procedimiento del discernimiento; que culmina con la impunidad de muchos hechos ilícitos de connotación social, y que implica mecanismos de protección y sanción que velen por una adecuada reinserción y rehabilitación de los menores.

Todo ello se encuentra contenido en la ley Nº 20.084, publicada en diciembre recién pasado y que debía entrar a regir en junio del presente año.

Sin duda, este aplazamiento significa no cumplir con el objetivo original propuesto y, en tal sentido, no es lo que idealmente hubiésemos querido. Sin embargo, me parece que tampoco hay que extremar los argumentos y caer en una crítica pequeña que no valore la trascendencia del cambio que tenemos enfrente y que se endose exclusivamente al Gobierno responsabilidades que, a lo menos, hemos compartido.

No es otro fracaso del Gobierno de Lagos, como algunos han señalado.

El señor CHADWICK.-

¡Es un éxito!

El señor PROKURICA.-

Un éxito atrasado.

El señor MUÑOZ ABURTO.-

Cualquiera que aprecie la magnitud de esa modificación legal y su impacto, tanto para los miles de jóvenes infractores como para la sociedad toda, tendrá que darse cuenta y reconocer que, probablemente, era muy utópico que dicha normativa entrara en vigencia en seis meses. Ello pudo y debió ser advertido no sólo por el Ejecutivo , sino también por los Parlamentarios que la revisamos en sus numerosos trámites.

Tal vez, la necesidad de contar con esta legislación y la presión de la ciudadanía produjeron cierta confusión y apresuramiento. Pero me parece que no corresponde ahondar en ello. La actitud que cabe esperar de actores políticos serios es reiterar la trascendencia de lo que se está haciendo y adoptar, en consecuencia, las medidas necesarias para que la ley sea implementada adecuadamente y a la brevedad posible.

Cuando se acometen grandes obras es factible incurrir en errores y es habitual que tengan lugar ciertos retrasos. Sin embargo, mucho peor es, por no emprenderlas, caer en la inercia, mantener las cosas en la forma en que están, como ocurrió en Chile por tanto tiempo.

¿Quién se atrevería hoy, por ejemplo, a cuestionar el retraso que experimentó la aplicación de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana, frente a la contundencia de contar con un nuevo sistema de enjuiciamiento criminal que se halla en vigor en todo el país y para el cual los chilenos debieron esperar más de un siglo?

¿Quién puede cuestionar el retraso que sufrió la tramitación legislativa del Plan AUGE, frente a la realidad de más de un millón de chilenos que se benefician con sus disposiciones?

Como dije, lo ideal en todas esas materias, y también en ésta, hubiera sido cumplir con los plazos. Pero ello no ha sido posible.

Sin embargo, me parece completamente atendible acceder a una prórroga de un año, considerando que ello permitirá la plena aplicación del texto en todos sus alcances, contándose con elementos tan importantes como la nueva infraestructura en centros semicerrados y los programas de rehabilitación en el consumo problemático de drogas.

Por esas razones, votaré a favor.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , éste debe ser uno de los casos más emblemáticos de la actuación negligente, y diría de negligencia inexcusable, por parte de los funcionarios del Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos.

El proyecto que dio origen a esta ley se inició el 6 de agosto de 2002. Tres años y ocho meses después fue despachado por el Parlamento.

Me imagino que las autoridades de Gobierno, cuando presentaron la iniciativa, ya tenían previstos los medios materiales y humanos que se requerían para su puesta en marcha.

En octubre de 2005, al despacharse la iniciativa, los miembros de la Comisión de Constitución de ese entonces (Senadores señores Andrés Zaldívar -actual Ministro del Interior -, Chadwick , Viera-Gallo y quien habla) preguntamos al Ministro de Justicia , señor Luis Bates , a la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores y a los representantes del Ministerio de Hacienda si podían garantizar que en el plazo de seis meses previsto para la entrada en vigencia de la ley estarían construidos los recintos cerrados y los recintos semicerrados -estos últimos constituyen el corazón de este cuerpo legal-; si se encontrarían preparados y capacitados los delegados para la libertad asistida; si se hallarían elaborados los programas de educación para la reinserción social; si se encontrarían preparadas las normas para capacitar a los jóvenes que fueran detenidos, de manera de hacerlos útiles a la sociedad y de insertarlos en el mundo laboral, y si estarían listos los programas de rehabilitación relativos al consumo de drogas. Y la respuesta unánime del Ministro Bates , de la Directora Nacional del SENAME y de los representantes del Ministerio de Hacienda fue que todo estaba en regla, que no nos preocupáramos.

Y al día siguiente de la promulgación de esta ley por parte del Presidente Lagos , efectuada en un período electoral y con bombos y platillos, el Ministro Bates sostuvo, en declaración de noviembre del año pasado: "Cuando en Junio próximo comience a regir la nueva ley, el Estado habrá invertido 41 mil millones de pesos en recintos para cumplir las sanciones privativas de libertad, 3 mil millones para contratar" a los fiscales, a los jueces, a los miembros del tribunal oral, y "9.600 millones" para cumplir con las normas de rehabilitación y reinserción social de los jóvenes.

Al iniciar sus sesiones el nuevo Senado, pedí al Presidente de la Comisión de Constitución , Senador señor Gómez , que invitara al Ministro señor Solís para que se refiriera al avance de cada una de las etapas.

Y las conclusiones, señor Presidente, son lapidarias.

Se señala que estaría concluido un recinto cerrado por Región. En cuanto a los recintos semicerrados -insisto en que constituyen lo más importante de la ley, porque se trata del lugar donde los jóvenes alojarán acompañados de un delegado que los preparará y capacitará para ser útiles a la sociedad-, de los 18 contemplados, sólo cinco se hallan terminados, y la construcción de los restantes finalizará en seis o siete meses, o en un año más.

En efecto, el de Antofagasta quedará terminado en enero de 2007; el de Copiapó, ni siquiera se ha definido el programa arquitectónico; el de La Serena, en enero de 2007; el de Limache, en enero de 2007; el de Concepción, debe determinarse su emplazamiento; es decir, aún no se empieza a construir.

Sin embargo, lo peor es que se está edificando sólo un recinto semicerrado por Región, cuando en aquel entonces la señora Directora Nacional del Sename nos dijo que ya existía uno.

En la Comisión nos preguntamos cómo haría un joven para rehabilitarse si tuviera que ir a dormir a un recinto semicerrado que, a veces, se encuentra a 200 ó 300 kilómetros de distancia del lugar donde él vive.

Y no sólo eso, señor Presidente.

¿Qué ha pasado con los programas de educación?

El artículo 17 de la ley Nº 20.084, cuando se refiere a la internación en régimen cerrado o semicerrado, dice que "considerará necesariamente la plena garantía de la continuidad de sus estudios básicos, medios y especializados, incluyendo su reinserción escolar, en el caso de haber desertado del sistema escolar formal, y la participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo personal.".

¿Qué nos contestan respecto del tema educacional?

Nos responden, lisa y llanamente, que no hay nada de nada.

El SENAME, por su parte, sostiene que no se disponía de los mecanismos que constituyeran respuestas eficaces para la educación -que es un elemento vital-, a fin de que los menores de edad, respecto de los cuales se manifiesta tanta preocupación, puedan reinsertarse socialmente.

Pero no sólo eso.

Todos sabemos que los jóvenes, en un alto porcentaje, caen en la delincuencia porque son adictos a la pasta base o a las drogas, y que rehabilitarlos es un deber de la sociedad. Pero nos dicen que "faltan dispositivos especializados para la atención de consumidores problemáticos y o abusivos de drogas en la mayoría de las regiones del país.". O sea, no existe un programa de rehabilitación.

En cuanto a la capacitación laboral, se señala como gran novedad que el SENCE y el SENAME elaboran "estrategias para favorecer al acceso de los y las adolescentes a la oferta de capacitación existente, mediante un trabajo a nivel local con los Organismos Técnicos Capacitadores.".

De otro lado, se nos informó que la fecha de licitación del programa es noviembre de 2006, pero la ley comienza a regir en junio.

Prácticamente todos los aspectos de la normativa en comento no se cumplen: se ofreció al país una legislación que entraría en vigencia en junio; se comprometió la palabra de honor de las autoridades del Gobierno, en el sentido de que todos los requisitos estaban cumplidos; se dijo que la aplicación de la ley era urgente -y así lo creo- para evitar el círculo vicioso de que los jóvenes, a muy temprana edad ¿como sucede en la actualidad-, perpetren delitos y a los pocos días estén de vuelta en las calles para transformarse en delincuentes habituales.

Por lo tanto, señor Presidente, todas las promesas hechas quedaron en nada. Y hoy nos encontramos con que el nuevo Gobierno se ve obligado a pedir la postergación por un año de la entrada en vigencia de estas normas.

Yo me pregunto:

¿Quién responde durante ese año por esos jóvenes que habrían tenido oportunidad de rehabilitarse, de ser útiles, de capacitarse, de poder contar con educación?

¿Quién responde por los cientos de jóvenes que quedarán en la calle y que carecerán de un proceso de reinserción social por ese lapso?

¿Quién responde por los ciudadanos honestos y honrados de Chile que seguirán siendo víctimas de delitos atroces, muchas veces cometidos por menores de edad que, a los pocos días de ser detenidos, son declarados sin discernimiento por un tribunal, mediante un procedimiento arcaico, sin ninguna medida de protección para ellos, y que luego vuelven a la calle y acaban convirtiéndose en delincuentes habituales?

¿Quién asume la responsabilidad política?

Todos levantan las manos, miran hacia atrás y dicen: "Nadie responde".

Por lo tanto, éste es el caso emblemático de autoridades de un Gobierno que actuaron con negligencia inexcusable, burlaron la fe pública, no cumplieron sus obligaciones, defraudaron al Parlamento y a la ciudadanía. Y, a consecuencia de ello, hoy nos vemos forzados a postergar una ley porque, de echarla a andar en las circunstancias actuales, ocurriría lo mismo que con los tribunales de familia: el colapso del sistema.

Y probablemente lo propio sucederá con los tribunales laborales: un sistema colapsado.

Igual ocurre con los tribunales de cobranza laboral y previsional, que son distintos: se hallan colapsados.

En consecuencia, yo sólo quiero señalar que éste es un fracaso rotundo de un Gobierno que al final de su período fue extraordinariamente bueno para cortar cintas, pero extraordinariamente malo para cumplir las obligaciones que asumió ante el país.

Éste es un grave retroceso en la lucha contra la delincuencia y, sobre todo, en los programas de rehabilitación y reinserción social para jóvenes.

Muy distinto era el caso de la reforma procesal penal, porque, en su época, se echó a andar de manera gradual y porque, sin duda, la gradualidad puede exigir perfeccionamientos.

Sin embargo, en este caso no hay gradualidad. Se dijo al país entero que la reforma entraba a regir en junio de 2006. Pero la realidad es que no sólo tiene que postergarse por seis meses, sino por un año más.

Debe, pues, quedar constancia de que la responsabilidad política de esa negligencia inexcusable corresponde a los Ministros que se comprometieron a poner en marcha la ley y no lo hicieron. Y la responsabilidad política de los hechos que ocurran durante el próximo año en materia de seguridad ciudadana y donde aparezcan involucrados menores también les cabrá a los Gobiernos de la Concertación, porque no cumplieron su compromiso ante el país.

Señor Presidente , me encuentro en la disyuntiva de rechazar la iniciativa en debate o abstenerme. En realidad, uno debería votarla en contra y decir: "¡Que el Gobierno asuma las consecuencias!". Pero, como quienes trabajamos en el proyecto pertinente sabemos que echar a andar el sistema en las circunstancias actuales implica colapsarlo porque no podrá operar, a lo menos yo me voy a abstener, como una clara señal de rechazo a la conducta reprobable de las autoridades de la Administración anterior que prometieron, frente a todos los chilenos, poner en marcha la legislación llamada "gran revolución del sistema procesal penal y regulación de las conductas ilícitas de los menores" y, al cabo de un tiempo, dejaron en evidencia que no se trataba más que de otra promesa incumplida.

Por las razones expuestas, anuncio mi abstención.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente , muy bien recordaba el Senador señor Espina que la ley que creó el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil inició su tramitación a mediados del año 2002. Desde ese preciso momento, en distintas instancias, tanto durante el trámite legislativo como en forma pública, permanentemente se les fue planteando a las autoridades del Gobierno anterior que, dada la importancia de la normativa, se debían tomar las medidas necesarias para garantizar y asegurar su adecuada implementación. Porque era una reforma de gran envergadura.

Me tocó formular un planteamiento a ese respecto en septiembre de 2004. En esa ocasión, como Senador y miembro de la Comisión de Constitución, expuse públicamente mi preocupación por los problemas de implementación de la futura reforma y por la garantía en cuanto a la existencia de los recursos indispensables para llevarla a cabo. El Subsecretario de Justicia de entonces, don Jaime Arellano , me contestó de manera también pública, aunque con una novedad: me dijo que estaba politizando el tema. ¡Vaya novedad y sorpresa en la respuesta! Y agregó que el primer semestre del 2006 el sistema estaría en pleno funcionamiento.

Con posterioridad, ante nuevas dudas e inquietudes que fuimos manifestando durante la tramitación del proyecto, en agosto de 2005 la Directora del SENAME del Gobierno pasado, doña Delia del Gatto , declaró públicamente que se encontraba por completo asegurada la capacidad para atender la nueva demanda que originaba la iniciativa, con un total de 1.610 plazas en el país. Y agregó algo que suena muy grave al escucharlo hoy: que sólo faltaba un centro en la Región Metropolitana...

El señor PROKURICA.-

Se confundió: estaba hecho.

El señor CHADWICK.-

Al parecer, la señora Directora se confundió.

A fines de noviembre, cuando el Presidente de la República promulga la ley en el Palacio de la Moneda, le garantiza al país su pronta e inmediata implementación y que todo iba a estar listo en junio del 2006. Y ese mismo día -lo recordaba el Senador señor Espina- el Ministro señor Bates da a conocer pormenorizadamente los recursos comprometidos para que en junio de este año empezara a regir el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil: 41 mil millones de pesos en recintos para cumplir las sanciones privativas de libertad; 3 mil millones para contratar fiscales, jueces, etcétera, y 9 mil 600 millones para el SENAME.

Todo estaba listo, comprometido públicamente, y en junio de 2006 -en pocas semanas más- el país podría ver la implementación de esa gran reforma.

Sin embargo, señor Presidente -y esto me parece también de especial gravedad-, al menos hasta el 11 de marzo último, cuando dejaron de cumplir sus funciones, luego de tres o cuatro meses de promulgada la ley, ni una de las autoridades del Gobierno pasado dijo nada sobre los problemas que se podrían estar viviendo: ni el Ministro Bates , ni el Subsecretario de Justicia , ni la Directora del SENAME , ni el Presidente de la República. ¡No se dijo nada!

¿Y qué ocurrió? Que la Comisión de Constitución del Senado planteó al Ministro de Justicia actual -lo hizo la Honorable señora Alvear - su preocupación por la implementación de la reforma. Nada habían dicho las autoridades pasadas. Y el Ministro señor Solís nos sorprendió al señalarnos con franqueza -porque nunca antes se nos señaló lo que estaba pasando-: "Es imposible implementarla. Se requiere una prórroga de la vigencia de la ley, y por un año más".

Le pregunté al Ministro de Justicia qué estaba ocurriendo, a su entender. Con mucha diplomacia, me expresó: "Deficiente programación".

Yo no tengo compromisos con la Concertación,...

El señor LETELIER.-

¡Algunos...!

El señor CHADWICK.-

...y me parece que en este caso no hay que ser diplomático.

¿Deficiente programación? No, señor Ministro. Algo más: total y completa ineptitud.

Más aun, como lo decía el Senador señor Espina: negligencia que no tiene justificación alguna. Porque estamos frente a una reforma de verdad trascendente, que contó siempre con el pleno respaldo de las fuerzas políticas existentes al interior del Congreso; respecto de la cual se hicieron todas las advertencias previas, públicamente y durante el trámite legislativo, en cuanto al financiamiento y a su implementación; en la que se asumió de manera pública todo tipo de compromisos, incluso informando sobre las cifras involucradas y la infraestructura que se estaba construyendo; que se firmó con toda una fanfarria, con bombos y platillos, en La Moneda -obviamente: era el 27 de noviembre, dos semanas antes de la elección presidencial-; acerca de la cual las autoridades del Gobierno pasado guardaron completo silencio con posterioridad a la promulgación de la ley; y en torno de la que, gracias a la inquietud del Senado, se comprobó que no se había hecho prácticamente nada.

Algunos ejemplos.

Me referiré primero a la infraestructura necesaria, y específicamente a los centros de reclusión semicerrados, elementos esenciales para el cumplimiento de la pena (el corazón de la reforma está quizá en esos lugares de reclusión). Y, a este respecto, debo corregir al Senador señor Espina, quien habló de 18. Entiendo que Su Señoría se haya equivocado, porque el listado oficial que nos entregó el Ministerio de Justicia dice "18"; pero se saltaron el número 16 (esto es bastante delicado; espero que lo corrijan; supongo que habrá sido un problema de secretaría). Entonces -para que no se vayan a equivocar después-, se trata de sólo 17 centros. De ellos, únicamente 5 están listos: 3 que ya existían y 2 nuevos. De los otros 12, recién se han iniciado las obras en 3. Y de los 9 restantes, sólo hay proyectos. O sea, en más de la mitad de los centros de reclusión semicerrados ni siquiera se habían iniciado las obras cuando faltaban dos a tres semanas para que la ley entrara en ejecución.

En materia de programas para la rehabilitación del consumo de drogas -otro elemento fundamental en el cumplimiento de la penalidad y de la rehabilitación de los jóvenes-, sólo se han implementado 9 programas: menos de 10 por ciento de lo que se dijo que se iba a implementar, no de lo que se necesita. En cinco Regiones no existe ningún programa de esa índole. Y en la mayoría de las Regiones no hay programas de rehabilitación para los consumidores problemáticos o abusivos, precisamente los que tienen problemas de delincuencia motivados por la droga.

Por último, tocante a la capacitación, en materia de monitores para la libertad vigilada asistida no existe prácticamente nada. ¿Programas para la ejecución de cursos laborales? ¡Ninguno! ¿Programas especiales para enseñanza en las escuelas? ¡Nada!

Y todos ésos son elementos esenciales de la reforma. Porque lo que hace ésta es cambiar el sistema tradicional de régimen cerrado por uno totalmente distinto, donde el centro del cumplimiento de la pena dice relación a la rehabilitación de los jóvenes. Pero en el hecho no se ha avanzado nada ni en materia de edificios ni en lo concerniente a capacitación.

Señor Presidente , en un tema de esta naturaleza no se puede argumentar que aquí hay críticas políticas, críticas menores, responsabilidades compartidas. Estamos en presencia de una de las reformas más importantes a nuestro sistema judicial, que contó con el respaldo de todos, que fue objeto de un trabajo muy bueno y que apunta a un elemento hoy día esencial en nuestra sociedad: cómo buscar mayor eficiencia para combatir la delincuencia juvenil -que en los últimos cinco años se ha triplicado-, pero, al mismo tiempo, cómo establecer un sistema que considere con dignidad la condición de la persona en relación a su edad y a sus circunstancias sociales, poniendo especial énfasis, no en un sistema estrictamente sancionatorio, sino en un sistema de justicia dirigido fundamentalmente a la rehabilitación de una vez por todas de los jóvenes y a su posible reinserción social. Y frente a una cuestión de tal envergadura no se pueden permitir ineptitudes como las descritas ni compromisos que no son reales.

Pero hay un hecho aún más grave, señor Presidente : aquí estamos en presencia de una conducta de incumplimiento de la ley a sabiendas. Porque, cuando veo el cronograma que nos entregó el actual Ministerio de Justicia con respecto a la construcción de los centros semicerrados, me resulta imposible concluir que las autoridades del Gobierno anterior hayan pensado o creído que se le podía dar cumplimiento en el plazo de seis meses. ¡Imposible!

Por lo tanto, considero que se dejó de cumplir una ley a sabiendas de que no se podía cumplir. Y eso, para una autoridad, es muy grave.

Tan claro era que no se iba a cumplir la ley y que era imposible ponerla en marcha, que el actual Ministro de Justicia nos propone un proyecto mediante el cual se prorroga la entrada en vigencia de la ley en un año. ¡El doble de los seis meses que planteó la Administración precedente! ¿Por qué? Porque era evidente que se necesitaba un plazo mucho mayor y porque sabían que no iban a poder cumplir.

¿Qué buscaron? ¿Qué pretendieron? ¿Por qué actuaron así? ¿Por qué hasta asumieron compromisos que no eran reales, sino falsos?

La única explicación posible es que sólo importaba la promulgación de la reforma antes de que terminara el Gobierno anterior. No hay otra explicación.

Por eso, señor Presidente , concluyo señalando que no se trata tan sólo de una deficiente programación. Aquí existe una burla al país, porque se comprometieron recursos e iniciativas que no eran verdaderos. Ha habido sobre el particular una ineptitud irritante, pues no se hizo ni lo mínimo. Y existe además un incumplimiento de la ley con plena conciencia, una irregularidad a sabiendas con respecto a las responsabilidades legales.

¿Quiénes se benefician? Los delincuentes. ¿Quiénes se perjudican? Las víctimas de la delincuencia, pero también los jóvenes que están en la situación irregular abordada por la ley, quienes deberán seguir y seguir esperando.

Señor Presidente -lo decía asimismo el Senador señor Espina-, no tengo más alternativa que abstenerme. Porque, sin duda, debe darse la prórroga solicitada, ya que de lo contrario los efectos serán aún más graves, peores. Pero me abstengo para manifestar nuestra protesta frente a esta burla, a esta ineptitud y a este incumplimiento de la ley, e igualmente, para dejar la puerta abierta, si existe la posibilidad institucional, a los fines de acreditar las responsabilidades de las autoridades que no dieron cumplimiento a la ley a sabiendas de que era imposible cumplirla.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor SOLÍS ( Ministro de Justicia ).-

Señor Presidente , habiendo hecho uso de la palabra todos los señores Senadores miembros de la Comisión,...

La señora ALVEAR.-

Yo, no.

El señor SOLÍS ( Ministro de Justicia ).-

Perdón, Su Señoría. Me habría encantado escucharla.

La señora ALVEAR.-

En seguida, señor Ministro.

El señor SOLÍS ( Ministro de Justicia ).-

Señor Presidente , debo hacer presente al Honorable Senado que el Ejecutivo presentó este proyecto fundado en los principios globales de la ley N° 20.084.

En general, en nuestro ordenamiento no existe una definición conceptual ni legal acerca de las finalidades propias de la pena. Ni en la Constitución, ni en el Código Penal, ni en legislación alguna donde se definan sanciones penales está contemplado el propósito que la sociedad ha tenido en vista en el momento de aplicar una medida de tal naturaleza a quien delinque.

Y ésa es una de las revoluciones de la referida ley, porque en ella sí se encuentran presentes los objetivos de la pena. Ésta es una legislación donde se define la finalidad de la pena como responsabilizadora, readaptadora y reintegradora del menor. Dejamos atrás las viejas teorías retributivas, referidas sólo al castigo, a esta civilizada y moderna forma del "ojo por ojo, diente por diente", para pasar de verdad a la aplicación de una sanción de imposición social, con una finalidad central basada en la rehabilitación. Aquí se funden las viejas teorías responsabilizadoras con las de prevención general y especial del moderno Código Penal.

Por eso, al constatar que no existe la posibilidad de aplicar de manera uniforme, en un solo momento y en todo el país, las medidas alternativas que dispone esta ley a los menores infractores, como una forma de resocializarlos, de responsabilizarlos y de reintegrarlos a la sociedad, el Ejecutivo ha estimado más que necesario, imprescindible, otorgar el plazo de un año para afinar hasta el último detalle la instalación de la reforma y el sistema que va a recibir a los menores.

Ante las palabras vertidas por el Senador señor Chadwick , en cuanto a que fui extremadamente diplomático al definir la actuación de la autoridad como "deficiente programación", deseo manifestar, en nombre del Gobierno, que no se trata sólo de diplomacia. Creemos que efectivamente hubo un error y una mala evaluación. Pero digámoslo con todas sus letras: la norma que hoy estamos modificando es transitoria y no dice relación con los elementos sustantivos de la ley ni altera un componente central del acuerdo político que la generó. Por lo tanto, si las autoridades de ese momento hubieran apreciado la situación debidamente y hubieran planteado al Congreso un plazo mayor a los seis meses, sin duda nadie se habría opuesto a concederlo, si era el indispensable para que las finalidades de la ley efectivamente se cumplieran.

Sin embargo, señor Presidente , ese error no es un fundamento para que este proyecto fracase. Las consecuencias de no aprobarlo son extraordinariamente graves en cualquiera de las dos hipótesis siguientes: una, que entre en funcionamiento un sistema, concebido para rehabilitar, que no está dotado aún para cumplir los objetivos que el Parlamento tuvo en vista al momento de aprobar la ley, y otra, que, si tuviéramos que corregir la norma legal en el futuro y suspendiéramos su aplicación, el vacío de jurisdicción que se generaría respecto de los menores que hoy día se enfrentan a la sanción penal sería tremendo. Por lo tanto, la aprobación de esta iniciativa es absolutamente indispensable.

Por ello, hago presente a los señores Senadores de Oposición, con todo respeto, que las posibilidades no son sólo votar en contra o abstenerse.

Lo que hoy día estamos construyendo entre todos es un sistema de jurisdicción penal para los menores, cuya finalidad es ejercer la prevención general en favor de las víctimas y la especial para rehabilitar a los infractores. Es un objetivo que tiene carácter nacional, que va más allá de las bancadas, más allá de las banderías, y que resulta indispensable, por un lado, para controlar el flagelo de la delincuencia y, por el otro, para recuperar a estos menores.

Señor Presidente, el Ejecutivo solicita respetuosamente al Senado la aprobación del proyecto, calificado con urgencia de "discusión inmediata", como un elemento esencial para terminar de construir, de manera reflexiva y pausada, un sistema de justicia penal responsabilizador de los menores, que de verdad cumpla con todos los objetivos que el Parlamento ha determinado.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente , quiero centrarme en el tema de la infraestructura, respecto al cual el Ministro señor Solís informó que el sector justicia, a través de la Subsecretaría de Justicia, ha efectuado inversiones que alcanzan los 38 mil millones de pesos, en orden a garantizar que en todo el país se cuente con centros especiales para adolescentes, que les permitan estar totalmente separados de los adultos.

Restan por gastar, pero están contemplados en el presupuesto del área, unos 3.700 millones de pesos en el diseño y construcción de un centro cerrado de privación de libertad en la Región Metropolitana.

El Secretario de Estado señala que, por primera vez en nuestra historia, se cuenta con un centro cerrado por Región (17 en total), exclusivo para adolescentes del nuevo sistema de justicia penal, y que se está en la fase de diseño de un nuevo centro para la Región Metropolitana, que vendrá a complementar los existentes.

Al mes de junio de 2006, en el país existe un total de 5 centros semicerrados, en las Regiones Primera (Arica e Iquique), Décima (Puerto Montt), Undécima (Coihaique) y Duodécima (Punta Arenas). Ello, sin contar que en enero de 2007 se entregarán, en teoría, 7 centros más, en las Regiones Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Décima (Valdivia) y Metropolitana (Calera de Tango y uno femenino). Los centros de las restantes Regiones se entregarán también durante ese año.

El Ministro de Justicia señaló que el SENAME preparó y capacitó al personal de los centros de administración directa y a los programas en medio libre, en las Nuevas Orientaciones Técnicas, que son el instrumento que contiene los modelos técnicos de intervención psicosocial, según línea programática. A ello hay que sumar que las defensorías públicas llamaron a licitación y los funcionarios del Poder Judicial se capacitaron en la materia, al igual que los fiscales.

En consecuencia, hay organismos y Regiones donde el trabajo ya se ha realizado. Entonces, ¿por qué se castiga a éstas si dieron total cumplimiento a su obligación?

Finalmente, señor Presidente , permítame consultar al Ministro de Justicia lo siguiente: ¿cuáles son los aspectos técnicos tan importantes que han impedido iniciar la vigencia de la ley en forma paulatina en las Regiones que cumplen con los requerimientos para su implementación?

¿Qué va a pasar con la infraestructura ya construida y entregada al SENAME durante el período de prórroga que se está pidiendo para la entrada en vigencia de la ley? ¿Cuáles serán los costos de mantener esos verdaderos "elefantes blancos" en cinco Regiones del país?

¿Esto quiere decir que, después del 8 de junio, los menores infractores de la ley seguirán paseándose libres y sin ser intervenidos por los organismos del Estado, que no han respondido cabalmente a la súplica nacional de sancionar a los menores que cometen delitos?

Estimo que debe buscarse una instancia intermedia para que no se piense que se concede un año sabático a estos menores para que sigan siendo impunes ante la ley, considerando que la actual legislación sólo sanciona livianamente a los mayores de 16 años por delitos de gravedad.

Por lo antes expuesto, opino que la ley debería ponerse en vigencia en las Regiones que cuentan con la infraestructura suficiente y con los organismos competentes debidamente capacitados para que ello ocurra, teniendo como principal base la experiencia de la reforma procesal penal, que se implementó progresivamente por Regiones.

En consecuencia, sólo me queda anunciar mi abstención y esperar que, en lo posible, dentro del año de postergación que se ha solicitado se dé cumplimiento de verdad al compromiso asumido.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.-

Señor Presidente , durante los Gobiernos de la Concertación se han llevado adelante los procesos de modernización al sistema de administración de justicia más importantes de los últimos cien años. De hecho, actualmente funciona en todo el país el nuevo sistema procesal penal, que ha significado un cambio radical desde una justicia inquisitiva a una acusatoria, transparente, con procesos públicos, donde quienes son víctimas tienen la posibilidad de contar con un fiscal que los represente en nombre del Estado, y en que existen defensores públicos eficientes.

Todo ello partió en la época en que el señor Presidente del Senado era el Primer Mandatario , y se logró concretar gradualmente, como se estipuló, durante el período del Presidente Lagos.

Quiero señalar que las miradas en torno a las obras de Gobierno deben ser hechas en su globalidad. Nunca antes se habían llevado adelante procesos de reformas tan sustantivos en diversos ámbitos.

Qué duda cabe acerca de que la modificación al sistema sobre responsabilidad penal juvenil es una tremenda necesidad, por cuanto la ley permite -¡ojo!- no que los adolescentes queden libres, como afirmó un señor Senador, sino que, por el contrario, se establezca como única sanción la pena privativa de libertad, lo cual es extraordinariamente complejo, a mi juicio, porque en muchos casos se trata sólo de primerizos.

Hecha esta afirmación, señor Presidente , me parece sumamente responsable de nuestra parte haber analizado la situación, a la luz de los antecedentes existentes hoy día, con el objeto de buscar la mejor forma para que la iniciativa pueda ser concretada de manera eficiente en el país.

No me cabe la menor duda de que la decisión -que el Senado debe tomar- de aplazar esta reforma en un año es inteligente, porque nos va a permitir aplicar una ley novedosa. Dicho sea de paso, yo no participé en esa discusión; si no, habría tenido tremendos reparos en que la responsabilidad penal partiera a los 14 años. Y hasta el día de hoy los tengo. Con mayor razón, entonces, debemos preocuparnos por que su implementación sea la adecuada.

También quiero agregar -porque aquí se trata de responsabilidades comunes- que el proyecto original del mensaje era distinto del que aprobó el Senado y, finalmente, el Congreso Nacional, lo cual es atendible, pues éste debe legislar a la luz de lo que el Ejecutivo propone, agregando lo que estime pertinente. Sin perjuicio de ello, modificaciones acordadas especialmente en el Senado, a mi juicio, introdujeron efectos preocupantes en la ley.

En primer lugar, se estableció que la privación de libertad no es una medida de último recurso. Se permite su utilización en muchas infracciones distintas, no todas ellas de gravedad. Ello me parece alarmante, y fue agregado en esta Corporación.

En la iniciativa del Ejecutivo , las sanciones en el medio libre eran la regla general, reservándose la privación de libertad para todos aquellos delitos que la propia normativa calificaba taxativamente de graves. Es más, incluso en dicha hipótesis, el proyecto original del Gobierno otorgaba al juez, cumpliendo ciertos requisitos, la posibilidad de sustituir la sanción por otra menos gravosa, e incluso revocarla cuando ello fuera más adecuado para la integración social del infractor. Estas últimas facultades judiciales fueron severamente limitadas en el Senado.

Cabe preguntarse si extender y aumentar la privación de libertad es una solución que previene de manera eficaz y sostenida en el tiempo la comisión de delitos o, por el contrario, perturba -como yo creo- seriamente la reintegración social del adolescente y provoca un daño irreparable en el desarrollo de su persona. Además, todos conocemos los efectos criminológicos que genera el encarcelamiento para todas las personas y, con mayor razón, para los adolescentes.

La ley despachada por el Senado no establece un sistema de sanciones autónomo distinto del de adultos, como sí lo hacía el proyecto del Ejecutivo. De manera tal que se ha creado un método híbrido en el que las sanciones de los jóvenes se fijan con relación a las que el Código Penal contempla para los adultos, rebajadas en un grado del mínimo previsto.

Por otra parte, falta un sistema diferenciado para sancionar a los jóvenes de 14 y 15 años, y los de 16 y 17 años. Tal materia sólo se trata de manera distinta para los efectos de la privación de libertad, única y exclusivamente para ese caso.

También se han restringido en exceso dos elementos que originalmente contemplaba la iniciativa del Gobierno: la mediación y los acuerdos reparatorios. En general, el sistema de justicia restaurativa está ausente en esta ley.

Por ende, señor Presidente, me parece muy importante que el proyecto se analice en su contexto global. Y no estoy eludiendo las afirmaciones realizadas en torno a algunos retrasos, que sí los hay.

Pero también debo decir, con mucha franqueza, que no es efectivo que no se haya hecho absolutamente nada.

Existen 17 centros cerrados listos, pero algunos semicerrados están atrasados en su construcción, lo que es preocupante, porque todos queremos que los jóvenes que infringen la ley por primera vez vayan a un recinto de este tipo.

Es probable que se haya pensado en su momento en el Servicio Nacional de Menores como medida transitoria -no estoy diciendo que fue así, pero pudo haberlo sido- para recluir a esos muchachos en los centros de la red de servicios de ese organismo.

Por otra parte, señor Presidente , no es dable sostener que nada se ha efectuado en cuanto al tratamiento de rehabilitación contra el consumo problemático de drogas. De hecho, durante este año se ejecutarán, en varias Regiones, nueve proyectos (siete financiados por el SENAME y dos, por el CONACE), con una cobertura de 460 plazas y un costo superior a 471 millones de pesos.

En relación con el SENCE y las posibilidades de trabajo de los jóvenes, desde junio de 2000 opera un convenio de colaboración que implica el traspaso de fondos al SENAME para la ejecución de cursos de capacitación laboral al interior de los centros privativos de libertad, de acuerdo con los requisitos establecidos (mínimo ocho jóvenes con permanencia superior a un mes, de 16 años y más). Contempla, además, recursos para becas individuales, en todas las Regiones, a jóvenes de programas de intervención ambulatoria. La distribución de aquéllas opera conforme a criterios de cobertura poblacional, territorial, edad y oferta.

Con esto, dejo establecido que no es efectiva la afirmación de que aquí no se ha hecho absolutamente nada. Y lo digo con mucha claridad: en primer lugar, durante la discusión de esa iniciativa -yo sé que el Ejecutivo es colegislador con el Legislativo, pero para aprobar los proyectos se requiere acuerdos-, varios de los consensos alcanzados, a mi juicio, desdibujaron muchos de los objetivos que el Gobierno contempló en el texto original.

En segundo término -y espero que todos los señores Senadores lo escuchen-, existen tremendas -¡tremendas!- dificultades para construir centros semicerrados. Pienso que ninguno de ellos se edificó sin que el alcalde de la zona, la comunidad o, incluso, Parlamentarios hayan marchado por las calles manifestando su oposición a esas instalaciones. Ello ha significado un retraso enorme en la construcción de centros para el Servicio Nacional de Menores y de recintos penitenciarios.

De manera que deseo poner en su justa dimensión la situación en la cual nos encontramos.

Señor Presidente , a diferencia de lo que ocurrió en la reforma procesal penal, en este caso lamentablemente no es posible la implementación gradual. Y no lo es, porque sería inconstitucional. Dicha reforma se refiere sólo a normas de procedimiento.

En cuanto a la normativa en comento, no puede haber un sistema que contemple la responsabilidad penal a partir de los 14 años en algunas Regiones, y en otras, uno que lo haga a partir de los 16. Francamente, eso no tiene viabilidad, aun cuando se considere aconsejable.

Por último, señor Presidente , señalo que se deben abordar varios temas para que la ley comience a funcionar en forma eficiente. Pero es extraordinariamente exagerado que, existiendo una obra tan importante como la emprendida en los últimos años en el país respecto de una reforma de la justicia tan contundente y reconociendo que se han producido retrasos en varios aspectos de la implementación de esta ley, se ponga en cuestión su cumplimiento o se afirme que se promulgaron iniciativas legales a sabiendas de que se iban a incumplir. Me parece que ése es un juicio extraordinariamente apresurado.

Finalmente, quiero recordar que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo , en su momento, tuvo severas modificaciones al interior del Congreso Nacional.

Por ello, votaré a favor de la postergación de la entrada en vigencia de la ley sobre responsabilidad penal juvenil.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , seré muy breve, puesto que las intervenciones de los Senadores señores Chadwick y Espina me ahorran gran parte de los comentarios que iba a exponer.

Sin embargo, considero necesario formular algunas reflexiones que pueden ser útiles por lo menos para entender cuál es nuestra inquietud y qué tan grave es el asunto.

Antes debo esclarecer que hay dos cosas que ahora no son objeto de controversia. No lo es, por un lado, el contenido de la ley original, cuyo diseño obedeció a un trabajo que tomó tiempo. Por cierto, se pueden haber buscado opciones consideradas discutibles, pero, con mucha voluntad, al final se llegó a consensos en cuanto a los contenidos legislativos que hoy día están o deberían estar a punto de entrar en vigencia. Siempre es posible abrir una discusión, pero a mi juicio no es éste el momento para hacerlo.

Y, respecto de los objetivos en sí mismos, tanto el Gobierno anterior como el Congreso Nacional llegaron a un acuerdo acerca de un proyecto que hoy día tampoco se procura modificar mediante la iniciativa que ha presentado el Ejecutivo.

Por otra parte, tampoco están en debate los enormes cambios en la administración de justicia, los cuales, además, son positivos. Muchos de ellos se han concretado con la gran participación y el aporte constructivo del Parlamento, donde la Oposición tuvo siempre la mejor disposición para trabajar. Incluso entidades privadas que no forman parte de la línea oficialista hicieron una tremenda contribución.

Lo anterior es importante y efectivo. Nadie lo está poniendo en tela de juicio.

Estamos hablando simplemente de la razón por la cual hoy día una ley de tanta envergadura, de larga tramitación, debe ser postergada. Y los antecedentes que conocemos sólo permiten arribar a una afirmación clara y definitiva: ha existido una gravísima negligencia, que demuestra una tremenda ineptitud de las personas que condujeron los aspectos ejecutivos del sistema. Porque si bien es posible realizar una discusión sobre algunos contenidos legislativos, el diseño de la normativa está bien hecho, bien pensado. Sin embargo, no están bien hechas ni bien pensadas la ejecución y la implementación del texto legal, ya aprobado por el Parlamento y a punto de entrar en vigencia.

Esto es lo que pienso que debe llamar la atención del Senado.

No parece razonable que proyectos de ley de esta envergadura, que deben ser implementados y ejecutados por el Gobierno -puesto que ésa es su tarea específica-, no puedan aplicarse porque no se hace bien el trabajo. Opino que es importante, por doloroso que sea desde un punto de vista político, admitir que eso es lo que ha ocurrido.

Es cierto que no todo está mal hecho; algunas cosas sí se hicieron bien. Pero de los informes que recibimos en la Comisión de Constitución -y participé en sus sesiones- queda claro que hay incumplimientos, totales o parciales, en varias materias. Los hay -como ya se ha dicho- en los centros cerrados de privación de libertad; los hay en los recintos para la internación en régimen semicerrado; los hay en la educación de los jóvenes privados de libertad; los hay en el tratamiento y rehabilitación del consumo de droga; los hay respecto de la institución de los delegados para el control de libertad asistida; los hay en los programas de capacitación laboral de los jóvenes infractores; los hay en la necesidad de reglamentos y otras normas para implementar la ley; los hay en los procesos de especialización y capacitación en distintas instituciones. Es decir, el diseño de ejecución de la normativa es un desastre. La anterior Administración no dio cumplimiento a aquello a lo cual se comprometió.

Lo insólito es que en agosto de 2005, durante la tramitación de ese proyecto, el Ejecutivo de entonces presentó la indicación número 210, tendiente a reemplazar el inciso primero del artículo 1º transitorio, la cual expresaba: "La presente ley entrará en vigencia el 2 de enero del año 2006".

¡Eso es lo que propiciaba el Gobierno anterior!

Y lo cierto es que, gracias a la intervención de algunas autoridades que pidieron mayor plazo para implementar el texto legal -entre otras, el Fiscal Nacional-, se fijaron seis meses.

La verdad es que ha habido una profunda negligencia de parte de quienes tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo la transformación de una de las materias de responsabilidad penal más complejas y delicadas que existen, cual es la de los jóvenes. Ello, por las razones que aquí se han dicho, a algunas de las cuales se refería, al fundamentar sus inquietudes, la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra.

La gravedad de la situación estriba en que hoy día nos hallamos postergando la necesaria legislación que debe regular la responsabilidad penal juvenil y, sin embargo, no vemos quién responde por esta negligencia, por esta ineptitud. Yo no he visto a nadie todavía hacerse cargo del hecho y decir: "Sí, lo hicimos mal. Fracasamos. No hemos sido competentes".

Y cuando en días pasados nosotros hemos formulado la denuncia pertinente mediante el análisis de varias obras que responden a la misma inquietud, se nos ha calificado de hacer una crítica mezquina o una crítica política.

Díganme Sus Señorías cuál es la mezquindad o cuál es el aspecto político al señalar que aquí hubo un tremendo fracaso en la implementación. ¿Dónde está la mezquindad? ¿Dónde aparece el aspecto político?

Lamentablemente, en varias obras de esta naturaleza podemos encontrar distinto nivel de gravedad en el incumplimiento. Son iniciativas que, desgraciadamente, se han desmoronado.

Cuando hicimos esas denuncias, el Ministro Secretario General de Gobierno , señor Ricardo Lagos Weber , respondió: "Bueno, no se ha desmoronado todo".

El señor PROKURICA.-

¡Casi todo!

El señor LARRAÍN.-

Y el vocero de Gobierno tiene razón. Sería injusto decir que se ha desmoronado todo. Pero su respuesta admite que algunas cosas sí lo han hecho. Resulta una paradoja, pero es así.

Me parece justo que alguien se vaya haciendo cargo de cada una de estas inquietudes, porque tenemos el derecho de hacer presente esta situación.

Además, lo ocurrido tiene que ver con otro problema que nos aqueja como país: no hacemos las cosas bien. La preocupación de trabajar bien debería ser parte fundamental de cualquier función, en todo ámbito: en la labor de un joven, de un adulto, de un profesional, de una madre. Siempre debemos hacer bien lo que emprendemos.

Aquí no ocurrió así, porque en lugar de perseguirse tal objetivo primó la intención, al final del Gobierno pasado, de hacer una obra electoralmente conveniente. El apresuramiento por sacar adelante iniciativas que no estaban maduras -como la ley de responsabilidad penal juvenil- llevó, por el vértigo electoral, por el vértigo del poder, al resultado que conocemos.

Algunos han dicho que se pretende dañar la imagen del ex Presidente Lagos. Por mi parte, deseo consignar que tengo gran respeto por su persona. Nadie podría decir que fue un mal gobernante. Pero seamos honestos: ello no significa que todas las realizaciones de su Gobierno estuvieron bien hechas. Y menos todavía aquellas más emblemáticas efectuadas al final de su mandato y que no resultaron bien, no por su responsabilidad, probablemente, sino por la de sus equipos de trabajo o de algunos niveles de Gobierno. Ciertamente hay responsabilidades compartidas.

Sin embargo, el dato del cual el país debe tomar conciencia es que cuando llegan las elecciones importa más ganar los comicios que un trabajo bien hecho. Y ese criterio electoralista, esa ambición ilimitada por el poder, son extremadamente dañinos.

No digo que solamente sea algo que padezcan algunos. Quizás sea un vicio más generalizado, porque responde a la condición humana. Pero lo cierto es que ocurrió.

La única explicación posible respecto de la situación que hoy día estamos viendo tiene que ver con un afán electoralista de avanzar más allá de lo posible solamente porque lo que interesa es el poder. Pienso que esta deformación debe ser corregida.

Y es bueno hacerlo presente ahora, cuando no hay elecciones por delante, sobre todo para que el actual Gobierno pueda disponer de tiempo y realizar bien su obra, de modo que no se llegue al final del período y, en la búsqueda desesperada de perpetuarse en el poder, se lleve a cabo cualquier cosa, a costa de engañar a la gente en el sentido de que existen iniciativas listas para entrar en acción, en circunstancias de que la realidad demuestra exactamente lo contrario.

Por eso me resulta muy difícil dar mi aprobación a este proyecto, pues, al igual que muchos colegas, no quiero hacerme responsable de la situación. Negar esta última sería peor, por cuanto significaría aceptar que se pusiera en vigencia un sistema malo, que se ha convertido en un desastre y que la actual Administración, según sus propios dichos, no se encuentra en condiciones de implementar. En consecuencia, no me queda otra opción que abstenerme, a pesar de que mi voto tendría que ser de rechazo, para dejar constancia ante el país de que las cosas mal hechas siempre deben ser repudiadas.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , creo que el único adjetivo calificativo que merece un proyecto de esta naturaleza es el de bochornoso. Me cuesta imaginar que su fin sea la postergación de una legislación tan relevante y debatida en este Senado como la concerniente a la responsabilidad penal juvenil.

Y corrijo a algunos Honorables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, pues la discusión del tema ni siquiera partió el año 2002. Recuerdo bien que cuando se vio la reforma procesal penal se señaló que el segundo pilar clave para modernizar el país y combatir la delincuencia era, precisamente, enfrentar esta última en el ámbito de la juventud y, en particular, a partir de la responsabilidad penal. Por lo tanto, su análisis comenzó hace por lo menos 10 años. Porque se planteó que ya a esa altura no era posible mantener un sistema en el cual la responsabilidad real nacía a los 18 años y donde, en la práctica, el amplio espectro de la delincuencia entre los 14 y los 18 años quedaba impune, ya sea a través de la figura del discernimiento, ya sea por resoluciones judiciales basadas en esa concepción.

Ello ha generado que en la última década y hasta ahora la delincuencia juvenil haya subido más de 500 por ciento. ¡Más de 500 por ciento! Ése es el costo país que ha significado la falta de una nueva normativa al respecto. Porque se ha producido el círculo vicioso, explicado por todos los especialistas, consistente en que, ante la evidencia de la impunidad de una conducta criminal que puede resultar lucrativa, quienes se encuentran en tal situación incurren en actos delictuales o son contratados por delincuentes mayores para cometerlos, cuestión absolutamente acreditada en todos los informes puestos en nuestro conocimiento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, durante la discusión pertinente.

Entonces, cuando se tiene presente que el principal problema de Chile ha sido durante mucho tiempo el de la delincuencia; cuando parte esencial del agravamiento de esa realidad se vincula con el aumento e impunidad de la delincuencia juvenil y la falta de rehabilitación de los hechores; cuando se decide realizar un esfuerzo gigantesco y se discute un proyecto durante 4 años, después de considerar múltiples informes sobre la materia, y cuando, a la postre, en medio de la alegría y los aplausos, se logra legislar y, teóricamente, implementar una legislación que por fin combatirá el incremento de la delincuencia juvenil, a mi juicio resulta bochornoso, señor Presidente , que dos semanas antes de su entrada en vigencia se diga que se necesita a lo menos un año más para su implementación.

Yo me he involucrado en el tema, porque siento que ahí está la raíz de muchos de los problemas de nuestro país. Es algo que tiene que ver con la formación y la rehabilitación de los jóvenes, con su inserción en la sociedad y en el campo ético, con la seguridad de miles de familias que han sido víctimas de este tipo de delincuencia, cuyo índice de crecimiento ha sido sostenido en el tiempo.

En consecuencia, cuando se presentan iniciativas como la que ahora estamos discutiendo, sólo caben dos conclusiones: o hay una ineficacia brutal o hubo una promesa demagógica electoral equivalentemente fuerte. No existe otra explicación para la ausencia de una implementación adecuada. Puedo entender que para la puesta en marcha de algún proyecto falte 10 ó 20 por ciento o se requiera gradualidad. Pero, según lo que hemos oído de los expertos, no es que aquí falte 10 ó 20 por ciento, pues hay rubros en los que la cifra asciende a 50 por ciento. Y puede mencionarse el caso de algunos de los centros de reclusión, o de la política antidrogas, o de la ejecución de planes educacionales, o del nombramiento de delegados, o de la preparación de las personas que deben participar en el procedimiento. O sea, no se trata de un asunto de 10 ó 20 por ciento, sino de un problema grueso, global, fuerte. Y eso, en lo personal, me parece inaceptable.

Por lo menos yo todavía tengo la capacidad de remecerme ante situaciones como ésta. Después de realizarse un gran esfuerzo en seminarios, en campañas, para plantear de cara a la opinión pública lo que se estaba haciendo, el que ahora resulte que todo queda para dentro de un año significa que durante 12 meses habrá muchas más posibilidades de que los delincuentes juveniles actúen con impunidad, que se registrará absoluta incapacidad para rehabilitarlos y que no contarán con ninguna alternativa educacional, a diferencia de lo que estaba previsto en los fundamentos del proyecto. Y eso -reitero- lo considero muy serio.

Por lo mismo, señor Presidente , soy contrario a la postergación. Creo que hay un minuto en que uno tiene que asumir o hacer asumir la responsabilidad. De lo contrario, se dará la sensación de que, cada vez que se falle, cada vez que se prometa lo imposible, cada vez que haya ineficiencia, habrá un Parlamento benévolo que arreglará el enredo y, como en este caso, por la vía de mayores plazos, permitirá seguir postergando la solución de uno de los principales problemas que enfrentan nuestros compatriotas.

Participo del espíritu del nuevo sistema y siempre que me lo requirió la autoridad colaboré con ideas, conceptos y puntos de vista para enriquecer el proceso. También seguí en detalle la participación de los expertos. Por otra parte, he revisado las actas y no encontré en ellas ni una consideración del Ejecutivo en cuanto a las dificultades que podría haber para la implementación de la ley en seis meses, aun con modificaciones respecto del texto original. En ninguna instancia se advirtió que la aplicación del sistema podría sufrir un retraso. Las únicas prevenciones provinieron del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, que hicieron presente que ese plazo podía suponerles dificultades en sus tareas propias, desde una perspectiva económica. Sin embargo, el Gobierno de la época dijo tener solucionados esos problemas y quedó constancia de que tales aprensiones eran infundadas.

Al igual que muchos colegas, señor Presidente , llevo algún tiempo en el Parlamento, mas no recuerdo otro caso en que, a dos semanas de la entrada en vigor de un cuerpo legal, se deshagan un trabajo y una esperanza de décadas. Podrán decirme que el sistema igual va a estar implementado en un año más, pero yo pregunto quién responderá por los siguientes 12 meses, quién responderá por los delincuentes juveniles y su falta de rehabilitación, que, evidentemente, se hará sentir en millares de familias chilenas.

Por las razones expuestas, voy a votar en contra del proyecto.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente , algunos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra fueron elocuentes al expresar que en los Gobiernos de la Concertación se ha llevado a cabo en nuestro país la reforma más importante de los últimos cien años a la legislación penal. Y es cierto.

También se dijo que tal proceso había comenzado durante el mandato de Su Señoría como Presidente de la República. Yo recuerdo que se inició en forma efectiva, eficiente, sin gran parafernalia, pero avanzando de modo sistemático en lo que hoy se ha logrado concretar en muchos aspectos.

Y, principalmente, se planteó que la ley cuya entrada en vigencia se intenta postergar mediante la iniciativa en debate merece observaciones.

Considero legítimo que haya distintos puntos de vista al respecto. Me consta que el esfuerzo legislativo para alcanzar ese logro fue relevante -y toda normativa es perfectible en el tiempo-; pero me quedo con lo manifestado por el propio señor Ministro de Justicia , quien resaltó las bondades de dicho cuerpo legal.

Después de esas consideraciones, quiero referirme a algo que se ha expresado en forma reiterada: nadie está cuestionando la ley en análisis, ni tampoco el esfuerzo que en el ámbito de la justicia se ha realizado en los últimos 16 años. Aquí estamos hablando -lo repito una vez más- de la incapacidad de cumplir un compromiso, una meta, un proyecto.

Me ha llamado la atención que los Honorables señores Chadwick y Espina coincidieran en señalar que, en su momento, en hacer presente que el tiempo establecido para la implementación de esta ley les parecía muy breve, pero que tal duda fue tajantemente desvirtuada por las autoridades de Gobierno de la época, en el sentido de que estaba todo acotado, todo definido, todo delimitado, todo financiado.

Pues bien, tanto durante el período en que se discutía eso -y aun antes-, como en la actualidad, la seguridad ciudadana era, es y va a seguir siendo en el futuro inmediato un asunto central. Por consiguiente, el compromiso de llevar adelante esa legislación en un plazo de seis meses llenó de alegría y esperanza a quienes deseábamos que se materializara.

Entonces, ¿cómo entender ahora que, a pocos días de su puesta en marcha, de su implementación, nos enteremos de que aquello que se informó de manera terminante no correspondía a la realidad?

Podría decir que me sorprende, pero no tanto. Porque, hace poco, los Parlamentarios de la Quinta Región tuvimos conocimiento de que una obra también trascendental, emblemática para la zona, como es la del acceso sur al puerto, se encuentra atrasada, por notable coincidencia, en un año. Y esto se dio a conocer, igualmente, de la noche a la mañana. Hasta semanas antes nada hacía pensar en una demora, y de pronto nos encontramos con una postergación de doce meses.

Así que el lapso de un año parece haberse convertido en un factor común de algunos proyectos.

Por eso, me extraña que las expresiones de descontento, molestia o inquietud vertidas esta tarde con relación a la iniciativa que nos ocupa sean calificadas como "crítica pequeña".

Es decir, nuestras palabras constituyen una "crítica pequeña". Y la defensa de lo indefendible pareciera ser una "defensa grande".

Se ha sostenido que la iniciativa que dio origen a la ley de que se trata habría sido utópica. Lo escuché aquí en la Sala. Si se parte aceptando que algunos proyectos son utópicos, indefinidos o que no existe capacidad para sacarlos adelante, no debieran llegar al ámbito del debate parlamentario.

Asimismo, creí percibir que se pretendía endosar a los legisladores alguna suerte de responsabilidad en la aptitud ejecutiva para llevar a la práctica los compromisos involucrados en los cuerpos legales. Y esto sí lo encuentro rayano en un exceso casi inaceptable dentro de la discusión en el Congreso. Nosotros participamos en el debate de las distintas iniciativas y en la elaboración de sus normas de acuerdo con la conveniencia de la sociedad en un instante determinado. Pero postular que, además, controlemos si la ejecución de las obras se está efectuando en forma adecuada excede con largueza nuestras responsabilidades. Y quiero dejar esto particularmente claro.

Si el problema central era y es la seguridad ciudadana, ¿cómo se entiende el hecho de que se haya producido una incapacidad por parte del Gobierno del ex Presidente señor Lagos precisamente en una materia atinente a un área central de aquélla?

Y, respecto de otro punto, ¿cómo se entiende que se ponga urgencia a un proyecto para otorgar libertad condicional a gente que se encuentra condenada por acciones de carácter terrorista?

¿Cuáles son las señales que el Gobierno está dando frente a una de las mayores preocupaciones de la gente: la seguridad ciudadana?

¿Estamos demostrando que no somos capaces de implementar los dispositivos que hemos analizado y pretendido llevar adelante? ¿Estamos tratando de modificar normas que en este momento se están aplicando por los tribunales de justicia?

¿Qué podemos decir a los choferes de micros asaltados por muchachos en los distintos recorridos que cumplen en nuestras ciudades? ¿O al conductor del camión que transitaba por la ruta hacia el sur y que fue atacado por una horda que hablaba un extraño idioma, y a quien le incendiaron el vehículo y que ha relatado, con temor, el riesgo a que estuvo expuesta su vida?

¿Qué explicación es factible entregar a esas personas? ¿Qué señales estamos dando con este tipo de iniciativas y con la incapacidad de cumplir con lo que legislamos?

Por eso, señor Presidente , a fin de dejar testimonio en el Senado de la inquietud, indignación e impotencia de la gente a la cual represento, anuncio que votaré en contra de esta postergación.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , en verdad uno no deja de tener presente la herencia que el Gobierno recién pasado dejó al actual. Por eso quiero iniciar mis observaciones haciendo una sucinta enumeración de proyectos que fueron inaugurados con notable despliegue de prensa y alto costo desde el punto de vista de la difusión, pero que, a poco andar, se han visto postergados o no están funcionando como corresponde.

El plan Transantiago se va a retrasar por más de un año; la Alameda, principal arteria de la ciudad de Santiago, se encuentra totalmente deteriorada, según los informes técnicos pertinentes; hay vías concesionadas que en menos de un año están saturadas y no están funcionando bien; los Tribunales de Familia se hallan atochados; los trenes se descarrilan y llegan de vez en cuando -entre comillas- a Puerto Montt; las cárceles licitadas no serán entregadas dentro de los plazos fijados; el puente sobre el Cachapoal, en la ruta 5 Sur, construido hace menos de dos años, presenta fallas y está en peligro de ser cerrado.

Y ahora estamos tratando la postergación de la reforma del procedimiento sobre responsabilidad penal juvenil. En este caso se han invertido más de 38 mil millones de pesos. Algunas localidades ya han implementado su recinto especial. Así ocurre en Arica, Iquique , Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas. Se me ha informado que en Coihaique, incluso, hay 4 jóvenes internados. Sólo falta que los gendarmes se integren al centro de diagnóstico y juren la próxima semana, para empezar inmediatamente a cumplir sus labores.

Entiendo la dificultad de implementar esta reforma de manera gradual. En el caso de la procesal penal, el procedimiento era distinto; sin embargo, las penas se mantuvieron. En la que nos ocupa no habría igualdad ante la ley y, por lo tanto, es muy difícil hacerlo -prácticamente imposible-, porque sería inconstitucional.

En esta materia, cabe preguntar qué destino se dará a esos recintos y si el Gobierno tiene capacidad real para implementar su uso antes de un año.

Además, no deja de preocuparme, en términos generales, no sólo el costo de lo que va a significar para la sociedad chilena la gran cantidad de obras y proyectos postergados o que no están funcionando, sino también saber cuánto tiempo van a distraer de su corto período gubernamental las actuales autoridades en defender a la Administración anterior. Porque eso sí que me parecería muy grave, por su responsabilidad ante la ciudadanía y los otros Poderes del Estado.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señor Presidente , escuché con atención a los Senadores de la Concertación cuando expresaron dos órdenes de ideas. Y considero necesario precisarlas y dar a conocer una opinión absolutamente contraria.

En primer término -como decía el Honorable señor Larraín -, no está en debate el mérito de la ley cuya entrada en vigor se trata de posponer. Todos nosotros, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, contribuimos a perfeccionar una normativa que consideramos esencial para establecer, por una parte, la responsabilidad penal de los jóvenes mayores de 14 años; y, por otra, las políticas rehabilitadoras, que son fundamentales para poner término a su carrera delictual. Eso no está en discusión.

Todos hemos contribuido a su dictación, y queremos que una normativa de este tipo pueda verdaderamente ayudar a combatir la delincuencia y a dar tranquilidad y serenidad a nuestros hogares, familias y barrios.

En segundo lugar, ha habido -lo hizo en forma directa un señor Senador de la Concertación- el intento de atribuir responsabilidades tanto a ésta como a la otra rama legislativa.

Quiero rechazar de la manera más enérgica esa afirmación, basada en hechos absolutamente falsos. Me consta que en el debate tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se consultó reiteradamente a las autoridades del Gobierno del Presidente Lagos acerca de un aspecto que considerábamos esencial: la infraestructura y la capacitación para poder llevar adelante la ley de responsabilidad penal juvenil.

No se nos escapaba en ese debate la necesidad de que existieran centros de detención semicerrados en cada una de las Regiones. De hecho, consulté específicamente por la situación de la Octava Región. Y en todo momento, tanto en Comisión como en Sala, los representantes del Ejecutivo de entonces -particularmente el Ministro señor Bates- fueron reiterativos y tajantes para decir que el grado de cumplimiento del Gobierno era estricto, y que, al momento de entrar en aplicación la nueva ley de responsabilidad penal juvenil, todo lo necesario estaría disponible.

Por lo tanto, rechazo de la manera más tajante cualquier atisbo de atribuir responsabilidad a Parlamentarios de Oposición y a los congresales en su conjunto. En esta Sala y en la de la Cámara de Diputados, en las Comisiones de Constitución de ambas ramas -según consta en actas-, las autoridades de la Administración del Presidente Lagos aseveraron que era un hecho que todo lo necesario estaría disponible y que nadie debía tener dudas al respecto.

Nuestra actitud de abstenernos y no compartir la aprobación de la iniciativa junto con los Parlamentarios de la Concertación se relaciona con un elemento que estimo esencial en todo debate político y en la interacción que debe existir entre el Congreso y el Gobierno: la necesaria credibilidad que uno debe tener frente a las autoridades del Ejecutivo , en el sentido de que lo que se dice en esta Sala, en la Cámara de Diputados y en las Comisiones sea verdaderamente cierto.

Es más: ¿Alguien puede afirmar que el día en que se promulgó la ley, en un acto en La Moneda, el Ministro de Justicia de entonces desconocía la situación de que nos da cuenta el actual titular de la Cartera sobre los centros semicerrados?

Cuando uno lee ese listado y se da cuenta de que, en el mejor de los casos, las obras se van a iniciar en enero de 2007, nadie puede creer de buena fe que ese Secretario de Estado , en noviembre del año 2005, no tenía conocimiento de esta situación. De igual forma nadie puede sostener que en ese entonces desconocía lo que pasaba con cada uno de estos centros abiertos de que da cuenta el informe.

Por lo tanto, hay un problema cierto de credibilidad, de respeto, de llegar a acuerdos y establecer políticas en conjunto. Y necesariamente nuestra bancada tiene que expresar su rechazo a esa omisión, a esa negligencia, a esa falta de respeto y a esa falta de credibilidad, porque, a pesar de tener conocimiento de que las obras no tenían posibilidad alguna de iniciarse en enero de 2007, las autoridades las daban por hechas y por ciertas sólo por un afán de anunciar una política relevante en época electoral. Eso nos lleva a expresar nuestra abstención, como una manera de protestar por tal actitud, particularmente la del Ministro de Justicia de la época, expresada en sus discursos, en especial el día en que anunció la promulgación de la ley en La Moneda.

Es esa falta de credibilidad la que nos lleva a abstenernos, porque no podemos ser partícipes de una situación de esta naturaleza.

La legislación que informa la nueva responsabilidad penal juvenil en nuestro país es un elemento que consideramos esencial, fundamental y absolutamente necesario. Pero, para llevarla a buen fin, tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben confiar en que estamos caminando juntos, cada uno en sus tareas, para que esto verdaderamente funcione y se concrete de manera adecuada.

La ausencia de credibilidad está expresada en el cuadro que nos ha entregado el actual Ministro de Justicia, en que se demuestra, fuera de toda duda, que se ocultó información fundamental sólo por favorecer un criterio electoral, en una ceremonia celebrada en La Moneda, en el mes de noviembre del año 2005.

Por lo expuesto, me abstendré.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , quiero ser muy breve en esta oportunidad, básicamente porque el tema de fondo planteado en el curso del debate de esta tarde es que, sin justificación -y presumo que con los antecedentes del caso- las propias autoridades trataron de implementar un proyecto que era inviable. A ello se suman diversas iniciativas adicionales, en ese mismo contexto y en esa misma línea.

Pero al menos quería dejar constancia en la Versión Oficial, sin ahondar en el tema, porque lo planteé el día de ayer.

A nivel regional, existen varios proyectos que han seguido la misma suerte. Como estamos muy cerca de que se cumpla un año desde el terremoto en Tarapacá -fue un 13 de junio-, particularmente me preocupa que, en las mismas condiciones y en similar ambiente de la reforma procesal juvenil, se haya implementado el plan de reconstrucción de la Región que represento. Y si observamos lo que se ha concretado de él, en verdad no difiere demasiado de lo que ocurre esta tarde, al tener que votar la prórroga.

Por lo tanto, deseo dejar establecido que también se tendrá que rendir cuenta respecto de ese tipo de proyectos. Porque aquí las autoridades deben asumir con responsabilidad y competencia los compromisos que contraen con la comunidad y, particularmente, con el país en materias tremendamente sensibles.

Por esa razón, señor Presidente , me voy a abstener. Porque, en definitiva, sin perjuicio de que se deba implementar la legislación de fondo, ha habido serios errores en su ejecución que muchas veces escapan a las posibilidades de control del Parlamento.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

En votación electrónica.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente , ¿por qué no manda tocar los timbres?

Hagamos votación nominal, mientras llegan algunos señores Senadores que se encuentran fuera de la Sala.

El señor NÚÑEZ.-

Podríamos pronunciarnos nominalmente, señor Presidente.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Estamos en votación electrónica. No se puede cambiar.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor NÚÑEZ.-

Sí. Faltan varios, señor Secretario.

El señor PIZARRO.-

¿Se va a votar en forma electrónica o nominal? Porque todavía hay señores Senadores que no han llegado a la Sala.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Estamos en votación.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente , suspenda la sesión por 2 minutos.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Conforme al Reglamento, por ningún motivo se puede suspender la votación.

El señor PIZARRO.-

¿Cómo que por ningún motivo, señor Secretario , si aún no estamos en votación?

Yo, como Comité, al igual como lo es el Honorable señor Sabag, pedí votación nominal. Y entendí que así se procedería.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

El señor Presidente dijo "En votación", y me dio la orden de tomarla electrónicamente.

El señor PIZARRO.-

Sé que el señor Presidente expresó "En votación". Pero si se revisa la Versión Taquigráfica se apreciará que solicité votación nominal. Ése es el enredo que existe.

Otros dos Comités han pedido lo mismo. Por lo tanto, señor Presidente , le ruego que suspenda la sesión por dos minutos.

El señor LETELIER.-

Votemos altiro.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente , en nombre del Comité Renovación Nacional también solicito suspender la sesión por tres minutos antes de votar.

El señor LETELIER.-

No se puede suspender, pues estamos votando.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Para que Sus Señorías se ordenen un poco, suspenderé la sesión por dos minutos, porque es muy caótico trabajar así.

)--------------------(

--Se suspendió a las 18:23.

--Se reanudó a las 18:24.

)------------(

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Continúa la sesión.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (17 votos a favor y 14 abstenciones) y queda despachado en este trámite.

Votaron a favor los señores Alvear, Escalona, Flores, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.

Se abstuvieron los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Kuschel, Larraín, Matthei, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.

- O -

El señor PROKURICA.-

Al votarse el proyecto sobre prórroga de la entrada en vigor de la ley sobre responsabilidad penal juvenil, dos señores Senadores de la Alianza por Chile se pronunciaron y no quedaron registrados.

Lo hago presente, no sólo a propósito de esa votación, sino también porque, a mi juicio, el sistema resulta extraordinariamente poco confiable. No es la primera vez que ocurre un problema similar.

Nadie cuenta los votos cuando no se necesitan con exactitud para cumplir cierto quórum. Pero, en ese caso, con sólo revisar se ve que faltó considerar a dos Senadores, los Honorables señores Longueira y Arancibia , quienes estaban en la Sala y se pronunciaron.

El señor ÁVILA.-

Mi voto tampoco se contó.

El señor PROKURICA.-

Entiendo que lo mismo le sucedió al Senador señor Ávila.

A mi juicio, los votos de Sus Señorías modificarían el resultado de la votación.

El señor LARRAÍN.-

Y aunque no lo modificaran.

El señor PROKURICA.-

Aunque no lo modificaran.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Habría que agregar al resultado los votos de los tres Senadores que estaban en la Sala.

La señora MATTHEI.-

¡Que se repita la votación!

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

No, señora Senadora. Proclamada la votación, no se puede repetir.

La señora MATTHEI.-

En oportunidad anterior se hizo.

El señor KUSCHEL.-

¡Hoy no se puede...!

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , reglamentariamente, sí se puede repetir la votación, porque en este caso hubo Senadores que estaban en la Sala, que emitieron su voto y que no quedaron registrados.

En consecuencia, debería procederse igual como se hizo hace dos semanas con el Senador señor Flores. Porque entiendo que el trato es el mismo para todos.

El señor KUSCHEL.-

Al parecer, no es el mismo.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente , sin duda hay un problema con el registro. Ya lo tuvimos en otra oportunidad con el Honorable señor Flores, quien, estando en la Sala, al momento de darse a conocer el resultado de la votación no figuraba en el listado.

La dificultad que tenemos ahora es distinta, porque, si bien se trata del mismo problema -o sea, colegas que sostienen haber votado pero no quedaron registrados-, estamos analizando otro asunto.

La señora MATTHEI.-

Nos acercamos altiro a la Mesa, señor Senador.

El señor PIZARRO.-

Ahora, si hubiera acuerdo unánime, podríamos votar de nuevo.

Entiendo que al Honorable señor Ávila le pasó lo mismo.

El resultado de la votación no va a cambiar. Pero, efectivamente, tenemos un problema con el sistema electrónico.

Yo pedí en el momento oportuno que la votación fuera nominal, porque, sabiendo que normalmente los resultados son estrechos, nos habría evitado problemas en caso de que algún Senador llegara tarde, de que no funcionara el sistema o de que alguien no votara.

Imagino que en esta Corporación siempre tenemos voluntad para revisar los acuerdos. Sin embargo, el inconveniente que existe para repetir la votación ahora radica en que Senadores que sí votaron no están en la Sala en este momento. Entonces, volveríamos a tener la misma dificultad.

El señor PROKURICA.-

¡Llámenlos a todos!

El señor GAZMURI.-

¡Hay que aprender a manejar el aparato para votar...!

El señor ROMERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , debo recordar que cuando se produjo la situación del Senador señor Flores, quien, estando presente en la Sala, no votó, yo pedí la palabra y señalé que, conforme al precedente existente sobre la materia, no era factible repetir el proceso, porque la votación estaba terminada. Sin embargo, ese planteamiento no fue acogido por la Mesa, que ordenó efectuar de nuevo la votación.

Sólo quiero puntualizar que no es posible volver a votar, pues el proceso pertinente ya concluyó.

No obstante, existiendo claridad en cuanto a que el pronunciamiento de tres señores Senadores no quedó registrado en el sistema electrónico, propongo, no repetir la votación, sino agregar las abstenciones de los Honorables señores Arancibia y Longueira y el voto, probablemente favorable, del Senador señor Ávila.

No veo de qué otra manera se puede cumplir una norma que ha sido invariable en esta Corporación.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , cuando ocurrió la situación a que aludió el Honorable señor Romero y usted determinó que se había producido un error -era el caso del Senador señor Flores-, yo estuve de acuerdo con la Mesa en que se repitiera la votación, porque, independiente del resultado, había un error que justificaba realizarla de nuevo a fin de que se recogieran fiel y genuinamente los diversos pronunciamientos.

Ése fue el criterio de la Mesa y de todo el Senado, en particular de las bancadas de la Concertación, que veían en ese minuto un riesgo acerca de un proyecto.

Hoy no existe riesgo para la iniciativa, pero sí en cuanto al precedente. Y, en mi concepto, los senados, y en general las instituciones, se validan cuando los procedimientos son iguales en circunstancias similares.

Por eso, señor Presidente , pido que se repita la votación. Si hay dificultades porque ahora no se encuentra presente la misma cantidad de Senadores que se pronunciaron antes, podemos hacerlo mañana. Pero me parece que se debe realizar de nuevo la votación. Eso es lo que corresponde de acuerdo con el criterio de la Mesa y lo pertinente en una institución seria.

El señor PIZARRO.-

Lo que interesa también es el momento del reclamo. Ésa es la gran diferencia.

La señora MATTHEI.-

¡Fuimos altiro a la Mesa!

El señor LARRAÍN.-

Lo hicimos de inmediato, pero justo empezó a intervenir el Canciller.

El señor PIZARRO.-

Entonces, el Presidente tendría que haberlo planteado inmediatamente.

El señor ÁVILA.-

Es mejor agregar los votos.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , la diferencia con la situación que se produjo en el caso del Honorable señor Flores radica en que en dicha oportunidad nos percatamos de inmediato y la votación se repitió con los mismos Senadores que estaban en el Hemiciclo la primera vez.

La señora MATTHEI.-

Hoy también fuimos altiro.

El señor GAZMURI.-

En este momento, por desgracia, no existe la misma composición de la Sala, Honorable colega.

La señora MATTHEI.-

Entonces, que se vote mañana.

El señor PROKURICA.-

Sí.

El señor LARRAÍN.-

Se hizo presente la situación de inmediato.

El señor GAZMURI.-

Está bien.

El señor ÁVILA.-

Es mejor agregar los votos.

El señor NÚÑEZ.-

¿Puedo hacer una pregunta al señor Secretario ? Porque tengo la impresión de que en aquella oportunidad no se repitió la votación.

La señora MATTHEI.-

Sí se repitió.

El señor NÚÑEZ.-

Estoy preguntándole al señor Secretario. Agradezco mucho la memoria de los Senadores de enfrente...

El señor COLOMA.-

¡Estamos ansiosos por ayudarlo...!

El señor NÚÑEZ.-

...pero el Secretario es el ministro de fe para estos efectos.

El señor LARRAÍN.-

¡Su Señoría tiene memoria selectiva: se acuerda de lo que le conviene...!

El señor PIZARRO.-

Se puede añadir los votos.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Efectivamente, Senador señor Núñez, en esa oportunidad se repitió la votación. Es lo que recuerdo. Y también consulté al respecto al Oficial Mayor y al Oficial de Actas.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , uno de los criterios para formalizar la votación y evitar todos estos tropiezos es que, cuando se prevea un resultado estrecho, se pida que ella sea nominal, y que, ante una materia de amplio consenso, se proceda con el mecanismo electrónico.

El proyecto en que se objeta el resultado es muy especial. En determinado momento pedimos votación nominal, pero ya se había iniciado la electrónica.

Ése es el primer principio.

En segundo lugar, no veo probable repetir la votación. Al menos habría que conversar el punto y tendría que existir consenso entre las distintas bancadas, pues por la vía de la repetición podemos alterar el resultado, en la medida en que el Senador señor Flores no está. Acaba de llegar; el Senador señor Ávila, también.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , votemos ahora.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Señores Senadores, el Reglamento establece de manera clara que las votaciones no se repiten. Como la vez anterior ello se hizo, se tomará votación nominal de inmediato, sin que ello constituya precedente.

En votación nominal.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general y particular el proyecto (18 votos a favor y 16 abstenciones).

Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Escalona, Flores, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.

Se abstuvieron los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.

Valparaíso, 16 de Mayo de 2.006.

Nº 26.960

A S.E. El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Con motivo del Mensaje, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de Vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley N° 20.084:

1. Reemplázase, en su artículo 1° transitorio, la expresión “seis meses” por “dieciocho meses”, y

2. Incorpórase como artículo 4° transitorio, nuevo, el siguiente:

“Artículo 4º. Establécese una comisión formada por expertos, la que se encargará de evaluar la implementación de la presente ley e informar trimestralmente acerca del estado de avance de la misma a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Esta comisión será coordinada por el Ministerio de Justicia.”.”.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado

?VALPARAÍSO, 17 de mayo de 2006

El Abogado Secretario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que suscribe, CERTIFICA:

Que el proyecto de ley, originado en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que “Suspende la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.”, boletín N° 4197-07 (S), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue aprobado por esta Comisión, en segundo trámite constitucional, con la asistencia de los Diputados señor Pedro Araya Guerrero (Presidente), señora Laura Soto González y señores Juan Bustos Ramírez, Guillermo Ceroni Fuentes, Edmundo Eluchans Urenda, Cristián Monckeberg Bruner, Nicolás Monckeber Díaz, Patricio Walker Prieto y Felipe Ward Edwards.

En reemplazo de los Diputados señores Alberto Cardemil Herrera, Antonio Leal Labrín, Jaime Mulet Martínez y señora Marisol Turres Figueroa asistieron los Diputados señora María Angélica Cristi Marfil y señores Rodrigo González Torres, Eduardo Díaz del Río y Gonzalo Arenas Hodar, respectivamente.

Concurrieron a la sesión el señor Isidro Solís Palma, Ministro de Justicia, la señora Verónica Baraona del Pedregal, Subsecretaria de Justicia, y los señores Fernando Dazarola Leichtle, Jefe del Departamento de Asesoría y Estudios del Ministerio de Justicia y Decio Mettifogo Guerrero, Jefe de la División de Defensa Social del mismo Ministerio.

Sometido a votación el proyecto tanto en general como en particular, fue aprobado por mayoría de votos ( 7 votos a favor, 5 votos en contra y 1 abstención), en los mismos términos propuestos por el Senado.

Votaron a favor los Diputados señora Soto y señores Araya, Bustos, Ceroni, González, Díaz y Walker. Votaron en contra los Diputados señora Cristi y señores Arenas, Monckeberg Bruner, Monckeberg Díaz y Ward. Se abstuvo el Diputado señor Eluchans.

La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal para lo cual designó como Diputado Informante al señor Guillermo Ceroni Fuentes.

Cabe hacer presente que en la sesión de 9 de mayo recién pasado, la Comisión recibió una exposición de motivos de parte del señor Ministro de Justicia y la opinión favorable a esta prórroga del señor Defensor Nacional Público, del Director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores y del Jefe del Área de Tratamiento de Rehabilitación del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. Con posterioridad, durante el debate en el seno de la Comisión, se llegó al acuerdo unánime de votar este proyecto en la sesión especial a que se citaría una vez despachado éste por el Senado.

Finalmente, la Comisión dejó constancia que el proyecto no contiene normas que sean de rango orgánico constitucional o que requieran ser aprobadas con quórum calificado, como también que su disposición única no es de la competencia de la Comisión de Hacienda.

El texto aprobado es del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley N° 20.084:

1.- Reemplázase, en su artículo 1° transitorio, la expresión “ seis meses” por “dieciocho meses”, y

2.- Incorpórase como artículo 4° transitorio, nuevo, el siguiente:

“ Artículo 4°.- Establécese una comisión formada por expertos, la que se encargará de evaluar la implementación de la presente ley e informar trimestralmente acerca del estado de avance de la misma a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Esta comisión será coordinada por el Ministerio de Justicia.”.

EUGENIO FOSTER MORENO

Abogado Secretario de la Comisión

POSTERGACIÓN DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 20.084, SOBRE SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADOLESCENTES. Segundo trámite constitucional.

El señor LEAL ( Presidente ).-

A continuación, corresponde considerar, en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de “discusión inmediata”, el proyecto de ley, originado en mensaje, que suspende la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Guillermo Ceroni.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, boletín N° 4197-07 (S), sesión 27ª, en 17 de mayo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta N° 2, de esta sesión.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el señor diputado informante.

El señor CERONI .-

Señor Presidente , en representación de la Comisión de Constitución, legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de ley que suspende la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal.

Concurrieron a la Comisión el señor Isidro Solís , ministro de Justicia ; la señora Verónica Baraona , subsecretaria de dicha cartera; la señora Paulina Fernández , directora del Servicio Nacional de Menores; el señor Eduardo Sepúlveda , Defensor Nacional; el señor Alfredo Bañados , director nacional de Gendarmería de Chile , entre otros.

En el mensaje, se hace presente que el Gobierno ha puesto la política pública sobre la infancia y la adolescencia en el centro de las prioridades. Fruto del consenso que existió, se aprobó en el Congreso Nacional la ley sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2005.

El mensaje señala que una preocupación fundamental de todos los intervinientes en el proceso de discusión de dicha ley fue contar con un sistema adecuadamente preparado para su aplicación. En efecto -explica-, la ley en cuestión ha previsto un sistema especializado de juzgamiento y sanciones para los adolescentes que infrinjan la ley penal entre los 14 y los 18 años de edad.

Manifiesta que este sistema especializado se basa en una serie de disposiciones que exigen una respuesta muy fina del mismo, que permita la efectiva reinserción social de los adolescentes infractores de la ley penal.

Asevera que la especialidad implica centros privativos de libertad diferentes y enfocados exclusivamente en los adolescentes, que posibiliten una intervención orientada a la plena integración social. Significa también que el procedimiento de persecución penal debe recoger las especificidades de la etapa adolescente considerando, por ejemplo, el lenguaje juvenil, con estándares que garanticen que las audiencias sean entendidas cabalmente por el adolescente imputado y se conviertan en parte de su proceso socioeducativo.

Finalmente, implica la especialidad de todos los actores del sistema de justicia, desde las policías hasta los jueces, pasando por fiscales, defensores, educadores de los centros y delegados de libertad asistida, todos los cuales han de estar capacitados tanto en los aspectos legales de esta crucial reforma como en, quizás aún más importante, los ámbitos criminológicos y de inserción social.

En definitiva, esto tiene que ser todo un sistema que realmente permita cumplir con el objetivo, no sólo de sancionar, sino también -y fundamentalmente- de reinsertar al infractor de entre catorce y dieciocho años de edad.

El ministro de Justicia nos explicó que existen notables avances en diversas áreas del proceso de implementación de la ley Nº 20.084, pero que también hay retrasos en la construcción de algunos centros semicerrados, por lo que se estableció que el inicio de la entrada en vigencia de esa ley, el próximo 8 de junio -según la norma vigente-, presentaría diversos problemas, pues no se contaría con la oferta suficiente de centros semicerrados en todas las regiones.

Además, hay otras áreas en que existe déficit, como, por ejemplo, en el área educacional de algunos de los centros existentes y en el tratamiento de rehabilitación de drogas en la mayor parte del país.

Asimismo, el ministro nos explicó que la implementación de esta ley ha significado trabajar muchos temas, como, por ejemplo, los normativos. En el fondo, se trata de que la legislación sea la adecuada para lo que significa la implementación de esta ley en materia reglamentaria, administrativa, de circulares, de convenios, de decretos y de funcionamiento de los distintos centros.

Incluso, se estableció una mesa de justicia penal adolescente, coordinada por el Ministerio de Justicia, en que se han creado diversas comisiones de trabajo. Una situación similar se ha producido en materia informática y estadística, aspecto que se ha logrado implementar.

La Defensoría Penal Pública nos informó que ha capacitado y especializado a sus defensores en cursos que se iniciaron el pasado 15 de marzo, los que tendrán una duración de dos meses.

El Poder Judicial también ha efectuado capacitación, de manera que su personal esté adecuadamente preparado para enfrentar la entrada en vigencia de esta ley. La Academia Judicial es la encargada de realizar los cursos de especialidad, incluso, los licitó a través de todo el país.

En cuanto al tema espacial y de infraestructura, nos informó que, a través de la Subsecretaría de Justicia, se han efectuado inversiones que alcanzan los 38 mil millones de pesos para garantizar que se cuente con centros especiales para adolescentes en todo el país, que permitirán que éstos se encuentren totalmente separados de los adultos.

Falta por gastar -aunque están contemplados en el presupuesto del sector- cerca de 3.700 millones de pesos en el diseño y construcción de un centro cerrado de privación de libertad en la Región Metropolitana.

Además, nos señaló que, por primera vez en nuestra historia, cuentan con un centro cerrado por región. En total, son diecisiete centros, exclusivos para adolescentes del nuevo sistema de justicia penal. En este momento, se está en fase de diseño de un nuevo centro para la Región Metropolitana, que vendrá a complementar los actualmente existentes.

Los antecedentes sobre lo que se ha avanzado son conocidos, especialmente a través del informe del Senado, porque el de la Cámara de Diputados es muy escueto.

¿En qué áreas tenemos déficit? En la que tiene que ver con la infraestructura de los centros semicerrados, que es fundamental. Naturalmente, sin ella, la ley no puede funcionar de manera adecuada.

El plan de inversiones en centros semicerrados contempla lo siguiente: a junio de 2006, habrá un total de cinco centros en la Primera, Décima , Undécima y Duodécima regiones.

En enero de 2007, se agregarán siete centros más en la Segunda, Cuarta , Quinta , Sexta y Décima regiones, y en la Metropolitana, en Calera de Tango, un centro femenino.

En mayo de 2007, se agregarán al circuito dos centros más en las regiones Séptima y Novena . Adicionalmente, en noviembre de 2007, en la Región Metropolitana, se contará con otros centros semicerrados para varones. Los dos centros restantes están sujetos a aspectos técnicos en la Tercera y Octava regiones.

En materia de centros semicerrados, a junio de 2006 solamente habrá cinco. Es decir, tendremos un gran déficit en todas las otras regiones. Eso hace muy difícil implementar la ley sobre responsabilidad penal juvenil.

No sólo en el área anterior hay déficit. También lo hay en educación. Actualmente funcionan 12 escuelas en centros privativos de libertad, de 17 que tendrían que haber. Explicó el ministro , que la oferta es insuficiente, toda vez que no contempla todos los niveles educativos. Hay poco interés en esta materia. ¿Qué alternativa hay en estudio para solucionar este problema? Una adecuación legal para que el Mineduc cuente con una subvención especial que otorgue un incentivo adicional a los sostenedores educacionales, puesto que, tal como está la situación, los distintos establecimientos educacionales o sostenedores no se interesan por cumplir con todo un programa educacional para la reinserción social de estos jóvenes.

Asimismo, se piensa en modalidades a través del programa Chile Califica o que directamente el Sename asuma la oferta de los centros donde no se cuente con sostenedores interesados en impartir la educación, lo que es necesario.

Otro tema muy importante es el tratamiento de rehabilitación del consumo de droga, y ahí tenemos otro déficit. Durante el año 2006, explicó el ministro , se están ejecutando nueve proyectos. Siete financiados por el Sename y dos por el Conace, con una cobertura de 460 plazas y con un costo total de 471 millones de pesos, en las regiones Primera, Segunda, Quinta , Sexta , Octava , Décima y Metropolitana. Faltan más dispositivos especializados para la atención de consumidores problemáticos y/o abusivos de drogas.

Allí hay una gran falla y debemos tener en cuenta que la ley establece en su artículo 7º que el juez estará facultado para establecer como sanción accesoria a las penas señaladas, siempre que sea necesario en atención a las circunstancias de los adolescentes, la obligación de someterlos a tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol. Es decir, el juez puede ordenar que se le rehabilite, que se le someta a tratamiento, pero tenemos un gran déficit en ese sentido.

Según estudios realizados por el Sename y el Conace, de los infractores de la ley penal entre los 14 y los 17 años de edad, un 70 por ciento presenta consumo de drogas ilícitas, y dentro de este porcentaje, un 50 por ciento es consumidor de varias sustancias adictivas. Es decir, los infractores a la ley penal adolescente, en un gran número, son consumidores de drogas ilícitas y, por lo tanto, van a necesitar rehabilitación.

Por todo esto, se ha propuesto la postergación de la entrada en vigencia de la ley Nº 20.084. Así, en definitiva, en su artículo 1º transitorio se propone reemplazar la expresión “seis meses” por “dieciocho meses”, con lo cual su entrada en vigencia sería el 8 de junio de 2007.

En el Senado se incorporó el siguiente artículo 4º transitorio, nuevo: “Establécese una comisión formada por expertos, la que se encargará de evaluar la implementación de la presente ley e informar trimestralmente acerca del estado de avance de la misma a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Esta comisión será coordinada por el Ministerio de Justicia.” La idea es que la Cámara de Diputados y el Senado cuenten con información cabal sobre el avance de la implementación de la ley N° 20.084, de manera de tener todo preparado para su aplicación el 8 de junio de 2007.

El proyecto fue aprobado, en general y en particular, por 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, en los términos propuestos por el Senado.

La Comisión deja constancia de que el proyecto no contiene disposiciones de rango orgánico constitucional o que requieran ser aprobadas con quórum calificado ni que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS .-

Señor Presidente , estamos en presencia de un proyecto cuyo objetivo único es postergar por un año la entrada en vigencia de una importante reforma, que permitirá enfrentar un problema que afecta a nuestra sociedad: la infracción a la ley penal por parte de adolescentes.

Todos estamos contestes en que el actual sistema mediante el cual se da tratamiento punitivo y se rehabilita a los adolescentes infractores de la ley penal es malo porque es decimonónico y funciona mal. Todo demuestra que la determinación del discernimiento no tiene lógica alguna desde el punto de vista de la rehabilitación y del efecto punitivo que se persigue. Por ello, hubo consenso en la necesidad de reformar el sistema.

Habla bien de los gobiernos de los Presidentes Eduardo Frei Ruiz-Table y Ricardo Lagos haber puesto este tema en el debate y, después de largas tramitaciones y de presentar preproyectos, haber acordado, a mediados del año pasado, una reforma sustancial y estructural al sistema. Durante muchos años se dijo que había que cambiarlo, pero no se hizo nada. Sin embargo, en esos dos períodos presidenciales se tomó la decisión política, estructural y de financiamiento destinada a ese propósito.

Ahora, postergar la entrada en vigencia de una ley como ésta no es una buena noticia. Por tanto, no cabría sostener que el presente proyecto es positivo. No obstante, las informaciones que en las comisiones técnicas han dado el ministro de Justicia y la subsecretaria de esa cartera, la directora del Servicio Nacional de Menores y los representantes de Gendarmería indican que dicha postergación es indispensable, a fin de que la ley se aplique en un régimen de funcionamiento correcto.

Se creyó, de buena fe, que la ley podría comenzar a regir a contar del 8 de junio próximo, pero las dudas que se manifestaron respecto de algunas construcciones y de ciertos cursos de acción demostraron que ello no será posible, y no es bueno que una reforma de esta magnitud entre a la vida del derecho con una mano amarrada o caminando a medias. Ello no obsta reconocer con honestidad que tampoco es bueno que al momento de determinar su entrada en vigencia en el plazo original del 8 de junio próximo -que todavía está vigente-, se haya errado en el diagnóstico -de buena fe-, por temas de constructibilidad y de disposiciones financieras. Por eso, es conveniente que quienes deben hacerse cargo de la implementación de este cuerpo legal sean capaces de decir que es preferible que se aplique de forma completa y no a medias. Esta situación es parecida a lo que ocurrió cuando se suspendió por seis meses la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en Santiago, y, hoy, todos coincidimos en que fue una buena decisión, haciendo salvedad de lo ocurrido, porque estamos en un buen momento desde el punto de vista de la seguridad pública. Eso lo ha tenido presente el Ministerio de Justicia y el Gobierno al pedir esta postergación.

Este proyecto apunta a la seguridad ciudadana. Lo que pasa es que en el país hablamos poco acerca de estos temas cuando no estamos cerca de una campaña electoral. Ahora estamos lejos. Entonces, el tema de la seguridad es menos “marquetero”; pero, como es importante, siempre hay que aludirlo.

Ayer, el Ministerio del Interior entregó un buen informe sobre denuncias de delitos de mayor connotación social, que dice -textualmente-: “La tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social (Dmcs) -todos sabemos cuales son: homicidios, robos con fuerza, etcétera-, correspondientes a enero-marzo de 2006, registra una baja de -1,6 por ciento (de 605,94 a 596,47 casos cada 100 mil habitantes) en comparación con igual trimestre del año anterior.” Es decir, con el trimestre móvil, no con el inmediatamente anterior. Ésa es una muy buena noticia de lo que pasa en el país con la seguridad ciudadana.

A su vez, el Conace acaba de entregar una encuesta sobre prevalencia en el consumo de drogas. Si uno mira los cuadros comparativos -es bueno hablar con información- respecto de la evolución en los últimos años de la prevalencia de las tres drogas que más se consumen en nuestra sociedad, marihuana, pasta base y cocaína, podrá apreciar que el consumo de marihuana durante 2000 y 2004 se ha mantenido, el de pasta base también registra una situación similar y el de cocaína, incluso, una baja. No todos los países pueden contar, después de implementar durante de 6 ó 7 años un plan estratégico, que las tendencias de consumo o prevalencia empiezan a detenerse.

Entonces, si uno considera que en el segundo trimestre hay una baja en los delitos de mayor connotación social en la prevalencia del consumo, si empezamos a discutir un tema muy importante desde el punto de vista orgánico cuál es un nuevo Ministerio Público o un Ministerio del Interior en una versión más de seguridad pública, si evaluamos ciertas buenas cifras de los cuadrantes con la necesidad de mayor gestión de los mismos, uno se da cuenta de que, como Estado, como sociedad, estamos empezando a dar ciertos pasos que indican resultados concretos de mejoría en un tema central de la cotidianeidad de los chilenos, que es la seguridad pública. Desde esa perspectiva, hay un tema también muy importante que es el ingreso en régimen de esta ley, porque todos sabemos que en Chile tenemos un problema con los menores infractores. Hay un alza en la comisión de delitos y tenemos una ecuación casi perfecta, según algunos datos, entre consumo de droga e infracción delictual de menores.

Por ejemplo, un estudio de la Fundación Paz Ciudadana, cuyos datos no han sido discutidos por nadie, revela en una muestra hecha en la zona sur de Santiago porcentajes altísimos de relación entre consumo de droga y acto delictual.

Todo indica que si no estamos en condiciones de entregar a un menor infractor primerizo la oportunidad de rehabilitarse, por ejemplo, a través de cursos adecuados -de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, no estamos bien preparados para eso-, es preciso postergar la puesta en marcha del sistema de responsabilidad penal de los adolescente. No nos podemos hacer los lesos. No vamos a sacar a los menores del delito por el simple hecho de llevarlos a un sistema cerrado, semi cerrado o de libertad asistida. Si esos jóvenes no tienen capacidad para reinsertarse, estamos haciendo mal nuestro trabajo, porque nadie en el país entenderá que el problema de los jóvenes infractores o delincuentes -como otros los denominan- es un problema de la sociedad. Por ende, esta postergación, que obviamente es una novedad, una mala noticia para quienes trabajamos en este proyecto, es indispensable desde el punto de vista de apostar a un buen camino, al mismo que estamos siguiendo como Estado, cual es empezar a derrotar la inseguridad ciudadana.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.

El señor ELUCHANS.-

Señor Presidente , como se sabe, en el Código Penal se establece que el menor de 16 años, y el mayor de 16 y menor de 18 años, está exento de responsabilidad penal, a menos que conste que ha obrado con discernimiento.

Como la delincuencia es una de las más graves lacras de nuestra sociedad y, lamentablemente, los jóvenes entre 14 y 18 años, representan uno de los mayores porcentajes por acciones delictivas, cuando el año pasado se discutió y aprobó en este Congreso Nacional, el proyecto de ley N° 20.084, hubo mucha satisfacción en toda la ciudadanía, puesto que, con la dictación de la ley, se atacaba ese serio problema.

Nosotros la consideramos adecuada, porque dispone que los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años tendrán un tratamiento especial, que no sólo se refleja en las penas establecidas, sino también en varios procedimientos que la normativa contempla. Por ejemplo, que la justicia penal para los adolescentes -así llama la ley a los jóvenes de entre las referidas edades- deberá ser especializada, que las policías deberán capacitarse, y que para el cumplimiento de las penas deberán construirse centros especiales semicerrados, etcétera. Todo esto, que es muy positivo y vino a llenar un vacío legal, se discutió largamente. Asimismo el artículo 1° transitorio, donde se estableció que la ley entraría en vigencia dentro del plazo de seis meses después de su publicación. Aunque en ese entonces no era diputado , supe que, inquiridas al respecto las autoridades de gobierno y de Justicia de la época, éstas dieron las seguridades más plenas de que la ley estaría en aplicación dentro de ese plazo de seis meses.

Sin embargo, poco tiempo antes de cumplirse, nos enteramos de la triste noticia -como la llamó el diputado Burgos - de que no podrá entrar en vigencia, porque no se han cubierto requerimientos en cuanto a educación y preparación de los jueces, de las policías, y a la construcción de los centros semicerrados.

En consecuencia, mi la bancada repudia enérgicamente esta postergación y levanta su voz de protesta por esta nueva negligencia de los gobiernos de la Concertación, particularmente del gobierno del Presidente Lagos. Aquí se discutió el asunto, que era de la mayor trascendencia, y se dieron las seguridades de que en el plazo de seis meses entraría en vigencia la normativa.

La ley se publicó días antes del proceso eleccionario de diciembre. No quiero hablar de buena o de mala fe -como dijo el diputado Burgos -, pero aquí, realmente, hubo aprovechamiento político por la cercanía de las elecciones, lo cual nos parece grave y censurable. Por eso, reitero, la bancada de la UDI repudia y protesta por esta postergación.

Este repudio y esta protesta la vamos expresar a través de algunos votos en contra del proyecto y de abstenciones. Yo, particularmente, me voy a abstener, porque si esta iniciativa llega a rechazarse, nos vamos a encontrar con la insostenible situación de que debe entrar en aplicación la ley y eso no es posible.

He dicho.

El señor LEAL ( Presidente ).-

Señoras diputadas y señores diputados, hay quince diputados inscritos para hacer uso de la palabra. El Orden del Día termina a las 12.50 y con ello se cierra el debate, por lo que los señores diputados que no hayan hecho uso de la palabra deberán solicitar a la Mesa la inserción de sus discursos en el Boletín de Sesiones.

Por lo tanto, propongo prorrogar el Orden del Día hasta las 13.20, que cada diputado haga uso de la palabra por cinco minutos y, posteriormente, cerrar el debate.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor Presidente , este proyecto inició su tramitación el 6 de agosto de 2002. Tres años y ocho meses tardó en ser despachado por el Congreso Nacional, en octubre de 2005.

En el entretanto, más de seis veces la bancada de Renovación Nacional pidió públicamente que se calificara la urgencia para la tramitación del proyecto, porque la urgencia la estaban dando las cifras sobre el constante incremento de la delincuencia juvenil.

Sin embargo, hoy, este proyecto se ha transformado en el modelo más auténtico de lo que puede ser una actitud negligente del Ejecutivo. Para ir más lejos, el propio legislador la consagra en la Constitución cuando habla de negligencia inexcusable al describir las causales de acusación constitucional en contra de un ministro. Nada puede ser más negligente e inexcusable que lo que aquí hemos visto.

La primera diligencia que uno, como diputado , pide al Ejecutivo es que cuando presente un proyecto a tramitación tenga previstos los medios materiales y humanos que se requieren para que ese proyecto que aprobemos se ponga en marcha. Sin embargo, nada de eso ocurrió aquí. Fueron muchas las veces que desde este mismo escaño pedí al Ejecutivo que diera garantías de que esta iniciativa se implementaría adecuadamente. La directora del Sename, el ministro Bates y el ministro de Hacienda , muchas veces, señalaron: “No se preocupen, está todo contemplado.” Y no sólo lo dijeron aquí, sino también públicamente. El ministro Bates , en noviembre de 2005, a pocos meses de que la ley entrara en vigencia dijo, textualmente: “Cuando en junio próximo comience a regir la nueva ley, el Estado habrá invertido 41 mil millones de pesos en recintos para que se cumplan las sanciones privativas de libertad, 3 mil millones de pesos para contratar fiscales, jueces y miembros de los tribunales orales, y 9.600 millones de pesos para rehabilitar a los jóvenes.”

No sé cuánta plata se ha gastado hasta la fecha. Lo único que consta es que no se ha gastado lo que dijeron que se iba a gastar.

Obviamente, esta realidad es muy distinta a la que informó hace una semana el actual ministro de Justicia . De los diecisiete centros de reclusión semicerrados, que es el corazón de esta reforma, porque es lo que permite la rehabilitación real de los jóvenes, hoy sólo hay cinco, de los cuales tres ya estaban funcionando cuando se aprobó la reforma. Hay nueve centros que sólo están en proyectos. Faltaban tres semanas para que esto entrara en vigor y ni siquiera se habían hecho los planos de la mayoría de ellos.

En cuanto a rehabilitación de drogas, solamente existe el 10 por ciento de lo que se dijo que se necesitaba. En todo caso, lo considero insuficiente, aún cuando se hubiese cumplido la meta.

En capacitación, lo mismo; no hay un solo curso de capacitación al personal que debe ser monitor de libertad vigilada.

Sin embargo, cuando hoy nos presentan el plan de recuperación, ya nos están reconociendo que muchos de los centros de reclusión semicerrados se van a implementar a partir de enero de 2007. Y, lo que es peor, hemos tenido la mala noticia, a diferencia de lo que nos dijo la directora del Sename en su momento, que en muchas regiones va a operar un solo centro. Me pregunto cómo un joven puede rehabilitarse si debe dormir a 300 kilómetros de donde vive. No hay rehabilitación posible.

Sin embargo, es necesario conocer a los responsables, y pareciera que nadie quiere reconocer el error ni responder por él.

Me preocupa que esta negligencia se haya producido a sabiendas. El ministro Bates , cuando dijo públicamente, a dos meses de entrar en vigencia la ley, que su materialización se estaba implementando sin ningún problema, sabía que ello era imposible, porque no existía posibilidad alguna de terminar las construcciones comprometidas. Lo mismo hizo la entonces directora del Sename , cuando dijo públicamente que se estaban implementando los centros semicerrados en las regiones, sabiendo que no se iba a cumplir. Ellos engañaron al país y lo hicieron, seguramente, porque estábamos en período de elecciones.

Hasta la fecha, nadie había dado alguna explicación en circunstancias que faltaban semanas para la entrada en vigencia de la ley. Ahora nos enteramos de que la reforma no se implementará.

Es difícil impedir la suspensión de la entrada en vigencia de esta reforma, porque todos sabemos que, tal como está el proceso, no funcionará. Sin embargo, es mucho más difícil avalar con nuestro voto esta negligencia histórica, máxime si, a la fecha, nadie se ha hecho responsable del error ni ha querido reconocerlo, cuando los ministros de entonces decían que todo estaba al día, sabiendo que no era así. Y día a día la delincuencia juvenil aumenta.

Nosotros vamos a votar en contra de esta modificación legal, porque muchas de las cosas planificadas no se han cumplido y no veo que tengamos un Gobierno que priorice poner freno a la participación juvenil en la comisión de delitos.

Finalmente, si el proyecto se aprueba, será una muy buena noticia para aquellos que abusan de los menores, incitándolos a cometer delitos que, después, quedan en la impunidad, pero muy mala para las miles de víctimas de la delincuencia, ya que nadie les responde.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.

La señora SOTO (doña Laura).-

Señor Presidente , la ley N° 20.084, sobre sistema de responsabilidad penal juvenil es muy buena. Fue estudiada durante mucho tiempo, porque el tema es complejo.

Legislamos teniendo en vista que se cometían grandes injusticias con los jóvenes. Una de las más evidentes es la existencia del discernimiento para declarar si un joven, de entre 16 y 18 años, sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo y si, en definitiva, es o no responsable.

Como señalé en la Comisión, el discernimiento afecta mayoritariamente a los infractores más pobres, a aquellos que no tienen padres ni suficiente dinero para contar con la defensa de un buen abogado. Durante el ejercicio de mi profesión pude constatar que muchos infractores jóvenes pobres eran declarados con discernimiento y se les aplicaban penas iguales a las de los adultos, lo cual es muy grave. Pero lo más grave era que cuando se quería aplicar medidas de protección, surgía una confusión respecto de los jóvenes infractores y los que se deseaba proteger. O sea, el sistema era malo.

Sin embargo, en la discusión de la actual ley se tuvo en cuenta que el fin primordial es la rehabilitación de los jóvenes infractores, dándoles todas las oportunidades posibles. Por eso, tomó tiempo su tramitación; no es una materia fácil. Como reza el dicho popular, “Otra cosa es con guitarra.” No es fácil hacer bien las cosas.

Para aplicar la ley era necesario implementar, entre otros, centros semicerrados, asistidos por personal capacitado para rehabilitar realmente a los jóvenes infractores. No olvidemos que muchos de ellos, tal como manifestó el diputado Burgos , son drogadictos y delinquen para financiar su adicción. Pero también nos interesa que los jóvenes infractores prosigan sus estudios.

Por eso, saber que el sistema no está absolutamente terminado ha sido una pésima noticia. Lamentablemente, tenemos que aceptar esa situación. Si bien se han hecho grandes esfuerzos y se avanzó bastante, nos duele mucho tener que aceptar esta prórroga, pero es lo único que podemos hacer. De lo contrario, los jueces van a aplicar penas de adultos a los jóvenes infractores, después de someterlos a pruebas de discernimiento. Eso es muy grave.

Los diputados son personas razonables, con sentido social y que deben velar por el bien común de la sociedad. En este caso, el bien común no es votar en contra de la postergación de la entrada en vigencia de la ley N° 20.084.

Anuncio mi voto favorable a esta postergación, porque no nos queda otra solución.

Sin embargo, por su intermedio señor Presidente , quiero pedir al ministro de Justicia que se comprometa con dos cuestiones prioritarias: que no se corran los cercos de los centros cerrados para habilitarlos como semicerrados, porque sería tremendo, ya que -como ya se dijo en la Sala- los menores quedarán desterrados, y que se estudie un proyecto que proteja a los niños, pues no sólo tenemos que preocuparnos de los infractores, sino que también debemos pensar en los otros niños, en esos que tenemos que cuidar antes.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.

El señor DÍAZ (don Marcelo).-

Señor Presidente , la ley sobre responsabilidad juvenil es de enorme importancia y trascendencia. Es producto de un trabajo serio que responde a dos dimensiones de un mismo problema: mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y proteger los derechos de los jóvenes y de los jóvenes infractores. No se trata sólo de una ley punitiva, pues también garantiza a estos últimos un trato adecuado para que respondan y encuentren el camino que les permita reincorporarse adecuadamente a la sociedad.

Coincido con el planteamiento de otros diputados de la Concertación, en el sentido de que no es bueno tener que votar favorablemente la postergación de la entrada en vigencia de una ley de tanta relevancia. No hubiésemos querido tener este debate; sin embargo, la realidad nos obliga.

Es importante que el tiempo de prórroga que estamos concediendo sea aprovechado intensamente para cumplir con las condiciones de base de la ley sobre responsabilidad juvenil eficaz, y para informar y socializar sus objetivos ante la opinión pública y la ciudadanía.

Agradezco la buena disposición de las autoridades del Ministerio de Justicia -con las que hemos conversado- para recorrer el país y visitar distintas comunidades, a fin de socializar al máximo los alcances de la ley, porque tenemos la sensación de que sólo es vista como el castigo que reciben quienes cometen un delito, sin revelar su otra dimensión, que es reinsertar a los menores infractores.

Tenemos que hacer un enorme esfuerzo como país para ampliar y ajustar nuestra mirada en este tema. Venimos saliendo de un proceso electoral importante, en el que hemos elegido diputados, senadores y Presidenta de la República . En la última década la agenda de seguridad ciudadana se ha transformado en un arma electoral arrojadiza que permite ganar puntos a los candidatos más duros, más severos, a los que ofrecen más penas y más castigos.

Como representantes de los ciudadanos, tenemos la obligación de analizar el problema con más profundidad, y eso significa incorporar la dimensión de oportunidades que aún no se brindan a los jóvenes, que están en la columna del debe en lugar de estar en la del haber.

Por ello, a partir de esta lamentable necesidad de postergar la entrada en vigencia de la ley, el Congreso Nacional tiene la oportunidad de hacer un esfuerzo. En ese sentido, la creación de un comité de expertos puede ser de gran ayuda para abordar el problema como política de Estado, y así podremos todos colaborar activamente en disminuir la sensación de inseguridad que aqueja a la población. El diputado Burgos mencionó cifras que indican que la comisión de delitos disminuyó, y ese es un logro del conjunto de la ciudadanía y no sólo del Gobierno. Todos debemos hacer esfuerzos en esa dirección.

Por eso, hago un llamado a los colegas para que aprovechemos esta oportunidad y asumamos una lógica de Estado que permita que la ley sobre responsabilidad juvenil responda a las dos dimensiones que referí al comienzo de mi intervención: mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y proteger y garantizar los derechos de los jóvenes y los de los jóvenes infractores.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.

La señora TURRES (doña Marisol).-

Señor Presidente , en relación con las bondades de la ley sobre responsabilidad juvenil ya se ha dicho bastante. Sin embargo, lo expresado por los diputados de la Alianza que me antecedieron en el uso de la palabra, los señores Eluchans y Monckeberg , me interpreta plenamente, en especial en lo relativo a nuestros reparos y repudio al aplazamiento de su entrada en vigencia y a la responsabilidad que en ello le cabe al gobierno del Presidente Lagos.

No puedo dejar pasar esta oportunidad sin hacer referencia a las dos caras que podemos advertir en la comisión de un delito.

En efecto, no debemos considerar los delitos como simples estadísticas, porque detrás de ellos siempre hay personas: por una parte, la víctima y su familia, que también sufre las consecuencias, y por otra, los menores infractores y sus familias, que sueñan con la oportunidad de rehabilitar a sus hijos.

Por lo tanto, debemos tener presente que cuando planteamos mejorar el acceso a la justicia, de alguna manera ilusionamos a la gente, que quiere sentirse segura, porque piensan que ahora por la vía de la rehabilitación, sí disminuirá la delincuencia juvenil, aunque en algunos casos sea muy difícil.

Cuando se aprobó la ley, se aseguró que entraría en vigencia seis meses después de su promulgación. Como ello no ocurrirá, siento que estamos jugando con las ilusiones y las esperanzas de muchas familias: las de las víctimas de los delitos y las de los jóvenes que delinquen, muchos de los cuales se encuentran sumergidos en la drogadicción, en la delincuencia y no han tenido reales oportunidades.

Comprendo la imposibilidad material de que la ley entre en vigencia, porque no se cuenta con la infraestructura necesaria para hacerla efectiva, pero lo encuentro lamentable. Sin embargo, me parece más lamentable que todo el trabajo de la Comisión, en el cual colaboraron diputados de mi bancada -por lo que no es patrimonio del Gobierno, sino de todos los chilenos- se vea ensombrecido porque el Ejecutivo no hizo bien su pega.

No quisiera hablar más. Sólo debo hacer presente que mi voto de rechazo a este aplazamiento es una manera de decir a los responsables de esta mala decisión -quienes en el período electoral pasado ilusionaron al país con que íbamos a tener un mejoramiento de nuestra justicia penal para los jóvenes- que lo afirmado por ellos no era cierto, y esto se veía venir.

Considero que no se debe jugar con temas tan sensibles como éste, que involucra menores, familias, víctimas y jóvenes que necesitan una oportunidad.

He dicho.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente , la bancada de diputados de la Democracia Cristiana apoyará la postergación de la ley Nº 20.084. Asimismo, reconocemos la valentía y la transparencia, en primer lugar, de nuestra Presidenta de la República , Michelle Bachelet ; en segundo lugar, del ministro de Justicia , Isidro Solís , y por último, de la subsecretaria de Justicia, Verónica Baraona , quienes se han visto enfrentados a la dificultad real y concreta de que la entrada en vigencia de esta ley el próximo 8 de junio genera un problema de aplicación. Han surgido hechos imprevisibles que no estuvieron al momento de discutir la ley, situación que expusieron latamente el ministro de Justicia con el director nacional de Gendarmería , como problemas en la construcción de centros semicerrados por no haber terrenos adecuados o no ajustarse a lo dispuesto en los planos reguladores de los municipios, lo que, sin duda, escapaba a las circunstancias que tenía contempladas el ministerio en algún minuto.

Por otra parte, también hay que decir que recién nuestro país está avanzando y tiene una norma técnica respecto de cómo deben enfrentarse los tratamientos para jóvenes infractores en materia de consumo de drogas, de lo que se habla mucho en nuestro país. Reitero: recién estamos contando con una norma técnica que permite establecer un cierto criterio para la atención de esos jóvenes.

La entrada en vigencia de esta ley confronta dos posiciones ideológicas sobre cómo combatir la delincuencia. Por un lado, la de quienes tienen la convicción de que el tema de la delincuencia se soluciona con penas más severas, construyendo más cárceles o enviando más gente a prisión; por el otro, el de quienes creemos que hay que atacar a la delincuencia en un sistema más global, con leyes como las que propone este sistema de responsabilidad penal juvenil, que al adolescente infractor se le trata en un todo, como una forma de buscar su reinserción social, a fin de que pueda reintegrarse a la sociedad.

Si uno revisa la información que entrega Gendarmería, el Ministerio Público o los propios tribunales de justicia respecto de los jóvenes infractores que terminan en nuestras cárceles o cumplen condenas, vemos que estos son de escasos recursos, que no han terminado su educación formal, que provienen de familias disgregadas, que han sido criados solamente por sus madres o por un familiar lejano y que no han tenido las oportunidades de otros jóvenes. Con esta ley de responsabilidad penal juvenil se establece un tratamiento integral.

En esa línea, el Congreso debe ser lo suficientemente responsable. Hemos escuchado las explicaciones del ministro de Justicia , quien asumió su cargo hace sólo 70 días, por lo que no podemos negarnos a postergar la entrada en vigencia de esta ley sólo para sacar ventajas políticas. Aquí está en juego el modelo de sociedad que queremos construir y cómo queremos enfrentar el problema de la delincuencia. Se hace necesario asumir que los jóvenes que tienen recursos y que terminan sancionados por esta ley en los centros cerrados en los semicerrados con alguna medida cautelar, puedan contar con los mecanismos necesarios que les permitan reinsertarse.

Reitero lo concerniente al tratamiento de los jóvenes consumidores de drogas, que es un tema no abordado en nuestro país; también nos encontramos con la dificultad, y así lo expuso en su minuto el ministro de Justicia y la subsecretaria, que no existen los programas educacionales que este Congreso impuso en la legislación para que los jóvenes terminen sus estudios formales. Son temas no menores, porque si un tribunal del juicio oral o uno de garantía determina que un joven debe terminar la educación formal en un centro de detención o, en su defecto, se le impone un tratamiento de drogas, pero no contamos con los medios apropiados, nuestras autoridades ministeriales al no dar cumplimiento a una orden judicial, incurrirán en desacato. Ése es un tema no menor en lo que se refiere al valor y la fuerza de las sentencias y su cumplimiento, a lo que están obligadas todas las personas del país, especialmente las autoridades políticas y públicas.

En esa línea, creo que se ha tomado una decisión correcta y serena, que ha permitido transparentar la información que existe y dar a conocer los problemas.

A nosotros, al igual como han dicho los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, nos hubiera gustado que esta ley entrara en vigencia en la fecha originalmente propuesta. Pero si no están los antecedentes y no se reúnen todos los requisitos necesarios, como los centros semicerrados, los programas de tratamientos de droga y, fundamentalmente, lo que se refiere a los programas educacionales, nos parecería una irresponsabilidad que entre en vigencia, ya que, en un breve plazo, se produciría el mismo colapso que hoy enfrentan los tribunales de familia.

Termino diciendo que es necesario que hoy el Congreso dé una señal clara respecto de lo que quiere hacer para combatir la delincuencia juvenil. En esa línea, la suspensión de la aplicación de la ley que establece responsabilidad a los adolescentes por infracciones a la ley penal, nos va a dar el plazo de un año para discutir otro tema que no ha resuelto el Congreso: la adecuación de nuestra legislación interna con los tratados internacionales que tienen que ver con la legislación penal para adolescentes y jóvenes.

He dicho.

El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.

El señor MONCKEBERG ( don Cristián) .-

Señor Presidente , cuando me correspondió estudiar la ley que establece un sistema de responsabilidad a los adolescentes por infracciones a la ley penal realmente me alegré, porque estábamos en presencia de una legislación moderna en relación con el tema.

Lo mismo me ocurrió cuando tuvimos que implementar leyes tan importantes como las relativas al Tribunal Constitucional o con la interpelación de los ministros de Estado. A los nuevos diputados nos ha correspondido tomar conocimiento cabal de ellas y concluir que son legislaciones que dan un paso adelante.

En nombre de la bancada de Renovación Nacional, quiero decir que esta ley también da un paso adelante en ese sentido.

Establece un tratamiento especial para jóvenes adolescentes de entre 14 y 18 años con responsabilidad penal juvenil. Para ellos hay un sistema de sanciones distinto al de la regla general, porque la sanción privativa de libertad es inferior en un grado a la pena más baja asignada al delito específico.

También contempla un sistema diferenciado de sanciones privativas de libertad y no privativas de libertad, que se cumplen en régimen cerrado, semicerrado o con reinserción social, que es uno de los aspectos fundamentales de la ley, porque establece penas no privativas de libertad, como la prestación de servicios, la multa o la reparación del daño, que significan un avance en todo lo que dice relación con la responsabilidad penal juvenil.

La filosofía de esta ley, de tratar de reinsertar al adolescente en lugar de hacerlo cumplir su pena o sanción en la cárcel, es un avance que busca que el joven de entre 14 y 18 años pueda reinsertarse en la sociedad y dejar de ser un delincuente más al entrar en la edad adulta.

La justicia especializada es absolutamente notable, porque tiene jueces de garantía y jueces del tribunal oral, defensores, fiscales y policías que hacen un trabajo específico en materia de justicia penal juvenil.

La ley recoge la Convención de los Derechos del Niño, otorga al Sename una participación importante e, incluso, establece una exclusión a la participación directa de Gendarmería en la administración de los recintos carcelarios, ya que le otorga esa labor a policías externos.

En verdad, me alegro por todas esas cosas. Pero, como bancada de Renovación Nacional, sufrimos una decepción importante, porque era un anhelo de años que esta ley saliera adelante y fuera una realidad. Hoy, la alegría pasa a ser decepción por el atraso permanente en la puesta en marcha de los proyectos emblemáticos de los gobiernos de la Concertación. Éste es uno más.

Tenemos que estar contentos por lo que dijo el diputado señor Burgos , en cuanto a que están disminuyendo los delitos de mayor connotación social, lo que constituye una muy buena noticia. Asimismo, estamos contentos porque también disminuyó el consumo de droga.

Sin embargo, acá no está en discusión eso ni la ley de responsabilidad penal juvenil, sino que las cosas no se hicieron como corresponde. Los diputados del período legislativo anterior preguntaron si se necesitarían más tiempo que los seis meses que se establecieron para poner en marcha la ley, y la respuesta fue negativa. Por eso, es ahí donde queremos marcar el punto: las cosas no se hicieron como corresponde.

Hoy estamos viendo la postergación de la entrada en vigencia de esta ley por doce meses más; en definitiva, dieciocho meses en total. Eso lleva a Renovación Nacional a rechazar el proyecto de ley, no porque no queramos un sistema moderno, pues dicho sistema ya se encuentra implementado en cuanto a que la ley ya está dictada, sino porque se trata de un voto de repudio a la improvisación de los gobiernos de la Concertación en lo que dice relación con la implementación de los proyectos de ley, así como a la falta de responsabilidad para dar cuenta de la gestión.

Se hizo un estudio, se llevó adelante un proyecto de ley y se preguntó si su aplicación sería posible en seis meses; se respondió que esto saldría adelante, pero ahora vemos que no fue posible.

Por eso, la bancada de Renovación Nacional rechazará el proyecto que posterga en doce meses la entrada en vigencia de la ley penal juvenil.

He dicho.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO .-

Señor Presidente , no me alegro de lo que está pasando con la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Cuando se discutió esta ley, cuya entrada en vigencia estamos prorrogando por un año, recuerdo que insistí con mucha fuerza en esta Sala y en la Comisión de Hacienda sobre la necesidad de que el Ejecutivo asegurara en ese entonces su financiamiento. Ahí está la base de esta triste noticia.

Incluso, recuerdo que tuve más de una diferencia con los colegas de la Comisión de Constitución, quienes acordaron que el proyecto no fuera analizado por la de Hacienda. Al final, las consecuencias previstas se verificaron, y de la peor manera. Ahora, debemos postergar la entrada en vigencia de esta ley y, por el bien de todos, pasar algunas turbulencias comunicacionales.

He escuchado con mucha atención a los colegas juristas Monckeberg , Laura Soto , Díaz , Burgos y Eluchans . Creo que todos vamos a concordar en un final feliz. Hoy estamos un poco sentidos, porque las consecuencias previstas no fueron tomadas en cuenta. Pero estamos ante esta situación porque una comisión técnica, contra toda norma, le creyó a ojos cerrados lo dicho por funcionarios del Sename. Erraron -ése es el tema- cuando en la Comisión de Constitución decían que ese proyecto no significaba mayores gastos, ya que sólo se trataba de una redistribución interna de recursos.

¡Craso error! Pero no por eso nos vamos a involucrar en algo que prolonga en el tiempo el ardor de cara que hoy tenemos, y que es bueno pasarlo. Debemos postergar la entrada en vigencia de la ley; en caso contrario, empezará a operar la primera semana de junio con consecuencias nefastas, especialmente para los jóvenes afectados, pues no existen los programas alternativos.

Al terminar en la cárcel o en los centros cerrados, como se denominan estos establecimientos, podrán decir que la sociedad les entregó una lacra que no podrán superar el resto de su vida.

Sinceramente, creo que esto debe ser una lección para la Cámara de Diputados y no para quienes creímos tan fácilmente en ella o fuimos involucrados por un error, ni por el compromiso de llevar adelante las metas de Gobierno.

Cuando el Congreso Nacional pierde su capacidad de ser un contrapeso real al Ejecutivo , más allá de los asuntos político-partidistas, termina siendo un buzón que sirve para cualquier cosa, menos para legislar y crear mejores condiciones de vida para los chilenos.

Ese ardor de cara que todos los diputados estamos sintiendo nos induce a pensar que no debemos aprobar un mal proyecto.

He dicho.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Ward.

El señor WARD.-

Señor Presidente , todos estamos de acuerdo –también recuerdo haberlo escuchado del ministro - en que esto es una mala señal que perjudica a la política, al trabajo en el Congreso Nacional y al país. Esta es una ley que beneficia a todos y, por ello, hay consenso en que lo que hoy día está ocurriendo no es algo positivo.

En la Comisión, tuvimos oportunidad de conversar con el ministro de Justicia , a quien le preguntamos qué razones existen para postergar la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Las explicaciones que recibimos tanto del ministro como de otras autoridades coinciden con los argumentos que ya se han hecho valer en otras ocasiones, como falta de infraestructura, demora en la capacitación y otros que son atendibles.

Siempre me gusta decir las cosas por su nombre y en esta oportunidad no haré una excepción. Comprendemos que hay razones que justifican esta postergación, pero, lamentablemente, toda postergación revela incumplimiento y en este caso lo ha habido, porque no estamos en presencia de un aplazamiento por razones de fuerza mayor, como una catástrofe ecológica, un terremoto o una inundación. Aquí ha habido demora y, si bien se han entregado algunos argumentos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no se ha asumido la responsabilidad, lo que criticamos y nos motiva a votar en la forma en que lo haremos.

No me interesa hacer una crítica política, porque el ministro asumió como tal el mismo día en que lo hice como diputado .

Tengo la sensación de que la nueva administración recibió una pesada mochila. Al mismo tiempo, hay un silencio culpable de muchas autoridades del anterior gobierno que hoy ocupan diferentes cargos, algunas privadas y otras públicas, pero no han respaldado posiciones que este Gobierno ha debido asumir como propias, en circunstancias de que no le corresponde.

Es importante recordar que en la Comisión preguntamos al ministro si existía la posibilidad de que el Gobierno asumiera un compromiso público, en el sentido de que ésta sería la única prórroga, y si el próximo año, en esta misma fecha y en este mismo lugar, podríamos estar discutiendo esto mismo. A mi juicio, la respuesta del ministro fue auténtica, pero insuficiente, porque no hay argumentos que permitan afirmar, en forma definitiva, que el próximo año no estaremos discutiendo exactamente lo mismo.

No es bueno que nos acostumbremos a las prórrogas, porque, como dije, hablan de incumplimiento y, si bien forman parte de la tradición de nuestro país, son nefastas y, en el caso de la ley cuya entrada en vigencia se pide postergar, las consecuencias son peores.

No estoy dispuesto a avalar conductas de administraciones que no son capaces de asumir su responsabilidad, ni a dar un cheque en blanco a autoridades políticas que no son capaces de respetar sus compromisos. Por ello, anuncio mi voto en contra de este proyecto.

He dicho.

El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el ministro de Justicia , señor Isidro Solís.

El señor SOLÍS ( ministro de Justicia ).-

Señor Presidente , me gustaría centrar el debate en tres órdenes de ideas.

En primer lugar, precisar el sentido de esta ley, porque en el debate público se ha distorsionado lo que el Estado busca con su dictación.

Debemos tener claro que éste es un instituto jurídico nuevo, que tiene por finalidad básica crear una política pública en el campo de los menores infractores, que tienda básicamente a su rehabilitación.

Quiero hacer algunas consideraciones mínimas de derecho penal que explican el profundo sentido de esta ley.

Antes de la dictación de la ley N° 20.084, no existía en nuestro orden institucional, en la Constitución Política, en el Código Penal ni en ninguno de los cuerpos legales que establecen sanciones penales, una definición precisa respecto de los fines de la pena, es decir, de lo que busca la sociedad cuando finalmente decide aplicar el régimen penal a una persona. Esta ley sí lo hace, de manera que resulta extraordinariamente importante fijar con exactitud el nivel de desarrollo estatal con el cual vamos a aplicarla.

Cuando asumimos el derecho del Estado de castigar también estamos asumiendo compromisos estatales respecto de las personas a las cuales estamos sancionando.

Esta ley, que se aplica a menores adolescentes -algunos de ellos casi niños-, amplía el rango etario en el cual se puede aplicar el instituto penal, a jovenes de 14 a 16 años. Antes estaban sujetos a discernimiento desde los 16 hasta los 18 años. Por eso la ley es especialmente cuidadosa cuando crea las sanciones, y cuando las define establece finalidades específicas para ellas. Esta legislación no es punitiva ni sancionadora, pues su finalidad esencial es responsabilizar al adolescente, hacerlo entender la naturaleza de sus conductas y sus efectos y, al mismo tiempo, proporcionar un camino para que, en definitiva, salga del camino del delito, así como abortar las conductas infractoras, para evitar que se transformen en una carrera del delito. Por eso crea categorías de penas absolutamente distintas a las que se les aplican a los delincuentes adultos.

Estoy absolutamente de acuerdo con todos los diputados -incluido usted, señor Presidente - que han dicho que ésta no es una buena noticia. Por cierto que no lo es. Sin embargo, esta mala noticia nos llama a asumir, conjuntamente, la responsabilidad que tenemos, no sólo frente a los jóvenes, sino frente al país, acerca del buen funcionamiento de los institutos que creamos.

En segundo lugar, tampoco es justo que se cree la imagen de que aquí no se ha hecho nada. La ley establece sistemas para cumplir las penas de internación en regímenes cerrado y semicerrado en establecimientos penales correspondientes a la pena. En sus artículos 20 y 21 dispone la obligación de que cada uno de los operadores del sistema tenga una capacitación especializada en el manejo de los jóvenes y, finalmente, preceptúa la obligación de tener tratamientos complementarios y alternativos a la aplicación de las penas de internación o privativas de libertad.

Para quienes creen que no se ha hecho nada, quiero señalar que todos los establecimientos cerrados están construidos y en condiciones de operar el 8 de junio.

Por otra parte, me llaman la atención algunas intervenciones que he escuchado respecto de la capacitación, porque como representantes del Ministerio de Justicia tuvimos la oportunidad de intervenir en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara y en la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado respecto de la materia, en las que entregamos material en el que se daba cuenta de los trabajos y se dejaba en claro los diversos mecanismos que operarán en esta ley.

En el caso de Carabineros, personalmente clausuré la jornada de preparación especial de 800 funcionarios que iban a estar en las primeras destinaciones a cargo del tratamiento con jóvenes. Además, la institución incorporó la capacitación pertinente a los cursos formativos generales del resto de sus 16 mil efectivos, a fin de que, incluso en la eventualidad de un contacto circunstancial con un joven, cualquier carabinero tenga la posibilidad de saber qué hacer.

Por su parte, el Fiscal Nacional informó que los 22 fiscales habían sido capacitados no solamente en la ley, sino también en los procedimientos de tratamientos de los jóvenes.

Asimismo, el Defensor Nacional explicó latamente que los cuarenta defensores habían sido especializados tanto en procedimiento como en interlocución con jóvenes.

En Gendarmería, los primeros 280 gendarmes ya fueron seleccionados, están listas sus destinaciones y fueron capacitados. Adicionalmente, entregamos el calendario. Hay una transparencia exacta que señala los días en que se realizarán las jornadas de capacitación en cada una de las regiones.

En ese momento, quisimos entregar una fotografía exacta y dijimos que si bien todas las jornadas de capacitación regional no estaban hechas, lo estarían el 8 de junio.

Además, anunciamos que se iba a realizar un primer gran programa de capacitación interinstitucional, con la participación de jueces, fiscales y defensores, a fin de hacer simulaciones de juicio que mostraran exactamente a cada participante cómo iba a funcionar el sistema. Esa jornada la inauguré en la Universidad Diego Portales y se clausura hoy.

Ha habido muchos avances; sin embargo, dimos cuenta responsablemente de la falencia del sistema, que es muy concreta. No se ha construido la totalidad de los centros destinados a la medida específica de internación en régimen semicerrado.

Por lo tanto, ¿qué informamos al Congreso? Que si la ley comenzaba a operar el 8 de junio con esa falencia iba a pasar una cosa extraordinariamente desgraciada, porque su artículo 16 define la modalidad de internación en régimen cerrado, con programa de reinserción social, lo cual consistirá en la residencia obligatoria del adolescente en un centro privativo de libertad, sin otra definición. Por lo tanto, si no están construidos los centros semicerrados -en este momento, en operación en ocho regiones-, cuando los jueces decreten internación, se concretará en los centros privativos de libertad destinados al régimen cerrado. En consecuencia, vamos a poner en las mismas condiciones, seguramente con una política precaria de segregación, a niños de catorce años con eventuales delincuentes juveniles de diecisiete; a jóvenes que están sujetos a internación con modalidad de régimen cerrado, con la aplicación de tratamiento en el sistema, dentro o fuera de él, con jóvenes a los que, por disposición de los tribunales, se les va a aplicar régimen cerrado.

Eso nos parece una mala decisión, algo indeseable, porque la finalidad de la ley fue establecer un régimen de aplicación de penas que mirara básicamente a la recuperación del joven, a su reinserción social, a la no aplicación de contagio criminógeno. En definitiva, por la aplicación de una ley que no tiene todo su instituto completo, vamos a provocar ese mismo nivel de contagio criminógeno.

Por lo tanto, la finalidad de abortar tempranamente la carrera delictiva no se cumplirá.

El Gobierno, en ejercicio de su responsabilidad, considera necesario suspender la aplicación de la ley, fundamentalmente para garantizar que sus objetivos se cumplan.

En tercer lugar, es injusto y penoso respecto de la República dar la sensación de que si el proyecto no entra en vigencia como ley vamos a vivir como un pueblo sin ley. Eso no es efectivo, porque seguirá operando el actual mal sistema. Pero no significa que puedan disminuir los niveles de seguridad, pues la normativa no aumenta las penas a los jóvenes, sino que las disminuye. Establece que a todo joven considerado culpable y condenado, se le aplicará la pena que le habría correspondido si hubiera sido mayor, disminuida en un grado, ventaja que no van a tener los jóvenes que durante un año sean sometidos al régimen de discernimiento. Por lo tanto, lo que seguirá operando durante un año es que efectivamente los menores de entre 16 y 18 años estarán sujetos a la declaración de discernimiento, que no es un buen sistema, pero que, al menos, desde el punto de vista de la responsabilidad penal, opera. Los menores de entre 14 y 16 años seguirán sujetos a la autoridad de los juzgados de menores para recibir las medidas de seguridad que esos tribunales hasta hoy decretan.

Lo que estamos diciendocon mucho dolor es que no va a operar efectivamente una ley con una finalidad específica, y es que estos jóvenes tengan, a cargo del Estado, un camino de rehabilitación y de reinserción. Necesitamos un año para que este sistema entre a operar con éxito; de lo contrario esos jóvenes van a ser condenados a un mal sistema que no estaba en el espíritu del legislador al momento de aprobar la normativa.

Por eso, me llama la atención que hoy los profetas del desastre se transformen en los promotores del desastre. Votar en contra del proyecto es votar por la aplicación de una norma que va a obligar a que muchos jóvenes -que en el espíritu profundo de la ley no deberían ir al contagio criminógeno- durante un año estén condenados al régimen cerrado, donde no deberían estar.

Hemos asumido, de cara al país, la responsabilidad de suspender la aplicación de esta norma legal. Quienes estorben la aprobación del proyecto, tengan claro que lo que están buscando en definitiva es, en primer lugar, generar efectos indeseables desde el punto de vista de la política criminal y del contagio criminógeno respecto de los jóvenes, y, en segundo lugar, durante un año, generar al Estado una pequeña crisis.

He dicho.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, creo que las palabras del ministro han agotado en cierta medida las argumentaciones.

No cabe duda que éste es un proyecto que está dirigido a proteger a nuestra juventud.

Frente a las dudas y al malestar que tenemos por la postergación de la entrada en vigencia de la ley, tenemos que aprovechar el tiempo en profundizar y mejorar la preparación para cuando comience a operar.

Es importante lo que señaló el ministro en torno a la capacitación. Al respecto, pido que los fondos estén expresamente asignados a la capacitación de los funcionarios, quienes deberán estar en contacto directo con los jóvenes infractores de la ley.

La postergación de la entrada en vigencia de la ley es una oportunidad para capacitar e implementar la gran reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil.

Me parece importante destacar la comisión, formada por expertos, que estará encargada de hacer un seguimiento a la implementación de esta ley. Se debe buscar la oportunidad y la capacidad efectiva para que la información sea entregada mensualmente a los parlamentarios y a los jueces, en cada una de las jurisdicciones donde se va a aplicar esta ley, y no esperar tres meses.

Hay que aprovechar la ocasión para poner en el centro de la discusión los efectos de la aplicación de una ley tan importante, a fin de comprometer al Ministerio a una serie de otras reformas -y espero contar con el concurso de la Oposición-, en temas fundamentales de justicia que están pendientes. Me refiero a la adecuación de nuestra legislación interna a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Es tremendamente importante que pongamos el acento en ello y en la necesidad inmediata de la ratificación del Tribunal Penal Internacional. Son elementos que es bueno incorporarlos en una discusión seria sobre la materia, especialmente cuando uno escucha a la Oposición tan interesada en sacar adelante los proyectos de justicia.

Por lo tanto, mi voto será favorable a la iniciativa en discusión. Pero, que esto nos sirva de experiencia para no tener más retrasos, y que esta prórroga sea una alternativa, una oportunidad para mejorar y seguir capacitando a quienes van a tener la responsabilidad de llevar a efecto esta reforma.

He dicho.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Forni.

El señor FORNI.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero destacar la transparencia con que el señor ministro ha reconocido la responsabilidad que le corresponde al Gobierno en esta materia. Ha sido muy valiente al decir que el Gobierno no ha cumplido con lo que se había comprometido el año pasado, que era la implementación de la reforma procesal penal juvenil.

Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo resolver el problema? En su oportunidad estuvimos todos de acuerdo con el proyecto de ley, trabajamos durante mucho tiempo en él y lo votamos favorablemente. Me convencieron de que a los jóvenes menores de 18 años no había que llamarlos “delincuentes”, sino “infractores de la ley penal”, y de muchas otras cosas positivas de este proyecto.

Pero resulta que hoy estamos dando un paso atrás. Estamos en problemas, porque fuimos testigos de un Gobierno al que le encantaban los anuncios emblemáticos y los proyectos a media. Entonces, no nos debe llamar la atención de que, ahora, el actual haya tomado la decisión de postergar la entrada en vigencia de la reforma procesal penal juvenil. ¿Por qué no nos debe llamar la atención? Porque pasó lo mismo con la infraestructura de la reforma procesal penal en Santiago, con el colapso en los tribunales de familia, con el retraso en el proyecto de la concesión de cárceles, y con tantos otros como los que me mencionan, incluso, algunos diputados de la Concertación.

¿Y quién tiene ahora el problema? La Presidenta Bachelet y el ministro de Justicia Isidro Solís , quien no tiene ninguna responsabilidad en el tema, pero debe escuchar las quejas de los señores parlamentarios.

¿Por qué nos preocupa el problema de fondo? Porque desde hace mucho tiempo, se requiere contar con un sistema especial de justicia penal para adolescentes. Éste no es un planteamiento nuevo. Quienes estaban en el Congreso Nacional hace doce o dieciséis años, saben que desde el gobierno del Presidente Aylwin nuestro país iba a contar con un sistema de justicia procesal penal juvenil, así lo señaló en su primer mensaje presidencial, lo que, por lo demás, también consta en el primer programa de gobierno de la Concertación.

Estimados parlamentarios de la Concertación, ¿saben cuánto se demoró el Gobierno en enviar este proyecto al Congreso? ¡Doce años! Durante los diecisiete años del gobierno militar estuvo en la mente de muchos y después se demoraron doce años en presentarlo. Luego se demoraron tres años en despacharlo. ¿Saben ustedes cuántas veces el gobierno pasado calificó la urgencia a la tramitación del proyecto -porque el mecanismo de las urgencias es otro show comunicacional-? ¡Veintisiete!

Un proyecto puede ser bueno o malo, puede ser críticado, en algunos casos, porque es muy garantista y, en otros, porque es muy retribucionista, o porque tiene altas o bajas penas, pero lo cierto es que, en este caso, la ley es mucho mejor que lo que había. ¿Qué había? Un menor de dieciocho años, por regla general, era declarado inimputable y, en consecuencia, quedaba en libertad. Falla la seguridad ciudadana. Si era declarado imputable y procesado tenía que regirse por el sistema penal de los adultos. Falla. Incluso, contraviniendo principios del derecho internacional. Eso es lo que vamos a prorrogar por un año más. Eso es lo que debemos entender. Ésa es la gravedad de la decisión que vamos a tomar hoy: durante un año, más jóvenes chilenos, primerizos, ni siquiera delincuentes avezados, van a tener que entrar a escuelas del delito. En la Comisión de Constitución diputados de todos los sectores plantearon en innumerables oportunidades este tema.

¿Había o no recursos para implementar el nuevo sistema? La subsecretaria de Hacienda señaló, el 8 de junio, que el proyecto no generaba costos fiscales y que, en caso de ser necesario, se incluiría en la ley de Presupuestos de la Nación.

Por un sentido de responsabilidad, me voy a abstener. En forma permanente los parlamentarios de las bancadas de la Concertación nos piden actuar con responsabilidad, en circunstancias de que la responsabilidad principal en estos problemas la tiene el Gobierno, que es el que maneja el poder y los recursos.

En consecuencia, espero que en un año más no sea necesario pedir una nueva postergación para la entrada en vigencia de esta ley, tremendamente importante para el país, porque establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

He dicho.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Bustos.

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, existe pleno consenso acerca de que esta ley conlleva un cambio radical respecto de lo que existe en nuestro país, tan radical como el que ha significado la reforma procesal penal.

Por eso, resulta sumamente sorprendente que algunos parlamentarios estén en contra de la postergación de la entrada en vigencia de esta ley y, más sorprendente aún, que el diputado Forni cite la época de la dictadura, en circunstancias de que en ese entonces lo que se hizo fue matar a jóvenes, muchos de los cuales pasaron a formar parte de los detenidos desaparecidos. A mi juicio, es muy lamentable apelar a ese período para plantear algún argumento que justifique el rechazo a la postergación de la entrada en vigencia de la ley N° 20.084.

La Concertación se ha preocupado de este tema. Desde 1996 en adelante, comenzó a hacer seminarios a lo largo del país, con participación de jueces de menores, de diferentes organizaciones sociales y de las ONG que se dedican a esta materia, con el objeto de hacer una reforma profunda respecto de lo que existe en Chile, que perjudica enormemente a los jóvenes, tanto en el sentido de dejar a algunos libres como de dejar a otros con delincuentes, lo que significa, por lo tanto, que esos jóvenes no puedan tener una inserción social.

Desde 1996 en adelante, se realizó una gran cantidad de seminarios y de discusiones para configurar el proyecto de ley, el cual ingresó a tramitación en el Congreso Nacional en 2002, donde estuvo hasta 2005, año en que fue sancionado como ley de la República. Durante ese período, muchos sostenían que era necesario apresurar su despacho, pero sin considerar que se trataba de una iniciativa sumamente importante y vital para el país, no simplemente de un tema retributivo o de aplicar la represión, lo que habría sido sumamente sencillo: establecer para los jóvenes las mismas penas del Código Penal. Pero no era ése el objetivo. Por ello, tuvo lugar una amplia y profunda discusión, porque se trataba de que, junto con la sanción, se estableciera la posibilidad de inserción social de los jóvenes, con el objeto de cortar su carrera criminal. Sólo así -lo ha demostrado la experiencia de diferentes países-, cuando se pone atención en la juventud, es posible lograr que los índices de criminalidad desciendan, porque en esa etapa de la vida se inicia la actividad criminal.

Por eso, había que plantear el proyecto sobre la materia sumamente compleja, que considerara los aspectos social, educativo, de salud y del combate a las drogas. No era un tema fácil, sino, reitero, sumamente complejo, porque sólo en la última instancia se aplicaba la internación cerrada. Pero lo más básico y lo más importante dice relación con la libertad asistida, con la libertad asistida especial y con los establecimientos semicerrados. Por eso nos demoramos cuatro años en discutir esta materia.

Hoy, cuando simplemente se plantea postergar por un año la entrada en vigencia de la ley, se levantan las manos y se rasgan vestiduras, en circunstancias de que sólo queremos que la ley tenga la efectividad que buscamos y que cumpla con los objetivos que nos propusimos.

Entonces, no entiendo de qué responsabilidad se puede hablar aquí, cuando, precisamente, el deber del Congreso Nacional es preocuparse de que se cumplan los objetivos de las leyes que aprueba. Entonces, si el problema es tan complejo -todos estamos conscientes de que lo es-, desde los puntos de vista social, educativo, de salud y de drogas, obviamente, también será difícil su solución.

Evidentemente, hubo un error de cálculo al estimar que después de seis meses de publicada la ley podría existir coordinación entre los ministerios de Educación, de Salud, las policías, Gendarmería de Chile y otras instituciones de servicio social. Pero es nuestra responsabilidad elaborar leyes que realmente cumplan sus objetivos.

Por eso, diversos parlamentarios -los diputados Burgos , Ceroni y quien habla, entre otros- en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia planteamos que se creara una comisión de seguimiento, con el objeto de constatar que se cumplan los plazos establecidos, de aquí al 8 de junio del 2007.

Apelo a la responsabilidad de todos los señores diputados para que no se den el gusto de votar en contra o de abstenerse, a fin de que esta ley cumpla sus objetivos.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo.

El señor VERDUGO .-

Señor Presidente , ésta es la primera vez que me corresponde participar en la discusión de la postergación de la entrada en vigencia de una ley. No sé si esto es normal o excepcional.

Cuando se planteó esta situación, me pregunté por qué se puede producir tal circunstancia. ¿Porque es una mala ley, que fue mal concebida y mal estudiada? ¿O bien, porque los organismos encargados de velar por su cumplimiento no fueron previsores ni tuvieron la capacidad para hacerlo? Creo que esto no puede tratarse sencillamente en la Cámara de Diputados sin que se asuman las responsabilidades del caso.

Por la televisión y en terreno, cuando visitamos nuestros distritos, se nos dice que no hacemos bien la pega. ¿Por qué? Porque las leyes no son eficaces, porque se modifican poco tiempo después de publicadas o porque es necesario postergar su entrada en vigencia, a fin de que sean implementadas y, por lo tanto, cumplidas.

Pero hay otra cosa que me preocupa. Cuando un particular o un ciudadano común y corriente no cumple la ley, no tiene la posibilidad de decirle al Congreso Nacional que no puede cumplirla y que necesita más plazo. Esta duda también quedó sin respuesta.

Creo que ahí radica el problema central: quién asume la responsabilidad, porque aquí ha habido falta de rigurosidad para efectuar el trabajo. Es en eso en lo que debemos pensar, y ésa es la responsabilidad que se debe asumir para poder corregir los errores. Ése es el punto. No podemos acostumbrarnos a que se nos diga que hacemos mal la pega. Cuando alguien la hace mal, que lo asuma; pero no tenemos por qué asumir todos una responsabilidad que no nos corresponde.

Respecto de la delincuencia, creo que al Gobierno le ha faltado convicción para enfrentarla. Y esto quedó reflejado con la reforma procesal penal y también con esta ley, porque hay confusión. Primero, se dice que apunta a la rehabilitación de los jóvenes que infringen la ley penal. ¿Qué dice su artículo 1º? “La presente ley regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas.” Ahí está reflejado su sentido y su contenido.

La rehabilitación es fundamental y necesaria para prevenir que muchos jóvenes continúen en la cadena de la delincuencia. Estoy bastante de acuerdo con ello. Pero, ¿cómo trata la ley a los jóvenes reincidentes que se han transformado en delincuentes profesionales? El ministro acaba de decir que se corre un gran riesgo al no contar con centros semicerrados y que los menores de entre 14 y 16 años tengan que compartir con los delincuentes de 17 años. Pero la ley no habla de los delincuentes juveniles.

Es más, el artículo 26 de la ley Nº 20.084, que se refiere a los límites a la imposición de sanciones, señala claramente: “La privación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso”. Si leemos con detención este artículo, podremos darnos cuenta de que estamos frente a una puerta giratoria, de manera que el día de mañana se podrá decir que es responsabilidad de los jueces y de los tribunales, pero no de la ley.

He dicho.

El señor LEAL ( Presidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .

La señora CRISTI (doña María Angélica) .-

Señor Presidente , la postergación de la entrada en vigencia de la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal es un golpe demasiado duro para los miles de chilenos que, a diario, sufren las consecuencias de la delincuencia.

A pesar de que todos ya conocemos estos antecedentes, en los últimos tiempos, la composición porcentual de los jóvenes aprehendidos por robo con violencia ha subido tanto, que ha llegado al 588 por ciento. Este porcentaje subió, entre 1995 y 2001, en 48 por ciento, en tanto que los adultos aprehendidos llegaron al 51,4 por ciento. Es decir, el número de jóvenes detenidos por estos delitos es enorme. Pero también sabemos que, al día siguiente, están en libertad.

Hemos visto el drama vivido en las últimas protestas efectuadas en Santiago: daño a la propiedad privada, destrucción de cientos de vehículos, jóvenes encapuchados, carabineros heridos; una situación dramática que no se veía por años. Hoy día se prevé que habrá más incidentes en el centro de Santiago con participación de estudiantes secundarios. Hace pocos días una niña de 15 años mató a su madre. Todo este drama se ve agravado con el porte de armas blancas y revólveres por los jóvenes. Se ha dicho que, al aumentar su consumo de drogas y alcohol, éstos ven incrementada su violencia, lo que nos pone en una situación muy grave.

Algunos países han declarado que existe una debacle, en relación con la violencia. Ayer, el subsecretario nos decía en la Comisión de Seguridad Ciudadana que en Chile ésta aún no se produce; pero debemos tener cuidado, porque estamos muy cerca de llegar a ella, especialmente cuando la sensación del país y de los delincuentes es que existe impunidad. Y esto ocurre desde 1990, con las famosas leyes Cumplido que disminuyeron las penas. De allí en adelante ha habido una verdadera escalada de impunidad, que ha implicado que los delincuentes queden sin castigo. La semana pasada hubo 300 detenidos en las manifestaciones estudiantiles, con encapuchados que actuaron con gran violencia, de lo cual fuimos testigos. De ellos, sólo ocho fueron procesados y pagaron una multa de 37 mil pesos.

El retraso de la entrada en vigencia de la ley N° 20.084 les da chipe libre a los delincuentes menores de 18 años que, muchas veces, son impulsados por adultos a seguir delinquiendo. En la mayoría de los asaltos a domicilio, las víctimas reportan que fueron atacadas por menores de edad. Lo mismo sucede en los casos de robo de vehículos.

Por lo tanto, la suspensión de la entrada en vigencia de la ley no es algo menor. El Gobierno ha postergado muchos proyectos. El Presidente Lagos terminó su período con un 60 por ciento de apoyo ciudadano gracias a los proyectos que prometió, que nosotros aprobamos y aplaudimos, pero que, a la larga, no han sido efectivos.

En materia de justicia, a lo relacionado con la ley N° 20.084, debemos sumar el desastre de los tribunales de familia. En otros ámbitos también se han retrasado proyectos, como el Plan Transantiago, que ha sido un drama no sólo para la ciudadanía, sino que para todos los que han participado en su ejecución.

Queremos manifestar con firmeza que esta postergación es una irresponsabilidad tremenda de las autoridades de Gobierno, que no fueron capaces de implementar el proyecto. Entonces, ¿cómo podemos pedir responsabilidad a los jóvenes, si el Gobierno no es responsable? Para hablar de responsabilidad juvenil hay que empezar dando el ejemplo, pero creo que, al respecto, el Gobierno tiene una tarea pendiente que es muy importante.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL .-

Señor Presidente , al margen de los argumentos de los diputados oficialistas y del ministro , que tienen toda la cara de ser explicaciones caritativas, aquí ha quedado asentado un hecho claro, macizo y contundente: don Ricardo Lagos y su ministro de Justicia , don Luis Bates , no cumplieron el compromiso asumido en la Cámara de Diputados, frente al país, de poner en marcha una ley moderna de responsabilidad juvenil. Y esto es así.

Ahora, como creo que hay que decir las cosas con franqueza, soy un convencido de que en esta materia hubo negligencia del anterior ministro de Justicia y de la anterior administración y, además, irresponsabilidad, que los sitúa -también quiero decirlo con todas sus letras- dentro del ilícito constitucional de negligencia en la ejecución de las leyes.

Reconozco que el actual ministro de Justicia fue muy hombre al enfrentar la situación. No obstante, quiero pedirle que, en aras de la seriedad, no haga piruetas dialécticas. Él plantea que la suspensión de la entrada en vigencia de esta ley no va a producir daño alguno, lo que se contradice con lo que él mismo ha dicho y con las argumentaciones que aquí se han dado.

La ley actual es mala porque desprotege a la sociedad, la deja a merced de bandas de delincuentes juveniles, menores de 18 años, que muchas veces son utilizados por adultos. Todos sabemos que es así. Además, esos niños quedan sin la posibilidad de rehabilitarse, conforme a lo que hemos resuelto, y los manda, en el caso improbable que los detengan, a las escuelas de delito que hoy son las cárceles.

Señor Presidente , por su intermedio, quiero pedirle al ministro que no nos engañemos, que no nos hagamos trampa en el solitario. La Cámara, al votar la suspensión de la entrada en vigencia de esta ley, está desprotegiendo a la sociedad chilena y a los jóvenes que han delinquido por diversos motivos. Por desgracia, esto no es un caso aislado, pues se ha ido conformando una especie de formato de la administración Lagos. La reforma educacional está agonizando, los tribunales de familia reventados, los ferrocarriles, cuya modernización se anunció, sólo hicieron su viaje inaugural; el Transantiago detenido, las medidas anticontaminación absolutamente en el suelo, y hace muy poco estalló el escándalo de la repavimentación de la Alameda que se anunció con bombos, señales luminosas y fuegos de artificio. Se gastaron 13 mil millones de pesos, hubo 13 muertos durante la ejecución de las obras y hay que hacerla toda de nuevo.

Tengo una evaluación de los pocos días del gobierno de la Presidenta Bachelet. De las 36 medidas que anunció, 5 con un 25 por ciento de avance, 5 medidas con un 75 por ciento de avance y el resto, no cumplidas.

¿Cuál es la razón de esta ineficacia? Sólo una: todas las energías de los ministros, subsecretarios, parlamentarios del oficialismo y funcionarios públicos han debido destinarse a deshacer entuertos del gobierno anterior, a corregir errores o a aminorar los efectos de las graves negligencias e ineficacias que desgraciadamente cometió.

Espero que esta mala señal no se repita. Ojalá le vaya bien al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet . Hay esperanza. Hasta ahora es un gran signo de interrogación en el medio del camino a ninguna parte.

He dicho.

El señor LEAL ( Presidente ).-

Por último, tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar.

El señor ESCOBAR .-

Señor Presidente , quiero poner énfasis en el sujeto pasivo de la normativa, cuya prórroga se solicita, puesto que estamos tan empeñados en crear sintonía con la sociedad.

Se ha puesto énfasis en la seguridad ciudadana, o sea, sigamos vendiendo el sofá. El ministro ha señalado el rango etario y yo quiero agregar que, además de tratarse de jóvenes y adolescentes, se trata en su gran mayoría de drogadictos. Lo que es improrrogable en esta materia es una conciencia de fondo respecto del sujeto pasivo de esta norma, cuyo objetivo, señalado por el ministro , no es punitivo, sino instar a que el joven se responsabilice de sus actos y que abandone el camino del delito.

La mayoría de los jóvenes que delinque lo hace bajo la influencia de su carcelero. Muchos jóvenes están encerrados y su consentimiento está secuestrado, por decirlo de alguna manera, porque un drogadicto no es dueño de sus actos. Por lo tanto, los objetivos de reinserción y de resocialización son una cuestión esencial, y la rehabilitación es una materia de previo y especial tratamiento.

Supongamos que un drogadicto no delinque, pero quiere hacer algo para rehabilitarse, ¿sabe la honorable Cámara qué porcentaje de posibilidad tiene una persona que no es delincuente de rehabilitarse de la drogadicción? La familia, el sentido y el amor son fundamentales en esa materia.

Respecto de la prorroga, quiero señalar que para muchos autores la esencia de los sistemas de justicia juvenil radica en el contenido de la respuesta punitiva del Estado frente a la infracción de la ley penal. Es decir, cuál es, en definitiva, la pena o la sanción que lleva aparejada para un joven la declaración de culpabilidad pronunciada por un juez.

En el caso que debatimos, la esencia de esta ley son las medidas que tienen como fin la reinserción socio-laboral de los jóvenes infractores. Al respecto, la implementación de las medidas, antes de su entrada en vigencia, para evitar eufemismos, ha sido pésima. Razones habrá muchas. Lo cierto es que el problema radica en un servicio que se ha concentrado en adecuar la infraestructura física de los denominados centros cerrados o centros de rehabilitación conductual o centros de orientación y diagnóstico; es decir, en buen castellano, las cárceles de menores, pero no avanzaron paralelamente en el desarrollo de los programas de medidas alternativas. Se gastaron 40 mil millones de pesos en la creación de la infraestructura física para el castigo y el encierro. Es más, los análisis de costo han demostrado que todo lo demás se encuentra desfinanciado.

Considerando que la norma pretende, supuestamente, beneficiar a los jóvenes, anuncio que aprobaré la prórroga por un año de la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, pero a la espera de que durante ese tiempo la administración genere los programas establecidos por ésta a través del sistema de organismos colaboradores del Sename. En caso contrario, los únicos perjudicados serán los jóvenes a los cuales les será aplicada, pues, los jueces y los fiscales, para evitar la impunidad, simplemente van a aplicar de manera más extensiva e intensiva la privación de libertad, que, como sabemos, por sí, no tiene ninguna capacidad para reinsertar socialmente a las personas que están en pleno proceso de formación física y síquica, y menos si son adolescentes adictos.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor LEAL (Presidente).-

En votación, en general, el proyecto de ley que suspende la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Galilea Carrillo Pablo; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade Claudio; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Nogueira Fernández Claudia; Uriarte Herrera Gonzalo.

El señor LEAL (Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, también se declara aprobado en particular.

Despachado el proyecto.

VALPARAÍSO, 18 de mayo de 2006

Oficio Nº 6179

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación, en los mismos términos en que lo hiciera ese H. Senado, al proyecto de ley que suspende la entrada en vigencia de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, boletín N° 4197-07.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 26.960 de 16 de mayo de 2006.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

ANTONIO LEAL LABRÍN

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados

Valparaíso, 18 de Mayo de 2.006.

Nº 27.009

A Su Excelencia La Presidenta de la República

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley N° 20.084:

1. Reemplázase, en su artículo 1° transitorio, la expresión “seis meses” por “dieciocho meses”, y

2. Incorpórase como artículo 4° transitorio, nuevo, el siguiente:

“Artículo 4º. Establécese una comisión formada por expertos, la que se encargará de evaluar la implementación de la presente ley e informar trimestralmente acerca del estado de avance de la misma a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Esta comisión será coordinada por el Ministerio de Justicia.”.”.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado