MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA UNA NUEVA LEGISLACION CONCURSAL MEDIANTE LA LEY DE REORGANIZACION Y LIQUIDACION DE EMPRESAS Y PERSONAS Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO.

SANTIAGO, 15 de mayo de 2012

MENSAJE Nº 081-360/

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Proyecto de Ley sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas destinado a sustituir el actual Libro IV del Código de Comercio, intitulado “De las Quiebras” y la Ley N° 18.175, Orgánica de la Superintendencia de Quiebras y cuyo contenido se narra en el siguiente Mensaje.

I.ANTECEDENTES.

Uno de los aspectos de mayor transcendencia que informa nuestra economía es la garantía constitucional de libertad para desarrollar actividades económicas con pleno respeto a las normas que las regulen, de conformidad a lo prevenido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República. Esa descripción normativa nos ilustra acerca de la permanente voluntad humana de ejecutar procesos económicos lícitos de diversa envergadura, destino y orientación, que permitan al ejecutor y su grupo asociado asegurar, en primer lugar, su propia subsistencia como, posteriormente, el paulatino crecimiento, mejoramiento y perfeccionamiento de la calidad de vida de los involucrados, generando oportunidades equivalentes para otras personas, naturales y jurídicas.

Sin embargo, tal como la realidad lo muestra cotidianamente, no todos los emprendimientos están destinados a prosperar ni tampoco las experiencias exitosas están predeterminadas a serlo por siempre, vale decir, concurre en cada momento y en cada experiencia un conjunto de elementos que pueden generar lo que habitualmente se califica como un fracaso empresarial.

En ese sentido, nuestro Gobierno no sólo respeta la libertad económica, sino que quiere fomentar el emprendimiento como motor de la economía nacional, y como un aporte a la mayor realización de las personas, para lo cual también debe hacerse cargo de las empresas que en algún momento dejan de ser viables, permitiendo que el emprendedor pueda rápidamente iniciar nuevos negocios, sin que el proyecto fallido signifique un lastre que le impida volver a ponerse de pie. Además, un procedimiento concursal más ágil y eficiente permite utilizar los recursos que quedan desaprovechados en esa empresa fallida en otras actividades, mejorando así la productividad, permitiendo generar nuevos puestos de trabajo y aportando al crecimiento económico del país.

Esta realidad es especialmente relevante en el año del emprendimiento, en el cual se busca destacar y fortalecer a las personas que buscan sacar adelante sus proyectos, asumiendo el desafío de crear nuevas actividades económicas y fuentes de trabajo, pero también corriendo el riesgo de que la iniciativa no alcance el éxito que se pensaba. Hoy muchos emprendedores que fracasan no pueden volver a surgir por procedimientos engorrosos, y por la connotación negativa que el actual procedimiento de quiebra conlleva. Por lo anterior, un apoyo a los emprendedores del país no estaría completo si no se les dieran herramientas para poder desprenderse de un proyecto fallido, permitiendo a los acreedores recuperar todo o parte de sus acreencias, y así poder iniciar uno nuevo que pueda ser exitoso, generando beneficios no sólo para él sino que para todo el país.

En los hechos y para los efectos de nuestra legislación actual, un escenario que genera la aplicación de la normativa que se pretende modificar es aquel en que una persona natural o jurídica se encuentra en la incapacidad financiera de responder al pago de todas sus obligaciones para con sus acreedores y donde, adicionalmente, sus bienes considerados en conjunto tampoco alcanzan para saldar tales débitos con el producto de su realización.

Sin duda alguna que el escenario ideal sería un panorama económico en que todos los emprendimientos y todas las iniciativas de los diferentes agentes pudieran ser calificados de exitosos, permaneciendo en el tiempo, creando nuevos y continuos puestos de trabajo y mejorando las condiciones de vida de los individuos en aras del bien común. Con todo, tal ejercicio no es más que una aspiración loable y bien intencionada que lamentablemente no recibe confirmación en la realidad, sino muy por el contrario, día a día se advierten iniciativas que no prosperan, empresas que deben cerrarse y fuentes de trabajo que en definitiva no siguen adelante, generando lacerantes consecuencias humanas y sociales de las que Chile no es ajeno y que implican un costo, no sólo para los emprendedores que ven fallida su empresa o sus trabajadores sino que un costo social que en definitiva grava a la sociedad toda y que muchas veces asume el Estado.

Nuestro país, por cierto, no puede caer en el error de obviar o pasar por alto los desarrollos económicos no exitosos ni tampoco puede pretender dejar abandonadas estas realidades a su propia suerte, desconociendo que esas empresas, alguna vez crearon recursos donde no los había y dieron empleo donde se necesitaba. Por el contrario, Chile debe mirar cara a cara aquellas dolorosas situaciones en que la quiebra o la incapacidad de responder a las deudas contraídas se ciernen sobre nuestra realidad empresarial, a efectos de entregar una legislación responsable y colaborativa, acorde con los tiempos actuales en que la globalización exige el pleno respeto a ciertos principios y estándares que, a su tiempo, nos llevarán a ser considerados como un país aún más serio, cabal y confiable. Es por ello que el Proyecto de Ley que se presenta a vuestro conocimiento se basa en fomentar o estimular, en primer lugar, la reorganización efectiva de empresas viables, es decir, permitir que un emprendimiento dotado de posibilidades de subsistir y prosperar pueda superar las dificultades transitorias en que se encuentra, con ayuda de sus acreedores y con miras a permanecer como unidad productiva en el tiempo. Asimismo, y en segundo lugar, es también deber del Estado entregar las herramientas idóneas para asegurar que aquellos emprendimientos que simplemente carezcan de la entidad necesaria para perseverar puedan ser liquidados en breve tiempo, estimulando el resurgimiento del emprendedor a través de nuevas iniciativas. En ambos aspectos, además, se constata la necesidad de contar con un órgano fiscalizador dotado de potestades públicas que permitan instar por la eficiencia del proceso y por la plena vigencia de la legislación aplicable a cada caso, dotándolo de poder administrativo sancionatorio a los órganos que participan en los procedimiento concursales, acorde con las transgresiones que constate en el ejercicio de su rol legal.

Asimismo, resulta imperiosa la necesidad de crear un régimen especial para las personas naturales que se encuentran en incapacidad de responder a sus obligaciones financieras por distintas razones, como por ejemplo, presentar niveles de consumo muy por encima de su capacidad real de pago. Así, el Proyecto busca crear, primeramente, la posibilidad de solucionar una insolvencia personal en un escenario armónico y adaptado a la realidad de un deudor persona natural, dándole la posibilidad de responder con sus propios bienes de manera más breve y menos costosa que en una liquidación de empresas y, así, impulsar comportamientos crediticios responsables en el consumidor a largo plazo, mejorando la educación financiera por medio de normas que la hagan aplicable.

Finalmente, como veremos a continuación, no es posible sustraer a Chile de la realidad mundial. Diversos análisis y estadísticas que han servido de base para la concreción del Proyecto de Ley que se envía a vuestra consideración nos sitúan en un plano internacional secundario y atrasado en materia concursal, tanto respecto de nuestros pares en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como de los vecinos de la región. Nos encontramos sujetos a un sistema plagado de inadecuaciones que indicaremos a continuación, las que inciden en un resultado final que debe ser corregido, a efectos de permitir un desarrollo nacional sostenido.

En suma, los motores que impulsan la reforma concursal que se somete a vuestro conocimiento son permitir el pronto y oportuno salvamento de empresas viables; la ordenada y expedita liquidación de aquellas que no gocen de tal viabilidad y, finalmente, la necesidad de entregar a Chile un marco normativo concursal acorde a los tiempos de hoy, con pleno respeto a los estándares internacionales actualmente vigentes.

II.CHILE Y LA EFICIENCIA DE SU SISTEMA CONCURSAL.

En primer lugar, es necesario recordar brevemente el origen de nuestra actual ley concursal. Desde inicios de 1981 Chile se vio envuelto en una crisis financiera que puede ser catalogada como una de las más duras de su historia republicana. Ello hizo necesario la promulgación de una legislación acorde a la época de su dictación, vale decir y atendida la gravedad de la situación, orientada a la liquidación inmediata y veloz. Tan alta era la carga de liquidaciones esperada que se creó el sistema de síndicos de quiebra privados y se privilegió el potenciamiento de la Fiscalía Nacional de Quiebras en la persecución de los delitos concursales que pudieren haberse configurado en ese entonces. Sin embargo, hoy, los parámetros no son los mismos y la ley que hace 30 años era perfecta para la realidad nacional hoy se comprueba anacrónica, una legislación en que la reorganización y el salvataje no son el propósito general del legislador y donde incluso la misma liquidación se encuentra sometida a trabas sistémicas carentes de justificación práctica y legal. A título meramente ejemplar, podemos citar como puntos de insoslayable necesidad de corregir los siguientes:

1) El derecho a defensa del deudor cuya quiebra se reclama. En la actualidad, la opción del demandado de oponerse a la declaración de quiebra es posterior al pronunciamiento de la sentencia que la declara, lo que es cuestionable desde la perspectiva del debido proceso e incluso desde el sentido común general. No vale demasiado la pena defenderse de una calificación que ya ha tenido lugar y donde el efecto dañoso ya se ha configurado.

2) La necesidad de contar con la aprobación del deudor para vender los bienes sujetos al procedimiento concursal en la gran mayoría de los casos. No parece económicamente sustentable que el mismo afectado por la quiebra sea quien decida el medio de realización más idóneo de sus bienes, por lo que una modificación en tal sentido se advierte necesaria.

3) La estrechez o inflexibilidad de los convenios judiciales preventivos. No parece justificado sólo el llamamiento genérico a los acreedores valistas, en circunstancias que si el convenio busca ser una solución global, debería convocar a la enorme mayoría de los acreedores del proponente, y no sólo a los señalados anteriormente, aspecto que la reforma aborda cabalmente.

4) La inexistencia de normativa especial para la persona natural. No parece conveniente que una persona natural que se ha visto sobre endeudada deba someterse a un procedimiento de liquidación pensado para la persona jurídica que ejerce actividades comerciales y que otorga escasas posibilidades de renegociación.

5) La inadecuación de los tipos penales ligados a la quiebra. La legislación actual no parece adecuada a las situaciones que en la práctica comercial actual merecen sanción penal, lo que por cierto aumenta el descrédito de la normativa concursal y exige modificaciones de peso que el proyecto trata.

6) El tratamiento de la Superintendencia de Quiebras. El órgano fiscalizador tiene hoy un conjunto especialmente limitado de potestades públicas. El nuevo modelo que se propone descentraliza el procedimiento, reduciendo la intervención judicial sólo a aquellas materias de carácter jurisdiccional, por lo que se requiere una supervisión más relevante por parte de la Superintendencia de Quiebras a los encargados de llevar el proceso, para mantener la confianza en el sistema. Asimismo, las nuevas necesidades y su adecuación a los tiempos actuales reclaman un aumento dotacional moderado y el otorgamiento de la asignación de fiscalización a sus funcionarios.

Luego de señalar el origen de la legislación concursal vigente, y los principales problemas detectados, conviene observar el estado actual de nuestro país en los distintos estudios que en materia concursal se desarrollan a nivel internacional, para constatar los efectos que dichas trabas provocan, y que justifican los cambios que propone este proyecto de ley.

En esta materia, el informe Doing Business 2012, del Banco Mundial, nos ubica en un meritorio lugar 39, subiendo 2 puestos en relación con el informe del año 2011. Sin embargo, estamos ubicados en el lugar 110 en materia de solución de insolvencias, materia en la que estamos muy lejos de los mejores estándares mundiales.

Los elementos que sirven de base para las conclusiones que se entregan en los estudios revisados, dicen relación principalmente con los siguientes puntos:

a) Duración de los procedimientos.

b) Nivel o porcentaje de recuperación del crédito.

c) Nivel o porcentaje de costo que involucra la tramitación de un procedimiento concursal.

a) Duración de los procedimientos. En comparación a países de la región, Chile presenta un panorama desolador. Así, respecto de la duración del procedimiento, Colombia muestra un promedio de 1,3 años, mientras que Uruguay entrega 2,1 años y Bolivia, 1,8 años. Nosotros, en cambio, mostramos un triste promedio de 4,5 años. Si ampliamos la comparación a países que, al igual que Chile pertenecen a la OCDE, las diferencias se acentúan dramáticamente: Japón, Canadá y Dinamarca presentan procedimientos con duraciones que van de los 6 a 9 meses, mientras que otros como Hungría, Estonia y Polonia exhiben procesos que duran entre 2 a 3 años, tiempos que aún siguen siendo más reducidos que los existentes en Chile.

b) Nivel o porcentaje de recuperación del crédito. Los mismos países que se han señalado en el punto precedente muestran cifras que van desde el destacable 92,7% en Japón, pasando por el 82,8% colombiano hasta llegar al bajísimo 25,5% en que se sitúa Chile.

c) Nivel o porcentaje de costo que involucra la tramitación de un procedimiento concursal. Nuestro país entrega una cifra que alcanza al 15% del valor de los activos enajenados como costo del procedimiento. Por su parte, los mismos países que hemos indicado exhiben costos del 1% al 7%, lo que nuevamente nos posiciona en un lugar de evidente retaguardia.

Como natural consecuencia de lo expuesto podemos concluir que el sistema concursal en Chile es, en comparación a países de la región y aquellos pertenecientes a la OCDE que hemos citado, lento y de larga tramitación, incapaz de entregar una alta tasa de recuperación del crédito y, finalmente, caro y oneroso, lo que indirectamente incide en aumentar las barreras de entrada o acceso a nuestra propia regulación.

III.RELACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON EL SISTEMA CONCURSAL.

Las leyes concursales deben ser entendidas por la ciudadanía como una herramienta para solucionar los problemas de insolvencia de las empresas y las personas, para lo cual se requiere que sean accesibles a las personas. De lo contrario, se recurre a otros procedimientos que implican un perjuicio para el conjunto de acreedores, o simplemente queda una empresa que no puede cerrar este capítulo fracasado para buscar nuevas oportunidades.

Sin embargo, en nuestro país existe una palpable consideración general de lejanía, recelo y poca flexibilidad de nuestro procedimiento concursal vigente. En efecto, en la existencia cotidiana suelen calificarse las distintas herramientas existentes como instrumentos caros, poco eficientes, un tanto inútiles como vías reales de solución de dificultades económicas y dotados de una carga negativa que tiende a darle especialmente a la quiebra un tinte infamante que en definitiva dificulta en grado sumo al afectado su reinserción en la dinámica económica habitual. El proyecto de ley que se somete a vuestra consideración incluye un tratamiento sistémico que facilita el adecuado y cabal conocimiento de la estructura concursal chilena, fomenta el uso de términos y frases que incentivan un tratamiento técnico a los intervinientes, que no ven afectado ni su prestigio ni su honra por el hecho de acogerse a la legislación pertinente e insta por entregar los conductos necesarios para que la reorganización empresarial pueda desarrollarse libremente, siempre dentro del marco de la legalidad, potenciando la permanencia en el tiempo de las empresas viables. En síntesis, el proyecto se hace cargo del necesario acercamiento normativo a la población, al ciudadano interesado en acogerse a sus disposiciones, permitiendo un tratamiento integral a las dificultades asociadas a la cesación de pagos y a su superación en corto plazo.

De especial interés serán las propuestas relativas al tratamiento de la insolvencia de la persona natural y en consecuencia del patrimonio familiar. En esta materia, que constituye una innovación en materia concursal en el país, se entrega un marco normativo que consiste en la posibilidad de acogerse a un régimen de renegociación entre el deudor y sus acreedores, basado en el acuerdo de voluntades, con el órgano administrativo correspondiente facilitando los acuerdos, previo a un proceso de liquidación judicial, especialmente diseñado para el deudor persona natural, otorgando un alivio a todas aquellas familias con altas tasas de morosidad.

IV.OTRAS CIFRAS.

Chile tiene un promedio de 150 quiebras anualmente declaradas, en circunstancias que existen, también anualmente, cerca de 2.000 empresas con protestos relevantes que podrían ser sujeto de protección concursal. Bajo ese prisma puede legítimamente concluirse que el sistema concursal chileno es sub utilizado, fundamentalmente debido al conjunto de elementos que ya hemos abordado. Lo expuesto nos permite indicar que por cada cesación de pagos que se somete al procedimiento reglado del Libro IV del Código de Comercio, existen otras doce que se resuelven en la informalidad, restándole eficacia a nuestra normativa.

Asimismo, desde la perspectiva de las proposiciones de convenio, sólo se han presentado 47 proposiciones preventivas desde el año 2006 a diciembre del 2011, en contraposición a 855 quiebras, declaradas en el mismo periodo, lo que ilustra la existencia de un sistema de bajísima utilización nacional.

Para dar un ejemplo del impacto de este proyecto de ley, y de los desincentivos que tiene el sistema actual para dar una solución a las empresas fallidas, se estima que el año 2008 existieron 1959 empresas con problemas de insolvencia que podrían haber calificado para un procedimiento concursal, ya sea de liquidación o de renegociación. Sin embargo, sólo se declararon 150 quiebras y se tramitaron 11 convenios ese año, lo que demuestra la gran brecha existente entre la situación real de las compañías y el acceso al procedimiento concursal, quedando por lo tanto un porcentaje mayoritario de situaciones de insolvencia en la informalidad, que probablemente siguen hasta hoy entorpeciendo el desarrollo de nuevos proyectos y la mejor utilización de los recursos.

V.CONTENIDO DEL PROYECTO.

Por las razones antes expuestas, nuestro Gobierno se ha hecho cargo de la necesidad de hacer una reforma profunda en materia concursal, para permitir a los emprendedores que puedan resurgir cuando algún proyecto fracasa, y tender a eliminar la carga negativa de un negocio fallido. Este proyecto se elaboró con la colaboración de distintos expertos y de la ciudadanía, mediante procesos de consulta pública. En ese sentido, cabe agradecer especialmente a los asesores de la Superintendencia de Quiebras, Cristián Palacios Vergara y Nelson Contador Rosales. Igual gratitud merecen todos aquellos expertos que han participado y ciudadanos que han aportado observaciones a esta materia.

La estructura del Proyecto de Ley es la siguiente:

1. Disposiciones generales.

Constituye un breve apartado sobre aspectos centrales que serán abordados en diversas partes del Proyecto y cuyo tratamiento inicial facilita la comprensión normativa.

2. Del Veedor y Liquidador.

Referido las disposiciones orgánicas y regulatorias relativas a estos dos nuevos sujetos partícipes de los nuevos procedimientos concursales. Se regula también una nomina de Martilleros concursales, quienes para participar en los procedimientos concursales deberán someterse a la fiscalización de la superintendencia del ramo.

3. Del Procedimiento Concursal de Reorganización.

Responde al nuevo tratamiento sistémico de los hoy denominados “convenios”. El propósito de esta nueva legislación, incluso desde el punto de vista estructural y de lectura, es hacer prevalecer el régimen de salvataje institucional por sobre el esquema liquidatorio predominante, cambiando el eje desde la extinción empresarial a la reorganización eficiente. Merecen destacarse las figuras de la protección financiera concursal o período en que el deudor ve suspendidas sus ejecuciones, lo que le permite abocarse completamente a su procedimiento de reorganización; la incorporación de los acreedores que detentan créditos con garantía, lo que incentiva alcanzar una solución global; el rol del denominado “veedor” o experto que acompaña al deudor y valida su accionar concursal; entre otras modificaciones de importancia.

4. Del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Obedece al tratamiento legal del procedimiento destinado a la realización de los bienes del deudor, sea a consecuencia de su propia solicitud, de una demanda judicial iniciada por su acreedor o acreedores o como resultado de un escenario de reorganización no exitoso. Incluye el mejoramiento del régimen de defensa del deudor, de desarrollo y toma de decisiones en Juntas y la entrega de soluciones prácticas en casos de ausencia de acuerdos por parte de los acreedores, entre otras innovaciones.

5. Del Procedimiento Concursal Renegociación y del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora.

Establece un procedimiento especial de que permite la renegociación de las obligaciones de la persona natural deudora, con sus acreedores, actuando el órgano administrativo como un facilitador y entregando las herramientas que permitan llegar a un acuerdo. Asimismo se regula como alternativa a la renegociación, un procedimiento de liquidación sumaria, de los bienes embargables de la persona deudora a favor de sus acreedores, también sobre la base del acuerdo de voluntades, como alternativa de pago de las obligaciones pendientes, sujeta al control y supervigilancia de la Superintendencia. Por último, se regula un procedimiento de liquidación simplificada judicial, especialmente diseñado para persona natural.

6. De las Acciones Revocatorias Concursales.

Este capítulo regula este tipo de acciones especiales, las cuales pueden ser impetradas una vez iniciado un procedimiento concursal. La titularidad de ellas le corresponde exclusivamente a los acreedores, al veedor o al liquidador. Se establecen supuestos de revocabilidad objetiva para aquellos actos en que el perjuicio se presume y supuestos de revocabilidad subjetiva, en los cuales el perjuicio y la mala fe deben probarse.

7. Del Arbitraje Concursal.

Este capítulo establece las reglas aplicables al arbitraje concursal, el cual podrá ser aplicable tanto para los procedimientos concursales de liquidación como de reorganización, En el primer caso, la decisión de someterse a este sistema será tomada por la junta de acreedores, mientras que en el segundo caso será el deudor quien debe manifestar dicha voluntad.

8. De la Insolvencia Transfronteriza.

Se incorpora la Ley Modelo de Insolvencia Transfronteriza de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral por sus siglas en inglés) la que tiene por objeto establecer mecanismos eficaces para la resolución de los casos de insolvencia transnacionales, en base a la cooperación entre los Estados, en busca de resolver bajo un procedimiento la insolvencia de las empresas multinacionales, entregando mayor seguridad jurídica para el comercio y las inversiones.

9. De la Superintendencia Concursal.

Responde al tratamiento orgánico del ente fiscalizador concursal, que ve potenciado su accionar en comparación al esquema actual.

10. Modificaciones en otros cuerpos legales.

Se realiza un exhaustivo análisis de la normativa legal vigente que tenga relación con la quiebra y los convenios y se proponen modificaciones a los principales cuerpos normativos.

11. Disposiciones transitorias.

Se establecen normas transitorias para una adecuada implementación del nuevo procedimiento, así como la debida instalación de la nueva Superintendencia Concursal, continuadora de la actual Superintendencia de Quiebras.

En mérito de lo expuesto y en uso de mis facultades constitucionales, someto a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

I.- DISPOSICIONES GENERALES

“ARTÍCULO 1°.-Ámbito de aplicación de la ley. La presente Ley establece el régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora y a repactar los pasivos o liquidar los activos de una persona deudora.

ARTÍCULO 2°.-Definiciones. Para efectos de esta Ley, se entenderá, en singular o plural, por:

1) Acuerdo de Reorganización Judicial: Aquel que se suscribe entre una empresa deudora y sus acreedores, con el fin de reestructurar sus activos y pasivos, con sujeción al procedimiento establecido en los Títulos 1 y 2 del Capítulo III de esta Ley.

2) Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado: Aquel que se suscribe entre una empresa deudora y sus acreedores, con el fin de reestructurar sus activos y pasivos, y que se somete a aprobación judicial con sujeción al procedimiento establecido en el Título 3 del Capítulo III de esta Ley.

3) Avalúo Fiscal: El precio de los inmuebles fijado por el Servicio de Impuestos Internos, para los efectos del pago del impuesto territorial.

4) Audiencia Inicial: Aquella audiencia que se lleva a cabo en el tribunal competente con presencia del deudor, si comparece, en un procedimiento de liquidación forzosa, en los términos establecidos en el artículo 120.

5)Audiencia de Prueba: Aquella que se verifica en el marco de un juicio de oposición, en la cual se rinden las pruebas ofrecidas en la Audiencia Inicial, en los términos establecidos en el artículo 126.

6) Audiencia de Fallo: Aquella audiencia que pone término al juicio de oposición, en los términos establecidos en el artículo 127.

7) Boletín Concursal: Plataforma electrónica a cargo de la Superintendencia Concursal, en la que se publicarán todas las resoluciones que se dicten y las actuaciones que se realicen en los procedimientos concursales, cada vez que la ley lo ordene.

8) Certificado de Nominación: Aquel emitido por la Superintendencia Concursal, en el cual consta la nominación del veedor o liquidador titular y suplente.

9) Comisión de Acreedores: Aquella que se designa en un procedimiento concursal de reorganización con el objeto de supervigilar el cumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, con las atribuciones y deberes que el mismo señale, o aquella que se designa en un procedimiento concursal de liquidación, que tiene por objeto tomar los acuerdos que la junta de acreedores le delegue.

10) Cuenta Final de Administración: Aquella rendición de cuentas que deben efectuar tanto el veedor como el liquidador de su gestión, en la oportunidad prevista en la ley, ante el tribunal, en la que deberá observar la normativa contable, tributaria y financiera aplicable, así como la de esta Ley.

11) Deudor: Toda empresa deudora y/o persona deudora, atendido el procedimiento concursal de que se trate y/o la naturaleza de la disposición a que se refiera.

12) Empresa Deudora: Toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, personas naturales contribuyentes de Primera Categoría y personas naturales contribuyentes del artículo 42 número 2 del Decreto Ley Nº 824 del Ministerio de Hacienda del año 1974 que aprueba la Ley sobre Impuesto a la Renta.

13) Informe del Veedor: Aquel informe del veedor sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, regulado en el número 8 del artículo 58 de esta ley.

14) Juntas de Acreedores: Órgano concursal constituido por los acreedores de un deudor sujeto a un procedimiento concursal, de conformidad a esta ley. Se denominarán, según corresponda, Junta Constitutiva, Juntas Ordinarias y Juntas Extraordinarias, en adelante indistintamente “Junta de Acreedores” o “Junta”.

15) Ley: Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.

16) Liquidación Forzosa: aquella demandada por cualquier acreedor del deudor, conforme al Párrafo 2 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley.

17) Liquidación Voluntaria: aquella solicitada por el deudor, conforme al Párrafo 1 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley.

18) Liquidador: Aquella persona, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia Concursal, cuya misión principal es realizar el activo del deudor y propender al pago de los créditos de sus acreedores, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

19) Ministro de Fe: Aquel funcionario de la Superintendencia Concursal nombrado por el Superintendente Concursal en tal carácter y aquellos a los cuales la ley reconoce como tales.

20) Nómina de Veedores: Registro público integrado por todas las personas naturales legalmente nombradas como veedores por la Superintendencia Concursal, en conformidad al Párrafo 1 del Título 1 del Capítulo II de esta Ley.

21) Nómina de Liquidadores: Registro público integrado por todas las personas naturales legalmente nombradas como liquidadores por la Superintendencia Concursal, en conformidad al Párrafo 1 del Título 2 del Capítulo II de esta Ley.

22) Nómina de Árbitros Concursales: Registro público integrado por todas las personas naturales legalmente nombradas como árbitros por la Superintendencia Concursal, en conformidad al Capítulo VII de esta Ley.

23) Nómina de Martilleros Concursales: Registro público integrado por todas las personas legalmente nombradas como martilleros por la Superintendencia Concursal, en conformidad a lo establecido en el artículo 213 de esta Ley.

24) Persona Deudora: Toda persona natural no comprendida en la definición de Empresa Deudora.

25) Persona Relacionada: Se considerarán Personas Relacionadas respecto de una o más personas o de sus representantes, a las siguientes:

a) El cónyuge, los ascendientes y descendientes y colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el sexto grado inclusive y las sociedades en que éstos participen, con excepción de aquellas inscritas en el Registro de Valores;

b) Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 100 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores.

26) Procedimiento Concursal: Aquel procedimiento que tiene por objeto reestructurar o renegociar los pasivos y activos de una Empresa Deudora o de una Persona Deudora o, en su caso, proceder a su liquidación.

27) Procedimiento Concursal de Liquidación: El procedimiento regulado el Capítulo IV de esta Ley.

28) Procedimiento Concursal de Reorganización: El procedimiento regulado en el Capítulo III de esta Ley.

29) Procedimiento Concursal de Renegociación: El procedimiento regulado en el Capítulo V de esta Ley.

30) Protección Financiera Concursal: Aquel periodo que la Ley le otorga al deudor que se somete al Procedimiento Concursal de Reorganización, durante el cual no podrá declararse ni solicitarse su liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento. Dicho período será el comprendido entre la notificación de la resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización y el Acuerdo de Reorganización Judicial o el plazo fijado por la ley, si éste no se suscribe.

31) Quórum Calificado: Dos tercios del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido, según corresponda, en el Procedimiento Concursal respectivo.

32) Quórum Especial: Cincuenta por ciento más uno del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido, según corresponda, en el Procedimiento Concursal respectivo.

33) Quórum Simple: Cincuenta por ciento más uno del pasivo verificado y/o reconocido, según corresponda, con derecho a voto, presente en la Junta de Acreedores, en el Procedimiento Concursal respectivo.

34) Resolución de Admisibilidad: aquella resolución administrativa dictada por la Superintendencia Concursal conforme al artículo 262 y que produce los efectos del artículo 263, ambos del Capítulo V de esta Ley.

35) Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación: Aquella resolución judicial que, dictada en cualquiera de las oportunidades previstas en un Procedimiento Concursal, produce los efectos señalados en el Párrafo 4 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley.

36) Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización: Aquella resolución judicial que, dictada en cualquiera de las oportunidades previstas en un Procedimiento Concursal, produce los efectos señalados en el artículo 58 de esta Ley.

37) Servicios de Utilidad Pública: son aquellos servicios, cuyos prestadores se encuentran regulados en leyes especiales y sujetos a la fiscalización de la autoridad, considerados como consumos básicos, tales como agua, luz, gas y teléfono.

38) Superintendencia: La Superintendencia Concursal.

39) Veedor: Aquella persona, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia Concursal, cuya misión principal es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitando la proposición de Acuerdos de Reorganización Judicial y resguardar los intereses de los acreedores, requiriendo las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

ARTÍCULO 3°.-Competencia. Los Procedimientos Concursales de Reorganización y Liquidación contemplados en esta Ley serán de competencia del juzgado de letras que corresponda al domicilio del deudor, sin perjuicio de las disposiciones sobre prórroga de competencia aplicables al efecto.

En las comunas asiento de Corte, la distribución se regirá por un auto acordado de la Corte Suprema, en el que se especificará la lista de juzgados a los cuales se les haya asignado el conocimiento de estas causas, con el objeto que los jueces titulares y secretarios de dichos juzgados se sometan a un curso de instrucción obligatoria de las disposiciones de esta Ley y de las leyes especiales que rijan estas materias, el que deberá impartirse por la Academia Judicial.

El tribunal al cual corresponda conocer de un Procedimiento Concursal de Reorganización y Liquidación de aquellos contemplados en esta Ley no perderá su competencia por el hecho de existir entre los acreedores y el deudor personas que gocen de fuero especial.

ARTÍCULO 4°.-Recursos. Las resoluciones judiciales que se pronuncien en los Procedimientos Concursales de Reorganización y Liquidación establecidos en esta Ley sólo serán susceptibles de los recursos que siguen:

1) Reposición: contra cualquier resolución, la cual deberá interponerse dentro del plazo de tres días contado desde su notificación y podrá resolverse de plano o previa tramitación incidental, según determine el tribunal. Contra la resolución que resuelva la reposición no procederá recurso alguno.

2) Apelación: contra aquellas resoluciones que esta Ley señale expresamente, la cual deberá interponerse dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación. Será concedida en el sólo efecto devolutivo, salvo las excepciones que esta Ley señale y en ambos casos gozará de preferencia para su agregación en la tabla y para su vista y fallo.

En las resoluciones susceptibles de recurrirse de reposición y apelación, la apelación deberá interponerse en subsidio de la reposición, de acuerdo a las reglas generales.

3) Casación: en los casos y en las formas establecidas en la ley.

ARTÍCULO 5°.-Incidentes. Sólo podrán promoverse incidentes en aquellas materias en que esta Ley lo permita expresamente. Se tramitarán conforme a las reglas generales previstas en el Código de Procedimiento Civil, y no suspenderán el correspondiente Procedimiento Concursal, salvo que esta Ley establezca lo contrario.

ARTÍCULO 6°.-Notificaciones. Siempre que el tribunal ordene que una resolución se notifique por avisos, deberá publicarse un aviso en el Boletín Concursal y se entenderá efectuada desde la inserción de la publicación correspondiente en dicho Boletín, el que deberá señalar la fecha en que se produzca la respectiva inserción.

Las notificaciones en el Boletín Concursal deberán realizarse por el Veedor, el Liquidador o la Superintendencia, según corresponda, dentro de los dos días hábiles siguientes a la dictación de las respectivas resoluciones, salvo que la norma respectiva disponga un plazo diferente.

Toda resolución que no tenga señalada una forma distinta de notificación, se entenderá que debe efectuarse en el Boletín Concursal.

La Superintendencia, mediante norma de carácter general, establecerá las formalidades requeridas para efectuar las notificaciones y publicaciones y los requisitos técnicos de operación y seguridad del Boletín Concursal.

Cada vez que se establezca que una resolución deba notificarse por correo electrónico, se estará a lo dispuesto en la norma de carácter general aplicable en cuanto a la forma de efectuarla. En todo caso, en la primera actuación que se realice ante el tribunal en los Procedimientos Concursales de Reorganización y Liquidación, el deudor, los acreedores y los terceros interesados deberán señalar una dirección de correo electrónico válida a la cual se deberán realizar las notificaciones conforme a lo señalado precedentemente.

El error en la notificación por correo electrónico enviada a la dirección señalada por el respectivo notificado, no invalidará la notificación.

En los casos que no sea posible notificar por correo electrónico, se notificará por carta certificada o personalmente por un ministro de fe, en los términos de los artículos 46 y 41 del Código de Procedimiento Civil.

De todas las notificaciones que se practiquen en virtud de lo dispuesto en este artículo se dejará constancia por escrito en el expediente, sin que sea necesaria certificación alguna al respecto.

Cada vez que la Ley ordene al deudor señalar el correo electrónico de sus acreedores, se entenderá que debe señalar el del representante legal.

ARTÍCULO 7°.-Cómputo de plazos. Los plazos de días establecidos en esta Ley son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días domingos y feriados, salvo que en esta Ley se establezca que un plazo específico es de días corridos. Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución o el acto respectivo.

Cuando la Ley señale un plazo para actuaciones que deban realizarse antes de determinada fecha, dicho plazo se contará hacia atrás, a partir del día inmediatamente anterior al de la respectiva actuación.

ARTÍCULO 8°.-Exigibilidad. Las normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta Ley.

En aquellas materias que no estén reguladas expresamente por leyes especiales, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de esta Ley.

II.- DEL VEEDOR Y LIQUIDADOR

Título 1. Del Veedor

Párrafo 1. De la Nómina de Veedores

ARTÍCULO 9°.-Estructura. La Nómina de Veedores es el registro público integrado por todas las personas naturales nombradas en el cargo de Veedor por la Superintendencia, la que deberá mantenerla debidamente actualizada y a disposición del público a través de su página web.

ARTÍCULO 10.-Solicitud de inscripción. Toda persona natural interesada en ser nombrado Veedor, podrá presentar su solicitud ante la Superintendencia. En ella deberá expresar si ejercerá el cargo a nivel nacional o regional, acompañando los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 13 y una declaración jurada en que exprese no estar afecto a las prohibiciones contempladas en el artículo 17.

ARTÍCULO 11.-Nombramiento. El Veedor será nombrado mediante resolución dictada por la Superintendencia, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 13.

ARTÍCULO 12.-Menciones de la Nómina de Veedores. La Nómina de Veedores contendrá las siguientes menciones de cada Veedor:

1) Nombre completo, profesión, domicilio, datos de contacto y regiones en que ejercerá sus funciones;

2) Calificaciones obtenidas durante los últimos cinco años en el examen a que se refiere el artículo 14;

3) Número total de Procedimientos Concursales de Reorganización en que hubiere intervenido, con mención de aquellos que se hubieren acordado y de los cinco principales acreedores en cada uno de ellos y el sector o rubro del deudor en cada uno de dichos procedimientos;

4) Honorario promedio percibido, y

5) Registro de las sanciones aplicadas.

Párrafo 2. Del Veedor

ARTÍCULO 13.-Requisitos. Podrá ser Veedor y solicitar su inclusión en la Nómina de Veedores, toda persona natural que cumpla con los siguientes requisitos:

1) Contar con un título profesional de contador auditor o de una profesión de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por universidades del Estado o reconocidas por éste, o por la Corte Suprema, en su caso;

2) Contar con, a lo menos, cinco años de ejercicio de la profesión que haga valer;

3) Aprobar el examen para Veedores a que se refiere el artículo siguiente;

4) No estar afecto a alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 17, y

5) Otorgar, en tiempo y forma, la garantía señalada en el artículo 16.

ARTÍCULO 14.-Del examen de conocimientos. La Superintendencia convocará a un examen de conocimientos a las siguientes personas:

1) Postulantes a la Nómina de Veedores;

2) Veedores que no hubieren asumido Procedimientos Concursales de Reorganización en un período de tres años contados desde el último examen rendido y aprobado, y

3) Veedores que hubieren reprobado el examen en conformidad con lo establecido en el presente artículo.

El Veedor que hubiere reprobado el examen podrá rendirlo nuevamente en el periodo siguiente de examinación, en la fecha, hora y lugar que fije la Superintendencia. La inasistencia injustificada se entenderá como reprobación para todos los efectos legales.

El Veedor que hubiere reprobado el examen de repetición, quedará suspendido de pleno derecho para asumir nuevos Procedimientos Concursales de Reorganización, aún como interventor, por un periodo de doce meses contados desde la notificación mediante correo electrónico de su reprobación, y hasta que apruebe un nuevo examen, debiendo rendirlo una vez terminado el periodo de suspensión, en la fecha de examinación correspondiente. Si reprueba nuevamente el examen de repetición, será excluido de la Nómina de Veedores.

El examen de conocimientos señalado en este artículo se convocará dos veces en cada año calendario y será regulado por la Superintendencia a través de una norma de carácter general.

ARTÍCULO 15.-Responsabilidad. La responsabilidad civil del Veedor alcanzará a la culpa levísima y se perseguirá en juicio sumario una vez presentada la Cuenta Final de Administración, conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2 del Título 3 del Capítulo II de esta Ley, y sin perjuicio de la responsabilidad legal en que pudiere incurrir.

ARTÍCULO 16.-Garantía de fiel desempeño. Todo Veedor deberá mantener en la Superintendencia y mientras subsista su responsabilidad, una garantía por un monto de 1.000 Unidades de Fomento, con una vigencia mínima de diez años. En caso de no otorgarse en tiempo y forma, el Veedor no podrá asumir en nuevos Procedimientos Concursales de Reorganización.

La garantía podrá consistir en una boleta bancaria de garantía, póliza de seguro o cualquier otra que la Superintendencia determine mediante norma de carácter general, la cual también establecerá la forma de rendirla, sus plazos, devolución, renovación y demás especificaciones aplicables.

La garantía a que se refiere este artículo tiene por objeto caucionar el fiel desempeño de la actividad del Veedor, asegurando el correcto y cabal cumplimiento de todas sus obligaciones, incluyendo la eventual indemnización a que sea condenado en caso de hacerse efectiva su responsabilidad civil y el pago de las multas administrativas impuestas en su contra.

La Superintendencia hará efectiva la garantía y entregará su monto a requerimiento del tribunal que hubiere declarado la responsabilidad civil del Veedor, siempre que la resolución condenatoria se encuentre firme y ejecutoriada. Tratándose de multas impuestas por la propia Superintendencia, la resolución respectiva indicará el plazo en que el Veedor deberá pagar la multa, el cual no podrá ser inferior a veinte días. Dicho plazo se contará desde que dicha resolución se encuentre firme y ejecutoriada. Una vez transcurrido el término anterior sin verificarse el pago, la Superintendencia hará efectiva la garantía e imputará los fondos a la multa respectiva, restituyendo el saldo al Veedor, si correspondiere.

Sin perjuicio de lo anterior, si se ejecutare la garantía del Veedor conforme al inciso anterior, una vez que se le restituya el saldo en su caso, se entenderá suspendido para asumir nuevos Procedimientos Concursales de Reorganización, y tendrá un plazo de veinte días para constituir una nueva garantía en los términos previstos en este artículo, manteniéndose la señalada suspensión mientras no rinda la respectiva caución.

ARTÍCULO 17.-Prohibiciones. No podrán ser Veedores las siguientes personas:

1) Las que hayan sido condenadas por crimen o simple delito;

2) Las que desempeñen un cargo o función pública, en cualquier órgano de la Administración del Estado o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas, aunque no sean del nombramiento del Presidente de la República ni reciban remuneración del Estado. No obstante, no regirá esta incompatibilidad respecto de las personas que desempeñen un cargo o función en instituciones de educación superior;

3) Las que tuvieren incapacidad física o mental para ejercer el cargo, y

4) Las que hubieren dejado de integrar la Nómina de Veedores en virtud de las causales de exclusión del artículo siguiente y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del mismo.

ARTÍCULO 18.-De la exclusión. Los Veedores serán excluidos de la Nómina de Veedores en los siguientes casos:

1) Por haber sido nombrados en contravención a lo dispuesto en este Título;

2) Por dejar de cumplir los requisitos enumerados en el artículo 13 de este Título;

3)Por adquirir para sí o para terceros, ya sea como persona natural o a través de una persona jurídica en la que el Veedor sea socio o Persona Relacionada, cualquier bien en los Procedimientos Concursales en que intervengan como Veedor o Liquidador;

4) Por enajenar o autorizar la enajenación de cualquier bien en los Procedimientos Concursales en que intervenga como Veedor o Liquidador a:

a) Personas Relacionadas;

b) Alguna persona jurídica en que tenga interés económico directo o indirecto;

c) Socios o accionistas de una sociedad en la que el Veedor forme parte, o de las sociedades en las cuales tenga participación, salvo aquellas que se encuentren inscritas en el Registro de Valores;

d) Personas con las que posea bienes en comunidad, con excepción de los copropietarios a que se refiere la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria;

e) Dependientes, y

f) Profesionales o técnicos que le presten servicios sean estos esporádicos o permanentes, cualquiera sea la forma en que estén constituidos;

5) Por haberse declarado judicialmente, por sentencia firme y ejecutoriada, su responsabilidad civil o penal, en conformidad con el artículo 27;

6) Por renuncia presentada ante la Superintendencia, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades por las funciones que ya hubiere asumido;

7) Por sentencia firme y ejecutoriada que rechace la Cuenta Final de Administración que debe presentar en conformidad a esta Ley;

8) Por infracciones reiteradas que en su conjunto constituyan a criterio de la Superintendencia una conducta gravísima;

9) Por reprobación definitiva del examen de conocimientos a que se refiere el artículo 14, y

10) Por muerte.

Producida alguna de las circunstancias señaladas en los números precedentes, la Superintendencia dictará la resolución de exclusión respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que se produzcan algunas de las circunstancias previstas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 8 anteriores, la Superintendencia deberá previamente representar al Veedor dicha circunstancia para que éste presente sus descargos, dentro de los cinco días siguientes. Vencido el plazo señalado sin que se presente descargo alguno, la Superintendencia dictará la correspondiente resolución de exclusión. Si el Veedor presenta sus descargos la Superintendencia podrá acogerlos o rechazarlos dictando la correspondiente resolución de exclusión.

Las personas excluidas de la Nómina de Veedores por las causales de los números 1, 2, 5, 6 y 9 podrán solicitar, una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha en que quedó firme el acto administrativo de exclusión, su reinscripción en la referida Nómina, estándose a lo dispuesto en el presente Título.

Las personas excluidas de la Nómina de Veedores por cualquier otra causal no podrán volver a solicitar su inscripción.

ARTÍCULO 19.-Reclamo de exclusión. El Veedor podrá reclamar de su exclusión ante la Corte de Apelaciones de su domicilio dentro del plazo de cinco días contado desde la notificación por carta certificada de la resolución que decida su exclusión.

La Corte respectiva conocerá del reclamo en cuenta y sin ulterior recurso. Mientras se encuentre pendiente el reclamo de exclusión, el Veedor no podrá asumir nuevos Procedimiento Concursales.

Excluido el Veedor de la Nómina de Veedores, subsistirá la obligación de rendir cuenta de su gestión, así como la responsabilidad legal en que pudiere haber incurrido.

ARTÍCULO 20.-Designación del Veedor en los Procedimientos Concursales. Sólo podrá designarse Veedor a quien integre la Nómina de Veedores a la época de la resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal respectivo.

ARTÍCULO 21.-Inhabilidades. No podrán ser nominados o designados Veedores en un Procedimiento Concursal de Reorganización:

1) Las Personas Relacionadas del deudor;

2) Los deudores y acreedores del deudor o sus representantes y todos los que tuvieren un interés directo o indirecto en el respectivo procedimiento;

3) Los que tuvieren objetada la Cuenta Final de Administración en un Procedimiento Concursal, siempre que se insistiere en uno o más reparos, y

4) Los que estuvieren suspendidos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 o en conformidad al número 4 del artículo 337 de esta Ley.

ARTÍCULO 22.-Nominación del Veedor. Una vez que la Superintendencia reciba los antecedentes señalados en el artículo 57, ésta notificará a los tres mayores acreedores del deudor según la información entregada, dentro del día hábil siguiente y por el medio más expedito, notificación que será certificada por el Ministro de Fe de la Superintendencia para todos los efectos legales.

Dentro del día siguiente hábil a la referida notificación, cada acreedor propondrá por escrito o por correo electrónico a un Veedor titular y a un Veedor suplente vigente en la Nómina de Veedores. Para los efectos de la nominación, cada acreedor será individualmente considerado sin distinción del monto de su crédito.

Dentro del día siguiente hábil al señalado en el inciso anterior, la Superintendencia nominará como Veedor titular al que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de titular por los acreedores, y como Veedor suplente a aquel que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de suplente. Si sólo respondiere un acreedor, se estará a su propuesta. Si respondieren todos o dos de ellos y la propuesta recayere en personas diversas, se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea superior. En caso que no se reciban propuestas, la nominación tendrá lugar mediante sorteo ante la Superintendencia, en el que participarán todos aquellos Veedores vigentes en la Nómina de Veedores a esa fecha.

Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

El Veedor titular y suplente nominados serán inmediatamente notificados por la Superintendencia por el medio más expedito.

El Veedor titular nominado deberá manifestar ante la Superintendencia a más tardar al día siguiente hábil si acepta el cargo y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente.

Aceptado el cargo, la Superintendencia emitirá el Certificado de Nominación del Veedor, el cual será remitido directamente al tribunal competente, dentro del día siguiente hábil a su emisión, para que éste designe a un Veedor en la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización.

El Veedor podrá excusarse de aceptar una nominación ante la Superintendencia, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus razones, al día siguiente hábil de su notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el Veedor y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada, el Veedor deberá asumir como tal en el Procedimiento Concursal de Reorganización, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva la excusa y se emita el correspondiente Certificado de Nominación. Si la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará a un nuevo Veedor mediante sorteo.

ARTÍCULO 23.-De la cesación en el cargo. El Veedor cesará en el cargo por el término del Procedimiento Concursal de Reorganización o por cese anticipado en el cargo, sin perjuicio que subsistirá su responsabilidad hasta la aprobación de su Cuenta Final de Administración.

ARTÍCULO 24.-Del cese anticipado en el cargo. Para los efectos de esta Ley se entenderá que el Veedor cesa anticipadamente en su cargo:

1) Por la revocación de la Junta de Acreedores;

2) Por remoción decretada por el tribunal;

3) Por renuncia aceptada por la Junta de Acreedores o, en su defecto, por el tribunal, la que deberá fundarse en una causa grave;

4) Por haber dejado de formar parte de la Nómina de Veedores, sin perjuicio de continuar en el cargo hasta que asuma el Veedor Suplente, y

5) Por inhabilidad sobreviniente. El Veedor deberá dar cuenta al tribunal y a la Superintendencia de la inhabilidad que le afecte. El incumplimiento de la referida obligación será constitutivo de falta grave para los efectos de lo dispuesto en el número 8 del artículo 18.

El Veedor suplente, asumirá dentro de los dos días hábiles siguientes a la cesación en el cargo del Veedor titular, cualquiera sea la causa.

El Veedor que haya cesado anticipadamente en su cargo deberá rendir cuenta de su gestión y hacer entrega de los antecedentes del Procedimiento Concursal de Reorganización al Veedor suplente, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que este último haya asumido. En caso de incumplimiento, el tribunal competente, de oficio o a petición de cualquier interesado, requerirá el cumplimiento según lo previsto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo caso la multa será de 10 a 200 Unidades Tributarias Mensuales. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá aplicar las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO 25.-Deberes del Veedor. La función principal del Veedor es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitando la proposición y negociación de los Acuerdos de Reorganización Judicial.

En el ejercicio de sus funciones, deberá especialmente:

1) Imponerse de los libros, documentos y operaciones del deudor;

2) Incorporar y publicar en el Boletín Concursal, copia de todos los antecedentes y resoluciones que esta Ley le ordene;

3) Realizar las inscripciones y notificaciones que establece la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización;

4) Realizar las labores de fiscalización y valorización que se le imponen en el artículo 72 y siguientes, que se refieren al suministro asegurado, la venta necesaria de activos y a la obtención de nuevos recursos;

5) Arbitrar las medidas necesarias en el procedimiento de determinación del pasivo establecido en los artículos 70 y 71;

6) Realizar la calificación de los poderes e informar al tribunal competente sobre la legalidad de éstos, cuando corresponda;

7) Impetrar las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor que sean necesarias para resguardar los intereses de los acreedores, sin perjuicio de los acuerdos que éstos puedan adoptar;

8) Dar cuenta al tribunal competente y a la Superintendencia de cualquier acto o conducta del deudor que signifique una administración negligente o dolosa de sus negocios y, con acuerdo de dicho tribunal, adoptar las medidas necesarias para mantener la integridad de los activos, cuando corresponda;

9) Rendir mensualmente cuenta de su actuación y de los negocios del deudor a la Superintendencia, y presentar las observaciones que le merezca la administración de este último. Esta cuenta será enviada además por correo electrónico a cada uno de los acreedores, y

10) En general, ejecutar todos los actos que les encomiende esta Ley.

ARTÍCULO 26.-Delegación de funciones. El Veedor sólo podrá delegar sus funciones, manteniendo su responsabilidad y a su costa, en otros Veedores vigentes en la Nómina de Veedores, con igual competencia territorial.

La referida delegación deberá efectuarse por instrumento público en el que conste la aceptación, el que deberá ser debidamente agregado al expediente.

ARTÍCULO 27.-Concertación. El Veedor que se concertare con el deudor, con algún acreedor o un tercero para proporcionarle alguna ventaja indebida o para obtenerla para sí, será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 464 del Título “De los delitos Concursales y de las defraudaciones” del Código Penal.

ARTÍCULO 28.-Honorarios del Veedor. Los honorarios del Veedor serán convenidos entre éste, el deudor y los tres principales acreedores, y serán de cargo del deudor. Estos honorarios gozarán de la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil, sin perjuicio de lo establecido en el número 3 del artículo 118.

ARTÍCULO 29.-De la Cuenta Definitiva. El Veedor estará obligado a rendir cuenta definitiva de su gestión en el plazo de treinta días contados desde la resolución que aprueba el Acuerdo de Reorganización Judicial o desde la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, en su caso. Al respecto, le será plenamente aplicable lo dispuesto en el Párrafo 2 del Título 3 del Capítulo II de esta Ley.

Título 2. Del Liquidador

Párrafo 1. De la Nómina de Liquidadores

ARTÍCULO 30.-Estructura. La Nómina de Liquidadores es el registro público integrado por todas las personas naturales nombradas como tales por la Superintendencia, la que deberá mantenerla debidamente actualizada y a disposición del público a través de su página web.

ARTÍCULO 31.-Norma general. Será aplicable a los Liquidadores lo dispuesto en el Título 1 del Capítulo II de la presente Ley respecto de los Veedores, en todo aquello que no esté expresamente señalado en el presente Título, y en todo caso, siempre que no sea contrario a la naturaleza de la función que desempeña.

ARTÍCULO 32.-Requisitos. Podrá ser Liquidador y solicitar su inclusión en la Nómina de Liquidadores, toda persona natural que cumpla con los siguientes requisitos:

1) Contar con un título profesional de contador auditor o de una profesión de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por universidades del Estado o reconocidas por éste, o por la Corte Suprema, en su caso;

2) Contar con, a lo menos, cinco años de ejercicio de la profesión que haga valer;

3) Aprobar un examen de conocimientos para Liquidadores, en los términos del artículo 14 anterior;

4) No estar afecto a alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 17, y

5) Otorgar, en tiempo y forma, la garantía señalada en el artículo 16.

ARTÍCULO 33.-Menciones de la Nómina de Liquidadores. Además de las menciones señaladas en el artículo 12, la Nómina de Liquidadores deberá contener el régimen de descuento de honorarios ofrecido por el Liquidador respecto de la tabla del artículo 40 y su respectiva vigencia.

Asimismo, deberá señalar el número de Procedimientos Concursales de Liquidación en que cada Liquidador hubiere intervenido, la lista de los cinco principales acreedores en cada uno de ellos, el porcentaje de Procedimientos Concursales de Liquidación con Cuenta Final de Administración aprobada y el sector o rubro del deudor en cada uno de dichos procedimientos.

ARTÍCULO 34.Causales de exclusión de la Nómina de Liquidadores. Además de las causales de exclusión señaladas en el artículo 18, será excluido de la Nómina de Liquidadores aquel que se negare a asumir un Procedimiento Concursal de Liquidación sin causa justificada.

Párrafo 2. Del Liquidador

ARTÍCULO 35.-Responsabilidad. La responsabilidad civil de los Liquidadores alcanzará a la culpa levísima y se perseguirá en juicio sumario una vez presentada la Cuenta Final de Administración, conforme lo dispuesto en los artículos 50 y siguientes de esta Ley, y sin perjuicio de la responsabilidad legal en que pudiere incurrir.

ARTÍCULO 36.-Deberes del Liquidador. El Liquidador representa judicial y extrajudicialmente los intereses generales de los acreedores y los derechos del deudor en cuanto puedan interesar a la masa, sin perjuicio de las facultades de aquéllos y de éste determinadas por esta Ley.

En el ejercicio de sus funciones, el Liquidador deberá especialmente, con arreglo a la Ley:

1) Incautar e inventariar los bienes del deudor;

2) Liquidar los bienes del deudor;

3) Efectuar los repartos de fondos a los acreedores en la forma dispuesta en el Párrafo 3 del Título 5 del Capítulo IV de esta Ley;

4) Cobrar los créditos del activo del deudor;

5) Contratar préstamos para solventar los gastos del procedimiento Concursal de Liquidación;

6) Exigir rendición de cuentas de cualquiera que haya administrado bienes del deudor;

7) Reclamar del deudor la entrega de la información necesaria para el desempeño de su cargo;

8) Registrar sus actuaciones y publicar las resoluciones que se dicten en un Procedimiento Concursal de Liquidación en el Boletín Concursal;

9) Depositar a interés en una institución financiera, los fondos que perciba, en cuenta separada para cada Procedimiento Concursal de Liquidación y a nombre de éste, y abrir una cuenta corriente con los fondos para solventarlo;

10) Ejecutar los acuerdos legalmente adoptados por la Junta de Acreedores dentro del ámbito de su competencia;

11) Cerrar los libros de comercio del deudor, siendo responsable por ello frente a terceros desde la dictación de la Resolución que ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, y

12) Ejercer las demás facultades y cumplir las demás obligaciones que le encomienda esta Ley.

ARTÍCULO 37.-Nominación del Liquidador. Presentada una solicitud de inicio de Procedimiento Concursal de Liquidación ante el tribunal competente, la Superintendencia nominará al Liquidador conforme al procedimiento establecido en el presente artículo, salvo en el caso previsto en el número 3 del artículo 120.

Tratándose de una solicitud de Liquidación Voluntaria, el deudor acompañará a la Superintendencia copia con cargo del tribunal competente de la respectiva solicitud y copia de la nómina de acreedores y sus créditos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de esta Ley.

Tratándose de una solicitud de Liquidación Forzosa, el acreedor peticionario acompañará a la Superintendencia copia con cargo de la respectiva solicitud y copia de la nómina de acreedores y sus créditos, que hubiere acompañado el deudor, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de esta Ley.

Una vez acompañada a la Superintendencia los antecedentes señalados, ésta notificará a los tres mayores acreedores del deudor según la información entregada, dentro del día hábil siguiente y por el medio más expedito, el que podrá ser correo electrónico, notificación que será certificada por un Ministro de Fe de la Superintendencia para todos los efectos legales.

Dentro del día siguiente hábil a la referida notificación, cada acreedor propondrá por escrito o por correo electrónico a un Liquidador titular y un Liquidador suplente vigente en la Nómina de Liquidadores.

Dentro del día siguiente hábil al señalado en el inciso anterior, la Superintendencia nominará como Liquidador titular al que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de titular por los acreedores, y como suplente a aquel que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de suplente. Si sólo respondiere un acreedor, se estará a su propuesta. Si respondieren todos o dos de ellos y la propuesta recayere en personas diversas, se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea superior. En caso que no se reciban propuestas, la nominación tendrá lugar mediante sorteo ante la Superintendencia, en el que participarán todos aquellos vigentes en la Nómina de Liquidadores a esa fecha.

Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

El Liquidador titular y suplente nominados serán inmediatamente notificados por la Superintendencia por el medio más expedito, el que podrá ser correo electrónico.

El Liquidador titular nominado deberá manifestar, ante la Superintendencia, a más tardar al día siguiente hábil, si acepta el cargo y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente.

Aceptado el cargo, la Superintendencia emitirá el Certificado de Nominación del Liquidador, el cual será remitido directamente al tribunal competente, dentro del día siguiente hábil a su emisión, para que éste designe a un Liquidador en carácter de provisional en la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

El Liquidador podrá excusarse ante la Superintendencia de aceptar una nominación, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus justificaciones, al día siguiente hábil de su notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el Liquidador y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada, el Liquidador deberá asumir como tal en el Procedimiento Concursal de Liquidación, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva la excusa y se emita el correspondiente certificado. Si la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará a un nuevo Liquidador mediante sorteo.

ARTÍCULO 38.-Cese anticipado en el cargo. Además de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 que se aplicarán en lo que corresponda al Liquidador, éste cesará anticipadamente en el cargo por no haberse confirmado su nominación por la Junta de Acreedores, o por haberse aprobado, un Acuerdo de Reorganización Judicial o Acuerdo de Reorganización Simplificado que termine con el Procedimiento Concursal de Liquidación.

Si el Liquidador titular cesare anticipadamente en el cargo, asumirá el suplente, sin perjuicio de la facultad de la Junta de Acreedores de designar uno nuevo. Si no pudiere asumir el Liquidador suplente, la Superintendencia deberá citar a Junta Extraordinaria de Acreedores a objeto que se designe a un Liquidador titular y a un Liquidador suplente, en caso que los acreedores no los hubieren designado. Si dicha junta no se celebra por falta de quórum, la Superintendencia los designará por sorteo.

Los Liquidadores que fueren designados de conformidad a este artículo deberán asumir aun cuando el Procedimiento Concursal de Liquidación no tuviere bienes o fondos por repartir.

ARTÍCULO 39.-Honorarios del Liquidador. Los honorarios a percibir por los Liquidadores en los Procedimientos Concursales de Liquidación a su cargo, se sujetarán a las disposiciones siguientes:

1) Se determinarán de conformidad a la tabla progresiva por tramos prevista en el artículo siguiente.

2) Tendrán la naturaleza de remuneración única y de gasto de administración del Procedimiento Concursal de Liquidación para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

3) Comprenderán todos los gastos correspondientes al ejercicio de su cargo como Liquidador así como los honorarios de todos sus asesores, sean jurídicos, técnicos, administrativos o de cualquier otra índole que hubieren sido contratados para el desarrollo de su actividad.

4) No incluirán aquellos honorarios que se devenguen en caso de la continuación de actividades económicas del deudor en los términos de los artículos 231 y 232 de esta Ley.

5) Sólo podrán pagarse honorarios adicionales si los acreedores lo acuerdan en Junta de Acreedores. El pago de este aumento será de cargo exclusivo de aquellos acreedores que lo hubieren votado expresamente.

6) Los honorarios se pagarán únicamente en los repartos efectivos que tuvieren lugar, debiéndose deducir en forma previa a la ejecución del reparto.

7) El Liquidador deberá retener en instrumentos de renta fija, a nombre del deudor en liquidación, el 10% del honorario que le correspondería percibir en cada reparto. Estos honorarios sólo podrán ingresar al patrimonio del Liquidador una vez ejecutoriada la resolución que tuvo por aprobada su Cuenta Final de Administración, conforme lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes.

8) Podrán acordarse en Junta de Acreedores, con Quórum Simple, anticipos de honorarios al Liquidador, los que no podrán exceder del 10% de los ingresos en dinero efectivo que haya producido el Procedimiento Concursal de Liquidación al momento del anticipo.

9) Si el Liquidador cesa anticipadamente en el cargo conforme al artículo 38, sus honorarios y los del que lo reemplace serán acordados entre el Liquidador respectivo y la Junta de Acreedores. Faltando dicho acuerdo, resolverá el tribunal competente sin ulterior recurso.

10) Si el domicilio del deudor fuere distinto al del Liquidador, los gastos de traslado y otros necesarios para el Procedimiento Concursal de Liquidación se considerarán gastos de administración y deberán ser previamente aprobados por la Junta Constitutiva de Acreedores o, en subsidio, por el tribunal competente.

ARTÍCULO 40.-Tabla de Honorarios. Los honorarios que a continuación se indican, deberán pagarse al Liquidador en su equivalente en pesos a la fecha del reparto correspondiente:

1) Sobre la parte que exceda de 0 y no sobrepase de 2.000 Unidades de Fomento, 20%.

2) Sobre la parte que exceda de 2.000 y no sobrepase las 4.000 Unidades de Fomento, 15%.

3) Sobre la parte que exceda de 4.000 y no sobrepase las 8.000 Unidades de Fomento, 11%.

4) Sobre la parte que exceda de 8.000 y no sobrepase las 16.000 Unidades de Fomento, 8%.

5) Sobre la parte que exceda de 16.000 y no sobrepase las 32.000 Unidades de Fomento, 6%.

6) Sobre la parte que exceda de 32.000 y no sobrepase las 64.000 Unidades de Fomento, 4%.

7) Sobre la parte que exceda de 64.000 y no sobrepase las 130.000 Unidades de Fomento, 3%.

8) Sobre la parte que exceda de 130.000 y no sobrepase las 260.000 Unidades de Fomento, 2,25%.

9) Sobre la parte que exceda de 260.000 y no sobrepase las 520.000 Unidades de Fomento, 1,75%.

10) Sobre la parte que exceda de 520.000 y no sobrepase las 1.000.000 Unidades de Fomento, 1,5%.

11) Sobre la parte que exceda de 1.000.000 Unidades de Fomento, 1%.

El primer tramo se calculará sobre los ingresos del Procedimiento Concursal de Liquidación cuando no hubiere repartos, o si habiendo repartos, correspondiere al Liquidador un honorario inferior a 30 Unidades de Fomento, y en este caso el honorario no podrá exceder de esa cantidad.

Si luego de practicada la diligencia de incautación y confección de inventario a que se refiere el artículo 163, se constatare por el Liquidador que el deudor carece de bienes, o que éstos son insuficientes para el pago de los honorarios que pudieren corresponderle, éste sólo tendrá derecho a una remuneración de 30 Unidades de Fomento, que serán pagadas por la Superintendencia con cargo a su presupuesto.

ARTÍCULO 41.-Contrataciones especializadas. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior y previo acuerdo adoptado en Junta de Acreedores con Quórum Calificado, el Liquidador podrá contratar, con cargo a los gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación, personas naturales o jurídicas para que efectúen actividades especializadas debidamente calificadas como tales por la Junta de Acreedores.

Las actividades especializadas deberán referirse directamente al cuidado y mantención del activo del deudor, a la recuperación y realización del mismo y a su entrega material. La contratación se hará previo informe del Liquidador, el cual contendrá los fundamentos de la misma, el grado y alcance de la actividad y la forma en que se beneficiarán los acreedores o se evitarán perjuicios al activo incautado.

El Liquidador, o sus Personas Relacionadas, no podrán tener participación alguna en los actos o contratos que se ejecuten o celebren en conformidad a este artículo, salvo en cuanto a sus actividades como Liquidador en el Procedimiento Concursal de Liquidación y tampoco podrán participar como socios, accionistas, trabajadores o asesores de las personas jurídicas que sean contratadas para las actividades o informes indicados. La transgresión a esta prohibición constituirá causa gravísima para efectos del número 8 del artículo 18.

Título 3. De las disposiciones comunes al Veedor y Liquidador

ARTÍCULO 42.-Regla general. Podrá una misma persona natural estar inscrita en la Nómina de Veedores y en la Nómina de Liquidadores.

ARTÍCULO 43.- De la inclusión en la Nómina de Veedores y en la Nómina de Liquidadores. El registro de una persona en la Nómina de Veedores, no importará su inclusión en la Nómina de Liquidadores ni viceversa.

ARTÍCULO 44.-De la garantía de fiel desempeño. La garantía de fiel desempeño que deba rendir el Veedor conforme a lo dispuesto en el artículo 16, será distinta a la que deba rendir como Liquidador si solicita su inscripción en la Nómina de Liquidadores, y viceversa.

La responsabilidad legal del Veedor se podrá perseguir respecto de la garantía de fiel desempeño que haya rendido en su calidad de tal, y no respecto de la garantía de fiel desempeño que hubiera rendido en su calidad de Liquidador. Lo mismo será aplicable al Liquidador.

ARTÍCULO 45.-Prohibiciones relativas del Veedor o Liquidador. Sin perjuicio de las demás prohibiciones establecidas en esta Ley, los Veedores y Liquidadores no podrán intervenir en Procesos Concursales de Reorganización o Liquidación que no estuvieren o no hayan estado a su cargo, salvo las actuaciones que le correspondan como acreedor con anterioridad al Procedimiento Concursal respectivo, de representante legal en conformidad al artículo 43 del Código Civil, y de lo previsto en el artículo 26. La contravención a la presente prohibición constituye una infracción gravísima para los efectos del número 8 del artículo 18.

Asimismo los Veedores y Liquidadores no podrán contratar por si, a través de terceros o de una persona jurídica en la que sea socio o Persona Relacionada de la sociedad, con cualquier deudor sometido a un Procedimiento Concursal, salvo que se trate de sociedades que se encuentren inscritas en el Registro de Valores.

ARTÍCULO 46.-De la exclusión de la Nómina Veedores y de la Nómina de Liquidadores. La exclusión de la Nómina de Veedores importará necesariamente la exclusión de la Nómina de Liquidadores, y viceversa.

Asimismo, si un Veedor fuese suspendido para asumir nuevos Procedimientos Concursales de Reorganización, se entenderá por este hecho suspendido también para asumir Procedimientos Concursales de Liquidación, y viceversa.

Párrafo 1. De las cuentas provisorias

ARTÍCULO 47.-Contenido. La Superintendencia, mediante norma de carácter general, fijará la forma y contenidos obligatorios de las cuentas provisorias que deba rendir el Liquidador, las que deberán incluir, a lo menos, un desglose detallado de los ingresos y gastos durante los últimos tres meses, procurando la observancia de la normativa contable, tributaria y financiera aplicable.

ARTÍCULO 48.-Oportunidad y revisión. Las cuentas provisorias deberán rendirse mensualmente ante la Junta de Acreedores respectiva y publicarse en el Boletín Concursal, con a lo menos tres días de anticipación a la celebración de la Junta de Acreedores, la que deberá aprobarlas o rechazarlas en esa misma sesión.

ARTÍCULO 49.-Regla de excepción. Si la Junta de Acreedores no se celebra por falta de quórum, el Liquidador notificará dicha circunstancia en el Boletín Concursal.

En tal caso, y a partir a la notificación señalada en el inciso anterior los acreedores podrán formular a la Superintendencia sus observaciones a la cuenta provisoria publicada, para que ésta las incluya en el Boletín Concursal dentro del plazo de tres días contado desde la recepción de dichas observaciones. El Liquidador deberá responder las observaciones en la próxima Junta de Acreedores que se celebre y, a continuación, se someterá a su aprobación o rechazo.

La aprobación de la cuenta provisoria por la Junta de Acreedores no impedirá en su caso objetar la Cuenta Final de Administración, respecto de las partidas incluidas en ella.

Párrafo 2. De la Cuenta Final de Administración

ARTÍCULO 50.-Contenido. La Superintendencia, mediante norma de carácter general, fijará la forma y contenidos obligatorios de la Cuenta Final de Administración, procurando la observancia de la normativa contable, tributaria y financiera aplicable.

ARTÍCULO 51.-Oportunidad. El Liquidador deberá rendir la Cuenta Final de Administración dentro de los treinta días siguientes a uno cualquiera de los hechos que se indican a continuación:

1) Vencimiento de los plazos legales de realización de bienes;

2) Agotamiento de los fondos o pago íntegro de los créditos reconocidos;

3) Notificación de la resolución judicial que tuvo por terminado el Procedimiento Concursal de Liquidación, y

4) Cese anticipado de su cargo.

ARTÍCULO 52. Rendición. El Liquidador acompañará su Cuenta Final de Administración al tribunal competente y a la Superintendencia.

Asimismo, el Liquidador deberá citar a Junta de Acreedores a efectos de presentarles su Cuenta Final de Administración, explicarles verbalmente su contenido, las conclusiones y acreditar la retención del porcentaje de honorarios a percibir de conformidad a lo dispuesto en el número 7 del artículo 39. La Superintendencia podrá concurrir a dicha Junta con derecho a voz.

La citación deberá publicarse en el Boletín Concursal, incluyendo el día, hora y lugar en que se celebrará la Junta de Acreedores. Entre la fecha de publicación de la citación y de celebración de la Junta de Acreedores deberán transcurrir, no menos de diez y no más de veinticinco días. La citación incluirá una copia de la Cuenta Final de Administración.

Dicha Junta se celebrará con los acreedores que asistan.

ARTÍCULO 53.-De la objeción. Podrán objetar la Cuenta Final de Administración del Liquidador, el deudor, cualquier acreedor y la Superintendencia.

Las objeciones deberán presentarse ante la Superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se celebró o debió celebrarse la respectiva Junta de Acreedores. En caso de no deducirse objeciones oportunamente, el Liquidador o la Superintendencia solicitarán al tribunal competente que tenga por aprobada la Cuenta Final de Administración para todos los efectos legales.

Si se presentaren objeciones, se observarán las normas que siguen:

1) Una vez vencido el plazo legal, La Superintendencia, requerirá informe al Liquidador de todas las objeciones presentadas en una única resolución, la que se notificará por correo electrónico al Liquidador y en el Boletín Concursal.

2) El Liquidador dispondrá de cinco días contados desde la notificación de las objeciones para contestar en una sola presentación todas las objeciones planteadas. En ella, el Liquidador podrá incluir correcciones a la Cuenta Final de Administración objetada, caso en el cual acompañará el texto definitivo que las refleje.

3) Si el Liquidador no efectúa presentación alguna en el plazo ya indicado, se entenderá suspendido de pleno derecho para asumir en los procedimientos regidos por esta Ley y mientras la o las objeciones no sean resueltas.

4) Transcurrido el plazo señalado en el número 2 precedente, la Superintendencia tendrá por evacuado el informe requerido al Liquidador, luego de lo cual los objetantes dispondrán de tres días para insistir en sus objeciones.

5) Si no se presentaren insistencias, se tendrá por aprobada la Cuenta Final de Administración.

6) En caso de insistencia, la Superintendencia remitirá al tribunal competente, dentro del plazo de diez días, un informe que contendrá las objeciones planteadas, la contestación del Liquidador si la hubiere, y su opinión en cuanto a si los hechos afectan decisivamente el patrimonio concursado, si implican un grave perjuicio para los acreedores y/o el deudor o si reflejan una manifiesta e inexcusable inobservancia del Liquidador a su deber de cuidado. El referido informe establecerá si el Liquidador quedará suspendido para asumir en nuevos Procedimientos Concursales.

7) El tribunal competente apreciará en conciencia los antecedentes aportados y deberá pronunciar su resolución dentro de los quince días siguientes a la entrega del informe emitido por la Superintendencia.

8) Si la resolución desechare en todas sus partes la o las objeciones deducidas, condenará al o los objetantes en costas, quienes responderán solidariamente de ellas, salvo que el tribunal competente estime que hubo motivo plausible para litigar. La misma regla se aplicará en caso que la resolución rechace una o más objeciones y acoja otras, respondiendo de la condena en costas, solidariamente, todas las partes vencidas. Tratándose del deudor, responderán de esas costas el abogado patrocinante y los mandatarios judiciales, solidariamente.

9) La resolución del tribunal competente que acoge total o parcialmente una o más objeciones insistidas, señalará las medidas que el Liquidador deberá ejecutar para subsanar, reparar o corregir los defectos advertidos. Contra esta resolución no procederá recurso alguno, debiendo la Superintendencia dictar la resolución que ordene la exclusión de la Nómina del Liquidador. Contra la resolución que rechace una o más objeciones insistidas, tampoco procederá recurso alguno.

ARTÍCULO 54.-Ejecución de las resoluciones que acogen objeciones insistidas. El cumplimiento de las resoluciones que acogen objeciones insistidas se sujetará a las siguientes reglas:

1) Si la resolución ordena al Liquidador restituir a la masa una suma de dinero:

a) Tendrá el plazo de treinta días, prorrogable por igual periodo, desde que la resolución se encuentra firme y ejecutoriada para dar cumplimiento a lo resuelto.

b) Si no efectuare la restitución señalada, el tribunal competente certificará esa omisión, de oficio o a petición de parte, y comunicará tal circunstancia a la Superintendencia.

c) Con esta certificación, la Superintendencia hará efectiva la garantía de fiel desempeño referida en el artículo 16 de esta Ley, consignando los fondos en el tribunal competente.

2) Si la resolución ordena al Liquidador una medida distinta a la de restituir a la masa una suma de dinero:

a) El Liquidador suplente o el Liquidador designado en su caso, ejecutará lo resuelto dentro del mismo plazo indicado en el número anterior o en aquel plazo que el tribunal fije en su resolución.

b) El honorario del nuevo Liquidador se determinará de común acuerdo con la Junta de Acreedores o en su defecto por el tribunal competente y se pagarán con cargo a la garantía de fiel desempeño otorgada por el Liquidador excluido de su cargo.

En todos los casos señalados en este artículo, el Liquidador podrá solicitar una prórroga ante el tribunal competente, por una sola vez y por un máximo de treinta días, para dar cumplimiento a lo resuelto.

III.- DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE REORGANIZACIÓN

Título 1. Del inicio del Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 55.-Ámbito de aplicación e inicio del Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial. El Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial será aplicable sólo a la Empresa Deudora, que para efectos de este Capítulo se denominará indistintamente Empresa Deudora o deudor.

La Empresa Deudora dará inicio al Procedimiento Concursal de Reorganización mediante la presentación de un formulario ante el tribunal correspondiente a su domicilio.

El formulario será el que elabore la Superintendencia mediante norma de carácter general y estará disponible en sus dependencias y en su sitio web.

ARTÍCULO 56.-Nominación del Veedor. Para los efectos de la nominación del Veedor titular y suplente, el deudor deberá presentar a la Superintendencia una copia del documento referido en el artículo anterior, con el respectivo cargo del tribunal competente, conjuntamente con un certificado emitido por un contador auditor independiente al deudor, que lo extenderá conforme a la información disponible suministrada por el deudor y que contendrá los nombres, domicilios y correos electrónicos de los tres mayores acreedores con domicilio en Chile, con indicación del monto de sus créditos y el porcentaje que cada uno representa en el total del pasivo, excluidas las Personas Relacionadas al deudor. La nominación del Veedor titular y suplente, se realizará bajo el procedimiento establecido en el artículo 22 y, una vez concluido, la Superintendencia extenderá el respectivo Certificado de Nominación contemplado en el mismo artículo.

ARTÍCULO 57.-Antecedentes que deberá acompañar el deudor. Aceptada la nominación por el Veedor titular y suplente, la Superintendencia remitirá al tribunal competente el Certificado de Nominación de éste. Paralelamente con dicho certificado, el deudor acompañará:

1) Copia del certificado contable referido en el artículo anterior;

2) Relación de todos sus bienes, con expresión de su avalúo comercial, del lugar en que se encuentren y de los gravámenes que los afecten;

3) Relación de los bienes que, en conformidad a la ley administra y no son de su propiedad;

4) Para la determinación del pasivo afecto a los Acuerdos de Reorganización Judicial, un certificado emitido por un contador auditor independiente al deudor, que lo extenderá conforme a la información disponible suministrada por éste y que deberá contener un estado de sus deudas, con expresión del nombre, domicilio y correo electrónico de los acreedores o de sus representantes legales en su caso y de la naturaleza de los respectivos títulos. Asimismo deberá acompañar los antecedentes justificativos de los créditos singularizados que estén en su poder. El pasivo que se establezca en esta certificación, servirá de base para determinar todos los quórum de acreedores que se necesiten en la adopción de cualquier acuerdo, hasta que se confeccione la nómina de créditos reconocidos, conforme al procedimiento establecido en el Párrafo 2 del Título 1 del Capítulo III de esta Ley, con sus respectivas ampliaciones, si existieren, y

5) Si el deudor llevare contabilidad completa, presentará el balance correspondiente a su último ejercicio, y un balance provisorio que contenga la información financiera y contable, con una fecha de cierre no superior a cuarenta y cinco días anteriores a esta presentación.

Si se tratare de una persona jurídica, los documentos referidos serán firmados por sus representantes legales.

ARTÍCULO 58.-Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización. Dentro de quinto día de efectuada la presentación señalada en el artículo anterior, el tribunal competente dictará una resolución designando al Veedor titular y suplente nominado en la forma establecida en el artículo 22. En la misma resolución dispondrá:

1)Que durante el plazo de treinta días contados desde la notificación de esta resolución, prorrogable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59, el deudor gozará de una Protección Financiera Concursal en virtud de la cual:

a) No podrá declararse ni iniciarse en contra del deudor un Procedimiento Concursal de Liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento. Lo anterior no se aplicará a los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de privilegio de primera clase, excepto las que el deudor tuviere en tal carácter, a favor de su cónyuge o de sus parientes o de los gerentes, administradores, apoderados con poder general de administración u otras personas que tengan injerencia en la administración de sus negocios. Para estos efectos se entenderá por parientes a los ascendientes y descendientes y a los colaterales hasta el cuarto grado por consanguinidad y afinidad, inclusive del deudor, o de su representante legal en su caso.

Durante la Protección Financiera Concursal no correrán los plazos de prescripción extintiva y se suspenderán los procedimientos de ejecución.

b) Todos los contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago. En consecuencia, no podrán terminarse anticipadamente en forma unilateral, exigirse anticipadamente su cumplimiento o hacerse efectivas las garantías contratadas, invocando la apertura de un Procedimiento Concursal de Reorganización. El crédito del acreedor que contraviniere esta prohibición quedará pospuesto hasta que se paguen la totalidad de los acreedores a quienes les afectará el Acuerdo de Reorganización Judicial, incluidos los acreedores Personas Relacionadas del deudor.

Para hacer efectiva la posposición señalada en el inciso anterior, deberá solicitarse su declaración ante el tribunal que conoce del Procedimiento Concursal de Reorganización en forma incidental.

c) Si el deudor formare parte de algún registro público o privado como contratista o prestador de cualquier servicio y siempre que se encuentre al día en sus obligaciones con el respectivo mandante, no podrá ser eliminado ni se le privará de participar en los respectivos procesos de licitación, fundado en la apertura de un Procedimiento Concursal de Reorganización. Si la entidad pública o privada lo elimina de sus registros o discrimina su participación, a pesar de encontrarse al día en sus obligaciones con el respectivo mandante, deberá indemnizar los perjuicios que dicha discriminación o eliminación le provoquen al deudor.

2) Que durante la Protección Financiera Concursal se aplicarán respecto del deudor las siguientes medidas cautelares y de restricción:

a) Que el deudor quedará sujeto a la intervención del Veedor titular designado en la misma resolución, el que tendrá los deberes contenidos en el artículo 25;

b) Que el deudor no podrá gravar o enajenar sus bienes, salvo aquellos cuya enajenación o venta sea propia del giro o que resulten estrictamente necesarios para el normal desenvolvimiento de su actividad; y respecto de los demás bienes o activos, se estará a lo previsto en el artículo 75, y

c) Tratándose de personas jurídicas, éstas no podrán modificar sus pactos o estatutos sociales.

3) La fecha en que expirará la Protección Financiera Concursal.

4)La orden al deudor para que a través del Veedor publique en el Boletín Concursal y acompañe al tribunal competente, a lo menos diez días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores, su propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Si el deudor no da cumplimiento a esta orden, el Veedor certificará esta circunstancia y el tribunal competente dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, sin más trámite.

5) La fecha, lugar y hora que deberá efectuarse la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial que presente el deudor. La fecha de dicha Junta será aquella en la que expire la Protección Financiera Concursal.

6) Que dentro de diez días contados desde la notificación de esta resolución, todos los acreedores sin excepción alguna, deberán acreditar ante el tribunal competente su personería para actuar en el Procedimiento Concursal de Reorganización, con indicación expresa de la facultad que se le confiere a su apoderado, para conocer, modificar y acordar el Acuerdo de Reorganización Judicial.

7) La orden para que el Veedor inscriba copia de esta resolución en los conservadores de bienes raíces correspondientes a cada uno de los inmuebles que le pertenecen al deudor.

8) La orden al Veedor para que acompañe al tribunal competente y publique en el Boletín Concursal su Informe sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, a lo menos tres días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores que votará dicho acuerdo. Este Informe del Veedor deberá contener la calificación fundada acerca de (i) si la propuesta es susceptible de ser cumplida, habida consideración de las condiciones del deudor; (ii) el monto probable de recuperación que le correspondería a cada acreedor en sus respectivas categorías, en caso de un Procedimiento Concursal de Liquidación; y (iii) si la determinación de los créditos y su graduación, cuya propuesta acompañó el deudor, se ajusta a la ley.

Si el Veedor no presentare el referido informe dentro del plazo indicado, el deudor, cualquiera de los acreedores o el tribunal competente informará a la Superintendencia para que se apliquen las sanciones pertinentes y, en este caso, el Acuerdo de Reorganización Judicial se votará con prescindencia del Informe del Veedor.

9) Que dentro de quinto día de efectuada la notificación de esta resolución, los tres mayores acreedores con domicilio en Chile, que se indican en la certificación del contador auditor independiente referida en el artículo 57 y el deudor deberán asistir a una audiencia, la que se efectuará con los que concurran, para pronunciarse sobre la proposición de honorarios que formule el Veedor. Si no se arribare a acuerdo sobre el monto de los honorarios y forma de pago o no asistiere ninguno de los citados, éstos se fijarán por el tribunal competente sin ulterior recurso.

10) La orden al deudor para que le proporcione al Veedor copia de todos los antecedentes acompañados conforme al artículo 57, con el objeto que el Veedor los publique, conjuntamente con una copia de esta resolución en el Boletín Concursal, en el plazo de tres días contado desde su dictación.

ARTÍCULO 59.-Prórroga de la Protección Financiera Concursal. El plazo regulado para la Protección Financiera Concursal a que se refiere el número 1 del artículo anterior, podrá prorrogarse hasta por treinta días más, si el deudor obtiene el apoyo de dos o más acreedores, que representen más del 30% del total del pasivo, excluidos los créditos de las Personas Relacionadas con el deudor. Vencido el plazo de la prórroga antes señalada, el deudor podrá solicitar una nueva prórroga por otros treinta días más, si obtiene el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 50% del total del pasivo, excluidos los créditos de las Personas Relacionadas con el deudor.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar de una sola vez la prórroga del plazo regulado para la Protección Financiera Concursal a que se refiere el número 1 del artículo anterior hasta por sesenta días más, si el deudor obtiene el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 50% del total del pasivo, excluidos los créditos de las Personas Relacionadas con el deudor.

Los acreedores hipotecarios y prendarios que presten su apoyo para la prórroga de la Protección Financiera Concursal, no perderán su preferencia y podrán impetrar las medidas conservativas que procedan.

ARTÍCULO 60.-Nueva fecha y hora de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Para lograr la prórroga regulada en el artículo anterior, el deudor deberá presentar al tribunal competente, a lo menos diez días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores las cartas de apoyo de los acreedores autorizadas ante un Ministro de Fe, conjuntamente con un certificado extendido por un contador auditor independiente al deudor, que certifique los porcentajes del pasivo que permitan el apoyo requerido.

Acogida la prórroga de la Protección Financiera Concursal, el tribunal competente deberá fijar la nueva fecha y hora de dicha Junta de Acreedores.

Párrafo 1. Del objeto de la propuesta del Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 61.-Objeto de la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial deberá versar sobre cualquier objeto lícito tendiente a reestructurar los pasivos y activos de una Empresa Deudora.

ARTÍCULO 62.-Acuerdos de Reorganización Judicial por clases o categorías de acreedores. La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial podrá separarse en clases o categorías de acreedores y se podrá formular una propuesta para los acreedores valistas y otra para los acreedores hipotecarios y prendarios, cuyos créditos se encuentren garantizados con bienes de propiedad del deudor o de terceros. En este último caso, los acreedores de esta clase o categoría que voten la propuesta del Acuerdo de Reorganización Judicial conservarán sus preferencias.

La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial será igualitaria para todos los acreedores de una misma clase o categoría, salvo que medie acuerdo en contrario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 siguiente.

Los acreedores hipotecarios y prendarios, cuyos créditos se encuentren garantizados con bienes de propiedad del deudor o de terceros, podrán votar la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial que se formule para acreedores valistas si renuncian a la preferencia de sus créditos y no podrá votar la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial que se formule para su clase o categoría, salvo que dicha renuncia sea parcial y se manifieste expresamente.

Si los acreedores hipotecarios y prendarios votan la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial de los acreedores valistas, los montos de sus créditos preferentes se incluirán en el pasivo, para los efectos del cómputo a que se refiere el artículo 79 por las sumas a que hubiere alcanzado la renuncia.

ARTÍCULO 63.-Propuestas alternativas de Acuerdo de Reorganización Judicial. En cada una de sus clases o categorías, la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial podrá contener una proposición principal y otras alternativas para todos los acreedores de la misma clase o categoría, en cuyo caso éstos deberán optar por regirse por una de ellas, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

ARTÍCULO 64.-Posposición del pago a acreedores Personas Relacionadas. Los acreedores Personas Relacionadas con el deudor deberán posponer el pago de sus créditos, hasta que se paguen íntegramente los créditos de los demás acreedores a quienes les afectará el Acuerdo de Reorganización Judicial. Esta posposición no regirá respecto de los créditos que emanen a consecuencia de lo dispuesto en el artículo 73 sobre suministro asegurado y en el artículo 75 sobre préstamos para el financiamiento de operaciones, en la medida que se autorice por los acreedores que representen más del 50% del pasivo del deudor.

ARTÍCULO 65.-Diferencias entre acreedores de igual clase o categoría. En las propuestas de Acuerdo de Reorganización Judicial se podrán establecer condiciones más favorables para algunos de los acreedores de una misma clase o categoría, siempre que los demás acreedores de la respectiva clase o categoría lo acuerden con Quórum Calificado, el cual se calculará únicamente sobre el monto de los créditos de estos últimos.

ARTÍCULO 66.-Constitución de garantías en los Acuerdos de Reorganización Judicial. En el Acuerdo de Reorganización Judicial podrá estipularse la constitución de garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del deudor. Estas garantías podrán constituirse en el mismo Acuerdo de Reorganización Judicial o en instrumentos separados.

Para estos efectos, los acreedores podrán designar a uno o más de ellos para que los representen en la celebración de los actos que sean necesarios para la debida constitución de las garantías.

ARTÍCULO 67.-Acreedores comprendidos en los Acuerdos de Reorganización Judicial. Los Acuerdos de Reorganización Judicial sólo afectarán a los acreedores cuyos créditos se encuentren en la nómina de créditos reconocidos.

Los créditos que se originen con posterioridad, salvo lo dispuesto en el artículo 73 sobre suministro asegurado y el artículo 75 sobre préstamos para el financiamiento de operaciones y que no hayan sido considerados en la referida nómina, no serán incluidos en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

ARTÍCULO 68.-Código de gestión para los deudores. Sin perjuicio de las obligaciones de hacer y de no hacer que se pacten en el Acuerdo de Reorganización Judicial, podrán incorporarse las siguientes normas:

1) La prohibición a la Empresa Deudora de repartir sumas a sus accionistas o socios, bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, ya sea por la vía de reducción de capital y/o condonación de préstamos otorgados, antes de haber pagado el 100% de las obligaciones emanadas del Acuerdo de Reorganización Judicial. Respecto de los repartos de dividendos, no podrán realizarse en tanto existan pérdidas acumuladas. Existiendo utilidades, se distribuirá como dividendo el porcentaje mínimo que para estos efectos establece la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en su caso.

2) La obligación del deudor de resuscribir y/o reaceptar todos los títulos de crédito que haya suscrito para el otorgamiento de los créditos que forman parte del Acuerdo de Reorganización Judicial, sea en el mismo documento, en hoja de prolongación o en instrumento separado, modificando las menciones relativas al importe, tasa de interés, plazo de vencimiento y demás estipulaciones, todo ello con sujeción a los términos que en definitiva se pacten con los acreedores en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

3) El establecimiento de multas para el deudor y sus administradores, a favor de los acreedores a los que afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial en caso de incumplimiento de las obligaciones de hacer o no hacer acordadas en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

ARTÍCULO 69.-Cláusula arbitral en Acuerdos de Reorganización. En ambas clases o categorías de Acuerdo de Reorganización Judicial podrá acordarse una cláusula arbitral, en cuyo caso las diferencias que se produzcan entre el deudor y uno o más acreedores o entre éstos, con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento, terminación o declaración de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, se someterán a arbitraje, el que será obligatorio para todos los acreedores a los que afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial.

Si el árbitro declara la terminación o el incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, remitirá de inmediato el expediente al tribunal competente para que éste dicte la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación en conformidad a esta Ley.

ARTÍCULO 70.-Interventor y/o Comisión de Acreedores. El Acuerdo de Reorganización Judicial deberá estipular el nombramiento de un interventor por al menos un año contado desde el Acuerdo de Reorganización Judicial, debiendo dicho nombramiento recaer necesariamente en cualquier Veedor vigente de la Nómina de Veedores, el que tendrá las atribuciones, deberes y remuneración que el mismo Acuerdo de Reorganización Judicial señale. Si no se especificaren las facultades de dicho interventor, se entenderá que tiene aquellas señaladas en el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, en el Acuerdo de Reorganización Judicial se podrá designar a una Comisión de Acreedores para supervigilar el cumplimiento de sus estipulaciones, con las atribuciones, deberes y remuneración, en su caso, que el Acuerdo de Reorganización Judicial señale.

Párrafo 2. De la determinación del pasivo

ARTÍCULO 71.-Verificación y objeción de los créditos. Los acreedores tendrán un plazo de cinco días contados desde la notificación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización a que se refiere el artículo 58, para verificar sus créditos ante el tribunal que conoce del procedimiento, debiendo acompañar los títulos justificativos del crédito. No será necesaria verificación alguna si los créditos se encontraren incluidos, a satisfacción del acreedor en el estado de deudas a que se refiere el número 4 del artículo 57 publicado en el Boletín Concursal.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior y dentro de los dos días siguientes, el Veedor publicará en el Boletín Concursal, todas las verificaciones presentadas.

En el plazo de cinco días siguientes a la publicación indicada en el inciso precedente, el Veedor, el deudor y los acreedores podrán deducir objeción fundada sobre la falta de títulos justificativos, los montos y las preferencias de los créditos que se indican en el estado de las deudas que presenta el deudor de conformidad al número 4 del artículo 57, y en las verificaciones presentadas.

Los interesados presentarán sus objeciones ante el tribunal. Expirado el plazo que se indica en el inciso anterior sin que se formulen objeciones, los créditos no objetados quedarán reconocidos. Vencido el plazo anterior y dentro de los dos días siguientes, el Veedor publicará en el Boletín Concursal, todas las objeciones presentadas.

El Veedor confeccionará la nómina de los créditos reconocidos y la acompañará a los autos dentro de cuarto día de expirado el plazo para objetar y la publicará en el Boletín Concursal, sirviendo ésta como única nómina para la votación a que se refiere el artículo 79.

ARTÍCULO 72.-Impugnación de créditos. Si se formulan objeciones, el Veedor arbitrará las medidas necesarias para que se obtenga el debido ajuste entre los objetantes y los objetados correspondientes.

Si no se subsanan las objeciones deducidas, los créditos objeto de dichas objeciones se considerarán impugnados y el Veedor los acumulará y emitirá un informe acerca de si existen o no fundamentos plausibles para ser considerados por el tribunal competente. Acompañará junto a la nómina de créditos reconocidos, la nómina de créditos impugnados con su informe al tribunal competente y la publicará en el Boletín Concursal, dentro de los cuatro días siguientes a la expiración del plazo previsto para objetar que se señala en el inciso primero del artículo anterior.

Agregado a los autos la nómina de créditos impugnados con el informe del Veedor, el tribunal citará a una audiencia única y verbal para el fallo de éstas, dentro de décimo día, contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada la nómina de créditos reconocidos e impugnados.

A dicha audiencia podrán concurrir el Veedor, el deudor, los impugnantes y el titular del crédito impugnado. En la misma audiencia deberán resolverse las incidencias que promuevan las partes en relación a las impugnaciones. El tribunal competente podrá, si fuere estrictamente necesario, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad. Con todo, la resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones deberá dictarse a más tardar el segundo día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

La resolución que falle las impugnaciones será apelable en el sólo efecto devolutivo. Dicha resolución ordenará la incorporación o modificación de créditos en la nómina de créditos reconocidos, cuando corresponda. La referida nómina deberá publicarse en el Boletín Concursal, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

Párrafo 3. Del suministro asegurado; de la venta necesaria de activos y de los nuevos recursos

ARTÍCULO 73.-Suministro asegurado. Los proveedores de bienes y servicios que sean indispensables para el funcionamiento de la Empresa Deudora, cuyas facturas tengan como fecha de emisión no más de noventa ni menos de treinta días anteriores a la fecha de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización y en la medida que en su conjunto no superen el 20% del pasivo señalado en la certificación contable referida en el artículo 57, no se considerarán acreedores de la Empresa Deudora y se pagarán preferentemente en las fechas originalmente convenidas, siempre que el respectivo proveedor mantenga el suministro a la Empresa Deudora, circunstancia que deberá acreditar el Veedor.

En caso de no suscribirse el Acuerdo de Reorganización Judicial, y en consecuencia se dictare la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa Deudora, los créditos provenientes de este suministro asegurado se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

ARTÍCULO 74.-Operaciones de comercio exterior. Tratándose de operaciones de comercio exterior, cuyas cartas de créditos tengan como fecha de otorgamiento no más de ciento veinte ni menos de treinta días antes de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización, no se considerarán acreedores de la Empresa Deudora y se pagarán preferentemente en las fechas originalmente convenidas, siempre que el acreedor mantenga las líneas de financiamiento u otorgue nuevos créditos para este tipo de operaciones, circunstancias que deberá acreditar el Veedor.

En caso de no suscribirse el Acuerdo de Reorganización Judicial, y en consecuencia se dictare la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa Deudora, los créditos provenientes de estas operaciones de comercio exterior se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

ARTÍCULO 75.-Venta de activos y contratación de préstamos durante la Protección Financiera Concursal. Durante la Protección Financiera Concursal, la Empresa Deudora podrá vender o enajenar activos, cuyo valor no exceda el 20% de su activo fijo, y podrá adquirir préstamos para el financiamiento de sus operaciones, siempre que éstos no superen el 20% de su pasivo señalado en la certificación contable referida en el artículo 57.

La venta, enajenación o contratación de préstamos que excedan los montos señalados en el inciso anterior, así como toda operación con Personas Relacionadas con la Empresa Deudora, requerirá la autorización de acreedores que representen más del 50% del pasivo del deudor.

Los préstamos contratados por la Empresa Deudora en virtud de este artículo, no se considerarán en las nóminas de créditos de la Empresa Deudora y se pagarán preferentemente en las fechas convenidas, siempre que dichos préstamos se utilicen para el financiamiento de las operaciones de la Empresa Deudora, circunstancia que deberá acreditar el Veedor.

En caso de no suscribirse el Acuerdo de Reorganización Judicial, y en consecuencia se dictare la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa Deudora, estos préstamos se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

ARTÍCULO 76.-Venta de bienes otorgados en prenda o hipoteca durante la Protección Financiera Concursal. Tratándose de bienes otorgados en prenda o hipoteca, cuyo valor comercial exceda el monto del respectivo crédito garantizado, el acreedor prendario o hipotecario, que autorice la enajenación, podrá percibir de la venta el monto de su respectivo crédito, siempre que garantice el pago de los créditos de mejor derecho, mediante el otorgamiento de cualquier instrumento de garantía que reconozcan las leyes vigentes o que la Superintendencia autorice mediante norma de carácter general.

ARTÍCULO 77.-Valorización de activos y fiscalización de recursos. Para efectos de determinar el valor de los activos a vender o enajenar, se estará a la valorización que realice el Veedor.

El Veedor verificará que el producto de todos los actos o contratos que se otorguen o suscriban con motivo de las operaciones que se regulan en el presente Párrafo, ingrese efectivamente a la caja de la Empresa Deudora y se destine única y exclusivamente a financiar su giro. A estos actos o contratos no les será aplicable lo dispuesto en el Capítulo VI de esta Ley.

Título 2. De la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial

Párrafo 1. De las normas generales

ARTÍCULO 78.-Efectos del retiro del Acuerdo de Reorganización Judicial. Una vez notificada la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, ésta no podrá ser retirada por el deudor, salvo que cuente con el apoyo de acreedores que representen a lo menos el 75% del pasivo.

Si la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial es retirada por el deudor que solicitó la Protección Financiera Concursal, sin contar con el apoyo referido en el inciso anterior, el tribunal competente dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

ARTÍCULO 79.-Acreedores con derecho a voto. Sólo tienen derecho a concurrir y votar los acreedores cuyos créditos se encuentren en la nómina de créditos reconocidos a que se refiere el artículo 71 y aquellos que figuren en la ampliación de esta nómina, de acuerdo a lo previsto en el artículo 72 y, en ambos casos, siempre que éstos hayan dado cumplimiento a lo ordenado en el número 6 del artículo 58, relativo a la acreditación de personerías.

ARTÍCULO 80.-Acuerdo de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Cada una de las clases o categorías de propuestas de Acuerdo de Reorganización Judicial que establece el artículo 62 será analizada, deliberada y acordada en forma separada en la misma junta, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 83.

La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial se entenderá acordada cuando cuente con el consentimiento del deudor y el voto conforme de los dos tercios o más de los acreedores presentes, que representen al menos tres cuartas partes del total del pasivo con derecho a voto, correspondiente a su respectiva clase o categoría.

No podrán votar las Personas Relacionadas con el deudor y sus créditos no se considerarán en el pasivo.

Los cesionarios de créditos adquiridos dentro de los últimos treinta días anteriores a la fecha de inicio del Procedimiento Concursal de Reorganización conforme se indica en el artículo 55, no podrán concurrir a la Junta de Acreedores para deliberar y votar el Acuerdo de Reorganización Judicial y tampoco podrán impugnarlo.

El acuerdo sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial de una clase o categoría, se adoptará bajo la condición suspensiva de que se acuerde la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial de la otra clase o categoría, en la misma Junta de Acreedores o en la que se realice de conformidad a lo previsto en el artículo 83.

ARTÍCULO 81.-Procedimiento de registro de firmas. Para obtener las mayorías que exige el Procedimiento Concursal de Reorganización, el Veedor podrá recabar la votación de cualquier acreedor, mediante la suscripción de uno o más documento ante un Ministro de Fe o mediante firma electrónica avanzada, en que conste la aceptación de los acreedores.

Los votos que se obtengan mediante este sistema, se considerarán como votos de acreedores presentes en la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, para los efectos del cómputo de dichas mayorías.

Los acreedores del deudor podrán suscribir estos documentos desde la publicación de la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial en el Boletín Concursal y hasta tres días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre dicha propuesta.

ARTÍCULO 82.-Ausencia del deudor en la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Si el deudor no compareciere a la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, el tribunal competente deberá dictar en la misma Junta la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

ARTÍCULO 83.-Suspensión de Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, podrá acordar con Quórum Especial su suspensión por no más diez días, fijando al efecto nuevo día y hora.

ARTÍCULO 84.-Modificación del Acuerdo de Reorganización Judicial suscrito. Las modificaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial suscrito deberán adoptarse por el deudor y los mismos acreedores agrupados en sus respectivas clases o categorías, conforme al mismo procedimiento y mayorías exigidas en los artículos anteriores del presente Párrafo, excluidos los créditos que se originen con posterioridad a la suscripción del Acuerdo de Reorganización Judicial.

No obstante lo anterior, el Acuerdo de Reorganización Judicial que establezca la constitución de una Comisión de Acreedores, podrá facultarla para modificar el contenido del Acuerdo de Reorganización Judicial de su respectiva clase o categoría con el quórum de aprobación que el Acuerdo de Reorganización Judicial determine.

La modificación podrá recaer sobre todo o parte del contenido del Acuerdo de Reorganización Judicial, salvo en lo referente a la calidad de acreedor, su clase o categoría, monto de sus créditos y sus preferencias y respecto de aquellas materias que el Acuerdo de Reorganización Judicial determine como no modificables por la Comisión de Acreedores.

En las Juntas de Acreedores que se celebren con posterioridad a la aprobación por el tribunal del Acuerdo de Reorganización Judicial, el derecho a voto se determinará en conformidad al artículo 79. No tendrán derecho a voto los acreedores que tengan la calidad de Personas Relacionadas con el deudor.

ARTÍCULO 85.-Notificación de Acuerdo de Reorganización Judicial. El texto íntegro del Acuerdo de Reorganización Judicial, con sus modificaciones, en su caso, será notificado por el Veedor en el Boletín Concursal.

Párrafo 2. De la impugnación del Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 86.-Causales para impugnar el Acuerdo de Reorganización Judicial. El Acuerdo de Reorganización Judicial podrá ser impugnado siempre que se funde en alguna de las siguientes causales:

1) Error en el cómputo de las mayorías requeridas en este Capítulo, siempre que incida sustancialmente en el quórum del Acuerdo de Reorganización Judicial.

2) Falsedad o exageración del crédito de alguno de los acreedores que hayan concurrido con su voto a formar el quórum necesario para el Acuerdo de Reorganización Judicial, si excluida la parte falsa o exagerada del crédito, no se logra el quórum del Acuerdo de Reorganización Judicial.

3) Acuerdo entre uno o más acreedores y el deudor, para votar a favor, abstenerse de votar o rechazar el Acuerdo de Reorganización Judicial, falseando, omitiendo o adulterando información para obtener una ventaja indebida respecto de los demás acreedores.

ARTÍCULO 87.-Plazo para impugnar el Acuerdo de Reorganización Judicial. Podrá impugnarse el Acuerdo de Reorganización Judicial dentro del plazo de tres días contados desde la publicación del Acuerdo de Reorganización Judicial en el Boletín Concursal. Las impugnaciones deberán deducirse respecto de la clase o categoría del Acuerdo de Reorganización Judicial a la cual pertenece el acreedor impugnante.

Las impugnaciones presentadas fuera de plazo serán rechazadas de plano.

ARTÍCULO 88.-Audiencia única de resolución de impugnaciones. Las impugnaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial, se tramitarán como un sólo incidente por clase o categoría de acuerdo, entre el deudor y el acreedor o acreedores que las hayan formulado. Se fallarán conjuntamente en una audiencia única, que el tribunal competente citará para tal efecto, dentro de los diez días de vencido el plazo para impugnar. Esta audiencia será verbal y se llevará a cabo con los que asistan. En la misma audiencia deberán resolverse las incidencias que promuevan las partes. El tribunal podrá, si así lo estima, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad. Con todo, la resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial deberá dictarse a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de celebración de la referida audiencia.

La resolución que resuelva las impugnaciones se publicará en el Boletín Concursal. Esta resolución será apelable en el sólo efecto devolutivo.

ARTÍCULO 89.-Nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Si se acoge por resolución firme y ejecutoriada la impugnación al Acuerdo de Reorganización Judicial por la causal establecida en el número 1 del artículo 86, el deudor podrá presentar una nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, dentro de los diez días siguientes contados desde que se notifique la resolución que tuvo por acogida la impugnación referida, siempre que esta nueva propuesta se presente apoyada por dos o más acreedores, que representen a lo menos un 66% o más del pasivo total con derecho a voto. En este caso el deudor gozará de Protección Financiera Concursal hasta la Junta llamada a conocer y pronunciarse sobre la nueva propuesta. La resolución que tenga por presentada la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, fijará la fecha de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la nueva propuesta, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes contados desde que el deudor presentó la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

Si el deudor no presentare la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial dentro del plazo antes establecido, el tribunal competente dictará, de oficio y sin más trámite, la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación del deudor.

Si se acoge una impugnación al Acuerdo de Reorganización Judicial, por las causales establecidas en los números 2 y 3 del artículo 86, el tribunal, de oficio y sin más trámite, ordenará la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación en la misma resolución que acoge la impugnación, y el deudor no podrá presentar nuevamente una propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

Párrafo 3. De la aprobación y vigencia del Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 90.-Aprobación y vigencia del Acuerdo de Reorganización Judicial. El Acuerdo de Reorganización Judicial se entenderá aprobado y comenzará a regir una vez vencido el plazo para impugnarlo, sin que se hubiere impugnado y el tribunal competente lo declarará así de oficio o a petición de cualquier interesado o del Veedor.

Si el Acuerdo de Reorganización Judicial ha sido impugnado y las impugnaciones han sido desechadas, el tribunal competente lo declarará aprobado en la resolución que deseche la o las impugnaciones, y comenzará a regir desde que dicha resolución cause ejecutoria.

Las resoluciones señaladas en los incisos primero y segundo de este artículo, se notificarán en el Boletín Concursal.

Sin perjuicio de lo anterior, el Acuerdo de Reorganización Judicial regirá no obstante las impugnaciones que se hubieren interpuesto en su contra, si éstas no contaren con la adhesión de los acreedores de su respectiva clase o categoría que representen a lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto. En este caso, y en el del inciso segundo, los actos y contratos ejecutados o celebrados por el deudor en el tiempo que medie entre el Acuerdo de Reorganización Judicial y la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que acoja las impugnaciones, no podrán dejarse sin efecto, salvo lo dispuesto en el artículo 2468 del Código Civil.

El recurso de casación deducido en contra de la resolución de segunda instancia que desecha la o las impugnaciones, no suspende el cumplimiento de dicha resolución, incluso si la parte vencida solicita se otorgue fianza de resultas por la parte vencedora.

Si se acogen las impugnaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial por resolución firme y ejecutoriada, las obligaciones y derechos existentes entre el deudor y sus acreedores con anterioridad al Acuerdo de Reorganización Judicial, se regirán por sus respectivas convenciones.

ARTÍCULO 91.-Autorización del Acuerdo de Reorganización Judicial. Una copia del acta de la Junta de Acreedores en que se votó favorablemente el Acuerdo de Reorganización Judicial que incluye el texto íntegro de dicho acuerdo, con la copia de la resolución que lo aprueba, y su certificado de ejecutoria; podrá ser autorizado por un Ministro de Fe de la Superintendencia o protocolizarse ante un notario público. Una vez autorizado o protocolizado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

Párrafo 4. De los efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 92.-Efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial aprobado. El Acuerdo de Reorganización Judicial, debidamente aprobado, obliga al deudor y a todos los acreedores, hayan o no concurrido a la Junta que lo acuerde.

ARTÍCULO 93.-Cancelación de anotaciones e inscripciones una vez aprobado el Acuerdo de Reorganización Judicial. Aprobado que sea el Acuerdo de Reorganización Judicial, se cancelarán las inscripciones previstas en el número 7 del artículo 58.

ARTÍCULO 94.-Efectos sobre los créditos. Los créditos que sean parte del Acuerdo de Reorganización Judicial se entenderán remitidos, novados o repactados, según corresponda, para todos los efectos legales.

ARTÍCULO 95.-Efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial en las obligaciones garantizadas del deudor. Todos aquellos que hubieren otorgado cauciones reales o personales, o que sean terceros poseedores de bienes constituidos en garantía de obligaciones sujetas al Acuerdo de Reorganización Judicial y los demás terceros que paguen esas obligaciones sin la oposición del deudor, podrán ejercer los derechos que por vía de subrogación o reembolso les correspondan, solamente en lo pagado al respectivo acreedor en virtud del Acuerdo de Reorganización Judicial.

La prórroga del plazo de las deudas que se consigne en el Acuerdo de Reorganización Judicial, no pone fin a la responsabilidad de los fiadores y codeudores, solidarios o subsidiarios, o de los avalistas del deudor sujeto al Acuerdo de Reorganización Judicial, ni extingue las prendas o hipotecas constituidas sobre bienes de terceros, pero se obligarán en los términos y bajo las modalidades de pago establecidas en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

Aprobado que sea el Acuerdo de Reorganización Judicial, los efectos serán los siguientes según los casos:

a) No se podrá cobrar el crédito a los fiadores o codeudores, solidarios o subsidiarios, ni a los avalistas, sino en los mismos términos en que se puede cobrar al deudor en virtud del Acuerdo de Reorganización Judicial;

b) El tercer poseedor de la finca hipotecada y el propietario del bien empeñado podrán liberar la garantía pagando la deuda en los mismos términos que los estipulados en el Acuerdo de Reorganización Judicial suscrito por el deudor garantizado, y en su caso, pagando sólo la cantidad que corresponda deducida la parte de la deuda extinguida mediante la novación o la dación en pago, y

c) La novación o la dación en pago extinguen la deuda respecto de los fiadores, codeudores y avalistas antes mencionados, debiendo otorgarse las nuevas garantías en los términos del Acuerdo de Reorganización Judicial en que se acordó extinguir la deuda.

Párrafo 5. Del rechazo del Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 96.-Rechazo del Acuerdo de Reorganización Judicial. Si la Propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial es rechazada por los acreedores por no haberse obtenido el quórum de aprobación necesario o porque el deudor no otorga su consentimiento, el tribunal dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, de oficio y sin más trámite, en la misma Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre el Acuerdo de Reorganización Judicial, salvo que en dicha Junta se disponga lo contrario por Quórum Calificado. En este caso, el deudor deberá, a través del Veedor, publicar la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial en el Boletín Concursal y acompañarla al tribunal diez días antes de la Junta de Acreedores que tiene por objeto pronunciarse sobre la nueva propuesta. El deudor conservará la Protección Financiera Concursal hasta la celebración de dicha Junta, que deberá llevarse a cabo dentro de los veinte días siguientes a la Junta que rechazó el Acuerdo de Reorganización Judicial.

Si el deudor no presenta la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial dentro del plazo antes establecido, el tribunal dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, de oficio y sin más trámite.

La Junta de Acreedores que rechace la primera o segunda propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, en su caso, deberá nominar al Liquidador titular y suplente, a los que el tribunal competente deberá designar con el carácter de definitivos.

Párrafo 6. De la terminación y declaración de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 97.-Terminación del Acuerdo de Reorganización Judicial. No se admitirán otras acciones de terminación del Acuerdo de Reorganización Judicial que las fundadas en la ocultación o exageración del activo o del pasivo y de las que se hubieren tomado conocimiento después de haber vencido el plazo para impugnar el Acuerdo de Reorganización Judicial.

La declaración de término del Acuerdo de Reorganización Judicial, extingue de pleno derecho las cauciones que lo garantizan.

Las acciones de terminación del Acuerdo de Reorganización Judicial podrán interponerse por cualquier interesado y prescribirán en el plazo de un año contado desde la fecha en que comenzó a regir.

ARTÍCULO 98.-Acción de incumplimiento. El Acuerdo de Reorganización Judicial podrá declararse incumplido a solicitud de cualquiera de los acreedores a los que les afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial por inobservancia de sus estipulaciones.

Podrá también declararse incumplido si se hubiere agravado el mal estado de los negocios del deudor en forma que haga temer un perjuicio para dichos acreedores.

Si la acción de incumplimiento se deduce sólo por la inobservancia de las estipulaciones de una de las clases o categorías del Acuerdo de Reorganización Judicial, el deudor podrá enervar la acción cumpliéndolas dentro del plazo de sesenta días contado desde la notificación de la acción de incumplimiento.

Las acciones de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial prescribirán en el plazo de un año contado desde que se produce el incumplimiento.

La declaración de incumplimiento dejará sin efecto el Acuerdo de Reorganización Judicial, pero no extinguirá las cauciones que hubieren garantizado su ejecución total o parcial.

Las personas obligadas por las cauciones señaladas en el inciso anterior y los terceros poseedores de los bienes gravados con las mismas, según sea el caso, serán oídos en el juicio de declaración de incumplimiento y podrán impedir la continuación de éste enervando la acción, cumpliendo dentro de los tres días siguientes a la citación.

Las cantidades pagadas por el deudor antes de la declaración de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial y el producto obtenido durante el Procedimiento Concursal de Liquidación, servirán de abono a la deuda en caso que la caución se extienda a toda la suma estipulada. Pero si comprende únicamente una parte de ella, sólo le servirá para imputarla a la parte que reste de la cuota no caucionada.

ARTÍCULO 99.-Procedimiento de declaración de terminación e incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial. La terminación o incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial se sujetarán al procedimiento del juicio sumario y será competente para conocer de ellas el tribunal ante el cual se tramitó el Acuerdo de Reorganización Judicial.

La resolución que acoja las acciones de terminación o incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, será apelable en ambos efectos, pero el deudor quedará de inmediato sujeto a la intervención de un Veedor que tendrá las facultades de interventor contenidas en los números 1, 7, 8 y 9 del artículo 25.

La declaración de término o incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial no tendrán efecto retroactivo.

ARTÍCULO 100.-Apertura de Procedimiento Concursal de Liquidación. Una vez firme y ejecutoriada la resolución que declare la terminación o el incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, el mismo tribunal dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación del deudor, de oficio y sin más trámite.

ARTÍCULO 101.-Designación de Liquidador. En la demanda de terminación o de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, el demandante propondrá a un Liquidador titular y a un suplente de la Nómina de Liquidadores vigente, debiendo el tribunal designarlos en la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Si se interpusiere más de una demanda de terminación o de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, el tribunal competente designará al Liquidador titular y suplente nominado en la primera demanda que se acoja.

Título 3. Del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado

ARTÍCULO 102.-Legitimación. Toda Empresa Deudora podrá celebrar un Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado con sus acreedores y someterlo a aprobación judicial, conforme a lo establecido en el presente Título. Para los efectos de este Título se denominará indistintamente Empresa Deudora o deudor.

ARTÍCULO 103.-Competencia. Será competente para aprobar el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado el tribunal que hubiere sido competente para conocer un Procedimiento Concursal de Reorganización del deudor de acuerdo a esta Ley.

ARTÍCULO 104.-Formalidades. El Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado deberá ser otorgado ante un Ministro de Fe, quien certificará, además, la personería de los representantes que concurren al otorgamiento de este instrumento, cuyas copias autorizadas deberán agregarse al acuerdo respectivo.

ARTÍCULO 105.-Objeto. El Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado deberá versar sobre cualquier objeto lícito tendiente a reestructurar los activos y pasivos del deudor.

ARTÍCULO 106.-Contenido. Será aplicable al Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, cuando corresponda y siempre que no contravenga lo dispuesto en el presente párrafo, los Títulos 1 y 2 de este Capítulo, en lo relativo a los acuerdos por clases o categorías de acreedores, propuestas alternativas, diferencias entre acreedores de igual clase o categoría, condonación o remisión de créditos, constitución de garantías, código de gestión para los deudores, arbitraje, interventor y Comisión de Acreedores.

ARTÍCULO 107.-Requisitos. Para la aprobación judicial del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, éste deberá presentarse ante el tribunal competente junto con los antecedentes singularizados en el artículo 57, acompañado de un listado de todos los juicios y procesos administrativos que tengan efectos patrimoniales seguidos contra el deudor, con indicación del tribunal, órgano de la Administración del Estado, rol o número de identificación y materias sobre las que tratan estos procesos.

ARTÍCULO 108.-Efectos de la presentación. Presentada la solicitud de aprobación judicial del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, el tribunal dispondrá:

a) La prohibición de solicitar la Liquidación forzosa del deudor y de iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento. Lo anterior, no se aplicará a los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de privilegio de primera clase, excepto las que el deudor tuviere, en tal carácter, a favor de su cónyuge o de sus parientes o de los gerentes, administradores, apoderados con poder general de administración u otras personas que hayan tenido o tengan injerencia en la administración de sus negocios. Para estos efectos se entenderá por parientes a los ascendientes y descendientes y a los colaterales por consanguinidad y afinidad hasta el cuarto grado, inclusive, y

b) La prohibición al deudor de gravar o enajenar sus bienes, salvo los que resulten estrictamente necesarios para la continuación de su giro.

ARTÍCULO 109.-Quórum. El deudor deberá presentar el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado suscrito por los dos tercios o más de los acreedores que representen al menos tres cuartas partes del total de su pasivo, correspondiente a su respectiva clase o categoría. Las Personas Relacionadas con el deudor no podrán suscribir un Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, ni sus créditos se considerarán en el monto del pasivo.

Los cesionarios de créditos adquiridos dentro de los últimos treinta días anteriores a la fecha de la presentación a aprobación judicial del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, no se considerarán para el quórum señalado en el inciso anterior.

ARTÍCULO 110.-Publicidad. Junto con presentar al tribunal el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado con los antecedentes señalados en el artículo 107, el deudor deberá acompañar a la Superintendencia copia de éstos para que los publique en el Boletín Concursal.

ARTÍCULO 111.-Objeción. Podrán objetar el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado los acreedores disidentes y aquellos que demuestren haber sido omitidos de los antecedentes previstos en artículo 107, siempre y cuando la objeción se funde en alguna de las causales establecidas en el artículo 86 de esta Ley para los Acuerdos de Reorganización Judicial, o bien sobre la existencia, los montos y los privilegios de sus créditos.

La objeción deberá presentarse ante el tribunal competente dentro de los diez días siguientes a la publicación del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado efectuada conforme al artículo anterior. Copia de la objeción señalada y de los antecedentes correspondientes, se deberán acompañar a la Superintendencia en el mismo plazo a efectos que se publiquen en el Boletín Concursal.

Las objeciones al Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado se tramitarán como incidente por clase o categoría de acuerdo, entre el deudor y el acreedor o acreedores que las hayan formulado. Se fallarán conjuntamente en una audiencia única, que el tribunal citará para tal efecto y que se celebrará dentro de los diez días siguientes de vencido el plazo para objetar. Esta audiencia será verbal y se llevará a cabo con los que asistan. La resolución que resuelva las objeciones se publicará en el Boletín Concursal y será apelable en el sólo efecto devolutivo.

ARTÍCULO 112.-Aprobación judicial. Vencido el plazo para presentar objeciones sin que se hayan interpuesto o si, deducidas, se hubieren rechazado por resolución que se encuentre firme y ejecutoriada, el tribunal competente, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales, dictará la correspondiente resolución aprobando el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado.

ARTÍCULO 113.-Efectos de la aprobación judicial. El Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado aprobado conforme a las disposiciones de este párrafo producirá, cuando corresponda y siempre que no contravenga lo dispuesto en este párrafo, los efectos previstos en el Párrafo 3 del Título 2 de este Capítulo.

ARTÍCULO 114.-Terminación e Incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado. Demandada la terminación e incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, se aplicará lo dispuesto en el Párrafo 5 del Título 2 de este Capítulo.

IV.- DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN

Título 1. Del Procedimiento Concursal propiamente tal

Párrafo 1. De la Liquidación Voluntaria

ARTÍCULO 115.-Ámbito de aplicación y requisitos. La Empresa Deudora podrá solicitar ante el juzgado de letras competente su Liquidación Voluntaria, acompañando los siguientes antecedentes en duplicado:

1) Lista de sus bienes, lugar en que se encuentren y los gravámenes que les afecten;

2) Lista de los bienes legalmente excluidos de la Liquidación;

3) Relación de juicios pendientes;

4) Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos, y

5) Nómina de los trabajadores, prestaciones laborales debidas y situación previsional.

Si el deudor llevare contabilidad completa presentará, además, su último balance.

Si se tratare de una persona jurídica, los documentos antes referidos serán firmados por sus representantes legales.

Para los efectos de este Capítulo se denominará indistintamente Empresa Deudora o deudor.

ARTÍCULO 116.-Tramitación. El tribunal competente revisará la presentación del deudor y, si cumple con los requisitos señalados en el artículo anterior, procederá de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37.

Asimismo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 129 y en el Párrafo 4 de este Título.

Párrafo 2. De la Liquidación Forzosa

ARTÍCULO 117.-Ámbito de aplicación y causales. Cualquier acreedor podrá demandar la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de una Empresa Deudora en los siguientes casos:

1) Si cesa en el pago de una obligación que conste en título ejecutivo con el acreedor solicitante. No se podrá invocar esta causal respecto de los fiadores, codeudores solidarios y/o avalistas.

2) Si existieren en su contra dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos dos ejecuciones, y no hubiere presentado dentro de los cuatro días siguientes a los respectivos requerimientos, bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas.

3) Cuando la Empresa Deudora o sus administradores se trasladen fuera del territorio de la República o no sean habidos, dejando cerradas sus oficinas o establecimientos, sin haber nombrado mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas. En este caso, el demandante podrá invocar como crédito, aquel que se encuentre sujeto a un plazo o a una condición suspensiva.

ARTÍCULO 118.-Requisitos. La demanda que se presentará ante el tribunal competente, señalará la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañará los siguientes antecedentes:

1) Los documentos o antecedentes escritos que acreditan la causal invocada.

2) Vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 200 Unidades de Fomento para subvenir los gastos iniciales del Procedimiento Concursal de Liquidación.

3) El acreedor peticionario podrá designar a un Veedor vigente de la Nómina de Veedores, que asumirá en caso que el deudor se oponga a la Liquidación Forzosa. Dicho Veedor supervigilará las actividades del deudor mientras dure la tramitación del Juicio de Oposición conforme a lo dispuesto en el Párrafo 3 de este Título, quien tendrá las facultades de interventor contenidas en el artículo 25 de esta Ley. Los honorarios del Veedor no podrán ser superiores a 100 Unidades de Fomento y serán de cargo del acreedor peticionario. Sin perjuicio de lo anterior, el demandante podrá solicitar en su demanda cualquiera de las medidas señaladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

4) El nombre del Liquidador titular y suplente, para el caso que el deudor no compareciere o no efectuare actuación alguna por escrito en la Audiencia Inicial prevista en el artículo 120.

El Liquidador o Veedor que hubiese ejercido como tal en algún Procedimiento Concursal, no podrá asumir en otro procedimiento respecto de un mismo deudor.

ARTÍCULO 119.-Revisión, primera providencia y notificación. Presentada la demanda, el tribunal competente examinará en el plazo de tres días el cumplimiento de los requisitos del artículo precedente. En caso que los considere cumplidos, la tendrá por presentada, ordenará publicarla en el Boletín Concursal y citará a las partes a una audiencia que tendrá lugar al quinto día desde la notificación personal del deudor o conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando no se encuentre en el lugar del juicio. En caso contrario, ordenará al demandante la corrección pertinente y fijará un plazo de tres días para que subsane, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

ARTÍCULO 120.-Audiencia Inicial. La Audiencia Inicial se desarrollará conforme a las siguientes reglas:

1) El tribunal informará al deudor acerca de la demanda presentada en su contra y de los efectos de un eventual Procedimiento Concursal de Liquidación.

2) Acto seguido, el deudor podrá proponer por escrito o verbalmente alguna de las acciones señaladas en los literales siguientes, debiendo siempre señalar el nombre o razón social, domicilio y correo electrónico de los tres acreedores, o sus representantes legales, que figuren en su contabilidad con los mayores créditos. Si el deudor no cumple con este último requisito, el tribunal tendrá por no presentada la actuación que fuere del caso y dictará de inmediato la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, nombrando al Liquidador titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 118.

a) El deudor podrá consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes. El tribunal tendrá por efectuada la consignación, ordenará practicar la liquidación del crédito, la regulación y tasación de las costas, y señalará el plazo en que el deudor deberá pagarlos, el que se contará desde que esas actuaciones se encuentren firmes. Si el deudor no pagare en el plazo fijado, el tribunal dictará la respectiva Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

b) El deudor podrá allanarse por escrito o verbalmente a la demanda, dictando en este caso el tribunal la respectiva Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

c) Acogerse expresamente al Procedimiento Concursal de Reorganización contemplado en el Capítulo III de esta Ley.

d) Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las disposiciones del Párrafo 3 del presente Título. La oposición del deudor sólo podrá fundarse en una o más de las causales previstas en los números 1, 5, 6, 7, 9 a 14, 16 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

3) Si el deudor no comparece a esta audiencia, o compareciendo no efectúa alguna de las actuaciones señaladas en el número 2 anterior, el tribunal dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y nombrará al Liquidador titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 118.

De lo obrado en esta audiencia se levantará acta, la que deberá ser firmada por los comparecientes y el secretario del tribunal.

Párrafo 3. Del Juicio de Oposición

ARTÍCULO 121.-De la Oposición. En su escrito de oposición, el deudor deberá señalar:

1) Las excepciones y defensas invocadas, así como sus fundamentos de hecho y de derecho;

2) Ofrecer todos los medios de prueba de que pretenda valerse, de conformidad a lo previsto en el artículo siguiente, y

3) Acompañar toda la prueba documental pertinente.

ARTÍCULO 122.-De las pruebas. El deudor deberá sujetar la prueba de sus excepciones y defensas a las reglas siguientes:

1) Prueba testimonial: el escrito de oposición deberá incluir la completa individualización de los testigos que depondrán, así como las razones que justifican su comparecencia.

2) Prueba confesional: el escrito de oposición deberá acompañar el pliego de posiciones. Si el acreedor solicitante fuese una institución financiera, podrá comparecer cualquier persona habilitada a nombre del representante legal, siempre que exhiba al día de la diligencia la respectiva delegación, otorgada por escritura pública y donde conste expresamente la facultad de absolver posiciones a nombre del demandante.

3) Prueba pericial: se aplicarán las disposiciones de los artículos 409, 410 y 411 del Código de Procedimiento Civil en lo referido a la procedencia de este medio de prueba. Tratándose de casos de informe pericial facultativo, el deudor deberá exponer las razones que justifican decretar dicha diligencia.

4) Prueba documental: junto al escrito de oposición sólo podrán acompañarse documentos. Con todo, el tribunal podrá aceptar la agregación con posterioridad a dicha actuación siempre que la parte que los presenta acredite que se trata de antecedentes que han surgido después de la Audiencia Inicial o que, siendo anteriores, no pudieron acompañarse oportunamente por razones independientes de su voluntad. El tribunal resolverá esta solicitud de plano, con los antecedentes que le sean proporcionados en la misma petición y contra lo resuelto no procederá recurso alguno.

ARTÍCULO 123.-Resoluciones del tribunal competente. Deducida la oposición, el tribunal constatará el cumplimiento de los requisitos legales y, si procede, tendrá por opuesto al deudor a la Liquidación Forzosa, y por acompañados los documentos regulados en el artículo anterior. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el número 3 del artículo 120.

ARTÍCULO 124.-Trámites probatorios. Una vez decretada la oposición, el tribunal competente:

1) En caso que el deudor soliciten que se reciba la causa a prueba, constatará la existencia de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que merezcan ser probados para una adecuada resolución de la controversia y fijará los puntos sobre los cuales deberá recaer la prueba. Dicha resolución sólo será susceptible de recurso de reposición por las partes, el que deberá interponerse dentro de tercero día. En caso contrario, citará a las partes a la Audiencia de Fallo.

2) Una vez recibida la causa a prueba y fijados los puntos de ella:

a) Se pronunciará acerca de la admisibilidad y pertinencia de las restantes pruebas ofrecidas;

b) Tratándose de prueba pericial, el tribunal determinará la calidad del perito y los puntos sobre los cuales deberá pronunciarse, instando a las partes para que acuerden su nombre. En caso de desacuerdo, el perito deberá ser designado en ese mismo acto por el tribunal, y fijará un plazo de siete días para que el perito evacue el informe. No será necesario en estos casos practicar la audiencia de reconocimiento.

3) Concederá al acreedor demandante la oportunidad de ofrecer prueba, la que deberá ser singularizada y acompañada al día hábil siguiente. La resolución acerca de la admisibilidad y pertinencia de las pruebas complementarias del acreedor deberá ser resuelta antes de la Audiencia de Prueba. El deudor podrá hacer reponer lo resuelto, en la forma prevista en el artículo 125, en la Audiencia de Prueba, tramitándose tal petición como cuestión previa.

4) Citará a las partes a una Audiencia de Prueba, la que deberá tener lugar al quinto día hábil siguiente, debiendo indicar el día y la hora de celebración. Las partes se entenderán notificadas en ese mismo acto.

En caso de fijarse nuevos puntos de prueba por acogerse la reposición señalada en el número 1 anterior, el tribunal deberá resolver la admisibilidad o pertinencia de las nuevas pruebas antes de la Audiencia de Prueba señalada en el artículo 126.

ARTÍCULO 125.-Recursos. En contra de las resoluciones que se pronuncien en la Audiencia Inicial acerca de la admisibilidad o procedencia de las pruebas ofrecidas, los puntos de prueba fijados, la forma de hacer valer los medios probatorios o cualquier otra circunstancia que incida en ellos, sólo será procedente el recurso de reposición, que deberá deducirse verbalmente por las partes y será resuelto en la misma Audiencia Inicial.

ARTÍCULO 126.-Audiencia de Prueba. A la hora decretada y con las partes que asistan, se rendirá la prueba declarada admisible en el siguiente orden: confesional y testimonial, iniciándose por la ofrecida por el deudor.

Sólo se admitirá la declaración de dos testigos de cada parte respecto de cada punto de prueba. Serán aplicables las reglas de los artículos 358 y siguientes del Código de Procedimiento Civil respecto de la rendición de la prueba testimonial y lo dispuesto en los artículos 385 y siguientes del mismo Código en relación a la prueba confesional.

Concluida la recepción de la prueba, las partes formularán verbal y brevemente las observaciones que el examen de la prueba les sugiera, de un modo preciso y concreto.

La Audiencia de Prueba terminará con la firma de los asistentes, el tribunal y de su secretario. Desde entonces, las partes asistentes y que no hayan asistido se entenderán citadas y notificadas de pleno derecho a la Audiencia de Fallo, la que deberá celebrarse al décimo día contado desde el término de la Audiencia de Prueba, existan o no diligencias pendientes, debiendo el tribunal fijar su hora de inicio.

ARTÍCULO 127.-De la Audiencia de Fallo. La Audiencia de Fallo se celebrará con las partes que asistan y en ella el tribunal notificará a cada parte la sentencia definitiva de primera instancia que pronuncie en dicha audiencia. El secretario del tribunal certificará el hecho de su pronunciamiento, la asistencia de las partes y la copia autorizada que se les entregará de la sentencia definitiva. La parte inasistente se entenderá notificada de pleno derecho con el solo mérito de la celebración de la audiencia.

ARTÍCULO 128.-Sentencia definitiva que acoge la oposición del deudor. La sentencia definitiva que acoge la oposición del deudor deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y contra ella procederá únicamente el recurso de apelación, el que se concederá en ambos efectos y gozará de preferencia extraordinaria para su agregación a la tabla y para su vista y fallo, cesando en sus funciones el Veedor. Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.

La sentencia definitiva que rechace la oposición del deudor, será apelable en el sólo efecto devolutivo y gozará de preferencia extraordinaria para su agregación a la tabla y para su vista y fallo. Notificada la sentencia definitiva, el Veedor designado en conformidad a lo dispuesto en el número 3 del artículo 118 cesará en su cargo.

Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.

Acogida la oposición del deudor, éste podrá demandar indemnización de perjuicios al demandante o al administrador solicitante, si probare que procedió culpable o dolosamente.

ARTÍCULO 129.-Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación. La Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación desechando las excepciones opuestas por el deudor, contendrá, además de lo establecido en el artículo 169 y 170 del Código de Procedimiento Civil:

1) La determinación de si el deudor es una Empresa Deudora comprendida en la causal contemplada en el número 1 del artículo 117;

2) La designación de un Liquidador titular y de uno suplente, ambos en carácter de provisionales y la orden de que el Liquidador se incaute de todos los bienes del deudor, sus libros y documentos, bajo inventario y de que se le preste, para este objeto, el auxilio de la fuerza pública, con la exhibición de la copia autorizada de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación;

3) La orden de que las oficinas de correos entreguen al Liquidador la correspondencia cuyo destinatario sea el deudor;

4) La orden de acumular al Procedimiento Concursal de Liquidación todos los juicios pendientes contra el deudor ante otros tribunales de cualquier jurisdicción y que puedan afectar sus bienes, salvo las excepciones legales;

5) La advertencia al público de que no debe pagar ni entregar mercaderías al deudor, so pena de nulidad de los pagos y entregas; y la orden a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al deudor, para que los pongan, dentro de tercero día, a disposición del Liquidador;

6) La orden de informar a todos los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen el plazo de treinta días contado desde la fecha de la publicación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos bajo el apercibimiento de que les afectarán los resultados del juicio sin nueva citación;

7) La orden de notificar, por el medio más expedito posible, la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación a los acreedores que se hallen fuera del territorio de la República;

8) La orden de inscribir la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación en los conservadores de bienes raíces correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes al deudor, y

9) La indicación precisa del lugar, día y hora en que se celebrará la primera Junta de Acreedores.

La Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación se notificará al deudor, a los acreedores y a terceros por medio de un aviso en el Boletín Concursal y contra ella procederá únicamente el recurso de apelación en el sólo efecto devolutivo, gozando de preferencia para su agregación a la tabla y para su vista y fallo. Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.

Párrafo 4. De los efectos de la Resolución de Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación

ARTÍCULO 130.-Administración de bienes. Desde la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, se producirán los siguientes efectos en relación al deudor y a sus bienes:

1) Quedará inhibido de pleno derecho de la administración de todos sus bienes presentes, esto es, aquellos sujetos al Procedimiento Concursal de Liquidación y existentes en su patrimonio a la época de la dictación de esta resolución, excluidos aquellos que la ley declare inembargables, administración que pasará de pleno derecho al Liquidador.

En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes.

2) No perderá el dominio sobre sus bienes sino sólo la facultad de disposición sobre ellos y de sus frutos.

3) No podrá comparecer en juicio como demandante ni como demandado, en lo relativo a los bienes objeto del Procedimiento Concursal de Liquidación, pero podrá actuar como coadyuvante.

4) Podrá interponer por sí todas las acciones que exclusivamente se refieran a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. Tampoco será privado del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.

5) En caso de negligencia del Liquidador, podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

ARTÍCULO 131.-Resoluciones en audiencias. Todas las cuestiones que se susciten entre el deudor, el Liquidador y cualquier otro interesado en relación a la administración de los bienes sujetos al Procedimiento Concursal de Liquidación serán resueltas por el tribunal en audiencias verbales, a solicitud del interesado y conforme a las reglas que siguen:

a) El solicitante deberá exponer por escrito al tribunal tanto la petición que formula como los antecedentes que le sirven de sustento.

b) El tribunal analizará la petición y podrá desecharla de plano si considera que carece de fundamento plausible.

c) En caso contrario, citará a las partes a una audiencia verbal, que se notificará por el estado diario y copia de la cual deberá publicarla el Liquidador en el Boletín Concursal y que se celebrará en el menor tiempo posible.

d) El Liquidador podrá comparecer personalmente o a través de su apoderado judicial. La audiencia se celebrará con las partes que asistan y la resolución que adopte el tribunal sólo será susceptible de reposición, la que deberá deducirse y resolverse en la misma audiencia.

ARTÍCULO 132.-Administración de bienes en caso de usufructo legal. La administración que conserva el deudor sobre bienes personales de la mujer e hijos de los que tenga el usufructo legal, quedará sujeta a la intervención del Liquidador mientras subsista el derecho del marido, padre o madre sujeto al Procedimiento Concursal de Liquidación.

El Liquidador cuidará que los frutos líquidos que produzcan estos bienes ingresen a la masa, deducidas las cargas legales o convencionales que los graven.

El tribunal, con audiencia del Liquidador y del deudor, determinará la cuota de los frutos que correspondan a este último para su subsistencia y las de su familia, habida consideración a sus necesidades y a la cuantía de los bienes bajo intervención.

El Liquidador podrá figurar como parte coadyuvante en los juicios de separación de bienes y de divorcio en que el deudor sea demandado o demandante.

ARTÍCULO 133.-Situación de bienes futuros. La administración de los bienes que adquiera el deudor con posterioridad a la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, se regirá por las reglas que siguen:

a) Tratándose de bienes adquiridos a título gratuito, se ejercerá por el Liquidador, manteniéndose la responsabilidad de las cargas con que le hayan sido transferidos o transmitidos y sin perjuicio de los derechos de los acreedores hereditarios.

b) Tratándose de bienes adquiridos a título oneroso, podrá ser sometida a intervención, y los acreedores sólo tendrán derecho a los beneficios líquidos que se obtengan.

ARTÍCULO 134.-Fijación de derechos de acreedores. La Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación fija irrevocablemente los derechos de todos los acreedores en el estado que tenían el día de su pronunciamiento, salvo las excepciones legales.

ARTÍCULO 135.-Suspensión de ejecuciones individuales. La dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación suspende el derecho de los acreedores para ejecutar individualmente al deudor.

Con todo, los acreedores hipotecarios y prendarios podrán deducir o continuar sus acciones en los bienes gravados con hipoteca o prenda, sin perjuicio de la posibilidad de realizarlos en el Procedimiento Concursal de Liquidación. En ambos casos, deberán garantizar el pago de los créditos de mejor derecho que hayan sido verificados ordinariamente o antes de la fecha de liquidación de los bienes afectos a sus respectivas garantías, por los montos que en definitiva resulten reconocidos.

ARTÍCULO 136.-Exigibilidad de obligaciones y su reajustabilidad. Una vez dictada la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal Liquidación, todas las obligaciones dinerarias se entenderán vencidas y actualmente exigibles respecto del deudor, para que los acreedores puedan verificarlas en el Procedimiento Concursal de Liquidación y percibir el pago de sus acreencias. Estas últimas se pagarán según su valor actual más los reajustes e intereses que correspondan, de conformidad a las reglas del artículo siguiente.

ARTÍCULO 137.-Determinación del valor actual de los créditos. Para determinar el valor actual de los créditos se seguirán las siguientes reglas:

1) El valor actual de los créditos reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y que devenguen intereses, será el capital más el reajuste convenido e intereses para operaciones reajustables devengados hasta la fecha de dicha resolución.

2) El valor actual de los créditos reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y que no devenguen intereses, será el capital más el reajuste convenido hasta la fecha de dicha resolución.

3) El valor actual de los créditos no reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y que devenguen intereses, será el capital más los intereses para operaciones no reajustables devengados hasta la fecha de dicha resolución.

4) El valor actual de los créditos no reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y que no devenguen intereses, se determinará descontando del capital los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables desde la fecha de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación hasta el día de los respectivos vencimientos. Si no fuere posible determinar el índice de reajustabilidad o si éste hubiere perdido su vigencia, se aplicará lo dispuesto en el número 3 anterior.

ARTÍCULO 138.-Exigibilidad de otros instrumentos. Si el deudor fuere aceptante de una letra de cambio, librador de una letra no aceptada o suscriptor de un pagaré, los demás obligados deberán pagar dichos instrumentos inmediatamente.

ARTÍCULO 139.-Cálculo de intereses. En virtud de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y desde la fecha de ésta, las acreencias del deudor, vencidas y las actualizadas de conformidad con el artículo 137:

1) Se reajustarán y devengarán intereses según lo pactado en la convención, en el caso del número 2 del artículo 137;

2) Se reajustarán según lo pactado, en el caso del número 3 del mismo artículo, y

3) Devengarán intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables en el caso de los números 3 y 4 del artículo 137.

El Liquidador podrá impugnar los intereses pactados en caso de estimarlos excesivos.

Las obligaciones contraídas en moneda extranjera se pagarán en la misma moneda establecida en la convención y devengarán el interés pactado en ella.

Los reajustes y los intereses, en su caso, gozarán de iguales preferencias y privilegios que el respectivo capital al cual acceden.

Sin embargo, los intereses que se devenguen con posterioridad a la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, quedará postergados para su pago hasta que se den por cancelados los demás créditos en el Procedimiento Concursal de Liquidación.

ARTÍCULO 140.-Compensaciones. La dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación impide toda compensación que no hubiere operado antes por el ministerio de la ley, entre las obligaciones recíprocas del deudor y acreedores, salvo que se trate de obligaciones conexas, derivadas de un mismo contrato o de una misma negociación y aunque sean exigibles en diferentes plazos.

Para estos efectos, se entenderá que revisten el carácter de obligaciones conexas aquellas que, aun siendo en distinta moneda, emanen de operaciones de derivados, tales como futuros, opciones, swaps, forwards u otros instrumentos o contratos de derivados suscritos entre las mismas partes, en una o más oportunidades, bajo ley chilena o extranjera, al amparo de un mismo convenio marco de contratación de los reconocidos por el Banco Central y que incluyan un acuerdo de compensación en caso de Liquidación Voluntaria o de Liquidación Forzosa. El Banco Central de Chile podrá determinar los términos y condiciones generales de los convenios marco de contratación referidos en que sea parte una empresa bancaria o cualquier otro inversionista institucional, considerando para ello los convenios de general aceptación en los mercados internacionales.

Cada una de las obligaciones que emanen de operaciones de derivados efectuadas en la forma antedicha, se entenderá de plazo vencido, líquida y actualmente exigible a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y su valor se calculará a dicha fecha de acuerdo a sus términos y condiciones. Luego, las compensaciones que operen por aplicación del inciso precedente, serán calculadas y ejecutadas simultáneamente en dicha fecha.

En caso que una de las partes sea un banco establecido en Chile, sólo procederá dicha compensación tratándose de operaciones con productos derivados cuyos términos y condiciones se encuentren autorizados por el Banco Central de Chile.

ARTÍCULO 141.-Derecho legal de retención en contrato de arrendamiento. El derecho legal de retención no podrá ser declarado después de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Durante los treinta días siguientes a la notificación de esta última resolución, el arrendador no podrá perseguir la realización de los bienes muebles destinados a la explotación de los negocios del deudor por los arriendos vencidos, sin perjuicio de su derecho para solicitar providencias conservativas, las que deberán ser resueltas por el tribunal de conformidad al artículo 131.

Si el arrendamiento ha expirado por alguna causa legal, el arrendador podrá exigir la entrega del inmueble y entablar las acciones correspondientes.

ARTÍCULO 142.-Regla general de acumulación al Procedimiento Concursal de Liquidación. Todos los juicios pendientes contra el deudor ante otros tribunales se acumularán al Procedimiento Concursal de Liquidación. Los que se inicien con posterioridad a la notificación de la Resolución que ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, se promoverán ante el tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación.

ARTÍCULO 143.-Excepciones. La regla de acumulación indicada en el artículo anterior no se aplicará a los siguientes juicios, que seguirán tramitándose o deberán sustanciarse ante el tribunal competente, respectivamente:

1) Los que actualmente estuvieren conociendo árbitros;

2) Los que fueren materias de arbitraje forzoso, y

3) Aquellos sometidos por ley a tribunales especiales.

En caso que el deudor fuere condenado en alguno de los juicios acumulados al Procedimiento Concursal de Liquidación, el Liquidador dará cumplimiento a lo resuelto de conformidad a las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 144.-Juicios ejecutivos de obligaciones de dar. La acumulación al Procedimiento Concursal de Liquidación de esta clase de juicios se sujetará a las reglas siguientes:

1) Si no existen excepciones opuestas, los juicios se paralizarán en el estado en que se encuentren al momento de notificarse la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

El tribunal de la ejecución pronunciará una resolución que suspenderá la tramitación y ordenará remitir los expedientes al tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación para que continúe su tramitación. En tal caso, los acreedores ejecutantes verificarán sus créditos conforme a las reglas generales.

2) Si existen excepciones opuestas, el tribunal de la ejecución ordenará remitir los expedientes al tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación y, una vez recibidos, se seguirá adelante en su tramitación particular hasta la resolución de término. En tal caso, el Liquidador asumirá la representación judicial del deudor y los acreedores ejecutantes podrán verificar sus créditos en forma condicional.

ARTÍCULO 145.-Juicios ejecutivos de obligaciones de hacer. La acumulación al Procedimiento Concursal de Liquidación de esta clase de juicios se sujetará a las siguientes reglas:

1) Si los fondos para dar cumplimiento al objeto del litigio se encontraren depositados antes de la notificación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, el tribunal de la ejecución ordenará remitir los expedientes al tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación, continuándose la tramitación hasta la inversión total de los fondos o la conclusión de la obra que con ellos deba pagarse.

2) En caso contrario, los juicios se acumularán sin importar el estado en que se encuentren y el acreedor sólo podrá verificar el monto de los perjuicios que el tribunal respectivo hubiere declarado o que se declaren.

ARTÍCULO 146.-Norma común para juicios ejecutivos. Si entre los ejecutados existieren personas distintas del deudor, el tribunal de la ejecución deberá:

1) Detener la tramitación sólo respecto del deudor;

2) Remitir al tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación copias autorizadas del expediente, para permitir que continúe la sustanciación con el deudor, y

3) Conservar para sí los autos originales a fin de continuar la ejecución de los restantes demandados.

ARTÍCULO 147.-Juicios iniciados por el deudor. Las demandas que se hubieren interpuesto por el deudor antes de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, para controvertir la validez, legitimidad o procedencia de los créditos justificativos de la Liquidación Forzosa, deberán acumularse al Procedimiento Concursal de Liquidación.

Si en tales juicios la argumentación del deudor fuere similar a la de su oposición, conforme a los artículos 121 y 122, el tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación deberá resolver ambas controversias en un mismo fallo. En lo meramente procesal, prevalecerán las disposiciones propias del juicio de oposición.

ARTÍCULO 148.-Principio general de las medidas cautelares. Los embargos y medidas precautorias decretadas en juicios sustanciados contra el deudor y que afecten a bienes que deban realizarse o ingresar al Procedimiento Concursal de Liquidación, quedarán sin efecto desde que se notifique la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Sólo el Liquidador podrá solicitar el alzamiento respectivo, ante el tribunal que lo decretó o ante el tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación en caso de acumulación. El tribunal correspondiente decretará el alzamiento sin más trámite, con el sólo mérito de la notificación ya indicada.

ARTÍCULO 149.-Medidas cautelares en sede criminal. Aquellas medidas cautelares que afecten a bienes del deudor, concedidas con ocasión de acciones de naturaleza criminal, para responder o garantizar el pago de futuras indemnizaciones civiles, multas o cualquier otra condena en dinero, quedarán sin efecto tan pronto el Liquidador comunique por escrito que se ha pronunciado la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación al Juzgado de Garantía que corresponda, adjuntando los documentos que sirvan para acreditarla. Este último tribunal entregará los bienes al Liquidador para su administración y proseguirá la tramitación de los respectivos procedimientos, en los cuales el Liquidador actuará como coadyuvante cuando se trate de delitos económicos o concursales.

Las multas e indemnizaciones pecuniarias que eventualmente se concedan, cualquiera sea su especie, deberán verificarse en el Procedimiento Concursal de Liquidación conforme a las reglas generales.

ARTÍCULO 150.-Regla general. Fuera de los casos mencionados en los artículos siguientes, podrán entablarse las acciones reivindicatorias que procedan, en conformidad a las reglas generales del derecho.

Las tercerías de dominio que estuvieren iniciadas a la fecha de dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación continuarán tramitándose en conformidad al procedimiento que corresponda.

ARTÍCULO 151.-Reivindicación de efectos de comercio. Podrán ser reivindicados los efectos de comercio y cualquier otro documento de crédito no pagado y existente a la fecha de dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación en poder del deudor o de un tercero que los conserve a nombre de aquél, siempre que el propietario los haya entregado o remitido al deudor por un título no traslaticio de dominio.

ARTÍCULO 152.-Reivindicación de mercaderías. Podrán ser también reivindicadas, en todo o en parte, mientras puedan ser identificadas, las mercaderías consignadas al deudor a título de depósito, comisión de venta o a cualquier otro que no transfiera dominio.

Vendidas las mercaderías, el propietario de ellas podrá reivindicar el precio o la parte del precio que, al tiempo de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, no hubiere sido pagado o compensado entre el deudor y el comprador.

No se entiende pagado el precio por la simple dación de documentos de crédito, firmados o transferidos por el comprador a favor del deudor; y si existieren tales documentos en poder de éste, el propietario podrá reivindicarlos, siempre que acredite su origen e identidad.

ARTÍCULO 153.-Derecho legal de retención del deudor. Lo dispuesto en los dos artículos precedentes no obsta al derecho legal de retención o al de prenda que corresponda al deudor.

ARTÍCULO 154.-Compraventa. El contrato de compraventa podrá resolverse por incumplimiento de las obligaciones del deudor comprador, salvo cuando se trate de cosas muebles que hayan llegado a poder de éste.

ARTÍCULO 155.-Mercaderías en tránsito. Mientras estén en tránsito las cosas muebles vendidas y remitidas al deudor, el vendedor no pagado podrá dejar sin efecto la tradición, recuperar la posesión y pedir la resolución de la compraventa.

El vendedor podrá también retener las cosas vendidas hasta el entero pago de su crédito.

ARTÍCULO 156.-Mercaderías en tránsito vendidas a un tercero. En caso que las cosas a que se refiere el artículo anterior hayan sido vendidas durante su tránsito a un tercero de buena fe, a quien se hubiere transferido la factura, conocimiento o carta de porte, el vendedor no podrá usar de las acciones que le confiere dicho artículo.

Pero si el nuevo comprador no hubiere pagado el precio antes de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, el vendedor primitivo podrá demandar su entrega hasta la concurrencia de la cantidad que se le deba.

ARTÍCULO 157.-Definición de mercadería en tránsito. Para los efectos de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se entiende que las cosas muebles están en tránsito desde el momento en que las reciben los agentes encargados de su conducción, hasta que queden en poder del comprador deudor o de la persona que lo represente.

ARTÍCULO 158.-Resolución de la compraventa. En caso de resolución de la compraventa, el vendedor estará obligado a reembolsar a la masa los abonos a cuenta que hubiere recibido.

ARTÍCULO 159.-Comisión por cuenta propia. El comisionista que ha pagado o se ha obligado a pagar con sus propios fondos las mercaderías compradas y remitidas por orden y cuenta del deudor, puede ejercitar las mismas acciones concedidas al vendedor por el artículo 155.

ARTÍCULO 160.-Procedencia del derecho legal de retención. Fuera de los casos expresamente señalados por las leyes, el derecho legal de retención tendrá lugar siempre que la persona que ha pagado o que se ha obligado a pagar por el deudor, tenga en su poder mercaderías o valores de crédito que pertenezcan a aquél, con tal que la tenencia nazca de un hecho voluntario del deudor, anterior al pago o a la obligación, y que esos bienes no hayan sido remitidos con un destino determinado.

ARTÍCULO 161.-Oposición del Liquidador. En los casos a que se refieren los artículos precedentes, el Liquidador podrá oponerse a la resolución o retención y exigir la entrega de las cosas vendidas o retenidas, pagando la deuda, intereses, costas y perjuicios, o dando caución que asegure el pago.

ARTÍCULO 162.-Razón social de un deudor sujeto a un Procedimiento Concursal de Liquidación. El nombre o razón social del deudor sujeto a un Procedimiento Concursal de Liquidación será complementado con la frase final “en Procedimiento Concursal de Liquidación”, y su uso deberá ser precedido por la firma del Liquidador y demás habilitados. En caso contrario, serán solidariamente responsables el Liquidador como los que hubieren ejecutado el acto o celebrado el contrato respectivo.

Párrafo 5. De la incautación e inventario de bienes

ARTÍCULO 163.-Procedimiento. Una vez que haya asumido oficialmente en el cargo y en presencia del secretario u otro ministro de fe designado por el tribunal competente, el Liquidador deberá:

1) Adoptar de inmediato las medidas conservativas necesarias para proteger y custodiar los bienes del deudor, si estima que peligran o corren riesgos donde se encuentran.

2) Practicar la diligencia de incautación y confección del inventario de los bienes del deudor.

ARTÍCULO 164.-Contenido del acta de incautación. De las diligencias de incautación se levantará un acta que deberá incluir al menos las siguientes menciones:

1) La singularización de cada uno de los domicilios, sucursales o sedes del deudor en que se hubieren practicado;

2) El día, la hora y el nombre de los asistentes a las diligencias practicadas;

3) La circunstancia de haber sido necesario o no el auxilio de la fuerza pública; y

4) La constancia de todo derecho o pretensión formulados por terceros en relación con los bienes del deudor.

Si aparecieren nuevos bienes por inventariar, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el inciso anterior.

ARTÍCULO 165.-Contenido del inventario. El inventario de los bienes del deudor que el Liquidador confeccione deberá incluir al menos las siguientes menciones:

1) Un registro e indicación de los libros, correspondencia y documentos del deudor, si los hubiere;

2) La individualización de los bienes del deudor, con su respectiva avaluación comercial, dejando especial constancia acerca del estado de conservación de maquinarias, útiles y equipos, y

3) La identificación de aquellos bienes respecto de los cuales el Liquidador constate la existencia de contratos de arrendamiento con opción de compra.

ARTÍCULO 166.-Trámites posteriores. El Liquidador deberá agregar el acta de incautación e inventario al expediente y publicarla en el Boletín Concursal a más tardar el quinto día contado desde la última diligencia practicada. Igual regla se aplicará a las incautaciones posteriores y a las tendientes a excluir bienes del inventario.

ARTÍCULO 167.-Asesoría técnica. El Liquidador podrá practicar la diligencia de incautación y confección de inventario asesorado por un especialista en el giro del deudor, cuyos honorarios serán considerados gastos de administración de Procedimiento Concursal de Liquidación. Asimismo, el Liquidador deberá dejar constancia en el acta de la idoneidad técnica del asesor, reseñándose las antecedentes que sirvan para acreditarla.

En todo caso, corresponderá a la Junta de Acreedores inmediatamente posterior aprobar o rechazar en definitiva dicho gasto.

ARTÍCULO 168.-Asesoría general. En la práctica de las diligencias de incautación e inventario también podrán acompañar al Liquidador, sus dependientes o asesores de confianza, cuyos honorarios serán exclusivamente de cargo del Liquidador.

ARTÍCULO 169.-Deber de colaboración del deudor. El deudor deberá indicar y poner a disposición del Liquidador, todos sus bienes y antecedentes. En caso que el deudor se negare o no pudiere dar cumplimiento a lo anterior, el deber recaerá en cualquiera de sus administradores, si los hubiera.

Sin perjuicio de lo anterior, el Liquidador podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición del deudor o de sus administradores, para lo cual bastará la exhibición de copia autorizada de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación al jefe de turno de la respectiva unidad de Carabineros.

Párrafo 6. De la determinación del pasivo

ARTÍCULO 170.-Verificación ordinaria de créditos. Los acreedores tendrán un plazo de treinta días contados desde la notificación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, para verificar sus créditos ante el tribunal que conoce del procedimiento, acompañando los títulos justificativos del crédito e indicando una dirección válida de correo electrónico para recibir las notificaciones que fueren pertinentes.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior, dentro de los dos días siguientes, el Liquidador publicará en el Boletín Concursal, todas las verificaciones presentadas.

ARTÍCULO 171.-Acreedores prestadores de servicios de utilidad pública. Lo preceptuado en el artículo precedente también será aplicable a los acreedores que presten servicios de utilidad pública, quienes deberán verificar los créditos correspondientes a suministros anteriores a la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y no podrán, con posterioridad a ella, suspender tales servicios, salvo autorización del tribunal, previa audiencia del Liquidador.

Los créditos correspondientes a servicios de utilidad pública que se suministren con posterioridad a la notificación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, se considerarán incluidos en el número 4 del artículo 2.472 del Código Civil. La suspensión del servicio en contravención a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, se sancionará sumariamente por el tribunal con multa de 1 a 200 Unidades Tributarias Mensuales.

Si a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, los suministros se encontraren suspendidos, el Liquidador podrá solicitar al tribunal que ordene su inmediata reposición, solicitud que se deberá resolver a más tardar al día hábil siguiente, sin necesidad de oír al prestador del servicio.

Los créditos que nazcan como resultado del ejercicio de esta facultad, se considerarán incluidos en el número 4 del artículo 2.472 del Código Civil. El costo de reposición será de cargo del respectivo prestador del servicio.

ARTÍCULO 172.-Término del período de verificación ordinaria de créditos. Vencido el plazo de treinta días indicado en el artículo 170, se entenderá de pleno derecho cerrado el período ordinario de verificación de créditos, sin necesidad de resolución ni notificación alguna. Sin perjuicio de lo anterior, el Liquidador publicará este hecho en el Boletín Concursal, junto con el listado de todos los créditos verificados con sus montos y preferencias alegados, al día siguiente hábil de vencido el plazo señalado.

ARTÍCULO 173.-Estudio de créditos y preferencias. En cumplimiento de sus deberes legales, el Liquidador examinará todos los créditos que se verifiquen y las preferencias que se aleguen, investigando su origen, cuantía y legitimidad por todos los medios a su alcance, especialmente aquellos verificados por las Personas Relacionadas del deudor. Si no encontrare justificado el crédito o la preferencia, deberá deducir la objeción que corresponda, de conformidad a las disposiciones del artículo 174 siguiente.

ARTÍCULO 174.-Objeción de créditos. Los acreedores, el Liquidador y el deudor tendrán un plazo de cinco días contado desde el vencimiento del período ordinario de verificación para deducir objeción fundada sobre la existencia, montos o privilegios de los créditos que se hayan presentado a verificación.

Los acreedores presentarán sus objeciones ante el tribunal que conoce del procedimiento. Expirado el plazo que se indica en el inciso anterior, sin que se formulen objeciones, los créditos no objetados quedarán reconocidos. Vencido el plazo anterior y dentro de los dos días siguientes, el Veedor publicará en el Boletín Concursal todas las objeciones presentadas.

El Liquidador confeccionará la nómina de los créditos reconocidos, la acompañará dentro de tercero día contado desde el vencimiento del plazo para objetar a los autos y la publicará en el Boletín Concursal.

ARTÍCULO 175.-Impugnación de créditos. Si se formulan objeciones, el Liquidador arbitrará las medidas necesarias para que se obtenga el debido ajuste entre los acreedores o entre éstos y el deudor. Si no se subsanan las objeciones deducidas, los créditos objeto de dichas objeciones se considerarán impugnados y el Liquidador los acumulará y emitirá un informe acerca de si existen o no fundamentos plausibles para ser considerados por el tribunal.

El Liquidador acompañará la nómina de créditos impugnados conjuntamente con su informe al tribunal y la publicará en el Boletín Concursal, dentro de los diez días siguientes a la expiración del plazo previsto para objetar señalado en el inciso primero del artículo anterior.

Agregado a los autos la nómina de créditos impugnados con el informe del Liquidador, el tribunal citará a una audiencia única y verbal para el fallo de éstas, dentro de décimo día, contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada la nómina de créditos impugnados. A dicha audiencia podrán concurrir los impugnantes, el deudor y los acreedores impugnados en su caso.

La resolución que falle las impugnaciones ordenará la incorporación o modificación de créditos en la nómina de créditos reconocidos, cuando corresponda. La referida nómina de créditos reconocidos modificada deberá publicarse en el Boletín Concursal dentro del día hábil siguiente a la fecha que se dicte la resolución señalada.

ARTÍCULO 176.-De las costas. El impugnante vencido será condenado en costas a beneficio del acreedor impugnado equivalente al diez por ciento del crédito impugnado, a menos que el tribunal considere que ha tenido motivos plausibles para litigar.

Lo anterior no será procedente en caso que el impugnante sea el Liquidador.

ARTÍCULO 177.-De la apelación. La resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones será apelable en el sólo efecto devolutivo, gozando para estos efectos de preferencia para su agregación extraordinaria a la tabla y para su vista y fallo.

ARTÍCULO 178.-Deber del Liquidador en los procesos de verificación e impugnación. El Liquidador deberá perseguir judicialmente el pago de las costas y multas a beneficio de la masa, pudiendo al efecto descontarlas administrativamente de cualquier reparto que deba practicar al acreedor obligado a su pago.

ARTÍCULO 179.-De la verificación extraordinaria de créditos. Los acreedores que no hayan verificado sus créditos en el periodo ordinario, podrán hacerlo mientras no esté firme y ejecutoriada la Cuenta Final de Administración del Liquidador, para ser considerados sólo en los repartos futuros, aceptando todo lo obrado con anterioridad.

Los créditos verificados extraordinariamente podrán ser objetados o impugnados en conformidad al procedimiento establecido en los artículos 174 y 175, dentro del plazo de diez días contados desde su notificación en el Boletín Concursal.

Párrafo 7. De las Juntas de Acreedores en Procedimientos Concursales de Liquidación

ARTÍCULO 180.-De las Juntas de Acreedores. Los acreedores adoptarán los acuerdos en Juntas de Acreedores celebradas de conformidad a las disposiciones del presente Párrafo, las que se denominarán, según corresponda, Junta Constitutiva, Juntas Ordinarias y Juntas Extraordinarias.

ARTÍCULO 181.-Del quórum para sesionar. Toda Junta de Acreedores se entenderá constituida legalmente para sesionar si cuenta con la concurrencia de uno o más acreedores que representen al menos el 25% del pasivo con derecho a voto, a menos que esta Ley señale expresamente un quórum de constitución distinto.

ARTÍCULO 182.-Asistencia y derecho a voz. Las Juntas de Acreedores serán públicas y el Liquidador podrá disponer que, por razones de seguridad, se puedan practicar sesiones con presencia limitada de público general, previa autorización judicial.

Tendrán derecho a voz:

1) Los acreedores verificados cuyos créditos no hubieren sido autorizados a votar en la audiencia de que trata el artículo 190 de este Párrafo.

2) El Liquidador.

3) El deudor.

4) El Superintendente Concursal, o quien éste designe por medio de acto administrativo.

ARTÍCULO 183.-Nómina de asistencia. Los acreedores que asistan a las Juntas de Acreedores que se celebren con arreglo a este Párrafo deberán suscribir la correspondiente nómina de asistencia que al efecto proporcione el Liquidador, indicando su nombre completo o razón social y la individualización del apoderado que asiste en su representación, en su caso. Igual deber pesará sobre el deudor.

ARTÍCULO 184.-Del acta y su publicación. De todo lo obrado en la Junta de Acreedores, incluyendo acuerdos adoptados y propuestas desestimadas, se levantará acta, la que deberá ser suscrita por el Liquidador, el deudor si lo estimare y los acreedores que para ello se designen en la misma Junta de Acreedores. Dicha acta será publicada al día siguiente hábil por el Liquidador en el Boletín Concursal.

ARTÍCULO 185.-Certificado de no celebración de Junta de Acreedores. En caso que no se celebrare una Junta de Acreedores por falta de quórum, el Liquidador certificará dicha circunstancia y, al día hábil siguiente de aquel en que dicha Junta debió celebrarse, deberá publicar el correspondiente certificado en el Boletín Concursal.

ARTÍCULO 186.-Suspensión y reanudación de Juntas de Acreedores. En caso que durante cualquier Junta de Acreedores no se adoptasen uno o más acuerdos en razón de abstenciones de los acreedores presentes con derecho a voto, el Liquidador podrá, a su sólo arbitrio, suspender la Junta de Acreedores una vez tratadas y votadas las respectivas materias, a efectos de lograr los quórum legales para adoptar tales propuestas.

La Junta suspendida se reanudará al segundo día hábil en el mismo lugar y hora, pudiendo en todo caso fijarse otro distinto por Quórum Simple. En caso que el Liquidador haga uso de esta facultad se observarán las reglas que siguen:

1) Los acreedores se entenderán legalmente notificados de la fecha, hora, lugar y materias de la Junta que se reanudará por el sólo ejercicio de la facultad prevista en este artículo.

2) Se levantará acta de lo obrado hasta el momento de la suspensión, según lo previsto en el artículo 184 precedente, dejándose constancia del ejercicio por parte del Liquidador de la facultad de suspensión, así como del porcentaje de votación favorable que hubiere alcanzado el o los acuerdos no adoptados en razón de abstenciones de los acreedores presentes.

3) Los acuerdos que se hubieren adoptado antes de la suspensión no podrán ser modificados o alterados en la Junta de Acreedores reanudada y deberán ejecutarse conforme a las reglas generales, salvo que los mismos acreedores y por las mismas acreencias que concurrieron con su voto consientan en modificarlo o dejarlo sin efecto.

4) En la Junta de Acreedores reanudada se presumirá de derecho la mantención del quórum de asistencia existente a la época de la suspensión.

5) Si los acreedores que se abstuvieron de votar un determinado acuerdo antes de la suspensión de la Junta de Acreedores no asistieren a la Junta de Acreedores reanudada o si, asistiendo, se abstuvieren nuevamente de votar, se adicionará de pleno derecho su voto a la mayoría obtenida para ese acuerdo, consignada en el acta indicada en el número 2 precedente.

6) Se levantará una nueva acta de lo tratado en la Junta de Acreedores reanudada, la que deberá ser suscrita por el Liquidador y los acreedores asistentes que así lo deseen, y se estará a lo dispuesto en el artículo 184 precedente.

ARTÍCULO 187.-Mandato para asistir a Juntas de Acreedores. La asistencia de los acreedores y del deudor a las Juntas de Acreedores que se celebren podrá ser personal o a través de mandatario.

El mandato deberá constar en instrumento público o privado, y, en este último caso, la firma del mandante deberá ser autorizada por el secretario del tribunal competente, o por un Ministro de Fe.

Se entenderá que el mandatario tiene idénticas facultades que las de su mandante y se tendrá por no escrita cualquier limitación que hubiere podido establecerse en el mandato. El mandatario podrá votar todos los acuerdos que sean presentados en cada una de las Juntas de Acreedores que se celebren.

Se prohíbe otorgar mandato para asistir a Juntas de Acreedores a más de una persona, salvo para el caso de su reemplazo, pero un mismo mandatario puede serlo de uno o más acreedores.

ARTÍCULO 188.-Prohibición de fraccionar los créditos. Se prohíbe fraccionar los créditos después de dictada la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y conferir mandato por una parte o fracción de un crédito. El contraventor y los que representen las porciones del crédito perderán el derecho a asistir a las Juntas de Acreedores. Todos los que hagan valer porciones de un crédito fraccionado dentro de los treinta días anteriores al pronunciamiento de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, se contarán como una sola persona y emitirán un sólo voto, procediéndose en la forma establecida en el inciso final de este artículo.

Las disposiciones precedentes no serán aplicables al crédito dividido como consecuencia de la liquidación de una sociedad, o de la partición de una comunidad que no esté exclusivamente formada por dicho crédito.

El crédito perteneciente a una comunidad será representado sólo por uno de los comuneros. Si no se avinieren a la designación del representante, cualquiera de ellos podrá solicitar tal designación al tribunal.

ARTÍCULO 189.-Del derecho a voto. Tendrán derecho a voto aquellos acreedores cuyos créditos se encuentren reconocidos y aquellos a los cuales, no estando reconocidos y estén o no objetados o impugnados, se les haya concedido el derecho a votar, de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 190.-Audiencia de determinación del derecho a voto. Al tribunal le corresponderá determinar el derecho a voto respecto de los acreedores indicados en el artículo anterior cuyos créditos no estén reconocidos, debiendo sujetar su decisión a las reglas siguientes:

1) Deberá celebrarse, el día hábil inmediatamente anterior a la Junta de Acreedores, ante el tribunal y en presencia del secretario, una audiencia a la que asistirán el Liquidador, el deudor y los acreedores, estos dos últimos, si lo estiman pertinente.

2) La audiencia se celebrará a la 15:00 horas, horario que podrá ser modificado por el tribunal, de oficio o a petición de parte.

3) La audiencia comenzará con la entrega del Liquidador al tribunal de un informe escrito acerca de la verosimilitud de la existencia y monto reclamado de los créditos no reconocidos. El informe se deberá referir especialmente a aquellos créditos que estén en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 188. El Informe incluirá todos los créditos no reconocidos que se hubieren verificado hasta el día hábil inmediatamente anterior a dicha audiencia.

4) A continuación, el tribunal oirá a aquellos acreedores que lo soliciten verbalmente a efectos de argumentar la inclusión o conservación de su propio crédito en el informe o bien la exclusión de otros. No se admitirán presentaciones escritas para sustentar dichos argumentos.

5) Acto seguido, el tribunal resolverá en única instancia, con los antecedentes disponibles en dicha audiencia, los que apreciará en conciencia y dejando constancia somera en el acta respectiva. Contra la resolución del tribunal sólo procederá el recurso de reposición, que deberá ser interpuesto y resuelto en la misma audiencia.

6) El acta indicará los acreedores y el monto concreto que gozará de derecho a voto en la Junta a celebrar.

7) El reconocimiento de derecho a voto sólo producirá efectos para la Junta de Acreedores en referencia y en nada limitará la libertad del Liquidador y de los acreedores para objetar o impugnar el crédito y sus preferencias de acuerdo a esta Ley, ni la del tribunal para resolver la impugnación.

8) El Liquidador deberá asistir personalmente a las audiencias de determinación del derecho a voto previas a la Junta Constitutiva y a la primera Junta Ordinaria de Acreedores, pudiendo asistir su apoderado judicial para las restantes.

ARTÍCULO 191.-Acreedores sin derecho a voto. Las Personas Relacionadas con el deudor no gozarán de derecho a voto, ni tampoco se considerarán en el cálculo de los quórums.

Los acreedores que tengan un interés particular distinto del inherente a la calidad de acreedor del deudor, en un determinado acuerdo deberán abstenerse de votar dicho acuerdo y tampoco se considerarán en el cálculo de dichos quórums.

ARTÍCULO 192.-Participación de créditos pagados. Los acreedores no tendrán derecho a voto por los créditos que hubieren sido totalmente pagados a causa de un reparto, pago administrativo o cualquier otra forma, incluso por un tercero. Si el pago del crédito hubiere sido parcial, el acreedor tendrá derecho a voto sólo por el saldo insoluto.

ARTÍCULO 193.-Junta Constitutiva. La Junta Constitutiva es la primera Junta de Acreedores que se celebra después de iniciado el Procedimiento Concursal de Liquidación. Tendrá lugar al trigésimo segundo día hábil contado desde la publicación en el Boletín Concursal de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, y se realizará en las dependencias del tribunal o en el lugar específico que aquel designe, a la hora que la misma resolución fije.

ARTÍCULO 194.-Segunda citación de Junta Constitutiva. En caso de no celebrarse la Junta Constitutiva por falta del quórum necesario para sesionar, se procederá a convocar a una segunda sesión, la que deberá efectuarse el segundo día hábil y a la misma hora y lugar. El secretario del tribunal deberá dejar constancia de esta situación en el acta que se levante y desde entonces los acreedores se entenderán legalmente notificados a esa segunda citación, la que se tendrá por constituida y se celebrará con los acreedores que asistan, adoptándose las decisiones con Quórum Simple de los presentes, sin perjuicio de las materias que exijan quórums distintos.

ARTÍCULO 195.-Inasistencia de acreedores en segunda citación. Si en la segunda citación no asiste ningún acreedor con derecho a voto, el secretario del tribunal certificará esta circunstancia, produciéndose los siguientes efectos, sin necesidad de declaración judicial:

1) El Liquidador titular provisional y el suplente se entenderán ratificados de pleno derecho en sus cargos, asumiendo ambos la calidad de definitivos, sin perjuicio de la facultad prevista en el artículo 200 de esta Ley;

2) El Liquidador publicará en el Boletín Concursal, dentro de tercero día contado desde aquel en que la Junta de Acreedores en segunda citación debió celebrarse, lo siguiente:

a) Una referencia a la certificación practicada por el secretario del tribunal, indicada en el inciso primero de este artículo;

b) La cuenta sobre el estado preciso de los negocios del deudor, de su activo y pasivo y de la labor por él realizada, y

c) El lugar, día y hora en que se practicarán las Juntas Ordinarias, que el mismo Liquidador fijará.

3) El Liquidador dará inicio al procedimiento de liquidación simplificada o sumaria.

ARTÍCULO 196.-Materias de Junta Constitutiva. La Junta Constitutiva tratará las siguientes materias:

1) El Liquidador titular provisional deberá presentar una cuenta escrita, la que además expondrá verbal y circunstanciadamente, acerca del estado preciso de los negocios del deudor, su activo y pasivo y de la gestión por éste realizada, incluyendo un desglose de los gastos incurridos a esa fecha. Asimismo, deberá informar si los activos del deudor se encuentran en la situación prevista en la letra b) del artículo 203.

2) La ratificación del Liquidador titular y suplente provisionales o bien la designación de sus reemplazantes. Los Liquidadores que no hubieren sido ratificados continuarán en sus cargos hasta que asuman sus reemplazantes. Deberá suscribirse entre el Liquidador no ratificado y el que lo remplace, dentro de diez hábiles contados desde la nueva designación, un acta de traspaso en que conste el estado preciso de los bienes del deudor y cualquier otro aspecto relevante para una adecuada continuación del Procedimiento Concursal de Liquidación. Una copia del acta antes indicada deberá ser remitida a la Superintendencia.

3) La determinación del día, hora y lugar en que sesionarán las Juntas Ordinarias. Estas deberán tener lugar al menos semestralmente.

4) La designación de un presidente y un secretario, titular y suplente, de entre los acreedores con derecho a voto o sus representantes, para las sesiones futuras.

5) Cualquier otro acuerdo que la Junta estime conducente, con excepción de aquellos que recaigan sobre materias propias de Juntas Extraordinarias.

ARTÍCULO 197.-Formalidades de la Junta Constitutiva. La Junta Constitutiva será presidida por el juez que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación y actuará como ministro de fe el secretario del tribunal. De los puntos tratados, los acuerdos adoptados y demás materias que el tribunal estime pertinentes, deberá levantarse un acta que será firmada por el juez, el secretario, el Liquidador, los acreedores que lo soliciten y el deudor, si así lo decide. Una copia autorizada de dicha acta será agregada al expediente, publicada en el Boletín Concursal dentro del día siguiente hábil de levantada e incorporada al libro de actas que llevará el Liquidador.

ARTÍCULO 198.-De la Primera Junta Ordinaria. Son materias obligatorias a tratar en la Primera Junta Ordinaria:

1) El informe que el Liquidador deberá presentar por escrito y explicar verbalmente, acerca del activo y pasivo del deudor, especialmente las variaciones que hubieren experimentado desde la Junta Constitutiva;

2) El plan o propuesta circunstanciada de realización de los bienes del deudor, y

3) La estimación de los principales gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación.

También podrá tratarse y acordarse, sea a proposición del Liquidador, del deudor o de cualquier acreedor asistente con derecho a voto, la continuación de actividades económicas, de conformidad a lo previsto en el Título 4 de este Capítulo.

Asimismo, los acreedores podrán acordar, con Quórum Calificado, la no celebración de Juntas Ordinarias por un periodo determinado, o bien, su celebración por citación expresa del Liquidador o de acreedores que representen a lo menos el 25% del pasivo con derecho a voto. En estos casos, el Liquidador procederá de acuerdo al artículo 49, y no será necesario otorgar el certificado a que se refiere el artículo 185.

ARTÍCULO 199.-Procedencia de la Junta Extraordinaria. La Junta Extraordinaria tendrá lugar en los casos siguientes:

a) Cuando fuere ordenada por el tribunal;

b) A petición del Liquidador o de la Superintendencia;

c) Cuando un acreedor o acreedores que representen a lo menos el 25% del pasivo con derecho a voto lo soliciten por escrito al Liquidador, quien ejecutará los actos necesarios para su celebración, y

d) Cuando así lo hubieren acordado los acreedores en Junta Ordinaria, con Quórum Simple.

ARTÍCULO 200.-Materias de Junta Extraordinaria. Son materias de Junta Extraordinaria las solicitadas por el o los peticionarios señalados en el artículo anterior. Además, serán materias exclusivas de Juntas Extraordinarias las siguientes:

1) La revocación del Liquidador titular y suplente definitivos.

2) La presentación de proposiciones de Acuerdos de Reorganización Judicial en los términos del Capítulo III y del Párrafo 5 del Título 5 del Capítulo IV de esta Ley.

3) Los acuerdos sobre contrataciones especializadas previstas en el artículo 41 de esta Ley.

4) Los anticipos de honorarios que solicite el Liquidador durante el Procedimiento Concursal de Liquidación.

ARTÍCULO 201.-Formalidades de citación a Junta Extraordinaria. El peticionario deberá requerir la citación a Junta Extraordinaria al Liquidador por escrito acreditando el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 199. Si el peticionario es el juez o la Superintendencia, bastará cualquier medio idóneo de comunicación al Liquidador. En el requerimiento que se presente al Liquidador deberá precisarse las materias a tratar en la Junta Extraordinaria y en ella sólo podrán discutirse y decidirse tales materias. En cuanto a la determinación de día, hora y lugar se seguirán las reglas siguientes:

1) Si el requirente es el tribunal o la Superintendencia, se estará a la fecha que éstos fijen, debiendo el Liquidador disponer los medios que permitan su celebración.

2) Si el requirente es uno o más acreedores que representan al menos el 25% del pasivo con derecho a voto, se estará a la fecha que de común acuerdo fijen con el Liquidador. En caso de desacuerdo, se estará a lo señalado por el o los requirentes.

3) Si la decisión ha sido adoptada en Junta Ordinaria de Acreedores, el acuerdo deberá indicar la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria, debiendo el Liquidador ajustar su accionar a dicha decisión.

El Liquidador deberá publicar en el Boletín Concursal la citación a la Junta Extraordinaria de Acreedores, al día siguiente a la solicitud y adjuntando copia de la solicitud que se le haya presentado.

ARTÍCULO 202.-Comisión de acreedores. La Junta de Acreedores podrá acordar con Quórum Especial, la constitución de una Comisión de Acreedores, a efectos de adoptar con validez general los acuerdos que se comprendan dentro de la órbita de su competencia. Su composición, facultades, duración y procedimientos aplicables serán determinados por la propia Junta de Acreedores, con el mismo quórum anterior.

Título 2. Del la realización simplificada o sumaria

Párrafo 1. Del ámbito de aplicación de la realización simplificada o sumaria

ARTÍCULO 203.-Ámbito de aplicación. La realización simplificada o sumaria prevista en este Párrafo, se aplicará en los siguientes casos:

a) Si el deudor califica como micro empresa de conformidad a lo dispuesto en el artículo segundo de la ley N° 20.416, circunstancia que será acreditada por el Liquidador, para lo cual podrá requerir al Servicio de Impuestos Internos la información relativa al nivel de ventas del deudor.

b) Si el Liquidador informare a los acreedores en la Junta Constitutiva que el producto probable de la realización del activo a liquidar no excederá las 5.000 Unidades de Fomento. Si el deudor o cualquier acreedor no estuviere de acuerdo con la estimación efectuada por el Liquidador, deberá formular su oposición verbalmente en la misma Junta Constitutiva. El tribunal, luego de escuchar a los interesados y al Liquidador, deberá resolver la controversia en la misma Junta. Contra la resolución que pronuncie no procederá recurso alguno.

c) Si la Junta Constitutiva no se celebrare en segunda citación por falta de quórum.

d) Si la Junta Constitutiva se celebrare en segunda citación con asistencia igual o inferior al 20% del pasivo total con derecho a voto.

e) En los casos que la Junta lo acuerde.

f) En los casos que fuere procedente la aplicación del artículo 210 de esta Ley.

Párrafo 2. De la realización simplificada o sumaria propiamente tal

ARTÍCULO 204.-Reglas de realización de los bienes. Los valores mobiliarios con presencia bursátil se venderán en remate en bolsa. Los demás bienes muebles e inmuebles se liquidarán mediante venta al martillo, conforme a las siguientes reglas:

a) El Liquidador designará a un martillero que forme parte de la nómina que elaborará la Superintendencia.

b) Las bases y demás condiciones de venta serán confeccionadas por el Liquidador, presentadas al tribunal y publicadas en el Boletín Concursal. Los acreedores y el deudor podrán, dentro de segundo día, objetar las bases. En tal caso, el tribunal citará a las partes a una única audiencia verbal, que se celebrará a más tardar al quinto día hábil desde el vencimiento del plazo para objetar, con las partes que asistan. La citación a audiencia se notificará por el estado diario.

El tribunal resolverá las objeciones deducidas en la audiencia y contra su resolución sólo podrá deducirse reposición, verbalmente, la que deberá ser resuelta en la misma oportunidad.

El costo de la redacción de las bases será del Liquidador, con cargo al honorario único que perciba en conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley.

c) Una vez resueltas las objeciones, las bases y las demás condiciones se publicarán en el Boletín Concursal, con a lo menos cinco días de anticipación a la fecha del remate y sin perjuicio de las restantes formas de publicidad, escritas o electrónicas, que prevean las mismas bases.

d) En el caso de bienes inmuebles, las bases necesariamente deberán considerar el otorgamiento de una garantía de seriedad exigible a todo postor de a lo menos el 10% del mínimo para cada bien raíz a rematar. Dicha garantía subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de compraventa y se inscriba el dominio del comprador en el conservador de bienes raíces respectivo, libre de todos los gravámenes que en las bases se comprometió cancelar y/o alzar.

e) El mínimo del remate de bienes inmuebles o de derechos sobre ellos corresponderá al Avalúo Fiscal vigente al semestre en que ésta se efectúe, o la proporción que corresponda según dicho avalúo, respectivamente. En caso que no se presentaren postores, se deberá efectuar un nuevo remate en un plazo máximo de veinte días, y el mínimo corresponderá al 50% del anterior. Si tampoco se presentasen postores en este segundo llamado, se deberá efectuar un nuevo remate en un plazo máximo a veinte días, sin mínimo.

f) Los bienes muebles se subastarán sin mínimo.

g) El martillero deberá rendir cuenta de su gestión en los términos del artículo 215.

h) Los bienes deberán venderse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de celebración de la Junta Constitutiva o desde que debió celebrarse en segunda citación. Tratándose de bienes incautados con posterioridad a aquélla, el término se contará desde el día de la diligencia de incautación.

ARTÍCULO 205.-Deber de información y cumplimiento de plazos. En el caso que no sea posible cumplir con los plazos de realización fijados en la letra h) del artículo anterior, el Liquidador deberá informar dicha circunstancia a la Superintendencia con a lo menos quince días de anticipación al vencimiento, explicando las razones del retraso. Lo anterior no exime de perseverar en la venta de los bienes, debiendo justificar su demora cada treinta días. En caso que el retraso fuere imputable al Liquidador, la Superintendencia podrá hacer uso de sus potestades sancionadoras, de conformidad a esta Ley.

ARTÍCULO 206.-Acuerdos de Junta Constitutiva en contrario. Los acreedores podrán acordar, en la Junta Constitutiva y con Quórum Especial, una fórmula de realización diferente a las señaladas en este Párrafo. Cualquiera sea la fórmula que se acuerde, ésta deberá ejecutarse dentro de los plazos indicados en la letra h) del artículo 204.

Título 3. De la realización ordinaria de bienes

Párrafo1. De las normas generales

ARTÍCULO 207.-Principio general. La determinación de la forma de realización de los bienes del deudor, sus plazos, condiciones y demás características, corresponderá a la Junta de Acreedores.

ARTÍCULO 208.-Fórmulas de realización ordinaria. Los bienes del deudor podrán realizarse mediante:

1) La venta al martillo de bienes muebles e inmuebles.

2) La venta por medio de remate en bolsa de valores si se trata de valores mobiliarios con presencia bursátil.

3)Una forma distinta de realización de bienes, incluyendo entre ellas la venta como unidad económica establecida en el artículo 216 y las ofertas de compra directa previstas en el Párrafo 4 de este Título.

ARTÍCULO 209.-Plazos para la realización ordinaria. Cualquiera sea la forma de realización de los activos, ésta deberá efectuarse en el menor tiempo posible, el que no podrá exceder de cuatro meses para los bienes muebles y de siete meses para los inmuebles, ambos contados desde la fecha de celebración de la Junta Constitutiva o de la fecha en que ésta debió haberse celebrado en segunda citación.

Con todo, los acreedores podrán acordar, con Quórum Especial y antes del vencimiento del plazo señalado, su extensión fundada hasta por cuatro meses más. Podrá procederse al otorgamiento de nuevas prórrogas, las que deberán acordarse con el mismo quórum señalado anteriormente y contar con la autorización fundada de la Superintendencia.

La extensión del plazo podrá referirse a bienes específicos o, en general, a todos los bienes cuya realización esté pendiente.

ARTÍCULO 210.-Silencio de los acreedores. Los bienes cuya forma de enajenación no hubiere sido acordada por los acreedores dentro de los sesenta días desde la fecha de la Junta Constitutiva, o de la notificación del acta de incautación del activo correspondiente en caso que ésta se practicare con posterioridad, se enajenarán necesariamente de acuerdo a las reglas de la realización sumaria o simplificada. El Liquidador deberá dejar constancia de esta circunstancia en el expediente y, desde la fecha en que el tribunal lo tenga presente se contará el plazo para enajenar previsto en la letra h) del artículo 204.

ARTÍCULO 211.-Deber de información del Liquidador y fiscalización de plazos. Si el Liquidador estima que no se cumplirán los plazos de realización establecidos en el artículo 209, deberá comunicarlo a la Superintendencia, explicando las razones del retraso. Esta comunicación deberá efectuarse a lo menos quince días antes del vencimiento del plazo de realización ordinaria.

ARTÍCULO 212.-Regla especial para realizaciones impostergables. El Liquidador podrá realizar en cualquier momento, al martillo o en venta directa, los bienes muebles del deudor que considere que estén expuestos a próximo deterioro o a desvalorización inminente o exijan una conservación dispendiosa. El Liquidador deberá informar a los acreedores, en la Junta inmediatamente posterior, los bienes realizados, su forma de enajenación y los recursos obtenidos de ella. Si no hubiera Juntas posteriores, cumplirá informando en tal sentido a la Superintendencia y consignándolo en las cuentas provisorias que deba rendir.

Párrafo 2. De las ventas al martillo

ARTÍCULO 213.-Del Martillero. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la ley N° 18.118 sobre Ejercicio de la Actividad de Martillero Público, se entenderán como martilleros habilitados para rematar bienes de un Procedimiento Concursal de Liquidación sólo aquellos incluidos en una nómina que al efecto confeccionará y llevará la Superintendencia.

Cualquier martillero podrá solicitar por escrito su inclusión en dicha nómina, sujetándose a las disposiciones contenidas en esta Ley y a la fiscalización de la Superintendencia, exclusivamente respecto de los Procedimientos Concursales en los que participe. La Superintendencia tendrá las mismas atribuciones y facultades sobre éstos que respecto de Liquidadores y Veedores.

ARTÍCULO 214.-Adopción del acuerdo y formalidades básicas. El acuerdo de venta al martillo podrá versar tanto sobre bienes muebles como inmuebles del deudor. El acuerdo deberá designar al martillero, que deberá ser elegido de una terna propuesta por el Liquidador y confeccionada sólo con aquellos martilleros incluidos en la nómina llevada por la Superintendencia. Las demás condiciones de la venta deberán constar en las bases que proponga el Liquidador en la misma Junta para aprobación de los acreedores.

El Liquidador deberá, con a lo menos cinco días de anticipación a la fecha del remate, publicar en el Boletín Concursal las bases aprobadas por la Junta de Acreedores, sin perjuicio de otros medios adicionales de publicidad que las mismas bases puedan consignar.

ARTÍCULO 215.-Rendición de cuenta. El martillero deberá rendir una cuenta detallada y desglosada de los bienes subastados, así como de los ingresos, gastos y resultado final del remate o subasta ante la Superintendencia.

El martillero deberá informar la cuenta a la Superintendencia y publicarla en el Boletín Concursal dentro del quinto día siguiente a la fecha del remate. Este último organismo podrá objetar u observar todo o parte de su contenido, conforme a lo previsto en el número 4 del artículo 337.

Asimismo, será aplicable a la cuenta presentada por los martilleros, lo dispuesto en los artículos 50 y siguientes de esta Ley en cuanto sea procedente.

Párrafo 3. De la venta como unidad económica

ARTÍCULO 216.-Acuerdo. La Junta de Acreedores podrá acordar vender un conjunto de bienes bajo la modalidad de venta como unidad económica. Esta modalidad se regirá por las siguientes reglas:

1) El acuerdo deberá incluir los bienes sujetos a la venta, cualquiera sea su naturaleza. En el evento de que se enajenare un conjunto de bienes ubicados en un bien raíz que no sea de propiedad del deudor, se incluirán en la venta los derechos que en dicho inmueble le correspondan, cualquiera sea el tenor de la convención o la naturaleza de los hechos en que se funda la posesión, uso o mera tenencia del inmueble.

2) Asimismo, el acuerdo deberá señalar precio mínimo de la venta del conjunto de bienes, forma de pago y garantías, sin perjuicio de las demás modalidades y condiciones de la enajenación que se puedan acordar.

ARTÍCULO 217.-Efectos del acuerdo de venta como unidad económica. Acordada la enajenación como unidad económica, se suspende el derecho de los acreedores hipotecarios, prendarios y retencionarios para iniciar o proseguir en forma separada las acciones dirigidas a obtener la realización de los bienes afectos a la seguridad de sus respectivos créditos y que se encuentren comprendidos dentro de la unidad económica. La aprobación de las bases se entenderá como suficiente autorización para los efectos contemplados en los números 3 y 4 del artículo 1464 del Código Civil.

ARTÍCULO 218.-Determinación del monto de realización de los bienes hipotecados, prendados o retenidos. Cuando en el conjunto de bienes hubiere activos afectos a hipoteca, prenda y retención, la Junta de Acreedores podrá acordar que se indique específicamente en las bases la parte del precio de venta de la unidad económica que corresponderá a cada activo en garantía, tanto respecto del precio mínimo como de un eventual sobreprecio en caso de remate, para el sólo efecto de que dichos acreedores puedan hacer valer los derechos que procedan de acuerdo a esta Ley. La parte del precio asignada al bien gravado con hipoteca, prenda o retenido, no podrá ser inferior al Avalúo Fiscal, salvo aceptación expresa del acreedor hipotecario, prendario o retencionario.

Los acreedores hipotecarios, prendarios o retencionarios que hubieren votado en contra de la valoración asignada por la Junta de Acreedores, podrán solicitar al tribunal su rectificación, dentro de tercero día desde la adopción del respectivo acuerdo.

En este caso, el tribunal citará a una audiencia verbal, que se celebrará a más tardar al quinto día hábil con las partes que asistan. La citación a audiencia se notificará por el estado diario. El tribunal resolverá las objeciones deducidas en la audiencia y contra su resolución sólo podrá deducirse reposición verbal, la que deberá ser resuelta en la misma oportunidad.

La tramitación de la rectificación solicitada no suspenderá la ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de Acreedores.

ARTÍCULO 219.-Calificación de la venta como unidad económica. Para todos los efectos legales, la venta como unidad económica no calificará como venta de establecimiento comercial.

ARTÍCULO 220.-Trámites posteriores. La venta como unidad económica deberá constar en escritura pública en la que se indicarán los hechos y/o requisitos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones anteriores. Dicha escritura será aprobada por el tribunal, el cual ordenará el alzamiento y cancelación de todos los gravámenes y prohibiciones que pesen sobre los bienes que integren la unidad económica.

Los bienes que integran la unidad económica se entenderán constituidos en hipoteca o prenda sin desplazamiento, según su naturaleza, por el sólo ministerio de la ley, para caucionar los saldos insolutos de precio y cualquiera otra obligación que el adquirente haya asumido como consecuencia de la adquisición, salvo que la Junta de Acreedores, al pronunciarse sobre las bases respectivas, hubiese excluido expresamente determinados bienes de tales gravámenes.

Párrafo 4. De la oferta de compra directa

ARTÍCULO 221.-Deber de información del Liquidador. Todas las ofertas de compra directa que se formulen deberán dirigirse al Liquidador, quien las expondrá a los acreedores en la Junta de Acreedores inmediatamente siguiente.

ARTÍCULO 222.-Quórum y acuerdos. La aceptación por parte de la Junta de Acreedores de una oferta de compra directa requerirá de Quórum Calificado. Tratándose de ofertas cuya venta no se pudo perfeccionar por no haberse logrado acuerdo con el quórum exigido, la Junta podrá acordar, por Quórum Especial y con el conocimiento del oferente, que los bienes incluidos en la oferta de compra directa sean previamente ofrecidos en remate al martillo a cualquier interesado.

Las condiciones del remate deberán ser incluidas en las bases que se confeccionen y, en ellas, el precio mínimo de los bienes a rematar deberá ser igual al monto ofrecido por el oferente. Si no se presentaren postores en esa oportunidad, se llevará a cabo la venta propuesta por el oferente, en sus términos originales.

Párrafo 5. Del leasing o arrendamiento con opción de compra

ARTÍCULO 223.-De la incautación. Los bienes que el deudor detente en su poder en virtud de un contrato de arrendamiento con opción de compra deberán ser incautados por el Liquidador en iguales términos a los bienes propios del deudor, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 163 y 164 de esta Ley.

Los gastos que irroguen la conservación, custodia y/o bodegaje de dichos bienes deberán ser asumidos por el arrendatario. En caso de desacuerdo en el monto correspondiente, resolverá incidentalmente el juez competente, sin ulterior recurso.

ARTÍCULO 224.-Efecto de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación. La dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación no constituirá causal de terminación inmediata del contrato de arrendamiento con opción de compra, teniéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario.

Las rentas de arrendamiento que se devenguen con posterioridad a la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación podrán pagarse previo acuerdo de la Junta de Acreedores con Quórum Especial. La misma regla anterior se aplicará en caso de decretarse la continuidad de la actividad económica del deudor y siempre que la cosa dada en arrendamiento constituya un bien adscrito a ese giro.

ARTÍCULO 225.-De la verificación. El arrendador verificará en el Procedimiento Concursal de Liquidación del deudor arrendatario únicamente aquellas cuotas devengadas e impagas a la fecha de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación. Si el contrato incluyese cláusulas de caducidad del plazo o de aceleración del crédito y/o multas, ellas podrán ser verificadas únicamente con el mérito de una sentencia definitiva firme o ejecutoriada que declare terminado el arrendamiento con opción de compra y conceda las cantidades reclamadas.

ARTÍCULO 226.-Incentivo a la adopción de acuerdos. La Junta de Acreedores, con Quórum Especial, podrá acordar con el arrendador una fórmula de realización que incluya los bienes arrendados, en cuyo caso se estará a las estipulaciones pactadas, las que deberán constar en el acta respectiva, la que incluirá el valor que se asigna a las especies arrendadas.

La parte del crédito del arrendador que no alcance a ser cubierta con el producto de la realización de la cosa arrendada, se considerará incobrable para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

Párrafo 6. De las reglas complementarias a la realización

ARTÍCULO 227.-Créditos morosos y activos muebles de difícil realización. La Junta de Acreedores tendrá la facultad de donar a una institución de caridad, o vender, en la forma y al precio que estime convenientes, los créditos morosos y activos muebles de difícil realización, cumpliendo los requisitos que siguen:

1) Acuerdo de Junta de Acreedores, adoptado por Quórum Especial;

2) Que no se haya efectuado postura alguna respecto del bien, habiéndose ofertado al martillo y sin precio mínimo, o

3) Si el Liquidador ha efectuado las gestiones para realizarlo al martillo y al menos tres martilleros hayan rechazado el encargo ofrecido por bajo monto esperado de realización.

En caso que se opte por donar bienes a una institución de caridad o beneficencia, tal decisión se encontrará liberada del trámite de insinuación y exenta del impuesto a las donaciones. Asimismo, los gastos que irrogue la entrega de tales bienes serán de cargo del beneficiario.

ARTÍCULO 228.-Decisión de no perseverar en la persecución de bienes. La Junta de Acreedores podrá acordar, con Quórum Especial, la no persecución de uno o más bienes determinados del deudor, en atención a que el costo estimado para recuperarlos es superior al beneficio esperado de su realización. Asimismo, el Liquidador podrá hacer uso de esta facultad si no se hubiese adoptado el acuerdo respectivo en dos Juntas de Acreedores ordinarias consecutivas por falta de quórum de asistencia, siempre que el acuerdo haya estado incluido en la tabla de ambas sesiones.

Título 4. De la continuación de actividades económicas

ARTÍCULO 229.-Principio general. Se podrán desarrollar actividades económicas con los activos pertenecientes al deudor con sujeción a las normas de este Título.

ARTÍCULO 230.-Tipos o clases. La continuación de actividades económicas podrá ser:

1) Provisional: aquella que es decidida por el Liquidador con miras a:

a) Aumentar el porcentaje de recuperación por parte de los acreedores del deudor;

b) Facilitar la ejecución de prestaciones que se encontraren pendientes y de las cuales se derive un beneficio para la masa, y

c) Propender a la realización de los activos del deudor como unidad económica.

El ejercicio de esta facultad sólo podrá tener lugar desde que el Liquidador asuma su cargo y se extenderá hasta la Junta de Acreedores Constitutiva.

2) Definitiva: aquella que es decidida por la Junta de Acreedores, sea como extensión de la continuación provisional o en cualquier momento posterior, con Quórum Calificado y a proposición del Liquidador o de cualquier acreedor.

ARTÍCULO 231.-Continuación de actividades económicas provisional. La continuación de actividades económicas provisional del deudor se regirá por las siguientes disposiciones:

1) El Liquidador deberá informar al tribunal y a la Superintendencia las razones que justifiquen su decisión, los bienes adscritos a la continuación provisional y la fecha concreta de su inicio. Estas comunicaciones deberán efectuarse al día siguiente hábil de aquél en que el Liquidador disponga la continuación.

2) La administración de la continuación de actividades económicas provisional recaerá exclusivamente en el Liquidador, quien tendrá derecho a percibir un honorario adicional por esa gestión. El monto a percibir será determinado en la Junta de Acreedores Constitutiva y, en caso de desacuerdo, por el tribunal, en la misma Junta y sin ulterior recurso.

3) En la Junta de Acreedores Constitutiva, el Liquidador deberá presentar a los acreedores un informe pormenorizado acerca de todas las operaciones ejecutadas en el desarrollo de la continuación de actividades económicas provisional, conjuntamente con un detalle de los ingresos y egresos del período y un resumen sobre la situación tributaria de la continuación referida.

La Junta de Acreedores, una vez recibido el informe del Liquidador, deberá decidir acerca de la extensión o término de dichas actividades. En caso que decida extenderlas, se seguirán las disposiciones del artículo siguiente.

ARTÍCULO 232.-Continuación de actividades económicas definitiva. El acta de la Junta de Acreedores en que conste la continuación definitiva deberá contener, a lo menos, los siguientes puntos:

1) Actividades específicas a continuar;

2) Bienes adscritos. Si la continuación incluyese bienes hipotecados, prendados o sujetos al derecho legal de retención se suspenderá el derecho de los acreedores respectivos para ejercer sus acciones en tales bienes, siempre que hubieren votado a favor de dicha continuación;

3) Identificación del administrador siempre que fuere distinto del Liquidador y sus facultades. El acuerdo de nombramiento del Liquidador requerirá de Quórum Calificado;

4) Honorarios totales o fórmula de cálculo correspondiente al plazo que se acuerde o resultados que se proyecten. Tratándose de pagos periódicos, se aplicará al administrador el deber de retención previsto en el número 7 del artículo 39 de esta Ley, y

5) Plazo. No podrá ser superior a un año contado desde el acuerdo respectivo. Será prorrogable por una sola vez, con Quórum Calificado, mediante acuerdo obtenido en Junta de Acreedores Ordinaria o Extraordinaria celebrada al menos diez días antes del vencimiento. En caso de prórroga, la Junta deberá designar un nuevo administrador de la continuación de las actividades económicas, nombramiento que no podrá recaer en el Liquidador.

Si la Junta acordare la venta de los activos del deudor como unidad económica, podrá también acordar, con Quórum Calificado, proseguir la continuación por el tiempo indispensable para la concreción de ese acuerdo, aún cuando se exceda el plazo máximo ya indicado.

ARTÍCULO 233.-Administración separada. Si la administración de la continuación de actividades económicas definitiva recayere en una persona distinta del Liquidador, se observarán las disposiciones siguientes:

1) Respecto de aquellos bienes no adscritos a dicha continuación, el Liquidador mantendrá su administración y procederá de conformidad a las reglas generales.

2) Respecto de los bienes adscritos a dicha continuación, el Liquidador tendrá las facultades del artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, reportando a la Junta de Acreedores Ordinaria las circunstancias que considere oportunas para el resguardo de los intereses de los acreedores y el deudor.

3) Cualquier controversia que se suscite entre el administrador de la continuación de las actividades económicas definitiva y el Liquidador será resuelta por el tribunal en una audiencia verbal citada al efecto y previo informe de la Superintendencia.

4) La Superintendencia tendrá sobre el administrador de la continuación de las actividades económicas definitiva, iguales potestades que sobre los Liquidadores.

ARTÍCULO 234.-Informe periódico. El administrador, o Liquidador designado, en su caso, deberá presentar en cada Junta un informe pormenorizado acerca de todas las actividades ejecutadas, un detalle de los ingresos y egresos del período y un resumen sobre la situación tributaria de la continuación de actividades económicas definitiva.

ARTÍCULO 235.-Identificación y responsabilidad. Tratándose de continuaciones de actividades económicas definitivas, el nombre o razón social del deudor será complementado con la frase final “en continuación de actividades económicas”, y su uso deberá ser precedido por la firma del administrador o Liquidador, en su caso, y demás habilitados. En caso contrario, serán solidariamente responsables de esas obligaciones tanto el administrador o Liquidador, en su caso, como los que hubieren ejecutado el acto o celebrado el contrato respectivo.

ARTÍCULO 236.-Cese anticipado. La Junta, con Quórum Calificado, podrá decidir el fin de la continuación de actividades económicas definitiva antes del término previsto, lo que será comunicado de inmediato al administrador o Liquidador, en su caso.

Los honorarios pactados podrán reducirse proporcionalmente, previo acuerdo de las partes, resolviendo el juez en caso contrario, sin ulterior recurso y en el menor tiempo posible.

ARTÍCULO 237.-Responsabilidad del administrador. La responsabilidad civil del administrador de la continuación de las actividades económicas alcanzará a la culpa levísima y se perseguirá en juicio sumario una vez presentada la cuenta definitiva de gestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de esta Ley, y sin perjuicio de la responsabilidad legal en que pudiere incurrir.

ARTÍCULO 238.-Créditos provenientes de la continuación de las actividades económicas del deudor. Los créditos provenientes de la continuación de las actividades económicas del deudor podrán perseguirse solamente en los bienes comprendidos en ella y gozarán de preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil para el pago respecto de los demás acreedores del deudor.

Los créditos de la continuación de actividades económicas del deudor preferirán a los de los acreedores hipotecarios, prendarios y retencionarios que hubieren dado su aprobación a dicha continuación, sólo en el caso que los bienes no gravados comprendidos en ella fueren insuficientes para el pago. La diferencia, si la hubiere, será soportada por los señalados acreedores hipotecarios, prendarios y retencionarios a prorrata del monto de sus respectivos créditos en el Procedimiento Concursal de Liquidación y hasta la concurrencia del valor de liquidación de los bienes dados en garantía de sus respectivos créditos.

El acreedor hipotecario, prendario o retencionario, que pague más del porcentaje que le correspondiere de conformidad al inciso anterior, se subrogará por el exceso en los derechos de los acreedores de la continuación de actividades económicas, en conformidad a las normas del Párrafo 8 del Título XIV del Libro IV del Código Civil.

En el evento que en la continuación de actividades económicas se obtengan excedentes, éstos corresponderán a los acreedores del deudor hasta concurrencia del monto de sus créditos, reajustes e intereses, que corresponda pagar en el Procedimiento Concursal de Liquidación, deducidos los gastos. El remanente, si lo hubiere, pertenecerá al deudor.

ARTÍCULO 239.-Cuenta Final de Administración. Se aplicarán al administrador de la continuación de actividades económicas definitiva, las disposiciones sobre Cuenta Final de Administración del Liquidador, sin entorpecer el Procedimiento Concursal de Liquidación ni la realización de los bienes del deudor. Los honorarios que correspondan, la participación en las utilidades o el remanente retenido sólo podrán ser percibidos una vez que la Cuenta Final de Administración del administrador se encuentre firme o ejecutoriada.

Título 5. Del pago del pasivo

Párrafo 1. De los principios generales

ARTÍCULO 240.-Orden de prelación. Los acreedores serán pagados según el orden de preferencia establecido en el Código Civil y, en el caso de los acreedores valistas, con pleno respeto a la subordinación de créditos a que se refiere el artículo 2489 del Código Civil. Para su eficacia, la subordinación deberá ser alegada al momento de la verificación del crédito por parte del acreedor beneficiario o bien notificarse al Liquidador, si se establece en una fecha posterior.

Los créditos privilegiados de la primera clase preferirán a todo otro crédito preferente o privilegiado establecido por leyes especiales.

Los acreedores Personas Relacionadas del deudor serán postergados en el pago de sus créditos aún después de los acreedores valistas.

ARTÍCULO 241.-Acreedores prendarios y retencionarios. Los acreedores de la segunda clase y aquellos que gocen del derecho de retención judicialmente declarado, podrán optar por ejecutar individualmente los bienes gravados, en cuyo caso deberán iniciar ante el tribunal que conocerá del Procedimiento Concursal de Liquidación, los procedimientos que correspondan, o continuarlos en él previa acumulación; debiendo siempre asegurar los créditos de mejor derecho.

El Liquidador podrá, si lo considera conveniente para la masa, exigir la entrega de la cosa dada en prenda o retenida, siempre que pague la deuda o deposite, a la orden del tribunal, su valor estimativo en dinero, sobre el cual se hará efectivo el privilegio.

ARTÍCULO 242.-Acreedores hipotecarios. Los acreedores hipotecarios se pagarán en la forma que determinan los artículos 2477, 2478, 2479 y 2480 del Código Civil.

Párrafo 2. De los pagos administrativos

ARTÍCULO 243.-Procedencia y tramitación. Podrán pagarse por el Liquidador, tan pronto existan fondos suficientes para ello y precaviendo que el activo remanente sea suficiente para asegurar los gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación y el pago de los créditos de mejor derecho, los créditos contenidos en el artículo 2472 del Código Civil, según las reglas que siguen:

1) Los descritos en los números 1 y 4, podrán pagarse sin necesidad de verificación.

2) Los incluidos en el número 5, podrán pagarse previa revisión y convicción del Liquidador de los documentos que les sirven de fundamento, sin necesidad de verificación ni de acuerdo de Junta que apruebe el pago.

3) Los establecidos en el número 8, se pagarán en los mismos términos del número precedente, hasta el límite de un equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por indemnizaciones convencionales de origen laboral y por las indemnizaciones legales del mismo origen que sean consecuencia de la aplicación de las causales señaladas en el artículo 161 del Código del Trabajo.

Las restantes indemnizaciones de origen laboral así como la que sea consecuencia del reclamo del trabajador de conformidad al artículo 168 del Código del Trabajo, se pagarán con el sólo mérito de sentencia definitiva firme o ejecutoriada que así lo ordene.

4) Con todo, podrán verificarse condicionalmente los créditos que gocen de las preferencias de los números 5 y 8, con el sólo mérito de la demanda interpuesta con anterioridad al inicio de la liquidación o con la notificación al Liquidador de la demanda interpuesta con posterioridad al referido inicio.

El Liquidador deberá reservar fondos suficientes para el evento que se acoja la demanda, sin perjuicio de los pagos administrativos que procedan, de conformidad a los números precedentes.

ARTÍCULO 244.-Costas. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el pago de las costas personales se sujetará a las disposiciones siguientes:

1) En caso de Liquidación Forzosa, sólo procederán las correspondientes al acreedor peticionario, las que gozarán de la preferencia del número 1 del artículo 2472 del Código Civil.

2) En caso de Liquidación Voluntaria, las costas personales del solicitante gozarán de la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

3) En ambos casos se aplicarán los siguientes límites al cálculo de costas:

a) El 2% del crédito invocado, si éste no excede de 10.000 Unidades de Fomento, y

b) El 1% en lo que exceda del valor señalado en la letra anterior.

Para estos efectos, en casos de Liquidación Voluntaria, y siempre que el deudor invocare más de un crédito, se estará a aquél en cuyo pago hubiere cesado en primer lugar. El saldo, si lo hubiere, se considerará valista.

ARTÍCULO 245.-Renunciabilidad de créditos de origen laboral. No podrán renunciarse los montos y preferencias de los créditos previstos en los números 5, 6 y 8 del artículo 2472 del Código Civil, salvo en la forma y casos que siguen:

1) Mediante conciliación celebrada ante un Juzgado del Trabajo, la que podrá tener lugar en la audiencia preparatoria o de juicio y deberá contar con la expresa aprobación del juez y;

2) En virtud de transacción judicial o extrajudicial que se celebre con posterioridad a la notificación de la sentencia definitiva de primera instancia del juicio laboral o previsional respectivo.

Párrafo 3. De los repartos de fondos

ARTÍCULO 246.- Propuesta de reparto de fondos. El Liquidador deberá proponer a los acreedores un reparto de fondos siempre que se reúnan los siguientes requisitos copulativos:

1) Disponibilidad de fondos para abonar a los acreedores reconocidos una cantidad no inferior al cinco por ciento de sus acreencias.

2) Reserva previa de los dineros suficientes para solventar los gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación y los créditos de igual o mejor derecho cuya impugnación se encuentre pendiente.

3) Reserva para responder a los acreedores residentes en el extranjero que no hayan alcanzado a comparecer, de conformidad a los plazos previstos en el artículo 251.

4) Sujeción al procedimiento establecido en artículo siguiente.

ARTÍCULO 247.-Procedimiento. El Liquidador, para efectos de llevar a cabo un reparto de fondos, observará las disposiciones siguientes:

1) La proposición será presentada al tribunal conjuntamente con un completo detalle del reparto que se pretende efectuar, sus montos, fórmula de cálculo utilizada y acreedores a pagar.

2) El tribunal, al día siguiente hábil de su proposición, tendrá por propuesto el reparto y ordenará al Liquidador publicarlo en el Boletín Concursal.

3) Los acreedores que, conjunta o separadamente representen al menos el 30% del pasivo con derecho a voto, podrán objetar el reparto propuesto dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la notificación.

Si la objeción deducida afecta la totalidad del reparto, éste no podrá llevarse a cabo mientras la oposición no sea resuelta en primera instancia. Si la objeción deducida es parcial, el reparto podrá ejecutarse en la parte no disputada.

4) El tribunal conferirá traslado al Liquidador de todas las objeciones deducidas, el que deberá ser evacuado dentro de tercero día.

5) Transcurrido el término anterior y sin atender a si el Liquidador evacuó el traslado conferido, el tribunal resolverá sin más trámite la objeción. La resolución que se dicte no será susceptible de recurso alguno.

6) El objetante vencido será condenado al pago de costas, salvo que haya tenido motivo plausible para litigar, las que se calcularán sobre la base del monto objetado. Si la objeción hubiere sido deducida conjuntamente por dos o más acreedores, y fuere rechazada, todos ellos serán solidariamente responsables del pago de las costas.

El Liquidador deberá perseguir en beneficio de la masa el cobro de las costas por cuerda separada ante el mismo tribunal, pudiendo solicitar que las costas fijadas sean descontadas del reparto presente o futuro que les correspondería al o los objetantes vencidos.

7) No habiéndose deducido objeciones, rechazadas las interpuestas o modificado el reparto en la forma decretada por el tribunal, éste ordenará al Liquidador la distribución del reparto dentro del plazo de tres días contados desde que expire el plazo para objetar.

8) La resolución que ordene la distribución del reparto se notificará en el Boletín Concursal y desde entonces, los acreedores incluidos en el reparto podrán reclamar al Liquidador el pago de las sumas correspondientes. En el caso de créditos afectos a subordinación, el o los acreedores subordinados contribuirán al pago de sus respectivos acreedores beneficiarios, a prorrata, con lo que les correspondiere en dicho reparto de su crédito subordinado.

ARTÍCULO 248.-Acreedor condicional. El acreedor condicional podrá exigir al tribunal que ordene la reserva de los fondos que le corresponderían cumplida la condición, o su entrega bajo caución suficiente de restituirlos a la masa, con el interés máximo convencional para operaciones reajustables, para el caso de que la condición no se verifique.

ARTÍCULO 249.-Deudas y créditos recíprocos. Cuando un acreedor fuere a la vez deudor de quién está sujeto a un Procedimiento Concursal de Liquidación, sin que hubiere operado la compensación, las sumas que le correspondan a dicho acreedor se aplicarán al pago de su deuda, aunque no estuviere vencida.

ARTÍCULO 250.-Acreedores que verifican su crédito extraordinariamente. La verificación de los acreedores que verifican su crédito extraordinariamente no suspenderá la realización de los repartos, pero si encontrándose pendiente el reconocimiento de estos nuevos créditos se ordenare otro reparto, dichos acreedores serán comprendidos en él, por la suma que corresponda, en conformidad al siguiente inciso, manteniéndose en depósito las sumas que invocan hasta que sus créditos queden reconocidos.

Reconocidos sus créditos, los reclamantes tendrán derecho a exigir que los dividendos que les hubieren correspondido en las distribuciones precedentes, sean de preferencia cubiertos con los fondos no repartidos, pero no podrán demandar a los acreedores pagados en los anteriores repartos la devolución de cantidad alguna, aún cuando los bienes sujetos al Procedimiento Concursal de Liquidación no alcancen a cubrir íntegramente sus dividendos insolutos.

ARTÍCULO 251.-Situación de acreedores fuera del territorio de la República. La cantidad reservada para los acreedores residentes fuera del territorio de la República permanecerá en depósito hasta el vencimiento del duplo del término de emplazamiento que les corresponda y, vencido este plazo, se aplicará al pago de los créditos reconocidos.

ARTÍCULO 252.-Destino de los fondos en caso de no comparecencia. Si algún acreedor comprendido en la nómina de reparto no compareciere a recibir lo que le corresponda tres meses después de la notificación del reparto, el Liquidador depositará su importe en arcas fiscales a la orden del acreedor. Transcurridos tres años desde dicho depósito sin que se haya cobrado su monto, el Servicio de Tesorerías lo destinará en su integridad al Cuerpo de Bomberos.

Párrafo 4. Del término del Procedimiento Concursal de Liquidación

ARTÍCULO 253.-Resolución de término. Una vez publicada la resolución que tuvo por aprobada la Cuenta Final de Administración en los términos descritos en los artículos 50 y siguientes, el tribunal, de oficio, a petición de parte o de la Superintendencia, dictará una resolución declarando terminado el Procedimiento Concursal de Liquidación.

Con la resolución de término del Procedimiento Concursal de Liquidación, el deudor recuperará la libre administración de sus bienes.

ARTÍCULO 254.-Efecto. Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad a la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Extinguidas las obligaciones conforme al inciso anterior, el deudor se entenderá rehabilitado para todos los efectos legales, salvo que la resolución señalada en el artículo anterior establezca algo distinto.

ARTÍCULO 255.-Recursos. Contra la resolución que declare terminado el Procedimiento Concursal de Liquidación procederá recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo, conservando en el intertanto el deudor la libre administración de sus bienes.

Párrafo 5. Del término del Procedimiento Concursal de Liquidación por Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 256.-Término del Procedimiento Concursal de Liquidación por Acuerdo de Reorganización Judicial. Durante el Procedimiento Concursal de Liquidación, una vez notificada la nómina de créditos reconocidos, el deudor podrá acompañar al tribunal competente una propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial y le serán aplicables las disposiciones contenidas en el Capítulo III de esta Ley, en lo que fuera procedente y en todo lo que no se regule en las disposiciones siguientes.

Presentada una propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, el tribunal dictará una resolución teniéndola por presentada. Una copia de la referida propuesta deberá ser publicada por el Liquidador en el Boletín Concursal.

En la misma resolución el tribunal competente fijará fecha, lugar y hora en que deberá efectuarse la Junta de Acreedores, llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial que presente el deudor.

ARTÍCULO 257.-Acuerdo de la Junta de Acreedores. Cada una de las clases o categorías de propuestas de Acuerdo de Reorganización Judicial acompañado por el deudor, será analizada, deliberada y acordada en forma separada en la misma junta; sin perjuicio de lo previsto en el artículo 83.

La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial se entenderá acordada, cuando cuente con el consentimiento del deudor y el voto conforme de los dos tercios o más de los acreedores presentes, que representen tres cuartas partes del total del pasivo con derecho a voto, correspondiente a su respectiva clase o categoría. Las Personas Relacionadas con el deudor no podrán votar, ni sus créditos se considerarán en el monto del pasivo.

ARTÍCULO 258.-Vigencia del Acuerdo de Reorganización Judicial. El Acuerdo del Reorganización Judicial regirá una vez vencido el plazo para impugnarlo, sin que se hubiere impugnado. En este caso se entenderá aprobado y el tribunal competente lo declarará así de oficio o a petición de cualquier interesado o del Veedor y, asimismo, declarará el término legal del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Si el Acuerdo de Reorganización Judicial fuere impugnado, regirá desde que cause ejecutoria la resolución que deseche la o las impugnaciones y lo declare aprobado.

Las resoluciones a que se refieren los incisos primero y segundo de este artículo, se notificarán en el Boletín Concursal.

Sin perjuicio de lo anterior, el Acuerdo de Reorganización Judicial entrará a regir o causará ejecutoria, no obstante las impugnaciones que se hubieren interpuesto en su contra, si éstas no contaren con la adhesión de acreedores de su respectiva clase o categoría que representen a lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto. En este caso, y en el del inciso segundo, los actos y contratos ejecutados o celebrados por el deudor en el tiempo que medie entre el Acuerdo de Reorganización Judicial y la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que acoja las impugnaciones, no podrán dejarse sin efecto, salvo lo dispuesto en el artículo 2468 del Código Civil.

El recurso de casación deducido en contra de la resolución de segunda instancia que deseche la o las impugnaciones, no suspende el cumplimiento de dicha resolución, incluso si la parte vencida solicita se otorgue fianza de resultas por la parte vencedora.

Si se acogen las impugnaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial por resolución firme o ejecutoriada, las obligaciones y derechos existentes entre el deudor y sus acreedores con anterioridad al Acuerdo de Reorganización Judicial, volverán al estado en que se encontraban en el Procedimiento Concursal de Liquidación.

V.- DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE RENEGOCIACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN DE LA PERSONA DEUDORA

Título 1. Del Procedimiento Concursal de Renegociación de la Persona Deudora.

ARTÍCULO 259.-Ámbito de aplicación y requisitos. El Procedimiento Concursal de Renegociación será aplicable sólo a la Persona Deudora, que para efectos de este Capítulo se denominará indistintamente Persona Deudora o deudor.

La Persona Deudora podrá someterse a un Procedimiento Concursal de Renegociación si tuviere dos o más deudas vencidas por más de 90 días corridos, actualmente exigibles, provenientes de obligaciones diversas, cuyo monto total sea superior a 50 Unidades de Fomento y que no sean de aquellas provenientes de servicios de utilidad pública, siempre y cuando no haya sido notificada de una demanda que solicita la apertura de un Procedimiento Concursal de Liquidación o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra que no sea de origen laboral.

ARTÍCULO 260.-Inicio del procedimiento. El Procedimiento Concursal de Renegociación se iniciará por solicitud de la Persona Deudora presentada ante la Superintendencia a través de un formulario cuyo formato estará disponible en su sitio web y en sus dependencias. El referido formulario deberá presentarse adjuntando los siguientes antecedentes:

a) Declaración jurada con un listado de todos sus acreedores, con indicación del monto adeudado a cada uno, o su saldo, según corresponda, con indicación expresa del nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico del acreedor y su representante legal, en su caso, y cualquier otro dato de contacto;

No se considerarán acreedores para los efectos de este procedimiento, a aquellos proveedores de servicios de utilidad pública y sus cesionarios.

b) Declaración jurada con la singularización de todos los ingresos que percibe, por cualquier causa, sean estos fijos o esporádicos, acompañando al efecto antecedentes que lo acrediten;

c) Declaración jurada con el listado completo de sus bienes, con indicación de aquellos que las leyes declaren inembargables, y de los gravámenes y prohibiciones que les afecten;

d) Una propuesta de renegociación de todas sus obligaciones vigentes, con excepción de aquellas provenientes de servicios de utilidad pública;

e) Una declaración jurada en que conste que es Persona Deudora o, que habiendo iniciado actividades comerciales, no haya prestado servicios por dichas actividades durante los veinticuatro meses anteriores a la presentación de la referida solicitud, y

f) Una declaración jurada en que conste que no se la ha notificado de la demanda que solicita la apertura de un Procedimiento Concursal de Liquidación o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra que no sea de origen laboral.

ARTÍCULO 261.-Examen de admisibilidad. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación, la Superintendencia podrá:

1) Declarar admisible la solicitud;

2) Ordenar a la Persona Deudora que rectifique sus antecedentes o entregue información adicional, en cuyo caso esta última deberá subsanar los defectos o proporcionar los antecedentes complementarios que le sean solicitados, según corresponda, en el plazo que la misma Superintendencia le fije, contados desde la referida resolución. En caso contrario, la solicitud se declarará inadmisible, o

3) Declarar inadmisible la solicitud por resolución fundada. La declaración de inadmisibilidad sólo podrá fundarse en la improcedencia de la solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación, por el incumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 259 o por haber transcurrido los plazos indicados en el N° 2 sin que el peticionario hubiere subsanado los defectos o inconsistencias advertidos por la Superintendencia.

ARTÍCULO 262.-Resolución de Admisibilidad. La resolución de la Superintendencia que declare admisible la solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación, contendrá las siguientes menciones:

1) El nombre y el número de cédula de identidad de la Persona Deudora.

2) El listado inicial de los acreedores informados por la Persona Deudora con indicación de los montos adeudados por capital e intereses y sus preferencias;

3) El listado de bienes de la Persona Deudora informados por ella, con expresa mención de aquellos que son inembargables, gravámenes y prohibiciones que los afecten, si los hubieren, individualizando a los beneficiarios de estos últimos, y

4) La comunicación a los acreedores y a terceros, del inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación y de la fecha de celebración de la audiencia de determinación del pasivo. Esta audiencia se celebrará no antes de quince ni después de treinta días contados desde la publicación de la presente resolución en el Boletín Concursal.

La presente resolución con los antecedentes a que se refiere el artículo 260 se publicarán en el Boletín Concursal y se entenderán legalmente notificados los acreedores individualizados en el listado del número 2 anterior, mediante la publicación en el Boletín Concursal.

ARTÍCULO 263.-Efectos de la Resolución de Admisibilidad. Desde la publicación de la Resolución de Admisibilidad y hasta el término del Procedimiento Concursal de Renegociación se producirán los siguientes efectos:

1) No podrá solicitarse la Liquidación Forzosa ni Voluntaria de la Persona Deudora, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos o ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento;

Para los efectos de hacer valer la oposición del inicio de las ejecuciones a que se refiere el número 1, la Persona Deudora acompañará al tribunal competente copia autorizada de la Resolución de Admisibilidad, pudiendo hacerse valer solamente como excepción. Para estos efectos la Persona Deudora podrá comparecer personalmente sin necesidad de patrocinio de abogado;

2) Se suspenderán los plazos de prescripción extintiva de sus deudas;

3) No se continuarán devengando los intereses moratorios que se hayan pactado en los respectivos actos o contratos vigentes suscritos por la Persona Deudora;

4) Todos los contratos suscritos por la Persona Deudora, mantendrán su vigencia y condiciones de pago, en su caso, no siendo posible hacer efectivas cláusulas de resolución o caducidad, fundadas en el inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación. Si la contraparte de estos contratos realizare cualquier acción que importe el término de los mismos o exigiera anticipadamente el pago de su crédito, dicho crédito quedará pospuesto en su pago, hasta que se paguen la totalidad de los acreedores a quienes le afectará el acuerdo de renegociación;

5) Cualquier interesado podrá observar u objetar los créditos del listado señalado en el número 2 del artículo 262 así como el listado de bienes señalado en el número 3 del mismo artículo, hasta tres días antes de la celebración de la audiencia de determinación del pasivo regulada en el artículo siguiente, pudiendo concurrir a la misma con derecho a voz y voto, y

6)La Persona Deudora no podrá ejecutar actos ni celebrar contratos en relación con sus bienes embargables, bajo el apercibimiento de ser tenido por depositario alzado en los términos del artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 264.-Audiencia de determinación del pasivo. La asistencia a la audiencia de determinación del pasivo será obligatoria para todos los acreedores individualizados en la Resolución de Admisibilidad que hayan sido notificados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 262 anterior, bajo apercibimiento de proseguirse su tramitación sin volver a notificar a los acreedores ausentes y asumiendo lo obrado durante la audiencia de determinación del pasivo.

Esta audiencia se celebrará ante el Superintendente, o ante quien éste designe mediante resolución, con los acreedores que asistieren y la Persona Deudora, personalmente o debidamente representada. El Superintendente, o quien éste designe, actuará como facilitador, ayudando a las partes a adoptar una solución satisfactoria. Dicho procedimiento se regulará a través de una norma de carácter general de la Superintendencia, dictada especialmente al efecto.

La Superintendencia presentará una propuesta de nómina de pasivo, en atención al listado acompañado por la Persona Deudora de acuerdo al artículo 260, a lo indicado por quienes hubieren observado u objetado el referido listado de acreedores y las observaciones que la Superintendencia pudiere sugerir.

En esta audiencia, con el voto de la Persona Deudora y de la mayoría absoluta de los acreedores, de acuerdo a la propuesta señalada en el inciso anterior, se determinará el pasivo con derecho a voto. No se considerarán para los efectos de quórum ni para las votaciones a que hubiere lugar, los créditos de las Personas Relacionadas con la Persona Deudora.

Si no se llegare a acuerdo respecto de la determinación del pasivo de la Persona Deudora, la Superintendencia podrá suspender esta audiencia por una vez, hasta por cinco días, con el objeto de propender al acuerdo.

Si aún así no se llegare a acuerdo respecto del pasivo de la Persona Deudora, en la primera o segunda audiencia, la Superintendencia deberá citar a una audiencia de ejecución, la que deberá celebrarse no antes de quince ni después de treinta días contados desde la publicación señalada.

En caso de acordarse el pasivo de la Persona Deudora, la Superintendencia dictará una resolución que contendrá el acta con la nómina de créditos reconocidos y la citación a todos los acreedores cuyos créditos fueron reconocidos, a la audiencia de renegociación regulada en el artículo siguiente, la cual se publicará en el Boletín Concursal dentro del día hábil siguiente.

La audiencia de renegociación deberá celebrarse no antes de quince ni después de treinta días contados desde la publicación señalada.

ARTÍCULO 265.-Audiencia de renegociación. Determinado el pasivo conforme al artículo anterior, se llevará a cabo la audiencia de renegociación en la fecha señalada en la resolución de que da cuenta el artículo anterior.

Esta audiencia se celebrará ante el Superintendente, o ante quién éste designe mediante resolución, con los acreedores que asistieren o los representantes legales en su caso y la Persona Deudora, personalmente o debidamente representada. Al igual que en la audiencia regulada en el artículo anterior, el Superintendente, o quien éste designe, facilitará la adopción de un acuerdo entre las partes.

Se acordará la renegociación con el voto de la Persona Deudora y el 60% del pasivo reconocido y presente en la audiencia. No se considerarán para los efectos de quórum ni para las votaciones a que hubiere lugar, los créditos de las Personas Relacionadas con la Persona Deudora, que correspondan.

Esta audiencia podrá llevarse a cabo con la concurrencia de un solo acreedor y acordarse la renegociación si éste vota a favor, en la medida que éste represente más del 60% del pasivo reconocido de la Persona Deudora.

Si no se acordare la renegociación, la Superintendencia podrá suspender esta audiencia por una sola vez, hasta por cinco días, con el objeto de propender al acuerdo.

Si no se arribare a acuerdo, en la primera o segunda audiencia de renegociación, la Superintendencia deberá citar a una audiencia de ejecución, la que deberá celebrarse no antes de quince ni después de treinta días contados desde la publicación señalada.

Acordada la renegociación, la Superintendencia dictará una resolución que contendrá el acta del acuerdo de renegociación suscrita por la Persona Deudora, los acreedores presentes y el Superintendente, o a quien éste haya designado y declarará finalizado el Procedimiento Concursal de Renegociación, poniendo fin a los efectos descritos en el artículo 263 anterior. El acta que se levante de la señalada audiencia se reducirá a escritura pública, y los créditos objeto del acuerdo de renegociación se entenderán remitidos, novados o repactados, según corresponda.

El acuerdo de renegociación será obligatorio únicamente para los acreedores que figuren en la nómina de créditos reconocidos, hayan concurrido o no a la audiencia de renegociación.

Si dentro del acuerdo se remitieren deudas, éstas se entenderán extinguidas desde la publicación de la resolución que contiene el acta de acuerdo de renegociación. Para estos efectos la Superintendencia emitirá un certificado de incobrabilidad para los acreedores titulares de las referidas deudas, que les permita castigar sus créditos en conformidad a la ley.

El acuerdo de renegociación deberá versar sobre cualquier objeto lícito y no podrá ser revocado con posterioridad conforme al artículo 290 de esta Ley si la Persona Deudora es sometida a un Procedimiento Concursal de Liquidación.

ARTÍCULO 266.-Audiencia de ejecución. Si no se alcanza acuerdo respecto del pasivo de la Persona Deudora o respecto de la renegociación de las obligaciones de la Persona Deudora conforme a los artículos anteriores, la Superintendencia citará a los acreedores a una audiencia de ejecución.

Esta audiencia se celebrará ante el Superintendente, o ante quién éste designe mediante resolución, con los acreedores que asistieren o los representantes legales en su caso y la Persona Deudora, personalmente o debidamente representada. Al igual que en las audiencias reguladas en los artículos anteriores, el Superintendente, o quien éste designe, facilitará la adopción de un acuerdo entre las partes.

En dicha audiencia la Superintendencia presentará una propuesta de realización del activo del deudor. Los acreedores acordarán la fórmula con la mayoría absoluta de los acreedores presentes con derecho a voto y la Persona Deudora, sobre la base de la propuesta de la Superintendencia a que se refiere el inciso tercero del artículo 264. No se considerarán para los efectos de quórum ni para las votaciones a que hubiere lugar, los créditos de las Personas Relacionadas con la Persona Deudora.

Siempre podrán formularse vías alternativas de realización que serán sometidas al mismo quórum de aprobación anterior.

El acuerdo de ejecución contendrá la forma en que serán realizados los bienes de la Persona Deudora y el pago a los acreedores señalados en dicho acuerdo, en la forma establecida en el Título XLI del Libro IV del Código Civil “De la Prelación de Créditos”.

Si no se llegare a un acuerdo, la Superintendencia remitirá los antecedentes al tribunal del domicilio del deudor, que se entenderá el tribunal competente, quién dictará la correspondiente Resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, de acuerdo a lo dispuesto en Título 2 de este Capítulo.

Si el acuerdo de ejecución designare a un Liquidador, éste deberá formar parte de la Nómina de Liquidadores vigente a la fecha, y sus honorarios ascenderán a un total de 30 Unidades de Fomento de acuerdo al artículo 40 de esta Ley.

Vencido el plazo señalado en el acuerdo para la realización de los bienes, el Liquidador, si lo hubiere, procederá al reparto de fondos en los términos del Título 5 del Capítulo IV de esta Ley. Toda objeción o incidencia en relación a la gestión del Liquidador en este reparto de fondos deberá interponerse por los acreedores ante la Superintendencia quien resolverá administrativamente en única instancia sin ulterior recurso.

El plazo para la realización del activo contenido en el acuerdo de ejecución no podrá ser superior a 6 meses.

La Superintendencia dictará una norma de carácter general que regule los contenidos del acuerdo de ejecución que propondrá la Superintendencia y la forma en que se desarrollará la señalada audiencia, en todo lo no regulado en la presente Ley.

ARTÍCULO 267.-Resolución que declara finalizado el Procedimiento Concursal de Renegociación y de la ejecución. Una vez vencido el plazo para el reparto de fondos, la Superintendencia declarará finalizado el Procedimiento Concursal de Renegociación, poniendo fin a los efectos descritos en el artículo 263. Desde la publicación en el Boletín Concursal de la referida resolución se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora respecto de los créditos parte del Procedimiento de Renegociación.

Extinguidas las obligaciones novadas o repactadas conforme al inciso anterior, la Persona Deudora se entenderá rehabilitada para todos los efectos legales.

ARTÍCULO 268.-Término anticipado del Procedimiento Concursal de Renegociación y sus efectos. La Superintendencia declarará el término anticipado del Procedimiento Concursal de Renegociación:

1) Si la Persona Deudora infringe la prohibición establecida en el número 6 del artículo 263, sin perjuicio de la sanción propia establecida para el depositario alzado del artículo 444 del Código de Procedimiento Civil;

2) Si la Persona Deudora deja de cumplir alguno de los requisitos señalados en el artículo 259, y

3) Si no se arribare a acuerdo en la audiencia de ejecución.

Declarado el término del Procedimiento Concursal de Renegociación finalizarán las suspensiones y demás efectos regulados en el artículo 263 y la Superintendencia remitirá los antecedentes al tribunal competente, quién dictará la correspondiente Resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, de acuerdo a lo dispuesto en Título 2 de este Capítulo.

ARTÍCULO 269.-Recursos y Limitación. Contra las resoluciones que pongan término al Procedimiento Concursal de Renegociación y de ejecución sólo procederá recurso de reposición.

La Persona Deudora cuya solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación fuere declarada admisible, no podrá solicitarlo nuevamente, sino una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha de publicación de la Resolución de Admisibilidad.

ARTÍCULO 270.-Bienes excluidos del acuerdo de ejecución. Serán inembargables aquellos bienes a los que se refiere el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, así como todos aquellos que las leyes declaren inembargables.

Si la Persona Deudora se encontrare casada, se aplicará a la realización de los bienes de ésta, cuando procediere, las normas establecidas en los artículos pertinentes del Código Civil y leyes especiales, atendido el régimen de bienes que hubieren pactado.

ARTÍCULO 271.-Declaración incompleta de bienes de la Persona Deudora. Si al momento de presentar los antecedentes a que se refiere el artículo 260, la Persona Deudora declarare no tener bienes embargables o el listado de bienes declarado fuere incompleto, cualquier acreedor podrá, desde la notificación de la resolución a que se refiere el artículo 262 anterior hasta la celebración de la audiencia de ejecución, acreditar ante la Superintendencia, que la Persona Deudora tiene bienes embargables no declarados o que los ha enajenado dentro de los plazos establecidos para el ejercicio de las acciones revocatorias concursales contenidas en el Capítulo VI de esta Ley. En tales casos, la Superintendencia comunicará estas circunstancias a los acreedores, para que estos ejerzan los derechos que la ley les confiere.

Si con posterioridad a la celebración un Acuerdo de Renegociación, aparecieren bienes, los acreedores podrán demandar la nulidad de este.

Título 2. Del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora.

Párrafo 1. De la Liquidación Voluntaria de la Persona Deudora.

ARTÍCULO 272.-Ámbito de aplicación y requisitos. Toda Persona Deudora podrá solicitar ante el tribunal competente su Liquidación Voluntaria, acompañando los siguientes antecedentes:

1) Lista de sus bienes, lugar en que se encuentren y los gravámenes que les afecten;

2) Lista de los bienes legalmente excluidos de la Liquidación de la Persona Deudora;

3) Relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales, y

4) Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos.

ARTÍCULO 273.-Tramitación y resolución. Conjuntamente con lo dispuesto en el artículo anterior, la Persona Deudora solicitará la nominación del Liquidador de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de esta Ley.

Recibido el Certificado de Nominación, el tribunal dictará la resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora, la que contendrá las menciones señaladas en el artículo 129, la que será publicada en el Boletín Concursal conforme lo dispone el inciso final de dicha norma.

ARTÍCULO 274.-Efectos de la resolución ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora. Será aplicable a este procedimiento lo dispuesto en los Párrafos 4 y 5 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley en todo aquello que no sea contrario con la naturaleza de la Persona Deudora.

ARTÍCULO 275.-Inembargabilidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, sólo podrá embargarse la remuneración de la Persona Deudora hasta por 3 meses después de declarada la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora.

Si la Persona Deudora se encontrare casada, se aplicará a la realización de los bienes de ésta, cuando procediere, las normas establecidas en los artículos pertinentes del Código Civil y leyes especiales, atendido el régimen de bienes que hubieren pactado.

ARTÍCULO 276.-De la determinación del pasivo. La determinación del pasivo se realizará en la forma establecida en el Párrafo 6 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley.

ARTÍCULO 277.-De las Juntas de Acreedores. La Junta Constitutiva tendrá lugar en las dependencias del tribunal o el lugar que éste determine y se celebrará al trigésimo segundo día hábil de publicada la resolución de liquidación de la Persona Deudora.

En dicha Junta se tratarán las siguientes materias:

1) El Liquidador titular provisional deberá informar respecto de los activos del deudor, realizar una propuesta de realización de los mismos y una estimación de los gastos.

2) La ratificación del Liquidador titular y suplente provisionales o bien la designación de sus reemplazantes. Los Liquidadores que no hubieren sido ratificados continuarán en sus cargos hasta que asuman sus reemplazantes. Deberá suscribirse entre el Liquidador no ratificado y el que lo remplace, dentro de cinco hábiles contados desde la nueva designación, un acta de traspaso en que conste el estado preciso de los bienes del deudor y cualquier otro aspecto relevante para una adecuada continuación del Procedimiento Concursal de Liquidación. Una copia del acta antes indicada deberá ser remitida a la Superintendencia.

3) La designación de un presidente y un secretario, titular y suplente, de entre los acreedores con derecho a voto o sus representantes, para las sesiones de juntas futuras, si hubiere.

4) Los honorarios del Liquidador, los que se regirán conforme lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de esta Ley

5) Cualquier otro acuerdo que la Junta estime conducente, pudiendo acordar desde ya no celebrar otras Juntas, salvo citación del Liquidador o de cualquiera de los acreedores que representen a lo menos el 25% del pasivo.

Sin perjuicio de lo señalado, en lo no regulado en este artículo, será aplicable lo dispuesto en el artículo 190.

ARTÍCULO 278.-De la realización del activo. La realización del activo se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 204.

ARTÍCULO 279.-Del pago del pasivo. El pago del pasivo se efectuará conforme a lo dispuesto en los Párrafos 1 y 3 del Título 5 del Capítulo IV de esta Ley.

ARTÍCULO 280.-Cuenta final de administración y término de la Liquidación de la Persona Deudora. Será aplicable a la Liquidación de la Persona Deudora lo dispuesto en el Párrafo 2 del Título 3 del Capítulo II sobre Cuenta Final de Administración y lo dispuesto en el Párrafo 4 del Título 5 del Capítulo IV de esta Ley sobre término del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Párrafo 2. De la Liquidación Forzosa de la Persona Deudora.

ARTÍCULO 281.-Causal para solicitar la apertura de un Procedimiento Concursal de Liquidación de una Persona Deudora. Mientras no se declare la admisibilidad de un Procedimiento Concursal de Renegociación de una Persona Deudora, cualquier acreedor podrá solicitar la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora, siempre que existieren en contra de ésta dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos dos ejecuciones, y no se hubiere presentado dentro de los cuatro días siguientes al respectivo requerimiento, bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas.

ARTÍCULO 282.- Requisitos. La demanda que se presentará ante el tribunal competente, señalará la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañará los siguientes antecedentes:

1) Los documentos o antecedentes escritos que acreditan la causal invocada.

2) Vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 200 Unidades de Fomento para subvenir los gastos iniciales del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora.

3) El acreedor peticionario podrá designar a un Veedor vigente de la Nómina de Veedores, que asumirá en caso que el deudor se oponga al Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora. Dicho Veedor supervigilará las actividades del deudor mientras dure la tramitación del Juicio de Oposición, el que se sustanciará conforme a las normas de esta Ley, quien tendrá las facultades de interventor contenidas en el artículo 25. Los honorarios del Veedor no podrán ser superiores a 50 Unidades de Fomento y serán de cargo del acreedor peticionario. Sin perjuicio de lo anterior, el demandante podrá solicitar en su demanda cualquiera de las medidas señaladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

4) El nombre del Liquidador titular y suplente, para el caso que el deudor no compareciere o no efectuare actuación alguna por escrito en la audiencia prevista en el artículo siguiente.

El Liquidador o Veedor que hubiese ejercido como tal en algún Procedimiento Concursal, no podrá asumir en otro procedimiento respecto de un mismo deudor.

ARTÍCULO 283.-Revisión, primera providencia y notificación. Presentada la demanda, el tribunal competente examinará en el plazo de tres días el cumplimiento de los requisitos del artículo precedente. En caso que los considere cumplidos, la tendrá por presentada y ordenará al Liquidador publicarla en el Boletín Concursal y citará a las partes a una audiencia que tendrá lugar al quinto día desde la notificación personal del deudor o conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando no se encuentre en el lugar del juicio. En caso contrario, ordenará al demandante la corrección pertinente y fijará un plazo de tres días para que subsane, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

La audiencia se desarrollará conforme a las siguientes reglas:

1) El tribunal informará al deudor acerca de la demanda presentada en su contra y de los efectos del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora.

2) Acto seguido, la Persona Deudora podrá proponer por escrito o verbalmente alguna de las conductas señaladas en los literales siguientes, debiendo siempre señalar el nombre o razón social, domicilio y correo electrónico, si tuviere, de los tres mayores acreedores, o sus representantes legales. Si el deudor no cumple con este último requisito, el tribunal tendrá por no presentada la actuación que fuere del caso y dictará de inmediato la sentencia de Liquidación de la Persona Deudora, nombrando al Liquidador titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo anterior.

a) La Persona Deudora podrá consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes. El tribunal tendrá por efectuada la consignación, ordenará practicar la liquidación del crédito, la regulación y tasación de las costas, y señalará el plazo en que el deudor deberá pagarlos, el que se contará desde que esas actuaciones se encuentren firmes. Si el deudor no pagare en el plazo fijado, el tribunal dictará la respectiva sentencia de Liquidación de la Persona Deudora.

b) El deudor podrá allanarse por escrito o verbalmente a la demanda, dictando en este caso el tribunal la respectiva resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora

c) Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las disposiciones del Párrafo 3 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley. La oposición del deudor sólo podrá fundarse en una o más de las causales previstas en los números 1, 5, 6, 7, 9 a 14, 16 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

3) Si el deudor no comparece a esta audiencia, o compareciendo no efectúa alguna de las actuaciones señaladas en el número 2 anterior, el tribunal dictará la sentencia de Liquidación de la Persona Deudora y nombrará al Liquidador titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo anterior.

De lo obrado en esta audiencia se levantará acta, la que deberá ser firmada por los comparecientes y el secretario del tribunal.

ARTÍCULO 284.-Resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora. La sentencia de Liquidación de la Persona Deudora se dictará conforme lo dispuesto en el artículo 273 anterior y en la tramitación del procedimiento se estará a lo señalado en el Párrafo anterior.

ARTÍCULO 285.-Antecedentes que debe remitir la Superintendencia. Cada vez que la Ley ordene que la Superintendencia remita antecedentes al tribunal competente para que se dicte la resolución que ordena la apertura de un Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora, se entenderá que deberá remitir:

1) Copia de los antecedentes aportados por la Persona Deudora a que se refiere el artículo 260.

2) Copia de la resolución a que se refiere el artículo 262.

3) Copia de la propuesta de determinación del pasivo a que se refiere el artículo 264.

4) Copia del acta de la audiencia de ejecución, en que conste que no se arribo a acuerdo.

5) Copia de la resolución que declare terminado anticipadamente el Procedimiento Concursal de Renegociación, en los términos del artículo 268.

En todo caso, los acreedores no deberán consignar la suma a que se refiere el número 2 del artículo 282.

VI.- DE LAS ACCIONES REVOCATORIAS CONCURSALES

Título 1. De los actos ejecutados o contratos suscritos por Empresas Deudoras

ARTÍCULO 286.-Revocabilidad objetiva. Iniciados los Procedimientos Concursales de Reorganización o Liquidación, los acreedores, el Veedor o el Liquidador, en su caso, podrán deducir acción revocatoria concursal, respecto de los siguientes actos ejecutados o contratos celebrados por la Empresa Deudora dentro del año inmediatamente anterior al inicio de estos procedimientos:

1) Todo pago anticipado, cualquiera fuere la forma en que tenga lugar. Se entiende que la Empresa Deudora anticipa el pago también cuando descuenta efectos de comercio o facturas a su cargo y cuando lo realiza renunciando al plazo estipulado a su favor.

2) Todo pago de deudas vencidas que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención. La dación en pago de efectos de comercio equivale a pago en dinero.

3) Toda hipoteca, prenda o anticresis constituida sobre bienes del deudor para asegurar obligaciones anteriormente contraídas.

Tratándose de cualquier acto o contrato celebrado a título gratuito y de los señalados en los números precedentes que se hayan celebrado con Personas Relacionadas a la Empresa Deudora, aunque se proceda por interposición de un tercero, el plazo se ampliará a 2 años.

En las demandas que se deduzcan de conformidad a lo establecido en el presente artículo, el juez se limitará a constatar si el acto ejecutado o el contrato celebrado han tenido lugar dentro de los plazos señalados y si responden a alguna de las descripciones previstas, sin atender a la existencia o no de perjuicios que el acto o contrato pudiera haber causado a los acreedores o a terceros. Habiéndose constatado la concurrencia de los requisitos anteriores, el tribunal dará lugar a la demanda, sin perjuicio de los recursos que procedan.

ARTÍCULO 287.-Revocabilidad subjetiva. Serán también revocables todos aquellos actos ejecutados o contratos celebrados por la Empresa Deudora con cualquier persona, dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización o de Liquidación, siempre que se acredite en juicio la concurrencia de los siguientes requisitos:

1) Conocimiento del adquirente del mal estado de los negocios de la Empresa Deudora, y

2) Que el acto o contrato cause un perjuicio a la masa. Se entenderá que existe perjuicio cuando las estipulaciones contenidas en el acto o contrato se alejen de las condiciones y precios que normalmente prevalezcan en el mercado para operaciones similares a la época del acto o contrato. Tratándose de venta o permuta de activos, sólo se considerarán como ingresos los montos efectivamente percibidos por la Empresa Deudora producto de la transacción a la fecha de la interposición de la acción de revocabilidad y el valor que el tribunal asigne respecto de los bienes dados en permuta.

La demanda sólo podrá interponerse en contra de la persona natural o jurídica que hubiere contratado con la Empresa Deudora, sin que pueda extenderse esta acción a los terceros subadquirentes y sin perjuicio de las restantes acciones civiles y penales que puedan ser pertinentes, conforme a las reglas generales.

ARTÍCULO 288.-Otros actos revocables. Tratándose de otros actos ejecutados o de contratos celebrados a título oneroso, con anterioridad al Procedimiento Concursal respectivo, se estará a lo dispuesto en el artículo 2468 del Código Civil, presumiéndose que el deudor conocía el mal estado de sus negocios un año antes de la apertura del Procedimientos Concursal respectivo.

ARTÍCULO 289.-Reformas a los pactos o estatutos sociales. Las reformas a los pactos o estatutos sociales que se realicen dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a la apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización o de Liquidación, podrán ser revocadas si importaren la disminución del patrimonio del deudor.

Si las referidas reformas significaren una alteración del régimen de responsabilidad de sus fiadores o codeudores solidarios, éstas serán inoponibles a quienes hubieren contratado con anterioridad a dicha reforma de estatutos.

Título 2. De la revocación de los actos ejecutados o contratos celebrados por una Persona Deudora

ARTÍCULO 290.-Actos o contratos revocables. Con respecto a los actos o contratos ejecutados o celebrados por una Persona Deudora a título gratuito u oneroso, dentro del año inmediatamente anterior al inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación o del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora, se observará lo prevenido en el artículo 2468 del Código Civil.

Título 3. De las disposiciones comunes a los dos Títulos anteriores

ARTÍCULO 291.-Medidas cautelares y plazo para la interposición de la acción. Las acciones a que se refieren los dos Títulos precedentes, deberán entablarse en el plazo de un año contado desde la apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización o de Liquidación y se tramitarán con arreglo al procedimiento sumario, ante el tribunal que conoce de los referidos procedimientos.

Estas acciones se entablarán en el interés de la masa y se deducirán en contra del deudor y el adquirente, si correspondiere. Para estos efectos, el deudor ejercerá su defensa en juicio, sin requerir la autorización o representación del Liquidador o Veedor.

Cuando fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias impetradas, el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá decretar el embargo sobre los bienes que corresponda.

ARTÍCULO 292.-Sentencia. La sentencia definitiva que acoja la demanda declarará la revocación solicitada, ordenará la restitución y la práctica de las inscripciones y cancelaciones que fueren pertinentes. Además, la sentencia señalará en forma expresa el monto que el tribunal estime correspondiente a la diferencia de valor entre el acto o contrato revocado y el valor que considere prevalente en el mercado bajo similares condiciones a las existentes a la época de dicho acto.

La parte condenada deberá restituir efectivamente la cosa a la parte que obtuvo en juicio y tendrá derecho a la devolución de lo que hubiere pagado con ocasión del acto o contrato revocado, debiendo verificar ese monto en el Procedimiento Concursal respectivo a cuyo nombre se dedujo la acción. Con todo, el demandado podrá acogerse, dentro del plazo de tres días contados desde la notificación del cumplimiento incidental del fallo, al beneficio de mantener la cosa en su patrimonio previo pago de la diferencia señalada en el punto anterior, debidamente reajustada, incluyendo intereses fijados por el juez, desde la fecha de celebración del acto o contrato hasta la fecha de pago efectivo, una vez que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

El tribunal deberá practicar la liquidación de la suma a pagar inmediatamente después de la dictación de la resolución que se pronuncia sobre el ejercicio de la opción ya indicada. El demandado deberá efectuar el pago dentro del plazo de tres días contados desde que el tribunal entregue la liquidación anterior.

El demandante no podrá oponerse al ejercicio de ese derecho, salvo error de hecho o meramente numérico del tribunal.

Si la parte condenada no restituyere la cosa o el valor que determine el juez, podrá exigirse el cumplimiento forzado de esta última opción.

Para los efectos de la valoración de los bienes objeto de la acción, solo será admisible como prueba el informe de peritos.

Contra la sentencia definitiva sólo procederá la apelación, que deberá interponerse en el plazo de diez días hábiles contados desde la notificación del fallo. Dicho recurso será concedido en ambos efectos y agregado extraordinariamente a la tabla que corresponda a la Corte de Apelaciones respectiva.

ARTÍCULO 293.-Costas y recompensas. Los acreedores que individualmente entablen las acciones revocatorias concursales en beneficio de la masa y obtengan la revocación de actos o contratos por sentencia definitiva firme o ejecutoriada, tendrán derecho a que se les pague con los fondos de los Procedimientos Concursales de Reorganización o Liquidación, todos los gastos del respectivo juicio y los honorarios del abogado patrocinante, los cuales gozarán de la preferencia del número 1 del artículo 2472 del Código Civil. Además, el acreedor demandante tendrá derecho a que la sentencia definitiva le reconozca una recompensa equivalente a un 10% del valor comercial del bien recuperado o del beneficio que le reporte esta acción al patrimonio del deudor o a la masa. Dicha recompensa deberá fijarse en la referida sentencia definitiva, señalando si será cargo del deudor o de la masa, en atención al Procedimiento Concursal respectivo.

No tendrá derecho a recompensa el acreedor que hubiere adquirido su acreencia con posterioridad a la apertura del Procedimiento Concursal respectivo.

En el caso que el tribunal rechace por sentencia definitiva firme o ejecutoriada la acción entablada, los demandantes soportarán los gastos del proceso y los honorarios de los profesionales que intervinieron.

Si la acción fuere ejercida por el Liquidador o Veedor, o por cualquier acreedor mandatado al efecto por la Junta de Acreedores, los gastos que irrogue la sustanciación de esta clase de acciones se considerarán gastos de administración del Procedimiento Concursal respectivo. Asimismo, la sentencia que se pronuncie condenará en costas a la parte vencida, salvo que el tribunal estimase la concurrencia de motivo plausible para litigar. Si la parte vencedora fuese el demandante, corresponderá a quien hubiere ejercido la acción perseguir el pago de las costas que fueren del caso. Si la parte vencedora fuere el demandado, las costas que fuere pertinente solucionar serán pagadas por la masa como gasto de administración del Procedimiento Concursal de Liquidación y por el deudor en un Procedimiento Concursal de Reorganización.

ARTÍCULO 294.-Efectos respecto de terceros. La revocabilidad concursal de los actos o contratos afectará al adquirente y terceros, cuando estos últimos conozcan el mal estado de los negocios del deudor al momento de ejecutar el acto o celebrar el contrato. La sentencia definitiva que acoja la revocación de los actos o contratos que afecten a estos terceros, determinará el valor de los bienes objeto de la revocación, para los efectos del reintegro a la masa del bien o de su valor. Del mismo modo, dicha sentencia ordenará la cancelación de la inscripción de los derechos del demandado vencido y la de los terceros que corresponda y dispondrá la inscripción de reemplazo a nombre del deudor.

VII. DEL ARBITRAJE CONCURSAL

ARTÍCULO 295.-Constitución del arbitraje. Podrán ser sometidos a arbitraje los Procedimientos Concursales de Reorganización y Liquidación.

En el Procedimiento Concursal de Reorganización, el deudor deberá manifestar su voluntad de someterse a arbitraje, acompañando al tribunal competente, junto con los antecedentes singularizados en el artículo 57 de esta Ley, las cartas de apoyo suscritas por acreedores que representen a lo menos mayoría absoluta del pasivo del deudor, las cuales indicarán el nombre del árbitro titular y suplente designados por los acreedores y sus honorarios.

En el Procedimiento Concursal de Liquidación, la Junta Constitutiva referida en el artículo 193 de esta Ley, o cualquier Junta posterior podrá acordar con Quórum Calificado, someterse a arbitraje, designando al árbitro titular y suplente y fijando sus honorarios.

En ambos casos el nombramiento del árbitro titular y suplente deberá recaer en un árbitro vigente de la Nómina de Árbitros Concursales y podrá ser reemplazado por otro árbitro de la referida nómina, por acuerdo de los acreedores, con las mayorías señaladas anteriormente, y con el consentimiento del deudor en los Procedimientos Concursales de Reorganización.

ARTÍCULO 296.-Naturaleza del arbitraje y constitución del tribunal arbitral. El árbitro será de derecho y unipersonal.

El árbitro se considerará constituido con la aceptación en el cargo, quien deberá prestar juramento ante el secretario del tribunal al que le hubiere correspondido conocer del Procedimiento Concursal respectivo. En este mismo acto, el árbitro fijará su domicilio, el que deberá estar ubicado en la misma jurisdicción del tribunal señalado.

El árbitro designará a un secretario, cargo que será ejercido por un abogado.

La competencia del árbitro se extiende a todo cuanto sea necesario para la tramitación de los Procedimientos Concursales de Reorganización o Liquidación y a los incidentes que se promuevan durante estos procedimientos.

Si el Acuerdo de Reorganización Judicial fuere rechazado en los términos previstos en el artículo 96 de esta Ley, el árbitro remitirá el expediente al tribunal competente que dictó la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización.

ARTÍCULO 297.-Nómina de Árbitros Concursales. Para formar parte de la Nómina de Árbitros Concursales se requiere ser abogado con una experiencia no inferior a diez años de ejercicio en la profesión. No podrán formar parte de esta nómina los Veedores ni los Liquidadores.

Dicha nómina será llevada por la Superintendencia, y en su formación, menciones y mantención, se estará a lo dispuesto en los artículos 9 y siguientes de esta Ley, en cuanto sea pertinente.

ARTÍCULO 298.-Facultades especiales del árbitro. El árbitro tendrá las siguientes facultades especiales:

1) Podrá admitir, además de los medios probatorios establecidos en el Código de Procedimiento Civil, cualquier otra clase de prueba y decretar de oficio las diligencias probatorias que estime conveniente, con citación de las partes. Tendrá, además, en todo momento, acceso a los libros, documentos y medios de cualquier clase en los cuales estén contenidas las operaciones, actos y contratos del deudor, y

2) Apreciará la prueba de acuerdo con las normas de la sana crítica y deberán consignar en la respectiva resolución los fundamentos de dicha apreciación.

VIII. DE LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA

Título 1. De las disposiciones generales

ARTÍCULO 299.-Finalidad. La finalidad del presente Título es establecer mecanismos eficaces para la resolución de los casos de insolvencia transfronteriza con miras a promover el logro de los objetivos siguientes:

a) La cooperación entre los tribunales y demás organismos involucrados en los Procedimientos Concursales de Chile y de los Estados extranjeros que hayan de intervenir en casos de insolvencia transfronteriza;

b) Una mayor seguridad jurídica para el comercio y las inversiones;

c) Una administración equitativa y eficiente de las insolvencias transfronterizas, que proteja los intereses de todos los acreedores, nacionales o extranjeros, y de las demás partes interesadas, incluido el deudor;

d) La protección de los bienes del deudor, y la optimización de su valor, y

e) Facilitar la reorganización de empresas en dificultades financieras, a fin de proteger el capital invertido y de preservar el empleo.

ARTÍCULO 300.-Ámbito de aplicación. El presente Título será aplicable a los casos en que:

a) Un tribunal extranjero o un representante extranjero solicite asistencia a los tribunales competentes, administradores concursales y demás organismos involucrados en los Procedimientos Concursales con arreglo a esta Ley u otras normas especiales relativas a la insolvencia en relación con un procedimiento extranjero;

b) Se solicite asistencia en un Estado extranjero en relación con un procedimiento concursal que se esté tramitando con arreglo a esta Ley o con arreglo a otras normas especiales relativas a la insolvencia;

c) Se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo deudor un procedimiento concursal extranjero y un Procedimiento Concursal en Chile con arreglo a esta Ley u otras normas especiales relativas a la insolvencia, o

d) Los acreedores u otras personas interesadas, que estén en un Estado extranjero, tengan interés en solicitar la apertura de un procedimiento concursal o en participar en un procedimiento concursal que se esté tramitando con arreglo a esta Ley u otras normas especiales relativas a la insolvencia.

ARTÍCULO 301.-Definiciones. Para los fines de este Título, se entenderá:

a) Por "procedimiento extranjero", el procedimiento colectivo, ya sea judicial o administrativo, incluido el de índole provisional, que se tramite en un Estado extranjero con arreglo a una ley relativa a la insolvencia y en virtud del cual los bienes y negocios del deudor queden sujetos al control o a la supervisión del tribunal o representante extranjero, a los efectos de su reorganización o liquidación;

b) Por "procedimiento extranjero principal", el procedimiento extranjero que se tramite en el Estado donde el deudor tenga su domicilio, entendiendo por tal el centro de sus principales intereses;

c) Por "procedimiento extranjero no principal", un procedimiento extranjero, que no sea un procedimiento extranjero principal, que se tramite en un Estado donde el deudor tenga un establecimiento en el sentido de la letra f) del presente artículo;

d) Por "representante extranjero", la persona o el órgano, incluso el designado a título provisional, que haya sido facultado en un procedimiento extranjero para administrar la reorganización o la liquidación de los bienes o negocios del deudor o para actuar como representante del procedimiento extranjero,

e) Por "tribunal extranjero", la autoridad judicial o de otra índole que sea competente a los efectos del control, tramitación o supervisión de un procedimiento concursal extranjero;

f) Por "establecimiento", todo lugar de operaciones en que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes o servicios;

g) Por “administradores concursales”, el Liquidador, el Veedor y el administrador de la continuación de las actividades económicas del deudor que participen en Procedimientos Concursales de acuerdo a esta Ley, y

h) Por “tribunal competente”, el tribunal que le hubiere correspondido o que le correspondiera conocer de un Procedimiento Concursal con arreglo a esta Ley.

ARTÍCULO 302.-Obligaciones internacionales del Estado. En caso de conflicto entre este Título y una obligación del Estado de Chile nacida de un tratado u otra forma de acuerdo en el que Chile sea parte con uno o más Estados donde se estén tramitando los procedimientos extranjeros, prevalecerán las disposiciones de ese tratado o acuerdo.

ARTÍCULO 303.-Tribunal o autoridad competente. Las funciones a las que se refiere el presente Título relativas al reconocimiento de procedimientos concursales extranjeros serán ejercidas por los tribunales ordinarios de justicia, los tribunales arbitrales cuando les correspondiere intervenir y por la Superintendencia Concursal, y en materia de cooperación con tribunales extranjeros será ejercida además por los administradores concursales cuando así les fuere requerido por la Superintendencia.

ARTÍCULO 304.-Autorización para actuar en un Estado extranjero. La Superintendencia será el órgano legitimado para actuar en un Estado extranjero en representación de un procedimiento abierto en Chile con arreglo a esta Ley o a toda otra norma especial relativa a la insolvencia, en la medida en que lo permita la ley extranjera aplicable.

La Superintendencia podrá delegar esta autorización para actuar en el administrador concursal que esté conociendo del procedimiento. La responsabilidad civil y administrativa en la que pudieren incurrir en el ejercicio de sus funciones en un procedimiento extranjero se hará valer de acuerdo a los términos establecidos en esta Ley.

ARTÍCULO 305.-Excepción de orden público. Lo dispuesto en el presente Título no impedirá que el tribunal competente y la Superintendencia se nieguen a adoptar una medida específica dictada por un tribunal extranjero manifiestamente contraria al orden público de Chile.

ARTÍCULO 306.-Asistencia adicional en virtud de alguna otra norma. Nada de lo dispuesto en el presente Título limitará las facultades que pueda tener el tribunal competente, la Superintendencia y, los administradores concursales para prestar asistencia adicional al representante extranjero con arreglo a alguna otra norma chilena.

ARTÍCULO 307.-Interpretación. En la interpretación del presente Título habrá de tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe.

Título 2. Del acceso de los representantes y acreedores extranjeros a los tribunales del Estado

ARTÍCULO 308.-Derecho de acceso directo. Todo representante extranjero facultado en el país donde se lleve el procedimiento de insolvencia y reconocido como tal por las autoridades chilenas competentes, estará legitimado para comparecer directamente ante un tribunal del Estado Chile.

ARTÍCULO 309.-Jurisdicción limitada. El sólo hecho de la presentación de una solicitud, con arreglo al presente Título, ante un tribunal competente por un representante extranjero no supone la sumisión de éste ni de los bienes y negocios del deudor en el extranjero, a la jurisdicción de los tribunales competentes para efecto alguno que sea distinto de la solicitud.

ARTÍCULO 310.-Solicitud del representante extranjero de que se abra un procedimiento con arreglo a esta Ley. Todo representante extranjero estará facultado para solicitar la apertura de un procedimiento con arreglo a esta ley si se cumplen las condiciones establecidas en ésta para la apertura de ese procedimiento.

ARTÍCULO 311.-Participación de un representante extranjero en un procedimiento abierto con arreglo a esta Ley. A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, el representante extranjero estará facultado para participar en todo procedimiento que se haya abierto respecto del deudor con arreglo a esta Ley.

ARTÍCULO 312.-Acceso de los acreedores extranjeros a un procedimiento seguido con arreglo a esta Ley. Los acreedores extranjeros gozarán de los mismos derechos que los acreedores nacionales respecto de la apertura de un Procedimiento Concursal y de la participación en él con arreglo a esta Ley.

Los acreedores extranjeros se sujetarán al orden de prelación de los créditos contenidos en el Título XLI, del Libro IV del Código Civil, en todos los Procedimientos Concursales abiertos con arreglo a la presente Ley.

ARTÍCULO 313.-Notificación a los acreedores en el extranjero con arreglo a esta Ley. Todas las notificaciones que deban practicarse conforme a este Título serán efectuadas en la forma y los plazos establecidos en esta Ley, salvo que el tribunal competente considere que alguna otra forma de notificación sea más adecuada de acuerdo a las circunstancias del caso.

Título 3. Del reconocimiento de un procedimiento extranjero y medidas que se pueden adoptar

ARTÍCULO 314.-Solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero.

1) El representante extranjero podrá solicitar ante el tribunal competente el reconocimiento del procedimiento extranjero en el que haya sido nombrado.

2) Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de:

a) Un copia autorizada de la resolución por la que se declare abierto el procedimiento extranjero y se nombre el representante extranjero; o

b) Un certificado expedido por el tribunal extranjero en el que se acredite la existencia del procedimiento extranjero y el nombramiento del representante extranjero; o

c) En ausencia de una prueba conforme a las letras a) y b), acompañada de cualquier otra prueba admisible por el tribunal competente de la existencia del procedimiento extranjero y del nombramiento del representante extranjero.

3) Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de una declaración en la que se indiquen debidamente los datos de todos los procedimientos extranjeros abiertos respecto del deudor de los que tenga conocimiento el representante extranjero.

El tribunal competente podrá exigir que todo documento presentado en apoyo de una solicitud de reconocimiento sea traducido al español.

Las resoluciones extranjeras a que se refiere el presente Título deberán acompañarse legalizadas de acuerdo al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, para su validez legal en Chile, como asimismo, las comunicaciones que realicen los distintos tribunales intervinientes en un proceso de insolvencia transfronteriza no deberán sujetarse a las normas de los exhortos internacionales, bastando la certificación que se haga en el proceso por el Secretario del tribunal competente, del hecho de la comunicación y su contenido.

Igualmente se deberá expresar el domicilio del deudor en Chile para que se le emplace con la solicitud de reconocimiento del procedimiento extranjero.

El procedimiento se tramitará como incidente entre el representante extranjero y el deudor, con intervención, según sea el caso de los Administradores Concursales. En caso que el procedimiento en Chile se haya iniciado con anterioridad, se debe dar traslado a todos los intervinientes en él.

ARTÍCULO 315.-Presunciones relativas al reconocimiento.

1) Si la resolución o el certificado a que se hace referencia en el número 2 del artículo 314 indican que el procedimiento extranjero es un procedimiento en el sentido de la letra a) del artículo 301 y que el representante extranjero es una persona o un órgano en el sentido de la letra d) del artículo 301, el tribunal competente estará a lo señalado en el certificado o resolución acompañada.

2) Los documentos que sean presentados en apoyo de la solicitud de reconocimiento se entenderán auténticos si están legalizados con arreglo al artículo anterior.

3) Salvo prueba en contrario, se presumirá que el domicilio social del deudor o su residencia habitual, si se trata de una persona natural, es el centro de sus principales intereses.

ARTÍCULO 316.-Resolución de reconocimiento de un procedimiento extranjero.

1) Salvo lo dispuesto en el artículo 305, se otorgará reconocimiento a un procedimiento extranjero cuando:

a) El procedimiento extranjero sea un procedimiento en el sentido de la letra a) del artículo 301;

b) El representante extranjero que solicite el reconocimiento sea una persona o un órgano en el sentido de la letra d) del artículo 301;

c) La solicitud cumpla los requisitos del número 2, artículo 314, y

d) La solicitud haya sido presentada ante el tribunal competente conforme al artículo 303.

2) Se reconocerá el procedimiento extranjero:

a) Como procedimiento extranjero principal, si se está tramitando en el Estado donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses, o

b) Como procedimiento no principal, si el deudor tiene en el territorio del Estado del foro extranjero un establecimiento en el sentido de la letra f) del artículo 301.

3) Se dictará a la mayor brevedad posible la resolución relativa al reconocimiento de un procedimiento extranjero.

4) Lo dispuesto en el presente artículo y en los artículos 314, 315 y 317 no impedirá que se modifique o revoque el reconocimiento en caso de demostrarse la ausencia parcial o total de los motivos por los que se otorgó, o que esos motivos han dejado de existir.

ARTÍCULO 317.-Información subsiguiente. A partir del momento en que se presente la solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero, el representante extranjero informará sin demora al tribunal competente de:

a) Todo cambio importante en la situación del procedimiento extranjero reconocido o en el nombramiento del representante extranjero, y

b) Todo otro procedimiento extranjero que se siga respecto del mismo deudor y del que tenga conocimiento el representante extranjero.

ARTÍCULO 318.-Medidas que se pueden adoptar a partir de la solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero.

1) Desde la presentación de una solicitud de reconocimiento hasta que se resuelva dicha solicitud, el tribunal competente podrá, a instancia del representante extranjero y cuando las medidas sean necesarias y urgentes para proteger los bienes del deudor o los intereses de los acreedores, otorgar medidas provisionales, incluidas las siguientes:

a) Suspender toda medida de ejecución individual contra los bienes del deudor;

b) Encomendar al representante extranjero, o a alguna otra persona designado por el tribunal competente, la administración o la realización de todos o de parte de los bienes del deudor que se encuentren en el territorio del Estado de Chile, para proteger y preservar el valor de aquellos que, por su naturaleza o por circunstancias concurrentes, sean perecederos, expuestos a devaluación, o estén amenazados por cualquier otra causa, y

c) Aplicar cualquiera de las medidas previstas en las letras c, d y del número 1 del artículo 320.

2) Para los efectos del presente artículo será aplicable lo dispuesto en el artículo 313 anterior.

3) A menos que se prorroguen con arreglo a lo previsto en la letra f) del número 1 del artículo 320, las medidas adoptadas con arreglo al presente artículo quedarán sin efecto cuando se dicte una resolución sobre la solicitud de reconocimiento.

4) El tribunal competente podrá denegar toda medida prevista en el presente artículo cuando esa medida afecte al desarrollo de un procedimiento extranjero principal.

ARTÍCULO 319.-Efectos del reconocimiento de un procedimiento extranjero principal.

1) A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero que sea un procedimiento principal, y durante el período en que se tramite el referido procedimiento:

a) Se suspenderá el inicio o la continuación de todas las acciones o procedimientos individuales que se tramiten respecto de los bienes, derechos, obligaciones o responsabilidades del deudor.

b) Se suspenderá asimismo toda medida de ejecución contra los bienes del deudor, y

c) Se suspenderá todo derecho a transmitir o gravar los bienes del deudor, así como a disponer de algún otro modo de esos bienes.

2) El alcance, la modificación y la extinción de los efectos de suspensión tratados en el presente artículo estarán supeditados a lo establecido en la presente Ley.

3) La letra a) del número 1 del presente artículo no afectará al derecho de iniciar acciones o procedimientos individuales en la medida en que ello sea necesario para preservar un crédito contra el deudor.

4) Lo dispuesto en el número 1 del presente artículo no afectará el derecho a solicitar la apertura de un Procedimiento Concursal con arreglo a esta Ley o a verificar créditos en el procedimiento respectivo.

ARTÍCULO 320.-Medidas que se pueden adoptar a partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero.

1) Desde el reconocimiento de un procedimiento extranjero, ya sea principal o no principal, de ser necesario para proteger los bienes del deudor o los intereses de los acreedores, el tribunal competente podrá, a instancia del representante extranjero, dictaminar las medidas que procedan, incluidas las siguientes:

a) Suspender la iniciación o la continuación de acciones, ejecuciones o procedimientos individuales relativos a los bienes, derechos, obligaciones o responsabilidades del deudor, en cuanto no se hayan paralizado con arreglo a la letra a) del número 1 del artículo 319;

b) Suspender asimismo toda medida de ejecución contra los bienes del deudor, en cuanto no se haya paralizado con arreglo a la letra b) del número 1 artículo 319;

c) Suspender el ejercicio del derecho a transmitir o gravar los bienes del deudor, así como a disponer de esos bienes de algún otro modo, en cuanto no se haya suspendido ese derecho con arreglo a la letra c) del número 1 del artículo 319;

d) Disponer el examen de testigos, la presentación de pruebas o el suministro de información respecto de los bienes, negocios, derechos, obligaciones o responsabilidades del deudor;

e) Encomendar al representante extranjero o a alguna otra persona nombrada por el tribunal competente, la administración o la realización de todos o de parte de los bienes del deudor, que se encuentren en territorio chileno;

f) Prorrogar toda medida cautelar otorgada con arreglo al número 1 del artículo 318, y

g) Conceder cualquier otra medida que, conforme a esta Ley, sea otorgable al administrador concursal.

2) A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, principal o no principal, el tribunal competente podrá, a instancia del representante extranjero, encomendar al representante extranjero, a otra persona nombrado por el tribunal competente, la distribución de todos o de parte de los bienes del deudor que se encuentren en el territorio chileno, siempre que el tribunal competente se asegure de que los intereses de los acreedores en el Estado de Chile están suficientemente protegidos.

3) Al adoptar medidas con arreglo a este artículo a favor del representante de un procedimiento extranjero no principal, el tribunal competente deberá asegurarse de esas las medidas atañen a bienes que, con arreglo al derecho chileno, hayan de ser administrados en el marco del procedimiento extranjero no principal o que atañen a información requerida en ese procedimiento extranjero no principal.

ARTÍCULO 321.-Protección de los acreedores y de otras personas interesadas.

1) Al conceder o denegar una medida con arreglo a los artículos 318 o 320 o al modificarla o dejarla sin efecto con arreglo al número 3 del presente artículo, el tribunal competente deberá asegurarse de que quedan debidamente protegidos los intereses de los acreedores y de otras personas interesadas, incluido el deudor.

2) El tribunal competente podrá supeditar toda medida otorgada con arreglo a los artículos 318 o 320 a las condiciones que juzgue convenientes.

A instancia del representante extranjero o de toda persona afectada por alguna medida otorgada con arreglo a los artículos 318 o 320, o de oficio, el tribunal competente podrá modificar o dejar sin efecto la medida impugnada.

ARTÍCULO 322.-Acciones de impugnación de actos perjudiciales para los acreedores.

1) A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, el representante extranjero estará legitimado para entablar las acciones revocatorias concursales con arreglo a esta Ley, cuando correspondiere.

2) Cuando el procedimiento extranjero sea un procedimiento extranjero no principal, el tribunal competente deberá asegurarse de que la acción afecta a bienes que, con arreglo al derecho chileno, deban ser administrados en el marco del procedimiento extranjero no principal.

ARTÍCULO 323.-Intervención de un representante extranjero en procedimientos que se tramiten en el Estado de Chile. Desde el reconocimiento de un procedimiento extranjero, el representante extranjero podrá intervenir, conforme a las condiciones prescritas por esta Ley, en todo procedimiento en el que el deudor sea parte.

Título 4: De la cooperación con tribunales y representantes extranjeros

ARTÍCULO 324.-Cooperación y comunicación directa entre un tribunal chileno y los tribunales o representantes extranjeros.

1) En los asuntos indicados en el artículo 300, el tribunal competente deberá cooperar en la medida de lo posible con los tribunales extranjeros o los representantes extranjeros, ya sea directamente o por conducto de los administradores concursales.

2) El tribunal competente estará facultado para ponerse en comunicación directa con los tribunales o representantes extranjeros o para recabar información o asistencia directa de los mismos.

ARTÍCULO 325.-Cooperación y comunicación directa entre los administradores concursales y los representantes extranjeros.

1) En los asuntos indicados en el artículo 300, el administrador concursal, deberá cooperar en la medida de lo posible con los tribunales extranjeros o los representantes extranjeros ya sea directa o indirectamente.

2) El tribunal competente estará facultado para ponerse en comunicación directa con los tribunales o los representantes extranjeros para recabar información directa de ellos.

ARTÍCULO 326.-Formas de cooperación. La cooperación de la que se trata en los artículos 324 y 325 podrá ser puesta en práctica por cualquier medio apropiado, y en particular, mediante:

a) El nombramiento de una persona o de un órgano para que actúe bajo dirección o supervisión del tribunal competente;

b) La comunicación de información por cualquier medio que el tribunal competente considere oportuno;

c) La coordinación de la administración y supervisión de los bienes y negocios del deudor;

d) La aprobación o la aplicación por los tribunales competentes de los acuerdos relativos a la coordinación de los procedimientos, y

e) La coordinación de los procedimientos que se estén tramitando simultáneamente respecto de un mismo deudor.

Título 5. De los procedimientos paralelos

ARTÍCULO 327.-Apertura de un Procedimiento Concursal con arreglo a esta Ley tras el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal. Desde el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal, sólo se podrá iniciar un Procedimiento Concursal con arreglo a esta Ley, cuando el deudor tenga bienes en el Estado de Chile y los efectos de este Procedimiento Concursal se limitarán a los bienes del deudor que se encuentren en territorio nacional, y, en la medida requerida para la puesta en práctica de la cooperación y coordinación previstas en los artículos 324, 325 e 326, a otros bienes del deudor que, con arreglo a esta Ley, deban ser administrados en este procedimiento.

ARTÍCULO 328.-Coordinación de un Procedimiento Concursal seguido con arreglo a esta Ley y un procedimiento extranjero. Cuando se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo deudor un procedimiento extranjero y un Procedimiento Concursal con arreglo a esta Ley, el tribunal procurará colaborar y coordinar sus actuaciones con las del otro procedimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 324, 325 y 326 en los términos siguientes:

a) Cuando el Procedimiento Concursal tramitado en el Estado de Chile esté en curso en el momento de presentarse la solicitud de reconocimiento del procedimiento extranjero:

i. Toda medida otorgada con arreglo a los artículos 318 o 320 deberá ser compatible con el Procedimiento Concursal tramitado en el Estado de Chile, y

ii. De reconocerse el procedimiento extranjero en Chile como procedimiento extranjero principal, el artículo 319 no será aplicable;

b) Cuando el Procedimiento Concursal tramitado en el Estado de Chile se inicie tras el reconocimiento, o una vez presentada la solicitud de reconocimiento, del procedimiento extranjero:

i. Toda medida que estuviere en vigor con arreglo a los artículos 318 o 320 será reexaminada por el tribunal competente y modificada o revocada en caso de ser incompatible con el Procedimiento Concursal en Chile;

ii. De haberse reconocido el procedimiento extranjero como procedimiento extranjero principal, la suspensión de que se trata en el número 1 del artículo 318 será modificada o revocada con arreglo a los número 2 del artículo 318, en caso de ser incompatible con el Procedimiento Concursal iniciado en el Estado de Chile, y

iii. Al conceder, prorrogar o modificar una medida otorgada a un representante de un procedimiento extranjero no principal, el tribunal competente deberá asegurarse de que esa medida afecta a bienes que, con arreglo a esta Ley, deban ser administrados en el procedimiento extranjero no principal o concierne a información necesaria para ese procedimiento.

ARTÍCULO 329.-Coordinación de varios procedimientos extranjeros. En los casos contemplados en el artículo 300, cuando se tramite más de un procedimiento extranjero respecto de un mismo deudor, el tribunal competente procurará que haya cooperación y coordinación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 324, 325 e 326, y serán aplicables las siguientes reglas:

a) Toda medida otorgada con arreglo a los artículos 318 o 320 a un representante de un procedimiento extranjero no principal, una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, deberá ser compatible con este último;

b) Cuando un procedimiento extranjero principal sea reconocido tras el reconocimiento o una vez presentada la solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero no principal, toda medida que estuviera en vigor con arreglo a los artículos 318 o 320 deberá ser reexaminada por el tribunal competente y modificada o dejada sin efecto caso de ser incompatible con el procedimiento extranjero principal, y

c) Cuando una vez reconocido un procedimiento extranjero no principal, se otorgue reconocimiento a otro procedimiento extranjero no principal, el tribunal competente deberá conceder, modificar o dejar sin efecto toda medida que proceda para facilitar la coordinación de los procedimientos.

ARTÍCULO 330.-Regla de pago para procedimientos paralelos. Sin perjuicio de los titulares de créditos garantizados o de derechos reales, un acreedor que haya percibido un pago parcial respecto de su crédito en un procedimiento tramitado en un Estado extranjero con arreglo a una norma relativa a la insolvencia no podrá percibir un nuevo pago por ese mismo crédito en un Procedimiento Concursal que se tramite con arreglo a esta Ley respecto de ese mismo deudor, en tanto que el pago percibido por los demás acreedores de la misma categoría sea proporcionalmente inferior a la suma ya percibida por el acreedor.

IX. DE LA SUPERINTENDENCIA CONCURSAL

ARTÍCULO 331.-Naturaleza Jurídica. Créase una persona jurídica denominada Superintendencia Concursal, como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en adelante la Superintendencia.

La Superintendencia será una institución autónoma, de duración indefinida, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se regirá por esta Ley.

Su domicilio es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las direcciones regionales que pueda establecer el Superintendente en distintas ciudades del país.

La Superintendencia tendrá para todos los efectos legales el carácter de institución fiscalizadora, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley Nº 3.551 de 1981, y su legislación complementaria, y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.

ARTÍCULO 332.-Funciones. Corresponderá a la Superintendencia supervigilar y fiscalizar las actuaciones de los Veedores, Liquidadores, administrador de la continuación de las actividades económicas del deudor y asesores económicos de insolvencia.

Le corresponderá también supervigilar y fiscalizar a los Martilleros que se sometan voluntariamente al control de la Superintendencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 213 de esta Ley y, en general, a toda persona que por ley quede sujeta a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia.

Asimismo le corresponderá desempeñar las funciones que esta Ley le encomienda en el Capítulo V, así como las demás que se establezcan en otras leyes.

ARTÍCULO 333.-Patrimonio. El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por los bienes inmuebles y muebles que adquiera a cualquier título y, en especial, por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la ley de presupuestos de la Nación;

b) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios;

c) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

d) Los recursos que le entreguen otras leyes generales o especiales.

La Superintendencia estará sometida al decreto ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado y a sus disposiciones complementarias.

ARTÍCULO 334.-Superintendente. Un funcionario, con el título de Superintendente Concursal, es el Jefe Superior de la Superintendencia y su representante legal. Tendrá a su cargo el cumplimiento de las funciones y atribuciones que la ley le encomienda y las que correspondan a este organismo.

El Superintendente Concursal será nombrado por el Presidente de la República de conformidad con las normas del Sistema de Alta Dirección Pública de la ley 19.882.

El Superintendente Concursal será subrogado por el Jefe del Departamento de Fiscalización y, a falta de éste, por el Jefe del Departamento Jurídico.

El Superintendente Concursal podrá delegar parte de sus funciones y atribuciones en funcionarios de su dependencia.

ARTÍCULO 335.-Departamentos. El Superintendente determinará mediante resolución, los niveles internos que ejercerán las funciones que la ley encomienda a la Superintendencia, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

ARTÍCULO 336.-Régimen Estatutario. El personal de la Superintendencia se regirá por la presente Ley y supletoriamente por el D.F.L. N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, en todo lo que no sea contrario a ésta.

El personal que cumpla funciones profesionales y fiscalizadoras quedará afecto a la letra e) del artículo 162 del señalado Estatuto Administrativo.

Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal, tanto de carrera como a contrata, se podrá declarar la vacancia del cargo o el término del contrato en su caso, por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recepcionarán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado sobre Estatuto Administrativo.

ARTÍCULO 337.-Atribuciones y Deberes. Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

1) Fiscalizar las actuaciones de los Liquidadores, Veedores, Martilleros que se sometan voluntariamente al control de la Superintendencia en virtud de lo dispuesto en esta Ley, administrador de la continuación de las actividades económicas y asesores económicos de insolvencia, en adelante en conjunto como los “entes fiscalizados” o los “fiscalizados” en todos los Procedimientos Concursales y asesorías económicas de insolvencias, en todos los aspectos de su gestión, sean técnicos, jurídicos o financieros.

La facultad de fiscalizar comprende la de interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a los fiscalizados, sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales que corresponden a los tribunales competentes;

2) Examinar, cuando lo estime necesario, los libros, cuentas, archivos, documentos, contabilidad y bienes relativos a Procedimientos Concursales o asesorías económicas de insolvencias. La no exhibición o entrega de lo señalado en este inciso por parte del ente fiscalizado a la Superintendencia para su examen, se considerará falta grave para los efectos del número 6 de éste artículo.

Toda la documentación de los Procedimientos Concursales, del deudor, y los que se generen en el desarrollo de asesorías económicas de insolvencia, deberán ser conservadas por el ente fiscalizado hasta por un año después de encontrarse aprobada la Cuenta Final de Administración, o de entregado el expediente de asesoría económica de insolvencias si no hubiese tenido reparos.

El Superintendente Concursal podrá autorizar la eliminación de parte de este archivo antes de ese plazo y exigir que determinados documentos o libros se guarden por plazos mayores. Podrá, asimismo, facultar a los entes fiscalizados para conservar reproducciones mecánicas, fotográficas o digitales de esta documentación en reemplazo de los originales.

En ningún caso, podrán destruirse los libros o instrumentos que digan relación directa o indirecta con algún asunto o litigio pendiente.

El Superintendente podrá autorizar a los entes fiscalizados para devolver al deudor parte de sus libros y papeles antes del plazo señalado en el inciso segundo de este numeral. Lo dispuesto en este numeral, se entiende sin perjuicio de lo que disponga el tribunal competente;

3) Impartir a los Veedores, Liquidadores, administradores de la continuación de las actividades económicas, Martilleros que se sometan voluntariamente al control de la Superintendencia y asesores económicos de insolvencias, instrucciones de carácter obligatorio sobre las materias sometidas a su control y, en especial, fijar normas para la presentación de informes, estados de avance y cuentas provisorias o definitivas que deban presentar los fiscalizados;

4) Objetar las Cuentas Finales de Administración en conformidad a lo dispuesto en el Párrafo 2 del Título 3 del Capítulo II de esta Ley.

Asimismo, podrá actuar como parte en este procedimiento, cuando la objeción fuere promovida por los acreedores o el deudor;

5) Actuar como parte interviniente si lo estimare necesario, en los procesos criminales respecto de los delitos que cometiere el Veedor, Liquidador y demás entes fiscalizados, interponiendo la querella respectiva ante el Juez de Garantía Competente. Asimismo, denunciará ante el Ministerio Público, cualquier hecho que revista carácter de delito del que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones, proveyendo los antecedentes que obren en su poder.

6) Poner en conocimiento del tribunal de la causa o de la Junta de Acreedores cualquier infracción, falta o irregularidad que se observe en la conducta del ente fiscalizado, y proponer, si lo estima necesario, su remoción al juez de la causa o su revocación a la Junta de Acreedores, en el Procedimiento Concursal que se trate.

El tribunal a solicitud de la Superintendencia, conocerá de la petición de remoción a que se refiere el párrafo anterior, en la forma establecida para los incidentes, cuando los fiscalizados incurran;

a) En faltas reiteradas.

b) En faltas graves.

c) En el incumplimiento del pago de las multas señaladas en esta Ley.

d) En irregularidades en relación con su desempeño o si se encuentran en notoria insolvencia.

Se entenderá que se incurre en faltas reiteradas cuando dentro un mismo Procedimiento Concursal se incurra en dos o más faltas, sin consideración de su gravedad, habiendo sido sancionadas previamente en ambas. Asimismo se considerará que se incurre en falta reiterada cuando respecto de un mismo ente fiscalizado, se han aplicado en uno o en distintos Procedimientos Concursales seis o más sanciones en el plazo de tres años, sin consideración de su gravedad, siendo este último caso considerado una falta gravísima.

El tribunal, de oficio o a petición del Superintendente, suspenderá al ente fiscalizado mientras se tramita el incidente de remoción, cuando estime que se ha afectado o se puede afectar la adecuada administración del concurso o considere que hay presunciones graves de la existencia de las causales invocadas para la remoción.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier estado del Procedimiento Concursal, el juez de oficio podrá suspender al Veedor o Liquidador de sus funciones en él, cuando considere que los antecedentes lo ameritan.

Podrán intervenir como coadyuvantes el deudor y los acreedores individualmente.

Una vez a firme la remoción la Superintendencia podrá excluir al Veedor o Liquidador de la Nómina respectiva;

7) Informar a los tribunales de justicia y al Ministerio Público, cuando sea requerido por éstos o le soliciten informes periciales, en materias de su competencia;

8) Llevar los registros de Procedimientos Concursales, continuaciones de actividades económicas y asesorías económicas de insolvencias, los que tendrán carácter público, y extender las certificaciones y copias que procedan;

9) Asesorar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en materias de su competencia y proponer las reformas legales y reglamentarias que sea aconsejable introducir;

10) Recibir, dentro del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, las denuncias que los acreedores, el deudor, asesorado o terceros interesados formulen en contra del desempeño del ente fiscalizado, y

11) Llevar las nóminas de Veedores, Liquidadores, árbitros, martilleros, administradores de la continuación de las actividades económicas y asesores económicos de insolvencia en la forma que las leyes le ordenen y verificar el cumplimiento de los requisitos para que los referidos entes sujetos a su fiscalización se mantengan en las respectivas nóminas;

12) Desempeñar las demás funciones que le encomienden las leyes.

Para el cumplimiento de las funciones fiscalizadoras señaladas en este artículo, la Superintendencia tendrá las mismas facultades que el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil otorga a los funcionarios que señala, pudiendo retirar los expedientes judiciales sin más formalidad que las prescritas para los receptores.

ARTÍCULO 338.-Infracciones. Los entes fiscalizados que incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con Procedimientos Concursales o incumplieren las instrucciones, órdenes y normas que les imparta la Superintendencia, podrán ser objeto de censura por escrito, multa a beneficio fiscal de 1 hasta 1000 Unidades Tributarias Mensuales, suspensión hasta por seis meses para asumir en un nuevo Procedimiento Concursal o asesoría económica de insolvencia o la exclusión de la Nómina respectiva, y sin perjuicio de otras sanciones contenidas en esta Ley o en leyes especiales.

Para los efectos de la aplicación de las sanciones a que se refiere el inciso anterior, las infracciones administrativas se clasificarán como leves, graves y gravísimas, tal como se señala para las conductas descritas a continuación:

1) Leves:

a) El incumplimiento de plazos contenidos en instructivos o en instrucciones específicas de la Superintendencia.

b) La infracción a las demás obligaciones previstas en las normas de carácter general que haya dictado la Superintendencia y que no se consideren infracciones graves o gravísimas.

c) Incumplimiento de leyes, instructivos, circulares o instrucciones particulares emanadas de la Superintendencia, que no ocasionen perjuicio económico directo a la masa, al deudor o a terceros que tengan interés en el Procedimiento Concursal respectivo.

2) Graves: Incumplimiento de leyes, instructivos o circulares, que ocasionen perjuicio económico a la masa, al deudor o a terceros que tengan interés en el Procedimiento Concursal respectivo.

3) Gravísimas: Incumplimiento de leyes, debidamente representado por medio de instrucciones específicas de la Superintendencia y que ocasionen perjuicio económico a la masa, al deudor o a terceros que tengan interés en el Procedimiento Concursal respectivo.

La Superintendencia podrá determinar la gravedad de las infracciones administrativas no contenidas en los números precedentes.

Si la Superintendencia representa al ente fiscalizado, a través de un oficio de fiscalización, cualquier infracción, falta o irregularidad en su desempeño, el fiscalizado deberá acreditar la forma en que ha dado cumplimiento a sus obligaciones en conformidad a las leyes, reglamentos e instrucciones que le rigen. Cuando la Superintendencia denuncie al tribunal competente las infracciones, faltas o irregularidades referidas precedentemente se aplicará lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil.

ARTÍCULO 339.-Sanciones. Las infracciones calificadas en el artículo anterior serán sancionadas conforme a la escala siguiente:

a) Las infracciones leves serán sancionadas con censura por escrito o multa a beneficio fiscal de 1 a 50 Unidades Tributarias Mensuales.

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de 51 hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales o suspensión hasta por seis meses para asumir en un nuevo Procedimiento Concursal.

c) Las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de 101 hasta 1000 Unidades Tributarias Mensuales, suspensión hasta por seis meses para asumir en un nuevo Procedimiento Concursal o asesoría económica de insolvencia, o la exclusión de la respectiva Nómina.

La multa específica se determinará apreciando fundadamente la gravedad de la infracción y el perjuicio causado a la masa, al deudor o a terceros que tengan interés en el Procedimiento Concursal respectivo.

ARTÍCULO 340.-Procedimiento. Las sanciones serán impuestas por resolución del Superintendente, de conformidad a lo dispuesto en esta ley.

Toda sanción aplicada por la Superintendencia deberá fundarse en un procedimiento que se iniciará con la formulación precisa de las infracciones y su notificación al ente fiscalizado infractor para que presente sus descargos. El plazo conferido para presentar los descargos no podrá ser inferior a diez días.

La Superintendencia dará lugar a las medidas probatorias que solicite el infractor en sus descargos, o las rechazará fundadamente.

La resolución que se dicte en definitiva deberá pronunciarse sobre las alegaciones y defensas del infractor y contendrá la declaración de la sanción impuesta si correspondiente. El pronunciamiento anterior se hará dentro de los treinta días de evacuada la última diligencia ordenada en el expediente.

El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será a beneficio fiscal y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución respectiva.

El pago de toda multa aplicada de conformidad a este Título deberá ser acreditado ante la Superintendencia, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta debió ser pagada.

La resolución que aplique la multa tiene mérito ejecutivo para su cobro. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley en relación a la ejecución de la boleta de garantía por incumplimiento del pago de multa administrativa.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia en conformidad a la ley, devengará los reajustes e intereses establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Declarada judicialmente la improcedencia total o parcial de la multa, la Superintendencia o el órgano jurisdiccional respectivo, según corresponda, deberá ordenar su devolución por la Tesorería General de la República, debidamente reajustada en la forma que señalan los artículos 57 y 58 del Código Tributario

ARTÍCULO 341.-Recursos. Contra las resoluciones de la Superintendencia que apliquen sanciones, se podrá interponer un recurso de reposición administrativo, en el plazo de cinco días hábiles contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución. La Superintendencia dispondrá de diez días hábiles para resolver.

Los entes fiscalizados podrán reclamar contra la resolución de la Superintendencia que rechace la reposición, dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante.

Las resoluciones que impongan sanciones serán siempre reclamables y no serán exigibles mientras no esté vencido el plazo para interponer la reclamación, o ésta no haya sido resuelta.

La Corte de Apelaciones dará traslado de la reclamación a la Superintendencia, que se notificará por carta certificada, y ésta dispondrá del plazo de diez días hábiles contado desde que se notifique la reclamación interpuesta, para formular observaciones.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte dictará sentencia en término de treinta días sin ulterior recurso. En caso de no acogerse el reclamo, el monto de la consignación se entenderá abonado al pago de la multa y, en caso de acogerse, regirá lo dispuesto en el inciso final del artículo anterior.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno.

ARTÍCULO 342.-Prescripción. Las infracciones que pudieren cometer los entes fiscalizados en el ejercicio de sus funciones prescribirán en el plazo de tres años contados desde la comisión del hecho constitutivo de infracción.

ARTÍCULO 343.-Notificaciones. Las notificaciones que practique la Superintendencia conforme a este capítulo, se efectuarán conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.880, sin perjuicio de las otras formas de notificación contenidas en esta Ley.

X. MODIFICACIÓN A OTRAS LEYES ESPECIALES

ARTÍCULO 344.-Derógase la ley N° 18.175.

ARTÍCULO 345.-Modifícase del Código Penal en el siguiente sentido:

1) Reemplázanse, en el inciso final del artículo 48, las expresiones “concurso o quiebra”, por las expresiones “un procedimiento concursal”.

2) Sustitúyese el nombre del Párrafo “7. De las defraudaciones” del Título IX del Libro Segundo por “7. De los Delitos Concursales y de las defraudaciones”.

3) Incorpóranse los siguientes artículos 463, 463 A, 463 B, 463 C, 464, 464 A, 645 y 465 A, nuevos:

“Artículo 463: El deudor que en perjuicio de sus acreedores, dentro de los dos años anteriores a la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación a que se refiere el capítulo IV de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, ejecutare cualquier acto real o simulado, que disminuya su activo o aumente su pasivo, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo.

Artículo 463 A: Las mismas penas establecidas en el artículo precedente se impondrán al deudor que en perjuicio de sus acreedores realizare alguna de las siguientes conductas:

1° Si dentro de los dos años anteriores a la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de reorganización a que se refiere el capítulo III de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, o de liquidación, respectivamente, o durante el procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, ocultare total o parcialmente sus bienes o sus haberes;

2° Si después de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, hubiere percibido y aplicado a sus propios usos o de terceros, bienes que deban ser objeto del procedimiento concursal de liquidación, y

3° Si después de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, realizare actos de disposición de bienes de su patrimonio, reales o simulados o si constituyere prenda, hipoteca u otro gravamen sobre los mismos.

Artículo 463 B: El deudor que en perjuicio de sus acreedores, fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurriere en alguna de las siguientes conductas, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo:

1º Si durante el procedimiento concursal de reorganización, aplicare a usos propios o ajenos bienes que deben destinarse al pago de los acreedores;

2° Si dentro de los dos años anteriores a la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, o durante el procedimiento concursal de reorganización o liquidación, comprometiere en sus propios negocios bienes o valores que hubiere recibido en depósito, comisión o administración o en el desempeño de un cargo de confianza;

3° Si durante el procedimiento concursal de reorganización o liquidación proporcionare información o antecedentes maliciosamente falsos o incompletos, en términos de que no reflejen la verdadera situación de su activo y su pasivo, al veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, respectivamente, o si los suministrare a sus acreedores con motivo de alguno de dichos procedimientos, y

4° Si no llevare o no conservare los libros de contabilidad y sus respaldos exigidos por la ley o si los ocultare, los inutilizare o falseare de tal suerte que no manifiesten la verdadera situación de su activo y pasivo.

Artículo 463 C: Los gerentes, directores, administradores de hecho o de derecho, factores o representantes del deudor respecto del cual se hubiere iniciado un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, serán castigados como autores de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 A y 463 B anteriores, si en la dirección de los negocios del deudor y con conocimiento de la situación de éstos, hubieren ejecutado en perjuicio de sus acreedores, alguno de los actos o incurrido en alguna de las omisiones allí señaladas, o hayan inducido o forzado a otro a hacerlo, o cuando hubieren autorizado expresamente dichos actos u omisiones.

Artículo 464: Será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con la accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo, el veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de reorganización o liquidación, que realice individualmente o concertado con un deudor o con un tercero alguna de las siguientes conductas:

1° Si se apropiare de bienes del deudor que deban ser objeto de un procedimiento concursal de reorganización o liquidación, y

2° Si defraudare a los acreedores, alterando en sus cuentas los valores obtenidos en el procedimiento concursal de reorganización o liquidación, suponiendo gastos o exagerando los que hubiere hecho.

Artículo 464 A: El que fuera de los casos previstos en el artículo 463 C anterior, fuerce o induzca al deudor a realizar alguna de las conductas previstas en este Título o colabore con éste en la ejecución de las mismas, será castigado como autor del delito respectivo, salvo que el hecho constituya otro delito sancionado con una pena mayor.

La sentencia que condene las conductas señaladas en el inciso primero dispondrá además la pérdida de cualquier derecho que tenga el condenado en la masa de bienes del deudor sujeto a un procedimiento concursal de liquidación, la obligación de reintegrar los bienes, derechos y acciones que hubieren salido o no ingresado a la misma, en su caso. El pago de los perjuicios irrogados a la masa se regirá por las reglas generales en esta materia.

Si quien realizare alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior fuere el veedor o liquidador designado en los procedimientos de reorganización o liquidación, será sancionado con las penas que los artículos 463, 463 A y 463 B establecen para el deudor y con la accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo de veedor o liquidador, en su caso.

Artículo 465: La persecución penal sólo podrá iniciarse por denuncia formulada por el veedor o por el liquidador, o mediante querella deducida por cualquier acreedor que haya verificado su crédito si se tratare de un procedimiento concursal de liquidación, lo que se acreditará con copia autorizada del respectivo escrito y su proveído. En el caso de un procedimiento concursal de reorganización, podrá querellarse todo acreedor que figure en la nómina de créditos reconocidos establecido en el artículo 71 del capítulo III de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. Si no se hubiere presentado denuncia o no se ejercitare la acción penal, pero hubiere mérito para que se investiguen estos hechos, la Superintendencia Concursal los denunciará al Ministerio Público, acompañando los antecedentes que obraren en su poder.

Si se tratare de delitos que se imputan al liquidador o al veedor, podrá también iniciarse la persecución penal mediante denuncia o querella de la Superintendencia Concursal, conforme lo dispone el capítulo IX de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, entendiéndose que para estos efectos se cumple con la exigencia del inciso tercero del artículo 111 del Código Procesal Penal.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no obsta a la facultad del Ministerio Público para iniciar de oficio la investigación criminal.

Si procedieren acuerdos reparatorios de conformidad al artículo 241 y siguientes del Código Procesal Penal, el veedor o liquidador que intervenga en el procedimiento actuará en interés general de la masa.

En consecuencia, los términos de esos acuerdos deberán ser aprobados por la junta de acreedores respectiva y las prestaciones que deriven de ellos, beneficiarán a todos los acreedores, a prorrata de sus respectivos créditos, sin distinguir para ello la clase o categoría de los mismos.

Si el fiscal del Ministerio Público promoviere la suspensión condicional del procedimiento respecto del deudor y ello fuere procedente de conformidad al artículo 237 y siguientes del Código Procesal Penal, considerará especialmente el interés general de los acreedores, debiendo imponerse al menos en ese caso la condición establecida en la letra e) del artículo 238 del referido Código, prestación que deberá beneficiar a los acreedores a prorrata de sus respectivos créditos, sin distinguir para ello la clase o categoría de los mismos.

Artículo 465 A: Las disposiciones contenidas en los artículos anteriores del presente Párrafo sólo se aplicarán al deudor señalado en el número 11 del artículo 2 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. La Persona Deudora definida en el número 23 del artículo 2 de la misma ley, quedará sujeta a las demás disposiciones aplicables del Código Penal.”

4) En el artículo 466, reemplázase la frase “El deudor no dedicado al comercio” por “La persona deudora en los términos de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 346.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil:

1) Reemplázase el número 1° del artículo 1496, por el siguiente:

“1°. Al deudor que tenga dicha calidad en un procedimiento concursal de liquidación, o se encuentre en notoria insolvencia y no tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de reorganización;”.

2) Sustitúyese, en el número 2° del artículo 1617, la expresión “quiebra fraudulenta”, por la frase “cualquiera de los delitos señalados en el Párrafo 7 del Título IX del Libro Segundo del Código Penal”.

3) Reemplázase el número 6° del artículo 2163, por el siguiente:

“6°. Por tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, el mandante o el mandatario;”.

4) Reemplázase el número 4 del artículo 2472, por el siguiente.

“4. Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del deudor, los gastos de administración del procedimiento concursal de liquidación, de realización del activo y los préstamos contratados por el liquidador para los efectos mencionados.”.

ARTÍCULO 347.Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Comercio:

1) Reemplázase, en el artículo 42, la expresión “quiebra”, por la expresión “procedimiento concursal de liquidación”.

2) Derógase el artículo 64.

3) Suprímese, en el inciso segundo del artículo 251, la frase “y en caso de quiebra será tratado como fallido fraudulento” y la coma (,) que le antecede.

4) Sustitúyese, en el artículo 287, la frase “de la quiebra del comitente” por la frase “en que el comitente tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

5) Reemplázase, en el artículo 300, la frase “de la quiebra del comitente” por la frase “en que el comitente tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

6) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 321, la frase “Ocurriendo la quiebra del asegurador,” por la frase “Teniendo el asegurador la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

7) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 380, la frase “en la quiebra”, por la frase “al procedimiento concursal de liquidación”.

8) Reemplázase, en el artículo 422, las expresiones “se encuentra en quiebra” por las expresiones “tiene la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

9) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 559:

a) Sustitúyese la frase “Declarada la quiebra” por “Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “si ocurriere la quiebra”, por la frase “si se dictase la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

c) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “si el fallido o el administrador de la quiebra”, por la frase “si el deudor en el procedimiento de concursal de liquidación o el liquidador”.

10) Reemplázanse, en el inciso segundo del artículo 611, las expresiones “la quiebra”, por las expresiones “la dictación de la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

11) Sustitúyese, en el artículo 1034, la frase “juicios de quiebras”, por la frase “procedimientos concursales de liquidación”.

12) Reemplázase, en el artículo 1215 la expresión “Ley de Quiebras” por la expresión “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”, y la expresión “síndicos” por “liquidadores”.

13) Reemplázase, en el artículo 1226 la expresión “Ley de Quiebras” por la expresión “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

14) Derógase el Libro IV.

ARTÍCULO 348.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Civil:

1) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 93:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “quiebra”, por las expresiones “procedimiento concursal de liquidación”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, las expresiones “Ley de Quiebras”, por las expresiones “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

2) Sustitúyese, en el artículo 157, las expresiones “juicios de quiebra”, por las expresiones “procedimientos concursales de liquidación”.

3) Reemplázase el inciso tercero del artículo 492 por el siguiente:

“Si se ha dictado la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal que incluyan los bienes del poseedor de la finca o que éste haya sido objeto de un procedimiento concursal de liquidación, se estará a lo prescrito en el artículo 2.477 de dicho Código.”.

ARTÍCULO 349.-Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales:

1) Sustitúyese el número 2° del artículo 131 por el siguiente:

“2° Todas las cuestiones relativas a procedimientos concursales de liquidación o de reorganización entre el deudor y los acreedores.”.

2) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 133, las expresiones “juicio de quiebra”, por las expresiones “procedimiento concursal de liquidación”.

3) Sustitúyense, en el artículo 154, las oraciones “en materia de quiebras, cesiones de bienes y convenios entre deudores y acreedores el del lugar en que el fallido o deudor tuviere su domicilio”, por las oraciones “en materia de procedimientos concursales entre deudores y acreedores el del lugar en que el deudor tuviere su domicilio”.

4) Reemplázase, en el número 3 del artículo 195, la frase “síndico de alguna quiebra” por la frase “veedor o liquidador de un procedimiento concursal”.

ARTÍCULO 350.-Reemplázase la letra b) del artículo 183-M del Código del Trabajo, por la siguiente:

“b) por tener la calidad de deudora la empresa de servicios transitorios en un procedimiento concursal de liquidación, salvo que se decrete la continuidad de sus actividades económicas.”.

ARTÍCULO 351.-Incorpóranse las siguientes modificaciones al Decreto Ley N° 830, sobre Código Tributario:

1) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 24, la frase “En el caso de quiebra del contribuyente”, por la oración “En caso que el contribuyente se encuentre en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor”, y la expresión “fallido” por “deudor”.

2) Sustitúyese, en el artículo 91, la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”, y las expresiones “declaratoria de quiebra”, por las expresiones “dictación de la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 352.-Reemplázase, en el artículo 230 del Código de Minería, las expresiones “las quiebras”, por las expresiones “los procedimientos concursales de liquidación”.

ARTÍCULO 353.-Reemplázase, en el artículo 59 del Decreto Supremo N° 606 de 1944, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Aprueba el Texto Refundido de las leyes N° 6.037 y N° 7.759, sobre la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, la expresión “quiebra”, por la frase “un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 354.-Sustitúyese, en el número 4 del artículo 12 bis del Decreto con Fuerza de Ley N° 153 de 1960, del Ministerio de Hacienda, que Crea la Empresa Nacional de Minería, las oraciones “las que sean declaradas fallidas o que sean administradoras o representantes legales de personas fallidas que sean acusadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras, en tanto se mantenga esa calidad”, por las oraciones “las que tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o sean administradores o representantes legales de deudores, formalizados por delitos concursales establecidos en el Código Penal, mientras se mantenga dicha situación”.

ARTÍCULO 355.-Reemplázase, en el inciso final del artículo 16 de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo Texto Refundido fue fijado por el Decreto Supremo N° 2.421 de 1964, del Ministerio de Hacienda, la expresión “Sindicatura General de Quiebras” por “Superintendencia Concursal”.

ARTÍCULO 356.-Elimínase, en el artículo 57 de la Ley 16.391, que Crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, la expresión “ y, por tanto, para los efectos del artículo 61 de la Ley de Quiebras,”.

ARTÍCULO 357.-Reemplázase, en el artículo 19 del Decreto con Fuerza de Ley N° 163 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Fija el Texto de la Ley 10.383, de 8 de Agosto de 1952, Refundido con el de sus Modificaciones, inclusive las Contenidas en la Ley 16.840, de 24 de mayo de 1968, la frase “si cayeren en quiebra”, por la frase “si tuvieren la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 358.-Reemplázase, en la letra a) del artículo 8 A del Decreto Ley N° 1.350 de 1976, del Ministerio de Minería, de que crea la Corporación Nacional del Cobre de Chile, las oraciones “ni haber sido declarado fallido, ni haber sido administrador o representante legal de personas fallidas condenadas por delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 232 y 233 del Libro IV del Código de Comercio”, por las oraciones “ni tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, ni haber sido administrador o representante legal de deudores condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

ARTÍCULO 359.-Modifícase, en el inciso final del artículo 4° del Decreto Ley 1.328, de 1976, sobre Administración de Fondos Mutuos, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo N° 1.019 de 1979, del Ministerio de Hacienda, la frase “Declarada la quiebra” por la frase “Dictada la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”; y la oración “síndico con todas las facultades que al efecto confiere a los síndicos el Libro IV del Código de Comercio”, por “liquidador con todas las facultades que al efecto confiere a los liquidadores la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 360.-Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 62 C, del Decreto Ley N° 1.939 de 1977, del Ministerio de Bienes Nacionales, que Dicta Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, la oración “del artículo 200, números 1 a 5 de la ley 18.175, sobre Quiebras”, por “del veedor cuando actúa como interventor conforme a lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 361.-Derógase la letra d) del artículo 3° del Decreto Ley N° 3.346 de 1980, del Ministerio de Justicia, que Fija el Texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia.

ARTÍCULO 362.-Introducénse las siguientes modificaciones al Decreto Ley N° 3.500 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Establece Nuevo Sistema de Pensiones:

1) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 24 A:

a) Reemplázase el requisito i) de la letra d) por el siguiente:

“i) Deudor en procedimiento concursal de liquidación vigente;”.

b) Sustitúyese, en el requisito ii) de la letra d), la expresión “quiebra” por las expresiones “procedimiento concursal de liquidación”.

2) Reemplázase, en el inciso final del artículo 34, la frase “En caso de quiebra de la Administradora” por la oración “En caso que la Administradora tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

3) Sustitúyese, en el inciso final del artículo 42, la frase “Producida la disolución o quiebra”, por la oración “Producida la disolución o liquidación concursal”.

4) Reemplázase, en el inciso final del artículo 59, la frase “En caso de quiebra o disolución de la Administradora”, por la frase “En caso que la Administradora tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o sea disuelta”.

5) Sustitúyese, en el inciso final del artículo 59 bis, la oración “En caso de quiebra de alguna de las compañías de seguros adjudicatarias de la licitación”, por las oraciones “En caso de disolución o liquidación concursal en los términos de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas de alguna de las compañías de seguros adjudicatarias de la licitación”, y sustitúyase la expresión “quiebra” por las expresiones “liquidación concursal”.

6) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 82:

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “declaratoria de quiebra de una Compañía de Seguros”, por la oración “la dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento de liquidación de una Compañía de Seguros”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “declaratoria de quiebra” por la oración “la dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento de liquidación”.

c) Reemplázase, en el inciso séptimo, la frase “declaratoria de quiebra” por “la dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

d) Sustitúyese, en el inciso octavo, la expresión “fallida” por la frase “Compañía de Seguros que tenga la calidad de deudora en un procedimiento concursal de liquidación”.

7) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el número 18 del artículo 94.

a) Reemplázase, en la letra f), las expresiones “Solicitud de quiebra”, por las expresiones “Solicitud de inicio de procedimiento concursal de liquidación”.

b) Sustitúyense, en la letra g), las expresiones “Declaración de quiebra” por la oración “Dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

8) Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 145:

a) Reemplázanse en el inciso primero la palabra “quiebra” por las expresiones “apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la expresión “de la quiebra” por la frase “del procedimiento concursal de liquidación”.

9) Sustitúyese, en la letra c) del artículo 165, la frase “o se le solicite o se declare su quiebra” por “o cuando se le solicite o se declare la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

10) Reemplázase la letra b) del inciso tercero del artículo 174 por la siguiente: “b) Los que tengan actualmente la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, y quienes tengan prohibición de comercial, y”

ARTÍCULO 363.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores:

1) Reemplázase la letra h) del artículo 26 por la siguiente:

“h) no tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación.”.

2) Sustitúyese la letra e) del artículo 46 por la siguiente:

“e) No tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o de reorganización.”.

3) Derógase el artículo 62.

4) Reemplázase, en el artículo 67, la frase “En caso de quiebra de un emisor de valores”, por la oración “En caso de que un emisor de valores tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”; y reemplázase la frase “será aplicable el artículo 76 de la Ley de Quiebras”, por la frase “será aplicable lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

5) Sustitúyese, en el inciso cuarto del artículo 107, la oración “quiebra del emisor o en convenio judiciales o extrajudiciales relacionados con ésta o en su eventual ocurrencia”, por la oración “dictación de la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación”.

6) Reemplázase, en el inciso séptimo del artículo 114, la frase “En caso de quiebra del emisor”, por la frase “En caso que un emisor de valores tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”; sustitúyese la expresión “fallido”, por la expresión “deudor”; sustitúyese la expresión “de la quiebra”, por la expresión “del procedimiento concursal de liquidación”; y reemplázase la frase “la ley 18.175, especialmente en su artículo 149”, por la frase “el artículo 135 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

7) Sustitúyese, en el inciso cuarto del artículo 120, la oración “la petición de declaración de quiebra del emisor, la presentación de convenios extrajudiciales y judiciales preventivos”, por la oración “la solicitud de apertura de un procedimiento concursal de liquidación o de reorganización”.

8) Reemplázase, en el inciso quinto del artículo 138, la frase “y en caso de declararse la quiebra de la sociedad”; por la frase “y en caso que la sociedad tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

9) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 146:

a) Sustitúyese el inciso primero del artículo 146 por el siguiente:

“En el caso que la sociedad tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, dicho procedimiento sólo afectará su patrimonio común y no generará un procedimiento concursal de liquidación para los patrimonios separados que haya constituido.”.

b) Reemplázanse, en el inciso segundo, las expresiones “declarado en quiebra”, por las expresiones “objeto de un procedimiento concursal de liquidación” y reemplázase la frase “a la quiebra” por “al procedimiento concursal de liquidación”.

c ) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión “La quiebra” por “La calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”, y reemplázase la expresión “la quiebra” por “la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

d) Reemplázanse, en el inciso cuarto, las expresiones “Cuando la sociedad fuere declarada en quiebra”, por la oración “En el caso de que la sociedad emisora y su patrimonio común se encuentren en procedimiento concursal de liquidación”.

e) Sustitúyese, en el inciso quinto, la frase “declare la quiebra de la sociedad”, por la frase “decrete la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

10) Modifícase, en el inciso final del artículo 147, la expresión “por quiebra de la sociedad securitizadora”, por la expresión “en el caso que la sociedad securitizadora tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 364.-Incorpóranse las siguientes modificaciones en la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas:

1) Sustitúyese, en el artículo 29, la frase “En caso de quiebra de la sociedad”, por la oración “En caso que la sociedad tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”; y modifícase la frase “el artículo 76 de la Ley de Quiebras”, por la frase “el artículo 273 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

2) Reemplázase, en el número 3) del artículo 35, la frase “y los fallidos o los administradores o representantes legales de personas fallidas condenadas por delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras”, por la frase “y aquellos que tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación personalmente o como administradores o representantes legales, o que hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

3) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 69, la frase “en caso de haberse declarado la quiebra de la sociedad”, por la frase “en el caso de que la sociedad tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”; y sustitúyese la frase “convenio aprobado de acuerdo al Título XII de la Ley de Quiebras”, por la oración “acuerdo de reorganización aprobado conforme a lo establecido en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

4) Sustitúyese el Título X por el siguiente:

“TITULO X

Del procedimiento concursal de liquidación, de la disolución y de la liquidación”

5) Modifícase el artículo 101, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “que ha sido declarada en quiebra por resolución ejecutoriada” por “respecto de la cual ha sido declarada la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

b) Reemplázase en el inciso tercero la expresión “la quiebra” por “la apertura de un procedimiento concursal respecto” y la frase “la declaratoria posterior de quiebra” por la frase “la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

6) Reemplázase, en el encabezado del artículo 102, la frase “Para los efectos del artículo 203 de la Ley de Quiebras”, por la oración “Si el deudor hubiere agravado el mal estado de sus negocios en forma que haga temer un perjuicio a los acreedores, podrá ser sometido a una intervención más estricta que la pactada o resolverse el acuerdo de reorganización, por su incumplimiento de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y siguientes de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”; y sustitúyese la expresión “fallida”, por la expresión “deudora”.

7) Reemplázase, en el artículo 105, la frase “declaración de quiebra de la sociedad”, por la frase “declaración de apertura de un procedimiento concursal de liquidación de la sociedad”.

ARTÍCULO 365.-Reemplázase, en el artículo 57 de la Ley 18.092, que Dicta Nuevas Normas sobre Letra de Cambio y Pagaré y Deroga Disposiciones del Código de Comercio, la frase “en caso de quiebra de su portador”, por la oración “en caso de apertura de un procedimiento concursal de liquidación de su portador”.

ARTÍCULO 366.-Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 10 de 1982, del Ministerio de Trasporte y Telecomunicaciones, que Crea la Empresa Correos de Chile, en la forma que sigue:

1) Sustitúyese, en el número 3 del artículo 5°, las oraciones “ni haber sido declarado fallido o haber sido administrador o representante legal de personas fallidas, condenadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras”, por las oraciones “ni tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o haber sido administrador o representante legal de deudores, formalizados por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

2) Reemplázase, en el número 3 del artículo 8 bis, las oraciones “las que sean declaradas fallidas o se desempeñen como administradoras o representantes legales de personas fallidas, que sean acusadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras, en tanto mantenga esa calidad”, por las oraciones “las que tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o hayan sido administradores o representantes legales de deudores, formalizados por delitos concursales establecidos en el Código Penal, mientras se mantenga esa calidad”.

ARTÍCULO 367.-Sustitúyese, en el artículo 26 de la Ley 18.112, que Dicta Normas sobre Prendas Sin Desplazamiento, la frase “declaración de quiebra”, por “dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”, para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 42 de la ley N° 20.190.

ARTÍCULO 368.-Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 4° de la Ley 18.118, Sobre el Ejercicio de la Actividad de Martillero Público:

1) Reemplázase la letra c), por la siguiente:

“c) el deudor sometido a un procedimiento concursal de liquidación vigente.”.

2) Reemplázase la letra d), por la siguiente:

“d) el que tenga la calidad de deudor en un procedimiento de liquidación por su actividad de martillero.”.

ARTÍCULO 369.-Sustitúyese la letra c) del artículo 19 de la Ley 18.362, que Crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, por la siguiente:

“c) En caso que el concesionario tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o por incapacidad sobreviviente;”.

ARTÍCULO 370.-Reemplázase, en los incisos primero y cuarto del artículo 42 de la Ley 18.490, que Establece Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Circulación de Vehículos Motorizados, las expresiones “declaratoria de quiebra”, por las expresiones “dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”; y reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

ARTÍCULO 371.-Introdúcense en la Ley 18.690, Sobre Almacenes Generales de Depósito, las siguientes modificaciones:

1) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 14, la frase “en caso de concurso, quiebra o muerte del deudor”, por la frase “en caso de declarada la apertura de un procedimiento concursal o muerte del deudor”.

2) Sustitúyese, en la letra a) del artículo 30, la frase “declaradas en quiebra, han sido legalmente rehabilitadas”, por “el procedimiento concursal se encuentre terminado por sentencia firme”, precedido de una coma (,).

ARTÍCULO 372.-Sustitúyese, en la letra p) del artículo 7° de la Ley 18.755, que Establece Normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, deroga la ley N° 16.640 y otras disposiciones, la frase “convenios a que se refiere la Ley de Quiebras”, por la frase “acuerdos de reorganización a que se refiere la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 373.-Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Decreto con Fuerza de Ley N° 382 de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios:

1) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 32 bis:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “pronunciada la sentencia que declare la quiebra de una concesionaria”, por la frase “dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento de liquidación de una concesionaria”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la oración “Pronunciada la declaración de quiebra, el fallido quedará inhibido”, por la oración “Pronunciada la resolución que declara la apertura del procedimiento concursal de liquidación, el deudor quedará inhibido".

c) Sustitúyense, en el inciso cuarto, las expresiones “quiebra de un prestador”, por la oración “dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento de liquidación de un prestador”; y sustitúyese la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

2) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 32 bis A, la frase “desde que quede a firme la sentencia que declare la quiebra”, por la frase “desde que quede firme la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

3) Sustitúyese, en el artículo 32 bis B, la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”; reemplázanse las expresiones “juez de la quiebra”, por las expresiones “juez del procedimiento concursal de liquidación”; y sustitúyense las expresiones “Fiscal Nacional de Quiebras” por las expresiones “Superintendente Concursal”.

ARTÍCULO 374.-Reemplázase la letra c) del número 4.- del artículo 33 de la Ley N° 18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión, por la siguiente:

“c) resolución ejecutoriada que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación;”.

ARTÍCULO 375.-Sustitúyese, en la letra g) del artículo 5° de la Ley N° 18.910, que Sustituye la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, la frase “celebrar convenios a que se refiere la Ley de Quiebras”, por la oración “celebrar acuerdos de reorganización concursal a que se refiere la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 376.-Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 81 bis de la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por decretos supremo N° 430 de 1992, del Ministerio Economía, Fomento y Turismo:

1) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “de declaración de quiebra o presentación de convenio preventivo”, por la frase “en que se dicte la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal”.

2) Sustitúyese, en el inciso duodécimo, la frase “al Libro IV del Código de Comercio, denominado “De las Quiebras””, por la frase “a la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 377.-Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N° 19.220, que Regula Establecimiento de Bolsas de Productos Agropecuarios:

1) Sustitúyese la letra g) del artículo 7°, por la siguiente:

“g) No encontrarse en un procedimiento concursal de liquidación.”.

2) Reemplázase, en el inciso séptimo del artículo 20, la frase “y en caso de quiebra de ésta”, por la frase “y en caso de tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 378.-Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N.° 1 de 1993, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado:

1) Reemplázase, en la letra c) del inciso cuarto del artículo 4, las oraciones “ni haber sido declarado fallido o haber sido administrador o representante legal de personas fallidas condenadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras”, por las oraciones “ni tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o haber sido administrador o representante legal de deudores condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

2) Sustitúyese, en el número 4 del artículo 5°, las oraciones “las que sean declaradas fallidas o sean administradoras o representantes legales de personas fallidas, que sean acusadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras”, por las oraciones “las que tengan la calidad de deudores en un procedimiento concursal de liquidación o hayan sido administradores o representantes legales de deudores condenados por delitos relacionados con procedimientos concursales establecidos en el Código Penal”.

ARTÍCULO 379.-Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N° 19.281 de 1993, Establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa:

1) Reemplázase, en el inciso final del artículo 21, la oración “En caso de disolución o quiebra de una sociedad inmobiliaria que mantuviere viviendas con contratos de arrendamiento con promesa de compraventa”, por las oraciones “En caso que la sociedad inmobiliaria que mantuviere viviendas con contratos de arrendamiento con promesa de compraventa tuviere la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o fuere disuelta”; y suprímanse las expresiones “o síndicos, según corresponda”.

2) Sustitúyese, en el inciso final del artículo 25, la frase “y en caso de quiebra de”, por la frase “y en caso de tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

3) Reemplázase, en el número 5.- del artículo 35, la frase “Por quiebra del arrendatario promitente comprador”, por la oración “En caso de que el arrendatario promitente comprador fuere sometido a un procedimiento concursal de liquidación”; y reemplázase la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

4) Sustitúyese, en el inciso final del artículo 65, la frase “Declarada la quiebra”, por la oración “Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”; reemplázase la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”; y reemplázase la frase “ley N° 18.175, sobre Quiebras”, por la frase “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”; y reemplázase la expresión “fallida” por “empresa deudora en los términos de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 380.-Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 38 del Decreto con Fuerza de Ley N.° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo N° 900 de 1996, del Ministerio de Obras Públicas:

1) Reemplázase en el número 1 del artículo 16 la expresión “fallidos no rehabilitados” por la frase “aquellos que se encontraren actualmente sometidos a un procedimiento concursal de liquidación”

2) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 38:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “En caso de quiebra del concesionario”, por la oración “En caso que se declare la apertura del procedimiento concursal de liquidación del concesionario”; reemplázase la frase “continuación efectiva del giro”, por la frase “continuación de actividades económicas”; y sustitúyese la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

b) Sustitúyese, en el inciso cuarto, la frase “continuación efectiva del giro”, por la frase “continuación de actividades económicas”; y reemplázase la oración “En lo demás, se regulará por lo previsto en los artículos 112 y siguientes de la ley N° 18.175”, por la oración “En lo demás, se regulará por lo previsto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas respecto de la continuación de actividades económicas.”.

c) Sustitúyese, en el inciso quinto, las expresiones “en caso de quiebra”, por las expresiones “en caso de declararse la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”; y sustitúyese la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

3) Reemplázase en el número 1 del artículo 81 la expresión “del artículo 200 números 1 al 5 de la Ley N° 18.175 sobre Quiebras” por “del veedor cuando actúa como interventor conforme a lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

4) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 83:

a) Reemplázase en el número 1 la expresión “quiebra de la sociedad concesionaria” por “procedimiento concursal de liquidación de la sociedad concesionaria”; sustitúyese la expresión “en caso de quiebra del concesionario” por “en caso que el concesionario sea sometido a un procedimiento concursal de liquidación”; reemplácese la frase “continuación efectiva del giro” por “continuación definitiva de actividades económicas”;

b) Reemplázase en el número 4 la frase “en caso de declararse la quiebra del concesionario” por la frase “en caso que el concesionario sea sometido a un procedimiento concursal de liquidación”; Reemplácese la expresión “continuación del giro” por “continuación de actividades económicas”;

c) Reemplázase en el número 5 la frase “en caso de quiebra” por la frase “en caso que el concesionario sea sometido a un procedimiento concursal de liquidación”; y sustitúyese la expresión “síndico” por “liquidador”.

ARTÍCULO 381.-Elimínase del inciso segundo del artículo 7 de la Ley N° 19.491, que Regula el Funcionamiento de Administradoras de Recursos Financieros de Terceros Destinados a la Adquisición de Bienes, la frase “o un síndico de quiebras”.

ARTÍCULO 382.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 19.496, que Establece Normas de Protección de los Derechos de los Consumidores:

1) Sustitúyese la letra a) del artículo 10 por la siguiente:

“a) El que hubiere sido condenado por delitos concursales contenidos en el Código Penal.”.

2) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 21, la expresión “quiebra”, por las expresiones “por haber sido sometido a un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 383.-Modifícase, en la letra a) del artículo 22 de la Ley N° 19.518, que Fija Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, las frases ”los fallidos, o los administradores o representantes legales de personas fallidas condenadas por delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 232 y 233 de la Ley de Quiebras”, por las oraciones “aquellos que hayan sido condenados por delitos concursales contenidos en el Código Penal, por sí o por ser representantes de una empresa deudora en los términos de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas ”.

ARTÍCULO 384.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 3 de 1997, del Ministerio de Hacienda, que Fija el Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de Otros Cuerpos Legales que se indican:

1) Reemplázase, en el artículo 28, el requisito previsto en el literal i) de la letra d), por el siguiente: “i) Que se trate de un deudor en procedimiento concursal de liquidación vigente”; y reemplázase en el requisito previsto en el literal ii), la expresión “quiebra”, por las expresiones “procedimiento concursal de liquidación”.

2) Modifícase, en el artículo 90, la expresión “quiebra”, por las expresiones “declararse la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

3) Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 136 la frase “lo previsto en los incisos segundo y siguientes del artículo 69 del Libro IV del Código de Comercio” por la frase “lo previsto en los incisos segundo y siguientes del artículo 140 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

4) Sustitúyese el inciso final del artículo 124 por “Las normas de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas no se aplican a los convenios de que trata este párrafo”.

5) Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 136 la frase “artículo 69 del Libro IV del Código de Comercio” por “artículo 140 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 385.-Reemplázase, en la letra c) del inciso tercero del artículo 62 de la Ley N° 19.606, que Establece Incentivos para el Desarrollo Económico de las Regiones de Aysén y de Magallanes, y de la Provincia de Palena, la oración “siéndole aplicables las normas del artículo 200, números 1 al 5 de la Ley N° 18.175 sobre Quiebras”, por las oraciones “siéndole aplicables las normas del veedor cuando actúa como interventor conforme a lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”; reemplázase en el inciso séptimo la frase “En caso de quiebra del concesionario” por “En caso que se declare la apertura del procedimiento concursal de liquidación del concesionario”; y la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

ARTÍCULO 386.-Reemplázase en el artículo 14 del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2000, del Ministerio de Justicia, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N.° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, la frase “personas declaradas en quiebra o concurso”, por la frase “personas que tengan la calidad de deudoras en un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación vigente”.

ARTÍCULO 387.-Reemplázase en la letra i) del artículo 12 de la Ley 19.799 de 2002, Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma, la frase “el inicio de un procedimiento de quiebra”, por la frase “la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 388.-Incorpóranse las siguientes modificaciones en la Ley N° 19.857 de 2003, que Autoriza el Establecimiento de las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada:

1) Reemplázase la expresión “si la empresa fuere declarada en quiebra culpable o fraudulenta” por la frase “por haber sido condenado por delitos concursales contenidos en el Código Penal”

2) Reemplázase la letra d) del artículo 15 por “d) por dictarse la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación.”.

ARTÍCULO 389.-Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Decreto N° 236 de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba Bases Generales de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización:

1) Reemplázase en el inciso final del artículo 129, la oración “es declarado en quiebra y se aprueba su continuidad del giro conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la ley 18.175,” por las oraciones “tiene la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación y se aprueba la continuidad de sus actividades económicas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

2) Sustitúyese, en la letra b) del artículo 134, la frase “Por quiebra”, por la oración “Por encontrarse en procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 390.-Sustitúyese la letra d) del artículo 30 de la Ley N° 19.995, que Establece las Bases para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de los Casinos de Juego, por la siguiente:

“d) Por encontrarse sometido a un procedimiento concursal de liquidación.”.

ARTÍCULO 391.-Reemplázase, en la letra b) del inciso quinto del artículo 56 del decreto con fuerza de ley N° 30 de 2005, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda N.° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, las oraciones “o que hayan sido declaradas en quiebra a menos que, en este último caso, acrediten haber sido legalmente rehabilitadas. Tratándose de personas jurídicas regirá el mismo requisito señalado para caso de quiebra”, por las oraciones “o que tengan actualmente la calidad de deudoras en un procedimiento concursal de liquidación, a menos que se acredite el término del mismo, rigiendo el mismo requisito para personas jurídicas”.

ARTÍCULO 392.-Reemplázase la letra d) del artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio del Interior, que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, por la siguiente:

“d) No haber sido condenado por delitos concursales.”.

ARTÍCULO 393.-Incorpóranse las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N°1 de 2006, del Ministerio de Salud, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DL N.° 2.763, de 1979 y de las Leyes N.° 18.933 y N.° 18.469, en la forma que sigue:

1) Sustitúyese, en el inciso final del artículo 181, la frase “aún en caso de quiebra de la Institución”, por “aún en caso que la Institución se encuentre en procedimiento concursal de liquidación”; y suprímese las expresiones “de la quiebra”.

2) Reemplázase, en la letra e) del artículo 222, la frase “Cuando se declare la quiebra de la Institución”, por la oración “Cuando se dicte la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”; y reemplázase la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

3) Sustitúyese el número 3 del artículo 223 por el siguiente:

“3.- Por encontrarse en procedimiento concursal de liquidación.”.

4) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 226, la expresión “se encuentre declarada en quiebra”, por la expresión “se encuentre en procedimiento concursal de liquidación”; y sustitúyesela expresión “síndico de quiebra”, por la expresión “liquidador”.

ARTÍCULO 394.-Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 146 ter del Decreto con Fuerza de Ley N° 4 de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N.° 1, de Minería, de 1982, Ley General De Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica:

1) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “La quiebra”, por las expresiones “El procedimiento concursal de liquidación”; y reemplázase la frase “en el Libro IV del Código de Comercio, titulado “De las Quiebras”, por la frase “en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

2) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso segundo:

a) Reemplázase las expresiones “solicitud de quiebra”, por las expresiones “solicitud de declaración de procedimiento concursal de liquidación”.

b) Sustitúyese la frase “dentro de las veinticuatro horas siguientes, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 55 del Libro IV del Código de Comercio”, por la frase “a la brevedad posible, pudiendo hacerlo por sí, o encomendando a otro ministro de fe”.

c) Reemplázase el término “quiebra” por “liquidación concursal”.

d) Reemplázanse las expresiones “Superintendencia de Quiebras”, por las expresiones “Superintendencia Concursal”.

3) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso tercero:

a) Reemplázase la oración “la resolución que declare la quiebra ordenará la continuación efectiva del giro del fallido”, por la oración “la resolución que ordena la apertura del procedimiento de liquidación ordenará la continuación de las actividades económicas del deudor”.

b) Sustitúyese la frase “de la empresa declarada en quiebra que quedarán comprendidos en la continuación efectiva del giro”, por la frase “de la empresa en procedimiento concursal de liquidación que quedarán comprendidos en la continuación de actividades económicas del deudor”.

c) Reemplázanse las expresiones “continuación efectiva del giro del fallido”, “continuidad efectiva del giro” y “continuación efectiva del giro”, por “continuación definitiva de actividades económicas del deudor”, todas las veces que aparece en el texto.

d) Sustitúyese la oración “será resuelta por el juez de la quiebra según lo dispuesto en el artículo 5° del Libro IV del Código de Comercio”, por la oración “será resuelta por el juez del procedimiento concursal de liquidación según lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

4) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso cuarto:

a) Reemplázanse las expresiones “continuidad efectiva del giro” y “continuación efectiva del giro”, por las expresiones “continuación definitiva de actividades económicas”.

b) Reemplázase la expresión “síndico” por “liquidador”.

c) Sustitúyese la frase “las facultades que indica el artículo 207 del Libro IV del Código de Comercio”, por la oración “siéndole aplicables las normas del veedor cuando actúa como interventor conforme a lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

d) Reemplázase la frase “el inciso final del artículo 116 del Libro IV del Código de Comercio”, por la oración “la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas para los administradores de continuación de actividades económicas”.

5) Sustitúyese, en el inciso quinto, la expresión “síndicos” por “liquidadores”; y reemplázase la oración “los números 1 al 4 del artículo 17 o los numerales 1, 2 y 3 del artículo 24, ambos del Libro IV del Código de Comercio”, por la oración “los números 1 al 4 del artículo 17 o los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 21 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

6) Reemplázase, en el inciso sexto, la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”; la expresión “de la quiebra”, por las expresiones “del procedimiento concursal de liquidación”; y las expresiones “Superintendencia de Quiebras”, por las expresiones “Superintendencia Concursal”.

7) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso octavo:

a) Reemplázase las expresiones “continuación efectiva del giro”, por las expresiones “continuación de actividades económicas”.

b) Modifícase las expresiones “pasivo de la quiebra”, por la expresión “pasivo”.

c) Sustitúyese la frase “juez de la quiebra”, por la frase “juez del procedimiento concursal de liquidación”.

d) Reemplázase la expresión “quiebra” por “liquidación concursal”.

e) Reemplázase la frase “122 y siguientes del Libro IV del Código de Comercio” por la frase “207 y siguientes de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

f) Reemplázanse las oraciones “de la quiebra y, en su caso, con el voto favorable del fallido, pudiendo el síndico formular oposición fundada de acuerdo a lo dispuesto en el Título IX del Libro IV del Código de Comercio”; por las oraciones “del deudor y, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 216 y siguientes de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

8) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso noveno:

a) Reemplázase la mención a los artículos “124 y siguientes del Libro IV del Código de Comercio” por “216 y siguientes de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.”.

b) Reemplázase la mención al artículo “125 del Libro IV del Código de Comercio” por “216 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.”.

c) Reemplázase la frase “juez de la quiebra según lo dispuesto en el artículo 5° del Libro IV del Código de Comercio”; por la oración “juez del procedimiento concursal de liquidación, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

9) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso décimo:

a) Reemplázase la frase “en el artículo 124 del Libro IV del Código de Comercio”, por la frase “en el artículo 216 y siguientes de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

b) Sustitúyese la frase “normas pertinentes del Libro IV del Código de Comercio”, por la frase “normas pertinentes contenidas en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

10) Reemplázase, en el inciso undécimo, la expresión “la quiebra”, por las expresiones “el procedimiento concursal de liquidación”; las expresiones “solicitud de quiebra”, por la frase “solicitud de apertura del procedimiento concursal de liquidación”; y las expresiones “declaración de quiebra”, por las expresiones “resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 395.-Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 29 del la ley 18.591 que Establece Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de Personal:

1) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “hubieren sido declarados en quiebra” por la frase “tengan actualmente la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

2) Sustitúyese, la expresión “Síndico” por la expresión “liquidador” todas las veces que se menciona.

3) Reemplázase, en el inciso cuarto la expresión “fallido” por la expresión “deudor sometido a un procedimiento concursal de liquidación”.

4) Sustitúyese, en los incisos séptimo y noveno, la expresión “Síndicos” por la expresión “liquidadores”.

5) Sustitúyese, en los incisos séptimo y octavo, la frase “Ley de Quiebras” por la frase “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

6) Reemplázase, en el inciso octavo, el número “131” por el número “170”.

ARTÍCULO 396.-Incorpóranse el siguiente artículo 27 ter al Decreto Ley Nº 825, de 1974, Sobre Impuesto a las Ventas y Servicios:

“Artículo 27 Ter: Los contribuyentes gravados con los impuestos de los Títulos II y III de esta ley, que tengan la calidad de acreedores en un Procedimiento Concursal de Reorganización regido por la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, que hayan sido recargados en facturas pendientes de pago emitidas a deudores de un Acuerdo de Reorganización, podrán imputar el monto de dichos tributos a cualquier clase de impuestos fiscales, incluso de retención, y a los derechos, tasas y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas u optar porque éstos les sean rembolsados por la Tesorería General de la República. En el caso de que se hayan efectuado abonos a dichas deudas, la imputación o devolución, en su caso, sólo podrán hacerse valer sobre la parte no cubierta por los abonos, si la hubiera.

Los contribuyentes señalados en este artículo restituirán los impuestos correspondientes a contar del mes siguiente del período en que venza el plazo para que el deudor efectúe el pago de las sumas acordadas en el respectivo Acuerdo de Reorganización. De igual forma, deberán devolverse dichos tributos, cuando se haya efectuado una imputación u obtenido una devolución superior a la que corresponda y en el caso de término de giro de la empresa. No procederá, sin embargo, dicha restitución en caso que se declare el término o incumplimiento del Acuerdo de Reorganización, mediante resolución firme y ejecutoriada, dándose inicio a un Procedimiento Concursal de Liquidación, siempre que el respectivo contribuyente comunique dicha circunstancia al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que este determine, mediante resolución.

Para hacer efectiva la imputación a que se refieren los incisos anteriores, los contribuyentes deberán solicitar al Servicio de Tesorerías que se les emita un Certificado de Pago por una suma de hasta el monto de los créditos acumulados, expresados en unidades tributarias mensuales. Dicho certificado, que se extenderá en la forma y condiciones que fije el Servicio de Tesorerías, mediante resolución, será nominativo, intransferible a terceras personas y a la vista, y podrá fraccionarse en su valor para los efectos de realizar las diversas imputaciones que autoriza la presente disposición.

Para obtener la devolución de los impuestos recargados en las facturas pendientes de pago, los contribuyentes que opten por este procedimiento, deberán presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos, a fin de que éste verifique y certifique, en forma previa a la devolución por la Tesorería General de la República, que los respectivos tributos hayan sido declarados y enterados en arcas fiscales oportunamente, y que éstos se encuentran al día en el pago de sus obligaciones tributarias. El Servicio de Impuestos Internos deberá pronunciarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha en que reciba los antecedentes correspondientes. Si no lo hiciere al término de dicho plazo, la solicitud del contribuyente se entenderá aprobada y el Servicio de Tesorerías deberá proceder a la devolución del remanente de crédito fiscal que corresponda, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la fecha en que se le presente la copia de la referida solicitud debidamente timbrada por el Servicio de Impuestos Internos.

Para hacer uso del beneficio establecido en el presente artículo, el Acuerdo de Reorganización debe haber sido aprobado o autorizado mediante resolución firme y ejecutoriada. La Superintendencia Concursal remitirá al Servicio de Impuestos Internos, copia de los Acuerdos de Reorganización que se hallen en dicho estado, en la forma y plazo que dicha Superintendencia fije, mediante resolución.

Los contribuyentes que sean Personas Relacionadas con el deudor de un Acuerdo de Reorganización no podrán impetrar el derecho que establece el presente artículo.

La infracción consistente en utilizar cualquier procedimiento doloso encaminado a efectuar imputaciones y obtener devoluciones improcedentes o superiores a las que realmente corresponda, se sancionará en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del Nº 4 del artículo 97º del Código Tributario, según se trate de imputaciones o devoluciones.

La no devolución a arcas fiscales de las sumas imputadas o devueltas en exceso según lo previsto en el inciso segundo de este artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno de impuestos sujetos a retención o recargo, aplicándose los intereses, reajustes y sanciones desde la fecha en que se emitió el Certificado de Pago que dio origen al derecho a la imputación, o desde la fecha de la devolución en su caso.”

ARTÍCULO 397. Modifícase la ley N° 20.345, sobre Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros, en el siguiente sentido:

1) Reemplázase el numeral 11 del artículo 1° por el siguiente:

“11. Procedimiento concursal: procedimiento administrativo o concursal de reorganización o liquidación acogido a la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, o liquidación forzosa y, en general, cualquier procedimiento ejecutivo patrimonial de carácter universal y colectivo que regule la administración y, o liquidación de los bienes de un deudor insolvente, así como el pago a los acreedores, conforme a la prelación legal.”.

2) Reemplázase en el requisito ii) del literal c) del artículo 6° la palabra “quiebra” por “procedimiento concursal de liquidación”.

3) Sustitúyese en el Título V la expresión “quiebra” por “liquidación concursal”.

ARTÍCULO 398. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Decreto con Fuerza de Ley N° 251 de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio:

1) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 74, la frase “en conformidad con las disposiciones contempladas en la ley N° 18.175” por la frase “en conformidad con las disposiciones contempladas en la ley de Reorganización y Liquidación de empresas y Personas”.

2) Reemplázase el Título 6. por el siguiente:

“De los acuerdos de reorganización y la liquidación”.

3) Reemplázase en el inciso primero del artículo 76, la palabra “quiebra” por “un procedimiento concursal de liquidación”, la frase “convenio extrajudicial” por “acuerdo de reorganización”; y en el inciso final la palabra “convenio” por la frase “acuerdo de reorganización”.

4) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 77 la frase “Las proposiciones de convenio extrajudicial” por la frase “Las proposiciones de acuerdo de reorganización” y en el resto del artículo la palabra “convenio” por “acuerdo de reorganización”.

5) Reemplázase en el artículo 78 la frase “convenio extrajudicial” por la frase “acuerdo de reorganización”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 79:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “declaración de quiebra” por la frase “apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la frase “solicitud de quiebra” por la frase “demanda de liquidación forzosa”.

c) Reemplázase en el inciso tercero la expresión “de la quiebra” por la frase “del procedimiento concursal de liquidación”.

7) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 80:

a)Reemplázase en el inciso primero la frase “Propuesto un convenio judicial o declarada la quiebra de una compañía de seguros” por la frase “Propuesto un acuerdo de reorganización o dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación de una compañía de seguros”; la palabra “síndico” por “liquidador”, y la frase “con todas las facultades que le confiera el convenio o, en su caso, la ley N° 18.175” por la frase “con todas las facultades que le confiera el acuerdo de reorganización o, en su caso, la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la frase “Declarada la quiebra, el síndico podrá citar a la junta de acreedores establecida en la ley N° 18.175”, por “Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, el liquidador podrá citar a la junta de acreedores establecida en la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente “En la realización del activo de la liquidación, el liquidador dispondrá de las facultades previstas en la ley de Reorganización y Liquidación, sin sujeción a los límites que éste establece.”

8) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 81:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “todas las quiebras” por la frase “todos los procedimientos concursales de liquidación” y la palabra “fallido” por “deudor”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “síndico” por “liquidador”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero la frase “Se presume que la quiebra es culpable si” por “Constituirá un agravante de delito concursal de acuerdo a lo señalado en el Título IX del Libro segundo, Párrafo 7. de los Delitos Concursal y de las defraudaciones, del Código Penal, que”; la palabra “la quiebra” por “apertura de procedimiento concursal de liquidación” y la frase “El síndico deberá expresar esta circunstancia en el proceso de calificación” por “El liquidador deberá expresar esta circunstancia en el proceso penal”.

9) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 82:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “Declarada la quiebra” por la frase “Dictada la resolución que declara la apertura del procedimiento concursal de liquidación” y la palabra “síndico” por “liquidador”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “de la quiebra” por “del procedimiento concursal de liquidación”.

10) Sustitúyese en el artículo 83 la frase “la quiebra o liquidación”, por la frase “el procedimiento concursal de liquidación o liquidación”; y la palabra “síndico” por “liquidador del procedimiento concursal de liquidación”.

11) Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 84 la frase la frase “de la quiebra o liquidación”, por la frase “del procedimiento concursal de liquidación o liquidación”.

12) Reemplázase el artículo 85 por el siguiente:

“Artículo 85.- Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación de una compañía de seguros del segundo grupo, el liquidador practicará la liquidación de todos aquellos contratos que originen reserva matemática o de siniestros, de acuerdo a las normas dictadas por la Superintendencia. Con el mérito de dicha liquidación, el liquidador deberá verificar el importe que a la fecha de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación representen dichas reservas de acuerdo al procedimiento señalado en la Ley de Reorganización y Liquidación de empresas y Personas, asumiendo para este solo efecto la representación del asegurado, sin que ello importe reconocimiento alguno. En el evento que al asegurado se le hubiere seguido pagando prestaciones de acuerdo con el artículo 83, dichos pagos se deducirán de la respectiva reserva.”

13) Elimínase en el artículo 86 la palabra “síndico” y la coma (,) que la sucede.

14) Sustitúyese en el artículo 87 la frase “ley N° 18.175, sobre Quiebras” por “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 399.-Incorpóranse las siguientes modificaciones en la Ley N° 20.345, sobre Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros:

1) Reemplázase, el numeral 11 del artículo 1°, por el siguiente “11. Procedimiento Concursal: procedimiento judicial o administrativo incoado en virtud de una resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación o la presentación de proposiciones de acuerdo de reorganización y, en general, cualquier procedimiento ejecutivo patrimonial de carácter universal y colectivo que regule la administración y, o liquidación de los bienes de un deudor insolvente, así como el pago a los acreedores, conforme a la prelación legal.

2) Reemplázase en el numeral ii. de la letra c del artículo 6°, la frase “que haya sido declarada en liquidación forzosa o quiebra” por “respecto de la cual se haya dictado la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

3) Elimínase en el Título V “De la liquidación y quiebra de las sociedades administradoras” las palabras “y quiebra”.

4) Reemplázase en el artículo 34 lo siguiente:

a) En el inciso primero la palabra “quiebra” por “liquidación forzosa”.

b) En el inciso segundo la palabra “quiebra” por “liquidación forzosa”, las tres veces que aparece.

5) Reemplázase en el artículo 35 lo siguiente:

a) En el inciso primero la palabra “convenio” por “acuerdo de reorganización”, “Libro IV, Título XII, del Código de Comercio” por “Capítulo III de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

b) En el inciso segundo las palabras “El convenio” por “La reorganización”, las dos veces que aparece, “acordado” por “acordada” las dos veces que aparece, “obligatorio” por obligatoria”.

c) En el inciso tercero la palabra “convenio” por “acuerdo de reorganización”, “declaración de la quiebra” por “resolución que declara la apertura del procedimiento concursal de liquidación”, “Libro IV” por “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

d) En el inciso cuarto la palabra “convenio” “acuerdo de reorganización”.

6) Reemplázase en el artículo 36 lo siguiente:

a) En el inciso primero la frase “Declarada la quiebra” por “Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”, las palabras “síndico” por “liquidador”, “fallida” por “deudora”, “proceso de quiebra” por “Procedimiento Concursal de Liquidación”.

b) En el inciso segundo las palabras “de la fallida” por “del deudor”, “síndico” por “liquidador”, “nómina nacional de síndicos” por “nómina de liquidadores” y “de la quiebra” por “del procedimiento concursal de liquidación”.

c) En el inciso tercero las palabras “de la quiebra” por “del procedimiento concursal de liquidación”, “síndico” por “liquidador”, las dos veces que aparece, “el artículo 109 del Libro IV del Código de Comercio” por “la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”, “fallida” por “deudora”.

7) Reemplázase en el artículo 37 la expresión “Libro IV del Código de Comercio” por “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 400.-Reemplázase el inciso final del artículo 4° del Decreto Ley Nº 1328 de 1976 sobre Administración De Fondos Mutuos, por el siguiente: “Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación de una sociedad administradora de fondos mutuos, el Superintendente o la persona que lo reemplace, actuará como liquidador con todas las facultades que al efecto confiere a los liquidadores la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, en cuanto fueren compatibles con las disposiciones de la presente ley.”.

ARTÍCULO 401.-Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley 18.876 que Establece el Marco Legal para la Constitución y Operación de Entidades Privadas de depósito y Custodia de Valores:

1) Reemplázase en el Título IV “De la Regularización, Disolución y Quiebra de las Empresas”, la palabra “Quiebra” por la palabra “Liquidación”.

2) Reemplázase en el número 3º del Título IV la palabra “QUIEBRA” por la palabra “LIQUIDACION”.

3) Sustitúyese en el artículo 41 la palabra “quiebra” por “liquidación forzosa”, y la frase “tramitaciones judiciales de la quiebra” por “las tramitaciones judiciales del procedimiento concursal de liquidación”.

4) Reemplázase el articulo 42 por el siguiente:

“Artículo 42.- En caso de proposición de acuerdo de reorganización, el veedor que el tribunal designe, tendrá la administración de la empresa como si se tratare de un procedimiento concursal de liquidación declarado. El veedor asumirá sus funciones en la forma y oportunidad establecida en la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

5) Sustitúyese el artículo 43 por el siguiente:

“Artículo 43.- Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento de liquidación, el liquidador provisional continuará las actividades económicas del deudor mientras la junta de acreedores no designe otro administrador. Esta continuación de actividades económicas no se prolongará más allá de un año contado desde la fecha de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, a menos que la junta de acreedores lo acuerde con quórum calificado de acuerdo a lo señalado en la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.

Antes de vencido dicho año, sólo con autorización del tribunal que conoce del procedimiento concursal de liquidación podrá ponerse término a la continuación de las actividades económicas o excluirse de ésta bienes del activo de la liquidación.

Las obligaciones contraídas por el administrador del giro durante ese primer año, sólo podrán hacerse efectivas sobre los bienes comprendidos en el giro y gozarán de la preferencia que establece el artículo 238 de la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.”.

6) Sustitúyese el artículo 44 por el siguiente:

“Artículo 44.- Vencido el plazo de un año contado desde que se dicte la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, podrá continuarse las actividades económicas del deudor en los casos y con arreglo a las normas que señala la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. El acuerdo podrá tomarse aún antes de vencido dicho plazo. Los bienes que en virtud del acuerdo de los acreedores queden excluidos de la continuación de las actividades económicas, seguirán respondiendo por las deudas nacidas durante el primer año.

Los créditos nacidos después de vencido el primer año de la continuación de las actividades económicas, gozarán de la preferencia de pago que establece el artículo 238 de la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas respecto de las demás obligaciones del deudor, incluidos los créditos nacidos durante dicho primer año.”.

7) Sustitúyese el artículo 45 por el siguiente:

“Artículo 45.- Durante el primer año siguiente a la fecha de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, los bienes de la empresa sólo podrán ser enajenados como unidad económica a otra sociedad del mismo giro, salvo aquellos cuya enajenación separada autorice el juez que conoce del procedimiento concursal de liquidación. El adquirente deberá continuar, sin solución de continuidad, el giro de la empresa ordenado en el artículo 41. Si hubiere más de una sociedad del mismo giro, para materializar dicho traspaso, se hará una licitación entre ellas.

8) Sustitúyese en el artículo 46; la palabra “sindico” por “liquidador” y la frase “de la ley 18.175” por la frase “de la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 402.-Sin perjuicio de lo señalado en los artículos anteriores, toda mención que en cualquier ley se haga a la quiebra, deberá entenderse hecha al Procedimiento Concursal de Liquidación.

Toda mención que en otras leyes se haga a los convenios, deberá entenderse hecha al Procedimiento Concursal de Reorganización.

Toda referencia que en otras leyes se haga a los síndicos de quiebras, deberá entenderse hecha a los Liquidadores o Veedores, atendida la naturaleza de la función en relación con la norma.

Toda referencia que en otras leyes se haga a la Superintendencia de Quiebras se entenderá hecha a la Superintendencia Concursal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 1.-La presente Ley entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial, salvo las disposiciones contenidas en el Capítulo IX y el artículo 344 de esta Ley, que se ajustarán a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 3 transitorio de esta Ley. Las quiebras, convenios y cesiones de bienes en actual tramitación y aquellas que se inicien antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, se regirán por las disposiciones contendidas en el Libro IV del Código de Comercio.

ARTÍCULO 2.-Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ley, los síndicos que soliciten inscribirse en la Nómina de Liquidadores, deberán constituir la garantía en los términos señalados, a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 3.-Facúltese al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, los que deberán ser también suscritos por el Ministro de Hacienda, establezca las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar la planta del personal de la Superintendencia Concursal y el régimen de remuneraciones que le será aplicable.

2. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios de planta y a contrata desde la Superintendencia de Quiebra a la Superintendencia Concursal, conforme a lo señalado en el número siguiente.

3. El traspaso del personal se efectuará al grado de la Escala de Fiscalizadores más cercano al total de remuneraciones que perciba el funcionario traspasado. En el mismo acto, fijará la fecha de entrada de vigencia de los encasillamientos y traspasos de personal que disponga.

En el respectivo decreto con fuerza de ley se determinarán los estamentos y calidad jurídica en que se traspasaran los funcionarios, estableciéndose además el plazo en que deba llevarse a efecto este proceso. La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República" por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Conjuntamente con el traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

4. En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas y del sistema de remuneraciones que fije. Asimismo podrá disponer del número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, las denominaciones de aquellos, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del Título VI de la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas complementarias al artículo 15 de esta última ley para los encasillamientos del personal derivados de las plantas que fije.

5. El Presidente de la República determinará la data de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de la Superintendencia Concursal.

6. El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar cesación de funciones, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

c) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

7. Fijar el estatuto especial que regirá al personal de la Superintendencia Concursal que cumpla funciones profesionales y fiscalizadoras, de acuerdo a la letra e) del artículo 162 del D.F.L. N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.

8. El Presidente de la República determinará la fecha de iniciación de actividades de la Superintendencia Concursal, contemplándose un período para su implementación. Además, determinará la fecha de supresión de la Superintendencia de Quiebras, estableciendo el destino de sus recursos.

9. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde la Superintendencia de Quiebras a la Superintendencia Concursal.

ARTÍCULO 4.-El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia Concursal y le transferirá los fondos de la Superintendencia de Quiebras necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

ARTÍCULO 5.-El Presidente de la República designará al Superintendente Concursal de conformidad al sistema dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882.

Desde que la Superintendencia Concursal inicie sus funciones ejercerá el cargo de Superintendente Concursal quien sea a la fecha Superintendente de Quiebras por todo el plazo que falte para cumplir su periodo de designación. De la misma manera, quienes se desempeñen como Jefes de los Departamentos Jurídicos y Financiero y de Administración continuarán en sus cargos hasta el cumplimiento de su periodo de designación.

ARTÍCULO 6.-La Superintendencia Concursal se constituirá para todos los efectos en la sucesora legal de la Superintendencia de Quiebras, en las materias de su competencia, de manera que las menciones que la legislación general o especial realice a la precitada institución se entenderán hechas a la Superintendencia Concursal, como aquellas realizadas respecto al Superintendente de Quiebras se entenderán hechas al Superintendente Concursal.

ARTÍCULO 7.-Las normas sobre remuneraciones que contiene esta Ley, regirán desde la fecha de inicio de funciones de la Superintendencia Concursal.

ARTÍCULO 8.-El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el primer año de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y posteriormente con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.

ARTÍCULO 9.-Los procedimientos sancionatorios y de fiscalización iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, seguirán sustanciándose conforme a las normas vigentes a la época de iniciarse dichos procedimientos, hasta su total terminación.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda

PABLO LONGUEIRA MONTES

Ministro de Economía, Fomento y Turismo

TEODORO RIBERA NEUMANN

Ministro de Justicia

Valparaíso, 23 de mayo de 2012.

Nº 551/SEC/12

A S.E. el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de hoy, se dio cuenta del proyecto de ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, correspondiente al Boletín Nº 8.324-03.

En atención a que el proyecto de ley mencionado contiene normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Vuestra Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto copia del referido proyecto de ley.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

CAMILO ESCALONA MEDINA

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado

INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.

BOLETÍN Nº 8.324-03.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de informar acerca del proyecto de la suma, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República, con urgencia calificada de suma.

Cabe hacer presente que la Sala acordó que el proyecto será conocido en segundo informe por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Economía, unidas.

Asimismo, el proyecto deberá ser considerado por la Comisión de Hacienda, en su caso.

A una o más de las sesiones en que estudiamos este asunto asistió, además de los integrantes de la Comisión, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes.

Además, asistieron invitadas por la Comisión las siguientes personas:

Del Ministerio de Economía: El Jefe de la División Jurídica, señor Alejandro Arriagada Ríos; el Asesor Legislativo, señor Julio Alonso Ducci; el Asesor del Gabinete, señor Carlos Feres, y la Asesora de Comunicaciones, señora Fernanda Landea.

De la Superintendencia de Quiebras: La Superintendenta, señora Josefina Montenegro Araneda; la Jefa del Departamento Jurídico, señora Alejandra Anguita Avaria; y los Asesores Legislativos, señores Nicolás Velasco Jenschke y Cristián Palacios.

El Profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile y Árbitro de Lista de Abogados que pueden ser nombrados árbitros que lleva la Superintendencia de Quiebras, señor Nelson Contador Rosales.

El Síndico de Quiebras y Profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, señor Patricio Jamarne Banduc.

El Síndico de Quiebras y Asesor Económico de Insolvencias, señor Enrique Ortiz D´Amico.

El Síndico de Quiebras, señora María Loreto Ried.

El Síndico de Quiebras, señor José Manuel Edwards.

Del Instituto Libertad y Desarrollo: Los Abogados del Programa Legislativo, señora María Teresa Muñoz y señor Daniel Montalva Armanet.

De la Secretaría General de la Presidencia: Los Analistas, señora Danielle Courtin Díaz, y señores Omar Pinto y Pedro Pablo Rosso.

De la Fundación Jaime Guzmán: El Asesor Gustavo Rosende.

De la Biblioteca del Congreso Nacional: La Analista, señora Annette Hafner.

Los asesores señores Eduardo Barros González (Honorable Senador señor Tuma), y Jani Matthias Metzen (Comité Democracia Cristiana).

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Deben aprobarse como normas de carácter orgánico constitucionales los artículos 3°, 19, 55, 69, 99, 103, 115, 142, 147, 197, 199 letra a), inciso primero del artículo 245, inciso sexto del artículo 266, 272, 282, 291, 295, 296, 303, 337 N° 6, inciso segundo del artículo 341 y 349 N° 1, por atribuir nuevas competencias a los Tribunales de Justicia, conforme lo exige el artículo 77 en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

Asimismo, debe aprobarse con quórum orgánico constitucional el artículo 336, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38, en relación con el artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Al tenor del Mensaje, los objetivos fundamentales del proyecto son los siguientes:

--Establece un nuevo régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora, y a repactar los pasivos o liquidar los activos de una persona deudora, y

--Crea la Superintendencia Concursal, institución autónoma, de duración indefinida, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y que será la continuadora de la actual Superintendencia de Quiebras.

En relación a su estructura, el proyecto consta de NUEVE CAPÍTULOS, que consideran 402 artículos.

1. DISPOSICIONES GENERALES.2. DEL VEEDOR Y LIQUIDADOR.

Referido a las disposiciones orgánicas y regulatorias relativas a estos dos nuevos sujetos partícipes de los nuevos procedimientos concursales. Regula también lo referido a los Martilleros concursales.

3. DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE REORGANIZACIÓN.

Responde al nuevo tratamiento sistémico de los hoy denominados “convenios”.

4. DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN.

Tratamiento legal del procedimiento destinado a la realización de los bienes del deudor, sea a consecuencia de su propia solicitud, de una demanda judicial iniciada por su acreedor o acreedores o como resultado de un escenario de reorganización no exitoso.

5. DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL RENEGOCIACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN DE LA PERSONA DEUDORA.

Establece un procedimiento especial que permite la renegociación de las obligaciones de la persona natural deudora, con sus acreedores, actuando el órgano administrativo como un facilitador y entregando las herramientas que permitan llegar a un acuerdo.

6. DE LAS ACCIONES REVOCATORIAS CONCURSALES.

Regula este tipo de acciones especiales, las cuales pueden ser impetradas una vez iniciado un procedimiento concursal.

7. DEL ARBITRAJE CONCURSAL.

Establece las reglas aplicables al arbitraje concursal, el cual podrá ser aplicable tanto para los procedimientos concursales de liquidación como de reorganización.

8. DE LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA.

Incorpora la Ley Modelo de Insolvencia Transfronteriza de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, para establecer mecanismos eficaces para la resolución de los casos de insolvencia transnacionales, en base a la cooperación entre los Estados.

9. DE LA SUPERINTENDENCIA CONCURSAL.

Responde al tratamiento orgánico del ente fiscalizador concursal, que ve potenciado su accionar en comparación al esquema actual.

ADEMÁS,

-INTRODUCE MODIFICACIONES EN OTROS CUERPOS LEGALES.

-DISPOSICIONES TRANSITORIAS (NUEVE ARTÍCULOS).

Contiene normas transitorias para la implementación del nuevo procedimiento, así como la debida instalación de la nueva Superintendencia Concursal, continuadora de la actual Superintendencia de Quiebras.

ANTECEDENTES DE DERECHO

El proyecto en informe se vincula, entre otros, con los siguientes cuerpos normativos:

1.- La ley N° 18.175, de Quiebras, que deroga.

2.- El Código Penal.

3.- El Código Civil.

4.- El Código de Comercio.

5.- El Código de Procedimiento Civil.

6.- El Código Orgánico de Tribunales.

7.- El Código del Trabajo.

8.- El Código Tributario.

10.- Asimismo, el proyecto modifica las siguientes leyes especiales:

El Decreto Supremo N° 606 de 1944, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Aprueba el Texto Refundido de las leyes N° 6.037 y N° 7.759, sobre la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional; el Decreto con Fuerza de Ley N° 153 de 1960, del Ministerio de Hacienda, que Crea la Empresa Nacional de Minería; la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo Texto Refundido fue fijado por el Decreto Supremo N° 2.421 de 1964, del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 16.391, que Crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; el Decreto con Fuerza de Ley N° 163 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Fija el Texto de la Ley 10.383, de 8 de Agosto de 1952, Refundido con el de sus Modificaciones, inclusive las Contenidas en la Ley 16.840, de 24 de mayo de 1968;el Decreto Ley N° 1.350 de 1976, del Ministerio de Minería, de que crea la Corporación Nacional del Cobre de Chile; el Decreto Ley N° 1.328, de 1976, sobre Administración de Fondos Mutuos, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo N° 1.019 de 1979, del Ministerio de Hacienda; el Decreto Ley N° 1.939 de 1977, del Ministerio de Bienes Nacionales, que Dicta Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado; el Decreto Ley N° 3.346 de 1980, del Ministerio de Justicia, que Fija el Texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia; el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Establece Nuevo Sistema de Pensiones; la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores; la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas; el decreto con fuerza de ley N° 10 de 1982, del Ministerio de Trasporte y Telecomunicaciones, que Crea la Empresa Correos de Chile; la Ley N° 18.112, que Dicta Normas sobre Prendas Sin Desplazamiento; la Ley N° 18.118, Sobre el Ejercicio de la Actividad de Martillero Público; la Ley N° 18.362, que Crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado; la Ley 18.490, que Establece Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Circulación de Vehículos Motorizados; la Ley N° 18.690, Sobre Almacenes Generales de Depósito; la Ley N° 18.755, que Establece Normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, deroga la ley N° 16.640 y otras disposiciones; el Decreto con Fuerza de Ley N° 382 de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios; el artículo 33 de la Ley N° 18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión; la Ley N° 18.910, que Sustituye la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario; la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por decretos supremo N° 430 de 1992, del Ministerio Economía, Fomento y Turismo; la Ley N° 19.220, que Regula Establecimiento de Bolsas de Productos Agropecuarios; el decreto con fuerza de ley N.° 1 de 1993, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado; la Ley N° 19.281 de 1993, Establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa; el Decreto con Fuerza de Ley N.° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo N° 900 de 1996, del Ministerio de Obras Públicas; la Ley N° 19.491, que Regula el Funcionamiento de Administradoras de Recursos Financieros de Terceros Destinados a la Adquisición de Bienes; la Ley N° 19.496, que Establece Normas de Protección de los Derechos de los Consumidores; la Ley N° 19.518, que Fija Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo; el decreto con fuerza de ley N° 3 de 1997, del Ministerio de Hacienda, que Fija el Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de Otros Cuerpos Legales que se indican; la Ley N° 19.606, que Establece Incentivos para el Desarrollo Económico de las Regiones de Aysén y de Magallanes, y de la Provincia de Palena; el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2000, del Ministerio de Justicia, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N.° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones; la Ley N° 19.799 de 2002, Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma; la Ley N° 19.857 de 2003, que Autoriza el Establecimiento de las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada; el Decreto N° 236 de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba Bases Generales de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización; la Ley N° 19.995, que Establece las Bases para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de los Casinos de Juego; el decreto con fuerza de ley N° 30 de 2005, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas; el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio del Interior, que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; el decreto con fuerza de ley N°1 de 2006, del Ministerio de Salud, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DL N.° 2.763, de 1979 y de las Leyes N.° 18.933 y N.° 18.469; el Decreto con Fuerza de Ley N° 4 de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N.° 1, de Minería, de 1982, Ley General De Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica; la ley N° 18.591 que Establece Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de Personal; el Decreto Ley Nº 825, de 1974, Sobre Impuesto a las Ventas y Servicios; la ley N° 20.345, sobre Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros; la Ley N° 20.345, sobre Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros; el Decreto Ley Nº 1328 de 1976 sobre Administración De Fondos Mutuos, y la ley N° 18.876 que Establece el Marco Legal para la Constitución y Operación de Entidades Privadas de depósito y Custodia de Valores.

ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje con que Su Excelencia el Presidente de la República presenta el proyecto de ley en informe, expresa, en sus considerandos, lo siguiente:

I. “ANTECEDENTES.

Uno de los aspectos de mayor transcendencia que informa nuestra economía es la garantía constitucional de libertad para desarrollar actividades económicas con pleno respeto a las normas que las regulen, de conformidad a lo prevenido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República. Esa descripción normativa nos ilustra acerca de la permanente voluntad humana de ejecutar procesos económicos lícitos de diversa envergadura, destino y orientación, que permitan al ejecutor y su grupo asociado asegurar, en primer lugar, su propia subsistencia como, posteriormente, el paulatino crecimiento, mejoramiento y perfeccionamiento de la calidad de vida de los involucrados, generando oportunidades equivalentes para otras personas, naturales y jurídicas.

Sin embargo, tal como la realidad lo muestra cotidianamente, no todos los emprendimientos están destinados a prosperar ni tampoco las experiencias exitosas están predeterminadas a serlo por siempre, vale decir, concurre en cada momento y en cada experiencia un conjunto de elementos que pueden generar lo que habitualmente se califica como un fracaso empresarial.

En ese sentido, nuestro Gobierno no sólo respeta la libertad económica, sino que quiere fomentar el emprendimiento como motor de la economía nacional, y como un aporte a la mayor realización de las personas, para lo cual también debe hacerse cargo de las empresas que en algún momento dejan de ser viables, permitiendo que el emprendedor pueda rápidamente iniciar nuevos negocios, sin que el proyecto fallido signifique un lastre que le impida volver a ponerse de pie. Además, un procedimiento concursal más ágil y eficiente permite utilizar los recursos que quedan desaprovechados en esa empresa fallida en otras actividades, mejorando así la productividad, permitiendo generar nuevos puestos de trabajo y aportando al crecimiento económico del país.

Esta realidad es especialmente relevante en el año del emprendimiento, en el cual se busca destacar y fortalecer a las personas que buscan sacar adelante sus proyectos, asumiendo el desafío de crear nuevas actividades económicas y fuentes de trabajo, pero también corriendo el riesgo de que la iniciativa no alcance el éxito que se pensaba. Hoy muchos emprendedores que fracasan no pueden volver a surgir por procedimientos engorrosos, y por la connotación negativa que el actual procedimiento de quiebra conlleva. Por lo anterior, un apoyo a los emprendedores del país no estaría completo si no se les dieran herramientas para poder desprenderse de un proyecto fallido, permitiendo a los acreedores recuperar todo o parte de sus acreencias, y así poder iniciar uno nuevo que pueda ser exitoso, generando beneficios no sólo para él sino que para todo el país.

En los hechos y para los efectos de nuestra legislación actual, un escenario que genera la aplicación de la normativa que se pretende modificar es aquel en que una persona natural o jurídica se encuentra en la incapacidad financiera de responder al pago de todas sus obligaciones para con sus acreedores y donde, adicionalmente, sus bienes considerados en conjunto tampoco alcanzan para saldar tales débitos con el producto de su realización.

Sin duda alguna que el escenario ideal sería un panorama económico en que todos los emprendimientos y todas las iniciativas de los diferentes agentes pudieran ser calificados de exitosos, permaneciendo en el tiempo, creando nuevos y continuos puestos de trabajo y mejorando las condiciones de vida de los individuos en aras del bien común. Con todo, tal ejercicio no es más que una aspiración loable y bien intencionada que lamentablemente no recibe confirmación en la realidad, sino muy por el contrario, día a día se advierten iniciativas que no prosperan, empresas que deben cerrarse y fuentes de trabajo que en definitiva no siguen adelante, generando lacerantes consecuencias humanas y sociales de las que Chile no es ajeno y que implican un costo, no sólo para los emprendedores que ven fallida su empresa o sus trabajadores sino que un costo social que en definitiva grava a la sociedad toda y que muchas veces asume el Estado.

Nuestro país, por cierto, no puede caer en el error de obviar o pasar por alto los desarrollos económicos no exitosos ni tampoco puede pretender dejar abandonadas estas realidades a su propia suerte, desconociendo que esas empresas, alguna vez crearon recursos donde no los había y dieron empleo donde se necesitaba. Por el contrario, Chile debe mirar cara a cara aquellas dolorosas situaciones en que la quiebra o la incapacidad de responder a las deudas contraídas se ciernen sobre nuestra realidad empresarial, a efectos de entregar una legislación responsable y colaborativa, acorde con los tiempos actuales en que la globalización exige el pleno respeto a ciertos principios y estándares que, a su tiempo, nos llevarán a ser considerados como un país aún más serio, cabal y confiable. Es por ello que el Proyecto de Ley que se presenta a vuestro conocimiento se basa en fomentar o estimular, en primer lugar, la reorganización efectiva de empresas viables, es decir, permitir que un emprendimiento dotado de posibilidades de subsistir y prosperar pueda superar las dificultades transitorias en que se encuentra, con ayuda de sus acreedores y con miras a permanecer como unidad productiva en el tiempo. Asimismo, y en segundo lugar, es también deber del Estado entregar las herramientas idóneas para asegurar que aquellos emprendimientos que simplemente carezcan de la entidad necesaria para perseverar puedan ser liquidados en breve tiempo, estimulando el resurgimiento del emprendedor a través de nuevas iniciativas. En ambos aspectos, además, se constata la necesidad de contar con un órgano fiscalizador dotado de potestades públicas que permitan instar por la eficiencia del proceso y por la plena vigencia de la legislación aplicable a cada caso, dotándolo de poder administrativo sancionatorio a los órganos que participan en los procedimiento concursales, acorde con las transgresiones que constate en el ejercicio de su rol legal.

Asimismo, resulta imperiosa la necesidad de crear un régimen especial para las personas naturales que se encuentran en incapacidad de responder a sus obligaciones financieras por distintas razones, como por ejemplo, presentar niveles de consumo muy por encima de su capacidad real de pago. Así, el Proyecto busca crear, primeramente, la posibilidad de solucionar una insolvencia personal en un escenario armónico y adaptado a la realidad de un deudor persona natural, dándole la posibilidad de responder con sus propios bienes de manera más breve y menos costosa que en una liquidación de empresas y, así, impulsar comportamientos crediticios responsables en el consumidor a largo plazo, mejorando la educación financiera por medio de normas que la hagan aplicable.

Finalmente, como veremos a continuación, no es posible sustraer a Chile de la realidad mundial. Diversos análisis y estadísticas que han servido de base para la concreción del Proyecto de Ley que se envía a vuestra consideración nos sitúan en un plano internacional secundario y atrasado en materia concursal, tanto respecto de nuestros pares en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como de los vecinos de la región. Nos encontramos sujetos a un sistema plagado de inadecuaciones que indicaremos a continuación, las que inciden en un resultado final que debe ser corregido, a efectos de permitir un desarrollo nacional sostenido. En suma, los motores que impulsan la reforma concursal que se somete a vuestro conocimiento son permitir el pronto y oportuno salvamento de empresas viables; la ordenada y expedita liquidación de aquellas que no gocen de tal viabilidad y, finalmente, la necesidad de entregar a Chile un marco normativo concursal acorde a los tiempos de hoy, con pleno respeto a los estándares internacionales actualmente vigentes.

II. CHILE Y LA EFICIENCIA DE SU SISTEMA CONCURSAL.

En primer lugar, es necesario recordar brevemente el origen de nuestra actual ley concursal. Desde inicios de 1981 Chile se vio envuelto en una crisis financiera que puede ser catalogada como una de las más duras de su historia republicana. Ello hizo necesario la promulgación de una legislación acorde a la época de su dictación, vale decir y atendida la gravedad de la situación, orientada a la liquidación inmediata y veloz. Tan alta era la carga de liquidaciones esperada que se creó el sistema de síndicos de quiebra privados y se privilegió el potenciamiento de la Fiscalía Nacional de Quiebras en la persecución de los delitos concursales que pudieren haberse configurado en ese entonces. Sin embargo, hoy, los parámetros no son los mismos y la ley que hace 30 años era perfecta para la realidad nacional hoy se comprueba anacrónica, una legislación en que la reorganización y el salvataje no son el propósito general del legislador y donde incluso la misma liquidación se encuentra sometida a trabas sistémicas carentes de justificación práctica y legal. A título meramente ejemplar, podemos citar como puntos de insoslayable necesidad de corregir los siguientes:

1) El derecho a defensa del deudor cuya quiebra se reclama. En la actualidad, la opción del demandado de oponerse a la declaración de quiebra es posterior al pronunciamiento de la sentencia que la declara, lo que es cuestionable desde la perspectiva del debido proceso e incluso desde el sentido común general. No vale demasiado la pena defenderse de una calificación que ya ha tenido lugar y donde el efecto dañoso ya se ha configurado.

2) La necesidad de contar con la aprobación del deudor para vender los bienes sujetos al procedimiento concursal en la gran mayoría de los casos. No parece económicamente sustentable que el mismo afectado por la quiebra sea quien decida el medio de realización más idóneo de sus bienes, por lo que una modificación en tal sentido se advierte necesaria.

3) La estrechez o inflexibilidad de los convenios judiciales preventivos. No parece justificado sólo el llamamiento genérico a los acreedores valistas, en circunstancias que si el convenio busca ser una solución global, debería convocar a la enorme mayoría de los acreedores del proponente, y no sólo a los señalados anteriormente, aspecto que la reforma aborda cabalmente.

4) La inexistencia de normativa especial para la persona natural. No parece conveniente que una persona natural que se ha visto sobre endeudada deba someterse a un procedimiento de liquidación pensado para la persona jurídica que ejerce actividades comerciales y que otorga escasas posibilidades de renegociación.

5) La inadecuación de los tipos penales ligados a la quiebra. La legislación actual no parece adecuada a las situaciones que en la práctica comercial actual merecen sanción penal, lo que por cierto aumenta el descrédito de la normativa concursal y exige modificaciones de peso que el proyecto trata.

6) El tratamiento de la Superintendencia de Quiebras. El órgano fiscalizador tiene hoy un conjunto especialmente limitado de potestades públicas. El nuevo modelo que se propone descentraliza el procedimiento, reduciendo la intervención judicial sólo a aquellas materias de carácter jurisdiccional, por lo que se requiere una supervisión más relevante por parte de la Superintendencia de Quiebras a los encargados de llevar el proceso, para mantener la confianza en el sistema. Asimismo, las nuevas necesidades y su adecuación a los tiempos actuales reclaman un aumento dotacional moderado y el otorgamiento de la asignación de fiscalización a sus funcionarios.

Luego de señalar el origen de la legislación concursal vigente, y los principales problemas detectados, conviene observar el estado actual de nuestro país en los distintos estudios que en materia concursal se desarrollan a nivel internacional, para constatar los efectos que dichas trabas provocan, y que justifican los cambios que propone este proyecto de ley.

En esta materia, el informe Doing Business 2012, del Banco Mundial, nos ubica en un meritorio lugar 39, subiendo 2 puestos en relación con el informe del año 2011. Sin embargo, estamos ubicados en el lugar 110 en materia de solución de insolvencias, materia en la que estamos muy lejos de los mejores estándares mundiales.

Los elementos que sirven de base para las conclusiones que se entregan en los estudios revisados, dicen relación principalmente con los siguientes puntos:

a) Duración de los procedimientos.

b) Nivel o porcentaje de recuperación del crédito.

c) Nivel o porcentaje de costo que involucra la tramitación de un procedimiento concursal.

a) Duración de los procedimientos. En comparación a países de la región, Chile presenta un panorama desolador. Así, respecto de la duración del procedimiento, Colombia muestra un promedio de 1,3 años, mientras que Uruguay entrega 2,1 años y Bolivia, 1,8 años. Nosotros, en cambio, mostramos un triste promedio de 4,5 años. Si ampliamos la comparación a países que, al igual que Chile pertenecen a la OCDE, las diferencias se acentúan dramáticamente: Japón, Canadá y Dinamarca presentan procedimientos con duraciones que van de los 6 a 9 meses, mientras que otros como Hungría, Estonia y Polonia exhiben procesos que duran entre 2 a 3 años, tiempos que aún siguen siendo más reducidos que los existentes en Chile.

b) Nivel o porcentaje de recuperación del crédito. Los mismos países que se han señalado en el punto precedente muestran cifras que van desde el destacable 92,7% en Japón, pasando por el 82,8% colombiano hasta llegar al bajísimo 25,5% en que se sitúa Chile.

c) Nivel o porcentaje de costo que involucra la tramitación de un procedimiento concursal. Nuestro país entrega una cifra que alcanza al 15% del valor de los activos enajenados como costo del procedimiento. Por su parte, los mismos países que hemos indicado exhiben costos del 1% al 7%, lo que nuevamente nos posiciona en un lugar de evidente retaguardia.

Como natural consecuencia de lo expuesto podemos concluir que el sistema concursal en Chile es, en comparación a países de la región y aquellos pertenecientes a la OCDE que hemos citado, lento y de larga tramitación, incapaz de entregar una alta tasa de recuperación del crédito y, finalmente, caro y oneroso, lo que indirectamente incide en aumentar las barreras de entrada o acceso a nuestra propia regulación.

III. RELACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON EL SISTEMA CONCURSAL.

Las leyes concursales deben ser entendidas por la ciudadanía como una herramienta para solucionar los problemas de insolvencia de las empresas y las personas, para lo cual se requiere que sean accesibles a las personas. De lo contrario, se recurre a otros procedimientos que implican un perjuicio para el conjunto de acreedores, o simplemente queda una empresa que no puede cerrar este capítulo fracasado para buscar nuevas oportunidades.

Sin embargo, en nuestro país existe una palpable consideración general de lejanía, recelo y poca flexibilidad de nuestro procedimiento concursal vigente. En efecto, en la existencia cotidiana suelen calificarse las distintas herramientas existentes como instrumentos caros, poco eficientes, un tanto inútiles como vías reales de solución de dificultades económicas y dotados de una carga negativa que tiende a darle especialmente a la quiebra un tinte infamante que en definitiva dificulta en grado sumo al afectado su reinserción en la dinámica económica habitual. El proyecto de ley que se somete a vuestra consideración incluye un tratamiento sistémico que facilita el adecuado y cabal conocimiento de la estructura concursal chilena, fomenta el uso de términos y frases que incentivan un tratamiento técnico a los intervinientes, que no ven afectado ni su prestigio ni su honra por el hecho de acogerse a la legislación pertinente e insta por entregar los conductos necesarios para que la reorganización empresarial pueda desarrollarse libremente, siempre dentro del marco de la legalidad, potenciando la permanencia en el tiempo de las empresas viables. En síntesis, el proyecto se hace cargo del necesario acercamiento normativo a la población, al ciudadano interesado en acogerse a sus disposiciones, permitiendo un tratamiento integral a las dificultades asociadas a la cesación de pagos y a su superación en corto plazo.

De especial interés serán las propuestas relativas al tratamiento de la insolvencia de la persona natural y en consecuencia del patrimonio familiar. En esta materia, que constituye una innovación en materia concursal en el país, se entrega un marco normativo que consiste en la posibilidad de acogerse a un régimen de renegociación entre el deudor y sus acreedores, basado en el acuerdo de voluntades, con el órgano administrativo correspondiente facilitando los acuerdos, previo a un proceso de liquidación judicial, especialmente diseñado para el deudor persona natural, otorgando un alivio a todas aquellas familias con altas tasas de morosidad.

IV. OTRAS CIFRAS.

Chile tiene un promedio de 150 quiebras anualmente declaradas, en circunstancias que existen, también anualmente, cerca de 2.000 empresas con protestos relevantes que podrían ser sujeto de protección concursal. Bajo ese prisma puede legítimamente concluirse que el sistema concursal chileno es sub utilizado, fundamentalmente debido al conjunto de elementos que ya hemos abordado. Lo expuesto nos permite indicar que por cada cesación de pagos que se somete al procedimiento reglado del Libro IV del Código de Comercio, existen otras doce que se resuelven en la informalidad, restándole eficacia a nuestra normativa.

Asimismo, desde la perspectiva de las proposiciones de convenio, sólo se han presentado 47 proposiciones preventivas desde el año 2006 a diciembre del 2011, en contraposición a 855 quiebras, declaradas en el mismo periodo, lo que ilustra la existencia de un sistema de bajísima utilización nacional.

Para dar un ejemplo del impacto de este proyecto de ley, y de los desincentivos que tiene el sistema actual para dar una solución a las empresas fallidas, se estima que el año 2008 existieron 1959 empresas con problemas de insolvencia que podrían haber calificado para un procedimiento concursal, ya sea de liquidación o de renegociación. Sin embargo, sólo se declararon 150 quiebras y se tramitaron 11 convenios ese año, lo que demuestra la gran brecha existente entre la situación real de las compañías y el acceso al procedimiento concursal, quedando por lo tanto un porcentaje mayoritario de situaciones de insolvencia en la informalidad, que probablemente siguen hasta hoy entorpeciendo el desarrollo de nuevos proyectos y la mejor utilización de los recursos.

V. CONTENIDO DEL PROYECTO.

Por las razones antes expuestas, nuestro Gobierno se ha hecho cargo de la necesidad de hacer una reforma profunda en materia concursal, para permitir a los emprendedores que puedan resurgir cuando algún proyecto fracasa, y tender a eliminar la carga negativa de un negocio fallido. Este proyecto se elaboró con la colaboración de distintos expertos y de la ciudadanía, mediante procesos de consulta pública. En ese sentido, cabe agradecer especialmente a los asesores de la Superintendencia de Quiebras, Cristián Palacios Vergara y Nelson Contador Rosales. Igual gratitud merecen todos aquellos expertos que han participado y ciudadanos que han aportado observaciones a esta materia.

La estructura del Proyecto de Ley es la siguiente:

1. Disposiciones generales.

Constituye un breve apartado sobre aspectos centrales que serán abordados en diversas partes del Proyecto y cuyo tratamiento inicial facilita la comprensión normativa.

2. Del Veedor y Liquidador.

Referido las disposiciones orgánicas y regulatorias relativas a estos dos nuevos sujetos partícipes de los nuevos procedimientos concursales. Se regula también una nomina de Martilleros concursales, quienes para participar en los procedimientos concursales deberán someterse a la fiscalización de la superintendencia del ramo.

3. Del Procedimiento Concursal de Reorganización.

Responde al nuevo tratamiento sistémico de los hoy denominados “convenios”. El propósito de esta nueva legislación, incluso desde el punto de vista estructural y de lectura, es hacer prevalecer el régimen de salvataje institucional por sobre el esquema liquidatorio predominante, cambiando el eje desde la extinción empresarial a la reorganización eficiente. Merecen destacarse las figuras de la protección financiera concursal o período en que el deudor ve suspendidas sus ejecuciones, lo que le permite abocarse completamente a su procedimiento de reorganización; la incorporación de los acreedores que detentan créditos con garantía, lo que incentiva alcanzar una solución global; el rol del denominado “veedor” o experto que acompaña al deudor y valida su accionar concursal; entre otras modificaciones de importancia.

4. Del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Obedece al tratamiento legal del procedimiento destinado a la realización de los bienes del deudor, sea a consecuencia de su propia solicitud, de una demanda judicial iniciada por su acreedor o acreedores o como resultado de un escenario de reorganización no exitoso. Incluye el mejoramiento del régimen de defensa del deudor, de desarrollo y toma de decisiones en Juntas y la entrega de soluciones prácticas en casos de ausencia de acuerdos por parte de los acreedores, entre otras innovaciones.

5. Del Procedimiento Concursal Renegociación y del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora.

Establece un procedimiento especial que permite la renegociación de las obligaciones de la persona natural deudora, con sus acreedores, actuando el órgano administrativo como un facilitador y entregando las herramientas que permitan llegar a un acuerdo. Asimismo se regula como alternativa a la renegociación, un procedimiento de liquidación sumaria, de los bienes embargables de la persona deudora a favor de sus acreedores, también sobre la base del acuerdo de voluntades, como alternativa de pago de las obligaciones pendientes, sujeta al control y supervigilancia de la Superintendencia. Por último, se regula un procedimiento de liquidación simplificada judicial, especialmente diseñado para persona natural.

6. De las Acciones Revocatorias Concursales.

Este capítulo regula este tipo de acciones especiales, las cuales pueden ser impetradas una vez iniciado un procedimiento concursal. La titularidad de ellas le corresponde exclusivamente a los acreedores, al veedor o al liquidador. Se establecen supuestos de revocabilidad objetiva para aquellos actos en que el perjuicio se presume y supuestos de revocabilidad subjetiva, en los cuales el perjuicio y la mala fe deben probarse.

7. Del Arbitraje Concursal.

Este capítulo establece las reglas aplicables al arbitraje concursal, el cual podrá ser aplicable tanto para los procedimientos concursales de liquidación como de reorganización. En el primer caso, la decisión de someterse a este sistema será tomada por la junta de acreedores, mientras que en el segundo caso será el deudor quien debe manifestar dicha voluntad.

8. De la Insolvencia Transfronteriza.

Se incorpora la Ley Modelo de Insolvencia Transfronteriza de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral por sus siglas en inglés) la que tiene por objeto establecer mecanismos eficaces para la resolución de los casos de insolvencia transnacionales, en base a la cooperación entre los Estados, en busca de resolver bajo un procedimiento la insolvencia de las empresas multinacionales, entregando mayor seguridad jurídica para el comercio y las inversiones.

9. De la Superintendencia Concursal.

Responde al tratamiento orgánico del ente fiscalizador concursal, que ve potenciado su accionar en comparación al esquema actual.

10. Modificaciones en otros cuerpos legales.

Se realiza un exhaustivo análisis de la normativa legal vigente que tenga relación con la quiebra y los convenios y se proponen modificaciones a los principales cuerpos normativos.

11. Disposiciones transitorias.

Se establecen normas transitorias para una adecuada implementación del nuevo procedimiento, así como la debida instalación de la nueva Superintendencia Concursal, continuadora de la actual Superintendencia de Quiebras.

DISCUSION EN GENERAL

En sesión de 6 de junio, la Superintendenta de Quiebras, señora Josefina Montenegro, al presentar el proyecto de ley, indicó que su objetivo es reemplazar el Libro IV del Código de Comercio y Ley Orgánica de la Superintendencia de Quiebras. Es el resultado de casi dos años de un trabajo intenso y muy riguroso, liderado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en conjunto con la Superintendencia de Quiebras, en el cual participaron varios expertos, tanto del sector público como del sector privado, así como del mundo académico. Destacó que, además, el proyecto fue enriquecido con una consulta ciudadana, que se realizó durante todo el mes de abril de este año, en la cual mucha gente hizo llegar sus comentarios y observaciones.

Manifestó que el proyecto en estudio es un texto completo, innovador y que contiene procedimientos concursales acuciosamente bien diseñados y que será capaz de modernizar y adecuar la normativa concursal que hoy existe a la realidad económica vigente en nuestro país.

Explicó que el proyecto de reorganización y liquidación de empresas y personas, debe su denominación a que es el nombre más compresivo, toda vez que contiene tres procedimientos concursales, a saber: de reorganización de empresas; de liquidación de empresas, y de renegociación de las obligaciones de la persona natural. Destacó, en tal sentido, que por primera vez la legislación se haría cargo de contar con un procedimiento adecuado para la persona natural y no solamente para las empresas.

A continuación, hizo uso de la palabra el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira, quien, en primer lugar, agradeció la rapidez con que la Comisión inició el estudio de un proyecto tan importante.

Respecto de la iniciativa, indicó que es muy importante destacar que para su elaboración se formaron equipos de trabajo tanto en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, como en la Superintendencia de Quiebras, que ha liderado el desarrollo de este proyecto. Resaltó que ha sido un proceso de desarrollo de política pública de los mejores que ha conocido, con una participación muy activa de expertos en el país.

Recordó que el año 2003, dentro del marco del acuerdo de modernización del Estado, en el cual se aprobó la creación de la Alta Dirección Pública y el financiamiento a las leyes de la política, también comprendía un conjunto de leyes que se pretendía despachar, dentro de las cuales estaba, también, la nueva ley de quiebras.

Indicó que el país tiene una legislación completamente obsoleta en materia de quiebras.

Anunció que entregará información relativa al impacto que tendrá esta ley en la economía y en el emprendimiento; las comparaciones con países que han avanzado resuelta y exitosamente en esta materia. Luego, la Superintendenta, que ha liderado esta modernización histórica, junto con un equipo de profesionales, entregará detalles de los cambios más sustanciales que propone el proyecto.

Al inicio de su exposición, el señor Ministro indicó que actualmente en Chile, y según cifras del período años 2006-2011, se producen un promedio anual de 144 quiebras publicadas, las que afectan a más de 2.500 trabajadores. Resaltó que, a su vez, el promedio anual de convenios, en el mismo período, es de 8.

Luego comparó la cantidad de quiebras publicas versus los convenios tramitados: 885, las primeras, y 47 los convenios. Todo ello dentro del período comprendido entre el 29 de enero de 2006 a diciembre de 2011.

Hizo presente que los sectores más afectados por las quiebras son el comercio, la construcción, las industrias no metálicas, las inmobiliarias, la agricultura y las industrias metálicas, en los siguientes porcentajes:

A continuación, el señor Ministro indicó que lo que su cartera busca con este proyecto es rescatar la mayor cantidad de compañías posible; y si lo anterior no es posible, que éstas se liquiden en forma rápida para lograr una mayor recuperación de la actividad. Lo anteriormente señalado son los objetivos de los países que tienen mejor práctica en estas materias. Una mala recuperación de activos encarece tanto el crédito como las garantías, y tiene un impacto no menor en el costo financiero de las compañías.

En relación a las principales deficiencias de la actual ley, el señor Ministro enumeró las siguientes:

1.- La normativa vigente es completamente anacrónica, lo que hace que tome muchos años la liquidación de una empresa;

2.- Incentiva la liquidación de empresas y no su reorganización, toda vez que para mucha gente la solución a su problema, en la práctica, es arrancarse, hacer traspaso de bienes, estar en DICOM y, en general, sufrir un calvario que afecta a muchos que fracasan en su emprendimiento, y que es muy conocido por todos.

Al respecto señaló que, según cifras reconocidas internacionalmente, de 10 emprendimientos exitosos, 8 han fracasado en sus primeros intentos. En tal sentido, debemos hacernos cargo que en el emprendimiento la tasa de fracasos es de la esencia de los emprendedores.

3.- Genera incertidumbre en el empleo.

4.- El procedimiento de quiebra actualmente es caro, ineficiente y poco efectivo.

5.- El procedimiento de convenio no se ajusta al dinamismo de la economía.

Al respecto, expuso una lámina que compara a Chile con los demás miembros de la OCDE. Según Doing Buisness, que es el indicador mundial más importante relativo al emprendimiento, Chile se encuentra en el lugar 110 de 183 países, mientras que el lugar promedio de los países OCDE es 27.

Recordó el reciente despacho por parte del Senado del proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, boletín Nº 7.328-03, que permitirá constituir sociedades en un día y sin costo. Al respecto indicó que tal iniciativa permitirá que en materia de inicio del emprendimiento, Chile se convierta en un país líder. Informó que el Ministerio envió equipos técnicos a Nueva Zelanda, que tiene este tipo de registros electrónico, así como otros países que han alcanzado el carácter de desarrollados. Agregó que dicho proyecto aborda lo relativo al inicio del emprendimiento, mientras que el proyecto en estudio apunta al fracaso.

La tasa de recuperación de los activos es de 25% versus una tasa de 68,2% de los países que integran la OCDE. Afirmó que un buen sistema de quiebras lleva a que aun cuando haya un fracaso en el emprendimiento, la tasa promedio de recuperación es de 68,2%, y hay países cuya tasa es superior al 70%.

En relación a la duración de un proceso de quiebra, señaló que el promedio en nuestro país es de 4,5 años, mientras que el promedio de tiempo en los países de la OCDE es de 1,7.

Destacó el caso de Colombia, porque ha avanzado en esta materia de un modo extraordinario y está ubicado en el puesto número 12 a nivel mundial. Recordó que en enero de este año, vinieron a nuestro país expertos colombianos a participar en un Seminario organizado por la Superintendencia de Quiebras.

¿Cómo afecta la actual Ley a la economía?

1.- Desincentiva el emprendimiento y el reemprendimiento.

En Chile una quiebra dura en promedio 4,5 años, impidiendo dejar atrás rápidamente emprendimientos y re emprendimientos fallidos por problemas de liquidez.

2.- Baja tasa de recuperación de créditos para los acreedores.

Actualmente la tasa de recuperación de los acreedores es baja: 29.78% (Estimación en base a muestreo de 10 quiebras con cuentas de administración rendidas en 2011). La baja tasa de recuperación trae como consecuencia el aumento del riesgo crediticio, exigiendo mejores garantías y cobrando altas tasas de interés. Lo anterior encarece y dificulta el acceso al crédito, incentivando el uso del sistema informal.

3.- Lenta y escasa reasignación de activos productivos a la economía.

La liquidación tardía de los activos de una quiebra, provoca pérdida de valor de estos al momento de reasignarlos a la economía.

4.- Falta de apoyo financiero a empresas viables con problemas de liquidez.

No se incentiva al acreedor (protegiéndolo o garantizando su crédito) dispuesto a invertir o financiar al deudor en crisis.

5.- Disminución de Inversión Extranjera.

Los inversionistas extranjeros evalúan entre otros factores los rankings de competitividad internacional para decidir el destino de sus Inversiones.

6.- Falta de incentivos tributarios para acordar convenios.

Tributariamente a un acreedor le resulta más beneficiosa una quiebra que un convenio judicial preventivo, por cuanto la primera le permite castigar deudas y recuperar crédito IVA respecto de las facturas emitidas al deudor fallido.

7.- No permite a la persona natural mantenerse en forma regular en el sistema financiero, afectando a casi 1.000.000 de personas naturales como sujetos de crédito. Tal estimación fue realizada en la Superintendencia de Quiebras en base a antecedentes entregados por SBIF sobre el número de deudores en bancos, cooperativas y emisores de tarjetas no bancarias, sólo se consideró morosidades de más de 30 días.

Destacó que este aspecto es muy trascendental porque incorpora a las personas naturales, en el sentido que se renegocian sus obligaciones.

8.- Encarece el presupuesto del Estado y de particulares involucrados en los procedimientos concursales.

Todos los acreedores (Estado o particulares) de un procedimiento concursal incurren en gastos tales como: costos de publicación Diario Oficial, publicidades de los remates, comisiones, abogados, receptores judiciales, notarios, etc.

A continuación, señaló que el país necesita una nueva ley, acorde con su realidad actual y en línea con las mejores prácticas internacionales. En tal sentido, destacó que la ley debe:

1.- Establecer límites de tiempo a los procedimientos.

Chile necesita contar con una nueva ley que establezca límites de tiempos en los procedimientos. Destacó que, durante su elaboración, se hicieron una serie de simulaciones, acortando los distintos plazos. Es fundamental ser riguroso y respetar los tiempos, porque el sentido de la oportunidad es fundamental, toda vez que nos vemos enfrentados a una emergencia empresarial, y lo que se busca es priorizar la reorganización de la empresa.

Adelantó que el proyecto plantea en esta, así como en otras materias, cambios radicales, que permitirán rebajar el promedio de 4,5 años hasta estándares internacionales.

2.- Promover la especialización de los tribunales.

Este punto fue estudiado en conjunto con el Ministerio de Justicia y también con el Presidente de la Corte Suprema. La nueva ley exigirá un cierto grado de especialización de los tribunales. Por ello el tema fue visto con la Corte Suprema y se hicieron las consultas correspondientes. Con esto se evita la creación de nuevos tribunales, lo cual podría generar más burocracia, pero se garantiza que los tribunales que conozcan de estas materias cuenten con la debida especialización.

3.- Establecer procedimientos efectivos de reorganización.

La reorganización de las compañías es uno de los objetivos fundamentales de la ley en estudio, a diferencia de lo que ocurre con la legislación vigente, que tiende más bien a la liquidación de las mismas. En tal sentido, el proyecto en discusión tiene un enfoque completamente distinto al de la ley vigente: reorganización en vez de liquidación. Sin perjuicio de lo anterior, si después de cumplidos los procedimientos y mecanismos para lograr la reorganización, ello no es viable, la finalidad es que la liquidación de activos sea lo más rápida posible para lograr, a la vez, la mayor recuperación de activos del deudor.

4.- Proteger a los acreedores garantizados.

Ello con la finalidad de evitar encarecer el crédito.

5.- Mejorar la transparencia del proceso.

Todo lo anterior permite ir en línea con el dinamismo de la economía, y así posicionarnos internacionalmente con nuestros pares en los rankings de competitividad.

Finalmente, el señor Ministro señaló que una ley de quiebras como la que está actualmente vigente en Chile afecta la competitividad y la productividad del país. Muchas veces no se entiende la importancia de contar con una buena ley en esta materia, a pesar que es fundamental toda vez que, en distintos aspectos, ayuda a despertar el espíritu emprendedor del país, porque evitaría el calvario que sufre actualmente una persona que fracasa en su emprendimiento, la que, además, la sociedad estigmatiza negativamente.

En lo sustancial, con el proyecto de ley se persigue, separar la situación del emprendimiento y la del emprendedor, en el sentido que, ante un fracaso, el emprendimiento sea enterrado, pero no el emprendedor, sino que, por el contrario, se le otorguen oportunidades de levantarse nuevamente, para que vuelva a emprender y a generar riqueza.

La nueva normativa debe producir cambios positivos, evitando el encarecimiento del crédito y un aumento en las dificultades para el acceso a las garantías y su costo. Ello por cuanto si debilitamos aquello la ley podría acotar muy bien las responsabilidades pero encarecería la fuente de financiamiento respecto de los emprendedores.

Destacó dos cifras importantes en materia de emprendimiento en nuestro país:

-Sobre un 50% de los actuales emprendedores ha tenido un negocio previamente, y

-Un 87% de los emprendedores estaría dispuesto a volver a emprender en caso de fracaso. Destacó que es de la esencia de una persona que quiera desarrollar una compañía, un negocio, una actividad o un oficio, que, a pesar de fracasar, conserva su energía de querer emprender y de desarrollar una actividad económica. No desaparece a pesar del fracaso.

Eso permite afirmar que Chile es un país de emprendedores y reemprendedores.

Luego, la Superintendenta de Quiebras, señora Josefina Montenegro, continuando con la presentación de los aspectos más sustanciales del proyecto en estudio, se refirió, en primer término, a que las finalidades a las cuales aludió el Ministro serán logradas del siguiente modo: reorganizando efectivamente empresas viables; liquidando rápidamente empresas que no son viables, y renegociando las obligaciones de la persona natural o liquidando sus bienes, con procedimientos adecuados para una persona natural.

Por lo tanto, el proyecto da vuelta la ley de quiebras vigente, por cuanto el texto que la sustituye empieza con la reorganización de empresas que son viables y termina con la liquidación. Actualmente, la ley de quiebras empieza con una sentencia de quiebra, por lo tanto con la liquidación de la empresa, y recién en el Título XXII trata los convenios.

También el proyecto propone un cambio en la terminología, en el esfuerzo por eliminar el estigma que provoca la quiebra: se sustituye el término convenio por reorganización, y quiebra por liquidación. En el caso de las personas naturales se debe hablar de renegociar de sus obligaciones.

PRINCIPALES NOVEDADES.

Luego, indicó que las principales novedades del proyecto son las siguientes:

1.- Ámbito de aplicación de la ley.

Establece procedimientos adecuados para cada deudor en dificultades. Por lo anterior, el proyecto distingue entre empresa deudora y persona deudora.

Empresa deudora es la persona jurídica, con o sin fines de lucro, contribuyente de primera categoría, y las personas naturales contribuyentes del N° 2 del artículo 42 de la ley sobre impuesto a la renta.

Por su parte, las personas deudoras son las personas naturales contribuyentes del N° 1 del artículo 42 de la ley sobre impuesto a la renta, es decir, los trabajadores dependientes, y aquéllos que no siendo trabajadores dependientes, igualmente son sujetos de crédito, como las dueñas de casa, los jubilados y los estudiantes, entre otras.

Consultada por el Honorable Senador señor Espina, la Superintendenta indicó que la consecuencia de calificar como persona deudora para los efectos de esta ley es que se someten al procedimiento de renegociación de las personas naturales. En tal sentido, resaltó que la diferencia entre empresa y persona indica el procedimiento al cual será sometida una y otra.

2.- Especialización de los jueces.

Este aspecto permitirá cumplir con los plazos que se han propuesto, porque, tal cual como ya lo señaló el señor Ministro, el proyecto contempla procedimientos muy bien diseñados y cortos. Al respecto, la especialización de los jueces se logrará por medio de una distribución preferente de causas concursales, por medio de un Auto Acordado de la Corte Suprema. A modo de ejemplo, señaló que en la ciudad de Santiago habrá 3 tribunales que verán causas concursales. Lo anterior no significa que estos tribunales no verán otro tipo de causas. Esta proposición fue valorada favorablemente por el Presidente de la Corte Suprema. Asimismo, se capacitará adecuadamente a los tribunales que serán designados.

3.- Boletín Concursal.

Es una plataforma electrónica gratis que estará a cargo de la Superintendencia, en la que se publicarán todas las resoluciones y actuaciones que se dicten en los procedimientos concursales.

En tal sentido, señaló que ya no se publicará en el Diario Oficial sino que en el Boletín Concursal. Esto reduce de un modo considerable los gastos del procedimiento.

4.- Determinación del pasivo.

La Superintendenta señaló que la determinación del pasivo es una etapa muy importante en los procedimientos concursales. Destacó que lo novedoso del proyecto en esta materia es que la verificación de los créditos por parte de los acreedores, así como la objeción de los mismos, deberá hacerse ante el tribunal, y que son los nuevos entes concursales, el veedor o el liquidador, quienes arbitrarán tales objeciones para poder subsanarlas. Las que se subsanen y aquellas que no han sido objetadas, pasarán a la nómina de créditos reconocidos. Por su parte, aquellas respecto de las cuales subsiste controversia pasan a la nómina de créditos impugnados. Luego, el tribunal resuelve, en una única audiencia.

Lo anterior significa, en términos sencillos, que se pasa por el cedazo todo aquello que puede subsanarse y también se adelanta el trabajo al tribunal en materias de carácter administrativo, para que éste se concentre únicamente en fallar aquello en lo cual hay controversia. También conlleva una disminución de la carga de trabajo para los tribunales y por ende disminuyen los plazos.

Hizo notar que con la ley actualmente vigente la determinación del pasivo toma mucho tiempo.

5.- Arbitraje concursal.

Establece un arbitraje concursal voluntario y únicamente para las empresas deudoras. Éste puede ser acordado en la reorganización, con una carta de apoyo del 50% más uno del pasivo; y en la liquidación, que requiere el apoyo de la junta de acreedores, con quórum calificado.

Actualmente existe arbitraje para las empresas que están sujetas a la Superintendencia de Valores y Seguros. En cambio, en el proyecto el arbitraje es voluntario y para todo tipo de empresas.

6.- Nuevos entes concursales: El veedor y el liquidador. También el martillero concursal.

Señaló que éstos serán los tres entes que fiscalizará la Superintendencia y que ya no habrá síndicos sino que liquidadores.

Se busca diferenciar perfiles, entendiendo al veedor como un especialista en propender acuerdos de reorganización y, también, de supervigilar a los deudores; y al liquidador como un especialista en la realización de los activos.

Por su parte, respecto a los martilleros concursales, indicó que los únicos que participarán en procedimientos concursales serán aquéllos inscritos en la nómina de la Superintendencia. De los 1.118 martilleros que actualmente están inscritos en la Subsecretaría de Economía, aquéllos que quieran participar en los procedimientos concursales tendrán que someterse a la fiscalización de la Superintendencia.

7.- Acciones revocatorias.

El proyecto propone una nueva regulación para las acciones revocatorias concursales. Recordó que actualmente son muy poco utilizadas porque la regulación es poco clara.

8.- Traslada conductas punibles al Código Penal.

Este punto también tiende a eliminar el estigma del deudor que fracasa, situando las conductas típicas donde siempre debieron estar. Al respecto, recordó que antiguamente tales delitos también estaban estipulados en el Código Penal, por lo que la ley repone los mismos artículos que fueron derogados.

También el proyecto elimina las presunciones de quiebra fraudulenta y culpable.

Tipifica conductas penales comunes asociadas a procedimientos concursales, asignando penas específicas a dichas conductas. Esto actualmente no existe.

9.- Insolvencia transfronteriza.

Se recoge la Ley Modelo de Insolvencia Transfronteriza de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). Esto lo han hecho todas las legislaciones modernas en materia concursal, entre ellas las de Colombia, México, Canadá, Singapur y Japón, entre otras. Con esto se da seguridad al comercio y a la inversión y permitirá tramitar en el mismo procedimiento todos aquellos activos y pasivos de las empresas transnacionales que están en insolvencia.

10.- Nueva Superintendencia.

Nuevo nombre: Superintendencia Concursal.

Tendrá cobertura nacional y presencia regional. Recalcó que actualmente la Superintendencia de Quiebras no tiene presencia regional, sino que sólo tiene mandato legal de cubrir todas las regiones del país, aun cuando sólo existe una oficina, la de Santiago.

La relación con el Poder Ejecutivo será a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que es a través del Ministerio de Justicia. No obstante lo anterior, la Superintendencia igualmente mantendrá un vínculo muy estrecho con el Ministerio de Justicia, porque los procedimientos concursales siguen siendo juicios.

Subrayando este aspecto, el Ministro de Economía, señor Longueira, destacó que el cambio de la relación que tendrá la Superintendencia con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, es acorde con el nuevo énfasis que tendrá la normativa, que está enfocado a la reorganización de la empresa.

Continuando con su presentación, la señora Superintendenta destacó el carácter de institución fiscalizadora que tendrá Superintendencia Concursal. Esto ha provocado mucha alegría a los funcionarios, porque actualmente es la única Superintendencia que no tiene asignación de fiscalización, pero ahora el proyecto subsana esa situación.

La nueva Superintendencia seguirá adscrita al Sistema de Alta Dirección Pública.

Finalmente, destacó algunos datos en relación a la materia en cuestión, en las siguientes gráficas:

ESTIMACIÓN DE USUARIOS:

PROCEDIMIENTOS DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN.

Según un en estudio realizado en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos, actualmente existen en Chile 1.959 empresas con problemas de liquidez. De ellas, 1.494 están en situación efectiva de quiebra y 465 en situación efectiva de recuperación. Explicó que el estudio se hizo midiendo a las empresas que tienen DICOM, luego se cruzó la información con la que tiene el Servicio de Impuestos Internos en cuanto a las ventas, y se midió al año anterior al protesto, así como los dos años anteriores, para ver cuál era el comportamiento en relación a las ventas. Se llegó a la conclusión que muchas de ellas disminuyeron sus ventas, llegando casi a cero, y, por el contrario, algunas de ellas las subieron. Esto hace evidente la necesaria distinción entre recuperación y quiebra.

Agregó que de las casi 2.000 empresas en estado de insolvencia y, por ende, con problemas de liquidez que actualmente existen en Chile, sólo un 6% se someten a los procedimientos de la ley vigente. Considera que un porcentaje tan bajo indica la existencia de un problema. Agregó que el resto de las empresas en esta situación simplemente cierra informalmente. Por lo mismo, uno de los objetivos del proyecto es que un porcentaje importante de este universo de empresas se sometan a estos procedimientos concursales porque son atractivos, flexibles, eficientes y transparentes.

En cuanto a las personas naturales, con la SBIF hicieron un estudio que permite estimar que el total potencial de usuarios del procedimiento de renegociación de la persona natural sería de 158.685, de los cuales un 20 % cumplirían los requisitos de admisibilidad, siendo un 0,5% los que se someterán al procedimiento en todas sus instancias, es decir, participarán en las audiencias de renegociación; de determinación del pasivo; de ejecución y finalmente, terminarán con el procedimiento. El estudio se hizo en base a tarjetas de crédito bancarias y no bancarias.

ESTIMACIÓN DE USUARIOS (PERSONAS):

PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE RENEGOCIACIÓN.

CASO BELLAVISTA OVEJA TOMÉ

Finalmente, la Superintendenta se refirió al caso Bellavista Oveja Tomé, para graficar cómo se resolvió con la ley vigente, y sus resultados, y cómo sería con las normas que contiene el proyecto en discusión. Entre ellos destacó como en este caso la tasa de recuperación fue del 26,92%, mientras que con la normativa que propone el proyecto la tasa de recuperación sería de 63,5%, a la par con la que tienen los países de la OECD.

Antes de finalizar, hizo presente que el proyecto cumplió una etapa de socialización y consulta. Han trabajado en conjunto con los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo; de Justicia; Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda.

También el proceso de socialización consideró varios actores, entre ellos, los síndicos de quiebra, asesores económicos de insolvencias, SBIF, SVS, SII, Tesorería General de la República, SERNAC, Ministerio Público, DIPRES y Contraloría General de la República, entre otros.

A continuación, el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Tuma, agradeció la presentación del Ministro de Economía, Fomento y Turismo y de la Superintendenta de Quiebras.

Asimismo, recabó el acuerdo de la Comisión para dar un tratamiento expedito a la discusión en general del proyecto, proponiendo que en la siguiente sesión la Comisión pudiese debatir y despachar el proyecto en general, toda vez que la Sala acordó que el debate en general sería en la Comisión de Economía, pero que la discusión en particular, en el segundo informe, será conocido por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Economía, unidas, instancia en la cual se profundizará en cada una de las materias que aborda el proyecto.

Acogiendo la proposición formulada por el señor Presidente, la unanimidad de los miembros de la Comisión acordó debatir el proyecto con celeridad, luego pronunciarse en general y pasar el informe y sus antecedentes a la Sala, para que, una vez aprobado en general por el Senado, sea discutido en particular en las Comisiones unidas.

A continuación, el Honorable Senador señor Espina señaló conocer desde hace muchos años esta materia y considera que es una de las más relevantes del derecho moderno y respecto de la cual nuestra legislación está más atrasada.

En tal sentido, indicó que actualmente los procedimientos concursales de la quiebra constituyen verdaderos obstáculos para las compañías que pudieran resurgir así como para las compañías que van a quebrar. Desde el punto de vista del derecho penal, también es una legislación anticuada. Es necesario terminar con la estigmatización de aquella persona que fracasa en un emprendimiento, lo cual es de común ocurrencia. Connotó que la regla general en la conducta de una persona o compañía no es el fraude a la ley sino que, por el contrario, los fracasos en un emprendimiento son propios de los cambios de mercados dinámicos y globalizados, sumado a diversas circunstancias, pero sin que medie mala fe. Las cifras así lo indican, toda vez que se calcula que en los últimos 15 años, una persona ha fracasado 6 o 7 veces en su emprendimiento antes de llevar adelante un proyecto exitoso.

Felicitó a Su Excelencia el Presidente de la República, al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y a la Superintendenta por el proyecto que el Ejecutivo ha enviado a tramitación al Congreso Nacional, así como también al Presidente de la Comisión, por su voluntad resuelta por priorizar su discusión.

Agregó que el proyecto tiene una importancia y una trascendencia enormes, porque le da seguridad y estabilidad a todo quien emprende. Actualmente un emprendedor se ve sometido a un temor permanente consistente en las consecuencias negativas que podría enfrentar si su proyecto fracasa, lo que, sumado a una serie de presunciones anticuadas, particularmente la quiebra culpable, termina por inhibirlo de emprender.

Esta es una legislación de las más importantes que el país puede ofrecer para proteger tanto al emprendedor como a quienes son víctimas de un mal emprendimiento y tienen el legítimo derecho a recuperar aquello que se les debe.

Reiterando su respaldo a lo propuesto por el señor Presidente de la Comisión, concuerda con que el proyecto sea votado en la próxima sesión, luego de escuchar a expertos en la materia, tanto académicos como síndicos, para contar con una visión teórica de la materia y con la visión empírica de quienes ejercen profesionalmente y tienen gran experiencia en terreno.

Luego, el Honorable Senador señor Sabag manifestó que se trata de un muy buen proyecto, necesario y oportuno. También concuerda con priorizar y agilizar su tratamiento e invitar a expertos en la materia, recogiendo sus conocimientos, pareceres y experiencia.

Hizo presente que su zona ha tenido varias quiebras, algunas de las cuales fueron muy mal manejadas, como la de Tomé. Del modo en que sea enfrentada es posible que una compañía salga adelante. Muchas veces ocurre que un emprendedor pierde su credibilidad pero la compañía es rentable y, por lo tanto, es necesario apoyarla.

Comparte lo expresado por el Honorable Senador señor Espina, en el sentido que grandes empresarios exitosos han tenido que enfrentar dos o tres quiebras. En el extranjero hay más facilidades ante el fracaso de un emprendimiento en cambio en nuestro país es una verdadera lápida de muerte, que es lo que debemos cambiar, para darle una oportunidad para que tenga otras oportunidades de éxito.

La Comisión acordó facultar a la Secretaría de la Comisión para que reúna los nombres que los Honorables Senadores así como el Ejecutivo estimen del caso invitar para la próxima sesión.

En sesión de 13 de junio de 2012, la Comisión recibió a diversos invitados expertos en la materia, tanto del ámbito académico como profesionales del área.

Algunos de los invitados acompañaron por escrito los aspectos fundamentales de sus presentaciones, documentos que se encuentran en Secretaría a disposición de los Honorables señores Senadores.

En primer término, el señor Presidente de la Comisión le ofreció el uso de la palabra al Síndico de Quiebras y Profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, señor Patricio Jamarne Banduc.

En su exposición, el señor Jamarne señaló que nuestra legislación actual tiende a la protección del crédito y del orden público económico, siguiendo la tradición histórica de nuestro país y de la tendencia mundial en la época en que fue dictada. Esta postura ha sido superada por el paso del tiempo, y hoy la tendencia es distinta tanto en nuestro país como en el derecho comparado y lo que se busca es proteger a la empresa y en consecuencia al empleo, que es la base o fundamento de este proyecto de ley.

Como cosa previa, y habiendo efectuado un análisis al proyecto, estima que este es un esfuerzo real para solucionar gran parte de los problemas que se habían presentado en la tramitación de los Convenios y Procesos de Quiebra, y es así como contienen normas de agilización de procesos e incorpora normas que resuelven problemas de jurisprudencia variada.

Además se reglamenta, tanto en materia de Reorganización como en la Liquidación, y se da solución a los problemas que existían con los prestadores de servicios básicos para la continuidad de las empresas.

Por otra parte, se agregan algunos conceptos novedosos especialmente en materia de "Procedimiento Concursal de Reorganización", dar soluciones a problemas de ejecución de contratos, venta de bienes durante la tramitación, el otorgamiento de nuevos créditos, elementos necesarios para la subsistencia de cualquier empresa. También es necesario valorar en esta materia, la posibilidad de que dentro de una misma categoría de acreedores puedan haber proposiciones distintas y que además participen en estos procesos los acreedores privilegiados y preferentes.

En materia de liquidación, es destacable que se haya abierto un proceso de discusión y defensa antes de dictar la sentencia de liquidación (quiebra actualmente), y que la resolución dictada deba contener los requisitos de toda sentencia, además de los especiales, lo que estimó se encuadra dentro de la normativa constitucional del debido proceso, derecho a la defensa y bilateralidad de la audiencia. Además de esta forma, se agilizan los procesos de quiebra, pues en la actualidad producto del recurso especial de reposición, las quiebras pueden pasar años sin que se encuentren ejecutoriadas.

En lo referente a la administración y liquidación de los bienes del deudor, el anteproyecto devuelve a la Junta de acreedores, órgano principal en los Procesos Concursales, todos sus derechos y facultades en las citadas materias. Conjuntamente con la radicación en la Junta de Acreedores de sus facultades para ordenar la realización de los bienes del deudor fijando plazos y condiciones, el proyecto trata la liquidación de una manera minuciosa y completa, que es digna de destacarse. La liberalidad en la venta es esencial para poder obtener el máximo de resultado en la recuperación.

En el proceso de liquidación, le parece muy importante la creación de una Comisión de Acreedores, y dará agilidad a los procesos, ya que no será necesario en muchas oportunidades reunir a la Junta para tomar decisiones de mucha importancia, especialmente en materia de gastos de administración y liquidación de bienes. En esta materia, los miembros que la compongan deberían ser pagados y con responsabilidades legales, ya que tendrían la responsabilidad de controlar, fiscalizar y verificar las actuaciones de los liquidadores.

En materia de Revocatorias Concursales, el anteproyecto es bastante completo e intenta por la vía legal solucionar muchos de los problemas que ocasionaron jurisprudencia no uniforme.

El anteproyecto crea la posibilidad de Arbitraje Concursal, no solo para la reorganización sino que también para procesos de liquidación, situación novedosa y que está de acuerdo con la tendencia moderna. También establece la Insolvencia Transfronteriza, materia que tiende a resolver problemas que se están produciendo por la globalización de las actividades económicas. Se debe destacar, a circunstancia de eliminar de la ley concursal los delitos y remitir su calificación al Código Penal, lugar donde siempre debieron estar.

Luego, hizo uso de la palabra el señor Síndico de Quiebras y Asesor Económico de Insolvencias, señor Enrique Ortiz D´Amico.

El señor Ortiz señaló que su experiencia como síndico de quiebras es de 10 años, período en el cual junto a otros síndicos, ha solicitado a la autoridad una serie de modificaciones necesarias de introducir en materia de quiebras.

Indicó que, en su parecer, una buena ley debe apuntar a mejorar la transparencia y la agilización de los procesos, y a aumentar la recuperación de los créditos.

En términos generales, estima que el proyecto satisface en buena medida estos puntos que son necesarios, y que existe la posibilidad real de mejorar sustancialmente la legislación, tarea en la cual los síndicos tienen mucho que aportar.

Destacó una innovación importante contenida en el proyecto de ley, relacionada con la venta de los activos. Recordó que el monto de recuperación es la cantidad que, en definitiva, recibirán los acreedores del fallido. Explicó que ante un estado de insolvencia, el fallido muchas veces tiene sensaciones negativas, tanto hacia los acreedores como hacia el síndico, de tal modo que, la mayoría de las veces, no presta la colaboración que debiera para que el trabajo pueda ser bien realizado, lo que constituye una traba para el éxito de este proceso. Ello ocurre porque, de conformidad a la ley de quiebras vigente, la venta de los activos exige que el fallido autorice proceder de un modo distinto a las modalidades que la ley contempla para la venta de bienes muebles, que es por martillero en remate judicial, y para los bienes inmuebles, que se efectúa en el tribunal. Es decir, si no hay autorización del fallido para proceder de un modo distinto a los señalados, no queda más que seguir la realización ordinaria de los activos de conformidad a la ley. A contrario sensu, la autorización del fallido da mucha libertad al síndico, junto a los acreedores, para realizar los activos de otra manera.

Mostró su satisfacción sobre este aspecto del proyecto que liberaliza la forma en que pueden ser vendidos los activos, sin que sea necesario el consentimiento del fallido. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas conservativas que tiene el fallido para resguardar su activo, lo cual se mantiene en el proyecto en debate. En suma, ya no será necesario preguntarle al fallido cómo quiere vender los activos.

Para graficar lo anteriormente señalado indicó que, en un caso de quiebra del año pasado, el fallido otorgó todas las facilidades para la realización de sus activos, un verdadero cheque en blanco. En el caso, trabajó mucho, junto a los acreedores, en encontrar el mejor modo realizar los activos, optando finalmente por una licitación en los términos que estimaron más adecuados para las particularidades de los activos existentes, circunstancia que está presente en la mayoría de las quiebras, y muy distinta a la venta de cada uno de ellos por separado. Los resultados fueron muy satisfactorios por la recuperación de varios millones de dólares, pero como aún no ha terminado la quiebra no está en condiciones de precisar su porcentaje, pero lo proyecta en alrededor de un 60 a un 70%, estimación bastante alta en relación a los porcentajes que normalmente se obtienen en una quiebra.

En sentido contrario, compartió con la Comisión el caso de otra quiebra de un fallido del mismo giro del caso anterior, pero en el cual, por distintas razones anteriores a la declaración de quiebra, el fallido se molestó mucho con el Ministerio del ramo y sus funcionarios por lo que no presta ningún tipo de colaboración hacia la quiebra. Con tal actitud, se vieron perjudicados los acreedores y el síndico, que tuvieron que buscar la manera de vender exitosamente el mismo activo del primer ejemplo y la encontraron, logrando reordenar y venderlo adecuadamente, pero, lamentablemente, corresponde pedir una autorización al tribunal, que, a su vez, debe designar un martillero dentro de los 120 existentes, en un activo de aproximadamente US$ 15 millones. Es algo que está en desarrollo, porque el remate se realizará en una fecha próxima, pero su proyección de recuperación es bastante inferior al primer caso.

Subrayó nuevamente que esa es una diferencia sustancial del proyecto respecto de la normativa vigente, en el sentido que regular de un modo adecuado la venta de activos del fallido, que, en suma, es dejar en manos de los acreedores la decisión de definir el modo de liquidar los activos.

Si subrayó que en materia de transparencia el proyecto mantiene la modificación del año 2005, según la cual son los acreedores los que definen quién es su síndico. Recuerda que anteriormente este punto era resuelto por el tribunal, y que existen autores que afirman que la designación de un síndico debería ser por sorteo, lo cual no comparte.

Luego, el Asesor del Ministerio de Economía y ex Superintendente de Quiebras, señor Cristián Palacios destacó algunos aspectos del nuevo procedimiento concursal de liquidación.

Al respecto, señaló que su intención era abordar dos temas fundamentales que, en su parecer, constituyen los hitos centrales del proyecto en relación a la liquidación, es decir, a lo que actualmente es conocido como quiebra.

De acuerdo a la legislación vigente, la empresa deudora que ha sido demandada de quiebra en su contra no sabe qué defensa puede desarrollar, ni en qué plazo debe hacerse. La ley no lo señala, sólo indica que tiene derecho a una audiencia informativa que no da lugar a incidente. Ante tal escenario, la jurisprudencia ha entregado múltiples opciones para determinar el plazo dentro del cual la empresa deudora demandada puede hacer su defensa y cuáles serían estas eventuales defensas. Por lo anteriormente expuesto, existe una gran incertidumbre para el deudor en cuanto a los plazos para hacer una presentación y el contenido formal o técnico sobre las materias.

El proyecto corrige las situaciones señaladas, considerando un procedimiento nuevo e innovador.

1.- Procedimiento expedito y con plazos fijos:

En efecto, el procedimiento considera:

- 12 días para iniciarlo.

- 14 meses para liquidar una empresa.

2.- Crea una instancia previa y oportuna para la defensa del deudor, antes de la resolución que ordena la apertura de la liquidación:

En efecto, la primera resolución de un tribunal que conoce de una solicitud de quiebra en contra de una empresa deudora es la citación al afectado a la denominada “audiencia inicial”. En esta audiencia, que sigue los mismos parámetros y principios del nuevo procedimiento civil, actualmente en tramitación, el deudor puede asumir distintas conductas:

-Allanarse a la liquidación.

Se dará curso al procedimiento de liquidación, hoy conocido como quiebra.

-Consignar fondos suficientes.

Esto permite enervar la acción.

-Acogerse al procedimiento concursal de reorganización.

Este es un elemento central del nuevo procedimiento. Si bien el deudor reconoce que se encuentra en una situación de iliquidez o de cesación de pago, eso en ningún caso significa que la empresa sea inviable. Por lo tanto, se acoge a las disposiciones de lo que hoy conocemos como proposiciones de convenio para intentar entregar a sus acreedores una solución global.

- Oponerse a la demanda de liquidación forzosa

- juicio de oposición.

Esto significa controvertir el mérito de la demanda de la cual ha sido notificado. En este momento se crea y se da inicio al denominado juicio de oposición. Tal defensa no es abierta, o, dicho de otro modo, no será posible alegar cualquiera cosa, sino que, manteniendo el criterio según el cual la liquidación, actual quiebra, es una acción que se basa en presunciones de cesación de pagos o de insolvencia, mantiene las causales de oposición previstas para el juicio ejecutivo individual, pero no todas, sino que exclusivamente aquellas que guardan más relación con la naturaleza del título que se invoca, que es un título ejecutivo que suele bastarse a sí mismo, porque da cuenta de una obligación líquida y actualmente exigible, por lo tanto, casos en los cuales efectivamente estemos en presencia de un título alterado o impropio, o que dé cuenta de una deuda pagada, permitirá hacer valer esas excepciones que se ajustan al señalado criterio.

Luego, el tribunal se pronuncia respecto de las pruebas que han sido ofrecidas, es decir, cómo el deudor pretende acreditar sus dichos, y, por lo tanto se pronuncia sobre la pertinencia de la prueba.

A continuación, 5 días después, se celebra la audiencia de prueba, en la cual las pruebas se rinden, manteniendo los principios del derecho procesal actual, es decir, prueba testimonial, en el caso que haya sido ofrecida, con un límite de dos testigos por cada punto de prueba; prueba pericial; de absolver posiciones por parte del demandante, y, también, rendir una prueba complementaria o adicional para el propio acreedor peticionario.

Terminada la fase probatoria, nos topamos con otro elemento fundamental del juicio de oposición, en el sentido que queda fijada para décimo día la audiencia de fallo. Es decir, ni el tribunal ni las partes pueden disponer de esta fecha, porque necesariamente debe tener lugar en el plazo anteriormente señalado, para no generar un retraso en cuanto a la dictación de la sentencia.

En la audiencia de fallo, el tribunal acoge o rechaza las excepciones deducidas, y, en caso que las rechace, dará lugar al inicio del procedimiento de liquidación, equivalente a la actual quiebra.

Luego también destacó que el proyecto limita el régimen de recursos, solucionando un problema que era imprescindible corregir. Ello evitará litigar permanentemente, y que ocurran situaciones como las expuestas por el profesor Jamarne. El único recurso procedente será el de apelación, que, a su vez, contempla modificaciones que lo harán más veloz, como son la inclusión en la tabla extraordinaria para su vista y para su fallo.

3.- Optimiza la venta de activos.

Ello en virtud que el procedimiento:

-Permite venta al martillo de inmuebles.

Hoy existe consenso entre las personas que hacen del mundo concursal su actividad habitual, en que los bienes que se enajenan dentro del marco de una quiebra –liquidación en el proyecto-, se subastan o liquidan a precios bastante inferiores a los que se pudiera acceder si el procedimiento fuese más breve, concentrado y más profesionalizado, y si, además, se entregara a los acreedores la facultad de decidir la fórmula que ellos estiman más conveniente.

En la actualidad, son realizadas muchas ventas al martillo de bienes inmuebles, sin perjuicio que estamos frente a una actuación que podría ser calificada como ilegal, porque los martilleros públicos sólo pueden rematar bienes muebles. El proyecto se hace cargo de esta realidad y entrega la posibilidad al martillo de rematar inmuebles y, además, entrega un registro de martilleros concursales, que estará a cargo de la Superintendencia Concursal. Así se profesionalizará la labor del martillero en lo que a quiebras o liquidación se refiere.

-Elimina consentimiento del deudor.

No parece razonable que el deudor pueda intervenir tan decisivamente en la venta de sus propios bienes. Señaló que actualmente ello da lugar a muchas irregularidades y a situaciones criticables. Desde el punto de equilibrio, el deudor, por ejemplo, tendrá una etapa en la cual podrá oponerse a la demanda de liquidación en su contra, de rendir todas las pruebas que el tribunal estime pertinentes, tendrá un régimen de recursos, bastante acotado, pero real y efectivo, todo para garantizar su derecho a un debido proceso.

En suma, la eliminación del consentimiento del deudor responde a que las oportunidades para su defensa efectiva ya habrán pasado en etapas previas y habrán sido resueltas por el tribunal.

-Potencia realización simplificada.

-Facilita la venta como unidad económica.

En la facilitación de la venta como unidad económica, indicó que uno de los grandes defectos de la legislación vigente es que se encuentra radicada en el tribunal de la quiebra. Ello genera muchas dudas para cualquier inversor, que tiene que acercarse a su abogado y preguntar por las posibilidades reales de que la venta se vea atacada, debido a incidentes de todo tipo y que pueden ser presentados antes de la subasta o con posterioridad, lo cual genera un temor fundado en la persona que está dispuesta a competir por la unidad económica.

El proyecto retira la venta como unidad económica de la esfera del tribunal para que tal venta se realice donde los acreedores lo decidan y de la forma que éstos estimen más conveniente, puesto que son sus propios intereses los que están en juego.

Así, existirá un amplísimo margen de libertad para decidir la venta como unidad económica, no sólo en cuanto a los bienes que la componen sino que también la fórmula de realización que se estime más eficiente.

-Establece plazos perentorios para venta.

Señaló que la legislación vigente también considera plazos perentorios para la venta, pero, por distintas razones, no se cumplen. Sin embargo, el proyecto ley los considera y establece una facultad para que la Superintendencia pueda ampliarlos frente a una petición fundada, pero la regla general es que tales plazos son inamovibles y deben ser cumplidos en todos los casos.

A continuación, hizo uso de la palabra la Síndico de Quiebras, señora María Loreto Ried, quien expuso sobre el caso de una Compañía Minera.

En agosto de 2010, el representante de la Compañía Minera solicitó la designación de experto facilitador.

La junta de acreedores celebrada el 23 de septiembre de 2010, acordó designar a un experto facilitador. Tal junta tuvo una asistencia del 83,71% del total del pasivo (acreedores), que representaban un pasivo de $5.235.961.322.

En octubre de 2010, el experto facilitador acompañó informe formulando proposiciones de convenio judicial preventivo.

El convenio judicial preventivo se tuvo por propuesto con fecha 4 de noviembre de 2010, designando síndico informante titular y síndico informante suplente.

El 25 de noviembre de 2010, se acompaña informe de las proposiciones de convenio.

Con la misma fecha, la junta de acreedores acordó el convenio preventivo judicial informado por la síndico, por la unanimidad de los acreedores. El objeto principal del convenio es la realización y venta ordenada de la totalidad de los activos de la compañía. En el convenio, el deudor proponente se compromete a pagar todos sus créditos preferentes, trabajadores e impuestos y luego a sus acreedores valistas, en los porcentajes establecidos en la misma convención.

La administración del convenio quedó entregada a una comisión de acreedores y se estableció una vigencia de 15 meses. La síndico es parte integrante de la comisión de acreedores.

Con fecha 17 de enero de 2011, se tuvo por aprobado judicialmente el convenio judicial.

Con fecha 29 de diciembre de 2012 se aprobaron modificaciones al convenio aprobado en relación al plazo para cumplimiento, administración, y facultades de la comisión de acreedores.

Luego, intervino el Síndico de Quiebras, señor José Manuel Edwards, quien expuso el caso de la quiebra “Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile”, en la cual el actuó como síndico. Tribunal: 7° Juzgado Civil de Santiago

HECHOS:

La declaratoria de quiebra ocurrió el día 26 de mayo de 2006. El acreedor peticionario fue la Tesorería General de la República. Se presentó un recurso especial de reposición en relación a la calificación del deudor, en cuanto a si era comerciante, de acuerdo al artículo 41 del Libro IV del Código de Comercio.

Junta Constitutiva: 24 de agosto de 2006. Se acordó la continuación de giro por el plazo de un año. Se designó como administrador de la continuación del giro al síndico señor Edwards.

Junta Extraordinaria de Acreedores con fecha 9 de diciembre de 2008; acordó Convenio Simplemente Judicial presentado por la fallida para poner término a la quiebra. El pasivo con derecho a voto que acordó el convenio fue de un 75,1322%. Se nombró una comisión de acreedores encargada de la administración del convenio integrada por los señores Waldo Mora; Víctor Márquez y Víctor Cornejo.

Club Deportivo Magallanes S.A. impugnó el convenio, impugnación que pierde en primera y segunda instancia. Con fecha 16 de marzo de 2011, la Excelentísima Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido por el representante del Club Deportivo Magallanes S.A. y, en consecuencia, invalidó la sentencia de fecha 20 de mayo de 2011 dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la cual confirmaba la sentencia de cuatro de mayo de 2009, del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que rechazó con costas la impugnación al convenio simplemente judicial interpuesta por dicho acreedor.

Con fecha 14 de abril de 2011, el tribunal de primera instancia resuelve: “A fojas 869 y 870: Atendido lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en cuanto rechazando el convenio simplemente judicial presentado en autos, se mantiene el estado de quiebra de la fallida, a todo no ha lugar”.

Con fecha 25 de abril de 2011, el síndico asumió nuevamente en la quiebra Corfuch.

CONTINUACIÓN EFECTIVA DEL GIRO DEL FALLIDO:

En el caso de la Continuación del Giro de la quiebra de la Corfuch (Corporación de Futbol Profesional de la Universidad de Chile) se presentan algunos temas que son importantes de considerar al momento de estudiar el proyecto de la nueva ley de quiebras:

-En la primera Junta de Acreedores celebrada en el Tribunal que conoce de la quiebra, se propuso la Continuidad de Giro del acreedor. Para ello, se debió tomar inmediatas decisiones relacionadas a la reorganización administrativa, contable, y operativa del fallido, decisiones que significan tomar compromisos como por ejemplo, contratar jugadores, compromisos con la ANFP y varios otros, siendo que aún no está ratificada la autorización por parte de la primera Junta Ordinaria de Acreedores. El lapso que transcurrió entre el inicio de la reorganización administrativa hasta que esta fue formalmente autorizada por la Junta de Acreedores tomó más de 30 días.

-De acuerdo al artículo 99 para la continuación efectiva se requiere autorización del tribunal, lo que si bien es cierto, en la mayoría de los casos la otorgan, implica un desfase de al menos 48 horas en que se dicte la resolución.

-Muchas veces el Síndico requiere efectuar un análisis económico complejo para decidir si continúa efectivamente el giro y ello incide en la fecha de inicio.

-Dificultad para obtener el quórum de dos tercios del pasivo de la quiebra con derecho a voto. (Artículo 112).

-Continuaciones del Giro que, aunque generen pérdidas o modestas ganancias, resultan necesarias para conservar la unidad económica.

-Situación de acreedores hipotecarios sobre bienes necesarios para la Continuación del Giro (C. de G.). Si no consienten en la C. de G. pueden seguir adelante sus ejecuciones y la C. del G. se quedaría sin inmuebles para funcionar.

-Plazo de la C. de G: Ley no es clara, la continuación de giro se acuerda por pazo máximo de 1 año prorrogable por otro año. Sin embargo, si el Síndico ha obtenido autorización antes de la Primera Junta Ordinaria, es posible que dure más tiempo. Igualmente, en el caso del artículo 124 se puede prorrogar por período indispensable.

-Las nuevas disposiciones contenidas en el proyecto de ley, eliminan el trámite de inicio formal de la reorganización del fallido por lo que no se está sometido a un período de indeterminación en la adopción de decisiones importantes antes de la aprobación formal de la continuidad de giro que en este caso sería la etapa de reorganización.

Finalmente, hizo uso de la palabra el Profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile y Árbitro de Lista de Abogados que pueden ser nombrados árbitros que lleva la Superintendencia de Quiebras, señor Nelson Contador Rosales.

En primer lugar transmite un saludo especial a los Honorables señores Senadores y al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, del Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Indicó que el proyecto de ley contempla un nuevo procedimiento de reorganización que es lo que hoy conocemos como convenios judiciales preventivos, es decir, los acuerdos entre el deudor y sus acreedores con la finalidad de evitar el estado de quiebra.

La ley actual tiene una vigencia de 30 años, tiempo durante el cual ha sido objeto de al menos 8 reformas. La última de ellas, que respondió a un esfuerzo para encontrar el modo de atraer a las compañías a adelantar su situación de crisis, fue el año 2005. En aquella oportunidad, el legislador hizo un gran esfuerzo por establecer algunas instituciones en tal sentido, pero, lamentablemente, no tuvo repercusión en la práctica. De este modo, del año 2006 al año 2011 solamente se tramitaron 47 convenios judiciales preventivos. En el mismo período fueron declaradas 855 quiebras.

Sobre la base de los datos anteriormente expuestos, indicó que cabe preguntarse durante el análisis de este proyecto de ley, qué es lo que está sucediendo. Por qué el empresario dilata su situación de crisis y no da cuenta de ella oportunamente. La realidad permite afirmar una empresa con problemas ya no tiene activos líquidos y los pocos activos que tiene ya están factorizados; tiene deudas previsionales impagas; adicionalmente tiene deudas de IVA; no tiene abastecimiento, y, por consecuencia lógica, tampoco tiene cobertura en las compañías que les dan el seguro de crédito a sus proveedores. Finalmente, tiene que recurrir a las fuentes informales de créditos, es decir, los prestamistas. Ello sin contar que están con cheques protestados y los procedimientos que de ello se derivan.

Destacó las palabras de la Superintendenta que llamó a potenciar una fórmula en la cual sea posible analizar rápidamente la reorganización de una compañía, y si no hay una viabilidad, en forma rápida, también, instar por una liquidación.

Esta es la mirada del proyecto, estableciendo, en primer lugar, una manera muy expedita para iniciar el procedimiento, en la cual, con la sola circunstancia de ingresar el empresario a la reorganización por mandato legal, se le otorga una protección de 30 días. Durante este lapso de tiempo no podrá ser declarado en quiebra, tampoco es posible que se liquiden sus bienes y no se le puede demandar, entre otras medidas de protección. Ello se diferencia de la situación que actualmente contempla el artículo 177 bis, que tiene una modalidad completamente distinta: para lograr tal protección, la ley exige un acuerdo previo de dos o más acreedores que representen más del 50% del pasivo, lo que es difícil de obtener y toma mucho tiempo, especialmente con los bancos, que responden a la máxima de apoyar aquellos que está dispuesto a aprobar. Es decir, implica hacer toda una negociación, que es propio del contenido de la reorganización en la discusión del procedimiento, y, mientras tanto, el empresario sigue con sus problemas, como el de abastecimiento, el del endeudamiento, y otros. En otras palabras, todo este tiempo termina agravando mucho más la situación de la empresa y acercándose aún más al estado de quiebra.

El proyecto recoge esta inquietud y, en tal sentido, establece que, por el solo mandato de la ley, se otorga al deudor una protección financiera de 30 días. Este plazo puede ser ampliado por otros 30 días, renovables, pero para ello requiere la voluntad de los acreedores. O sea, en total, el deudor podría llegar a contar con una protección de 90 días, plazo que el profesor Contador estima más que suficiente, porque, según su experiencia, más otras normas que contiene el proyecto, en 45 días sería posible contar con un acuerdo.

Otro punto bastante complejo es cómo asegura durante este procedimiento el abastecimiento de las empresas. Obviamente el proveedor no despacha sus productos en conocimiento que el deudor se encuentra en estado de convenio, con la potencialidad que el convenio pueda ser acordado o no, y en este último caso, se produce la quiebra. En otras palabras, puede ocurrir que la compañía sea extraordinariamente viable pero que no cuente con abastecimiento.

A mayor abundamiento, compartió con la Comisión su experiencia profesional. La nueva administración le encargó al estudio del cual forma parte, sacar adelante en diciembre del año pasado el convenio judicial preventivo de empresas La Polar. Señaló que la nueva administración de esa empresa estaba mandatada por los accionistas para levantar la compañía que estaba en una situación bastante complicada, por las razones por todos conocidas. Era necesario hacer una negociación con los tenedores de bonos, con las AFP, entre otros acreedores. Pero, además, había un problema de abastecimiento, particularmente antes de Navidad. Sin abastecimiento, cualquier fórmula de reorganización no habría dado frutos, porque al no tener ventas la empresa decaía absolutamente.

Así, el proyecto, recogiendo una situación como la anteriormente señalada, trabaja sobre la siguiente hipótesis: si el proveedor durante este procedimiento mantiene el abastecimiento de la compañía, será pagado conforme a la fecha de pago establecida en términos convencionales. Si por alguna circunstancia el procedimiento fracasa, la factura de ese proveedor se pagará y el proyecto contempla que tendrá la preferencia que establece el artículo 2472 N° 4 del Código Civil, es decir, que se paga como si fuera un gasto asociado al procedimiento de la quiebra. Tal solución tiene mucha lógica porque estamos frente al proveedor que le entregó la posibilidad a la compañía de continuar su giro, dándole oxígeno, razón por la cual debe tener esa condición. De lo contrario es imposible que se mantenga el abastecimiento.

Una solución similar considera el proyecto en relación a los activos, señaló que hay muchos activos inmovilizados en las empresas, que es imposible venderlos cuando se está en un proceso de convenio. Nadie quiere comprarlos, porque si no hay un convenio acordado no hay seguridad jurídica que pueda evitarse la quiebra, y si, en definitiva, la quiebra es declarada, tal acto o contrato podrá ser revocado. Al respecto, el proyecto contempla que, previo acuerdo con los acreedores, es posible disponer de activos inmovilizados.

En otro orden de ideas, señaló que si por un lado existen una serie de normas que posibilitan la reorganización y que le entregan buenas herramientas al deudor para que inicie esta fase de acuerdo con sus acreedores, también los acreedores tienen que tener el resguardo debido. Para ello, el procedimiento establece la presencia del veedor con facultades extraordinarias de intervención. No se trata de dejar abierto un procedimiento para que pueda usarse en perjuicio de los acreedores. En tal sentido, será el veedor desde el primer momento interviene la compañía, previene que el abastecimiento ingrese, pagará cuando corresponda hacerlo, y en cada venta de activo tendrá la responsabilidad para que efectivamente ingrese a la compañía y tenga su egreso correlativo, conforme a la operación de la misma. De manera que la posición del veedor es extraordinariamente importante.

Asimismo, el proyecto establece una serie de otras modalidades más desde el punto de vista técnico, pero, básicamente, a partir de lo que constituye el inicio, se dan las circunstancias para que el empresario deudor pueda anticipar su situación de crisis, mantener el funcionamiento de la unidad productiva, mantener la fuente de empleo.

Actualmente, la ley vigente establece que quien quiera aprobar un convenio judicial preventivo lo podrá hacer solamente con los acreedores valistas. Es posible celebrar un convenio extraordinariamente favorable con los acreedores valistas, pero no es oponible ante un acreedor hipotecario o ante quien tiene garantía prendaria. Indicó que el proyecto en discusión se hace cargo de esta circunstancia, y contempla la posibilidad de adoptar acuerdos separados de los acreedores valistas, por una parte, y de los acreedores que tienen garantía, por otro lado, toda vez que hay una composición de créditos distinta, y acordarlo bajo condición suspensiva que se acuerde el otro sistema de reorganización. Si hay comunicabilidad perfecta entre los dos intereses, se produce la reorganización y se salva la compañía. Si no es así, significa que no hay acuerdo y todo ha instado para la liquidación y será necesario liquidar la compañía.

Añadió que, entre otras, el proyecto contempla una norma de suma importancia en relación a la situación de los créditos relacionados.

Concluyó que es un proyecto sumamente innovador y que, desde el punto de la cátedra, los profesores del área han querido manifestar su pleno apoyo. Desde el punto de vista contable, la situación de los créditos relacionados no tiene una suerte de publicidad clara, en cuanto a su origen y en cuanto a las circunstancias y condiciones de pago. El proyecto contempla que si hay un acuerdo de reorganización, todo crédito relacionado queda pospuesto en su pago, hasta que se pague el último acreedor. Con eso evitamos muchas cosas, como entrar a analizar situaciones contables que muchas veces puede que no sean reales, o bien, ver situaciones de conflicto de interese que puedan producirse entre los acreedores.

Finalmente, destacó un elemento extraordinariamente novedoso del proyecto, que también está presente en legislaciones concursales del derecho comparado, que aborda la situación en que está muy concentrado el pasivo. Frente a esta realidad, cabe preguntarse si se justifica hacer uso del órgano jurisdiccional completo para dar curso a esa reorganización. Destacó que el proyecto facilita solucionar situaciones como la descrita, estableciendo que acordado que sea en términos privados, ante ministro de fe y cumpliendo las demás solemnidades del caso, es posible validar dentro del procedimiento de reorganización, con conocimiento del tribunal, con el debido conocimiento de los acreedores, con la posibilidad de ser objetado por los acreedores, hasta que, en definitiva, lo sanciona el juez con una sentencia.

Concluyó que es un proyecto sumamente innovador y que, desde el punto de la cátedra, los profesores del área han querido manifestar su pleno apoyo.

A continuación el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Eugenio Tuma, agradeció a todos los invitados que expusieron sus ideas en relación al proyecto y señaló que la Comisión da por terminada la audiencia pública a las personas que, a sugerencia, principalmente de la Superintendencia de Quiebras, invitó.

Agregó que, el proyecto tiene muchos méritos, lo cual confirma a la luz de lo expuesto por personas expertas y muy vinculadas al tema de fondo, tanto en lo doctrinal como en la práctica. Es un proyecto que pone los incentivos de un modo adecuado. Agregó que la experiencia con la ley de quiebras vigente no es buena y que el proyecto en discusión apunta a resolver los temas de liquidez de muchas empresas que hoy no la tienen.

Luego, el Honorable Senador señor Novoa destacó que el objetivo principal de la ley es orientar el proceso a la reorganización de las empresas. Sin embargo, le interesa conocer los mecanismos que considera el proyecto para evitar que el deudor llegue a una situación extrema, porque, en líneas generales, el procedimiento de reorganización está muy bien pensado, salvo que efectivamente la empresa haya paralizado su gestión y sólo tenga deudas que no pueden pagarse y el deudor y su empresa se encuentren en una situación caótica. Se pregunta si existe un detonante previo o un mecanismo que pueda anticipar el proceso de reorganización, y así no enfrentarse a una situación que, en los hechos, ya no tiene mayor solución.

Luego, el Honorable Senador señor Tuma consultó sobre la prelación de créditos en el proyecto. Asimismo, señaló que, de acuerdo a la legislación vigente, en un convenio judicial preventivo, cuando un acreedor tiene una garantía, al aceptar el convenio la pierde. Consulta cómo es el tratamiento de estas materias, particularmente la situación de un acreedor que cuenta con una garantía para el cumplimiento de la obligación, es decir, cómo se mantiene tal garantía para asegurar que tendrá una mejor posición en la participación de la reorganización o liquidación de la empresa.

En relación a la inquietud del Honorable Senador señor Novoa, el señor Contador indicó que el proyecto comprende una serie de aspectos destinados precisamente a invitar al empresario deudor a anticipar su situación de crisis y evitar las situaciones nefastas que podría llegar a enfrentar. Actualmente esa posibilidad no existe, porque hay un procedimiento lento para iniciarlo y un recorrido previo por los acreedores para tratar de dar a conocer su situación, y, en estos trámites, pasan los días y la situación se torna más grave, porque el endeudamiento se incrementa.

A modo de ejemplo, el proyecto contempla un rápido acceso al procedimiento; una rápida protección al deudor; una muy buena intervención y una posibilidad de mantener su abastecimiento por parte de sus proveedores.

Con tales herramientas como bases iniciales, estima que, objetivamente, quien quiera anticipar su situación de crisis y no esperar hasta el final, lo va a hacer, porque la ley lo invitará a hacerlo.

En relación a la consulta formulada por el Honorable Senador señor Tuma, el profesor Contador, indicó que el proyecto no cambia la situación de las preferencias. La sola circunstancia de considerar dos tipos de acuerdos, a saber, el de los acreedores valistas y el de los acreedores garantizados, en el caso de éstos últimos, nunca perderán la preferencia, y así lo señala expresamente el proyecto. De lo contrario, significaría despojarlos de una garantía pre constituida al inicio del crédito, lo cual es absolutamente ilegal.

Luego, el Honorable Senador señor Zaldívar señaló que habiéndose impuesto del proyecto, le manifestó al Presidente de la Comisión la conveniencia de despacharlo en general en esta misma sesión. Indicó que el proyecto está muy bien construido y felicitó a todos los que trabajaron en su elaboración. Destacó, asimismo, las exposiciones de los profesores y de los síndicos, que, con sus experiencias, reflejan la realidad.

Agregó que el tema que aborda el proyecto es de la mayor importancia y que la necesidad de realizar modificaciones sustanciales en la materia se arrastra desde hace un largo tiempo. Estima que durante la discusión en particular ante las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Economía, unidas, será posible ahondar en aspectos más específicos, y, de este modo, perfeccionar el texto en aquello que sea necesario.

Señaló que, en todo caso, el proyecto está en la línea correcta al tratar de evitar la quiebra, buscando la reorganización de la empresa y, si se da la quiebra, concurrir a ella en las mejores condiciones y con los mecanismos más adecuados, para que el resultado sea el más eficiente y expedito para quienes corresponde proteger: los acreedores. También destacó que el proyecto recoge la experiencia del derecho comparado sobre la materia.

Por todo lo anterior, manifestó estar en disposición de aprobar el proyecto en general y que el proyecto pase a la Sala.

Finalmente, el señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira, resalto que un objetivo de este proyecto de ley es encontrar un equilibrio para que los cambios propuestos orientados a lograr que los procedimientos sean más rápidos y expeditos, y que las garantías mantengan su prelación, entre otras, no encarezcan el crédito a las compañías, mirada que siempre estuvo presente en todas las modificaciones que introduce el proyecto.

Reiteró, que, en tal sentido, el espíritu del proyecto es reorganizar compañías en un plazo claro y preciso, y, finalmente, si ello no es posible, liquidar lo más expeditamente posible. En suma, la ley de quiebras debe ser capaz de salvar la mayor cantidad de compañías, y si tiene que liquidar, obtener la mayor recuperación de activos.

Tales son las miradas recogidas en el proyecto de ley presentado a tramitación por el Ejecutivo.

Celebra la excelente disposición de la Comisión para la pronta aprobación en general del proyecto, y anuncia que está abierto para que durante el trámite de la discusión particular en las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Economía, unidas, a profundizar en su estudio y a perfeccionarlo en todo aquello que sea necesario y conveniente.

Finalmente, el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Tuma indicó que seguramente por la complejidad del proyecto muchos Honorables Senadores tengan preguntas e inquietudes en puntos específicos, los que se harán presentes al discutirlo en particular.

En cumplimiento de la agenda fijada por la Comisión para la discusión en general del proyecto, incluso adelantándolo unos días su despacho, sometió el proyecto a aprobación en general.

--En votación, el proyecto es aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores José García Ruminot, Jovino Novoa Vásquez, Eugenio Tuma Zedán y Andrés Zaldívar Larraín. (Unanimidad. 4X0).

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO EN GENERAL

Se inserta a continuación el texto del proyecto cuya aprobación general proponemos:

PROYECTO DE LEY:

“I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- Ámbito de aplicación de la ley. La presente Ley establece el régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora y a repactar los pasivos o liquidar los activos de una persona deudora.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. Para efectos de esta Ley, se entenderá, en singular o plural, por:

1)Acuerdo de Reorganización Judicial: Aquel que se suscribe entre una empresa deudora y sus acreedores, con el fin de reestructurar sus activos y pasivos, con sujeción al procedimiento establecido en los Títulos 1 y 2 del Capítulo III de esta Ley.

2) Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado: Aquel que se suscribe entre una empresa deudora y sus acreedores, con el fin de reestructurar sus activos y pasivos, y que se somete a aprobación judicial con sujeción al procedimiento establecido en el Título 3 del Capítulo III de esta Ley.

3) Avalúo Fiscal: El precio de los inmuebles fijado por el Servicio de Impuestos Internos, para los efectos del pago del impuesto territorial.

4) Audiencia Inicial: Aquella audiencia que se lleva a cabo en el tribunal competente con presencia del deudor, si comparece, en un procedimiento de liquidación forzosa, en los términos establecidos en el artículo 120.

5) Audiencia de Prueba: Aquella que se verifica en el marco de un juicio de oposición, en la cual se rinden las pruebas ofrecidas en la Audiencia Inicial, en los términos establecidos en el artículo 126.

6) Audiencia de Fallo: Aquella audiencia que pone término al juicio de oposición, en los términos establecidos en el artículo 127.

7) Boletín Concursal: Plataforma electrónica a cargo de la Superintendencia Concursal, en la que se publicarán todas las resoluciones que se dicten y las actuaciones que se realicen en los procedimientos concursales, cada vez que la ley lo ordene.

8) Certificado de Nominación: Aquel emitido por la Superintendencia Concursal, en el cual consta la nominación del veedor o liquidador titular y suplente.

9) Comisión de Acreedores: Aquella que se designa en un procedimiento concursal de reorganización con el objeto de supervigilar el cumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, con las atribuciones y deberes que el mismo señale, o aquella que se designa en un procedimiento concursal de liquidación, que tiene por objeto tomar los acuerdos que la junta de acreedores le delegue.

10) Cuenta Final de Administración: Aquella rendición de cuentas que deben efectuar tanto el veedor como el liquidador de su gestión, en la oportunidad prevista en la ley, ante el tribunal, en la que deberá observar la normativa contable, tributaria y financiera aplicable, así como la de esta Ley.

11) Deudor: Toda empresa deudora y/o persona deudora, atendido el procedimiento concursal de que se trate y/o la naturaleza de la disposición a que se refiera.

12) Empresa Deudora: Toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, personas naturales contribuyentes de Primera Categoría y personas naturales contribuyentes del artículo 42 número 2 del Decreto Ley Nº 824 del Ministerio de Hacienda del año 1974 que aprueba la Ley sobre Impuesto a la Renta.

13) Informe del Veedor: Aquel informe del veedor sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, regulado en el número 8 del artículo 58 de esta ley.

14) Juntas de Acreedores: Órgano concursal constituido por los acreedores de un deudor sujeto a un procedimiento concursal, de conformidad a esta ley. Se denominarán, según corresponda, Junta Constitutiva, Juntas Ordinarias y Juntas Extraordinarias, en adelante indistintamente “Junta de Acreedores” o “Junta”.

15) Ley: Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.

16) Liquidación Forzosa: aquella demandada por cualquier acreedor del deudor, conforme al Párrafo 2 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley.

17) Liquidación Voluntaria: aquella solicitada por el deudor, conforme al Párrafo 1 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley.

18) Liquidador: Aquella persona, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia Concursal, cuya misión principal es realizar el activo del deudor y propender al pago de los créditos de sus acreedores, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

19) Ministro de Fe: Aquel funcionario de la Superintendencia Concursal nombrado por el Superintendente Concursal en tal carácter y aquellos a los cuales la ley reconoce como tales.

20) Nómina de Veedores: Registro público integrado por todas las personas naturales legalmente nombradas como veedores por la Superintendencia Concursal, en conformidad al Párrafo 1 del Título 1 del Capítulo II de esta Ley.

21) Nómina de Liquidadores: Registro público integrado por todas las personas naturales legalmente nombradas como liquidadores por la Superintendencia Concursal, en conformidad al Párrafo 1 del Título 2 del Capítulo II de esta Ley.

22) Nómina de Árbitros Concursales: Registro público integrado por todas las personas naturales legalmente nombradas como árbitros por la Superintendencia Concursal, en conformidad al Capítulo VII de esta Ley.

23) Nómina de Martilleros Concursales: Registro público integrado por todas las personas legalmente nombradas como martilleros por la Superintendencia Concursal, en conformidad a lo establecido en el artículo 213 de esta Ley.

24) Persona Deudora: Toda persona natural no comprendida en la definición de Empresa Deudora.

25) Persona Relacionada: Se considerarán Personas Relacionadas respecto de una o más personas o de sus representantes, a las siguientes:

a) El cónyuge, los ascendientes y descendientes y colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el sexto grado inclusive y las sociedades en que éstos participen, con excepción de aquellas inscritas en el Registro de Valores;

b) Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 100 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores.

26) Procedimiento Concursal: Aquel procedimiento que tiene por objeto reestructurar o renegociar los pasivos y activos de una Empresa Deudora o de una Persona Deudora o, en su caso, proceder a su liquidación.

27) Procedimiento Concursal de Liquidación: El procedimiento regulado el Capítulo IV de esta Ley.

28) Procedimiento Concursal de Reorganización: El procedimiento regulado en el Capítulo III de esta Ley.

29) Procedimiento Concursal de Renegociación: El procedimiento regulado en el Capítulo V de esta Ley.

30) Protección Financiera Concursal: Aquel periodo que la Ley le otorga al deudor que se somete al Procedimiento Concursal de Reorganización, durante el cual no podrá declararse ni solicitarse su liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento. Dicho período será el comprendido entre la notificación de la resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización y el Acuerdo de Reorganización Judicial o el plazo fijado por la ley, si éste no se suscribe.

31) Quórum Calificado: Dos tercios del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido, según corresponda, en el Procedimiento Concursal respectivo.

32) Quórum Especial: Cincuenta por ciento más uno del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido, según corresponda, en el Procedimiento Concursal respectivo.

33) Quórum Simple: Cincuenta por ciento más uno del pasivo verificado y/o reconocido, según corresponda, con derecho a voto, presente en la Junta de Acreedores, en el Procedimiento Concursal respectivo.

34) Resolución de Admisibilidad: aquella resolución administrativa dictada por la Superintendencia Concursal conforme al artículo 262 y que produce los efectos del artículo 263, ambos del Capítulo V de esta Ley.

35) Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación: Aquella resolución judicial que, dictada en cualquiera de las oportunidades previstas en un Procedimiento Concursal, produce los efectos señalados en el Párrafo 4 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley.

36) Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización: Aquella resolución judicial que, dictada en cualquiera de las oportunidades previstas en un Procedimiento Concursal, produce los efectos señalados en el artículo 58 de esta Ley.

37) Servicios de Utilidad Pública: son aquellos servicios, cuyos prestadores se encuentran regulados en leyes especiales y sujetos a la fiscalización de la autoridad, considerados como consumos básicos, tales como agua, luz, gas y teléfono.

38) Superintendencia: La Superintendencia Concursal.

39) Veedor: Aquella persona, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia Concursal, cuya misión principal es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitando la proposición de Acuerdos de Reorganización Judicial y resguardar los intereses de los acreedores, requiriendo las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

ARTÍCULO 3°.- Competencia. Los Procedimientos Concursales de Reorganización y Liquidación contemplados en esta Ley serán de competencia del juzgado de letras que corresponda al domicilio del deudor, sin perjuicio de las disposiciones sobre prórroga de competencia aplicables al efecto.

En las comunas asiento de Corte, la distribución se regirá por un auto acordado de la Corte Suprema, en el que se especificará la lista de juzgados a los cuales se les haya asignado el conocimiento de estas causas, con el objeto que los jueces titulares y secretarios de dichos juzgados se sometan a un curso de instrucción obligatoria de las disposiciones de esta Ley y de las leyes especiales que rijan estas materias, el que deberá impartirse por la Academia Judicial.

El tribunal al cual corresponda conocer de un Procedimiento Concursal de Reorganización y Liquidación de aquellos contemplados en esta Ley no perderá su competencia por el hecho de existir entre los acreedores y el deudor personas que gocen de fuero especial.

ARTÍCULO 4°.- Recursos. Las resoluciones judiciales que se pronuncien en los Procedimientos Concursales de Reorganización y Liquidación establecidos en esta Ley sólo serán susceptibles de los recursos que siguen:

1) Reposición: contra cualquier resolución, la cual deberá interponerse dentro del plazo de tres días contado desde su notificación y podrá resolverse de plano o previa tramitación incidental, según determine el tribunal. Contra la resolución que resuelva la reposición no procederá recurso alguno.

2) Apelación: contra aquellas resoluciones que esta Ley señale expresamente, la cual deberá interponerse dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación. Será concedida en el sólo efecto devolutivo, salvo las excepciones que esta Ley señale y en ambos casos gozará de preferencia para su agregación en la tabla y para su vista y fallo.

En las resoluciones susceptibles de recurrirse de reposición y apelación, la apelación deberá interponerse en subsidio de la reposición, de acuerdo a las reglas generales.

3) Casación: en los casos y en las formas establecidas en la ley.

ARTÍCULO 5°.- Incidentes. Sólo podrán promoverse incidentes en aquellas materias en que esta Ley lo permita expresamente. Se tramitarán conforme a las reglas generales previstas en el Código de Procedimiento Civil, y no suspenderán el correspondiente Procedimiento Concursal, salvo que esta Ley establezca lo contrario.

ARTÍCULO 6°.- Notificaciones. Siempre que el tribunal ordene que una resolución se notifique por avisos, deberá publicarse un aviso en el Boletín Concursal y se entenderá efectuada desde la inserción de la publicación correspondiente en dicho Boletín, el que deberá señalar la fecha en que se produzca la respectiva inserción.

Las notificaciones en el Boletín Concursal deberán realizarse por el Veedor, el Liquidador o la Superintendencia, según corresponda, dentro de los dos días hábiles siguientes a la dictación de las respectivas resoluciones, salvo que la norma respectiva disponga un plazo diferente.

Toda resolución que no tenga señalada una forma distinta de notificación, se entenderá que debe efectuarse en el Boletín Concursal.

La Superintendencia, mediante norma de carácter general, establecerá las formalidades requeridas para efectuar las notificaciones y publicaciones y los requisitos técnicos de operación y seguridad del Boletín Concursal.

Cada vez que se establezca que una resolución deba notificarse por correo electrónico, se estará a lo dispuesto en la norma de carácter general aplicable en cuanto a la forma de efectuarla. En todo caso, en la primera actuación que se realice ante el tribunal en los Procedimientos Concursales de Reorganización y Liquidación, el deudor, los acreedores y los terceros interesados deberán señalar una dirección de correo electrónico válida a la cual se deberán realizar las notificaciones conforme a lo señalado precedentemente.

El error en la notificación por correo electrónico enviada a la dirección señalada por el respectivo notificado, no invalidará la notificación.

En los casos que no sea posible notificar por correo electrónico, se notificará por carta certificada o personalmente por un ministro de fe, en los términos de los artículos 46 y 41 del Código de Procedimiento Civil.

De todas las notificaciones que se practiquen en virtud de lo dispuesto en este artículo se dejará constancia por escrito en el expediente, sin que sea necesaria certificación alguna al respecto.

Cada vez que la Ley ordene al deudor señalar el correo electrónico de sus acreedores, se entenderá que debe señalar el del representante legal.

ARTÍCULO 7°.- Cómputo de plazos. Los plazos de días establecidos en esta Ley son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días domingos y feriados, salvo que en esta Ley se establezca que un plazo específico es de días corridos. Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución o el acto respectivo.

Cuando la Ley señale un plazo para actuaciones que deban realizarse antes de determinada fecha, dicho plazo se contará hacia atrás, a partir del día inmediatamente anterior al de la respectiva actuación.

ARTÍCULO 8°.- Exigibilidad. Las normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta Ley.

En aquellas materias que no estén reguladas expresamente por leyes especiales, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de esta Ley.

II.- DEL VEEDOR Y LIQUIDADOR

Título 1. Del Veedor

Párrafo 1. De la Nómina de Veedores

ARTÍCULO 9°.- Estructura. La Nómina de Veedores es el registro público integrado por todas las personas naturales nombradas en el cargo de Veedor por la Superintendencia, la que deberá mantenerla debidamente actualizada y a disposición del público a través de su página web.

ARTÍCULO 10.- Solicitud de inscripción. Toda persona natural interesada en ser nombrado Veedor, podrá presentar su solicitud ante la Superintendencia. En ella deberá expresar si ejercerá el cargo a nivel nacional o regional, acompañando los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 13 y una declaración jurada en que exprese no estar afecto a las prohibiciones contempladas en el artículo 17.

ARTÍCULO 11.- Nombramiento. El Veedor será nombrado mediante resolución dictada por la Superintendencia, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 13.

ARTÍCULO 12.- Menciones de la Nómina de Veedores. La Nómina de Veedores contendrá las siguientes menciones de cada Veedor:

1) Nombre completo, profesión, domicilio, datos de contacto y regiones en que ejercerá sus funciones;

2) Calificaciones obtenidas durante los últimos cinco años en el examen a que se refiere el artículo 14;

3) Número total de Procedimientos Concursales de Reorganización en que hubiere intervenido, con mención de aquellos que se hubieren acordado y de los cinco principales acreedores en cada uno de ellos y el sector o rubro del deudor en cada uno de dichos procedimientos;

4) Honorario promedio percibido, y

5) Registro de las sanciones aplicadas.

Párrafo 2. Del Veedor

ARTÍCULO 13.- Requisitos. Podrá ser Veedor y solicitar su inclusión en la Nómina de Veedores, toda persona natural que cumpla con los siguientes requisitos:

1) Contar con un título profesional de contador auditor o de una profesión de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por universidades del Estado o reconocidas por éste, o por la Corte Suprema, en su caso;

2) Contar con, a lo menos, cinco años de ejercicio de la profesión que haga valer;

3) Aprobar el examen para Veedores a que se refiere el artículo siguiente;

4) No estar afecto a alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 17, y

5) Otorgar, en tiempo y forma, la garantía señalada en el artículo 16.

ARTÍCULO 14.- Del examen de conocimientos. La Superintendencia convocará a un examen de conocimientos a las siguientes personas:

1) Postulantes a la Nómina de Veedores;

2) Veedores que no hubieren asumido Procedimientos Concursales de Reorganización en un período de tres años contados desde el último examen rendido y aprobado, y

3) Veedores que hubieren reprobado el examen en conformidad con lo establecido en el presente artículo.

El Veedor que hubiere reprobado el examen podrá rendirlo nuevamente en el periodo siguiente de examinación, en la fecha, hora y lugar que fije la Superintendencia. La inasistencia injustificada se entenderá como reprobación para todos los efectos legales.

El Veedor que hubiere reprobado el examen de repetición, quedará suspendido de pleno derecho para asumir nuevos Procedimientos Concursales de Reorganización, aún como interventor, por un periodo de doce meses contados desde la notificación mediante correo electrónico de su reprobación, y hasta que apruebe un nuevo examen, debiendo rendirlo una vez terminado el periodo de suspensión, en la fecha de examinación correspondiente. Si reprueba nuevamente el examen de repetición, será excluido de la Nómina de Veedores.

El examen de conocimientos señalado en este artículo se convocará dos veces en cada año calendario y será regulado por la Superintendencia a través de una norma de carácter general.

ARTÍCULO 15.- Responsabilidad. La responsabilidad civil del Veedor alcanzará a la culpa levísima y se perseguirá en juicio sumario una vez presentada la Cuenta Final de Administración, conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2 del Título 3 del Capítulo II de esta Ley, y sin perjuicio de la responsabilidad legal en que pudiere incurrir.

ARTÍCULO 16.- Garantía de fiel desempeño. Todo Veedor deberá mantener en la Superintendencia y mientras subsista su responsabilidad, una garantía por un monto de 1.000 Unidades de Fomento, con una vigencia mínima de diez años. En caso de no otorgarse en tiempo y forma, el Veedor no podrá asumir en nuevos Procedimientos Concursales de Reorganización.

La garantía podrá consistir en una boleta bancaria de garantía, póliza de seguro o cualquier otra que la Superintendencia determine mediante norma de carácter general, la cual también establecerá la forma de rendirla, sus plazos, devolución, renovación y demás especificaciones aplicables.

La garantía a que se refiere este artículo tiene por objeto caucionar el fiel desempeño de la actividad del Veedor, asegurando el correcto y cabal cumplimiento de todas sus obligaciones, incluyendo la eventual indemnización a que sea condenado en caso de hacerse efectiva su responsabilidad civil y el pago de las multas administrativas impuestas en su contra.

La Superintendencia hará efectiva la garantía y entregará su monto a requerimiento del tribunal que hubiere declarado la responsabilidad civil del Veedor, siempre que la resolución condenatoria se encuentre firme y ejecutoriada. Tratándose de multas impuestas por la propia Superintendencia, la resolución respectiva indicará el plazo en que el Veedor deberá pagar la multa, el cual no podrá ser inferior a veinte días. Dicho plazo se contará desde que dicha resolución se encuentre firme y ejecutoriada. Una vez transcurrido el término anterior sin verificarse el pago, la Superintendencia hará efectiva la garantía e imputará los fondos a la multa respectiva, restituyendo el saldo al Veedor, si correspondiere.

Sin perjuicio de lo anterior, si se ejecutare la garantía del Veedor conforme al inciso anterior, una vez que se le restituya el saldo en su caso, se entenderá suspendido para asumir nuevos Procedimientos Concursales de Reorganización, y tendrá un plazo de veinte días para constituir una nueva garantía en los términos previstos en este artículo, manteniéndose la señalada suspensión mientras no rinda la respectiva caución.

ARTÍCULO 17.- Prohibiciones. No podrán ser Veedores las siguientes personas:

1) Las que hayan sido condenadas por crimen o simple delito;

2) Las que desempeñen un cargo o función pública, en cualquier órgano de la Administración del Estado o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas, aunque no sean del nombramiento del Presidente de la República ni reciban remuneración del Estado. No obstante, no regirá esta incompatibilidad respecto de las personas que desempeñen un cargo o función en instituciones de educación superior;

3) Las que tuvieren incapacidad física o mental para ejercer el cargo, y

4) Las que hubieren dejado de integrar la Nómina de Veedores en virtud de las causales de exclusión del artículo siguiente y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del mismo.

ARTÍCULO 18.- De la exclusión. Los Veedores serán excluidos de la Nómina de Veedores en los siguientes casos:

1) Por haber sido nombrados en contravención a lo dispuesto en este Título;

2) Por dejar de cumplir los requisitos enumerados en el artículo 13 de este Título;

3)Por adquirir para sí o para terceros, ya sea como persona natural o a través de una persona jurídica en la que el Veedor sea socio o Persona Relacionada, cualquier bien en los Procedimientos Concursales en que intervengan como Veedor o Liquidador;

4) Por enajenar o autorizar la enajenación de cualquier bien en los Procedimientos Concursales en que intervenga como Veedor o Liquidador a:

a) Personas Relacionadas;

b) Alguna persona jurídica en que tenga interés económico directo o indirecto;

c) Socios o accionistas de una sociedad en la que el Veedor forme parte, o de las sociedades en las cuales tenga participación, salvo aquellas que se encuentren inscritas en el Registro de Valores;

d) Personas con las que posea bienes en comunidad, con excepción de los copropietarios a que se refiere la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria;

e) Dependientes, y

f) Profesionales o técnicos que le presten servicios sean estos esporádicos o permanentes, cualquiera sea la forma en que estén constituidos;

5) Por haberse declarado judicialmente, por sentencia firme y ejecutoriada, su responsabilidad civil o penal, en conformidad con el artículo 27;

6) Por renuncia presentada ante la Superintendencia, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades por las funciones que ya hubiere asumido;

7) Por sentencia firme y ejecutoriada que rechace la Cuenta Final de Administración que debe presentar en conformidad a esta Ley;

8) Por infracciones reiteradas que en su conjunto constituyan a criterio de la Superintendencia una conducta gravísima;

9) Por reprobación definitiva del examen de conocimientos a que se refiere el artículo 14, y

10) Por muerte.

Producida alguna de las circunstancias señaladas en los números precedentes, la Superintendencia dictará la resolución de exclusión respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que se produzcan algunas de las circunstancias previstas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 8 anteriores, la Superintendencia deberá previamente representar al Veedor dicha circunstancia para que éste presente sus descargos, dentro de los cinco días siguientes. Vencido el plazo señalado sin que se presente descargo alguno, la Superintendencia dictará la correspondiente resolución de exclusión. Si el Veedor presenta sus descargos la Superintendencia podrá acogerlos o rechazarlos dictando la correspondiente resolución de exclusión.

Las personas excluidas de la Nómina de Veedores por las causales de los números 1, 2, 5, 6 y 9 podrán solicitar, una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha en que quedó firme el acto administrativo de exclusión, su reinscripción en la referida Nómina, estándose a lo dispuesto en el presente Título.

Las personas excluidas de la Nómina de Veedores por cualquier otra causal no podrán volver a solicitar su inscripción.

ARTÍCULO 19.- Reclamo de exclusión. El Veedor podrá reclamar de su exclusión ante la Corte de Apelaciones de su domicilio dentro del plazo de cinco días contado desde la notificación por carta certificada de la resolución que decida su exclusión.

La Corte respectiva conocerá del reclamo en cuenta y sin ulterior recurso. Mientras se encuentre pendiente el reclamo de exclusión, el Veedor no podrá asumir nuevos Procedimiento Concursales.

Excluido el Veedor de la Nómina de Veedores, subsistirá la obligación de rendir cuenta de su gestión, así como la responsabilidad legal en que pudiere haber incurrido.

ARTÍCULO 20.- Designación del Veedor en los Procedimientos Concursales. Sólo podrá designarse Veedor a quien integre la Nómina de Veedores a la época de la resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal respectivo.

ARTÍCULO 21.- Inhabilidades. No podrán ser nominados o designados Veedores en un Procedimiento Concursal de Reorganización:

1) Las Personas Relacionadas del deudor;

2) Los deudores y acreedores del deudor o sus representantes y todos los que tuvieren un interés directo o indirecto en el respectivo procedimiento;

3) Los que tuvieren objetada la Cuenta Final de Administración en un Procedimiento Concursal, siempre que se insistiere en uno o más reparos, y

4) Los que estuvieren suspendidos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 o en conformidad al número 4 del artículo 337 de esta Ley.

ARTÍCULO 22.- Nominación del Veedor. Una vez que la Superintendencia reciba los antecedentes señalados en el artículo 57, ésta notificará a los tres mayores acreedores del deudor según la información entregada, dentro del día hábil siguiente y por el medio más expedito, notificación que será certificada por el Ministro de Fe de la Superintendencia para todos los efectos legales.

Dentro del día siguiente hábil a la referida notificación, cada acreedor propondrá por escrito o por correo electrónico a un Veedor titular y a un Veedor suplente vigente en la Nómina de Veedores. Para los efectos de la nominación, cada acreedor será individualmente considerado sin distinción del monto de su crédito.

Dentro del día siguiente hábil al señalado en el inciso anterior, la Superintendencia nominará como Veedor titular al que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de titular por los acreedores, y como Veedor suplente a aquel que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de suplente. Si sólo respondiere un acreedor, se estará a su propuesta. Si respondieren todos o dos de ellos y la propuesta recayere en personas diversas, se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea superior. En caso que no se reciban propuestas, la nominación tendrá lugar mediante sorteo ante la Superintendencia, en el que participarán todos aquellos Veedores vigentes en la Nómina de Veedores a esa fecha.

Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

El Veedor titular y suplente nominados serán inmediatamente notificados por la Superintendencia por el medio más expedito.

El Veedor titular nominado deberá manifestar ante la Superintendencia a más tardar al día siguiente hábil si acepta el cargo y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente.

Aceptado el cargo, la Superintendencia emitirá el Certificado de Nominación del Veedor, el cual será remitido directamente al tribunal competente, dentro del día siguiente hábil a su emisión, para que éste designe a un Veedor en la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización.

El Veedor podrá excusarse de aceptar una nominación ante la Superintendencia, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus razones, al día siguiente hábil de su notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el Veedor y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada, el Veedor deberá asumir como tal en el Procedimiento Concursal de Reorganización, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva la excusa y se emita el correspondiente Certificado de Nominación. Si la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará a un nuevo Veedor mediante sorteo.

ARTÍCULO 23.- De la cesación en el cargo. El Veedor cesará en el cargo por el término del Procedimiento Concursal de Reorganización o por cese anticipado en el cargo, sin perjuicio que subsistirá su responsabilidad hasta la aprobación de su Cuenta Final de Administración.

ARTÍCULO 24.- Del cese anticipado en el cargo. Para los efectos de esta Ley se entenderá que el Veedor cesa anticipadamente en su cargo:

1) Por la revocación de la Junta de Acreedores;

2) Por remoción decretada por el tribunal;

3) Por renuncia aceptada por la Junta de Acreedores o, en su defecto, por el tribunal, la que deberá fundarse en una causa grave;

4) Por haber dejado de formar parte de la Nómina de Veedores, sin perjuicio de continuar en el cargo hasta que asuma el Veedor Suplente, y

5) Por inhabilidad sobreviniente. El Veedor deberá dar cuenta al tribunal y a la Superintendencia de la inhabilidad que le afecte. El incumplimiento de la referida obligación será constitutivo de falta grave para los efectos de lo dispuesto en el número 8 del artículo 18.

El Veedor suplente, asumirá dentro de los dos días hábiles siguientes a la cesación en el cargo del Veedor titular, cualquiera sea la causa.

El Veedor que haya cesado anticipadamente en su cargo deberá rendir cuenta de su gestión y hacer entrega de los antecedentes del Procedimiento Concursal de Reorganización al Veedor suplente, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que este último haya asumido. En caso de incumplimiento, el tribunal competente, de oficio o a petición de cualquier interesado, requerirá el cumplimiento según lo previsto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo caso la multa será de 10 a 200 Unidades Tributarias Mensuales. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá aplicar las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO 25.- Deberes del Veedor. La función principal del Veedor es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitando la proposición y negociación de los Acuerdos de Reorganización Judicial.

En el ejercicio de sus funciones, deberá especialmente:

1) Imponerse de los libros, documentos y operaciones del deudor;

2) Incorporar y publicar en el Boletín Concursal, copia de todos los antecedentes y resoluciones que esta Ley le ordene;

3) Realizar las inscripciones y notificaciones que establece la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización;

4) Realizar las labores de fiscalización y valorización que se le imponen en el artículo 72 y siguientes, que se refieren al suministro asegurado, la venta necesaria de activos y a la obtención de nuevos recursos;

5) Arbitrar las medidas necesarias en el procedimiento de determinación del pasivo establecido en los artículos 70 y 71;

6) Realizar la calificación de los poderes e informar al tribunal competente sobre la legalidad de éstos, cuando corresponda;

7) Impetrar las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor que sean necesarias para resguardar los intereses de los acreedores, sin perjuicio de los acuerdos que éstos puedan adoptar;

8) Dar cuenta al tribunal competente y a la Superintendencia de cualquier acto o conducta del deudor que signifique una administración negligente o dolosa de sus negocios y, con acuerdo de dicho tribunal, adoptar las medidas necesarias para mantener la integridad de los activos, cuando corresponda;

9) Rendir mensualmente cuenta de su actuación y de los negocios del deudor a la Superintendencia, y presentar las observaciones que le merezca la administración de este último. Esta cuenta será enviada además por correo electrónico a cada uno de los acreedores, y

10) En general, ejecutar todos los actos que les encomiende esta Ley.

ARTÍCULO 26.- Delegación de funciones. El Veedor sólo podrá delegar sus funciones, manteniendo su responsabilidad y a su costa, en otros Veedores vigentes en la Nómina de Veedores, con igual competencia territorial.

La referida delegación deberá efectuarse por instrumento público en el que conste la aceptación, el que deberá ser debidamente agregado al expediente.

ARTÍCULO 27.- Concertación. El Veedor que se concertare con el deudor, con algún acreedor o un tercero para proporcionarle alguna ventaja indebida o para obtenerla para sí, será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 464 del Título “De los delitos Concursales y de las defraudaciones” del Código Penal.

ARTÍCULO 28.- Honorarios del Veedor. Los honorarios del Veedor serán convenidos entre éste, el deudor y los tres principales acreedores, y serán de cargo del deudor. Estos honorarios gozarán de la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil, sin perjuicio de lo establecido en el número 3 del artículo 118.

ARTÍCULO 29.- De la Cuenta Definitiva. El Veedor estará obligado a rendir cuenta definitiva de su gestión en el plazo de treinta días contados desde la resolución que aprueba el Acuerdo de Reorganización Judicial o desde la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, en su caso. Al respecto, le será plenamente aplicable lo dispuesto en el Párrafo 2 del Título 3 del Capítulo II de esta Ley.

Título 2. Del Liquidador

Párrafo 1. De la Nómina de Liquidadores

ARTÍCULO 30.- Estructura. La Nómina de Liquidadores es el registro público integrado por todas las personas naturales nombradas como tales por la Superintendencia, la que deberá mantenerla debidamente actualizada y a disposición del público a través de su página web.

ARTÍCULO 31.- Norma general. Será aplicable a los Liquidadores lo dispuesto en el Título 1 del Capítulo II de la presente Ley respecto de los Veedores, en todo aquello que no esté expresamente señalado en el presente Título, y en todo caso, siempre que no sea contrario a la naturaleza de la función que desempeña.

ARTÍCULO 32.- Requisitos. Podrá ser Liquidador y solicitar su inclusión en la Nómina de Liquidadores, toda persona natural que cumpla con los siguientes requisitos:

1) Contar con un título profesional de contador auditor o de una profesión de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por universidades del Estado o reconocidas por éste, o por la Corte Suprema, en su caso;

2) Contar con, a lo menos, cinco años de ejercicio de la profesión que haga valer;

3) Aprobar un examen de conocimientos para Liquidadores, en los términos del artículo 14 anterior;

4) No estar afecto a alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 17, y

5) Otorgar, en tiempo y forma, la garantía señalada en el artículo 16.

ARTÍCULO 33.- Menciones de la Nómina de Liquidadores. Además de las menciones señaladas en el artículo 12, la Nómina de Liquidadores deberá contener el régimen de descuento de honorarios ofrecido por el Liquidador respecto de la tabla del artículo 40 y su respectiva vigencia.

Asimismo, deberá señalar el número de Procedimientos Concursales de Liquidación en que cada Liquidador hubiere intervenido, la lista de los cinco principales acreedores en cada uno de ellos, el porcentaje de Procedimientos Concursales de Liquidación con Cuenta Final de Administración aprobada y el sector o rubro del deudor en cada uno de dichos procedimientos.

ARTÍCULO 34.- Causales de exclusión de la Nómina de Liquidadores. Además de las causales de exclusión señaladas en el artículo 18, será excluido de la Nómina de Liquidadores aquel que se negare a asumir un Procedimiento Concursal de Liquidación sin causa justificada.

Párrafo 2. Del Liquidador

ARTÍCULO 35.- Responsabilidad. La responsabilidad civil de los Liquidadores alcanzará a la culpa levísima y se perseguirá en juicio sumario una vez presentada la Cuenta Final de Administración, conforme lo dispuesto en los artículos 50 y siguientes de esta Ley, y sin perjuicio de la responsabilidad legal en que pudiere incurrir.

ARTÍCULO 36.- Deberes del Liquidador. El Liquidador representa judicial y extrajudicialmente los intereses generales de los acreedores y los derechos del deudor en cuanto puedan interesar a la masa, sin perjuicio de las facultades de aquéllos y de éste determinadas por esta Ley.

En el ejercicio de sus funciones, el Liquidador deberá especialmente, con arreglo a la Ley:

1) Incautar e inventariar los bienes del deudor;

2) Liquidar los bienes del deudor;

3) Efectuar los repartos de fondos a los acreedores en la forma dispuesta en el Párrafo 3 del Título 5 del Capítulo IV de esta Ley;

4) Cobrar los créditos del activo del deudor;

5) Contratar préstamos para solventar los gastos del procedimiento Concursal de Liquidación;

6) Exigir rendición de cuentas de cualquiera que haya administrado bienes del deudor;

7) Reclamar del deudor la entrega de la información necesaria para el desempeño de su cargo;

8) Registrar sus actuaciones y publicar las resoluciones que se dicten en un Procedimiento Concursal de Liquidación en el Boletín Concursal;

9) Depositar a interés en una institución financiera, los fondos que perciba, en cuenta separada para cada Procedimiento Concursal de Liquidación y a nombre de éste, y abrir una cuenta corriente con los fondos para solventarlo;

10) Ejecutar los acuerdos legalmente adoptados por la Junta de Acreedores dentro del ámbito de su competencia;

11) Cerrar los libros de comercio del deudor, siendo responsable por ello frente a terceros desde la dictación de la Resolución que ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, y

12) Ejercer las demás facultades y cumplir las demás obligaciones que le encomienda esta Ley.

ARTÍCULO 37.- Nominación del Liquidador. Presentada una solicitud de inicio de Procedimiento Concursal de Liquidación ante el tribunal competente, la Superintendencia nominará al Liquidador conforme al procedimiento establecido en el presente artículo, salvo en el caso previsto en el número 3 del artículo 120.

Tratándose de una solicitud de Liquidación Voluntaria, el deudor acompañará a la Superintendencia copia con cargo del tribunal competente de la respectiva solicitud y copia de la nómina de acreedores y sus créditos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de esta Ley.

Tratándose de una solicitud de Liquidación Forzosa, el acreedor peticionario acompañará a la Superintendencia copia con cargo de la respectiva solicitud y copia de la nómina de acreedores y sus créditos, que hubiere acompañado el deudor, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de esta Ley.

Una vez acompañada a la Superintendencia los antecedentes señalados, ésta notificará a los tres mayores acreedores del deudor según la información entregada, dentro del día hábil siguiente y por el medio más expedito, el que podrá ser correo electrónico, notificación que será certificada por un Ministro de Fe de la Superintendencia para todos los efectos legales.

Dentro del día siguiente hábil a la referida notificación, cada acreedor propondrá por escrito o por correo electrónico a un Liquidador titular y un Liquidador suplente vigente en la Nómina de Liquidadores.

Dentro del día siguiente hábil al señalado en el inciso anterior, la Superintendencia nominará como Liquidador titular al que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de titular por los acreedores, y como suplente a aquel que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de suplente. Si sólo respondiere un acreedor, se estará a su propuesta. Si respondieren todos o dos de ellos y la propuesta recayere en personas diversas, se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea superior. En caso que no se reciban propuestas, la nominación tendrá lugar mediante sorteo ante la Superintendencia, en el que participarán todos aquellos vigentes en la Nómina de Liquidadores a esa fecha.

Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

El Liquidador titular y suplente nominados serán inmediatamente notificados por la Superintendencia por el medio más expedito, el que podrá ser correo electrónico.

El Liquidador titular nominado deberá manifestar, ante la Superintendencia, a más tardar al día siguiente hábil, si acepta el cargo y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente.

Aceptado el cargo, la Superintendencia emitirá el Certificado de Nominación del Liquidador, el cual será remitido directamente al tribunal competente, dentro del día siguiente hábil a su emisión, para que éste designe a un Liquidador en carácter de provisional en la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

El Liquidador podrá excusarse ante la Superintendencia de aceptar una nominación, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus justificaciones, al día siguiente hábil de su notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el Liquidador y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada, el Liquidador deberá asumir como tal en el Procedimiento Concursal de Liquidación, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva la excusa y se emita el correspondiente certificado. Si la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará a un nuevo Liquidador mediante sorteo.

ARTÍCULO 38.- Cese anticipado en el cargo. Además de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 que se aplicarán en lo que corresponda al Liquidador, éste cesará anticipadamente en el cargo por no haberse confirmado su nominación por la Junta de Acreedores, o por haberse aprobado, un Acuerdo de Reorganización Judicial o Acuerdo de Reorganización Simplificado que termine con el Procedimiento Concursal de Liquidación.

Si el Liquidador titular cesare anticipadamente en el cargo, asumirá el suplente, sin perjuicio de la facultad de la Junta de Acreedores de designar uno nuevo. Si no pudiere asumir el Liquidador suplente, la Superintendencia deberá citar a Junta Extraordinaria de Acreedores a objeto que se designe a un Liquidador titular y a un Liquidador suplente, en caso que los acreedores no los hubieren designado. Si dicha junta no se celebra por falta de quórum, la Superintendencia los designará por sorteo.

Los Liquidadores que fueren designados de conformidad a este artículo deberán asumir aun cuando el Procedimiento Concursal de Liquidación no tuviere bienes o fondos por repartir.

ARTÍCULO 39.- Honorarios del Liquidador. Los honorarios a percibir por los Liquidadores en los Procedimientos Concursales de Liquidación a su cargo, se sujetarán a las disposiciones siguientes:

1) Se determinarán de conformidad a la tabla progresiva por tramos prevista en el artículo siguiente.

2) Tendrán la naturaleza de remuneración única y de gasto de administración del Procedimiento Concursal de Liquidación para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

3) Comprenderán todos los gastos correspondientes al ejercicio de su cargo como Liquidador así como los honorarios de todos sus asesores, sean jurídicos, técnicos, administrativos o de cualquier otra índole que hubieren sido contratados para el desarrollo de su actividad.

4) No incluirán aquellos honorarios que se devenguen en caso de la continuación de actividades económicas del deudor en los términos de los artículos 231 y 232 de esta Ley.

5) Sólo podrán pagarse honorarios adicionales si los acreedores lo acuerdan en Junta de Acreedores. El pago de este aumento será de cargo exclusivo de aquellos acreedores que lo hubieren votado expresamente.

6) Los honorarios se pagarán únicamente en los repartos efectivos que tuvieren lugar, debiéndose deducir en forma previa a la ejecución del reparto.

7) El Liquidador deberá retener en instrumentos de renta fija, a nombre del deudor en liquidación, el 10% del honorario que le correspondería percibir en cada reparto. Estos honorarios sólo podrán ingresar al patrimonio del Liquidador una vez ejecutoriada la resolución que tuvo por aprobada su Cuenta Final de Administración, conforme lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes.

8) Podrán acordarse en Junta de Acreedores, con Quórum Simple, anticipos de honorarios al Liquidador, los que no podrán exceder del 10% de los ingresos en dinero efectivo que haya producido el Procedimiento Concursal de Liquidación al momento del anticipo.

9) Si el Liquidador cesa anticipadamente en el cargo conforme al artículo 38, sus honorarios y los del que lo reemplace serán acordados entre el Liquidador respectivo y la Junta de Acreedores. Faltando dicho acuerdo, resolverá el tribunal competente sin ulterior recurso.

10) Si el domicilio del deudor fuere distinto al del Liquidador, los gastos de traslado y otros necesarios para el Procedimiento Concursal de Liquidación se considerarán gastos de administración y deberán ser previamente aprobados por la Junta Constitutiva de Acreedores o, en subsidio, por el tribunal competente.

ARTÍCULO 40.- Tabla de Honorarios. Los honorarios que a continuación se indican, deberán pagarse al Liquidador en su equivalente en pesos a la fecha del reparto correspondiente:

1) Sobre la parte que exceda de 0 y no sobrepase de 2.000 Unidades de Fomento, 20%.

2) Sobre la parte que exceda de 2.000 y no sobrepase las 4.000 Unidades de Fomento, 15%.

3) Sobre la parte que exceda de 4.000 y no sobrepase las 8.000 Unidades de Fomento, 11%.

4) Sobre la parte que exceda de 8.000 y no sobrepase las 16.000 Unidades de Fomento, 8%.

5) Sobre la parte que exceda de 16.000 y no sobrepase las 32.000 Unidades de Fomento, 6%.

6) Sobre la parte que exceda de 32.000 y no sobrepase las 64.000 Unidades de Fomento, 4%.

7) Sobre la parte que exceda de 64.000 y no sobrepase las 130.000 Unidades de Fomento, 3%.

8) Sobre la parte que exceda de 130.000 y no sobrepase las 260.000 Unidades de Fomento, 2,25%.

9) Sobre la parte que exceda de 260.000 y no sobrepase las 520.000 Unidades de Fomento, 1,75%.

10) Sobre la parte que exceda de 520.000 y no sobrepase las 1.000.000 Unidades de Fomento, 1,5%.

11) Sobre la parte que exceda de 1.000.000 Unidades de Fomento, 1%.

El primer tramo se calculará sobre los ingresos del Procedimiento Concursal de Liquidación cuando no hubiere repartos, o si habiendo repartos, correspondiere al Liquidador un honorario inferior a 30 Unidades de Fomento, y en este caso el honorario no podrá exceder de esa cantidad.

Si luego de practicada la diligencia de incautación y confección de inventario a que se refiere el artículo 163, se constatare por el Liquidador que el deudor carece de bienes, o que éstos son insuficientes para el pago de los honorarios que pudieren corresponderle, éste sólo tendrá derecho a una remuneración de 30 Unidades de Fomento, que serán pagadas por la Superintendencia con cargo a su presupuesto.

ARTÍCULO 41.- Contrataciones especializadas. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior y previo acuerdo adoptado en Junta de Acreedores con Quórum Calificado, el Liquidador podrá contratar, con cargo a los gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación, personas naturales o jurídicas para que efectúen actividades especializadas debidamente calificadas como tales por la Junta de Acreedores.

Las actividades especializadas deberán referirse directamente al cuidado y mantención del activo del deudor, a la recuperación y realización del mismo y a su entrega material. La contratación se hará previo informe del Liquidador, el cual contendrá los fundamentos de la misma, el grado y alcance de la actividad y la forma en que se beneficiarán los acreedores o se evitarán perjuicios al activo incautado.

El Liquidador, o sus Personas Relacionadas, no podrán tener participación alguna en los actos o contratos que se ejecuten o celebren en conformidad a este artículo, salvo en cuanto a sus actividades como Liquidador en el Procedimiento Concursal de Liquidación y tampoco podrán participar como socios, accionistas, trabajadores o asesores de las personas jurídicas que sean contratadas para las actividades o informes indicados. La transgresión a esta prohibición constituirá causa gravísima para efectos del número 8 del artículo 18.

Título 3. De las disposiciones comunes al Veedor y Liquidador

ARTÍCULO 42.- Regla general. Podrá una misma persona natural estar inscrita en la Nómina de Veedores y en la Nómina de Liquidadores.

ARTÍCULO 43.- De la inclusión en la Nómina de Veedores y en la Nómina de Liquidadores. El registro de una persona en la Nómina de Veedores, no importará su inclusión en la Nómina de Liquidadores ni viceversa.

ARTÍCULO 44.- De la garantía de fiel desempeño. La garantía de fiel desempeño que deba rendir el Veedor conforme a lo dispuesto en el artículo 16, será distinta a la que deba rendir como Liquidador si solicita su inscripción en la Nómina de Liquidadores, y viceversa.

La responsabilidad legal del Veedor se podrá perseguir respecto de la garantía de fiel desempeño que haya rendido en su calidad de tal, y no respecto de la garantía de fiel desempeño que hubiera rendido en su calidad de Liquidador. Lo mismo será aplicable al Liquidador.

ARTÍCULO 45.- Prohibiciones relativas del Veedor o Liquidador. Sin perjuicio de las demás prohibiciones establecidas en esta Ley, los Veedores y Liquidadores no podrán intervenir en Procesos Concursales de Reorganización o Liquidación que no estuvieren o no hayan estado a su cargo, salvo las actuaciones que le correspondan como acreedor con anterioridad al Procedimiento Concursal respectivo, de representante legal en conformidad al artículo 43 del Código Civil, y de lo previsto en el artículo 26. La contravención a la presente prohibición constituye una infracción gravísima para los efectos del número 8 del artículo 18.

Asimismo los Veedores y Liquidadores no podrán contratar por si, a través de terceros o de una persona jurídica en la que sea socio o Persona Relacionada de la sociedad, con cualquier deudor sometido a un Procedimiento Concursal, salvo que se trate de sociedades que se encuentren inscritas en el Registro de Valores.

ARTÍCULO 46.- De la exclusión de la Nómina Veedores y de la Nómina de Liquidadores. La exclusión de la Nómina de Veedores importará necesariamente la exclusión de la Nómina de Liquidadores, y viceversa.

Asimismo, si un Veedor fuese suspendido para asumir nuevos Procedimientos Concursales de Reorganización, se entenderá por este hecho suspendido también para asumir Procedimientos Concursales de Liquidación, y viceversa.

Párrafo 1. De las cuentas provisorias

ARTÍCULO 47.- Contenido. La Superintendencia, mediante norma de carácter general, fijará la forma y contenidos obligatorios de las cuentas provisorias que deba rendir el Liquidador, las que deberán incluir, a lo menos, un desglose detallado de los ingresos y gastos durante los últimos tres meses, procurando la observancia de la normativa contable, tributaria y financiera aplicable.

ARTÍCULO 48.- Oportunidad y revisión. Las cuentas provisorias deberán rendirse mensualmente ante la Junta de Acreedores respectiva y publicarse en el Boletín Concursal, con a lo menos tres días de anticipación a la celebración de la Junta de Acreedores, la que deberá aprobarlas o rechazarlas en esa misma sesión.

ARTÍCULO 49.- Regla de excepción. Si la Junta de Acreedores no se celebra por falta de quórum, el Liquidador notificará dicha circunstancia en el Boletín Concursal.

En tal caso, y a partir a la notificación señalada en el inciso anterior los acreedores podrán formular a la Superintendencia sus observaciones a la cuenta provisoria publicada, para que ésta las incluya en el Boletín Concursal dentro del plazo de tres días contado desde la recepción de dichas observaciones. El Liquidador deberá responder las observaciones en la próxima Junta de Acreedores que se celebre y, a continuación, se someterá a su aprobación o rechazo.

La aprobación de la cuenta provisoria por la Junta de Acreedores no impedirá en su caso objetar la Cuenta Final de Administración, respecto de las partidas incluidas en ella.

Párrafo 2. De la Cuenta Final de Administración

ARTÍCULO 50.- Contenido. La Superintendencia, mediante norma de carácter general, fijará la forma y contenidos obligatorios de la Cuenta Final de Administración, procurando la observancia de la normativa contable, tributaria y financiera aplicable.

ARTÍCULO 51.- Oportunidad. El Liquidador deberá rendir la Cuenta Final de Administración dentro de los treinta días siguientes a uno cualquiera de los hechos que se indican a continuación:

1) Vencimiento de los plazos legales de realización de bienes;

2) Agotamiento de los fondos o pago íntegro de los créditos reconocidos;

3) Notificación de la resolución judicial que tuvo por terminado el Procedimiento Concursal de Liquidación, y

4) Cese anticipado de su cargo.

ARTÍCULO 52. Rendición. El Liquidador acompañará su Cuenta Final de Administración al tribunal competente y a la Superintendencia.

Asimismo, el Liquidador deberá citar a Junta de Acreedores a efectos de presentarles su Cuenta Final de Administración, explicarles verbalmente su contenido, las conclusiones y acreditar la retención del porcentaje de honorarios a percibir de conformidad a lo dispuesto en el número 7 del artículo 39. La Superintendencia podrá concurrir a dicha Junta con derecho a voz.

La citación deberá publicarse en el Boletín Concursal, incluyendo el día, hora y lugar en que se celebrará la Junta de Acreedores. Entre la fecha de publicación de la citación y de celebración de la Junta de Acreedores deberán transcurrir, no menos de diez y no más de veinticinco días. La citación incluirá una copia de la Cuenta Final de Administración.

Dicha Junta se celebrará con los acreedores que asistan.

ARTÍCULO 53.- De la objeción. Podrán objetar la Cuenta Final de Administración del Liquidador, el deudor, cualquier acreedor y la Superintendencia.

Las objeciones deberán presentarse ante la Superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se celebró o debió celebrarse la respectiva Junta de Acreedores. En caso de no deducirse objeciones oportunamente, el Liquidador o la Superintendencia solicitarán al tribunal competente que tenga por aprobada la Cuenta Final de Administración para todos los efectos legales.

Si se presentaren objeciones, se observarán las normas que siguen:

1) Una vez vencido el plazo legal, La Superintendencia, requerirá informe al Liquidador de todas las objeciones presentadas en una única resolución, la que se notificará por correo electrónico al Liquidador y en el Boletín Concursal.

2) El Liquidador dispondrá de cinco días contados desde la notificación de las objeciones para contestar en una sola presentación todas las objeciones planteadas. En ella, el Liquidador podrá incluir correcciones a la Cuenta Final de Administración objetada, caso en el cual acompañará el texto definitivo que las refleje.

3) Si el Liquidador no efectúa presentación alguna en el plazo ya indicado, se entenderá suspendido de pleno derecho para asumir en los procedimientos regidos por esta Ley y mientras la o las objeciones no sean resueltas.

4) Transcurrido el plazo señalado en el número 2 precedente, la Superintendencia tendrá por evacuado el informe requerido al Liquidador, luego de lo cual los objetantes dispondrán de tres días para insistir en sus objeciones.

5) Si no se presentaren insistencias, se tendrá por aprobada la Cuenta Final de Administración.

6) En caso de insistencia, la Superintendencia remitirá al tribunal competente, dentro del plazo de diez días, un informe que contendrá las objeciones planteadas, la contestación del Liquidador si la hubiere, y su opinión en cuanto a si los hechos afectan decisivamente el patrimonio concursado, si implican un grave perjuicio para los acreedores y/o el deudor o si reflejan una manifiesta e inexcusable inobservancia del Liquidador a su deber de cuidado. El referido informe establecerá si el Liquidador quedará suspendido para asumir en nuevos Procedimientos Concursales.

7) El tribunal competente apreciará en conciencia los antecedentes aportados y deberá pronunciar su resolución dentro de los quince días siguientes a la entrega del informe emitido por la Superintendencia.

8) Si la resolución desechare en todas sus partes la o las objeciones deducidas, condenará al o los objetantes en costas, quienes responderán solidariamente de ellas, salvo que el tribunal competente estime que hubo motivo plausible para litigar. La misma regla se aplicará en caso que la resolución rechace una o más objeciones y acoja otras, respondiendo de la condena en costas, solidariamente, todas las partes vencidas. Tratándose del deudor, responderán de esas costas el abogado patrocinante y los mandatarios judiciales, solidariamente.

9) La resolución del tribunal competente que acoge total o parcialmente una o más objeciones insistidas, señalará las medidas que el Liquidador deberá ejecutar para subsanar, reparar o corregir los defectos advertidos. Contra esta resolución no procederá recurso alguno, debiendo la Superintendencia dictar la resolución que ordene la exclusión de la Nomina del Liquidador. Contra la resolución que rechace una o más objeciones insistidas, tampoco procederá recurso alguno.

ARTÍCULO 54.- Ejecución de las resoluciones que acogen objeciones insistidas. El cumplimiento de las resoluciones que acogen objeciones insistidas se sujetará a las siguientes reglas:

1) Si la resolución ordena al Liquidador restituir a la masa una suma de dinero:

a) Tendrá el plazo de treinta días, prorrogable por igual periodo, desde que la resolución se encuentra firme y ejecutoriada para dar cumplimiento a lo resuelto.

b) Si no efectuare la restitución señalada, el tribunal competente certificará esa omisión, de oficio o a petición de parte, y comunicará tal circunstancia a la Superintendencia.

c) Con esta certificación, la Superintendencia hará efectiva la garantía de fiel desempeño referida en el artículo 16 de esta Ley, consignando los fondos en el tribunal competente.

2) Si la resolución ordena al Liquidador una medida distinta a la de restituir a la masa una suma de dinero:

a) El Liquidador suplente o el Liquidador designado en su caso, ejecutará lo resuelto dentro del mismo plazo indicado en el número anterior o en aquel plazo que el tribunal fije en su resolución.

b) El honorario del nuevo Liquidador se determinará de común acuerdo con la Junta de Acreedores o en su defecto por el tribunal competente y se pagarán con cargo a la garantía de fiel desempeño otorgada por el Liquidador excluido de su cargo.

En todos los casos señalados en este artículo, el Liquidador podrá solicitar una prórroga ante el tribunal competente, por una sola vez y por un máximo de treinta días, para dar cumplimiento a lo resuelto.

III.- DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE REORGANIZACIÓN

Título 1. Del inicio del Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 55.- Ámbito de aplicación e inicio del Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial. El Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial será aplicable sólo a la Empresa Deudora, que para efectos de este Capítulo se denominará indistintamente Empresa Deudora o deudor.

La Empresa Deudora dará inicio al Procedimiento Concursal de Reorganización mediante la presentación de un formulario ante el tribunal correspondiente a su domicilio.

El formulario será el que elabore la Superintendencia mediante norma de carácter general y estará disponible en sus dependencias y en su sitio web.

ARTÍCULO 56.- Nominación del Veedor. Para los efectos de la nominación del Veedor titular y suplente, el deudor deberá presentar a la Superintendencia una copia del documento referido en el artículo anterior, con el respectivo cargo del tribunal competente, conjuntamente con un certificado emitido por un contador auditor independiente al deudor, que lo extenderá conforme a la información disponible suministrada por el deudor y que contendrá los nombres, domicilios y correos electrónicos de los tres mayores acreedores con domicilio en Chile, con indicación del monto de sus créditos y el porcentaje que cada uno representa en el total del pasivo, excluidas las Personas Relacionadas al deudor. La nominación del Veedor titular y suplente, se realizará bajo el procedimiento establecido en el artículo 22 y, una vez concluido, la Superintendencia extenderá el respectivo Certificado de Nominación contemplado en el mismo artículo.

ARTÍCULO 57.- Antecedentes que deberá acompañar el deudor. Aceptada la nominación por el Veedor titular y suplente, la Superintendencia remitirá al tribunal competente el Certificado de Nominación de éste. Paralelamente con dicho certificado, el deudor acompañará:

1) Copia del certificado contable referido en el artículo anterior;

2) Relación de todos sus bienes, con expresión de su avalúo comercial, del lugar en que se encuentren y de los gravámenes que los afecten;

3) Relación de los bienes que, en conformidad a la ley administra y no son de su propiedad;

4) Para la determinación del pasivo afecto a los Acuerdos de Reorganización Judicial, un certificado emitido por un contador auditor independiente al deudor, que lo extenderá conforme a la información disponible suministrada por éste y que deberá contener un estado de sus deudas, con expresión del nombre, domicilio y correo electrónico de los acreedores o de sus representantes legales en su caso y de la naturaleza de los respectivos títulos. Asimismo deberá acompañar los antecedentes justificativos de los créditos singularizados que estén en su poder. El pasivo que se establezca en esta certificación, servirá de base para determinar todos los quórum de acreedores que se necesiten en la adopción de cualquier acuerdo, hasta que se confeccione la nómina de créditos reconocidos, conforme al procedimiento establecido en el Párrafo 2 del Título 1 del Capítulo III de esta Ley, con sus respectivas ampliaciones, si existieren, y

5) Si el deudor llevare contabilidad completa, presentará el balance correspondiente a su último ejercicio, y un balance provisorio que contenga la información financiera y contable, con una fecha de cierre no superior a cuarenta y cinco días anteriores a esta presentación.

Si se tratare de una persona jurídica, los documentos referidos serán firmados por sus representantes legales.

ARTÍCULO 58.- Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización. Dentro de quinto día de efectuada la presentación señalada en el artículo anterior, el tribunal competente dictará una resolución designando al Veedor titular y suplente nominado en la forma establecida en el artículo 22. En la misma resolución dispondrá:

1) Que durante el plazo de treinta días contados desde la notificación de esta resolución, prorrogable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59, el deudor gozará de una Protección Financiera Concursal en virtud de la cual:

a) No podrá declararse ni iniciarse en contra del deudor un Procedimiento Concursal de Liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento. Lo anterior no se aplicará a los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de privilegio de primera clase, excepto las que el deudor tuviere en tal carácter, a favor de su cónyuge o de sus parientes o de los gerentes, administradores, apoderados con poder general de administración u otras personas que tengan injerencia en la administración de sus negocios. Para estos efectos se entenderá por parientes a los ascendientes y descendientes y a los colaterales hasta el cuarto grado por consanguinidad y afinidad, inclusive del deudor, o de su representante legal en su caso.

Durante la Protección Financiera Concursal no correrán los plazos de prescripción extintiva y se suspenderán los procedimientos de ejecución.

b) Todos los contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago. En consecuencia, no podrán terminarse anticipadamente en forma unilateral, exigirse anticipadamente su cumplimiento o hacerse efectivas las garantías contratadas, invocando la apertura de un Procedimiento Concursal de Reorganización. El crédito del acreedor que contraviniere esta prohibición quedará pospuesto hasta que se paguen la totalidad de los acreedores a quienes les afectará el Acuerdo de Reorganización Judicial, incluidos los acreedores Personas Relacionadas del deudor.

Para hacer efectiva la posposición señalada en el inciso anterior, deberá solicitarse su declaración ante el tribunal que conoce del Procedimiento Concursal de Reorganización en forma incidental.

c) Si el deudor formare parte de algún registro público o privado como contratista o prestador de cualquier servicio y siempre que se encuentre al día en sus obligaciones con el respectivo mandante, no podrá ser eliminado ni se le privará de participar en los respectivos procesos de licitación, fundado en la apertura de un Procedimiento Concursal de Reorganización. Si la entidad pública o privada lo elimina de sus registros o discrimina su participación, a pesar de encontrarse al día en sus obligaciones con el respectivo mandante, deberá indemnizar los perjuicios que dicha discriminación o eliminación le provoquen al deudor.

2) Que durante la Protección Financiera Concursal se aplicarán respecto del deudor las siguientes medidas cautelares y de restricción:

a) Que el deudor quedará sujeto a la intervención del Veedor titular designado en la misma resolución, el que tendrá los deberes contenidos en el artículo 25;

b) Que el deudor no podrá gravar o enajenar sus bienes, salvo aquellos cuya enajenación o venta sea propia del giro o que resulten estrictamente necesarios para el normal desenvolvimiento de su actividad; y respecto de los demás bienes o activos, se estará a lo previsto en el artículo 75, y

c) Tratándose de personas jurídicas, éstas no podrán modificar sus pactos o estatutos sociales.

3) La fecha en que expirará la Protección Financiera Concursal.

4) La orden al deudor para que a través del Veedor publique en el Boletín Concursal y acompañe al tribunal competente, a lo menos diez días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores, su propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Si el deudor no da cumplimiento a esta orden, el Veedor certificará esta circunstancia y el tribunal competente dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, sin más trámite.

5) La fecha, lugar y hora que deberá efectuarse la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial que presente el deudor. La fecha de dicha Junta será aquella en la que expire la Protección Financiera Concursal.

6) Que dentro de diez días contados desde la notificación de esta resolución, todos los acreedores sin excepción alguna, deberán acreditar ante el tribunal competente su personería para actuar en el Procedimiento Concursal de Reorganización, con indicación expresa de la facultad que se le confiere a su apoderado, para conocer, modificar y acordar el Acuerdo de Reorganización Judicial.

7) La orden para que el Veedor inscriba copia de esta resolución en los conservadores de bienes raíces correspondientes a cada uno de los inmuebles que le pertenecen al deudor.

8) La orden al Veedor para que acompañe al tribunal competente y publique en el Boletín Concursal su Informe sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, a lo menos tres días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores que votará dicho acuerdo. Este Informe del Veedor deberá contener la calificación fundada acerca de (i) si la propuesta es susceptible de ser cumplida, habida consideración de las condiciones del deudor; (ii) el monto probable de recuperación que le correspondería a cada acreedor en sus respectivas categorías, en caso de un Procedimiento Concursal de Liquidación; y (iii) si la determinación de los créditos y su graduación, cuya propuesta acompañó el deudor, se ajusta a la ley.

Si el Veedor no presentare el referido informe dentro del plazo indicado, el deudor, cualquiera de los acreedores o el tribunal competente informará a la Superintendencia para que se apliquen las sanciones pertinentes y, en este caso, el Acuerdo de Reorganización Judicial se votará con prescindencia del Informe del Veedor.

9) Que dentro de quinto día de efectuada la notificación de esta resolución, los tres mayores acreedores con domicilio en Chile, que se indican en la certificación del contador auditor independiente referida en el artículo 57 y el deudor deberán asistir a una audiencia, la que se efectuará con los que concurran, para pronunciarse sobre la proposición de honorarios que formule el Veedor. Si no se arribare a acuerdo sobre el monto de los honorarios y forma de pago o no asistiere ninguno de los citados, éstos se fijarán por el tribunal competente sin ulterior recurso.

10) La orden al deudor para que le proporcione al Veedor copia de todos los antecedentes acompañados conforme al artículo 57, con el objeto que el Veedor los publique, conjuntamente con una copia de esta resolución en el Boletín Concursal, en el plazo de tres días contado desde su dictación.

ARTÍCULO 59.- Prórroga de la Protección Financiera Concursal. El plazo regulado para la Protección Financiera Concursal a que se refiere el número 1 del artículo anterior, podrá prorrogarse hasta por treinta días más, si el deudor obtiene el apoyo de dos o más acreedores, que representen más del 30% del total del pasivo, excluidos los créditos de las Personas Relacionadas con el deudor. Vencido el plazo de la prórroga antes señalada, el deudor podrá solicitar una nueva prórroga por otros treinta días más, si obtiene el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 50% del total del pasivo, excluidos los créditos de las Personas Relacionadas con el deudor.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar de una sola vez la prórroga del plazo regulado para la Protección Financiera Concursal a que se refiere el número 1 del artículo anterior hasta por sesenta días más, si el deudor obtiene el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 50% del total del pasivo, excluidos los créditos de las Personas Relacionadas con el deudor.

Los acreedores hipotecarios y prendarios que presten su apoyo para la prórroga de la Protección Financiera Concursal, no perderán su preferencia y podrán impetrar las medidas conservativas que procedan.

ARTÍCULO 60.- Nueva fecha y hora de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Para lograr la prórroga regulada en el artículo anterior, el deudor deberá presentar al tribunal competente, a lo menos diez días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores las cartas de apoyo de los acreedores autorizadas ante un Ministro de Fe, conjuntamente con un certificado extendido por un contador auditor independiente al deudor, que certifique los porcentajes del pasivo que permitan el apoyo requerido.

Acogida la prórroga de la Protección Financiera Concursal, el tribunal competente deberá fijar la nueva fecha y hora de dicha Junta de Acreedores.

Párrafo 1. Del objeto de la propuesta del Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 61.- Objeto de la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial deberá versar sobre cualquier objeto lícito tendiente a reestructurar los pasivos y activos de una Empresa Deudora.

ARTÍCULO 62.- Acuerdos de Reorganización Judicial por clases o categorías de acreedores. La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial podrá separarse en clases o categorías de acreedores y se podrá formular una propuesta para los acreedores valistas y otra para los acreedores hipotecarios y prendarios, cuyos créditos se encuentren garantizados con bienes de propiedad del deudor o de terceros. En este último caso, los acreedores de esta clase o categoría que voten la propuesta del Acuerdo de Reorganización Judicial conservarán sus preferencias.

La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial será igualitaria para todos los acreedores de una misma clase o categoría, salvo que medie acuerdo en contrario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 siguiente.

Los acreedores hipotecarios y prendarios, cuyos créditos se encuentren garantizados con bienes de propiedad del deudor o de terceros, podrán votar la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial que se formule para acreedores valistas si renuncian a la preferencia de sus créditos y no podrá votar la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial que se formule para su clase o categoría, salvo que dicha renuncia sea parcial y se manifieste expresamente.

Si los acreedores hipotecarios y prendarios votan la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial de los acreedores valistas, los montos de sus créditos preferentes se incluirán en el pasivo, para los efectos del cómputo a que se refiere el artículo 79 por las sumas a que hubiere alcanzado la renuncia.

ARTÍCULO 63.- Propuestas alternativas de Acuerdo de Reorganización Judicial. En cada una de sus clases o categorías, la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial podrá contener una proposición principal y otras alternativas para todos los acreedores de la misma clase o categoría, en cuyo caso éstos deberán optar por regirse por una de ellas, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

ARTÍCULO 64.- Posposición del pago a acreedores Personas Relacionadas. Los acreedores Personas Relacionadas con el deudor deberán posponer el pago de sus créditos, hasta que se paguen íntegramente los créditos de los demás acreedores a quienes les afectará el Acuerdo de Reorganización Judicial. Esta posposición no regirá respecto de los créditos que emanen a consecuencia de lo dispuesto en el artículo 73 sobre suministro asegurado y en el artículo 75 sobre préstamos para el financiamiento de operaciones, en la medida que se autorice por los acreedores que representen más del 50% del pasivo del deudor.

ARTÍCULO 65.- Diferencias entre acreedores de igual clase o categoría. En las propuestas de Acuerdo de Reorganización Judicial se podrán establecer condiciones más favorables para algunos de los acreedores de una misma clase o categoría, siempre que los demás acreedores de la respectiva clase o categoría lo acuerden con Quórum Calificado, el cual se calculará únicamente sobre el monto de los créditos de estos últimos.

ARTÍCULO 66.- Constitución de garantías en los Acuerdos de Reorganización Judicial. En el Acuerdo de Reorganización Judicial podrá estipularse la constitución de garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del deudor. Estas garantías podrán constituirse en el mismo Acuerdo de Reorganización Judicial o en instrumentos separados.

Para estos efectos, los acreedores podrán designar a uno o más de ellos para que los representen en la celebración de los actos que sean necesarios para la debida constitución de las garantías.

ARTÍCULO 67.- Acreedores comprendidos en los Acuerdos de Reorganización Judicial. Los Acuerdos de Reorganización Judicial sólo afectarán a los acreedores cuyos créditos se encuentren en la nómina de créditos reconocidos.

Los créditos que se originen con posterioridad, salvo lo dispuesto en el artículo 73 sobre suministro asegurado y el artículo 75 sobre préstamos para el financiamiento de operaciones y que no hayan sido considerados en la referida nómina, no serán incluidos en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

ARTÍCULO 68.- Código de gestión para los deudores. Sin perjuicio de las obligaciones de hacer y de no hacer que se pacten en el Acuerdo de Reorganización Judicial, podrán incorporarse las siguientes normas:

1) La prohibición a la Empresa Deudora de repartir sumas a sus accionistas o socios, bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, ya sea por la vía de reducción de capital y/o condonación de préstamos otorgados, antes de haber pagado el 100% de las obligaciones emanadas del Acuerdo de Reorganización Judicial. Respecto de los repartos de dividendos, no podrán realizarse en tanto existan pérdidas acumuladas. Existiendo utilidades, se distribuirá como dividendo el porcentaje mínimo que para estos efectos establece la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en su caso.

2) La obligación del deudor de resuscribir y/o reaceptar todos los títulos de crédito que haya suscrito para el otorgamiento de los créditos que forman parte del Acuerdo de Reorganización Judicial, sea en el mismo documento, en hoja de prolongación o en instrumento separado, modificando las menciones relativas al importe, tasa de interés, plazo de vencimiento y demás estipulaciones, todo ello con sujeción a los términos que en definitiva se pacten con los acreedores en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

3) El establecimiento de multas para el deudor y sus administradores, a favor de los acreedores a los que afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial en caso de incumplimiento de las obligaciones de hacer o no hacer acordadas en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

ARTÍCULO 69.- Cláusula arbitral en Acuerdos de Reorganización. En ambas clases o categorías de Acuerdo de Reorganización Judicial podrá acordarse una cláusula arbitral, en cuyo caso las diferencias que se produzcan entre el deudor y uno o más acreedores o entre éstos, con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento, terminación o declaración de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, se someterán a arbitraje, el que será obligatorio para todos los acreedores a los que afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial.

Si el árbitro declara la terminación o el incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, remitirá de inmediato el expediente al tribunal competente para que éste dicte la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación en conformidad a esta Ley.

ARTÍCULO 70.- Interventor y/o Comisión de Acreedores. El Acuerdo de Reorganización Judicial deberá estipular el nombramiento de un interventor por al menos un año contado desde el Acuerdo de Reorganización Judicial, debiendo dicho nombramiento recaer necesariamente en cualquier Veedor vigente de la Nómina de Veedores, el que tendrá las atribuciones, deberes y remuneración que el mismo Acuerdo de Reorganización Judicial señale. Si no se especificaren las facultades de dicho interventor, se entenderá que tiene aquellas señaladas en el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, en el Acuerdo de Reorganización Judicial se podrá designar a una Comisión de Acreedores para supervigilar el cumplimiento de sus estipulaciones, con las atribuciones, deberes y remuneración, en su caso, que el Acuerdo de Reorganización Judicial señale.

Párrafo 2. De la determinación del pasivo

ARTÍCULO 71.- Verificación y objeción de los créditos. Los acreedores tendrán un plazo de cinco días contados desde la notificación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización a que se refiere el artículo 58, para verificar sus créditos ante el tribunal que conoce del procedimiento, debiendo acompañar los títulos justificativos del crédito. No será necesaria verificación alguna si los créditos se encontraren incluidos, a satisfacción del acreedor en el estado de deudas a que se refiere el número 4 del artículo 57 publicado en el Boletín Concursal.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior y dentro de los dos días siguientes, el Veedor publicará en el Boletín Concursal, todas las verificaciones presentadas.

En el plazo de cinco días siguientes a la publicación indicada en el inciso precedente, el Veedor, el deudor y los acreedores podrán deducir objeción fundada sobre la falta de títulos justificativos, los montos y las preferencias de los créditos que se indican en el estado de las deudas que presenta el deudor de conformidad al número 4 del artículo 57, y en las verificaciones presentadas.

Los interesados presentarán sus objeciones ante el tribunal. Expirado el plazo que se indica en el inciso anterior sin que se formulen objeciones, los créditos no objetados quedarán reconocidos. Vencido el plazo anterior y dentro de los dos días siguientes, el Veedor publicará en el Boletín Concursal, todas las objeciones presentadas.

El Veedor confeccionará la nómina de los créditos reconocidos y la acompañará a los autos dentro de cuarto día de expirado el plazo para objetar y la publicará en el Boletín Concursal, sirviendo ésta como única nómina para la votación a que se refiere el artículo 79.

ARTÍCULO 72.- Impugnación de créditos. Si se formulan objeciones, el Veedor arbitrará las medidas necesarias para que se obtenga el debido ajuste entre los objetantes y los objetados correspondientes.

Si no se subsanan las objeciones deducidas, los créditos objeto de dichas objeciones se considerarán impugnados y el Veedor los acumulará y emitirá un informe acerca de si existen o no fundamentos plausibles para ser considerados por el tribunal competente. Acompañará junto a la nómina de créditos reconocidos, la nómina de créditos impugnados con su informe al tribunal competente y la publicará en el Boletín Concursal, dentro de los cuatro días siguientes a la expiración del plazo previsto para objetar que se señala en el inciso primero del artículo anterior.

Agregado a los autos la nómina de créditos impugnados con el informe del Veedor, el tribunal citará a una audiencia única y verbal para el fallo de éstas, dentro de décimo día, contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada la nómina de créditos reconocidos e impugnados.

A dicha audiencia podrán concurrir el Veedor, el deudor, los impugnantes y el titular del crédito impugnado. En la misma audiencia deberán resolverse las incidencias que promuevan las partes en relación a las impugnaciones. El tribunal competente podrá, si fuere estrictamente necesario, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad. Con todo, la resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones deberá dictarse a más tardar el segundo día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

La resolución que falle las impugnaciones será apelable en el sólo efecto devolutivo. Dicha resolución ordenará la incorporación o modificación de créditos en la nómina de créditos reconocidos, cuando corresponda. La referida nómina deberá publicarse en el Boletín Concursal, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

Párrafo 3. Del suministro asegurado; de la venta necesaria de activos y de los nuevos recursos

ARTÍCULO 73.- Suministro asegurado. Los proveedores de bienes y servicios que sean indispensables para el funcionamiento de la Empresa Deudora, cuyas facturas tengan como fecha de emisión no más de noventa ni menos de treinta días anteriores a la fecha de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización y en la medida que en su conjunto no superen el 20% del pasivo señalado en la certificación contable referida en el artículo 57, no se considerarán acreedores de la Empresa Deudora y se pagarán preferentemente en las fechas originalmente convenidas, siempre que el respectivo proveedor mantenga el suministro a la Empresa Deudora, circunstancia que deberá acreditar el Veedor.

En caso de no suscribirse el Acuerdo de Reorganización Judicial, y en consecuencia se dictare la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa Deudora, los créditos provenientes de este suministro asegurado se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

ARTÍCULO 74.- Operaciones de comercio exterior. Tratándose de operaciones de comercio exterior, cuyas cartas de créditos tengan como fecha de otorgamiento no más de ciento veinte ni menos de treinta días antes de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización, no se considerarán acreedores de la Empresa Deudora y se pagarán preferentemente en las fechas originalmente convenidas, siempre que el acreedor mantenga las líneas de financiamiento u otorgue nuevos créditos para este tipo de operaciones, circunstancias que deberá acreditar el Veedor.

En caso de no suscribirse el Acuerdo de Reorganización Judicial, y en consecuencia se dictare la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa Deudora, los créditos provenientes de estas operaciones de comercio exterior se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

ARTÍCULO 75.- Venta de activos y contratación de préstamos durante la Protección Financiera Concursal. Durante la Protección Financiera Concursal, la Empresa Deudora podrá vender o enajenar activos, cuyo valor no exceda el 20% de su activo fijo, y podrá adquirir préstamos para el financiamiento de sus operaciones, siempre que éstos no superen el 20% de su pasivo señalado en la certificación contable referida en el artículo 57.

La venta, enajenación o contratación de préstamos que excedan los montos señalados en el inciso anterior, así como toda operación con Personas Relacionadas con la Empresa Deudora, requerirá la autorización de acreedores que representen más del 50% del pasivo del deudor.

Los préstamos contratados por la Empresa Deudora en virtud de este artículo, no se considerarán en las nóminas de créditos de la Empresa Deudora y se pagarán preferentemente en las fechas convenidas, siempre que dichos préstamos se utilicen para el financiamiento de las operaciones de la Empresa Deudora, circunstancia que deberá acreditar el Veedor.

En caso de no suscribirse el Acuerdo de Reorganización Judicial, y en consecuencia se dictare la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa Deudora, estos préstamos se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

ARTÍCULO 76.- Venta de bienes otorgados en prenda o hipoteca durante la Protección Financiera Concursal. Tratándose de bienes otorgados en prenda o hipoteca, cuyo valor comercial exceda el monto del respectivo crédito garantizado, el acreedor prendario o hipotecario, que autorice la enajenación, podrá percibir de la venta el monto de su respectivo crédito, siempre que garantice el pago de los créditos de mejor derecho, mediante el otorgamiento de cualquier instrumento de garantía que reconozcan las leyes vigentes o que la Superintendencia autorice mediante norma de carácter general.

ARTÍCULO 77.- Valorización de activos y fiscalización de recursos. Para efectos de determinar el valor de los activos a vender o enajenar, se estará a la valorización que realice el Veedor.

El Veedor verificará que el producto de todos los actos o contratos que se otorguen o suscriban con motivo de las operaciones que se regulan en el presente Párrafo, ingrese efectivamente a la caja de la Empresa Deudora y se destine única y exclusivamente a financiar su giro. A estos actos o contratos no les será aplicable lo dispuesto en el Capítulo VI de esta Ley.

Título 2. De la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial

Párrafo 1. De las normas generales

ARTÍCULO 78.- Efectos del retiro del Acuerdo de Reorganización Judicial. Una vez notificada la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, ésta no podrá ser retirada por el deudor, salvo que cuente con el apoyo de acreedores que representen a lo menos el 75% del pasivo.

Si la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial es retirada por el deudor que solicitó la Protección Financiera Concursal, sin contar con el apoyo referido en el inciso anterior, el tribunal competente dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

ARTÍCULO 79.- Acreedores con derecho a voto. Sólo tienen derecho a concurrir y votar los acreedores cuyos créditos se encuentren en la nómina de créditos reconocidos a que se refiere el artículo 71 y aquellos que figuren en la ampliación de esta nómina, de acuerdo a lo previsto en el artículo 72 y, en ambos casos, siempre que éstos hayan dado cumplimiento a lo ordenado en el número 6 del artículo 58, relativo a la acreditación de personerías.

ARTÍCULO 80.- Acuerdo de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Cada una de las clases o categorías de propuestas de Acuerdo de Reorganización Judicial que establece el artículo 62 será analizada, deliberada y acordada en forma separada en la misma junta, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 83.

La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial se entenderá acordada cuando cuente con el consentimiento del deudor y el voto conforme de los dos tercios o más de los acreedores presentes, que representen al menos tres cuartas partes del total del pasivo con derecho a voto, correspondiente a su respectiva clase o categoría.

No podrán votar las Personas Relacionadas con el deudor y sus créditos no se considerarán en el pasivo.

Los cesionarios de créditos adquiridos dentro de los últimos treinta días anteriores a la fecha de inicio del Procedimiento Concursal de Reorganización conforme se indica en el artículo 55, no podrán concurrir a la Junta de Acreedores para deliberar y votar el Acuerdo de Reorganización Judicial y tampoco podrán impugnarlo.

El acuerdo sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial de una clase o categoría, se adoptará bajo la condición suspensiva de que se acuerde la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial de la otra clase o categoría, en la misma Junta de Acreedores o en la que se realice de conformidad a lo previsto en el artículo 83.

ARTÍCULO 81.- Procedimiento de registro de firmas. Para obtener las mayorías que exige el Procedimiento Concursal de Reorganización, el Veedor podrá recabar la votación de cualquier acreedor, mediante la suscripción de uno o más documento ante un Ministro de Fe o mediante firma electrónica avanzada, en que conste la aceptación de los acreedores.

Los votos que se obtengan mediante este sistema, se considerarán como votos de acreedores presentes en la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, para los efectos del cómputo de dichas mayorías.

Los acreedores del deudor podrán suscribir estos documentos desde la publicación de la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial en el Boletín Concursal y hasta tres días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre dicha propuesta.

ARTÍCULO 82.- Ausencia del deudor en la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Si el deudor no compareciere a la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, el tribunal competente deberá dictar en la misma Junta la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

ARTÍCULO 83.- Suspensión de Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, podrá acordar con Quórum Especial su suspensión por no más diez días, fijando al efecto nuevo día y hora.

ARTÍCULO 84.- Modificación del Acuerdo de Reorganización Judicial suscrito. Las modificaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial suscrito deberán adoptarse por el deudor y los mismos acreedores agrupados en sus respectivas clases o categorías, conforme al mismo procedimiento y mayorías exigidas en los artículos anteriores del presente Párrafo, excluidos los créditos que se originen con posterioridad a la suscripción del Acuerdo de Reorganización Judicial.

No obstante lo anterior, el Acuerdo de Reorganización Judicial que establezca la constitución de una Comisión de Acreedores, podrá facultarla para modificar el contenido del Acuerdo de Reorganización Judicial de su respectiva clase o categoría con el quórum de aprobación que el Acuerdo de Reorganización Judicial determine.

La modificación podrá recaer sobre todo o parte del contenido del Acuerdo de Reorganización Judicial, salvo en lo referente a la calidad de acreedor, su clase o categoría, monto de sus créditos y sus preferencias y respecto de aquellas materias que el Acuerdo de Reorganización Judicial determine como no modificables por la Comisión de Acreedores.

En las Juntas de Acreedores que se celebren con posterioridad a la aprobación por el tribunal del Acuerdo de Reorganización Judicial, el derecho a voto se determinará en conformidad al artículo 79. No tendrán derecho a voto los acreedores que tengan la calidad de Personas Relacionadas con el deudor.

ARTÍCULO 85.- Notificación de Acuerdo de Reorganización Judicial. El texto íntegro del Acuerdo de Reorganización Judicial, con sus modificaciones, en su caso, será notificado por el Veedor en el Boletín Concursal.

Párrafo 2. De la impugnación del Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 86.- Causales para impugnar el Acuerdo de Reorganización Judicial. El Acuerdo de Reorganización Judicial podrá ser impugnado siempre que se funde en alguna de las siguientes causales:

1) Error en el cómputo de las mayorías requeridas en este Capítulo, siempre que incida sustancialmente en el quórum del Acuerdo de Reorganización Judicial.

2) Falsedad o exageración del crédito de alguno de los acreedores que hayan concurrido con su voto a formar el quórum necesario para el Acuerdo de Reorganización Judicial, si excluida la parte falsa o exagerada del crédito, no se logra el quórum del Acuerdo de Reorganización Judicial.

3) Acuerdo entre uno o más acreedores y el deudor, para votar a favor, abstenerse de votar o rechazar el Acuerdo de Reorganización Judicial, falseando, omitiendo o adulterando información para obtener una ventaja indebida respecto de los demás acreedores.

ARTÍCULO 87.- Plazo para impugnar el Acuerdo de Reorganización Judicial. Podrá impugnarse el Acuerdo de Reorganización Judicial dentro del plazo de tres días contados desde la publicación del Acuerdo de Reorganización Judicial en el Boletín Concursal. Las impugnaciones deberán deducirse respecto de la clase o categoría del Acuerdo de Reorganización Judicial a la cual pertenece el acreedor impugnante.

Las impugnaciones presentadas fuera de plazo serán rechazadas de plano.

ARTÍCULO 88.- Audiencia única de resolución de impugnaciones. Las impugnaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial, se tramitarán como un sólo incidente por clase o categoría de acuerdo, entre el deudor y el acreedor o acreedores que las hayan formulado. Se fallarán conjuntamente en una audiencia única, que el tribunal competente citará para tal efecto, dentro de los diez días de vencido el plazo para impugnar. Esta audiencia será verbal y se llevará a cabo con los que asistan. En la misma audiencia deberán resolverse las incidencias que promuevan las partes. El tribunal podrá, si así lo estima, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad. Con todo, la resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial deberá dictarse a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de celebración de la referida audiencia.

La resolución que resuelva las impugnaciones se publicará en el Boletín Concursal. Esta resolución será apelable en el sólo efecto devolutivo.

ARTÍCULO 89.- Nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Si se acoge por resolución firme y ejecutoriada la impugnación al Acuerdo de Reorganización Judicial por la causal establecida en el número 1 del artículo 86, el deudor podrá presentar una nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, dentro de los diez días siguientes contados desde que se notifique la resolución que tuvo por acogida la impugnación referida, siempre que esta nueva propuesta se presente apoyada por dos o más acreedores, que representen a lo menos un 66% o más del pasivo total con derecho a voto. En este caso el deudor gozará de Protección Financiera Concursal hasta la Junta llamada a conocer y pronunciarse sobre la nueva propuesta. La resolución que tenga por presentada la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, fijará la fecha de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la nueva propuesta, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes contados desde que el deudor presentó la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

Si el deudor no presentare la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial dentro del plazo antes establecido, el tribunal competente dictará, de oficio y sin más trámite, la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación del deudor.

Si se acoge una impugnación al Acuerdo de Reorganización Judicial, por las causales establecidas en los números 2 y 3 del artículo 86, el tribunal, de oficio y sin más trámite, ordenará la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación en la misma resolución que acoge la impugnación, y el deudor no podrá presentar nuevamente una propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

Párrafo 3. De la aprobación y vigencia del Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 90.- Aprobación y vigencia del Acuerdo de Reorganización Judicial. El Acuerdo de Reorganización Judicial se entenderá aprobado y comenzará a regir una vez vencido el plazo para impugnarlo, sin que se hubiere impugnado y el tribunal competente lo declarará así de oficio o a petición de cualquier interesado o del Veedor.

Si el Acuerdo de Reorganización Judicial ha sido impugnado y las impugnaciones han sido desechadas, el tribunal competente lo declarará aprobado en la resolución que deseche la o las impugnaciones, y comenzará a regir desde que dicha resolución cause ejecutoria.

Las resoluciones señaladas en los incisos primero y segundo de este artículo, se notificarán en el Boletín Concursal.

Sin perjuicio de lo anterior, el Acuerdo de Reorganización Judicial regirá no obstante las impugnaciones que se hubieren interpuesto en su contra, si éstas no contaren con la adhesión de los acreedores de su respectiva clase o categoría que representen a lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto. En este caso, y en el del inciso segundo, los actos y contratos ejecutados o celebrados por el deudor en el tiempo que medie entre el Acuerdo de Reorganización Judicial y la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que acoja las impugnaciones, no podrán dejarse sin efecto, salvo lo dispuesto en el artículo 2468 del Código Civil.

El recurso de casación deducido en contra de la resolución de segunda instancia que desecha la o las impugnaciones, no suspende el cumplimiento de dicha resolución, incluso si la parte vencida solicita se otorgue fianza de resultas por la parte vencedora.

Si se acogen las impugnaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial por resolución firme y ejecutoriada, las obligaciones y derechos existentes entre el deudor y sus acreedores con anterioridad al Acuerdo de Reorganización Judicial, se regirán por sus respectivas convenciones.

ARTÍCULO 91.- Autorización del Acuerdo de Reorganización Judicial. Una copia del acta de la Junta de Acreedores en que se votó favorablemente el Acuerdo de Reorganización Judicial que incluye el texto íntegro de dicho acuerdo, con la copia de la resolución que lo aprueba, y su certificado de ejecutoria; podrá ser autorizado por un Ministro de Fe de la Superintendencia o protocolizarse ante un notario público. Una vez autorizado o protocolizado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

Párrafo 4. De los efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 92.- Efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial aprobado. El Acuerdo de Reorganización Judicial, debidamente aprobado, obliga al deudor y a todos los acreedores, hayan o no concurrido a la Junta que lo acuerde.

ARTÍCULO 93.- Cancelación de anotaciones e inscripciones una vez aprobado el Acuerdo de Reorganización Judicial. Aprobado que sea el Acuerdo de Reorganización Judicial, se cancelarán las inscripciones previstas en el número 7 del artículo 58.

ARTÍCULO 94.- Efectos sobre los créditos. Los créditos que sean parte del Acuerdo de Reorganización Judicial se entenderán remitidos, novados o repactados, según corresponda, para todos los efectos legales.

ARTÍCULO 95.- Efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial en las obligaciones garantizadas del deudor. Todos aquellos que hubieren otorgado cauciones reales o personales, o que sean terceros poseedores de bienes constituidos en garantía de obligaciones sujetas al Acuerdo de Reorganización Judicial y los demás terceros que paguen esas obligaciones sin la oposición del deudor, podrán ejercer los derechos que por vía de subrogación o reembolso les correspondan, solamente en lo pagado al respectivo acreedor en virtud del Acuerdo de Reorganización Judicial.

La prórroga del plazo de las deudas que se consigne en el Acuerdo de Reorganización Judicial, no pone fin a la responsabilidad de los fiadores y codeudores, solidarios o subsidiarios, o de los avalistas del deudor sujeto al Acuerdo de Reorganización Judicial, ni extingue las prendas o hipotecas constituidas sobre bienes de terceros, pero se obligarán en los términos y bajo las modalidades de pago establecidas en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

Aprobado que sea el Acuerdo de Reorganización Judicial, los efectos serán los siguientes según los casos:

a) No se podrá cobrar el crédito a los fiadores o codeudores, solidarios o subsidiarios, ni a los avalistas, sino en los mismos términos en que se puede cobrar al deudor en virtud del Acuerdo de Reorganización Judicial;

b) El tercer poseedor de la finca hipotecada y el propietario del bien empeñado podrán liberar la garantía pagando la deuda en los mismos términos que los estipulados en el Acuerdo de Reorganización Judicial suscrito por el deudor garantizado, y en su caso, pagando sólo la cantidad que corresponda deducida la parte de la deuda extinguida mediante la novación o la dación en pago, y

c) La novación o la dación en pago extinguen la deuda respecto de los fiadores, codeudores y avalistas antes mencionados, debiendo otorgarse las nuevas garantías en los términos del Acuerdo de Reorganización Judicial en que se acordó extinguir la deuda.

Párrafo 5. Del rechazo del Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 96.- Rechazo del Acuerdo de Reorganización Judicial. Si la Propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial es rechazada por los acreedores por no haberse obtenido el quórum de aprobación necesario o porque el deudor no otorga su consentimiento, el tribunal dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, de oficio y sin más trámite, en la misma Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre el Acuerdo de Reorganización Judicial, salvo que en dicha Junta se disponga lo contrario por Quórum Calificado. En este caso, el deudor deberá, a través del Veedor, publicar la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial en el Boletín Concursal y acompañarla al tribunal diez días antes de la Junta de Acreedores que tiene por objeto pronunciarse sobre la nueva propuesta. El deudor conservará la Protección Financiera Concursal hasta la celebración de dicha Junta, que deberá llevarse a cabo dentro de los veinte días siguientes a la Junta que rechazó el Acuerdo de Reorganización Judicial.

Si el deudor no presenta la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial dentro del plazo antes establecido, el tribunal dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, de oficio y sin más trámite.

La Junta de Acreedores que rechace la primera o segunda propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, en su caso, deberá nominar al Liquidador titular y suplente, a los que el tribunal competente deberá designar con el carácter de definitivos.

Párrafo 6. De la terminación y declaración de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 97.- Terminación del Acuerdo de Reorganización Judicial. No se admitirán otras acciones de terminación del Acuerdo de Reorganización Judicial que las fundadas en la ocultación o exageración del activo o del pasivo y de las que se hubieren tomado conocimiento después de haber vencido el plazo para impugnar el Acuerdo de Reorganización Judicial.

La declaración de término del Acuerdo de Reorganización Judicial, extingue de pleno derecho las cauciones que lo garantizan.

Las acciones de terminación del Acuerdo de Reorganización Judicial podrán interponerse por cualquier interesado y prescribirán en el plazo de un año contado desde la fecha en que comenzó a regir.

ARTÍCULO 98.- Acción de incumplimiento. El Acuerdo de Reorganización Judicial podrá declararse incumplido a solicitud de cualquiera de los acreedores a los que les afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial por inobservancia de sus estipulaciones.

Podrá también declararse incumplido si se hubiere agravado el mal estado de los negocios del deudor en forma que haga temer un perjuicio para dichos acreedores.

Si la acción de incumplimiento se deduce sólo por la inobservancia de las estipulaciones de una de las clases o categorías del Acuerdo de Reorganización Judicial, el deudor podrá enervar la acción cumpliéndolas dentro del plazo de sesenta días contado desde la notificación de la acción de incumplimiento.

Las acciones de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial prescribirán en el plazo de un año contado desde que se produce el incumplimiento.

La declaración de incumplimiento dejará sin efecto el Acuerdo de Reorganización Judicial, pero no extinguirá las cauciones que hubieren garantizado su ejecución total o parcial.

Las personas obligadas por las cauciones señaladas en el inciso anterior y los terceros poseedores de los bienes gravados con las mismas, según sea el caso, serán oídos en el juicio de declaración de incumplimiento y podrán impedir la continuación de éste enervando la acción, cumpliendo dentro de los tres días siguientes a la citación.

Las cantidades pagadas por el deudor antes de la declaración de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial y el producto obtenido durante el Procedimiento Concursal de Liquidación, servirán de abono a la deuda en caso que la caución se extienda a toda la suma estipulada. Pero si comprende únicamente una parte de ella, sólo le servirá para imputarla a la parte que reste de la cuota no caucionada.

ARTÍCULO 99.- Procedimiento de declaración de terminación e incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial. La terminación o incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial se sujetarán al procedimiento del juicio sumario y será competente para conocer de ellas el tribunal ante el cual se tramitó el Acuerdo de Reorganización Judicial.

La resolución que acoja las acciones de terminación o incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, será apelable en ambos efectos, pero el deudor quedará de inmediato sujeto a la intervención de un Veedor que tendrá las facultades de interventor contenidas en los números 1, 7, 8 y 9 del artículo 25.

La declaración de término o incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial no tendrán efecto retroactivo.

ARTÍCULO 100.- Apertura de Procedimiento Concursal de Liquidación. Una vez firme y ejecutoriada la resolución que declare la terminación o el incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, el mismo tribunal dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación del deudor, de oficio y sin más trámite.

ARTÍCULO 101.- Designación de Liquidador. En la demanda de terminación o de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, el demandante propondrá a un Liquidador titular y a un suplente de la Nómina de Liquidadores vigente, debiendo el tribunal designarlos en la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Si se interpusiere más de una demanda de terminación o de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, el tribunal competente designará al Liquidador titular y suplente nominado en la primera demanda que se acoja.

Título 3. Del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado

ARTÍCULO 102.- Legitimación. Toda Empresa Deudora podrá celebrar un Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado con sus acreedores y someterlo a aprobación judicial, conforme a lo establecido en el presente Título. Para los efectos de este Título se denominará indistintamente Empresa Deudora o deudor.

ARTÍCULO 103.- Competencia. Será competente para aprobar el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado el tribunal que hubiere sido competente para conocer un Procedimiento Concursal de Reorganización del deudor de acuerdo a esta Ley.

ARTÍCULO 104.- Formalidades. El Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado deberá ser otorgado ante un Ministro de Fe, quien certificará, además, la personería de los representantes que concurren al otorgamiento de este instrumento, cuyas copias autorizadas deberán agregarse al acuerdo respectivo.

ARTÍCULO 105.- Objeto. El Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado deberá versar sobre cualquier objeto lícito tendiente a reestructurar los activos y pasivos del deudor.

ARTÍCULO 106.- Contenido. Será aplicable al Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, cuando corresponda y siempre que no contravenga lo dispuesto en el presente párrafo, los Títulos 1 y 2 de este Capítulo, en lo relativo a los acuerdos por clases o categorías de acreedores, propuestas alternativas, diferencias entre acreedores de igual clase o categoría, condonación o remisión de créditos, constitución de garantías, código de gestión para los deudores, arbitraje, interventor y Comisión de Acreedores.

ARTÍCULO 107.- Requisitos. Para la aprobación judicial del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, éste deberá presentarse ante el tribunal competente junto con los antecedentes singularizados en el artículo 57, acompañado de un listado de todos los juicios y procesos administrativos que tengan efectos patrimoniales seguidos contra el deudor, con indicación del tribunal, órgano de la Administración del Estado, rol o número de identificación y materias sobre las que tratan estos procesos.

ARTÍCULO 108.- Efectos de la presentación. Presentada la solicitud de aprobación judicial del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, el tribunal dispondrá:

a) La prohibición de solicitar la Liquidación forzosa del deudor y de iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento. Lo anterior, no se aplicará a los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de privilegio de primera clase, excepto las que el deudor tuviere, en tal carácter, a favor de su cónyuge o de sus parientes o de los gerentes, administradores, apoderados con poder general de administración u otras personas que hayan tenido o tengan injerencia en la administración de sus negocios. Para estos efectos se entenderá por parientes a los ascendientes y descendientes y a los colaterales por consanguinidad y afinidad hasta el cuarto grado, inclusive, y

b) La prohibición al deudor de gravar o enajenar sus bienes, salvo los que resulten estrictamente necesarios para la continuación de su giro.

ARTÍCULO 109.- Quórum. El deudor deberá presentar el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado suscrito por los dos tercios o más de los acreedores que representen al menos tres cuartas partes del total de su pasivo, correspondiente a su respectiva clase o categoría. Las Personas Relacionadas con el deudor no podrán suscribir un Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, ni sus créditos se considerarán en el monto del pasivo.

Los cesionarios de créditos adquiridos dentro de los últimos treinta días anteriores a la fecha de la presentación a aprobación judicial del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, no se considerarán para el quórum señalado en el inciso anterior.

ARTÍCULO 110.- Publicidad. Junto con presentar al tribunal el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado con los antecedentes señalados en el artículo 107, el deudor deberá acompañar a la Superintendencia copia de éstos para que los publique en el Boletín Concursal.

ARTÍCULO 111.- Objeción. Podrán objetar el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado los acreedores disidentes y aquellos que demuestren haber sido omitidos de los antecedentes previstos en artículo 107, siempre y cuando la objeción se funde en alguna de las causales establecidas en el artículo 86 de esta Ley para los Acuerdos de Reorganización Judicial, o bien sobre la existencia, los montos y los privilegios de sus créditos.

La objeción deberá presentarse ante el tribunal competente dentro de los diez días siguientes a la publicación del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado efectuada conforme al artículo anterior. Copia de la objeción señalada y de los antecedentes correspondientes, se deberán acompañar a la Superintendencia en el mismo plazo a efectos que se publiquen en el Boletín Concursal.

Las objeciones al Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado se tramitarán como incidente por clase o categoría de acuerdo, entre el deudor y el acreedor o acreedores que las hayan formulado. Se fallarán conjuntamente en una audiencia única, que el tribunal citará para tal efecto y que se celebrará dentro de los diez días siguientes de vencido el plazo para objetar. Esta audiencia será verbal y se llevará a cabo con los que asistan. La resolución que resuelva las objeciones se publicará en el Boletín Concursal y será apelable en el sólo efecto devolutivo.

ARTÍCULO 112.- Aprobación judicial. Vencido el plazo para presentar objeciones sin que se hayan interpuesto o si, deducidas, se hubieren rechazado por resolución que se encuentre firme y ejecutoriada, el tribunal competente, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales, dictará la correspondiente resolución aprobando el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado.

ARTÍCULO 113.- Efectos de la aprobación judicial. El Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado aprobado conforme a las disposiciones de este párrafo producirá, cuando corresponda y siempre que no contravenga lo dispuesto en este párrafo, los efectos previstos en el Párrafo 3 del Título 2 de este Capítulo.

ARTÍCULO 114.- Terminación e Incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado. Demandada la terminación e incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, se aplicará lo dispuesto en el Párrafo 5 del Título 2 de este Capítulo.

IV.- DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN

Título 1. Del Procedimiento Concursal propiamente tal

Párrafo 1. De la Liquidación Voluntaria

ARTÍCULO 115.- Ámbito de aplicación y requisitos. La Empresa Deudora podrá solicitar ante el juzgado de letras competente su Liquidación Voluntaria, acompañando los siguientes antecedentes en duplicado:

1) Lista de sus bienes, lugar en que se encuentren y los gravámenes que les afecten;

2) Lista de los bienes legalmente excluidos de la Liquidación;

3) Relación de juicios pendientes;

4) Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos, y

5) Nómina de los trabajadores, prestaciones laborales debidas y situación previsional.

Si el deudor llevare contabilidad completa presentará, además, su último balance.

Si se tratare de una persona jurídica, los documentos antes referidos serán firmados por sus representantes legales.

Para los efectos de este Capítulo se denominará indistintamente Empresa Deudora o deudor.

ARTÍCULO 116.- Tramitación. El tribunal competente revisará la presentación del deudor y, si cumple con los requisitos señalados en el artículo anterior, procederá de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37.

Asimismo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 129 y en el Párrafo 4 de este Título.

Párrafo 2. De la Liquidación Forzosa

ARTÍCULO 117.- Ámbito de aplicación y causales. Cualquier acreedor podrá demandar la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de una Empresa Deudora en los siguientes casos:

1) Si cesa en el pago de una obligación que conste en título ejecutivo con el acreedor solicitante. No se podrá invocar esta causal respecto de los fiadores, codeudores solidarios y/o avalistas.

2) Si existieren en su contra dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos dos ejecuciones, y no hubiere presentado dentro de los cuatro días siguientes a los respectivos requerimientos, bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas.

3) Cuando la Empresa Deudora o sus administradores se trasladen fuera del territorio de la República o no sean habidos, dejando cerradas sus oficinas o establecimientos, sin haber nombrado mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas. En este caso, el demandante podrá invocar como crédito, aquel que se encuentre sujeto a un plazo o a una condición suspensiva.

ARTÍCULO 118.- Requisitos. La demanda que se presentará ante el tribunal competente, señalará la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañará los siguientes antecedentes:

1) Los documentos o antecedentes escritos que acreditan la causal invocada.

2) Vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 200 Unidades de Fomento para subvenir los gastos iniciales del Procedimiento Concursal de Liquidación.

3) El acreedor peticionario podrá designar a un Veedor vigente de la Nómina de Veedores, que asumirá en caso que el deudor se oponga a la Liquidación Forzosa. Dicho Veedor supervigilará las actividades del deudor mientras dure la tramitación del Juicio de Oposición conforme a lo dispuesto en el Párrafo 3 de este Título, quien tendrá las facultades de interventor contenidas en el artículo 25 de esta Ley. Los honorarios del Veedor no podrán ser superiores a 100 Unidades de Fomento y serán de cargo del acreedor peticionario. Sin perjuicio de lo anterior, el demandante podrá solicitar en su demanda cualquiera de las medidas señaladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

4) El nombre del Liquidador titular y suplente, para el caso que el deudor no compareciere o no efectuare actuación alguna por escrito en la Audiencia Inicial prevista en el artículo 120.

El Liquidador o Veedor que hubiese ejercido como tal en algún Procedimiento Concursal, no podrá asumir en otro procedimiento respecto de un mismo deudor.

ARTÍCULO 119.- Revisión, primera providencia y notificación. Presentada la demanda, el tribunal competente examinará en el plazo de tres días el cumplimiento de los requisitos del artículo precedente. En caso que los considere cumplidos, la tendrá por presentada, ordenará publicarla en el Boletín Concursal y citará a las partes a una audiencia que tendrá lugar al quinto día desde la notificación personal del deudor o conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando no se encuentre en el lugar del juicio. En caso contrario, ordenará al demandante la corrección pertinente y fijará un plazo de tres días para que subsane, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

ARTÍCULO 120.- Audiencia Inicial. La Audiencia Inicial se desarrollará conforme a las siguientes reglas:

1) El tribunal informará al deudor acerca de la demanda presentada en su contra y de los efectos de un eventual Procedimiento Concursal de Liquidación.

2) Acto seguido, el deudor podrá proponer por escrito o verbalmente alguna de las acciones señaladas en los literales siguientes, debiendo siempre señalar el nombre o razón social, domicilio y correo electrónico de los tres acreedores, o sus representantes legales, que figuren en su contabilidad con los mayores créditos. Si el deudor no cumple con este último requisito, el tribunal tendrá por no presentada la actuación que fuere del caso y dictará de inmediato la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, nombrando al Liquidador titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 118.

a) El deudor podrá consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes. El tribunal tendrá por efectuada la consignación, ordenará practicar la liquidación del crédito, la regulación y tasación de las costas, y señalará el plazo en que el deudor deberá pagarlos, el que se contará desde que esas actuaciones se encuentren firmes. Si el deudor no pagare en el plazo fijado, el tribunal dictará la respectiva Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

b) El deudor podrá allanarse por escrito o verbalmente a la demanda, dictando en este caso el tribunal la respectiva Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

c) Acogerse expresamente al Procedimiento Concursal de Reorganización contemplado en el Capítulo III de esta Ley.

d) Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las disposiciones del Párrafo 3 del presente Título. La oposición del deudor sólo podrá fundarse en una o más de las causales previstas en los números 1, 5, 6, 7, 9 a 14, 16 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

3) Si el deudor no comparece a esta audiencia, o compareciendo no efectúa alguna de las actuaciones señaladas en el número 2 anterior, el tribunal dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y nombrará al Liquidador titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 118.

De lo obrado en esta audiencia se levantará acta, la que deberá ser firmada por los comparecientes y el secretario del tribunal.

Párrafo 3. Del Juicio de Oposición

ARTÍCULO 121.- De la Oposición. En su escrito de oposición, el deudor deberá señalar:

1) Las excepciones y defensas invocadas, así como sus fundamentos de hecho y de derecho;

2) Ofrecer todos los medios de prueba de que pretenda valerse, de conformidad a lo previsto en el artículo siguiente, y

3) Acompañar toda la prueba documental pertinente.

ARTÍCULO 122.- De las pruebas. El deudor deberá sujetar la prueba de sus excepciones y defensas a las reglas siguientes:

1) Prueba testimonial: el escrito de oposición deberá incluir la completa individualización de los testigos que depondrán, así como las razones que justifican su comparecencia.

2) Prueba confesional: el escrito de oposición deberá acompañar el pliego de posiciones. Si el acreedor solicitante fuese una institución financiera, podrá comparecer cualquier persona habilitada a nombre del representante legal, siempre que exhiba al día de la diligencia la respectiva delegación, otorgada por escritura pública y donde conste expresamente la facultad de absolver posiciones a nombre del demandante.

3) Prueba pericial: se aplicarán las disposiciones de los artículos 409, 410 y 411 del Código de Procedimiento Civil en lo referido a la procedencia de este medio de prueba. Tratándose de casos de informe pericial facultativo, el deudor deberá exponer las razones que justifican decretar dicha diligencia.

4) Prueba documental: junto al escrito de oposición sólo podrán acompañarse documentos. Con todo, el tribunal podrá aceptar la agregación con posterioridad a dicha actuación siempre que la parte que los presenta acredite que se trata de antecedentes que han surgido después de la Audiencia Inicial o que, siendo anteriores, no pudieron acompañarse oportunamente por razones independientes de su voluntad. El tribunal resolverá esta solicitud de plano, con los antecedentes que le sean proporcionados en la misma petición y contra lo resuelto no procederá recurso alguno.

ARTÍCULO 123.- Resoluciones del tribunal competente. Deducida la oposición, el tribunal constatará el cumplimiento de los requisitos legales y, si procede, tendrá por opuesto al deudor a la Liquidación Forzosa, y por acompañados los documentos regulados en el artículo anterior. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el número 3 del artículo 120.

ARTÍCULO 124.- Trámites probatorios. Una vez decretada la oposición, el tribunal competente:

1) En caso que el deudor soliciten que se reciba la causa a prueba, constatará la existencia de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que merezcan ser probados para una adecuada resolución de la controversia y fijará los puntos sobre los cuales deberá recaer la prueba. Dicha resolución sólo será susceptible de recurso de reposición por las partes, el que deberá interponerse dentro de tercero día. En caso contrario, citará a las partes a la Audiencia de Fallo.

2) Una vez recibida la causa a prueba y fijados los puntos de ella:

a) Se pronunciará acerca de la admisibilidad y pertinencia de las restantes pruebas ofrecidas;

b) Tratándose de prueba pericial, el tribunal determinará la calidad del perito y los puntos sobre los cuales deberá pronunciarse, instando a las partes para que acuerden su nombre. En caso de desacuerdo, el perito deberá ser designado en ese mismo acto por el tribunal, y fijará un plazo de siete días para que el perito evacue el informe. No será necesario en estos casos practicar la audiencia de reconocimiento.

3) Concederá al acreedor demandante la oportunidad de ofrecer prueba, la que deberá ser singularizada y acompañada al día hábil siguiente. La resolución acerca de la admisibilidad y pertinencia de las pruebas complementarias del acreedor deberá ser resuelta antes de la Audiencia de Prueba. El deudor podrá hacer reponer lo resuelto, en la forma prevista en el artículo 125, en la Audiencia de Prueba, tramitándose tal petición como cuestión previa.

4) Citará a las partes a una Audiencia de Prueba, la que deberá tener lugar al quinto día hábil siguiente, debiendo indicar el día y la hora de celebración. Las partes se entenderán notificadas en ese mismo acto.

En caso de fijarse nuevos puntos de prueba por acogerse la reposición señalada en el número 1 anterior, el tribunal deberá resolver la admisibilidad o pertinencia de las nuevas pruebas antes de la Audiencia de Prueba señalada en el artículo 126.

ARTÍCULO 125.- Recursos. En contra de las resoluciones que se pronuncien en la Audiencia Inicial acerca de la admisibilidad o procedencia de las pruebas ofrecidas, los puntos de prueba fijados, la forma de hacer valer los medios probatorios o cualquier otra circunstancia que incida en ellos, sólo será procedente el recurso de reposición, que deberá deducirse verbalmente por las partes y será resuelto en la misma Audiencia Inicial.

ARTÍCULO 126.- Audiencia de Prueba. A la hora decretada y con las partes que asistan, se rendirá la prueba declarada admisible en el siguiente orden: confesional y testimonial, iniciándose por la ofrecida por el deudor.

Sólo se admitirá la declaración de dos testigos de cada parte respecto de cada punto de prueba. Serán aplicables las reglas de los artículos 358 y siguientes del Código de Procedimiento Civil respecto de la rendición de la prueba testimonial y lo dispuesto en los artículos 385 y siguientes del mismo Código en relación a la prueba confesional.

Concluida la recepción de la prueba, las partes formularán verbal y brevemente las observaciones que el examen de la prueba les sugiera, de un modo preciso y concreto.

La Audiencia de Prueba terminará con la firma de los asistentes, el tribunal y de su secretario. Desde entonces, las partes asistentes y que no hayan asistido se entenderán citadas y notificadas de pleno derecho a la Audiencia de Fallo, la que deberá celebrarse al décimo día contado desde el término de la Audiencia de Prueba, existan o no diligencias pendientes, debiendo el tribunal fijar su hora de inicio.

ARTÍCULO 127.- De la Audiencia de Fallo. La Audiencia de Fallo se celebrará con las partes que asistan y en ella el tribunal notificará a cada parte la sentencia definitiva de primera instancia que pronuncie en dicha audiencia. El secretario del tribunal certificará el hecho de su pronunciamiento, la asistencia de las partes y la copia autorizada que se les entregará de la sentencia definitiva. La parte inasistente se entenderá notificada de pleno derecho con el solo mérito de la celebración de la audiencia.

ARTÍCULO 128.- Sentencia definitiva que acoge la oposición del deudor. La sentencia definitiva que acoge la oposición del deudor deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y contra ella procederá únicamente el recurso de apelación, el que se concederá en ambos efectos y gozará de preferencia extraordinaria para su agregación a la tabla y para su vista y fallo, cesando en sus funciones el Veedor. Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.

La sentencia definitiva que rechace la oposición del deudor, será apelable en el sólo efecto devolutivo y gozará de preferencia extraordinaria para su agregación a la tabla y para su vista y fallo. Notificada la sentencia definitiva, el Veedor designado en conformidad a lo dispuesto en el número 3 del artículo 118 cesará en su cargo.

Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.

Acogida la oposición del deudor, éste podrá demandar indemnización de perjuicios al demandante o al administrador solicitante, si probare que procedió culpable o dolosamente.

ARTÍCULO 129.- Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación. La Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación desechando las excepciones opuestas por el deudor, contendrá, además de lo establecido en el artículo 169 y 170 del Código de Procedimiento Civil:

1) La determinación de si el deudor es una Empresa Deudora comprendida en la causal contemplada en el número 1 del artículo 117;

2) La designación de un Liquidador titular y de uno suplente, ambos en carácter de provisionales y la orden de que el Liquidador se incaute de todos los bienes del deudor, sus libros y documentos, bajo inventario y de que se le preste, para este objeto, el auxilio de la fuerza pública, con la exhibición de la copia autorizada de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación;

3) La orden de que las oficinas de correos entreguen al Liquidador la correspondencia cuyo destinatario sea el deudor;

4) La orden de acumular al Procedimiento Concursal de Liquidación todos los juicios pendientes contra el deudor ante otros tribunales de cualquier jurisdicción y que puedan afectar sus bienes, salvo las excepciones legales;

5) La advertencia al público de que no debe pagar ni entregar mercaderías al deudor, so pena de nulidad de los pagos y entregas; y la orden a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al deudor, para que los pongan, dentro de tercero día, a disposición del Liquidador;

6) La orden de informar a todos los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen el plazo de treinta días contado desde la fecha de la publicación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos bajo el apercibimiento de que les afectarán los resultados del juicio sin nueva citación;

7) La orden de notificar, por el medio más expedito posible, la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación a los acreedores que se hallen fuera del territorio de la República;

8) La orden de inscribir la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación en los conservadores de bienes raíces correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes al deudor, y

9) La indicación precisa del lugar, día y hora en que se celebrará la primera Junta de Acreedores.

La Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación se notificará al deudor, a los acreedores y a terceros por medio de un aviso en el Boletín Concursal y contra ella procederá únicamente el recurso de apelación en el sólo efecto devolutivo, gozando de preferencia para su agregación a la tabla y para su vista y fallo. Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.

Párrafo 4. De los efectos de la Resolución de Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación

ARTÍCULO 130.- Administración de bienes. Desde la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, se producirán los siguientes efectos en relación al deudor y a sus bienes:

1) Quedará inhibido de pleno derecho de la administración de todos sus bienes presentes, esto es, aquellos sujetos al Procedimiento Concursal de Liquidación y existentes en su patrimonio a la época de la dictación de esta resolución, excluidos aquellos que la ley declare inembargables, administración que pasará de pleno derecho al Liquidador.

En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes.

2) No perderá el dominio sobre sus bienes sino sólo la facultad de disposición sobre ellos y de sus frutos.

3) No podrá comparecer en juicio como demandante ni como demandado, en lo relativo a los bienes objeto del Procedimiento Concursal de Liquidación, pero podrá actuar como coadyuvante.

4) Podrá interponer por sí todas las acciones que exclusivamente se refieran a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. Tampoco será privado del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.

5) En caso de negligencia del Liquidador, podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

ARTÍCULO 131.- Resoluciones en audiencias. Todas las cuestiones que se susciten entre el deudor, el Liquidador y cualquier otro interesado en relación a la administración de los bienes sujetos al Procedimiento Concursal de Liquidación serán resueltas por el tribunal en audiencias verbales, a solicitud del interesado y conforme a las reglas que siguen:

a) El solicitante deberá exponer por escrito al tribunal tanto la petición que formula como los antecedentes que le sirven de sustento.

b) El tribunal analizará la petición y podrá desecharla de plano si considera que carece de fundamento plausible.

c) En caso contrario, citará a las partes a una audiencia verbal, que se notificará por el estado diario y copia de la cual deberá publicarla el Liquidador en el Boletín Concursal y que se celebrará en el menor tiempo posible.

d) El Liquidador podrá comparecer personalmente o a través de su apoderado judicial. La audiencia se celebrará con las partes que asistan y la resolución que adopte el tribunal sólo será susceptible de reposición, la que deberá deducirse y resolverse en la misma audiencia.

ARTÍCULO 132.- Administración de bienes en caso de usufructo legal. La administración que conserva el deudor sobre bienes personales de la mujer e hijos de los que tenga el usufructo legal, quedará sujeta a la intervención del Liquidador mientras subsista el derecho del marido, padre o madre sujeto al Procedimiento Concursal de Liquidación.

El Liquidador cuidará que los frutos líquidos que produzcan estos bienes ingresen a la masa, deducidas las cargas legales o convencionales que los graven.

El tribunal, con audiencia del Liquidador y del deudor, determinará la cuota de los frutos que correspondan a este último para su subsistencia y las de su familia, habida consideración a sus necesidades y a la cuantía de los bienes bajo intervención.

El Liquidador podrá figurar como parte coadyuvante en los juicios de separación de bienes y de divorcio en que el deudor sea demandado o demandante.

ARTÍCULO 133.- Situación de bienes futuros. La administración de los bienes que adquiera el deudor con posterioridad a la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, se regirá por las reglas que siguen:

a) Tratándose de bienes adquiridos a título gratuito, se ejercerá por el Liquidador, manteniéndose la responsabilidad de las cargas con que le hayan sido transferidos o transmitidos y sin perjuicio de los derechos de los acreedores hereditarios.

b) Tratándose de bienes adquiridos a título oneroso, podrá ser sometida a intervención, y los acreedores sólo tendrán derecho a los beneficios líquidos que se obtengan.

ARTÍCULO 134.- Fijación de derechos de acreedores. La Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación fija irrevocablemente los derechos de todos los acreedores en el estado que tenían el día de su pronunciamiento, salvo las excepciones legales.

ARTÍCULO 135.- Suspensión de ejecuciones individuales. La dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación suspende el derecho de los acreedores para ejecutar individualmente al deudor.

Con todo, los acreedores hipotecarios y prendarios podrán deducir o continuar sus acciones en los bienes gravados con hipoteca o prenda, sin perjuicio de la posibilidad de realizarlos en el Procedimiento Concursal de Liquidación. En ambos casos, deberán garantizar el pago de los créditos de mejor derecho que hayan sido verificados ordinariamente o antes de la fecha de liquidación de los bienes afectos a sus respectivas garantías, por los montos que en definitiva resulten reconocidos.

ARTÍCULO 136.- Exigibilidad de obligaciones y su reajustabilidad. Una vez dictada la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal Liquidación, todas las obligaciones dinerarias se entenderán vencidas y actualmente exigibles respecto del deudor, para que los acreedores puedan verificarlas en el Procedimiento Concursal de Liquidación y percibir el pago de sus acreencias. Estas últimas se pagarán según su valor actual más los reajustes e intereses que correspondan, de conformidad a las reglas del artículo siguiente.

ARTÍCULO 137.- Determinación del valor actual de los créditos. Para determinar el valor actual de los créditos se seguirán las siguientes reglas:

1) El valor actual de los créditos reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y que devenguen intereses, será el capital más el reajuste convenido e intereses para operaciones reajustables devengados hasta la fecha de dicha resolución.

2) El valor actual de los créditos reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y que no devenguen intereses, será el capital más el reajuste convenido hasta la fecha de dicha resolución.

3) El valor actual de los créditos no reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y que devenguen intereses, será el capital más los intereses para operaciones no reajustables devengados hasta la fecha de dicha resolución.

4) El valor actual de los créditos no reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y que no devenguen intereses, se determinará descontando del capital los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables desde la fecha de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación hasta el día de los respectivos vencimientos. Si no fuere posible determinar el índice de reajustabilidad o si éste hubiere perdido su vigencia, se aplicará lo dispuesto en el número 3 anterior.

ARTÍCULO 138.- Exigibilidad de otros instrumentos. Si el deudor fuere aceptante de una letra de cambio, librador de una letra no aceptada o suscriptor de un pagaré, los demás obligados deberán pagar dichos instrumentos inmediatamente.

ARTÍCULO 139.- Cálculo de intereses. En virtud de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y desde la fecha de ésta, las acreencias del deudor, vencidas y las actualizadas de conformidad con el artículo 137:

1) Se reajustarán y devengarán intereses según lo pactado en la convención, en el caso del número 2 del artículo 137;

2) Se reajustarán según lo pactado, en el caso del número 3 del mismo artículo, y

3) Devengarán intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables en el caso de los números 3 y 4 del artículo 137.

El Liquidador podrá impugnar los intereses pactados en caso de estimarlos excesivos.

Las obligaciones contraídas en moneda extranjera se pagarán en la misma moneda establecida en la convención y devengarán el interés pactado en ella.

Los reajustes y los intereses, en su caso, gozarán de iguales preferencias y privilegios que el respectivo capital al cual acceden.

Sin embargo, los intereses que se devenguen con posterioridad a la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, quedará postergados para su pago hasta que se den por cancelados los demás créditos en el Procedimiento Concursal de Liquidación.

ARTÍCULO 140.- Compensaciones. La dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación impide toda compensación que no hubiere operado antes por el ministerio de la ley, entre las obligaciones recíprocas del deudor y acreedores, salvo que se trate de obligaciones conexas, derivadas de un mismo contrato o de una misma negociación y aunque sean exigibles en diferentes plazos.

Para estos efectos, se entenderá que revisten el carácter de obligaciones conexas aquellas que, aun siendo en distinta moneda, emanen de operaciones de derivados, tales como futuros, opciones, swaps, forwards u otros instrumentos o contratos de derivados suscritos entre las mismas partes, en una o más oportunidades, bajo ley chilena o extranjera, al amparo de un mismo convenio marco de contratación de los reconocidos por el Banco Central y que incluyan un acuerdo de compensación en caso de Liquidación Voluntaria o de Liquidación Forzosa. El Banco Central de Chile podrá determinar los términos y condiciones generales de los convenios marco de contratación referidos en que sea parte una empresa bancaria o cualquier otro inversionista institucional, considerando para ello los convenios de general aceptación en los mercados internacionales.

Cada una de las obligaciones que emanen de operaciones de derivados efectuadas en la forma antedicha, se entenderá de plazo vencido, líquida y actualmente exigible a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y su valor se calculará a dicha fecha de acuerdo a sus términos y condiciones. Luego, las compensaciones que operen por aplicación del inciso precedente, serán calculadas y ejecutadas simultáneamente en dicha fecha.

En caso que una de las partes sea un banco establecido en Chile, sólo procederá dicha compensación tratándose de operaciones con productos derivados cuyos términos y condiciones se encuentren autorizados por el Banco Central de Chile.

ARTÍCULO 141.- Derecho legal de retención en contrato de arrendamiento. El derecho legal de retención no podrá ser declarado después de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Durante los treinta días siguientes a la notificación de esta última resolución, el arrendador no podrá perseguir la realización de los bienes muebles destinados a la explotación de los negocios del deudor por los arriendos vencidos, sin perjuicio de su derecho para solicitar providencias conservativas, las que deberán ser resueltas por el tribunal de conformidad al artículo 131.

Si el arrendamiento ha expirado por alguna causa legal, el arrendador podrá exigir la entrega del inmueble y entablar las acciones correspondientes.

ARTÍCULO 142.- Regla general de acumulación al Procedimiento Concursal de Liquidación. Todos los juicios pendientes contra el deudor ante otros tribunales se acumularán al Procedimiento Concursal de Liquidación. Los que se inicien con posterioridad a la notificación de la Resolución que ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, se promoverán ante el tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación.

ARTÍCULO 143.- Excepciones. La regla de acumulación indicada en el artículo anterior no se aplicará a los siguientes juicios, que seguirán tramitándose o deberán sustanciarse ante el tribunal competente, respectivamente:

1) Los que actualmente estuvieren conociendo árbitros;

2) Los que fueren materias de arbitraje forzoso, y

3) Aquellos sometidos por ley a tribunales especiales.

En caso que el deudor fuere condenado en alguno de los juicios acumulados al Procedimiento Concursal de Liquidación, el Liquidador dará cumplimiento a lo resuelto de conformidad a las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 144.- Juicios ejecutivos de obligaciones de dar. La acumulación al Procedimiento Concursal de Liquidación de esta clase de juicios se sujetará a las reglas siguientes:

1) Si no existen excepciones opuestas, los juicios se paralizarán en el estado en que se encuentren al momento de notificarse la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

El tribunal de la ejecución pronunciará una resolución que suspenderá la tramitación y ordenará remitir los expedientes al tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación para que continúe su tramitación. En tal caso, los acreedores ejecutantes verificarán sus créditos conforme a las reglas generales.

2) Si existen excepciones opuestas, el tribunal de la ejecución ordenará remitir los expedientes al tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación y, una vez recibidos, se seguirá adelante en su tramitación particular hasta la resolución de término. En tal caso, el Liquidador asumirá la representación judicial del deudor y los acreedores ejecutantes podrán verificar sus créditos en forma condicional.

ARTÍCULO 145.- Juicios ejecutivos de obligaciones de hacer. La acumulación al Procedimiento Concursal de Liquidación de esta clase de juicios se sujetará a las siguientes reglas:

1) Si los fondos para dar cumplimiento al objeto del litigio se encontraren depositados antes de la notificación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, el tribunal de la ejecución ordenará remitir los expedientes al tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación, continuándose la tramitación hasta la inversión total de los fondos o la conclusión de la obra que con ellos deba pagarse.

2) En caso contrario, los juicios se acumularán sin importar el estado en que se encuentren y el acreedor sólo podrá verificar el monto de los perjuicios que el tribunal respectivo hubiere declarado o que se declaren.

ARTÍCULO 146.- Norma común para juicios ejecutivos. Si entre los ejecutados existieren personas distintas del deudor, el tribunal de la ejecución deberá:

1) Detener la tramitación sólo respecto del deudor;

2) Remitir al tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación copias autorizadas del expediente, para permitir que continúe la sustanciación con el deudor, y

3) Conservar para sí los autos originales a fin de continuar la ejecución de los restantes demandados.

ARTÍCULO 147.- Juicios iniciados por el deudor. Las demandas que se hubieren interpuesto por el deudor antes de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, para controvertir la validez, legitimidad o procedencia de los créditos justificativos de la Liquidación Forzosa, deberán acumularse al Procedimiento Concursal de Liquidación.

Si en tales juicios la argumentación del deudor fuere similar a la de su oposición, conforme a los artículos 121 y 122, el tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación deberá resolver ambas controversias en un mismo fallo. En lo meramente procesal, prevalecerán las disposiciones propias del juicio de oposición.

ARTÍCULO 148.- Principio general de las medidas cautelares. Los embargos y medidas precautorias decretadas en juicios sustanciados contra el deudor y que afecten a bienes que deban realizarse o ingresar al Procedimiento Concursal de Liquidación, quedarán sin efecto desde que se notifique la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Sólo el Liquidador podrá solicitar el alzamiento respectivo, ante el tribunal que lo decretó o ante el tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación en caso de acumulación. El tribunal correspondiente decretará el alzamiento sin más trámite, con el sólo mérito de la notificación ya indicada.

ARTÍCULO 149.- Medidas cautelares en sede criminal. Aquellas medidas cautelares que afecten a bienes del deudor, concedidas con ocasión de acciones de naturaleza criminal, para responder o garantizar el pago de futuras indemnizaciones civiles, multas o cualquier otra condena en dinero, quedarán sin efecto tan pronto el Liquidador comunique por escrito que se ha pronunciado la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación al Juzgado de Garantía que corresponda, adjuntando los documentos que sirvan para acreditarla. Este último tribunal entregará los bienes al Liquidador para su administración y proseguirá la tramitación de los respectivos procedimientos, en los cuales el Liquidador actuará como coadyuvante cuando se trate de delitos económicos o concursales.

Las multas e indemnizaciones pecuniarias que eventualmente se concedan, cualquiera sea su especie, deberán verificarse en el Procedimiento Concursal de Liquidación conforme a las reglas generales.

ARTÍCULO 150.- Regla general. Fuera de los casos mencionados en los artículos siguientes, podrán entablarse las acciones reivindicatorias que procedan, en conformidad a las reglas generales del derecho.

Las tercerías de dominio que estuvieren iniciadas a la fecha de dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación continuarán tramitándose en conformidad al procedimiento que corresponda.

ARTÍCULO 151.- Reivindicación de efectos de comercio. Podrán ser reivindicados los efectos de comercio y cualquier otro documento de crédito no pagado y existente a la fecha de dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación en poder del deudor o de un tercero que los conserve a nombre de aquél, siempre que el propietario los haya entregado o remitido al deudor por un título no traslaticio de dominio.

ARTÍCULO 152.- Reivindicación de mercaderías. Podrán ser también reivindicadas, en todo o en parte, mientras puedan ser identificadas, las mercaderías consignadas al deudor a título de depósito, comisión de venta o a cualquier otro que no transfiera dominio.

Vendidas las mercaderías, el propietario de ellas podrá reivindicar el precio o la parte del precio que, al tiempo de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, no hubiere sido pagado o compensado entre el deudor y el comprador.

No se entiende pagado el precio por la simple dación de documentos de crédito, firmados o transferidos por el comprador a favor del deudor; y si existieren tales documentos en poder de éste, el propietario podrá reivindicarlos, siempre que acredite su origen e identidad.

ARTÍCULO 153.- Derecho legal de retención del deudor. Lo dispuesto en los dos artículos precedentes no obsta al derecho legal de retención o al de prenda que corresponda al deudor.

ARTÍCULO 154.- Compraventa. El contrato de compraventa podrá resolverse por incumplimiento de las obligaciones del deudor comprador, salvo cuando se trate de cosas muebles que hayan llegado a poder de éste.

ARTÍCULO 155.- Mercaderías en tránsito. Mientras estén en tránsito las cosas muebles vendidas y remitidas al deudor, el vendedor no pagado podrá dejar sin efecto la tradición, recuperar la posesión y pedir la resolución de la compraventa.

El vendedor podrá también retener las cosas vendidas hasta el entero pago de su crédito.

ARTÍCULO 156.- Mercaderías en tránsito vendidas a un tercero. En caso que las cosas a que se refiere el artículo anterior hayan sido vendidas durante su tránsito a un tercero de buena fe, a quien se hubiere transferido la factura, conocimiento o carta de porte, el vendedor no podrá usar de las acciones que le confiere dicho artículo.

Pero si el nuevo comprador no hubiere pagado el precio antes de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, el vendedor primitivo podrá demandar su entrega hasta la concurrencia de la cantidad que se le deba.

ARTÍCULO 157.- Definición de mercadería en tránsito. Para los efectos de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se entiende que las cosas muebles están en tránsito desde el momento en que las reciben los agentes encargados de su conducción, hasta que queden en poder del comprador deudor o de la persona que lo represente.

ARTÍCULO 158.- Resolución de la compraventa. En caso de resolución de la compraventa, el vendedor estará obligado a reembolsar a la masa los abonos a cuenta que hubiere recibido.

ARTÍCULO 159.- Comisión por cuenta propia. El comisionista que ha pagado o se ha obligado a pagar con sus propios fondos las mercaderías compradas y remitidas por orden y cuenta del deudor, puede ejercitar las mismas acciones concedidas al vendedor por el artículo 155.

ARTÍCULO 160.- Procedencia del derecho legal de retención. Fuera de los casos expresamente señalados por las leyes, el derecho legal de retención tendrá lugar siempre que la persona que ha pagado o que se ha obligado a pagar por el deudor, tenga en su poder mercaderías o valores de crédito que pertenezcan a aquél, con tal que la tenencia nazca de un hecho voluntario del deudor, anterior al pago o a la obligación, y que esos bienes no hayan sido remitidos con un destino determinado.

ARTÍCULO 161.- Oposición del Liquidador. En los casos a que se refieren los artículos precedentes, el Liquidador podrá oponerse a la resolución o retención y exigir la entrega de las cosas vendidas o retenidas, pagando la deuda, intereses, costas y perjuicios, o dando caución que asegure el pago.

ARTÍCULO 162.- Razón social de un deudor sujeto a un Procedimiento Concursal de Liquidación. El nombre o razón social del deudor sujeto a un Procedimiento Concursal de Liquidación será complementado con la frase final “en Procedimiento Concursal de Liquidación”, y su uso deberá ser precedido por la firma del Liquidador y demás habilitados. En caso contrario, serán solidariamente responsables el Liquidador como los que hubieren ejecutado el acto o celebrado el contrato respectivo.

Párrafo 5. De la incautación e inventario de bienes

ARTÍCULO 163.- Procedimiento. Una vez que haya asumido oficialmente en el cargo y en presencia del secretario u otro ministro de fe designado por el tribunal competente, el Liquidador deberá:

1) Adoptar de inmediato las medidas conservativas necesarias para proteger y custodiar los bienes del deudor, si estima que peligran o corren riesgos donde se encuentran.

2) Practicar la diligencia de incautación y confección del inventario de los bienes del deudor.

ARTÍCULO 164.- Contenido del acta de incautación. De las diligencias de incautación se levantará un acta que deberá incluir al menos las siguientes menciones:

1) La singularización de cada uno de los domicilios, sucursales o sedes del deudor en que se hubieren practicado;

2) El día, la hora y el nombre de los asistentes a las diligencias practicadas;

3) La circunstancia de haber sido necesario o no el auxilio de la fuerza pública; y

4) La constancia de todo derecho o pretensión formulados por terceros en relación con los bienes del deudor.

Si aparecieren nuevos bienes por inventariar, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el inciso anterior.

ARTÍCULO 165.- Contenido del inventario. El inventario de los bienes del deudor que el Liquidador confeccione deberá incluir al menos las siguientes menciones:

1) Un registro e indicación de los libros, correspondencia y documentos del deudor, si los hubiere;

2) La individualización de los bienes del deudor, con su respectiva avaluación comercial, dejando especial constancia acerca del estado de conservación de maquinarias, útiles y equipos, y

3) La identificación de aquellos bienes respecto de los cuales el Liquidador constate la existencia de contratos de arrendamiento con opción de compra.

ARTÍCULO 166.- Trámites posteriores. El Liquidador deberá agregar el acta de incautación e inventario al expediente y publicarla en el Boletín Concursal a más tardar el quinto día contado desde la última diligencia practicada. Igual regla se aplicará a las incautaciones posteriores y a las tendientes a excluir bienes del inventario.

ARTÍCULO 167.- Asesoría técnica. El Liquidador podrá practicar la diligencia de incautación y confección de inventario asesorado por un especialista en el giro del deudor, cuyos honorarios serán considerados gastos de administración de Procedimiento Concursal de Liquidación. Asimismo, el Liquidador deberá dejar constancia en el acta de la idoneidad técnica del asesor, reseñándose las antecedentes que sirvan para acreditarla.

En todo caso, corresponderá a la Junta de Acreedores inmediatamente posterior aprobar o rechazar en definitiva dicho gasto.

ARTÍCULO 168.- Asesoría general. En la práctica de las diligencias de incautación e inventario también podrán acompañar al Liquidador, sus dependientes o asesores de confianza, cuyos honorarios serán exclusivamente de cargo del Liquidador.

ARTÍCULO 169.- Deber de colaboración del deudor. El deudor deberá indicar y poner a disposición del Liquidador, todos sus bienes y antecedentes. En caso que el deudor se negare o no pudiere dar cumplimiento a lo anterior, el deber recaerá en cualquiera de sus administradores, si los hubiera.

Sin perjuicio de lo anterior, el Liquidador podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición del deudor o de sus administradores, para lo cual bastará la exhibición de copia autorizada de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación al jefe de turno de la respectiva unidad de Carabineros.

Párrafo 6. De la determinación del pasivo

ARTÍCULO 170.- Verificación ordinaria de créditos. Los acreedores tendrán un plazo de treinta días contados desde la notificación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, para verificar sus créditos ante el tribunal que conoce del procedimiento, acompañando los títulos justificativos del crédito e indicando una dirección válida de correo electrónico para recibir las notificaciones que fueren pertinentes.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior, dentro de los dos días siguientes, el Liquidador publicará en el Boletín Concursal, todas las verificaciones presentadas.

ARTÍCULO 171.- Acreedores prestadores de servicios de utilidad pública. Lo preceptuado en el artículo precedente también será aplicable a los acreedores que presten servicios de utilidad pública, quienes deberán verificar los créditos correspondientes a suministros anteriores a la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y no podrán, con posterioridad a ella, suspender tales servicios, salvo autorización del tribunal, previa audiencia del Liquidador.

Los créditos correspondientes a servicios de utilidad pública que se suministren con posterioridad a la notificación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, se considerarán incluidos en el número 4 del artículo 2.472 del Código Civil. La suspensión del servicio en contravención a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, se sancionará sumariamente por el tribunal con multa de 1 a 200 Unidades Tributarias Mensuales.

Si a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, los suministros se encontraren suspendidos, el Liquidador podrá solicitar al tribunal que ordene su inmediata reposición, solicitud que se deberá resolver a más tardar al día hábil siguiente, sin necesidad de oír al prestador del servicio.

Los créditos que nazcan como resultado del ejercicio de esta facultad, se considerarán incluidos en el número 4 del artículo 2.472 del Código Civil. El costo de reposición será de cargo del respectivo prestador del servicio.

ARTÍCULO 172.- Término del período de verificación ordinaria de créditos. Vencido el plazo de treinta días indicado en el artículo 170, se entenderá de pleno derecho cerrado el período ordinario de verificación de créditos, sin necesidad de resolución ni notificación alguna. Sin perjuicio de lo anterior, el Liquidador publicará este hecho en el Boletín Concursal, junto con el listado de todos los créditos verificados con sus montos y preferencias alegados, al día siguiente hábil de vencido el plazo señalado.

ARTÍCULO 173.- Estudio de créditos y preferencias. En cumplimiento de sus deberes legales, el Liquidador examinará todos los créditos que se verifiquen y las preferencias que se aleguen, investigando su origen, cuantía y legitimidad por todos los medios a su alcance, especialmente aquellos verificados por las Personas Relacionadas del deudor. Si no encontrare justificado el crédito o la preferencia, deberá deducir la objeción que corresponda, de conformidad a las disposiciones del artículo 174 siguiente.

ARTÍCULO 174.- Objeción de créditos. Los acreedores, el Liquidador y el deudor tendrán un plazo de cinco días contado desde el vencimiento del período ordinario de verificación para deducir objeción fundada sobre la existencia, montos o privilegios de los créditos que se hayan presentado a verificación.

Los acreedores presentarán sus objeciones ante el tribunal que conoce del procedimiento. Expirado el plazo que se indica en el inciso anterior, sin que se formulen objeciones, los créditos no objetados quedarán reconocidos. Vencido el plazo anterior y dentro de los dos días siguientes, el Veedor publicará en el Boletín Concursal todas las objeciones presentadas.

El Liquidador confeccionará la nómina de los créditos reconocidos, la acompañará dentro de tercero día contado desde el vencimiento del plazo para objetar a los autos y la publicará en el Boletín Concursal.

ARTÍCULO 175.- Impugnación de créditos. Si se formulan objeciones, el Liquidador arbitrará las medidas necesarias para que se obtenga el debido ajuste entre los acreedores o entre éstos y el deudor. Si no se subsanan las objeciones deducidas, los créditos objeto de dichas objeciones se considerarán impugnados y el Liquidador los acumulará y emitirá un informe acerca de si existen o no fundamentos plausibles para ser considerados por el tribunal.

El Liquidador acompañará la nómina de créditos impugnados conjuntamente con su informe al tribunal y la publicará en el Boletín Concursal, dentro de los diez días siguientes a la expiración del plazo previsto para objetar señalado en el inciso primero del artículo anterior.

Agregado a los autos la nómina de créditos impugnados con el informe del Liquidador, el tribunal citará a una audiencia única y verbal para el fallo de éstas, dentro de décimo día, contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada la nómina de créditos impugnados. A dicha audiencia podrán concurrir los impugnantes, el deudor y los acreedores impugnados en su caso.

La resolución que falle las impugnaciones ordenará la incorporación o modificación de créditos en la nómina de créditos reconocidos, cuando corresponda. La referida nómina de créditos reconocidos modificada deberá publicarse en el Boletín Concursal dentro del día hábil siguiente a la fecha que se dicte la resolución señalada.

ARTÍCULO 176.- De las costas. El impugnante vencido será condenado en costas a beneficio del acreedor impugnado equivalente al diez por ciento del crédito impugnado, a menos que el tribunal considere que ha tenido motivos plausibles para litigar.

Lo anterior no será procedente en caso que el impugnante sea el Liquidador.

ARTÍCULO 177.- De la apelación. La resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones será apelable en el sólo efecto devolutivo, gozando para estos efectos de preferencia para su agregación extraordinaria a la tabla y para su vista y fallo.

ARTÍCULO 178.- Deber del Liquidador en los procesos de verificación e impugnación. El Liquidador deberá perseguir judicialmente el pago de las costas y multas a beneficio de la masa, pudiendo al efecto descontarlas administrativamente de cualquier reparto que deba practicar al acreedor obligado a su pago.

ARTÍCULO 179.- De la verificación extraordinaria de créditos. Los acreedores que no hayan verificado sus créditos en el periodo ordinario, podrán hacerlo mientras no esté firme y ejecutoriada la Cuenta Final de Administración del Liquidador, para ser considerados sólo en los repartos futuros, aceptando todo lo obrado con anterioridad.

Los créditos verificados extraordinariamente podrán ser objetados o impugnados en conformidad al procedimiento establecido en los artículos 174 y 175, dentro del plazo de diez días contados desde su notificación en el Boletín Concursal.

Párrafo 7. De las Juntas de Acreedores en Procedimientos Concursales de Liquidación

ARTÍCULO 180.- De las Juntas de Acreedores. Los acreedores adoptarán los acuerdos en Juntas de Acreedores celebradas de conformidad a las disposiciones del presente Párrafo, las que se denominarán, según corresponda, Junta Constitutiva, Juntas Ordinarias y Juntas Extraordinarias.

ARTÍCULO 181.- Del quórum para sesionar. Toda Junta de Acreedores se entenderá constituida legalmente para sesionar si cuenta con la concurrencia de uno o más acreedores que representen al menos el 25% del pasivo con derecho a voto, a menos que esta Ley señale expresamente un quórum de constitución distinto.

ARTÍCULO 182.- Asistencia y derecho a voz. Las Juntas de Acreedores serán públicas y el Liquidador podrá disponer que, por razones de seguridad, se puedan practicar sesiones con presencia limitada de público general, previa autorización judicial.

Tendrán derecho a voz:

1) Los acreedores verificados cuyos créditos no hubieren sido autorizados a votar en la audiencia de que trata el artículo 190 de este Párrafo.

2) El Liquidador.

3) El deudor.

4) El Superintendente Concursal, o quien éste designe por medio de acto administrativo.

ARTÍCULO 183.- Nómina de asistencia. Los acreedores que asistan a las Juntas de Acreedores que se celebren con arreglo a este Párrafo deberán suscribir la correspondiente nómina de asistencia que al efecto proporcione el Liquidador, indicando su nombre completo o razón social y la individualización del apoderado que asiste en su representación, en su caso. Igual deber pesará sobre el deudor.

ARTÍCULO 184.- Del acta y su publicación. De todo lo obrado en la Junta de Acreedores, incluyendo acuerdos adoptados y propuestas desestimadas, se levantará acta, la que deberá ser suscrita por el Liquidador, el deudor si lo estimare y los acreedores que para ello se designen en la misma Junta de Acreedores. Dicha acta será publicada al día siguiente hábil por el Liquidador en el Boletín Concursal.

ARTÍCULO 185.- Certificado de no celebración de Junta de Acreedores. En caso que no se celebrare una Junta de Acreedores por falta de quórum, el Liquidador certificará dicha circunstancia y, al día hábil siguiente de aquel en que dicha Junta debió celebrarse, deberá publicar el correspondiente certificado en el Boletín Concursal.

ARTÍCULO 186.- Suspensión y reanudación de Juntas de Acreedores. En caso que durante cualquier Junta de Acreedores no se adoptasen uno o más acuerdos en razón de abstenciones de los acreedores presentes con derecho a voto, el Liquidador podrá, a su sólo arbitrio, suspender la Junta de Acreedores una vez tratadas y votadas las respectivas materias, a efectos de lograr los quórum legales para adoptar tales propuestas.

La Junta suspendida se reanudará al segundo día hábil en el mismo lugar y hora, pudiendo en todo caso fijarse otro distinto por Quórum Simple. En caso que el Liquidador haga uso de esta facultad se observarán las reglas que siguen:

1) Los acreedores se entenderán legalmente notificados de la fecha, hora, lugar y materias de la Junta que se reanudará por el sólo ejercicio de la facultad prevista en este artículo.

2) Se levantará acta de lo obrado hasta el momento de la suspensión, según lo previsto en el artículo 184 precedente, dejándose constancia del ejercicio por parte del Liquidador de la facultad de suspensión, así como del porcentaje de votación favorable que hubiere alcanzado el o los acuerdos no adoptados en razón de abstenciones de los acreedores presentes.

3) Los acuerdos que se hubieren adoptado antes de la suspensión no podrán ser modificados o alterados en la Junta de Acreedores reanudada y deberán ejecutarse conforme a las reglas generales, salvo que los mismos acreedores y por las mismas acreencias que concurrieron con su voto consientan en modificarlo o dejarlo sin efecto.

4) En la Junta de Acreedores reanudada se presumirá de derecho la mantención del quórum de asistencia existente a la época de la suspensión.

5) Si los acreedores que se abstuvieron de votar un determinado acuerdo antes de la suspensión de la Junta de Acreedores no asistieren a la Junta de Acreedores reanudada o si, asistiendo, se abstuvieren nuevamente de votar, se adicionará de pleno derecho su voto a la mayoría obtenida para ese acuerdo, consignada en el acta indicada en el número 2 precedente.

6) Se levantará una nueva acta de lo tratado en la Junta de Acreedores reanudada, la que deberá ser suscrita por el Liquidador y los acreedores asistentes que así lo deseen, y se estará a lo dispuesto en el artículo 184 precedente.

ARTÍCULO 187.- Mandato para asistir a Juntas de Acreedores. La asistencia de los acreedores y del deudor a las Juntas de Acreedores que se celebren podrá ser personal o a través de mandatario.

El mandato deberá constar en instrumento público o privado, y, en este último caso, la firma del mandante deberá ser autorizada por el secretario del tribunal competente, o por un Ministro de Fe.

Se entenderá que el mandatario tiene idénticas facultades que las de su mandante y se tendrá por no escrita cualquier limitación que hubiere podido establecerse en el mandato. El mandatario podrá votar todos los acuerdos que sean presentados en cada una de las Juntas de Acreedores que se celebren.

Se prohíbe otorgar mandato para asistir a Juntas de Acreedores a más de una persona, salvo para el caso de su reemplazo, pero un mismo mandatario puede serlo de uno o más acreedores.

ARTÍCULO 188.- Prohibición de fraccionar los créditos. Se prohíbe fraccionar los créditos después de dictada la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y conferir mandato por una parte o fracción de un crédito. El contraventor y los que representen las porciones del crédito perderán el derecho a asistir a las Juntas de Acreedores. Todos los que hagan valer porciones de un crédito fraccionado dentro de los treinta días anteriores al pronunciamiento de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, se contarán como una sola persona y emitirán un sólo voto, procediéndose en la forma establecida en el inciso final de este artículo.

Las disposiciones precedentes no serán aplicables al crédito dividido como consecuencia de la liquidación de una sociedad, o de la partición de una comunidad que no esté exclusivamente formada por dicho crédito.

El crédito perteneciente a una comunidad será representado sólo por uno de los comuneros. Si no se avinieren a la designación del representante, cualquiera de ellos podrá solicitar tal designación al tribunal.

ARTÍCULO 189.- Del derecho a voto. Tendrán derecho a voto aquellos acreedores cuyos créditos se encuentren reconocidos y aquellos a los cuales, no estando reconocidos y estén o no objetados o impugnados, se les haya concedido el derecho a votar, de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 190.- Audiencia de determinación del derecho a voto. Al tribunal le corresponderá determinar el derecho a voto respecto de los acreedores indicados en el artículo anterior cuyos créditos no estén reconocidos, debiendo sujetar su decisión a las reglas siguientes:

1) Deberá celebrarse, el día hábil inmediatamente anterior a la Junta de Acreedores, ante el tribunal y en presencia del secretario, una audiencia a la que asistirán el Liquidador, el deudor y los acreedores, estos dos últimos, si lo estiman pertinente.

2) La audiencia se celebrará a la 15:00 horas, horario que podrá ser modificado por el tribunal, de oficio o a petición de parte.

3) La audiencia comenzará con la entrega del Liquidador al tribunal de un informe escrito acerca de la verosimilitud de la existencia y monto reclamado de los créditos no reconocidos. El informe se deberá referir especialmente a aquellos créditos que estén en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 188. El Informe incluirá todos los créditos no reconocidos que se hubieren verificado hasta el día hábil inmediatamente anterior a dicha audiencia.

4) A continuación, el tribunal oirá a aquellos acreedores que lo soliciten verbalmente a efectos de argumentar la inclusión o conservación de su propio crédito en el informe o bien la exclusión de otros. No se admitirán presentaciones escritas para sustentar dichos argumentos.

5) Acto seguido, el tribunal resolverá en única instancia, con los antecedentes disponibles en dicha audiencia, los que apreciará en conciencia y dejando constancia somera en el acta respectiva. Contra la resolución del tribunal sólo procederá el recurso de reposición, que deberá ser interpuesto y resuelto en la misma audiencia.

6) El acta indicará los acreedores y el monto concreto que gozará de derecho a voto en la Junta a celebrar.

7) El reconocimiento de derecho a voto sólo producirá efectos para la Junta de Acreedores en referencia y en nada limitará la libertad del Liquidador y de los acreedores para objetar o impugnar el crédito y sus preferencias de acuerdo a esta Ley, ni la del tribunal para resolver la impugnación.

8) El Liquidador deberá asistir personalmente a las audiencias de determinación del derecho a voto previas a la Junta Constitutiva y a la primera Junta Ordinaria de Acreedores, pudiendo asistir su apoderado judicial para las restantes.

ARTÍCULO 191.- Acreedores sin derecho a voto. Las Personas Relacionadas con el deudor no gozarán de derecho a voto, ni tampoco se considerarán en el cálculo de los quórums.

Los acreedores que tengan un interés particular distinto del inherente a la calidad de acreedor del deudor, en un determinado acuerdo deberán abstenerse de votar dicho acuerdo y tampoco se considerarán en el cálculo de dichos quórums.

ARTÍCULO 192.- Participación de créditos pagados. Los acreedores no tendrán derecho a voto por los créditos que hubieren sido totalmente pagados a causa de un reparto, pago administrativo o cualquier otra forma, incluso por un tercero. Si el pago del crédito hubiere sido parcial, el acreedor tendrá derecho a voto sólo por el saldo insoluto.

ARTÍCULO 193.- Junta Constitutiva. La Junta Constitutiva es la primera Junta de Acreedores que se celebra después de iniciado el Procedimiento Concursal de Liquidación. Tendrá lugar al trigésimo segundo día hábil contado desde la publicación en el Boletín Concursal de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, y se realizará en las dependencias del tribunal o en el lugar específico que aquel designe, a la hora que la misma resolución fije.

ARTÍCULO 194.- Segunda citación de Junta Constitutiva. En caso de no celebrarse la Junta Constitutiva por falta del quórum necesario para sesionar, se procederá a convocar a una segunda sesión, la que deberá efectuarse el segundo día hábil y a la misma hora y lugar. El secretario del tribunal deberá dejar constancia de esta situación en el acta que se levante y desde entonces los acreedores se entenderán legalmente notificados a esa segunda citación, la que se tendrá por constituida y se celebrará con los acreedores que asistan, adoptándose las decisiones con Quórum Simple de los presentes, sin perjuicio de las materias que exijan quórums distintos.

ARTÍCULO 195.- Inasistencia de acreedores en segunda citación. Si en la segunda citación no asiste ningún acreedor con derecho a voto, el secretario del tribunal certificará esta circunstancia, produciéndose los siguientes efectos, sin necesidad de declaración judicial:

1) El Liquidador titular provisional y el suplente se entenderán ratificados de pleno derecho en sus cargos, asumiendo ambos la calidad de definitivos, sin perjuicio de la facultad prevista en el artículo 200 de esta Ley;

2) El Liquidador publicará en el Boletín Concursal, dentro de tercero día contado desde aquel en que la Junta de Acreedores en segunda citación debió celebrarse, lo siguiente:

a) Una referencia a la certificación practicada por el secretario del tribunal, indicada en el inciso primero de este artículo;

b) La cuenta sobre el estado preciso de los negocios del deudor, de su activo y pasivo y de la labor por él realizada, y

c) El lugar, día y hora en que se practicarán las Juntas Ordinarias, que el mismo Liquidador fijará.

3) El Liquidador dará inicio al procedimiento de liquidación simplificada o sumaria.

ARTÍCULO 196.- Materias de Junta Constitutiva. La Junta Constitutiva tratará las siguientes materias:

1) El Liquidador titular provisional deberá presentar una cuenta escrita, la que además expondrá verbal y circunstanciadamente, acerca del estado preciso de los negocios del deudor, su activo y pasivo y de la gestión por éste realizada, incluyendo un desglose de los gastos incurridos a esa fecha. Asimismo, deberá informar si los activos del deudor se encuentran en la situación prevista en la letra b) del artículo 203.

2) La ratificación del Liquidador titular y suplente provisionales o bien la designación de sus reemplazantes. Los Liquidadores que no hubieren sido ratificados continuarán en sus cargos hasta que asuman sus reemplazantes. Deberá suscribirse entre el Liquidador no ratificado y el que lo remplace, dentro de diez hábiles contados desde la nueva designación, un acta de traspaso en que conste el estado preciso de los bienes del deudor y cualquier otro aspecto relevante para una adecuada continuación del Procedimiento Concursal de Liquidación. Una copia del acta antes indicada deberá ser remitida a la Superintendencia.

3) La determinación del día, hora y lugar en que sesionarán las Juntas Ordinarias. Estas deberán tener lugar al menos semestralmente.

4) La designación de un presidente y un secretario, titular y suplente, de entre los acreedores con derecho a voto o sus representantes, para las sesiones futuras.

5) Cualquier otro acuerdo que la Junta estime conducente, con excepción de aquellos que recaigan sobre materias propias de Juntas Extraordinarias.

ARTÍCULO 197.- Formalidades de la Junta Constitutiva. La Junta Constitutiva será presidida por el juez que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación y actuará como ministro de fe el secretario del tribunal. De los puntos tratados, los acuerdos adoptados y demás materias que el tribunal estime pertinentes, deberá levantarse un acta que será firmada por el juez, el secretario, el Liquidador, los acreedores que lo soliciten y el deudor, si así lo decide. Una copia autorizada de dicha acta será agregada al expediente, publicada en el Boletín Concursal dentro del día siguiente hábil de levantada e incorporada al libro de actas que llevará el Liquidador.

ARTÍCULO 198.- De la Primera Junta Ordinaria. Son materias obligatorias a tratar en la Primera Junta Ordinaria:

1) El informe que el Liquidador deberá presentar por escrito y explicar verbalmente, acerca del activo y pasivo del deudor, especialmente las variaciones que hubieren experimentado desde la Junta Constitutiva;

2) El plan o propuesta circunstanciada de realización de los bienes del deudor, y

3) La estimación de los principales gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación.

También podrá tratarse y acordarse, sea a proposición del Liquidador, del deudor o de cualquier acreedor asistente con derecho a voto, la continuación de actividades económicas, de conformidad a lo previsto en el Título 4 de este Capítulo.

Asimismo, los acreedores podrán acordar, con Quórum Calificado, la no celebración de Juntas Ordinarias por un periodo determinado, o bien, su celebración por citación expresa del Liquidador o de acreedores que representen a lo menos el 25% del pasivo con derecho a voto. En estos casos, el Liquidador procederá de acuerdo al artículo 49, y no será necesario otorgar el certificado a que se refiere el artículo 185.

ARTÍCULO 199.- Procedencia de la Junta Extraordinaria. La Junta Extraordinaria tendrá lugar en los casos siguientes:

a) Cuando fuere ordenada por el tribunal;

b) A petición del Liquidador o de la Superintendencia;

c) Cuando un acreedor o acreedores que representen a lo menos el 25% del pasivo con derecho a voto lo soliciten por escrito al Liquidador, quien ejecutará los actos necesarios para su celebración, y

d) Cuando así lo hubieren acordado los acreedores en Junta Ordinaria, con Quórum Simple.

ARTÍCULO 200.- Materias de Junta Extraordinaria. Son materias de Junta Extraordinaria las solicitadas por el o los peticionarios señalados en el artículo anterior. Además, serán materias exclusivas de Juntas Extraordinarias las siguientes:

1) La revocación del Liquidador titular y suplente definitivos.

2) La presentación de proposiciones de Acuerdos de Reorganización Judicial en los términos del Capítulo III y del Párrafo 5 del Título 5 del Capítulo IV de esta Ley.

3) Los acuerdos sobre contrataciones especializadas previstas en el artículo 41 de esta Ley.

4) Los anticipos de honorarios que solicite el Liquidador durante el Procedimiento Concursal de Liquidación.

ARTÍCULO 201.- Formalidades de citación a Junta Extraordinaria. El peticionario deberá requerir la citación a Junta Extraordinaria al Liquidador por escrito acreditando el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 199. Si el peticionario es el juez o la Superintendencia, bastará cualquier medio idóneo de comunicación al Liquidador. En el requerimiento que se presente al Liquidador deberá precisarse las materias a tratar en la Junta Extraordinaria y en ella sólo podrán discutirse y decidirse tales materias. En cuanto a la determinación de día, hora y lugar se seguirán las reglas siguientes:

1) Si el requirente es el tribunal o la Superintendencia, se estará a la fecha que éstos fijen, debiendo el Liquidador disponer los medios que permitan su celebración.

2) Si el requirente es uno o más acreedores que representan al menos el 25% del pasivo con derecho a voto, se estará a la fecha que de común acuerdo fijen con el Liquidador. En caso de desacuerdo, se estará a lo señalado por el o los requirentes.

3) Si la decisión ha sido adoptada en Junta Ordinaria de Acreedores, el acuerdo deberá indicar la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria, debiendo el Liquidador ajustar su accionar a dicha decisión.

El Liquidador deberá publicar en el Boletín Concursal la citación a la Junta Extraordinaria de Acreedores, al día siguiente a la solicitud y adjuntando copia de la solicitud que se le haya presentado.

ARTÍCULO 202.- Comisión de acreedores. La Junta de Acreedores podrá acordar con Quórum Especial, la constitución de una Comisión de Acreedores, a efectos de adoptar con validez general los acuerdos que se comprendan dentro de la órbita de su competencia. Su composición, facultades, duración y procedimientos aplicables serán determinados por la propia Junta de Acreedores, con el mismo quórum anterior.

Título 2. Del la realización simplificada o sumaria

Párrafo 1. Del ámbito de aplicación de la realización simplificada o sumaria

ARTÍCULO 203.- Ámbito de aplicación. La realización simplificada o sumaria prevista en este Párrafo, se aplicará en los siguientes casos:

a) Si el deudor califica como micro empresa de conformidad a lo dispuesto en el artículo segundo de la ley N° 20.416, circunstancia que será acreditada por el Liquidador, para lo cual podrá requerir al Servicio de Impuestos Internos la información relativa al nivel de ventas del deudor.

b) Si el Liquidador informare a los acreedores en la Junta Constitutiva que el producto probable de la realización del activo a liquidar no excederá las 5.000 Unidades de Fomento. Si el deudor o cualquier acreedor no estuviere de acuerdo con la estimación efectuada por el Liquidador, deberá formular su oposición verbalmente en la misma Junta Constitutiva. El tribunal, luego de escuchar a los interesados y al Liquidador, deberá resolver la controversia en la misma Junta. Contra la resolución que pronuncie no procederá recurso alguno.

c) Si la Junta Constitutiva no se celebrare en segunda citación por falta de quórum.

d) Si la Junta Constitutiva se celebrare en segunda citación con asistencia igual o inferior al 20% del pasivo total con derecho a voto.

e) En los casos que la Junta lo acuerde.

f) En los casos que fuere procedente la aplicación del artículo 210 de esta Ley.

Párrafo 2. De la realización simplificada o sumaria propiamente tal

ARTÍCULO 204.- Reglas de realización de los bienes. Los valores mobiliarios con presencia bursátil se venderán en remate en bolsa. Los demás bienes muebles e inmuebles se liquidarán mediante venta al martillo, conforme a las siguientes reglas:

a) El Liquidador designará a un martillero que forme parte de la nómina que elaborará la Superintendencia.

b) Las bases y demás condiciones de venta serán confeccionadas por el Liquidador, presentadas al tribunal y publicadas en el Boletín Concursal. Los acreedores y el deudor podrán, dentro de segundo día, objetar las bases. En tal caso, el tribunal citará a las partes a una única audiencia verbal, que se celebrará a más tardar al quinto día hábil desde el vencimiento del plazo para objetar, con las partes que asistan. La citación a audiencia se notificará por el estado diario.

El tribunal resolverá las objeciones deducidas en la audiencia y contra su resolución sólo podrá deducirse reposición, verbalmente, la que deberá ser resuelta en la misma oportunidad.

El costo de la redacción de las bases será del Liquidador, con cargo al honorario único que perciba en conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley.

c) Una vez resueltas las objeciones, las bases y las demás condiciones se publicarán en el Boletín Concursal, con a lo menos cinco días de anticipación a la fecha del remate y sin perjuicio de las restantes formas de publicidad, escritas o electrónicas, que prevean las mismas bases.

d) En el caso de bienes inmuebles, las bases necesariamente deberán considerar el otorgamiento de una garantía de seriedad exigible a todo postor de a lo menos el 10% del mínimo para cada bien raíz a rematar. Dicha garantía subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de compraventa y se inscriba el dominio del comprador en el conservador de bienes raíces respectivo, libre de todos los gravámenes que en las bases se comprometió cancelar y/o alzar.

e) El mínimo del remate de bienes inmuebles o de derechos sobre ellos corresponderá al Avalúo Fiscal vigente al semestre en que ésta se efectúe, o la proporción que corresponda según dicho avalúo, respectivamente. En caso que no se presentaren postores, se deberá efectuar un nuevo remate en un plazo máximo de veinte días, y el mínimo corresponderá al 50% del anterior. Si tampoco se presentasen postores en este segundo llamado, se deberá efectuar un nuevo remate en un plazo máximo a veinte días, sin mínimo.

f) Los bienes muebles se subastarán sin mínimo.

g) El martillero deberá rendir cuenta de su gestión en los términos del artículo 215.

h) Los bienes deberán venderse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de celebración de la Junta Constitutiva o desde que debió celebrarse en segunda citación. Tratándose de bienes incautados con posterioridad a aquélla, el término se contará desde el día de la diligencia de incautación.

ARTÍCULO 205.- Deber de información y cumplimiento de plazos. En el caso que no sea posible cumplir con los plazos de realización fijados en la letra h) del artículo anterior, el Liquidador deberá informar dicha circunstancia a la Superintendencia con a lo menos quince días de anticipación al vencimiento, explicando las razones del retraso. Lo anterior no exime de perseverar en la venta de los bienes, debiendo justificar su demora cada treinta días. En caso que el retraso fuere imputable al Liquidador, la Superintendencia podrá hacer uso de sus potestades sancionadoras, de conformidad a esta Ley.

ARTÍCULO 206.- Acuerdos de Junta Constitutiva en contrario. Los acreedores podrán acordar, en la Junta Constitutiva y con Quórum Especial, una fórmula de realización diferente a las señaladas en este Párrafo. Cualquiera sea la fórmula que se acuerde, ésta deberá ejecutarse dentro de los plazos indicados en la letra h) del artículo 204.

Título 3. De la realización ordinaria de bienes

Párrafo 1. De las normas generales

ARTÍCULO 207.- Principio general. La determinación de la forma de realización de los bienes del deudor, sus plazos, condiciones y demás características, corresponderá a la Junta de Acreedores.

ARTÍCULO 208.- Fórmulas de realización ordinaria. Los bienes del deudor podrán realizarse mediante:

1) La venta al martillo de bienes muebles e inmuebles.

2) La venta por medio de remate en bolsa de valores si se trata de valores mobiliarios con presencia bursátil.

3) Una forma distinta de realización de bienes, incluyendo entre ellas la venta como unidad económica establecida en el artículo 216 y las ofertas de compra directa previstas en el Párrafo 4 de este Título.

ARTÍCULO 209.- Plazos para la realización ordinaria. Cualquiera sea la forma de realización de los activos, ésta deberá efectuarse en el menor tiempo posible, el que no podrá exceder de cuatro meses para los bienes muebles y de siete meses para los inmuebles, ambos contados desde la fecha de celebración de la Junta Constitutiva o de la fecha en que ésta debió haberse celebrado en segunda citación.

Con todo, los acreedores podrán acordar, con Quórum Especial y antes del vencimiento del plazo señalado, su extensión fundada hasta por cuatro meses más. Podrá procederse al otorgamiento de nuevas prórrogas, las que deberán acordarse con el mismo quórum señalado anteriormente y contar con la autorización fundada de la Superintendencia.

La extensión del plazo podrá referirse a bienes específicos o, en general, a todos los bienes cuya realización esté pendiente.

ARTÍCULO 210.- Silencio de los acreedores. Los bienes cuya forma de enajenación no hubiere sido acordada por los acreedores dentro de los sesenta días desde la fecha de la Junta Constitutiva, o de la notificación del acta de incautación del activo correspondiente en caso que ésta se practicare con posterioridad, se enajenarán necesariamente de acuerdo a las reglas de la realización sumaria o simplificada. El Liquidador deberá dejar constancia de esta circunstancia en el expediente y, desde la fecha en que el tribunal lo tenga presente se contará el plazo para enajenar previsto en la letra h) del artículo 204.

ARTÍCULO 211.- Deber de información del Liquidador y fiscalización de plazos. Si el Liquidador estima que no se cumplirán los plazos de realización establecidos en el artículo 209, deberá comunicarlo a la Superintendencia, explicando las razones del retraso. Esta comunicación deberá efectuarse a lo menos quince días antes del vencimiento del plazo de realización ordinaria.

ARTÍCULO 212.- Regla especial para realizaciones impostergables. El Liquidador podrá realizar en cualquier momento, al martillo o en venta directa, los bienes muebles del deudor que considere que estén expuestos a próximo deterioro o a desvalorización inminente o exijan una conservación dispendiosa. El Liquidador deberá informar a los acreedores, en la Junta inmediatamente posterior, los bienes realizados, su forma de enajenación y los recursos obtenidos de ella. Si no hubiera Juntas posteriores, cumplirá informando en tal sentido a la Superintendencia y consignándolo en las cuentas provisorias que deba rendir.

Párrafo 2. De las ventas al martillo

ARTÍCULO 213.- Del Martillero. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la ley N° 18.118 sobre Ejercicio de la Actividad de Martillero Público, se entenderán como martilleros habilitados para rematar bienes de un Procedimiento Concursal de Liquidación sólo aquellos incluidos en una nómina que al efecto confeccionará y llevará la Superintendencia.

Cualquier martillero podrá solicitar por escrito su inclusión en dicha nómina, sujetándose a las disposiciones contenidas en esta Ley y a la fiscalización de la Superintendencia, exclusivamente respecto de los Procedimientos Concursales en los que participe. La Superintendencia tendrá las mismas atribuciones y facultades sobre éstos que respecto de Liquidadores y Veedores.

ARTÍCULO 214.- Adopción del acuerdo y formalidades básicas. El acuerdo de venta al martillo podrá versar tanto sobre bienes muebles como inmuebles del deudor. El acuerdo deberá designar al martillero, que deberá ser elegido de una terna propuesta por el Liquidador y confeccionada sólo con aquellos martilleros incluidos en la nómina llevada por la Superintendencia. Las demás condiciones de la venta deberán constar en las bases que proponga el Liquidador en la misma Junta para aprobación de los acreedores.

El Liquidador deberá, con a lo menos cinco días de anticipación a la fecha del remate, publicar en el Boletín Concursal las bases aprobadas por la Junta de Acreedores, sin perjuicio de otros medios adicionales de publicidad que las mismas bases puedan consignar.

ARTÍCULO 215.- Rendición de cuenta. El martillero deberá rendir una cuenta detallada y desglosada de los bienes subastados, así como de los ingresos, gastos y resultado final del remate o subasta ante la Superintendencia.

El martillero deberá informar la cuenta a la Superintendencia y publicarla en el Boletín Concursal dentro del quinto día siguiente a la fecha del remate. Este último organismo podrá objetar u observar todo o parte de su contenido, conforme a lo previsto en el número 4 del artículo 337.

Asimismo, será aplicable a la cuenta presentada por los martilleros, lo dispuesto en los artículos 50 y siguientes de esta Ley en cuanto sea procedente.

Párrafo 3. De la venta como unidad económica

ARTÍCULO 216.- Acuerdo. La Junta de Acreedores podrá acordar vender un conjunto de bienes bajo la modalidad de venta como unidad económica. Esta modalidad se regirá por las siguientes reglas:

1) El acuerdo deberá incluir los bienes sujetos a la venta, cualquiera sea su naturaleza. En el evento de que se enajenare un conjunto de bienes ubicados en un bien raíz que no sea de propiedad del deudor, se incluirán en la venta los derechos que en dicho inmueble le correspondan, cualquiera sea el tenor de la convención o la naturaleza de los hechos en que se funda la posesión, uso o mera tenencia del inmueble.

2) Asimismo, el acuerdo deberá señalar precio mínimo de la venta del conjunto de bienes, forma de pago y garantías, sin perjuicio de las demás modalidades y condiciones de la enajenación que se puedan acordar.

ARTÍCULO 217.- Efectos del acuerdo de venta como unidad económica. Acordada la enajenación como unidad económica, se suspende el derecho de los acreedores hipotecarios, prendarios y retencionarios para iniciar o proseguir en forma separada las acciones dirigidas a obtener la realización de los bienes afectos a la seguridad de sus respectivos créditos y que se encuentren comprendidos dentro de la unidad económica. La aprobación de las bases se entenderá como suficiente autorización para los efectos contemplados en los números 3 y 4 del artículo 1464 del Código Civil.

ARTÍCULO 218.- Determinación del monto de realización de los bienes hipotecados, prendados o retenidos. Cuando en el conjunto de bienes hubiere activos afectos a hipoteca, prenda y retención, la Junta de Acreedores podrá acordar que se indique específicamente en las bases la parte del precio de venta de la unidad económica que corresponderá a cada activo en garantía, tanto respecto del precio mínimo como de un eventual sobreprecio en caso de remate, para el sólo efecto de que dichos acreedores puedan hacer valer los derechos que procedan de acuerdo a esta Ley. La parte del precio asignada al bien gravado con hipoteca, prenda o retenido, no podrá ser inferior al Avalúo Fiscal, salvo aceptación expresa del acreedor hipotecario, prendario o retencionario.

Los acreedores hipotecarios, prendarios o retencionarios que hubieren votado en contra de la valoración asignada por la Junta de Acreedores, podrán solicitar al tribunal su rectificación, dentro de tercero día desde la adopción del respectivo acuerdo.

En este caso, el tribunal citará a una audiencia verbal, que se celebrará a más tardar al quinto día hábil con las partes que asistan. La citación a audiencia se notificará por el estado diario. El tribunal resolverá las objeciones deducidas en la audiencia y contra su resolución sólo podrá deducirse reposición verbal, la que deberá ser resuelta en la misma oportunidad.

La tramitación de la rectificación solicitada no suspenderá la ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de Acreedores.

ARTÍCULO 219.- Calificación de la venta como unidad económica. Para todos los efectos legales, la venta como unidad económica no calificará como venta de establecimiento comercial.

ARTÍCULO 220.- Trámites posteriores. La venta como unidad económica deberá constar en escritura pública en la que se indicarán los hechos y/o requisitos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones anteriores. Dicha escritura será aprobada por el tribunal, el cual ordenará el alzamiento y cancelación de todos los gravámenes y prohibiciones que pesen sobre los bienes que integren la unidad económica.

Los bienes que integran la unidad económica se entenderán constituidos en hipoteca o prenda sin desplazamiento, según su naturaleza, por el sólo ministerio de la ley, para caucionar los saldos insolutos de precio y cualquiera otra obligación que el adquirente haya asumido como consecuencia de la adquisición, salvo que la Junta de Acreedores, al pronunciarse sobre las bases respectivas, hubiese excluido expresamente determinados bienes de tales gravámenes.

Párrafo 4. De la oferta de compra directa

ARTÍCULO 221.- Deber de información del Liquidador. Todas las ofertas de compra directa que se formulen deberán dirigirse al Liquidador, quien las expondrá a los acreedores en la Junta de Acreedores inmediatamente siguiente.

ARTÍCULO 222.- Quórum y acuerdos. La aceptación por parte de la Junta de Acreedores de una oferta de compra directa requerirá de Quórum Calificado. Tratándose de ofertas cuya venta no se pudo perfeccionar por no haberse logrado acuerdo con el quórum exigido, la Junta podrá acordar, por Quórum Especial y con el conocimiento del oferente, que los bienes incluidos en la oferta de compra directa sean previamente ofrecidos en remate al martillo a cualquier interesado.

Las condiciones del remate deberán ser incluidas en las bases que se confeccionen y, en ellas, el precio mínimo de los bienes a rematar deberá ser igual al monto ofrecido por el oferente. Si no se presentaren postores en esa oportunidad, se llevará a cabo la venta propuesta por el oferente, en sus términos originales.

Párrafo 5. Del leasing o arrendamiento con opción de compra

ARTÍCULO 223.- De la incautación. Los bienes que el deudor detente en su poder en virtud de un contrato de arrendamiento con opción de compra deberán ser incautados por el Liquidador en iguales términos a los bienes propios del deudor, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 163 y 164 de esta Ley.

Los gastos que irroguen la conservación, custodia y/o bodegaje de dichos bienes deberán ser asumidos por el arrendatario. En caso de desacuerdo en el monto correspondiente, resolverá incidentalmente el juez competente, sin ulterior recurso.

ARTÍCULO 224.- Efecto de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación. La dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación no constituirá causal de terminación inmediata del contrato de arrendamiento con opción de compra, teniéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario.

Las rentas de arrendamiento que se devenguen con posterioridad a la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación podrán pagarse previo acuerdo de la Junta de Acreedores con Quórum Especial. La misma regla anterior se aplicará en caso de decretarse la continuidad de la actividad económica del deudor y siempre que la cosa dada en arrendamiento constituya un bien adscrito a ese giro.

ARTÍCULO 225.- De la verificación. El arrendador verificará en el Procedimiento Concursal de Liquidación del deudor arrendatario únicamente aquellas cuotas devengadas e impagas a la fecha de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación. Si el contrato incluyese cláusulas de caducidad del plazo o de aceleración del crédito y/o multas, ellas podrán ser verificadas únicamente con el mérito de una sentencia definitiva firme o ejecutoriada que declare terminado el arrendamiento con opción de compra y conceda las cantidades reclamadas.

ARTÍCULO 226.- Incentivo a la adopción de acuerdos. La Junta de Acreedores, con Quórum Especial, podrá acordar con el arrendador una fórmula de realización que incluya los bienes arrendados, en cuyo caso se estará a las estipulaciones pactadas, las que deberán constar en el acta respectiva, la que incluirá el valor que se asigna a las especies arrendadas.

La parte del crédito del arrendador que no alcance a ser cubierta con el producto de la realización de la cosa arrendada, se considerará incobrable para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

Párrafo 6. De las reglas complementarias a la realización

ARTÍCULO 227.- Créditos morosos y activos muebles de difícil realización. La Junta de Acreedores tendrá la facultad de donar a una institución de caridad, o vender, en la forma y al precio que estime convenientes, los créditos morosos y activos muebles de difícil realización, cumpliendo los requisitos que siguen:

1) Acuerdo de Junta de Acreedores, adoptado por Quórum Especial;

2) Que no se haya efectuado postura alguna respecto del bien, habiéndose ofertado al martillo y sin precio mínimo, o

3) Si el Liquidador ha efectuado las gestiones para realizarlo al martillo y al menos tres martilleros hayan rechazado el encargo ofrecido por bajo monto esperado de realización.

En caso que se opte por donar bienes a una institución de caridad o beneficencia, tal decisión se encontrará liberada del trámite de insinuación y exenta del impuesto a las donaciones. Asimismo, los gastos que irrogue la entrega de tales bienes serán de cargo del beneficiario.

ARTÍCULO 228.- Decisión de no perseverar en la persecución de bienes. La Junta de Acreedores podrá acordar, con Quórum Especial, la no persecución de uno o más bienes determinados del deudor, en atención a que el costo estimado para recuperarlos es superior al beneficio esperado de su realización. Asimismo, el Liquidador podrá hacer uso de esta facultad si no se hubiese adoptado el acuerdo respectivo en dos Juntas de Acreedores ordinarias consecutivas por falta de quórum de asistencia, siempre que el acuerdo haya estado incluido en la tabla de ambas sesiones.

Título 4. De la continuación de actividades económicas

ARTÍCULO 229.- Principio general. Se podrán desarrollar actividades económicas con los activos pertenecientes al deudor con sujeción a las normas de este Título.

ARTÍCULO 230.- Tipos o clases. La continuación de actividades económicas podrá ser:

1) Provisional: aquella que es decidida por el Liquidador con miras a:

a) Aumentar el porcentaje de recuperación por parte de los acreedores del deudor;

b) Facilitar la ejecución de prestaciones que se encontraren pendientes y de las cuales se derive un beneficio para la masa, y

c) Propender a la realización de los activos del deudor como unidad económica.

El ejercicio de esta facultad sólo podrá tener lugar desde que el Liquidador asuma su cargo y se extenderá hasta la Junta de Acreedores Constitutiva.

2)Definitiva: aquella que es decidida por la Junta de Acreedores, sea como extensión de la continuación provisional o en cualquier momento posterior, con Quórum Calificado y a proposición del Liquidador o de cualquier acreedor.

ARTÍCULO 231.- Continuación de actividades económicas provisional. La continuación de actividades económicas provisional del deudor se regirá por las siguientes disposiciones:

1) El Liquidador deberá informar al tribunal y a la Superintendencia las razones que justifiquen su decisión, los bienes adscritos a la continuación provisional y la fecha concreta de su inicio. Estas comunicaciones deberán efectuarse al día siguiente hábil de aquél en que el Liquidador disponga la continuación.

2) La administración de la continuación de actividades económicas provisional recaerá exclusivamente en el Liquidador, quien tendrá derecho a percibir un honorario adicional por esa gestión. El monto a percibir será determinado en la Junta de Acreedores Constitutiva y, en caso de desacuerdo, por el tribunal, en la misma Junta y sin ulterior recurso.

3) En la Junta de Acreedores Constitutiva, el Liquidador deberá presentar a los acreedores un informe pormenorizado acerca de todas las operaciones ejecutadas en el desarrollo de la continuación de actividades económicas provisional, conjuntamente con un detalle de los ingresos y egresos del período y un resumen sobre la situación tributaria de la continuación referida.

La Junta de Acreedores, una vez recibido el informe del Liquidador, deberá decidir acerca de la extensión o término de dichas actividades. En caso que decida extenderlas, se seguirán las disposiciones del artículo siguiente.

ARTÍCULO 232.- Continuación de actividades económicas definitiva. El acta de la Junta de Acreedores en que conste la continuación definitiva deberá contener, a lo menos, los siguientes puntos:

1) Actividades específicas a continuar;

2) Bienes adscritos. Si la continuación incluyese bienes hipotecados, prendados o sujetos al derecho legal de retención se suspenderá el derecho de los acreedores respectivos para ejercer sus acciones en tales bienes, siempre que hubieren votado a favor de dicha continuación;

3) Identificación del administrador siempre que fuere distinto del Liquidador y sus facultades. El acuerdo de nombramiento del Liquidador requerirá de Quórum Calificado;

4) Honorarios totales o fórmula de cálculo correspondiente al plazo que se acuerde o resultados que se proyecten. Tratándose de pagos periódicos, se aplicará al administrador el deber de retención previsto en el número 7 del artículo 39 de esta Ley, y

5) Plazo. No podrá ser superior a un año contado desde el acuerdo respectivo. Será prorrogable por una sola vez, con Quórum Calificado, mediante acuerdo obtenido en Junta de Acreedores Ordinaria o Extraordinaria celebrada al menos diez días antes del vencimiento. En caso de prórroga, la Junta deberá designar un nuevo administrador de la continuación de las actividades económicas, nombramiento que no podrá recaer en el Liquidador.

Si la Junta acordare la venta de los activos del deudor como unidad económica, podrá también acordar, con Quórum Calificado, proseguir la continuación por el tiempo indispensable para la concreción de ese acuerdo, aún cuando se exceda el plazo máximo ya indicado.

ARTÍCULO 233.- Administración separada. Si la administración de la continuación de actividades económicas definitiva recayere en una persona distinta del Liquidador, se observarán las disposiciones siguientes:

1) Respecto de aquellos bienes no adscritos a dicha continuación, el Liquidador mantendrá su administración y procederá de conformidad a las reglas generales.

2) Respecto de los bienes adscritos a dicha continuación, el Liquidador tendrá las facultades del artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, reportando a la Junta de Acreedores Ordinaria las circunstancias que considere oportunas para el resguardo de los intereses de los acreedores y el deudor.

3) Cualquier controversia que se suscite entre el administrador de la continuación de las actividades económicas definitiva y el Liquidador será resuelta por el tribunal en una audiencia verbal citada al efecto y previo informe de la Superintendencia.

4) La Superintendencia tendrá sobre el administrador de la continuación de las actividades económicas definitiva, iguales potestades que sobre los Liquidadores.

ARTÍCULO 234.- Informe periódico. El administrador, o Liquidador designado, en su caso, deberá presentar en cada Junta un informe pormenorizado acerca de todas las actividades ejecutadas, un detalle de los ingresos y egresos del período y un resumen sobre la situación tributaria de la continuación de actividades económicas definitiva.

ARTÍCULO 235.- Identificación y responsabilidad. Tratándose de continuaciones de actividades económicas definitivas, el nombre o razón social del deudor será complementado con la frase final “en continuación de actividades económicas”, y su uso deberá ser precedido por la firma del administrador o Liquidador, en su caso, y demás habilitados. En caso contrario, serán solidariamente responsables de esas obligaciones tanto el administrador o Liquidador, en su caso, como los que hubieren ejecutado el acto o celebrado el contrato respectivo.

ARTÍCULO 236.- Cese anticipado. La Junta, con Quórum Calificado, podrá decidir el fin de la continuación de actividades económicas definitiva antes del término previsto, lo que será comunicado de inmediato al administrador o Liquidador, en su caso.

Los honorarios pactados podrán reducirse proporcionalmente, previo acuerdo de las partes, resolviendo el juez en caso contrario, sin ulterior recurso y en el menor tiempo posible.

ARTÍCULO 237.- Responsabilidad del administrador. La responsabilidad civil del administrador de la continuación de las actividades económicas alcanzará a la culpa levísima y se perseguirá en juicio sumario una vez presentada la cuenta definitiva de gestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de esta Ley, y sin perjuicio de la responsabilidad legal en que pudiere incurrir.

ARTÍCULO 238.- Créditos provenientes de la continuación de las actividades económicas del deudor. Los créditos provenientes de la continuación de las actividades económicas del deudor podrán perseguirse solamente en los bienes comprendidos en ella y gozarán de preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil para el pago respecto de los demás acreedores del deudor.

Los créditos de la continuación de actividades económicas del deudor preferirán a los de los acreedores hipotecarios, prendarios y retencionarios que hubieren dado su aprobación a dicha continuación, sólo en el caso que los bienes no gravados comprendidos en ella fueren insuficientes para el pago. La diferencia, si la hubiere, será soportada por los señalados acreedores hipotecarios, prendarios y retencionarios a prorrata del monto de sus respectivos créditos en el Procedimiento Concursal de Liquidación y hasta la concurrencia del valor de liquidación de los bienes dados en garantía de sus respectivos créditos.

El acreedor hipotecario, prendario o retencionario, que pague más del porcentaje que le correspondiere de conformidad al inciso anterior, se subrogará por el exceso en los derechos de los acreedores de la continuación de actividades económicas, en conformidad a las normas del Párrafo 8 del Título XIV del Libro IV del Código Civil.

En el evento que en la continuación de actividades económicas se obtengan excedentes, éstos corresponderán a los acreedores del deudor hasta concurrencia del monto de sus créditos, reajustes e intereses, que corresponda pagar en el Procedimiento Concursal de Liquidación, deducidos los gastos. El remanente, si lo hubiere, pertenecerá al deudor.

ARTÍCULO 239.- Cuenta Final de Administración. Se aplicarán al administrador de la continuación de actividades económicas definitiva, las disposiciones sobre Cuenta Final de Administración del Liquidador, sin entorpecer el Procedimiento Concursal de Liquidación ni la realización de los bienes del deudor. Los honorarios que correspondan, la participación en las utilidades o el remanente retenido sólo podrán ser percibidos una vez que la Cuenta Final de Administración del administrador se encuentre firme o ejecutoriada.

Título 5. Del pago del pasivo

Párrafo 1. De los principios generales

ARTÍCULO 240.- Orden de prelación. Los acreedores serán pagados según el orden de preferencia establecido en el Código Civil y, en el caso de los acreedores valistas, con pleno respeto a la subordinación de créditos a que se refiere el artículo 2489 del Código Civil. Para su eficacia, la subordinación deberá ser alegada al momento de la verificación del crédito por parte del acreedor beneficiario o bien notificarse al Liquidador, si se establece en una fecha posterior.

Los créditos privilegiados de la primera clase preferirán a todo otro crédito preferente o privilegiado establecido por leyes especiales.

Los acreedores Personas Relacionadas del deudor serán postergados en el pago de sus créditos aún después de los acreedores valistas.

ARTÍCULO 241.- Acreedores prendarios y retencionarios. Los acreedores de la segunda clase y aquellos que gocen del derecho de retención judicialmente declarado, podrán optar por ejecutar individualmente los bienes gravados, en cuyo caso deberán iniciar ante el tribunal que conocerá del Procedimiento Concursal de Liquidación, los procedimientos que correspondan, o continuarlos en él previa acumulación; debiendo siempre asegurar los créditos de mejor derecho.

El Liquidador podrá, si lo considera conveniente para la masa, exigir la entrega de la cosa dada en prenda o retenida, siempre que pague la deuda o deposite, a la orden del tribunal, su valor estimativo en dinero, sobre el cual se hará efectivo el privilegio.

ARTÍCULO 242.- Acreedores hipotecarios. Los acreedores hipotecarios se pagarán en la forma que determinan los artículos 2477, 2478, 2479 y 2480 del Código Civil.

Párrafo 2. De los pagos administrativos

ARTÍCULO 243.- Procedencia y tramitación. Podrán pagarse por el Liquidador, tan pronto existan fondos suficientes para ello y precaviendo que el activo remanente sea suficiente para asegurar los gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación y el pago de los créditos de mejor derecho, los créditos contenidos en el artículo 2472 del Código Civil, según las reglas que siguen:

1) Los descritos en los números 1 y 4, podrán pagarse sin necesidad de verificación.

2) Los incluidos en el número 5, podrán pagarse previa revisión y convicción del Liquidador de los documentos que les sirven de fundamento, sin necesidad de verificación ni de acuerdo de Junta que apruebe el pago.

3) Los establecidos en el número 8, se pagarán en los mismos términos del número precedente, hasta el límite de un equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por indemnizaciones convencionales de origen laboral y por las indemnizaciones legales del mismo origen que sean consecuencia de la aplicación de las causales señaladas en el artículo 161 del Código del Trabajo.

Las restantes indemnizaciones de origen laboral así como la que sea consecuencia del reclamo del trabajador de conformidad al artículo 168 del Código del Trabajo, se pagarán con el sólo mérito de sentencia definitiva firme o ejecutoriada que así lo ordene.

4) Con todo, podrán verificarse condicionalmente los créditos que gocen de las preferencias de los números 5 y 8, con el sólo mérito de la demanda interpuesta con anterioridad al inicio de la liquidación o con la notificación al Liquidador de la demanda interpuesta con posterioridad al referido inicio.

El Liquidador deberá reservar fondos suficientes para el evento que se acoja la demanda, sin perjuicio de los pagos administrativos que procedan, de conformidad a los números precedentes.

ARTÍCULO 244.- Costas. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el pago de las costas personales se sujetará a las disposiciones siguientes:

1) En caso de Liquidación Forzosa, sólo procederán las correspondientes al acreedor peticionario, las que gozarán de la preferencia del número 1 del artículo 2472 del Código Civil.

2) En caso de Liquidación Voluntaria, las costas personales del solicitante gozarán de la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

3) En ambos casos se aplicarán los siguientes límites al cálculo de costas:

a) El 2% del crédito invocado, si éste no excede de 10.000 Unidades de Fomento, y

b) El 1% en lo que exceda del valor señalado en la letra anterior.

Para estos efectos, en casos de Liquidación Voluntaria, y siempre que el deudor invocare más de un crédito, se estará a aquél en cuyo pago hubiere cesado en primer lugar. El saldo, si lo hubiere, se considerará valista.

ARTÍCULO 245.- Renunciabilidad de créditos de origen laboral. No podrán renunciarse los montos y preferencias de los créditos previstos en los números 5, 6 y 8 del artículo 2472 del Código Civil, salvo en la forma y casos que siguen:

1) Mediante conciliación celebrada ante un Juzgado del Trabajo, la que podrá tener lugar en la audiencia preparatoria o de juicio y deberá contar con la expresa aprobación del juez y;

2) En virtud de transacción judicial o extrajudicial que se celebre con posterioridad a la notificación de la sentencia definitiva de primera instancia del juicio laboral o previsional respectivo.

Párrafo 3. De los repartos de fondos

ARTÍCULO 246.- Propuesta de reparto de fondos. El Liquidador deberá proponer a los acreedores un reparto de fondos siempre que se reúnan los siguientes requisitos copulativos:

1) Disponibilidad de fondos para abonar a los acreedores reconocidos una cantidad no inferior al cinco por ciento de sus acreencias.

2) Reserva previa de los dineros suficientes para solventar los gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación y los créditos de igual o mejor derecho cuya impugnación se encuentre pendiente.

3) Reserva para responder a los acreedores residentes en el extranjero que no hayan alcanzado a comparecer, de conformidad a los plazos previstos en el artículo 251.

4) Sujeción al procedimiento establecido en artículo siguiente.

ARTÍCULO 247.- Procedimiento. El Liquidador, para efectos de llevar a cabo un reparto de fondos, observará las disposiciones siguientes:

1) La proposición será presentada al tribunal conjuntamente con un completo detalle del reparto que se pretende efectuar, sus montos, fórmula de cálculo utilizada y acreedores a pagar.

2) El tribunal, al día siguiente hábil de su proposición, tendrá por propuesto el reparto y ordenará al Liquidador publicarlo en el Boletín Concursal.

3) Los acreedores que, conjunta o separadamente representen al menos el 30% del pasivo con derecho a voto, podrán objetar el reparto propuesto dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la notificación.

Si la objeción deducida afecta la totalidad del reparto, éste no podrá llevarse a cabo mientras la oposición no sea resuelta en primera instancia. Si la objeción deducida es parcial, el reparto podrá ejecutarse en la parte no disputada.

4) El tribunal conferirá traslado al Liquidador de todas las objeciones deducidas, el que deberá ser evacuado dentro de tercero día.

5) Transcurrido el término anterior y sin atender a si el Liquidador evacuó el traslado conferido, el tribunal resolverá sin más trámite la objeción. La resolución que se dicte no será susceptible de recurso alguno.

6) El objetante vencido será condenado al pago de costas, salvo que haya tenido motivo plausible para litigar, las que se calcularán sobre la base del monto objetado. Si la objeción hubiere sido deducida conjuntamente por dos o más acreedores, y fuere rechazada, todos ellos serán solidariamente responsables del pago de las costas.

El Liquidador deberá perseguir en beneficio de la masa el cobro de las costas por cuerda separada ante el mismo tribunal, pudiendo solicitar que las costas fijadas sean descontadas del reparto presente o futuro que les correspondería al o los objetantes vencidos.

7) No habiéndose deducido objeciones, rechazadas las interpuestas o modificado el reparto en la forma decretada por el tribunal, éste ordenará al Liquidador la distribución del reparto dentro del plazo de tres días contados desde que expire el plazo para objetar.

8) La resolución que ordene la distribución del reparto se notificará en el Boletín Concursal y desde entonces, los acreedores incluidos en el reparto podrán reclamar al Liquidador el pago de las sumas correspondientes. En el caso de créditos afectos a subordinación, el o los acreedores subordinados contribuirán al pago de sus respectivos acreedores beneficiarios, a prorrata, con lo que les correspondiere en dicho reparto de su crédito subordinado.

ARTÍCULO 248.- Acreedor condicional. El acreedor condicional podrá exigir al tribunal que ordene la reserva de los fondos que le corresponderían cumplida la condición, o su entrega bajo caución suficiente de restituirlos a la masa, con el interés máximo convencional para operaciones reajustables, para el caso de que la condición no se verifique.

ARTÍCULO 249.- Deudas y créditos recíprocos. Cuando un acreedor fuere a la vez deudor de quién está sujeto a un Procedimiento Concursal de Liquidación, sin que hubiere operado la compensación, las sumas que le correspondan a dicho acreedor se aplicarán al pago de su deuda, aunque no estuviere vencida.

ARTÍCULO 250.- Acreedores que verifican su crédito extraordinariamente. La verificación de los acreedores que verifican su crédito extraordinariamente no suspenderá la realización de los repartos, pero si encontrándose pendiente el reconocimiento de estos nuevos créditos se ordenare otro reparto, dichos acreedores serán comprendidos en él, por la suma que corresponda, en conformidad al siguiente inciso, manteniéndose en depósito las sumas que invocan hasta que sus créditos queden reconocidos.

Reconocidos sus créditos, los reclamantes tendrán derecho a exigir que los dividendos que les hubieren correspondido en las distribuciones precedentes, sean de preferencia cubiertos con los fondos no repartidos, pero no podrán demandar a los acreedores pagados en los anteriores repartos la devolución de cantidad alguna, aún cuando los bienes sujetos al Procedimiento Concursal de Liquidación no alcancen a cubrir íntegramente sus dividendos insolutos.

ARTÍCULO 251.- Situación de acreedores fuera del territorio de la República. La cantidad reservada para los acreedores residentes fuera del territorio de la República permanecerá en depósito hasta el vencimiento del duplo del término de emplazamiento que les corresponda y, vencido este plazo, se aplicará al pago de los créditos reconocidos.

ARTÍCULO 252.- Destino de los fondos en caso de no comparecencia. Si algún acreedor comprendido en la nómina de reparto no compareciere a recibir lo que le corresponda tres meses después de la notificación del reparto, el Liquidador depositará su importe en arcas fiscales a la orden del acreedor. Transcurridos tres años desde dicho depósito sin que se haya cobrado su monto, el Servicio de Tesorerías lo destinará en su integridad al Cuerpo de Bomberos.

Párrafo 4. Del término del Procedimiento Concursal de Liquidación

ARTÍCULO 253.- Resolución de término. Una vez publicada la resolución que tuvo por aprobada la Cuenta Final de Administración en los términos descritos en los artículos 50 y siguientes, el tribunal, de oficio, a petición de parte o de la Superintendencia, dictará una resolución declarando terminado el Procedimiento Concursal de Liquidación.

Con la resolución de término del Procedimiento Concursal de Liquidación, el deudor recuperará la libre administración de sus bienes.

ARTÍCULO 254.- Efecto. Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad a la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Extinguidas las obligaciones conforme al inciso anterior, el deudor se entenderá rehabilitado para todos los efectos legales, salvo que la resolución señalada en el artículo anterior establezca algo distinto.

ARTÍCULO 255.- Recursos. Contra la resolución que declare terminado el Procedimiento Concursal de Liquidación procederá recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo, conservando en el intertanto el deudor la libre administración de sus bienes.

Párrafo 5. Del término del Procedimiento Concursal de Liquidación por Acuerdo de Reorganización Judicial

ARTÍCULO 256.- Término del Procedimiento Concursal de Liquidación por Acuerdo de Reorganización Judicial. Durante el Procedimiento Concursal de Liquidación, una vez notificada la nómina de créditos reconocidos, el deudor podrá acompañar al tribunal competente una propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial y le serán aplicables las disposiciones contenidas en el Capítulo III de esta Ley, en lo que fuera procedente y en todo lo que no se regule en las disposiciones siguientes.

Presentada una propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, el tribunal dictará una resolución teniéndola por presentada. Una copia de la referida propuesta deberá ser publicada por el Liquidador en el Boletín Concursal.

En la misma resolución el tribunal competente fijará fecha, lugar y hora en que deberá efectuarse la Junta de Acreedores, llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial que presente el deudor.

ARTÍCULO 257.- Acuerdo de la Junta de Acreedores. Cada una de las clases o categorías de propuestas de Acuerdo de Reorganización Judicial acompañado por el deudor, será analizada, deliberada y acordada en forma separada en la misma junta; sin perjuicio de lo previsto en el artículo 83.

La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial se entenderá acordada, cuando cuente con el consentimiento del deudor y el voto conforme de los dos tercios o más de los acreedores presentes, que representen tres cuartas partes del total del pasivo con derecho a voto, correspondiente a su respectiva clase o categoría. Las Personas Relacionadas con el deudor no podrán votar, ni sus créditos se considerarán en el monto del pasivo.

ARTÍCULO 258.- Vigencia del Acuerdo de Reorganización Judicial. El Acuerdo del Reorganización Judicial regirá una vez vencido el plazo para impugnarlo, sin que se hubiere impugnado. En este caso se entenderá aprobado y el tribunal competente lo declarará así de oficio o a petición de cualquier interesado o del Veedor y, asimismo, declarará el término legal del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Si el Acuerdo de Reorganización Judicial fuere impugnado, regirá desde que cause ejecutoria la resolución que deseche la o las impugnaciones y lo declare aprobado.

Las resoluciones a que se refieren los incisos primero y segundo de este artículo, se notificarán en el Boletín Concursal.

Sin perjuicio de lo anterior, el Acuerdo de Reorganización Judicial entrará a regir o causará ejecutoria, no obstante las impugnaciones que se hubieren interpuesto en su contra, si éstas no contaren con la adhesión de acreedores de su respectiva clase o categoría que representen a lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto. En este caso, y en el del inciso segundo, los actos y contratos ejecutados o celebrados por el deudor en el tiempo que medie entre el Acuerdo de Reorganización Judicial y la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que acoja las impugnaciones, no podrán dejarse sin efecto, salvo lo dispuesto en el artículo 2468 del Código Civil.

El recurso de casación deducido en contra de la resolución de segunda instancia que deseche la o las impugnaciones, no suspende el cumplimiento de dicha resolución, incluso si la parte vencida solicita se otorgue fianza de resultas por la parte vencedora.

Si se acogen las impugnaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial por resolución firme o ejecutoriada, las obligaciones y derechos existentes entre el deudor y sus acreedores con anterioridad al Acuerdo de Reorganización Judicial, volverán al estado en que se encontraban en el Procedimiento Concursal de Liquidación.

V.- DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE RENEGOCIACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN DE LA PERSONA DEUDORA

Título 1. Del Procedimiento Concursal de Renegociación de la Persona Deudora.

ARTÍCULO 259.- Ámbito de aplicación y requisitos. El Procedimiento Concursal de Renegociación será aplicable sólo a la Persona Deudora, que para efectos de este Capítulo se denominará indistintamente Persona Deudora o deudor.

La Persona Deudora podrá someterse a un Procedimiento Concursal de Renegociación si tuviere dos o más deudas vencidas por más de 90 días corridos, actualmente exigibles, provenientes de obligaciones diversas, cuyo monto total sea superior a 50 Unidades de Fomento y que no sean de aquellas provenientes de servicios de utilidad pública, siempre y cuando no haya sido notificada de una demanda que solicita la apertura de un Procedimiento Concursal de Liquidación o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra que no sea de origen laboral.

ARTÍCULO 260.- Inicio del procedimiento. El Procedimiento Concursal de Renegociación se iniciará por solicitud de la Persona Deudora presentada ante la Superintendencia a través de un formulario cuyo formato estará disponible en su sitio web y en sus dependencias. El referido formulario deberá presentarse adjuntando los siguientes antecedentes:

a) Declaración jurada con un listado de todos sus acreedores, con indicación del monto adeudado a cada uno, o su saldo, según corresponda, con indicación expresa del nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico del acreedor y su representante legal, en su caso, y cualquier otro dato de contacto;

No se considerarán acreedores para los efectos de este procedimiento, a aquellos proveedores de servicios de utilidad pública y sus cesionarios.

b) Declaración jurada con la singularización de todos los ingresos que percibe, por cualquier causa, sean estos fijos o esporádicos, acompañando al efecto antecedentes que lo acrediten;

c) Declaración jurada con el listado completo de sus bienes, con indicación de aquellos que las leyes declaren inembargables, y de los gravámenes y prohibiciones que les afecten;

d) Una propuesta de renegociación de todas sus obligaciones vigentes, con excepción de aquellas provenientes de servicios de utilidad pública;

e) Una declaración jurada en que conste que es Persona Deudora o, que habiendo iniciado actividades comerciales, no haya prestado servicios por dichas actividades durante los veinticuatro meses anteriores a la presentación de la referida solicitud, y

f) Una declaración jurada en que conste que no se la ha notificado de la demanda que solicita la apertura de un Procedimiento Concursal de Liquidación o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra que no sea de origen laboral.

ARTÍCULO 261.- Examen de admisibilidad. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación, la Superintendencia podrá:

1) Declarar admisible la solicitud;

2)Ordenar a la Persona Deudora que rectifique sus antecedentes o entregue información adicional, en cuyo caso esta última deberá subsanar los defectos o proporcionar los antecedentes complementarios que le sean solicitados, según corresponda, en el plazo que la misma Superintendencia le fije, contados desde la referida resolución. En caso contrario, la solicitud se declarará inadmisible, o

3) Declarar inadmisible la solicitud por resolución fundada. La declaración de inadmisibilidad sólo podrá fundarse en la improcedencia de la solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación, por el incumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 259 o por haber transcurrido los plazos indicados en el N° 2 sin que el peticionario hubiere subsanado los defectos o inconsistencias advertidos por la Superintendencia.

ARTÍCULO 262.- Resolución de Admisibilidad. La resolución de la Superintendencia que declare admisible la solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación, contendrá las siguientes menciones:

1) El nombre y el número de cédula de identidad de la Persona Deudora.

2) El listado inicial de los acreedores informados por la Persona Deudora con indicación de los montos adeudados por capital e intereses y sus preferencias;

3) El listado de bienes de la Persona Deudora informados por ella, con expresa mención de aquellos que son inembargables, gravámenes y prohibiciones que los afecten, si los hubieren, individualizando a los beneficiarios de estos últimos, y

4) La comunicación a los acreedores y a terceros, del inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación y de la fecha de celebración de la audiencia de determinación del pasivo. Esta audiencia se celebrará no antes de quince ni después de treinta días contados desde la publicación de la presente resolución en el Boletín Concursal.

La presente resolución con los antecedentes a que se refiere el artículo 260 se publicarán en el Boletín Concursal y se entenderán legalmente notificados los acreedores individualizados en el listado del número 2 anterior, mediante la publicación en el Boletín Concursal.

ARTÍCULO 263.- Efectos de la Resolución de Admisibilidad. Desde la publicación de la Resolución de Admisibilidad y hasta el término del Procedimiento Concursal de Renegociación se producirán los siguientes efectos:

1) No podrá solicitarse la Liquidación Forzosa ni Voluntaria de la Persona Deudora, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos o ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento;

Para los efectos de hacer valer la oposición del inicio de las ejecuciones a que se refiere el número 1, la Persona Deudora acompañará al tribunal competente copia autorizada de la Resolución de Admisibilidad, pudiendo hacerse valer solamente como excepción. Para estos efectos la Persona Deudora podrá comparecer personalmente sin necesidad de patrocinio de abogado;

2) Se suspenderán los plazos de prescripción extintiva de sus deudas;

3) No se continuarán devengando los intereses moratorios que se hayan pactado en los respectivos actos o contratos vigentes suscritos por la Persona Deudora;

4) Todos los contratos suscritos por la Persona Deudora, mantendrán su vigencia y condiciones de pago, en su caso, no siendo posible hacer efectivas cláusulas de resolución o caducidad, fundadas en el inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación. Si la contraparte de estos contratos realizare cualquier acción que importe el término de los mismos o exigiera anticipadamente el pago de su crédito, dicho crédito quedará pospuesto en su pago, hasta que se paguen la totalidad de los acreedores a quienes le afectará el acuerdo de renegociación;

5) Cualquier interesado podrá observar u objetar los créditos del listado señalado en el número 2 del artículo 262 así como el listado de bienes señalado en el número 3 del mismo artículo, hasta tres días antes de la celebración de la audiencia de determinación del pasivo regulada en el artículo siguiente, pudiendo concurrir a la misma con derecho a voz y voto, y

6)La Persona Deudora no podrá ejecutar actos ni celebrar contratos en relación con sus bienes embargables, bajo el apercibimiento de ser tenido por depositario alzado en los términos del artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 264.- Audiencia de determinación del pasivo. La asistencia a la audiencia de determinación del pasivo será obligatoria para todos los acreedores individualizados en la Resolución de Admisibilidad que hayan sido notificados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 262 anterior, bajo apercibimiento de proseguirse su tramitación sin volver a notificar a los acreedores ausentes y asumiendo lo obrado durante la audiencia de determinación del pasivo.

Esta audiencia se celebrará ante el Superintendente, o ante quien éste designe mediante resolución, con los acreedores que asistieren y la Persona Deudora, personalmente o debidamente representada. El Superintendente, o quien éste designe, actuará como facilitador, ayudando a las partes a adoptar una solución satisfactoria. Dicho procedimiento se regulará a través de una norma de carácter general de la Superintendencia, dictada especialmente al efecto.

La Superintendencia presentará una propuesta de nómina de pasivo, en atención al listado acompañado por la Persona Deudora de acuerdo al artículo 260, a lo indicado por quienes hubieren observado u objetado el referido listado de acreedores y las observaciones que la Superintendencia pudiere sugerir.

En esta audiencia, con el voto de la Persona Deudora y de la mayoría absoluta de los acreedores, de acuerdo a la propuesta señalada en el inciso anterior, se determinará el pasivo con derecho a voto. No se considerarán para los efectos de quórum ni para las votaciones a que hubiere lugar, los créditos de las Personas Relacionadas con la Persona Deudora.

Si no se llegare a acuerdo respecto de la determinación del pasivo de la Persona Deudora, la Superintendencia podrá suspender esta audiencia por una vez, hasta por cinco días, con el objeto de propender al acuerdo.

Si aún así no se llegare a acuerdo respecto del pasivo de la Persona Deudora, en la primera o segunda audiencia, la Superintendencia deberá citar a una audiencia de ejecución, la que deberá celebrarse no antes de quince ni después de treinta días contados desde la publicación señalada.

En caso de acordarse el pasivo de la Persona Deudora, la Superintendencia dictará una resolución que contendrá el acta con la nómina de créditos reconocidos y la citación a todos los acreedores cuyos créditos fueron reconocidos, a la audiencia de renegociación regulada en el artículo siguiente, la cual se publicará en el Boletín Concursal dentro del día hábil siguiente.

La audiencia de renegociación deberá celebrarse no antes de quince ni después de treinta días contados desde la publicación señalada.

ARTÍCULO 265.- Audiencia de renegociación. Determinado el pasivo conforme al artículo anterior, se llevará a cabo la audiencia de renegociación en la fecha señalada en la resolución de que da cuenta el artículo anterior.

Esta audiencia se celebrará ante el Superintendente, o ante quién éste designe mediante resolución, con los acreedores que asistieren o los representantes legales en su caso y la Persona Deudora, personalmente o debidamente representada. Al igual que en la audiencia regulada en el artículo anterior, el Superintendente, o quien éste designe, facilitará la adopción de un acuerdo entre las partes.

Se acordará la renegociación con el voto de la Persona Deudora y el 60% del pasivo reconocido y presente en la audiencia. No se considerarán para los efectos de quórum ni para las votaciones a que hubiere lugar, los créditos de las Personas Relacionadas con la Persona Deudora, que correspondan.

Esta audiencia podrá llevarse a cabo con la concurrencia de un solo acreedor y acordarse la renegociación si éste vota a favor, en la medida que éste represente más del 60% del pasivo reconocido de la Persona Deudora.

Si no se acordare la renegociación, la Superintendencia podrá suspender esta audiencia por una sola vez, hasta por cinco días, con el objeto de propender al acuerdo.

Si no se arribare a acuerdo, en la primera o segunda audiencia de renegociación, la Superintendencia deberá citar a una audiencia de ejecución, la que deberá celebrarse no antes de quince ni después de treinta días contados desde la publicación señalada.

Acordada la renegociación, la Superintendencia dictará una resolución que contendrá el acta del acuerdo de renegociación suscrita por la Persona Deudora, los acreedores presentes y el Superintendente, o a quien éste haya designado y declarará finalizado el Procedimiento Concursal de Renegociación, poniendo fin a los efectos descritos en el artículo 263 anterior. El acta que se levante de la señalada audiencia se reducirá a escritura pública, y los créditos objeto del acuerdo de renegociación se entenderán remitidos, novados o repactados, según corresponda.

El acuerdo de renegociación será obligatorio únicamente para los acreedores que figuren en la nómina de créditos reconocidos, hayan concurrido o no a la audiencia de renegociación.

Si dentro del acuerdo se remitieren deudas, éstas se entenderán extinguidas desde la publicación de la resolución que contiene el acta de acuerdo de renegociación. Para estos efectos la Superintendencia emitirá un certificado de incobrabilidad para los acreedores titulares de las referidas deudas, que les permita castigar sus créditos en conformidad a la ley.

El acuerdo de renegociación deberá versar sobre cualquier objeto lícito y no podrá ser revocado con posterioridad conforme al artículo 290 de esta Ley si la Persona Deudora es sometida a un Procedimiento Concursal de Liquidación.

ARTÍCULO 266.- Audiencia de ejecución. Si no se alcanza acuerdo respecto del pasivo de la Persona Deudora o respecto de la renegociación de las obligaciones de la Persona Deudora conforme a los artículos anteriores, la Superintendencia citará a los acreedores a una audiencia de ejecución.

Esta audiencia se celebrará ante el Superintendente, o ante quién éste designe mediante resolución, con los acreedores que asistieren o los representantes legales en su caso y la Persona Deudora, personalmente o debidamente representada. Al igual que en las audiencias reguladas en los artículos anteriores, el Superintendente, o quien éste designe, facilitará la adopción de un acuerdo entre las partes.

En dicha audiencia la Superintendencia presentará una propuesta de realización del activo del deudor. Los acreedores acordarán la fórmula con la mayoría absoluta de los acreedores presentes con derecho a voto y la Persona Deudora, sobre la base de la propuesta de la Superintendencia a que se refiere el inciso tercero del artículo 264. No se considerarán para los efectos de quórum ni para las votaciones a que hubiere lugar, los créditos de las Personas Relacionadas con la Persona Deudora.

Siempre podrán formularse vías alternativas de realización que serán sometidas al mismo quórum de aprobación anterior.

El acuerdo de ejecución contendrá la forma en que serán realizados los bienes de la Persona Deudora y el pago a los acreedores señalados en dicho acuerdo, en la forma establecida en el Título XLI del Libro IV del Código Civil “De la Prelación de Créditos”.

Si no se llegare a un acuerdo, la Superintendencia remitirá los antecedentes al tribunal del domicilio del deudor, que se entenderá el tribunal competente, quién dictará la correspondiente Resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, de acuerdo a lo dispuesto en Título 2 de este Capítulo.

Si el acuerdo de ejecución designare a un Liquidador, éste deberá formar parte de la Nómina de Liquidadores vigente a la fecha, y sus honorarios ascenderán a un total de 30 Unidades de Fomento de acuerdo al artículo 40 de esta Ley.

Vencido el plazo señalado en el acuerdo para la realización de los bienes, el Liquidador, si lo hubiere, procederá al reparto de fondos en los términos del Título 5 del Capítulo IV de esta Ley. Toda objeción o incidencia en relación a la gestión del Liquidador en este reparto de fondos deberá interponerse por los acreedores ante la Superintendencia quien resolverá administrativamente en única instancia sin ulterior recurso.

El plazo para la realización del activo contenido en el acuerdo de ejecución no podrá ser superior a 6 meses.

La Superintendencia dictará una norma de carácter general que regule los contenidos del acuerdo de ejecución que propondrá la Superintendencia y la forma en que se desarrollará la señalada audiencia, en todo lo no regulado en la presente Ley.

ARTÍCULO 267.- Resolución que declara finalizado el Procedimiento Concursal de Renegociación y de la ejecución. Una vez vencido el plazo para el reparto de fondos, la Superintendencia declarará finalizado el Procedimiento Concursal de Renegociación, poniendo fin a los efectos descritos en el artículo 263. Desde la publicación en el Boletín Concursal de la referida resolución se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora respecto de los créditos parte del Procedimiento de Renegociación.

Extinguidas las obligaciones novadas o repactadas conforme al inciso anterior, la Persona Deudora se entenderá rehabilitada para todos los efectos legales.

ARTÍCULO 268.- Término anticipado del Procedimiento Concursal de Renegociación y sus efectos. La Superintendencia declarará el término anticipado del Procedimiento Concursal de Renegociación:

1) Si la Persona Deudora infringe la prohibición establecida en el número 6 del artículo 263, sin perjuicio de la sanción propia establecida para el depositario alzado del artículo 444 del Código de Procedimiento Civil;

2) Si la Persona Deudora deja de cumplir alguno de los requisitos señalados en el artículo 259, y

3) Si no se arribare a acuerdo en la audiencia de ejecución.

Declarado el término del Procedimiento Concursal de Renegociación finalizarán las suspensiones y demás efectos regulados en el artículo 263 y la Superintendencia remitirá los antecedentes al tribunal competente, quién dictará la correspondiente Resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, de acuerdo a lo dispuesto en Título 2 de este Capítulo.

ARTÍCULO 269.- Recursos y Limitación. Contra las resoluciones que pongan término al Procedimiento Concursal de Renegociación y de ejecución sólo procederá recurso de reposición.

La Persona Deudora cuya solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación fuere declarada admisible, no podrá solicitarlo nuevamente, sino una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha de publicación de la Resolución de Admisibilidad.

ARTÍCULO 270.- Bienes excluidos del acuerdo de ejecución. Serán inembargables aquellos bienes a los que se refiere el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, así como todos aquellos que las leyes declaren inembargables.

Si la Persona Deudora se encontrare casada, se aplicará a la realización de los bienes de ésta, cuando procediere, las normas establecidas en los artículos pertinentes del Código Civil y leyes especiales, atendido el régimen de bienes que hubieren pactado.

ARTÍCULO 271.- Declaración incompleta de bienes de la Persona Deudora. Si al momento de presentar los antecedentes a que se refiere el artículo 260, la Persona Deudora declarare no tener bienes embargables o el listado de bienes declarado fuere incompleto, cualquier acreedor podrá, desde la notificación de la resolución a que se refiere el artículo 262 anterior hasta la celebración de la audiencia de ejecución, acreditar ante la Superintendencia, que la Persona Deudora tiene bienes embargables no declarados o que los ha enajenado dentro de los plazos establecidos para el ejercicio de las acciones revocatorias concursales contenidas en el Capítulo VI de esta Ley. En tales casos, la Superintendencia comunicará estas circunstancias a los acreedores, para que estos ejerzan los derechos que la ley les confiere.

Si con posterioridad a la celebración un Acuerdo de Renegociación, aparecieren bienes, los acreedores podrán demandar la nulidad de este.

Título 2. Del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora.

Párrafo 1. De la Liquidación Voluntaria de la Persona Deudora.

ARTÍCULO 272.- Ámbito de aplicación y requisitos. Toda Persona Deudora podrá solicitar ante el tribunal competente su Liquidación Voluntaria, acompañando los siguientes antecedentes:

1) Lista de sus bienes, lugar en que se encuentren y los gravámenes que les afecten;

2) Lista de los bienes legalmente excluidos de la Liquidación de la Persona Deudora;

3) Relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales, y

4) Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos.

ARTÍCULO 273.- Tramitación y resolución. Conjuntamente con lo dispuesto en el artículo anterior, la Persona Deudora solicitará la nominación del Liquidador de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de esta Ley.

Recibido el Certificado de Nominación, el tribunal dictará la resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora, la que contendrá las menciones señaladas en el artículo 129, la que será publicada en el Boletín Concursal conforme lo dispone el inciso final de dicha norma.

ARTÍCULO 274.- Efectos de la resolución ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora. Será aplicable a este procedimiento lo dispuesto en los Párrafos 4 y 5 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley en todo aquello que no sea contrario con la naturaleza de la Persona Deudora.

ARTÍCULO 275.- Inembargabilidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, sólo podrá embargarse la remuneración de la Persona Deudora hasta por 3 meses después de declarada la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora.

Si la Persona Deudora se encontrare casada, se aplicará a la realización de los bienes de ésta, cuando procediere, las normas establecidas en los artículos pertinentes del Código Civil y leyes especiales, atendido el régimen de bienes que hubieren pactado.

ARTÍCULO 276.- De la determinación del pasivo. La determinación del pasivo se realizará en la forma establecida en el Párrafo 6 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley.

ARTÍCULO 277.- De las Juntas de Acreedores. La Junta Constitutiva tendrá lugar en las dependencias del tribunal o el lugar que éste determine y se celebrará al trigésimo segundo día hábil de publicada la resolución de liquidación de la Persona Deudora.

En dicha Junta se tratarán las siguientes materias:

1) El Liquidador titular provisional deberá informar respecto de los activos del deudor, realizar una propuesta de realización de los mismos y una estimación de los gastos.

2) La ratificación del Liquidador titular y suplente provisionales o bien la designación de sus reemplazantes. Los Liquidadores que no hubieren sido ratificados continuarán en sus cargos hasta que asuman sus reemplazantes. Deberá suscribirse entre el Liquidador no ratificado y el que lo remplace, dentro de cinco hábiles contados desde la nueva designación, un acta de traspaso en que conste el estado preciso de los bienes del deudor y cualquier otro aspecto relevante para una adecuada continuación del Procedimiento Concursal de Liquidación. Una copia del acta antes indicada deberá ser remitida a la Superintendencia.

3) La designación de un presidente y un secretario, titular y suplente, de entre los acreedores con derecho a voto o sus representantes, para las sesiones de juntas futuras, si hubiere.

4) Los honorarios del Liquidador, los que se regirán conforme lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de esta Ley

5) Cualquier otro acuerdo que la Junta estime conducente, pudiendo acordar desde ya no celebrar otras Juntas, salvo citación del Liquidador o de cualquiera de los acreedores que representen a lo menos el 25% del pasivo.

Sin perjuicio de lo señalado, en lo no regulado en este artículo, será aplicable lo dispuesto en el artículo 190.

ARTÍCULO 278.- De la realización del activo. La realización del activo se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 204.

ARTÍCULO 279.- Del pago del pasivo. El pago del pasivo se efectuará conforme a lo dispuesto en los Párrafos 1 y 3 del Título 5 del Capítulo IV de esta Ley.

ARTÍCULO 280.- Cuenta final de administración y término de la Liquidación de la Persona Deudora. Será aplicable a la Liquidación de la Persona Deudora lo dispuesto en el Párrafo 2 del Título 3 del Capítulo II sobre Cuenta Final de Administración y lo dispuesto en el Párrafo 4 del Título 5 del Capítulo IV de esta Ley sobre término del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Párrafo 2. De la Liquidación Forzosa de la Persona Deudora.

ARTÍCULO 281.- Causal para solicitar la apertura de un Procedimiento Concursal de Liquidación de una Persona Deudora. Mientras no se declare la admisibilidad de un Procedimiento Concursal de Renegociación de una Persona Deudora, cualquier acreedor podrá solicitar la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora, siempre que existieren en contra de ésta dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos dos ejecuciones, y no se hubiere presentado dentro de los cuatro días siguientes al respectivo requerimiento, bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas.

ARTÍCULO 282.- Requisitos. La demanda que se presentará ante el tribunal competente, señalará la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañará los siguientes antecedentes:

1) Los documentos o antecedentes escritos que acreditan la causal invocada.

2) Vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 200 Unidades de Fomento para subvenir los gastos iniciales del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora.

3) El acreedor peticionario podrá designar a un Veedor vigente de la Nómina de Veedores, que asumirá en caso que el deudor se oponga al Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora. Dicho Veedor supervigilará las actividades del deudor mientras dure la tramitación del Juicio de Oposición, el que se sustanciará conforme a las normas de esta Ley, quien tendrá las facultades de interventor contenidas en el artículo 25. Los honorarios del Veedor no podrán ser superiores a 50 Unidades de Fomento y serán de cargo del acreedor peticionario. Sin perjuicio de lo anterior, el demandante podrá solicitar en su demanda cualquiera de las medidas señaladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

4) El nombre del Liquidador titular y suplente, para el caso que el deudor no compareciere o no efectuare actuación alguna por escrito en la audiencia prevista en el artículo siguiente.

El Liquidador o Veedor que hubiese ejercido como tal en algún Procedimiento Concursal, no podrá asumir en otro procedimiento respecto de un mismo deudor.

ARTÍCULO 283.- Revisión, primera providencia y notificación. Presentada la demanda, el tribunal competente examinará en el plazo de tres días el cumplimiento de los requisitos del artículo precedente. En caso que los considere cumplidos, la tendrá por presentada y ordenará al Liquidador publicarla en el Boletín Concursal y citará a las partes a una audiencia que tendrá lugar al quinto día desde la notificación personal del deudor o conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando no se encuentre en el lugar del juicio. En caso contrario, ordenará al demandante la corrección pertinente y fijará un plazo de tres días para que subsane, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

La audiencia se desarrollará conforme a las siguientes reglas:

1) El tribunal informará al deudor acerca de la demanda presentada en su contra y de los efectos del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora.

2) Acto seguido, la Persona Deudora podrá proponer por escrito o verbalmente alguna de las conductas señaladas en los literales siguientes, debiendo siempre señalar el nombre o razón social, domicilio y correo electrónico, si tuviere, de los tres mayores acreedores, o sus representantes legales. Si el deudor no cumple con este último requisito, el tribunal tendrá por no presentada la actuación que fuere del caso y dictará de inmediato la sentencia de Liquidación de la Persona Deudora, nombrando al Liquidador titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo anterior.

a) La Persona Deudora podrá consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes. El tribunal tendrá por efectuada la consignación, ordenará practicar la liquidación del crédito, la regulación y tasación de las costas, y señalará el plazo en que el deudor deberá pagarlos, el que se contará desde que esas actuaciones se encuentren firmes. Si el deudor no pagare en el plazo fijado, el tribunal dictará la respectiva sentencia de Liquidación de la Persona Deudora.

b) El deudor podrá allanarse por escrito o verbalmente a la demanda, dictando en este caso el tribunal la respectiva resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora

c) Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las disposiciones del Párrafo 3 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley. La oposición del deudor sólo podrá fundarse en una o más de las causales previstas en los números 1, 5, 6, 7, 9 a 14, 16 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

3) Si el deudor no comparece a esta audiencia, o compareciendo no efectúa alguna de las actuaciones señaladas en el número 2 anterior, el tribunal dictará la sentencia de Liquidación de la Persona Deudora y nombrará al Liquidador titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo anterior.

De lo obrado en esta audiencia se levantará acta, la que deberá ser firmada por los comparecientes y el secretario del tribunal.

ARTÍCULO 284.- Resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora. La sentencia de Liquidación de la Persona Deudora se dictará conforme lo dispuesto en el artículo 273 anterior y en la tramitación del procedimiento se estará a lo señalado en el Párrafo anterior.

ARTÍCULO 285.- Antecedentes que debe remitir la Superintendencia. Cada vez que la Ley ordene que la Superintendencia remita antecedentes al tribunal competente para que se dicte la resolución que ordena la apertura de un Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora, se entenderá que deberá remitir:

1) Copia de los antecedentes aportados por la Persona Deudora a que se refiere el artículo 260.

2) Copia de la resolución a que se refiere el artículo 262.

3) Copia de la propuesta de determinación del pasivo a que se refiere el artículo 264.

4) Copia del acta de la audiencia de ejecución, en que conste que no se arribo a acuerdo.

5) Copia de la resolución que declare terminado anticipadamente el Procedimiento Concursal de Renegociación, en los términos del artículo 268.

En todo caso, los acreedores no deberán consignar la suma a que se refiere el número 2 del artículo 282.

VI.- DE LAS ACCIONES REVOCATORIAS CONCURSALES

Título 1. De los actos ejecutados o contratos suscritos por Empresas Deudoras

ARTÍCULO 286.- Revocabilidad objetiva. Iniciados los Procedimientos Concursales de Reorganización o Liquidación, los acreedores, el Veedor o el Liquidador, en su caso, podrán deducir acción revocatoria concursal, respecto de los siguientes actos ejecutados o contratos celebrados por la Empresa Deudora dentro del año inmediatamente anterior al inicio de estos procedimientos:

1) Todo pago anticipado, cualquiera fuere la forma en que tenga lugar. Se entiende que la Empresa Deudora anticipa el pago también cuando descuenta efectos de comercio o facturas a su cargo y cuando lo realiza renunciando al plazo estipulado a su favor.

2) Todo pago de deudas vencidas que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención. La dación en pago de efectos de comercio equivale a pago en dinero.

3) Toda hipoteca, prenda o anticresis constituida sobre bienes del deudor para asegurar obligaciones anteriormente contraídas.

Tratándose de cualquier acto o contrato celebrado a título gratuito y de los señalados en los números precedentes que se hayan celebrado con Personas Relacionadas a la Empresa Deudora, aunque se proceda por interposición de un tercero, el plazo se ampliará a 2 años.

En las demandas que se deduzcan de conformidad a lo establecido en el presente artículo, el juez se limitará a constatar si el acto ejecutado o el contrato celebrado han tenido lugar dentro de los plazos señalados y si responden a alguna de las descripciones previstas, sin atender a la existencia o no de perjuicios que el acto o contrato pudiera haber causado a los acreedores o a terceros. Habiéndose constatado la concurrencia de los requisitos anteriores, el tribunal dará lugar a la demanda, sin perjuicio de los recursos que procedan.

ARTÍCULO 287.- Revocabilidad subjetiva. Serán también revocables todos aquellos actos ejecutados o contratos celebrados por la Empresa Deudora con cualquier persona, dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización o de Liquidación, siempre que se acredite en juicio la concurrencia de los siguientes requisitos:

1) Conocimiento del adquirente del mal estado de los negocios de la Empresa Deudora, y

2) Que el acto o contrato cause un perjuicio a la masa. Se entenderá que existe perjuicio cuando las estipulaciones contenidas en el acto o contrato se alejen de las condiciones y precios que normalmente prevalezcan en el mercado para operaciones similares a la época del acto o contrato. Tratándose de venta o permuta de activos, sólo se considerarán como ingresos los montos efectivamente percibidos por la Empresa Deudora producto de la transacción a la fecha de la interposición de la acción de revocabilidad y el valor que el tribunal asigne respecto de los bienes dados en permuta.

La demanda sólo podrá interponerse en contra de la persona natural o jurídica que hubiere contratado con la Empresa Deudora, sin que pueda extenderse esta acción a los terceros subadquirentes y sin perjuicio de las restantes acciones civiles y penales que puedan ser pertinentes, conforme a las reglas generales.

ARTÍCULO 288.- Otros actos revocables. Tratándose de otros actos ejecutados o de contratos celebrados a título oneroso, con anterioridad al Procedimiento Concursal respectivo, se estará a lo dispuesto en el artículo 2468 del Código Civil, presumiéndose que el deudor conocía el mal estado de sus negocios un año antes de la apertura del Procedimientos Concursal respectivo.

ARTÍCULO 289.- Reformas a los pactos o estatutos sociales. Las reformas a los pactos o estatutos sociales que se realicen dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a la apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización o de Liquidación, podrán ser revocadas si importaren la disminución del patrimonio del deudor.

Si las referidas reformas significaren una alteración del régimen de responsabilidad de sus fiadores o codeudores solidarios, éstas serán inoponibles a quienes hubieren contratado con anterioridad a dicha reforma de estatutos.

Título 2. De la revocación de los actos ejecutados o contratos celebrados por una Persona Deudora

ARTÍCULO 290.- Actos o contratos revocables. Con respecto a los actos o contratos ejecutados o celebrados por una Persona Deudora a título gratuito u oneroso, dentro del año inmediatamente anterior al inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación o del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora, se observará lo prevenido en el artículo 2468 del Código Civil.

Título 3. De las disposiciones comunes a los dos Títulos anteriores

ARTÍCULO 291.- Medidas cautelares y plazo para la interposición de la acción. Las acciones a que se refieren los dos Títulos precedentes, deberán entablarse en el plazo de un año contado desde la apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización o de Liquidación y se tramitarán con arreglo al procedimiento sumario, ante el tribunal que conoce de los referidos procedimientos.

Estas acciones se entablarán en el interés de la masa y se deducirán en contra del deudor y el adquirente, si correspondiere. Para estos efectos, el deudor ejercerá su defensa en juicio, sin requerir la autorización o representación del Liquidador o Veedor.

Cuando fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias impetradas, el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá decretar el embargo sobre los bienes que corresponda.

ARTÍCULO 292.- Sentencia. La sentencia definitiva que acoja la demanda declarará la revocación solicitada, ordenará la restitución y la práctica de las inscripciones y cancelaciones que fueren pertinentes. Además, la sentencia señalará en forma expresa el monto que el tribunal estime correspondiente a la diferencia de valor entre el acto o contrato revocado y el valor que considere prevalente en el mercado bajo similares condiciones a las existentes a la época de dicho acto.

La parte condenada deberá restituir efectivamente la cosa a la parte que obtuvo en juicio y tendrá derecho a la devolución de lo que hubiere pagado con ocasión del acto o contrato revocado, debiendo verificar ese monto en el Procedimiento Concursal respectivo a cuyo nombre se dedujo la acción. Con todo, el demandado podrá acogerse, dentro del plazo de tres días contados desde la notificación del cumplimiento incidental del fallo, al beneficio de mantener la cosa en su patrimonio previo pago de la diferencia señalada en el punto anterior, debidamente reajustada, incluyendo intereses fijados por el juez, desde la fecha de celebración del acto o contrato hasta la fecha de pago efectivo, una vez que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

El tribunal deberá practicar la liquidación de la suma a pagar inmediatamente después de la dictación de la resolución que se pronuncia sobre el ejercicio de la opción ya indicada. El demandado deberá efectuar el pago dentro del plazo de tres días contados desde que el tribunal entregue la liquidación anterior.

El demandante no podrá oponerse al ejercicio de ese derecho, salvo error de hecho o meramente numérico del tribunal.

Si la parte condenada no restituyere la cosa o el valor que determine el juez, podrá exigirse el cumplimiento forzado de esta última opción.

Para los efectos de la valoración de los bienes objeto de la acción, solo será admisible como prueba el informe de peritos.

Contra la sentencia definitiva sólo procederá la apelación, que deberá interponerse en el plazo de diez días hábiles contados desde la notificación del fallo. Dicho recurso será concedido en ambos efectos y agregado extraordinariamente a la tabla que corresponda a la Corte de Apelaciones respectiva.

ARTÍCULO 293.- Costas y recompensas. Los acreedores que individualmente entablen las acciones revocatorias concursales en beneficio de la masa y obtengan la revocación de actos o contratos por sentencia definitiva firme o ejecutoriada, tendrán derecho a que se les pague con los fondos de los Procedimientos Concursales de Reorganización o Liquidación, todos los gastos del respectivo juicio y los honorarios del abogado patrocinante, los cuales gozarán de la preferencia del número 1 del artículo 2472 del Código Civil. Además, el acreedor demandante tendrá derecho a que la sentencia definitiva le reconozca una recompensa equivalente a un 10% del valor comercial del bien recuperado o del beneficio que le reporte esta acción al patrimonio del deudor o a la masa. Dicha recompensa deberá fijarse en la referida sentencia definitiva, señalando si será cargo del deudor o de la masa, en atención al Procedimiento Concursal respectivo.

No tendrá derecho a recompensa el acreedor que hubiere adquirido su acreencia con posterioridad a la apertura del Procedimiento Concursal respectivo.

En el caso que el tribunal rechace por sentencia definitiva firme o ejecutoriada la acción entablada, los demandantes soportarán los gastos del proceso y los honorarios de los profesionales que intervinieron.

Si la acción fuere ejercida por el Liquidador o Veedor, o por cualquier acreedor mandatado al efecto por la Junta de Acreedores, los gastos que irrogue la sustanciación de esta clase de acciones se considerarán gastos de administración del Procedimiento Concursal respectivo. Asimismo, la sentencia que se pronuncie condenará en costas a la parte vencida, salvo que el tribunal estimase la concurrencia de motivo plausible para litigar. Si la parte vencedora fuese el demandante, corresponderá a quien hubiere ejercido la acción perseguir el pago de las costas que fueren del caso. Si la parte vencedora fuere el demandado, las costas que fuere pertinente solucionar serán pagadas por la masa como gasto de administración del Procedimiento Concursal de Liquidación y por el deudor en un Procedimiento Concursal de Reorganización.

ARTÍCULO 294.- Efectos respecto de terceros. La revocabilidad concursal de los actos o contratos afectará al adquirente y terceros, cuando estos últimos conozcan el mal estado de los negocios del deudor al momento de ejecutar el acto o celebrar el contrato. La sentencia definitiva que acoja la revocación de los actos o contratos que afecten a estos terceros, determinará el valor de los bienes objeto de la revocación, para los efectos del reintegro a la masa del bien o de su valor. Del mismo modo, dicha sentencia ordenará la cancelación de la inscripción de los derechos del demandado vencido y la de los terceros que corresponda y dispondrá la inscripción de reemplazo a nombre del deudor.

VII. DEL ARBITRAJE CONCURSAL

ARTÍCULO 295.- Constitución del arbitraje. Podrán ser sometidos a arbitraje los Procedimientos Concursales de Reorganización y Liquidación.

En el Procedimiento Concursal de Reorganización, el deudor deberá manifestar su voluntad de someterse a arbitraje, acompañando al tribunal competente, junto con los antecedentes singularizados en el artículo 57 de esta Ley, las cartas de apoyo suscritas por acreedores que representen a lo menos mayoría absoluta del pasivo del deudor, las cuales indicarán el nombre del árbitro titular y suplente designados por los acreedores y sus honorarios.

En el Procedimiento Concursal de Liquidación, la Junta Constitutiva referida en el artículo 193 de esta Ley, o cualquier Junta posterior podrá acordar con Quórum Calificado, someterse a arbitraje, designando al árbitro titular y suplente y fijando sus honorarios.

En ambos casos el nombramiento del árbitro titular y suplente deberá recaer en un árbitro vigente de la Nómina de Árbitros Concursales y podrá ser reemplazado por otro árbitro de la referida nómina, por acuerdo de los acreedores, con las mayorías señaladas anteriormente, y con el consentimiento del deudor en los Procedimientos Concursales de Reorganización.

ARTÍCULO 296.- Naturaleza del arbitraje y constitución del tribunal arbitral. El árbitro será de derecho y unipersonal.

El árbitro se considerará constituido con la aceptación en el cargo, quien deberá prestar juramento ante el secretario del tribunal al que le hubiere correspondido conocer del Procedimiento Concursal respectivo. En este mismo acto, el árbitro fijará su domicilio, el que deberá estar ubicado en la misma jurisdicción del tribunal señalado.

El árbitro designará a un secretario, cargo que será ejercido por un abogado.

La competencia del árbitro se extiende a todo cuanto sea necesario para la tramitación de los Procedimientos Concursales de Reorganización o Liquidación y a los incidentes que se promuevan durante estos procedimientos.

Si el Acuerdo de Reorganización Judicial fuere rechazado en los términos previstos en el artículo 96 de esta Ley, el árbitro remitirá el expediente al tribunal competente que dictó la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización.

ARTÍCULO 297.- Nómina de Árbitros Concursales. Para formar parte de la Nómina de Árbitros Concursales se requiere ser abogado con una experiencia no inferior a diez años de ejercicio en la profesión. No podrán formar parte de esta nómina los Veedores ni los Liquidadores.

Dicha nómina será llevada por la Superintendencia, y en su formación, menciones y mantención, se estará a lo dispuesto en los artículos 9 y siguientes de esta Ley, en cuanto sea pertinente.

ARTÍCULO 298.- Facultades especiales del árbitro. El árbitro tendrá las siguientes facultades especiales:

1) Podrá admitir, además de los medios probatorios establecidos en el Código de Procedimiento Civil, cualquier otra clase de prueba y decretar de oficio las diligencias probatorias que estime conveniente, con citación de las partes. Tendrá, además, en todo momento, acceso a los libros, documentos y medios de cualquier clase en los cuales estén contenidas las operaciones, actos y contratos del deudor, y

2) Apreciará la prueba de acuerdo con las normas de la sana crítica y deberán consignar en la respectiva resolución los fundamentos de dicha apreciación.

VIII. DE LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA

Título 1. De las disposiciones generales

ARTÍCULO 299.- Finalidad. La finalidad del presente Título es establecer mecanismos eficaces para la resolución de los casos de insolvencia transfronteriza con miras a promover el logro de los objetivos siguientes:

a) La cooperación entre los tribunales y demás organismos involucrados en los Procedimientos Concursales de Chile y de los Estados extranjeros que hayan de intervenir en casos de insolvencia transfronteriza;

b) Una mayor seguridad jurídica para el comercio y las inversiones;

c) Una administración equitativa y eficiente de las insolvencias transfronterizas, que proteja los intereses de todos los acreedores, nacionales o extranjeros, y de las demás partes interesadas, incluido el deudor;

d) La protección de los bienes del deudor, y la optimización de su valor, y

e) Facilitar la reorganización de empresas en dificultades financieras, a fin de proteger el capital invertido y de preservar el empleo.

ARTÍCULO 300.- Ámbito de aplicación. El presente Título será aplicable a los casos en que:

a) Un tribunal extranjero o un representante extranjero solicite asistencia a los tribunales competentes, administradores concursales y demás organismos involucrados en los Procedimientos Concursales con arreglo a esta Ley u otras normas especiales relativas a la insolvencia en relación con un procedimiento extranjero;

b) Se solicite asistencia en un Estado extranjero en relación con un procedimiento concursal que se esté tramitando con arreglo a esta Ley o con arreglo a otras normas especiales relativas a la insolvencia;

c) Se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo deudor un procedimiento concursal extranjero y un Procedimiento Concursal en Chile con arreglo a esta Ley u otras normas especiales relativas a la insolvencia, o

d) Los acreedores u otras personas interesadas, que estén en un Estado extranjero, tengan interés en solicitar la apertura de un procedimiento concursal o en participar en un procedimiento concursal que se esté tramitando con arreglo a esta Ley u otras normas especiales relativas a la insolvencia.

ARTÍCULO 301.- Definiciones. Para los fines de este Título, se entenderá:

a) Por "procedimiento extranjero", el procedimiento colectivo, ya sea judicial o administrativo, incluido el de índole provisional, que se tramite en un Estado extranjero con arreglo a una ley relativa a la insolvencia y en virtud del cual los bienes y negocios del deudor queden sujetos al control o a la supervisión del tribunal o representante extranjero, a los efectos de su reorganización o liquidación;

b) Por "procedimiento extranjero principal", el procedimiento extranjero que se tramite en el Estado donde el deudor tenga su domicilio, entendiendo por tal el centro de sus principales intereses;

c) Por "procedimiento extranjero no principal", un procedimiento extranjero, que no sea un procedimiento extranjero principal, que se tramite en un Estado donde el deudor tenga un establecimiento en el sentido de la letra f) del presente artículo;

d) Por "representante extranjero", la persona o el órgano, incluso el designado a título provisional, que haya sido facultado en un procedimiento extranjero para administrar la reorganización o la liquidación de los bienes o negocios del deudor o para actuar como representante del procedimiento extranjero,

e) Por "tribunal extranjero", la autoridad judicial o de otra índole que sea competente a los efectos del control, tramitación o supervisión de un procedimiento concursal extranjero;

f) Por "establecimiento", todo lugar de operaciones en que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes o servicios;

g) Por “administradores concursales”, el Liquidador, el Veedor y el administrador de la continuación de las actividades económicas del deudor que participen en Procedimientos Concursales de acuerdo a esta Ley, y

h) Por “tribunal competente”, el tribunal que le hubiere correspondido o que le correspondiera conocer de un Procedimiento Concursal con arreglo a esta Ley.

ARTÍCULO 302.- Obligaciones internacionales del Estado. En caso de conflicto entre este Título y una obligación del Estado de Chile nacida de un tratado u otra forma de acuerdo en el que Chile sea parte con uno o más Estados donde se estén tramitando los procedimientos extranjeros, prevalecerán las disposiciones de ese tratado o acuerdo.

ARTÍCULO 303.- Tribunal o autoridad competente. Las funciones a las que se refiere el presente Título relativas al reconocimiento de procedimientos concursales extranjeros serán ejercidas por los tribunales ordinarios de justicia, los tribunales arbitrales cuando les correspondiere intervenir y por la Superintendencia Concursal, y en materia de cooperación con tribunales extranjeros será ejercida además por los administradores concursales cuando así les fuere requerido por la Superintendencia.

ARTÍCULO 304.- Autorización para actuar en un Estado extranjero. La Superintendencia será el órgano legitimado para actuar en un Estado extranjero en representación de un procedimiento abierto en Chile con arreglo a esta Ley o a toda otra norma especial relativa a la insolvencia, en la medida en que lo permita la ley extranjera aplicable.

La Superintendencia podrá delegar esta autorización para actuar en el administrador concursal que esté conociendo del procedimiento. La responsabilidad civil y administrativa en la que pudieren incurrir en el ejercicio de sus funciones en un procedimiento extranjero se hará valer de acuerdo a los términos establecidos en esta Ley.

ARTÍCULO 305.- Excepción de orden público. Lo dispuesto en el presente Título no impedirá que el tribunal competente y la Superintendencia se nieguen a adoptar una medida específica dictada por un tribunal extranjero manifiestamente contraria al orden público de Chile.

ARTÍCULO 306.- Asistencia adicional en virtud de alguna otra norma. Nada de lo dispuesto en el presente Título limitará las facultades que pueda tener el tribunal competente, la Superintendencia y, los administradores concursales para prestar asistencia adicional al representante extranjero con arreglo a alguna otra norma chilena.

ARTÍCULO 307.- Interpretación. En la interpretación del presente Título habrá de tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe.

Título 2. Del acceso de los representantes y acreedores extranjeros a los tribunales del Estado

ARTÍCULO 308.- Derecho de acceso directo. Todo representante extranjero facultado en el país donde se lleve el procedimiento de insolvencia y reconocido como tal por las autoridades chilenas competentes, estará legitimado para comparecer directamente ante un tribunal del Estado Chile.

ARTÍCULO 309.- Jurisdicción limitada. El sólo hecho de la presentación de una solicitud, con arreglo al presente Título, ante un tribunal competente por un representante extranjero no supone la sumisión de éste ni de los bienes y negocios del deudor en el extranjero, a la jurisdicción de los tribunales competentes para efecto alguno que sea distinto de la solicitud.

ARTÍCULO 310.- Solicitud del representante extranjero de que se abra un procedimiento con arreglo a esta Ley. Todo representante extranjero estará facultado para solicitar la apertura de un procedimiento con arreglo a esta ley si se cumplen las condiciones establecidas en ésta para la apertura de ese procedimiento.

ARTÍCULO 311.- Participación de un representante extranjero en un procedimiento abierto con arreglo a esta Ley. A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, el representante extranjero estará facultado para participar en todo procedimiento que se haya abierto respecto del deudor con arreglo a esta Ley.

ARTÍCULO 312.- Acceso de los acreedores extranjeros a un procedimiento seguido con arreglo a esta Ley. Los acreedores extranjeros gozarán de los mismos derechos que los acreedores nacionales respecto de la apertura de un Procedimiento Concursal y de la participación en él con arreglo a esta Ley.

Los acreedores extranjeros se sujetarán al orden de prelación de los créditos contenidos en el Título XLI, del Libro IV del Código Civil, en todos los Procedimientos Concursales abiertos con arreglo a la presente Ley.

ARTÍCULO 313.- Notificación a los acreedores en el extranjero con arreglo a esta Ley. Todas las notificaciones que deban practicarse conforme a este Título serán efectuadas en la forma y los plazos establecidos en esta Ley, salvo que el tribunal competente considere que alguna otra forma de notificación sea más adecuada de acuerdo a las circunstancias del caso.

Título 3. Del reconocimiento de un procedimiento extranjero y medidas que se pueden adoptar

ARTÍCULO 314.- Solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero.

1) El representante extranjero podrá solicitar ante el tribunal competente el reconocimiento del procedimiento extranjero en el que haya sido nombrado.

2) Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de:

a) Un copia autorizada de la resolución por la que se declare abierto el procedimiento extranjero y se nombre el representante extranjero; o

b) Un certificado expedido por el tribunal extranjero en el que se acredite la existencia del procedimiento extranjero y el nombramiento del representante extranjero; o

c) En ausencia de una prueba conforme a las letras a) y b), acompañada de cualquier otra prueba admisible por el tribunal competente de la existencia del procedimiento extranjero y del nombramiento del representante extranjero.

3) Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de una declaración en la que se indiquen debidamente los datos de todos los procedimientos extranjeros abiertos respecto del deudor de los que tenga conocimiento el representante extranjero.

El tribunal competente podrá exigir que todo documento presentado en apoyo de una solicitud de reconocimiento sea traducido al español.

Las resoluciones extranjeras a que se refiere el presente Título deberán acompañarse legalizadas de acuerdo al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, para su validez legal en Chile, como asimismo, las comunicaciones que realicen los distintos tribunales intervinientes en un proceso de insolvencia transfronteriza no deberán sujetarse a las normas de los exhortos internacionales, bastando la certificación que se haga en el proceso por el Secretario del tribunal competente, del hecho de la comunicación y su contenido.

Igualmente se deberá expresar el domicilio del deudor en Chile para que se le emplace con la solicitud de reconocimiento del procedimiento extranjero.

El procedimiento se tramitará como incidente entre el representante extranjero y el deudor, con intervención, según sea el caso de los Administradores Concursales. En caso que el procedimiento en Chile se haya iniciado con anterioridad, se debe dar traslado a todos los intervinientes en él.

ARTÍCULO 315.- Presunciones relativas al reconocimiento.

1) Si la resolución o el certificado a que se hace referencia en el número 2 del artículo 314 indican que el procedimiento extranjero es un procedimiento en el sentido de la letra a) del artículo 301 y que el representante extranjero es una persona o un órgano en el sentido de la letra d) del artículo 301, el tribunal competente estará a lo señalado en el certificado o resolución acompañada.

2) Los documentos que sean presentados en apoyo de la solicitud de reconocimiento se entenderán auténticos si están legalizados con arreglo al artículo anterior.

3) Salvo prueba en contrario, se presumirá que el domicilio social del deudor o su residencia habitual, si se trata de una persona natural, es el centro de sus principales intereses.

ARTÍCULO 316.- Resolución de reconocimiento de un procedimiento extranjero.

1) Salvo lo dispuesto en el artículo 305, se otorgará reconocimiento a un procedimiento extranjero cuando:

a) El procedimiento extranjero sea un procedimiento en el sentido de la letra a) del artículo 301;

b) El representante extranjero que solicite el reconocimiento sea una persona o un órgano en el sentido de la letra d) del artículo 301;

c) La solicitud cumpla los requisitos del número 2, artículo 314, y

d) La solicitud haya sido presentada ante el tribunal competente conforme al artículo 303.

2) Se reconocerá el procedimiento extranjero:

a) Como procedimiento extranjero principal, si se está tramitando en el Estado donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses, o

b) Como procedimiento no principal, si el deudor tiene en el territorio del Estado del foro extranjero un establecimiento en el sentido de la letra f) del artículo 301.

3) Se dictará a la mayor brevedad posible la resolución relativa al reconocimiento de un procedimiento extranjero.

4) Lo dispuesto en el presente artículo y en los artículos 314, 315 y 317 no impedirá que se modifique o revoque el reconocimiento en caso de demostrarse la ausencia parcial o total de los motivos por los que se otorgó, o que esos motivos han dejado de existir.

ARTÍCULO 317.- Información subsiguiente. A partir del momento en que se presente la solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero, el representante extranjero informará sin demora al tribunal competente de:

a) Todo cambio importante en la situación del procedimiento extranjero reconocido o en el nombramiento del representante extranjero, y

b) Todo otro procedimiento extranjero que se siga respecto del mismo deudor y del que tenga conocimiento el representante extranjero.

ARTÍCULO 318.- Medidas que se pueden adoptar a partir de la solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero.

1) Desde la presentación de una solicitud de reconocimiento hasta que se resuelva dicha solicitud, el tribunal competente podrá, a instancia del representante extranjero y cuando las medidas sean necesarias y urgentes para proteger los bienes del deudor o los intereses de los acreedores, otorgar medidas provisionales, incluidas las siguientes:

a) Suspender toda medida de ejecución individual contra los bienes del deudor;

b) Encomendar al representante extranjero, o a alguna otra persona designado por el tribunal competente, la administración o la realización de todos o de parte de los bienes del deudor que se encuentren en el territorio del Estado de Chile, para proteger y preservar el valor de aquellos que, por su naturaleza o por circunstancias concurrentes, sean perecederos, expuestos a devaluación, o estén amenazados por cualquier otra causa, y

c) Aplicar cualquiera de las medidas previstas en las letras c, d y del número 1 del artículo 320.

2) Para los efectos del presente artículo será aplicable lo dispuesto en el artículo 313 anterior.

3) A menos que se prorroguen con arreglo a lo previsto en la letra f) del número 1 del artículo 320, las medidas adoptadas con arreglo al presente artículo quedarán sin efecto cuando se dicte una resolución sobre la solicitud de reconocimiento.

4) El tribunal competente podrá denegar toda medida prevista en el presente artículo cuando esa medida afecte al desarrollo de un procedimiento extranjero principal.

ARTÍCULO 319.- Efectos del reconocimiento de un procedimiento extranjero principal.

1) A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero que sea un procedimiento principal, y durante el período en que se tramite el referido procedimiento:

a) Se suspenderá el inicio o la continuación de todas las acciones o procedimientos individuales que se tramiten respecto de los bienes, derechos, obligaciones o responsabilidades del deudor.

b) Se suspenderá asimismo toda medida de ejecución contra los bienes del deudor, y

c) Se suspenderá todo derecho a transmitir o gravar los bienes del deudor, así como a disponer de algún otro modo de esos bienes.

2) El alcance, la modificación y la extinción de los efectos de suspensión tratados en el presente artículo estarán supeditados a lo establecido en la presente Ley.

3) La letra a) del número 1 del presente artículo no afectará al derecho de iniciar acciones o procedimientos individuales en la medida en que ello sea necesario para preservar un crédito contra el deudor.

4) Lo dispuesto en el número 1 del presente artículo no afectará el derecho a solicitar la apertura de un Procedimiento Concursal con arreglo a esta Ley o a verificar créditos en el procedimiento respectivo.

ARTÍCULO 320.- Medidas que se pueden adoptar a partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero.

1) Desde el reconocimiento de un procedimiento extranjero, ya sea principal o no principal, de ser necesario para proteger los bienes del deudor o los intereses de los acreedores, el tribunal competente podrá, a instancia del representante extranjero, dictaminar las medidas que procedan, incluidas las siguientes:

a) Suspender la iniciación o la continuación de acciones, ejecuciones o procedimientos individuales relativos a los bienes, derechos, obligaciones o responsabilidades del deudor, en cuanto no se hayan paralizado con arreglo a la letra a) del número 1 del artículo 319;

b)Suspender asimismo toda medida de ejecución contra los bienes del deudor, en cuanto no se haya paralizado con arreglo a la letra b) del número 1 artículo 319;

c) Suspender el ejercicio del derecho a transmitir o gravar los bienes del deudor, así como a disponer de esos bienes de algún otro modo, en cuanto no se haya suspendido ese derecho con arreglo a la letra c) del número 1 del artículo 319;

d) Disponer el examen de testigos, la presentación de pruebas o el suministro de información respecto de los bienes, negocios, derechos, obligaciones o responsabilidades del deudor;

e) Encomendar al representante extranjero o a alguna otra persona nombrada por el tribunal competente, la administración o la realización de todos o de parte de los bienes del deudor, que se encuentren en territorio chileno;

f) Prorrogar toda medida cautelar otorgada con arreglo al número 1 del artículo 318, y

g) Conceder cualquier otra medida que, conforme a esta Ley, sea otorgable al administrador concursal.

2) A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, principal o no principal, el tribunal competente podrá, a instancia del representante extranjero, encomendar al representante extranjero, a otra persona nombrado por el tribunal competente, la distribución de todos o de parte de los bienes del deudor que se encuentren en el territorio chileno, siempre que el tribunal competente se asegure de que los intereses de los acreedores en el Estado de Chile están suficientemente protegidos.

3) Al adoptar medidas con arreglo a este artículo a favor del representante de un procedimiento extranjero no principal, el tribunal competente deberá asegurarse de esas las medidas atañen a bienes que, con arreglo al derecho chileno, hayan de ser administrados en el marco del procedimiento extranjero no principal o que atañen a información requerida en ese procedimiento extranjero no principal.

ARTÍCULO 321.- Protección de los acreedores y de otras personas interesadas.

1) Al conceder o denegar una medida con arreglo a los artículos 318 o 320 o al modificarla o dejarla sin efecto con arreglo al número 3 del presente artículo, el tribunal competente deberá asegurarse de que quedan debidamente protegidos los intereses de los acreedores y de otras personas interesadas, incluido el deudor.

2) El tribunal competente podrá supeditar toda medida otorgada con arreglo a los artículos 318 o 320 a las condiciones que juzgue convenientes.

A instancia del representante extranjero o de toda persona afectada por alguna medida otorgada con arreglo a los artículos 318 o 320, o de oficio, el tribunal competente podrá modificar o dejar sin efecto la medida impugnada.

ARTÍCULO 322.- Acciones de impugnación de actos perjudiciales para los acreedores.

1) A partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero, el representante extranjero estará legitimado para entablar las acciones revocatorias concursales con arreglo a esta Ley, cuando correspondiere.

2) Cuando el procedimiento extranjero sea un procedimiento extranjero no principal, el tribunal competente deberá asegurarse de que la acción afecta a bienes que, con arreglo al derecho chileno, deban ser administrados en el marco del procedimiento extranjero no principal.

ARTÍCULO 323.- Intervención de un representante extranjero en procedimientos que se tramiten en el Estado de Chile. Desde el reconocimiento de un procedimiento extranjero, el representante extranjero podrá intervenir, conforme a las condiciones prescritas por esta Ley, en todo procedimiento en el que el deudor sea parte.

Título 4: De la cooperación con tribunales y representantes extranjeros

ARTÍCULO 324.- Cooperación y comunicación directa entre un tribunal chileno y los tribunales o representantes extranjeros.

1) En los asuntos indicados en el artículo 300, el tribunal competente deberá cooperar en la medida de lo posible con los tribunales extranjeros o los representantes extranjeros, ya sea directamente o por conducto de los administradores concursales.

2) El tribunal competente estará facultado para ponerse en comunicación directa con los tribunales o representantes extranjeros o para recabar información o asistencia directa de los mismos.

ARTÍCULO 325.- Cooperación y comunicación directa entre los administradores concursales y los representantes extranjeros.

1) En los asuntos indicados en el artículo 300, el administrador concursal, deberá cooperar en la medida de lo posible con los tribunales extranjeros o los representantes extranjeros ya sea directa o indirectamente.

2) El tribunal competente estará facultado para ponerse en comunicación directa con los tribunales o los representantes extranjeros para recabar información directa de ellos.

ARTÍCULO 326.- Formas de cooperación. La cooperación de la que se trata en los artículos 324 y 325 podrá ser puesta en práctica por cualquier medio apropiado, y en particular, mediante:

a) El nombramiento de una persona o de un órgano para que actúe bajo dirección o supervisión del tribunal competente;

b) La comunicación de información por cualquier medio que el tribunal competente considere oportuno;

c) La coordinación de la administración y supervisión de los bienes y negocios del deudor;

d) La aprobación o la aplicación por los tribunales competentes de los acuerdos relativos a la coordinación de los procedimientos, y

e) La coordinación de los procedimientos que se estén tramitando simultáneamente respecto de un mismo deudor.

Título 5. De los procedimientos paralelos

ARTÍCULO 327.- Apertura de un Procedimiento Concursal con arreglo a esta Ley tras el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal. Desde el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal, sólo se podrá iniciar un Procedimiento Concursal con arreglo a esta Ley, cuando el deudor tenga bienes en el Estado de Chile y los efectos de este Procedimiento Concursal se limitarán a los bienes del deudor que se encuentren en territorio nacional, y, en la medida requerida para la puesta en práctica de la cooperación y coordinación previstas en los artículos 324, 325 e 326, a otros bienes del deudor que, con arreglo a esta Ley, deban ser administrados en este procedimiento.

ARTÍCULO 328.- Coordinación de un Procedimiento Concursal seguido con arreglo a esta Ley y un procedimiento extranjero. Cuando se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo deudor un procedimiento extranjero y un Procedimiento Concursal con arreglo a esta Ley, el tribunal procurará colaborar y coordinar sus actuaciones con las del otro procedimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 324, 325 y 326 en los términos siguientes:

a) Cuando el Procedimiento Concursal tramitado en el Estado de Chile esté en curso en el momento de presentarse la solicitud de reconocimiento del procedimiento extranjero:

i. Toda medida otorgada con arreglo a los artículos 318 o 320 deberá ser compatible con el Procedimiento Concursal tramitado en el Estado de Chile, y

ii. De reconocerse el procedimiento extranjero en Chile como procedimiento extranjero principal, el artículo 319 no será aplicable;

b) Cuando el Procedimiento Concursal tramitado en el Estado de Chile se inicie tras el reconocimiento, o una vez presentada la solicitud de reconocimiento, del procedimiento extranjero:

i. Toda medida que estuviere en vigor con arreglo a los artículos 318 o 320 será reexaminada por el tribunal competente y modificada o revocada en caso de ser incompatible con el Procedimiento Concursal en Chile;

ii. De haberse reconocido el procedimiento extranjero como procedimiento extranjero principal, la suspensión de que se trata en el número 1 del artículo 318 será modificada o revocada con arreglo a los número 2 del artículo 318, en caso de ser incompatible con el Procedimiento Concursal iniciado en el Estado de Chile, y

iii. Al conceder, prorrogar o modificar una medida otorgada a un representante de un procedimiento extranjero no principal, el tribunal competente deberá asegurarse de que esa medida afecta a bienes que, con arreglo a esta Ley, deban ser administrados en el procedimiento extranjero no principal o concierne a información necesaria para ese procedimiento.

ARTÍCULO 329.- Coordinación de varios procedimientos extranjeros. En los casos contemplados en el artículo 300, cuando se tramite más de un procedimiento extranjero respecto de un mismo deudor, el tribunal competente procurará que haya cooperación y coordinación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 324, 325 e 326, y serán aplicables las siguientes reglas:

a) Toda medida otorgada con arreglo a los artículos 318 o 320 a un representante de un procedimiento extranjero no principal, una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, deberá ser compatible con este último;

b) Cuando un procedimiento extranjero principal sea reconocido tras el reconocimiento o una vez presentada la solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero no principal, toda medida que estuviera en vigor con arreglo a los artículos 318 o 320 deberá ser reexaminada por el tribunal competente y modificada o dejada sin efecto caso de ser incompatible con el procedimiento extranjero principal, y

c) Cuando una vez reconocido un procedimiento extranjero no principal, se otorgue reconocimiento a otro procedimiento extranjero no principal, el tribunal competente deberá conceder, modificar o dejar sin efecto toda medida que proceda para facilitar la coordinación de los procedimientos.

ARTÍCULO 330.- Regla de pago para procedimientos paralelos. Sin perjuicio de los titulares de créditos garantizados o de derechos reales, un acreedor que haya percibido un pago parcial respecto de su crédito en un procedimiento tramitado en un Estado extranjero con arreglo a una norma relativa a la insolvencia no podrá percibir un nuevo pago por ese mismo crédito en un Procedimiento Concursal que se tramite con arreglo a esta Ley respecto de ese mismo deudor, en tanto que el pago percibido por los demás acreedores de la misma categoría sea proporcionalmente inferior a la suma ya percibida por el acreedor.

IX. DE LA SUPERINTENDENCIA CONCURSAL

ARTÍCULO 331.- Naturaleza Jurídica. Créase una persona jurídica denominada Superintendencia Concursal, como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en adelante la Superintendencia.

La Superintendencia será una institución autónoma, de duración indefinida, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se regirá por esta Ley.

Su domicilio es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las direcciones regionales que pueda establecer el Superintendente en distintas ciudades del país.

La Superintendencia tendrá para todos los efectos legales el carácter de institución fiscalizadora, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley Nº 3.551 de 1981, y su legislación complementaria, y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.

ARTÍCULO 332.- Funciones. Corresponderá a la Superintendencia supervigilar y fiscalizar las actuaciones de los Veedores, Liquidadores, administrador de la continuación de las actividades económicas del deudor y asesores económicos de insolvencia.

Le corresponderá también supervigilar y fiscalizar a los Martilleros que se sometan voluntariamente al control de la Superintendencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 213 de esta Ley y, en general, a toda persona que por ley quede sujeta a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia.

Asimismo le corresponderá desempeñar las funciones que esta Ley le encomienda en el Capítulo V, así como las demás que se establezcan en otras leyes.

ARTÍCULO 333.- Patrimonio. El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por los bienes inmuebles y muebles que adquiera a cualquier título y, en especial, por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la ley de presupuestos de la Nación;

b) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios;

c) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

d) Los recursos que le entreguen otras leyes generales o especiales.

La Superintendencia estará sometida al decreto ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado y a sus disposiciones complementarias.

ARTÍCULO 334.- Superintendente. Un funcionario, con el título de Superintendente Concursal, es el Jefe Superior de la Superintendencia y su representante legal. Tendrá a su cargo el cumplimiento de las funciones y atribuciones que la ley le encomienda y las que correspondan a este organismo.

El Superintendente Concursal será nombrado por el Presidente de la República de conformidad con las normas del Sistema de Alta Dirección Pública de la ley 19.882.

El Superintendente Concursal será subrogado por el Jefe del Departamento de Fiscalización y, a falta de éste, por el Jefe del Departamento Jurídico.

El Superintendente Concursal podrá delegar parte de sus funciones y atribuciones en funcionarios de su dependencia.

ARTÍCULO 335.- Departamentos. El Superintendente determinará mediante resolución, los niveles internos que ejercerán las funciones que la ley encomienda a la Superintendencia, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

ARTÍCULO 336.- Régimen Estatutario. El personal de la Superintendencia se regirá por la presente Ley y supletoriamente por el D.F.L. N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, en todo lo que no sea contrario a ésta.

El personal que cumpla funciones profesionales y fiscalizadoras quedará afecto a la letra e) del artículo 162 del señalado Estatuto Administrativo.

Sin perjuicio de las causales previstas en el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal, tanto de carrera como a contrata, se podrá declarar la vacancia del cargo o el término del contrato en su caso, por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recepcionarán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado sobre Estatuto Administrativo.

ARTÍCULO 337.- Atribuciones y Deberes. Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

1) Fiscalizar las actuaciones de los Liquidadores, Veedores, Martilleros que se sometan voluntariamente al control de la Superintendencia en virtud de lo dispuesto en esta Ley, administrador de la continuación de las actividades económicas y asesores económicos de insolvencia, en adelante en conjunto como los “entes fiscalizados” o los “fiscalizados” en todos los Procedimientos Concursales y asesorías económicas de insolvencias, en todos los aspectos de su gestión, sean técnicos, jurídicos o financieros.

La facultad de fiscalizar comprende la de interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a los fiscalizados, sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales que corresponden a los tribunales competentes;

2) Examinar, cuando lo estime necesario, los libros, cuentas, archivos, documentos, contabilidad y bienes relativos a Procedimientos Concursales o asesorías económicas de insolvencias. La no exhibición o entrega de lo señalado en este inciso por parte del ente fiscalizado a la Superintendencia para su examen, se considerará falta grave para los efectos del número 6 de éste artículo.

Toda la documentación de los Procedimientos Concursales, del deudor, y los que se generen en el desarrollo de asesorías económicas de insolvencia, deberán ser conservadas por el ente fiscalizado hasta por un año después de encontrarse aprobada la Cuenta Final de Administración, o de entregado el expediente de asesoría económica de insolvencias si no hubiese tenido reparos.

El Superintendente Concursal podrá autorizar la eliminación de parte de este archivo antes de ese plazo y exigir que determinados documentos o libros se guarden por plazos mayores. Podrá, asimismo, facultar a los entes fiscalizados para conservar reproducciones mecánicas, fotográficas o digitales de esta documentación en reemplazo de los originales.

En ningún caso, podrán destruirse los libros o instrumentos que digan relación directa o indirecta con algún asunto o litigio pendiente.

El Superintendente podrá autorizar a los entes fiscalizados para devolver al deudor parte de sus libros y papeles antes del plazo señalado en el inciso segundo de este numeral. Lo dispuesto en este numeral, se entiende sin perjuicio de lo que disponga el tribunal competente;

3) Impartir a los Veedores, Liquidadores, administradores de la continuación de las actividades económicas, Martilleros que se sometan voluntariamente al control de la Superintendencia y asesores económicos de insolvencias, instrucciones de carácter obligatorio sobre las materias sometidas a su control y, en especial, fijar normas para la presentación de informes, estados de avance y cuentas provisorias o definitivas que deban presentar los fiscalizados;

4) Objetar las Cuentas Finales de Administración en conformidad a lo dispuesto en el Párrafo 2 del Título 3 del Capítulo II de esta Ley.

Asimismo, podrá actuar como parte en este procedimiento, cuando la objeción fuere promovida por los acreedores o el deudor;

5) Actuar como parte interviniente si lo estimare necesario, en los procesos criminales respecto de los delitos que cometiere el Veedor, Liquidador y demás entes fiscalizados, interponiendo la querella respectiva ante el Juez de Garantía Competente. Asimismo, denunciará ante el Ministerio Público, cualquier hecho que revista carácter de delito del que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones, proveyendo los antecedentes que obren en su poder.

6) Poner en conocimiento del tribunal de la causa o de la Junta de Acreedores cualquier infracción, falta o irregularidad que se observe en la conducta del ente fiscalizado, y proponer, si lo estima necesario, su remoción al juez de la causa o su revocación a la Junta de Acreedores, en el Procedimiento Concursal que se trate.

El tribunal a solicitud de la Superintendencia, conocerá de la petición de remoción a que se refiere el párrafo anterior, en la forma establecida para los incidentes, cuando los fiscalizados incurran;

a) En faltas reiteradas.

b) En faltas graves.

c) En el incumplimiento del pago de las multas señaladas en esta Ley.

d) En irregularidades en relación con su desempeño o si se encuentran en notoria insolvencia.

Se entenderá que se incurre en faltas reiteradas cuando dentro un mismo Procedimiento Concursal se incurra en dos o más faltas, sin consideración de su gravedad, habiendo sido sancionadas previamente en ambas. Asimismo se considerará que se incurre en falta reiterada cuando respecto de un mismo ente fiscalizado, se han aplicado en uno o en distintos Procedimientos Concursales seis o más sanciones en el plazo de tres años, sin consideración de su gravedad, siendo este último caso considerado una falta gravísima.

El tribunal, de oficio o a petición del Superintendente, suspenderá al ente fiscalizado mientras se tramita el incidente de remoción, cuando estime que se ha afectado o se puede afectar la adecuada administración del concurso o considere que hay presunciones graves de la existencia de las causales invocadas para la remoción.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier estado del Procedimiento Concursal, el juez de oficio podrá suspender al Veedor o Liquidador de sus funciones en él, cuando considere que los antecedentes lo ameritan.

Podrán intervenir como coadyuvantes el deudor y los acreedores individualmente.

Una vez a firme la remoción la Superintendencia podrá excluir al Veedor o Liquidador de la Nómina respectiva;

7) Informar a los tribunales de justicia y al Ministerio Público, cuando sea requerido por éstos o le soliciten informes periciales, en materias de su competencia;

8) Llevar los registros de Procedimientos Concursales, continuaciones de actividades económicas y asesorías económicas de insolvencias, los que tendrán carácter público, y extender las certificaciones y copias que procedan;

9) Asesorar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en materias de su competencia y proponer las reformas legales y reglamentarias que sea aconsejable introducir;

10) Recibir, dentro del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, las denuncias que los acreedores, el deudor, asesorado o terceros interesados formulen en contra del desempeño del ente fiscalizado, y

11) Llevar las nóminas de Veedores, Liquidadores, árbitros, martilleros, administradores de la continuación de las actividades económicas y asesores económicos de insolvencia en la forma que las leyes le ordenen y verificar el cumplimiento de los requisitos para que los referidos entes sujetos a su fiscalización se mantengan en las respectivas nóminas;

12) Desempeñar las demás funciones que le encomienden las leyes.

Para el cumplimiento de las funciones fiscalizadoras señaladas en este artículo, la Superintendencia tendrá las mismas facultades que el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil otorga a los funcionarios que señala, pudiendo retirar los expedientes judiciales sin más formalidad que las prescritas para los receptores.

ARTÍCULO 338.- Infracciones. Los entes fiscalizados que incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con Procedimientos Concursales o incumplieren las instrucciones, órdenes y normas que les imparta la Superintendencia, podrán ser objeto de censura por escrito, multa a beneficio fiscal de 1 hasta 1000 Unidades Tributarias Mensuales, suspensión hasta por seis meses para asumir en un nuevo Procedimiento Concursal o asesoría económica de insolvencia o la exclusión de la Nómina respectiva, y sin perjuicio de otras sanciones contenidas en esta Ley o en leyes especiales.

Para los efectos de la aplicación de las sanciones a que se refiere el inciso anterior, las infracciones administrativas se clasificarán como leves, graves y gravísimas, tal como se señala para las conductas descritas a continuación:

1) Leves:

a) El incumplimiento de plazos contenidos en instructivos o en instrucciones específicas de la Superintendencia.

b) La infracción a las demás obligaciones previstas en las normas de carácter general que haya dictado la Superintendencia y que no se consideren infracciones graves o gravísimas.

c) Incumplimiento de leyes, instructivos, circulares o instrucciones particulares emanadas de la Superintendencia, que no ocasionen perjuicio económico directo a la masa, al deudor o a terceros que tengan interés en el Procedimiento Concursal respectivo.

2) Graves: Incumplimiento de leyes, instructivos o circulares, que ocasionen perjuicio económico a la masa, al deudor o a terceros que tengan interés en el Procedimiento Concursal respectivo.

3) Gravísimas: Incumplimiento de leyes, debidamente representado por medio de instrucciones específicas de la Superintendencia y que ocasionen perjuicio económico a la masa, al deudor o a terceros que tengan interés en el Procedimiento Concursal respectivo.

La Superintendencia podrá determinar la gravedad de las infracciones administrativas no contenidas en los números precedentes.

Si la Superintendencia representa al ente fiscalizado, a través de un oficio de fiscalización, cualquier infracción, falta o irregularidad en su desempeño, el fiscalizado deberá acreditar la forma en que ha dado cumplimiento a sus obligaciones en conformidad a las leyes, reglamentos e instrucciones que le rigen. Cuando la Superintendencia denuncie al tribunal competente las infracciones, faltas o irregularidades referidas precedentemente se aplicará lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil.

ARTÍCULO 339.- Sanciones. Las infracciones calificadas en el artículo anterior serán sancionadas conforme a la escala siguiente:

a) Las infracciones leves serán sancionadas con censura por escrito o multa a beneficio fiscal de 1 a 50 Unidades Tributarias Mensuales.

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de 51 hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales o suspensión hasta por seis meses para asumir en un nuevo Procedimiento Concursal.

c) Las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de 101 hasta 1000 Unidades Tributarias Mensuales, suspensión hasta por seis meses para asumir en un nuevo Procedimiento Concursal o asesoría económica de insolvencia, o la exclusión de la respectiva Nómina.

La multa específica se determinará apreciando fundadamente la gravedad de la infracción y el perjuicio causado a la masa, al deudor o a terceros que tengan interés en el Procedimiento Concursal respectivo.

ARTÍCULO 340.- Procedimiento. Las sanciones serán impuestas por resolución del Superintendente, de conformidad a lo dispuesto en esta ley.

Toda sanción aplicada por la Superintendencia deberá fundarse en un procedimiento que se iniciará con la formulación precisa de las infracciones y su notificación al ente fiscalizado infractor para que presente sus descargos. El plazo conferido para presentar los descargos no podrá ser inferior a diez días.

La Superintendencia dará lugar a las medidas probatorias que solicite el infractor en sus descargos, o las rechazará fundadamente.

La resolución que se dicte en definitiva deberá pronunciarse sobre las alegaciones y defensas del infractor y contendrá la declaración de la sanción impuesta si correspondiente. El pronunciamiento anterior se hará dentro de los treinta días de evacuada la última diligencia ordenada en el expediente.

El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será a beneficio fiscal y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución respectiva.

El pago de toda multa aplicada de conformidad a este Título deberá ser acreditado ante la Superintendencia, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta debió ser pagada.

La resolución que aplique la multa tiene mérito ejecutivo para su cobro. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley en relación a la ejecución de la boleta de garantía por incumplimiento del pago de multa administrativa.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia en conformidad a la ley, devengará los reajustes e intereses establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Declarada judicialmente la improcedencia total o parcial de la multa, la Superintendencia o el órgano jurisdiccional respectivo, según corresponda, deberá ordenar su devolución por la Tesorería General de la República, debidamente reajustada en la forma que señalan los artículos 57 y 58 del Código Tributario

ARTÍCULO 341.- Recursos. Contra las resoluciones de la Superintendencia que apliquen sanciones, se podrá interponer un recurso de reposición administrativo, en el plazo de cinco días hábiles contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución. La Superintendencia dispondrá de diez días hábiles para resolver.

Los entes fiscalizados podrán reclamar contra la resolución de la Superintendencia que rechace la reposición, dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante.

Las resoluciones que impongan sanciones serán siempre reclamables y no serán exigibles mientras no esté vencido el plazo para interponer la reclamación, o ésta no haya sido resuelta.

La Corte de Apelaciones dará traslado de la reclamación a la Superintendencia, que se notificará por carta certificada, y ésta dispondrá del plazo de diez días hábiles contado desde que se notifique la reclamación interpuesta, para formular observaciones.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte dictará sentencia en término de treinta días sin ulterior recurso. En caso de no acogerse el reclamo, el monto de la consignación se entenderá abonado al pago de la multa y, en caso de acogerse, regirá lo dispuesto en el inciso final del artículo anterior.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno.

ARTÍCULO 342.- Prescripción. Las infracciones que pudieren cometer los entes fiscalizados en el ejercicio de sus funciones prescribirán en el plazo de tres años contados desde la comisión del hecho constitutivo de infracción.

ARTÍCULO 343.- Notificaciones. Las notificaciones que practique la Superintendencia conforme a este capítulo, se efectuarán conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.880, sin perjuicio de las otras formas de notificación contenidas en esta Ley.

X. MODIFICACIÓN A OTRAS LEYES ESPECIALES

ARTÍCULO 344.- Derógase la ley N° 18.175.

ARTÍCULO 345.- Modifícase del Código Penal en el siguiente sentido:

1) Reemplázanse, en el inciso final del artículo 48, las expresiones “concurso o quiebra”, por las expresiones “un procedimiento concursal”.

2) Sustitúyese el nombre del Párrafo “7. De las defraudaciones” del Título IX del Libro Segundo por “7. De los Delitos Concursales y de las defraudaciones”.

3) Incorpóranse los siguientes artículos 463, 463 A, 463 B, 463 C, 464, 464 A, 645 y 465 A, nuevos:

“Artículo 463: El deudor que en perjuicio de sus acreedores, dentro de los dos años anteriores a la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación a que se refiere el capítulo IV de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, ejecutare cualquier acto real o simulado, que disminuya su activo o aumente su pasivo, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo.

Artículo 463 A: Las mismas penas establecidas en el artículo precedente se impondrán al deudor que en perjuicio de sus acreedores realizare alguna de las siguientes conductas:

1° Si dentro de los dos años anteriores a la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de reorganización a que se refiere el capítulo III de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, o de liquidación, respectivamente, o durante el procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, ocultare total o parcialmente sus bienes o sus haberes;

2° Si después de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, hubiere percibido y aplicado a sus propios usos o de terceros, bienes que deban ser objeto del procedimiento concursal de liquidación, y

3° Si después de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, realizare actos de disposición de bienes de su patrimonio, reales o simulados o si constituyere prenda, hipoteca u otro gravamen sobre los mismos.

Artículo 463 B: El deudor que en perjuicio de sus acreedores, fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurriere en alguna de las siguientes conductas, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo:

1º Si durante el procedimiento concursal de reorganización, aplicare a usos propios o ajenos bienes que deben destinarse al pago de los acreedores;

2° Si dentro de los dos años anteriores a la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, o durante el procedimiento concursal de reorganización o liquidación, comprometiere en sus propios negocios bienes o valores que hubiere recibido en depósito, comisión o administración o en el desempeño de un cargo de confianza;

3° Si durante el procedimiento concursal de reorganización o liquidación proporcionare información o antecedentes maliciosamente falsos o incompletos, en términos de que no reflejen la verdadera situación de su activo y su pasivo, al veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, respectivamente, o si los suministrare a sus acreedores con motivo de alguno de dichos procedimientos, y

4° Si no llevare o no conservare los libros de contabilidad y sus respaldos exigidos por la ley o si los ocultare, los inutilizare o falseare de tal suerte que no manifiesten la verdadera situación de su activo y pasivo.

Artículo 463 C: Los gerentes, directores, administradores de hecho o de derecho, factores o representantes del deudor respecto del cual se hubiere iniciado un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, serán castigados como autores de los delitos contemplados en los artículos 463, 463 A y 463 B anteriores, si en la dirección de los negocios del deudor y con conocimiento de la situación de éstos, hubieren ejecutado en perjuicio de sus acreedores, alguno de los actos o incurrido en alguna de las omisiones allí señaladas, o hayan inducido o forzado a otro a hacerlo, o cuando hubieren autorizado expresamente dichos actos u omisiones.

Artículo 464: Será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con la accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo, el veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de reorganización o liquidación, que realice individualmente o concertado con un deudor o con un tercero alguna de las siguientes conductas:

1° Si se apropiare de bienes del deudor que deban ser objeto de un procedimiento concursal de reorganización o liquidación, y

2° Si defraudare a los acreedores, alterando en sus cuentas los valores obtenidos en el procedimiento concursal de reorganización o liquidación, suponiendo gastos o exagerando los que hubiere hecho.

Artículo 464 A: El que fuera de los casos previstos en el artículo 463 C anterior, fuerce o induzca al deudor a realizar alguna de las conductas previstas en este Título o colabore con éste en la ejecución de las mismas, será castigado como autor del delito respectivo, salvo que el hecho constituya otro delito sancionado con una pena mayor.

La sentencia que condene las conductas señaladas en el inciso primero dispondrá además la pérdida de cualquier derecho que tenga el condenado en la masa de bienes del deudor sujeto a un procedimiento concursal de liquidación, la obligación de reintegrar los bienes, derechos y acciones que hubieren salido o no ingresado a la misma, en su caso. El pago de los perjuicios irrogados a la masa se regirá por las reglas generales en esta materia.

Si quien realizare alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior fuere el veedor o liquidador designado en los procedimientos de reorganización o liquidación, será sancionado con las penas que los artículos 463, 463 A y 463 B establecen para el deudor y con la accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo de veedor o liquidador, en su caso.

Artículo 465: La persecución penal sólo podrá iniciarse por denuncia formulada por el veedor o por el liquidador, o mediante querella deducida por cualquier acreedor que haya verificado su crédito si se tratare de un procedimiento concursal de liquidación, lo que se acreditará con copia autorizada del respectivo escrito y su proveído. En el caso de un procedimiento concursal de reorganización, podrá querellarse todo acreedor que figure en la nómina de créditos reconocidos establecido en el artículo 71 del capítulo III de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. Si no se hubiere presentado denuncia o no se ejercitare la acción penal, pero hubiere mérito para que se investiguen estos hechos, la Superintendencia Concursal los denunciará al Ministerio Público, acompañando los antecedentes que obraren en su poder.

Si se tratare de delitos que se imputan al liquidador o al veedor, podrá también iniciarse la persecución penal mediante denuncia o querella de la Superintendencia Concursal, conforme lo dispone el capítulo IX de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, entendiéndose que para estos efectos se cumple con la exigencia del inciso tercero del artículo 111 del Código Procesal Penal.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no obsta a la facultad del Ministerio Público para iniciar de oficio la investigación criminal.

Si procedieren acuerdos reparatorios de conformidad al artículo 241 y siguientes del Código Procesal Penal, el veedor o liquidador que intervenga en el procedimiento actuará en interés general de la masa.

En consecuencia, los términos de esos acuerdos deberán ser aprobados por la junta de acreedores respectiva y las prestaciones que deriven de ellos, beneficiarán a todos los acreedores, a prorrata de sus respectivos créditos, sin distinguir para ello la clase o categoría de los mismos.

Si el fiscal del Ministerio Público promoviere la suspensión condicional del procedimiento respecto del deudor y ello fuere procedente de conformidad al artículo 237 y siguientes del Código Procesal Penal, considerará especialmente el interés general de los acreedores, debiendo imponerse al menos en ese caso la condición establecida en la letra e) del artículo 238 del referido Código, prestación que deberá beneficiar a los acreedores a prorrata de sus respectivos créditos, sin distinguir para ello la clase o categoría de los mismos.

Artículo 465 A: Las disposiciones contenidas en los artículos anteriores del presente Párrafo sólo se aplicarán al deudor señalado en el número 11 del artículo 2 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. La Persona Deudora definida en el número 23 del artículo 2 de la misma ley, quedará sujeta a las demás disposiciones aplicables del Código Penal.”

4) En el artículo 466, reemplázase la frase “El deudor no dedicado al comercio” por “La persona deudora en los términos de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 346.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil:

1) Reemplázase el número 1° del artículo 1496, por el siguiente:

“1°. Al deudor que tenga dicha calidad en un procedimiento concursal de liquidación, o se encuentre en notoria insolvencia y no tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de reorganización;”.

2) Sustitúyese, en el número 2° del artículo 1617, la expresión “quiebra fraudulenta”, por la frase “cualquiera de los delitos señalados en el Párrafo 7 del Título IX del Libro Segundo del Código Penal”.

3) Reemplázase el número 6° del artículo 2163, por el siguiente:

“6°. Por tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, el mandante o el mandatario;”.

4) Reemplázase el número 4 del artículo 2472, por el siguiente.

“4. Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del deudor, los gastos de administración del procedimiento concursal de liquidación, de realización del activo y los préstamos contratados por el liquidador para los efectos mencionados.”.

ARTÍCULO 347.Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Comercio:

1) Reemplázase, en el artículo 42, la expresión “quiebra”, por la expresión “procedimiento concursal de liquidación”.

2) Derógase el artículo 64.

3) Suprímese, en el inciso segundo del artículo 251, la frase “y en caso de quiebra será tratado como fallido fraudulento” y la coma (,) que le antecede.

4) Sustitúyese, en el artículo 287, la frase “de la quiebra del comitente” por la frase “en que el comitente tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

5) Reemplázase, en el artículo 300, la frase “de la quiebra del comitente” por la frase “en que el comitente tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

6) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 321, la frase “Ocurriendo la quiebra del asegurador,” por la frase “Teniendo el asegurador la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

7) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 380, la frase “en la quiebra”, por la frase “al procedimiento concursal de liquidación”.

8) Reemplázase, en el artículo 422, las expresiones “se encuentra en quiebra” por las expresiones “tiene la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

9) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 559:

a) Sustitúyese la frase “Declarada la quiebra” por “Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “si ocurriere la quiebra”, por la frase “si se dictase la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

c) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “si el fallido o el administrador de la quiebra”, por la frase “si el deudor en el procedimiento de concursal de liquidación o el liquidador”.

10) Reemplázanse, en el inciso segundo del artículo 611, las expresiones “la quiebra”, por las expresiones “la dictación de la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

11) Sustitúyese, en el artículo 1034, la frase “juicios de quiebras”, por la frase “procedimientos concursales de liquidación”.

12) Reemplázase, en el artículo 1215 la expresión “Ley de Quiebras” por la expresión “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”, y la expresión “síndicos” por “liquidadores”.

13) Reemplázase, en el artículo 1226 la expresión “Ley de Quiebras” por la expresión “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

14) Derógase el Libro IV.

ARTÍCULO 348.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Civil:

1) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 93:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “quiebra”, por las expresiones “procedimiento concursal de liquidación”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, las expresiones “Ley de Quiebras”, por las expresiones “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

2) Sustitúyese, en el artículo 157, las expresiones “juicios de quiebra”, por las expresiones “procedimientos concursales de liquidación”.

3) Reemplázase el inciso tercero del artículo 492 por el siguiente:

“Si se ha dictado la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal que incluyan los bienes del poseedor de la finca o que éste haya sido objeto de un procedimiento concursal de liquidación, se estará a lo prescrito en el artículo 2.477 de dicho Código.”.

ARTÍCULO 349.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales:

1) Sustitúyese el número 2° del artículo 131 por el siguiente:

“2° Todas las cuestiones relativas a procedimientos concursales de liquidación o de reorganización entre el deudor y los acreedores.”.

2) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 133, las expresiones “juicio de quiebra”, por las expresiones “procedimiento concursal de liquidación”.

3) Sustitúyense, en el artículo 154, las oraciones “en materia de quiebras, cesiones de bienes y convenios entre deudores y acreedores el del lugar en que el fallido o deudor tuviere su domicilio”, por las oraciones “en materia de procedimientos concursales entre deudores y acreedores el del lugar en que el deudor tuviere su domicilio”.

4) Reemplázase, en el número 3 del artículo 195, la frase “síndico de alguna quiebra” por la frase “veedor o liquidador de un procedimiento concursal”.

ARTÍCULO 350.- Reemplázase la letra b) del artículo 183-M del Código del Trabajo, por la siguiente:

“b) por tener la calidad de deudora la empresa de servicios transitorios en un procedimiento concursal de liquidación, salvo que se decrete la continuidad de sus actividades económicas.”.

ARTÍCULO 351.- Incorpóranse las siguientes modificaciones al Decreto Ley N° 830, sobre Código Tributario:

1) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 24, la frase “En el caso de quiebra del contribuyente”, por la oración “En caso que el contribuyente se encuentre en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor”, y la expresión “fallido” por “deudor”.

2) Sustitúyese, en el artículo 91, la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”, y las expresiones “declaratoria de quiebra”, por las expresiones “dictación de la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 352.- Reemplázase, en el artículo 230 del Código de Minería, las expresiones “las quiebras”, por las expresiones “los procedimientos concursales de liquidación”.

ARTÍCULO 353.- Reemplázase, en el artículo 59 del Decreto Supremo N° 606 de 1944, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Aprueba el Texto Refundido de las leyes N° 6.037 y N° 7.759, sobre la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, la expresión “quiebra”, por la frase “un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 354.- Sustitúyese, en el número 4 del artículo 12 bis del Decreto con Fuerza de Ley N° 153 de 1960, del Ministerio de Hacienda, que Crea la Empresa Nacional de Minería, las oraciones “las que sean declaradas fallidas o que sean administradoras o representantes legales de personas fallidas que sean acusadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras, en tanto se mantenga esa calidad”, por las oraciones “las que tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o sean administradores o representantes legales de deudores, formalizados por delitos concursales establecidos en el Código Penal, mientras se mantenga dicha situación”.

ARTÍCULO 355.- Reemplázase, en el inciso final del artículo 16 de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo Texto Refundido fue fijado por el Decreto Supremo N° 2.421 de 1964, del Ministerio de Hacienda, la expresión “Sindicatura General de Quiebras” por “Superintendencia Concursal”.

ARTÍCULO 356.- Elimínase, en el artículo 57 de la Ley 16.391, que Crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, la expresión “ y, por tanto, para los efectos del artículo 61 de la Ley de Quiebras,”.

ARTÍCULO 357.- Reemplázase, en el artículo 19 del Decreto con Fuerza de Ley N° 163 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Fija el Texto de la Ley 10.383, de 8 de Agosto de 1952, Refundido con el de sus Modificaciones, inclusive las Contenidas en la Ley 16.840, de 24 de mayo de 1968, la frase “si cayeren en quiebra”, por la frase “si tuvieren la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 358.- Reemplázase, en la letra a) del artículo 8 A del Decreto Ley N° 1.350 de 1976, del Ministerio de Minería, de que crea la Corporación Nacional del Cobre de Chile, las oraciones “ni haber sido declarado fallido, ni haber sido administrador o representante legal de personas fallidas condenadas por delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 232 y 233 del Libro IV del Código de Comercio”, por las oraciones “ni tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, ni haber sido administrador o representante legal de deudores condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

ARTÍCULO 359.- Modifícase, en el inciso final del artículo 4° del Decreto Ley 1.328, de 1976, sobre Administración de Fondos Mutuos, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo N° 1.019 de 1979, del Ministerio de Hacienda, la frase “Declarada la quiebra” por la frase “Dictada la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”; y la oración “síndico con todas las facultades que al efecto confiere a los síndicos el Libro IV del Código de Comercio”, por “liquidador con todas las facultades que al efecto confiere a los liquidadores la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 360.- Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 62 C, del Decreto Ley N° 1.939 de 1977, del Ministerio de Bienes Nacionales, que Dicta Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, la oración “del artículo 200, números 1 a 5 de la ley 18.175, sobre Quiebras”, por “del veedor cuando actúa como interventor conforme a lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 361.- Derógase la letra d) del artículo 3° del Decreto Ley N° 3.346 de 1980, del Ministerio de Justicia, que Fija el Texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia.

ARTÍCULO 362.- Introducénse las siguientes modificaciones al Decreto Ley N° 3.500 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Establece Nuevo Sistema de Pensiones:

1) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 24 A:

a) Reemplázase el requisito i) de la letra d) por el siguiente:

“i) Deudor en procedimiento concursal de liquidación vigente;”.

b) Sustitúyese, en el requisito ii) de la letra d), la expresión “quiebra” por las expresiones “procedimiento concursal de liquidación”.

2) Reemplázase, en el inciso final del artículo 34, la frase “En caso de quiebra de la Administradora” por la oración “En caso que la Administradora tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

3) Sustitúyese, en el inciso final del artículo 42, la frase “Producida la disolución o quiebra”, por la oración “Producida la disolución o liquidación concursal”.

4) Reemplázase, en el inciso final del artículo 59, la frase “En caso de quiebra o disolución de la Administradora”, por la frase “En caso que la Administradora tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o sea disuelta”.

5) Sustitúyese, en el inciso final del artículo 59 bis, la oración “En caso de quiebra de alguna de las compañías de seguros adjudicatarias de la licitación”, por las oraciones “En caso de disolución o liquidación concursal en los términos de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas de alguna de las compañías de seguros adjudicatarias de la licitación”, y sustitúyase la expresión “quiebra” por las expresiones “liquidación concursal”.

6) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 82:

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “declaratoria de quiebra de una Compañía de Seguros”, por la oración “la dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento de liquidación de una Compañía de Seguros”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “declaratoria de quiebra” por la oración “la dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento de liquidación”.

c) Reemplázase, en el inciso séptimo, la frase “declaratoria de quiebra” por “la dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

d) Sustitúyese, en el inciso octavo, la expresión “fallida” por la frase “Compañía de Seguros que tenga la calidad de deudora en un procedimiento concursal de liquidación”.

7) Incorpóranse las siguientes modificaciones en el número 18 del artículo 94.

a) Reemplázase, en la letra f), las expresiones “Solicitud de quiebra”, por las expresiones “Solicitud de inicio de procedimiento concursal de liquidación”.

b) Sustitúyense, en la letra g), las expresiones “Declaración de quiebra” por la oración “Dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

8) Incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 145:

a) Reemplázanse en el inciso primero la palabra “quiebra” por las expresiones “apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la expresión “de la quiebra” por la frase “del procedimiento concursal de liquidación”.

9) Sustitúyese, en la letra c) del artículo 165, la frase “o se le solicite o se declare su quiebra” por “o cuando se le solicite o se declare la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

10) Reemplázase la letra b) del inciso tercero del artículo 174 por la siguiente: “b) Los que tengan actualmente la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, y quienes tengan prohibición de comercial, y”

ARTÍCULO 363.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores:

1) Reemplázase la letra h) del artículo 26 por la siguiente:

“h) no tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación.”.

2) Sustitúyese la letra e) del artículo 46 por la siguiente:

“e) No tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o de reorganización.”.

3) Derógase el artículo 62.

4) Reemplázase, en el artículo 67, la frase “En caso de quiebra de un emisor de valores”, por la oración “En caso de que un emisor de valores tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”; y reemplázase la frase “será aplicable el artículo 76 de la Ley de Quiebras”, por la frase “será aplicable lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

5) Sustitúyese, en el inciso cuarto del artículo 107, la oración “quiebra del emisor o en convenio judiciales o extrajudiciales relacionados con ésta o en su eventual ocurrencia”, por la oración “dictación de la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación”.

6) Reemplázase, en el inciso séptimo del artículo 114, la frase “En caso de quiebra del emisor”, por la frase “En caso que un emisor de valores tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”; sustitúyese la expresión “fallido”, por la expresión “deudor”; sustitúyese la expresión “de la quiebra”, por la expresión “del procedimiento concursal de liquidación”; y reemplázase la frase “la ley 18.175, especialmente en su artículo 149”, por la frase “el artículo 135 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

7) Sustitúyese, en el inciso cuarto del artículo 120, la oración “la petición de declaración de quiebra del emisor, la presentación de convenios extrajudiciales y judiciales preventivos”, por la oración “la solicitud de apertura de un procedimiento concursal de liquidación o de reorganización”.

8) Reemplázase, en el inciso quinto del artículo 138, la frase “y en caso de declararse la quiebra de la sociedad”; por la frase “y en caso que la sociedad tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

9) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 146:

a) Sustitúyese el inciso primero del artículo 146 por el siguiente:

“En el caso que la sociedad tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, dicho procedimiento sólo afectará su patrimonio común y no generará un procedimiento concursal de liquidación para los patrimonios separados que haya constituido.”.

b) Reemplázanse, en el inciso segundo, las expresiones “declarado en quiebra”, por las expresiones “objeto de un procedimiento concursal de liquidación” y reemplázase la frase “a la quiebra” por “al procedimiento concursal de liquidación”.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión “La quiebra” por “La calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”, y reemplázase la expresión “la quiebra” por “la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

d) Reemplázanse, en el inciso cuarto, las expresiones “Cuando la sociedad fuere declarada en quiebra”, por la oración “En el caso de que la sociedad emisora y su patrimonio común se encuentren en procedimiento concursal de liquidación”.

e) Sustitúyese, en el inciso quinto, la frase “declare la quiebra de la sociedad”, por la frase “decrete la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

10) Modifícase, en el inciso final del artículo 147, la expresión “por quiebra de la sociedad securitizadora”, por la expresión “en el caso que la sociedad securitizadora tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 364.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas:

1) Sustitúyese, en el artículo 29, la frase “En caso de quiebra de la sociedad”, por la oración “En caso que la sociedad tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”; y modifícase la frase “el artículo 76 de la Ley de Quiebras”, por la frase “el artículo 273 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

2) Reemplázase, en el número 3) del artículo 35, la frase “y los fallidos o los administradores o representantes legales de personas fallidas condenadas por delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras”, por la frase “y aquellos que tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación personalmente o como administradores o representantes legales, o que hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

3) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 69, la frase “en caso de haberse declarado la quiebra de la sociedad”, por la frase “en el caso de que la sociedad tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”; y sustitúyese la frase “convenio aprobado de acuerdo al Título XII de la Ley de Quiebras”, por la oración “acuerdo de reorganización aprobado conforme a lo establecido en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

4) Sustitúyese el Título X por el siguiente:

“TITULO X

Del procedimiento concursal de liquidación, de la disolución y de la liquidación”

5) Modifícase el artículo 101, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “que ha sido declarada en quiebra por resolución ejecutoriada” por “respecto de la cual ha sido declarada la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

b) Reemplázase en el inciso tercero la expresión “la quiebra” por “la apertura de un procedimiento concursal respecto” y la frase “la declaratoria posterior de quiebra” por la frase “la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

6) Reemplázase, en el encabezado del artículo 102, la frase “Para los efectos del artículo 203 de la Ley de Quiebras”, por la oración “Si el deudor hubiere agravado el mal estado de sus negocios en forma que haga temer un perjuicio a los acreedores, podrá ser sometido a una intervención más estricta que la pactada o resolverse el acuerdo de reorganización, por su incumplimiento de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y siguientes de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”; y sustitúyese la expresión “fallida”, por la expresión “deudora”.

7) Reemplázase, en el artículo 105, la frase “declaración de quiebra de la sociedad”, por la frase “declaración de apertura de un procedimiento concursal de liquidación de la sociedad”.

ARTÍCULO 365.- Reemplázase, en el artículo 57 de la Ley 18.092, que Dicta Nuevas Normas sobre Letra de Cambio y Pagaré y Deroga Disposiciones del Código de Comercio, la frase “en caso de quiebra de su portador”, por la oración “en caso de apertura de un procedimiento concursal de liquidación de su portador”.

ARTÍCULO 366.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 10 de 1982, del Ministerio de Trasporte y Telecomunicaciones, que Crea la Empresa Correos de Chile, en la forma que sigue:

1) Sustitúyese, en el número 3 del artículo 5°, las oraciones “ni haber sido declarado fallido o haber sido administrador o representante legal de personas fallidas, condenadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras”, por las oraciones “ni tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o haber sido administrador o representante legal de deudores, formalizados por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

2) Reemplázase, en el número 3 del artículo 8 bis, las oraciones “las que sean declaradas fallidas o se desempeñen como administradoras o representantes legales de personas fallidas, que sean acusadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras, en tanto mantenga esa calidad”, por las oraciones “las que tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o hayan sido administradores o representantes legales de deudores, formalizados por delitos concursales establecidos en el Código Penal, mientras se mantenga esa calidad”.

ARTÍCULO 367.- Sustitúyese, en el artículo 26 de la Ley 18.112, que Dicta Normas sobre Prendas Sin Desplazamiento, la frase “declaración de quiebra”, por “dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”, para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 42 de la ley N° 20.190.

ARTÍCULO 368.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 4° de la Ley 18.118, Sobre el Ejercicio de la Actividad de Martillero Público:

1) Reemplázase la letra c), por la siguiente:

“c) el deudor sometido a un procedimiento concursal de liquidación vigente.”.

2) Reemplázase la letra d), por la siguiente:

“d) el que tenga la calidad de deudor en un procedimiento de liquidación por su actividad de martillero.”.

ARTÍCULO 369.- Sustitúyese la letra c) del artículo 19 de la Ley 18.362, que Crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, por la siguiente:

“c) En caso que el concesionario tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o por incapacidad sobreviviente;”.

ARTÍCULO 370.- Reemplázase, en los incisos primero y cuarto del artículo 42 de la Ley 18.490, que Establece Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Circulación de Vehículos Motorizados, las expresiones “declaratoria de quiebra”, por las expresiones “dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”; y reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

ARTÍCULO 371.- Introdúcense en la Ley 18.690, Sobre Almacenes Generales de Depósito, las siguientes modificaciones:

1) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 14, la frase “en caso de concurso, quiebra o muerte del deudor”, por la frase “en caso de declarada la apertura de un procedimiento concursal o muerte del deudor”.

2) Sustitúyese, en la letra a) del artículo 30, la frase “declaradas en quiebra, han sido legalmente rehabilitadas”, por “el procedimiento concursal se encuentre terminado por sentencia firme”, precedido de una coma (,).

ARTÍCULO 372.- Sustitúyese, en la letra p) del artículo 7° de la Ley 18.755, que Establece Normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, deroga la ley N° 16.640 y otras disposiciones, la frase “convenios a que se refiere la Ley de Quiebras”, por la frase “acuerdos de reorganización a que se refiere la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 373.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Decreto con Fuerza de Ley N° 382 de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios:

1) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 32 bis:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “pronunciada la sentencia que declare la quiebra de una concesionaria”, por la frase “dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento de liquidación de una concesionaria”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la oración “Pronunciada la declaración de quiebra, el fallido quedará inhibido”, por la oración “Pronunciada la resolución que declara la apertura del procedimiento concursal de liquidación, el deudor quedará inhibido".

c) Sustitúyense, en el inciso cuarto, las expresiones “quiebra de un prestador”, por la oración “dictación de la resolución que ordena la apertura del procedimiento de liquidación de un prestador”; y sustitúyese la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

2) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 32 bis A, la frase “desde que quede a firme la sentencia que declare la quiebra”, por la frase “desde que quede firme la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”.

3) Sustitúyese, en el artículo 32 bis B, la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”; reemplázanse las expresiones “juez de la quiebra”, por las expresiones “juez del procedimiento concursal de liquidación”; y sustitúyense las expresiones “Fiscal Nacional de Quiebras” por las expresiones “Superintendente Concursal”.

ARTÍCULO 374.- Reemplázase la letra c) del número 4.- del artículo 33 de la Ley N° 18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión, por la siguiente:

“c) resolución ejecutoriada que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación;”.

ARTÍCULO 375.- Sustitúyese, en la letra g) del artículo 5° de la Ley N° 18.910, que Sustituye la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, la frase “celebrar convenios a que se refiere la Ley de Quiebras”, por la oración “celebrar acuerdos de reorganización concursal a que se refiere la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 376.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 81 bis de la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por decretos supremo N° 430 de 1992, del Ministerio Economía, Fomento y Turismo:

1) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “de declaración de quiebra o presentación de convenio preventivo”, por la frase “en que se dicte la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal”.

2) Sustitúyese, en el inciso duodécimo, la frase “al Libro IV del Código de Comercio, denominado “De las Quiebras””, por la frase “a la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 377.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N° 19.220, que Regula Establecimiento de Bolsas de Productos Agropecuarios:

1) Sustitúyese la letra g) del artículo 7°, por la siguiente:

“g) No encontrarse en un procedimiento concursal de liquidación.”.

2) Reemplázase, en el inciso séptimo del artículo 20, la frase “y en caso de quiebra de ésta”, por la frase “y en caso de tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 378.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N.° 1 de 1993, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado:

1) Reemplázase, en la letra c) del inciso cuarto del artículo 4, las oraciones “ni haber sido declarado fallido o haber sido administrador o representante legal de personas fallidas condenadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras”, por las oraciones “ni tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o haber sido administrador o representante legal de deudores condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

2) Sustitúyese, en el número 4 del artículo 5°, las oraciones “las que sean declaradas fallidas o sean administradoras o representantes legales de personas fallidas, que sean acusadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras”, por las oraciones “las que tengan la calidad de deudores en un procedimiento concursal de liquidación o hayan sido administradores o representantes legales de deudores condenados por delitos relacionados con procedimientos concursales establecidos en el Código Penal”.

ARTÍCULO 379.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N° 19.281 de 1993, Establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa:

1) Reemplázase, en el inciso final del artículo 21, la oración “En caso de disolución o quiebra de una sociedad inmobiliaria que mantuviere viviendas con contratos de arrendamiento con promesa de compraventa”, por las oraciones “En caso que la sociedad inmobiliaria que mantuviere viviendas con contratos de arrendamiento con promesa de compraventa tuviere la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o fuere disuelta”; y suprímanse las expresiones “o síndicos, según corresponda”.

2) Sustitúyese, en el inciso final del artículo 25, la frase “y en caso de quiebra de”, por la frase “y en caso de tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

3) Reemplázase, en el número 5.- del artículo 35, la frase “Por quiebra del arrendatario promitente comprador”, por la oración “En caso de que el arrendatario promitente comprador fuere sometido a un procedimiento concursal de liquidación”; y reemplázase la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

4) Sustitúyese, en el inciso final del artículo 65, la frase “Declarada la quiebra”, por la oración “Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”; reemplázase la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”; y reemplázase la frase “ley N° 18.175, sobre Quiebras”, por la frase “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”; y reemplázase la expresión “fallida” por “empresa deudora en los términos de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 380.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 38 del Decreto con Fuerza de Ley N.° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo N° 900 de 1996, del Ministerio de Obras Públicas:

1) Reemplázase en el número 1 del artículo 16 la expresión “fallidos no rehabilitados” por la frase “aquellos que se encontraren actualmente sometidos a un procedimiento concursal de liquidación”

2) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 38:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “En caso de quiebra del concesionario”, por la oración “En caso que se declare la apertura del procedimiento concursal de liquidación del concesionario”; reemplázase la frase “continuación efectiva del giro”, por la frase “continuación de actividades económicas”; y sustitúyese la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

b) Sustitúyese, en el inciso cuarto, la frase “continuación efectiva del giro”, por la frase “continuación de actividades económicas”; y reemplázase la oración “En lo demás, se regulará por lo previsto en los artículos 112 y siguientes de la ley N° 18.175”, por la oración “En lo demás, se regulará por lo previsto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas respecto de la continuación de actividades económicas.”.

c) Sustitúyese, en el inciso quinto, las expresiones “en caso de quiebra”, por las expresiones “en caso de declararse la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”; y sustitúyese la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

3) Reemplázase en el número 1 del artículo 81 la expresión “del artículo 200 números 1 al 5 de la Ley N° 18.175 sobre Quiebras” por “del veedor cuando actúa como interventor conforme a lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

4) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 83:

a) Reemplázase en el número 1 la expresión “quiebra de la sociedad concesionaria” por “procedimiento concursal de liquidación de la sociedad concesionaria”; sustitúyese la expresión “en caso de quiebra del concesionario” por “en caso que el concesionario sea sometido a un procedimiento concursal de liquidación”; reemplácese la frase “continuación efectiva del giro” por “continuación definitiva de actividades económicas”;

b) Reemplázase en el número 4 la frase “en caso de declararse la quiebra del concesionario” por la frase “en caso que el concesionario sea sometido a un procedimiento concursal de liquidación”; Reemplácese la expresión “continuación del giro” por “continuación de actividades económicas”;

c) Reemplázase en el número 5 la frase “en caso de quiebra” por la frase “en caso que el concesionario sea sometido a un procedimiento concursal de liquidación”; y sustitúyese la expresión “síndico” por “liquidador”.

ARTÍCULO 381.- Elimínase del inciso segundo del artículo 7 de la Ley N° 19.491, que Regula el Funcionamiento de Administradoras de Recursos Financieros de Terceros Destinados a la Adquisición de Bienes, la frase “o un síndico de quiebras”.

ARTÍCULO 382.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 19.496, que Establece Normas de Protección de los Derechos de los Consumidores:

1) Sustitúyese la letra a) del artículo 10 por la siguiente:

“a) El que hubiere sido condenado por delitos concursales contenidos en el Código Penal.”.

2) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 21, la expresión “quiebra”, por las expresiones “por haber sido sometido a un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 383.- Modifícase, en la letra a) del artículo 22 de la Ley N° 19.518, que Fija Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, las frases ”los fallidos, o los administradores o representantes legales de personas fallidas condenadas por delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 232 y 233 de la Ley de Quiebras”, por las oraciones “aquellos que hayan sido condenados por delitos concursales contenidos en el Código Penal, por sí o por ser representantes de una empresa deudora en los términos de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas ”.

ARTÍCULO 384.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 3 de 1997, del Ministerio de Hacienda, que Fija el Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de Otros Cuerpos Legales que se indican:

1) Reemplázase, en el artículo 28, el requisito previsto en el literal i) de la letra d), por el siguiente: “i) Que se trate de un deudor en procedimiento concursal de liquidación vigente”; y reemplázase en el requisito previsto en el literal ii), la expresión “quiebra”, por las expresiones “procedimiento concursal de liquidación”.

2) Modifícase, en el artículo 90, la expresión “quiebra”, por las expresiones “declararse la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

3) Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 136 la frase “lo previsto en los incisos segundo y siguientes del artículo 69 del Libro IV del Código de Comercio” por la frase “lo previsto en los incisos segundo y siguientes del artículo 140 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

4) Sustitúyese el inciso final del artículo 124 por “Las normas de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas no se aplican a los convenios de que trata este párrafo”.

5) Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 136 la frase “artículo 69 del Libro IV del Código de Comercio” por “artículo 140 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 385.- Reemplázase, en la letra c) del inciso tercero del artículo 62 de la Ley N° 19.606, que Establece Incentivos para el Desarrollo Económico de las Regiones de Aysén y de Magallanes, y de la Provincia de Palena, la oración “siéndole aplicables las normas del artículo 200, números 1 al 5 de la Ley N° 18.175 sobre Quiebras”, por las oraciones “siéndole aplicables las normas del veedor cuando actúa como interventor conforme a lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”; reemplázase en el inciso séptimo la frase “En caso de quiebra del concesionario” por “En caso que se declare la apertura del procedimiento concursal de liquidación del concesionario”; y la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

ARTÍCULO 386.- Reemplázase en el artículo 14 del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2000, del Ministerio de Justicia, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N.° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, la frase “personas declaradas en quiebra o concurso”, por la frase “personas que tengan la calidad de deudoras en un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación vigente”.

ARTÍCULO 387.- Reemplázase en la letra i) del artículo 12 de la Ley 19.799 de 2002, Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma, la frase “el inicio de un procedimiento de quiebra”, por la frase “la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 388.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en la Ley N° 19.857 de 2003, que Autoriza el Establecimiento de las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada:

1) Reemplázase la expresión “si la empresa fuere declarada en quiebra culpable o fraudulenta” por la frase “por haber sido condenado por delitos concursales contenidos en el Código Penal”

2) Reemplázase la letra d) del artículo 15 por “d) por dictarse la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación.”.

ARTÍCULO 389.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Decreto N° 236 de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba Bases Generales de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización:

1) Reemplázase en el inciso final del artículo 129, la oración “es declarado en quiebra y se aprueba su continuidad del giro conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la ley 18.175,” por las oraciones “tiene la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación y se aprueba la continuidad de sus actividades económicas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

2) Sustitúyese, en la letra b) del artículo 134, la frase “Por quiebra”, por la oración “Por encontrarse en procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 390.- Sustitúyese la letra d) del artículo 30 de la Ley N° 19.995, que Establece las Bases para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de los Casinos de Juego, por la siguiente:

“d) Por encontrarse sometido a un procedimiento concursal de liquidación.”.

ARTÍCULO 391.- Reemplázase, en la letra b) del inciso quinto del artículo 56 del decreto con fuerza de ley N° 30 de 2005, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda N.° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, las oraciones “o que hayan sido declaradas en quiebra a menos que, en este último caso, acrediten haber sido legalmente rehabilitadas. Tratándose de personas jurídicas regirá el mismo requisito señalado para caso de quiebra”, por las oraciones “o que tengan actualmente la calidad de deudoras en un procedimiento concursal de liquidación, a menos que se acredite el término del mismo, rigiendo el mismo requisito para personas jurídicas”.

ARTÍCULO 392.- Reemplázase la letra d) del artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio del Interior, que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, por la siguiente:

“d) No haber sido condenado por delitos concursales.”.

ARTÍCULO 393.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N°1 de 2006, del Ministerio de Salud, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DL N.° 2.763, de 1979 y de las Leyes N.° 18.933 y N.° 18.469, en la forma que sigue:

1) Sustitúyese, en el inciso final del artículo 181, la frase “aún en caso de quiebra de la Institución”, por “aún en caso que la Institución se encuentre en procedimiento concursal de liquidación”; y suprímese las expresiones “de la quiebra”.

2) Reemplázase, en la letra e) del artículo 222, la frase “Cuando se declare la quiebra de la Institución”, por la oración “Cuando se dicte la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”; y reemplázase la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”.

3) Sustitúyese el número 3 del artículo 223 por el siguiente:

“3.- Por encontrarse en procedimiento concursal de liquidación.”.

4) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 226, la expresión “se encuentre declarada en quiebra”, por la expresión “se encuentre en procedimiento concursal de liquidación”; y sustitúyesela expresión “síndico de quiebra”, por la expresión “liquidador”.

ARTÍCULO 394.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 146 ter del Decreto con Fuerza de Ley N° 4 de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N.° 1, de Minería, de 1982, Ley General De Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica:

1) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “La quiebra”, por las expresiones “El procedimiento concursal de liquidación”; y reemplázase la frase “en el Libro IV del Código de Comercio, titulado “De las Quiebras”, por la frase “en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

2) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso segundo:

a) Reemplázase las expresiones “solicitud de quiebra”, por las expresiones “solicitud de declaración de procedimiento concursal de liquidación”.

b) Sustitúyese la frase “dentro de las veinticuatro horas siguientes, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 55 del Libro IV del Código de Comercio”, por la frase “a la brevedad posible, pudiendo hacerlo por sí, o encomendando a otro ministro de fe”.

c) Reemplázase el término “quiebra” por “liquidación concursal”.

d) Reemplázanse las expresiones “Superintendencia de Quiebras”, por las expresiones “Superintendencia Concursal”.

3) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso tercero:

a) Reemplázase la oración “la resolución que declare la quiebra ordenará la continuación efectiva del giro del fallido”, por la oración “la resolución que ordena la apertura del procedimiento de liquidación ordenará la continuación de las actividades económicas del deudor”.

b) Sustitúyese la frase “de la empresa declarada en quiebra que quedarán comprendidos en la continuación efectiva del giro”, por la frase “de la empresa en procedimiento concursal de liquidación que quedarán comprendidos en la continuación de actividades económicas del deudor”.

c) Reemplázanse las expresiones “continuación efectiva del giro del fallido”, “continuidad efectiva del giro” y “continuación efectiva del giro”, por “continuación definitiva de actividades económicas del deudor”, todas las veces que aparece en el texto.

d) Sustitúyese la oración “será resuelta por el juez de la quiebra según lo dispuesto en el artículo 5° del Libro IV del Código de Comercio”, por la oración “será resuelta por el juez del procedimiento concursal de liquidación según lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

4) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso cuarto:

a) Reemplázanse las expresiones “continuidad efectiva del giro” y “continuación efectiva del giro”, por las expresiones “continuación definitiva de actividades económicas”.

b) Reemplázase la expresión “síndico” por “liquidador”.

c) Sustitúyese la frase “las facultades que indica el artículo 207 del Libro IV del Código de Comercio”, por la oración “siéndole aplicables las normas del veedor cuando actúa como interventor conforme a lo dispuesto en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

d) Reemplázase la frase “el inciso final del artículo 116 del Libro IV del Código de Comercio”, por la oración “la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas para los administradores de continuación de actividades económicas”.

5) Sustitúyese, en el inciso quinto, la expresión “síndicos” por “liquidadores”; y reemplázase la oración “los números 1 al 4 del artículo 17 o los numerales 1, 2 y 3 del artículo 24, ambos del Libro IV del Código de Comercio”, por la oración “los números 1 al 4 del artículo 17 o los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 21 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

6) Reemplázase, en el inciso sexto, la expresión “síndico”, por la expresión “liquidador”; la expresión “de la quiebra”, por las expresiones “del procedimiento concursal de liquidación”; y las expresiones “Superintendencia de Quiebras”, por las expresiones “Superintendencia Concursal”.

7) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso octavo:

a) Reemplázase las expresiones “continuación efectiva del giro”, por las expresiones “continuación de actividades económicas”.

b) Modifícase las expresiones “pasivo de la quiebra”, por la expresión “pasivo”.

c) Sustitúyese la frase “juez de la quiebra”, por la frase “juez del procedimiento concursal de liquidación”.

d) Reemplázase la expresión “quiebra” por “liquidación concursal”.

e) Reemplázase la frase “122 y siguientes del Libro IV del Código de Comercio” por la frase “207 y siguientes de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

f) Reemplázanse las oraciones “de la quiebra y, en su caso, con el voto favorable del fallido, pudiendo el síndico formular oposición fundada de acuerdo a lo dispuesto en el Título IX del Libro IV del Código de Comercio”; por las oraciones “del deudor y, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 216 y siguientes de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

8) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso noveno:

a) Reemplázase la mención a los artículos “124 y siguientes del Libro IV del Código de Comercio” por “216 y siguientes de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.”.

b) Reemplázase la mención al artículo “125 del Libro IV del Código de Comercio” por “216 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.”.

c) Reemplázase la frase “juez de la quiebra según lo dispuesto en el artículo 5° del Libro IV del Código de Comercio”; por la oración “juez del procedimiento concursal de liquidación, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

9) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso décimo:

a) Reemplázase la frase “en el artículo 124 del Libro IV del Código de Comercio”, por la frase “en el artículo 216 y siguientes de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

b) Sustitúyese la frase “normas pertinentes del Libro IV del Código de Comercio”, por la frase “normas pertinentes contenidas en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

10) Reemplázase, en el inciso undécimo, la expresión “la quiebra”, por las expresiones “el procedimiento concursal de liquidación”; las expresiones “solicitud de quiebra”, por la frase “solicitud de apertura del procedimiento concursal de liquidación”; y las expresiones “declaración de quiebra”, por las expresiones “resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

ARTÍCULO 395.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 29 del la ley 18.591 que Establece Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de Personal:

1) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “hubieren sido declarados en quiebra” por la frase “tengan actualmente la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación”.

2) Sustitúyese, la expresión “Síndico” por la expresión “liquidador” todas las veces que se menciona.

3) Reemplázase, en el inciso cuarto la expresión “fallido” por la expresión “deudor sometido a un procedimiento concursal de liquidación”.

4) Sustitúyese, en los incisos séptimo y noveno, la expresión “Síndicos” por la expresión “liquidadores”.

5) Sustitúyese, en los incisos séptimo y octavo, la frase “Ley de Quiebras” por la frase “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

6) Reemplázase, en el inciso octavo, el número “131” por el número “170”.

ARTÍCULO 396.- Incorpóranse el siguiente artículo 27 ter al Decreto Ley Nº 825, de 1974, Sobre Impuesto a las Ventas y Servicios:

“Artículo 27 Ter: Los contribuyentes gravados con los impuestos de los Títulos II y III de esta ley, que tengan la calidad de acreedores en un Procedimiento Concursal de Reorganización regido por la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, que hayan sido recargados en facturas pendientes de pago emitidas a deudores de un Acuerdo de Reorganización, podrán imputar el monto de dichos tributos a cualquier clase de impuestos fiscales, incluso de retención, y a los derechos, tasas y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas u optar porque éstos les sean rembolsados por la Tesorería General de la República. En el caso de que se hayan efectuado abonos a dichas deudas, la imputación o devolución, en su caso, sólo podrán hacerse valer sobre la parte no cubierta por los abonos, si la hubiera.

Los contribuyentes señalados en este artículo restituirán los impuestos correspondientes a contar del mes siguiente del período en que venza el plazo para que el deudor efectúe el pago de las sumas acordadas en el respectivo Acuerdo de Reorganización. De igual forma, deberán devolverse dichos tributos, cuando se haya efectuado una imputación u obtenido una devolución superior a la que corresponda y en el caso de término de giro de la empresa. No procederá, sin embargo, dicha restitución en caso que se declare el término o incumplimiento del Acuerdo de Reorganización, mediante resolución firme y ejecutoriada, dándose inicio a un Procedimiento Concursal de Liquidación, siempre que el respectivo contribuyente comunique dicha circunstancia al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que este determine, mediante resolución.

Para hacer efectiva la imputación a que se refieren los incisos anteriores, los contribuyentes deberán solicitar al Servicio de Tesorerías que se les emita un Certificado de Pago por una suma de hasta el monto de los créditos acumulados, expresados en unidades tributarias mensuales. Dicho certificado, que se extenderá en la forma y condiciones que fije el Servicio de Tesorerías, mediante resolución, será nominativo, intransferible a terceras personas y a la vista, y podrá fraccionarse en su valor para los efectos de realizar las diversas imputaciones que autoriza la presente disposición.

Para obtener la devolución de los impuestos recargados en las facturas pendientes de pago, los contribuyentes que opten por este procedimiento, deberán presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos, a fin de que éste verifique y certifique, en forma previa a la devolución por la Tesorería General de la República, que los respectivos tributos hayan sido declarados y enterados en arcas fiscales oportunamente, y que éstos se encuentran al día en el pago de sus obligaciones tributarias. El Servicio de Impuestos Internos deberá pronunciarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha en que reciba los antecedentes correspondientes. Si no lo hiciere al término de dicho plazo, la solicitud del contribuyente se entenderá aprobada y el Servicio de Tesorerías deberá proceder a la devolución del remanente de crédito fiscal que corresponda, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la fecha en que se le presente la copia de la referida solicitud debidamente timbrada por el Servicio de Impuestos Internos.

Para hacer uso del beneficio establecido en el presente artículo, el Acuerdo de Reorganización debe haber sido aprobado o autorizado mediante resolución firme y ejecutoriada. La Superintendencia Concursal remitirá al Servicio de Impuestos Internos, copia de los Acuerdos de Reorganización que se hallen en dicho estado, en la forma y plazo que dicha Superintendencia fije, mediante resolución.

Los contribuyentes que sean Personas Relacionadas con el deudor de un Acuerdo de Reorganización no podrán impetrar el derecho que establece el presente artículo.

La infracción consistente en utilizar cualquier procedimiento doloso encaminado a efectuar imputaciones y obtener devoluciones improcedentes o superiores a las que realmente corresponda, se sancionará en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del Nº 4 del artículo 97º del Código Tributario, según se trate de imputaciones o devoluciones.

La no devolución a arcas fiscales de las sumas imputadas o devueltas en exceso según lo previsto en el inciso segundo de este artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno de impuestos sujetos a retención o recargo, aplicándose los intereses, reajustes y sanciones desde la fecha en que se emitió el Certificado de Pago que dio origen al derecho a la imputación, o desde la fecha de la devolución en su caso.”

ARTÍCULO 397. Modifícase la ley N° 20.345, sobre Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros, en el siguiente sentido:

1) Reemplázase el numeral 11 del artículo 1° por el siguiente:

“11. Procedimiento concursal: procedimiento administrativo o concursal de reorganización o liquidación acogido a la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, o liquidación forzosa y, en general, cualquier procedimiento ejecutivo patrimonial de carácter universal y colectivo que regule la administración y, o liquidación de los bienes de un deudor insolvente, así como el pago a los acreedores, conforme a la prelación legal.”.

2) Reemplázase en el requisito ii) del literal c) del artículo 6° la palabra “quiebra” por “procedimiento concursal de liquidación”.

3) Sustitúyese en el Título V la expresión “quiebra” por “liquidación concursal”.

ARTÍCULO 398.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Decreto con Fuerza de Ley N° 251 de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio:

1) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 74, la frase “en conformidad con las disposiciones contempladas en la ley N° 18.175” por la frase “en conformidad con las disposiciones contempladas en la ley de Reorganización y Liquidación de empresas y Personas”.

2) Reemplázase el Título 6. por el siguiente:

“De los acuerdos de reorganización y la liquidación”.

3) Reemplázase en el inciso primero del artículo 76, la palabra “quiebra” por “un procedimiento concursal de liquidación”, la frase “convenio extrajudicial” por “acuerdo de reorganización”; y en el inciso final la palabra “convenio” por la frase “acuerdo de reorganización”.

4) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 77 la frase “Las proposiciones de convenio extrajudicial” por la frase “Las proposiciones de acuerdo de reorganización” y en el resto del artículo la palabra “convenio” por “acuerdo de reorganización”.

5) Reemplázase en el artículo 78 la frase “convenio extrajudicial” por la frase “acuerdo de reorganización”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 79:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “declaración de quiebra” por la frase “apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la frase “solicitud de quiebra” por la frase “demanda de liquidación forzosa”.

c) Reemplázase en el inciso tercero la expresión “de la quiebra” por la frase “del procedimiento concursal de liquidación”.

7) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 80:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “Propuesto un convenio judicial o declarada la quiebra de una compañía de seguros” por la frase “Propuesto un acuerdo de reorganización o dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación de una compañía de seguros”; la palabra “síndico” por “liquidador”, y la frase “con todas las facultades que le confiera el convenio o, en su caso, la ley N° 18.175” por la frase “con todas las facultades que le confiera el acuerdo de reorganización o, en su caso, la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la frase “Declarada la quiebra, el síndico podrá citar a la junta de acreedores establecida en la ley N° 18.175”, por “Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, el liquidador podrá citar a la junta de acreedores establecida en la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente “En la realización del activo de la liquidación, el liquidador dispondrá de las facultades previstas en la ley de Reorganización y Liquidación, sin sujeción a los límites que éste establece.”

8) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 81:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “todas las quiebras” por la frase “todos los procedimientos concursales de liquidación” y la palabra “fallido” por “deudor”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “síndico” por “liquidador”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero la frase “Se presume que la quiebra es culpable si” por “Constituirá un agravante de delito concursal de acuerdo a lo señalado en el Título IX del Libro segundo, Párrafo 7. de los Delitos Concursal y de las defraudaciones, del Código Penal, que”; la palabra “la quiebra” por “apertura de procedimiento concursal de liquidación” y la frase “El síndico deberá expresar esta circunstancia en el proceso de calificación” por “El liquidador deberá expresar esta circunstancia en el proceso penal”.

9) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 82:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “Declarada la quiebra” por la frase “Dictada la resolución que declara la apertura del procedimiento concursal de liquidación” y la palabra “síndico” por “liquidador”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “de la quiebra” por “del procedimiento concursal de liquidación”.

10) Sustitúyese en el artículo 83 la frase “la quiebra o liquidación”, por la frase “el procedimiento concursal de liquidación o liquidación”; y la palabra “síndico” por “liquidador del procedimiento concursal de liquidación”.

11) Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 84 la frase la frase “de la quiebra o liquidación”, por la frase “del procedimiento concursal de liquidación o liquidación”.

12) Reemplázase el artículo 85 por el siguiente:

“Artículo 85.- Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación de una compañía de seguros del segundo grupo, el liquidador practicará la liquidación de todos aquellos contratos que originen reserva matemática o de siniestros, de acuerdo a las normas dictadas por la Superintendencia. Con el mérito de dicha liquidación, el liquidador deberá verificar el importe que a la fecha de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación representen dichas reservas de acuerdo al procedimiento señalado en la Ley de Reorganización y Liquidación de empresas y Personas, asumiendo para este solo efecto la representación del asegurado, sin que ello importe reconocimiento alguno. En el evento que al asegurado se le hubiere seguido pagando prestaciones de acuerdo con el artículo 83, dichos pagos se deducirán de la respectiva reserva.”

13) Elimínase en el artículo 86 la palabra “síndico” y la coma (,) que la sucede.

14) Sustitúyese en el artículo 87 la frase “ley N° 18.175, sobre Quiebras” por “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 399.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en la Ley N° 20.345, sobre Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros:

1) Reemplázase, el numeral 11 del artículo 1°, por el siguiente “11. Procedimiento Concursal: procedimiento judicial o administrativo incoado en virtud de una resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación o la presentación de proposiciones de acuerdo de reorganización y, en general, cualquier procedimiento ejecutivo patrimonial de carácter universal y colectivo que regule la administración y, o liquidación de los bienes de un deudor insolvente, así como el pago a los acreedores, conforme a la prelación legal.

2) Reemplázase en el numeral ii. de la letra c del artículo 6°, la frase “que haya sido declarada en liquidación forzosa o quiebra” por “respecto de la cual se haya dictado la resolución que ordena la apertura de un procedimiento concursal de liquidación”.

3) Elimínase en el Título V “De la liquidación y quiebra de las sociedades administradoras” las palabras “y quiebra”.

4) Reemplázase en el artículo 34 lo siguiente:

a) En el inciso primero la palabra “quiebra” por “liquidación forzosa”.

b) En el inciso segundo la palabra “quiebra” por “liquidación forzosa”, las tres veces que aparece.

5) Reemplázase en el artículo 35 lo siguiente:

a) En el inciso primero la palabra “convenio” por “acuerdo de reorganización”, “Libro IV, Título XII, del Código de Comercio” por “Capítulo III de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

b) En el inciso segundo las palabras “El convenio” por “La reorganización”, las dos veces que aparece, “acordado” por “acordada” las dos veces que aparece, “obligatorio” por obligatoria”.

c) En el inciso tercero la palabra “convenio” por “acuerdo de reorganización”, “declaración de la quiebra” por “resolución que declara la apertura del procedimiento concursal de liquidación”, “Libro IV” por “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

d) En el inciso cuarto la palabra “convenio” “acuerdo de reorganización”.

6) Reemplázase en el artículo 36 lo siguiente:

a) En el inciso primero la frase “Declarada la quiebra” por “Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación”, las palabras “síndico” por “liquidador”, “fallida” por “deudora”, “proceso de quiebra” por “Procedimiento Concursal de Liquidación”.

b) En el inciso segundo las palabras “de la fallida” por “del deudor”, “síndico” por “liquidador”, “nómina nacional de síndicos” por “nómina de liquidadores” y “de la quiebra” por “del procedimiento concursal de liquidación”.

c) En el inciso tercero las palabras “de la quiebra” por “del procedimiento concursal de liquidación”, “síndico” por “liquidador”, las dos veces que aparece, “el artículo 109 del Libro IV del Código de Comercio” por “la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”, “fallida” por “deudora”.

7) Reemplázase en el artículo 37 la expresión “Libro IV del Código de Comercio” por “Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 400.- Reemplázase el inciso final del artículo 4° del Decreto Ley Nº 1328 de 1976 sobre Administración De Fondos Mutuos, por el siguiente: “Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación de una sociedad administradora de fondos mutuos, el Superintendente o la persona que lo reemplace, actuará como liquidador con todas las facultades que al efecto confiere a los liquidadores la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, en cuanto fueren compatibles con las disposiciones de la presente ley.”.

ARTÍCULO 401.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley 18.876 que Establece el Marco Legal para la Constitución y Operación de Entidades Privadas de depósito y Custodia de Valores:

1) Reemplázase en el Título IV “De la Regularización, Disolución y Quiebra de las Empresas”, la palabra “Quiebra” por la palabra “Liquidación”.

2) Reemplázase en el número 3º del Título IV la palabra “QUIEBRA” por la palabra “LIQUIDACION”.

3) Sustitúyese en el artículo 41 la palabra “quiebra” por “liquidación forzosa”, y la frase “tramitaciones judiciales de la quiebra” por “las tramitaciones judiciales del procedimiento concursal de liquidación”.

4) Reemplázase el articulo 42 por el siguiente:

“Artículo 42.- En caso de proposición de acuerdo de reorganización, el veedor que el tribunal designe, tendrá la administración de la empresa como si se tratare de un procedimiento concursal de liquidación declarado. El veedor asumirá sus funciones en la forma y oportunidad establecida en la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

5) Sustitúyese el artículo 43 por el siguiente:

“Artículo 43.- Dictada la resolución que ordena la apertura del procedimiento de liquidación, el liquidador provisional continuará las actividades económicas del deudor mientras la junta de acreedores no designe otro administrador. Esta continuación de actividades económicas no se prolongará más allá de un año contado desde la fecha de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, a menos que la junta de acreedores lo acuerde con quórum calificado de acuerdo a lo señalado en la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.

Antes de vencido dicho año, sólo con autorización del tribunal que conoce del procedimiento concursal de liquidación podrá ponerse término a la continuación de las actividades económicas o excluirse de ésta bienes del activo de la liquidación.

Las obligaciones contraídas por el administrador del giro durante ese primer año, sólo podrán hacerse efectivas sobre los bienes comprendidos en el giro y gozarán de la preferencia que establece el artículo 238 de la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.”.

6) Sustitúyese el artículo 44 por el siguiente:

“Artículo 44.- Vencido el plazo de un año contado desde que se dicte la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, podrá continuarse las actividades económicas del deudor en los casos y con arreglo a las normas que señala la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. El acuerdo podrá tomarse aún antes de vencido dicho plazo. Los bienes que en virtud del acuerdo de los acreedores queden excluidos de la continuación de las actividades económicas, seguirán respondiendo por las deudas nacidas durante el primer año.

Los créditos nacidos después de vencido el primer año de la continuación de las actividades económicas, gozarán de la preferencia de pago que establece el artículo 238 de la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas respecto de las demás obligaciones del deudor, incluidos los créditos nacidos durante dicho primer año.”.

7) Sustitúyese el artículo 45 por el siguiente:

“Artículo 45.- Durante el primer año siguiente a la fecha de la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, los bienes de la empresa sólo podrán ser enajenados como unidad económica a otra sociedad del mismo giro, salvo aquellos cuya enajenación separada autorice el juez que conoce del procedimiento concursal de liquidación. El adquirente deberá continuar, sin solución de continuidad, el giro de la empresa ordenado en el artículo 41. Si hubiere más de una sociedad del mismo giro, para materializar dicho traspaso, se hará una licitación entre ellas.

8) Sustitúyese en el artículo 46; la palabra “sindico” por “liquidador” y la frase “de la ley 18.175” por la frase “de la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

ARTÍCULO 402.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos anteriores, toda mención que en cualquier ley se haga a la quiebra, deberá entenderse hecha al Procedimiento Concursal de Liquidación.

Toda mención que en otras leyes se haga a los convenios, deberá entenderse hecha al Procedimiento Concursal de Reorganización.

Toda referencia que en otras leyes se haga a los síndicos de quiebras, deberá entenderse hecha a los Liquidadores o Veedores, atendida la naturaleza de la función en relación con la norma.

Toda referencia que en otras leyes se haga a la Superintendencia de Quiebras se entenderá hecha a la Superintendencia Concursal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 1.- La presente Ley entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial, salvo las disposiciones contenidas en el Capítulo IX y el artículo 344 de esta Ley, que se ajustarán a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 3 transitorio de esta Ley. Las quiebras, convenios y cesiones de bienes en actual tramitación y aquellas que se inicien antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, se regirán por las disposiciones contendidas en el Libro IV del Código de Comercio.

ARTÍCULO 2.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ley, los síndicos que soliciten inscribirse en la Nómina de Liquidadores, deberán constituir la garantía en los términos señalados, a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 3.- Facúltese al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, los que deberán ser también suscritos por el Ministro de Hacienda, establezca las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar la planta del personal de la Superintendencia Concursal y el régimen de remuneraciones que le será aplicable.

2. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios de planta y a contrata desde la Superintendencia de Quiebra a la Superintendencia Concursal, conforme a lo señalado en el número siguiente.

3. El traspaso del personal se efectuará al grado de la Escala de Fiscalizadores más cercano al total de remuneraciones que perciba el funcionario traspasado. En el mismo acto, fijará la fecha de entrada de vigencia de los encasillamientos y traspasos de personal que disponga.

En el respectivo decreto con fuerza de ley se determinarán los estamentos y calidad jurídica en que se traspasaran los funcionarios, estableciéndose además el plazo en que deba llevarse a efecto este proceso. La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República" por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Conjuntamente con el traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

4. En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas y del sistema de remuneraciones que fije. Asimismo podrá disponer del número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, las denominaciones de aquellos, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del Título VI de la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas complementarias al artículo 15 de esta última ley para los encasillamientos del personal derivados de las plantas que fije.

5. El Presidente de la República determinará la data de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de la Superintendencia Concursal.

6. El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar cesación de funciones, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

c) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

7. Fijar el estatuto especial que regirá al personal de la Superintendencia Concursal que cumpla funciones profesionales y fiscalizadoras, de acuerdo a la letra e) del artículo 162 del D.F.L. N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.

8. El Presidente de la República determinará la fecha de iniciación de actividades de la Superintendencia Concursal, contemplándose un período para su implementación. Además, determinará la fecha de supresión de la Superintendencia de Quiebras, estableciendo el destino de sus recursos.

9. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde la Superintendencia de Quiebras a la Superintendencia Concursal.

ARTÍCULO 4.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia Concursal y le transferirá los fondos de la Superintendencia de Quiebras necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

ARTÍCULO 5.- El Presidente de la República designará al Superintendente Concursal de conformidad al sistema dispuesto en el Título VI de la ley Nº 19.882.

Desde que la Superintendencia Concursal inicie sus funciones ejercerá el cargo de Superintendente Concursal quien sea a la fecha Superintendente de Quiebras por todo el plazo que falte para cumplir su periodo de designación. De la misma manera, quienes se desempeñen como Jefes de los Departamentos Jurídicos y Financiero y de Administración continuarán en sus cargos hasta el cumplimiento de su periodo de designación.

ARTÍCULO 6.- La Superintendencia Concursal se constituirá para todos los efectos en la sucesora legal de la Superintendencia de Quiebras, en las materias de su competencia, de manera que las menciones que la legislación general o especial realice a la precitada institución se entenderán hechas a la Superintendencia Concursal, como aquellas realizadas respecto al Superintendente de Quiebras se entenderán hechas al Superintendente Concursal.

ARTÍCULO 7.- Las normas sobre remuneraciones que contiene esta Ley, regirán desde la fecha de inicio de funciones de la Superintendencia Concursal.

ARTÍCULO 8.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el primer año de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y posteriormente con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.

ARTÍCULO 9.- Los procedimientos sancionatorios y de fiscalización iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, seguirán sustanciándose conforme a las normas vigentes a la época de iniciarse dichos procedimientos, hasta su total terminación.

Tratado en sesiones celebradas los días 6 y 13 de junio del año en curso, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Eugenio Tuma Zedán (Presidente), Alberto Espina Otero, José García Ruminot, Jovino Novoa Vásquez y Andrés Zaldívar Larraín (Hosaín Sabag Castillo).

Sala de la Comisión, a 19 de junio de 2012.

PEDRO FADIC RUIZ

Abogado Secretario de la Comisión

RESEÑA

INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO.

I.- BOLETIN Nº: 8.324-03.

II.- MATERIA: Proyecto de ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.

III. OBJETIVOS:

-Establece un nuevo régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora, y a repactar los pasivos o liquidar los activos de una persona deudora.

- Crea la Superintendencia Concursal, institución autónoma, de duración indefinida, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y que será la continuadora de la actual Superintendencia de Quiebras.

IV.- ORIGEN: Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República.

V.- FECHA: Ingresó a tramitación el día 23 de mayo de 2012. Pasa a la Comisión de Economía.

VI.- TRAMITE CONSTITUCIONAL: Primer trámite.

VII.- TRAMITE REGLAMENTARIO: Para primer informe. Cabe hacer presente que, por acuerdo de la Sala, el proyecto será considerado en segundo informe por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Economía, unidas. Asimismo, el proyecto deberá ser considerado por la Comisión de Hacienda, en su caso.

VIII.- URGENCIA: Suma urgencia (6 de junio de 2012).

IX. NORMAS DE QUORUM ESPECIAL:

Deben aprobarse como normas de carácter orgánico constitucionales los artículos 3°, 19, 55, 69, 99, 103, 115, 142, 147, 197, 199 letra a), inciso primero del artículo 245, inciso sexto del artículo 266, 272, 282, 291, 295, 296, 303, 337 N° 6, inciso segundo del artículo 341 y 349 N° 1, por atribuir nuevas competencias a los Tribunales de Justicia, conforme lo exige el artículo 77 en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

Asimismo, debe aprobarse con quórum orgánico constitucional el artículo 336, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38, en relación con el artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República.

X.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: NUEVE CAPÍTULOS (402 ARTÍCULOS):

1. DISPOSICIONES GENERALES.

2. DEL VEEDOR Y LIQUIDADOR.

Referido a las disposiciones orgánicas y regulatorias relativas a estos dos nuevos sujetos partícipes de los nuevos procedimientos concursales. Regula también lo referido a los Martilleros concursales.

3. DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE REORGANIZACIÓN.

Responde al nuevo tratamiento sistémico de los hoy denominados “convenios”.

4. DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN.

Tratamiento legal del procedimiento destinado a la realización de los bienes del deudor, sea a consecuencia de su propia solicitud, de una demanda judicial iniciada por su acreedor o acreedores o como resultado de un escenario de reorganización no exitoso.

5. DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL RENEGOCIACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN DE LA PERSONA DEUDORA.

Establece un procedimiento especial de que permite la renegociación de las obligaciones de la persona natural deudora, con sus acreedores, actuando el órgano administrativo como un facilitador y entregando las herramientas que permitan llegar a un acuerdo.

6. DE LAS ACCIONES REVOCATORIAS CONCURSALES.

Regula este tipo de acciones especiales, las cuales pueden ser impetradas una vez iniciado un procedimiento concursal.

7. DEL ARBITRAJE CONCURSAL.

Establece las reglas aplicables al arbitraje concursal, el cual podrá ser aplicable tanto para los procedimientos concursales de liquidación como de reorganización.

8. DE LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA.

Incorpora la Ley Modelo de Insolvencia Transfronteriza de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, para establecer mecanismos eficaces para la resolución de los casos de insolvencia transnacionales, en base a la cooperación entre los Estados.

9. DE LA SUPERINTENDENCIA CONCURSAL.

Responde al tratamiento orgánico del ente fiscalizador concursal, que ve potenciado su accionar en comparación al esquema actual.

ADEMÁS,

-INTRODUCE MODIFICACIONES EN OTROS CUERPOS LEGALES.

-DISPOSICIONES TRANSITORIAS. (NUEVE ARTÍCULOS)

Contiene normas transitorias para la implementación del nuevo procedimiento, así como la debida instalación de la nueva Superintendencia Concursal, continuadora de la actual Superintendencia de Quiebras.

XI. ACUERDOS: Aprobado, en general, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (Unanimidad. 4X0).

XII.- DISPOSICIONES QUE SE RELACIONAN CON EL PROYECTO:

1.- La ley N° 18.175, de Quiebras, que deroga.

2.- El Código Penal.

3.- El Código Civil.

4.- El Código de Comercio:

5.- El Código de Procedimiento Civil.

6.- El Código Orgánico de Tribunales:

7.- El Código del Trabajo.

8.- El Código Tributario.

10.- Asimismo, el proyecto modifica diversas leyes especiales.

Valparaíso, 19 de junio de 2012.

PEDRO FADIC RUIZ

Abogado Secretario de la Comisión

SUSTITUCIÓN DE RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE Y CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA CONCURSAL

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8324-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 21ª, en 23 de mayo de 2012.

Informe de Comisión:

Economía: sesión 27ª, en 19 de junio de 2012.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Los objetivos principales de la iniciativa son:

-Establecer un nuevo régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora y a repactar los pasivos o liquidar los activos de una persona deudora, y

-Crear la Superintendencia Concursal, institución autónoma, de duración indefinida, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y que será la continuadora de la actual Superintendencia de Quiebras.

La Comisión discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Novoa, Tuma y Andrés Zaldívar.

Cabe consignar que los artículos 3°, 19, 55, 69, 99, 103, 115, 142, 147, 197, 199 letra a), inciso primero del artículo 245, inciso sexto del artículo 266, 272, 282, 291, 295, 296, 303, 336, 337 N° 6, inciso segundo del artículo 341 y 349 N° 1 del proyecto, son normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.

Es preciso recordar que, en sesión de fecha 23 de mayo, la Sala acordó que el proyecto sea conocido en su segundo informe por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Economía, unidas.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la parte pertinente del informe.

)----------(

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.-

Señor Presidente, solicito el acuerdo de la Sala para ampliar hasta el lunes 25 de junio, a las 12, el plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que regula el contrato de seguro.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.

--Así se acuerda.

)----------(

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , en la sesión especial de hoy en la mañana se dio cuenta de la iniciativa, en tercer trámite constitucional, que define el descarte de especies hidrobiológicas y establece medidas de control y sanciones para quienes incurran en dicha práctica en las faenas de pesca.

Solicito autorización para que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura pueda constituirse y sesionar en paralelo con la Sala, en la medida en que ello sea compatible con las votaciones que se realicen en el transcurso de la tarde.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.

--Acordado.

)----------(

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , el Comité Partido Por la Democracia solicita a la Mesa poner en tabla el proyecto de ley relacionado con la reforma al sistema binominal, cuyo debate quedó inconcluso.

Fue presentado el año 2006 y se debatió en la Comisión de Constitución la cuestión de su admisibilidad. El Tribunal Constitucional, con posterioridad a la interrupción de la discusión, calificó de procedente la insistencia hecha por el Presidente Lagos.

La iniciativa fue rechazada en la Cámara por no cumplir el quórum requerido -faltaron dos votos- y se insistió en el Senado. Acá, la Comisión de Constitución estimó que no procedía la insistencia en el caso de las reformas a la Carta y por eso se hizo la consulta al Tribunal Constitucional, el que manifestó su pertinencia.

El proyecto se halla en discusión todavía, y pido que se ponga en tabla en algún momento próximo.

El señor ESCALONA ( Presidente ).-

Tratándose de un tema en que la Mesa no dispone de información exacta, solicitaré a la Secretaría que me ilustre al respecto y en la próxima sesión entregaré la correspondiente explicación al Comité del PPD y a la Sala.

)----------(

El señor ESCALONA (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra sobre el proyecto.

Puede hacer uso de ella el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , hoy el Senado inicia el debate de una iniciativa legal que se envió a la Comisión de Economía, la cual la analizó en general. Por acuerdo de la Sala, la discusión en particular va a ser acometida en Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y Economía, unidas.

Durante dos sesiones, la Comisión debatió la materia. Asistieron el Ministro señor Pablo Longueira y la Superintendenta de Quiebras, quien hizo una presentación al respecto. Y quiero destacar la participación que ella ha tenido.

El asunto amerita un análisis profundo, pero también una extremada urgencia.

En los últimos años, hemos conocido el caso de numerosas pequeñas y medianas empresas que han cerrado sus puertas sin acogerse ni siquiera a quiebra y de otras que sí lo han hecho. No obstante, son muy pocas las que han logrado recuperar los recursos.

Con lo anterior, se pierden empleos, inversión y la oportunidad de que algunas industrias con posibilidades de resurgir puedan hacerlo.

Quiero reconocer el mérito del Ejecutivo de enviar el presente proyecto sobre una cuestión que se ha estado debatiendo desde hace muchos años entre el Ministerio de Economía y el Parlamento en distintas iniciativas legales. Pero no habíamos recibido una norma integral que diera cuenta de renovar nuestra legislación referida a todo lo que tiene que ver con la empresa en falencia.

Desde ese punto de vista, las experiencias que hemos tenido han sido muy negativas, ya que, según las exposiciones de la señora Superintendenta y del señor Ministro de Economía , los resultados de la participación en los mecanismos que hoy establece la normativa para salvar o liquidar, en el ámbito de que se trata, han resultado desastrosos.

Hay liquidaciones de bienes que se realizan después de cinco años, lapso tras el cual se hallan absolutamente desvalorizados.

En definitiva, no ayudamos a los emprendimientos: aquel que invierte y le va mal no se vuelve a levantar -aparte de perder todos sus recursos, incluso los familiares-, pues el sistema no da cuenta de un apoyo legislativo encaminado a quien emprende.

Hoy se ha presentado un proyecto de ley con una mirada diferente, con un rol distinto del Estado, para que tales empresas sigan vigentes y para orientar y apoyar su permanencia por la actividad económica y las fuentes laborales que proveen.

Se establecen incentivos a fin de lograr que hagan un gran esfuerzo por mantenerse y para que los acreedores participen con una visión ya no de liquidarlas, sino que con la intención de ayudarlas.

Se disponen los alicientes correctos en orden a que los acreedores se hallen interesados en continuar proveyendo los servicios o los productos que permitan que la empresa no siga con falencias o con falta de liquidez.

A mi juicio, la iniciativa contiene nuevas figuras legales que hacen que el Estado asuma un rol de ayuda hacia el pequeño y mediano empresario. Estimo que permitirá que muchas pymes que pasan por malos momentos puedan resurgir. De no ser así, que se puedan vender como unidad económica. Y si no se consiguen liquidar bajo dicho concepto, que enajenen sus bienes a los efectos de recuperar valores porcentualmente significativos respecto a lo que hoy arriesgan no solo sus acreedores, sino también los trabajadores, porque estos últimos son los que más pierden cuando se cierra una empresa.

Por otra parte, se establecen límites de tiempo a los procedimientos. En la actualidad, el proceso no demora menos de dos a tres años; y algunas empresas han liquidado después de cinco.

Asimismo, se promueve la especialización de los tribunales -algo muy importante- para los efectos de que tengan experticia en resolver lo relacionado con los incentivos que se dispondrán. Y se señala que desempeñarán el rol de declarar los pasos que define la ley.

Asimismo, se instauran procedimientos efectivos de reorganización.

Se protege a los acreedores garantizados. Y hay algo muy novedoso: ningún acreedor está dispuesto a seguir ayudando a un deudor que se halle en procedimiento de quiebra. En ese caso, proveemos un incentivo para que continúe proveyendo a la empresa, mediante una preferencia en la liquidación de los bienes si eventualmente hubiese que vender. Eso permitiría que continúe funcionando. Y no como ocurre hoy, donde, el mismo día en que se da la señal de que se acogerá a la quiebra, se le termina el abastecimiento y se le cortan, incluso, los servicios básicos.

Aquí se garantiza que estos van a estar funcionando, que los proveedores podrán seguir prestándoles servicios. Y tendrán como incentivo la garantía de acceder a créditos preferentes.

Además, se mantiene la preferencia respecto de los trabajadores. En su oportunidad, discutiremos si esta debiera ser más contundente, en qué lugar se ubica el Fisco, ¿antes o después? Este tema tendría que ser materia de debate en la Comisión.

También se mejora la transparencia en cuanto a cómo se realiza la distribución y la liquidación de los bienes.

En suma, creo que nos encontramos ante un proyecto que posee mucho mérito.

En tal sentido, saludo y felicito a la señora Josefina Montenegro , Superintendenta de Quiebras. Y agradezco también la participación en la Comisión del señor Ministro de Economía ; del síndico de quiebras y profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile don Patricio Jamarne; del síndico de quiebras y Asesor Económico de Insolvencias , don Enrique Ortiz ; del asesor del Ministerio de Economía y ex Superintendente de Quiebras don Cristian Palacios; de la síndico de quiebras señora María Loreto Ried ; del síndico de quiebras don José Manuel Edwards , y del árbitro de la Lista de Abogados que pueden ser nombrados árbitros, profesor de Derecho Comercial don Nelson Contador . Todos los invitados nos dieron su visión unánime a favor del proyecto.

Por tal razón, la Comisión de Economía aprobó por unanimidad la iniciativa.

Sin duda, durante el debate en particular en las Comisiones unidas será posible plantear nuestras aprensiones acerca de determinados artículos. Creo que podemos enriquecer el proyecto.

En todo caso, en mi opinión, esta es una de las iniciativas más sustantivas que la Comisión de Economía y el Congreso pueden aprobar en la dirección de permitir la creación de empleo, de defender la competitividad y la existencia de la pequeña y la mediana empresa.

Por ello, así como la Comisión de Economía aprobó el proyecto por unanimidad, solicito a la Sala que lo haga en los mismos términos y cuanto antes, a fin de que se abra un plazo para formular indicaciones que nos permita perfeccionarlo y colocar de mejor manera los incentivos.

Por lo tanto, anuncio mi voto favorable.

El señor KUSCHEL.-

"Si le parece", señor Presidente.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Varios señores Senadores han solicitado intervenir, y también el señor Ministro .

)-----------(

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

La Senadora señora Rincón había pedido la palabra.

Puede intervenir, señora Senadora.

La señora RINCÓN.-

Señor Presidente , quiero dejar constancia de que durante mi desempeño como Senadora he hecho uso de gastos para la Corporación en materia de viajes al extranjero en una sola oportunidad.

He pasado a la Comisión de Régimen Interior una invitación que me hicieron desde Panamá para participar en un encuentro de líderes estudiantiles de Latinoamérica. Implicaba para el Senado un costo por concepto de pasaje y gastos mínimos de estadía, porque me pagaban el alojamiento, y la Comisión ha dicho que no.

Solamente dejo constancia de aquello.

)-----------(

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera la Senadora señora Rincón.

Acordado.

Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.

--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidenta accidental , la Senadora señora Rincón.

El señor LONGUEIRA ( Ministro de Economía , Fomento y Turismo).-

Señor Presidente , en primer lugar, agradezco la prontitud que esta Corporación le ha dado a la votación en general de un proyecto que, tal como mencionó el Presidente de la Comisión de Economía , Senador señor Tuma , es muy necesario, muy importante para seguir desarrollando el emprendimiento en Chile.

Si hay una normativa que se ha quedado atrás en su modernización, es precisamente la Ley de Quiebras.

Si queremos alcanzar el desarrollo, debemos impulsar un cambio en la cultura de emprendimiento en Chile. Pero no solo tenemos que avanzar en facilitar el inicio de la etapa del emprendimiento. Esto lo estamos haciendo a través de otras iniciativas, como la relativa a la disminución de trámites, a la constitución de sociedades en un registro electrónico, que ya despachó el Senado y que permitirá constituir sociedades en Chile en un solo día y a cero peso. También hemos de hacernos cargo de que el emprendimiento, el asumir un desafío empresarial, implica poder fracasar. Según las estadísticas internacionales, de diez emprendedores exitosos, ocho fracasaron en sus primeros intentos. Por lo tanto, es de la naturaleza del emprendimiento el fracasar.

En Chile contamos con normas que de alguna forma hacen que cuando el emprendedor fracasa no solo enterremos ese emprendimiento, sino habitualmente también al emprendedor. Y en tales circunstancias, los emprendedores, como lo saben los señores Senadores y aquellos que hemos sido parlamentarios, enfrentan en nuestro país una situación muy compleja, porque caen en DICOM, tienen que andar arrancándose, escondiendo sus bienes. Finalmente, aquellos que fracasan son condenados por la sociedad. En consecuencia, debemos hacer un cambio no solo cultural, sino también en toda la normativa existente para los casos de insolvencia o liquidación de empresas.

El título del proyecto creo que resume muy bien los cambios que estamos introduciendo en la ley, que obviamente analizaremos durante la discusión en particular.

Nos encontramos ante una modernización muy profunda. Se ha desarrollado desde hace ya más de un año en el Ministerio de Economía, en la Superintendencia de Quiebras, un equipo multidisciplinario que ha permitido recoger las mejores prácticas de aquellos países que han avanzado. En el continente, Colombia es uno de los que ha dado uno de los saltos más importantes en esta materia. De hecho, en el mes de enero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se celebró un seminario donde participaron expertos colombianos junto a profesores de esa Facultad y a equipos de la Superintendencia, para ir elaborando la iniciativa que nos ocupa, que -insisto- es fruto de un trabajo muy intenso durante muchos meses, y que ahora se somete a aprobación en el Parlamento.

Obviamente, creemos que es muy importante en la discusión en particular recoger todos los perfeccionamientos que nos permitan sacar -¡ojalá!- la mejor ley para reorganizar compañías en Chile y para liquidar aquellas cuya reorganización finalmente no sea posible.

Señalo lo anterior porque hay dos objetivos que es muy importante lograr con el proyecto.

En primer término, cambiar lo que existe hoy. En la actualidad, tal como se explicaba en la Comisión de Economía, las empresas que caen en estos casos llegan prácticamente en una situación de liquidación, no hay nada que hacer. Porque no contamos con una ley que genere los incentivos adecuados en el caso de una empresa que se encuentra en insolvencia, que muchas veces tiene problemas de liquidez, pero es viable. Al final, toda nuestra institucionalidad y legislación apunta a hacernos cargo cuando ya la situación es inviable.

La iniciativa cambia el énfasis, modifica los plazos, establece un sistema que busca salvar la compañía, reorganizar ese emprendimiento que de alguna forma está viviendo un momento de iliquidez o de insolvencia, y buscar todos los caminos en forma rápida, expedita, fácil, para tratar de salvar esa situación y evitar, obviamente, las consecuencias que se generan cuando una empresa quiebra, que son el desempleo y el afectar los activos de la compañía.

Y el segundo objetivo es el siguiente. Si después de los plazos pertinentes y de la aplicación de los sistemas establecidos para reorganizar las compañías, esto no se logra, que se liquiden lo más rápido. ¿Para qué? Para que exista la mayor recuperación de activos.

Debo decir que los dos indicadores que de alguna forma miden la calidad de las leyes que tienen los países en materia de insolvencia, de quiebra, nos demuestran lo mal que está Chile.

En el indicador del Banco Mundial, del Doing Business, que mide diez parámetros de un país para crear un buen clima para el emprendimiento, en la resolución de la insolvencia, Chile se encuentra en el lugar 110 de 183 países. Es el peor indicador de todos aquellos que se miden. Esto refleja lo anacrónica que es la ley actualmente vigente. Reitero: estamos en el lugar 110. Y para que tengamos otro parámetro de comparación, el promedio de los países de la OCDE es 27.

Otro factor a considerar -es un objetivo que se debe buscar a través de esta modernización - es la tasa de recuperación del crédito. Los países que integran la OCDE tienen una tasa promedio de 68,2 por ciento, y nosotros, de 25,5 por ciento.

Esa es una finalidad muy importante. Estamos al debe y tenemos que revertir esta situación. Por eso, el proyecto se hace cargo de las compañías que, después de cumplidos ciertos plazos y de aplicados procedimientos de reorganización y de incentivo a su viabilidad, pasan a la etapa de liquidación, disponiendo que ella se lleve a cabo dentro de un tiempo razonable, para poder obtener la mayor recuperación de créditos.

Eso reviste mucha trascendencia, porque si no se cuenta con una buena legislación, se termina encareciendo el crédito. Y como en Chile no existe una buena ley para liquidar empresas no viables, o para tratar de reorganizarlas, finalmente aquel se encarece.

El tercer indicador que quiero ilustrar en esta discusión general de la iniciativa se refiere a que los países de la OCDE resuelven las situaciones de insolvencia de las compañías en un promedio de 1,7 años, y nosotros, en más de 4,5.

Tales indicadores nos demuestran que debemos hacer cambios muy significativos.

Quiero aprovechar esta ocasión, señora Presidenta , para agradecer la decisión del Senado de tramitar con rapidez este proyecto. Su debate en general se realizó en la Comisión de Economía, tal como se acordó en su oportunidad, resultando aprobada la idea de legislar, y hoy se somete a la consideración de la Sala. Después, también por decisión de la Sala, la iniciativa será analizada en su segundo informe por las Comisiones unidas de Constitución y de Economía, para agilizar su discusión y no tener que repetirla en dos organismos técnicos.

Debo agregar a lo dicho por el Presidente de la Comisión de Economía que la actual legislación, de alguna forma, afecta a la economía desde varios puntos de vista.

En primer lugar, desincentiva el emprendimiento y el reemprendimiento.

Sin embargo, en este proyecto se recoge, por primera vez, algo muy importante: la reorganización o la renegociación de las personas naturales. Por eso la iniciativa se denomina "Ley de reorganización y liquidación de empresas y personas", porque también vamos a contar con un mecanismo para tales deudores.

En Chile no tenemos ningún sistema que les permita a las personas naturales reprogramar sus compromisos cuando se ven afectadas por un problema de insolvencia o de dificultad para darles cumplimiento. Ahora llenamos ese vacío de nuestra legislación con un mecanismo que ha sido incorporado en las reglamentaciones más avanzadas del mundo. Y, por eso, en esta modernización de la Ley de Quiebras no solo abordamos la situación de las compañías, de las empresas y del emprendimiento, sino también la de las personas naturales.

La actual normativa permite una baja tasa de recuperación de créditos, y una ley moderna debe buscar la mayor tasa posible; además, es lenta y, en el fondo, presenta muchas dificultades. Y en un país abierto al mundo como Chile, donde queremos contribuir a desarrollar una cultura del emprendimiento, consideramos fundamental contar con una legislación moderna, eficaz, que disponga plazos que se cumplan, para ponernos en el nivel de las naciones más desarrolladas en esta materia.

La señora RINCÓN ( Presidenta accidental ).-

Terminó su tiempo, señor Ministro .

Le concederemos un minuto adicional.

El señor LONGUEIRA ( Ministro de Economía , Fomento y Turismo).-

Gracias, señora Presidenta .

Asimismo, en esta iniciativa creamos incentivos tributarios para la suscripción de convenios. En fin, se trata de una modificación muy completa, que será parte de la discusión que sostendremos en las Comisiones unidas.

Por último, de acuerdo con la nueva mirada que incorporamos en este proyecto y considerando que la legislación actual se preocupa más de la liquidación de compañías que de su reorganización, también se propone traspasar la dependencia de la Superintendencia de Quiebras -que se denominará "Superintendencia Concursal"- al Ministerio de Economía, porque deseamos que la nueva normativa permita y favorezca el emprendimiento, el reemprendimiento, la reorganización de las compañías, con un énfasis completamente distinto del que tiene la ley que nos rige.

En la discusión particular, por cierto, recogeremos todos los puntos de vista que permitan perfeccionar la iniciativa en debate, que estimamos muy importante para el desarrollo económico de Chile.

Por otro lado, quiero señalarles a los señores Senadores a quienes les interese conocer con más detalle las modificaciones introducidas, que son muy profundas y complejas, que los equipos de la Superintendencia Concursal, o de Quiebras, en su actual denominación -hoy día me acompaña Alejandra Anguita , la Superintendenta subrogante, porque la titular se encuentra fuera del país en un seminario-, están a su disposición, así como a la de los centros de estudios que deseen interiorizarse de todos los cambios que estamos haciendo. Ello nos permitirá recoger todos los perfeccionamientos que Sus Señorías quieran incorporar en este cuerpo legal.

He dicho.

La señora RINCÓN ( Presidente accidental ).-

Solicito que se vaya a buscar al señor Vicepresidente del Senado , para que continúe dirigiendo la sesión.

Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA .-

Señora Presidenta , coincido en que este proyecto es de extraordinaria importancia para la economía de nuestro país; para las empresas que caen en situación de insolvencia, para sus trabajadores, y, en general, para todos los emprendedores, particularmente para los que, con gran entusiasmo y, también, con gran sacrificio, crean una empresa, les va mal, caen en situación de insolvencia y quiebran, quienes normalmente son estigmatizados por la sociedad y no pueden recuperarse.

Lo que hace esta iniciativa, en pocas palabras, es, primero, facilitar la reorganización de los pasivos de las empresas insolventes. De este modo, si una empresa tiene deudas apremiantes, podrá obtener de los acreedores mayores plazos y mejores condiciones para renegociarlas y, así, salvarse de la quiebra con todo su giro. Ello le permitirá continuar desarrollando sus actividades productivas o de servicios, mantener los empleos, solventar su deuda, cumplir sus compromisos y seguir actuando con toda normalidad.

Ese es el primer objetivo de esta nueva ley en proyecto: lograr la reorganización de los pasivos de manera armónica con los acreedores y evitar la quiebra de las empresas.

Si ello no es posible, también permite, en segundo lugar, una pronta liquidación de la compañía que entra, finalmente, en cesación de pagos y en situación de quiebra. Porque, en la medida que aquella se efectúe rápidamente, lo que se recupere por concepto de la venta de activos será bastante mayor que lo conseguido hoy en día. Y, por supuesto, cuanto más recuperen los acreedores, mucho menor será el daño patrimonial.

En tercer término, esta iniciativa se hace cargo -tal como decía el Ministro de Economía -, por primera vez en nuestra legislación, de la quiebra de las personas, y evita todas las penurias que deben atravesar quienes, fruto de distintas circunstancias de la vida, se ven afectados por un endeudamiento muy grande, que no les permite salir adelante.

De tal forma, esta normativa también va a posibilitar la reorganización de los pasivos de las personas, para ayudarlas a salir de su situación de insolvencia, evitando -como muchas veces ocurre- que caigan en DICOM, o que sufran todos los apremios de una cobranza judicial.

Entregaré algunas cifras, señor Presidente, que muestran la importancia de este proyecto.

En materia de duración de los procedimientos concursales, nuestro país ostenta un triste récord.

En efecto, mientras en Japón, Canadá y Dinamarca demoran de 6 a 9 meses; en Colombia, 1,3 años; en Uruguay, 2,1 años; en Bolivia, 1,8 años, en Chile el promedio de resolución de las quiebras es de 4,5 años. ¡El tiempo promedio!

En cuanto a porcentajes de recuperación de créditos, Japón registra 92,7 por ciento; Colombia, 82,8 por ciento; Chile, 25,5 por ciento.

Claramente, esta última cifra constituye también un triste récord para nuestro país, el que mediante la ley en proyecto se busca resolver.

En relación con los costos que involucra el procedimiento de una quiebra, en Japón, Colombia , Uruguay , Bolivia , Canadá y Dinamarca, ellos, en promedio, varían de 1 a 7,7 por ciento de los montos involucrados. En Chile alcanzan al 15 por ciento de estos.

Por lo tanto, cabe concluir que en nuestro país una quiebra implica enfrentar no solo a los acreedores, sino también una situación de desesperación que finalmente termina matando todos los deseos de emprendimiento, todo entusiasmo por comenzar alguno. Y, además, muchas veces redunda en que buenos emprendedores, pero que se equivocaron en ese afán, no vuelvan a perseverar, privándose la nación de gente capacitada, con experiencia y que está en condiciones de iniciar nuevos emprendimientos y crear otras fuentes de trabajo.

Señor Presidente , el promedio nacional de quiebras anuales es de 150, cifra pequeña si se considera que, por otra parte, alrededor de 2 mil empresas registran protestos relevantes y que podrían ser sujetos de la reorganización de sus pasivos.

Lo anterior da cuenta de que la actual legislación -dictada en 1981, a raíz de la crisis por endeudamiento que vivió todo el mundo y que nos golpeó tan fuertemente- no es expedita, no facilita las cosas y, en definitiva, los acreedores terminan perdiendo mucho dinero.

Como digo, la ley, en vez de facilitar las cosas, las hace mucho más difíciles.

El proyecto en debate busca remediar todo eso.

De otro lado, los integrantes de la Comisión de Economía quedamos gratamente impresionados por la calidad de las normas que se proponen.

Vemos realmente modernización.

Vemos realmente un espíritu de oportunidad para salvar las empresas, y cuando ya no es posible salvarlas, un esfuerzo por obtener la mayor recuperación posible de las acreencias.

En fin, vemos aquí una legislación tremendamente positiva, que beneficiará al país.

Por eso, señor Presidente, los Senadores de estas bancas vamos a aprobar, con mucho entusiasmo, la idea de legislar. Y, por supuesto, felicitamos al Gobierno, en la persona del Ministro de Economía, don Pablo Longueira, por su iniciativa.

¡Legislaciones como esta potencian el desarrollo económico y social, y terminan cuidando los empleos!

¡Legislaciones como esta le hacen muy bien al país!

El señor LARRAÍN.-

¿Me permite plantear una cuestión de Reglamento, señor Presidente?

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Con todo gusto.

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , este proyecto, que es muy importante y fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía, contiene disposiciones cuya aprobación requiere quórum orgánico constitucional.

Por lo tanto, solicito que se abra la votación y que se toquen los timbres a fin de que los colegas acudan a la Sala a emitir su pronunciamiento.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Debo informar que algunos Senadores se encuentran reunidos con dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios en otra dependencia de la Corporación -yo venía de allá-, donde permanecerán por algunos minutos más.

Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.

--Así se acuerda.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

En votación general el proyecto.

--(Durante la votación).

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , en primer lugar me referiré al proyecto en debate. Y al final de mi intervención haré uso de mi derecho a formular algunas observaciones con relación a Su Señoría.

Yo valoro enormemente esta iniciativa, porque pone al día al país en una materia que deberíamos haber abordado mucho antes.

La legislación que se propone sustituir se originó a comienzos de la década de 1980, cuando Chile se vio afectado por una gran crisis y hubo que adecuar todo el sistema de tratamiento de quiebras a la realidad que se vivía en esos momentos. Y esa legislación se elaboró, fundamentalmente, sobre la base, más que de tratar de reorganizar un negocio que estuviera en quiebra, de cómo liquidar en las mejores condiciones los negocios o empresas que habían entrado en tal situación.

Hace tiempo que se estaba pidiendo una modificación de la normativa. Me parece muy bien y creo que, como expresamos en la Comisión, se nos envió un proyecto bastante completo y orgánico, que procedimos a aprobar en general, pero al que seguramente habrá que efectuarle algunas correcciones durante su discusión en particular.

Ya hemos conocido planteamientos, incluso a través de los medios de comunicación, de algunos profesores de Derecho Comercial, sobre ciertos cambios que se precisan. Sería bueno estar atentos a ellos, para que la ley que se despache sea la mejor posible y tenga una larga duración.

Aquí se han formulado diversos comentarios acerca del texto que se propone.

Coincido con el mensaje del Ejecutivo en orden a que cuando una persona o empresa cae en quiebra, debe evitarse, ante todo, que la quiebra llegue a su fin y se liquide el negocio o la actividad en que se centraba.

Entonces, lo primero que corresponde hacer es reorganizar el emprendimiento, o sea, tratar de salvarlo y no liquidarlo. Y, por supuesto, si no se puede lograr ese objetivo, hay una segunda fase -la ley así lo contempla-: liquidar el negocio o la empresa en la mejor forma posible, porque detrás de ello está el interés no solo del deudor, de quien provoca la quiebra, sino sobre todo de los acreedores, de las personas que tienen comprometidos sus activos, y especialmente de los trabajadores. Y la manera de conseguirlo es mediante un procedimiento que posibilite que la liquidación se realice en los términos más convenientes.

Creo que la ley en proyecto va en ese camino.

Ante ese cuadro, cabe hacer una precisión.

Se insiste mucho en que quien quiebra no debe quedar como en una lista negra o en DICOM. Yo estoy de acuerdo. Pero también hay que mantener cierto equilibrio. No puede ser que a la persona que quiebra le demos una suerte de premio o de condecoración. ¡No! Al contrario. Es efectivo que a aquel que quiebra o tiene un negocio que fracasa se le tiene que dar la oportunidad de iniciar otra actividad o emprendimiento. Pero a quien lo haga de mala fe o no cumpla con las obligaciones como corresponde, se le debe sancionar.

El proyecto también tiende a buscar ese equilibrio.

Con respecto al texto en general -el articulado lo analizaremos durante la discusión en particular-, quiero hacerme cargo de ciertas cosas expresadas aquí por el Ministro y algunos Senadores.

Hay un tema sobre el cual es necesario llamar la atención: el de la duración de los procedimientos de quiebra en Chile.

Como se ha señalado, cuando alguien entra en quiebra, el respectivo procedimiento demora, en el mejor de los casos, 4 a 5 años y, a veces, mucho más. Incluso, en Bolivia los procedimientos demoran 1,8 años; mientras que en países más avanzados, mejor estructurados y organizados -como Japón y Canadá-, tardan entre 6 y 9 meses.

Esto es importante, porque constituye una manera de hacer más eficiente el procedimiento, ya sea para reorganizar el negocio o para liquidarlo.

El segundo punto dice relación con el nivel o porcentaje de recuperación del crédito cuando se produce una quiebra. Un procedimiento de quiebra es exitoso no cuando se liquida y se cierra el negocio, porque desconocemos cuáles son los efectos que ello le puede originar a los acreedores.

En ese sentido, en el informe se da a conocer una estadística bien interesante. En Japón y Colombia la recuperación de los activos fluctúa entre 82 y 90 por ciento; en Chile, solo un 25 por ciento. O sea, en nuestro país existe la convicción de que cuando alguien entra en quiebra todo está perdido y es muy difícil recuperar el negocio. A eso es preciso agregar que el costo de la liquidación o la reorganización es muy alta: el 15 por ciento del valor de los activos se destina a financiar el procedimiento de la quiebra, mientras que en otras naciones dicho porcentaje oscila entre 1 y 7 por ciento.

Por lo tanto, todos esos elementos han llevado al convencimiento de que es necesario aprobar una nueva legislación que evite toda esa pérdida de tiempo.

En efecto, se requiere, primero, que los procesos sean más eficientes y más rápidos; segundo, que la recuperación de los créditos sea mayor que el 25 por ciento actual, y tercero, que el costo de la liquidación o de la reorganización del negocio no sobrepase el 7 por ciento, que es el porcentaje más alto que se destina para tal efecto en otros países.

Ahora bien, en esta materia debemos tener presente el motivo por el cual no se produce el proceso de quiebra: por la demora, el costo y la falta de recuperación.

Según las cifras entregadas en el mensaje, Chile tiene un promedio de 150 quiebras anuales declaradas -ojalá fuese cero-. Pero lo grave es que hay más de 2 mil empresas que se hallan en proceso susceptible de declararse en quiebra y no lo hacen. Quedan absolutamente insolventes, sin solución, ni para los acreedores ni para nadie, y el propio empresario o emprendedor permanece en una situación no resuelta. Es decir, existen 2 mil empresas con problemas de insolvencia y solo se declararon 150 quiebras.

Asimismo, se señala que, entre 2006 y 2011, los convenios o proposiciones preventivas de quiebra fueron 47, en contraposición a 855 quiebras declaradas en el mismo periodo. O sea, tampoco es eficiente el sistema.

Por consiguiente, todo ello hace necesario que legislemos sobre esta materia.

Voy a aprobar el proyecto, y espero que podamos avanzar en su tramitación en general hasta despachar una buena legislación, que dure mucho tiempo.

Señor Presidente , le dije al comienzo que iba a formular una observación que tiene que ver con su persona.

Sabemos que usted declaró en su página web que ayer tuvo un "martes negro". Yo creo que fue un "martes negro" para el Senado, no para usted.

Y le quiero llamar la atención respecto a los juicios que emitió sobre mi votación en un proyecto de ley. Realmente considero inaceptable que usted, aprovechándose de ese medio, haga juicios críticos sobre mi persona, los cuales no corresponden a la realidad.

No defiendo a los poderosos ni tengo actuaciones negras o ambiguas. Ayer me pronuncié en conciencia -que es lo que que debía hacer- en cuanto a una norma que había sido declarada inconstitucional, por unanimidad, en la Comisión.

¡Y yo a usted le niego el derecho de ser mi censor!

Tengo muchos años, en los que creo que me he ganado un prestigio como persona, y usted no tiene derecho, por esa vía, de tratar de desprestigiarme.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente , la verdad es que la Sala está conociendo hoy día una intención. No estamos debatiendo la particularidad del proyecto. Tanto es así que nos entregan un texto comparado sinóptico.

El señor Ministro y otros colegas nos han comentado que se persigue generar las condiciones más adecuadas a la época en que vivimos a fin de poder intervenir a tiempo para, idealmente, reorganizar a empresas que están con problemas de liquidez o que pudiesen presentar dificultades de diferente naturaleza; procurar reorganizar el emprendimiento; buscar caminos tendientes a evitar que se pierdan los activos y, con tal objeto, acortar los plazos.

Deseo plantear al señor Ministro -espero que no se retire de la Sala para poder hacerlo-...

El señor LONGUEIRA ( Ministro de Economía , Fomento y Turismo).-

Voy a la Mesa para saber cuántos Senadores han votado.

El señor LETELIER.-

... que esa parte del proyecto me parece muy bien.

Sin embargo, debo dejar constancia de las paradojas que vivimos y que se reflejan en una empresa llamada "Embotelladora Llacolén".

Su comportamiento con motivo del terremoto en la Octava Región fue considerado heroico, porque entregó a los damnificados más agua que la que procuró ESSBIO . Sin embargo, fue saqueada y destruida en esos días tan oscuros después del sismo. La aseguradora se demoró muchísimo en pagarle los daños, pese a tener contratado el seguro con el banco que, a su vez, era su acreedor.

Entonces, lo paradójico de la vida es que una empresa que se destacó por su desempeño en la Región del Biobío, en la zona de Concepción, Coronel, Lota y alrededores, durante meses ha estado intervenida por la Superintendencia de Quiebras. De modo que se está a punto de destruir una empresa que, si no fuese por los fenómenos de la naturaleza, se encontraría sana, distribuyendo sus productos en el mercado. ¡Es una paradoja!

Hago referencia a lo anterior, señor Presidente , porque comparto las ideas matrices que nos han planteado sobre cómo ayudar a reorganizar empresas. Pero, al mismo tiempo, pido que mientras saquemos adelante la iniciativa en debate, la Superintendencia de Quiebras sea proactiva en evitar que predominen los incentivos perversos de los liquidadores que se instalan en empresas donde no queda muy en claro cuáles son sus estímulos. Cabe advertir que, hoy en día, tenemos una situación peculiar.

He querido mencionar lo anterior en presencia del señor Ministro, porque entiendo el espíritu de la iniciativa y lo comparto.

Por otra parte, tengo un comentario que formular.

En el Senado existe un proyecto de ley que aborda la insolvencia calificada de las personas. Y me hubiese encantado ver en el mensaje un reconocimiento a la autoría de otra iniciativa sobre el particular originada en el Congreso. Porque, como ex Senador, el señor Secretario de Estado sabe lo poco grato que resulta cuando el Ejecutivo desconoce los esfuerzos realizados respecto de otros debates habidos en el Parlamento.

El proyecto en discusión establece un procedimiento concursal de renegociación y un procedimiento concursal de liquidación de la persona deudora. En cambio, la iniciativa que hemos presentado algunos Senadores apunta en otra dirección: a la quiebra individual, de la persona no comerciante.

Lo propuesto por el proyecto que nos ocupa en cuanto al ámbito de las personas puede entenderse referido a la persona comerciante o a la quiebra financiera familiar. Si fuese así, no estoy de acuerdo con el procedimiento que aquí se sugiere. Prefiero una modificación al Código de Procedimiento Civil para la declaración de la insolvencia calificada a través de un procedimiento mucho más expedito, donde sean sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales no comerciantes domiciliadas en el territorio nacional; donde se contemplen causales claras de insolvencia calificada, tales como pérdida del empleo, incapacidad temporal o permanente sobreviniente, enfermedad grave o crónica, fallecimiento del cónyuge o asunción de gastos imprevistos producto de coyunturas especiales; y donde sea factible, tal como ocurre en otros países, que una persona se declare en quiebra.

Ese procedimiento -insisto- debiera someterse al Código Civil y no ser materia propia del Ministerio de Economía, pues el objetivo no es lograr el reemprendimiento de las personas -ya que no todas son emprendedoras-, sino garantizar que el riesgo que corre quien inicia un negocio sea compartido por los acreedores.

Porque a veces los acreedores sobreendeudan a las personas. Entonces, es preciso buscar un mecanismo para establecer otro equilibrio. Para el caso de deudores que se encuentran en situación de insolvencia, la que debe ser calificada por un juez, debe establecerse un procedimiento para que una sentencia acoja la excepción de insolvencia calificada y se exima al deudor del pago de ciertas deudas.

O sea, es una mirada distinta. No se trata de que el Ministerio de Economía o la Superintendencia intervengan en la situación de un grupo familiar.

Hoy en día las deudas habitacionales han llevado de hecho a la quiebra de familias. Hoy en día, la irresponsabilidad del sector del retail, el que ha sobreendeudado a las personas y nunca ha querido consolidar la información sobre deudas de ellas, ha llevado a la quiebra a muchas familias, al punto de que tienen que sacar a sus hijos de los estudios, perder sus casas y dejar de satisfacer sus necesidades más básicas.

Para reordenar el emprendimiento necesitamos, junto con la legislación en proyecto, establecer una ley de quiebra personal, familiar; una ley de insolvencia calificada que logre generar un procedimiento para que los tribunales de justicia puedan calificar que una persona es insolvente y, por tanto, no se halla necesariamente obligada, si carece de flujos de ingresos suficientes, a pagar determinadas deudas.

Eso genera en la economía un fenómeno muy importante: provoca más bien un desincentivo para que quienes prestan plata sobreendeuden a las personas; estimula el término de ciertas facilidades que se otorgan para acceder al crédito; establece un criterio para que, por ejemplo, las cajas de compensación no sigan cometiendo el delito ético o moral de endeudar a los pensionados y jubilados en diez años con créditos de 300 a 400 mil pesos. Es decir, da lugar a una lógica distinta.

El referido proyecto de ley se presentó mucho antes que el del Ejecutivo. Está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Lo he conversado, entre otros, con el Senador Espina, la Senadora Alvear, el Senador Patricio Walker . Y tengo la duda de si debe o no debe ser incorporado en la iniciativa que nos ocupa esta tarde. Porque esta establece un procedimiento más engorroso, y a mi juicio más costoso, para la quiebra de las personas.

Voy a votar a favor de la propuesta del Ejecutivo , pero prefiero delimitar su alcance.

En seguida, me parece oportuno plantear la importancia de contar con una ley que permita declarar la insolvencia calificada de las personas naturales que no son emprendedores ni tienen interés en serlo; que no se relacione con la reorganización de un emprendimiento sino con la viabilidad financiera de una familia.

Por cierto, como decía el Senador Zaldívar, ello va a tener efectos en la capacidad de acceso al crédito por parte de quienes se declaren en quiebra o insolventes.

La legislación de Estados Unidos en esta materia es muy sabia. Y probablemente nos evitaría otros costos muy grandes para el país: los costos sociales asociados a este tipo de dramas.

Yo solo pongo el ejemplo de Andha Chile como uno de los fenómenos de personas con insolvencia familiar. Pero existen muchos otros.

Pienso que, a la larga, seguir la vía señalada significaría un ahorro al evitarse que algunas familias llegaran a situaciones tan dramáticas que terminaran transformándolas en cargas indirectas del Estado o de sus familiares producto de un sistema crediticio que, sin correr riesgo, sobreendeuda a las personas naturales.

Señor Presidente , según expresé, voy a votar a favor de la iniciativa del Ejecutivo. Entiendo que sus alcances sobre la liquidación de la persona deudora dan cuenta de una idea distinta de la contenida en el proyecto que ingresó al Parlamento antes. Y yo haría un llamado a que, si se va a avanzar en la quiebra de las personas naturales, se haga más bien a través de una modificación del Código Civil, y a que se reconozca en esta materia la autoría de un grupo de Senadores que la hemos estado planteando desde hace ya bastante tiempo.

He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señor Presidente , a decir verdad, no estamos discutiendo una intención sino un proyecto que modifica el Libro IV del Código de Comercio.

En mi concepto, el Gobierno, al asumir la necesidad de reformar todas las normas de nuestro proceso de quiebra, está siendo coherente con lo que ha planteado públicamente y con lo que es su accionar en pos del emprendimiento, en el ánimo de crear incentivos para que las personas emprendan, para que se vayan generando negocios, compañías, y para que las pequeñas y medianas empresas multipliquen su presencia en la vida económica nacional, de manera que podamos tener una auténtica economía de mercado.

Y digo que un proyecto de esta naturaleza es absolutamente coherente con aquella filosofía porque no se completa el cuadro si se generan incentivos para ayudar al emprendimiento pero no hay preocupación por su eventual fracaso, por la posibilidad de que tenga dificultades y llegue a situaciones de insolvencia.

Ahora, es claro que las conductas punibles -actuaciones dolosas, en fin- son materia del Código Penal.

Aquí estamos hablando de emprendimientos que, por razones vinculadas con su naturaleza, pueden fracasar. Y hoy día se trata de mejorar la legislación vigente, que es tan compleja -a mi juicio, en demasía; y nos consta a quienes fuimos estudiantes de Derecho Comercial-, y de cambiarla por una mucho más simple.

Por lo tanto, quiero destacar primero la coherencia del Gobierno para enfrentar el problema relacionado con la eventual insolvencia de una empresa, de una compañía o de una persona dedicada al comercio para permitir que vuelvan a emprender, a ejercer actos de comercio y a ser útiles para la sociedad.

La normativa vigente en esta materia -y lo han expresado, en diversos momentos, los Senadores que intervinieron antes- lleva a un final absolutamente distinto.

Nuestra Ley de Quiebras busca liquidar a la empresa para permitir el pago de los créditos. Pero los datos que conocemos sobre recuperación de aquellos nos indican que esa legislación dista mucho de ser eficiente.

La referida Ley es anacrónica; incentiva la liquidación de las empresas y no su reorganización; genera incertidumbre en el empleo; asimismo, contiene un procedimiento caro, ineficiente, poco efectivo y no ajustado para nada al dinamismo de la economía. Por tanto, quien quiebra en Chile es estigmatizado, queda financieramente fuera de toda opción de emprender otro negocio, y la mayor parte de los acreedores, particularmente los más débiles, no ven posibilidad de que les paguen sus créditos.

"Desincentiva el emprendimiento y el reemprendimiento", nos expresó el Ministro de Economía.

Dicho Secretario de Estado nos entregó también información clara sobre la baja tasa de recuperación de los créditos por los acreedores, aspecto que fue planteado por varios señores Senadores.

Por eso, debemos cambiar el procedimiento, agilizarlo, a fin de que las empresas y las personas dedicadas al comercio y que se encuentran aquejadas por problemas financieros cuenten con incentivos que les haga factible recurrir oportunamente a la institucionalidad y de este modo salvar su actividad comercial, su emprendimiento.

Hoy día, por el contrario, se espera hasta el final, cuando lo único que queda es la liquidación.

En ese aspecto juega un rol fundamental la especialización de los tribunales, en la idea de que examinen detenidamente la actividad comercial de la compañía o de las personas dedicadas a determinado negocio que se hallen aquejadas por dificultades económicas y, en un procedimiento expedito, ágil, precisen los activos, los acreedores, pero no solo para que estos reciban sus acreencias, sino también para que aquellas se reorganicen.

En esa línea, los tribunales desempeñan un papel esencial. Porque los procedimientos encaminados a la reorganización son un elemento posterior a la actuación de los tribunales de justicia. Y estos, en el ámbito de que se trata, deben ser especializados, para darles viabilidad a dichos procedimientos.

Asimismo, tal cual lo dice el proyecto, debemos mejorar la transparencia.

Muchas veces, como se trata de un procedimiento caro, ineficiente, lento, largo en el tiempo, al final nadie tiene información adecuada, precisa. Entonces, se va generando una especie de leyenda negra en torno a la empresa o a la persona que quebró.

Por ello, me parece muy relevante que, en un elemento central de esta iniciativa de ley, cual es su ámbito de aplicación, se distinga entre la empresa deudora y la persona que, dedicada a actividades comerciales, adquiere la condición de deudora.

Esa diferencia en la aplicación de la ley en proyecto nos posibilitará mejorar sustancialmente la situación cuando tengamos que, a través de jueces especializados, mirar atentamente los procesos concursales, los procesos de quiebra, que llevarán a la determinación del pasivo y podrán conducir a un arbitraje concursal, a acciones revocatorias.

E insisto: hay que trasladar todas las conductas punibles al Código Penal.

Hoy día, por lo tanto, al aprobar la idea de legislar estamos dando un paso adelante muy significativo en materia de emprendimiento.

Al emprendimiento no solo se le ayuda generando las condiciones para que las personas y las empresas acometan negocios o creando incentivos dirigidos a la concreción de ellos, sino también procurando que la institucionalidad acompañe a los emprendedores para que, en los momentos complejos y difíciles, sean capaces de desprenderse de un proyecto fallido, de reorganizarse y de remprender, para ser útiles a la sociedad.

Si no hacemos eso, estaremos implementando una política pública trunca en materia de emprendimiento.

En consecuencia, señor Presidente, junto con votar favorablemente, vuelvo a expresar mi reconocimiento al Gobierno, al Ministro de Economía, porque con esta iniciativa estamos dando un paso adelante en un aspecto que al menos estas bancadas consideramos fundamental: el emprendimiento.

Además, el apoyo casi unánime de la Sala demuestra que avanzamos no solo en una intención sino también en un proyecto de ley concreto, moderno, ágil, de gran calidad técnica, como aquí se ha expresado.

He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , este proyecto de ley se enmarca dentro de lo que en el Programa del Presidente Piñera se compromete con el objeto de fortalecer el emprendimiento en nuestro país y, simultáneamente, defender los derechos de los consumidores.

Por eso, felicito muy sinceramente al Primer Mandatario , y en particular a su Ministro de Economía , pues se trata de leyes que resulta difícil sacar adelante, y el Gobierno avanza en los dos frentes fundamentales en el área del desarrollo económico de una nación.

Uno de ellos es el fortalecimiento del emprendimiento; o sea, permitir que pequeñas y medianas empresas tengan todas las condiciones, oportunidades y medios necesarios para desarrollarse, ser más productivas, laborar junto con sus trabajadores, generar empleo y de esa manera mejorar la calidad de vida de los chilenos.

Este no es el primer proyecto que el Ejecutivo presenta en la materia. Hace poco despachamos una iniciativa legal de enorme importancia: la que reduce prácticamente a un día la constitución de pequeñas y medianas empresas, lo cual constituye un avance gigantesco; en el hecho, significa que la tramitación sea gratuita cada vez que un pequeño empresario inicie una actividad comercial cuyo costo promedio sea superior a 250 mil o 300 mil pesos.

Pero el Gobierno no solo avanza en la línea del emprendimiento, sino también, al mismo tiempo, en la protección a los consumidores. Porque si queremos una sociedad basada en el emprendimiento, simultáneamente tenemos que, como contrapeso, cuidar el respeto a los derechos de los consumidores.

Y ahí están el proyecto que creó el SERNAC Financiero y todos los cambios impulsados -entre ellos, el acortamiento de los juicios y demandas colectivas que se interponen mediante el SERNAC-, que buscan precisamente, por un lado, desarrollar el emprendimiento, y por otro, proteger adecuadamente a los consumidores contra el abuso de que pueden ser víctimas en determinado momento.

Prueba de que el Gobierno del Presidente Piñera lo ha hecho bien es que en Chile se han creado 709 mil puestos de trabajo.

Si uno analiza lo que ocurre en el resto del mundo, ve que un alto porcentaje de las economías europeas, a las que siempre mirábamos hacia arriba como ejemplos de desarrollo, se hallan en una crisis profunda, y muchas de ellas, en la bancarrota. Y no solo no crean empleos, sino que además pierden diariamente cientos de miles de puestos de trabajo. España, por ejemplo, tiene una desocupación superior al 25 por ciento; y en el caso de los jóvenes la cifra se eleva a 50 por ciento.

Por lo tanto, en esta materia el Gobierno del Presidente Piñera está haciendo lo correcto: fortalecer el emprendimiento y, simultáneamente, proteger a los consumidores.

Ahora bien, a mi entender, el proyecto en debate es uno de los más trascendentes e importantes que se han impulsado en el último tiempo, porque mete mano en un aspecto en el cual nuestra legislación está muy anticuada: qué ocurre cuando a una persona a la que se le permite emprender; se le señala que salga a competir, que arriesgue, que busque nuevos negocios, que contrate a compatriotas y genere más empleos, que se abra a mercados primero en su ciudad, después en el país y luego en el extranjero, le va mal.

Existen tres maneras de que a los emprendedores les vaya mal.

En la mayoría de los casos se trata de personas honestas que fracasaron en su actividad comercial porque el mundo es cambiante, porque las economías presentan cada vez mayores incertidumbres, porque el planeta está muy globalizado.

Lo que hace este proyecto, en el fondo, es permitir que el emprendedor a quien le va mal cuente con instrumentos legales para reorganizar su actividad comercial; hacer todo lo posible por salir adelante y salvar la situación de quiebra o de insolvencia, y llevar a cabo, por lo tanto, un nuevo emprendimiento.

En las economías avanzadas, esta clase de personas quiebran seis o siete veces en su vida, hasta lograr el éxito, y nadie considera que pasan a ser criminales por un resultado negativo en un negocio. Por el contrario, en la mayoría de los casos se trata de alguien que se aboca de buena fe a un emprendimiento, y los cambios y variables económicos determinan que fracase finalmente.

Eso no significa que la legislación tenga que prescindir de las situaciones en que la quiebra es producto de la negligencia. Y ni hablar de aquellas en que es fraudulenta, es decir, cuando se hace fracasar de manera dolosa un negocio y se le saca el dinero en perjuicio abierto de los acreedores.

Ahora bien, como estamos discutiendo en general el proyecto, no pretendo entrar en sus detalles. Pero, en la práctica, lo que hace, por una parte, es cautelar en forma adecuada los derechos y dineros de los acreedores, de quienes han invertido su plata en un negocio que ha quebrado y que son aquellos a quienes la legislación debe proteger más, porque no tienen arte ni parte en el desenlace. Y, por la otra, le da la oportunidad de reorganizar su actividad comercial, simultáneamente, a quien registra un emprendimiento fracasado y no ha actuado con negligencia inexcusable ni en forma fraudulenta.

Y si finalmente no es posible sacar adelante el emprendimiento, entonces no queda más remedio que liquidar los bienes. Pero aquí es fundamental el cambio que introduce la normativa que nos ocupa, pues permite realizarlos con mucha más rapidez, lo que significará obtener más recursos, y resguarda con transparencia la parte de los acreedores, en particular cuando les asisten preferencias para el pago. Ello dice relación, muy especialmente, con los trabajadores, a cuyos créditos les corresponden las mayores, porque ahí están en juego sus jubilaciones y sus remuneraciones, a menudo impagas durante meses cuando una empresa se encuentra en insolvencia y cae en estado de quiebra.

En consecuencia, creo que se trata de un muy buen proyecto de ley, que aborda realmente una de las materias en las que Chile se encuentra atrasado y que va a contribuir a que quien quiera emprender comprenda que asume un riesgo, pero que si fracasa no se le dejará abandonado ni va a quedar en la más absoluta indefensión.

Deseo consignar además, señor Presidente , que la iniciativa fue anunciada por el Gobierno al comienzo de su gestión. Y, por lo tanto, si otras se pueden haber presentado con posterioridad, lo cierto es que aquel se comprometió, desde el primer día -y así se contempla en su Programa-, a modificar la Ley de Quiebras para modernizarla en el sentido que he expuesto.

Por lo anterior, los Senadores de Renovación Nacional aprobaremos el proyecto, porque creemos que implica un importante avance para el emprendimiento, para la protección de los acreedores y para poder construir un país en donde iniciar una actividad cuente con el apoyo necesario para salir adelante con el propio esfuerzo.

Muchas gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Larraín.

El señor LARRAÍN (don Carlos).-

Señor Presidente , me refiero a la iniciativa que apunta a ordenar de otro modo el derecho concursal. Lamentablemente, el encabezamiento es perfectamente grotesco. No sé quién lo redactó. Debió ser alguien muy ignorante del idioma, porque se hace referencia a "una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas". Reorganizar una empresa es posible, pero hacerlo con una persona resulta dificilísimo, sin perjuicio de que liquidar a esta última se castiga en el Código Penal. Ello, en lugar de usar la expresión "derecho concursal", tanto más simple, que existe, más o menos, desde el siglo V antes de la era cristiana.

Aparte de ese comentario, que formulo con ánimo constructivo, deseo detenerme en dos o tres cosas al pasar, ya que creo que vale la pena destacarlas.

Desde luego, considero que lo central del sistema, a pesar de la contramanifestación del propio señor Ministro de Economía -quiero exaltar la labor de su Cartera y me lo impide-, es que se abrevian los plazos para la liquidación de activos. A mi juicio, ese el objetivo central.

He participado en muchas quiebras -ninguna propia, por suerte, no obstante las probabilidades de que ello ocurra si sigo en el cargo-, y si algo mata la justicia, el Derecho y la posible recuperación de bienes es precisamente la demora en estos procesos, que implican una evaporación de valor completamente dantesca. Aquí se ponen plazos muchos más cortos, y pienso que ese va a ser el principal resultado de la ley en proyecto.

A mi juicio, la quiebra voluntaria de personas naturales, aunque sea referida a una cierta categoría de contribuyentes, va a incluir a individuos económicamente activos. Y eso es una ventaja.

Por otra parte, merece subrayarse la mejora relativa de los acreedores garantizados. Se les dará mayor valor precisamente a las garantías reales. Y cuando se mejora su derecho, en el fondo se están valorizando los activos de los potenciales deudores -es decir, estos se enriquecen-, lo que dinamiza la economía. Se agregan recursos, entonces, a los empresarios, quienes son, al fin y al cabo, los generadores de empleo.

No estoy en condiciones de extenderme sobre las modificaciones que deberán hacerse forzosamente en el Código Penal, puesto que aquí también se alude a la situación de la quiebra culposa y de la intencional, deliberadamente fraudulenta. Solo cumplo con solicitar que cuando se entre en esa etapa se consulte a especialistas, ya que la configuración de esos tipos penales es muy compleja. Ello tiene que ver con transacciones, con la forma en que se realizan, y no solo con plazos, y esa es un área particularmente delicada.

Termino señalando que, en mi opinión, este es un trabajo serio, dirigido por alguien que conoce el derecho concursal y que, dejando fuera el encabezamiento dado al proyecto, el esquema que hemos recibido presenta mucha continuidad y lógica interna. Por lo tanto, anuncio que votaré que sí.

Muchas gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA .-

Señor Presidente , no quiero repetir todo lo dicho acá, pero me parece evidente que la legislación de quiebras se ha vuelto anacrónica: toma mucho tiempo terminar uno de estos procesos; se estimula la liquidación de empresas y no su reorganización; el procedimiento es caro, y es muy baja la tasa de recuperación de créditos para los acreedores.

Todo eso determina que la quiebra sea, en definitiva, un drama que va mucho más allá del fracaso propio de un emprendimiento. Como se ha dicho, muchos de ellos fallan, y lo que más le interesa a la sociedad, en su conjunto, es que puedan ser o rescatados o liquidados en el menor tiempo posible, con el costo más bajo para los acreedores y para el deudor, a fin de que este pueda recuperarse.

Juzgo importante separar del procedimiento concursal la parte penal. El proyecto lleva al Código respectivo todas las violaciones de norma que revisten el carácter de acción criminal. Y estimo que eso es relevante, porque resulta evidente que numerosos emprendimientos fracasan más allá de la voluntad del deudor, pero también que existen personas que actúan de mala fe, que defraudan, acciones que tienen que ser castigadas. Lo lógico, lo razonable, es que tales conductas queden tipificadas en dicho ordenamiento.

Antes de terminar quiero referirme a una materia señalada en la discusión y que se relaciona con la quiebra de las personas naturales.

La ley en proyecto pretende cubrir todos los aspectos. En las definiciones de la parte inicial se establece que empresa deudora es "Toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, personas naturales contribuyentes de Primera Categoría y personas naturales contribuyentes del artículo 42 número 2 del Decreto Ley Nº 824". Vale decir, en dicho concepto se trata de englobar a cuantos realizan una actividad de tipo productivo empresarial y se les aplica todo un procedimiento. Pero además se considera al resto de los intervinientes y se contempla la definición de persona deudora, que es "Toda persona natural no comprendida en la definición de Empresa Deudora". Al respecto, se considera un sistema que permite repactar deudas o, sencillamente, un procedimiento concursal para pagar lo que se puede, luego de lo cual es posible rehacer la vida de tipo comercial.

Por lo tanto, sin conocer la otra iniciativa presentada en esa línea, entiendo que la que ahora nos ocupa abarca ambas situaciones. Y eso es muy importante, porque existen millones de personas naturales deudoras, ya sea por un crédito hipotecario o por un crédito de consumo, y el hecho de no poder sanear su situación patrimonial las tiene, de alguna forma, en la lista negra del DICOM. Ello, sin que sea posible pensar en un futuro más tranquilo, en una liquidación de bienes y pago de deudas en la medida en que se pueda, y en dar vuelta la hoja para seguir trabajando, como empleado o profesional, sin cargar con el estigma de lo que no se fue capaz de cancelar. Sobre esa base, estimo que el esfuerzo que se expresa en el articulado es encomiable.

Por cierto, un texto de tal magnitud debe ser analizado en particular. Desde ese punto de vista, en la Comisión de Economía nos pareció razonable, dado que tiene que ser visto también por la Comisión de Constitución -vamos a tratarlo en conjunto-, que durante esa etapa realicemos audiencias para escuchar a síndicos, acreedores y sectores con frecuencia afligidos por la situación, como comerciantes, empresarios, y se lleve a cabo un debate amplio, aunque entiendo que el Ejecutivo se preocupó de ello antes de preparar la normativa. Lo lógico es que fijemos un plazo suficiente para presentar indicaciones, con el objeto de efectuar las reuniones del caso.

A mi juicio, el proyecto, en general, merece el apoyo de todo el Senado y anuncio mi voto favorable.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , no cabe duda de que con la Ley de Quiebras nos hemos quedado atrás: es un ordenamiento anacrónico. Se incentiva la liquidación de empresas y no su reorganización, y se genera, por supuesto, incertidumbre en el empleo. El sistema es caro, ineficiente y poco efectivo, y el procedimiento de convenio no se ajusta al dinamismo de la economía.

Además, hay dos datos muy relevantes. En Chile, la tasa de recuperación de los activos es de 25 por ciento, frente al 68,2 por ciento en los países integrantes de la OCDE. Acá demora 4,5 años un proceso de quiebra, en circunstancias de que en ese otro ámbito, en el peor de los casos, toma 1,7.

Por lo tanto, es oportuno modernizar la legislación para la reorganización efectiva de empresas realmente viables y ayudar a quienes tienen posibilidades de subsistir a superar las dificultades transitorias en que se encuentran, con la colaboración de sus acreedores y siempre con el propósito de salvar la empresa. Se trata de agilizar, al mismo tiempo, la liquidación de aquellas que no sean viables, para que el empresario pueda reiniciar sus actividades y desarrollar nuevas iniciativas.

Es importante considerar las preferencias de los créditos garantizados y los créditos privilegiados. En la actualidad, cuando se produce una quiebra, sus verdaderos dueños son los acreedores. Por eso se celebra una junta, y ellos, que son parte directa, son los más interesados en poder obtener la mayor cantidad de recursos para recuperar el máximo de sus acreencias. Aquí, por supuesto, deben tenerse en cuenta indemnizaciones, remuneraciones, imposiciones, impuestos y, naturalmente, créditos con garantías hipotecarias, que son prioritarios.

Tal cual lo expresa el informe, el proyecto, una vez que se apruebe en general y se fije un plazo para indicaciones, será conocido por las Comisiones de Constitución y de Economía, unidas, así como también por la de Hacienda.

La materia reviste trascendencia y es preciso escuchar a los potenciales sectores involucrados. Conviene conocer la posición de la Cámara Chilena de la Construcción, de la Cámara de Comercio, de la Sociedad Nacional de Agricultura. Nadie sabe quién puede quebrar. Una empresa inmobiliaria, por ejemplo, puede caer mañana en estado de insolvencia.

La iniciativa anduvo muy rápido en la Comisión de Economía, de lo cual me alegro, pero no por eso vamos a dejar de recibir en audiencias especiales a todos los sectores con interés en el asunto. Sé que algunos prestigiosos abogados expresaron su parecer, pero conforman una parte al margen. Los partícipes directos son los empresarios, de modo que espero que en las próximas instancias puedan manifestar su punto de vista los potenciales sujetos de una quiebra, en la medida en que todos podemos ser susceptibles de insolvencia.

Insisto en que estimo positivo modernizar la legislación, por lo que votaré a favor de la idea de legislar, y espero hacer algunos aportes a través de indicaciones cuando se verifique la discusión particular.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , tuvimos la oportunidad de conversar, con bastante antelación, con la Superintendenta de Quiebras, señora Josefina Montenegro , producto de situaciones que nos permitieron comprobar que se requería una importante modificación de todo lo relacionado con la Superintendencia y, en particular, con la actuación de los síndicos.

Está claro que, de las 150 quiebras anuales que se registran en Chile, no todas tienen que terminar así, y que en algunos casos es posible una reorganización, lo que depende, fundamentalmente, de flexibilidades que la ley no contempla.

Si se establece el proceso de reorganización a través del nombramiento de un veedor, y el de quiebra, a través de un liquidador, estaremos dando un paso sustantivo para entender que quebrar no es caer en el precipicio más profundo ni en la estigmatización, sino un tropiezo en el camino de un desarrollo productivo, empresarial, de emprendimiento. Si se actuó de buena fe y de verdad se quiso emprender un negocio y no hacer un montaje o crear una asociación ilícita, ello debiera generar experiencia y lecciones.

El informe da cuenta de que solo se presentaron 47 proposiciones preventivas desde el 2006 hasta el 2011, en contraposición a 855 quiebras.

En Chile hay pavor, temor, terror a la quiebra. Esta termina estigmatizando a los emprendedores y también a los empresarios.

Por lo tanto, el proyecto nos permite iniciar una reformulación profunda -histórica, diría yo- sobre un tema acerca del cual pocas veces se quiere discutir.

Muchas de las empresas con problemas están en manos de los síndicos.

He consultado el ARTÍCULO 37, relativo a cómo se nominarán los liquidadores. Los va a designar la Superintendencia. En ese punto, hay que hacer una evaluación especial y revisar el actual régimen de nombramiento de los síndicos, que presenta complejidades.

Del mismo modo, cuando el veedor propenda a la reorganización, tiene que haber, como señala la propuesta legislativa, condiciones que permitan garantizar la continuidad de la empresa, cuando ello proceda.

Actualmente, como ya señaló el Senador Letelier, hay una compañía en dificultades en mi Región: la Embotelladora Llacolén. Y todo indica que el único que quiere la quiebra es el síndico. No la desean ni los acreedores ni los trabajadores ni los propietarios, pues la empresa está en condiciones especialísimas de vigencia total.

De repente, hay síndicos que lo único que buscan es hacer que una firma quiebre, porque ganan un porcentaje. Yo espero que en el curso del debate de esta iniciativa se termine con los incentivos perversos relacionados con los honorarios. Y, en efecto, el recibir mejores ingresos al establecer la quiebra y hacer la repartición porcentual de los bienes rematados constituye un incentivo perverso.

Eso es lo que ocurre hoy.

Por cierto, los síndicos presentan dificultades. Algunos concentran la totalidad de las causas, al igual como sucede con los martilleros públicos.

Corregir lo relativo al nombramiento de los síndicos, hoy denominados "liquidadores", e incorporar la figura del veedor para reorganizar las empresas, son enmiendas que traerán alivio.

Tales cambios permitirán ver como situaciones lejanas aquellas en las cuales los que pagan los costos de una quiebra no son solo los empresarios, sino también los trabajadores.

Recuerdo el caso de Bellavista Oveja Tomé. Ahí la solicitud de quiebra era por un monto de dinero no superior a los 8 millones de dólares. En aquella oportunidad se ofreció como aval el crédito personal del dueño de la empresa. Sin embargo, hubo presión por liquidar. Y se echó a la calle a 700 trabajadores. Esa quiebra le costó al Estado de Chile -a todos los chilenos- 8 millones de dólares, en circunstancias de que, si se hubiera salvado la compañía, se habría asegurado continuidad de empleo y de producción para una textil maravillosa, que exportaba telas de altísima calidad a más de 80 países.

Con ese ejemplo, uno no lograba comprender cómo funcionaba el sistema, que, en definitiva, no dejaba salida. ¡Era un callejón sin salida! En concreto, había endeudamiento. Y, frente a la falta de liquidez y a las demandas por deudas impagas, no había otra posibilidad que la quiebra.

En mi opinión, al igual que el movimiento, que se demuestra solo andando, durante el proceso que vamos a vivir en el debate en particular deberemos tener a la vista las situaciones que queremos corregir. Eso se hará en las Comisiones, invitando a empresarios exitosos y a otros no tan exitosos, a fin de que nos cuenten su historia. Porque la ley debe reflejar claramente lo que requieren los emprendedores y el desarrollo productivo y no necesariamente lo que desean los abogados o los parlamentarios.

La experiencia está presente en aquellos que se han caído y se han vuelto a levantar, en aquellos que se han caído y han quedado destruidos. A algunos la quiebra les ha destruido la empresa, la vida, la familia.

En consecuencia, señor Presidente , el debate en torno a esta materia -porque muchos quebraron sin tener una oportunidad como la que beneficiará, una vez dictada la ley, a cientos y miles de pequeños, medianos y grandes empresarios- será un llamado de justicia.

Cabe preguntar -no he leído totalmente el texto propuesto- cómo se hará la limpieza de los papeles, ya que el problema de las mipymes y de las pymes es el historial, es la mochila que cargan después de haber quebrado. Sin embargo, el punto no está en limpiarlas, sino en cómo les damos una nueva oportunidad. Y esta es una política que escapa a la Superintendencia de Quiebras y que más bien dice relación, en ese sentido, con el Ministerio de Economía, la CORFO y otros organismos estatales, para lograr que esta normativa funcione, rescatando las lecciones que ha dejado la ley vigente.

Señor Presidente , creo que esta iniciativa va a tener buena acogida.

Su articulado se halla estructurado de manera extraordinariamente pedagógica. Quiero señalarle a la Superintendenta de Quiebras subrogante que la presentación de cada artículo, encabezado con su idea principal, su idea fuerza, facilita mucho el trabajo legislativo. Ello -repito- resulta pedagógico, considerando la complejidad del tema, y traerá mejores condiciones a los emprendimientos empresariales.

Espero que en las Comisiones se escuche a los pequeños y medianos empresarios que quebraron. Habrá que invitar a Roberto Fantuzzi , a los representantes de la CONAPYME, a Iván Vuskovic , quienes tienen experiencia en este ámbito.

Así, esta oportunidad histórica para revisar la legislación sobre la materia se transformará de verdad en un instrumento destinado al fomento y no a liquidar o matar los emprendimientos, como ha sucedido con la actual Ley de Quiebras, que ha causado tanto infortunio a familias completas, no solo a los empresarios -lo reitero-, sino también a miles y miles de trabajadores que han pagado las consecuencias de errores que no son de su responsabilidad.

Asimismo, espero que durante el debate de la iniciativa escuchemos a los trabajadores que han vivido procesos de quiebra. Y ojalá, en el proceso de liquidación, se respeten, se cautelen y se defiendan siempre los intereses previsionales, las remuneraciones, las liquidaciones y los finiquitos que les corresponden.

También confío en que, en el proceso de reorganización de una empresa, llevada a cabo por el veedor, exista la posibilidad de que participen sus propios trabajadores.

En muchas ocasiones, cuando ha habido dificultades serias en una empresa, se ha llegado a acuerdos con el personal, que consiente en que se le baje el sueldo y en renegociar en su propio desmedro. Las preguntas, que dirijo al señor Ministro de Economía , son: ¿Vamos a generar instrumentos para que los trabajadores puedan, en caso de reorganización, asumir parte importante del control de la empresa, con cargo, por ejemplo, a sus indemnizaciones, a fin de permitir la continuidad de giro y evitar la quiebra? ¿Tendrán protección tales acciones? ¿Habrá capacitación y asesoría para ellos?

Hemos conocido buenas y malas experiencias en esta materia.

La iniciativa de ley que nos ocupa busca reformar una legislación vetusta, que establece un procedimiento de quiebra que genera muchas dudas, muchas zonas oscuras. Y, en lo específico, no cumple un elemento básico. Es un instrumento liquidador.

Yo espero que la nueva normativa constituya una herramienta para salvar a los que se pueda salvar; para ordenar a los que se pueda ordenar, y para liquidar, de manera justa, a los que haya que liquidar, siempre y cuando no exista otra opción.

Voto a favor de la idea de legislar, señor Presidente, porque creo que este es un proyecto necesario y urgente.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución ahora!

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.

Votaron las señoras Alvear, Pérez ( doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor ESCALONA (Presidente).-

Se propone como plazo para formular indicaciones el 24 de julio, a las 12.

El señor WALKER (don Patricio).-

¿De qué año?

El señor ESCALONA (Presidente).-

Del 2012.

¡Importante precisión, señor Senador ...!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Entiendo la importancia de despachar cuanto antes el proyecto, pero el plazo para presentar indicaciones debiera ser después de la semana regional de julio.

Ello nos daría tiempo para trabajar en el proyecto.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Exactamente, señor Senador.

Es lo que tratamos de hacer con nuestra proposición.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Espero que así se cumpla.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Para ser más fieles todavía con ese planteamiento, el plazo debiese ser el 30 de julio, porque la semana regional de ese mes es la que comienza el lunes 23.

El señor LARRAÍN.-

¿El 30?

El señor ESCALONA ( Presidente ).-

La Mesa simplemente ha transmitido la propuesta que se le ha hecho llegar, pero no habría ninguna dificultad en modificarla.

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , nos hemos puesto de acuerdo con el Presidente de la Comisión de Economía -porque este proyecto lo vamos a analizar en particular en Comisiones unidas de Constitución y Economía- sobre la conveniencia de que la fecha sea la propuesta, porque queremos empezar a trabajar en las indicaciones el lunes 30 de julio. Por lo tanto, necesitamos que estas sean presentadas con anticipación para realizar los estudios y elaborar el boletín comparado correspondiente.

Estamos hablando de un poco más de un mes, ya que hoy es 20 de junio y el plazo vencería el 24 de julio.

Me parece un tiempo más que suficiente.

Por tal motivo, pedimos que se mantenga la fecha que hemos propuesto.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Es lo que la Mesa había sugerido.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , yo entiendo que se deba hacer el comparado, pero la Secretaría puede elaborarlo en un par de días.

Lo único que estoy pidiendo es un plazo un poco mayor, porque la semana regional es tiempo muerto. Unos días más sí nos pueden ser útiles para hacer estudios y formular indicaciones.

Por lo tanto, sugiero el 26 de julio, porque este plazo nos daría al menos cuatro días más para cada Senador. No se podrá hacer nada si fijamos plazo entre el 23 y el 25 de julio, ya que esa semana no se podrán reunir las Comisiones por ser regional.

¡Qué cuesta dar dos o tres días más!

El señor ESPINA.-

Hasta el jueves 26, entonces.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Por último, hasta el jueves en la noche. Y así el viernes, el sábado y el lunes siguientes ya estaríamos trabajando.

El señor LARRAÍN.-

Estoy de acuerdo con que el plazo sea hasta ese jueves.

El señor ESCALONA ( Presidente ).-

¡Felicito por este diálogo a los Senadores Larraín y Zaldívar...!

Entonces, se ha sugerido el jueves 23.

El señor LARRAÍN.-

¡Jueves 26!

El señor ESCALONA ( Presidente ).-

Tiene razón, Su Señoría: jueves 26 de julio.

Propongo que sea hasta mediodía, a fin de que las Comisiones unidas puedan trabajar la tarde de ese día y el viernes.

Si le parece a la Sala, así se acordaría.

--Se fija plazo para formular indicaciones hasta el jueves 26 de julio, a las 12.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra la señora Superintendenta de Quiebras subrogante.

La señora ANGUITA (Superintendenta de Quiebras subrogante).-

Señor Presidente, agradezco a todos los Senadores por apoyar y dar su aprobación a la idea de legislar respecto de este proyecto.

Les aseguro que se tratará de una ley concursal ágil, moderna, eficiente y transparente, que estará en línea con las mejores prácticas internacionales, pero, al mismo tiempo, acorde con nuestra realidad económica, jurídica y social. La nueva normativa se hace cargo de todos los deudores en dificultades -personas naturales y jurídicas-, creando procedimientos adecuados para cada uno de ellos, aunque siempre en equilibrio con los acreedores y sus garantías.

Por lo tanto, estamos convencidos de que todos van a quedar contentos con la propuesta.

Por eso, los invitamos a que, si desean efectuar un comentario, propuesta o alcance, o solicitar la explicación que sea, se acerquen y nosotros los contactaremos para realizar una presentación y coordinar cualquier indicación.

Muchas gracias.

El señor LETELIER.-

¡Eso se hace antes de los proyectos!

¡Este es el Ejecutivo que tenemos!

¡Es increíble su capacidad de escuchar...!

El señor ESCALONA ( Presidente ).-

¿Desea intervenir, Senador Tuma?

El señor TUMA.-

Quiero proponer fecha para la presentación de indicaciones.

El señor ESCALONA (Presidente).-

La acabamos de acordar, Su Señoría. Lamento que no nos haya escuchado.

Seguimos con el Orden del Día.

?INFORME PROYECTO DE LEY 18-2012

Oficio N° 59-2012

Antecedente: Boletín N° 8.324-03.

Santiago, 27 de junio de 2012.

Por Oficio N° 551/SEC/12, de 23 de mayo último, el señor Presidente del Senado ha requerido de esta Corte Suprema el informe a que se refieren los artículo 77 del a Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sobre el proyecto de ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 25 del actual, presidida por el suscrito y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Pedro Pierry Arrau, Carlos Künsemüller Loebenfelder, Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval Gouët, señor Juan Eduardo Fuentes Belmar y suplentes señores Juan Escobar Zepeda y Carlos Cerda Fernández, acordó informarlo desfavorablemente al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL SEÑOR PRESIDENTE CAMILO ESCALONA MEDINA H. SENADO VALPARAÍSO

“Santiago, veintisiete de junio de dos mil doce.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio N° 551/SEC/12, de 23 de mayo último, el señor Presidente del Senado ha requerido de esta Corte Suprema el informe a que se refieren los artículo 77 del a Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sobre el proyecto de ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.

El proyecto consta de cuatrocientos dos artículos y nueve disposiciones transitorias, en que se reforma el sistema de quiebras sustituyendo la normativa vigente en el Código de Comercio por un nuevo régimen que, entre otros muchos cambios, elimina las denominaciones "quiebra" y "fallido", acorta los plazos y reemplaza la figura del síndico, dividiendo sus roles: un "veedor" tendrá a su cargo la reorganización del deudor y un "liquidador" que entrará en escena si ese proceso previo de acuerdos no prospera y que contempla además la aplicación del procedimiento a personas naturales.

Segundo: Que las disposiciones de la iniciativa que dicen relación con la organización y atribución del Poder Judicial y, por lo tanto, han de ser informados por esta Corte Suprema, son las siguientes:

a) Articulo 3°, sobre la competencia. Este artículo mantiene la regla de competencia que actualmente se aplica a los juicios de quiebra y que se encuentra contenida en el artículo 154 del Código Orgánico de Tribunales. La diferencia está en que permite la prórroga de la competencia, situación que en el actual procedimiento es improcedente, porque de acuerdo al artículo 185 de Código Orgánico de Tribunales, los pactos de prórroga de la competencia no les alcanzan a los terceros, con lo que tal estipulación no se aviene con la naturaleza de un proceso concursal.

El inciso segundo, establece que la Corte Suprema deberá establecer la lista de juzgados con jueces y secretarios para que sólo ellos conozcan de las causas relacionadas con los procedimientos concúrsales debiendo éstos asistir a cursos de instrucción que se impartirán por la Academia Judicial.

La regla de competencia es de aplicación general por lo que todos los jueces de los juzgados de letras correspondientes deben estar en condiciones de conocer de estos casos.

Para realizar las capacitaciones correspondientes y afrontar la futura entrada en vigencia de los nuevos procedimientos concúrsales, se deben entregar al Poder Judicial los recursos financieros suficientes para asumir las futuras modificaciones.

En cuanto al fuero, la nueva disposición mantiene la regla actual del artículo 4° que regula la situación del acreedor, pero innova en lo que respecta al deudor con fuero. En este último caso, en la actual ley de quiebras, una interpretación a contrario sensu del artículo 4° hace concluir que cuando el deudor goza de fuero, será otro el tribunal competente; sin embargo, la redacción del artículo propuesto por el proyecto de ley establece que tanto en el caso del acreedor y deudor, si alguno tiene fuero, seguirá conociendo el juzgado de letras correspondiente al domicilio del deudor.

b) Articulo 4°, de los recursos. Dentro del Capítulo relativo a las disposiciones generales, se encuentra el artículo 4°, que establece la regla ordinaria respecto a los recursos.

Respecto del recurso de reposición, se consagra un plazo de tres días para interponerlo, diferenciándose del término establecido para la reposición ordinaria en materia civil (cinco días) y la actual reposición de la ley de quiebras que es de carácter especial y cuyo plazo es de diez días hábiles. En cuanto a la improcedencia de recursos en contra de la reposición, se recogen las reglas generales establecidas en el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil.

En el proyecto hay casos expresamente regulados que tienen alguna diferencia con la regla general señalada anteriormente:

i) Reposición en juicio de oposición: dentro de las etapas del Procedimiento Concursal de Liquidación, se encuentra la liquidación forzada del deudor, donde cualquier acreedor podrá demandar la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de una Empresa Deudora. Una vez presentada la demanda por el o los acreedores (artículo 118) y acogida ésta por el tribunal, se lleva a cabo la audiencia inicial (artículo 120), en la que el deudor puede oponerse a la demanda, oposición que se regula específicamente en el artículo 121 y siguientes.

Dentro de estas reglas, la resolución que recibe la causa a prueba sólo será susceptible de recurso de reposición, consagrándose una excepción a las reglas generales, ya que la reposición procede contra autos y decretos y sólo excepcionalmente respecto de sentencias interlocutorias. En las normas generales del procedimiento civil, la resolución que recibe la causa a prueba es objeto de reposición y apelación en subsidio.

En cambio, todas las otras resoluciones que se dicten en la Audiencia Inicial y que digan relación con la admisibilidad o procedencia de las pruebas ofrecidas, puntos de prueba fijados y la forma de hacerlos valer, así como cualquier otra circunstancia relacionada con ello, son susceptibles de recurso de reposición, pero a diferencia de la regla general establecida en el artículo 4° del proyecto, ésta debe interponerse verbalmente y en la misma audiencia, lo que parece lógico conforme a la naturaleza de dicha Audiencia.

ii) Reposición en determinación del derecho a voto: esta materia se encuentra regulada a propósito de las Juntas de Acreedores. Dentro de los derechos que asisten a los acreedores está el de votación. Para tener derecho a voto, sus créditos deberán estar reconocidos; aunque también podrán votar los acreedores cuyos créditos no lo estén, siempre y cuando se les haya reconocido este derecho en la Audiencia de Determinación del Derecho de Voto regulada en el artículo 190 del proyecto.

Contra la resolución del tribunal que resuelva sobre el derecho a voto del acreedor, sólo procede el recurso de reposición, el que debe ser interpuesto verbalmente y en la misma audiencia.

iii) Reposición en la realización de bienes: la realización sumaria o simplificada (en contraposición a la realización forzada), se aplica sólo en los casos contemplados en el artículo 203.

Una vez acordada la realización sumaria, el liquidador debe confeccionar las bases y demás condiciones de la liquidación, las cuales pueden ser objetadas por el deudor o por los acreedores. Para resolver estas objeciones, el tribunal deberá citar a una audiencia en la que resolverá sobre el punto. Pues bien, respecto de esta resolución, procede el recurso de reposición en forma verbal debiendo resolverse en la misma audiencia.

iv) Resolución que ponga fin al Procedimiento Concursal de Renegociación y Ejecución: el Capítulo V contiene las reglas relativas a los procedimientos de reorganización y liquidación de la Persona Deudora. Se trata de procedimientos aplicables a la persona natural, una de las importantes innovaciones de esta iniciativa legal.

Dentro del procedimiento concursal de renegociación, una vez vencido el plazo para el reparto de fondos, la Superintendencia declarará finalizado el Procedimiento Concursal de Renegociación. Desde la publicación en el Boletín Concursal de la referida resolución se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora respecto de los créditos parte del Procedimiento de Renegociación.

También se puede decretarse el término anticipado del procedimiento por parte de la Superintendencia, cuando se incurra en algunas causales del artículo 268.

Ahora bien, respecto de estas resoluciones, sólo procede el recurso de reposición, conforme lo señala el artículo 269.

En cuanto al recurso de apelación, conforme al artículo 4° del proyecto el recurso de apelación sólo procede cuando se señale expresamente, dentro de quinto día desde que se notifique la resolución impugnada. Se otorgará en el sólo efecto devolutivo, a menos que expresamente se conceda en ambos efectos y gozará de preferencia para ser agregado en la tabla, como también tendrá esta preferencia para su vista y fallo.

Los casos en que expresamente procede el recurso de apelación, son los siguientes:

i) Impugnación de créditos: esta regla se encuentra en el Capítulo III del proyecto de ley, que regula el Procedimiento Concursal de Reorganización. Dentro de este procedimiento debe determinarse el pasivo de la empresa deudora, el que puede ser objetado por el deudor o los acreedores. La objeción podrá deducirse fundada sobre la falta de títulos justificativos, los montos y las preferencias de los créditos que se indican en el estado de las deudas.

Para resolver sobre las objeciones, el tribunal citará a una audiencia que se desarrollará conforme a lo establecido en el artículo 72. La resolución del tribunal que resuelve la objeción, será apelable sólo en su efecto devolutivo.

ii) Impugnación del acuerdo de reorganización judicial: el artículo 88 del proyecto se refiere a la impugnación del acuerdo de reorganización judicial.

Los motivos para impugnar el acuerdo deben ser, conforme al artículo 86, el error en el cómputo de las mayorías requeridas, la falsedad o exageración del crédito de alguno de los acreedores o colusión entre uno o más acreedores y el deudor para votar a favor, abstenerse de votar o rechazar el Acuerdo de Reorganización Judicial, falseando, omitiendo o adulterando información para obtener una ventaja indebida respecto de los demás acreedores.

Para resolver la impugnación, el tribunal citará a una audiencia que se realizará verbalmente, donde deberá fallar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de celebración de la citada audiencia. Respecto de esta resolución, procede el recurso de apelación sólo en su efecto devolutivo.

iii) Terminación e incumplimiento del acuerdo de reorganización judicial: las acciones de terminación e incumplimiento se regulan en el artículo 97 y 98 respectivamente. El procedimiento para la declaración de ambas se encuentra en el artículo 99 de la iniciativa legal. La resolución que acoja las citadas acciones de incumplimiento y terminación del Acuerdo de Reorganización Judicial será apelable en ambos efectos.

iv) Objeción al acuerdo extrajudicial: junto al Acuerdo Judicial de Reorganización, el proyecto de ley contempla el denominado Acuerdo Extrajudicial o Simplificado. Este acuerdo entre deudor y acreedores debe ser presentado al tribunal competente para su aprobación; sin embargo, éste podrá ser objetado por el o los acreedores disidentes o por quienes demuestren fehacientemente que fueron omitidos.

Conforme al procedimiento establecido en el artículo 111, para resolver las objeciones se llevará a cabo una audiencia verbal. La resolución que decida sobre la objeción será publicada en el Boletín Concursal y será apelable en el sólo efecto devolutivo.

v) Sentencia definitiva que acoge o rechaza la oposición del deudor: esta regla se encuentra en el Capítulo 4°, que regula el Procedimiento Concursal de Liquidación. En este procedimiento existen dos tipos de liquidaciones: forzosa y voluntaria. En el caso de la forzosa, el deudor puede oponerse a la liquidación y, de hacerlo, se realiza una audiencia de prueba y con posterioridad una audiencia de fallo. En esta última, el tribunal comunicará la sentencia a quienes asistan a la audiencia, en la que puede acoger o rechazar la oposición del deudor.

Conforme lo señala el artículo 128, si se acoge la oposición, procederá el recurso de apelación en ambos efectos y gozará de preferencia extraordinaria para su agregación en la tabla, vista y fallo. A su vez, contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario. Con esta regla se priva a la Corte Suprema de conocer del asunto por vía de casación.

En cambio, cuando se rechaza la oposición del deudor, procede la apelación en el sólo efecto devolutivo y con las preferencias anteriormente señaladas. De igual forma, respecto de la resolución que falle la apelación, no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario

vi) Resolución que ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación: si el tribunal rechaza las excepciones que el deudor interpuso en el escrito de oposición, se dictará una resolución que declarará la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 129. El inciso final de este precepto establece que contra la resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, procede la apelación sólo en su efecto devolutivo y que gozará de preferencia para su incorporación en la tabla y posterior vista y fallo. Finalmente, la disposición establece que contra la resolución que decida la segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.

vii) Impugnación de créditos: en el Procedimiento Concursal de Liquidación, en la etapa de determinación del pasivo, los acreedores, el deudor y el liquidador podrán objetar los créditos verificados respecto de su existencia, montos o privilegios. Si no se subsanan estas objeciones, los créditos se tendrán por impugnados y el tribunal citará a una audiencia verbal con la finalidad de fallar las impugnaciones. La resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones, será apelable en el solo efecto devolutivo y con preferencia para agregarse en la tabla, como su vista y fallo, conforme lo señala expresamente el artículo 177.

viii) Resolución que declare terminado el Procedimiento Concursal de Liquidación: aprobada la Cuenta Final de Administración, el tribunal de oficio, a petición de parte o de la Superintendencia, dictará una resolución declarando terminado el Procedimiento Concursal de Liquidación. Con esta resolución el deudor recuperará la libre administración de sus bienes.

Conforme al artículo 255, contra la resolución que pone fin al procedimiento de liquidación procederá recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo, conservando en el intertanto el deudor la libre administración de sus bienes.

ix) Sentencia definitiva que acoge la demanda revocatoria: el Capítulo VI del proyecto de ley regula las denominadas Acciones Revocatorias Concúrsales. Iniciados los procedimientos concúrsales de reorganización o liquidación, los acreedores, el Veedor o el Liquidador, según sea el caso, podrán interponer acciones revocatorias concúrsales, dentro del año anterior al inicio del procedimiento, tratándose de la revocabilidad objetiva (artículo 286), o dentro del periodo de dos años, cuando se trate de revocabilidad subjetiva (artículo 287).

Conforme al artículo 292, en contra de la sentencia que acoja la demanda revocatoria sólo procederá la apelación, que deberá interponerse en el plazo de diez días hábiles (apartándose de la regla general de cinco días), contados desde la notificación del fallo. Dicho recurso será concedido en ambos efectos y agregado extraordinariamente a la tabla que corresponda a la Corte de Apelaciones respectiva.

Como puede apreciarse, tanto la regla general del artículo 4°, como en los diversos casos en que expresamente el legislador contempló el recurso de apelación, aparece la regla en que se le otorga preferencia al recurso para ser agregado a la tabla, así como también para su pronunciamiento y fallo. Lo anterior, por el carácter expedito que tiene o debería tener un procedimiento concursal.

Sin embargo, esta Corte ha señalado sobre este punto en reiteradas oportunidades su opinión respecto a las agregaciones extraordinarias y preferencias en cuanto ellas deben ser reservadas sólo para casos excepcionales, cuya necesidad de solución inmediata sea equivalente a la requerida en la acción de amparo o protección, situación que hace cuestionar que en materia de quiebra -a pesar de su importancia- sea necesario establecer tal preferencia.

En cuanto al recurso de casación, el artículo 4° se limita a señalar que el recurso de casación procederá en los casos y en las formas establecidas en la ley.

Se menciona expresamente en el artículo 90 y en el artículo 258.

Finalmente, según se dijo más arriba, el proyecto crea la figura del Veedor, a quien se sujeta a la fiscalización de la Superintendencia y cuya misión principal es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores. Para ejercer como tal, los Veedores necesitan estar incorporados a un registro público integrado por todas las personas naturales legalmente nombradas como Veedoras por la Superintendencia Concursal y pueden ser excluidos de la nómina por alguna de las causales contenidas en el artículo 18. Ante este hecho, puede reclamar ante la Corte de Apelaciones de su domicilio, que conocerá en cuenta y sin ulterior recurso.

Tercero: Que deben realizarse dos alcances que ya han sido señalados por esta Corte anteriormente. El primero, relacionado con la competencia del tribunal para conocer en primera instancia y el segundo, respecto de la improcedencia de recursos en contra de la resolución que falla la reclamación.

Respecto de la competencia, el Tribunal Pleno ha señalado que deben ser los Juzgados de Letras quienes conozcan en primera instancia de las reclamaciones administrativas. En Oficios N° 32-2012 y N° 142-2012, se señaló: "[...] la Corte Suprema, informando una cantidad considerable de iniciativas legales que establecen la posibilidad de reclamar ante los tribunales de justicia por sanciones impuestas en el ámbito administrativo, ha señalado la conveniencia de que sean los juzgados civiles quienes conozcan en primera instancia de las reclamaciones, y no las Cortes de Apelaciones[...]", "[...] se ha expresado ya habitualmente que resulta inapropiado iniciar ante las Cortes de Apelaciones, procedimientos contenciosos seguidos en contra de resoluciones de administración, los que debieran ser conocidos por los Juzgados de Letras [,..] el criterio reiterado del máximo tribunal, al informar proyectos de ley que establecen procedimientos contenciosos administrativos, es que las reclamaciones sean conocidas en primera instancia por juzgados de letras en lo civil y, en segunda, por las Cortes de Apelaciones".

"Noveno: Que, por otra parte, la reclamación no contempla una segunda instancia, por lo que importa dejar desprovista la decisión de una revisión ordinaria, imponiendo a las partes el uso de la vía extraordinaria del recurso de queja, resorte excepcional que solamente corrige las faltas o abusos graves de los magistrados, afectando con ello la garantía del debido proceso consagrado en el numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental".

Cuarto: Que, por otra parte, el Capítulo IX regula la Superintendencia Concursal y en sus artículos 338 y 339 establece las infracciones y sanciones que puede imponer. El artículo 341 regula el procedimiento sancionatorio, entregándole el conocimiento de la reclamación en única instancia a la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. Además, establece la agregación extraordinaria a la tabla más próxima.

Sólo cabe reiterar lo antes expuesto en cuanto a la competencia para conocer de las reclamaciones en primera instancia a los Juzgados de Letras y de la apelación, a la Corte de Apelaciones respectiva. La misma reiteración es procedente en cuanto a la agregación extraordinaria.

Quinto: Que, en síntesis, en relación al proyecto que se informa cabe formular las siguientes observaciones:

a) respecto a la prórroga de competencia ella no puede alcanzar a terceros.

b) todos los jueces de los juzgados de letras correspondientes tienen que ser competentes para conocer los futuros procesos, sin perjuicio de la oportuna capacitación en la materia.

c) No es procedente que se contemple para el recurso de apelación su agregación preferente a la tabla, para su vista y fallo, salvo en lo concerniente a la resolución establecida en el artículo 129 del proyecto, que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de liquidación. Este mismo criterio debe aplicarse a las agregaciones extraordinarias a la tabla respecto de las reclamaciones establecidas en el procedimiento sancionatorio.

d) en cuanto a los procedimientos contenciosos de reclamación contenidos en el artículo 19 y 341, para evitar la proliferación de reclamaciones con reglas tan diversas entre uno y otro, se reitera la necesidad de uniformar este tipo de procedimientos. Por esta razón y como primera regla, se insiste que en los procedimientos contenciosos administrativos la reclamación debe ser conocida en primera instancia por los Juzgados de Letras correspondientes y no por las Cortes de Apelaciones.

e) en vinculación con lo anterior, las reclamaciones deben permitir la interposición del recurso de apelación; de lo contrario se estará atentando contra las normas del debido proceso contenidas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política. Por esta razón, es de tal relevancia que la competencia en primera instancia corresponda a un juez de letras, pues de lo contrario, si ese conocimiento en primera instancia se entrega a una Corte de Apelaciones corresponderá a la Corte Suprema conocer de la apelación, lo que no se condice con la finalidad del Máximo Tribunal, que es ser un tribunal de casación y no de segunda instancia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar desfavorablemente el proyecto de ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, sin perjuicio de las observaciones formuladas precedentemente.

Ofíciese.

PL-18-2012.”

Saluda atentamente a V.S.

Rubén Ballesteros Cárcamo

Presidente

Rosa María Pinto Egusquiza

Secretaria

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO.

26.07.12

BOLETÍN Nº 8.324-03

INDICACIONES

ARTÍCULO 2°.-

Número 6)

1.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la locución “que pone”, por “en que se notifica la sentencia definitiva, poniéndose”.

Número 7)

2.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la frase “cada vez que la ley lo ordene”, por “salvo que la ley ordene otra forma de notificación”.

Número 9)

3.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la frase “Aquella que se designa”, por la frase “Aquella que puede designarse”.

Número 18)

4.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para agregar, a continuación de la palabra “persona”, el vocablo “natural”.

Número 35)

5.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para eliminar la frase “que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal”.

Número 36)

6.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para suprimir la locución “que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal”.

Número 37)

7.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la expresión “y teléfono”, por “, teléfono e internet”.

Número 39)

8.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para agregar, a continuación de la palabra “persona”, el vocablo “natural”.

ARTÍCULO 3°.-

Inciso segundo

9.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por los siguientes:

“En los lugares asiento de Corte, la distribución se regirá por un auto acordado de la Corte de Apelaciones respectiva, considerando especialmente la radicación preferentemente de causas concursales en los tribunales que cuenten con la capacitación a que se refiere el inciso siguiente.

Los jueces titulares y secretarios de los juzgados de letras que conozcan preferentemente de asuntos concursales, deberán estar capacitados en derecho concursal, en especial, sobre las disposiciones de esta Ley y de las leyes especiales que rijan estas materias.

Cada Corte de Apelaciones adoptará las medidas pertinentes para garantizar la especialización a que se refiere la presente disposición.

No obstante, los demás tribunales correspondientes se encuentran habilitados para conocer, en el marco de sus competencias, si, excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo, ello fuere necesario.”.

ARTÍCULO 4°.-

Número 2)

10.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el vocablo “agregación” por “inclusión”.

ARTÍCULO 11.-

11.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la palabra “Nombramiento”, por “Inclusión”, y el vocablo “nombrado”, por la frase “incorporado a la Nómina de Veedores”.

ARTÍCULO 13.-

12.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para suprimir la frase “ser Veedor y”.

ARTÍCULO 15.-

13.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la palabra “perseguirá”, por “podrá perseguir”.

ARTÍCULO 17.-

Número 2)

14.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“2) Los funcionarios de cualquier órgano de la Administración del Estado y aquellos que presten cualquier tipo de servicios remunerados o no a la Superintendencia. No obstante, no regirá esta incompatibilidad respecto de las personas que desempeñen un cargo o función en instituciones de educación superior.”.

ARTÍCULO 18.-

Número 4)

Letra c)

15.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la expresión “Registro de Valores”, la frase “y hagan oferta pública de sus acciones”.

ARTÍCULO 20.-

16.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la frase “que ordena la apertura del Procedimiento Concursal respectivo”, por “de Reorganización o Liquidación que corresponda”.

ARTÍCULO 22.-

Inciso primero

17.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, a continuación de la palabra “deudor”, lo siguiente: “con domicilio en Chile”.

Inciso segundo

18.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “día siguiente hábil”, por “segundo día hábil siguiente”.

19.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar un inciso séptimo, nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, deberá declarar sus relaciones con el deudor o sus acreedores, si las tuviere y que no tiene impedimento o inhabilidad alguna para desempeñar el cargo.”.

Inciso octavo

20.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la frase “a un nuevo Veedor”, por “al Veedor suplente como titular, nominándose a un nuevo Veedor suplente”.

ARTÍCULO 25.-

Inciso segundo

Número 6)

21.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la palabra “poderes”, la frase “para comparecer en las Juntas de Acreedores”.

ARTÍCULO 36.-

Inciso segundo

Número 11)

22.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “, y”, por un punto y coma (;).

Número 12)

23.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir el punto final (.), por la expresión “; y”.

24.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar un numeral 13), nuevo, del siguiente tenor:

“13) Transigir con el acuerdo de la Junta de Acreedores, y respecto de los créditos laborales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 245.”.

ARTÍCULO 37.-

Inciso cuarto

25.- De Su Excelencia el Presidente de la República, y 26.- de los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la palabra “deudor”, la frase “con domicilio en Chile”.

Inciso quinto

27.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “día siguiente hábil”, por “segundo día hábil siguiente”.

28.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar como inciso décimo, nuevo, el siguiente:

“Al aceptar el cargo deberá declarar sus relaciones con el deudor y los acreedores, si las tuviere, y que no tiene impedimento o inhabilidad alguna para desempeñar el cargo.”.

ARTÍCULO 39.-

Número 7)

29.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “una vez ejecutoriada la resolución que tuvo por aprobada su Cuenta Final de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes”, por el siguiente texto: “debidamente actualizados y con los intereses corrientes que correspondan, una vez presentada la Cuenta Final de Administración, conforme lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes. Si la señalada cuenta es rechazada por sentencia firme, estos fondos serán restituidos a la masa para luego ser abonados como remuneración para el nuevo Liquidador designado”.

Número 10)

30.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la frase “previamente aprobados por la Junta Constitutiva”, por “ratificados por la Junta”.

ARTÍCULO 41.-

Inciso primero

31.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “Calificado” por “Especial”.

32.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

“Con todo, podrán realizar dichas contrataciones aún antes de la Junta Constitutiva, siempre y cuando sea estrictamente necesario, previa autorización del tribunal.”.

ARTÍCULO 45.-

Inciso primero

33.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar, después del vocablo “Liquidación”, la preposición “en”, y para reemplazar la locución “estuvieren o no hayan estado a su cargo”, por “hubieren sido designados”.

Inciso segundo

34.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “salvo que se trate de sociedades que se encuentren inscritas en el Registro de Valores”, por “salvo que se trate de un Veedor no incorporado en la Nómina de Liquidadores, en un Procedimiento Concursal de Liquidación, o de un Liquidador, no incorporado en la Nómina de Veedores, en un Procedimiento Concursal Reorganización”.

ARTÍCULO 53.-

Inciso tercero

Número 2)

35.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “cinco” por “diez”.

Número 9)

36.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para suprimir la frase “total o parcialmente”.

37.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “no procederá recurso alguno, debiendo la Superintendencia dictar”, por “sólo procederá recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo. Una vez a firme, la Superintendencia dictará”.

ARTÍCULO 57.-

Inciso primero

Número 1)

38.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminarlo.

Número 4)

39.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, después de la palabra “certificado” el vocablo “simple”, y a continuación de la expresión “deudor,” la frase “, inscrito en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de Valores y Seguros,”, y para eliminar la oración “Asimismo deberá acompañar los antecedentes justificativos de los créditos singularizados que estén en su poder.”.

ARTÍCULO 58.-

Número 1)

Letra a)

Párrafo primero

40.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, a continuación de la expresión “primera clase,”, la frase “suspendiéndose en ese caso sólo la ejecución y realización de bienes del deudor,”.

Párrafo segundo

41.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la frase “no correrán”, por “se suspenderán”.

Número 2)

Letra c)

42.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la conjunción “o” por una coma (,).

Número 6)

43.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “diez” por “quince”.

ARTÍCULO 67.-

Inciso segundo

44.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimir el texto “, salvo lo dispuesto en el artículo 73 sobre suministro asegurado y el artículo 75 sobre préstamos para el financiamiento de operaciones y que no hayan sido considerados en la referida nómina,”.

ARTÍCULO 68.-

45.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar, en su encabezamiento, la frase “Código de gestión para los deudores.”, por “Estipulaciones obligatorias del Acuerdo de Reorganización Judicial.”.

Número 1)

46.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituirlo por el siguiente:

“1) Se prohíbe a la Empresa Deudora repartir sumas a sus accionistas o socios, bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, ya sea por la vía de reducción de capital, condonación de préstamos otorgados y/o repartos de dividendos antes de haber pagado el 100% de las obligaciones emanadas del Acuerdo de Reorganización Judicial, salvo que los acreedores expresamente lo autoricen en la forma que lo determine el Acuerdo.”.

Número 3)

47.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para suprimirlo.

ARTÍCULO 70.-

Inciso primero

48.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, a continuación de la expresión “señale.”, la siguiente oración: “El Veedor tendrá la obligación de denunciar a los acreedores el incumplimiento de dicho acuerdo.”.

ARTÍCULO 71.-

Inciso primero

49.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la voz “cinco” por “ocho”.

Inciso tercero

50.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la palabra “cinco” por “ocho”.

Inciso quinto

51.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la voz “cuarto” por “quinto”.

ARTÍCULO 72.-

Inciso tercero

52.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “décimo” por “tercero”.

ARTÍCULO 75.-

53.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la palabra “fijo”, el vocablo “contable”.

ARTÍCULO 86.-

54.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, en su encabezamiento, a continuación de la palabra “impugnado”, la frase “por los acreedores a quienes les afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial, y aquellos que sin afectarles tienen interés,”.

ARTÍCULO 87.-

Inciso primero

55.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “tres” por “cinco”.

ARTÍCULO 95.-

Inciso tercero

Letra c)

56.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la voz “deuda”, por “obligación”.

ARTÍCULO 98.-

57.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para agregar en su inciso tercero la siguiente oración final: “El deudor podrá enervar la acción por una sola vez para cada categoría o clase de acreedores.”.

ARTÍCULO 106.-

58.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la expresión “categorías de acreedores,”, la frase “determinación del pasivo,”.

ARTÍCULO 107.-

59.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para consultar como inciso final, el siguiente:

“Conjuntamente con la presentación del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial, deberá presentarse conjuntamente un informe de un Veedor de la Nómina de Veedores, elegido por el deudor y sus tres principales acreedores, el que deberá contener la calificación fundada acerca de (i) si la propuesta es susceptible de ser cumplida, habida consideración de las condiciones del deudor; (ii) el monto probable de recuperación que le correspondería a cada acreedor en sus respectivas categorías, en caso de un Procedimiento Concursal de Liquidación; y (iii) si la determinación de los créditos y su graduación, cuya propuesta acompañó el deudor, se ajusta a la ley.”.

ARTÍCULO 108.-

60.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, en su encabezamiento, después de la palabra “dispondrá”, la frase “hasta la aprobación judicial regulada en el artículo 112”.

Letra a)

61.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la locución “primera clase”, la frase “suspendiéndose en ese caso sólo la ejecución y realización de bienes del deudor,”.

ARTÍCULO 115.-

Inciso primero

Número 4)

62.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “, y” por un punto y coma (;).

Número 5)

63.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir el punto final (.) por la expresión “, y”.

64.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar un numeral 6), nuevo, del siguiente tenor:

“6) Una memoria o una breve relación explicativa de las causas del mal estado de sus negocios.”.

ARTÍCULO 117.-

Número 2)

65.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el que sigue:

“2) Si existieren en su contra dos o más ejecuciones, y no hubiere presentado dentro de los cuatro días siguientes al respectivo requerimiento, bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas.”.

Número 3)

66.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “se trasladen fuera del territorio de la República o”.

ARTÍCULO 120.-

Inciso primero

Número 2)

Letra b)

67.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la palabra “Liquidación”, la frase “, designando al Liquidador titular y suplente propuesto por el acreedor peticionario”.

ARTÍCULO 128.-

Inciso primero

68.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “agregación” por “inclusión”.

Inciso tercero

69.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.

ARTÍCULO 129.-

Inciso primero

Número 1)

70.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “comprendida en la causal contemplada en el número 1) del artículo 117”.

ARTÍCULO 135.-

Inciso segundo

71.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la expresión “En ambos casos,”, la frase “para percibir el pago”.

ARTÍCULO 145.-

Número 2)

72.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar, después de la palabra “declaren”, lo siguiente: “con posterioridad, en el tribunal que conoce del Procedimiento Concursal de Liquidación”.

ARTÍCULO 164.-

Inciso primero

Número 3)

73.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la conjunción “y”.

Número 4)

74.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el punto final (.) por la expresión “; y”.

75.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar el siguiente numeral 5), nuevo:

“5) El inventario de bienes señalado en el artículo 165.”.

ARTÍCULO 165.-

Número 3)

76.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la palabra “compra”, la frase “, y todos aquellos bienes que se encuentren en poder del deudor en una calidad distinta a la de dueño”.

ARTÍCULO 171.-

Inciso segundo

77.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación del vocablo “Mensuales”, la frase “, debiendo restablecerse su suministro tan pronto el tribunal lo ordene”.

ARTÍCULO 172.-

78.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “al día siguiente hábil”, por “dentro de los dos días hábiles siguientes”.

ARTÍCULO 174.-

Inciso primero

79.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la palabra “cinco” por “diez”.

ARTÍCULO 175.-

Inciso tercero

80.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar la siguiente oración final: “El tribunal competente podrá por una sola vez, si fuere estrictamente necesario, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad.”.

Inciso final

81.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la frase “del día hábil siguiente” por “de los dos días hábiles siguientes”.

ARTÍCULO 179.-

Inciso segundo

82.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la locución “su notificación”, por “la notificación de su verificación”.

ARTÍCULO 181.-

83.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para incorporar la siguiente oración final: “Los acuerdos se tomarán con Quórum Simple, salvo que la ley establezca un quórum diferente.”.

ARTÍCULO 190.-

Número 1)

84.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la expresión “lo estiman”, por “el tribunal lo estima”.

ARTÍCULO 196.-

85.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar como número 5), nuevo, el siguiente:

“5) Plan o propuesta circunstanciada de los bienes del deudor, la estimación de los principales gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación y la continuación de las actividades económicas de conformidad a lo previsto en el Título 4 de este Capítulo.”.

ARTÍCULO 197.-

86.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “día siguiente hábil”, por “tercer día hábil siguiente”.

ARTÍCULO 198.-

Inciso primero

87.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar en su encabezamiento, a continuación de la palabra “Ordinaria”, la segunda vez que aparece, la frase “, si éstas no se hubieren acordado en la Junta Constitutiva”.

ARTÍCULO 204.-

Letra e)

88.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la palabra “corresponderá”, la primera vez que aparece, por la frase “será aquel que determine la Junta de Acreedores, el que en ningún caso podrá ser inferior”.

Letra f)

89.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazarla por la siguiente:

“f) El mínimo del remate de bienes muebles será aquel que determine la Junta de Acreedores.”.

ARTÍCULO 211.-

90.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar la siguiente oración final: “El incumplimiento de este deber de información será considerado falta grave para los efectos de esta Ley.”.

ARTÍCULO 221.-

91.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la palabra “dirigirse”, la locución “por escrito”.

ARTÍCULO 223.-

Inciso segundo

92.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la palabra “arrendatario”, por “deudor”.

ARTÍCULO 224.-

93.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La dictación de la Resolución de Liquidación producirá de pleno derecho la aceleración de la cláusula de opción de compra, debiendo la primera Junta Ordinaria de Acreedores pronunciarse sobre su ejercicio.”.

ARTÍCULO 226.-

Inciso segundo

94.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la locución "del arrendador" por "verificado con ocasión del contrato de arrendamiento”.

ARTÍCULO 232.-

Inciso primero

Número 2)

95.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar el signo de puntuación “;” por “.”.

Número 5)

96.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para eliminar el vocablo “nuevo”.

ARTÍCULO 233.-

Número 3)

97.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “y previo informe de la Superintendencia”.

ARTÍCULO 234.-

98.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la locución “y egresos”, por “, egresos y utilidades o pérdidas”.

ARTÍCULO 247.-

99.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar el siguiente numeral 7), nuevo:

“7) La resolución que acoja una impugnación deberá ordenar la confección de una nueva proposición de reparto.”.

ARTÍCULO 248.-

100.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la expresión “máximo convencional”, por la palabra “corriente”.

101.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar la siguiente oración final: “La caución señalada deberá constar en boleta de garantía bancaria o póliza de seguro, debiendo ser reemplazada o renovada sucesivamente hasta que se cumpla la respectiva condición.”.

ARTÍCULO 258.-

102.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la voz “Liquidación”, la frase “, al momento de proponerse dicho acuerdo”.

ARTÍCULO 259.-

Inciso segundo

103.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “deudas” por “obligaciones”.

ARTÍCULO 260.-

Letra a)

104.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la expresión “acreedores,”, la frase “con obligaciones vigentes, estén vencidas o no,”.

ARTÍCULO 262.-

Inciso primero

Número 4)

105.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar en el párrafo segundo, a continuación de la palabra “resolución”, y del guarismo “260”, una coma (,).

ARTÍCULO 263.-

Número 2)

106.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “sus deudas” por “las obligaciones vigentes del deudor”.

ARTÍCULO 264.-

Inciso cuarto

107.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la frase “de los acreedores”, por “del pasivo”.

ARTÍCULO 265.-

Inciso tercero

108.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “el 60%” por la frase “de 2 o más acreedores que en conjunto representen más del 50%”.

Inciso cuarto

109.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.

ARTÍCULO 281.-

110.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar el texto “títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos dos”.

ARTÍCULO 286.-

111.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar, en el encabezamiento del inciso primero, la palabra “podrán” por “deberán”.

ARTÍCULO 290.-

112.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 290.- Actos o contratos revocables celebrados por la Persona Deudora. Iniciados los Procedimientos Concursales de Renegociación y de Liquidación de la Persona Deudora, los acreedores, podrán deducir acción revocatoria concursal, respecto de los siguientes actos ejecutados o contratos celebrados por la Persona Deudora dentro del año inmediatamente anterior al inicio de estos procedimientos:

1) Todo pago anticipado, cualquiera fuere la forma en que tenga lugar.

2) Todo pago de deudas vencidas que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención. La dación en pago equivale a pago en dinero.

3) Toda hipoteca, prenda o anticresis constituida sobre bienes del deudor para asegurar obligaciones anteriormente contraídas.

Tratándose de cualquier acto o contrato celebrado a título gratuito y de los señalados en los números precedentes que se hayan celebrado con Personas Relacionadas a la Persona Deudora, aunque se proceda por interposición de un tercero, el plazo se ampliará a 2 años.

En las demandas que se deduzcan de conformidad a lo establecido en el presente artículo, el juez se limitará a constatar si el acto ejecutado o el contrato celebrado han tenido lugar dentro de los plazos señalados y si responden a alguna de las descripciones previstas, sin atender a la existencia o no de perjuicios que el acto o contrato pudiera haber causado a los acreedores o a terceros. Habiéndose constatado la concurrencia de los requisitos anteriores, el tribunal dará lugar a la demanda, sin perjuicio de los recursos que procedan.”.

ARTÍCULO 292.-

Inciso final

113.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “y agregado extraordinariamente a la tabla que corresponda a la Corte de Apelaciones respectiva”, por “, con preferencia para su inclusión y para su vista y fallo”.

ARTÍCULO 293.-

114.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“El acreedor que individualmente ejerciere acciones revocatorias en beneficio de la masa, deberá notificar al Liquidador o Veedor correspondiente, para que éste informe a la Junta dentro del plazo de 30 días desde que fuere notificado, a efectos que la Junta determine si se hace parte o no en dicha acción.”.

ARTÍCULO 295.-

Inciso segundo

115.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar el vocablo “deberá”, por “podrá”.

ARTÍCULO 345.-

Número 3)

Artículo 46

3

116.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la expresión “El deudor que”, la frase “maliciosamente y”.

Artículo 46

3 A

117.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para agregar, después de la expresión “al deudor que”, la locución “maliciosamente y”.

Artículo 46

3 B

118.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la locución “El deudor que”, la frase “maliciosamente y”.

Artículo 46

4

119.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para consultar un número 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“3° Si proporcionare ventajas indebidas a un acreedor, al deudor o a un tercero.”.

ARTÍCULO 368.-

120.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 368.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.118, Sobre el Ejercicio de la Actividad de Martillero Público:

1) Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, los martilleros que se encuentren sometidos a la fiscalización de la Superintendencia Concursal, en los términos señalados en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, podrán vender públicamente al mejor postor, además de toda clase de bienes corporales muebles, toda clase de bienes inmuebles.”.

2) Modifícase el artículo 4° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) el deudor sometido a un procedimiento concursal de liquidación vigente.”.

b) Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) el que tenga la calidad de deudor en un procedimiento de liquidación por su actividad de martillero.”.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-

ARTÍCULO 2.-

121.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 2.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 31 de esta Ley, los síndicos que figuren inscritos en la Nómina Nacional de Síndicos a la fecha de publicación de esta Ley, se entenderán incorporados en las Nóminas de Veedores y Liquidadores, debiendo constituir la garantía y rendir el examen en los términos señalados en dichos artículos, durante el período de vacancia establecido en el artículo anterior y a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta Ley, bajo apercibimiento de ser excluidos de las respectivas nóminas.”.

?MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INCIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE A LA QUIEBRA COMO CAUSAL DE TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO Y MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES.

SANTIAGO, agosto 02 de 2012.

MENSAJE Nº 077-360/

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que establece a la quiebra como causal de término del contrato de trabajo y que regula los efectos de la misma en materia laboral y de seguridad social.

I. ANTECEDENTES

La quiebra es declarada por un juez frente a un estado de incumplimiento de las obligaciones de un deudor (persona natural o jurídica). A contar de esa declaración, el deudor pierde la administración de sus bienes, la que pasa a manos de un tercero denominado síndico, quien está obligado a administrar y liquidar en un solo procedimiento los bienes de ese deudor, debiendo propender al pago de sus deudas, en el orden establecido por la ley.

Para una relación laboral, la quiebra no es un escenario neutral. En efecto, la declaración de un empleador en quiebra conlleva, entre otros efectos, la desnaturalización de las facultades que le permiten conducir las relaciones laborales con sus trabajadores.

Además, la administración que el síndico toma respecto de los bienes del empleador no es una continuidad del empleador, sino que una situación interina impuesta por la ley, con el propósito específico de liquidar los bienes del deudor y saldar las deudas de los acreedores.

Ciertamente, la experiencia ha demostrado que los trabajadores de un empleador declarado judicialmente en quiebra, se ven afectados, principalmente por la incertidumbre de los efectos de aquélla sobre su relación laboral, derechos y prestaciones de que son titulares.

Sobre el particular, cabe tener presente que de conformidad a los registros de la Superintendencia de Quiebras, 37 empleadores han sido declarados en quiebra en el período de enero a marzo de 2012, afectando un universo de 1.937 trabajadores. Previamente, durante los años 2010 y 2011, 267 empleadores fueron declarados en quiebra, involucrando un universo de 5.587 trabajadores.

Además, durante el año 2011, de un total de 283 reclamos formulados ante la citada Superintendencia, un 57% correspondió a trabajadores de empleadores declarados en quiebra.

A esta problemática, debe agregarse la duración del procedimiento de quiebra, pues en promedio éste se prolonga por cincuenta y cuatro meses una vez iniciado.

Los escenarios descritos han permitido a la Superintendencia antes referida detectar aquellas normas laborales y concursales que generaban mayores dificultades en su aplicación, como también aquellas áreas en que la legislación resultaba insuficiente.

II.FUNDAMENTOS

De acuerdo a la normativa actual, los procedimientos de quiebra generan dificultades que afectan a los trabajadores. Estos problemas, constatados por la experiencia de la Superintendencia de Quiebras y de las Inspecciones del Trabajo, se refieren principalmente a falta de certeza sobre la continuidad de la situación contractual laboral, demoras en la obtención de los pagos que se les adeudan y trabas para la reinserción laboral, situaciones que usualmente conducen a interponer demandas judiciales y a requerir asistencia jurídica especializada.

Son estas dificultades las que el presente proyecto de ley busca corregir a través de diversas modificaciones a la legislación vigente. Lo anterior, teniendo a la vista los efectos y finalidades particulares del procedimiento de quiebra, para lo cual es necesario promover el establecimiento de un marco normativo coherente sobre la materia, que dé certidumbre a los trabajadores sobre su situación laboral.

Por lo demás, esta necesidad de reforma legal ha sido planteada también por parlamentarios de diversos sectores, preocupación de la que dan cuenta los proyectos de ley en actual trámite, iniciados en moción, de los H. Diputados Aguiló, Allende Bussi, Goic, Jiménez Fuentes, Muñoz D'Albora y de los entonces Diputados Leal y Olivares Zepeda (boletín N° 6.16413); así como por los H. Senadores Escalona, Muñoz Aburto (boletín N° 6.74913) y Navarro (boletín N° 6.78207). En la especie, esta iniciativa recoge en sus propuestas, el importante aporte contenido en aquellas mociones.

III. PROBLEMÁTICA DE LOS TRABAJADORES DEL EMPLEADOR DECLARADO EN QUIEBRA

En síntesis, ante empleadores declarados en quiebra, la experiencia de la Superintendencia de Quiebras ha demostrado que la situación de los trabajadores se ve especialmente afectada en los siguientes ámbitos:

a) Vigencia del contrato de trabajo y pago de cotizaciones de seguridad social e indemnizaciones

La sentencia que declara la quiebra fija irrevocablemente, y a contar de esa fecha, los derechos de todos los acreedores, quedando devengadas y exigibles todas las deudas del fallido. Además, el empleador declarado en quiebra pierde la administración de sus bienes, la que pasa a manos de un síndico. Desde ese momento, el síndico debe terminar los contratos de trabajo, de modo que los trabajadores, al igual que el resto de los acreedores, puedan intervenir en la quiebra y percibir los pagos que les correspondan.

Sin embargo, la legislación vigente, sin adecuarse a la realidad del empleador declarado en quiebra, no pormenoriza a este evento como una causal de término de contrato de trabajo. Lo anterior, ha conducido a que el síndico proceda a adecuar y asimilar artificialmente este evento a otras causales diferentes de despido.

Es útil recordar que esta necesidad de adecuar la quiebra a otros motivos de término de contrato dio lugar a diferentes interpretaciones. Es así como hasta antes de 2009, existía la práctica de asimilar la quiebra a un caso fortuito, invocando así esta circunstancia como motivo de despido, sin obligación de pago de indemnizaciones por término de contrato a favor del trabajador.

En 2009, la Superintendencia de Quiebras, considerando el criterio mayoritario de la jurisprudencia judicial, instruyó a los síndicos para que, si un empleador era declarado en quiebra, invocaran como motivo de despido de sus trabajadores a las “necesidades de la empresa”, clarificando así la obligación de pagar indemnizaciones por término de contrato.

Cabe tener presente que el término de los contratos de trabajo rige también en el evento que el giro del fallido, por el tiempo y fines determinados en la propia ley, continúe excepcionalmente con posterioridad a una declaración de quiebra. En rigor, la continuidad de giro no configura una supervivencia o continuación del empleador, ya que la administración del ex empleador vinculada a la continuación de su giro tiene, para todos los efectos legales, un tratamiento distinto al que existía antes de su quiebra y ciertamente distinto al tratamiento aplicable durante el proceso de quiebra. Adicionalmente, puede ocurrir que en la continuación de giro el síndico contrate a algunos trabajadores considerados necesarios para esa continuidad, lo que se materializa legalmente a través de un nuevo contrato de trabajo.

b) Fueros

En general, el fuero es un estatuto especial de protección de un trabajador, fundado en que aquél cumple tareas especiales dentro de la organización del empleador o que aquél goza de una situación particular que la ley protege. En el caso de trabajadores que cuentan con fuero maternal, aquél tiene una justificación alimentaria y de protección de la vida, tanto del que está por nacer como del recién nacido. Es decir, los fueros suponen la existencia y subsistencia de la organización de trabajo a cargo del empleador.

Con todo, una vez en quiebra, cabe recordar que el empleador que dirige tal organización no continúa disponiendo de la administración de la misma, sino que ella es ejercida por un tercero con la finalidad acotada de liquidar los bienes de ese empleador en un tiempo determinado y pagar a sus acreedores. Por otro lado, hoy los trabajadores aforados están condicionados a judicializar el término de la relación laboral y la determinación de las cantidades que tendrían o no derecho a recibir.

c) Finiquito

En la práctica, este es uno de los aspectos en los cuales el procedimiento de quiebra ha significado importantes trabas y retrasos para los trabajadores. Normalmente al momento de la declaración de quiebra existen cotizaciones impagas, por lo que, de acuerdo a la normativa vigente, no se puede suscribir un finiquito laboral.

En este escenario, como el síndico carece de un antecedente documentario suficiente para justificar el pago de los créditos laborales, éste no se materializa, aun cuando existan fondos disponibles.

Para salvar esta situación de retraso, los trabajadores afectados deben demandar en los tribunales laborales la declaración de sus derechos y la determinación del monto exacto de sus créditos. Adicionalmente, deben presentar dichos antecedentes al tribunal civil que conoce del procedimiento de quiebra, pudiendo así, finalmente, verificar sus créditos, o en virtud de la demanda presentada ante el tribunal laboral, pueden verificar condicionalmente sus créditos.

Como se aprecia, las prácticas antes descritas implican desventajas para los trabajadores, ya que demoran el pago de sus acreencias por parte del síndico y obligan al trabajador a interponer acciones ante tribunales con el objeto de determinar los derechos y montos que le asisten.

d) Preferencias a favor de los créditos de los trabajadores

Las normas del Código del Trabajo y del Código Civil no son uniformes al regular los límites de las preferencias legales que gozan las acreencias de los trabajadores. Esta situación ha conducido a disparidades interpretativas que dificultan la determinación de los derechos del trabajador, en especial, en lo referido a las siguientes materias:

1. Sobre la preferencia de cobro que debe aplicarse a la indemnización sustitutiva del aviso previo dentro del artículo 2.472 del Código Civil, se han constatado dos criterios. Un criterio más favorable para el trabajador indica que debe aplicarse la preferencia del numeral 5 de ese artículo, mientras que otra interpretación expresa que corresponde aplicar la preferencia del numeral 8 de ese artículo. En este último caso, esa indemnización quedará sujeta a todos los límites establecidos en dicho numeral.

2. Sobre el monto de ingreso mínimo mensual que debe computarse para la preferencia de las indemnizaciones por años de servicio, también se han constatado discrepancias. En efecto, si bien las indemnizaciones de origen laboral gozan de preferencia para su pago, aquélla no excede, respecto de cada beneficiario, de un monto igual a tres ingresos mínimos mensuales, existiendo controversia sobre si debe considerarse el ingreso mínimo mensual remuneracional o no remuneracional, cuyos montos difieren notablemente. Así, al mes de mayo de 2012, el ingreso mínimo remuneracional es de $182.000, en tanto que el no remuneracional es de $117.401.

3. Sobre el límite de años de servicio que debe computarse para la preferencia del cobro de la indemnización por años de servicio, también se verifican diferencias. Conforme a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.472 del Código Civil, el límite aplicable es de diez años, mientras que de conformidad al artículo 163 del Código del Trabajo, dicha indemnización posee un límite de once años.

IV.OBJETIVO

En atención a los antecedentes antes expuestos, y con la finalidad de dar certeza a los trabajadores sobre sus derechos y asimismo evitar trabas y demoras en la percepción de los dineros disponibles en caso de quiebra, nuestro Gobierno ha estimado necesario abordar de manera sistemática los efectos que la declaración de quiebra conlleva en materia laboral.

Por tanto, la iniciativa que someto a vuestro conocimiento, junto con consagrar a la quiebra declarada judicialmente como causal de término de la relación laboral, establece nuevas indemnizaciones por término de contrato, incorpora distintos mecanismos que facilitan el pago de las acreencias de los trabajadores y permite acceder a las prestaciones del seguro de cesantía de la ley N° 19.728.

V.CONTENIDO DEL PROYECTO

a) La declaración judicial de quiebra del empleador como causal de término del contrato de trabajo

Se propone establecer a la declaración judicial de quiebra del empleador como nueva causal de término del contrato de trabajo.

Al efecto, el síndico deberá comunicar formalmente al trabajador el término del contrato en virtud de esta causal. Dicha comunicación deberá acompañarse de determinados antecedentes, enviando copia de su aviso a la Inspección del Trabajo.

b) Indemnizaciones por término de contrato con motivo de la quiebra del empleador

Se propone establecer una indemnización equivalente a la última remuneración mensual devengada por el trabajador, con carácter de alimentaria, la que estará sujeta a la preferencia del número 5 del artículo 2.472 Código Civil.

A su vez, el trabajador también recibirá una indemnización equivalente a la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, la que gozará del privilegio del número 8 del artículo 2.472 Código Civil, con los límites que allí se expresan.

c) Término del fuero e indemnizaciones

Los fueros suponen la existencia y subsistencia de la organización de trabajo a cargo del empleador. Teniendo a la vista los efectos de la quiebra, ya descritos, se precisa que aquélla, junto con configurar una causal de término de contrato, también pone fin a los fueros de sus trabajadores.

Con todo, los trabajadores que estén gozando del fuero indicado en el artículo 201 del Código del Trabajo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a una remuneración mensual por cada uno de los meses que le restaren para que su fuero termine. Ahora bien, si el término de contrato ocurriere mientras el trabajador está haciendo uso de los permisos maternales o post natal parental, no se considerará para el cálculo de esta indemnización a las semanas durante las cuales el trabajador tenga derecho a los subsidios derivados de aquéllos. Lo anterior, en atención a que durante las semanas en que se goza de permisos maternales, el empleador deja de pagar la remuneración pactada por recibir prestaciones de cargo fiscal.

A su vez, cabe señalar que las indemnizaciones derivadas del fuero maternal serán compatibles y acumulativas, de conformidad a las reglas establecidas al efecto, con las demás indemnizaciones reguladas por este proyecto de ley.

d) Finiquito

Se establece la obligación del síndico de poner a disposición del trabajador un finiquito que dé cuenta de todos aquellos montos que al trabajador se le adeuden por concepto de remuneraciones, indemnizaciones o cotizaciones de seguridad social, según corresponda. Dicho finiquito se extenderá incluso si existen cotizaciones previsionales impagas. Con todo, cualquier estipulación que haga entender que el trabajador renuncia total o parcialmente a dichas cotizaciones se tendrá por no escrita. En este sentido, la propuesta recoge el criterio de la Excma. Corte Suprema (v.gr., sentencia rol 7.0762009) en el sentido de que la legislación de quiebras prevalece por sobre la sanción de nulidad de despido, por lo que una vez declarada la quiebra del empleador, no es posible gravar la masa con mayores obligaciones que las que quedaron fijadas a la fecha en que se declaró la quiebra.

Una vez suscrito el finiquito entre síndico y trabajador, este documento sirve para adelantar el pago al trabajador, ya que se entenderá como antecedente documentario suficiente para justificar un pago administrativo por parte del síndico.

Además, será obligación del síndico acompañar ese documento suscrito al tribunal de la quiebra. Efectuada la gestión, las cantidades que consten en él se entenderán verificadas en la quiebra, sin necesidad de recurrir a asistencia jurídica para reclamar en un tribunal laboral la existencia de dichos créditos y para luego verificarlos en el tribunal de la quiebra.

e) Preferencias para el pago

A través de modificaciones al Código del Trabajo y al Código Civil, se precisa el alcance del privilegio del numeral 8 del artículo 2.472 del Código Civil a las indemnizaciones de origen laboral que les correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer, esto es, un límite cuantitativo de tres ingresos mínimos remuneracionales mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, por cada trabajador, y un límite temporal de once años.

f) Créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar

Las cuotas de créditos sociales futuras y, por tanto, no devengadas de un crédito social otorgado por una Caja de Compensación de Asignación Familiar a un trabajador, a diferencia de aquéllas ya descontadas de su remuneración, no gozarán de la preferencia para el pago dispuesta en el artículo 22 de la ley N°18.833.

Por otro lado, las cuotas de créditos sociales devengadas y descontadas de la remuneración por el empleador, que no hayan sido remesadas por éste a la Caja de Compensación a la fecha de la declaración de la quiebra, gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2.472 del Código Civil.

g) Prestaciones del seguro de cesantía

En caso de quiebra del empleador, el trabajador tendrá acceso tanto a las prestaciones financiadas con cargo a su cuenta individual del seguro de cesantía, como también a aquéllas que se otorgan por el Fondo de Cesantía Solidario.

h) Ahorro previsional colectivo

Conforme a la iniciativa en análisis, ante una quiebra, los aportes realizados por el empleador a favor del trabajador tendrán el mismo régimen que actualmente se consagra para los casos en que el contrato termina por aplicación de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo.

En consecuencia, si la relación laboral termina por la quiebra del empleador, los aportes efectuados por este último pasarán a ser de propiedad del trabajador.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Cámara el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Introdúzcase las siguientes modificaciones al Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:

a)Sustitúyase en el inciso cuarto de su artículo 61 la oración “no excederá, respecto de cada beneficiario, de un monto igual a tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un límite de diez años; el saldo, si lo hubiere, será considerado crédito valista”, por la siguiente “se regirá por lo establecido en dicha norma”.

b) Intercálase el siguiente artículo 163 bis, nuevo:

“Art. 163 bis.- El contrato de trabajo terminará en caso de quiebra del empleador declarada por sentencia judicial. Para todos los efectos legales, la fecha de término del contrato de trabajo será la fecha de dictación de la sentencia judicial que declara la quiebra. En este caso, se aplicarán las siguientes reglas:

1.- El síndico deberá comunicar al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato de trabajo, el término de la relación laboral en virtud de la causal señalada en este artículo, adjuntando a dicha comunicación un certificado emitido por la Superintendencia de Quiebras que deberá indicar el hecho de que el empleador ha sido declarado en quiebra por sentencia judicial, así como el tribunal que la dictó, la individualización del proceso y la fecha en que se efectuó tal declaración. El síndico deberá realizar esta comunicación dentro de un plazo no superior a 6 días hábiles, contados desde la fecha de su aceptación y juramento de fiel desempeño del cargo en la quiebra.

Dentro del mismo plazo, el síndico deberá enviar copia de la comunicación mencionada en el inciso anterior a la respectiva Inspección del Trabajo. Las Inspecciones del Trabajo, tendrán un registro de las comunicaciones de término de contrato de trabajo que se les envíen, el que se mantendrá actualizado con las comunicaciones recibidas en los últimos treinta días hábiles.

La Inspección del Trabajo, de oficio o a petición de parte, constatará el cumplimiento de lo establecido en este número. En caso de incumplimiento por parte del síndico, la Inspección del Trabajo deberá informar a la Superintendencia de Quiebras, la que podrá sancionar los hechos imputables al síndico, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la ley N°18.175.

2.- El síndico, en representación de la quiebra, deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a la última remuneración mensual devengada.

3.- Si el contrato de trabajo hubiere estado vigente un año o más, el síndico, en representación de la quiebra, deberá pagar al trabajador una indemnización por años de servicio equivalente a aquélla que el empleador estaría obligado a pagar en caso que el contrato terminare por alguna de las causales señaladas en el artículo 161. El monto de esta indemnización se determinará de conformidad a lo establecido en los incisos primero y segundo del artículo 163 de este Código. Esta indemnización será compatible con la establecida en el número 2 anterior.

4.- No se requerirá solicitar la autorización previa del juez competente respecto de los trabajadores que al momento del término del contrato de trabajo tuvieren fuero.

Con todo, tratándose de trabajadores que estuvieren gozando del fuero señalado en el artículo 201, el síndico, en representación de la quiebra, deberá pagar una indemnización equivalente a la última remuneración mensual devengada por cada uno de los meses que restare de fuero. Si el término de contrato ocurriere en virtud de este artículo, mientras el trabajador se encuentra haciendo uso de los descansos y permisos a que se refiere el artículo 198, no se considerarán para el cálculo de esta indemnización las semanas durante las cuales el trabajador tenga derecho a los subsidios derivados de aquéllos. Esta indemnización será compatible con la indemnización que deba pagarse en conformidad al número 3 anterior.

5.- El síndico deberá poner a disposición del trabajador el respectivo finiquito con al menos diez días de anticipación a la expiración del período de verificación ordinaria de créditos que establece el procedimiento de quiebra.

El finiquito suscrito por el trabajador se entenderá como antecedente documentario suficiente para justificar un pago administrativo.

El finiquito suscrito por el trabajador deberá además ser acompañado por el síndico al tribunal de la quiebra, dentro de los dos días hábiles siguientes a su suscripción. Este finiquito se regirá por las siguientes reglas:

a) Tendrá el mismo valor que el finiquito suscrito y ratificado ante ministro de fe de conformidad con el artículo 177;

b) Se entenderá como suficiente verificación de los créditos por remuneraciones, asignaciones compensatorias e indemnizaciones que consten en dicho instrumento;

c) Si el trabajador hiciera reserva de acciones al suscribir el finiquito, la verificación o pago administrativo estará limitada a las cantidades aceptadas por el trabajador, y

d) Cualquier estipulación que haga entender que el trabajador renuncia total o parcialmente a dichas cotizaciones previsionales se tendrá por no escrita.

Con todo, el síndico deberá reservar fondos, si los hubiere, respecto de aquellos finiquitos no suscritos por los trabajadores o no acompañados por el síndico al tribunal de la quiebra dentro del plazo señalado en el inciso tercero de este número, por un periodo de treinta días contados desde la fecha en que dicho instrumento fue puesto a disposición del respectivo trabajador.”.

c) Intercálase en el inciso primero de su artículo 172, entre el vocablo “artículos” y el guarismo “168”, la expresión “163 bis,”.

Artículo 2°.Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 2.472 del Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2000, del Ministerio de Justicia:

a) Sustitúyase en su numeral 5, la frase “y las asignaciones familiares”, por la siguiente oración “, las asignaciones familiares, la indemnización establecida en el número 2 del artículo 163 bis del Código del Trabajo con un límite de noventa unidades de fomento correspondiente al último día del mes anterior a su pago, considerándose valista el exceso si lo hubiere, y las cotizaciones adeudadas a las instituciones de Seguridad Social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin”.

b) Modifícase su numeral 8 de la siguiente forma:

i. Intercálase en su párrafo primero, entre los vocablos “mensuales” y “por”, el término “remuneracionales”.

ii. Sustitúyase en su párrafo primero, el vocablo “diez” por “once”.

iii. Sustitúyase en su párrafo primero el punto y coma (;) que sigue al término “valistas” por un punto aparte (.).

iv. Agréganse los siguientes párrafos segundo y terceros, nuevos:

“Asimismo, la indemnización establecida en el párrafo segundo del número 4 del artículo 163 bis del Código del Trabajo, estará sujeta a los mismos límites precedentemente señalados.

Para efectos del cálculo del pago de la preferencia establecida en este número, los límites máximos indicados en los párrafos primero y segundo serán determinados de forma independiente;”.

Artículo 3°.- Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, al artículo 22 de la ley N°18.833:

“En caso de quiebra de la entidad empleadora afiliada declarada judicialmente, regirán las siguientes reglas:

1. Las cuotas de créditos sociales devengadas y descontadas de la remuneración por el empleador, que no hayan sido remesadas a la Caja de Compensación a la fecha de la declaración de la quiebra, gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2.472 del Código Civil, siendo obligación de la respectiva Caja de Compensación verificar su crédito.

2. El pago de las cuotas de créditos sociales no devengadas a la fecha de la declaración de quiebra, le corresponderá al trabajador, no siendo de cargo de la masa. Para estos efectos, se tendrán por no escritas las convenciones que permitan al empleador, en caso de término de la relación laboral por quiebra de éste, descontar los saldos pendientes por créditos sociales de las indemnizaciones por término de contrato a que tenga derecho el trabajador.”.

Artículo 4°.Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley N°19.728:

a) Sustitúyase en la letra a) de su artículo 12, la expresión “y 161” por la siguiente “, 161 y 163 bis”,

b) Sustitúyase en la letra b) de su artículo 24, la frase “o del artículo 161, ambos”, por la siguiente “o de los artículos 161 y 163 bis, todos”.

Artículo 5°. Sustitúyase en el inciso cuarto del artículo 20 H del decreto ley N°3.500, de 1980, la oración “la causal establecida en el artículo 161”, por la siguiente “las causales establecidas en los artículos 161 o 163 bis”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

EVELYN MATTHEI FORNET

Ministra del Trabajo y Previsión Social

TEODORO RIBERA NEUMANN

Ministro de Justicia

?Valparaíso, 7 de agosto de 2012.

Nº 800/SEC/12

A S.E. el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de hoy, se dio cuenta del proyecto de ley que establece la quiebra como causal de término del contrato de trabajo y adecua normas de otras leyes, correspondiente al Boletín Nº 8.492-13.

En atención a que el proyecto de ley mencionado contiene normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Vuestra Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto copia del referido proyecto de ley.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

CAMILO ESCALONA MEDINA

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO.

14.08.12

BOLETÍN Nº 8.324-03 (II)

INDICACIONES

ARTÍCULO 2°.

Número 6)

1.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la locución “que pone”, por “en que se notifica la sentencia definitiva, poniéndose”.

Número 7)

1 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar luego de la expresión “Superintendencia Concursal”, los términos “de libre acceso al público”.

2.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la frase “cada vez que la ley lo ordene”, por “salvo que la ley ordene otra forma de notificación”.

Número 9)

3.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la frase “Aquella que se designa”, por la frase “Aquella que puede designarse”.

Número 10)

3 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa para intercalar, a continuación de la palabra “cuentas”, la expresión “de su gestión”, y eliminarla la vez que aparece mencionada a continuación del término “liquidador”.

Número 18)

4.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para agregar, a continuación de la palabra “persona”, el vocablo “natural”.

4 a.- De la Honorable Senadora señora Alvear, para intercalar un número 24, nuevo, del siguiente tenor, modificándose en consecuencia la numeración correlativa de los numerales siguientes:

“24) Nominación: Procedimiento en el cual la Superintendencia Concursal designa mediante un sorteo transparente y público, los veedores y liquidadores que deberán actuar respectivamente en un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación.”.

Número 35)

5.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para eliminar la frase “que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal”.

Número 36)

6.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para suprimir la locución “que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal”.

Número 37)

7.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la expresión “y teléfono”, por “, teléfono e internet”, antecedida de una coma (,).

Número 39)

8.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para agregar, a continuación de la palabra “persona”, el vocablo “natural”.

ARTÍCULO 3°.

Inciso segundo

9.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por los siguientes:

“En los lugares asiento de Corte, la distribución se regirá por un auto acordado de la Corte de Apelaciones respectiva, considerando especialmente la radicación preferentemente de causas concursales en los tribunales que cuenten con la capacitación a que se refiere el inciso siguiente.

Los jueces titulares y secretarios de los juzgados de letras que conozcan preferentemente de asuntos concursales, deberán estar capacitados en derecho concursal, en especial, sobre las disposiciones de esta Ley y de las leyes especiales que rijan estas materias.

Cada Corte de Apelaciones adoptará las medidas pertinentes para garantizar la especialización a que se refiere la presente disposición.

No obstante, los demás tribunales correspondientes se encuentran habilitados para conocer, en el marco de sus competencias, si, excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo, ello fuere necesario.”.

ARTÍCULO 4°.

Número 2)

10.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el vocablo “agregación” por “inclusión”.

ARTÍCULO 11.

11.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la palabra “Nombramiento”, por “Inclusión”, y el vocablo “nombrado”, por la frase “incorporado a la Nómina de Veedores”.

11 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para reemplazar en el título del artículo el término “Nombramiento” por la expresión “Inclusión en la nómina de Veedores”.

ARTÍCULO 13.

12.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para suprimir la frase “ser Veedor y”.

ARTÍCULO 15.

13.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la palabra “perseguirá”, por “podrá perseguir”.

13 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa para agregar luego de la palabra “perseguirá” la expresión “cuando corresponda”, antecedida de una coma (,).

ARTÍCULO 17.

Número 2)

14.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“2) Los funcionarios de cualquier órgano de la Administración del Estado y aquellos que presten cualquier tipo de servicios remunerados o no a la Superintendencia. No obstante, no regirá esta incompatibilidad respecto de las personas que desempeñen un cargo o función en instituciones de educación superior.”.

ARTÍCULO 18.

Número 4)

Letra c)

15.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la expresión “Registro de Valores”, la frase “y hagan oferta pública de sus acciones”.

Número 8)

15 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para suprimir la expresión “a criterio de la Superintendencia”, e insertar a continuación de la palabra “gravísima” la frase “de conformidad a lo dispuesto en el artículo 338 de esta ley”.

ARTÍCULO 20.

16.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la frase “que ordena la apertura del Procedimiento Concursal respectivo”, por “de Reorganización o Liquidación que corresponda”.

ARTÍCULO 22.

16 a.- De la Honorable Senadora señora Alvear, mediante la cual reemplaza la disposición por la siguiente:

“ARTÍCULO 22.- Nominación del Veedor. Una vez que la Superintendencia reciba los antecedentes señalados en el artículo 57, ésta designará mediante sorteo transparente y público, un Veedor titular y a un Veedor suplente vigente en la Nómina de Veedores.

Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

El Veedor titular y suplente nominados serán inmediatamente notificados por la Superintendencia por el medio más expedito.

El Veedor titular nominado deberá manifestar ante la Superintendencia a más tardar al siguiente día hábil si acepta el cargo y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente.

Aceptado el cargo, la Superintendencia emitirá el Certificado de Nominación del Veedor, el cual será remitido directamente al tribunal competente, dentro del día siguiente hábil a su emisión, para que éste designe a un Veedor en la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de reorganización.

El Veedor podrá excusarse de aceptar una nominación ante la Superintendencia, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus razones, al día siguiente hábil de su notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el Veedor y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada, el Veedor deberá asumir como tal en el procedimiento concursal de reorganización, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelve la excusa y se emita el correspondiente Certificado de Nominación. Si la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará a un nuevo Veedor mediante el mismo procedimiento.”.

Inciso primero

17.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, a continuación de la palabra “deudor”, lo siguiente: “con domicilio en Chile”.

Inciso segundo

18.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “día siguiente hábil”, por “segundo día hábil siguiente”.

Inciso tercero

18 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para reemplazar la frase “vigentes en la Nómina de Veedores a esa fecha.” por “que integren la terna propuesta por el deudor en el formulario señalado en el artículo 55 y, en su defecto, todos aquellos Veedores vigentes en la Nómina de Veedores a esa fecha”, seguida de un punto (.).

19.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar un inciso séptimo, nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, deberá declarar sus relaciones con el deudor o sus acreedores, si las tuviere y que no tiene impedimento o inhabilidad alguna para desempeñar el cargo.”.

Inciso octavo

20.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la frase “a un nuevo Veedor”, por “al Veedor suplente como titular, nominándose a un nuevo Veedor suplente”.

ARTÍCULO 24.

Número 5)

20 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para insertar a continuación de la expresión “cuenta” la frase “dentro del plazo de tres días”.

ARTÍCULO 25.

Inciso segundo

Número 6)

21.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la palabra “poderes”, la frase “para comparecer en las Juntas de Acreedores”.

ARTÍCULO 26.

Inciso segundo

21 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar a continuación de la expresión “expediente” la frase “y notificado al deudor y a los acreedores mediante su publicación en el Boletín Comercial.”.

ARTÍCULO 28.

21 b.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar, a continuación del guarismo 118, la expresión “de esta ley”.

ARTÍCULO 35.

21 c.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para añadir a continuación de la palabra “perseguirá”, la expresión “cuando corresponda”, antecedida y precedida por una coma (,).

ARTÍCULO 36.

Inciso segundo

Número 11)

22.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “, y”, por un punto y coma (;).

Número 12)

23.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir el punto final (.), por la expresión “; y”, antecedida de un punto y coma (;).

24.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar un numeral 13), nuevo, del siguiente tenor:

“13) Transigir con el acuerdo de la Junta de Acreedores, y respecto de los créditos laborales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 245.”.

ARTÍCULO 37.

24 a.- Del Honorable Senador señor Tuma, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 37.- Nominación del liquidador. Presentada una solicitud de inicio de procedimiento concursal de liquidación ante el tribunal competente, éste nominará al Liquidador conforme al procedimiento establecido en el presente artículo, salvo en el caso previsto en el número 3 del artículo 120.

Tratándose de una solicitud de liquidación voluntaria, el deudor acompañará al tribunal competente la nómina de acreedores y sus créditos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de esta ley.

Tratándose de una solicitud de liquidación forzosa, el acreedor peticionario acompañará al tribunal en la audiencia respectiva la nómina de acreedores y sus créditos, que hubiere acompañado el deudor, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de esta ley.

Una vez acompañados al tribunal competente los antecedentes señalados, éste ordenará la notificación por cédula a los tres mayores acreedores del deudor según la información entregada, dentro del día hábil siguiente y por medio del receptor de turno, con el objeto de citarlo a una audiencia a realizarse dentro de tercero día de efectuada la última notificación. La audiencia se llevará a efecto con el o los acreedores que asistan y en ella se nominará a los liquidadores. Si asistiere un acreedor, la elección se efectuará por mayoría del total de pasivo con derecho a voto conforme al importe que aparezca en el estado de deudas. Cada acreedor citado podrá, sin concurrir y antes de la audiencia, proponer por escrito un liquidador titular y uno suplente de la nómina vigente de liquidadores.

En la audiencia señalada en el inciso anterior, el tribunal nominará como liquidador titular al que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de liquidador titular por los acreedores, y como suplente a aquel que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de suplente. Si sólo respondiere un acreedor, se estará a su propuesta. Si respondieren todos o dos de ellos y la propuesta recayere en personas diversas, se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea superior. En caso que no se reciban propuestas, la nominación tendrá lugar mediante sorteo ante la Superintendencia, en el que participarán todos aquellos vigentes en la nómina de liquidadores a esa fecha, dentro del día hábil siguiente al de la audiencia y a petición de la solicitante del proceso de liquidación.

Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

El liquidador titular y el suplente nominados serán inmediatamente notificados por el medio más expedito, el que podrá ser correo electrónico.

El liquidador podrá excusarse de aceptar una nominación ante el tribunal, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus justificaciones al día hábil siguiente de su notificación. El tribunal resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el liquidador y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada, el liquidador deberá asumir como tal en el Procedimiento Concursal de Liquidación, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva la excusa y se emita el correspondiente certificado. Si la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará a un nuevo liquidador mediante sorteo.”.

24 b.- De la Honorable Senadora señora Alvear, para sustituir el artículo por el siguiente:

“Artículo 37.- Nominación del Liquidador. Presentada una solicitud de inicio de Procedimiento Concursal de Liquidación ante el tribunal competente, la Superintendecia nominará mediante sorteo transparente y público a un Liquidador Titular y a uno Suplente, en el que participarán todos aquellos vigentes en la Nómina de Liquidadores a esa fecha.

Tratándose de una solicitud de Liquidación Voluntaria, el deudor acompañará a la Superintendencia copia con cargo del tribunal competente de la respectiva solicitud. Tratándose de una solicitud de Liquidación Forzosa, el acreedor peticionario acompañará a la Superintendencia copia con cargo de la respectiva solicitud. Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

El Liquidador titular y suplente nominados serán inmediatamente notificados por la Superintendencia por el medio más expedito, el que podrá ser correo electrónico.

El Liquidador titular nominado deberá manifestar, ante la Superintendencia, a más tardar al día siguiente hábil, si acepta el cargo y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente.

Aceptado el cargo, la Superintendencia emitirá el Certificado de Nominación del Liquidador, el cual será remitido directamente al tribunal competente, dentro del siguiente día hábil a su emisión, para que éste designe a un Liquidador en carácter de provisional en la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación.

El Liquidador podrá excusarse ante la Superintendencia de aceptar una nominación, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus justificaciones, al día siguiente hábil de su notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el Liquidador y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada, el Liquidador deberá asumir como tal en el procedimiento concursal de liquidación, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva la excusa y se emita el correspondiente certificado. Si la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará a un nuevo Liquidador mediante el mismo procedimiento.”.

Inciso tercero

24 c.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar a continuación de la expresión “con cargo” la frase “del tribunal competente o de la Corte de Apelaciones correspondiente”.

Inciso cuarto

25.- De Su Excelencia el Presidente de la República, y 26.- de los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la palabra “deudor”, la frase “con domicilio en Chile”.

Inciso quinto

27.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “día siguiente hábil”, por “segundo día hábil siguiente”.

28.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar como inciso décimo, nuevo, el siguiente:

“Al aceptar el cargo deberá declarar sus relaciones con el deudor y los acreedores, si las tuviere, y que no tiene impedimento o inhabilidad alguna para desempeñar el cargo.”.

ARTÍCULO 39.

Número 7)

29.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “una vez ejecutoriada la resolución que tuvo por aprobada su Cuenta Final de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes”, por el siguiente texto: “debidamente actualizados y con los intereses corrientes que correspondan, una vez presentada la Cuenta Final de Administración, conforme lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes. Si la señalada cuenta es rechazada por sentencia firme, estos fondos serán restituidos a la masa para luego ser abonados como remuneración para el nuevo Liquidador designado”, seguida de un punto (.).

Número 10)

30.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la frase “previamente aprobados por la Junta Constitutiva”, por “ratificados por la Junta”.

ARTÍCULO 41.

Inciso primero

31.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “Calificado” por “Especial”.

32.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

“Con todo, podrán realizar dichas contrataciones aún antes de la Junta Constitutiva, siempre y cuando sea estrictamente necesario, previa autorización del tribunal.”.

ARTÍCULO 42.

32 a.- De la Honorable Senadora señora Alvear para intercalar, antes de la palabra “Podrá”, la expresión “No”.

ARTÍCULO 44.

32 b.- De la Honorable Senadora señora Alvear, para suprimirlo.

ARTÍCULO 45.

32 c.- De la Honorable Senadora señora Alvear, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 45.- Prohibiciones relativas del Veedor o Liquidador. Sin perjuicio de las demás prohibiciones establecidas en esta ley, los veedores no podrán intervenir en procesos concursales de reorganización y los liquidadores no podrán intervenir en procesos concursales de liquidación que no estuvieren o no hayan estado a su cargo, salvo las actuaciones que le correspondan como acreedor con anterioridad al procedimiento concursal respectivo, de representante legal en conformidad al artículo 43 del Código Civil, y de lo previsto en el artículo 26.

La contravención a la presente prohibición constituye una infracción gravísima para los efectos del número 8 del artículo 18. Asimismo, los veedores y liquidadores no podrán contratar por sí, respectivamente, o a través de terceros o de una persona jurídica en la que sea socio o persona relacionada de la sociedad, con cualquier deudor sometido a un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, salvo que se trate de sociedades que se encuentren inscritas en el Registro de Valores.”.

Inciso primero

33.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar, después del vocablo “Liquidación”, la preposición “en”, y para reemplazar la locución “estuvieren o no hayan estado a su cargo”, por “hubieren sido designados”.

Inciso segundo

34.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “salvo que se trate de sociedades que se encuentren inscritas en el Registro de Valores”, por “salvo que se trate de un Veedor no incorporado en la Nómina de Liquidadores, en un Procedimiento Concursal de Liquidación, o de un Liquidador, no incorporado en la Nómina de Veedores, en un Procedimiento Concursal Reorganización”.

ARTÍCULO 46.

34 a.- De la Honorable Senadora señora Alvear, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 46.- De la exclusión de la Nómina de Veedores y de la Nómina de Liquidadores. La exclusión de la Nómina de Veedores importará necesariamente impedimento de incorporarse a la Nómina de Liquidadores, y viceversa.”.

ARTÍCULO 48.

34 b.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 48.- Oportunidad y revisión. Las cuentas provisorias deberán publicarse mensualmente en el Boletín Concursal y rendirse ante la Junta de Acreedores respectiva, la que deberá aprobarlas o rechazarlas en esa misma sesión.

A partir de la publicación señalada en el inciso anterior, los acreedores podrán formular a la Superintendencia sus observaciones a la cuenta provisoria publicada, para que ésta las incluya en el Boletín Concursal dentro del plazo de tres días contado desde la recepción de dichas observaciones. El Liquidador deberá responder las observaciones en la próxima Junta de Acreedores que se celebre y, a continuación, se someterá a su aprobación o rechazo.”.

ARTÍCULO 49.

Inciso primero

34 c.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa para insertar a continuación de la expresión “Boletín Concursal” la frase “dentro del plazo de dos días”.

ARTÍCULO 53.

Inciso tercero

Número 2)

35.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “cinco” por “diez”.

Número 7)

35 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para reemplazar la expresión “en conciencia” por la frase “de acuerdo a las normas de la sana crítica”.

Número 9)

36.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para suprimir la frase “total o parcialmente”.

37.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “no procederá recurso alguno, debiendo la Superintendencia dictar”, por “sólo procederá recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo. Una vez a firme, la Superintendencia dictará”.

ARTÍCULO 55.

Inciso tercero

37 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para reemplazar la expresión “y” por una coma, e insertar antes del punto aparte (.), la frase “y en dependencias de los tribunales con competencia en procedimientos concursales de conformidad a lo establecido en el artículo 3º de esta ley.”.

ARTÍCULO 56.

37 b.- De la Honorable Senadora señora Alvear, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 56.- Nominación del Veedor. Para los efectos de la nominación del Veedor titular y el suplente, el deudor deberá presentar a la Superintendencia una copia del documento referido en el artículo anterior, con el respectivo cargo del tribunal competente. La nominación del Veedor titular y del suplente se realizará bajo el procedimiento establecido en el artículo 22 y, una vez concluido, la Superintendencia extenderá el respectivo Certificado de Nominación contemplado en el mismo artículo.”.

ARTÍCULO 57.

Inciso primero

Número 1)

38.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminarlo.

Número 4)

39.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, después de la palabra “certificado” el vocablo “simple”, y a continuación de la expresión “deudor,” la frase “, inscrito en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de Valores y Seguros,”, y para eliminar la oración “Asimismo deberá acompañar los antecedentes justificativos de los créditos singularizados que estén en su poder.”.

ARTÍCULO 58.

Número 1)

Letra a)

Párrafo primero

40.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, a continuación de la expresión “primera clase,”, la frase “suspendiéndose en ese caso sólo la ejecución y realización de bienes del deudor”, seguida de una coma (,).

Párrafo segundo

41.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la frase “no correrán”, por “se suspenderán”.

Letra b)

Párrafo primero

41 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar, después de la frase “invocando la apertura de un Procedimiento Concursal de Reorganización”, lo siguiente: “con la sola excepción de poner término o suspender las líneas de crédito o sobregiro que se hubieren pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75. El banco emisor de una boleta de garantía podrá excusarse del pago del requerimiento del acreedor durante este período.”.

Letra c)

41 b.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para eliminar la frase “y siempre que se encuentre al día en sus obligaciones con el respectivo mandante”.

Número 2)

Letra c)

42.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la conjunción “o” por una coma (,).

42 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para reemplazar la expresión “o estatutos sociales” por “estatutos sociales o régimen de poderes”, antecedida de una coma.

Número 6)

43.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “diez” por “quince”.

ARTÍCULO 59.

Inciso primero

43 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para sustituir los términos “Vencido el” por “Dentro de los tres días anteriores al vencimiento del”.

ARTÍCULO 64.

43 b.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para eliminarlo.

ARTÍCULO 67.

Inciso segundo

44.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimir el texto “, salvo lo dispuesto en el artículo 73 sobre suministro asegurado y el artículo 75 sobre préstamos para el financiamiento de operaciones y que no hayan sido considerados en la referida nómina,”.

ARTÍCULO 68.

45.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar, en su encabezamiento, la frase “Código de gestión para los deudores.”, por “Estipulaciones obligatorias del Acuerdo de Reorganización Judicial.”.

45 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para sustituir en su encabezamiento el término “podrán” por “deberán”.

Número 1)

46.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituirlo por el siguiente:

“1) Se prohíbe a la Empresa Deudora repartir sumas a sus accionistas o socios, bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, ya sea por la vía de reducción de capital, condonación de préstamos otorgados y/o repartos de dividendos antes de haber pagado el 100% de las obligaciones emanadas del Acuerdo de Reorganización Judicial, salvo que los acreedores expresamente lo autoricen en la forma que lo determine el Acuerdo.”.

Número 3)

47.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para suprimirlo.

ARTÍCULO 69.

Inciso primero

47 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para sustituir el término “ambas” por la expresión “cualquiera de las”.

ARTÍCULO 70.

Inciso primero

48.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, a continuación de la expresión “señale.”, la siguiente oración: “El Veedor tendrá la obligación de denunciar a los acreedores el incumplimiento de dicho acuerdo.”.

ARTÍCULO 71.

Inciso primero

49.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la voz “cinco” por “ocho”.

Inciso tercero

50.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la palabra “cinco” por “ocho”.

Inciso quinto

51.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la voz “cuarto” por “quinto”.

ARTÍCULO 72.

Inciso tercero

52.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “décimo” por “tercero”.

EPÍGRAFE DEL PÁRRAFO 3

52 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para suprimir la palabra “necesaria” e insertar al final la frase “durante la Protección Financiera Concursal”.

ARTÍCULO 75.

53.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la palabra “fijo”, el vocablo “contable”.

ARTÍCULO 80.

Inciso primero

53 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para incluir a continuación de la palabra “junta” la segunda vez que aparece, la frase “, pudiendo proponer modificaciones”, antecedida de una coma.

ARTÍCULO 86.

54.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, en su encabezamiento, a continuación de la palabra “impugnado”, la frase “por los acreedores a quienes les afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial, y aquellos que sin afectarles tienen interés,”.

Número 2)

54 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar después de la palabra “Judicial” la primera vez que aparece, la frase “cuya impugnación se encuentre pendiente de resolución y”.

ARTÍCULO 87.

Inciso primero

55.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “tres” por “cinco”.

ARTÍCULO 92.

55 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar luego del término “acreedores” la frase “cuyos créditos han sido reconocidos”.

ARTÍCULO 94.

55 b.- Del Honorable Senador señor Tuma, para agregar, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “No constituye renta la condonación o remisión de deudas, intereses, reajustes u otras sanciones aprobadas en un acuerdo de reorganización judicial.”.

ARTÍCULO 95.

Inciso tercero

Letra c)

55 c.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para eliminarla.

56.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la voz “deuda”, por “obligación”.

ARTÍCULO 96.

56 a.- De la Honorable Senadora señora Alvear, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 96.- Rechazo del Acuerdo de Reorganización Judicial. Si la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial es rechazada por los acreedores por no haberse obtenido el quórum de aprobación necesario o porque el deudor no otorga su consentimiento, el tribunal dictará la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, de oficio y sin más trámite, en la misma Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre el Acuerdo de Reorganización Judicial, salvo que en dicha Junta se disponga lo contrario por quórum calificado. En este caso, el deudor deberá, a través del Veedor, publicar la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial en el Boletín Concursal y acompañarla al tribunal diez días antes de la Junta de Acreedores que tiene por objeto pronunciarse sobre la nueva propuesta. El deudor conservará la protección financiera concursal hasta la celebración de dicha Junta, que deberá llevarse a cabo dentro de los veinte días siguientes a la Junta que rechazó el Acuerdo de Reorganización Judicial. Si el deudor no presenta la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial dentro del plazo antes establecido, el tribunal dictará la resolución que ordena la apertura del procedimiento Concursal de Liquidación, de oficio y sin más trámite. La Junta de Acreedores que rechace la primera o segunda propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, en su caso, deberá solicitar a la Superintendencia Concursal que nomine al Liquidador Titular y al Suplente, a los que el tribunal competente deberá designar con el carácter de definitivos.”.

ARTÍCULO 98.

57.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para agregar en su inciso tercero la siguiente oración final: “El deudor podrá enervar la acción por una sola vez para cada categoría o clase de acreedores.”.

ARTÍCULO 101.

57 a.- De la Honorable Senadora señora Alvear, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 101.- Designación de Liquidador. En la demanda de terminación o de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, el demandante solicitará que se oficie a la Superintendencia Concursal, a efectos de designar a un Liquidador titular y a uno suplente de la Nómina de Liquidadores vigente. Una vez efectuado el sorteo respectivo, el tribunal los designará en la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación.”.

ARTÍCULO 106.

58.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la expresión “categorías de acreedores,”, la frase “determinación del pasivo”, seguida de una coma (,).

ARTÍCULO 107.

59.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para consultar como inciso final, el siguiente:

“Conjuntamente con la presentación del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial, deberá presentarse conjuntamente un informe de un Veedor de la Nómina de Veedores, elegido por el deudor y sus tres principales acreedores, el que deberá contener la calificación fundada acerca de (i) si la propuesta es susceptible de ser cumplida, habida consideración de las condiciones del deudor; (ii) el monto probable de recuperación que le correspondería a cada acreedor en sus respectivas categorías, en caso de un Procedimiento Concursal de Liquidación; y (iii) si la determinación de los créditos y su graduación, cuya propuesta acompañó el deudor, se ajusta a la ley.”.

ARTÍCULO 108.

60.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, en su encabezamiento, después de la palabra “dispondrá”, la frase “hasta la aprobación judicial regulada en el artículo 112”.

Letra a)

61.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la locución “primera clase,”, la frase “suspendiéndose en ese caso sólo la ejecución y realización de bienes del deudor”, seguida de una coma (,).

ARTÍCULO 115.

Inciso primero

Número 4)

62.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “, y” por un punto y coma (;).

Número 5)

63.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir el punto final (.) por la expresión “, y”, antecedida de una coma (,).

64.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar un numeral 6), nuevo, del siguiente tenor:

“6) Una memoria o una breve relación explicativa de las causas del mal estado de sus negocios.”.

ARTÍCULO 117.

Número 1)

64 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para sustituir la frase “No se podrá invocar esta causal” por “Invocada esta causal respecto del deudor principal, no se podrá invocar”.

Número 2)

65.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el que sigue:

“2) Si existieren en su contra dos o más ejecuciones, y no hubiere presentado dentro de los cuatro días siguientes al respectivo requerimiento, bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas.”.

Número 3)

66.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “se trasladen fuera del territorio de la República o”.

ARTÍCULO 118.

66 a.- De la Honorable Senadora señora Alvear, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 118.- Requisitos. La demanda que se presentará ante el tribunal competente señalará la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañará los siguientes antecedentes:

1) Los documentos o antecedentes escritos que acreditan la causal invocada.

2) Vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 200 Unidades de Fomento para subvenir los gastos iniciales del procedimiento concursal de liquidación.

3) El acreedor peticionario podrá solicitar a la Superintendencia Concursal designar a un Veedor vigente de la Nómina de Veedores, que asumirá en caso de que el deudor se oponga a la liquidación forzosa. Dicho Veedor supervigilará las actividades del deudor mientras dure la tramitación del Juicio de Oposición conforme a lo dispuesto en el Párrafo 3 de este Título, quien tendrá las facultades de interventor contenidas en el artículo 25 de esta ley. Los honorarios del Veedor no podrán ser superiores a 100 Unidades de Fomento y serán de cargo del acreedor peticionario. Sin perjuicio de lo anterior, el demandante podrá solicitar en su demanda cualquiera de las medidas señaladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

4) Solicitará que la Superintendencia Concursal, mediante sorteo, designe el nombre del Liquidador titular y del suplente. El Liquidador o Veedor que hubiese ejercido como tal en algún procedimiento concursal, no podrá asumir en otro procedimiento respecto de un mismo deudor.”.

Número 3)

66 b.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “El Veedor estará facultado para solicitar las medidas cautelares que estime necesarias para garantizar la mantención del activo del deudor mientras dure el Juicio de Oposición, quedando este último sujeto a las restricciones señaladas en el número 2) del artículo 58.”.

ARTÍCULO 119.

66 c.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para incorporar antes de la palabra “subsane” el término “los”.

ARTÍCULO 120.

66 d.- De la Honorable Senador señor Alvear, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 120.- Audiencia inicial. La audiencia inicial se desarrollará conforme a las siguientes reglas:

1) El tribunal informará al deudor acerca de la demanda presentada en su contra y de los efectos de un eventual procedimiento concursal de liquidación.

2) Acto seguido, el deudor podrá proponer por escrito o verbalmente alguna de las acciones señaladas en los literales siguientes:

a) El deudor podrá consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes. El tribunal tendrá por efectuada la consignación, ordenará practicar la liquidación del crédito, la regulación y tasación de las costas, y señalará el plazo en que el deudor deberá pagarlos, el que se contará desde que esas actuaciones se encuentren firme. Si el deudor no pagare en el plazo fijado, el tribunal dictará la respectiva resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación.

b) El deudor podrá allanarse por escrito o verbalmente a la demanda, dictando en este caso el tribunal la respectiva resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación.

c) Acogerse expresamente al procedimiento concursal de reorganización contemplado en el Capítulo III de esta ley.

d) Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las disposiciones del Párrafo 3 del presente Título. La oposición del deudor sólo podrá fundarse en una o más de las causales previstas en los números 1, 5, 6, 7, 9 a 14, 16 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

3) Si el deudor no comparece a esta audiencia, o compareciendo no efectúa alguna de las actuaciones señaladas en el número 2 anterior, el tribunal dictará la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, debiendo la Superintendencia Concursal nombrar a un Liquidador titular y a uno suplente, ambos en carácter de provisionales.

De lo obrado en esta audiencia se levantará acta, la que deberá ser firmada por los comparecientes y el secretario del tribunal.”.

Inciso primero

Número 2)

Letra b)

67.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la palabra “Liquidación”, la frase “, designando al Liquidador titular y suplente propuesto por el acreedor peticionario”.

Letra c)

67a.- Del Honorable Senador señor Tuma, para reemplazarla por la siguiente:

“c) Acogerse expresamente al Procedimiento Concursal de Reorganización contemplado en el Capítulo III de esta ley, siempre que acredite que se encuentra al día en el pago de la previsión y remuneraciones de sus trabajadores.”.

Letra d)

67b.- Del Honorable Senador señor Tuma, para agregar después de la expresión “Código de Procedimiento Civil” y antecedido de una coma (,), lo siguiente: “siempre que consten en algún antecedente escrito.”.

ARTÍCULO 122.

Números 1) y 2)

67 c.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para eliminarlos, pasando los números 3) y 4) a ser 1) y 2), respectivamente.

ARTÍCULO 128.

Inciso primero

68.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “agregación” por “inclusión”.

Inciso tercero

69.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.

ARTÍCULO 129.

Inciso primero

69 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para eliminar del encabezado la frase “desechando las excepciones opuestas por el deudor”.

69 b.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para intercalar el siguiente número 1), nuevo, del siguiente tenor, modificándose correlativamente la numeración del resto de la disposición;

“1) En caso de ser procedente, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento para el rechazo de las excepciones opuestas por el deudor.”.

Número 1)

70.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “comprendida en la causal contemplada en el número 1) del artículo 117”.

Número 2)

70 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para añadir luego de la palabra “provisionales” la frase “de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la ley” antecedida y precedida de una coma (,).

Inciso segundo

70 b.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para sustituir la palabra “agregación” por “inclusión”.

ARTÍCULO 135.

Inciso segundo

71.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la expresión “En ambos casos,”, la frase “para percibir el pago”.

ARTÍCULO 140.

Inciso cuarto

71 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para eliminarlo.

ARTÍCULO 142.

71 b.- De la Honorable Senadora señora Alvear, para añadir, a continuación de la palabra “juicios” el término “civiles”.

71c.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa para intercalar un artículo 144, nuevo, del siguiente tenor, modificándose correlativamente la numeración de las siguientes disposiciones;

“ARTÍCULO 144.- Juicios ordinarios. Los juicios ordinarios agregados a la quiebra seguirán tramitándose con arreglo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, hasta que quede ejecutoriada la sentencia definitiva. Condenado el fallido, el síndico dará cumplimiento a lo resuelto en la forma que corresponda.”.

ARTÍCULO 145.

Número 2)

72.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar, después de la palabra “declaren”, lo siguiente: “con posterioridad, en el tribunal que conoce del Procedimiento Concursal de Liquidación”.

ARTÍCULO 164.

Inciso primero

Número 3)

73.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la conjunción “y”.

Número 4)

74.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el punto final (.) por la expresión “y”, antecedida de un punto y coma (;).

75.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar el siguiente numeral 5), nuevo:

“5) El inventario de bienes señalado en el artículo 165.”.

75 a.- De la Honorable Senadora señora Alvear, para sustituir el inciso final por el siguiente numeral 5), nuevo:

“5) El nombre y la firma del Liquidador y del Ministro de Fe que estuvieron presentes en la incautación e inventario de bienes. Si aparecieren nuevos bienes por inventariar, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el inciso anterior.”.

ARTÍCULO 165.

Número 3)

76.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la palabra “compra”, la frase “y todos aquellos bienes que se encuentren en poder del deudor en una calidad distinta a la de dueño”, antecedida de una coma (,).

ARTÍCULO 170.

Inciso primero

76 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar luego de la expresión “créditos”, la segunda vez que aparece, la frase “y alegar su preferencia”.

ARTÍCULO 171.

Inciso segundo

77.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación del vocablo “Mensuales”, la frase “debiendo restablecerse su suministro tan pronto el tribunal lo ordene”, antecedida de una coma (,).

ARTÍCULO 172.

78.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “al día siguiente hábil”, por “dentro de los dos días hábiles siguientes”.

ARTÍCULO 174.

Inciso primero

79.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la palabra “cinco” por “diez”.

ARTÍCULO 175.

Inciso tercero

80.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar la siguiente oración final: “El tribunal competente podrá por una sola vez, si fuere estrictamente necesario, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad.”.

Inciso final

81.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la frase “del día hábil siguiente” por “de los dos días hábiles siguientes”.

ARTÍCULO 176.

Inciso primero

81 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa para agregar a continuación de la expresión “crédito impugnado”, la frase “cuyo monto no podrá exceder de 500 Unidades de Fomento”, antecedida de una coma (,).

ARTÍCULO 177.

81 b.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para reemplazar la expresión “agregación extraordinaria” por “inclusión”.

ARTÍCULO 179.

Inciso segundo

82.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la locución “su notificación”, por “la notificación de su verificación”.

ARTÍCULO 181.

83.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para incorporar la siguiente oración final: “Los acuerdos se tomarán con Quórum Simple, salvo que la ley establezca un quórum diferente.”.

ARTÍCULO 190.

Número 1)

84.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la expresión “lo estiman”, por “el tribunal lo estima”.

ARTÍCULO 196.

Número 2)

84 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa para agregar, a continuación de la palabra “Liquidación” lo siguiente: “debiendo, en el mismo acto, entregarle todos los antecedentes, documentos y otros instrumentos del deudor que versen en su poder”, seguida de un punto seguido (.).

85.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar como número 5), nuevo, el siguiente:

“5) Plan o propuesta circunstanciada de los bienes del deudor, la estimación de los principales gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación y la continuación de las actividades económicas de conformidad a lo previsto en el Título 4 de este Capítulo.”.

ARTÍCULO 197.

86.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “día siguiente hábil”, por “tercer día hábil siguiente”.

ARTÍCULO 198.

Inciso primero

87.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar en su encabezamiento, a continuación de la palabra “Ordinaria”, la segunda vez que aparece, la frase “si éstas no se hubieren acordado en la Junta Constitutiva”, antecedida de una coma (,).

ARTÍCULO 201.

87 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar el siguiente inciso final:

“En todo caso, la Junta no podrá celebrarse sino transcurridos tres días desde la publicación de la citación por el liquidador en el Boletín Concursal.”.

ARTÍCULO 204.

Letra e)

88.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la palabra “corresponderá”, la primera vez que aparece, por la frase “será aquel que determine la Junta de Acreedores, el que en ningún caso podrá ser inferior”.

Letra f)

89.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazarla por la siguiente:

“f) El mínimo del remate de bienes muebles será aquel que determine la Junta de Acreedores.”.

ARTÍCULO 211.

90.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar la siguiente oración final: “El incumplimiento de este deber de información será considerado falta grave para los efectos de esta ley.”.

ARTÍCULO 216.

Número 2)

90 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para insertar, a continuación de la palabra “señalar” el artículo “el”.

ARTÍCULO 218.

Inciso segundo

90 b.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “En todo caso, el acreedor hipotecario o prendario podrá acompañar siempre un informe pericial de tasación del respectivo bien, el que el tribunal tendrá presente para la determinación final del valor.”.

ARTÍCULO 221.

91.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la palabra “dirigirse”, la locución “por escrito”.

ARTÍCULO 223.

Inciso segundo

92.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la palabra “arrendatario”, por “deudor”.

ARTÍCULO 224.

93.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La dictación de la Resolución de Liquidación producirá de pleno derecho la aceleración de la cláusula de opción de compra, debiendo la primera Junta Ordinaria de Acreedores pronunciarse sobre su ejercicio.”.

ARTÍCULO 226.

Inciso segundo

94.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la locución "del arrendador" por "verificado con ocasión del contrato de arrendamiento”.

ARTÍCULO 231.

94 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para insertar en su encabezado, después de la palabra “Continuación”, la expresión “provisional”, y suprimirla al término del mismo.

ARTÍCULO 232.

94 b.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para insertar en su encabezado, después de la palabra “Continuación”, la expresión “definitiva”, y suprimirla al término del mismo.

Inciso primero

Número 2)

95.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar el signo de puntuación punto y coma (;) por punto (.).

Número 5)

96.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para eliminar el vocablo “nuevo”.

ARTÍCULO 233.

Número 3)

97.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “y previo informe de la Superintendencia”.

ARTÍCULO 234.

98.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la locución “y egresos”, por “egresos y utilidades o pérdidas”, antecedida de una coma (,).

ARTÍCULO 240.

Inciso segundo

98 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa para agregar, a continuación de la expresión “de la primera clase”, la frase “de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2472 del Código Civil”, seguida de una coma (,).

ARTÍCULO 247.

99.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar el siguiente numeral 7), nuevo:

“7) La resolución que acoja una impugnación deberá ordenar la confección de una nueva proposición de reparto.”.

ARTÍCULO 248.

100.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la expresión “máximo convencional”, por la palabra “corriente”.

101.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar la siguiente oración final: “La caución señalada deberá constar en boleta de garantía bancaria o póliza de seguro, debiendo ser reemplazada o renovada sucesivamente hasta que se cumpla la respectiva condición.”.

ARTÍCULO 250.

Inciso segundo

101 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa para sustituir la palabra “dividendos” por “repartos”.

ARTÍCULO 258.

102.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la voz “Liquidación”, la frase “al momento de proponerse dicho acuerdo”, antecedida de una coma (,).

ARTÍCULO 259.

Inciso segundo

103.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “deudas” por “obligaciones”.

103 a.- Del Honorable Senador señor Zaldívar, para reemplazar el guarismo “90” por “180”.

ARTÍCULO 260.

Letra a)

104.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la expresión “acreedores,”, la frase “con obligaciones vigentes, estén vencidas o no”, precedida de una coma (,).

ARTÍCULO 262.

Inciso primero

Número 4)

105.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar en el párrafo segundo, a continuación de la palabra “resolución”, y del guarismo “260”, una coma (,).

ARTÍCULO 263.

Número 2)

106.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “sus deudas” por “las obligaciones vigentes del deudor”.

Número 4)

106 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar, antes del punto seguido, lo siguiente: “con la sola excepción de suspender o poner término a las líneas de crédito o sobregiro que se hubieren pactado, sin perjuicio de que las obligaciones ya contraídas mantendrán sus condiciones de pago, sin que se puedan acelerar o aplicarles multas”, antecedida de una coma (,).

ARTÍCULO 264.

Inciso cuarto

107.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la frase “de los acreedores”, por “del pasivo”.

ARTÍCULO 265.

Inciso tercero

108.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “el 60%” por la frase “de 2 o más acreedores que en conjunto representen más del 50%”.

Inciso cuarto

109.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.

ARTÍCULO 281.

110.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar el texto “títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos dos”.

ARTÍCULO 286.

111.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar, en el encabezamiento del inciso primero, la palabra “podrán” por “deberán”.

ARTÍCULO 287.

Inciso segundo

111 a.- De los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para eliminarlo.

ARTÍCULO 290.

112.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 290.- Actos o contratos revocables celebrados por la Persona Deudora. Iniciados los Procedimientos Concursales de Renegociación y de Liquidación de la Persona Deudora, los acreedores, podrán deducir acción revocatoria concursal, respecto de los siguientes actos ejecutados o contratos celebrados por la Persona Deudora dentro del año inmediatamente anterior al inicio de estos procedimientos:

1) Todo pago anticipado, cualquiera fuere la forma en que tenga lugar.

2) Todo pago de deudas vencidas que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención. La dación en pago equivale a pago en dinero.

3) Toda hipoteca, prenda o anticresis constituida sobre bienes del deudor para asegurar obligaciones anteriormente contraídas.

Tratándose de cualquier acto o contrato celebrado a título gratuito y de los señalados en los números precedentes que se hayan celebrado con Personas Relacionadas a la Persona Deudora, aunque se proceda por interposición de un tercero, el plazo se ampliará a 2 años.

En las demandas que se deduzcan de conformidad a lo establecido en el presente artículo, el juez se limitará a constatar si el acto ejecutado o el contrato celebrado han tenido lugar dentro de los plazos señalados y si responden a alguna de las descripciones previstas, sin atender a la existencia o no de perjuicios que el acto o contrato pudiera haber causado a los acreedores o a terceros. Habiéndose constatado la concurrencia de los requisitos anteriores, el tribunal dará lugar a la demanda, sin perjuicio de los recursos que procedan.”.

ARTÍCULO 292.

Inciso final

113.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “y agregado extraordinariamente a la tabla que corresponda a la Corte de Apelaciones respectiva”, por “, con preferencia para su inclusión y para su vista y fallo”.

ARTÍCULO 293.

114.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“El acreedor que individualmente ejerciere acciones revocatorias en beneficio de la masa, deberá notificar al Liquidador o Veedor correspondiente, para que éste informe a la Junta dentro del plazo de 30 días desde que fuere notificado, a efectos que la Junta determine si se hace parte o no en dicha acción.”.

ARTÍCULO 295.

Inciso segundo

115.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar el vocablo “deberá”, por “podrá”.

ARTÍCULO 332.

115 a.- De la Honorable Senadora señora Alvear, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 332.- Funciones. Corresponderá a la Superintendencia designar, supervigilar y fiscalizar las actuaciones de los Veedores, Liquidadores y asesores económicos de insolvencia. Le corresponderá también supervigilar y fiscalizar al administrador de la continuación de las actividades económicas del deudor y a los Martilleros que se sometan voluntariamente al control de la Superintendencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 213 de esta ley y, en general, a toda persona que por ley quede sujeta a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia. Asimismo, le corresponderá desempeñar las funciones que esta ley le encomienda en el Capítulo V, así como las demás que se establezcan en otras leyes.”.

ARTÍCULO 345.

Número 3)

Artículo 46

3

116.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la expresión “El deudor que”, la frase “maliciosamente y”.

Artículo 46

3 A

117.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para agregar, después de la expresión “al deudor que”, la locución “maliciosamente y”.

Artículo 46

3 B

118.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la locución “El deudor que”, la frase “maliciosamente y”.

Artículo 46

4

119.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para consultar un número 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“3° Si proporcionare ventajas indebidas a un acreedor, al deudor o a un tercero.”.

ARTÍCULO 350.

119 a.- Del Honorable Senador señor Tuma, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 350.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 2002:

1) Agrégase el siguiente artículo 163 bis, nuevo:

“Artículo 163 bis.- El contrato de trabajo terminará en caso de quiebra del empleador declarada judicialmente. En ese caso, la fecha de término del contrato de trabajo será la misma de la sentencia que declare la quiebra.”.

2) Reemplázase la letra b) del artículo 183-M, por la siguiente:

“b) por tener la calidad de deudora la empresa de servicios transitorios en un procedimiento concursal de liquidación, salvo que se decrete la continuidad de sus actividades económicas.”.

ARTÍCULO 368.

120.- De los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 368.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.118, Sobre el Ejercicio de la Actividad de Martillero Público:

1) Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, los martilleros que se encuentren sometidos a la fiscalización de la Superintendencia Concursal, en los términos señalados en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, podrán vender públicamente al mejor postor, además de toda clase de bienes corporales muebles, toda clase de bienes inmuebles.”.

2) Modifícase el artículo 4° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) el deudor sometido a un procedimiento concursal de liquidación vigente.”.

b) Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) el que tenga la calidad de deudor en un procedimiento de liquidación por su actividad de martillero.”.”.

ARTÍCULO 396.

120a.- Del Honorable Senador señor Tuma, para incorporarle las siguientes modificaciones:

A) Reemplazar su encabezado por el siguiente:

“ARTÍCULO 396.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley Nº 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios”.

B) Intercalar, antes del artículo 27 ter que se propone incorporar, que pasa a ser Nº 2), un numeral 1), del siguiente tenor:

“1) Agrégase en el numeral 22 del artículo 17, entre las palabras “ley” y “deudas” la frase “o por un acuerdo de reorganización judicial”.

O O O

120b.- Del Honorable Senador señor Tuma, para agregar un artículo 403, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 403.- Agrégase en el artículo 31 del decreto ley Nº 824, de 1974, sobre Impuesto a la Renta, un numeral 13, nuevo, del siguiente tenor:

“13.- Toda condonación o remisión de créditos, intereses, reajustes u otras sanciones aprobadas en un acuerdo de reorganización judicial.”.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 2.

121.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 2.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 31 de esta Ley, los síndicos que figuren inscritos en la Nómina Nacional de Síndicos a la fecha de publicación de esta Ley, se entenderán incorporados en las Nóminas de Veedores y Liquidadores, debiendo constituir la garantía y rendir el examen en los términos señalados en dichos artículos, durante el período de vacancia establecido en el artículo anterior y a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta Ley, bajo apercibimiento de ser excluidos de las respectivas nóminas.”.

?FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE CREA UNA NUEVA LEGISLACION CONCURSAL MEDIANTE LA LEY DE REORGANIZACION Y LIQUIDACION DE EMPRESAS Y PERSONAS Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO (Boletín Nº 8324-03).

_____________________________

SANTIAGO, 11 de marzo de 2013

Nº 542-360/

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.

Honorable Senado:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 2°

1) Para agregar las siguientes modificaciones en el artículo 2°:

a) Reemplazar en el numeral 7), la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

b) Reemplazar en el numeral 8), la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

c) Reemplazar en el numeral 18), la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

d) Reemplazar en el numeral 20), la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

e) Reemplazar en el numeral 21), la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

f) Reemplazar en el numeral 22), la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

g) Reemplazar en el numeral 23), la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

h) Reemplazar en el numeral 34), la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

i) Sustituir el número 38) por el siguiente:

"38) Superintendencia: La Superin-tendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.".

j) Reemplazar en el numeral 39), la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO 3°

2) Para agregar como último inciso, nuevo, en el artículo 3° lo siguiente:

"Para los efectos de lo previsto en este artículo, la Academia Judicial coordinará la dictación de los cursos necesarios para la capacitación en derecho concursal de jueces titulares y secretarios de los juzgados de letras dentro del programa de perfeccionamiento de miembros del Poder Judicial establecido en la Ley N° 19.346, que Crea la Academia Judicial.”.

AL ARTÍCULO 94

3) Para agregar como último inciso, nuevo, en el artículo 94 lo siguiente:

"El acreedor, contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824 de 1974, podrá deducir como gasto necesario conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 31 de dicha ley, las cantidades que correspondan a la condonación o remisión de deudas, intereses, reajustes u otras cantidades que se hayan devengado en su favor, relacionadas con los créditos otorgados o adquiridos con anterioridad al plazo de un año contado desde la celebración del Acuerdo de Reorganización Judicial, siempre que dicha condonación o remisión conste detalladamente en el referido Acuerdo o sus modificaciones, aprobado conforme al artículo 90, y no correspondan a créditos de Personas Relacionadas con el deudor ni con los demás acreedores que lo acuerden, salvo que en este último caso, el total de los créditos de los acreedores relacionados entre sí, correspondan al 50% o menos del total del pasivo reconocido con derecho a voto. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación del deudor de reconocer como ingreso, para efectos tributarios, aquellas cantidades que se hubieren devengado a favor del acreedor y que se condonen o remitan.".

AL ARTÍCULO 182

4) Para reemplazar en el numeral 4) del artículo 182 la frase “Superintendente Concursal”, por la frase “Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO 297

5) Para modificar el artículo 297, en el siguiente sentido:

a) Incorporar como incisos segundo y tercero, pasando el actual inciso segundo a ser inciso cuarto, lo siguiente:

"Los abogados que postulen a formar parte de la Nómina de Árbitros Concursales, deberán estar capacitados en derecho concursal, en especial, sobre las disposiciones de esta ley y de las leyes especiales que rijan estas materias.

Para los efectos de lo previsto en este artículo, la Superintendencia dictará los cursos de especialización necesarios para la capacitación de los Árbitros Concursales, al menos 2 veces al año."

b) Reemplazar en el nuevo inciso cuarto la frase "Dicha Nómina", por "La Nómina de Árbitros Concursales".

AL ARTÍCULO 334

6) Para reemplazar en el artículo 334 la frase “Superintendente Concursal”, por la frase “Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO 336

7) Para eliminar en el artículo 336 el inciso tercero en adelante.

AL ARTÍCULO 337

8) Para reemplazar en el artículo 337 la frase “Superintendente Concursal”, por la frase “Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO 345

9) Para reemplazar en el artículo 345 la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO 350

10) Para reemplazar en el artículo 350 la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO 355

11) Para reemplazar en el artículo 355 la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO 368

12) Para reemplazar en el artículo 368 la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO 373

13) Para reemplazar en el artículo 373 la frase “Superintendente Concursal”, por la frase “Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO 394

14) Para reemplazar en el artículo 394 la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO 396

15) Para reemplazar en el artículo 396 la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO 402

16) Para modificar el artículo 402 en el siguiente sentido:

a) Reemplazar la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”;

b) Agregar como último el siguiente; "Toda referencia que en otras leyes se haga a Superintendente de Quiebras, deberá entenderse hecha a Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento.".

ARTÍCULO 403, NUEVO

17) Para agregar el siguiente artículo 403, nuevo, al articulado permanente:

"ARTÍCULO 403.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley de Reorganización o Cierre de Micro y Pequeñas Empresas en Crisis, contenida en el artículo undécimo de la Ley 20.416 que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño.

1. Elimínase, en el inciso 2° del artículo 2°, la expresión “en cuyo caso se suspenderá el inicio del cómputo del plazo previsto en el artículo 41 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio, reiniciándose al vencimiento del plazo que se determine de acuerdo al artículo 20 de esta ley”.

2. Reemplázase, en el inciso 2° del artículo 4°, la expresión “artículo 16, inciso primero, del Libro IV del Código de Comercio” por “artículo 13 de la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

3. Sustitúyese, en el artículo 4°, la palabra “síndicos” por “veedores”; “síndico” por “veedor” y la frase “de Quiebras” por “Insolvencia y Reemprendimiento”.

4. Reemplázase, en el artículo 6°, la expresión “se encuentren en alguna de las situaciones previstas en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 17 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio”, por “tengan la calidad de deudor de un procedimiento concursal, o se encuentren en notorio estado de insolvencia, y las que, dentro de los dos años anteriores al inicio de un procedimiento concursal, hayan actuado como directores o administradores de la empresa deudora. Asimismo, no podrán ser asesores económicos de insolvencias, aquellos que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en los números 1, 2 y 3 del artículo 17 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

5. Reemplázase, en la letra f) del artículo 7°, la expresión “2, 7 o 9, reguladas en el artículo 22 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio”, por la expresión “establecidas en el número 6 del artículo 18 y en el artículo 34 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

6. Sustitúyese, en el artículo 12, las expresiones “o de síndico” por “, veedor o liquidador”.

7. Sustitúyese, en el artículo 14, la palabra “síndico” por “liquidador”, la frase “de la quiebra” por “del procedimiento concursal de liquidación” y la palabra “síndicos” por “liquidadores”.

8. Sustitúyese, en el epígrafe del artículo 15, la expresión “de Quiebras” por “de Insolvencia y Reemprendimiento”.

9. Reemplázase, en el inciso 1° del artículo 15, la frase “número 14 del artículo 8° de la ley N° 18.175” por “número 12 del artículo 337 de la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

10. Reemplázase, en el número 3° del artículo 15, la frase “número 5 del artículo 8° de la ley N° 18.175” por “el artículo 339 de la ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas”.

11. Sustitúyese, en el número 3° del artículo 15, la frase “en dicha norma se conceden a los síndicos” por “se conceden en los entes fiscalizados en los artículos 341 y 342 de la citada ley”.

12. Sustitúyese, en la letra c) del artículo 18, la expresión “de quiebras” por “de inicio de un procedimiento concursal de liquidación”.

13. Sustitúyese, en el inciso 1° del artículo 23, la palabra “convenio” por “acuerdo de reorganización”.

14. Sustitúyese, en el inciso 6° del artículo 24, la frase “en la forma prescrita en el artículo 229 del Libro IV del Código de Comercio y para esos efectos el deudor será considerado como fallido” por “con presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo”.

15. Reemplázase, en el inciso 2° del artículo 25, la frase “En caso de quiebra del mismo deudor o que éste proponga o sea obligado a proponer un convenio preventivo” por la frase “En caso que el deudor tenga la calidad de deudor de un procedimiento concursal”.

16. Reemplázase, en el inciso 1° del artículo 26, la expresión “quiebra del solicitante” por “que el solicitante tenga la calidad de deudor de un procedimiento concursal de liquidación” y la palabra “fallido” por “deudor”.

17. Reemplázase, en el inciso 1° del artículo 26, la expresión “de la quiebra” por “de un procedimiento concursal de liquidación”.

18. Reemplázase, en el inciso 2° del artículo 26, la palabra “de quiebra” por “del inicio de un procedimiento concursal de liquidación respecto del”.

19. Sustitúyese, en el número 2° del artículo 26, la palabra “síndico” por “liquidador”.

AL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

18) Para reemplazar en el artículo primero transitorio la frase "un año" por "nueve meses".

AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO

19) Para reemplazar en el artículo tercero transitorio la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

20) Para reemplazar en el artículo cuarto transitorio la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO

21) Para reemplazar en el artículo quinto transitorio la frase “Superintendente Concursal”, por la frase “Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento” y la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO

22) Para reemplazar en el artículo sexto transitorio la frase “Superintendente Concursal”, por la frase “Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento”, y la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO

23) Para reemplazar en el artículo séptimo transitorio la frase “Superintendencia Concursal”, por la frase “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO

24) Para modificar el artículo octavo transitorio en el siguiente sentido:

a) Reemplazar la frase "de su entrada en vigencia" por "desde su publicación en el Diario Oficial.".

b)Agregar como último inciso lo siguiente:“El mayor gasto que represente la aplicación del artículo 3° de esta ley, desde su publicación en el Diario Oficial, se financiará con cargo al presupuesto de la Partida Poder Judicial y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO, NUEVO

25) Para agregar el siguiente artículo décimo transitorio, nuevo:

"ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 y por los primeros 5 años contados desde la publicación de esta ley, Liquidadores y Veedores podrán estar inscritos a la vez en la Nómina de Veedores y en la Nómina de Liquidadores.

Durante el período señalado, la garantía de fiel desempeño que deba rendir el Veedor conforme a lo dispuesto en el artículo 16, será distinta a la que deba rendir como Liquidador si solicita su inscripción en la Nómina de Liquidadores, y viceversa. La responsabilidad legal del Veedor solo podrá perseguirse respecto de la garantía de fiel desempeño que haya rendido en su calidad Veedor. La responsabilidad legal del Liquidador solo podrá perseguirse respecto de la garantía de fiel desempeño que haya rendido en su calidad Liquidador.

Los asesores económicos de insolvencias que además tengan la calidad de síndico, continuarán en la nómina de asesores económicos de insolvencias una vez que entre en vigencia esta ley, sea que se incorporen en la Nómina de Liquidadores o en la de Veedores.”.

ARTÍCULO UNDECIMO TRANSITORIO, NUEVO

26) Para agregar el siguiente artículo undécimo transitorio, nuevo:

"ARTÍCULO 11.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 297, quienes integren la lista de abogados que pueden ser nombrados árbitros de acuerdo al Libro IV del Código de Comercio, a la fecha de publicación de esta ley, se entenderán incorporados en la Nómina de Árbitros Concursales, debiendo procurar su capacitación conforme al artículo 297, dentro del año de vacancia.".

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda

PABLO LONGUEIRA MONTES

Ministro de Economía, Fomento y Turismo

PATRICIA PÉREZ GOLDBERG

Ministra de Justicia

SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO Y ECONOMÍA, UNIDAS, recaído en los proyectos de ley, en primer trámite constitucional, que sustituyen el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas y perfeccionan el rol de la Superintendencia del ramo, y que establecen la quiebra como causal de término de contrato de trabajo y adecuan normas de otras leyes.

BOLETINES N°s 8.324-03 y 8.492-13, refundidos.

HONORABLE SENADO:

Vuestras Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y Economía, unidas, tiene el honor de presentaros su segundo informe acerca del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.

A las sesiones en que la Comisión consideró esta iniciativa asistieron el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira, y los asesores señora Natalia Cabrera y señores Julio Alonso, Alejandro Arriagada, Carlos Feres y Gabriel Jiménez.

Concurrieron, por la Superintendencia de Quiebras, la Superintendenta, señora Josefina Montenegro; la Jefa del Departamento Jurídico, señora Alejandra Anguita; la Encargada del Subdepartamento de Fiscalización Contable, señora Carolina Pino, y los asesores señora Rocío Vergara y señores Álvaro Lavín, Cristián Palacios y Nicolás Velasco.

En representación de la Comisión Técnica, que se formó para dar su asesoría a las Comisiones Unidas, participaron el trabajador social y asesor, señor Eduardo Barros; el profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, señor Nelson Contador; el abogado del área legislativa del Instituto Libertad y Desarrollo, señor Daniel Montalva; el abogado del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, señor Gustavo Rosende, y el abogado, síndico de quiebras y asesor económico de insolvencias, señor Gonzalo Torre.

Asistieron, además, la Jueza Titular del 15° Juzgado Civil de Santiago, señora Claudia Lazen; el Relator de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señor Ricardo Núñez, y el abogado y síndico de quiebras, señor Francisco Cuadrado.

Participaron, especialmente invitados, el profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Valparaíso, señor Luis Felipe Peuriot, y el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, señor Gabriel Zaliasnik.

Por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, participó el asesor, señor Reynaldo Núñez. Concurrió, por la Fundación Jaime Guzmán, el asesor, señor Gustavo Rosende.

Asistieron los asesores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Vanesa Muñoz, y señores Agustín Briceño, Tomás Celis, Juan Pablo Fuentealba, Juan Ignacio Gómez y Juan Pablo Miranda.

Participó, por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el abogado, señor Rodrigo Quinteros.

Estuvieron presentes, asimismo, el asesor de la Honorable Senadora señora Alvear, señor Jorge Cash; el asesor del Honorable Senador señor Frei, señor Alfredo Ugarte; el asesor del Honorable Senador señor García, señor Rodrigo Fuentes; el asesor del Honorable Senador señor Letelier, señor Tomás Monsalve; el asesor del Honorable Senador Novoa, señor Nicolás Figari; la asesora del Honorable Senador señor Walker (don Patricio), señora Paz Anastasiadis; el asesor del Honorable Senador señor Zaldívar, señor Ignacio Imas, y el asesor del Comité de Senadores de Renovación Nacional, señor Hernán Castillo.

Participó, la alumna de Derecho de la Universidad Central, señora Ruth Vilches.

- - -

NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

Los artículos 3°, 19, 69, 142 (que pasó a ser 143), 143 (que pasó a ser 144), 147 (que pasó a ser 148), 295 (que pasó a ser 297), 296 (que pasó a ser 298), 300 (que pasó a ser 302), 303 (que pasó a ser 305), 305 (que pasó a ser 307), 309 (que pasó a ser 311), 311 (que pasó a ser 313), 313 (que pasó a ser 315), 314 (que pasó a ser 316), 316 (que pasó a ser 318), 318 (que pasó a ser 320), 319 (que pasó a ser 321), 320 (que pasó a ser 322), 322 (que pasó a ser 324), 324 (que pasó a ser 326), 325 (que pasó a ser 327), 326 (que pasó a ser 328), 328 (que pasó a ser 330), 329 (que pasó a ser 331), 341 (que pasó a ser 343), 345 (que pasó a ser 347) y 349 (que pasó a ser 351) permanentes del proyecto, dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales y, en conformidad con lo dispuesto por el inciso primero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, tienen carácter de normas orgánico constitucionales. En consecuencia, para su aprobación requieren del voto favorable de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, en los términos del inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Con el mismo quórum deben aprobarse los artículos 335 (que pasó a ser 337) y 337 (que pasó a ser 339), por incidir en materias propias de ley orgánica constitucional según lo dispone el artículo 38 de la Carta Fundamental. Asimismo, requieren de dicho quórum los artículos 355 (que pasó a ser 357), según lo dispone el artículo 99 de la Constitución Política, y el artículo 392 (que pasó a ser artículo 391), en mérito de lo dispuesto por el artículo 111 de la misma Carta Fundamental. Complementariamente, por relacionarse con la organización y atribuciones de los tribunales, los artículos 8° y 11 transitorios deben también aprobarse como normas orgánicas constitucionales.

Por su parte, el artículo 374, que pasó a ser 375, incide en una materia que es objeto de ley de quórum calificado, según lo dispone el numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política. Por ello, en conformidad a lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental, requiere, para su aprobación, del voto favorable de la mayoría absoluta de los señores Senadores en ejercicio.

OPINIÓN DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA

Cabe hacer presente que al inicio de la tramitación de este asunto, por contener éste algunas normas que dicen relación con la organización y las atribuciones de los tribunales de justicia, fue puesto en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema a objeto de recabar su parecer, en los términos de los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

La respuesta del Máximo Tribunal es del tenor que sigue:

“Oficio N° 59-2012

INFORME PROYECTO DE LEY 18-2012

Antecedente: Boletín N° 8.324-03.

Santiago, 27 de junio de 2012.

Por Oficio N° 551/SEC/12, de 23 de mayo último, el señor Presidente del Senado ha requerido de esta Corte Suprema el informe a que se refieren los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sobre el proyecto de ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 25 del actual, presidida por el suscrito y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Pedro Pierry Arrau, Carlos Künsemüller Loebenfelder, Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval Gouët, señor Juan Eduardo Fuentes Belmar y suplentes señores Juan Escobar Zepeda y Carlos Cerda Fernández, acordó informarlo desfavorablemente al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

“Santiago, veintisiete de junio de dos mil doce.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio N° 551/SEC/12, de 23 de mayo último, el señor Presidente del Senado ha requerido de esta Corte Suprema el informe a que se refieren los artículos 77 del a Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sobre el proyecto de ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.

El proyecto consta de cuatrocientos dos artículos y nueve disposiciones transitorias, en que se reforma el sistema de quiebras sustituyendo la normativa vigente en el Código de Comercio por un nuevo régimen que, entre otros muchos cambios, elimina las denominaciones "quiebra" y "fallido", acorta los plazos y reemplaza la figura del síndico, dividiendo sus roles: un "veedor" tendrá a su cargo la reorganización del deudor y un "liquidador" que entrará en escena si ese proceso previo de acuerdos no prospera y que contempla además la aplicación del procedimiento a personas naturales.

Segundo: Que las disposiciones de la iniciativa que dicen relación con la organización y atribución del Poder Judicial y, por lo tanto, han de ser informados por esta Corte Suprema, son las siguientes:

a) Artículo 3°, sobre la competencia. Este artículo mantiene la regla de competencia que actualmente se aplica a los juicios de quiebra y que se encuentra contenida en el artículo 154 del Código Orgánico de Tribunales. La diferencia está en que permite la prórroga de la competencia, situación que en el actual procedimiento es improcedente, porque de acuerdo al artículo 185 del Código Orgánico de Tribunales, los pactos de prórroga de la competencia no les alcanzan a los terceros, con lo que tal estipulación no se aviene con la naturaleza de un proceso concursal.

El inciso segundo, establece que la Corte Suprema deberá establecer la lista de juzgados con jueces y secretarios para que sólo ellos conozcan de las causas relacionadas con los procedimientos concúrsales debiendo éstos asistir a cursos de instrucción que se impartirán por la Academia Judicial.

La regla de competencia es de aplicación general por lo que todos los jueces de los juzgados de letras correspondientes deben estar en condiciones de conocer de estos casos.

Para realizar las capacitaciones correspondientes y afrontar la futura entrada en vigencia de los nuevos procedimientos concúrsales, se deben entregar al Poder Judicial los recursos financieros suficientes para asumir las futuras modificaciones.

En cuanto al fuero, la nueva disposición mantiene la regla actual del artículo 4° que regula la situación del acreedor, pero innova en lo que respecta al deudor con fuero. En este último caso, en la actual ley de quiebras, una interpretación a contrario sensu del artículo 4° hace concluir que cuando el deudor goza de fuero, será otro el tribunal competente; sin embargo, la redacción del artículo propuesto por el proyecto de ley establece que tanto en el caso del acreedor y deudor, si alguno tiene fuero, seguirá conociendo el juzgado de letras correspondiente al domicilio del deudor.

b) Artículo 4°, de los recursos. Dentro del Capítulo relativo a las disposiciones generales, se encuentra el artículo 4°, que establece la regla ordinaria respecto a los recursos.

Respecto del recurso de reposición, se consagra un plazo de tres días para interponerlo, diferenciándose del término establecido para la reposición ordinaria en materia civil (cinco días) y la actual reposición de la ley de quiebras que es de carácter especial y cuyo plazo es de diez días hábiles. En cuanto a la improcedencia de recursos en contra de la reposición, se recogen las reglas generales establecidas en el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil.

En el proyecto hay casos expresamente regulados que tienen alguna diferencia con la regla general señalada anteriormente:

i) Reposición en juicio de oposición: dentro de las etapas del Procedimiento Concursal de Liquidación, se encuentra la liquidación forzada del deudor, donde cualquier acreedor podrá demandar la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de una Empresa Deudora. Una vez presentada la demanda por el o los acreedores (artículo 118) y acogida ésta por el tribunal, se lleva a cabo la audiencia inicial (artículo 120), en la que el deudor puede oponerse a la demanda, oposición que se regula específicamente en el artículo 121 y siguientes.

Dentro de estas reglas, la resolución que recibe la causa a prueba sólo será susceptible de recurso de reposición, consagrándose una excepción a las reglas generales, ya que la reposición procede contra autos y decretos y sólo excepcionalmente respecto de sentencias interlocutorias. En las normas generales del procedimiento civil, la resolución que recibe la causa a prueba es objeto de reposición y apelación en subsidio.

En cambio, todas las otras resoluciones que se dicten en la Audiencia Inicial y que digan relación con la admisibilidad o procedencia de las pruebas ofrecidas, puntos de prueba fijados y la forma de hacerlos valer, así como cualquier otra circunstancia relacionada con ello, son susceptibles de recurso de reposición, pero a diferencia de la regla general establecida en el artículo 4° del proyecto, ésta debe interponerse verbalmente y en la misma audiencia, lo que parece lógico conforme a la naturaleza de dicha Audiencia.

ii) Reposición en determinación del derecho a voto: esta materia se encuentra regulada a propósito de las Juntas de Acreedores. Dentro de los derechos que asisten a los acreedores está el de votación. Para tener derecho a voto, sus créditos deberán estar reconocidos; aunque también podrán votar los acreedores cuyos créditos no lo estén, siempre y cuando se les haya reconocido este derecho en la Audiencia de Determinación del Derecho de Voto regulada en el artículo 190 del proyecto.

Contra la resolución del tribunal que resuelva sobre el derecho a voto del acreedor, sólo procede el recurso de reposición, el que debe ser interpuesto verbalmente y en la misma audiencia.

iii) Reposición en la realización de bienes: la realización sumaria o simplificada (en contraposición a la realización forzada), se aplica sólo en los casos contemplados en el artículo 203.

Una vez acordada la realización sumaria, el liquidador debe confeccionar las bases y demás condiciones de la liquidación, las cuales pueden ser objetadas por el deudor o por los acreedores. Para resolver estas objeciones, el tribunal deberá citar a una audiencia en la que resolverá sobre el punto. Pues bien, respecto de esta resolución, procede el recurso de reposición en forma verbal debiendo resolverse en la misma audiencia.

iv) Resolución que ponga fin al Procedimiento Concursal de Renegociación y Ejecución: el Capítulo V contiene las reglas relativas a los procedimientos de reorganización y liquidación de la Persona Deudora. Se trata de procedimientos aplicables a la persona natural, una de las importantes innovaciones de esta iniciativa legal.

Dentro del procedimiento concursal de renegociación, una vez vencido el plazo para el reparto de fondos, la Superintendencia declarará finalizado el Procedimiento Concursal de Renegociación. Desde la publicación en el Boletín Concursal de la referida resolución se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora respecto de los créditos parte del Procedimiento de Renegociación.

También se puede decretarse el término anticipado del procedimiento por parte de la Superintendencia, cuando se incurra en algunas causales del artículo 268.

Ahora bien, respecto de estas resoluciones, sólo procede el recurso de reposición, conforme lo señala el artículo 269.

En cuanto al recurso de apelación, conforme al artículo 4° del proyecto el recurso de apelación sólo procede cuando se señale expresamente, dentro de quinto día desde que se notifique la resolución impugnada. Se otorgará en el sólo efecto devolutivo, a menos que expresamente se conceda en ambos efectos y gozará de preferencia para ser agregado en la tabla, como también tendrá esta preferencia para su vista y fallo.

Los casos en que expresamente procede el recurso de apelación, son los siguientes:

i) Impugnación de créditos: esta regla se encuentra en el Capítulo III del proyecto de ley, que regula el Procedimiento Concursal de Reorganización. Dentro de este procedimiento debe determinarse el pasivo de la empresa deudora, el que puede ser objetado por el deudor o los acreedores. La objeción podrá deducirse fundada sobre la falta de títulos justificativos, los montos y las preferencias de los créditos que se indican en el estado de las deudas.

Para resolver sobre las objeciones, el tribunal citará a una audiencia que se desarrollará conforme a lo establecido en el artículo 72. La resolución del tribunal que resuelve la objeción, será apelable sólo en su efecto devolutivo.

ii) Impugnación del acuerdo de reorganización judicial: el artículo 88 del proyecto se refiere a la impugnación del acuerdo de reorganización judicial.

Los motivos para impugnar el acuerdo deben ser, conforme al artículo 86, el error en el cómputo de las mayorías requeridas, la falsedad o exageración del crédito de alguno de los acreedores o colusión entre uno o más acreedores y el deudor para votar a favor, abstenerse de votar o rechazar el Acuerdo de Reorganización Judicial, falseando, omitiendo o adulterando información para obtener una ventaja indebida respecto de los demás acreedores.

Para resolver la impugnación, el tribunal citará a una audiencia que se realizará verbalmente, donde deberá fallar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de celebración de la citada audiencia. Respecto de esta resolución, procede el recurso de apelación sólo en su efecto devolutivo.

iii) Terminación e incumplimiento del acuerdo de reorganización judicial: las acciones de terminación e incumplimiento se regulan en el artículo 97 y 98 respectivamente. El procedimiento para la declaración de ambas se encuentra en el artículo 99 de la iniciativa legal. La resolución que acoja las citadas acciones de incumplimiento y terminación del Acuerdo de Reorganización Judicial será apelable en ambos efectos.

iv) Objeción al acuerdo extrajudicial: junto al Acuerdo Judicial de Reorganización, el proyecto de ley contempla el denominado Acuerdo Extrajudicial o Simplificado. Este acuerdo entre deudor y acreedores debe ser presentado al tribunal competente para su aprobación; sin embargo, éste podrá ser objetado por el o los acreedores disidentes o por quienes demuestren fehacientemente que fueron omitidos.

Conforme al procedimiento establecido en el artículo 111, para resolver las objeciones se llevará a cabo una audiencia verbal. La resolución que decida sobre la objeción será publicada en el Boletín Concursal y será apelable en el sólo efecto devolutivo.

v) Sentencia definitiva que acoge o rechaza la oposición del deudor: esta regla se encuentra en el Capítulo 4°, que regula el Procedimiento Concursal de Liquidación. En este procedimiento existen dos tipos de liquidaciones: forzosa y voluntaria. En el caso de la forzosa, el deudor puede oponerse a la liquidación y, de hacerlo, se realiza una audiencia de prueba y con posterioridad una audiencia de fallo. En esta última, el tribunal comunicará la sentencia a quienes asistan a la audiencia, en la que puede acoger o rechazar la oposición del deudor.

Conforme lo señala el artículo 128, si se acoge la oposición, procederá el recurso de apelación en ambos efectos y gozará de preferencia extraordinaria para su agregación en la tabla, vista y fallo. A su vez, contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario. Con esta regla se priva a la Corte Suprema de conocer del asunto por vía de casación.

En cambio, cuando se rechaza la oposición del deudor, procede la apelación en el sólo efecto devolutivo y con las preferencias anteriormente señaladas. De igual forma, respecto de la resolución que falle la apelación, no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario

vi) Resolución que ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación: si el tribunal rechaza las excepciones que el deudor interpuso en el escrito de oposición, se dictará una resolución que declarará la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 129. El inciso final de este precepto establece que contra la resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, procede la apelación sólo en su efecto devolutivo y que gozará de preferencia para su incorporación en la tabla y posterior vista y fallo. Finalmente, la disposición establece que contra la resolución que decida la segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.

vii) Impugnación de créditos: en el Procedimiento Concursal de Liquidación, en la etapa de determinación del pasivo, los acreedores, el deudor y el liquidador podrán objetar los créditos verificados respecto de su existencia, montos o privilegios. Si no se subsanan estas objeciones, los créditos se tendrán por impugnados y el tribunal citará a una audiencia verbal con la finalidad de fallar las impugnaciones. La resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones, será apelable en el solo efecto devolutivo y con preferencia para agregarse en la tabla, como su vista y fallo, conforme lo señala expresamente el artículo 177.

viii) Resolución que declare terminado el Procedimiento Concursal de Liquidación: aprobada la Cuenta Final de Administración, el tribunal de oficio, a petición de parte o de la Superintendencia, dictará una resolución declarando terminado el Procedimiento Concursal de Liquidación. Con esta resolución el deudor recuperará la libre administración de sus bienes.

Conforme al artículo 255, contra la resolución que pone fin al procedimiento de liquidación procederá recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo, conservando en el intertanto el deudor la libre administración de sus bienes.

ix) Sentencia definitiva que acoge la demanda revocatoria: el Capítulo VI del proyecto de ley regula las denominadas Acciones Revocatorias Concúrsales. Iniciados los procedimientos concúrsales de reorganización o liquidación, los acreedores, el Veedor o el Liquidador, según sea el caso, podrán interponer acciones revocatorias concúrsales, dentro del año anterior al inicio del procedimiento, tratándose de la revocabilidad objetiva (artículo 286), o dentro del período de dos años, cuando se trate de revocabilidad subjetiva (artículo 287).

Conforme al artículo 292, en contra de la sentencia que acoja la demanda revocatoria sólo procederá la apelación, que deberá interponerse en el plazo de diez días hábiles (apartándose de la regla general de cinco días), contados desde la notificación del fallo. Dicho recurso será concedido en ambos efectos y agregado extraordinariamente a la tabla que corresponda a la Corte de Apelaciones respectiva.

Como puede apreciarse, tanto la regla general del artículo 4°, como en los diversos casos en que expresamente el legislador contempló el recurso de apelación, aparece la regla en que se le otorga preferencia al recurso para ser agregado a la tabla, así como también para su pronunciamiento y fallo. Lo anterior, por el carácter expedito que tiene o debería tener un procedimiento concursal.

Sin embargo, esta Corte ha señalado sobre este punto en reiteradas oportunidades su opinión respecto a las agregaciones extraordinarias y preferencias en cuanto ellas deben ser reservadas sólo para casos excepcionales, cuya necesidad de solución inmediata sea equivalente a la requerida en la acción de amparo o protección, situación que hace cuestionar que en materia de quiebra -a pesar de su importancia- sea necesario establecer tal preferencia.

En cuanto al recurso de casación, el artículo 4° se limita a señalar que el recurso de casación procederá en los casos y en las formas establecidas en la ley.

Se menciona expresamente en el artículo 90 y en el artículo 258.

Finalmente, según se dijo más arriba, el proyecto crea la figura del Veedor, a quien se sujeta a la fiscalización de la Superintendencia y cuya misión principal es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores. Para ejercer como tal, los Veedores necesitan estar incorporados a un registro público integrado por todas las personas naturales legalmente nombradas como Veedoras por la Superintendencia Concursal y pueden ser excluidos de la nómina por alguna de las causales contenidas en el artículo 18. Ante este hecho, puede reclamar ante la Corte de Apelaciones de su domicilio, que conocerá en cuenta y sin ulterior recurso.

Tercero: Que deben realizarse dos alcances que ya han sido señalados por esta Corte anteriormente. El primero, relacionado con la competencia del tribunal para conocer en primera instancia y el segundo, respecto de la improcedencia de recursos en contra de la resolución que falla la reclamación.

Respecto de la competencia, el Tribunal Pleno ha señalado que deben ser los Juzgados de Letras quienes conozcan en primera instancia de las reclamaciones administrativas. En Oficios N° 32-2012 y N° 142-2012, se señaló: "[...] la Corte Suprema, informando una cantidad considerable de iniciativas legales que establecen la posibilidad de reclamar ante los tribunales de justicia por sanciones impuestas en el ámbito administrativo, ha señalado la conveniencia de que sean los juzgados civiles quienes conozcan en primera instancia de las reclamaciones, y no las Cortes de Apelaciones[...]", "[...] se ha expresado ya habitualmente que resulta inapropiado iniciar ante las Cortes de Apelaciones, procedimientos contenciosos seguidos en contra de resoluciones de administración, los que debieran ser conocidos por los Juzgados de Letras [,..] el criterio reiterado del máximo tribunal, al informar proyectos de ley que establecen procedimientos contenciosos administrativos, es que las reclamaciones sean conocidas en primera instancia por juzgados de letras en lo civil y, en segunda, por las Cortes de Apelaciones".

"Noveno: Que, por otra parte, la reclamación no contempla una segunda instancia, por lo que importa dejar desprovista la decisión de una revisión ordinaria, imponiendo a las partes el uso de la vía extraordinaria del recurso de queja, resorte excepcional que solamente corrige las faltas o abusos graves de los magistrados, afectando con ello la garantía del debido proceso consagrado en el numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental".

Cuarto: Que, por otra parte, el Capítulo IX regula la Superintendencia Concursal y en sus artículos 338 y 339 establece las infracciones y sanciones que puede imponer. El artículo 341 regula el procedimiento sancionatorio, entregándole el conocimiento de la reclamación en única instancia a la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. Además, establece la agregación extraordinaria a la tabla más próxima.

Sólo cabe reiterar lo antes expuesto en cuanto a la competencia para conocer de las reclamaciones en primera instancia a los Juzgados de Letras y de la apelación, a la Corte de Apelaciones respectiva. La misma reiteración es procedente en cuanto a la agregación extraordinaria.

Quinto: Que, en síntesis, en relación al proyecto que se informa cabe formular las siguientes observaciones:

a) respecto a la prórroga de competencia ella no puede alcanzar a terceros.

b) todos los jueces de los juzgados de letras correspondientes tienen que ser competentes para conocer los futuros procesos, sin perjuicio de la oportuna capacitación en la materia.

c) No es procedente que se contemple para el recurso de apelación su agregación preferente a la tabla, para su vista y fallo, salvo en lo concerniente a la resolución establecida en el artículo 129 del proyecto, que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de liquidación. Este mismo criterio debe aplicarse a las agregaciones extraordinarias a la tabla respecto de las reclamaciones establecidas en el procedimiento sancionatorio.

d) en cuanto a los procedimientos contenciosos de reclamación contenidos en el artículo 19 y 341, para evitar la proliferación de reclamaciones con reglas tan diversas entre uno y otro, se reitera la necesidad de uniformar este tipo de procedimientos. Por esta razón y como primera regla, se insiste que en los procedimientos contenciosos administrativos la reclamación debe ser conocida en primera instancia por los Juzgados de Letras correspondientes y no por las Cortes de Apelaciones.

e) en vinculación con lo anterior, las reclamaciones deben permitir la interposición del recurso de apelación; de lo contrario se estará atentando contra las normas del debido proceso contenidas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política. Por esta razón, es de tal relevancia que la competencia en primera instancia corresponda a un juez de letras, pues de lo contrario, si ese conocimiento en primera instancia se entrega a una Corte de Apelaciones corresponderá a la Corte Suprema conocer de la apelación, lo que no se condice con la finalidad del Máximo Tribunal, que es ser un tribunal de casación y no de segunda instancia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar desfavorablemente el proyecto de ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, sin perjuicio de las observaciones formuladas precedentemente.

Ofíciese. PL-18-2012.”.

Debe tenerse en consideración que, en atención a que algunas de estas disposiciones vinculadas a la organización y las atribuciones de los tribunales fueron incorporadas al proyecto durante este trámite reglamentario y a que otras fueron objeto de modificaciones sustanciales en el curso del mismo, vuestra Comisión ofició nuevamente a la Excma. Corte Suprema para recabar su opinión, en los términos del artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones o modificaciones: 13, 32, 43, 63 (que pasó a ser 62), 85, 87, 138 (que pasó a ser 139), 140 (que pasó a ser 141), 180 (que pasó a ser 181), 199 (que pasó a ser 200), 242 (que pasó a ser 244), 302 (que pasó a ser 304), 305 (que pasó a ser 307), 307 (que pasó a ser 309), 317 (que pasó a ser 319), 333 (que pasó a ser 335), 335 (que pasó a ser 337), 342 (que pasó a ser 344), 344 (que pasó a ser 346), 349 (que pasó a ser 351), 353 (que pasó a ser 355), 354 (que pasó a ser 356), 356 (que pasó a ser 358), 361 (que pasó a ser 363), 369 (que pasa a ser 370), 381 (que pasa a ser 382), 382 (que pasa a ser 383), 386, 390 (que pasa a ser 389) y 391 (que pasa a ser 390).

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 10, 12, 20a, 32b, 34 c, 55, 66c, 73, 74, 75, 75a, 96, 104, 111a, Nº1 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº2 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº3 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº4 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº5 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº10 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº11 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº12 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº13 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº15 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº18 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº19 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº20 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº21 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº22 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº23 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº24 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº25 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, y Nº26 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: 1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11a, 13, 13a, 14, 15, 15 a, 16, 18, 18a, 19, 20, 21, 21a, 21b, 21c, 22, 23, 24, 24a, 24b, 24c, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32a, 32c, 33, 34, 34a, 34b, 35, 35a, 36, 37, 37a, 38, 39, 40, 41, 41a, 41b, 42, 42a, 43, 43a, 44, 45, 45a, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 52 a, 53, 53a, 54, 54a, 55a, 55c, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64 a, 65, 66, 66b, 68, 69, 69a, 69b, 70, 70a, 70b, 71, 71b, 71c, 72, 76, 76 a, 77, 78, 79, 80, 81, 81a, 81b, 82, 83, 84a, 85, 86, 87, 87a, 88, 89, 90, 90a, 90b, 91, 92, 93, 94, 94a, 94b, 97, 98, 98a, 99, 100, 101, 101 a, 103, 105, 106, 106a, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 119, 120, 121, Nº6 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº7 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº8 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº9 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº14 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, Nº16 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013, y Nº17 del Ejecutivo del 12 de marzo de 2013.

4.- Indicaciones rechazadas: 4a, 16a, 17, 31, 37b, 43b, 56a, 57a, 66a, 66d, 67, 67a, 67b, 67c, 71 a, 95, 102, 110, 115, 115a, 117, y 118.

5.- Indicaciones retiradas: 103a e indicación de la Honorable Senadora señora Alvear de 12 de marzo de 2013.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: 55b y 119a.

Cabe hacer presente que hubo dos plazos para presentar indicaciones a la iniciativa en estudio. El primero, hasta el día 10 de agosto de 2012. El segundo, hasta el día 12 de marzo de 2013.En total, se recibieron 218 indicaciones.

Aquellas recibidas en el segundo plazo provienen únicamente de Su Excelencia el señor Presidente de la República, razón por la cual, al tratarse en este informe, figuran con su numeración y su fecha de presentación, esto es, el día 12 de marzo de 2013.

Cabe poner de manifiesto que, además de pronunciarse sobre las indicaciones presentadas, la Comisión acordó introducir modificaciones formales a determinadas disposiciones del proyecto, con el objetivo de aclarar su redacción. Lo anterior se acordó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas. Dada la considerable extensión del presente informe, tales enmiendas se consignan únicamente en el capítulo que da cuenta de las modificaciones introducidas al proyecto.

Asimismo, debe señalarse que esta iniciativa debe ser considerada por la Comisión de Hacienda, según el trámite dispuesto por la Sala del Senado.

En último término, cabe hacer presente que, durante la tramitación de este proyecto, mediante acuerdo adoptado en sesión del día 22 de enero de 2013, el Senado acordó refundirlo con el proyecto de ley, también en primer trámite constitucional en esta Corporación, originado en Mensaje del señor Presidente de la República, que establece la quiebra como causal de término del contrato de trabajo y adecua normas de otras leyes, contenido en el Boletín N° 8.492-13.

A la vez, en sesión de fecha 11 de enero de 2013, el Senado acordó que durante esta discusión en particular, se considerara el proyecto de ley originado en Moción del Honorable Senador señor Letelier, que regula la declaración de insolvencia calificada para el deudor persona natural que no es comerciante, Boletín Nº 8.198-07.

Los acuerdos recaídos a propósito de los mencionados proyectos se consignan en las partes pertinentes de este informe.

EXPOSICIONES PRELIMINARES Y FIJACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

Al dar inicio a la labor de estas Comisiones unidas, su Presidente, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, estimó pertinente escuchar al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira, y a la Superintendenta de Quiebras, señora Josefina Montenegro, a fin de analizar los lineamientos centrales de la iniciativa.

Igualmente, en consideración a la extensión y complejidad de la misma, hizo presente la conveniencia de establecer una metodología de trabajo que permita a las Comisiones unidas disponer en forma permanente de la necesaria asesoría técnica. Hubo consenso entre los miembros de las Comisiones unidas en torno a estos planteamientos.

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Longueira, agradeció la invitación y explicó que, en el fondo, lo que el proyecto busca es cambiar la mirada respecto del fracaso empresarial.

Señaló que, en la actualidad, se recurre a la ley de quiebras cuando ya no hay más salidas viables y que, en cambio, la idea de la iniciativa es entregar nuevas herramientas a las partes con el propósito de incentivar la reorganización de la empresa en crisis o, cuando cuando ello no sea posible, o establecer un procedimiento rápido de liquidación.

Expresó que para la primera situación se crea la figura del veedor, que tiene un rol y un perfil distinto al del síndico tradicional, en tanto que para el segundo, se introducen nuevos mecanismos que acortanrán la duración del proceso y mejorarán los indicadores de recuperación, de manera de acercarlos a los que hoy se observan en las economías que son parte de la OCDE.

Destacó, finalmente, que también se contemplan mecanismos nuevos para las personas naturales que tienen problemas financieros.

Señaló que, a continuación, la señora Superintendenta de Quiebras proporcionaría explicaciones acerca del contenido de la iniciativa.

La Superintendenta de Quiebras, señora Josefina Montenegro, inició su presentación señalando que, en la actualidad, hay un promedio anual de 144 quiebras publicadas, contadas en el período 2006-2011, lo que ha afectado de manera directa a 2.534 trabajadores en promedio anual. Como contraparte a lo anterior, notó que en el mismo período sólo se observa un promedio anual de 8 convenios preventivos que logran no afectar a la unidad productiva y a los trabajadores.

Expresó que este desequilibrio entre quiebras publicadas y convenios tramitados también se observa si se consideran los datos de manera agregada en el mismo período antes señalado. En ese caso, se constatan 855 quiebras publicadas contra sólo 47 convenios tramitados. Connotó que estos datos están contabilizados a partir del 29 de enero de 2006, fecha en que entró a regir la nueva normativa sobre convenios, la que, en los hechos, no ha tenido mayor efecto dada la escasa cantidad de convenios en comparación con las quiebras, desde el inicio de la vigencia del nuevo estatuto.

En otro orden de cosas, informó que a esa fecha había 1.488 procesos de quiebras vigentes, de los cuales 1.023 se tramitaban en la Región Metropolitana y 465 en otras regiones. Expresó que, de este total, 899 procesos han demorado más de 4,5 años desde su declaración y 589 un lapso menor.

Señaló que los juicios antes señalados se distribuyen porcentualmente entre los distintos sectores económicos según el siguiente cuadro:

Enseguida, destacó que aunque Chile es el primer país de Sudamérica miembro de la OCDE, su ranking de resolución de insolvencia es el número 110 de 183 economías encuestadas, lo que es un puesto muy distante del lugar 27º que ostentan en promedio las economías miembros de esa organización. En este mismo orden, señaló que en Chile se observa una tasa promedio de recuperación de créditos de un 25,5%, en comparación al 68,2% observado en el promedio de las economías OCDE. Finalmente, manifestó que en nuestro país los procesos de quiebra duran 4,5 años en promedio, contados desde que el síndico del proceso presenta su cuenta definitiva, que aumentan a 5,7 años si se cuenta hasta que el proceso judicial termina, lo que contrasta mucho con el promedio de 1,7 años que se observa en la OCDE.

Expresó que los datos anteriores se aprecian en el siguiente gráfico:

Señaló que las principales deficiencias que hoy se observan en el procedimiento de quiebras son las siguientes:

- los juzgados civiles no siempre dominan la normativa concursal;

- no se ha establecido un procedimiento concursal adecuado para las personas naturales;

- el sistema actual es lento, poco eficiente, no fija plazos claros y los que fija no se cumplen;

- dicho sistema genera gastos innecesarios, como la publicidad en el Diario Oficial, lo que acarrea altos costos en publicaciones para los remates;

- la quiebra no está concebida como una causal de término de la relación laboral, lo cual acarrea incertidumbre a los trabajadores, porque no saben cuándo se les va a pagar ni cuánto, y

- no se regulan en forma clara las acciones revocatorias, lo que ha generado una escasa aplicación de las mismas.

Por otra parte, identificó las siguientes deficiencias del procedimiento vigente sobre convenios:

- no se motiva al deudor a reconocer su situación de crisis en forma oportuna, lo que se muestra en el hecho que el obligado promedio nacional propone convenios cuando ya están todos sus activos líquidos factorizados, tiene cotizaciones previsionales y remuneraciones impagas y ya no tiene acceso a crédito alguno. Explicó que, por esta causa, la mayor parte de los convenios son de liquidación y no de reorganización efectiva;

- el procedimiento para acordar dichos convenios es lento, poco eficiente y no fija plazos. También es extremadamente rígido, pues, entre otras cosas, no permite la participación de acreedores garantizados, porque si ellos participan pierden su preferencia, y

- la figura del experto facilitador contemplada en la ley no se ha utilizado en la práctica. Al respecto, informó que en seis años de vigencia del nuevo estatuto de convenios preventivos, esta figura sólo ha sido utilizada en cuatro ocasiones.

Frente a aquel diagnóstico, señaló que hay consenso en que es necesaria una nueva ley de quiebras, acorde con nuestra realidad nacional y que incorpore las mejores prácticas internacionales en esta materia, que son las siguientes:

- establecer límites de tiempo a los procedimientos;

- promover la creación de juzgados especializados;

- crear procedimientos efectivos de reorganización;

- proteger a los acreedores garantizados, y

- mejorar la transparencia.

Señaló que los objetivos finales de estas medidas propenden a incentivar la reorganización efectiva de empresas viables, liquidar rápidamente a las empresas no viables y establecer un mecanismo para que las personas naturales renegocien colectivamente sus obligaciones y/o liquiden sus bienes.

Expresó que lo anterior implica también una reformulación de la terminología utilizada, cambiando, por ejemplo, el concepto de fallido por el de deudor; el de convenio por reorganización; el de quiebra por liquidación y, en caso de las personas naturales, refiriéndose a un proceso de renegociación.

Manifestó que estos propósitos se concretan en diez líneas de innovación que el proyecto en estudio viene a incorporar, que son las siguientes:

1.- Ámbito de aplicación. El proyecto contempla procedimientos adecuados para cada deudor en dificultades, distinguiendo entre empresas y personas.

2.- Justicia especializada. Se considera la distribución preferente de los procesos concursales a tribunales ordinarios de justicia especialmente capacitados. Señaló que ello no implica crear nuevas judicaturas, sino establecer, tal como se hizo en la ley que crea un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, una especialización efectiva en materia de quiebras para un conjunto acotado de jueces civiles, que tendrían competencia preferente para conocer de estas materias.

3.- Creación del “Boletín Concursal”, que será una plataforma electrónica a cargo de la Superintendencia, sin costo para sus usuarios, en la que se publicarán todas las resoluciones y actuaciones que se dicten en los procedimientos concursales.

4.- Establecimiento de un procedimiento de determinación del pasivo, que comprende la verificación por acreedor ante el tribunal, una instancia de objeción de créditos presentados y una arbitración de las objeciones por parte del veedor o liquidador nombrado, el que genera una nómina de créditos reconocidos y otra con los impugnados, con el fin de que el tribunal resuelva en definitiva.

5.- Creación de un procedimiento de arbitraje concursal, de carácter voluntario y destinado únicamente a empresas. Explicó que en caso de que este procedimiento tenga por finalidad la reorganización, requiere la subscripción de una carta de apoyo por la mayoría absoluta de los acreedores, pero si tiene por objetivo la liquidación de la empresa, necesita del voto conforme de los 2/3 del pasivo.

6.- Creación de nuevos entes concursales: el veedor y el liquidador. Con esta medida, se busca diferenciar perfiles, correspondiéndole al veedor propender a acuerdos de reorganización y al liquidador, la función de liquidar activos. Se establece, además, que los martilleros inscritos en la nómina correspondiente y fiscalizados por la Superintendencia, serán los únicos autorizados a participar en tal carácter en los procedimientos concursales.

7.- Nueva regulación para las acciones revocatorias concursales.

8.- Conductas punibles. Se eliminan las presunciones de quiebra fraudulenta y culpable y se tipifican nuevas conductas penales comunes asociadas a procedimientos concursales en el Código Penal, asignándoles penas específicas.

9.- Se recoge la regulación modelo de insolvencia transfronteriza acordada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).

10.- Reestructuración de la Superintendencia. Se le asigna un nuevo nombre; se le otorga cobertura nacional con presencia regional; se establece que se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; se le otorga el carácter de institución fiscalizadora, lo que permite que sus funcionarios accedan a la asignación remuneracional de fiscalización, y se entrega el nombramiento de su dirección al sistema de Alta Dirección Pública.

Expresó que este importante esfuerzo no se condice con la cantidad de quiebras que en promedio se tramitan cada año en nuestro país, agregando que si se amplía la perspectiva, para el ejercicio del año 2008 se detectaron los siguientes datos informados por el Servicio de Impuestos Internos:

Explicó que tal información muestra que hay, a lo menos, 1.959 empresas que están cada año en condiciones de acogerse a alguno de los procedimientos que plantea el proyecto, lo que es un número muy superior a las 144 quiebras actuales promedio que al año se declaran. Manifestó que, en la práctica, todo el resto de las empresas que está con problemas de liquidez y que no se acoge al procedimiento de quiebras, materialmente cierra informalmente sus instalaciones, dejando en la indefensión a una gran cantidad de deudores y trabajadores. Indicó que ello se debe, en parte, a que en la ley vigente no hay incentivos para que los deudores que entran en crisis se sometan oportunamente a algún tipo de procedimiento de reorganización, por lo cual este punto es abordado de manera específica en el proyecto.

En relación a los procedimientos concursales aplicables a personas naturales, relató que en un estudio llevado a cabo con el apoyo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Tesorería General de la República, se partió de un universo inicial de 534.244 personas naturales, de las cuales 106.849 (20%) cumplen los requisitos de admisibilidad para acogerse a alguno de los mecanismos que establece la ley. Indicó que si el 0,5% se somete efectivamente a este sistema, a lo menos 534 personas cada año podrán entrar al procedimiento de renegociación o liquidación colectiva de bienes. Señaló que ese dato se puede cruzar con las 271 personas que cada año utilizan el procedimiento de pago por consignación por medio de la Tesorería General de la República –que corresponde a personas que muestran una real intención de pago-, por lo que se estima que a lo menos 403 personas naturales se someterán al procedimiento que se crea para ellas en todas sus instancias.

En otro orden de cosas, manifestó que el proyecto ha sido objeto de socialización en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; en el Ministerio de Justicia; en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el Ministerio de Hacienda; entre los síndicos de quiebras; en las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros; en el Servicio de Impuestos Internos; en la Tesorería General de la República; en el Servicio Nacional del Consumidor; en el Ministerio Público; en la Dirección de Presupuestos; en la Contraloría General de la República y ante diversas instituciones académicas, tribunales y organizaciones de la sociedad civil.

Añadió que el nuevo procedimiento también fue objeto de una consulta ciudadana, realizada por internet entre los días 10 al 30 de abril de 2012.

En relación con las indicaciones presentadas, la señora Superintendenta expuso que ellas se agrupan de la siguiente forma:

1.- Respecto a la competencia jurisdiccional y justicia especializada (Capítulo I, disposiciones generales). El proyecto establece un sistema de distribución y conocimiento preferente de causas concursales en comunas con asiento de Corte mediante un auto acordado de la Corte Suprema. Señaló que las indicaciones presentadas en este punto precisan aún más esta idea, proponiendo la habilitación de determinados jueces titulares y secretarios de juzgados de letras por medio de la capacitación, indicando que esos funcionarios calificados conocerán preferentemente las causas concursales, señalando que la Corte de Apelaciones respectiva adoptará las medidas para garantizar la especialización, y dictará el correspondiente auto acordado de distribución de causas y precisando que los demás tribunales de letras podrán conocer las causas concursales cuando razones de distribución del trabajo lo hicieren necesario.

2.- En relación al procedimiento de nominación de veedor y liquidador (Capítulo II), el proyecto considera que el nombramiento de estos cargos se hará ante la Superintendencia por los tres acreedores mayoritarios del deudor. Explicó que este mecanismo regula los siguientes escenarios posibles: si se trata de una elección pura y simple (2 o más proposiciones) el nombramiento se hará por mayoría de votos, teniendo cada acreedor individual un voto, pero si sólo uno de los tres acreedores mayoritarios propone quién ocupará estos cargos se estará a su elección. En cambio, si la elección de los tres acreedores es distinta se estará a la propuesta del acreedor con el crédito mayor. Por su parte, si no se reciben nominaciones, se efectuará un sorteo público y transparente ante la Superintendencia y, finalmente, si hay liquidación forzosa, se estará a la designación del acreedor demandante si el deudor no acompañare una lista de acreedores en la audiencia inicial.

Explicó que, a este respecto, las indicaciones proponen lo siguiente: establecer que el procedimiento de nominación de veedores y liquidadores procederá por sorteo público y transparente ante la Superintendencia y que se elegirá de entre todos los inscritos y sin intervención de los acreedores. Asimismo, se propone distinguir entre la nominación de veedores y liquidadores, estableciendo para el primer caso el sistema que indica el proyecto y para el segundo, un procedimiento de elección entre los tres acreedores mayoritarios que se llevará a cabo en una audiencia judicial notificada por cédula.

3.- Respecto de las prohibiciones que pesan sobre los veedores y liquidadores (Capítulo II), señaló que el proyecto establece que una persona natural puede estar inscrita, simultáneamente, en la nómina de liquidadores y en la de veedores y, consecuencialmente, la exclusión del veedor de su respectiva nómina importará la eliminación de la nómina de liquidadores en la que pueda aparecer y viceversa.

Indicó que, sobre estos aspectos, las indicaciones plantean que una misma persona no podrá estar inscrita en ambas nóminas y que quien sea excluido de la nómina de veedores no podrá incorporarse, posteriormente, a la nómina de liquidadores y viceversa.

4.- En relación con la protección financiera concursal en los procedimientos de reorganización (Capítulo III), recordó que el proyecto considera que en el período que ella dura se suspenderán todos los procedimientos de ejecución contra el deudor, salvo los de carácter laboral, y que no se podrán modificar los contratos vigentes del deudor ni sus condiciones de pago.

Explicó que las indicaciones recaídas en estos asuntos consideran proponer que los procedimientos de ejecución laboral se suspenderán sólo en caso de ejecución o realización de algún activo del deudor y que se podrá suspender o poner término a las líneas de crédito o sobregiro vigentes, salvo que previamente se hubiesen acordado como préstamos autorizados.

5.- Respecto de los efectos del acuerdo de reorganización (Capítulo III), manifestó que el proyecto establece que los créditos que sean parte de un acuerdo de reorganización judicial se entenderán remitidos, novados o repactados, según corresponda. Sobre el particular, señaló que las indicaciones agregan que los créditos que sean parte de dicho acuerdo no constituirán renta.

6.- En relación con la audiencia inicial del procedimiento concursal de liquidación forzosa (Capítulo IV), recordó que el proyecto considera que presentada la demanda de liquidación forzosa, el tribunal citará a una audiencia inicial al deudor, quien deberá optar entre allanarse a la demanda; acogerse al procedimiento concursal de reorganización acompañando los antecedentes que establece el artículo 57 del proyecto; oponerse a la liquidación forzosa y provocar, de esta manera, un juicio de oposición, o, en último término, no hacer nada. Añadió que el juicio de oposición planteado en el proyecto regula como medios de prueba posibles la confesión, la declaración testimonial, el peritaje y la prueba documental.

Expresó que las indicaciones sobre este punto proponen que se establezca como requisito para que el deudor pueda acogerse al procedimiento de reorganización, que en la audiencia inicial acredite el pago de las remuneraciones y previsión de sus trabajadores y que se elimine, de entre los medios de prueba posibles en el juicio de oposición, la confesión y la prueba testimonial.

7.- Respecto de los efectos de la resolución de liquidación (Capítulo IV), manifestó que el proyecto establece que la dictación de la resolución de liquidación no constituirá causal de terminación inmediata del contrato de arrendamiento con opción de compra (leasing). Explicó que, sobre este particular, las indicaciones proponen que dicha resolución produzca la aceleración de la opción de compra, la que será resuelta por los acreedores en la junta constitutiva. De este modo, la junta de acreedores puede acordar pagar las cuotas restantes e ingresar el inmueble a la masa. Con ello se busca evitar que el acreedor/arrendador conserve el dominio del bien constituido en leasing y al mismo tiempo verifique créditos por las cuotas impagas de dicho contrato.

8.- En relación con el procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora (Capítulo V), recordó que el proyecto establece que la persona natural que quiera acogerse a él deberá cumplir las siguientes condiciones: tener dos o más deudas vencidas por más de noventa días corridos, actualmente exigibles y provenientes de obligaciones diversas, de un monto total igual o superior a 50 UF; y no haber sido notificada de una demanda ejecutiva o de liquidación forzosa. Añadió que en este caso no podrán modificarse los contratos vigentes del deudor ni sus condiciones de pago en el período que comprende la protección financiera concursal.

Sobre el particular, manifestó que las indicaciones proponen que el requisito de morosidad de dos o más deudas se aumente de 90 a 180 días corridos y que se permita que, en tal caso, los acreedores puedan suspender o poner término a las líneas de crédito o sobregiro vigentes.

9.- Respecto de las modificaciones a otras leyes especiales (Capítulo X), señaló que con fecha 6 de agosto de 2012 ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley del Ejecutivo que establece que la quiebra del empleador será causal de término del contrato de trabajo. Indicó que este proyecto pasó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta y que una indicación presentada por un señor Parlamentario recoge esta idea y la incorpora dentro de los artículos permanentes del proyecto.

La Honorable Senadora señora Alvear expresó que aunque es ferviente partidaria de regionalizar los servicios públicos centrales, la cantidad de quiebras que se produce en regiones podría no hacer necesario establecer una filial de la Superintendencia en cada región del país. Sobre el particular, recordó que en el proyecto sobre tribunales ambientales se crearon tres de esas instancias, abarcando una la zona norte, otra la zona central y otra, la sur.

Consultó, además, sobre la razón por la que la Superintendencia del ramo sale de la esfera del Ministerio de Justicia, que es la Secretaría de Estado con la que lógicamente debería relacionarse con el Gobierno central.

El Honorable Senador señor Tuma manifestó que las cifras que actualmente se manejan sobre incumplimientos comerciales no reflejan la realidad concursal del país, porque en la práctica las PYMES no quiebran, sino que cierran sus puertas. Por ello, expresó que este proyecto tendrá muchos efectos, porque formalizará esas numerosas situaciones de hecho.

Señaló que esta iniciativa también inaugura una nueva manera de ver la forma como las empresas resuelven sus problemas financieros, lo que no implica, necesariamente, la participación de la instancia judicial. Expresó que, en la actualidad, quien entra en falencia es tildado casi de delincuente, lo que le dificulta mucho mantener su continuidad comercial, asunto que el proyecto también aspira a modificar. Indicó que este último aspecto también es de particular importancia para los trabajadores.

La señora Superintendenta de Quiebras informó que, en un primer período, el esfuerzo de difusión y de primera implementación de este proyecto se ejecutará haciendo uso de las instalaciones del Portal Chile Atiende y de las oficinas del SERNAC FINANCIERO y que, en un segundo paso, se avanzará a la creación de macro regiones, tal como se desprende de lo expresado por la Honorable Senadora señora Alvear.

El Honorable Senador señor Zaldívar observó que el proyecto cambia la mirada desde la idea tradicional de la quiebra hacia el concepto de reorganización empresarial.

Señaló que el hecho que los datos muestren que dos tercios de las quiebras se declaran en Santiago, indica que las empresas en regiones no ocupan mecanismos formales para su liquidación, sino que simplemente cierran sus puertas y dejan en la indefensión a los trabajadores y demás acreedores.

Indicó que aunque en principio concordaría con la existencia de macro regiones para organizar la cobertura de la Superintendencia, también es necesario asegurar el acceso a estos servicios en todo el territorio nacional.

El profesor señor Luis Felipe Peuriot agradeció la invitación a participar en el trabajo de las Comisiones Unidas y señaló que el proyecto en discusión concuerda con la visión general que se tiene en la Academia sobre este tema, además de recoger las críticas que en esa sede se han vertido.

Indicó que la iniciativa no se limita a resolver asuntos puntuales, sino que abarca un nuevo estatuto de reorganización de empresas y de liquidación de activos, que está en concordancia con las legislaciones modernas.

Por su parte, el profesor señor Nelson Contador también agradeció la invitación de las Comisiones unidas y expresó que la ley de quiebras vigente ya tiene 30 años desde su promulgación y ha sido objeto de ocho modificaciones, la mayoría de carácter específico. Al respecto, sostuvo que la única que no tuvo dicha naturaleza fue la discutida en el año 2005, que en teoría iba a propender la adopción generalizada del sistema de convenios, lo que en la práctica no ha dado resultados.

Señaló que los deudores recurren a la actual ley de quiebras cuando su situación financiera ya no es viable. En cambio, dijo, lo que intenta el proyecto es anticipar esta situación, estableciendo mecanismos que permitan reorganizar los emprendimientos viables o cerrar rápidamente los giros que no tengan posibilidades de recuperación. Manifestó que, en la actualidad, los proveedores del deudor –que son esenciales para la continuidad del giro, pero son acreedores valistas-, en general no acceden a los procesos de convenios preventivos, porque en principio no saben si ellos llegarán a buen puerto o terminarán en una quiebra que los perjudique. Indicó que si no se otorga a estos acreedores una herramienta para anticipar esta situación, quedarán desincentivados de participar en procesos de reorganización.

Indicó que el fenómeno anterior también tiene consecuencias anexas en el ciclo de políticas de crédito de los deudores candidatos a una reorganización, los que hoy se ralentizan o paralizan frente a una situación de insolvencia, imponiendo, en principio, la imposibilidad de reorganización.

Expresó que, en este aspecto, hay que tener muy presente la experiencia colombiana, que por medio de un nuevo estatuto concursal se ha puesto a la par, en pocos años, de los países miembros de la OCDE.

El Honorable Senador señor Espina señaló que este proyecto evita visiones teóricas y asume datos provenientes de la práctica comercial cotidiana. Indicó que, bajo este prisma, deben evaluarse nuevos principios y reglas, que permitan anticipar situaciones de crisis de empresas viables y evitar la postergación innecesaria del pago de los acreedores en giros que no tengan posibilidades de subsistir. Explicó que para ello es muy importante que los veedores y los liquidadores puedan distinguir rápidamente entre las empresas que deben reorganizarse y las que deben liquidarse, de manera de evitar a toda costa la victimización del deudor.

Finalizado este análisis de tipo general, las Comisiones Unidas acordaron solicitar la colaboración de un grupo de expertos, el cual sesionó bajo la coordinación de la señora Superintendenta de Quiebras y estuvo integrado por: el trabajador social y asesor, señor Eduardo Barros; el profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, señor Nelson Contador; el abogado del área legislativa del Instituto Libertad y Desarrollo, señor Daniel Montalva; el abogado del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, señor Gustavo Rosende, y el abogado, síndico de quiebras y asesor económico de insolvencias, señor Gonzalo Torre.

De las opiniones evacuadas por estos especialistas se deja constancia al consignarse la discusión de los preceptos sobre los cuales éstas recayeron.

Del mismo modo, para analizar las disposiciones que introducen nuevos tipos penales, se solicitó la colaboración de los profesores señores Juan Domingo Acosta, Osvaldo Artaza, Juan Pablo Hermosilla, Luis Ortiz Quiroga, y Gabriel Zaliasnik. Participaron también a nombre de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público los señores Mauricio Fernández, Alejandro Moreira y Andrés Salazar.

Cabe señalar que el Profesor señor Luis Ortiz Quiroga remitió a las Comisiones Unidas un informe del siguiente tenor:

“I.- GENERALIDADES

Todo Proyecto de Ley en materia penal requiere especial cuidado. La seguridad jurídica y el principio de legalidad exigen el máximo de precisión, no siempre fácil de congeniar con normas generales que pueden permitir castigar situaciones que no merecen penas. Por otro lado, el casuismo ofrece el peligro de dejar vacíos donde conductas igualmente ilícitas no serán castigadas. Lo primero que hay que tener en cuenta al legislar y crear delitos y penas es el respeto al principio de legalidad, que siempre actuará como una barrera, custodia de la seguridad y la certeza jurídica que se requieren como garantía para la aplicación de una pena tan severa como la del Derecho Penal.

De la misma manera, la Ley Penal tiene la obligación de ser coherente con el sistema en que se inserta, en este caso concreto en relación a los procedimientos concursales y a las conductas defraudatorias que, no exclusiva pero si principalmente, puede cometer el deudor perjudicando a la masa de acreedores. La debida coherencia evita problemas concursales en referencia a las conductas delictivas y obliga a guardar proporción en las penas en función de la entidad desvalorativa de la conducta y su comparación con otras que pueden afectar el mismo u otros bienes jurídicos. La idea de coherencia en los tipos penales evita problemas interpretativos no siempre fáciles de resolver y la coherencia en las penas es prenda de justicia.

Los delitos vinculados a la bancarrota propiamente tales son delitos de resultado, pues en ellos se requiere siempre la producción de un perjuicio, razón por la cual pueden calificarse en general como delitos de lesión. En nuestra tradición, estos delitos están concebidos como defraudaciones e incluidos en la gran familia de los fraudes. Así, el párrafo del Código Penal que se ocupa de los delitos relativos a la quiebra del deudor no comerciante, y que en el texto original del Código comprendía también los delitos relativos a la quiebra del comerciante, se denomina hasta el día de hoy “De Las Defraudaciones”, anterior al párrafo “De las Estafas y otros Engaños”, donde el Código acuña las demás conductas fraudulentas cometidas entre particulares. En estos delitos, por consiguiente, para que exista la posibilidad de aplicar una pena es necesario que los acreedores sufran una pérdida derivada de la incapacidad del deudor para cumplir con sus compromisos, ya sea total o parcialmente. La conducta del deudor, ha de tener connotaciones concretas de un comportamiento engañoso o simulante, que es lo que permite distinguirlo de la insolvencia fruto de un simple mal negocio, del infortunio.

II.- LOS DELITOS DE QUIEBRA EN LA LEGISLACION VIGENTE

La Ley de Quiebras actualmente en vigor castiga tanto la quiebra fraudulenta como la culpable, en relación con quienes ejerzan actividades comerciales, industriales, agrícolas o mineras. Los tipos y las penas correspondientes a estos deudores se encuentran en la Ley de Quiebras y los correspondientes al deudor no comerciante en el Código Penal. La Ley castiga la insolvencia, sea real o fingida, cuando es causada dolosamente por el fallido o bien, cuando ésta se produce al infringir el fallido las reglas que exigen un trato igualitario a los acreedores (sin perjuicio de las preferencias que procedan en su caso).

Uno de los aspectos que la doctrina unánimemente critica al sistema vigente dice relación con mecanismos empleados por la ley para describir las conductas que castiga a través de un sistema de presunciones, en algunos casos de quiebra fraudulenta y, en otros, de quiebra culpable. Hay disposiciones igualmente criticables en reglas especiales a título de complicidad y respecto de la situación penal del cónyuge y de los ascendientes y descendientes, consanguíneos o afines del fallido.

III.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROYECTO

Las principales innovaciones introducidas en el Proyecto dicen relación con el nuevo Procedimiento Concursal -hoy llamado en la ley Convenios- y que en el Proyecto pueden ser de reorganización o bien de liquidación; con la introducción de nuevas disposiciones regulatorias de las acciones revocatorias concursales y del arbitraje concursal; con la creación de una Superintendencia Concursal y las modificaciones de diversos cuerpos legales a fin de hacerlos compatibles con la nueva terminología –entre otros cambios- empleada en el Proyecto, “veedor” en vez de síndico, “deudor” en vez de “fallido”, “procedimiento concursal de liquidación” en vez de quiebra. En una minuciosa normativa, se agiliza el procedimiento a través de plazos fijos optimizando la venta de activos, permitiendo la venta al martillo de inmuebles y eliminando el consentimiento del deudor como requisito previo para la venta de sus bienes, facilitándose, además, la venta de la empresa como unidad económica.

Cabe hacer presente que, en este ámbito, el proyecto no innova respecto a la exigencia de acumular una importante cantidad de información antes de que el deudor pueda iniciar el proceso, recogida de antecedentes que puede tomar bastante tiempo, particularmente en lo que dice relación con la actualización de la contabilidad, precisar los listados de bienes y de acreedores, entre otros. Además, mantiene el requisito de consignación como medio de evitar la quiebra haciendo excepción a las pautas que en esta materia fija mayoritariamente el Derecho Comparado.

En materia penal, las principales modificaciones incorporadas por el Proyecto que comentamos son las siguientes:

- Se deja sin efecto la distinción entre quiebra fortuita, culpable o fraudulenta del deudor.

- Se excluyen definitivamente las formas de insolvencia punible culposa, restringiéndose el castigo sólo a los comportamientos dolosos.

- Las principales figuras de quiebra fraudulenta previstas en el artículo 220 de la Ley de Quiebras actualmente en vigor se incorporan, con algunas variaciones en su texto, al Código Penal (artículos 463, 463 A, 463 B y 463 C).

- Se crea un tipo especial previsto en el artículo 464 del Código Penal destinado a castigar conductas abusivas del veedor o liquidador.

- Se incorpora un largo precepto -artículo 465 del Código Penal- relativo al procedimiento de persecución penal, norma que con mayor estrictez debería estar excluida de un Código sustantivo como es el Código Penal.

- Se omiten como causales los dos casos previstos en el artículo 220 de la Ley de Quiebras en los que se castiga al fallido que ha atentado en contra de la “conditio pars creditorum”, esto es, la protección de los derechos de la masa de acreedores sobre los bienes y el tratamiento igualitario de los acreedores. Éstas dicen relación con el hecho de pagar a un acreedor en perjuicio de los demás, anticipándole el vencimiento de una deuda después de la fecha asignada a la cesación de pagos (Nº 6); y la celebración de convenios privados con algunos acreedores en perjuicio de la masa (Nº 13). Conductas como éstas, sin embargo, no quedan impunes y deberían ser castigadas de acuerdo al texto previsto en el nuevo artículo 463, que castiga al deudor que, en perjuicio de sus acreedores, en el periodo que señala, “ejecutare cualquier acto real o simulado, que disminuya su activo o aumente su pasivo”, desde que cualquier pago indebido hecho preferentemente en favor de un acreedor genera una merma en su patrimonio que afectará al resto de los acreedores en la proporción que corresponda.

- En el Proyecto no todas las insolvencias dolosas se castigan con la misma pena. En efecto, mientras los artículo 463, 463 A y 464, este último en referencia al fraude cometido por el veedor o liquidador mantienen la misma pena que señala el artículo 229 inciso 2º de la Ley de Quiebras, presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, las conductas previstas en el artículo 463 B se atenúan a presidio menor en su grado medio a máximo lo que, según se dirá en el párrafo siguiente, se justifica en relación a las conductas referidas a proporcionar información o antecedentes maliciosamente falsos o incompletos, no llevar los libros de contabilidad y sus respaldos, o bien, ocultarlos o inutilizarlos; pero no así respecto de los dos primeros numerales del mismo artículo que corresponden a claras conductas dolosas de apropiación o disposición de bienes o valores destinados al pago de los acreedores, todas ellas equivalentes en gravedad a las descritas en los artículos precedentes.

- Excluye la útil regla concursal que consagra el artículo 229, inciso 2º, de la Ley de Quiebras, en virtud de la cual el delito de quiebra fraudulenta absorbe a los delitos comunes particulares que puedan integrar el proceso de insolvencia. De acuerdo a ella, la única pena aplicable en este caso es la asignada a la quiebra fraudulenta, salvo que cualquiera de los actos delictuosos que el fallido hubiere cometido tuviera asignada una pena mayor, caso en el cual se aplicará ésta.

- Dicha norma se justifica porque la quiebra es un proceso que comprende diversas actuaciones posibles, tanto del fallido como de terceros, las que consideradas de manera independiente pueden dar origen a infracciones autónomas, pudiendo llevar al intérprete a la conclusión de que se estaría en presencia de una pluralidad de ilícitos, esto es, de un concurso real de delitos en que sería menester aplicar las reglas de acumulación material o jurídica de infracciones, procedimiento que permitiría llegar a excesos absolutamente desaconsejables.

En estos casos, estamos en presencia de un concurso aparente de leyes penales que debe regirse por el principio de absorción y se manifiesta en la aplicación de la pena correspondiente al delito más grave que corresponde a la quiebra fraudulenta en relación a los fraudes comunes.

IV.- OBSERVACIONES AL PROYECTO

a) Sobre el sujeto activo

En todas las formas delictivas de insolvencia el sujeto activo es el deudor a través de un comportamiento doloso perjudica a sus acreedores. El significado de la expresión “deudor” de acuerdo a su sentido natural y obvio, no ofrece problemas al lector pues se entiende que se trata de alguien que está obligado a satisfacer una deuda, a cumplir una obligación entregando a otros bienes o dinero. El Proyecto normativiza el concepto y categoriza la calidad de deudores a través de su artículo 465 A, el cual señala que “las disposiciones contenidas en los artículos anteriores del presente párrafo sólo se aplicarán al deudor señalado en el Nº 11 del artículo 2 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. La persona deudora definida en el Nº 23 (debería decir 24) del artículo 2 de la misma Ley, quedará sujeta a las demás disposiciones aplicables del Código Penal”.

Los numerales 11, 12 y 24 del artículo 2 del Proyecto distinguen, para los efectos de la aplicabilidad de las normas vinculadas al procedimiento concursal, entre los conceptos de “deudor”, “empresa deudora” y “persona deudora”. La “empresa deudora” es cualquier persona jurídica y también las personas naturales que sean contribuyentes de primera categoría o contribuyentes del artículo 42 Nº 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Las personas naturales que no reúnan esas características tienen la calidad de “persona deudora”.

El artículo 466 del Código Penal, entre otras alternativas, castiga con la pena de presidio menor en cualquier de sus grados al deudor no dedicado al comercio que se constituya en insolvencia por ocultación, dilapidación, o enajenación maliciosa de sus bienes. Las modificaciones sucesivas de la Ley de Quiebra han ido disminuyendo progresivamente el campo de aplicación de este precepto. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Quiebras hacia una distinción entre el deudor comerciante, y el no comerciante para los efectos de determinar las causales de su declaratoria. El número primero de este precepto era aplicable exclusivamente al deudor comerciante bastando el impago de una sola obligación mercantil para satisfacer la exigencia de la declaratoria de quiebra. Además era obligatoria la petición de declarar la propia quiebra para el deudor comerciante que se encontraba en cesación de pago. Esta situación cambió con la Ley 18.175, del año 1982, la cual hace aplicable la disposición, además de los comerciantes, a los deudores que ejercieren una actividad industrial, minera o agrícola.

En virtud de la modificación que propone el Proyecto, los deudores que quedan excluidos de la aplicación del artículo 466, no son sólo los comerciantes, los industriales, los mineros y los agricultores sino que, además, las personas jurídicas privadas, tengan o no fines de lucro, las personas naturales que sean contribuyentes de primera categoría e incluso aquéllas que tienen ingresos provenientes del ejercicio de profesionales liberales o de cualquier otra labor lucrativa no comprendidas en el artículo 42 Nº 1 de la Ley de la Renta.

Esta extensión del sujeto activo nos parece desmesurada y contraria a una proporcionada distribución de responsabilidad entre las normas severas contenidas en la Ley de Quiebras y aquélla más leve prevista en el Código Penal.

La cita que hace el artículo 465 A del Nº 11 del artículo 2 del Proyecto es inductiva a error, ese numeral se refiere indistintamente a la empresa deudora, única calificada para ser sujeto activo del delito y además a la persona deudora a que se refiere el numeral 24 del mismo artículo 2, que sólo podrá ser responsable, en su caso, del delito de insolvencia punible previsto en el artículo 466 del CP.

Deberán hacerse las correcciones cambiando las citas del Nº 11 por la del Nº 12 y la del Nº 23 por la del Nº 24, todas ellas del artículo 2 del Proyecto para mantener su coherencia.

b) Sobre las conductas castigadas

Las conductas mismas que se punen en los distintos artículos del Proyecto no merecen observación. Será necesario mejorar su redacción y, además, en nuestro opinión, sistematizarlos de manera coherente de manera de agruparlas tomando en consideración el momento en que ellas se llevan a cabo.

c) Sobre las penas

Las penas aplicadas en el Proyecto son las mismas que existen actualmente en la Ley de Quiebras, con excepción de aquellos comportamientos que son sintomáticos de una posible insolvencia y que se vinculan más bien a situaciones de peligro que de daño. Acertadamente, el Proyecto, en lo que dice relación a las conductas del deudor que proporciona información maliciosamente falsas o incompletas a la Autoridad o a los acreedores, o bien, de no conservar sus libros de contabilidad y sus respaldos, o los oculta, inutiliza, o falsea sanciona con una pena sólo de presidio menor en su grado medio a máximo se trata de comportamientos similares a previstos en los numerales 15 y 7 del artículo 220 de la actual Ley de Quiebras y que son castigados con una pena menor, de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo aplicables a comportamientos abiertamente más graves.

Los términos en que puede moverse el juez para determinar finalmente la sanción en los delitos que comprende el Proyecto abarca rangos adecuados que permitirán al juez, según las circunstancias de cada caso, aplicar la pena adecuada a la gravedad del hecho.

Nos parece igualmente acertado no haber incluido una norma, como ocurre en otros Códigos Penales, que tome en consideración la mayor o menor cuantía del daño sufrido por los acreedores para regular la pena lo que significaría la posibilidad de aplicar, por lo menos una parte de la sanción, de espaldas al principio de culpabilidad, en todos aquellos casos en que el dolo no haya abarcado el perjuicio realmente producido.

El artículo 464 castiga al veedor o liquidador con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo cuando incurre en conductas de apropiación indebida de bienes del deudor o cuando comete fraude a los acreedores en sus cuentas, conductas que, separadamente, están castigadas en nuestro Código Penal en los artículos 470 Nº 1 (presidio menor en su grado mínimo a máximo) y 469 Nº 3, respectivamente (con la misma pena anterior). La mayor pena que se aplica en este caso se justifica pues el bien jurídico protegido en el artículo 464 del Proyecto no es sólo el patrimonio de los acreedores sino el Orden Público Económico asentado en un grave quebrantamiento de la buena fe comercial.

En el tipo del artículo 464 se echa de menos una conducta un tanto menos grave pero frecuente en estos casos, cual es el uso indebido en provecho propio que podría cometer el veedor o liquidador respecto de los bienes del deudor.

d.- Sobre Algunos Alcances de las Disposiciones Penales Incorporadas en el Proyectoi.- La expresión en “Perjuicio de”

Hay tres preceptos medulares incorporados bajo los artículos 463, 463 A y 463 B que requieren que la conducta desplegada por el deudor sea llevada a cabo “en perjuicio de sus acreedores”, exigencia que, a nuestro juicio, puede conducir a polémicas respecto de la correcta interpretación del precepto y que podría llevar, incluso en alguna de sus variantes, a sostener que estamos frente a tipos en que el perjuicio no seria un elemento del tipo sino una condición objetiva de punibilidad, semejante a las interpretaciones que alguna de nuestra doctrina ha hecho de la figura de apropiación indebida, prevista en el artículo 470 Nº 1 del Código Penal que, igual que en este Proyecto, utiliza la misma expresión. Si lo que se quiere señalar a través de ella es la necesidad objetiva de que el perjuicio concurra efectiva y realmente para que el delito se consume, su incorporación resulta pleonástica y supernumeraria, puesto que la conducta típica prevista en cada caso de manera necesaria lleva a la conclusión de la exigencia del perjuicio para los acreedores (“ejecutar cualquier acto real o simulado que disminuya su activo o aumente su pasivo; ocultar total o parcialmente sus bienes o sus haberes; realizar actos de disposición de bienes; constituir prendas, hipotecas u otros gravámenes sobre los mismos; aplicar a usos propios o ajenos bienes que deben destinarse a pagos de los acreedores; comprometer en sus propios negocios bienes o valores que hubiere recibido en depósito, comisión o administración en el desempeño de un cargo de confianza”). En todos estos casos, el empleo de la referida expresión no resulta necesaria para patentizar la necesidad de la concurrencia efectiva del perjuicio. Poner énfasis en esta exigencia puede conducir a una interpretación subjetiva sostenida en una vasta tradición que identifica la preposición adverbial “en” con un claro requerimiento de finalidad. De tal asignación parte la exigencia del ánimo de defensa por parte de quien se defiende, en relación a la justificante respectiva cuando la Ley se refiere al que obra “en defensa”; y lo mismo puede señalarse respecto del “animus injuriandi”, que nuestra jurisprudencia ha sido tan abierta en acoger en relación al delito de injuria, sosteniendo la exclusión del tipo cuando la intención del autor no ha sido precisamente la de injuriar sino una diversa: “toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”. La exigencia de parte del deudor de actuar con el fin de perjudicar a sus acreedores implica considerar dentro del tipo un elemento subjetivo adicional a aquél que tiene su sostén en la conducta misma descrita en los respectivos verbos rectores. Ciertamente que es posible que una conducta humana se encuentre guiada por más de una finalidad con la concurrencia de dos elementos subjetivos del injusto en el mismo tipo, pero ello trae necesariamente como consecuencia una correlativa mayor dificultad en su estructuración, haciendo más difícil la aplicación del precepto.

Para evitar problemas de interpretación recomiendo la simple supresión de la locución indicada.

B.- Artículo 463 B

Este precepto sanciona a los gerentes, directores, administradores de hecho o de derecho, factores o representantes del deudor con las penas que prevén en los cuatro artículos precedentes, si en la dirección de los negocios del deudor y con conocimiento de la situación de éstos, hubieren incurrido en alguno de los comportamientos previstos en ellos. Esta disposición corresponde al actual artículo 232 de la Ley de Quiebras a la cual le han introducido algunas modificaciones que en parte lo mejoran y en parte lo perjudican.

Celebramos desde luego la mayor complitud en la descripción del sujeto activo en que se mencionan los administradores tanto de hecho como de derecho, lo que permite solucionar frecuentes problemas vinculados con la responsabilidad aplicable a quien realmente manejaba la empresa no obstante carecer de facultades legales para representarla, y asimismo la mención de factores o representantes del deudor en caso de personas que no operan como sociedades formales. Inapropiada ha sido, en cambio, la incorporación de la expresión “en perjuicio” a que se ha aludido precedentemente por las razones antes expuestas. Absolutamente desaconsejable es haber introducido en la parte final del precepto, sin necesidad alguna, la cláusula vinculada a formas de participación –“o hayan inducido o forzado a otro a hacerlo”- que debe ser suprimida por innecesaria atento a lo dispuesto en el artículo 15 Nº 2 del Código Penal que regula precisamente esa situación de manera general.

C.- El artículo 464

Esta disposición se refiere a los delitos que puede cometer el veedor o liquidador en el ejercicio de su cargo, sea al apropiarse de bienes del deudor, o bien, defraudando a los acreedores mediante la alteración de sus cuentas, suponiendo gastos o exagerando los que hubiere hecho. En el primer caso estaríamos, de acuerdo con la legislación vigente, de un delito de apropiación indebida sancionado en el artículo 470 Nº 1 del Código Penal; en el segundo, de un delito de administración fraudulenta previsto en el artículo 469 Nº 3. En este caso, no obstante la existencia de los tipos penales señalados se ha considerado útil la creación de un delito especial con un sujeto activo propio fundamentalmente en la mayor necesidad de pena que se le asigna a la figura creada en el Proyecto en relación a las anteriores. Convendría reestructurar la redacción del artículo, suprimiendo la expresión “individualmente o concertado con un deudor o con un tercero”, que está absolutamente de más. Esta alusión a problemas de participación está igualmente resuelto en las disposiciones generales relativas al tema.

D.- Artículo 464 A

Recomiendo suprimir este precepto que castiga al que fuerce o induce al deudor a realizar algunas de las conductas castigadas en los preceptos precedentes o colabore con él en la ejecución de las mismas castigándolo como autor del “delito respectivo” , salvo que el hecho constituya otro delito sancionado con una pena mayor.

El precepto se ha incorporado con el fin de resolver el problema de comunicabilidad o incomunicabilidad de la calidad del deudor como sujeto activo propio de estos delitos a un tercero que no tiene tal calidad (forzador o inductor), castigándolo con la misma pena de aquél. Personalmente soy partidario de no forzar la solución por vía legislativa sino dejarlo a la decisión evolutiva que han tenido los tribunales en esta materia.

Los dos incisos siguientes son subsidiarios del primero y deberían igualmente eliminarse. La responsabilidad del veedor o liquidador deberá castigarse aplicando las disposiciones generales.

E.- Artículo 465

Este es un precepto de índole esencialmente procesal, que se refiere a la forma de iniciar la persecución penal contra el responsable, a la procedencia de acuerdos reparatorios y a la suspensión condicional del procedimiento, sobre cuyo contenido no daré opinión, dejando esta tarea a algún especialista del ramo.

Sin perjuicio de lo dicho, habrá de revisarse minuciosamente la redacción.”.

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, dio inicio al estudio de la normativa del proyecto y las indicaciones presentadas.

Como se señalara precedentemente, en este capítulo del presente informe solamente se consigna la discusión de aquellas disposiciones que fueron objeto de indicaciones, de análisis o de modificaciones de fondo, pues de las que solamente tuvieron enmiendas de tipo formal, de numeración o de referencia, se da cuenta en el capítulo siguiente, que consigna puntualmente las modificaciones que se introdujeron al proyecto.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º

Su texto aprobado en general es el siguiente:

“ARTÍCULO 1°.- Ámbito de aplicación de la ley. La presente Ley establece el régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora y a repactar los pasivos o liquidar los activos de una persona deudora.”.

Este artículo no fue objeto de indicaciones.

Sin embargo, la señora Superintendenta expresó que la Comisión Técnica propone agregar en este artículo, después de la palabra “pasivos” la fórmula “y, o” para reflejar que la persona natural deudora también podría ser objeto de un procedimiento de liquidación de activos, utilizándola en lugar de la expresión “y/o”, que le pareció confusa.

- en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (2 votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag y Tuma, introdujo algunos ajustes formales al precepto y mantuvo la expresión “y/o”, por resultar gramaticalmente más aceptable que la que se sugirió.

Artículo 2º

Su texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 2°.- Definiciones. Para efectos de esta Ley, se entenderá, en singular o plural, por:

1) Acuerdo de Reorganización Judicial: Aquel que se suscribe entre una empresa deudora y sus acreedores, con el fin de reestructurar sus activos y pasivos, con sujeción al procedimiento establecido en los Títulos 1 y 2 del Capítulo III de esta Ley.

2) Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado: Aquel que se suscribe entre una empresa deudora y sus acreedores, con el fin de reestructurar sus activos y pasivos, y que se somete a aprobación judicial con sujeción al procedimiento establecido en el Título 3 del Capítulo III de esta Ley.

3) Avalúo Fiscal: El precio de los inmuebles fijado por el Servicio de Impuestos Internos, para los efectos del pago del impuesto territorial.

4) Audiencia Inicial: Aquella audiencia que se lleva a cabo en el tribunal competente con presencia del deudor, si comparece, en un procedimiento de liquidación forzosa, en los términos establecidos en el artículo 120.

5) Audiencia de Prueba: Aquella que se verifica en el marco de un juicio de oposición, en la cual se rinden las pruebas ofrecidas en la Audiencia Inicial, en los términos establecidos en el artículo 126.

6) Audiencia de Fallo: Aquella audiencia que pone término al juicio de oposición, en los términos establecidos en el artículo 127.

7) Boletín Concursal: Plataforma electrónica a cargo de la Superintendencia Concursal, en la que se publicarán todas las resoluciones que se dicten y las actuaciones que se realicen en los procedimientos concursales, cada vez que la ley lo ordene.

8) Certificado de Nominación: Aquel emitido por la Superintendencia Concursal, en el cual consta la nominación del veedor o liquidador titular y suplente.

9) Comisión de Acreedores: Aquella que se designa en un procedimiento concursal de reorganización con el objeto de supervigilar el cumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, con las atribuciones y deberes que el mismo señale, o aquella que se designa en un procedimiento concursal de liquidación, que tiene por objeto tomar los acuerdos que la junta de acreedores le delegue.

10) Cuenta Final de Administración: Aquella rendición de cuentas que deben efectuar tanto el veedor como el liquidador de su gestión, en la oportunidad prevista en la ley, ante el tribunal, en la que deberá observar la normativa contable, tributaria y financiera aplicable, así como la de esta Ley.

11) Deudor: Toda empresa deudora y/o persona deudora, atendido el procedimiento concursal de que se trate y/o la naturaleza de la disposición a que se refiera.

12) Empresa Deudora: Toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, personas naturales contribuyentes de Primera Categoría y personas naturales contribuyentes del artículo 42 número 2 del Decreto Ley Nº 824 del Ministerio de Hacienda del año 1974 que aprueba la Ley sobre Impuesto a la Renta.

13) Informe del Veedor: Aquel informe del veedor sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, regulado en el número 8 del artículo 58 de esta ley.

14) Juntas de Acreedores: Órgano concursal constituido por los acreedores de un deudor sujeto a un procedimiento concursal, de conformidad a esta ley. Se denominarán, según corresponda, Junta Constitutiva, Juntas Ordinarias y Juntas Extraordinarias, en adelante indistintamente “Junta de Acreedores” o “Junta”.

15) Ley: Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.

16) Liquidación Forzosa: aquella demandada por cualquier acreedor del deudor, conforme al Párrafo 2 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley.

17) Liquidación Voluntaria: aquella solicitada por el deudor, conforme al Párrafo 1 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley.

18) Liquidador: Aquella persona, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia Concursal, cuya misión principal es realizar el activo del deudor y propender al pago de los créditos de sus acreedores, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

19) Ministro de Fe: Aquel funcionario de la Superintendencia Concursal nombrado por el Superintendente Concursal en tal carácter y aquellos a los cuales la ley reconoce como tales.

20) Nómina de Veedores: Registro público integrado por todas las personas naturales legalmente nombradas como veedores por la Superintendencia Concursal, en conformidad al Párrafo 1 del Título 1 del Capítulo II de esta Ley.

21) Nómina de Liquidadores: Registro público integrado por todas las personas naturales legalmente nombradas como liquidadores por la Superintendencia Concursal, en conformidad al Párrafo 1 del Título 2 del Capítulo II de esta Ley.

22) Nómina de Árbitros Concursales: Registro público integrado por todas las personas naturales legalmente nombradas como árbitros por la Superintendencia Concursal, en conformidad al Capítulo VII de esta Ley.

23) Nómina de Martilleros Concursales: Registro público integrado por todas las personas legalmente nombradas como martilleros por la Superintendencia Concursal, en conformidad a lo establecido en el artículo 213 de esta Ley.

24) Persona Deudora: Toda persona natural no comprendida en la definición de Empresa Deudora.

25) Persona Relacionada: Se considerarán Personas Relacionadas respecto de una o más personas o de sus representantes, a las siguientes:

a) El cónyuge, los ascendientes y descendientes y colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el sexto grado inclusive y las sociedades en que éstos participen, con excepción de aquellas inscritas en el Registro de Valores;

b) Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 100 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores.

26) Procedimiento Concursal: Aquel procedimiento que tiene por objeto reestructurar o renegociar los pasivos y activos de una Empresa Deudora o de una Persona Deudora o, en su caso, proceder a su liquidación.

27) Procedimiento Concursal de Liquidación: El procedimiento regulado el Capítulo IV de esta Ley.

28) Procedimiento Concursal de Reorganización: El procedimiento regulado en el Capítulo III de esta Ley.

29) Procedimiento Concursal de Renegociación: El procedimiento regulado en el Capítulo V de esta Ley.

30) Protección Financiera Concursal: Aquel periodo que la Ley le otorga al deudor que se somete al Procedimiento Concursal de Reorganización, durante el cual no podrá declararse ni solicitarse su liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento. Dicho período será el comprendido entre la notificación de la resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización y el Acuerdo de Reorganización Judicial o el plazo fijado por la ley, si éste no se suscribe.

31) Quórum Calificado: Dos tercios del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido, según corresponda, en el Procedimiento Concursal respectivo.

32) Quórum Especial: Cincuenta por ciento más uno del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido, según corresponda, en el Procedimiento Concursal respectivo.

33) Quórum Simple: Cincuenta por ciento más uno del pasivo verificado y/o reconocido, según corresponda, con derecho a voto, presente en la Junta de Acreedores, en el Procedimiento Concursal respectivo.

34) Resolución de Admisibilidad: aquella resolución administrativa dictada por la Superintendencia Concursal conforme al artículo 262 y que produce los efectos del artículo 263, ambos del Capítulo V de esta Ley.

35) Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación: Aquella resolución judicial que, dictada en cualquiera de las oportunidades previstas en un Procedimiento Concursal, produce los efectos señalados en el Párrafo 4 del Título 1 del Capítulo IV de esta Ley.

36) Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización: Aquella resolución judicial que, dictada en cualquiera de las oportunidades previstas en un Procedimiento Concursal, produce los efectos señalados en el artículo 58 de esta Ley.

37) Servicios de Utilidad Pública: son aquellos servicios, cuyos prestadores se encuentran regulados en leyes especiales y sujetos a la fiscalización de la autoridad, considerados como consumos básicos, tales como agua, luz, gas y teléfono.

38) Superintendencia: La Superintendencia Concursal.

39) Veedor: Aquella persona, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia Concursal, cuya misión principal es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitando la proposición de Acuerdos de Reorganización Judicial y resguardar los intereses de los acreedores, requiriendo las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.”.

A su respecto, se presentaron las siguientes indicaciones:

La Nº 1, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar en el número 6 la locución “que pone”, por “en que se notifica la sentencia definitiva, poniéndose”.

La Nº 1 a, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar en el número 7 luego de la expresión “Superintendencia Concursal”, los términos “de libre acceso al público”.

La Nº 2, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir en el número 7 la frase “cada vez que la ley lo ordene”, por “salvo que la ley ordene otra forma de notificación”.

La Nº 3, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar en el número 9 la frase “Aquella que se designa”, por la frase “Aquella que puede designarse”.

La Nº 3 a, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para intercalar en el número 10, a continuación de la palabra “cuentas”, la expresión “de su gestión”, y eliminarla la vez que aparece mencionada a continuación del término “liquidador”.

La Nº 4, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para agregar en el número 18, a continuación de la palabra “persona”, el vocablo “natural”.

La Nº 4 a, de la Honorable Senadora señora Alvear, para intercalar un número 24, nuevo, del siguiente tenor, modificándose en consecuencia la numeración correlativa de los numerales siguientes:

“24) Nominación: Procedimiento en el cual la Superintendencia Concursal designa mediante un sorteo transparente y público, los veedores y liquidadores que deberán actuar respectivamente en un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación.”.

La Nº 5, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para eliminar en el número 35 la frase “que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal”.

La Nº 6, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para suprimir en el número 36 la locución “que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal”.

La Nº 7, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir en el número 37 la expresión “y teléfono”, por “, teléfono e internet”, antecedida de una coma (,).

La Nº 8, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para agregar en el número 39, a continuación de la palabra “persona”, el vocablo “natural”.

La señora Superintendenta de Quiebras manifestó que la Comisión Técnica concuerda con todas las indicaciones planteadas al artículo en estudio, con excepción de lo propuesto en la número 4 a, que sugirió dejar para una discusión posterior.

- Sometidas a votación las indicaciones números 1, 1 a, 2, 3, 3 a, 4, 5, 6, 7 y 8, fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos), Larraín don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag (por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio) y Tuma.

A su vez, la indicación 4 a fue discutida conjuntamente con la indicación 16 a, pues su contenido estaba indisolublemente relacionado con ella, y en definitiva ambas fueron rechazadas por la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Espina (dos votos); Larraín, don Hernán, Novoa, Tuma y Zaldívar. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Walker, don Patricio, y Zaldívar (en reemplazo de la Honorable Senadora señora Alvear).

Posteriormente, el Presidente de las Comisiones unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, hizo notar que los números 31, 32 y 33 del artículo 2º definen las expresiones quórum calificado, quórum especial y quórum simple, observando que a la primera de ellas la relaciona con el sufragio de los dos tercios del pasivo total con derecho a voto; a la siguiente, al voto del cincuenta por ciento más uno del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido, y a la tercera, con el cincuenta por ciento más uno del pasivo verificado y/o reconocido presente en la Junta de Acreedores.

Manifestó que la primera y la segunda de dichas denominaciones se alejan de las fórmulas habituales para identificar los distintos quórum de aprobación. En razón de ello, propuso que el quórum calificado se refiera al voto del cincuenta por ciento más uno del pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido, y el especial al sufragio de los dos tercios del pasivo total con derecho a voto.

- En virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado, la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (2 votos), Larraín don Hernán (Novoa), Sabag (por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio) y Tuma, aprobaron la proposición y, consecuencialmente, decidieron cambiar en todo el resto del proyecto la referencia a estas denominaciones.

Más adelante, este precepto tuvo otras modificaciones.

En efecto, en una sesión posterior, el Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sugirió contemplar una definición de “medio electrónico”.

Sobre ese particular, el profesor señor Luis Felipe Peuriot opinó que la referida expresión es más adecuada que “correo electrónico”, pues se aviene al concepto de neutralidad tecnológica que establece el inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 19.799. Añadió que, además, esta definición permitirá a la Superintendencia establecer, a través de una instrucción de carácter general, los medios electrónicos específicos que podrán ser empleados en una situación determinada.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Economía, señor Arriagada, recordó que Chile es el primer país de Latinoamérica en establecer en su ordenamiento jurídico el principio de la neutralidad tecnológica, regla que debe ser mantenida para cumplir a cabalidad diversos acuerdos internacionales suscritos en esta materia.

El Honorable Senador señor Espina sostuvo que es mejor seguir usando la expresión correo electrónico, porque es el que más certeza jurídica proporciona. Añadió que la certeza en los procesos legales es un valor y un capital intangible que nuestro país debe conservar.

El Honorable Senador señor Tuma se mostró de acuerdo con lo anterior y expresó que si en el futuro el correo electrónico deja de cumplir la función que hoy tiene, será necesario hacer las modificaciones legales que en ese momento correspondan.

Puesta en votación la inclusión de una definición general de correo electrónico que haga referencia, en forma global, a los medios electrónicos, fue aprobada con el voto favorable de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag (por el Honorable Senador señor Zaldívar), y Tuma.

Más adelante, en una de las sesiones finales, teniendo presente una sugerencia de la Superintendencia de Quiebras, se resolvió prescindir de la definición de ministro de fe, contenida en el numeral 19, para evitar confusiones entre los actos que deben ser certificados por un ministro de fe de aquellos que establecen las leyes y un ministro de fe de dicha Superintendencia. Se señaló que era conveniente, asimismo, reemplazar toda referencia que el proyecto haga a un “Ministro de fe de la Superintendencia” por “ministro de fe”.

Igualmente, con la finalidad de mejorar la redacción del numeral 26, que contiene la definición de Procedimiento Concursal, ésta fue enmendada para aclarar que comprende a todos los procedimientos concursales regulados en el proyecto.

- Estos acuerdos se adoptaron en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contaron con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear), Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Adicionalmente, se acordó incorporar una definición de Martillero Concursal según se dará cuenta en la discusión del artículo 213.

Complementariamente, por las razones que se señalarán oportunamente, las Comisiones unidas consideraron pertinente cambiar el nombre tanto de la Superintendencia que se crea como del cargo de Superintendente. En atención a lo anterior, con fecha 12 de marzo de 2013, Su Excelencia el Presidente de la República presentó la indicación número 1), que reemplaza, en los diversos numerales de este artículo 2°, la expresión “Superintendencia Concursal” por “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

- Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos), Larraín, don Carlos, Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Walker, don Patricio, García y Tuma.

Artículo 3º

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 3°.- Competencia. Los Procedimientos Concursales de Reorganización y Liquidación contemplados en esta Ley serán de competencia del juzgado de letras que corresponda al domicilio del deudor, sin perjuicio de las disposiciones sobre prórroga de competencia aplicables al efecto.

En las comunas asiento de Corte, la distribución se regirá por un auto acordado de la Corte Suprema, en el que se especificará la lista de juzgados a los cuales se les haya asignado el conocimiento de estas causas, con el objeto que los jueces titulares y secretarios de dichos juzgados se sometan a un curso de instrucción obligatoria de las disposiciones de esta Ley y de las leyes especiales que rijan estas materias, el que deberá impartirse por la Academia Judicial.

El tribunal al cual corresponda conocer de un Procedimiento Concursal de Reorganización y Liquidación de aquellos contemplados en esta Ley no perderá su competencia por el hecho de existir entre los acreedores y el deudor personas que gocen de fuero especial.”.

A su respecto, se presentó la indicación Nº 9, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, que reemplaza el inciso segundo de la disposición por la siguiente:

“En los lugares asiento de Corte, la distribución se regirá por un auto acordado de la Corte de Apelaciones respectiva, considerando especialmente la radicación preferentemente de causas concursales en los tribunales que cuenten con la capacitación a que se refiere el inciso siguiente.

Los jueces titulares y secretarios de los juzgados de letras que conozcan preferentemente de asuntos concursales, deberán estar capacitados en derecho concursal, en especial, sobre las disposiciones de esta Ley y de las leyes especiales que rijan estas materias.

Cada Corte de Apelaciones adoptará las medidas pertinentes para garantizar la especialización a que se refiere la presente disposición.

No obstante, los demás tribunales correspondientes se encuentran habilitados para conocer, en el marco de sus competencias, si, excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo, ello fuere necesario.”.

Sobre el particular, las Comisiones Unidas tuvieron presente lo indicado por la Excelentísima Corte Suprema, la que mediante su oficio Nº 59, de 27 de junio de 2012, despachado en respuesta a una consulta formulada por la Sala del Senado, precisó lo siguiente:

“Este artículo mantiene la regla de competencia que actualmente se aplica a los juicios de quiebra y que se encuentra contenida en el artículo 154 del Código Orgánico de Tribunales. La diferencia está en que permite la prórroga de la competencia, situación que en el actual procedimiento es improcedente, porque de acuerdo al artículo 185 de Código Orgánico de Tribunales, los pactos de prórroga de la competencia no les alcanzan a los terceros, con lo que tal estipulación no se aviene con la naturaleza de un proceso concursal.

El inciso segundo, establece que la Corte Suprema deberá establecer la lista de juzgados con jueces y secretarios para que sólo ellos conozcan de las causas relacionadas con los procedimientos concúrsales debiendo éstos asistir a cursos de instrucción que se impartirán por la Academia Judicial.

La regla de competencia es de aplicación general por lo que todos los jueces de los juzgados de letras correspondientes deben estar en condiciones de conocer de estos casos.

Para realizar las capacitaciones correspondientes y afrontar la futura entrada en vigencia de los nuevos procedimientos concúrsales, se deben entregar al Poder Judicial los recursos financieros suficientes para asumir las futuras modificaciones.

…..

Que, en síntesis, en relación al proyecto que se informa cabe formular las siguientes observaciones:

a) respecto a la prórroga de competencia ella no puede alcanzar a terceros.

b) todos los jueces de los juzgados de letras correspondientes tienen que ser competentes para conocer los futuros procesos, sin perjuicio de la oportuna capacitación en la materia.”.

La señora Superintendenta de Quiebras explicó que parte de las observaciones del Máximo Tribunal están recogidas en la indicación Nº 9, que plantea un sistema de calificación especial para los jueces y secretarios que conozcan preferentemente de los procesos concursales, basado en el modelo que hoy se utiliza en la ley de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal [1]. Agregó que, según el entender la institución que ella dirige, la prórroga de competencia no afectaría a terceros.

La Honorable Senadora señora Alvear enfatizó la importancia de que en este caso haya un compromiso explícito en cuanto a que existirán recursos para que la Academia Judicial pueda impartir los referidos cursos de especialización, porque si ellos no se consideran, la norma propuesta será letra muerta.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, destacó que la indicación Nº 9 hace una referencia genérica al tema, al establecer que los jueces titulares y secretarios de los juzgados de letras que conozcan preferentemente de asuntos concursales, deberán estar capacitados en derecho concursal. Manifestó que, a la luz de lo indicado anteriormente por la señora Senadora que lo antecedió en el uso de la palabra, dicha referencia puede ser insuficiente.

El Honorable Senador señor Tuma coincidió con lo planteado por la Honorable Senadora señora Alvear y puntualizó que si la indicación Nº 9 es aprobada tal como está formulada, el proyecto partiría sin que la capacitación de los jueces a cargo de implementarlo tenga financiamiento asegurado, lo cual representa un contrasentido. Planteó que la norma propuesta debe ser perfeccionada por el Ejecutivo, de forma que quede expresa en ella la intención de asegurar recursos para esta labor. Para ello, propuso que se acompañara un informe financiero en el que se aseguren estos recursos.

El Honorable Senador señor Espina coincidió con los juicios anteriormente vertidos, pero observó que las asignaciones presupuestarias de la Academia Judicial se discuten año a año en el proyecto de ley de presupuestos para el sector público, de manera que es en esa oportunidad donde debería hacerse este reclamo. Por tal razón, se mostró partidario de aprobar la indicación planteada, dejando expresa constancia de la preocupación que existe en este tema por la disponibilidad presupuestaria.

El Presidente de las Comisiones unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, planteó que la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal contiene una norma más concreta sobre el punto. Al respecto, tuvo en vista el artículo 57 de aquella norma, que indica lo siguiente:

“Artículo 57.- Academia Judicial. Para los efectos de lo previsto en el artículo 29, la Academia Judicial considerará la dictación de los cursos de especialización a que esa norma se refiere en el programa de perfeccionamiento destinado a los miembros de los escalafones primario, secundario y de empleados del Poder Judicial.

En todo caso, el requisito establecido en dicha disposición podrá ser acreditado sobre la base de antecedentes que den cuenta del cumplimiento de cursos de formación especializada en la materia, impartidos por otras instituciones alternativas a la Academia Judicial. La certificación respectiva la emitirá dicha institución, en base a los antecedentes que proporcione el solicitante.”.

Añadió que aún con un informe financiero no queda asegurada la disponibilidad presupuestaria para los ejercicios venideros, por lo que es necesario que conjuntamente con la aprobación de esta indicación, haya un compromiso del Ejecutivo en torno a las futuras asignaciones presupuestarias en esta materia.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Economía, señor Alejandro Arriagada, observó que la formulación del artículo 57 de la ley sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal tiene un contenido meramente programático, porque establece que la Academia Judicial considerará y no que necesariamente deberá dictar los cursos respectivos, sin establecer una obligación perentoria o un financiamiento asegurado para ello. Observó que, en cambio, la indicación Nº 9 prevé que los jueces y secretarios que conozcan los asuntos concursales deberán estar capacitados en dichas materias, por lo que se puede inferir que se está en presencia de un requisito imperativo y no de una norma meramente programática.

La Honorable Senadora señora Alvear sugirió replicar en este artículo una norma similar a la contenida en el artículo 57 de la ley Nº 20.088. Observó que en aquella disposición se permite que los cursos de capacitación respectivos sean impartidos también por instituciones distintas a la Academia Judicial, pero siempre partiendo de la base que se contará con los recursos para dicho perfeccionamiento.

La señora Superintendenta de Quiebras concordó con la idea de incluir en la indicación propuesta una norma similar a la contenida en el artículo 57 de la ley Nº 20.088.

- Sometida a votación la indicación Nº 9 con la agregación antes señalada, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag (por el Honorable Senador señor Zaldívar) y Tuma.

En una sesión posterior, las Comisiones Unidas retomaron el estudio de esta disposición.

En dicha oportunidad, se contó con la presencia del relator de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señor Ricardo Núñez, quien agradeció la invitación cursada y aclaró que su comparecencia no era en representación del Poder Judicial, sino a título personal y en su carácter de especialista.

Expresó que valora mucho que se haya establecido, en forma expresa, el concepto de justicia especializada. Indicó que, en concreto, ello supondría, para la jurisdicción de la Corte donde labora, cinco jueces de primera instancia especializados. Señaló que lo anterior es muy relevante si se tiene en vista que en esa jurisdicción hay una sobrecarga de trabajo administrativo por el alto número de juicios individuales de ejecución que tienen lugar en ella.

Manifestó que, en este contexto, es relevante la complejidad inherente a los juicios concursales por tratarse de un tipo de ejecución colectiva. Por ello, la especialización supone contar con jueces que sean capaces de dirigir las audiencias especiales que el proyecto contempla, de manera que la respuesta judicial sea oportuna y de calidad. Expresó que comparte la idea de que este proceso de especialización quede en manos de la Academia Judicial.

Advirtió que si no se presta la debida atención a este requerimiento de preparación previa, se corre el serio riesgo de repetir, en materia concursal, lo que sucedió cuando se puso en práctica por primera vez la nueva justicia de familia, lo que estuvo muy influido por el hecho de que los magistrados a los que les correspondió emprender esta tarea no estaban cabalmente calificados para dirigir audiencias.

Expresó que para que la especialización tenga efectos óptimos en la práctica, es necesario también que los jueces que asuman estas causas sean excluidos del conocimiento de otras materias, pues el éxito de la audiencia depende de que el juez esté al tanto de lo que se vaya a discutir antes de que ella se inicie, de forma tal de poder decidir en su transcurso los temas que se planteen.

En la misma sesión participó la jueza titular del 15º Juzgado Civil de Santiago, señora Claudia Lahsen, quien inició su exposición resaltando que la justicia civil chilena, en la actualidad, está desbordada, por lo que el éxito de cualquier plan de especialización en materia concursal supone que los jueces que queden a cargo sean relevados del conocimiento de otras materias, las que pueden quedar en manos del Secretario abogado del tribunal.

Indicó que el nuevo procedimiento concursal que se propone está estructurado sobre la base de audiencias sucesivas y plazos breves. Señaló que el éxito del procedimiento dependerá de que el juez maneje con antelación los temas en discusión. Opinó que este procedimiento es complejo y que lo dificulta la falta de guía jurisprudencial sobre numerosos puntos.

El relator señor Núñez trajo a colación la regla contenida en el artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales, en virtud de la cual en los juzgados letrados que cuenten con un juez y un secretario, se permite que la Corte de Apelaciones respectiva ordene que dicho magistrado se aboque de manera exclusiva a uno o más asuntos que conozca el tribunal y que el secretario asuma el carácter de juez subrogante para el resto de los negocios. Expresó que esta herramienta debería proceder de forma automática cuando a un juzgado especializado ingrese una causa concursal y no por decisión previa de la Corte de Apelaciones.

El Honorable Senador señor Tuma consultó si el mecanismo antes reseñado implicaría un peor servicio judicial para las causas que quedan en manos del secretario del tribunal.

La señora Jueza manifestó que el secretario del juzgado de letras en lo civil es un abogado que ha pasado por los programas de habilitación de la Academia Judicial, por lo que está perfectamente capacitado para conocer y resolver causas. Relató que en la Corte donde labora hay un plan piloto para permitir que algunos secretarios de juzgados civiles actúen como jueces subrogantes mientras el juez titular se dedica de forma exclusiva a cierto grupo de causas, agregando que dicho plan ha mostrado preliminarmente buenos resultados.

El Honorable Senador señor Tuma consultó sobre la disponibilidad presupuestaria para financiar las actividades de capacitación de los jueces que el proyecto dispone que conozcan preferencialmente de los asuntos concursales.

La señora Superintendenta de Quiebras informó que en este momento se está tramitando un informe financiero complementario, que considera fondos que se enterarán por una sola vez a la Academia Judicial con el propósito de financiar la capacitación de todos los jueces especializados que tendrán a su cargo la puesta en marcha de esta ley.

Sobre este particular, en cumplimiento del encargo hecho en una sesión anterior, propuso como redacción alternativa para el inciso final del artículo 3º del proyecto lo siguiente:

“Para los efectos de lo previsto en este artículo, la Academia Judicial coordinará la dictación de los cursos de especialización necesarios para la habilitación de los jueces titulares y secretarios de los juzgados de letras en materia concursal. Estos cursos de especialización señalados, podrán ser impartidos por las instituciones elegidas por la Academia Judicial, sin embargo, la certificación respectiva deberá ser emitida por la misma Academia Judicial, en base a los antecedentes que proporcione la institución correspondiente.”.

El Honorable Senador señor Espina consultó si dichos fondos consideran también preparación especial en materia concursal para los secretarios.

El Honorable Senador señor Zaldívar recordó que la suplencia a la que se ha hecho mención opera de pleno derecho, por tanto es imprescindible que la capacitación también se extienda a los secretarios.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, observó, por su parte, que el mecanismo de subrogación es eminentemente eventual, por lo que puede ser un poco exagerado dar la misma capacitación a los jueces –quienes ordinariamente estarán a cargo de estos procesos- y a los secretarios, que sólo participarán en ellos en forma intermitente, cuando les corresponda subrogar al juez titular.

El Honorable Senador señor Novoa connotó, por su parte, que el proyecto se refiere a tribunales que conocerán de las causas concursales de forma preferente y no a jueces individuales que están en esa posición, por lo que la capacitación debería hacerse tanto a jueces como a abogados.

La señora Superintendenta de Quiebras señaló que en virtud del mecanismo de la subrogación, a un secretario titular de un juzgados de letras le puede corresponder ser juez subrogante en su tribunal y por ello también se consideran fondos para estos funcionarios. Puntualizó que, sobre el particular, la proposición antes presentada se refiere tanto a los jueces como a los secretarios.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que ha queda claro que la preocupación de los integrantes de la misma apunta a que este proyecto de ley asegure fondos para el financiamiento de los miembros de los tribunales que tendrán conocimiento preferente de las causas concursales.

Por tal motivo, se mostró de acuerdo con la modificación planteada por la señora Superintendenta y apoyó su aprobación, pero siempre que el informe financiero adicional que se anunció sea despachado por la Dirección de Presupuestos. En caso que eso no ocurra, adelantó que las Comisiones Unidas podrán reabrir el debate sobre este punto.

En aquella oportunidad, dicha proposición contó con el apoyo de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), Kuschel (por el Honorable Senador señor García), Novoa, Larraín, don Hernán, Walker don Patricio y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Con posterioridad, en relación con esta norma, el día 12 de marzo de 2013, Su Excelencia el señor Presidente de la República presentó su indicación número 2, del siguiente tenor:

“2) Para agregar como último inciso, nuevo, en el artículo 3°, el siguiente:

“Para los efectos de lo previsto en este artículo, la Academia Judicial coordinará la dictación de los cursos necesarios para la capacitación en derecho concursal de jueces titulares y secretarios de los juzgados de letras dentro del programa de perfeccionamiento de miembros del Poder Judicial establecido en la Ley N° 19.346, que crea la Academia Judicial.”.”.

- Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag (por el Honorable Senador señor Zaldívar) y Tuma.

Cabe señalar que, complementariamente, como se dará cuenta al tratarse las disposiciones transitorias, la indicación número 24, letra b), del Ejecutivo, de la misma fecha, modificó el artículo octavo transitorio con la finalidad de señalar la fuente que solventará los gastos que deriven de la aplicación del artículo 3°.

Artículo 4º

Su texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 4°.- Recursos. Las resoluciones judiciales que se pronuncien en los Procedimientos Concursales de Reorganización y Liquidación establecidos en esta Ley sólo serán susceptibles de los recursos que siguen:

1) Reposición: contra cualquier resolución, la cual deberá interponerse dentro del plazo de tres días contado desde su notificación y podrá resolverse de plano o previa tramitación incidental, según determine el tribunal. Contra la resolución que resuelva la reposición no procederá recurso alguno.

2) Apelación: contra aquellas resoluciones que esta Ley señale expresamente, la cual deberá interponerse dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación. Será concedida en el sólo efecto devolutivo, salvo las excepciones que esta Ley señale y en ambos casos gozará de preferencia para su agregación en la tabla y para su vista y fallo.

En las resoluciones susceptibles de recurrirse de reposición y apelación, la apelación deberá interponerse en subsidio de la reposición, de acuerdo a las reglas generales.

3) Casación: en los casos y en las formas establecidas en la ley.”.

A su respecto, se presentó la indicación Nº 10, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, para reemplazar, en el segundo numeral del artículo, el vocablo “agregación” por “inclusión”.

Sobre este punto, la Comisión tuvo presente que la Excelentísima Corte Suprema señaló, en el oficio anteriormente transcrito, lo siguiente:

“Como puede apreciarse, tanto la regla general del artículo 4°, como en los diversos casos en que expresamente el legislador contempló el recurso de apelación, aparece la regla en que se le otorga preferencia al recurso para ser agregado a la tabla, así como también para su pronunciamiento y fallo. Lo anterior, por el carácter expedito que tiene o debería tener un procedimiento concursal.

Sin embargo, esta Corte ha señalado sobre este punto en reiteradas oportunidades su opinión respecto a las agregaciones extraordinarias y preferencias en cuanto ellas deben ser reservadas sólo para casos excepcionales, cuya necesidad de solución inmediata sea equivalente a la requerida en la acción de amparo o protección, situación que hace cuestionar que en materia de quiebra -a pesar de su importancia- sea necesario establecer tal preferencia.

c) No es procedente que se contemple para el recurso de apelación su agregación preferente a la tabla, para su vista y fallo, salvo en lo concerniente a la resolución establecida en el artículo 129 del proyecto, que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de liquidación. Este mismo criterio debe aplicarse a las agregaciones extraordinarias a la tabla respecto de las reclamaciones establecidas en el procedimiento sancionatorio.”.

En relación a ello, la señora Superintendenta manifestó que la Comisión Técnica está de acuerdo con lo que plantea la indicación Nº 10.

- sometida a votación la indicación Nº 10, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (Por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag (por el Honorable Senador señor Zaldívar) y Tuma.

Artículo 5º

Este artículo no fue objeto de indicaciones ni de mayor debate.

Artículo 6º

Su texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 6°.- Notificaciones. Siempre que el tribunal ordene que una resolución se notifique por avisos, deberá publicarse un aviso en el Boletín Concursal y se entenderá efectuada desde la inserción de la publicación correspondiente en dicho Boletín, el que deberá señalar la fecha en que se produzca la respectiva inserción.

Las notificaciones en el Boletín Concursal deberán realizarse por el Veedor, el Liquidador o la Superintendencia, según corresponda, dentro de los dos días hábiles siguientes a la dictación de las respectivas resoluciones, salvo que la norma respectiva disponga un plazo diferente.

Toda resolución que no tenga señalada una forma distinta de notificación, se entenderá que debe efectuarse en el Boletín Concursal.

La Superintendencia, mediante norma de carácter general, establecerá las formalidades requeridas para efectuar las notificaciones y publicaciones y los requisitos técnicos de operación y seguridad del Boletín Concursal.

Cada vez que se establezca que una resolución deba notificarse por correo electrónico, se estará a lo dispuesto en la norma de carácter general aplicable en cuanto a la forma de efectuarla. En todo caso, en la primera actuación que se realice ante el tribunal en los Procedimientos Concursales de Reorganización y Liquidación, el deudor, los acreedores y los terceros interesados deberán señalar una dirección de correo electrónico válida a la cual se deberán realizar las notificaciones conforme a lo señalado precedentemente.

El error en la notificación por correo electrónico enviada a la dirección señalada por el respectivo notificado, no invalidará la notificación.

En los casos que no sea posible notificar por correo electrónico, se notificará por carta certificada o personalmente por un ministro de fe, en los términos de los artículos 46 y 41 del Código de Procedimiento Civil.

De todas las notificaciones que se practiquen en virtud de lo dispuesto en este artículo se dejará constancia por escrito en el expediente, sin que sea necesaria certificación alguna al respecto.

Cada vez que la Ley ordene al deudor señalar el correo electrónico de sus acreedores, se entenderá que debe señalar el del representante legal.”.

Este artículo no fue objeto de indicaciones. Con todo, la señora Superintendenta expresó que la Comisión Técnica recomienda agregar, al final del inciso cuarto, la siguiente frase: “así como la información que deberá contener y la obligación de actualizarla por quien corresponda”, antecedida de una coma.

Explicó que ello se considera pertinente por cuanto, para incrementar la eficacia de la notificación por correo electrónico, es imprescindible que el usuario mantenga actualizada la información que le proporciona a la Superintendencia.

El Honorable Senador señor Tuma manifestó que el inciso sexto de la norma en discusión establece que el error en la notificación por correo electrónico enviada a la dirección señalada por el respectivo notificado no invalidará la notificación, pero ello sólo debe entenderse cuando el error lo comete quien proporciona el correo electrónico y no cuando es cometido por quien envía el correo, porque en tal caso la notificación no podría tener valor alguno.

El Honorable Senador señor Espina observó que en este caso no se trata de un error propiamente tal, porque la notificación fue hecha en el correo que el propio solicitante efectivamente proporcionó. Observó que si esa información no está actualizada, las consecuencias deberían correr por parte de quién debió entregar la información correctamente. Manifestó que estas consecuencias debe precisarse en la redacción de la norma, para evitar malos entendidos como los que observa el Honorable Senador señor Tuma.

El Presidente de las Comisiones unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que la norma que se propone equivale a la obligación procesal de las partes de mantener actualizada en el proceso la información relativa a su domicilio. Por ello, y para evitar cualquier malentendido, propuso eliminar la idea de error que plantea el inciso en discusión y establecer que la notificación hecha al correo electrónico proporcionado por el usuario siempre será válida.

Añadió que esta idea queda reforzada por la modificación propuesta por la Comisión, porque ella obliga a los usuarios a mantener actualizada su dirección de correo electrónico.

- En virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado, sometidas a votación las modificaciones anteriormente planteadas, fueron acogidas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (2 votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag (por el Honorable Senador señor Zaldívar) y Tuma.

La señora Superintendenta añadió que, en vista del principio de la neutralidad tecnológica y tal como lo sugiere la legislación comparada, también es recomendable reemplazar, cuando corresponda, la expresión “correo electrónico” por “medio electrónico”.

La Honorable Senadora señora Alvear señaló que la idea de correo electrónico es mucho más precisa que la expresión “medio electrónico”. Puntualizó que este asunto incide en materia de notificaciones, por tanto es muy importante que la ley provea la mayor certeza posible en este aspecto.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso conservar en este artículo y en los siguientes la expresión “correo electrónico”. A la vez, sugirió incorporar una definición de dicho concepto en el artículo 2°.

Hubo consenso en torno a estos planteamientos. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos); Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag (por el Honorable Senador señor Zaldívar) y Tuma.

Posteriormente, en una de las sesiones finales de las Comisiones Unidas, la señora Superintendenta presentó una nueva redacción para esta disposición, que, sobre la base de lo discutido precedentemente, tiene por finalidad aclararla.

Dicho texto se consigna en el capítulo referido a las modificaciones

- Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear), Walker, don Patricio, y Zaldívar. Este acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.

Artículos 7º y 8°

No fueron objeto de indicaciones ni de mayor análisis, sino solamente de enmiendas formales.

CAPÍTULO II.- DEL VEEDOR Y LIQUIDADOR

En mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y con el voto favorable y unánime de los Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (2 votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag (por el Honorable Senador señor Zaldívar) y Tuma, el epígrafe de este capítulo fue modificado por “CAPÍTULO II DEL VEEDOR Y DEL LIQUIDADOR”.

Artículo 9º

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 9°.- Estructura. La Nómina de Veedores es el registro público integrado por todas las personas naturales nombradas en el cargo de Veedor por la Superintendencia, la que deberá mantenerla debidamente actualizada y a disposición del público a través de su página web.”.

Este artículo no fue objeto de indicaciones. Con todo, la señora Superintendenta manifestó que la Comisión Técnica considera necesario reemplazar los términos “es el registro público integrado” por “estará integrado”, ya que el artículo 2º anteriormente aprobado lo define en esos términos.

- En mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, esta modificación fue acogida por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos); Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag (por el Honorable Senador señor Zaldívar) y Tuma.

Artículo 10

Su texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 10.- Solicitud de inscripción. Toda persona natural interesada en ser nombrado Veedor, podrá presentar su solicitud ante la Superintendencia. En ella deberá expresar si ejercerá el cargo a nivel nacional o regional, acompañando los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 13 y una declaración jurada en que exprese no estar afecto a las prohibiciones contempladas en el artículo 17.”.

Este artículo no fue objeto de indicaciones. Con todo, el Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, notó que la segunda oración del artículo propuesto utiliza el término “ejercerá”, aunque en el contexto de la oración parece más adecuada la forma verbal “ejercería”.

- En virtud de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, sometida a votación la modificación anteriormente planteada fue acogida por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (2 votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag y Tuma.

Artículo 11

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 11.- Nombramiento. El Veedor será nombrado mediante resolución dictada por la Superintendencia, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 13.”.

A su respecto se presentaron las indicaciones números 11 y 11 a. La primera, de los Honorables Senadores señores Espina y García, tiene por objeto reemplazar la palabra “Nombramiento” por “Inclusión” y el vocablo “nombrado” por la frase “incorporado a la Nómina de Veedores”. La segunda, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, sustituye en el título del artículo el término “Nombramiento” por la expresión “Inclusión en la nómina de Veedores”.

La señora Superintendenta manifestó que la Comisión Técnica concuerda con el contenido de ambas indicaciones.

- Sometidas a votación las indicaciones números 11 y 11 a, fueron acogidas con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag (por el Honorable Senador señor Zaldívar) y Tuma.

Artículo 12

Este artículo no fue objeto de indicaciones ni de mayor debate.

Artículo 13

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 13.- Requisitos. Podrá ser Veedor y solicitar su inclusión en la Nómina de Veedores, toda persona natural que cumpla con los siguientes requisitos:

1) Contar con un título profesional de contador auditor o de una profesión de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por universidades del Estado o reconocidas por éste, o por la Corte Suprema, en su caso;

2) Contar con, a lo menos, cinco años de ejercicio de la profesión que haga valer;

3) Aprobar el examen para Veedores a que se refiere el artículo siguiente;

4) No estar afecto a alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 17, y

5) Otorgar, en tiempo y forma, la garantía señalada en el artículo 16.”.

A su respecto, se presentó la indicación Nº 12, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para suprimir la frase “ser Veedor y”.

La señora Superintendenta de Quiebras expresó que la Comisión Técnica está de acuerdo con esta indicación.

- Puesta en votación la indicación Nº 12, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag (por el Honorable Senador señor Zaldívar) y Tuma.

Artículo 14

Este precepto no recibió indicaciones y solamente se le introdujeron modificaciones de forma.

Artículo 15

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 15.- Responsabilidad. La responsabilidad civil del Veedor alcanzará a la culpa levísima y se perseguirá en juicio sumario una vez presentada la Cuenta Final de Administración, conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2 del Título 3 del Capítulo II de esta Ley, y sin perjuicio de la responsabilidad legal en que pudiere incurrir.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones números 13 y 13 a. La primera, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para sustituir la palabra “perseguirá” por “podrá perseguir”. La segunda, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar, luego de la palabra “perseguirá”, la expresión “cuando corresponda”, antecedida de una coma (,).

La señora Superintendenta de Quiebras expresó que la Comisión Técnica considera pertinentes las indicaciones planteadas y observa que con el fin de hacer coherente esta disposición con lo que establece el artículo 35, sobre la responsabilidad del liquidador, es necesario sustituir la frase “se perseguirá en” por “podrá perseguirse cuando corresponda, en cuyo caso deberá regirse por las reglas del”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso acoger ambas indicaciones con la enmienda propuesta por la señora Superintendenta.

- Puestas en votación las indicaciones números 13 y 13 a, fueron aprobadas con las modificaciones antes indicadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Sabag y Tuma.

Artículo 16

Su texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 16.- Garantía de fiel desempeño. Todo Veedor deberá mantener en la Superintendencia y mientras subsista su responsabilidad, una garantía por un monto de 1.000 Unidades de Fomento, con una vigencia mínima de diez años. En caso de no otorgarse en tiempo y forma, el Veedor no podrá asumir en nuevos Procedimientos Concursales de Reorganización.

La garantía podrá consistir en una boleta bancaria de garantía, póliza de seguro o cualquier otra que la Superintendencia determine mediante norma de carácter general, la cual también establecerá la forma de rendirla, sus plazos, devolución, renovación y demás especificaciones aplicables.

La garantía a que se refiere este artículo tiene por objeto caucionar el fiel desempeño de la actividad del Veedor, asegurando el correcto y cabal cumplimiento de todas sus obligaciones, incluyendo la eventual indemnización a que sea condenado en caso de hacerse efectiva su responsabilidad civil y el pago de las multas administrativas impuestas en su contra.

La Superintendencia hará efectiva la garantía y entregará su monto a requerimiento del tribunal que hubiere declarado la responsabilidad civil del Veedor, siempre que la resolución condenatoria se encuentre firme y ejecutoriada. Tratándose de multas impuestas por la propia Superintendencia, la resolución respectiva indicará el plazo en que el Veedor deberá pagar la multa, el cual no podrá ser inferior a veinte días. Dicho plazo se contará desde que dicha resolución se encuentre firme y ejecutoriada. Una vez transcurrido el término anterior sin verificarse el pago, la Superintendencia hará efectiva la garantía e imputará los fondos a la multa respectiva, restituyendo el saldo al Veedor, si correspondiere.

Sin perjuicio de lo anterior, si se ejecutare la garantía del Veedor conforme al inciso anterior, una vez que se le restituya el saldo en su caso, se entenderá suspendido para asumir nuevos Procedimientos Concursales de Reorganización, y tendrá un plazo de veinte días para constituir una nueva garantía en los términos previstos en este artículo, manteniéndose la señalada suspensión mientras no rinda la respectiva caución.”.

Esta disposición no motivó la presentación de indicaciones. Sin embargo, el Honorable Senador señor Tuma observó que la garantía que ella requiere procede aunque el veedor no esté cumpliendo su función en ningún proceso concursal, lo que, a su parecer, es excesivo. Por lo anterior, propuso que, en principio, esa caución sea exigida únicamente cuando el veedor esté en ejercicio de sus funciones.

La señora Superintendenta de Quiebras explicó que este asunto fue latamente discutido cuando se elaboró el proyecto de ley. En definitiva, se impuso la opción que aparece contenida en el texto en estudio porque se tuvo en vista que aunque en el proceso concursal vigente los acreedores tienen la atribución de exigir que el síndico garantice su buen desempeño, en la práctica esta opción no se emplea y, a la larga, no hay cómo hacer efectiva la eventual responsabilidad del síndico por su mal manejo de la masa.

Añadió que el problema del costo de mantención de esta garantía es efectivo, pero que en parte puede solucionarse si el veedor contrata una póliza de seguro u otro instrumento similar, que tienen un valor menor.

El Honorable Senador señor Espina sostuvo que, en tal caso, la garantía que se propone es razonable y debe ser mantenida. Destacó que el monto es adecuado y que el veedor realiza una labor que implica mucha responsabilidad. Recordó que éste tiene muchas atribuciones en el proceso de reorganización y responde hasta la culpa levísima por infracciones a las buenas prácticas profesionales. Concluyó que todo lo anterior sería teórico si detrás no hay un instrumento que garantice el pago de las posibles indemnizaciones.

El Honorable Senador señor Tuma contraargumentó que la norma propuesta supone una verdadera restricción económica al ingreso a la actividad de veedor, lo que, en la práctica, podría permitir que sólo quienes dispongan de más recursos, y no los más capaces, asuman esta labor.

El profesor señor Nelson Contador explicó que el inciso segundo del artículo señala que la garantía podrá consistir en una boleta bancaria de garantía, una póliza de seguro o cualquier otra fórmula que la Superintendencia determine mediante norma de carácter general, lo que deja muy abierto el abanico de posibilidades para dicha garantía, pues no solamente se tratará de fondos líquidos disponibles a la orden de su emisor, sino también cauciones inmobiliarias o instrumentos de seguro por montos menores.

Expresó que requerir la constitución de la garantía a medida que se le vayan asignando procesos al veedor, supone un sistema complejo y poco práctico, tal como lo demuestra la situación actual, en que caso a caso se determina por la junta de acreedores si procede o no requerir al síndico una garantía y cuál será su monto y modalidad.

El profesor señor Peuriout expresó que si se establece un sistema de garantía para cada caso, todo el proceso de nombramiento de los veedores se complejizará porque no todos los veedores podrán ofrecer en un más breve plazo una garantía igual de satisfactoria. En cambio, si se establece una regla general de garantía igual y preexistente, todos los candidatos a veedor en un proceso determinado quedarán en las mismas condiciones.

El Honorable Senador señor Espina observó que quien desarrolla la actividad de veedor lo hace a cambio de una remuneración y por ello debería afianzar de alguna forma los perjuicios que deriven de su posible mala práctica. Añadió que establecer un sistema de garantías que deba constituirse para cada proceso que asuma un veedor, abre la puerta para que los acreedores más importantes se pongan de acuerdo entre ellos y financien la garantía de un veedor que les sea parcial, en perjuicio de los acreedores sin recursos propios, como podrían ser los trabajadores.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que la inquietud del Honorable Senador señor Tuma es atendible, pero que parece ser más adecuado un sistema de garantías común y permanente para todos quienes integren una lista de veedores.

La señora Superintendenta de Quiebras propuso, entonces, reducir el plazo de la garantía a tres años, luego de lo cual, si el veedor no es nombrado en ningún proceso concursal, saldría de la nómina.

La Honorable Senadora señora Alvear expresó que anteriormente quedó pendiente de discusión y resolución de una indicación de su autoría, signada como número 4 a), que establece la concursabilidad para acceder al cargo de veedor o de liquidador, lo que podría constituirse en un antecedente de mérito suficiente como para reestudiar el requisito de constituir una garantía permanente.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, puntualizó que la situación planteada por la Honorable Senadora señora Alvear debería estudiarse en su mérito y no con ocasión de la norma que ahora se discute.

A continuación, declaró cerrado el debate y propuso modificar el inciso primero, estableciendo que la garantía deberá constituirse por un plazo de tres años.

- En virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa) y Tuma, aprobó la proposición.

En una de las sesiones finales de las Comisiones Unidas, la señora Superintendenta sugirió volver a la redacción inicial de esta norma en lo relativo al plazo de vigencia de la garantía de fiel desempeño, de manera que quede en 10 años. Sostuvo que este término permite hacer efectiva la responsabilidad del veedor y del liquidador cuando ella se establece administrativa o judicialmente. Se trata, dijo, de que dicha garantía se encuentre vigente al menos durante el plazo en que pueden ejercerse acciones en contra de aquellos.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Tuma expresó que dicha ampliación impone un costo innecesario para los candidatos a veedores y liquidadores, y por elle debe mantenerse el criterio original adoptado por la Comisión.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, expresó que es razonable la postura del Honorable Senador señor Tuma, pero que también es necesario velar por la responsabilidad de estos intervinientes del proceso concursal, por lo que propuso que se estableciera un plazo de tres años para la garantía, pero que este fuera renovable en caso que el liquidador o veedor en cuestión decida permanecer en la nómina.

- Puesta en votación esta enmienda, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, quienes, además, establecieron que el ya mencionado plazo fuera renovable. Votaron a favor los Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear), Walker, don Patricio, y Zaldívar. Este acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.

Artículo 17

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 17.-Prohibiciones. No podrán ser Veedores las siguientes personas:

1) Las que hayan sido condenadas por crimen o simple delito;

2) Las que desempeñen un cargo o función pública, en cualquier órgano de la Administración del Estado o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas, aunque no sean del nombramiento del Presidente de la República ni reciban remuneración del Estado. No obstante, no regirá esta incompatibilidad respecto de las personas que desempeñen un cargo o función en instituciones de educación superior;

3) Las que tuvieren incapacidad física o mental para ejercer el cargo, y

4) Las que hubieren dejado de integrar la Nómina de Veedores en virtud de las causales de exclusión del artículo siguiente y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del mismo.”.

A su respecto, se presentó la indicación Nº 14, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, para sustituir el segundo numeral de la disposición por el siguiente:

“2) Los funcionarios de cualquier órgano de la Administración del Estado y aquellos que presten cualquier tipo de servicios remunerados o no a la Superintendencia. No obstante, no regirá esta incompatibilidad respecto de las personas que desempeñen un cargo o función en instituciones de educación superior.”.

La señora Superintendenta de Quiebras manifestó que la Comisión Técnica concluyó que es necesario delimitar adecuadamente las otras funciones que pueden desempeñar los veedores y liquidadores, de modo de evitar conflictos de interés o presiones indebidas. Con tal propósito, se propone sustituir el texto propuesto por la indicación por el siguiente:

“2) Quienes ejerzan cualquier empleo, cargo, función o comisión, remunerada o no, en entidades públicas, sean estas fiscales, municipales, fiscales autónomas o semifiscales, en empresas del Estado o en las que éste tenga participación por aportes de capital. Asimismo, será incompatible con todo cargo de elección popular.

No obstante, no regirá esta incompatibilidad respecto de las personas que desempeñen labores docentes en instituciones de educación superior. Sin embargo, no se considerarán labores docentes las que correspondan a la dirección superior de una entidad académica, respecto de las cuales regirá la incompatibilidad a que se refiere esta norma.”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, planteó que la redacción que se propone en reemplazo tiene un radio de acción más restringido que la contenida en el texto aprobado en general y en la indicación Nº 14, porque el concepto de “órgano de la Administración del Estado” que señalan esos textos incorpora a organismos que no están comprendidos en la propuesta de la Comisión Técnica. Al respecto, tuvo en vista lo que señala el inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases de la Administración del Estado, cuyo texto es el siguiente:

“La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.”.

La señora Superintendenta resaltó que en la indicación Nº 14 no se consideraban los cargos de elección popular, lo que sí se recoge en la proposición de la Comisión Técnica.

El Honorable Senador señor Tuma observó que el veedor no tiene exclusividad en el desarrollo de su función y cuenta con atribuciones para abocarse paralelamente a otras actividades económicas compatibles, lo que lo puede dejar en posición de relacionarse con los actores relevantes de algún procedimiento de reorganización en que deba participar. En tal sentido, planteó la idea de igualar la prohibición que pesa al veedor de participar en la función pública con la de tener injerencia en asuntos relacionados con las partes del proceso de reorganización en que le corresponda participar.

El Honorable Senador señor Espina indicó que, en principio, las restricciones que se plantean respecto del ámbito público parecen excesivas, porque muchas funciones que se desarrollan en esa esfera -como es el caso de los asesores de una autoridad edilicia-, no son de dedicación exclusiva e incluso no son remuneradas.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, trajo a colación el artículo 45 del proyecto, que establece prohibiciones específicas para los veedores y liquidadores relativas a procesos en que tengan algún interés o relación con una o más de las partes comprometidas.

El Honorable Senador señor Tuma agregó que ese criterio está repetido en el artículo 21, sobre inhabilidades.

La señora Superintendenta observó que si el criterio de las Comisiones Unidas es el anteriormente planteado, es preferible volver al tenor de la indicación Nº 14.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso añadir en ese texto la inhabilidad de quienes tengan cargos de elección popular.

La Honorable Senadora señora Alvear añadió que era necesario hacer una precisión para que también queden incorporados los directores de las empresas públicas.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que para los efectos de incorporar la inquietud recién planteada, debe incorporarse la expresión “los integrantes de las empresas públicas creadas por ley”. De esta forma, la fórmula quedaría de la siguiente manera: “los funcionarios de cualquier órgano de la Administración del Estado y los integrantes de las empresas públicas creadas por ley, y aquellos que presten cualquier tipo de servicios, remunerados o no, a la Superintendencia”. En lo demás, sugirió emplear el segundo párrafo del texto propuesto por la Comisión Técnica.

- Sometida a votación la indicación Nº 14, fue aprobada con las modificaciones antes señaladas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos); Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa) y Tuma.

Artículo 18

Su texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 18.- De la exclusión. Los Veedores serán excluidos de la Nómina de Veedores en los siguientes casos:

1) Por haber sido nombrados en contravención a lo dispuesto en este Título;

2) Por dejar de cumplir los requisitos enumerados en el artículo 13 de este Título;

3) Por adquirir para sí o para terceros, ya sea como persona natural o a través de una persona jurídica en la que el Veedor sea socio o Persona Relacionada, cualquier bien en los Procedimientos Concursales en que intervengan como Veedor o Liquidador;

4) Por enajenar o autorizar la enajenación de cualquier bien en los Procedimientos Concursales en que intervenga como Veedor o Liquidador a:

a) Personas Relacionadas;

b) Alguna persona jurídica en que tenga interés económico directo o indirecto;

c) Socios o accionistas de una sociedad en la que el Veedor forme parte, o de las sociedades en las cuales tenga participación, salvo aquellas que se encuentren inscritas en el Registro de Valores;

d) Personas con las que posea bienes en comunidad, con excepción de los copropietarios a que se refiere la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria;

e) Dependientes, y

f) Profesionales o técnicos que le presten servicios sean estos esporádicos o permanentes, cualquiera sea la forma en que estén constituidos;

5) Por haberse declarado judicialmente, por sentencia firme y ejecutoriada, su responsabilidad civil o penal, en conformidad con el artículo 27;

6) Por renuncia presentada ante la Superintendencia, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades por las funciones que ya hubiere asumido;

7) Por sentencia firme y ejecutoriada que rechace la Cuenta Final de Administración que debe presentar en conformidad a esta Ley;

8) Por infracciones reiteradas que en su conjunto constituyan a criterio de la Superintendencia una conducta gravísima;

9) Por reprobación definitiva del examen de conocimientos a que se refiere el artículo 14, y

10) Por muerte.

Producida alguna de las circunstancias señaladas en los números precedentes, la Superintendencia dictará la resolución de exclusión respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que se produzcan algunas de las circunstancias previstas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 8 anteriores, la Superintendencia deberá previamente representar al Veedor dicha circunstancia para que éste presente sus descargos, dentro de los cinco días siguientes. Vencido el plazo señalado sin que se presente descargo alguno, la Superintendencia dictará la correspondiente resolución de exclusión. Si el Veedor presenta sus descargos la Superintendencia podrá acogerlos o rechazarlos dictando la correspondiente resolución de exclusión.

Las personas excluidas de la Nómina de Veedores por las causales de los números 1, 2, 5, 6 y 9 podrán solicitar, una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha en que quedó firme el acto administrativo de exclusión, su reinscripción en la referida Nómina, estándose a lo dispuesto en el presente Título.

Las personas excluidas de la Nómina de Veedores por cualquier otra causal no podrán volver a solicitar su inscripción.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones números 15 y 15 a. La primera, de los Honorables Senadores señores Espina y García, propone intercalar en la letra c) del número 4), a continuación de la expresión “Registro de Valores”, la frase “y hagan oferta pública de sus acciones”. La segunda, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, propone suprimir, en el número 8), la expresión “a criterio de la Superintendencia” e insertar a continuación de la palabra “gravísima” la frase “de conformidad a lo dispuesto en el artículo 338 de esta ley”.

Respecto de la indicación Nº 15, la señora Superintendenta manifestó que la Comisión Técnica considera que la frase propuesta en reemplazo debería usar la expresión “valores” en vez de “acciones”, por ser más omnicomprensiva de los instrumentos bursátiles. Para ello, propuso reemplazar en la frase propuesta por la indicación el término “acciones” por las expresiones “de ellos”.

En relación con la indicación Nº 15 a, informó que la citada instancia la considera apropiada y recomienda aprobarla.

El Honorable Senador señor Espina observó que la referencia se hace a conductas ilícitas que tienen carácter delictual, por lo que propuso indicar de manera expresa que la exclusión que en este artículo se predica será sin perjuicio de la responsabilidad por la participación que le cupiere en el delito que se acredite.

En relación a la situación que plantea la indicación Nº 15 a, expresó que la causal de expulsión del registro no sólo debería proceder respecto de infracciones calificadas como gravísimas, sino también de casos de reiteración de acciones calificadas como infracciones simplemente graves o leves.

En tercer lugar, expresó que quien es eliminado de la lista de veedores por la configuración incontestable de una de las causales previstas para el efecto, no debería tener derecho a solicitar su reincorporación, aunque hayan pasado cinco años. En razón de lo anterior, estimó necesario suprimir el inciso antepenúltimo del artículo aprobado en general.

El Honorable Senador señor Tuma compartió el espíritu que anima la última proposición del Honorable Senador señor Espina, pero precisó que ello debería establecerse únicamente en los casos en que está involucrada la responsabilidad penal individual del veedor.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso mantener la disposición del inciso penúltimo sólo para las causales que señalan los números 1, 2 y 6 del artículo, dejando a un lado las de los números 5 y 9, pues ellas están directamente referidas a las situaciones indicadas por los Honorables Senadores señores Espina y Tuma.

En segundo lugar, recogiendo una de las proposiciones planteadas por el Honorable Senador señor Espina, propuso agregar un inciso final que contemple que la exclusión de la nómina de veedores se impondrá sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan al veedor.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (Novoa) y Tuma acogió las proposiciones antes indicadas.

Respecto de la indicación Nº 15, el señor Presidente de las Comisiones propuso aprobarla, reemplazando la expresión “acciones” por “de ellos”, tal como antes se explicó.

- sometida a votación la indicación Nº 15, fue aprobada, con la modificación antes señalada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa) y Tuma.

En relación con la indicación Nº 15 a, el señor Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso cambiar en el número 8) la palabra “gravísima” por “grave”, y aprobar la indicación.

La señora Superintendenta manifestó que tanto las infracciones graves como las gravísimas suponen incumplimientos del veedor que ocasionan perjuicios a la masa o a terceros.

El Honorable Senador señor Espina señaló que es mejor no hacer referencia a un grupo limitado de infracciones, sino a todas las que indica el artículo 338, porque por muy leves que ellas sean, si son perpetradas de manera reiterada deberían dar lugar a la exclusión del reincidente.

- Sometida a votación la indicación Nº 15 a, fue aprobada con la modificación antes señalada, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina (2 votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa) y Tuma.

Posteriormente, en una de las sesiones finales de las Comisiones Unidas, la señora Superintendenta sugirió reemplazar el numeral 8) de este precepto por el que sigue: “8) Por aplicación del artículo 339 letra c).”. Explicó que dicho literal es el que regula la exclusión por infracción gravísima.

- Puesta en votación esta modificación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear), Walker, don Patricio, y Zaldívar. Este acuerdo se adoptó en reemplazo del anterior relativo a la indicación 15 a.

Artículo 19

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 19.- Reclamo de exclusión. El Veedor podrá reclamar de su exclusión ante la Corte de Apelaciones de su domicilio dentro del plazo de cinco días contado desde la notificación por carta certificada de la resolución que decida su exclusión.

La Corte respectiva conocerá del reclamo en cuenta y sin ulterior recurso. Mientras se encuentre pendiente el reclamo de exclusión, el Veedor no podrá asumir nuevos Procedimiento Concursales.

Excluido el Veedor de la Nómina de Veedores, subsistirá la obligación de rendir cuenta de su gestión, así como la responsabilidad legal en que pudiere haber incurrido.”.

Aunque esta disposición no fue objeto de indicaciones, la Comisión tuvo en consideración lo planteado sobre el punto por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en su oficio Nº 59-2012, de fecha 27 de junio de 2012. Sobre el particular, el Máximo Tribunal indicó lo siguiente:

“Respecto de la competencia, el Tribuna pleno ha señalado que deben ser los Juzgados de Letras quienes conozcan en primera instancia de las reclamaciones administrativas. En Oficio No 32.2912 y Nº 142-2012, se señaló: “[…] la Corte Suprema, informando una cantidad considerable de iniciativas legales que establecen la posibilidad de reclamar ante los tribunales de justicia por sanciones impuestas en el ámbito administrativo, ha señalado la conveniencia de que sean los juzgados civiles quienes conozcan en primera instancia de las reclamaciones, y no las Cortes de Apelaciones […]”, “[…] se ha expresado ya habitualmente que resulta inapropiado iniciar ante las Cortes de Apelaciones, procedimientos contenciosos seguidos en contra de resoluciones de administración, los que debieran ser conocidos por los Juzgados de Letras […] el criterio reiterado del máximo tribunal, al informar proyectos que establecen procedimientos contenciosos administrativos, es que las reclamaciones sean conocidas en primera instancia por juzgados de letras en lo civil y, en segundo, por las Cortes de Apelaciones”.

“Noveno: Qué, por otra parte, la reclamación no contempla una segunda instancia, por lo que importa dejar desprovista la decisión de una revisión ordinaria, imponiendo a las partes el uso de la extraordinaria del recurso de queja, resorte excepcional que solamente corrige las faltas o abusos graves de los magistrados, afectando con ello la garantía del debido proceso consagrado en el numeral 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental.”.

[…]

d) en cuanto a los procedimientos contenciosos de reclamación contenidos en el artículo 19 y 341, para evitar la proliferación de reclamaciones con reglas tan diversas entre uno y otro, se reitera la necesidad de uniformar este tipo de procedimientos. Por esta razón y como primera regla, se insiste que en los procedimientos contenciosos administrativos la reclamación debe ser conocida en primera instancia por los Juzgados de Letras correspondientes y no por las Cortes de Apelaciones.

e) en vinculación con lo anterior, las reclamaciones deben permitir la interposición del recurso de apelación; de lo contrario se estará atentando contras las normas del debido proceso contenidas en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política. Por esta razón, es de tal relevancia que la competencia en primera instancia corresponda a un juez de letras, pues de lo contrario, si ese conocimiento en primera instancia se entrega a una Corte de Apelaciones corresponderá a la Corte Suprema conocer de la apelación, lo que no se condice con la finalidad del Máximo Tribunal, que es ser un tribunal de casación y no de segunda instancia.”.

La señora Superintendenta de Quiebras indicó que la postura de la Corte Suprema fue la que originalmente ese organismo impulsó cuando se estructuraba este proyecto. Sin embargo, los especialistas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia hicieron presente que, en general, el ordenamiento jurídico nacional prevé que las reclamaciones contra las resoluciones de órganos administrativos se interponen ante los tribunales de alzada.

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que es efectivo lo señalado en orden a que este tipo de asuntos típicamente queda en manos de la Corte de Apelaciones, pero observó que esa clase de reglas produce, como efecto, atochar aún más el despacho de los tribunales de alzada, lo que a la larga genera que la respuesta jurisdiccional se torne más lenta.

La señora Superintendenta puntualizó que la incidencia puntual de estos asuntos es menor, porque, en la práctica, no se presentan más de tres reclamos de ese tipo al año.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, manifestó que este es un asunto en el que hay posiciones encontradas y bien fundamentadas, por lo que no cabe otra cosa que dilucidar el asunto optando entre el criterio de la Excma. Corte Suprema –esto es, que los reclamos contra las resoluciones de la Superintendencia sean conocidos por los juzgados de letras-, o por el lineamiento del proyecto, que considera que esos asuntos deben ser de conocimiento de las Cortes de Apelaciones.

- Sometida a votación esta opción, por mayoría se mantuvo el razonamiento contenido en el proyecto. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Espina (dos votos), Kuschel (por el Honorable Senador señor García), Larraín, don Hernán, y Novoa. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Tuma, Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 20

El texto aprobado en general para esta disposición indica lo siguiente:

“ARTÍCULO 20.- Designación del Veedor en los Procedimientos Concursales. Sólo podrá designarse Veedor a quien integre la Nómina de Veedores a la época de la resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal respectivo.”.

A su respecto, se presentó la indicación Nº 16, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para reemplazar la frase “que ordena la apertura del Procedimiento Concursal respectivo”, por “de Reorganización o Liquidación que corresponda”.

La señora Superintendenta informó que la unanimidad de los miembros de la Comisión Técnica no tiene reparos a este artículo y considera pertinente la indicación presentada, con una modificación formal consistente en reemplazar la expresión “a la época de la resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal respectivo” por “a la época de la dictación de la Resolución de Reorganización o de la Resolución de Liquidación, según corresponda”, pues se trata de procedimientos definidos en el artículo 2º del proyecto. Añadió que cabría hacer aplicable esta modificación a todo el resto del proyecto.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso aprobar la proposición de la Comisión Técnica, tanto en relación con el artículo 20 como con el resto del texto del proyecto.

- Puesta en votación la indicación Nº 16, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), Kuschel (por el Honorable Senador señor García); Larraín, don Hernán; Novoa, Tuma; Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 21

Este precepto no fue objeto de indicaciones y sólo se le hicieron ajustes de tipo formal.

Artículo 22

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 22.- Nominación del Veedor. Una vez que la Superintendencia reciba los antecedentes señalados en el artículo 57, ésta notificará a los tres mayores acreedores del deudor según la información entregada, dentro del día hábil siguiente y por el medio más expedito, notificación que será certificada por el Ministro de Fe de la Superintendencia para todos los efectos legales.

Dentro del día siguiente hábil a la referida notificación, cada acreedor propondrá por escrito o por correo electrónico a un Veedor titular y a un Veedor suplente vigente en la Nómina de Veedores. Para los efectos de la nominación, cada acreedor será individualmente considerado sin distinción del monto de su crédito.

Dentro del día siguiente hábil al señalado en el inciso anterior, la Superintendencia nominará como Veedor titular al que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de titular por los acreedores, y como Veedor suplente a aquel que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de suplente. Si sólo respondiere un acreedor, se estará a su propuesta. Si respondieren todos o dos de ellos y la propuesta recayere en personas diversas, se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea superior. En caso que no se reciban propuestas, la nominación tendrá lugar mediante sorteo ante la Superintendencia, en el que participarán todos aquellos Veedores vigentes en la Nómina de Veedores a esa fecha.

Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

El Veedor titular y suplente nominados serán inmediatamente notificados por la Superintendencia por el medio más expedito.

El Veedor titular nominado deberá manifestar ante la Superintendencia a más tardar al día siguiente hábil si acepta el cargo y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente.

Aceptado el cargo, la Superintendencia emitirá el Certificado de Nominación del Veedor, el cual será remitido directamente al tribunal competente, dentro del día siguiente hábil a su emisión, para que éste designe a un Veedor en la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización.

El Veedor podrá excusarse de aceptar una nominación ante la Superintendencia, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus razones, al día siguiente hábil de su notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el Veedor y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada, el Veedor deberá asumir como tal en el Procedimiento Concursal de Reorganización, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva la excusa y se emita el correspondiente Certificado de Nominación. Si la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará a un nuevo Veedor mediante sorteo.”.

Respecto a esta norma, se presentaron las indicaciones números 16 a, 17, 18, 18 a, 19 y 20.

La indicación Nº 16 a, de la Honorable Senadora señora Alvear, reemplazar la disposición aprobada en general por la siguiente:

“ARTÍCULO 22.- Nominación del Veedor. Una vez que la Superintendencia reciba los antecedentes señalados en el artículo 57, ésta designará mediante sorteo transparente y público, un Veedor titular y a un Veedor suplente vigente en la Nómina de Veedores.

Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

El Veedor titular y suplente nominados serán inmediatamente notificados por la Superintendencia por el medio más expedito.

El Veedor titular nominado deberá manifestar ante la Superintendencia a más tardar al siguiente día hábil si acepta el cargo y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente.

Aceptado el cargo, la Superintendencia emitirá el Certificado de Nominación del Veedor, el cual será remitido directamente al tribunal competente, dentro del día siguiente hábil a su emisión, para que éste designe a un Veedor en la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de reorganización.

El Veedor podrá excusarse de aceptar una nominación ante la Superintendencia, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus razones, al día siguiente hábil de su notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el Veedor y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada, el Veedor deberá asumir como tal en el procedimiento concursal de reorganización, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelve la excusa y se emita el correspondiente Certificado de Nominación. Si la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará a un nuevo Veedor mediante el mismo procedimiento.”.

La indicación Nº 17, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, incide en el inciso primero de la disposición aprobada en general y tiene por propósito intercalar, a continuación de la palabra “deudor”, lo siguiente: “con domicilio en Chile”.

La indicación Nº 18, también del Primer Mandatario, se refiere al inciso segundo de la disposición y reemplaza la frase “día siguiente hábil” por “segundo día hábil siguiente”.

La indicación Nº 18 a, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, incide en el inciso tercero de la disposición aprobada en general y sustituye la frase “vigentes en la Nómina de Veedores a esa fecha.” por “que integren la terna propuesta por el deudor en el formulario señalado en el artículo 55 y, en su defecto, todos aquellos Veedores vigentes en la Nómina de Veedores a esa fecha”, seguida de un punto (.).

La indicación Nº 19, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, incorpora un inciso séptimo, nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, deberá declarar sus relaciones con el deudor o sus acreedores, si las tuviere y que no tiene impedimento o inhabilidad alguna para desempeñar el cargo.”.

Finalmente, la indicación Nº 20, también del Primer Mandatario, sustituye, en el inciso octavo, la frase “a un nuevo Veedor” por “al Veedor suplente como titular, nominándose a un nuevo Veedor suplente”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, observó que en las disposiciones antes transcritas parece haber dos alternativas, ninguna de las cuales ha suscitado acuerdo al interior de la Comisión Técnica. Explicó que la indicación Nº 16 a plantea un texto alternativo a aquel aprobado en general. En cambio, todas las demás proponen correcciones puntuales al proyecto original. Por tal razón, abrió en primer lugar debate sobre la indicación Nº 16 a.

Sobre el particular, fue invitado a exponer el síndico de quiebras, señor Francisco Cuadrado. El señalado síndico agradeció la invitación de las Comisiones Unidas e indicó que el eje del proyecto es mejorar la eficacia del procedimiento concursal, facilitando, a la vez, el salvataje de las unidades económicas que son aptas para seguir funcionando.

Expresó que de la misma manera que es imprescindible que los tribunales a cargo de estos procedimientos tengan una especialización en materias concursales, también es necesario que las personas que asuman la administración de los procesos de reorganización tengan conocimientos acabados sobre la materia. Señaló que estos requerimientos se observan en el derecho comparado norteamericano y también en el francés.

Recordó que esta línea ya empezó a plasmarse en el ordenamiento jurídico nacional con la Agenda Pro-Crecimiento, la cual en el año 2004 introdujo el requisito de especialización y profesionalización de los administradores a cargo de los procedimientos de reorganización.

Señaló que la norma que en esa oportunidad se aprobó facultaba al mayor acreedor que acordara el procedimiento de reorganización para nombrar al administrador. Observó que ello contrasta con la proposición que ahora se discute, que prevé que tal nominación sería acordada por los tres mayores acreedores del deudor.

Indicó que, a partir de la ley Nº 18.175, todo el sistema concursal chileno se estructura sobre la base de los pasivos de un deudor, siendo la junta de acreedores la llamada a tomar las principales decisiones sobre reorganización y liquidación. En este contexto, manifestó que los sistemas de sorteo cobran sentido cuando se trata de las primeras etapas de nominación de los encargados de la gestión del proceso, cuando aún el mecanismo de acuerdo al interior de la junta de acreedores no ha generado resultados. Pero una vez que hay consenso en esa instancia, el resto del proceso debe ser llevado a cabo por quien así sea nominado.

Indicó que si, en cambio, se establece una nominación por sorteo que se impone por sobre los acuerdos de la junta de acreedores, es muy previsible que se generen problemas que a la larga concluirán con la remoción del administrador que ha sido nombrado, en la primera oportunidad que se presente para ello. Explicó que lo anterior retrotraerá el proceso, porque hará necesario que el administrador saliente rinda cuenta de su gestión.

Recordó que durante el transcurso del proceso de reorganización o liquidación, las mayorías de la junta pueden cambiar por la incorporación de nuevos acreedores, como, por ejemplo, los trabajadores, que típicamente no verifican sus créditos al inicio del proceso.

El Honorable Senador señor Tuma consideró relevante la intervención escuchada, porque proviene de un profesional con experiencia en la materia.

Expresó que aunque teóricamente el sistema de sorteo puede tener sentido cuando se trata de carteras de deudas muy atomizadas –en las que los acreedores individuales tienen pocos incentivos para participar en las juntas-, en los casos más habituales cobra real interés dejar que la nominación definitiva de los profesionales que administrarán el proceso quede en manos de la junta de acreedores, aunque exista cierta tardanza para iniciar el proceso.

Indicó que la mayoría de los procesos de reorganización van a requerir la nominación de administradores muy especializados en la industria del deudor, agregando que el mecanismo de sorteo no es apto para hacer esta discriminación.

Señaló que, en este contexto, es importante que se tenga en cuenta la proporción de cada una de las acreencias en el total del pasivo, porque si ese factor no se tiene en cuenta, en definitiva el proceso de reorganización o liquidación será inconducente porque no contará con la colaboración de los principales interesados.

La señora Superintendenta de Quiebras indicó que este asunto fue ampliamente debatido en el seno de la Comisión Técnica. En esa instancia, la mayoría de sus integrantes, con excepción del señor Gonzalo Torre, consideró adecuados los planteamientos de las indicaciones números 17, 18, 19 y 20 (del Ejecutivo) y también de la 18 a, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa.

Expresó que quién sostuvo en esa oportunidad la posición de minoría argumentó que la indicación Nº 16 a, de la Honorable Senadora señora Alvear, propende a un sistema más transparente del aprobado en general, que evita las conflictos de interés y las presiones indebidas. Se indicó que muchos síndicos se quejan que la mayor parte de los procesos concursales se concentra en pocos profesionales, que no hay verdadera independencia para trabajar y que si uno de los objetivos que se persigue con este proyecto es incorporar más personas a las nóminas, es importante permitir que más personas sean designadas.

Relató que el señor Daniel Montalva sostuvo que acá se está en presencia de un proceso entre privados, por lo que no debería haber, en principio, participación del Estado. A ese respecto, el señor Eduardo Barros solicitó aclarar para este caso cual es el bien público o jurídico que se pretende resguardar con esta norma.

A su vez, el señor Gustavo Rosende manifestó que, en este caso, existiría un paralelo con el mandato civil y por ello, en último término, el veedor –que según el proyecto provendría de un espectro más amplio de profesionales que los que actualmente integran las nóminas-, se debe a los acreedores que conforman la junta.

En el contexto de esta discusión, la señora Superintendenta relató que su institución planteó que el principal objetivo que se persigue con este proyecto es propender a la eficacia y eficiencia de los procedimientos concursales. En relación con el punto específico en estudio, se sostuvo que debe evitarse el obvio problema práctico que se produce cuando la junta de acreedores no ratifica al síndico que se hizo cargo al principio del procedimiento, sobre todo teniendo en consideración que ese mandatario debe efectuar una serie de gestiones antes de la primera junta, ocasión en la que si es destituido, deberá rendir cuenta completa de su gestión y hacer traspaso de todos los antecedentes e incautaciones al nuevo síndico, lo que ralentizará todo el procedimiento.

Observó que el liquidador nominado por medio del sistema de sorteo que sabe de antemano que su nombramiento no será ratificado en la junta de acreedores tiene un claro incentivo para preferir las gestiones que le permitan obtener honorarios anticipados, aunque ello perjudique los intereses de la masa y el rápido devenir del proceso.

Explicó que sobre este particular, se tuvieron a la vista las partes pertinentes del Mensaje que dio lugar a la ley Nº 20.004. En aquella oportunidad, se sostuvo que son los acreedores los principales interesados en la buena administración del patrimonio del fallido y en la ordenada liquidación del mismo en vista del pago de sus créditos. Por tal razón, continuó, en esa oportunidad se desecharon los mecanismos que propenderían a operaciones clandestinas; los procedimientos consistentes en sorteos, pues ellos aseguran trabajo a quién necesariamente no le corresponde; o las listas correlativas, pues ellas no garantizan la designación del síndico más eficiente, sino que, por el contrario, aseguran a los ineficientes el ejercicio remunerado de una profesión lucrativa al margen de sus propios méritos. Añadió que en esa iniciativa también se consideró necesario que en un sistema privatista de administración de quiebras exista confianza en la buena administración del síndico en tanto representante legal de la masa y que se propenda a la maximización de la eficiencia de su gestión.

La señora Superintendenta agregó que en esa discusión de la Comisión Técnica, el profesor señor Contador hizo una breve relación de la indiscutible mejora que a su juicio significó que los síndicos dejaran de ser nominados por los tribunales y empezaran a serlo por los propios acreedores. El catedrático añadió en esa oportunidad que la gestión del veedor es similar a la de un mandatario, que tiene a su cargo la gestión de un asunto de confianza. Si la persona nominada no tiene la confianza de los acreedores, el encargo terminará pronto, lo que acarreará la necesidad de dar cuenta completa de la gestión y traspasar documentación y otras incautaciones, lo que ralentizará todo el procedimiento.

En esa oportunidad intervino también el señor Eduardo Barros, quien consultó cuál sería la responsabilidad del Estado en el caso de que como resultado del sorteo, fuera nominado un síndico no idóneo y qué sistema de nominación se emplea en el derecho comparado.

A su vez, en dicha instancia el señor Daniel Montalva hizo presente que una situación similar se consideró en la discusión del proyecto sobre el SERNAC Financiero, ocasión en la cual se optó porque las partes interesadas nominaran por sí mismas a su árbitro y mediador financiero, descartando con ello la imposición de la autoridad en ese aspecto.

En esa ocasión, el señor Torre sostuvo que el procedimiento de nominación de los veedores por la vía del acuerdo podría justificarse para el caso de los liquidadores, pero no para los veedores. Por su parte, el señor Barros le pidió indicar cuales son las barreras de entrada y los argumentos de fondo que justifican la actual concentración de síndicos que él denuncia.

Sobre el particular, en dicha instancia la señora Superintendenta manifestó que la regla del sorteo puede provocar que se designe a un veedor o liquidador sin un equipo legal o contable adecuado, lo que es complejo si el convenio o quiebra que se trata también lo es. A este respecto, el señor Montalva añadió que si se impone ese sistema, se eliminan los incentivos para que esos profesionales adquieran equipos de trabajo, porque sin necesidad de probar continuamente en el mercado su valor tendrán siempre clientes asegurados. Finalmente, el señor Gonzalo Torre expresó que no está de acuerdo con los dichos anteriormente vertidos y manifestó que sigue considerando que el sorteo es el mejor sistema.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, explicó que la razón de ser de la indicación Nº 16 a) es que el sistema de sorteo provee de una vía transparente, imparcial y pública para la nominación de los veedores. En esta línea, expresó que es preferible que el Estado se encargue de velar por impartir capacitaciones y exámenes regulares a los veedores que estén en condiciones de ser nominados para cada proceso. Indicó que, en la actualidad, la concentración de asuntos en un número limitado de síndicos se explica porque esos profesionales son nombrados, en su gran mayoría, por los bancos.

A su vez, el Honorable Senador señor Zaldívar expresó que, con todo, no deja de ser razonable que los acreedores decidan por sí mismos a qué persona designan como veedor, porque de ellos es el principal interés comprometido en el proceso. Anotó, además, que el inciso tercero de la disposición aprobada en general previene que si no hay acuerdo entre los acreedores, se aplicará, de manera supletoria, el sistema de designación directo a través de un sorteo efectuado por la Superintendencia.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, declaró cerrado el debate y sometió a votación la indicación Nº 16 a.

- Sometida a votación la indicación Nº 16 a, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Espina (dos votos); Larraín, don Hernán, Novoa, Tuma y Zaldívar. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Walker, don Patricio, y Zaldívar (en reemplazo de la Honorable Senadora señora Alvear).

A continuación, el señor Presidente de las Comisiones Unidas sometió a consideración de éstas la indicación Nº 17.

El Honorable Senador señor Novoa destacó que la proposición introduce una distinción entre acreedores que tengan o no domicilio en el territorio nacional, lo que puede leerse como una discriminación arbitraria en contra de los extranjeros, que atentaría contra las disposiciones del decreto ley Nº 600 que pudieren ser aplicables, sobre protección a la inversión extranjera, e incluso podrían ser consideradas inconstitucionales.

El Honorable Senador señor Tuma expresó que también le asistían dudas respecto de la proposición que distingue entre acreedores nacionales y extranjeros, por lo que sugirió rechazar la indicación.

La señora Superintendenta de Quiebras expresó que la razón que se tuvo en vista para excluir a los acreedores extranjeros es la conveniencia de acelerar al máximo el proceso. Recordó que, en este caso, se está frente a un deudor que entró en una situación de insolvencia, por lo que hay que dar todos los pasos necesarios para que en un período breve se dilucide si es factible o no un acuerdo de reorganización. Indicó que para ello es necesario nombrar cuanto antes a un veedor, que empiece pronto su labor.

El Honorable Senador señor Novoa recordó que hoy la ley señala que estas comunicaciones se harán por el medio más expedito, lo que hace que sea perfectamente posible utilizar un correo electrónico que funcione para hacer las comunicaciones que correspondan. Señaló que, en ese caso, no es relevante si el acreedor en cuestión se encuentra dentro o fuera del país.

La señora Superintendenta puntualizó que el artículo 173 del libro IV del Código de Comercio plantea una regla del todo análoga a la que antes indicó el Honorable Senador señor Novoa.

- Puesta en votación la indicación Nº 17, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), Kuschel (por el Honorable Senador señor García), Larraín, don Hernán; Novoa, Tuma; Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y en reemplazo de la Honorable Senadora señora Alvear).

A continuación, el Honorable Senador señor Tuma instó a discutir de manera especial la situación del acreedor que tiene más del 50% de las acreencias en un proceso determinado.

La señora Superintendenta recordó que el procedimiento aprobado en general supone que el veedor sea nominado por el acuerdo de los tres acreedores principales que votan por cabeza. Señaló que lo anterior es una novedad, porque en la actualidad quien tiene el mayor pasivo tiene más votos.

El Honorable Senador señor Novoa planteó que en este tema es preocupante lo que señalan los artículo 22 y 57, que generan una referencia circular, pues el primero señala que una vez que la Superintendencia reciba los antecedentes que indica el segundo notificará a los tres principales acreedores, pero el artículo 57 indica que aceptada la nominación por el veedor, la Superintendencia remitirá los antecedentes que correspondan al tribunal. Explicó que el problema con lo anterior consiste en que terminaría interpretándose que para nombrar al veedor hay que acompañar los antecedentes de su nombramiento, lo cual es ilógico.

Expresó que si no se logra un acuerdo por medio del sistema anteriormente establecido, el proyecto considera que la opción para la designación del veedor queda en manos del mayor acreedor. Y si él no opta por ninguno, el asunto queda en manos de la Superintendencia, la que designará al funcionario por sorteo. Explicó que este sistema protege al mayor acreedor.

El Honorable Senador señor Espina consultó si lo que plantea el Honorable Senador señor Tuma es que si hay un acreedor que por sí mismo reúna más del 50% de las acreencias se rompe esta regla del acuerdo de los tres acreedores mayoritarios y aquél tendrá el derecho preferente a designar.

El Honorable Senador señor Zaldívar planteó que es razonable que si un acreedor tiene más del 50% de la acreencia total pueda designar por sí mismo. En ausencia de esta circunstancia, añadió, procedería el acuerdo de las tres primeras mayorías y si este último no se otorga, que nombre de manera supletoria la Superintendencia por medio del procedimiento del sorteo.

El Honorable Senador señor Espina planteó que alternativamente también sería razonable el sistema que establece el texto aprobado en general, pues no le entrega de partida el monopolio de la decisión al acreedor mayoritario.

El Honorable Senador señor Zaldívar rebatió indicando que posteriormente, en la Junta de Acreedores, el acreedor que tenga más del 50% y que no haya participado en el acuerdo de nominación del veedor, muy posiblemente revocará el mandato de quien fuera nominado. Añadió que el sorteo que defina como regla supletoria debería considerar los candidatos que hubieren presentado las tres primeras mayorías.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, planteó que existiendo una norma que permite la revocación en una junta de acreedores posterior en base al peso relativo del crédito en la masa, parece razonable que la primera opción para la nominación la tenga quien concentre más de la mitad del total de las acreencias.

El Honorable Senador señor Novoa se opuso al esquema anteriormente planteado, argumentando que ello supone un paso previo al procedimiento aprobado en general: preguntar primero al acreedor que tenga más del 50% de la masa. Señaló que lo anterior desconoce que ese acreedor siempre estará dentro de los tres primeros acreedores con que parte la hipótesis del texto aprobado en general. Indicó que, en ese contexto, debería partirse por el acuerdo de esos tres primeros y si no hay acuerdo en esa instancia, debería proceder la nominación directa por el titular de más de la mitad de los créditos. Explicó que, de esa forma, se evita un paso en el proceso, el que siempre partirá notificando a los tres mayores acreedores.

El Honorable Senador señor Espina observó que también es razonable mantener el criterio del texto aprobado en general, consistente en dejar el asunto en manos de los tres primeros acreedores por cabeza y no en consideración a si uno de ellos tiene más de la mitad de los créditos. Indicó que lo anterior impone un principio de participación en la toma de decisiones.

El Honorable Senador señor Zaldívar observó que si no se establece de forma clara que la primera opción para la nominación la tiene quien es titular de más del 50% de los créditos, es necesario quitarle a ese acreedor la facultad para vetar al veedor nombrado sin su voto en la junta de acreedores inmediatamente posterior.

El Honorable Senador señor Novoa opinó que la situación de las proporciones de participación en una masa determinada es eminentemente dinámica, porque varía cada vez que se verifican nuevos créditos en el proceso. En este contexto, manifestó que es prudente partir por los tres primeros acreedores y en ese grupo dar un derecho preferente a quien tenga, en ese momento, más del 50% del total de las acreencias.

La señora Superintendenta recordó que este asunto fue muy discutido en su momento. Manifestó que, en la actualidad, según el Libro IV del Código de Comercio, la nominación queda en manos del acreedor mayoritario. Indicó que la propuesta del texto aprobado en general amplía esta regla, estableciendo que la nominación provendrá del acuerdo de los tres principales acreedores, quienes votarán por cabeza. Añadió que se vuelve a la regla de la nominación por el acreedor mayoritario sólo si en la etapa anterior no se logra un acuerdo y, finalmente, se establece como regla supletoria el sorteo llevado a cabo por la Superintendencia.

Expresó que hoy se critica que todo quede en manos, desde un comienzo, del acreedor mayoritario, que generalmente es un banco.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, puntualizó que el problema del esquema planteado en el texto aprobado en general es que el acuerdo de los tres primeros acreedores puede dejar como posición minoritaria la opción del que sea titular de más del 50% de los créditos en la masa, quien posteriormente puede vetar al veedor nombrado en la siguiente junta de acreedores.

Como forma de solucionar la situación planteada, la señora Superintendenta propuso establecer como primer criterio que el veedor será nominado por la unanimidad o la mayoría de los tres acreedores más importantes de la masa y que, excepcionalmente, resuelva de manera directa el titular de más de la mitad del total de las acreencias, dejando lo demás igual.

El Honorable Senador señor Zaldívar propuso dejar pendiente este tema para una sesión posterior, en la que se pueda discutirse un texto que recoja lo anteriormente planteado por la señora Superintendenta.

Así se acordó.

En la sesión siguiente, la señora Superintendenta manifestó que, en mérito de lo anteriormente discutido, se plantea el siguiente texto alternativo para el artículo 22:

“Artículo 22.- Nominación del Veedor.- Un vez que la Superintendencia reciba los antecedentes señalados en el artículo 56, ésta notificará a los tres mayores acreedores del deudor según la información entregada dentro del día hábil siguiente y por el medio más expedito, notificación que será certificado por el Ministro de Fe de la Superintendencia para todos los efectos legales.

Dentro del segundo hábil siguiente a la referida notificación, cada acreedor propondrá por escrito o por correo electrónico a un Veedor titular y a un Veedor suplente vigente en la nómina de veedores. Para los efectos de la nominación cada acreedor será individualmente considerado, sin distinción del monto de su crédito.

Dentro del día hábil siguiente al señalado en el inciso anterior la Superintendencia nominará como veedor titular al que hubiere obtenido la primera mayoría entre los propuestos para el cargo titular por los acreedores, y como veedor suplente a aquél que hubiere obtenido la primera mayoría entre los propuestos para el cargo de suplente. Si solo respondiere un acreedor se estará a su propuesta, si respondieren todos o dos de ellos y las propuestas recayere en personas diversas se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea superior. En caso que no se reciban propuestas la nominación tendrá lugar mediante sorteo ante la Superintendencia, en la que participarán aquellos veedores que integren la terna propuesta por el deudor en el formulario señalado en el artículo 55, o en su defecto todos aquellos veedores vigentes en la nómina de veedores hasta esa fecha. Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

Excepcionalmente, si de los antecedentes señalados en el artículo 56 se acredita que un solo acreedor representa más del 50% del pasivo del deudor, la Superintendencia nominará al veedor titular y suplente propuesto por dicho acreedor. En caso en que dicho acreedor no propusiere al veedor titular y suplente, se estará a la regla general regulada en los incisos precedentes.

El veedor titular y suplentes nominados serán inmediatamente notificados por la Superintendencia por el medio más expedito, el veedor titular nominado deberá manifestar ante la Superintendencia, a más tardar al día hábil siguiente, si acepta el cargo y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente. Asimismo, deberá declarar sus relaciones con el deudor o acreedores si las tuviere, y que no tiene impedimento o inhabilidad alguna para desempeñar el cargo. Aceptado el cargo la Superintendencia emitirá el certificado de nominación del veedor, el cual será remitido directamente al tribunal competente dentro del día siguiente hábil a su emisión para que este designe a un veedor en la resolución de reorganización.

El veedor podrá excusarse de aceptar una nominación de la Superintendencia, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus razones al día hábil siguiente de su notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el Veedor y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada el veedor podrá asumir como tal en el procedimiento concursal de reorganización, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva la excusa y se emita el correspondiente certificado de nominación. Si la excusa es aceptada nominará al veedor suplente como titular, nominándose a un nuevo veedor suplente mediante sorteo.”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, indicó que el texto propuesto recoge lo discutido en la sesión anterior.

La señora Superintendenta explicó que la proposición anteriormente citada comprende el contenido de las indicaciones números 18, 18a, 19 y 20 y que, por tanto, ellas podrían darse por aprobadas con modificaciones.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, coincidió con ello y sometió a votación las indicaciones números 18, 18a, 19 y 20.

- Puestas en votación las indicaciones números 18, 18a, 19 y 20, fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Larraín, don Carlos (por sí y por el Honorable Senador señor García); Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 23

No fue objeto de indicaciones ni de mayor discusión, sino que solamente de ajustes de redacción.

Artículo 24

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 24.- Del cese anticipado en el cargo. Para los efectos de esta Ley se entenderá que el Veedor cesa anticipadamente en su cargo:

1) Por la revocación de la Junta de Acreedores;

2) Por remoción decretada por el tribunal;

3) Por renuncia aceptada por la Junta de Acreedores o, en su defecto, por el tribunal, la que deberá fundarse en una causa grave;

4) Por haber dejado de formar parte de la Nómina de Veedores, sin perjuicio de continuar en el cargo hasta que asuma el Veedor Suplente, y

5) Por inhabilidad sobreviniente. El Veedor deberá dar cuenta al tribunal y a la Superintendencia de la inhabilidad que le afecte. El incumplimiento de la referida obligación será constitutivo de falta grave para los efectos de lo dispuesto en el número 8 del artículo 18.

El Veedor suplente, asumirá dentro de los dos días hábiles siguientes a la cesación en el cargo del Veedor titular, cualquiera sea la causa.

El Veedor que haya cesado anticipadamente en su cargo deberá rendir cuenta de su gestión y hacer entrega de los antecedentes del Procedimiento Concursal de Reorganización al Veedor suplente, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que este último haya asumido. En caso de incumplimiento, el tribunal competente, de oficio o a petición de cualquier interesado, requerirá el cumplimiento según lo previsto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo caso la multa será de 10 a 200 Unidades Tributarias Mensuales. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá aplicar las sanciones que correspondan.”.

A su respecto, se presentó la indicación Nº 20 a, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para insertar, en el número 5) del texto aprobado en general, a continuación de la expresión “cuenta”, la frase “dentro del plazo de tres días”.

La señora Superintendenta de Quiebras explicó que la Comisión Técnica está de acuerdo con el tenor de esta indicación Nº 20 a, pues establece un plazo razonable para que el veedor alegue la causal que le impide asumir el cargo en que fue designado y por ello solicitó su aprobación.

- Sometida a votación la indicación Nº 20 a, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Larraín, don Carlos (por sí y por el Honorable Senador señor García); Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear). Igualmente, con la misma votación, se hicieron otros ajustes de forma a la disposición.

Artículo 25

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 25.- Deberes del Veedor. La función principal del Veedor es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitando la proposición y negociación de los Acuerdos de Reorganización Judicial.

En el ejercicio de sus funciones, deberá especialmente:

1) Imponerse de los libros, documentos y operaciones del deudor;

2) Incorporar y publicar en el Boletín Concursal, copia de todos los antecedentes y resoluciones que esta Ley le ordene;

3) Realizar las inscripciones y notificaciones que establece la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización;

4) Realizar las labores de fiscalización y valorización que se le imponen en el artículo 72 y siguientes, que se refieren al suministro asegurado, la venta necesaria de activos y a la obtención de nuevos recursos;

5) Arbitrar las medidas necesarias en el procedimiento de determinación del pasivo establecido en los artículos 70 y 71;

6) Realizar la calificación de los poderes e informar al tribunal competente sobre la legalidad de éstos, cuando corresponda;

7) Impetrar las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor que sean necesarias para resguardar los intereses de los acreedores, sin perjuicio de los acuerdos que éstos puedan adoptar;

8) Dar cuenta al tribunal competente y a la Superintendencia de cualquier acto o conducta del deudor que signifique una administración negligente o dolosa de sus negocios y, con acuerdo de dicho tribunal, adoptar las medidas necesarias para mantener la integridad de los activos, cuando corresponda;

9) Rendir mensualmente cuenta de su actuación y de los negocios del deudor a la Superintendencia, y presentar las observaciones que le merezca la administración de este último. Esta cuenta será enviada además por correo electrónico a cada uno de los acreedores, y

10) En general, ejecutar todos los actos que les encomiende esta Ley.”.

A su respecto, se presentó la indicación Nº 21, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar en el número 6) del texto aprobado en general, a continuación de la palabra “poderes”, la frase “para comparecer en las Juntas de Acreedores”.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, consultó la razón que motiva esta indicación, porque la especificación que ella señala podría perfectamente quedar comprendida dentro del régimen general de poderes para comparecer por otros.

La señora Superintendenta de Quiebras indicó que es importante tener en vista, en este caso, que el número 6) trata de un poder que tiene por único propósito comparecer en la Junta respectiva y no uno general para actuar -que requeriría una evaluación profunda del tipo due diligence-, por lo que su calificación puede y debe ser más expedita. En tal sentido, expresó que la indicación Nº 21 es acertada.

- Sometida a votación la indicación Nº 21, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Larraín, don Carlos (por sí y por el Honorable Senador señor García); Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear). Con igual votación, se introdujeron otros ajustes de redacción a este precepto.

Artículo 26

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 26.- Delegación de funciones. El Veedor sólo podrá delegar sus funciones, manteniendo su responsabilidad y a su costa, en otros Veedores vigentes en la Nómina de Veedores, con igual competencia territorial.

La referida delegación deberá efectuarse por instrumento público en el que conste la aceptación, el que deberá ser debidamente agregado al expediente.”.

A su respecto, se presentó la indicación número 21 a, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar en el inciso segundo, a continuación de la expresión “expediente”, la frase “y notificado al deudor y a los acreedores mediante su publicación en el Boletín Comercial.”.

La señora Superintendenta manifestó que la Comisión Técnica comparte la modificación propuesta en esta indicación y propone aprobarla, modificando el término “Comercial” por “Concursal”.

El Honorable Senador señor Zaldívar consultó de qué forma las personas pueden tener acceso al Boletín Concursal.

La señora Superintendenta respondió que se trata de una plataforma electrónica de acceso público vía internet, sin costo para sus usuarios.

- Sometida a votación la indicación número 21 a, fue aprobada con la modificación anteriormente explicada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Larraín, don Carlos (por sí y por el Honorable Senador señor García); Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 27

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 27.- Concertación. El Veedor que se concertare con el deudor, con algún acreedor o un tercero para proporcionarle alguna ventaja indebida o para obtenerla para sí, será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 464 del Título “De los delitos Concursales y de las defraudaciones” del Código Penal.”.

Este precepto no recibió indicaciones ni tampoco observaciones de parte de la Comisión Técnica.

Sobre el particular, el señor Presidente de las Comisiones Unidas solicitó el asentimiento de los miembros de aquella para solicitar, en su representación, informes en derecho a connotados penalistas de la plaza para que ilustren sobre los aspectos penales que incluye el proyecto.

Hubo acuerdo en torno a lo anterior. A la vez, se estimó pertinente tenerla en consideración cuando se pongan en discusión las enmiendas que el proyecto hace al Código Penal.

En una de las sesiones finales de las Comisiones Unidas, se acordó reemplazar su texto por otro que tiene por epígrafe “Concierto previo” y que dispone que el veedor que se concertare con el deudor, con algún acreedor o con un tercero para proporcionarle alguna ventaja indebida o para obtenerla para sí, será sancionado conforme a lo establecido en el párrafo 7 del Título IX del Libro Segundo del Código Penal.

- Esta modificación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear), Walker, don Patricio, y Zaldívar. Este acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.

Artículo 28

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 28.- Honorarios del Veedor. Los honorarios del Veedor serán convenidos entre éste, el deudor y los tres principales acreedores, y serán de cargo del deudor. Estos honorarios gozarán de la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil, sin perjuicio de lo establecido en el número 3 del artículo 118.”.

A su respecto, se presentó la indicación número 21 b, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar, a continuación del guarismo 118, la expresión “de esta ley”.

La señora Superintendenta expresó que la Comisión Técnica está de acuerdo con la indicación porque aclara la referencia.

- Puesta en votación la indicación número 21 b, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Larraín, don Carlos (por sí y por el Honorable Senador señor García); Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 29

No fue objeto de indicaciones ni de mayor discusión, sino solamente de enmiendas de redacción.

Artículo 30

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 30.- Estructura. La Nómina de Liquidadores es el registro público integrado por todas las personas naturales nombradas como tales por la Superintendencia, la que deberá mantenerla debidamente actualizada y a disposición del público a través de su página web.”.

La señora Superintendenta explicó que la Comisión Técnica considera que para ser consecuentes con la norma pertinente que regula la nómina de veedores que fue discutida anteriormente, cabe indicar que este registro público “estará integrado” por las personas a que la misma regla alude.

- Sometida a votación la proposición, en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Larraín, don Carlos (por sí y por el Honorable Senador señor García); Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 31

No fue objeto de indicaciones, sino que únicamente de ajustes formales.

Artículo 32

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 32.- Requisitos. Podrá ser Liquidador y solicitar su inclusión en la Nómina de Liquidadores, toda persona natural que cumpla con los siguientes requisitos:

1) Contar con un título profesional de contador auditor o de una profesión de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por universidades del Estado o reconocidas por éste, o por la Corte Suprema, en su caso;

2) Contar con, a lo menos, cinco años de ejercicio de la profesión que haga valer;

3) Aprobar un examen de conocimientos para Liquidadores, en los términos del artículo 14 anterior;

4) No estar afecto a alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 17, y

5) Otorgar, en tiempo y forma, la garantía señalada en el artículo 16.”.

El Honorable Senador señor Zaldívar connotó que la idea del precepto en estudio es que se incorporen a la nómina de liquidadores personas que cuenten con cierto nivel de pericia. Agregó que, sin embargo, del tenor del número 1) se desprende que, por ejemplo, un médico podría optar a dicho cargo, aunque no tenga ninguna de las competencias necesarias para ello.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, consultó si se ha considerado la posibilidad de dictar un curso para liquidadores.

La señora Superintendenta puso de manifiesto que la idea del proyecto en este sentido es ampliar el espectro posible de profesionales que puedan optar al cargo de liquidador o veedor, para poder abarcar al mayor tipo posible de empresas que puedan someterse a este procedimiento. A manera de ejemplo, señaló que una empresa periodística puede ser mejor administrada o liquidada por un veedor o un liquidador que tenga la calidad de periodista, porque conocerá mejor la industria de que se trata.

Observó que cualquiera sea la profesión del candidato a integrar las nóminas, igualmente deberán cumplir con el examen de conocimientos que los habilite para desempeñarse como tales, que abarca asuntos de derecho comercial y de materias específicas de liquidación y reorganización.

El Honorable Senador señor Zaldívar observó que parece ser más apropiado asegurar primero una cierta capacitación en ciencias administrativas o empresariales más que en el rubro específico de la empresa en reorganización o liquidación, porque lo primero es sacar a la unidad económica del mal pié en que se encuentra.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que la observación antes planteada podría salvarse si el examen que deba rendir el candidato a liquidador o veedor se repite de manera periódica.

La señora Superintendenta indicó que el veedor o el liquidador que no haya tomado a su cargo procesos por tres años deberá volver a rendir sus exámenes habilitantes.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, añadió que para zanjar definitivamente la inquietud planteada por el Honorable Senador señor Zaldívar, podría especificarse en el segundo numeral del artículo que los cinco años de experiencia requeridos tienen que estar referidos no sólo al ámbito profesional en el cual se desempeña el candidato, sino que, de manera más específica, a funciones relacionadas con la administración del rubro de empresas de que se trate o propias de un liquidador de activos.

La señora Superintendenta de Quiebras manifestó que el tipo de especialización a que anteriormente se ha hecho referencia puede tener más sentido respecto de los liquidadores, pero observó que para el caso de los veedores quizás resulte más importante un manejo acabado del negocio de que se trata, antes que de la parte administrativa.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, indicó que la redacción de la norma debería contemplar lo recién expuesto.

La discusión de este precepto quedó pendiente.

En una sesión posterior, la señora Superintendenta de Quiebras propuso mantener la redacción de la norma y, por ende, los requisitos que deben cumplir los liquidadores para ser incluidos en la nómina, en especial en relación a las profesiones que deben tener. Ello dijo, facilita la especialización de dichos liquidadores en procedimientos concernientes a empresas de rubros específicos y permite que sean los acreedores quienes en definitiva seleccionen al profesional más idóneo de acuerdo a sus intereses.

Recordó, asimismo, que el ingreso a la señalada nómina está restringido además por la aprobación de un examen de conocimientos específicos y la rendición de una garantía de fiel desempeño. Indicó que este último requisito es una exigencia que la legislación actual no contempla, por lo que, para lograr un equilibrio, se amplía el espectro de profesiones contempladas en la ley vigente, que sólo permite que opten a ser síndicos los contadores auditores, los abogados y los ingenieros, a toda otra profesión de a lo menos 10 semestres de duración, impartida por una universidad del Estado o reconocida por éste.

- La unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas concordó con esta proposición. Votaron en este sentido los Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear), Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 33

Esta disposición no fue objeto de indicaciones, sino solamente de ajustes de tipo formal.

Artículo 34

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 34. Causales de exclusión de la Nómina de Liquidadores. Además de las causales de exclusión señaladas en el artículo 18, será excluido de la Nómina de Liquidadores aquel que se negare a asumir un Procedimiento Concursal de Liquidación sin causa justificada.”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, hizo notar que la calificación de la situación que motiva la negativa a asumir un cargo de liquidador parece quedar, según la redacción propuesta, en manos de la Superintendencia.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, compartió lo recién señalado.

La señora Superintendenta coincidió con la apreciación señalada por Sus Señorías. Manifestó que en este aspecto se consideran justificadas las causales de inhabilidad para asumir un cargo determinado, las que están expresamente contempladas en el proyecto.

El Honorable Senador señor Zaldívar consultó quién desempeña el cargo en caso que un liquidador no lo asuma.

La señora Superintendenta explicó que para esa situación se considera, desde el inicio, la nominación de un liquidador titular y de otro suplente.

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que, en principio, parece un poco excesiva la sanción de expulsión, porque la calificación de la razón que se arguye para no asumir un cargo determinado queda en manos de la autoridad administrativa y porque no se considera que dadas las condiciones en que se presenta un proceso de liquidación, es posible que no exista un interés económico suficiente como para que el liquidador nombrado asuma su función. Por estas razones, sostuvo que en este caso sería mejor establecer que la expulsión procederá sólo cuando se trate de rechazos reiterados a asumir distintos nombramientos.

Añadió que debería establecerse en la redacción alguna enumeración, a título ejemplar, de las causas que podrían considerase como justificadas para no asumir un cargo más allá de las inhabilidades taxativamente señaladas en otros artículos del proyecto. Indicó que una consideración como la anterior, alejaría posibles manejos arbitrarios departe de la autoridad en esta materia.

La señora Superintendenta de Quiebras recordó que los liquidadores son entes privados que ejercen funciones públicas. Notó que casi un tercio de los procedimientos concursales que se siguen en la actualidad no tienen bienes, pero que igual deben concluirse. Expresó que si se permite que los liquidadores no asuman esas quiebras, los respectivos procedimientos quedarán pendientes a perpetuidad, lo que no es conveniente para el interés público y perjudica al fallido, que nunca será rehabilitado.

El Honorable Senador señor Zaldívar aceptó la explicación antes señalada.

En definitiva, en una de las sesiones finales de las Comisiones Unidas, se acordó agregar un inciso final, complementario, que señala: “Para estos efectos, se entenderán como causas justificadas las señaladas en esta ley”.

- Este acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear),Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 35

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 35.- Responsabilidad. La responsabilidad civil de los Liquidadores alcanzará a la culpa levísima y se perseguirá en juicio sumario una vez presentada la Cuenta Final de Administración, conforme lo dispuesto en los artículos 50 y siguientes de esta Ley, y sin perjuicio de la responsabilidad legal en que pudiere incurrir.”.

A su respecto, se presentó la indicación Nº 21 c, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para añadir a continuación de la palabra “perseguirá”, la expresión “cuando corresponda”, antecedida y seguida por una coma (,).

La señora Superintendenta explicó que esta norma es similar a otra que regula la misma situación para los veedores y que la opinión de la Comisión Técnica es favorable a la indicación, pues ella introduce una precisión adecuada. Observó que esa instancia también prefiere usar el giro “podrá perseguirse” en vez de “perseguirá”, porque la responsabilidad que puede corresponder es eventual.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, observó que la determinación que se hace respecto de la responsabilidad que cabe al liquidador parece ser una aplicación de la regla general sobre el mandato remunerado.

La señora Superintendenta expresó que eso es correcto y, además, es coherente con lo que al respecto prescribe el actual Libro IV del Código de Comercio.

- Sometida a votación la indicación número 21 c, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Larraín, don Carlos (por sí y por el Honorable Senador señor García); Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 36

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 36.- Deberes del Liquidador. El Liquidador representa judicial y extrajudicialmente los intereses generales de los acreedores y los derechos del deudor en cuanto puedan interesar a la masa, sin perjuicio de las facultades de aquéllos y de éste determinadas por esta Ley.

En el ejercicio de sus funciones, el Liquidador deberá especialmente, con arreglo a la Ley:

1) Incautar e inventariar los bienes del deudor;

2) Liquidar los bienes del deudor;

3) Efectuar los repartos de fondos a los acreedores en la forma dispuesta en el Párrafo 3 del Título 5 del Capítulo IV de esta Ley;

4) Cobrar los créditos del activo del deudor;

5) Contratar préstamos para solventar los gastos del procedimiento Concursal de Liquidación;

6) Exigir rendición de cuentas de cualquiera que haya administrado bienes del deudor;

7) Reclamar del deudor la entrega de la información necesaria para el desempeño de su cargo;

8) Registrar sus actuaciones y publicar las resoluciones que se dicten en un Procedimiento Concursal de Liquidación en el Boletín Concursal;

9) Depositar a interés en una institución financiera, los fondos que perciba, en cuenta separada para cada Procedimiento Concursal de Liquidación y a nombre de éste, y abrir una cuenta corriente con los fondos para solventarlo;

10) Ejecutar los acuerdos legalmente adoptados por la Junta de Acreedores dentro del ámbito de su competencia;

11) Cerrar los libros de comercio del deudor, siendo responsable por ello frente a terceros desde la dictación de la Resolución que ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, y

12) Ejercer las demás facultades y cumplir las demás obligaciones que le encomienda esta Ley.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones números 22, 23 y 24. La primera de Su Excelencia el señor Presidente de la República, reemplaza, en el número 11) del texto, la expresión “, y”, por un punto y coma (;). La segunda, también del Primer Mandatario, sustituye, en el número 12), el punto final (.), por la expresión “y”, antecedida de un punto y coma (;).

Finalmente, la tercera, también del Primer Mandatario, consulta un numeral 13), nuevo, del siguiente tenor:

“13) Transigir con el acuerdo de la Junta de Acreedores, y respecto de los créditos laborales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 245.”.

La señora Superintendenta expresó que las indicaciones números 22 y 23 son más bien formales y que la nueva proposición del Ejecutivo está contenida en la indicación número 24.

Indicó que el objetivo de la indicación es dejar en claro que el liquidador tiene la facultad de transigir, pues hoy se observa que habitualmente se procede de esta forma.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, expresó su acuerdo con la proposición, pero manifestó que el numeral que se añade debería quedar como nuevo número 12), pasando el actual a ser 13), pues comúnmente en las enumeraciones legales los elementos de ese tenor quedan al final.

- Sometidas a votación las indicaciones números 22, 23 y 24, fueron aprobadas, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Larraín, don Carlos (por sí y por el Honorable Senador señor García); Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 37

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 37.- Nominación del Liquidador. Presentada una solicitud de inicio de Procedimiento Concursal de Liquidación ante el tribunal competente, la Superintendencia nominará al Liquidador conforme al procedimiento establecido en el presente artículo, salvo en el caso previsto en el número 3 del artículo 120.

Tratándose de una solicitud de Liquidación Voluntaria, el deudor acompañará a la Superintendencia copia con cargo del tribunal competente de la respectiva solicitud y copia de la nómina de acreedores y sus créditos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de esta Ley.

Tratándose de una solicitud de Liquidación Forzosa, el acreedor peticionario acompañará a la Superintendencia copia con cargo de la respectiva solicitud y copia de la nómina de acreedores y sus créditos, que hubiere acompañado el deudor, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de esta Ley.

Una vez acompañada a la Superintendencia los antecedentes señalados, ésta notificará a los tres mayores acreedores del deudor según la información entregada, dentro del día hábil siguiente y por el medio más expedito, el que podrá ser correo electrónico, notificación que será certificada por un Ministro de Fe de la Superintendencia para todos los efectos legales.

Dentro del día siguiente hábil a la referida notificación, cada acreedor propondrá por escrito o por correo electrónico a un Liquidador titular y un Liquidador suplente vigente en la Nómina de Liquidadores.

Dentro del día siguiente hábil al señalado en el inciso anterior, la Superintendencia nominará como Liquidador titular al que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de titular por los acreedores, y como suplente a aquel que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de suplente. Si sólo respondiere un acreedor, se estará a su propuesta. Si respondieren todos o dos de ellos y la propuesta recayere en personas diversas, se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea superior. En caso que no se reciban propuestas, la nominación tendrá lugar mediante sorteo ante la Superintendencia, en el que participarán todos aquellos vigentes en la Nómina de Liquidadores a esa fecha.

Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

El Liquidador titular y suplente nominados serán inmediatamente notificados por la Superintendencia por el medio más expedito, el que podrá ser correo electrónico.

El Liquidador titular nominado deberá manifestar, ante la Superintendencia, a más tardar al día siguiente hábil, si acepta el cargo y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente.

Aceptado el cargo, la Superintendencia emitirá el Certificado de Nominación del Liquidador, el cual será remitido directamente al tribunal competente, dentro del día siguiente hábil a su emisión, para que éste designe a un Liquidador en carácter de provisional en la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

El Liquidador podrá excusarse ante la Superintendencia de aceptar una nominación, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus justificaciones, al día siguiente hábil de su notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el Liquidador y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada, el Liquidador deberá asumir como tal en el Procedimiento Concursal de Liquidación, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva la excusa y se emita el correspondiente certificado. Si la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará a un nuevo Liquidador mediante sorteo.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones números 24 a, 24 b, 24 c, 25, 26, 27 y 28.

La indicación número 24 a es del Honorable Senador señor Tuma y propone sustituir el artículo aprobado en general por el siguiente:

“ARTÍCULO 37.- Nominación del liquidador. Presentada una solicitud de inicio de procedimiento concursal de liquidación ante el tribunal competente, éste nominará al Liquidador conforme al procedimiento establecido en el presente artículo, salvo en el caso previsto en el número 3 del artículo 120.

Tratándose de una solicitud de liquidación voluntaria, el deudor acompañará al tribunal competente la nómina de acreedores y sus créditos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de esta ley.

Tratándose de una solicitud de liquidación forzosa, el acreedor peticionario acompañará al tribunal en la audiencia respectiva la nómina de acreedores y sus créditos, que hubiere acompañado el deudor, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de esta ley.

Una vez acompañados al tribunal competente los antecedentes señalados, éste ordenará la notificación por cédula a los tres mayores acreedores del deudor según la información entregada, dentro del día hábil siguiente y por medio del receptor de turno, con el objeto de citarlo a una audiencia a realizarse dentro de tercero día de efectuada la última notificación. La audiencia se llevará a efecto con el o los acreedores que asistan y en ella se nominará a los liquidadores. Si asistiere un acreedor, la elección se efectuará por mayoría del total de pasivo con derecho a voto conforme al importe que aparezca en el estado de deudas. Cada acreedor citado podrá, sin concurrir y antes de la audiencia, proponer por escrito un liquidador titular y uno suplente de la nómina vigente de liquidadores.

En la audiencia señalada en el inciso anterior, el tribunal nominará como liquidador titular al que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de liquidador titular por los acreedores, y como suplente a aquel que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de suplente. Si sólo respondiere un acreedor, se estará a su propuesta. Si respondieren todos o dos de ellos y la propuesta recayere en personas diversas, se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea superior. En caso que no se reciban propuestas, la nominación tendrá lugar mediante sorteo ante la Superintendencia, en el que participarán todos aquellos vigentes en la nómina de liquidadores a esa fecha, dentro del día hábil siguiente al de la audiencia y a petición de la solicitante del proceso de liquidación.

Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

El liquidador titular y el suplente nominados serán inmediatamente notificados por el medio más expedito, el que podrá ser correo electrónico.

El liquidador podrá excusarse de aceptar una nominación ante el tribunal, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus justificaciones al día hábil siguiente de su notificación. El tribunal resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el liquidador y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada, el liquidador deberá asumir como tal en el Procedimiento Concursal de Liquidación, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva la excusa y se emita el correspondiente certificado. Si la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará a un nuevo liquidador mediante sorteo.”.

La indicación Nº 24 b es de la Honorable Senadora señora Alvear y reemplaza el texto aprobado en general por lo siguiente:

“Artículo 37.- Nominación del Liquidador. Presentada una solicitud de inicio de Procedimiento Concursal de Liquidación ante el tribunal competente, la Superintendencia nominará mediante sorteo transparente y público a un Liquidador Titular y a uno Suplente, en el que participarán todos aquellos vigentes en la Nómina de Liquidadores a esa fecha.

Tratándose de una solicitud de Liquidación Voluntaria, el deudor acompañará a la Superintendencia copia con cargo del tribunal competente de la respectiva solicitud. Tratándose de una solicitud de Liquidación Forzosa, el acreedor peticionario acompañará a la Superintendencia copia con cargo de la respectiva solicitud. Los sorteos que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de una norma de carácter general.

El Liquidador titular y suplente nominados serán inmediatamente notificados por la Superintendencia por el medio más expedito, el que podrá ser correo electrónico.

El Liquidador titular nominado deberá manifestar, ante la Superintendencia, a más tardar al día siguiente hábil, si acepta el cargo y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente.

Aceptado el cargo, la Superintendencia emitirá el Certificado de Nominación del Liquidador, el cual será remitido directamente al tribunal competente, dentro del siguiente día hábil a su emisión, para que éste designe a un Liquidador en carácter de provisional en la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación.

El Liquidador podrá excusarse ante la Superintendencia de aceptar una nominación, debiendo expresar fundadamente y por escrito sus justificaciones, al día siguiente hábil de su notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los dos días hábiles siguientes con los antecedentes aportados por el Liquidador y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada, el Liquidador deberá asumir como tal en el procedimiento concursal de liquidación, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva la excusa y se emita el correspondiente certificado. Si la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará a un nuevo Liquidador mediante el mismo procedimiento.”.

La indicación número 24 c es de los Honorable Senador señor Espina y Novoa y tiene por finalidad agregar, en el inciso tercero del texto aprobado en general, a continuación de la expresión “con cargo”, la frase “del tribunal competente o de la Corte de Apelaciones correspondiente”.

Las indicaciones números 25 y 26 son de Su Excelencia el Presidente de la República y de los Honorables Senadores señores Espina y García, respectivamente, y proponen intercalar, en el inciso cuarto del texto aprobado en general, a continuación de la palabra “deudor”, la frase “con domicilio en Chile”.

La indicación número 27 es del Primer Mandatario, y propone remplazar, en el inciso quinto del texto aprobado en general, la frase “día siguiente hábil”, por “segundo día hábil siguiente”.

Finalmente, la indicación número 28 también es del señor Presidente de la República y consulta como inciso décimo, nuevo, el siguiente:

“Al aceptar el cargo deberá declarar sus relaciones con el deudor y los acreedores, si las tuviere, y que no tiene impedimento o inhabilidad alguna para desempeñar el cargo.”.

La señora Superintendenta de Quiebras manifestó que la unanimidad de los miembros de la Comisión Técnica considera acertadas las indicaciones números 24 c, 25, 26, 27 y 28.

Respecto de lo señalado en la indicación número 24 a, en la parte que considera que la nominación de los liquidadores sea efectuada por los tres principales acreedores en el tribunal que lleva el proceso, esa instancia observó que ello generará demoras en el procedimiento e impedirá que se desarrolle en los seis días que actualmente se consideran para ello. Se sostuvo también que la legislación actual no considera plazos claros para este tipo de procedimientos y que los pocos que se contemplan no se cumplen.

En consonancia con lo anterior, el Comisionado señor Nelson Contador mencionó que en la experiencia práctica actual, el proceso inicial de nominación consume, en el mejor de los casos, 17 días hábiles.

A su vez, la señora Superintendenta señaló que la Comisión Técnica tuvo en vista que la primera etapa del procedimiento de liquidación debe ser lo más expedita posible, porque en ella se efectúan gestiones cruciales para el éxito final del proceso, como la incautación de documentación y bienes, la confección del inventario y otras.

Sobre el particular, el Comisionado señor Gonzalo Torre dijo comprender el juicio anteriormente planteado, sin perjuicio de mantener su postura.

Por su parte, el Comisionado señor Eduardo Barros expresó que aunque acepta que la designación sea hecha en sede administrativa, prefiere que se incorpore un sistema de notificaciones que incremente la certeza jurídica y que considere de manera preferente el voto de los tres principales acreedores.

Finalmente, la señora Superintendenta señaló que las modificaciones antes planteadas replican el esquema antes acordado para el artículo 22.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso aprobar las indicaciones presentadas con modificaciones, de manera de acoger las sugerencias de la Comisión Técnica.

- Sometidas a votación las indicaciones números 24 a, 24 b, 24 c, 25, 26, 27 y 28, fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Larraín, don Carlos (por sí y por el Honorable Senador señor García), y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 38

No fue objeto de indicaciones, aun cuando tuvo ajustes formales de redacción.

Artículo 39

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 39.- Honorarios del Liquidador. Los honorarios a percibir por los Liquidadores en los Procedimientos Concursales de Liquidación a su cargo, se sujetarán a las disposiciones siguientes:

1) Se determinarán de conformidad a la tabla progresiva por tramos prevista en el artículo siguiente.

2) Tendrán la naturaleza de remuneración única y de gasto de administración del Procedimiento Concursal de Liquidación para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

3) Comprenderán todos los gastos correspondientes al ejercicio de su cargo como Liquidador así como los honorarios de todos sus asesores, sean jurídicos, técnicos, administrativos o de cualquier otra índole que hubieren sido contratados para el desarrollo de su actividad.

4) No incluirán aquellos honorarios que se devenguen en caso de la continuación de actividades económicas del deudor en los términos de los artículos 231 y 232 de esta Ley.

5) Sólo podrán pagarse honorarios adicionales si los acreedores lo acuerdan en Junta de Acreedores. El pago de este aumento será de cargo exclusivo de aquellos acreedores que lo hubieren votado expresamente.

6) Los honorarios se pagarán únicamente en los repartos efectivos que tuvieren lugar, debiéndose deducir en forma previa a la ejecución del reparto.

7) El Liquidador deberá retener en instrumentos de renta fija, a nombre del deudor en liquidación, el 10% del honorario que le correspondería percibir en cada reparto. Estos honorarios sólo podrán ingresar al patrimonio del Liquidador una vez ejecutoriada la resolución que tuvo por aprobada su Cuenta Final de Administración, conforme lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes.

8) Podrán acordarse en Junta de Acreedores, con Quórum Simple, anticipos de honorarios al Liquidador, los que no podrán exceder del 10% de los ingresos en dinero efectivo que haya producido el Procedimiento Concursal de Liquidación al momento del anticipo.

9) Si el Liquidador cesa anticipadamente en el cargo conforme al artículo 38, sus honorarios y los del que lo reemplace serán acordados entre el Liquidador respectivo y la Junta de Acreedores. Faltando dicho acuerdo, resolverá el tribunal competente sin ulterior recurso.

10) Si el domicilio del deudor fuere distinto al del Liquidador, los gastos de traslado y otros necesarios para el Procedimiento Concursal de Liquidación se considerarán gastos de administración y deberán ser previamente aprobados por la Junta Constitutiva de Acreedores o, en subsidio, por el tribunal competente.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones números 29 y 30, ambas del Primer Mandatario. La primera reemplaza, en el número 7 del texto aprobado en general, la frase “una vez ejecutoriada la resolución que tuvo por aprobada su Cuenta Final de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes”, por el siguiente texto: “debidamente actualizados y con los intereses corrientes que correspondan, una vez presentada la Cuenta Final de Administración, conforme lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes. Si la señalada cuenta es rechazada por sentencia firme, estos fondos serán restituidos a la masa para luego ser abonados como remuneración para el nuevo Liquidador designado”, seguida de un punto (.).

La segunda indicación incide en el número 10 del artículo y tiene por finalidad sustituir la frase “previamente aprobados por la Junta Constitutiva”, por “ratificados por la Junta”.

La señora Superintendenta expresó que la Comisión Técnica estima pertinentes las indicaciones presentadas. Añadió que la idea del artículo es incentivar que los síndicos presenten su cuenta definitiva en el período más breve posible, ya que en la actualidad se detecta que una parte importante de los procesos concursales se alargan porque el síndico a cargo no presente dicha cuenta.

Observó que la disposición también considera que los gastos necesarios para llevar a cabo el procedimiento deberán ser ratificados por la Junta y no previamente aprobados por ella, lo que reconoce la situación práctica que muchas veces se advierte en estos aspectos.

A su vez, el Honorable Senador señor Tuma notó que la disposición permite que se pacten aumento de los honorarios para los liquidadores, pero dichos aumentos serán de cargo incluso de los acreedores que hubieren votado en contra esa proposición.

La señora Superintendenta explicó que eso no es así, pues el tenor del numeral 5) establece que ese acuerdo será financiado únicamente por los acreedores que hayan concurrido con su voto favorable al mismo.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, expresó que esa regla restringe el principio de la mayoría, porque permite que un acuerdo obtenido no sea oponible a la minoría que se opuso a él.

Por su parte, el Comisionado señor Torre recordó que la disposición siguiente establece un sistema bien afinado de pago de honorarios por tramos.

A su vez, la señora Superintendenta explicó que acá se quiere que cualquier aumento extraordinario de los honorarios del liquidador deba ser objeto de una discusión pública en una sesión de junta de acreedores, pues de lo contrario se abre la posibilidad para que de forma privada algunos acreedores entreguen emolumentos extra al liquidador, lo que obviamente genera conflicto de intereses.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, indicó que esa consideración valida el mecanismo propuesto, y optó por apoyarlo.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, observó que el Nº 6) de la disposición aprobada en general utiliza la expresión “repartos efectivos”. Al respecto, consultó qué sentido tiene agregar, en este caso, el adjetivo “efectivos” y si no sería preferible emplear, en su reemplazo, las expresiones “con ocasión de los repartos” o “en la oportunidad en que ellos se efectúen”.

La Jefa de la División Jurídica de la Superintendencia de Quiebras, señora Anguita, explicó que cuando los síndicos hacen repartos a los acreedores y se trata de créditos verificados provisionalmente, es necesario hacer reservas. Indicó que esto sucede, por ejemplo, cuando hay un litigio laboral pendiente en contra de la masa, por lo que el reparto “efectivo” corresponde a aquel establecido menos la reserva efectuada.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, expresó que, en ese caso, es mejor hablar de “repartos efectivamente realizados”. Agregó que el número 7) de la disposición usa la expresión “...del honorario que le correspondería…”. Al respecto, connotó que es necesario especificar que se trata de los honorarios del liquidador.

A la vez, observó que el número 10) del artículo se refiere a los gastos de traslado, pero sin considerar algún margen para su determinación.

La señora Superintendenta expresó que el liquidador hace una estimación sobre el punto e informa de ello en la Junta constitutiva de acreedores.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso acoger las modificaciones propuestas.

Con este propósito, en una sesión posterior la señora Superintendenta presentó propuestas relativas a al artículos 39. La redacción propuesta es la siguiente:

“Artículo 39.- Honorarios del Liquidador. Los honorarios a percibir por los Liquidadores en los Procedimientos Concursales de Liquidación a su cargo, se sujetarán a las disposiciones siguientes:

1) Se determinarán de conformidad a la tabla progresiva por tramos prevista en el artículo siguiente.

2) Tendrán la naturaleza de remuneración única y de gasto de administración del Procedimiento Concursal de Liquidación para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

Serán de cargo del Liquidador todos los gastos correspondientes al ejercicio de su cargo, así como los honorarios de todos sus asesores jurídicos, técnicos, administrativos o de cualquier otra índole que hubiere contratado para el desarrollo de su actividad.

Si el domicilio del Deudor fuere distinto al del Liquidador, los gastos de traslado y otros necesarios para el Procedimiento Concursal de Liquidación se considerarán gastos de administración y deberán ser ratificados por la Junta o, en subsidio, por el tribunal competente.

3) No se incluirán aquellos honorarios que se devenguen en caso de la continuación de actividades económicas del Deudor en los términos de los artículos 233 y 234 de esta ley.

4) Sólo podrán pagarse honorarios adicionales si los acreedores lo acuerdan en Junta de Acreedores. El pago de este aumento será de cargo exclusivo de aquellos acreedores que lo hubieren votado favorablemente.

5) Los honorarios se calcularán considerando los montos reservados de conformidad a dispuesto en los números 2 y 3 del artículo 248, pero sólo se pagarán los correspondientes a los fondos efectivamente repartidos de acuerdo a la tabla progresiva por tramos prevista en el artículo siguiente.

6) El Liquidador deberá retener en instrumentos de renta fija, a nombre del Deudor sujeto a un Procedimiento Concursal de Liquidación, el 10% del honorario que le correspondería percibir en cada reparto. Estos honorarios sólo podrán ingresar al patrimonio del Liquidador una vez presentada la Cuenta Final de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 y siguientes. Si la señalada cuenta es rechazada por sentencia firme, estos fondos serán restituidos a la masa, debiendo ser destinados para el pago de los honorarios del nuevo Liquidador designado.

7) Podrán acordarse en Junta de Acreedores, con Quórum Simple, anticipos de honorarios al Liquidador, los que no podrán exceder del 10% de los ingresos en dinero efectivo que haya producido el Procedimiento Concursal de Liquidación al momento del anticipo.

8) Si el Liquidador cesa anticipadamente en el cargo conforme al artículo 38, sus honorarios y los del que lo reemplace serán acordados entre el Liquidador respectivo y la Junta de Acreedores. Faltando dicho acuerdo, resolverá el tribunal competente sin ulterior recurso.”.

Finalmente, la señora Superintendenta de Quiebras propuso agregar un numeral 9), nuevo, a este precepto, que disponga que los liquidadores no podrán recibir otro honorario o pago distinto al señalado en este artículo.

- Sometidas a votación las indicaciones 29 y 30 con el texto alternativo ya trascrito, fueron aprobadas con modificaciones con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear),Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 40

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 40.- Tabla de Honorarios. Los honorarios que a continuación se indican, deberán pagarse al Liquidador en su equivalente en pesos a la fecha del reparto correspondiente:

1) Sobre la parte que exceda de 0 y no sobrepase de 2.000 Unidades de Fomento, 20%.

2) Sobre la parte que exceda de 2.000 y no sobrepase las 4.000 Unidades de Fomento, 15%.

3) Sobre la parte que exceda de 4.000 y no sobrepase las 8.000 Unidades de Fomento, 11%.

4) Sobre la parte que exceda de 8.000 y no sobrepase las 16.000 Unidades de Fomento, 8%.

5) Sobre la parte que exceda de 16.000 y no sobrepase las 32.000 Unidades de Fomento, 6%.

6) Sobre la parte que exceda de 32.000 y no sobrepase las 64.000 Unidades de Fomento, 4%.

7) Sobre la parte que exceda de 64.000 y no sobrepase las 130.000 Unidades de Fomento, 3%.

8) Sobre la parte que exceda de 130.000 y no sobrepase las 260.000 Unidades de Fomento, 2,25%.

9) Sobre la parte que exceda de 260.000 y no sobrepase las 520.000 Unidades de Fomento, 1,75%.

10) Sobre la parte que exceda de 520.000 y no sobrepase las 1.000.000 Unidades de Fomento, 1,5%.

11) Sobre la parte que exceda de 1.000.000 Unidades de Fomento, 1%.

El primer tramo se calculará sobre los ingresos del Procedimiento Concursal de Liquidación cuando no hubiere repartos, o si habiendo repartos, correspondiere al Liquidador un honorario inferior a 30 Unidades de Fomento, y en este caso el honorario no podrá exceder de esa cantidad.

Si luego de practicada la diligencia de incautación y confección de inventario a que se refiere el artículo 163, se constatare por el Liquidador que el deudor carece de bienes, o que éstos son insuficientes para el pago de los honorarios que pudieren corresponderle, éste sólo tendrá derecho a una remuneración de 30 Unidades de Fomento, que serán pagadas por la Superintendencia con cargo a su presupuesto.”.

El Honorable Senador señor Zaldívar consultó sobre la procedencia de esta tabla.

La señora Superintendenta de Quiebras explicó que ella coincide con el actual artículo 33 del Libro IV del Código de Comercio, disposición fue introducida en el año 2005. Explicó que, antes, la Junta de acreedores aprobaba por mayoría simple la propuesta de honorarios que presentaba el síndico, regla que generaba algunos inconvenientes.

El asesor de la Superintendencia de Quiebras, señor Cristián Palacios, expuso que antes de la modificación del año 2005, los síndicos no sólo proponían a la Junta de Acreedores una suma total de honorarios, sino también fórmulas de cálculo para imputarlos a los distintos repartos. Expresó que esta operación debía ser hecha para cada proceso concursal, lo que complicaba más las cosas.

Señaló que la tabla que se presenta fue fruto de un trabajo acucioso hecho en su oportunidad por la Superintendencia, que consideró los principales gastos en que tiene que incurrir un síndico teniendo en vista la entidad de la masa que administra y también la cantidad de trabajo objetivo que implica hacerse cargo de un proceso concursal aunque éste no tenga bienes.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, consultó si el mecanismo de honorarios que se contempla en la disposición en comento no induce a hacer muchos repartos pequeños para beneficiarse de la escala inversa que establece.

El señor Palacios explicó que todo el sistema está construido sobre la base de repartos efectivos.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, solicitó a la señora Superintendenta una redacción alternativa para el artículo 40, que se haga cargo de las observaciones planteadas.

En la sesión siguiente, la señora Superintendenta presentó nuevas propuestas relativa al artículo 40. Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 40.- Tabla de Honorarios. Los honorarios que a continuación se indican, deberán pagarse al Liquidador en su equivalente en pesos a la fecha del reparto correspondiente:

1) Sobre la parte que exceda de 0 y no sobrepase de 2.000 Unidades de Fomento, 20%.

2) Sobre la parte que exceda de 2.000 y no sobrepase las 4.000 Unidades de Fomento, 15%.

3) Sobre la parte que exceda de 4.000 y no sobrepase las 8.000 Unidades de Fomento, 11%.

4) Sobre la parte que exceda de 8.000 y no sobrepase las 16.000 Unidades de Fomento, 8%.

5) Sobre la parte que exceda de 16.000 y no sobrepase las 32.000 Unidades de Fomento, 6%.

6) Sobre la parte que exceda de 32.000 y no sobrepase las 64.000 Unidades de Fomento, 4%.

7) Sobre la parte que exceda de 64.000 y no sobrepase las 130.000 Unidades de Fomento, 3%.

8) Sobre la parte que exceda de 130.000 y no sobrepase las 260.000 Unidades de Fomento, 2,25%.

9) Sobre la parte que exceda de 260.000 y no sobrepase las 520.000 Unidades de Fomento, 1,75%.

10) Sobre la parte que exceda de 520.000 y no sobrepase las 1.000.000 Unidades de Fomento, 1,5%.

11) Sobre la parte que exceda de 1.000.000 Unidades de Fomento, 1%.

El primer tramo se calculará sobre los ingresos del Procedimiento Concursal de Liquidación cuando no hubiere repartos, o si habiendo repartos, correspondiere al Liquidador un honorario inferior a 30 Unidades de Fomento, y en este caso el honorario no podrá exceder de esa cantidad.

Si luego de practicada la diligencia de incautación y confección de inventario a que se refiere el artículo 163, se constatare por el Liquidador que el deudor carece de bienes, o que éstos son insuficientes para el pago de los honorarios que pudieren corresponderle, éste sólo tendrá derecho a una remuneración de 30 Unidades de Fomento, que serán pagadas por la Superintendencia con cargo a su presupuesto.”.

La señora Superintendenta explicó que los montos que presenta esta norma están igual a lo que hoy día existe en el Libro IV del Código de Comercio.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas hizo presente que lo que se quería era aclarar que se trata de una escala progresiva, lo que se advierte en la redacción nueva. Explicó que hubo cambios en el inciso primero, de acuerdo a la referida solicitud y también en el inciso que ahora queda como antepenúltimo.

Con todo, el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, notó que la redacción sigue teniendo el problema de no aclarar, fuera de toda duda, que el pago de honorarios al liquidador se calcula sobre el total de los repartos efectivos en un proceso, y no sobre cada uno de los repartos.

Para solucionar esa dificultad, la señora Superintendenta propuso añadir un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“Para la determinación del honorario que corresponda al Liquidador en cada reparto, se deberá calcular previamente la cantidad que le corresponda por honorarios y luego aplicar la tabla precedente en la forma progresiva descrita, a partir del respectivo tramo. En consecuencia, para la aplicación de la tabla y determinación del porcentaje del honorario que le corresponde en cada reparto, deberá considerarse el monto total distribuido en repartos anteriores.”.

Los miembros de las Comisiones Unidas consideraron que las modificaciones propuestas por la Superintendencia satisfacen las inquietudes planteadas, y las acogieron.

- El acuerdo anterior se alcanzó por el mérito de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 Reglamento del Senado, y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina); Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma; y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar).

Artículo 41

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 41.- Contrataciones especializadas. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior y previo acuerdo adoptado en Junta de Acreedores con Quórum Calificado, el Liquidador podrá contratar, con cargo a los gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación, personas naturales o jurídicas para que efectúen actividades especializadas debidamente calificadas como tales por la Junta de Acreedores.

Las actividades especializadas deberán referirse directamente al cuidado y mantención del activo del deudor, a la recuperación y realización del mismo y a su entrega material. La contratación se hará previo informe del Liquidador, el cual contendrá los fundamentos de la misma, el grado y alcance de la actividad y la forma en que se beneficiarán los acreedores o se evitarán perjuicios al activo incautado.

El Liquidador, o sus Personas Relacionadas, no podrán tener participación alguna en los actos o contratos que se ejecuten o celebren en conformidad a este artículo, salvo en cuanto a sus actividades como Liquidador en el Procedimiento Concursal de Liquidación y tampoco podrán participar como socios, accionistas, trabajadores o asesores de las personas jurídicas que sean contratadas para las actividades o informes indicados. La transgresión a esta prohibición constituirá causa gravísima para efectos del número 8 del artículo 18.”.

Se presentó la indicación número 31, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, para reemplazar en el inciso primero la palabra “Calificado” por “Especial”.

La señora Superintendenta explicó que esta enmienda obedece a un cambio de tipo general que se acordó introducir al proyecto en materia de quórum, en virtud del cual el quórum especial serían 2/3 del pasivo total con derecho a voto verificado, en tanto que el quórum calificado corresponde al 50% más 1. Hizo notar, sin embargo, que la Jefa del Departamento Jurídico informa que efectivamente, en este caso, corresponde al calificado nuevo, eso es mayoría.

En consecuencia, la indicación quedó desechada.

Enseguida, se analizó la segunda indicación presentada, signada como número 32, también del Primer Mandatario, para consultar como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

“Con todo, podrán realizar dichas contrataciones aún antes de la Junta Constitutiva, siempre y cuando sea estrictamente necesario, previa autorización del tribunal.”.

La señora Superintendenta informó que la Comisión Técnica concordó con esta indicación del Ejecutivo, sobre la base de que la idea es poder agilizar estos acuerdos, porque en un principio solamente podían acordarse tales contrataciones especializadas en una junta de acreedores extraordinaria. Con la indicación, se podrán realizar dichas contrataciones aún antes de la junta constitutiva, cuando sea estrictamente necesario, previa autorización del tribunal.

- Esta indicación fue aprobada con enmiendas, con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar). Con la misma votación fue rechazada la indicación número 31.

Título 3. De las disposiciones comunes al Veedor y Liquidador

Artículo 42

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 42.- Regla general. Podrá una misma persona natural estar inscrita en la Nómina de Veedores y en la Nómina de Liquidadores.”.

A esta norma se presentó la indicación número 32 a, de la Honorable Senadora señora Alvear, para intercalar antes de la palabra “Podrá” la expresión “No”.

La señora Superintendenta informó que la Comisión Técnica dice considera adecuada la indicación propuesta a este artículo y recomienda, a efectos de procurar una debida implementación de este proyecto de ley y de evitar que alguna de las nóminas quede sin integrantes, se regule mediante una norma transitoria que por un período determinado pueda una misma persona acceder a ambas nóminas simultáneamente. El señor Torre hizo presente que lo consultaría con la Honorable Senadora Alvear.

Por las razones anteriores, se propone incorporar el siguiente artículo 10 transitorio:

“Artículo 10 transitorio.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de esta Ley, Liquidadores y Veedores podrán estar inscritos tanto en la Nómina de Veedores, como en la Nómina de Liquidadores de forma simultánea, por un período de 5 años contados desde la publicación de esta Ley.

Durante el período señalado, la garantía de fiel desempeño que deba rendir el Veedor conforme a lo dispuesto en el artículo 16, será distinta a la que deba rendir como Liquidador si solicita su inscripción en la Nómina de Liquidadores, y viceversa.

La responsabilidad legal del Veedor se podrá perseguir respecto de la garantía de fiel desempeño que haya rendido en su calidad de tal, y no respecto de la garantía de fiel desempeño que hubiera rendido en su calidad de Liquidador. Lo mismo será aplicable al Liquidador.”.

Se informó que la Honorable Senadora señora Alvear estuvo de acuerdo con una norma transitoria como la que se ha presentado. Igualmente, se hizo presente que esta norma atiende al propósito de fortalecer la especialización tanto de liquidadores como de veedores y de avanzar en la separación de sus funciones.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas expresó que habría acuerdo con el lapso de cinco años que se propone.

La señora Superintendenta informó que ese plazo fuye propuesto por el Ministro señor Longueira. En cuanto a la duración del mismo, opinó que es adecuada porque finalmente lo que se quiere asegurar es que el procedimiento sea eficiente, o sea, que las nóminas estén formadas por la mayor cantidad de veedores y liquidadores posibles. En cinco años, dijo, estarán definidos los perfiles y se va a saber quién va a querer ser veedor y quién va a querer ser liquidador, de acuerdo a la experiencia. Señaló que durante ese plazo, estas personas desempeñarán un doble cargo, darán los exámenes pertinentes y rendirán la garantía que en cada caso corresponda.

- En definitiva, se aprobó con enmiendas la indicación número 32 a), con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar).

Posteriormente, con fecha 12 de marzo de 2013, Su Excelencia el señor Presidente de la República presentó la indicación número 25, que contempla una disposición décima transitoria que regula la posibilidad de inscribirse a la vez en las Nóminas de Veedores y Liquidadores durante los primeros cinco años desde la publicación de esta ley.

De dicha norma y de la correspondiente votación se dará cuenta al revisarse las disposiciones transitorias del proyecto.

Artículo 43

No fue objeto de indicaciones ni de mayor debate.

Artículo 44

Su texto aprobado en general es el siguiente:

“ARTÍCULO 44.- De la garantía de fiel desempeño. La garantía de fiel desempeño que deba rendir el Veedor conforme a lo dispuesto en el artículo 16, será distinta a la que deba rendir como Liquidador si solicita su inscripción en la Nómina de Liquidadores, y viceversa.

La responsabilidad legal del Veedor se podrá perseguir respecto de la garantía de fiel desempeño que haya rendido en su calidad de tal, y no respecto de la garantía de fiel desempeño que hubiera rendido en su calidad de Liquidador. Lo mismo será aplicable al Liquidador.”.

Respecto a esta norma se presentó la indicación número 32 b, de la Honorable Senadora señora Alvear, para suprimirla.

La señora Superintendenta señaló que la sugerencia de la Comisión Técnica es acoger la indicación pero manteniendo la disposición décima transitoria.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas expresó que esa recomendación era atendible.

- Por tal razón, la indicación número 32 b fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar).

Artículo 45

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 45.- Prohibiciones relativas del Veedor o Liquidador. Sin perjuicio de las demás prohibiciones establecidas en esta Ley, los Veedores y Liquidadores no podrán intervenir en Procesos Concursales de Reorganización o Liquidación que no estuvieren o no hayan estado a su cargo, salvo las actuaciones que le correspondan como acreedor con anterioridad al Procedimiento Concursal respectivo, de representante legal en conformidad al artículo 43 del Código Civil, y de lo previsto en el artículo 26. La contravención a la presente prohibición constituye una infracción gravísima para los efectos del número 8 del artículo 18.

Asimismo los Veedores y Liquidadores no podrán contratar por si, a través de terceros o de una persona jurídica en la que sea socio o Persona Relacionada de la sociedad, con cualquier deudor sometido a un Procedimiento Concursal, salvo que se trate de sociedades que se encuentren inscritas en el Registro de Valores.”.

A esta disposición se presentaron las indicaciones números 32 c, 33 y 34.

La indicación 32 c), de la Honorable Senadora señora Alvear,sustituye esta disposición por la siguiente:

“ARTÍCULO 45.- Prohibiciones relativas del Veedor o Liquidador. Sin perjuicio de las demás prohibiciones establecidas en esta ley, los veedores no podrán intervenir en procesos concursales de reorganización y los liquidadores no podrán intervenir en procesos concursales de liquidación que no estuvieren o no hayan estado a su cargo, salvo las actuaciones que le correspondan como acreedor con anterioridad al procedimiento concursal respectivo, de representante legal en conformidad al artículo 43 del Código Civil, y de lo previsto en el artículo 26.

La contravención a la presente prohibición constituye una infracción gravísima para los efectos del número 8 del artículo 18. Asimismo, los veedores y liquidadores no podrán contratar por sí, respectivamente, o a través de terceros o de una persona jurídica en la que sea socio o persona relacionada de la sociedad, con cualquier deudor sometido a un procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, salvo que se trate de sociedades que se encuentren inscritas en el Registro de Valores.”.

La indicación número 33, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, agregar, en el inciso primero, después del vocablo “liquidación”, la proposición “en” y reemplaza la locución “estuvieren o no hayan estado a su cargo”, por “hubieren sido designados”.

La indicación número 34, también del Primer Mandatario, reemplaza la frase “salvo que se trate de sociedades que se encuentren inscritas en el Registro de Valores”, por “salvo que se trate de un Veedor no incorporado en la Nómina de Liquidadores, en un Procedimiento Concursal de Liquidación, o de un Liquidador, no incorporado en la Nómina de Veedores, en un Procedimiento Concursal de Reorganización”.

La señora Superintendenta informó que la unanimidad de los miembros de la Comisión Técnica considera adecuada la indicación número 33, presentada por el Ejecutivo. Luego, no tiene observaciones al inciso segundo. Respecto a la indicación de la Honorable Senadora señora Alvear, que es sustitutiva, los mismos entienden que está recogida en la indicación propuesta al artículo 42 y en la incorporación del nuevo artículo 10° transitorio.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas coincidió con estos criterios, expresando que, además, procedería acoger la indicación número 34, que armoniza con los acuerdos precedentemente consignados.

En consecuencia, las indicaciones números 32 c, 33 y 34 fueron aprobadas con modificaciones, con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar).

Artículo 46

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 46.- De la exclusión de la Nómina de Veedores y de la Nómina de Liquidadores. La exclusión de la Nómina de Veedores importará necesariamente la exclusión de la Nómina de Liquidadores, y viceversa.

Asimismo, si un Veedor fuese suspendido para asumir nuevos Procedimientos Concursales de Reorganización, se entenderá por este hecho suspendido también para asumir Procedimientos Concursales de Liquidación, y viceversa.”.

La indicación número 34 a), de la Honorable Senadora señora Alvear, lo reemplaza por el siguiente:

“ARTÍCULO 46.- De la exclusión de la Nómina Veedores y de la Nómina de Liquidadores. La exclusión de la Nómina de Veedores importará necesariamente impedimento de incorporarse a la Nómina de Liquidadores, y viceversa.”.

La señora Superintendenta expresó que la Comisión Técnica acoge la indicación presentada, por considerarla adecuada; sin embargo, sugiere regular en un inciso final el caso de la renuncia. La idea es que, en ese caso, excepcionalmente pueda solicitarse la incorporación a la nómina de veedores o liquidadores, según corresponda, antes de un plazo de cinco años, previa autorización de la Superintendencia. Agregó que este punto fue previamente discutido en una sesión anterior de las Comisiones Unidas, oportunidad en la cual se sugirió hacer esta distinción.

- Esta propuesta fue acogida, aprobándose, para estos efectos, la indicación número 34 a con modificaciones. Dicho acuerdo contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar).

Artículo 47

Su texto aprobado en general es el siguiente:

“ARTÍCULO 47.- Contenido. La Superintendencia, mediante norma de carácter general, fijará la forma y contenidos obligatorios de las cuentas provisorias que deba rendir el Liquidador, las que deberán incluir, a lo menos, un desglose detallado de los ingresos y gastos durante los últimos tres meses, procurando la observancia de la normativa contable, tributaria y financiera aplicable.”.

No hubo indicaciones a este precepto ni tampoco observaciones de la Comisión Técnica.

Sin embargo, el Honorable Senador señor García consultó por el sentido de la expresión “procurando la observancia de la normativa contable, tributaria y financiera aplicable”, que le pareció débil.

La señora Superintendenta explicó que, efectivamente, el objetivo es que el liquidador cumpla con esa normativa. Para ello, agregó, existen los fiscalizadores contables, que están encargados de hacer las observaciones del caso tanto a las cuentas provisorias como a la definitiva.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas compartió la inquietud del Honorable Senador señor García y sugirió utilizar la expresión “debiendo observar la normativa contable, tributaria y financiera aplicable”.

El señor Palacios explicó que la palabra “procurando” tiene una razón de ser derivada de que hay quiebras donde la negligencia en la administración de los negocios por parte del fallido ha sido de tal magnitud, que simplemente no hay documentación tributaria ni contable. Ante esos casos, dijo, establecer un deber como éste al liquidador significa exigirle algo que supera sus posibilidades. Añadió que la gran tarea del liquidador o del síndico actual es administrar lo que existe, habiendo casos en que se dispone de muy poca información contable o en que el fallido, sabiendo que va a ser sometido a liquidación, ha quemado u ocultado sus cosas. En consecuencia, sostuvo, esta obligación puede resultar desproporcionada.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que entonces que procedía utilizar la expresión “con observancia de la normativa contable…”, dejando constancia en la historia de la ley que se entiende que habrá casos en que este deber no podrá exigirse, en atención a las características de la respectiva situación y del fallido, pero que lo anterior no queda entregado a la discrecionalidad del liquidador.

- Esta modificación se acordó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar).

Artículo 48

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 48.- Oportunidad y revisión. Las cuentas provisorias deberán rendirse mensualmente ante la Junta de Acreedores respectiva y publicarse en el Boletín Concursal, con a lo menos tres días de anticipación a la celebración de la Junta de Acreedores, la que deberá aprobarlas o rechazarlas en esa misma sesión.”.

Se presentó, respecto a esta norma, la indicación número 34 b, de los Senadores señores Espina y Novoa, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 48.- Oportunidad y revisión. Las cuentas provisorias deberán publicarse mensualmente en el Boletín Concursal y remitirse ante la Junta de Acreedores respectiva, la que deberá aprobarlas o rechazarlas en esa misma sesión.

A partir de la publicación señalada en el inciso anterior, los acreedores podrán formular a la Superintendencia sus observaciones a la cuenta provisoria publicada, para que ésta las incluya en el Boletín Concursal dentro del plazo de tres días contado desde la recepción de dichas observaciones. El Liquidador deberá responder las observaciones en la próxima Junta de Acreedores que se celebre y, a continuación, se someterá su aprobación o rechazo.”.

La señora Superintendenta informó que la Comisión Técnica no tiene observaciones al artículo en estudio, sin perjuicio de considerar pertinente la indicación propuesta. El plazo de 3 días que se establece se consideró muy breve para que la Superintendencia suba al Boletín Concursal las observaciones, por lo cual se sugirió ampliarlo a 5.

- En consecuencia, la indicación número 34 b fue aprobada con modificaciones, con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar).

Artículo 49

Su texto aprobado en general es el siguiente:

“ARTÍCULO 49.- Regla de excepción. Si la Junta de Acreedores no se celebra por falta de quórum, el Liquidador notificará dicha circunstancia en el Boletín Concursal.

En tal caso, y a partir a la notificación señalada en el inciso anterior los acreedores podrán formular a la Superintendencia sus observaciones a la cuenta provisoria publicada, para que ésta las incluya en el Boletín Concursal dentro del plazo de tres días contado desde la recepción de dichas observaciones. El Liquidador deberá responder las observaciones en la próxima Junta de Acreedores que se celebre y, a continuación, se someterá a su aprobación o rechazo.

La aprobación de la cuenta provisoria por la Junta de Acreedores no impedirá en su caso objetar la Cuenta Final de Administración, respecto de las partidas incluidas en ella.”.

Se presentó la indicación N° 34 c, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para insertar, en el inciso primero, a continuación de la expresión “Boletín Concursal”, la frase “dentro del plazo de dos días”.

La señora Superintendenta informó que la Comisión Técnica no tiene observaciones al artículo y que considera pertinente la indicación transcrita.

- Puesta en votación, la indicación número 34 c, fue aprobada Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar).

Posteriormente, en una de las sesiones finales de las Comisiones Unidas, la señora Superintendenta propuso mantener solamente el inciso primero de esta disposición y prescindir de la parte restante, por cuanto lo que ella regula pasa a formar parte del artículo que originalmente era 48, relativo a la “Oportunidad y revisión”.

- Esta proposición fue acogida. El respectivo acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear),Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Párrafo 2. De la Cuenta Final de Administración

Artículo 50

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 50. Contenido. La Superintendencia, mediante norma de carácter general, fijará la forma y contenidos obligatorios de la Cuenta Final de Administración, procurando la observancia de la normativa contable, tributaria y financiera aplicable.”.

No hubo indicaciones. Sin embargo, las Comisiones Unidas estimaron pertinente aplicar el mismo criterio anteriormente adoptado, en orden a sustituir la expresión “procurando la observancia” por “con observancia”.

- Este acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto unánime de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar).

Artículo 51

Su texto aprobado en general es el siguiente:

“ARTÍCULO 51.- Oportunidad. El Liquidador deberá rendir la Cuenta Final de Administración dentro de los treinta días siguientes a uno cualquiera de los hechos que se indican a continuación:

1) Vencimiento de los plazos legales de realización de bienes;

2) Agotamiento de los fondos o pago íntegro de los créditos reconocidos;

3) Notificación de la resolución judicial que tuvo por terminado el Procedimiento Concursal de Liquidación, y

4) Cese anticipado de su cargo.

No hubo indicaciones ni tampoco observaciones de la Comisión Técnica. Sin embargo, las Comisiones Unidas acordaron precisar en esta disposición que el liquidador acompañará su cuenta final de administración al tribunal y a la Superintendencia y señaler, luego, en el artículo 52, que dicha cuenta se rendirá ante la junta de acreedores.

- Este acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar).

Artículo 52

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 52. Rendición. El Liquidador acompañará su Cuenta Final de Administración al tribunal competente y a la Superintendencia.

Asimismo, el Liquidador deberá citar a Junta de Acreedores a efectos de presentarles su Cuenta Final de Administración, explicarles verbalmente su contenido, las conclusiones y acreditar la retención del porcentaje de honorarios a percibir de conformidad a lo dispuesto en el número 7 del artículo 39. La Superintendencia podrá concurrir a dicha Junta con derecho a voz.

La citación deberá publicarse en el Boletín Concursal, incluyendo el día, hora y lugar en que se celebrará la Junta de Acreedores. Entre la fecha de publicación de la citación y de celebración de la Junta de Acreedores deberán transcurrir, no menos de diez y no más de veinticinco días. La citación incluirá una copia de la Cuenta Final de Administración.

Dicha Junta se celebrará con los acreedores que asistan.”.

No hubo indicaciones a este precepto. Sin embargo, se le introdujeron ajustes en concordancia con la norma anterior, con la finalidad de precisar que la cuenta del liquidador se rinde ante la junta de acreedores. Además, se estableció un plazo de 5 días para publicar la citación a dicha junta.

- Este acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear), Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 53

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 53.- De la objeción. Podrán objetar la Cuenta Final de Administración del Liquidador, el deudor, cualquier acreedor y la Superintendencia.

Las objeciones deberán presentarse ante la Superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se celebró o debió celebrarse la respectiva Junta de Acreedores. En caso de no deducirse objeciones oportunamente, el Liquidador o la Superintendencia solicitarán al tribunal competente que tenga por aprobada la Cuenta Final de Administración para todos los efectos legales.

Si se presentaren objeciones, se observarán las normas que siguen:

1) Una vez vencido el plazo legal, la Superintendencia, requerirá informe al Liquidador de todas las objeciones presentadas en una única resolución, la que se notificará por correo electrónico al Liquidador y en el Boletín Concursal.

2) El Liquidador dispondrá de cinco días contados desde la notificación de las objeciones para contestar en una sola presentación todas las objeciones planteadas. En ella, el Liquidador podrá incluir correcciones a la Cuenta Final de Administración objetada, caso en el cual acompañará el texto definitivo que las refleje.

3) Si el Liquidador no efectúa presentación alguna en el plazo ya indicado, se entenderá suspendido de pleno derecho para asumir en los procedimientos regidos por esta Ley y mientras la o las objeciones no sean resueltas.

4) Transcurrido el plazo señalado en el número 2 precedente, la Superintendencia tendrá por evacuado el informe requerido al Liquidador, luego de lo cual los objetantes dispondrán de tres días para insistir en sus objeciones.

5) Si no se presentaren insistencias, se tendrá por aprobada la Cuenta Final de Administración.

6) En caso de insistencia, la Superintendencia remitirá al tribunal competente, dentro del plazo de diez días, un informe que contendrá las objeciones planteadas, la contestación del Liquidador si la hubiere, y su opinión en cuanto a si los hechos afectan decisivamente el patrimonio concursado, si implican un grave perjuicio para los acreedores y/o el deudor o si reflejan una manifiesta e inexcusable inobservancia del Liquidador a su deber de cuidado. El referido informe establecerá si el Liquidador quedará suspendido para asumir en nuevos Procedimientos Concursales.

7) El tribunal competente apreciará en conciencia los antecedentes aportados y deberá pronunciar su resolución dentro de los quince días siguientes a la entrega del informe emitido por la Superintendencia.

8) Si la resolución desechare en todas sus partes la o las objeciones deducidas, condenará al o los objetantes en costas, quienes responderán solidariamente de ellas, salvo que el tribunal competente estime que hubo motivo plausible para litigar. La misma regla se aplicará en caso que la resolución rechace una o más objeciones y acoja otras, respondiendo de la condena en costas, solidariamente, todas las partes vencidas. Tratándose del deudor, responderán de esas costas el abogado patrocinante y los mandatarios judiciales, solidariamente.

9) La resolución del tribunal competente que acoge total o parcialmente una o más objeciones insistidas, señalará las medidas que el Liquidador deberá ejecutar para subsanar, reparar o corregir los defectos advertidos. Contra esta resolución no procederá recurso alguno, debiendo la Superintendencia dictar la resolución que ordene la exclusión de la Nomina del Liquidador. Contra la resolución que rechace una o más objeciones insistidas, tampoco procederá recurso alguno.”.

Se presentaron diversas indicaciones a esta disposición.

La número 35, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, reemplaza en el inciso tercero del numeral 2) la palabra “cinco” por “diez”.

La indicación número 35 a, al numeral 7), de los Senadores señores Espina y Novoa, para remplazar la expresión “en conciencia” por la frase “de acuerdo a las normas de la sana crítica”.

La indicación número 36, de los Senadores señores Espina y García, para suprimir en el número 9) la frase “total o parcialmente”.

La indicación número 37, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, para reemplazar en el mismo numeral 9) la frase “no procederá recurso alguno, debiendo la Superintendencia dictar”, por “sólo procederá recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo. Una vez a firme, la Superintendencia dictará”.

- Puestas en votación las indicaciones números 35, 35 a), 36 y 37, fueron aprobadas con modificaciones por los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar).

Artículo 54

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 54.- Ejecución de las resoluciones que acogen objeciones insistidas. El cumplimiento de las resoluciones que acogen objeciones insistidas se sujetará a las siguientes reglas:

1) Si la resolución ordena al Liquidador restituir a la masa una suma de dinero:

a) Tendrá el plazo de treinta días, prorrogable por igual periodo, desde que la resolución se encuentra firme y ejecutoriada para dar cumplimiento a lo resuelto.

b) Si no efectuare la restitución señalada, el tribunal competente certificará esa omisión, de oficio o a petición de parte, y comunicará tal circunstancia a la Superintendencia.

c) Con esta certificación, la Superintendencia hará efectiva la garantía de fiel desempeño referida en el artículo 16 de esta Ley, consignando los fondos en el tribunal competente.

2) Si la resolución ordena al Liquidador una medida distinta a la de restituir a la masa una suma de dinero:

a) El Liquidador suplente o el Liquidador designado en su caso, ejecutará lo resuelto dentro del mismo plazo indicado en el número anterior o en aquel plazo que el tribunal fije en su resolución.

b) El honorario del nuevo Liquidador se determinará de común acuerdo con la Junta de Acreedores o en su defecto por el tribunal competente y se pagarán con cargo a la garantía de fiel desempeño otorgada por el Liquidador excluido de su cargo.

En todos los casos señalados en este artículo, el Liquidador podrá solicitar una prórroga ante el tribunal competente, por una sola vez y por un máximo de treinta días, para dar cumplimiento a lo resuelto.”.

No hubo indicaciones respecto de esta norma ni tampoco observaciones de la Comisión Técnica. Sin embargo, se estimó pertinente enmendar la redacción de la norma sobre la base de la idea que cuando se le rechaza la cuenta a un liquidador, se designa otro nuevo, suplente, respecto del cual es necesario fijar reglas para establecer sus honorarios.

- Este acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio (por sí y por el Honorable Senador señor Zaldívar).

Artículo 55

Su texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 55.- Ámbito de aplicación e inicio del Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial. El Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial será aplicable sólo a la Empresa Deudora, que para efectos de este Capítulo se denominará indistintamente Empresa Deudora o deudor.

La Empresa Deudora dará inicio al Procedimiento Concursal de Reorganización mediante la presentación de un formulario ante el tribunal correspondiente a su domicilio.

El formulario será el que elabore la Superintendencia mediante norma de carácter general y estará disponible en sus dependencias y en su sitio web.”.

A su respecto, se presentó la indicación número 37 a, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para reemplazar la expresión “y” por una coma, e insertar antes del punto aparte (.), la frase “y en dependencias de los tribunales con competencia en procedimientos concursales de conformidad a lo establecido en el artículo 3º de esta ley.”.

El Honorable Senador señor Tuma consultó qué elementos considera el formulario a que hace mención este precepto.

La señora Superintendenta de Quiebras explicó que dicho formulario requiere a los solicitantes datos esenciales sobre contactos.

Los restantes miembros presentes de las Comisiones Unidas consideraron apropiada la indicación número 37 a, pero observaron que la redacción de la disposición puede mejorar, considerando, entre otras cosas, sustituir el término “formulario” por “solicitud”.

- La señalada indicación fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Espina); Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Tuma; Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 56

Su texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 56.- Nominación del Veedor. Para los efectos de la nominación del Veedor titular y suplente, el deudor deberá presentar a la Superintendencia una copia del documento referido en el artículo anterior, con el respectivo cargo del tribunal competente, conjuntamente con un certificado emitido por un contador auditor independiente al deudor, que lo extenderá conforme a la información disponible suministrada por el deudor y que contendrá los nombres, domicilios y correos electrónicos de los tres mayores acreedores con domicilio en Chile, con indicación del monto de sus créditos y el porcentaje que cada uno representa en el total del pasivo, excluidas las Personas Relacionadas al deudor. La nominación del Veedor titular y suplente, se realizará bajo el procedimiento establecido en el artículo 22 y, una vez concluido, la Superintendencia extenderá el respectivo Certificado de Nominación contemplado en el mismo artículo.”.

A su respecto, se presentó la indicación número 37 b, de la Honorable Senadora señora Alvear, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 56.- Nominación del Veedor. Para los efectos de la nominación del Veedor titular y el suplente, el deudor deberá presentar a la Superintendencia una copia del documento referido en el artículo anterior, con el respectivo cargo del tribunal competente. La nominación del Veedor titular y del suplente se realizará bajo el procedimiento establecido en el artículo 22 y, una vez concluido, la Superintendencia extenderá el respectivo Certificado de Nominación contemplado en el mismo artículo.”.

Esta disposición fue objeto de análisis en el seno de la Comisión Técnica, la cual sugirió rechazarla por las mismas causas que en su minuto se rechazó la indicación 16 a. A renglón seguido, se hizo notar que de la redacción parece entenderse que el deudor que quiere someterse a un procedimiento concursal de reorganización debería acompañar dos certificados de deuda distintos, lo que evidentemente complica el punto. Por lo anterior, se planteó, como solución alternativa, requerir un solo certificado que contenga las menciones señaladas en el artículo anterior y en el que ahora se discute.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, observó que en la disposición en estudio se usa la voz “nominación”, cuando parece más correcto emplear el término “designación”.

La señora Superintendenta manifestó que dicho término se utiliza para distinguir entre las nominaciones administrativas y las designaciones que hacen los acreedores.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, declaró cerrada la discusión y propuso rechazar la indicación número 37 b con la misma votación que se indicó para la indicación 16 a, y aprobar el resto de la proposición de la Comisión Técnica.

Así se acordó.

- El acuerdo anterior fue alcanzado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Tuma; Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 57

Su texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 57.- Antecedentes que deberá acompañar el deudor. Aceptada la nominación por el Veedor titular y suplente, la Superintendencia remitirá al tribunal competente el Certificado de Nominación de éste. Paralelamente con dicho certificado, el deudor acompañará:

1) Copia del certificado contable referido en el artículo anterior;

2) Relación de todos sus bienes, con expresión de su avalúo comercial, del lugar en que se encuentren y de los gravámenes que los afecten;

3) Relación de los bienes que, en conformidad a la ley administra y no son de su propiedad;

4) Para la determinación del pasivo afecto a los Acuerdos de Reorganización Judicial, un certificado emitido por un contador auditor independiente al deudor, que lo extenderá conforme a la información disponible suministrada por éste y que deberá contener un estado de sus deudas, con expresión del nombre, domicilio y correo electrónico de los acreedores o de sus representantes legales en su caso y de la naturaleza de los respectivos títulos. Asimismo deberá acompañar los antecedentes justificativos de los créditos singularizados que estén en su poder. El pasivo que se establezca en esta certificación, servirá de base para determinar todos los quórum de acreedores que se necesiten en la adopción de cualquier acuerdo, hasta que se confeccione la nómina de créditos reconocidos, conforme al procedimiento establecido en el Párrafo 2 del Título 1 del Capítulo III de esta Ley, con sus respectivas ampliaciones, si existieren, y

5) Si el deudor llevare contabilidad completa, presentará el balance correspondiente a su último ejercicio, y un balance provisorio que contenga la información financiera y contable, con una fecha de cierre no superior a cuarenta y cinco días anteriores a esta presentación.

Si se tratare de una persona jurídica, los documentos referidos serán firmados por sus representantes legales.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones números 38 y 39, ambas del Primer Mandatario. La primera propone eliminar el número 1) del artículo. La segunda intercala, en el número 4), después de la palabra “certificado”, el vocablo “simple”, y a continuación de la expresión “deudor,” la frase “, inscrito en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de Valores y Seguros,”. Además, elimina la oración “Asimismo deberá acompañar los antecedentes justificativos de los créditos singularizados que estén en su poder.”.

Estas proposiciones fueron analizadas en la Comisión Técnica. Allí se concordó proponer la aprobación de la indicación 38 y la inclusión, en el número 3), de una mención de aquellos bienes de terceros que están en poder del deudor en una calidad distinta de la de dueño.

Respecto de la indicación número 39, hubo discusión en aquella instancia. Sobre el punto, se indagó sobre la razón por la cual el Ejecutivo promueve la incorporación del término “simple” en el número 4). La señora Superintendenta explicó que ello proviene de una recomendación hecha por la Superintendencia de Valores y Seguros, que advirtió sobre la existencia de registros de auditores externos para empresas y otro para personas naturales, de manera que la palabra “simple” introduciría una distinción en ese sentido. Por esa razón, se optó por evitar esa interpretación eliminando el término que la genera.

Además, y a instancias del Comisionado señor Torre, la Comisión Técnica tuvo en cuenta que es necesario proponer una modificación que establezca una fecha cierta para el cierre del estado de deudas que debe acompañar el auditor, la cual no puede ser superior a cuarenta y cinco días previos a su presentación.

Finalmente, en relación con la última parte de la indicación 39, la mencionada instancia consideró que era excesivo exigir al deudor -que ya tiene la obligación de singularizar todas sus deudas-, que además agregue “los antecedentes justificativos de los créditos singularizados que estén en su poder”.

A diferencia de la opinión de la Comisión Técnica, el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, expresó que parece adecuado que el deudor acompañe los antecedentes que justifican su pasivo y que están su poder, de manera de evitar controversias sobre el punto.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, a su vez, apoyó la postura de la Comisión Técnica, porque, a su juicio, basta que el deudor acompañe la lista de sus deudas y un certificado de un auditor externo que las acredite. El Honorable Senador señor Zaldívar coincidió con lo anterior.

La señora Superintendenta indicó que en el proceso se establece un plazo específico para quien quiera impugnar el pasivo por estimar que una deuda está incorrecta o incluida de forma incompleta.

- Sometidas a votación las indicaciones números 38 y 39, fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Tuma, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Cabe hacer presente que con ocasión de la discusión del artículo 95, la discusión de estas disposición y sus indicaciones fue reabierta. De ello se da cuenta a continación de ña parte que relata la discusión del artículo 95.

Artículo 58

Su texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 58.- Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización. Dentro de quinto día de efectuada la presentación señalada en el artículo anterior, el tribunal competente dictará una resolución designando al Veedor titular y suplente nominado en la forma establecida en el artículo 22. En la misma resolución dispondrá:

1) Que durante el plazo de treinta días contados desde la notificación de esta resolución, prorrogable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59, el deudor gozará de una Protección Financiera Concursal en virtud de la cual:

a) No podrá declararse ni iniciarse en contra del deudor un Procedimiento Concursal de Liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento. Lo anterior no se aplicará a los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de privilegio de primera clase, excepto las que el deudor tuviere en tal carácter, a favor de su cónyuge o de sus parientes o de los gerentes, administradores, apoderados con poder general de administración u otras personas que tengan injerencia en la administración de sus negocios. Para estos efectos se entenderá por parientes a los ascendientes y descendientes y a los colaterales hasta el cuarto grado por consanguinidad y afinidad, inclusive del deudor, o de su representante legal en su caso.

Durante la Protección Financiera Concursal no correrán los plazos de prescripción extintiva y se suspenderán los procedimientos de ejecución.

b) Todos los contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago. En consecuencia, no podrán terminarse anticipadamente en forma unilateral, exigirse anticipadamente su cumplimiento o hacerse efectivas las garantías contratadas, invocando la apertura de un Procedimiento Concursal de Reorganización. El crédito del acreedor que contraviniere esta prohibición quedará pospuesto hasta que se paguen la totalidad de los acreedores a quienes les afectará el Acuerdo de Reorganización Judicial, incluidos los acreedores Personas Relacionadas del deudor.

Para hacer efectiva la posposición señalada en el inciso anterior, deberá solicitarse su declaración ante el tribunal que conoce del Procedimiento Concursal de Reorganización en forma incidental.

c) Si el deudor formare parte de algún registro público o privado como contratista o prestador de cualquier servicio y siempre que se encuentre al día en sus obligaciones con el respectivo mandante, no podrá ser eliminado ni se le privará de participar en los respectivos procesos de licitación, fundado en la apertura de un Procedimiento Concursal de Reorganización. Si la entidad pública o privada lo elimina de sus registros o discrimina su participación, a pesar de encontrarse al día en sus obligaciones con el respectivo mandante, deberá indemnizar los perjuicios que dicha discriminación o eliminación le provoquen al deudor.

2) Que durante la Protección Financiera Concursal se aplicarán respecto del deudor las siguientes medidas cautelares y de restricción:

a) Que el deudor quedará sujeto a la intervención del Veedor titular designado en la misma resolución, el que tendrá los deberes contenidos en el artículo 25;

b) Que el deudor no podrá gravar o enajenar sus bienes, salvo aquellos cuya enajenación o venta sea propia del giro o que resulten estrictamente necesarios para el normal desenvolvimiento de su actividad; y respecto de los demás bienes o activos, se estará a lo previsto en el artículo 75, y

c) Tratándose de personas jurídicas, éstas no podrán modificar sus pactos o estatutos sociales.

3) La fecha en que expirará la Protección Financiera Concursal.

4) La orden al deudor para que a través del Veedor publique en el Boletín Concursal y acompañe al tribunal competente, a lo menos diez días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores, su propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Si el deudor no da cumplimiento a esta orden, el Veedor certificará esta circunstancia y el tribunal competente dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, sin más trámite.

5) La fecha, lugar y hora que deberá efectuarse la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial que presente el deudor. La fecha de dicha Junta será aquella en la que expire la Protección Financiera Concursal.

6) Que dentro de diez días contados desde la notificación de esta resolución, todos los acreedores sin excepción alguna, deberán acreditar ante el tribunal competente su personería para actuar en el Procedimiento Concursal de Reorganización, con indicación expresa de la facultad que se le confiere a su apoderado, para conocer, modificar y acordar el Acuerdo de Reorganización Judicial.

7) La orden para que el Veedor inscriba copia de esta resolución en los conservadores de bienes raíces correspondientes a cada uno de los inmuebles que le pertenecen al deudor.

8) La orden al Veedor para que acompañe al tribunal competente y publique en el Boletín Concursal su Informe sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, a lo menos tres días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores que votará dicho acuerdo. Este Informe del Veedor deberá contener la calificación fundada acerca de (i) si la propuesta es susceptible de ser cumplida, habida consideración de las condiciones del deudor; (ii) el monto probable de recuperación que le correspondería a cada acreedor en sus respectivas categorías, en caso de un Procedimiento Concursal de Liquidación; y (iii) si la determinación de los créditos y su graduación, cuya propuesta acompañó el deudor, se ajusta a la ley.

Si el Veedor no presentare el referido informe dentro del plazo indicado, el deudor, cualquiera de los acreedores o el tribunal competente informará a la Superintendencia para que se apliquen las sanciones pertinentes y, en este caso, el Acuerdo de Reorganización Judicial se votará con prescindencia del Informe del Veedor.

9) Que dentro de quinto día de efectuada la notificación de esta resolución, los tres mayores acreedores con domicilio en Chile, que se indican en la certificación del contador auditor independiente referida en el artículo 57 y el deudor deberán asistir a una audiencia, la que se efectuará con los que concurran, para pronunciarse sobre la proposición de honorarios que formule el Veedor. Si no se arribare a acuerdo sobre el monto de los honorarios y forma de pago o no asistiere ninguno de los citados, éstos se fijarán por el tribunal competente sin ulterior recurso.

10) La orden al deudor para que le proporcione al Veedor copia de todos los antecedentes acompañados conforme al artículo 57, con el objeto que el Veedor los publique, conjuntamente con una copia de esta resolución en el Boletín Concursal, en el plazo de tres días contado desde su dictación.”.

En relación a esta norma, se presentaron las indicaciones números 40, 41, 41 a, 41 b, 42, 42 a y 43.

La indicación 40 es de Su Excelencia el señor Presidente de la República, incide el primer párrafo de la letra a) del número 1), y propone intercalar, a continuación de la expresión “primera clase,”, la frase “suspendiéndose en ese caso sólo la ejecución y realización de bienes del deudor”, seguida de una coma (,).

La indicación 41 es de los Honorables Senadores señores Espina y García, incide en el segundo párrafo de la letra a) del número 1), y propone sustituir la frase “no correrán”, por “se suspenderán”.

La indicación 41 a es de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, incide en el párrafo primero de la letra b), y propone agregar, después de la frase “invocando la apertura de un Procedimiento Concursal de Reorganización”, lo siguiente: “con la sola excepción de poner término o suspender las líneas de crédito o sobregiro que se hubieren pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75. El banco emisor de una boleta de garantía podrá excusarse del pago del requerimiento del acreedor durante este período.”.

La indicación 41 b es de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, incide en la letra c), y propone eliminar la frase “y siempre que se encuentre al día en sus obligaciones con el respectivo mandante”.

La indicación 42, de Su Excelencia el Presidente de la República, incide en la letra c) del número 2) y propone sustituir la conjunción “o” por una coma (,).

La indicación 42 a es de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, también incide en la letra c) del número 2), y propone reemplazar la expresión “o estatutos sociales” por “estatutos sociales o régimen de poderes”, antecedida de una coma.

Finalmente, la indicación 43, de Su Excelencia el Presidente de la República, incide en el número 6) y propone reemplazar la palabra “diez” por “quince”.

Estas proposiciones fueron objeto de análisis por la Comisión Técnica, la cual consideró pertinentes las indicaciones 40 y 41.

Por su parte, el Comisionado señor Barros solicitó que se dejara constancia de que los temas laborales han sido sometidos a conocimiento de la CUT.

A su vez, con el objeto de enfatizar el efecto suspensivo de la protección financiera concursal, la señora Superintendenta sugirió traspasar el inciso final del número 1) de la letra a) a una nueva letra b). La unanimidad de los miembros consideró adecuada la propuesta y sugiere una nueva redacción y ubicación del inciso final, quedando como letra b) con el siguiente texto: “Se suspenderá la tramitación de los procedimientos señalados en la ,etra a) precedente y se suspenderán los plazos de prescripción extintiva.”.

Respecto a la indicación 41 a, la unanimidad de los miembros consideró que esa proposición es más atingente para la renegociación de una Persona Deudora (artículo 263), que para la reorganización de una Empresa Deudora, por lo que se acordó sugerir su rechazo.

Por su parte, la señora Alejandra Anguita propuso, para mayor claridad, indicar expresamente que la Resolución de Liquidación no se puede invocar “como causal” para el término anticipado de los contratos vigentes suscritos por el deudor, con el propósito de dejar de manifiesto la posibilidad de invocar otras causales para la terminación de un contrato en curso. La unanimidad de los miembros coincidió con lo anterior.

Respecto de la indicación 41 b, la unanimidad de los miembros observó que sería adecuado mantener la frase que la indicación propone suprimir, pero perfeccionada con el propósito de que regule qué se entiende por estar al día con el mandante y si esta expresión contempla el cumplimiento de sus obligaciones laborales y provisionales. La señora Superintendenta propuso agregar la palabra “contractuales”, luego de la palabra “obligaciones”. La unanimidad de los miembros coincidió con su parecer. A su vez, esa misma mayoría concordó en que debe eliminarse de este número la referencia a los registros privados, debiendo esta disposición aplicarse sólo a los registros públicos.

El Comisionado señor Barros sugirió entonces aclarar que la indemnización de perjuicios por parte de la entidad pública sólo procedería cuando la causal invocada para la exclusión del registro sea la apertura de un Procedimiento Concursal de Reorganización. La unanimidad de los miembros consideró pertinente la sugerencia y acordó consignar expresamente en el nuevo número 1), letra d), luego de la frase “Si la entidad pública lo elimina de sus registros o discrimina su participación”, la expresión: “fundado en la apertura de un Procedimiento Concursal de Reorganización”.

Respecto de la indicación 42 a, la unanimidad de los miembros la consideró pertinente y solicitó a la Superintendencia que proponga un nuevo párrafo que recoja lo discutido en la sesión, en cuanto a que la restricción a la venta de participación social de una sociedad de responsabilidad limitada también se aplique a las sociedades de capital, para evitar la disolución de la responsabilidad, el cambio de la propiedad o controlar la votación en la junta que vota a favor del Acuerdo de Reorganización Judicial, entre otras maquinaciones. Todo ello sin vulnerar el derecho de propiedad adquirido. Sobre el particular, la señora Superintendenta consideró pertinente tener presente lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y en el artículo 17 de la Ley Nº 1.116, de 2006, que establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en Colombia.

Teniendo en cuenta la discusión pertinente, la Superintendencia propuso agregar en el número 2), letra c), luego de la expresión “régimen de poderes”, que se agrega en virtud de la indicación 42 a, el siguiente párrafo:

"La inscripción en los registros sociales pertinentes, de cualquier transferencia de acciones de la Empresa Deudora, requerirá de la autorización del Veedor, que la autorizará en la medida que no altere o afecte los derechos de los demás acreedores. Lo anterior no regirá respecto de las sociedades anónimas abiertas que hagan oferta pública de sus valores.". La unanimidad de los miembros mostró su asentimiento. Finalmente, la misma unanimidad estimó pertinente la indicación 42.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, consultó qué sanción se prevé si el veedor no presenta el informe que indica el párrafo segundo del número 8)

La señora Superintendenta indicó que, en ese caso, procede formar causa contra el veedor en la instancia administrativa, la que determinará el tipo de sanción, teniendo en vista el efecto del incumplimiento y su recurrencia.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas declaró cerrado el debate y propuso aprobar las proposiciones de la Comisión Técnica.

- En consecuencia, sometidas a votación las indicaciones números 40, 41, 41 a, 41 b, 42, 42 a y 43 fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Tuma, Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 59

Su texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 59.- Prórroga de la Protección Financiera Concursal. El plazo regulado para la Protección Financiera Concursal a que se refiere el número 1 del artículo anterior, podrá prorrogarse hasta por treinta días más, si el deudor obtiene el apoyo de dos o más acreedores, que representen más del 30% del total del pasivo, excluidos los créditos de las Personas Relacionadas con el deudor. Vencido el plazo de la prórroga antes señalada, el deudor podrá solicitar una nueva prórroga por otros treinta días más, si obtiene el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 50% del total del pasivo, excluidos los créditos de las Personas Relacionadas con el deudor.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar de una sola vez la prórroga del plazo regulado para la Protección Financiera Concursal a que se refiere el número 1 del artículo anterior hasta por sesenta días más, si el deudor obtiene el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 50% del total del pasivo, excluidos los créditos de las Personas Relacionadas con el deudor.

Los acreedores hipotecarios y prendarios que presten su apoyo para la prórroga de la Protección Financiera Concursal, no perderán su preferencia y podrán impetrar las medidas conservativas que procedan.”.

A su respecto, se presentó la indicación número 43 a, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para sustituir en el inciso primero los términos “Vencido el” por “Dentro de los tres días anteriores al vencimiento del”.

Lo anterior fue materia de análisis en la Comisión Técnica. En esa instancia, a sugerencia del Comisionado señor Torre, se consideró necesario modificar la expresión “dentro de” por “hasta”, para evitar que se interprete erróneamente que sólo podrá solicitarse la prórroga de la protección financiera concursal los 3 días antes de su vencimiento. Asimismo, se acordó sugerir la eliminación de la expresión “la prórroga”.

El Honorable Senador señor Tuma expresó que el juicio de la Comisión Técnica sobre este punto es apropiado y propuso aprobarlo como texto alternativo de la indicación 43 a.

- Sometida a votación la indicación número 43 a, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Tuma; Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 60

Su texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 60.- Nueva fecha y hora de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Para lograr la prórroga regulada en el artículo anterior, el deudor deberá presentar al tribunal competente, a lo menos diez días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores las cartas de apoyo de los acreedores autorizadas ante un Ministro de Fe, conjuntamente con un certificado extendido por un contador auditor independiente al deudor, que certifique los porcentajes del pasivo que permitan el apoyo requerido.

Acogida la prórroga de la Protección Financiera Concursal, el tribunal competente deberá fijar la nueva fecha y hora de dicha Junta de Acreedores.”.

Aunque esta disposición no recibió indicaciones, fue materia de análisis en la Comisión Técnica, en la que a instancias del Comisionado señor Torre, se observó que hay una incongruencia entre el plazo regulado en este artículo y el incluido en el artículo anterior. Para superar el inconveniente, se acordó proponer la eliminación de la expresión “a lo menos 10 días antes de la fecha fijada para la junta de acreedores” y agregar, después de la expresión tribunal competente, la frase “junto con la respectiva solicitud,”.

- El acuerdo anterior fue alcanzado en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Tuma, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 61

Su texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 61.- Objeto de la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial deberá versar sobre cualquier objeto lícito tendiente a reestructurar los pasivos y activos de una Empresa Deudora.”.

El Honorable Senador señor Espina expresó que la redacción de la disposición puede aclararse. Además, precisó que es inconveniente establecer en la ley que la reorganización versará sobre objetos lícitos, pues ello supondría que existen ámbitos paralelos en que podrían pactarse objetos ilícitos. Por ello, consideró necesario eliminar ese término y reformular el resto de la disposición.

- Sometida a votación la proposición, fue acogida por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos); Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear) y Zaldívar.

Artículo 62

Su texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 62.- Acuerdos de Reorganización Judicial por clases o categorías de acreedores. La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial podrá separarse en clases o categorías de acreedores y se podrá formular una propuesta para los acreedores valistas y otra para los acreedores hipotecarios y prendarios, cuyos créditos se encuentren garantizados con bienes de propiedad del deudor o de terceros. En este último caso, los acreedores de esta clase o categoría que voten la propuesta del Acuerdo de Reorganización Judicial conservarán sus preferencias.

La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial será igualitaria para todos los acreedores de una misma clase o categoría, salvo que medie acuerdo en contrario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 siguiente.

Los acreedores hipotecarios y prendarios, cuyos créditos se encuentren garantizados con bienes de propiedad del deudor o de terceros, podrán votar la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial que se formule para acreedores valistas si renuncian a la preferencia de sus créditos y no podrá votar la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial que se formule para su clase o categoría, salvo que dicha renuncia sea parcial y se manifieste expresamente.

Si los acreedores hipotecarios y prendarios votan la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial de los acreedores valistas, los montos de sus créditos preferentes se incluirán en el pasivo, para los efectos del cómputo a que se refiere el artículo 79 por las sumas a que hubiere alcanzado la renuncia.”.

Este precepto no tuvo indicaciones, Sin embargo, la señora Superintendenta expresó que su inciso final requiere una aclaración, pues resulta evidente que si los acreedores hipotecarios y prendarios votan el acuerdo de los valistas, quedan incluidos en el pasivo de esa clase y, consecuencialmente, quedan excluidos de su clase original. Con ese propósito, propuso reemplazarlo por el siguiente:

“Si los acreedores hipotecarios y prendarios votan la propuesta de Acuerdo de los acreedores valistas, los montos de sus créditos preferentes se descontarán del pasivo de su clase o categoría y se incluirán en el pasivo de la clase o categoría de los acreedores valistas, para efectos del cómputo a que se refiere el artículo 79 por las sumas a que hubiere alcanzado la renuncia.”.

- Puesta en votación esta proposición, fue acordada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos); Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear); Walker, don Patricio, y Zaldívar. Dicho acuerdo se adoptó en virtud de lo establecido por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.

Artículo 63

No fue objeto de indicaciones, aunque tuvo ajustes de índole formal.

Artículo 64

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 64.- Posposición del pago a acreedores Personas Relacionadas. Los acreedores Personas Relacionadas con el deudor deberán posponer el pago de sus créditos, hasta que se paguen íntegramente los créditos de los demás acreedores a quienes les afectará el Acuerdo de Reorganización Judicial. Esta posposición no regirá respecto de los créditos que emanen a consecuencia de lo dispuesto en el artículo 73 sobre suministro asegurado y en el artículo 75 sobre préstamos para el financiamiento de operaciones, en la medida que se autorice por los acreedores que representen más del 50% del pasivo del deudor.”.

Respecto a este precepto, se presentó la indicación número 43 b), de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para suprimirlo.

La Comisión Técnica analizó detenidamente este artículo y la indicación propuesta.

En relación a esta última, el señor Daniel Montalva señala que la práctica común es que una empresa en crisis recurra a sus relacionados para salvarse. Agrega que debe distinguirse entre créditos entre relacionados que constan en cuenta corriente y aquellos que se fundan en antecedentes documentarios. El señor Nelson Contador lee los artículos pertinentes de la legislación colombiana que regula la posposición del pago a acreedores personas relacionadas. Asimismo, hace ver que, en la práctica, en la mayoría de los convenios los acreedores exigen la posposición del pago a los acreedores relacionados, por lo que la eliminación de este artículo no sería perjudicial desde el punto de vista práctico.

La señora Superintendenta destaca que esta norma busca reflejar en la ley una práctica habitual de los convenios judiciales preventivos. El señor Nelson Contador agrega que, atendido que el Veedor tendrá, a diferencia del actual síndico, un rol más activo, no debiera limitarse la posibilidad que un crédito relacionado, cuando ha sido bien otorgado (documentado), sea pagado cuando corresponda, evitando así la presunción de mala fe a la que estarían afectos los acreedores relacionados. La señora Alejandra Anguita argumenta que la eliminación de este artículo podría constituir un incentivo perverso para los deudores a preparar su solicitud de reorganización.

El señor Daniel Montalva reitera sus motivos para confirmar la eliminación de este artículo. Indica que, en su opinión, es excesivo que el acreedor relacionado además de perder todos sus derechos políticos, pierda su orden de pago y deba obligatoriamente posponer el pago de su crédito. Agrega que es un desincentivo para la reorganización de la Empresa Deudora, ya que quienes están dispuestos a otorgar créditos en estas circunstancias son los acreedores relacionados al deudor, de modo que si la ley de antemano los pospone en el pago, desincentiva su apoyo a la Empresa Deudora. La señora Alejandra Anguita señala que existen varias razones para incorporar esta norma al proyecto. En primer lugar, para recoger una práctica habitual. En efecto, casi en el 100% de los convenios en la actualidad se pospone el pago de los acreedores relacionados. En segundo lugar, porque existe el riesgo de la alteración del pasivo mediante la creación de créditos relacionados no justificados. En tercer lugar, porque constituye un incentivo para los demás acreedores para lograr un Acuerdo de Reorganización, por cuanto se les pagará antes que a los acreedores relacionados. Reconoce que si bien el acreedor relacionado con el deudor muchas veces es el único dispuesto a financiarlo, dicha situación se encuentra protegida en el artículo 75, otorgándole preferencia en el pago. Finalmente, agrega que esta norma constituye un incentivo al deudor y a sus acreedores relacionados a someterse al procedimiento de reorganización, permitiendo transparentar todo préstamo o financiamiento a un deudor en crisis.

El señor Nelson Contador indica que, en la práctica, se pospondrá el pago por estipulación del Acuerdo de Reorganización; sin embargo, puede ser que el disponerlo en la ley le dé más seriedad. El señor Montalva insiste en que ya existen en el proyecto barreras de entrada para acreedores maliciosos, como la impugnación de los créditos, y le parece innecesario establecer una presunción de mala fe en la ley.

El señor Gonzalo Torre consulta si se ve afectado el derecho de prelación de créditos. La señora Anguita aclara que se impone una forma de pago pero no se altera el orden de prelación de créditos en el Procedimiento Concursal de Reorganización, por cuanto éste organiza el pago de los créditos de forma consensual y privada.

Por último, el señor Eduardo Barros solicita dejar constancia de la aclaración efectuada por la señora Anguita, al señalar que la afectación de los derechos políticos de los acreedores relacionados se encuentra ya consagrada en la legislación vigente, en los artículos 173 y 190 del Libro IV del Código de Comercio. La señora Superintendenta señala que ambas posturas son válidas y justificadas, pues una busca eliminar el incentivo perverso que pudiera tener el deudor de preparar una reorganización y la otra busca evitar un triple castigo al acreedor relacionado que a su vez limite los Acuerdos de Reorganización. Indica que se debe definir qué interés debe primar. Propone la siguiente nueva redacción que intenta recoger las posturas discutidas:

“Artículo 64: Posposición del pago a acreedores Personas Relacionadas. Los acreedores Personas Relacionadas con el deudor deberán posponer el pago de sus créditos, salvo acuerdo en contrario expresado en el Acuerdo de Reorganización Judicial, hasta que se paguen íntegramente los créditos de los demás acreedores a quienes les afectará el Acuerdo de Reorganización Judicial. Esta posposición no regirá respecto de los créditos que se originen en virtud de los artículos 73 y 74. Tampoco regirá respecto de los créditos que se originen en virtud del artículo 75, en la medida que se autorice por los acreedores que representen más del 50% del pasivo del deudor.”.

Los miembros de la Comisión Técnica dejan abierta la discusión de este artículo a las Comisiones Unidas.

El Honorable Senador señor Tuma señaló que no tiene claridad de cuál puede ser la redacción más adecuada para lograr evitar que se conjuguen intereses de Personas Relacionadas con el objeto de aprovecharse de una situación de reorganización. Estima, sin embargo, que para las PYMES es desproporcionado excluir a todas las empresas vinculadas de las facultades que se dan a otros acreedores.

Agregó que debe buscarse una vía para que las pequeñas empresas que puedan demostrar que tienen una relación permanente y en proporciones adecuadas a su tamaño y facturación histórica, puedan gozar de los mismos derechos que usa cualquier acreedor. Por otra parte, estimó que deben establecerse penas severas para sancionar alguna relación planificada e intencionada de perjudicar a la masa de los acreedores.

Añadió que no se puede presumir la mala fe de todos los que están relacionados. En ese caso, advirtió que lo que ocurrirá es que habrá menor predisposición de aquellos que están relacionados para colaborar en la reorganización de quien está en problemas.

Consideró que debe buscarse una redacción que logre un equilibrio entre evitar que las empresas relacionadas puedan hacer uso malicioso de su relación, sin perjudicar a aquellos proveedores que tienen una acreencia legítima.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que hay la proposición de la Superintendencia le parece acertada, pues consiste en posponer el pago, salvo acuerdo en contrario de la reorganización.

El Honorable Senador señor Zaldívar advirtió que este tema es discutible. Sugirió la posibilidad de hacer una distinción entre los créditos de la cuenta corriente y los créditos documentarios. Señaló que los primeros pueden ser objeto de manipulación, mientras que los segundos están dotados de una mayor seriedad. Agregó que hay menos obligación de posponer el crédito documentario, en cambio el crédito de cuenta corriente sí se puede posponer, salvo que la propia junta acuerde no hacerlo.

El Honorable Senador señor García inquirió respecto a la definición de personas relacionadas, ya que entiende que se está hablando de personas relacionadas con la propiedad y no de acreedores que tienen dicha calidad porque son proveedores. Sostuvo que cuando se habla de personas que se relacionan con la propiedad, la norma general debiera ser que éstas sean las últimas en pagarse, porque de lo contrario, puede transformarse en una forma de burlar a los acreedores que no tienen relación con la propiedad.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sostuvo que en el término personas relacionadas una vinculación tiene que ver con familiares, cónyuges y las sociedades en que participen y la otra, con las personas que están en el artículo 100 de la ley sobre Mercado de Valores.

El Honorable Senador señor Tuma indicó que es muy importante tener en cuenta la definición de personas relacionadas al precisar la redacción del artículo en discusión y, de esta manera, impedir que no se abuse de los recursos de la masa y tampoco se afecte a personas relacionadas sin vinculación con la propiedad, pero que han sido proveedores durante largo tiempo.

Se refirió a aquellos acreedores que otorgaron un crédito a la empresa, los que no deben ser discriminados y cuyos intereses y derechos deben resguardarse.

La Honorable Senadora señora Alvear opinó que cuesta equilibrar el no establecer demasiadas sanciones y, por otro lado, constatar la poca aplicación práctica que tiene la norma. Incluso, señaló que esta regla podría considerarse inútil.

La señora Superintendenta de Quiebras sostuvo que el tratamiento de las personas relacionadas es una materia que se discute mucho. Con respecto a la pregunta del Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, argumentó que cuando las personas relacionadas le hecen un préstamo a la empresa deudora, podrían tener una preferencia en el pago, en el sentido que podrían crear un acuerdo de reorganización sin ser verdaderos acreedores, porque finalmente están relacionados con la empresa deudora.

Agregó que las personas relacionadas con el deudor tienen un doble castigo, que consiste en que no están considerados en el pasivo, por lo cual no pueden votar en la junta de acreedores ni nominar al veedor. Un tercer castigo consiste en que, en la práctica, se posponen los acreedores relacionados. Con la norma se busca recoger dicha práctica, evitar la creación de créditos relacionados y crear una especie de acuerdo de reorganización judicial cuando está compuesto por créditos de personas relacionadas. Siempre hay excepciones en la posposición de pago de los acreedores relacionados. Si se habla de un proveedor que suministra continuamente a la empresa deudora, no se va posponer el pago. Si se trata de un acreedor que suministra continuamente una línea de crédito, tampoco se pospone el pago y si se trata de un acreedor relacionado que le presta a la empresa deudora, no se verá pospuesto, siempre y cuando cuente con la autorización de los acreedores que representen más del 50% del pasivo.

Añadió que todos aquellos buenos acreedores que permiten que la empresa deudora se salve, no serán pospuestos.

El Honorable Senador señor Tuma manifestó que la explicación de la señora Superintendenta le da tranquilidad, aun cuando el artículo 73 no es claro en su redacción.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sostuvo que es necesario regular la autorización excepcional de la no posposición del pago de los créditos a las empresas relacionadas.

El Honorable Senador señor Tuma indicó que con lo señalado por el Senador señor Larraín, don Hernán, se le estaría planteando a otros acreedores que tienen interés en recuperar sus acreencias, que decidan si van a permitir recuperar su acreencia a la empresa relacionada.

Agregó que lo se debería fijar es que si existe un procedimiento o un antecedente de habitualidad como proveedor, se tendría la condición de igualdad aunque se trate de una empresa relacionada, excepto que dicha relación sea con la propiedad.

El Honorable Senador señor Espina advirtió que el riesgo práctico es que se constituyan falsamente acreencias y que ellas, relacionadas con la empresa, se paguen y recuperen dineros indebidamente. Añadió que la propuesta de la Superintendencia resuelve el problema planteado.

El Honorable Senador señor García manifestó no entender la inquietud del Honorable Senador señor Tuma, porque la propuesta permite que no se puedan posponer los créditos que se originen en virtud de los artículos 73, 74 y 75. Éstos, dijo, quedan excluidos de ser pospuestos, es decir, pasan a tener prioridad en su pago y en su recuperación.

El Honorable Senador señor Tuma señaló que el artículo 73 se refiere a los proveedores de bienes y servicios que sean indispensables para el funcionamiento de la Empresa Deudora. Mostró su inquietud respecto a la situación en que se encuentran aquellos que no son indispensables.

Agregó que considera que no es un buen resguardo asegurar que la norma no se les aplicará a aquellos que obtengan menos de 90 días. Opinó que en materia comercial debe señalarse una fecha más lejana para asegurar el resguardo de dichas acreencias.

El Honorable Senador señor García advirtió que el artículo 73 se refiere a la continuidad del suministro. Señaló que quienes han participado en el suministro normal, son acreedores con todos los privilegios que otorga la Ley de Quiebras y, sin perjuicio de revisar el ya mencionado artículo, quedan excluidos, es decir, no pueden ser pospuestos.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, preguntó qué significa mantener el suministro y si hay una definición cuantitativa.

Respecto al plazo de 90 días, la Superintendenta de Quiebras, señora Montenegro, señaló que éste corresponde a la práctica habitual. Se trata, dijo, de que el proveedor no suspenda el suministro a una empresa que está en crisis y que está proponiendo una reorganización.

Agregó que la intención es que dicho proveedor siga suministrando, ya que sus facturas no se han dejado de pagar y se le pagarán de acuerdo al giro.

El Honorable Senador señor Tuma preguntó que si es relacionado, por qué razón para otorgarle la excepción se le exige que sea un proveedor de productos indispensables.

La Superintendenta de Quiebras, señora Montenegro, manifestó que el artículo 73 habla de todos los proveedores y no sólo de las personas relacionadas.

El Honorable Senador señor Tuma consultó cómo se protege a los acreedores habituales para que no sean excluidos o postergados en el tratamiento de su acreencia.

El Honorable Senador señor García expresó que la regla general es que los relacionados se posponen; sin embargo, cuando se trata de un proveedor relacionado que entrega servicios indispensables para la continuidad del giro, en dicho caso se le excluye de la posposición, con el propósito de facilitar también que tenga el flujo necesario para continuar funcionando. Si bien el artículo 73 está referido a todos los proveedores, en el artículo 64, cuando se hace la exclusión, se hace referencia a los del artículo 73, pero que estén relacionados en la propiedad.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que corresponde resolver, en primer lugar, la norma que se propone en el texto original que excluye a todos los relacionados. La segunda fórmula es la que propone la Superintendencia, que los excluye, salvo acuerdo de reorganización judicial. La última alternativa es tomar la indicación, lo que se traduce en eliminar la disposición.

Sugirió a la Comisión conservar la excepción, ya que ello va en beneficio del mejor resultado del procedimiento concursal.

El Honorable Senador señor Tuma recalcó que aún falta para garantizar no existan reorganizaciones basadas en una relación fraudulenta y, a la vez, proteger los intereses de aquellos que no están vinculados a aquellas vinculaciones.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas indicó que se podría volver a la discusión del artículo 64 una vez que la Comisión analice los artículos 73 y 74.

El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que aun cuando la propuesta de la Superintendencia clarifica la situación, debe hacerse una referencia a los créditos debidamente documentados.

El Profesor señor Contador manifestó entender la inquietud del Honorable Senador señor Tuma, quien se pone en la situación de un acreedor relacionado a través de PYMES, que está en permanente apoyo al deudor que está en proceso de reorganización. Recordó lo ocurrido con fecha 13 de enero del año 1982, en que se produjo la intervención bancaria en nuestro país y, como consecuencia de ello, se declararon las quiebras de todas las empresas vinculadas a los grupos económicos donde había una intervención por parte del órgano regulador y la totalidad de los créditos que estaban vinculados en estas organizaciones.

Agregó que la preocupación del Honorable Senador señor Tuma es lógica, ya que se debe tener el cuidado de no afectar a aquel proveedor que está acompañando a su empresa relacionada en el abastecimiento.

Expresó que cuando hay una relación de abastecimiento de un proveedor, tendrá un respaldo documental, que es la factura. Si consta que el crédito relacionado proviene de un documento efectivo, no habrá inconveniente en incorporarlo dentro de la excepción. En cambio, si el crédito está en cuenta corriente, se entra en una suerte de manto de sospecha, porque la cuenta corriente corresponde a anotaciones contables que aparecen como créditos. Propuso complementar la propuesta de la Superintendencia, con la circunstancia de que el crédito conste documentariamente.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sugirió agregar la expresión “debidamente documentados” en el inciso primero de la propuesta efectuada por la Superintendencia.

El Profesor señor Peuriot señaló que se debe recordar que la norma está recogiendo lo que ocurre en la práctica, en que lo que sucede es que los acreedores relacionados quedan pospuestos. La circunstancia de que exista un documento le permite al deudor con sus empresas relacionadas una solución rápida; por lo tanto, si se dirá en la ley que no habrá posposición de pago con un acreedor relacionado por el solo hecho de que exista un documento, lo más probable es que la ley vaya en contra de lo que se establece en la práctica y eso sería más problemático.

El Honorable Senador señor Espina no compartió la inquietud del Honorable Senador señor Tuma y opinó que la norma está bien construida.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, indicó que este es un tema de difícil solución con las redacciones que hasta el momento se han tenido en vista, razón por la cual solicitó a la Superintendencia una redacción alternativa para este artículo.

La señora Superintendenta de Quiebras, en cumplimiento del encargo hecho por las Comisiones Unidas, presentó posteriormente la siguiente proposición sustitutiva para el artículo 64:

“Artículo 64.- Posposición del pago a acreedores Personas Relacionadas. Los acreedores Personas Relacionadas con el deudor, cuyos créditos no se encuentren debidamente documentados 90 días antes del inicio del Procedimiento Concursal de Reorganización, deberá posponer el pago de sus créditos, hasta que se paguen íntegramente los créditos de los demás acreedores a quienes les afectará el Acuerdo de Reorganización Judicial. Sin perjuicio de lo anterior, el Acuerdo de Reorganización Judicial podrá hacer con el deudor, cuyos créditos se encuentran documentados, previo informe fundado del Veedor. Esta posposición no regirá respecto de los créditos que se originen en virtud de los artículos 73 y 74. Tampoco regirá respecto de los créditos que se originen en virtud del artículo 75, en la medida que se autorice por los acreedores que representen más del 50% del pasivo del deudor.”.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, observó en primer término que es necesario hacer las correcciones formales que sean pertinentes para evitar las repeticiones excesivas de términos.

El Honorable Senador señor Tuma indicó que la proposición mantiene el tratamiento respecto de la posposición de los acreedores relacionados. Observó que excepcionalmente se permite a esos acreedores actuar conjuntamente con los del régimen común cuando se trata de créditos que estén documentados, entendiendo por tales -para la historia de la ley-, los que se encuentran emitidos y están registrados por el deudor.

Añadió que la propuesta también considera un resguardo para evitar confecciones fraudulentas de créditos: se requiere que el crédito en cuestión exista y esté documentos con 90 días de anterioridad al inicio del procedimiento concursal de reorganización.

La señora Superintendenta de Quiebras explicó que la primera diferencia que introduce la proposición en relación con el texto aprobado en general del artículo 64 es que en este último no se consideraba la posibilidad de excepcionar a ciertos créditos relacionados que se encuentren en determinadas condiciones, sino que todos iban al sistema común de posposición. Añadió que se mantiene la exclusión previamente establecida del régimen de posposición, cuando se trata de los créditos indicados en el artículo 73, sobre suministros asegurados; 75, sobre préstamos para la continuación de operaciones, o cuando hay acuerdo de más del 50% de los acreedores sobre el punto.

Planteó que la nueva excepción que se considera es la posibilidad de excluir de la posposición a ciertos créditos relacionados cuando ellos se encuentren debidamente documentados 90 días antes del inicio del procedimiento concursal de reorganización. Además, se previene que el propio acuerdo de reorganización judicial puede evitar las posposición de un crédito relacionado si cuenta con informe favorable del veedor a cargo del proceso y si está documentados

El Honorable Senador señor Espina notó que en el caso que propone la nueva disposición como regla general hay un criterio general y objetivo: se trata de un crédito contraído a los menos 90 días antes que se inició el proceso concursal y que se encuentra debidamente documentado. Pero observó que el segundo caso que se incorpora en esta oportunidad es más discutible, porque en el fondo le entrega al mero arbitrio de la junta de acreedores decidir cuando un crédito relacionado se pospone y cuando no.

La señora Superintendenta de Quiebras contestó la inquietud señalando que en este caso se requiere el informe favorable del veedor a cargo y la aquiescencia de más de la mitad de los acreedores. La personera añadió que en la actualidad es común que la junta de acreedores acuerde por mayoría posponer a algunos de los relacionados y a otros integrarlos al régimen normal de repartos.

El Honorable Senador señor Espina expresó que comprende la existencia de condiciones para decidir la posposición, pero aún considera que no hay criterios objetivos sino una mera facultad abierta para una mayoría circunstancial de la junta de acreedores apoyada por un veedor que le es parcial. El Parlamentario recordó que es la propia ley la que establece de forma objetivo cuales son los créditos que tienen prelación y cómo se contabilizan los quórum de aprobación en este caso. Señaló que esperaría que en este caso existieran en el texto positivo criterios de la misma índole.

El Honorable Senador señor Tuma recordó que en la actualidad todos los créditos relacionados quedan pospuestos, y lo que hace la proposición es permitir que determinados relacionados queden incluidos en el régimen común de repartición imponiendo para ello parámetros que impidan el fraude, como es una mayoría consistente de acreedores y un informe favorable del veedor a cargo.

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que debería establecerse en la ley algún motivo objetivo para hacer excepcionar de las posposición más allá del mero arbitrio de la Junta de Acreedores y el informe del veedor. Observó que los créditos relacionados a que hacen mención los artículo 73 y 74 no tienen posposición de ninguna especie porque corresponde a un tipo determinado de créditos con características establecidas en la propia ley. Añadió que la regla que propone la última frase del nuevo artículo presentado en esta sesión también debería especificar que se trata de créditos debidamente documentados.

La señora Superintendenta recordó que la proposición se refiere sólo a casos excepcionales en que se quiere evitar la regla general de la posposición, tomando todos los resguardos posibles que impidan las situaciones burdas y los fraudes. Explicó que la regla de la documentación con 90 días de antelación impide, por ejemplo, que una cuenta corriente mercantil entre relacionados se transforme en un mutuo. Recordó que la excepción a la posposición sólo tiene efecto respecto del pago, porque por mucho que haya operado dicha excepción los acreedores personas relacionadas no se contabilizan en el quórum de votación.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, subrayó que en este caso siempre se requiere de un acuerdo de la mayoría de los acreedores y un informe favorable del veedor a cargo, por tanto la posibilidad de un mal manejo se aleja.

La señora Superintendenta observó que el mismo quórum que se requiere para estipular el acuerdo de reorganización judicial es el que se requiere en este caso para aprobar una excepción a la posposición de un crédito relacionado.

El Honorable Senador señor Espina expresó que en la medida que quede clara la explicación señalada por la señora Superintendenta en la historia de la ley, es dable aprobar la proposición sustitutiva que acá se presenta. Con todo, si antes de el despacho del proyecto se elabora algún criterio más objetivo para incorporar en la excepción propuesta, Su Señoría solicitó que se volviera a reabrir debate sobre el punto.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, coincidió con lo señalado por el Parlamentario que lo antecedió en el uso de la palabra, manifestó que es necesario introducir algunos ajustes formales a la redacción tal como anteriormente lo expresó el Honorable Senador señor Walker, don Patricio.

- Sometida a votación la proposición sustitutiva del artículo 64, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Espina (dos votos); Larraín, don Hernán; Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio). Con la misma votación se rechazó la indicación 43 b.

Artículos 65 y 66

Estas disposiciones no recibieron indicaciones, aun cuando se les hicieron algunas enmiendas formales.

Artículo 67

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 67.- Acreedores comprendidos en los Acuerdos de Reorganización Judicial. Los Acuerdos de Reorganización Judicial sólo afectarán a los acreedores cuyos créditos se encuentren en la nómina de créditos reconocidos.

Los créditos que se originen con posterioridad, salvo lo dispuesto en el artículo 73 sobre suministro asegurado y el artículo 75 sobre préstamos para el financiamiento de operaciones y que no hayan sido considerados en la referida nómina, no serán incluidos en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

A este precepto, se presentó la indicación número 44, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, para suprimir, en el inciso segundo, el texto “, salvo lo dispuesto en el artículo 73 sobre suministro asegurado y el artículo 75 sobre préstamos para el financiamiento de operaciones y que no hayan sido considerados en la referida nómina,”.

La Comisión Técnica no hizo observaciones a este artículo, salvo sugerir que se modifique el inciso primero en concordancia con la discusión y los acuerdos referidos al artículo 92. En cuanto a la indicación, se la consideró pertinente.

Ante una consulta del señor Presidente de las Comisiones Unidas en este sentido, la señora Superintendenta señaló que esta disposición no tiene relación con el artículo 64, pero sí con los artículos 73, 74, 75 y 92.

- Puesta en votación la indicación número 44, fue aprobada con modificaciones para acoger lo señalado por la Comisión Técnica, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 68

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 68.- Código de gestión para los deudores. Sin perjuicio de las obligaciones de hacer y de no hacer que se pacten en el Acuerdo de Reorganización Judicial, podrán incorporarse las siguientes normas:

1) La prohibición a la Empresa Deudora de repartir sumas a sus accionistas o socios, bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, ya sea por la vía de reducción de capital y/o condonación de préstamos otorgados, antes de haber pagado el 100% de las obligaciones emanadas del Acuerdo de Reorganización Judicial. Respecto de los repartos de dividendos, no podrán realizarse en tanto existan pérdidas acumuladas. Existiendo utilidades, se distribuirá como dividendo el porcentaje mínimo que para estos efectos establece la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en su caso.

2) La obligación del deudor de resuscribir y/o reaceptar todos los títulos de crédito que haya suscrito para el otorgamiento de los créditos que forman parte del Acuerdo de Reorganización Judicial, sea en el mismo documento, en hoja de prolongación o en instrumento separado, modificando las menciones relativas al importe, tasa de interés, plazo de vencimiento y demás estipulaciones, todo ello con sujeción a los términos que en definitiva se pacten con los acreedores en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

3) El establecimiento de multas para el deudor y sus administradores, a favor de los acreedores a los que afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial en caso de incumplimiento de las obligaciones de hacer o no hacer acordadas en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

A esta norma se presentaron las indicaciones números 45, 45 a, 46 y 47.

La número 45, de los Honorables Senadores señores Espina y García, reemplaza, en su encabezamiento, la frase “Código de gestión para los deudores.”, por “Estipulaciones obligatorias del Acuerdo de Reorganización Judicial.”.

La número 45 a, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, sustituye en su encabezamiento el término “podrán” por “deberán”.

La número 46, de los Honorables Senadores señores Espina y García, reemplaza su número 1) por el siguiente:

“1) Se prohíbe a la Empresa Deudora repartir sumas a sus accionistas o socios, bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, ya sea por la vía de reducción de capital, condonación de préstamos otorgados y/o repartos de dividendos antes de haber pagado el 100% de las obligaciones emanadas del Acuerdo de Reorganización Judicial, salvo que los acreedores expresamente lo autoricen en la forma que lo determine el Acuerdo.”.

La número 47, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para suprimir su número 3).

La señora Superintendenta informó que la Comisión Técnica había coincidido con todas las indicaciones presentadas.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, advirtió que las obligaciones de los números 1 y 2 son de muy distinta naturaleza pues la primera no es una estipulación obligatoria que se incorpora en el acuerdo, sino que es una prohibición de hacer, en tanto que la segunda obligación dice relación con contener y receptar los títulos de crédito por parte del deudor.

La Superintendenta de Quiebras, señora Montenegro, indicó que ambas son gestiones y que una de ellas es una prohibición, en tanto que la otra constituye una obligación de hacer.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, preguntó qué era lo obligatorio, porque se señala en el inciso primero del artículo 68 que: “Sin perjuicio de las obligaciones de hacer y de no hacer que se pacten en el acuerdo de Reorganización Judicial, deberán incorporarse las siguientes normas…”.

El Honorable Senador señor García manifestó que la prohibición señalada en el número 1 del artículo antes mencionado debiera ser una prohibición legal y no formar parte de lo que se pacte en el Convenio de Reorganización Judicial. En cambio, el número 2) es propio de un Acuerdo de este tipo.

El Honorable Senador señor Espina dijo entender la preocupación expuesta, pero advirtió que no percibe ninguna dificultad en la forma que como está redactado este precepto, ya que es un artículo que establece una prohibición y una obligación y ambas deben incluirse en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

Inquirió si una simple mayoría de acreedores podría autorizar que en la reorganización se repartan sumas a los accionistas o socios de la empresa que está salvándose de la quiebra.

La Superintendenta de Quiebras, señora Montenegro, afirmó que es posible la situación planteada por el Honorable Senador señor Espina en el caso que lo autoricen expresamente los acreedores y siempre que no se traspase el límite que establece la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

El Profesor señor Contador sugirió modificar el encabezado del número 1 del artículo 68 de la siguiente forma: “1) La estipulación de no repartir sumas a sus accionistas…”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso establecer una disposición aparte, que disponga que el Acuerdo de Reorganización Judicial no podrá incorporar normas que permitan a la empresa deudora repartir sumas.

El Honorable Senador señor García manifestó que debe dejarse en el Acuerdo de Reorganización Judicial la autorización para que se pueda pagar a determinados acreedores.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas indicó que la norma debería contener en su redacción oraciones como: “Las autorizaciones que los acreedores expresamente señalen en el Acuerdo, que permitan repartir sumas…”, agregando que “sin dicha autorización tales actos no podrán realizarse o quedarán prohibidos.”. Precisó que lo que se puede estipular es la autorización de los acreedores para que excepcionalmente la prohibición no rija.

Solicitó a la señora Superintendenta presentar una redacción reflejando estos criterios.

La Superintendenta de Quiebras, señora Montenegro, coincidió con esta propuesta y anunció que elaboraría una redacción.

En cumplimiento del encargo, la señora Superintendenta sometió a consideración de Sus Señorías el siguiente texto alternativo para el artículo 68:

“Artículo 67.- Estipulación obligatoria del Acuerdo de Reorganización Judicial. Sin perjuicio de las obligaciones de hacer y de no hacer que se pacten en el Acuerdo de Reorganización Judicial, deberá establecerse la obligación del Deudor de resuscribir y/o reaceptar todos los títulos de crédito que haya suscrito para el otorgamiento de los créditos que formen parte del Acuerdo, sea en el mismo documento, en hoja de prolongación o en instrumento separado. La resuscripción o reaceptación modificará las menciones relativas al importe, tasa de interés, plazo de vencimiento y demás estipulaciones, todo ello con sujeción a los términos que en definitiva se pacten con los acreedores en el Acuerdo.”.

A suvez, y por la importancia de la materia tratada por la indicación al 46, la señora Superintendenta propuso añadir un nuevo artículo al proyecto, que tratara el punto de forma específica. Su tenor es el siguiente:

“Artículo …- Prohibición de repartos. Se prohíbe a la Empresa Deudora repartir sumas a sus accionistas o socios, bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, sea por la vía de reducción de capital, condonación de préstamos otorgados y/o repartos de dividendos antes de haber pagado el 100% de las obligaciones emanadas del Acuerdo de Reorganización Judicial, salvo que los acreedores expresamente lo autoricen en la forma que lo determine el Acuerdo.”.

- Sometida a votación las proposición antes señalada, fue aprobada como texto alternativo de las indicaciones 45, 45 a, 46 y 47. Esta acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García, Espina (dos votos); Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 69

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 69.- Cláusula arbitral en Acuerdos de Reorganización. En ambas clases o categorías de Acuerdo de Reorganización Judicial podrá acordarse una cláusula arbitral, en cuyo caso las diferencias que se produzcan entre el deudor y uno o más acreedores o entre éstos, con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento, terminación o declaración de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, se someterán a arbitraje, el que será obligatorio para todos los acreedores a los que afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial.

Si el árbitro declara la terminación o el incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, remitirá de inmediato el expediente al tribunal competente para que éste dicte la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación en conformidad a esta Ley.”.

A esta disposición se presentó la indicación número 47 a, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para sustituir, en el inciso primero, el término “ambas” por la expresión “cualquiera de las”.

La Comisión Técnica no formuló observaciones a este artículo y consideró pertinente la indicación presentada.

El Honorable Senador señor Espina sugirió introducir un conjunto de enmiendas formales a la disposición, de manera de aclarar su contenido.

- Puesta en votación la indicación número 47 a, fue aprobada con las modificaciones sugeridas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 70

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 70.- Interventor y/o Comisión de Acreedores. El Acuerdo de Reorganización Judicial deberá estipular el nombramiento de un interventor por al menos un año contado desde el Acuerdo de Reorganización Judicial, debiendo dicho nombramiento recaer necesariamente en cualquier Veedor vigente de la Nómina de Veedores, el que tendrá las atribuciones, deberes y remuneración que el mismo Acuerdo de Reorganización Judicial señale. Si no se especificaren las facultades de dicho interventor, se entenderá que tiene aquellas señaladas en el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, en el Acuerdo de Reorganización Judicial se podrá designar a una Comisión de Acreedores para supervigilar el cumplimiento de sus estipulaciones, con las atribuciones, deberes y remuneración, en su caso, que el Acuerdo de Reorganización Judicial señale.”.

A esta disposición, se presentó la indicación número 48, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, para intecalar, en su inciso primero, a continuación de la expresión “señale”, la oración “El Veedor tendrá la obligación de denunciar a los acreedores el incumplimiento de dicho acuerdo.”.

La Comisión Técnica coincidió con esta disposición y, respecto a la indicación presentada por el Ejecutivo, el señor Gonzalo Torre plantea si es necesario especificar cómo se materializará la denuncia referida.

Luego de un breve debate, se propone que el Veedor ponga en conocimiento, por correo electrónico, tanto a la Superintendencia como a los acreedores a quienes afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial, sobre cualquier incumplimiento, de manera fundada. En consecuencia, el señor Eduardo Barros sugiere reemplazar la expresión “denunciar” por “poner en conocimiento”. La unanimidad de los miembros está de acuerdo con ambas propuestas.

El señor Barros solicita dejar constancia de que el pago de honorarios a los veedores por parte de la Empresa Deudora pequeña o mediana, podría constituir una barrera de entrada. La señora Superintendenta señala que lo anterior se ha discutido a propósito del asesor económico de insolvencias regulado en la Ley de Reorganización o Cierre de Micro y Pequeñas Empresas en Crisis.

El señor Gonzalo Torre señala que la Honorable Senadora señora Alvear ha manifestado interés en mejorar dicha ley, lo que podría efectuarse en el Capítulo X de este proyecto, que contempla modificaciones a otras leyes especiales. Agrega que, en su experiencia como asesor económico de insolvencias, uno de los principales problemas prácticos ha sido precisamente el pago de sus honorarios, porque las empresas que solicitan la asesoría son micro y pequeñas, con escasos recursos y, además, se encuentran en una situación financiera crítica.

El señor Barros consulta si sería posible analizar alguna clase de subsidio para las PYMES, de manera de acceder a estos procedimientos de reorganización. La señora Superintendenta señala que, en virtud del informe trabajado en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos, las pequeñas empresas en situación de reorganización son muchas y un subsidio en esa línea tendría un costo muy alto para el Estado. En este orden, propone reducir dicho incentivo solamente a las micro empresas.

El señor Barros expresa que debe tenerse presente que una empresa que sigue viva continúa tributando y, por ende, representando un ingreso para el Estado. A contrario sensu, una empresa en crisis implica una disminución de los tributos. En consecuencia, si se crea un subsidio, la Mype continuará pagando sus impuestos y entregando empleo, lo que compensaría los subsidios que pudieran otorgársele. Agrega que este proyecto de ley busca incentivar la reorganización de todas las empresas en crisis, por lo tanto, es importante considerar incentivos para que todas éstas se sometan a sus procedimientos concursales, especialmente las micro y pequeñas empresas.

La Superintendencia propone revisar, en conjunto con el Ministerio de Economía, la posibilidad de que en los Procedimientos Concursales de Reorganización de las micro y, en su caso, de las pequeñas empresas, se fije un honorario base para el Veedor, con cargo al presupuesto del Estado, debiendo el propio deudor Mype soportar la diferencia. La unanimidad de los miembros de la Comisión Técnica manifiesta estar de acuerdo y solicita dejar constancia que este tema es de relevancia, por lo que debe tenerse presente durante la discusión de todo el proyecto de ley.

- Puesta en votación la indicación número 48, fue aprobada con las modificaciones señaladas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Senadores García, Espina (dos votos); Larraín, don Hernán (por el Honorable Senador señor Novoa), Walker, don Patricio, y Zaldívar. Igualmente, el precepto tuvo otros ajustes de forma.

Párrafo 2. De la determinación del pasivo

Artículo 71

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 71.- Verificación y objeción de los créditos. Los acreedores tendrán un plazo de cinco días contados desde la notificación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización a que se refiere el artículo 58, para verificar sus créditos ante el tribunal que conoce del procedimiento, debiendo acompañar los títulos justificativos del crédito. No será necesaria verificación alguna si los créditos se encontraren incluidos, a satisfacción del acreedor en el estado de deudas a que se refiere el número 4 del artículo 57 publicado en el Boletín Concursal.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior y dentro de los dos días siguientes, el Veedor publicará en el Boletín Concursal, todas las verificaciones presentadas.

En el plazo de cinco días siguientes a la publicación indicada en el inciso precedente, el Veedor, el deudor y los acreedores podrán deducir objeción fundada sobre la falta de títulos justificativos, los montos y las preferencias de los créditos que se indican en el estado de las deudas que presenta el deudor de conformidad al número 4 del artículo 57, y en las verificaciones presentadas.

Los interesados presentarán sus objeciones ante el tribunal. Expirado el plazo que se indica en el inciso anterior sin que se formulen objeciones, los créditos no objetados quedarán reconocidos. Vencido el plazo anterior y dentro de los dos días siguientes, el Veedor publicará en el Boletín Concursal, todas las objeciones presentadas.

El Veedor confeccionará la nómina de los créditos reconocidos y la acompañará a los autos dentro de cuarto día de expirado el plazo para objetar y la publicará en el Boletín Concursal, sirviendo ésta como única nómina para la votación a que se refiere el artículo 79.”.

A esta norma se presentaron las indicaciones números 49, 50 y 51, todas de Su Excelencia el señor Presidente de la República.

La número 49, para reemplazar, en el inciso primero, la voz “cinco” por “ocho”. La número 50, para sustituir, en el inciso tercero, la palabra “cinco” por “ocho”. Y la número 51, para reemplazar, en el inciso quinto, la voz “cuarto” por “quinto”.

La Comisión Técnica no tuvo observaciones a este artículo y consideró pertinentes las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Se dejó constancia del acuerdo adoptado por las Comisiones Unidas en cuanto a reemplazar la expresión "Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización" por "Resolución de Reorganización".

El Profesor señor Peuriot hizo una sugerencia de redacción en el inciso final del artículo. En él, se señala que: “…sirviendo ésta como única nómina para la votación a que se refiere el artículo 79”, sin embargo, el artículo 72 contempla la posibilidad de ampliar dicha nómina y el mismo artículo 79 se pone en el caso que se amplíe o modifique, por lo tanto, la norma resulta enfática y contradictoria con lo que viene a renglón siguiente. Propuso agregar la frase: “sin perjuicio de su eventual ampliación o modificación conforme al artículo siguiente”.

- Puestas en votación las indicaciones números 49, 50 y 51, fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Se deja constancia que la discusión de esta disposición se reabrió como consecuencias de la adopción de un nuevo texto para el artículo 95, y las indicaciones antes señaladas fueron nuevamente votadas, tal como se señala en esa disposición.

Artículo 72

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 72.- Impugnación de créditos. Si se formulan objeciones, el Veedor arbitrará las medidas necesarias para que se obtenga el debido ajuste entre los objetantes y los objetados correspondientes.

Si no se subsanan las objeciones deducidas, los créditos objeto de dichas objeciones se considerarán impugnados y el Veedor los acumulará y emitirá un informe acerca de si existen o no fundamentos plausibles para ser considerados por el tribunal competente. Acompañará junto a la nómina de créditos reconocidos, la nómina de créditos impugnados con su informe al tribunal competente y la publicará en el Boletín Concursal, dentro de los cuatro días siguientes a la expiración del plazo previsto para objetar que se señala en el inciso primero del artículo anterior.

Agregado a los autos la nómina de créditos impugnados con el informe del Veedor, el tribunal citará a una audiencia única y verbal para el fallo de éstas, dentro de décimo día, contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada la nómina de créditos reconocidos e impugnados.

A dicha audiencia podrán concurrir el Veedor, el deudor, los impugnantes y el titular del crédito impugnado. En la misma audiencia deberán resolverse las incidencias que promuevan las partes en relación a las impugnaciones. El tribunal competente podrá, si fuere estrictamente necesario, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad. Con todo, la resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones deberá dictarse a más tardar el segundo día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

La resolución que falle las impugnaciones será apelable en el sólo efecto devolutivo. Dicha resolución ordenará la incorporación o modificación de créditos en la nómina de créditos reconocidos, cuando corresponda. La referida nómina deberá publicarse en el Boletín Concursal, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.”.

A este precepto se presentó la indicación número 52, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, para reemplazar, en su inciso tercero, la palabra “décimo” por “tercero”.

La Comisión Técnica no formuló observaciones a este artículo, salvo la conveniencia de expresar en el inciso final que quien debe efectuar la publicación en el Boletín Concursal es el Veedor. Asimismo, la indicación presentada por el Ejecutivo fue considerada pertinente.

El Honorable Senador señor Espina sugirió reemplazar la expresión “autos” por “expediente”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, consideró razonable lo planteado por el Honorable Senador señor Espina y solicitó revisar todo el texto del proyecto, porque la expresión “autos” podría estar utilizada en otro artículo.

La señora Superintendenta de Quiebras indicó que se intenta reflejar que el Veedor tratará de subsanar ciertas objeciones. Señaló que si la palabra “ajuste” no refleja lo anterior, puede ser reemplazada.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas recalcó que lo que se procura es que el Veedor arbitre las medidas necesarias para que se subsanen dichas objeciones. Sugirió simplificar la redacción y reemplazar la palabra “autos” por “expediente”.

- Puesta en votación la indicación número 52, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Se deja constancia que la discusión de esta disposición se reabrió como consecuencias de la adopción de un nuevo texto para el artículo 95, y las indicaciones antes señaladas fueron nuevamente votadas, tal como se señala en esa disposición.

Párrafo 3

Del suministro asegurado; de la venta necesaria de activos y de los nuevos recursos

La indicación número 52 a), de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, suprime la palabra “necesaria” e inserta, al final, la frase “durante la Protección Financiera Concursal”.

La Comisión Técnica estuvo de acuerdo con la referida indicación. Asimismo, en virtud de la propuesta de la Superintendencia acordada a propósito del artículo siguiente, se sugiere reemplazar la expresión “suministro asegurado” por “continuidad del suministro”.

- Puesta en votación la indicación número 52 a), fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 73

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 73.- Suministro asegurado. Los proveedores de bienes y servicios que sean indispensables para el funcionamiento de la Empresa Deudora, cuyas facturas tengan como fecha de emisión no más de noventa ni menos de treinta días anteriores a la fecha de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización y en la medida que en su conjunto no superen el 20% del pasivo señalado en la certificación contable referida en el artículo 57, no se considerarán acreedores de la Empresa Deudora y se pagarán preferentemente en las fechas originalmente convenidas, siempre que el respectivo proveedor mantenga el suministro a la Empresa Deudora, circunstancia que deberá acreditar el Veedor.

En caso de no suscribirse el Acuerdo de Reorganización Judicial, y en consecuencia se dictare la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa Deudora, los créditos provenientes de este suministro asegurado se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.”.

Este precepto no fue objeto de indicaciones.

Al ser analizado por la Comisión Técnica, la unanimidad de sus miembros concordó con el mismo. Sin perjuicio de lo anterior, la señora Superintendenta plantea que la expresión “suministro asegurado” induce a error porque podría entenderse que es obligación del proveedor suministrar los bienes y servicios, en circunstancias que ello es facultativo. Se propone reemplazar dicha expresión por “continuidad del suministro”, sugerencia sobre la cual hubo consenso.

El señor Gonzalo Torre plantea la duda de si es conveniente expresar que los proveedores no serán considerados acreedores. La señora Superintendenta propone eliminar la frase “no se considerarán acreedores de la Empresa Deudora y”, puesto que dicha eliminación no cambia el sentido ni los efectos de esta disposición. La unanimidad de los miembros considera adecuada la propuesta.

Finalmente, se deja constancia del acuerdo adoptado por las Comisiones Unidas en cuanto a reemplazar las expresiones "Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización" por "Resolución de Reorganización" y "Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación" por "Resolución de Liquidación".

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sugirió eliminar, en el inciso final, la palabra “asegurado”.

El Honorable Senador señor Espina manifestó que, en el inciso primero, se señala: “cuyas facturas tengan como fecha de emisión no más de noventa ni menos de treinta días anteriores a la fecha de la Resolución…”. Se preguntó por qué se castiga al acreedor que de buena fe provee al deudor y cuya factura se emite en un plazo inferior a los treinta días señalados. Por qué pierde la preferencia, inquirió. Igualmente, respecto al concepto de “indispensable”, preguntó quién lo interpreta, agregando que le inquieta saber cuáles serán los parámetros para determinarlo.

El Honorable Senador señor Zaldívar propuso reemplazar ese término por “necesarios”, que, a su juicio, proporciona una mayor flexibilidad. Respecto a los plazos, manifestó estar de acuerdo con lo planteado por el Honorable Senador señor Espina.

La señora Superintendenta de Quiebras sostuvo que el término “necesario” es más acertado que “indispensable” y, respecto a los plazos, señaló que éstos se establecieron para otorgar certeza jurídica. Agregó que debido a la práctica habitual de las facturas se fijó un plazo mínimo de treinta días.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso, entonces, cambiar “indispensable” por “necesario” y eliminar el plazo de 30 días, dejando sólo el de 90 días.

La señora Superintendenta expresó que la razón de señalar un plazo de 30 días es no crear facturas que pueden ser falsas, porque es un privilegio para aquel que provee y confía en que la empresa deudora se salve. Explicó que esa persona será pagada con el giro y no será acreedora dentro del Acuerdo de Reorganización Judicial.

El Honorable Senador señor Espina discrepó del argumento dado porque el proveedor tiene que acreditar que los bienes y servicios proveídos tenían el carácter de necesarios o indispensables. Señaló que el Veedor tiene que llevar a cabo la verificación.

El Profesor señor Torre indicó que podría establecerse un plazo de ocho días, término que guarda concordancia con la Ley de la Factura.

El Honorable Senador señor Zaldívar propuso fijar un lapso de ocho días, atendido lo señalado por el profesor señor Torre. Refiriéndose a la objeción, señaló que hay un procedimiento para objetar los créditos.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sostuvo que en atención a los argumentos de los profesores y de los Honorables Senadores señores Zaldívar y Espina, cabría reemplazar “necesario” por “indispensable” y rebajar los 30 días a 8.

El Profesor señor Ugarte señaló que sería necesario establecer una prohibición referida a que los proveedores no tengan vinculación con la empresa.

El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que ello se discutió cuando se analizó el artículo 64, oportunidad en la cual se habló del factor necesidad y del requisito de que el crédito estuviera debidamente documentado para no ser pospuesto. Estimó que en este caso podría seguirse el mismo criterio.

El Honorable Senador señor Espina manifestó que la discusión debe radicarse en probar si los bienes o servicios son o no necesarios.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, indicó que lo planteado debe resolverse conjuntamente con el artículo 64, que es una norma más genérica y más precisa.

- En definitiva, en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, las modificaciones señaladas fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Walker, don Patricio, García y Zaldívar.

Artículo 74

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“Artículo 74.- Operaciones de comercio exterior. Tratándose de operaciones de comercio exterior, cuyas cartas de créditos tengan como fecha de otorgamiento no más de ciento veinte ni menos de treinta días antes de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Reorganización, no se considerarán acreedores de la Empresa Deudora y se pagarán preferentemente en las fechas originalmente convenidas, siempre que el acreedor mantenga las líneas de financiamiento u otorgue nuevos créditos para este tipo de operaciones, circunstancias que deberá acreditar el Veedor.

En caso de no suscribirse el Acuerdo de Reorganización Judicial, y en consecuencia se dictare la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa Deudora, los créditos provenientes de estas operaciones de comercio exterior se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.”.

Este precepto no recibió indicaciones. Sin embargo, analizados sus términos, la señora Superintendenta manifestó que, en atención a lo acordado en relación a la disposición anterior, no habría inconveniente en disminuir a ocho días el plazo de 30 días estipulado en el inciso primero del artículo.

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que la operación de comercio exterior es una operación seria y bastante controlada, por lo que estaría de acuerdo en la disminución de dicho plazo.

El Honorable Senador señor García preguntó si se justifica el plazo de 120 días establecido en el inciso primero.

El Presidente de las comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, advirtió que en este caso no se trata de insumos necesarios.

El Profesor señor Ugarte sostuvo que estas operaciones de crédito exterior no pueden asimilarse al tema del proveedor necesario con factura, porque no hay deuda con el proveedor y porque éste se paga con la carta de crédito. Quien se queda con la deuda es el banco y, por lo tanto, el crédito pertenece a éste último, de modo que es una deuda bancaria.

El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que si se fija un plazo de 30 días, ningún banco otorgará una carta de crédito. Añadió que el término “necesario” también puede representar una traba para esa finalidad.

El Profesor señor Contador señaló que se trata de una operación de comercio exterior, lo que constituye un acontecimiento necesario pues nadie realiza una exportación si no lo requiere. En cuanto a los plazos, opinó que podrían homologarse a la norma antes estudiada. Agregó que lo que la norma persigue es que no exista una suspensión de las líneas de financiamiento de exportación, porque gran parte de la industria nacional se abastece de productos del extranjero. Añadió que hay una función del Veedor que consiste en velar para que las operaciones mantengan un grado de continuidad, pues de no haberlo, no habrá preferencia en el pago.

- En definitiva, en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, se aprobaron las modificaciones ya señaladas, con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Walker, don Patricio, García y Zaldívar.

Posteriormente, en una de las sesiones finales de las Comisiones Unidas, la señora Superintendenta expresó que, en atención a las enmiendas introducidas al artículo 73, sobre continuidad del suministro, cabría eliminar en esta norma el requisito del plazo de otorgamiento originalmente propuesto.

- Hubo acuerdo en torno a esta propuesta, el que se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear),Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 75

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 75.- Venta de activos y contratación de préstamos durante la Protección Financiera Concursal. Durante la Protección Financiera Concursal, la Empresa Deudora podrá vender o enajenar activos, cuyo valor no exceda el 20% de su activo fijo, y podrá adquirir préstamos para el financiamiento de sus operaciones, siempre que éstos no superen el 20% de su pasivo señalado en la certificación contable referida en el artículo 57.

La venta, enajenación o contratación de préstamos que excedan los montos señalados en el inciso anterior, así como toda operación con Personas Relacionadas con la Empresa Deudora, requerirá la autorización de acreedores que representen más del 50% del pasivo del deudor.

Los préstamos contratados por la Empresa Deudora en virtud de este artículo, no se considerarán en las nóminas de créditos de la Empresa Deudora y se pagarán preferentemente en las fechas convenidas, siempre que dichos préstamos se utilicen para el financiamiento de las operaciones de la Empresa Deudora, circunstancia que deberá acreditar el Veedor.

En caso de no suscribirse el Acuerdo de Reorganización Judicial, y en consecuencia se dictare la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa Deudora, estos préstamos se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.”.

A esta disposición, se presentó la indicación número 53, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la palabra “fijo”, el vocablo “contable”.

La Comisión Técnica estuvo de acuerdo con este artículo y también con la indicación presentada.

El Honorable Senador señor Zaldívar preguntó de dónde provenía el 20% que se establece en el artículo en discusión.

La señora Superintendenta de Quiebras explicó que ese porcentaje es un tope razonable, no lo suficientemente alto para constituir una barrera de entrada ni tampoco lo suficientemente bajo. Hizo presente que dicho porcentaje proviene de la práctica concursal chilena.

- Puesta en votación la indicación número 53, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 76

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 76.- Venta de bienes otorgados en prenda o hipoteca durante la Protección Financiera Concursal. Tratándose de bienes otorgados en prenda o hipoteca, cuyo valor comercial exceda el monto del respectivo crédito garantizado, el acreedor prendario o hipotecario, que autorice la enajenación, podrá percibir de la venta el monto de su respectivo crédito, siempre que garantice el pago de los créditos de mejor derecho, mediante el otorgamiento de cualquier instrumento de garantía que reconozcan las leyes vigentes o que la Superintendencia autorice mediante norma de carácter general.”.

Este precepto no recibió indicaciones.

Por su parte, la Comisión Técnica estuvo de acuerdo con su contenido. La señora Superintendenta propone para mayor claridad del artículo agregar la frase “en caso de no suscribirse el acuerdo de Reorganización Judicial, y en consecuencia se dictare la Resolución de Liquidación de la Empresa Deudora,”.

- Puestas en votación estas enmiendas, en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Walker, don Patricio; García y Zaldívar.

Se deja constancia que la discusión de esta disposición se reabrió como consecuencias de la adopción de un nuevo texto para el artículo 95, y las indicaciones antes señaladas fueron nuevamente votadas, tal como se señala en esa disposición.

Artículo 77

No recibió indicaciones, aun cuando fue objeto de enmiendas de tipo formal.

Título 2. De la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial

Párrafo 1. De las normas generales

Artículos 78 y 79

Aun cuando no recibieron indicaciones, se les introdujeron modificaciones de tipo formal.

Artículo 80

Su texto aprobado en general es el que sigue:

“ARTÍCULO 80.- Acuerdo de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Cada una de las clases o categorías de propuestas de Acuerdo de Reorganización Judicial que establece el artículo 62 será analizada, deliberada y acordada en forma separada en la misma junta, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 83.

La propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial se entenderá acordada cuando cuente con el consentimiento del deudor y el voto conforme de los dos tercios o más de los acreedores presentes, que representen al menos tres cuartas partes del total del pasivo con derecho a voto, correspondiente a su respectiva clase o categoría.

No podrán votar las Personas Relacionadas con el deudor y sus créditos no se considerarán en el pasivo.

Los cesionarios de créditos adquiridos dentro de los últimos treinta días anteriores a la fecha de inicio del Procedimiento Concursal de Reorganización conforme se indica en el artículo 55, no podrán concurrir a la Junta de Acreedores para deliberar y votar el Acuerdo de Reorganización Judicial y tampoco podrán impugnarlo.

El acuerdo sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial de una clase o categoría, se adoptará bajo la condición suspensiva de que se acuerde la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial de la otra clase o categoría, en la misma Junta de Acreedores o en la que se realice de conformidad a lo previsto en el artículo 83.”.

Los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, presentaron la indicación número 53 a, para incluir en el inciso primero, a continuación de la palabra “junta” la segunda vez que aparece, la frase “pudiendo proponer modificaciones”, antecedida de una coma.

La unanimidad de los miembros de la Comisión Técnica no tiene observaciones a este artículo y considera pertinente la indicación.

- Puesta en votación la señalada indicación número 53 a, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Walker, don Patricio, y Zaldívar. Con la misma votación se introdujo un conjunto de modificaciones formales a esta disposición.

Artículo 81

Esta disposición no recibió indicaciones. No obstante, se le hicieron algunos ajustes de redacción.

Artículo 82

Su texto aprobado en general es el siguiente:

“ARTÍCULO 82.- Ausencia del deudor en la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Si el deudor no compareciere a la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, el tribunal competente deberá dictar en la misma Junta la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.”.

Este precepto no recibió indicaciones. Por su parte, la Comisión Técnica concordó con su contenido. El señor Daniel Montalva sugiere eliminar del título la frase “llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial” por considerarla redundante. Hubo acuerdo en torno a esta propuesta.

Asimismo, se deja constancia del acuerdo adoptado por las Comisiones Unidas en cuanto a reemplazar la expresión "Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación" por "Resolución de Liquidación".

- Estas modificaciones fueron aprobadas en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contaron con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina 8dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Walker, don Patricio, García y Zaldívar.

Artículos 83, 84 y 85

Estas disposiciones no recibieron indicaciones y solamente fueron objeto de modificaciones de redacción.

Párrafo 2. De la impugnación del Acuerdo de Reorganización Judicial

Artículo 86

Su texto aprobado en general es el siguiente:

“ARTÍCULO 86.- Causales para impugnar el Acuerdo de Reorganización Judicial. El Acuerdo de Reorganización Judicial podrá ser impugnado siempre que se funde en alguna de las siguientes causales:

1) Error en el cómputo de las mayorías requeridas en este Capítulo, siempre que incida sustancialmente en el quórum del Acuerdo de Reorganización Judicial.

2) Falsedad o exageración del crédito de alguno de los acreedores que hayan concurrido con su voto a formar el quórum necesario para el Acuerdo de Reorganización Judicial, si excluida la parte falsa o exagerada del crédito, no se logra el quórum del Acuerdo de Reorganización Judicial.

3) Acuerdo entre uno o más acreedores y el deudor, para votar a favor, abstenerse de votar o rechazar el Acuerdo de Reorganización Judicial, falseando, omitiendo o adulterando información para obtener una ventaja indebida respecto de los demás acreedores.”.

Los Honorables Senadores señores Espina y García presentaron la indicación número 54, para intercalar, en su encabezamiento, a continuación de la palabra “impugnado”, la frase “por los acreedores a quienes les afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial, y aquellos que sin afectarles tienen interés,”.

Los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, presentaron la indicación número 54 a, para agregar al número 2) del artículo, después de la palabra “Judicial” la primera vez que aparece, la frase “cuya impugnación se encuentre pendiente de resolución y”.

La unanimidad de los miembros de la Comisión Técnica está de acuerdo con este artículo.

Respecto de la indicación presentada al inciso primero, se plantea la necesidad de determinar quiénes son los que tienen interés. Se inicia la discusión de si un tercero podría impugnar un Acuerdo de Reorganización Judicial y si esto vulneraría los intereses de los acreedores y del deudor. El señor Eduardo Barros pregunta qué sucede cuando está comprometido el interés público. El señor Contador hace presente que el acuerdo causa ejecutoria mientras no sea impugnado por acreedores que representen a lo menos el 30% del pasivo. Además, señala que puede ser peligroso ampliar la posibilidad de impugnar a terceros, porque no son parte del contrato. El señor Gonzalo Torre señala que si se permite que cualquier tercero pueda impugnar el Acuerdo de Reorganización Judicial, se corre el riesgo que los acuerdos caigan. Señala que sólo deberían ser titulares los acreedores a quienes les afecta.

La señora Superintendenta propone que se circunscriba exclusivamente a los acreedores a quienes afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial. Asimismo, la referida indicación viene a precisar quiénes pueden impugnar, lo cual es conveniente. La unanimidad de los miembros propone modificar la referida indicación en el sentido de eliminar la expresión “el Acuerdo de Reorganización Judicial, y aquellos que sin afectarles tienen interés,” puesto que se considera que los únicos que deben tener derecho a impugnar un Acuerdo de Reorganización Judicial, son los acreedores a quienes obliga o afecta dicho acuerdo.

Respecto de la indicación presentada por los senadores Espina y Novoa al número 2), el señor Montalva explica que ésta busca que los créditos ya reconocidos y que votaron el Acuerdo de Reorganización Judicial, no puedan ser nuevamente impugnados. La Superintendencia aclara que la impugnación regulada en este artículo es respecto del Acuerdo de Reorganización Judicial como un todo, en cambio la impugnación regulada en el artículo 72 es respecto a los créditos en particular. Luego de un breve debate, se acuerda eliminar la indicación y mantener el artículo original, para no inducir a error con la instancia de impugnación de créditos.

El señor Eduardo Barros solicita dejar constancia que este artículo se está revisando para determinar los efectos que podría tener respecto de los trabajadores. Finalmente, la señora Superintendenta concluye lo siguiente respecto a la discusión y los acuerdos adoptados en relación a este artículo:

(i) El Acuerdo de Reorganización Judicial es un solo contrato, que contiene estipulaciones particulares para los acreedores de cada clase (valistas y garantizados).

(ii) La titularidad de la acción de impugnación del Acuerdo de Reorganización Judicial es de todos los acreedores a quienes éste obligue o afecte.

(iii) Es necesario distinguir entre la impugnación del Acuerdo de Reorganización y sus efectos. Todos los acreedores a quienes obligue el Acuerdo de Reorganización Judicial, pueden impugnarlo invocando cualquiera de las causales reguladas en este artículo. Ahora bien, para que la impugnación produzca la suspensión de los efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial, es necesario que cuente con el apoyo del 30% del total del pasivo con derecho a voto de cualquiera de las clases o categorías del Acuerdo de Reorganización Judicial.

En virtud de lo anterior, la unanimidad de los miembros de la Comisión Técnica está de acuerdo con mantener la redacción del artículo 86 y modificar el artículo 90, recogiendo las conclusiones indicadas precedentemente.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que, en consecuencia, se mantendría la disposición original, recogiéndose de una de las indicaciones una precisión respecto de quiénes podrán impugnar.

El Honorable Senador señor Espina manifestó estar de acuerdo con el análisis realizado; sin embargo, estimó pertinente eliminar, en el número 1) del artículo, el término “sustancialmente”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sugirió reemplazar o eliminar el señalado término.

El Honorable Senador señor Zaldívar estuvo de acuerdo con la eliminación propuesta.

- Puestas en votación las indicaciones números 54 y 54 a), fueron aprobadas con modificaciones, de manera de acoger las enmiendas anteriormente mencionadas. Votó favorablemente la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García; Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Walker, don Patricio, y Zaldívar.

En una de las sesiones finales de las Comisiones Unidas, la señora Superintendenta informó que, revisada la conveniencia de mantener el término “sustancialmente”, había concluido que era necesario preservarlo por cuanto se refiere a que si no existiera error en el cómputo, no se habría logrado el quórum requerido para el acuerdo.

Reconsiderado lo anterior, los miembros presentes de las Comisiones Unidas coincidieron con la señora Superintendenta.

- Este acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto favorable de la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear),Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 87

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 87.- Plazo para impugnar el Acuerdo de Reorganización Judicial. Podrá impugnarse el Acuerdo de Reorganización Judicial dentro del plazo de tres días contados desde la publicación del Acuerdo de Reorganización Judicial en el Boletín Concursal. Las impugnaciones deberán deducirse respecto de la clase o categoría del Acuerdo de Reorganización Judicial a la cual pertenece el acreedor impugnante.

Las impugnaciones presentadas fuera de plazo serán rechazadas de plano.”.

A su respecto, se presentó la indicación Nº 55, de Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar en el inciso primero la palabra “tres” por “cinco”.

- Sometida a votación la indicación Nº 55, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Espina (dos votos); Larraín, don Hernán; Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 88

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 88.- Audiencia única de resolución de impugnaciones. Las impugnaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial, se tramitarán como un sólo incidente por clase o categoría de acuerdo, entre el deudor y el acreedor o acreedores que las hayan formulado. Se fallarán conjuntamente en una audiencia única, que el tribunal competente citará para tal efecto, dentro de los diez días de vencido el plazo para impugnar. Esta audiencia será verbal y se llevará a cabo con los que asistan. En la misma audiencia deberán resolverse las incidencias que promuevan las partes. El tribunal podrá, si así lo estima, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad. Con todo, la resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial deberá dictarse a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de celebración de la referida audiencia.

La resolución que resuelva las impugnaciones se publicará en el Boletín Concursal. Esta resolución será apelable en el sólo efecto devolutivo.”.

Aunque esta disposición no fue objeto de indicaciones, fue analizada por la Comisión Técnica. En esa instancia, se acordó proponer, en primer término, eliminar del inciso primero la expresión “entre el deudor y el acreedor o acreedores que las hayan formulado” por ser innecesaria y posible causa de confusión. A su vez, los Comisionados señores Barros y Torre solicitaron analizar si el quórum de los acuerdos judiciales de reorganización es el adecuado o si, por el contrario, supone una barrera de entrada a este procedimiento de reorganización concursal. Debatido el punto, se concluyó que el quórum que se establece al efecto es el adecuado para favorecer a la mayoría e incentivar a los deudores a optar por este camino.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, sometida a votación la proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos); Larraín, don Hernán; Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 89

El texto aprobado en general es el siguiente:

“ARTÍCULO 89.- Nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. Si se acoge por resolución firme y ejecutoriada la impugnación al Acuerdo de Reorganización Judicial por la causal establecida en el número 1 del artículo 86, el deudor podrá presentar una nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, dentro de los diez días siguientes contados desde que se notifique la resolución que tuvo por acogida la impugnación referida, siempre que esta nueva propuesta se presente apoyada por dos o más acreedores, que representen a lo menos un 66% o más del pasivo total con derecho a voto. En este caso el deudor gozará de Protección Financiera Concursal hasta la Junta llamada a conocer y pronunciarse sobre la nueva propuesta. La resolución que tenga por presentada la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, fijará la fecha de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la nueva propuesta, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes contados desde que el deudor presentó la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

Si el deudor no presentare la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial dentro del plazo antes establecido, el tribunal competente dictará, de oficio y sin más trámite, la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación del deudor.

Si se acoge una impugnación al Acuerdo de Reorganización Judicial, por las causales establecidas en los números 2 y 3 del artículo 86, el tribunal, de oficio y sin más trámite, ordenará la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación en la misma resolución que acoge la impugnación, y el deudor no podrá presentar nuevamente una propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.”.

Aunque la disposición no fue objeto de indicaciones, la Comisión Técnica acordó proponer el reemplazo de la expresión “Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación” por “Resolución de Liquidación”, las dos veces que aparece, en consonancia con acuerdos alcanzados anteriormente en las Comisiones Unidas.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, se mostró favorable a la proposición, pero observó que es necesario hacer también otras correcciones formales a la disposición para evitar repeticiones innecesarias de términos y aligerar la lectura del artículo.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, sometida a votación la proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Espina (dos votos); Larraín, don Hernán; Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 90

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 90.- Aprobación y vigencia del Acuerdo de Reorganización Judicial. El Acuerdo de Reorganización Judicial se entenderá aprobado y comenzará a regir una vez vencido el plazo para impugnarlo, sin que se hubiere impugnado y el tribunal competente lo declarará así de oficio o a petición de cualquier interesado o del Veedor.

Si el Acuerdo de Reorganización Judicial ha sido impugnado y las impugnaciones han sido desechadas, el tribunal competente lo declarará aprobado en la resolución que deseche la o las impugnaciones, y comenzará a regir desde que dicha resolución cause ejecutoria.

Las resoluciones señaladas en los incisos primero y segundo de este artículo, se notificarán en el Boletín Concursal.

Sin perjuicio de lo anterior, el Acuerdo de Reorganización Judicial regirá no obstante las impugnaciones que se hubieren interpuesto en su contra, si éstas no contaren con la adhesión de los acreedores de su respectiva clase o categoría que representen a lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto. En este caso, y en el del inciso segundo, los actos y contratos ejecutados o celebrados por el deudor en el tiempo que medie entre el Acuerdo de Reorganización Judicial y la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que acoja las impugnaciones, no podrán dejarse sin efecto, salvo lo dispuesto en el artículo 2468 del Código Civil.

El recurso de casación deducido en contra de la resolución de segunda instancia que desecha la o las impugnaciones, no suspende el cumplimiento de dicha resolución, incluso si la parte vencida solicita se otorgue fianza de resultas por la parte vencedora.

Si se acogen las impugnaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial por resolución firme y ejecutoriada, las obligaciones y derechos existentes entre el deudor y sus acreedores con anterioridad al Acuerdo de Reorganización Judicial, se regirán por sus respectivas convenciones.”.

Aunque este artículo no fue objeto de indicaciones, suscitó debate en la Comisión Técnica. Esa instancia, acordó proponer a las Comisiones Unidas sustituir el inciso cuarto de la disposición aprobada en general por el siguiente:

“El Acuerdo de Reorganización Judicial regirá no obstante las impugnaciones que se hubieren interpuesto en su contra. Sin embargo, si las impugnaciones fueren interpuestas por acreedores de una determinada clase o categoría, que representen en su conjunto a lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto de su respectiva clase o categoría, el Acuerdo de Reorganización Judicial no empezará a regir hasta que dichas impugnaciones fueren desestimadas por sentencia firme y ejecutoriada. En este caso, y en el del inciso segundo de este artículo, los actos y contratos ejecutados o celebrados por el deudor en el tiempo que medie entre el Acuerdo de Reorganización Judicial y la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que acoja las impugnaciones, no podrán dejarse sin efecto.”.

La señora Superintendenta de Quiebras explicó que el inciso que se propone hace concordante esta disposición con lo previamente acordado por las Comisiones Unidas respecto del artículo 86. Indicó que la idea es distinguir entre la impugnación del Acuerdo de Reorganización Judicial y sus efectos y precisar cuándo ese efecto suspende el cumplimiento del citado acuerdo.

El Honorable Senador señor Espina observó que, entonces, la mera presentación de una impugnación no suspende el acuerdo en marcha, salvo que esa presentación sea hecha por más del 30% de los acreedores.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas manifestó que la proposición hace que esta disposición sea coherente con los acuerdos anteriores. En otro orden de materias, connotó también en este artículo la necesidad de hacerle correcciones formales.

El Honorable Senador señor Zaldívar propuso incorporar, entre las definiciones que señala el artículo 2º del proyecto, la expresión “o indistintamente el acuerdo” cuando se indica que es el Acuerdo de Reorganización Judicial”.

- En virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado, sometida a votación la proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Espina (2 votos); Larraín, don Hernán; Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 91

No fue objeto de indicaciones, sino que solamente de ajustes de tipo formal.

Párrafo 4. De los efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial

Artículo 92

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 92.- Efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial aprobado. El Acuerdo de Reorganización Judicial, debidamente aprobado, obliga al deudor y a todos los acreedores, hayan o no concurrido a la Junta que lo acuerde.”.

A su respecto, se presentó la indicación Nº 55 a, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para agregar, luego del término “acreedores”, la frase “cuyos créditos han sido reconocidos”.

La señora Superintendenta de Quiebras explicó que la Comisión Técnica propone introducir una modificación en concordancia con lo previamente aprobado por las Comisiones Unidas con ocasión del artículo 67. Relató, además, que en aquella instancia se debatió sobre a quienes debe afectar u obligar el Acuerdo de Reorganización Judicial. Al respecto, el Comisionado señor Contador señaló que la verificación es una carga y no una obligación procesal, porque aun cuando el acreedor no verifique, su crédito existe y por tanto el convenio debería afectarle.

Por su parte, el señor Torre observó que la indicación Nº 55 a) podría incentivar a los acreedores a no verificar, para no verse afectados por el convenio y, de esa forma, ejecutar su crédito de manera individual. Frente a ello, la Superintendencia manifestó que el espíritu de la reorganización es incluir la mayor cantidad de acreedores en el acuerdo que le da lugar. El Comisionado señor Contador destacó que el objetivo principal del acuerdo de reorganización judicial es obligar tanto a los acreedores valistas como a los garantizados. Añadió que, por tanto, no empece ni a los trabajadores ni al fisco, por lo que propuso reemplazar el texto de la indicación por lo siguiente: “Para agregar, luego de la expresión acreedores, la frase: “de cada clase o categoría del acuerdo de reorganización judicial aprobado”. La propuesta antes señalada concitó la unanimidad de los miembros de la Comisión Técnica.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó su apoyo al criterio de la Comisión Técnica y propuso aprobar la indicación 55 a) con ese contenido. Además, observó que tal como antes se ha puntualizado, es necesario hacer otras numerosas correcciones de índole formal a la disposición.

- Sometida a votación la indicación 55 a, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Espina (dos votos); Larraín, don Hernán; Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 93

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 93.- Cancelación de anotaciones e inscripciones una vez aprobado el Acuerdo de Reorganización Judicial. Aprobado que sea el Acuerdo de Reorganización Judicial, se cancelarán las inscripciones previstas en el número 7 del artículo 58.”.

Aunque esta disposición no fue objeto de indicaciones, la Comisión Técnica sugirió eliminar las expresiones “una vez aprobado el Acuerdo de Reorganización Judicial”, por innecesario y para aligerar la lectura del artículo.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, sometida a votación esta proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Espina (2 votos); Larraín, don Hernán; Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 94

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 94.- Efectos sobre los créditos. Los créditos que sean parte del Acuerdo de Reorganización Judicial se entenderán remitidos, novados o repactados, según corresponda, para todos los efectos legales.”.

A su respecto, se presentó la indicación 55 b, del Honorable Senador señor Tuma, para agregar, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “No constituye renta la condonación o remisión de deudas, intereses, reajustes u otras sanciones aprobadas en un acuerdo de reorganización judicial.”.

- El Presidente de las Comisión Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, declaró inadmisible esta indicación por tratar materias de la iniciativa legislativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República.

En la Comisión Técnica, el Comisionado señor Contador explicó que actualmente la condonación y remisión de créditos en procesos de reorganización se consideran tributariamente gastos rechazados para el acreedor, lo que desincentiva los convenios judiciales preventivos y empuja a los contribuyentes a disfrazarlos como acuerdos de liquidación a largo plazo. La unanimidad de los miembros de esa instancia compartió la opinión antes vertida, dejando constancia que ello supone el ejercicio de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Tuma manifestó que esta disposición es crucial, porque el efecto tributario que se derive puede hacer la diferencia entre que haya reorganización o que haya liquidación.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas solicitó a la señora Superintendenta de Quiebras interponer sus buenos oficios para que el Ejecutivo patrocine esta indicación.

En una sesión posterior, las Comisiones Unidas conocieron el número 3) de la indicación del Ejecutivo del día 12 de marzo de 2013, el cual propone agregar al artículo 94 un inciso final del siguiente tenor:

"El acreedor, contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824 de 1974, podrá deducir como gasto necesario conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 31 de dicha ley, las cantidades que correspondan a la condonación o remisión de deudas, intereses, reajustes u otras cantidades que se hayan devengado en su favor, relacionadas con los créditos otorgados o adquiridos con anterioridad al plazo de un año contado desde la celebración del Acuerdo de Reorganización Judicial, siempre que dicha condonación o remisión conste detalladamente en el referido Acuerdo o sus modificaciones, aprobado conforme al artículo 90, y no correspondan a créditos de Personas Relacionadas con el deudor ni con los demás acreedores que lo acuerden, salvo que en este último caso, el total de los créditos de los acreedores relacionados entre sí, correspondan al 50% o menos del total del pasivo reconocido con derecho a voto. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación del deudor de reconocer como ingreso, para efectos tributarios, aquellas cantidades que se hubieren devengado a favor del acreedor y que se condonen o remitan.".

La señora Superintendenta expresó que esta norma está en la línea de lo propuesto originalmente en la indicación 55 b, del Honorable Senador señor Tuma, que, en su momento, fue declarada inadmisible. Explicó que la proposición considera que se puedan deducir como gastos la condonación o remisión de deudas, intereses, reajustes u otras cantidades que se hayan devengado a favor de un acreedor de un procedimiento de reorganización judicial, siempre que el crédito en cuestión se haya generado con un año de antelación a lo menos, que no se trate de personas relacionadas con el acreedor y siempre que los acreedores relacionados no tengan entre sí más de la mitad de las acreencias del deudor respectivo, para evitar, de esta forma, el acceso a una herramienta de planificación tributaria para holdings de empresas acreedoras.

Los Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán, y Tuma observaron que la norma restringe el beneficio sólo para los acreedores que tributen en primer categoría y determinen su renta a través del sistema de contabilidad completa, e involucra únicamente los procedimientos que afecten a empresas deudoras y no a personas naturales que renegocien su pasivo.

El Comisionado señor Torre manifestó que esta norma soluciona un problema histórico de los acreedores en los convenios preventivos, porque hasta la fecha se consideraba válido desde el punto de vista tributario llevar a gasto una obligación castigada contablemente por un proceso de liquidación de un deudor, pero no procedía la misma operación respecto de las condonaciones totales y parciales que hacían posible un convenio preventivo de la quiebra. Explicó que ello incentivaba, de manera indirecta, las quiebras por sobre los convenios, pues los primeros tenían ventajas tributarias pero los segundos no.

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que la proposición contenida en la indicación está bien encaminada y es un avance significativo en la línea de incentivar la reorganización empresarial y la continuidad de giro de las empresas en crisis.

- Sometido a votación el número 3) de la indicación del Ejecutivo del día 12 de marzo de 2013, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García (por sí y por el Larraín, don Carlos), Tuma, y Walker, don Patricio.

° ° °

Artículo 95, nuevo

A continuación, la señora Superintendenta manifestó que la disposición original contenida en el artículo 95 debe ser revisada a la luz de los nuevos criterios sostenidos por el Banco Mundial respecto a las buenas prácticas en la regulación de los acreedores garantizados en los procesos de reorganización judicial. Expresó que, en esta materia, se considera muy importante la protección de los acreedores garantizados y por ello se trabajó en un texto que permitirá a dichos acreedores participar en los procesos de reorganización de empresas deudoras sin perder su preferencia y sin afectar el sistema crediticio para no encarecer el otorgamiento de créditos. Explicó que ese texto permite que los citados acreedores participen en los acuerdos de reorganización en atención al valor de su garantía, distinguiendo, por una parte, si el bien sobre el cual recae la garantía es esencial o no para la continuidad del giro del deudor, o si éste le pertenece o es de un tercero.

Por ello, presentó a las Comisiones Unidas la formulación de un nuevo artículo que debería incorporarse antes del 95. Su texto es el siguiente:

“Artículo XX.- De los bienes no esenciales para la continuidad del giro de la Empresa Deudora. En el plazo de ocho días siguientes a la publicación de la Resolución de Reorganización referida en el artículo 58, el acreedor cuyo crédito se encuentre garantizado con prenda o hipoteca, podrá solicitar fundadamente al tribunal competente que declare que el bien sobre el que recae su garantía, no es esencial para el giro de la Empresa Deudora. Para efectos de resolver lo anterior, el tribunal podrá solicitar al Veedor un informe que deberá contener la calificación de si el bien es o no esencial para el giro de la Empresa Deudora y la valorización del bien sobre el que recaen las referidas garantías. Con todo, el tribunal deberá resolver dicha calificación en única instancia, a más tardar el segundo día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre las proposiciones de Acuerdo de Reorganización Judicial.

La forma y modalidades de venta de los bienes de propiedad del deudor otorgados en prenda e hipoteca, declarados por el tribunal como no esenciales para el giro de la Empresa Deudora, deberán regularse en el mismo Acuerdo de Reorganización Judicial. Estos bienes sólo podrán venderse una vez que la resolución que apruebe el Acuerdo de Reorganización Judicial causa ejecutoria.

El acreedor cuya garantía recae sobre un bien calificado como no esencial, concurrirá y votará en la clase o categoría de acreedores valistas, únicamente por el saldo del crédito no cubierto por la garantía. El saldo cubierto por la garantía, no se considerará en el pasivo de la clase o categoría de acreedores garantizados.

El acreedor cuyo crédito no hubiere sido enteramente cubierto por la garantía, podrá solicitar, mediante un procedimiento incidental, ante el mismo tribunal que conoció y se pronunció sobre el Acuerdo de Reorganización Judicial, que éste se cumpla a su favor, mientras no se encuentren prescritas las acciones que de él resulten.”.

El Honorable Senador señor Tuma señaló que el sistema actual impide que los acreedores garantizados participen en estos acuerdos de reorganización judicial, porque si lo hacen pierden su garantía. Por eso, dijo, es necesario establecer algún sistema para que lo anterior no pase y, de esa forma, dichos acreedores participen.

Observó que se plantean dudas sobre la regulación que procede cuando el monto de la garantía excede la deuda garantizada. Añadió que generalmente el mercado impone que las garantías que deban otorgarse estén por encima del valor de la deuda, por lo que una norma de este tipo necesariamente sobredimensionará a los acreedores garantizados respecto de los demás que no lo son.

La señora Superintendenta de Quiebras expresó que la idea original sobre este punto en el proyecto era dividir a los acreedores en clases o categorías, o sea, reconocer que los acreedores garantizados se agrupan entre sí con independencia de los valistas. Señaló que esta solución fue cuestionada por instancias internacionales, que observaron que si el bien en el que recae la garantía no es esencial para el desarrollo del giro, debe permitirse al tenedor del crédito garantizado con ese bien ejecutarlo separadamente.

Explicó que el mejor indicador, en este caso, es el valor del bien garantizado, porque refleja de mejor manera la exposición al riesgo del acreedor garantizado. En razón de ello, expresó que la propuesta previene que el acreedor garantizado vote en consideración al valor de su garantía y no al valor de su crédito. Añadió que también se considera la posibilidad de ejecutar individualmente el bien en el que recae su garantía, una vez que haya sido celebrado el acuerdo de reorganización y siempre que se considere que aquél no es esencial para el desarrollo del giro.

Puntualizó que el parámetro del valor de la garantía se utiliza únicamente para efectos del voto, porque en el reparto, el acreedor garantizado concurre siempre en proporción al monto de su crédito.

Añadió que el inciso final de la disposición establece que cuando se trate de bienes declarados no esenciales, la verificación que haga el acreedor preferente respecto de la parte de su crédito no cubierta por su garantía tendrá el mismo tratamiento que las acreencias valistas.

El Honorable Senador señor Tuma consultó de qué manera se valoriza la garantía.

La señora Superintendenta explicó que hay tres oportunidades en las que se determina ese asunto. En primer término, el artículo 57 obliga al deudor a señalar qué bienes propios tienen la calidad de esenciales para la continuación de su giro, qué bienes de terceros entregados en garantía tienen la misma característica, cuáles de sus deudas están garantizadas con esos bienes y qué valor tienen ellos.

En segundo término, el propio acreedor garantizado, cuando verifica su crédito, también debe señalar el valor de la garantía que está sujeta a su crédito. Finalmente, el tribunal puede solicitar al veedor que avalúe este aspecto.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas manifestó que, al tenor de la explicación antes señalada, la propuesta parece razonable e instó a acogerla.

- Sometida a votación la proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Espina (dos votos); Larraín, don Hernán; Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio). Dicho acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.

° ° °

Artículo 95

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 95.- Efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial en las obligaciones garantizadas del deudor. Todos aquellos que hubieren otorgado cauciones reales o personales, o que sean terceros poseedores de bienes constituidos en garantía de obligaciones sujetas al Acuerdo de Reorganización Judicial y los demás terceros que paguen esas obligaciones sin la oposición del deudor, podrán ejercer los derechos que por vía de subrogación o reembolso les correspondan, solamente en lo pagado al respectivo acreedor en virtud del Acuerdo de Reorganización Judicial.

La prórroga del plazo de las deudas que se consigne en el Acuerdo de Reorganización Judicial, no pone fin a la responsabilidad de los fiadores y codeudores, solidarios o subsidiarios, o de los avalistas del deudor sujeto al Acuerdo de Reorganización Judicial, ni extingue las prendas o hipotecas constituidas sobre bienes de terceros, pero se obligarán en los términos y bajo las modalidades de pago establecidas en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

Aprobado que sea el Acuerdo de Reorganización Judicial, los efectos serán los siguientes según los casos:

a) No se podrá cobrar el crédito a los fiadores o codeudores, solidarios o subsidiarios, ni a los avalistas, sino en los mismos términos en que se puede cobrar al deudor en virtud del Acuerdo de Reorganización Judicial;

b) El tercer poseedor de la finca hipotecada y el propietario del bien empeñado podrán liberar la garantía pagando la deuda en los mismos términos que los estipulados en el Acuerdo de Reorganización Judicial suscrito por el deudor garantizado, y en su caso, pagando sólo la cantidad que corresponda deducida la parte de la deuda extinguida mediante la novación o la dación en pago, y

c) La novación o la dación en pago extinguen la deuda respecto de los fiadores, codeudores y avalistas antes mencionados, debiendo otorgarse las nuevas garantías en los términos del Acuerdo de Reorganización Judicial en que se acordó extinguir la deuda.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones números 55 c y 56. Ambas inciden en la letra c) propuesta en el inciso tercero de la disposición. La primera es de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, y tiene por propósito eliminarla. La segunda es de los Honorables Senadores señores Espina y García, y reemplaza la voz “deuda” por “obligación”.

Por su parte, en concordancia con lo aprobado en la disposición anterior, la señora Superintendenta presentó una proposición sustitutiva para el texto del artículo 95 aprobado en general, del tenor siguiente:

“Artículo 95.- Efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial en las obligaciones garantizadas del deudor. Respecto de las obligaciones del deudor garantizadas con penda o hipoteca, sobre bienes de propiedad del deudor o de terceros declarados esenciales para el giro de la Empresa Deudora, de acuerdo al artículo 57 y (XX), se aplicarán los términos y modalidades establecidos en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

Respecto de las obligaciones del deudor garantizadas con prenda e hipoteca, sobre bienes de propiedad del deudor, declarados no esenciales para el giro de la Empresa Deudora de acuerdo al artículo 57 y (XX), deberá distinguirse:

a) Si el respectivo acreedor vota a favor del Acuerdo de Reorganización Judicial, se sujetará a los términos y modalidades establecidos en el referido acuerdo y no podrá perseguir su crédito en términos distintos a los estipulados.

b) Si el respectivo acreedor manifiesta su intención de no votar o no asiste a la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, su crédito no se considerará en el pasivo con derecho a voto correspondiente a su clase o categoría, y podrá cobrar su crédito respecto de las prendas o hipotecas otorgados por terceros.

Respecto de las obligaciones con cauciones personales, deberá distinguirse:

a) Si el respectivo acreedor vota a favor del Acuerdo de Reorganización Judicial, se sujetará a los términos y modalidades establecidos en el referido acuerdo y no podrá cobrar su crédito en términos distintos a los estipulados.

b) Si el respectivo acreedor manifiesta su intención de no votar o no asiste a la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta del Acuerdo de Reorganización Judicial, su crédito no se considerará en el pasivo con derecho a voto correspondiente a su clase o categoría, y podrá cobrar su crédito respecto de los fiadores o codeudores, solidarios o subsidiarios, o avalistas en los términos originalmente pactados.

El tercero que pague las obligaciones contraídas por el deudor en virtud del Acuerdo de Reorganización Judicial aprobado, podrá ejercer los derechos que por vía de subrogación o reembolso le correspondan, solamente en lo pagado al respectivo acreedor en virtud del señalado acuerdo.”.

El Honorable Senador señor Tuma connotó que el acreedor que ejecute su garantía y quiera verificar el remanente de su crédito que no alcanzó a ser pagado por dicha ejecución, corre el evidente riesgo de llegar tarde al proceso y no participar de ninguna repartición.

La señora Superintendenta explicó que esa situación se regula en el inciso final del artículo anteriormente aprobado por las Comisiones Unidas. En efecto, el acreedor garantizado puede solicitar incidentalmente que el monto de su crédito no cubierto por la garantía sea considerado conjuntamente con los demás créditos valistas, aunque su garantía aún esté en proceso de ejecución.

El Honorable Senador señor Tuma consultó qué pasa cuando el acreedor principal de un deudor ejecuta un bien de un tercero que constituyó una garantía en favor del segundo. Observó que ese tercero ejecutado debería subrogarse en la parte efectivamente pagada contra el deudor, pero no queda claro cual es el mecanismo para hacerlo, porque, en estricto rigor, ese tercero no es acreedor del deudor objeto del proceso de reorganización. Expresó que el problema antes identificado se produce porque la regulación sobre el punto parece estar demasiado centrada en el acreedor garantizado.

El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que, al parecer, el punto recién planteado estaría recogido en la frase final de la letra b) del número 4) del artículo 95 propuesto, aunque la regulación que ahí se señala no es clara. Señaló que debería establecerse de manera más nítida de qué forma se tiene incorporado al acuerdo a ese tercero que pagó la obligación garantizada.

El Honorable Senador señor Tuma añadió que tampoco es claro en qué momento la masa conoce de las circunstancias antes descritas y cómo se prevé que ese tercero tenga alguna participación efectiva en los repartos.

El Comisionado señor Contador expresó que la norma a que hizo referencia el Honorable Senador señor Zaldívar recoge los principios clásicos de los pagos por subrogación y de la acción de reembolso. Señaló que quién paga en estas condiciones, debería concurrir al procedimiento concursal de manera incidental, exponiendo una pretensión similar a las verificaciones condicionadas al resultado de una litis pendiente.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas solicitó a la señora Superintendenta corregir su proposición en los términos expresados por el señor Contador. Añadió que, por regla general, cada vez que el proyecto se refiera en forma abreviada al acuerdo definido en el artículo 2º, debe usarse mayúscula en la primera letra.

La señora Superintendenta observó que el inciso final al que se refiere la discusión no dice relación con las letras a) o b) anteriores, sino que es aplicable a cualquier tercero que pague una obligación del deudor con posterioridad al acuerdo. Coincidió en la necesidad de establecer algún procedimiento para operativizar el asunto.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó entonces que se quedaría a la espera de la reformulación de la proposición del Ejecutivo sobre este punto.

Recogiendo la discusión antes indicada, en una sesión posterior de las Comisiones Unidas, la señora Superintendenta sometió a consideración de la instancia una nueva formulación para el artículo 95. Su tenor es el siguiente:

“Artículo 95.- Efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial en las obligaciones garantizadas del Deudor.

1. Respecto de las obligaciones del Deudor garantizadas con prenda o hipoteca sobre bienes de propiedad del Deudor o de terceros, declarados esenciales para el giro de la Empresa Deudora, de acuerdo al artículo 56 y 95, se aplicarán los términos y modalidades establecidos en el Acuerdo de Reorganización Judicial.

2. Respecto de las obligaciones del Deudor garantizadas con prenda o hipoteca sobre bienes de propiedad del Deudor, declarados no esenciales para el giro de la Empresa Deudora de acuerdo a los artículos, regirá lo establecido en los incisos segundo y tercero del artículo anterior.

3. Respecto de las obligaciones del Deudor garantizadas con prenda o hipoteca sobre bienes de propiedad de terceros, declarados no esenciales para el giro de la Empresa Deudora de acuerdo a los artículos 56 y 95, deberá distinguirse:

a) Si el respectivo acreedor vota a favor del Acuerdo, se sujetará a los términos y modalidades establecidos en el referido acuerdo y no podrá perseguir su crédito en términos distintos a los estipulados.

b) Si el respectivo acreedor manifiesta su intención de no votar o no asiste a la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo, su crédito no se considerará en el pasivo con derecho a voto correspondiente a su clase o categoría, y podrá cobrar su crédito respecto de las prendas o hipotecas otorgadas por terceros.

4. Respecto de las obligaciones del Deudor garantizadas con cauciones personales, deberá distinguirse:

a) Si el respectivo acreedor vota en su clase o categoría de valista a favor del, se sujetará a los términos y modalidades establecidos en el referido acuerdo y no podrá cobrar su crédito en términos distintos a los estipulados.

b) Si el respectivo acreedor manifiesta su intención de no votar o no asiste a la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo, su crédito no se considerará en el pasivo con derecho a voto correspondiente a su clase o categoría, y podrá cobrar su crédito respecto de los fiadores o codeudores, solidarios o subsidiarios, o avalistas en los términos originalmente pactados.

El fiador, codeudor, solidario o subsidiario, avalista, tercer poseedor de la finca hipotecada o propietario del bien prendado que hubiere pagado, de acuerdo a lo establecido en la letra b) del número 3) o en la letra b) del número 4) anteriores, podrá ejercer, según corresponda, su derecho de subrogación o reembolso, mediante un procedimiento incidental, ante el mismo tribunal que conoció y se pronunció sobre el Acuerdo, solicitando que éste se cumpla a su favor, mientras no se encuentren prescritas las acciones que de él resulten.”.

- Sometida a votación esta proposición, fue acogida. Para estos efectos, se aprobaron con modificaciones las indicaciones 55 c y 56, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos); Larraín, don Hernán; y Tuma (por sí y por Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

- - -

A su turno, el señor Presidente de las Comisiones Unidas manifestó que, habiéndose aclarado las dudas respecto de la proposición sustitutiva del Ejecutivo, era necesario discutir las implicancias que ello tendría en otras disposiciones anteriormente aprobadas. Sobre ese particular, concedió la palabra a la señora Superintendenta de Quiebras.

La señora Superintendenta aludida manifestó que, en primer término cabía considerar la reformulación del artículo 57. Sobre ese particular, presentó la siguiente proposición sustitutiva:

“Artículo 57.- Antecedentes que deberá acompañar el deudor. Aceptada la nominación por el Veedor titular y suplente, la Superintendencia remitirá al tribunal competente el Certificado de Nominación correspondiente. Paralelamente el deudor acompañará lo siguiente:

1) Relación de todos sus bienes, con expresión de su avalúo comercial, del lugar en que se encuentren, y de los gravámenes que los afecten. Deberá señalar además, cuáles de estos bienes tienen la calidad de esenciales para el giro de la Empresa Deudora;

2) Relación de todos aquellos bienes de terceros entregados en garantía, que se encuentren en poder del deudor. Deberá señalar además, cuáles de estos bienes tienen la calidad de esenciales para el giro de la Empresa Deudora;

3) Relación de todos aquellos bienes que se encuentren en poder del deudor en una calidad distinta a la de dueño;

4) Para la determinación del pasivo afecto a los Acuerdos de Reorganización Judicial, el certificado a que hace referencia el artículo 56 anterior. El pasivo que se establezca en este certificado deberá considerar el estado de deudas del deudor, con una fecha de cierre no superior a cuarenta y cinco días anteriores a esta presentación, con indicación expresa de los créditos que se encuentren garantizados con prenda o hipoteca y el valor al que ascienden los bienes sobre los que recaen dichas garantías. Este certificado servirá de base para determinar todos los quórum de acreedores que se necesiten en la adopción de cualquier acuerdo, hasta que se confeccione la nómina de créditos reconocidos, conforme al procedimiento establecido en el Párrafo 2 del Título 1 del Capítulo III de esta Ley, con sus respectivas ampliaciones, si existieres; y

5) Si el deudor llevare contabilidad completa, presentará el balance correspondiente a su último ejercicio, y un balance provisorio que contenga la información financiera y contable, con una fecha de cierre no superior a cuarenta y cinco días anteriores a esta presentación.

Si se tratare de una persona jurídica, los documentos referidos serán firmados por sus representantes legales.”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, connotó que la reformulación antes planteada permite incorporar los criterios previamente adoptados sobre tratamiento de acreedores garantizados.

El Honorable Senador señor Tuma consultó en qué momento se determina qué bienes son esenciales.

La señora Superintendenta explicó que ello le corresponde al veedor según lo disponen los artículos que siguen.

En relación con la disposición señalada en el número 2) del artículo 57 propuesto, el Honorable Senador señor Espina consultó qué ocurre cuando hay bienes dados en garantía de las obligaciones del deudor pero no están en su poder.

La señora Superintendenta de Quiebras manifestó que, en ese caso, no se va a tratar de bienes esenciales para el giro del deudor, por lo que procederán las ejecuciones individuales que correspondan.

El señor Presidente sostuvo que, en tal caso, lo que regula la situación es si se trata de bienes esenciales para el desarrollo del giro, resultando baladí si se encuentran o no en poder del deudor. Por tal razón, sugirió eliminar esa distinción, tanto en el número 2) como en el número 3) del artículo propuesto.

La señora Superintendenta de Quiebras acogió la proposición.

El Honorable Senador señor García planteó que en vez de usar la expresión “entregados en garantía”, debería emplearse “constituidos en garantía” porque es más amplio y técnico. Añadió que el artículo discurre sobre la base que el propio deudor deberá indicar el avalúo comercial de sus bienes, pero no se sigue esta misma regla respecto de los bienes garantizados o de los que son esenciales para la continuación del giro. Opinó que es preferible establecer la regla del avalúo comercial en todos aquellos casos.

El Honorable Senador señor Zaldívar destacó, por su parte, que el enunciado con que parte el número 4) de la disposición no tiene un sentido claro y que debe enmendarse.

La señora Superintendenta coincidió en la necesidad de hacer la corrección señalada. Respecto de las propuestas del Honorable Senador señor García, también mostró su acuerdo.

El profesor señor Peuriot expresó que para mantener la simetría con lo anteriormente aprobado en el artículo 72, es necesario agregar en el número 4), a continuación de la expresión “con sus respectivas ampliaciones”, los términos “o modificaciones”. Los miembros de las Comisiones Unidas consideraron apropiada la enmienda señalada.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso aprobar la proposición sustitutiva del artículo 57 con las modificaciones anteriormente expuestas.

- La propuesta anterior fue aprobada como texto con modificaciones de las indicaciones 38 y 39 por la unanimidad de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos); Larraín, don Hernán, y Tuma (por sí y por Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

- - -

Continuando con la revisión de artículos ya aprobados que requieren modificación a la luz de lo resuelto a propósito del nuevo artículo 95, la señora Superintendenta sometió a consideración de las Comisiones Unidas una versión revisada del artículo 71 anteriormente aprobado. Su tenor es el siguiente:

“Artículo 71.- Verificación y objeción de los créditos. Los acreedores tendrán un plazo de ocho días contados desde la notificación de la Resolución de Reorganización a que se refiere el artículo 58, para verificar sus créditos ante el tribunal que conoce del procedimiento, debiendo acompañar los títulos justificativos de éstos, señalando además, en su caso, si éstos se encuentran garantizados con prenda o hipoteca y el valor al que ascienden los bienes sobre los que recaen dichas garantías. No será necesaria verificación alguna si los créditos y el valor de las garantías se encontraren señaladas, a satisfacción del acreedor, en el estado de deudas a que se refiere el número 4) del artículo 57 publicado en el Boletín Concursal.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior y dentro de los dos días siguientes, el Veedor publicará en el Boletín Concursal, todas las verificaciones presentadas, señalando, en su caso, los créditos que se encuentren garantizados con prenda o hipoteca y el valor al que ascienden los bienes sobre los que recaen dichas garantías.

En el plazo de ocho días siguientes a la publicación indicada en el inciso precedente, el Veedor, el deudor y los acreedores podrán deducir objeción fundada sobre la falta de títulos justificativos de los créditos, sus montos y preferencias, o sobre el valor al que ascienden los bienes sobre los que recaen dichas garantías, que se indiquen en el estado de deudas que presenta el deudor en conformidad al número 4) del artículo 57 o en las verificaciones presentadas por los acreedores.

Los interesados presentarán sus objeciones ante el tribunal. Expirado el plazo que se indica en el inciso anterior sin que se formulen objeciones, los créditos no objetados quedarán reconocidos. Vencido el plazo anterior y dentro de los dos días siguientes, el Veedor publicará en el Boletín Concursal, todas las objeciones presentadas.

El Veedor confeccionará la nómina de los créditos reconocidos, la que deberá indicar los montos de los créditos, si estos se encuentran garantizados con prenda o hipoteca y el valor al que ascienden los bienes sobre los que recaen dichas garantías, acompañándola al expediente dentro de quinto día de expirado el plazo para objetar y la publicará en el Boletín Concursal, sirviendo ésta como única nómina para la votación a que se refiere el artículo 79, sin perjuicio de su posterior ampliación a que se refiere el artículo siguiente.”.

Al tenor de lo previamente aprobado por las Comisiones Unidas, su Presidente, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, planteó, como primera cuestión, la necesidad de modificar el término “valor” que se usa en varios de los incisos de la disposición, por “avalúo comercial”.

El Honorable Senador señor Espina expresó que en el inciso primero se indica que no será necesario verificar los créditos si ellos y sus garantías constan, a satisfacción del acreedor, en el estado de deudas que inicialmente presente el deudor, pero a renglón seguido el inciso segundo establece que el Veedor publicará en el Boletín Concursal todas las verificaciones presentadas, señalando, en su caso, los créditos que se encuentren garantizados. Expresó que en ello parece, en principio, haber una contradicción.

Además, Su Señoría señaló que no está resuelto el mecanismo a través del cual un acreedor puede objetar un crédito no verificado de otro acreedor que está conforme con el estado de deudas original del deudor.

La señora Superintendenta manifestó que, efectivamente, esto es una novedad y lo que hace es simplificar el procedimiento.

El señor Presidente indicó que, en ese caso, quizás es mejor introducir una norma que tenga por verificados los créditos incluidos en la nómina original del deudor y que no son impugnados por el acreedor aludido en ella. Añadió que esa regla requeriría que el inciso segundo se refiriera a todas las verificaciones efectuadas y no a las “presentadas”.

La señora Superintendenta se mostró de acuerdo con las proposiciones anteriores y recordó que el artículo 58 señala que la nómina original del deudor se publicará en el Boletín Concursal.

Añadió que el inciso tercero del artículo 71 manifiesta que la objeción del acreedor puede ser hecha respecto del contenido del estado de deudas presentado por el deudor de conformidad al número 4) del artículo 57, o a las verificaciones presentadas por los acreedores. En razón de ello, razonó que quizás no es necesario incluir la norma propuesta anteriormente, pues la objeción puede ser efectuada tanto respecto de las deudas contenidas en la nómina inicial del deudor como respecto de los créditos cuyas verificaciones hayan sido posteriormente “presentadas”.

El Honorable Senador señor Espina prefirió mantener la precisión anteriormente indicada.

El señor Presidente puntualizó que, en lo fundamental, los créditos constan en el estado de deudas o en las verificaciones. En consecuencia, propuso revisar la procedencia de la precisión planteada por el Honorable Senador señor Espina. En lo demás, consideró apropiado aprobar la proposición con las observaciones formales hechas al principio.

- La propuesta anterior fue aprobada. Para ello, se acogieron con modificaciones las indicaciones números 49, 50 y 51, por la unanimidad de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos); Larraín, don Hernán, y Tuma (por sí y por Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

- - -

Continuando con la revisión de preceptos ya aprobados que requieren ajustes a la luz de los resuelto en el nuevo artículo 95, la señora Superintendenta sometió a consideración de las Comisiones Unidas una versión revisada del artículo 72 anteriormente aprobado. Su tenor es el siguiente:

“Artículo 72.- Impugnación de créditos. Si se formulan objeciones, el Veedor arbitrará las medidas necesarias para subsanarlas

Si no se logran subsanar, los créditos y el valor de las garantías que fueren objeto de dichas objeciones, se considerarán impugnados y el Veedor los acumulará y emitirá un informe acerca de si existen o no fundamentos plausibles para ser considerados por el tribunal competente. Acompañará junto a la nómina de créditos reconocidos, la nómina de créditos impugnados con su informe al tribunal competente y la publicará en el Boletín Concursal, dentro de los cinco días siguientes a la expiración del plazo previsto para objetar que se señalan en el inciso primero del artículo anterior.

Agregada al expediente la nómina de créditos impugnados con el informe del Veedor, el tribunal citará a una audiencia única y verbal para el fallo de éstas, dentro de tercero día, contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada la nómina de créditos reconocidos e impugnados.

A dicha audiencia podrán concurrir el Veedor, el deudor, lo impugnantes y el titular del crédito impugnado. En la misma audiencia deberán resolverse las incidencias que promuevan las partes en relación a las impugnaciones. El tribunal competente podrá, si fuere estrictamente necesario, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad. Con todo, la resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones deberá dictarse a más tardar el segundo día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.

La resolución que falle las impugnaciones será apelable en el sólo efecto devolutivo. Dicha resolución ordenará la incorporación o modificación de créditos en la nómina de créditos reconocidos, o la modificación del valor al que ascienden los bienes sobre los que recaen las garantías, cuando corresponda. El Veedor deberá publicar la referida nómina en el Boletín Concursal, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial.”.

El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que, en este caso, las modificaciones introducidas parecen ser sólo de forma y de concordancia.

El Honorable Senador señor García observó que también es menester sustituir la expresión “valor” por “avalúo comercial”, al tenor de las modificaciones anteriormente aprobadas por las Comisiones Unidas, sugerencia que fue acogida.

- La propuesta anterior fue acogida. Para estos efectos, la indicación número 52 quedó aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos); Larraín, don Hernán, y Tuma (por sí y por Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

- - -

Prosiguiendo con la revisión de artículos ya aprobados que requieren enmendarse según lo resuelto en el nuevo artículo 95, la señora Superintendenta sometió a consideración de las Comisiones Unidas una versión revisada del artículo 76 anteriormente aprobado. Su tenor es el siguiente:

“Artículo 76.- Venta de bienes otorgados en prenda o hipoteca durante la Protección Financiera Concursal. En caso que no se acuerde la reorganización y se declare la liquidación de la Empresa Deudora, el acreedor prendario o hipotecario, que autorice la enajenación de los bienes otorgados en prenda o hipoteca, cuyo valor comercial exceda el monto del respectivo crédito garantizado, podrá percibir de la venta el monto de su respectivo crédito, siempre que garantice el pago de los crédito de primera clase, mediante el otorgamiento de cualquier instrumento de garantía que reconozcan las leyes vigentes o que la Superintendencia autorice mediante norma de carácter general.”.

La señora Superintendenta manifestó que esta redacción permite concordar el artículo con lo aprobado en la sesión anterior.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, la propuesta anterior fue aprobada por la unanimidad de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos); Larraín, don Hernán, y Tuma (por sí y por Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

- - -

Enseguida, retomando la revisión de artículos ya aprobados que requieren modificación a la luz de lo resuelto en el nuevo artículo 95, la señora Superintendenta sometió a consideración de las Comisiones Unidas una versión revisada del artículo 79 anteriormente aprobado. Su tenor es el siguiente:

“Artículo 79.- Acreedores con derecho a voto. Sólo tienen derecho a concurrir y votar los acreedores cuyos créditos se encuentren en la nómina de créditos reconocidos a que se refiere el artículo 71 y aquellos que figuren en la ampliación de esta nómina, de acuerdo a lo previsto en el artículo 72 y, en ambos casos, siempre que éstos hayan dado cumplimiento a lo ordenado en el número 6 del artículo 58, relativo a la acreditación de personerías.

Los acreedores cuyos créditos se encuentren garantizados con prenda o hipoteca, votarán, de acuerdo al valor al que ascienden los bienes sobre los que recaen dichas garantías, conforme conste en la nómina de créditos reconocidos y en su ampliación, en su caso.”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que, en este caso, tal como se ha hecho anteriormente, es menester cambiar la referencia al “valor” por el concepto “avalúo fiscal”.

El Honorable Senador señor Espina consultó cuál es la razón que justifica que los acreedores garantizados voten no de acuerdo al monto de su acreencia, sino al valor de la garantía que la accede.

La señora Superintendenta reiteró que el criterio que se persigue es que los acreedores garantizados muestran su exposición al riesgo en razón del valor de su garantía, más que el crédito.

El Honorable Senador señor Tuma compartió la observación del Honorable Senador señor Espina, pues la práctica comercial común es que las garantías sean superiores a los créditos a los cuales acceden; además, se parte de la base errónea que el deudor caerá en insolvencia antes de iniciar el servicio de la deuda garantizada, lo que tampoco es común.

El Honorable Senador señor Espina añadió que más allá de la proporción entre la deuda y la garantía, lo que importa en los procesos concursales es la entidad del pasivo del deudor.

El Honorable Senador señor García compartió la idea de que el voto del acreedor garantizado sea proporcional al valor de la garantía, porque ese dato muestra el riesgo al cual se está sujeto. Señaló que el proceso concursal puede implicar que el bien en el que recae la garantía sea liquidado y, por tanto, que la garantía desaparezca; por ello, consideró importante que el acreedor que sufre esa consecuencia decida en consideración al valor del bien en cuestión.

El Comisionado señor Contador indicó que el marco general de esta discusión es una modificación radical al sistema concursal nacional, que entre, otras cosas, considera mecanismos que eliminen la situación actual de los acreedores garantizados, los que en la actualidad, por el hecho de votar en un convenio, pierden su garantía y nunca participan de éste.

Explicó que el mecanismo que ahora se discute sincera una situación actual, consistente en que antes de iniciar la proposición de un convenio, se les consulta a los acreedores garantizados, que generalmente son los bancos y sólo si ellos acceden se sigue con el proceso.

Recordó que también hay que tener en vista que el quórum que se propone aplicar a los acreedores garantizados para aprobar el convenio es en relación al valor de su garantía, pero el reparto que les corresponda en definitiva será en proporción a su crédito. Indicó que, en el primer caso, es consistente usar el valor del bien garantizado porque ello refleja la realidad del peso específico de los pareceres de quienes tienen en sus manos el destino de un acuerdo: la exposición al riesgo de cada acreedor.

Expresó que cambiar este criterio puede generar a la larga un encarecimiento general de las políticas crediticias porque quedan afectadas las posiciones de garantía.

El Honorable Senador señor Tuma manifestó que es razonable la posición antes indicada, pero solicitó la posibilidad de considerar un punto intermedio. Indicó que lo contrario implicaría rendir el criterio de la Comisión a la posición de los bancos respecto de los procesos de reorganización.

Los Honorables Senadores señores Espina y Larraín, don Hernán, coincidieron con esta apreciación.

El profesor señor Peuriot manifestó que el criterio de la proposición recoge un elemento práctico, pues si se fuerza a los acreedores garantizados a comparecer sólo en consideración al valor de su crédito, lo más probable es que se resten de todo proceso de reorganización y en al final se pase directamente al proceso de liquidación.

La señora Superintendenta recordó que el proceso de acuerdo de reorganización supone la existencia de clases o categorías de acreedores. Añadió que los acreedores garantizados acuerdan de forma separada que los valistas, por lo que el quórum de votación del acreedor garantizado en razón de su valor de garantía se considera en el contexto de los demás acreedores garantizados y, por ello, el efecto que se sigue es un fiel reflejo del valor de cada uno de los acreedores garantizados entre sí y no en relación con las acreencias de los demás acreedores valistas.

El Honorable Senador señor Espina manifestó que incluso si se considera la situación sólo entre los acreedores garantizados, el criterio del valor del bien entregado en garantía puede generar serias distorsiones. Expresó que incluso en ese contexto el tema sigue siendo un asunto de proporción del propio crédito en el total de las acreencias garantizadas.

Señaló que, en vez del criterio propuesto, debería considerarse otro que, partiendo de la regla general de la votación en proporción al valor del crédito, incentive u obligue a los acreedores garantizados a participar de la reorganización.

El Comisionado señor Contador manifestó que los razonamientos anteriores son perfectamente atendibles, pero no tienen en consideración que el objeto final de la votación que se contempla en esta disposición es un acuerdo judicial para la reorganización de la empresa deudora y la continuidad de su giro, que tiene como elemento esencial que el bien garantizado se mantenga en poder de la entidad reorganizada. Añadió que la sola circunstancia de que existan acuerdos separados entre los acreedores valistas y los garantizados permite justificar una regla común para los últimos que no afecta al primer convenio. Manifestó que si ese resultado no se logra el deudor ingresa al proceso de liquidación y la discusión anterior es baladí, porque en aquel proceso los acreedores garantizados se pagarán preferentemente con el fruto de la liquidación de los bienes que afianzan sus acreencias.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas sostuvo que este punto es muy relevante y, teniendo en consideración las aprensiones anteriormente expresadas por los señores Senadores que lo antecedieron en el uso de la palabra, recordó que el objetivo del proceso que se discute es facilitar la continuación del giro del deudor y en tal entendido podría leerse la propuesta del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Espina indicó que una regla como la que acá se discute incentiva de forma indebida la sobre garantización de créditos. Manifestó que no es bueno utilizar una vía como la señalada sólo en consideración de que ello incentiva la celebración de un acuerdo de continuidad de giro.

El Honorable Senador señor Tuma añadió que debería establecerse una solución intermedia, por ejemplo, indicar que el piso de la valorización del acreedor garantizado será un múltiplo de su crédito. Observó que el valor de la garantía la pone el propio banco en la tasación previa a la constitución de ese derecho real, lo que generalmente tiene en cuenta el valor de liquidación de dicho bien, pero las reformas anteriores establecieron que para estos efectos se considerará el valor de mercado del bien otorgado en garantía, lo que mejora aún más la posición de esos acreedores.

La señora Superintendenta de Quiebras manifestó que con esta propuesta se busca que los acreedores garantizados puedan participar en los procesos de reorganización sin perder su preferencia -porque de lo contrario se automarginarían del proceso- y, a la vez, no afectar el sistema crediticio del país.

Subrayó que no hay que perder de vista que acá hay dos categorías de procesos de acuerdo de reorganización: una para los acreedores garantizados y otra para los acreedores valistas y por ello nunca se sobredimensionará el quórum de los primeros respecto de los segundos, porque ambos grupos votan de forma independiente su acuerdo y cada acuerdo está sujeto a la condición suspensiva del otro. Agregó que estas reglas se observan sólo para el quórum de la votación en cada acuerdo, porque el pago que se haga en el futuro será siempre en consideración al crédito de cada acreedor y no a su garantía.

Indicó que la regla del valor de la garantía tiene por único objetivo regular de forma correcta el valor relativo de cada acreedor garantizado en consideración únicamente al resto de los acreedores que tienen la misma condición y no en relación al total de los acreedores, valistas o no.

El Honorable Senador señor Tuma consultó qué sucede con los acreedores garantizados con saldos por cubrir de sus créditos distintos. Sobre el particular, explicó que el valor de la garantía como criterio opera bien al principio del crédito, pero obviamente la proporción entre dicho dato y el valor del crédito se desfigura a medida que el deudor ha satisfecho parte de su deuda. Señaló que ello no está considerado y genera una diferencia arbitraria incluso entre los propios acreedores garantizados.

La señora Superintendencia propuso, para el caso recién señalado, introducir una regla que equilibre el valor del voto del acreedor garantizado cuando su garantía valga más que el crédito.

El Honorable Senador señor García expresó que la garantía termina valiendo el monto de dinero a la cual pueda liquidarse. Añadió que un posible acuerdo de reorganización puede pasar por la necesidad de enajenar un bien objeto de una garantía, pero en ese caso el acreedor que tiene esa garantía -y que por ello sería el principal perjudicado con la venta- no sabe con antelación el valor del bien garantizado. Por ello es razonable que se asegure en la ley que su participación en la votación que lo afecta sea la máxima posible.

Expresó que la tardanza en la adopción de un acuerdo de reorganización puede generar una gran pérdida patrimonial para la masa, porque en el intertanto los activos de la empresa, sean o no objeto de garantía, no reciben la debida atención para la mantención de su valor.

Indicó que es razonable la posición de los bancos, que, en general, ostentan la calidad de acreedores garantizados, porque ellos no prestan dinero propio, sino de los depositantes, por lo que tienen un interés legítimo en querer recuperar la mayor parte de los fondos facilitados al deudor en falencia.

Expresó que la norma que en definitiva se apruebe tiene que considerar, en todo lo que sea posible, el necesario incentivo para que los acreedores garantizados entren al proceso de reorganización, pues, de lo contrario, es muy probable que dichos convenios no se celebren, que las empresas deudoras sean liquidadas y que la posición de los acreedores valistas y de los trabajadores quede incluso más perjudicada.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, replicó que en el caso recién señalado no está en cuestión el pago a los acreedores garantizados, sino el peso relativo que ellos tienen en la votación para lograr un acuerdo de reorganización. En este contexto, expresó que en principio parece más razonable que el acuerdo sea votado en proporción de cada crédito y no en consideración a la garantía que le accede.

En una sesión posterior, la señora Superintendenta sometió a las Comisiones Unidas una reformulación de la proposición sustitutiva del artículo 79. Su texto es el siguiente:

“Artículo 79.- Acreedores con derecho a voto. Sólo tienen derecho a concurrir y votar los acreedores cuyos créditos se encuentren en la nómina de créditos reconocidos a que se refiere el artículo 71 y aquellos que figuren en la ampliación de esta nómina, de acuerdo a lo previsto en el artículo 72 y, en ambos casos, siempre que éstos hayan dado cumplimiento a lo ordenado en el número 6 del artículo 58, relativo a la acreditación de personerías.

Los acreedores cuyos créditos se encuentren garantizados con prenda o hipoteca, votarán, de acuerdo al avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías, conforme conste en la nómina de créditos reconocidos y en su ampliación o modificación, en su caso.

Cuando el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantía de prenda o hipoteca, excede el valor del crédito que garantizan, dicho acreedor votará de acuerdo al monto de su crédito, conforme conste en la nómina de créditos reconocidos y en su ampliación o modificación, en su caso.”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que la redacción presentada supera las dudas planteadas en la sesión anterior.

El Honorable Senador señor Tuma consultó a la señora Superintendenta quién efectúa la avaluación que señala el inciso segundo de la proposición reformulada y por qué, en este caso, no se emplea en vez de ese dato la tasación que se tuvo en vista cuando se concedió el crédito garantizado.

La señora Superintendenta explicó que esa avaluación la hace el veedor según lo dispone el artículo 72, que requiere un pronunciamiento fundado de ese interviniente.

Los Honorables Senadores señores Larraín, don Carlos, y Zaldívar señalaron que la redacción no es nítida, pues no queda claro quién es el que vota y cómo se avalúa el crédito.

La señora Superintendenta explicó que vale el dato que aparece en la nómina de créditos reconocidos y en su ampliación o modificación, en su caso.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sugirió acoger la propuesta sustitutiva, cambiando su última parte por: “... el monto de su crédito según conste éste en la nómina de créditos reconocidos y en su ampliación o modificación, en su caso.”.

- Puesta en votación la proposición sustitutiva del artículo 79 con las modificaciones antes referidas, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidad, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán; Walker, don Patricio, y Zaldívar. Este acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.

- - -

A continuación, el Comisionado señor Torre preguntó qué participación le cabe al tercero propietario del bien objeto de la garantía, que eventualmente tiene derecho a reintegro en caso de liquidación de aquél, en la declaración de bien esencial para la consecución del giro del deudor que es objeto del proceso de reorganización.

El Honorable Senador señor Tuma compartió la inquietud planteada y consultó en qué parte específica del articulado se vela porque ese tercero dueño del bien garantizado pueda proteger sus intereses en el proceso de reorganización.

El Comisionado señor Contador planteó que el tema consultado se resuelve considerando, en primer lugar, si existió o no una declaración sobre la necesidad de ese bien para la continuación del giro, lo que parte con una declaración del propio deudor que insta a su reorganización.

Expresó que si en esa etapa se determina que el bien en cuestión es esencial, será parte de la proposición de acuerdo para continuar con el giro; de lo contrario, procederán las acciones que ordinariamente proceden para ejecutar una garantía y nacerá el derecho correspondiente a reembolso por parte del tercero que terminó desposeído.

Indicó que la posición predominante para la celebración del acuerdo la tienen los acreedores.

El Comisionado señor Torre indicó que sigue pendiente su duda respecto de la posición del tercero dueño del bien objeto de la garantía que es afectado por el acuerdo de reorganización.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, consideró atendible la discusión, pero solicitó a sus sostenedores una proposición concreta que deslinde el tema en términos positivos.

- - -

Párrafo 5. Del rechazo del Acuerdo de Reorganización Judicial

Artículo 96

El texto aprobado en general es el siguiente:

“Artículo 96.- Rechazo del Acuerdo de Reorganización Judicial. Si la Propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial es rechazada por los acreedores por no haberse obtenido el quórum de aprobación necesario o porque el deudor no otorga su consentimiento, el tribunal dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, de oficio y sin más trámite, en la misma Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre el Acuerdo de Reorganización Judicial, salvo que en dicha Junta se disponga lo contrario por Quórum Calificado. En este caso, el deudor deberá, a través del Veedor, publicar la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial en el Boletín Concursal y acompañarla al tribunal diez días antes de la Junta de Acreedores que tiene por objeto pronunciarse sobre la nueva propuesta. El deudor conservará la Protección Financiera Concursal hasta la celebración de dicha Junta, que deberá llevarse a cabo dentro de los veinte días siguientes a la Junta que rechazó el Acuerdo de Reorganización Judicial.

Si el deudor no presenta la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial dentro del plazo antes establecido, el tribunal dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, de oficio y sin más trámite.

La Junta de Acreedores que rechace la primera o segunda propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, en su caso, deberá nominar al Liquidador titular y suplente, a los que el tribunal competente deberá designar con el carácter de definitivos.”.

A su respecto, se presentó la indicación Nº 56 a, de la Honorable Senadora señora Alvear, para reemplazar la disposición aprobada en general por la siguiente:

“Artículo 96.- Rechazo del Acuerdo de Reorganización Judicial. Si la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial es rechazada por los acreedores por no haberse obtenido el quórum de aprobación necesario o porque el deudor no otorga su consentimiento, el tribunal dictará la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, de oficio y sin más trámite, en la misma Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre el Acuerdo de Reorganización Judicial, salvo que en dicha Junta se disponga lo contrario por quórum calificado. En este caso, el deudor deberá, a través del Veedor, publicar la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial en el Boletín Concursal y acompañarla al tribunal diez días antes de la Junta de Acreedores que tiene por objeto pronunciarse sobre la nueva propuesta. El deudor conservará la protección financiera concursal hasta la celebración de dicha Junta, que deberá llevarse a cabo dentro de los veinte días siguientes a la Junta que rechazó el Acuerdo de Reorganización Judicial. Si el deudor no presenta la nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial dentro del plazo antes establecido, el tribunal dictará la resolución que ordena la apertura del procedimiento Concursal de Liquidación, de oficio y sin más trámite. La Junta de Acreedores que rechace la primera o segunda propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial, en su caso, deberá solicitar a la Superintendencia Concursal que nomine al Liquidador Titular y al Suplente, a los que el tribunal competente deberá designar con el carácter de definitivos.”.

Esta disposición y su indicación fue materia de análisis en el seno de la Comisión Técnica. Al respecto, la señora Superintendenta manifestó que en esa instancia se consideró que, como consecuencia del rechazo de la indicación de la Honorable Senadora señora Alvear al artículo 22, procedería también desechar la indicación Nº 56 a. En relación con el texto aprobado en general, se tuvo en vista que es necesario sustituir las expresiones “quórum calificado” y “Resolución que ordena la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación” por “quórum especial” y “Resolución de Liquidación”, respectivamente.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas propuso acoger la propuesta de la Comisión Técnica, rechazar la indicación Nº 56 a) y hacer las modificaciones formales al texto aprobado en general que antes se indicaron.

- Sometida a votación la indicación Nº 56 a, fue rechazada por la misma votación relativa a la indicación 16 a.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán; Walker, don Patricio y Zaldívar, se introdujeron modificaciones formales al texto aprobado en general.

- - -

Párrafo 6. De la terminación y declaración de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial

Artículo 97

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 97.- Terminación del Acuerdo de Reorganización Judicial. No se admitirán otras acciones de terminación del Acuerdo de Reorganización Judicial que las fundadas en la ocultación o exageración del activo o del pasivo y de las que se hubieren tomado conocimiento después de haber vencido el plazo para impugnar el Acuerdo de Reorganización Judicial.

La declaración de término del Acuerdo de Reorganización Judicial, extingue de pleno derecho las cauciones que lo garantizan.

Las acciones de terminación del Acuerdo de Reorganización Judicial podrán interponerse por cualquier interesado y prescribirán en el plazo de un año contado desde la fecha en que comenzó a regir.”.

Aunque esta disposición no fue objeto de indicaciones, la Comisión Técnica consideró la necesidad de sustituir el concepto “terminación”, porque induce a error. Sobre el punto, la Superintendenta indicó que, en principio, no se utilizó el término “nulidad”, para mayor claridad y para evitar dudas respecto de si los actos válidamente celebrados con anterioridad a la declaración de nulidad se ven o no afectados.

Al respecto, el Comisionado señor Torre propuso sustituir dicha expresión por “resolución”; el Comisionado señor Montalva prefirió “invalidación” y el Comisionado señor Contador propuso “nulidad”.

A la vez, la unanimidad de los miembros de la Comisión Técnica propone establecer de forma clara que no se admitirán otras acciones en contra del Acuerdo de Reorganización Judicial aparte de las que señala este artículo y el siguiente. Con ese propósito, esa instancia unificó su parecer en torno a que la expresión que en este caso corresponde emplear es “nulidad”, tanto en este artículo como en el resto del proyecto. Además, como forma de mejorar la redacción el proyecto, se propuso en aquella Comisión incluir en el primer inciso del artículo las expresiones “en contra” a continuación de la palabra “acciones”.

El Honorable Senador señor Espina consultó a qué corresponden las cauciones que quedan extinguidas de pleno derecho con la declaración de nulidad del acuerdo de reorganización.

La señora Superintendenta explicó que esas garantías son aquellas que se otorgan para asegurar el cumplimiento de un acuerdo de reorganización judicial. Ellas pueden ser otorgadas por los acreedores que acuerdan esa reorganización, por terceros o por el propio deudor. De esta forma, explicó, la declaración de nulidad beneficia a quien otorgó la garantía que cede de pleno derecho por esa causa.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, consultó qué efecto jurídico tiene la nulidad que acá se plantea.

La señora Superintendenta respondió que se trata de un vicio del consentimiento, por lo cual, en este caso, el acuerdo queda sin efecto.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas precisó que, según las reglas generales, cuando la ley determina que un acto es nulo se trata de una nulidad absoluta.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, sometidas a votación las modificaciones planteadas al artículo 97 del texto aprobado en general, fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán; Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 98

El texto aprobado en general es el siguiente:

“Artículo 98.- Acción de incumplimiento. El Acuerdo de Reorganización Judicial podrá declararse incumplido a solicitud de cualquiera de los acreedores a los que les afecte el Acuerdo de Reorganización Judicial por inobservancia de sus estipulaciones.

Podrá también declararse incumplido si se hubiere agravado el mal estado de los negocios del deudor en forma que haga temer un perjuicio para dichos acreedores.

Si la acción de incumplimiento se deduce sólo por la inobservancia de las estipulaciones de una de las clases o categorías del Acuerdo de Reorganización Judicial, el deudor podrá enervar la acción cumpliéndolas dentro del plazo de sesenta días contado desde la notificación de la acción de incumplimiento.

Las acciones de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial prescribirán en el plazo de un año contado desde que se produce el incumplimiento.

La declaración de incumplimiento dejará sin efecto el Acuerdo de Reorganización Judicial, pero no extinguirá las cauciones que hubieren garantizado su ejecución total o parcial.

Las personas obligadas por las cauciones señaladas en el inciso anterior y los terceros poseedores de los bienes gravados con las mismas, según sea el caso, serán oídos en el juicio de declaración de incumplimiento y podrán impedir la continuación de éste enervando la acción, cumpliendo dentro de los tres días siguientes a la citación.

Las cantidades pagadas por el deudor antes de la declaración de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial y el producto obtenido durante el Procedimiento Concursal de Liquidación, servirán de abono a la deuda en caso que la caución se extienda a toda la suma estipulada. Pero si comprende únicamente una parte de ella, sólo le servirá para imputarla a la parte que reste de la cuota no caucionada.”.

A su respecto, se presentó la indicación número 57, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para agregar en su inciso tercero la siguiente oración final: “El deudor podrá enervar la acción por una sola vez para cada categoría o clase de acreedores.”.

Lo anterior fue materia de análisis en el seno del Grupo Técnico. Allí, se consideró adecuada la indicación y, a instancias del Comisionado señor Contador, se acordó proponer la sustitución de la palabra “acreedores” por la expresión “Acuerdo de Reorganización Judicial”.

El señor Presidente consultó la razón que se tuvo en vista en la Comisión Técnica para proponer esta enmienda.

La señora Superintendenta explicó que aunque hay un solo acuerdo de reorganización judicial, existen varias clases o categorías dentro de él, dependiendo de si hay o no acreedores garantizados. Agregó que respecto de cada uno de ellos rige la condición suspensiva de que se acuerde el de los demás.

El señor Presidente consideró apropiada la explicación y propuso aprobar las sugerencias de la Comisión Técnica, utilizando la palabra “Acuerdo” en reemplazo de la expresión “Acuerdo de Reorganización Judicial”, la segunda y tercera vez que aparece.

- Sometida a votación la indicación Nº 57, fue aprobada con la modificación antes indicada, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán; Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 99

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 99.- Procedimiento de declaración de terminación e incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial. La terminación o incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial se sujetarán al procedimiento del juicio sumario y será competente para conocer de ellas el tribunal ante el cual se tramitó el Acuerdo de Reorganización Judicial.

La resolución que acoja las acciones de terminación o incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, será apelable en ambos efectos, pero el deudor quedará de inmediato sujeto a la intervención de un Veedor que tendrá las facultades de interventor contenidas en los números 1, 7, 8 y 9 del artículo 25.

La declaración de término o incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial no tendrán efecto retroactivo.”.

Aunque esta disposición no fue objeto de indicaciones, fue debatida en la Comisión Técnica. Es esa instancia, se hizo presente la necesidad de señalar que el veedor al que le corresponderá ser interventor según lo establece el inciso segundo del artículo en discusión, debe ser el mismo que se designe para el procedimiento concursal de reorganización.

Además, se consideró que para aclarar los efectos y alcances de la nulidad e incumplimiento del acuerdo de reorganización judicial respecto de los actos celebrados antes de su declaración, es necesario reemplazar el inciso final del artículo por el siguiente:

“La declaración de nulidad o incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial no tendrá efecto retroactivo y no afectará la validez de los actos o contratos celebrados en el tiempo que medie entre la resolución que aprueba el Acuerdo de Reorganización Judicial y la que declare su nulidad o incumplimiento.”.

La señora Superintendenta explicó que los efectos que el proyecto otorga a la nulidad o incumplimiento del acuerdo de reorganización son distintos a los que el Código Civil dispone para la nulidad común, porque en el caso que el acuerdo sea declarado nulo, los actos celebrados entre la emisión del mismo y su posterior declaración de nulidad son válidos.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, recordó que las causales de nulidad del acuerdo anteriormente aprobadas fueron la ocultación de bienes o la exageración de deudas y que la vía para ello típicamente es la celebración de contratos con un móvil fraudulento. Hizo notar que en la disposición antes propuesta expresamente se establece que esas convenciones subsisten.

La señora Superintendenta explicó que la disposición propuesta se refiere a los actos posteriores a la celebración del acuerdo y anteriores a su declaración de nulidad, pero que ello no abarca las convenciones previas al acuerdo propiamente tal.

El Comisionado señor Contador expresó que el tema planteado tiene directa relación con el alcance y lo que debería entenderse para este caso por nulidad.

Explicó que el caso se refiere a una situación donde ya hubo un acuerdo consensuado que está en ejecución, por lo que la compañía objeto del mismo ya se reorganizó y volvió a funcionar. Añadió que la idea es que, en este devenir, la compañía reorganizada puede haber celebrado una serie de actos con terceros, pues el término que establece el proyecto para solicitar la nulidad del acuerdo inicial es de un año.

Connotó que la idea de la reformulación planteada es que esos actos celebrados con terceros serán válidos aunque posteriormente se declare la nulidad del acuerdo de reorganización, en la medida que los primeros hayan sido válidamente celebrados.

Expresó que esta regla no se aplicaría al caso indicado por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, que se refiere a situaciones acaecidas con anterioridad a la celebración del acuerdo.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas indicó que los contratos celebrados con posterioridad a un acuerdo que, en definitiva, fue declarado nulo, no deben haber sido a sabiendas de la anulabilidad del acuerdo, pues en ello hay un riesgo de fraude.

El Comisionado señor Contador manifestó que entiende que ese riesgo no existe porque al revisar las acciones que dan lugar a la nulidad en este caso -el ocultamiento del activo o la falseación del pasivo-, ellas no tienen que ver con el necesario estatuto de seguridad jurídica que requieren los actos celebrados con terceros inmediatamente después de convenido el acuerdo de reorganización en el contexto de la operación de la compañía reorganizada.

Explicó que, en principio, el proyecto usaba el vocablo “terminación” para obviar el efecto retroactivo de la nulidad civil, pero se consideró inapropiada su mantención, pues dicho concepto está circunscrito naturalmente a los contratos de tracto sucesivo. Indicó que en varias instituciones del derecho comercial se considera la nulidad con ciertos efectos propios distintos a los civiles, que implican que el uso de esa sanción en aquél contexto no afecta la validez de los actos intermedios.

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que la regla que se propone resguarda el interés de terceros que contratan con la empresa reorganizada y permiten dar cierta estabilidad inicial al acuerdo de reorganización.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso acoger la proposición de la Comisión Técnica, introduciendo el adverbio “debidamente” antes del término “celebrados”, y dejando constancia para la historia de la ley que en este caso “debidamente” equivale a “válidamente”, en un sentido jurídico.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, sometida a votación la proposición, fue aprobada con la modificación antes indicada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán; Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 100

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 100.- Apertura de Procedimiento Concursal de Liquidación. Una vez firme y ejecutoriada la resolución que declare la terminación o el incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, el mismo tribunal dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación del deudor, de oficio y sin más trámite.”.

Aunque esta disposición no motivó la presentación de indicaciones ni suscitó debate en la Comisión Técnica, los miembros presentes de las Comisiones Unidas consideraron más apropiado referirse a la “empresa deudora” en vez del “deudor”.

- En virtud de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, sometida a votación esta propuesta, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán; Walker, don Patricio, y Zaldívar.

Artículo 101

El texto aprobado en general es el siguiente:

“Artículo 101.- Designación de Liquidador. En la demanda de terminación o de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, el demandante propondrá a un Liquidador titular y a un suplente de la Nómina de Liquidadores vigente, debiendo el tribunal designarlos en la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Si se interpusiere más de una demanda de terminación o de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, el tribunal competente designará al Liquidador titular y suplente nominado en la primera demanda que se acoja.”.

A su respecto, se presentó la indicación número 57 a, de la Honorable Senadora señora Alvear, para sustituir la disposición aprobada en general por la siguiente:

“ARTÍCULO 101.- Designación de Liquidador. En la demanda de terminación o de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial, el demandante solicitará que se oficie a la Superintendencia Concursal, a efectos de designar a un Liquidador titular y a uno suplente de la Nómina de Liquidadores vigente. Una vez efectuado el sorteo respectivo, el tribunal los designará en la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación.”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, expresó que la indicación comprende el mismo asunto ya dilucidado por las Comisiones Unidas al rechazar la indicación 16 a, por lo que, en consecuencia, la indicación número 57 a también debe desecharse.

- Los miembros presentes de las Comisiones Unidas acordaron rechazar la indicación 57 a por la misma votación con que se votó en contra la indicación 16 a. Además, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán; Walker, don Patricio, y Zaldívar, introdujo modificaciones formales al texto del artículo.

Título 3. Normas aplicables al Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado

Artículos 102 a 105

No fueron objeto de indicaciones ni de mayor debate, sino solamente de ajustes de redacción.

Artículo 106

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 106.- Contenido. Será aplicable al Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, cuando corresponda y siempre que no contravenga lo dispuesto en el presente párrafo, los Títulos 1 y 2 de este Capítulo, en lo relativo a los acuerdos por clases o categorías de acreedores, propuestas alternativas, diferencias entre acreedores de igual clase o categoría, condonación o remisión de créditos, constitución de garantías, código de gestión para los deudores, arbitraje, interventor y Comisión de Acreedores.”.

A su respecto, se presentó la indicación número 58, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la expresión “categorías de acreedores,”, la frase “determinación del pasivo”, seguida de una coma (,).

Esta indicación y el artículo al que ella se dirige fueron objeto de debate en el seno de la Comisión Técnica. Ésta consideró que con ocasión de la modificación introducida por las Comisiones Unidas al artículo 68 del proyecto, no es conveniente aplicar el código de gestión para los deudores en este tipo de acuerdos, ya que ello no concuerda con el propósito de establecer una vía simplificada para los acuerdos de reorganización extrajudicial. Además, la indicación Nº 58 fue apoyada.

El Honorable Senador señor Zaldívar consultó qué sentido tiene el epígrafe del artículo.

El Presidente, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que ese título debe leerse en el contexto del epígrafe general del título 3, donde se enmarca la disposición discutida.

La señora Superintendenta propuso cambiar el título del artículo por “normas aplicables”, porque se refiere a las normas aplicables del acuerdo de reorganización judicial que se hacen aplicables al acuerdo de reorganización extrajudicial en lo pertinente.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, propuso sustituir el epígrafe por el concepto “estipulaciones”. Asimismo, consultó si “código de gestión para deudores” es un término definido y si a continuación del resto de la enumeración es necesario incluir el término “designación”.

El Presidente, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que la Comisión Técnica propone eliminar la aplicación de la referencia al código de gestión para deudores. Respecto al resto de la proposición del Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, señaló que son procedentes y que deben aprobarse.

La señora Superintendenta reiteró que con su proposición de sustitución del título de la disposición se soluciona el problema semántico detectado por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos.

El Presidente de las Comisiones unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, propuso aprobar la indicación número 58, la sugerencia de la Comisión Técnica y el epígrafe que propuso la señora Superintendenta.

- Sometida a votación la indicación número 58, fue aprobada con las modificaciones antes señalas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán; y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 107

Su texto aprobado en general es el siguiente:

“Artículo 107.- Requisitos. Para la aprobación judicial del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, éste deberá presentarse ante el tribunal competente junto con los antecedentes singularizados en el artículo 57, acompañado de un listado de todos los juicios y procesos administrativos que tengan efectos patrimoniales seguidos contra el deudor, con indicación del tribunal, órgano de la Administración del Estado, rol o número de identificación y materias sobre las que tratan estos procesos.”.

A su respecto, se presentó la indicación número 59, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para consultar como inciso final, el siguiente:

“Conjuntamente con la presentación del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial, deberá presentarse conjuntamente un informe de un Veedor de la Nómina de Veedores, elegido por el deudor y sus tres principales acreedores, el que deberá contener la calificación fundada acerca de (i) si la propuesta es susceptible de ser cumplida, habida consideración de las condiciones del deudor; (ii) el monto probable de recuperación que le correspondería a cada acreedor en sus respectivas categorías, en caso de un Procedimiento Concursal de Liquidación; y (iii) si la determinación de los créditos y su graduación, cuya propuesta acompañó el deudor, se ajusta a la ley.”.

La señora Superintendenta de Quiebras manifestó que la unanimidad de los miembros de la Comisión Técnica está de acuerdo con la indicación, proponiendo eliminar el adverbio “conjuntamente” la segunda vez que aparece mencionado en el texto.

El Presidente, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, señaló que la disposición considera que el informe con que se da inicio a este procedimiento contempla que debe incluir a los tres principales acreedores del deudor, pero no precisa qué parte del pasivo representan.

La señora Superintendenta respondió que este informe se da en el contexto de un procedimiento extrajudicial o simplificado, por lo que los requerimientos son menores.

El Honorable Senador señor Tuma solicitó una explicación más detallada sobre el asunto y también acerca de cómo dicho acuerdo extrajudicial tiene efecto respecto de quienes no participaron en él.

La señora Superintendenta explicó que se trata de una proposición de reorganización que afecta a los demás acreedores mediante una validación judicial. Explicó que ella procede cuando el pasivo del deudor está concentrado en unos pocos acreedores y cuando es posible que el procedimiento de reorganización parta antes de la etapa judicial.

El Honorable Senador señor Tuma expresó que, entonces, la disposición trata de una proposición de acuerdo, que es sustentada por parte de los acreedores para su viabilización y que requiere después un procedimiento judicial para poder aplicarse al resto de la masa involucrada.

El señor Presidente propuso aprobar la indicación número 59 con la modificación propuesta y con otras correcciones formales para su mejor entendimiento.

- Puesta en votación la indicación Nº 59, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García, Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán, y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 108

El tenor de su texto aprobado en general es el siguiente:

“Artículo 108.- Efectos de la presentación. Presentada la solicitud de aprobación judicial del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, el tribunal dispondrá:

a) La prohibición de solicitar la Liquidación forzosa del deudor y de iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento. Lo anterior, no se aplicará a los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de privilegio de primera clase, excepto las que el deudor tuviere, en tal carácter, a favor de su cónyuge o de sus parientes o de los gerentes, administradores, apoderados con poder general de administración u otras personas que hayan tenido o tengan injerencia en la administración de sus negocios. Para estos efectos se entenderá por parientes a los ascendientes y descendientes y a los colaterales por consanguinidad y afinidad hasta el cuarto grado, inclusive, y

b) La prohibición al deudor de gravar o enajenar sus bienes, salvo los que resulten estrictamente necesarios para la continuación de su giro.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones números 60 y 61. La primera, de los Honorables Senadores señores Espina y García, intercala en el encabezamiento del artículo, después de la palabra “dispondrá”, la frase “hasta la aprobación judicial regulada en el artículo 112”.

La segunda, de los mismos señores Senadores, incide en la letra a) de la disposición aprobada en general y tiene por propósito añadir, a continuación de la locución “primera clase,”, la frase “suspendiéndose en ese caso sólo la ejecución y realización de bienes del deudor”, seguida de una coma (,).

En primer término, el Honorable Senador señor Zaldívar expresó que es necesario aclarar el título que se propone para el artículo.

La señora Superintendenta manifestó que estas proposiciones fueron analizadas en el seno de la Comisión Técnica. Relató que esa instancia, unánimemente, se mostró favorable a la indicación 60, pero que respecto a la indicación 61, el Comisionado señor Contador advirtió que el efecto de los acuerdos a que se refiere la proposición son distintos a los del acuerdo de reorganización judicial, pues respecto de los primeros no se incluye el efecto suspensivo que indica la letra b) del número 1) del artículo 58. Añadió que la indicación genera una incongruencia al incluir sólo la suspensión de las ejecuciones laborales, por lo que propuso replicar en esta disposición el efecto suspensivo antes anotado. El resto de los miembros de la instancia técnica se mostró de acuerdo con la proposición y apoyó la aprobación de la indicación, agregando, como nueva letra b) del artículo 108, lo que indica la letra b) del número 1) del artículo 58.

Señaló que la proposición de la Comisión Técnica busca, en el fondo, hacer aplicables las normas sobre protección concursal al deudor que presentó a tramitación un acuerdo de reorganización simplificado.

Respecto de la proposición del Honorable Senador señor Zaldívar, propuso reemplazar el epígrafe de la disposición por “resolución de reorganización simplificada”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que para evitar el uso continuo de la expresión “Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado”, cabría incluirla en las definiciones del inicio del proyecto y, en adelante, usar la expresión “acuerdo simplificado”. En lo demás, consideró adecuado aprobar las indicaciones con las sugerencias de la Comisión Técnica y el nuevo título propuesto por la señora Superintendenta para la disposición.

- Sometidas a votación las indicaciones número 60 y 61, fueron aprobadas con las modificaciones antes reseñadas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán, y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 109

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 109.- Quórum. El deudor deberá presentar el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado suscrito por los dos tercios o más de los acreedores que representen al menos tres cuartas partes del total de su pasivo, correspondiente a su respectiva clase o categoría. Las Personas Relacionadas con el deudor no podrán suscribir un Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, ni sus créditos se considerarán en el monto del pasivo.

Los cesionarios de créditos adquiridos dentro de los últimos treinta días anteriores a la fecha de la presentación a aprobación judicial del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, no se considerarán para el quórum señalado en el inciso anterior.”.

Aunque respecto de esta disposición no se presentaron indicaciones, la señora Superintendenta de Quiebras relató que ella fue discutida por la Comisión Técnica. El Comisionado señor Torre expuso que es conveniente aclarar que los créditos no se considerarán en el pasivo únicamente para efectos del voto. Con ese propósito, propuso agregar al final del inciso primero la siguiente frase: “para los efectos del referido acuerdo”. El resto de los Comisionados consideró adecuada la proposición.

Por su parte, el señor Contador hizo presente en la Comisión Técnica la necesidad de reemplazar, también en el inciso primero, la expresión “los dos tercios o más de los” por “dos o más” por cuanto la primera expresión podría limitar dichos acuerdos. La unanimidad de los miembros estuvo de acuerdo.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas observó que en esta disposición se considera el quórum mínimo que debe alcanzar el acuerdo de reorganización iniciado extrajudicialmente, lo cual zanja la inquietud anteriormente manifestada sobre este punto, aunque la disposición anterior hablaba de tres acreedores y ésta señala “dos o más”.

La señora Superintendenta de Quiebras expresó que los tres acreedores se requieren para validar el informe del veedor que acompaña la proposición de acuerdo de reorganización simplificada; en cambio, la norma de quórum que acá se discute regula la exigencia para que dicha proposición sea aprobada judicialmente. Por tanto, resumió, se trata de dos asuntos distintos.

El Honorable Senador señor Espina indicó que es razonable que haya una diferencia de quórum, porque la exigencia de tres acreedores sólo se predica para el nombramiento del veedor y el planteamiento de su informe preliminar; en cambio, la exigencia del voto conforme de dos o más acreedores que a larga representen a tres cuartas partes de la masa es evidentemente más alta y se justifica si se tiene en vista que se trata de la aprobación final del acuerdo.

El Honorable Senador señor Zaldívar explicó que es razonable que no se considere a los acreedores relacionados del deudor para efectos de contabilizarlos en el quórum de aprobación del acuerdo, pero ello no debería ser razón para impedirles todo tipo de participación en su discusión.

La señora Superintendenta observó que las personas relacionadas con el deudor no podrán suscribir un acuerdo de reorganización simplificado y que sus créditos no se consideran para efectos de la determinación del pasivo.

El Comisionado señor Contador explicó que siempre los deudores relacionados quedan sujetos al acuerdo de reorganización, pero respecto de ellos procede la posposición en el pago, que es un tema que ya fue discutido por las Comisiones Unidas en sesiones anteriores. Añadió que como los relacionados no votan, tampoco se consideran sus pasivos para efectos de calcular el quórum de aprobación del acuerdo. Expresó que, en la actualidad, los acreedores relacionados son excluidos para la gestación de un convenio judicial preventivo en los mismos términos que establece la norma.

El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que entonces es más claro decir que los créditos de los relacionados no serán considerados para efectos del quórum de aprobación de los acuerdos simplificados. El señor Presidente coincidió con ello.

El Honorable Senador señor Tuma resaltó que cuando se estructuró el régimen general de los acreedores relacionados, se estableció, entre otras consideraciones, un plazo de 90 días como tope para que sus acreencias sean consideradas. En cambio, añadió, acá se establece un término de sólo 30 días para igual propósito.

La señora Superintendenta explicó que el plazo de 30 días a que recién se hizo mención está referido a ley sobre cesionarios de crédito.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, expresó que, en ese caso, debería especificarse que procede esa limitación cualquiera sea el origen de esos créditos.

El señor Presidente observó que, en este caso, se trata de un acuerdo extrajudicial simplificado de reorganización, por lo que podrían proceder plazos más cortos.

El Honorable Senador señor Tuma indicó que entonces es apropiado determinar menos plazo para esta situación.

El Honorable Senador señor Espina expresó que la idea general en estos casos es sacar a los parientes tanto de la formación del acuerdo de reorganización como del quórum que se requiere para que se apruebe en definitiva. Sobre el punto, consultó de qué forma se expresa ese principio en la norma aprobada en general.

El Comisionado señor Contador indicó que tal como se ha dicho, el principio general es la exclusión de los relacionados, tanto en el acuerdo de reorganización judicial como en el simplificado. La idea es que los acreedores relacionados no pueden determinar cual es la forma como se va a reorganizar la compañía objeto del acuerdo. Teniendo este principio en vista, expresó su desacuerdo con la idea del Honorable Senador señor Zaldívar, secundada por el señor Presidente. Lo anterior, añadió, porque es importante dejar claro en la ley que los acreedores relacionados no pueden suscribir este tipo de acuerdos, porque en la práctica los acuerdos simplificados no se votan, pues no hay una junta de acreedores que se constituye en el tribunal y que discute y vota una propuesta de acuerdo, sino que hay un convenio extrajudicial previo suscrito por los tres acreedores más importantes del deudor, que se valida posteriormente en el tribunal. En este esquema, resulta obvio que los relacionados no pueden suscribir el citado acuerdo. Indicó que esa limitación es simétrica con la prohibición de votar que tienen los relacionados en el acuerdo de reorganización común.

Ante esa explicación, el Honorable Senador señor Espina, manifestó su apoyo a la idea de prohibir expresamente a los acreedores relacionados suscribir un acuerdo simplificado, pues ello se impone por un criterio mínimo de transparencia.

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que no se trata de un problema de principios, sino de contenido del artículo. Indicó que el tema es qué efecto tiene para los acreedores relacionados el acuerdo si ellos no fueron considerados para la adopción del mismo, teniendo en vista, además, que en todo caso el pago de esas acreencias será pospuesto. Por tal razón, insistió en su postura de permitir que los relacionados suscriban el acuerdo simplificado, pues sus acreencias no son consideradas para los efectos de la revalidación final del convenio en sede judicial.

El señor Presidente manifestó que si los relacionados están excluidos de la suscripción de estos acuerdos, sus acreencias no se contabilizan para determinar el quórum de tres cuartos del pasivo para validar el acuerdo simplificado en sede judicial. La idea final, expresó, es que el acuerdo se suscriba entre los no relacionados.

El Honorable Senador señor Espina reiteró que permitir que los relacionados suscriban el acuerdo sin considerarlos en el quórum final de aprobación, será una fuente segura de confusión. Expresó que si se concuerda con la idea de que esas acreencias no se cuenten en la aprobación final, no hay ninguna razón para que se permita a sus titulares firmar el acuerdo simplificado.

El señor Presidente manifestó que si ese es el entendimiento de la norma, es mejor dejar la redacción tal cual está.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, consultó qué significado preciso tiene la frase final del inciso primero del texto aprobado en general más la proposición de la Comisión Técnica, pues no queda claro si, en definitiva, estos acreedores relacionados serán pagados o no.

La señora Superintendenta explicó que la idea es que la exclusión sea para efectos del voto, porque, en definitiva, los relacionados serán pagados una vez que opere la posposición según las reglas contempladas en el artículo 64.

El señor Presidente expresó que entonces los relacionados no votan, pero se les considera para efectos del acuerdo.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, notó que la conclusión antes indicada no se desprende con facilidad del texto. El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que la interpretación anterior es atendible, sin perjuicio de que la intención del texto parece ser la que señala el señor Presidente. Por tal razón, sostuvo que la precisión que se requiere puede ir por el lado de prescribir que la exclusión de los relacionados sólo se refiere a la contabilización de sus acreencias en la determinación del quórum definitivo de aprobación.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, expresó que la existencia de créditos relacionados es muy habitual por la existencia de compañías filiales, que son parte de la vida comercial normal. Por ello, señaló que es necesaria una formulación del artículo que deje en claro que los efectos del acuerdo también alcanzan a esos acreedores. Con todo, puntualizó que la expresión “ni sus créditos se contabilizarán en el monto del pasivo” no permite llegar a esa conclusión.

Expresó que dejar la norma tal como está abre la posibilidad de que los créditos relacionados se entiendan jurídicamente castigados por este efecto. Teniendo en vista lo que señala el inciso siguiente, señaló que es dable esperar que en el futuro se abra un mercado de cesión de créditos relacionados de deudores en peligro de insolvencia que suponga un alto descuento. Indicó que la situación antes descrita no parece estar en la voluntad del autor de la iniciativa.

El Comisionado señor Contador señaló que las inquietudes antes expuestas se solucionan si se indica que : “...las personas relacionadas con el deudor no podrán suscribir un acuerdo de reorganización extrajudicial o simplificado, ni sus créditos se considerarán en el monto del pasivo para los efectos de la determinación del quórum de aprobación del referido acuerdo.”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, indicó que esta proposición es más clara y propuso incorporarla al texto aprobado en general.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, la modificación antes indicada fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán; y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 110

El texto aprobado en general señala lo siguiente:

“Artículo 110.- Publicidad. Junto con presentar al tribunal el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado con los antecedentes señalados en el artículo 107, el deudor deberá acompañar a la Superintendencia copia de éstos para que los publique en el Boletín Concursal.”.

Aunque respecto de esta disposición no se presentaron indicaciones, la señora Superintendenta de Quiebras relató que se discutió en la Comisión Técnica. Ésta consideró más apropiado traspasar la carga de publicar en el boletín concursal al veedor, pues según anteriormente se acordó en la indicación 59, el convenio preliminar debe considerar el informe de ese funcionario.

La señora Superintendenta añadió que esa modificación además permite que se determine cuál es el plazo para la publicación, porque la regla general es que el veedor tiene dos días para hacer las publicaciones que por ley le corresponden.

- En virtud de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, la modificación antes indicada fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán, y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 111

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 111.- Objeción. Podrán objetar el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado los acreedores disidentes y aquellos que demuestren haber sido omitidos de los antecedentes previstos en artículo 107, siempre y cuando la objeción se funde en alguna de las causales establecidas en el artículo 86 de esta Ley para los Acuerdos de Reorganización Judicial, o bien sobre la existencia, los montos y los privilegios de sus créditos.

La objeción deberá presentarse ante el tribunal competente dentro de los diez días siguientes a la publicación del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado efectuada conforme al artículo anterior. Copia de la objeción señalada y de los antecedentes correspondientes, se deberán acompañar a la Superintendencia en el mismo plazo a efectos que se publiquen en el Boletín Concursal.

Las objeciones al Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado se tramitarán como incidente por clase o categoría de acuerdo, entre el deudor y el acreedor o acreedores que las hayan formulado. Se fallarán conjuntamente en una audiencia única, que el tribunal citará para tal efecto y que se celebrará dentro de los diez días siguientes de vencido el plazo para objetar. Esta audiencia será verbal y se llevará a cabo con los que asistan. La resolución que resuelva las objeciones se publicará en el Boletín Concursal y será apelable en el sólo efecto devolutivo.”.

Aunque respecto de esta disposición no se presentaron indicaciones, la señora Superintendenta de Quiebras informó que fue objeto de discusión en la Comisión Técnica. Allí, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86, se consideró que debería reemplazarse la expresión “objeción” por “impugnación”. Además, en atención a lo aprobado por las Comisiones Unidas a propósito del artículo 88, se propone eliminar del inciso final la expresión “entre el deudor y el acreedor que las hayan formulado, y traspasar al veedor la carga de publicar copia de las impugnaciones en el Boletín Concursal, modificando en tal sentido el artículo propuesto.

Los miembros de las Comisiones Unidas consideraron apropiadas las enmiendas consensuadas por la Comisión Técnica.

- En consecuencia, en virtud de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, éstas fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos, Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 112

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 112.- Aprobación judicial. Vencido el plazo para presentar objeciones sin que se hayan interpuesto o si, deducidas, se hubieren rechazado por resolución que se encuentre firme y ejecutoriada, el tribunal competente, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales, dictará la correspondiente resolución aprobando el Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado.”.

Aunque este artículo no fue objeto de indicaciones, la señora Superintendenta relató que la Comisión Técnica consideró necesario reemplazar la expresión “objeciones” por “impugnaciones”, en conformidad al acuerdo adoptado al tratar el artículo anterior.

Además, el Comisionado señor Torre manifestó que en el precepto no hay mención alguna a la publicación en el boletín concursal de la resolución que aprueba el acuerdo de reorganización extrajudicial o simplificado, en concordancia con lo previamente resuelto en el artículo 90. Para solucionar tal dificultad, se propuso que esa resolución sea publicada por el veedor en el boletín concursal, pues así se resuelve la forma de comunicar la publicación y, de paso, se soluciona el plazo para hacerlo ya que el veedor tiene, por regla general, dos días para hacer las publicaciones que señala la ley.

Los miembros de las Comisiones Unidas consideraron apropiadas las enmiendas consensuadas por la Comisión Técnica.

- En virtud de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, las modificaciones antes indicadas fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García; Larraín, don Carlos; y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 113

No fue objeto de indicaciones, sino que solamente de ajustes de tipo formal.

Artículo 114

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 114.- Terminación e Incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado. Demandada la terminación e incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, se aplicará lo dispuesto en el Párrafo 5 del Título 2 de este Capítulo.”.

La señora Superintendenta de Quiebras manifestó que los miembros de la Comisión Técnica proponen sustituir la expresión “terminación” por “nulidad”, de acuerdo con lo anteriormente aprobado a propósito del artículo 97.

Los miembros de las Comisiones Unidas consideraron apropiada esta enmienda.

- En virtud de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, la modificación antes indicada fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán, y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

CAPÍTULO IV.- DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN

Título 1. Del Procedimiento Concursal propiamente tal

Párrafo 1. De la Liquidación Voluntaria

Artículo 115

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 115.- Ámbito de aplicación y requisitos. La Empresa Deudora podrá solicitar ante el juzgado de letras competente su Liquidación Voluntaria, acompañando los siguientes antecedentes en duplicado:

1) Lista de sus bienes, lugar en que se encuentren y los gravámenes que les afecten;

2) Lista de los bienes legalmente excluidos de la Liquidación;

3) Relación de juicios pendientes;

4) Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos, y

5) Nómina de los trabajadores, prestaciones laborales debidas y situación previsional.

Si el deudor llevare contabilidad completa presentará, además, su último balance.

Si se tratare de una persona jurídica, los documentos antes referidos serán firmados por sus representantes legales.

Para los efectos de este Capítulo se denominará indistintamente Empresa Deudora o deudor.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones números 62, 63 y 64, todas de Su Excelencia el señor Presidente de la República. La primera incide en el número 4) del inciso primero de la disposición y sustituye la expresión “, y” por un punto y coma (;).

La segunda, reemplaza, en el quinto numeral del mismo inciso, el punto final (.) por la expresión “y”, antecedida de una coma (,). Finalmente, la tercera consulta un numeral 6), nuevo, del siguiente tenor:

“6) Una memoria o una breve relación explicativa de las causas del mal estado de sus negocios.”.

La señora Superintendenta de Quiebras manifestó que la Comisión Técnica entiende que las indicaciones números 62 y 63 son meros cambios de puntuación, en tanto que la modificación material a esta disposición gira en torno a la indicación número 64.

Sobre el particular, manifestó en el seno de esa instancia que ellas tienen su origen en las mesas de trabajo sostenidas con los síndicos, quienes hicieron presente la conveniencia de incorporar una relación del estado de los negocios del deudor para clarificar la situación de crisis por la que pasa, tanto para los jueces como para los propios síndicos. Los miembros de la Comisión Técnica acogieron la propuesta de los síndicos.

Por su parte, el Comisionado señor Torre planteó su inquietud en torno a que este artículo exige que la nómina de los trabajadores del deudor indique, únicamente, las remuneraciones y las cotizaciones adeudadas y no la situación de todos los trabajadores bajo su subordinación y dependencia, incluida la de otros trabajadores que laboren bajo el régimen de honorarios.

En esa instancia, la Jefa del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Quiebras, señora Anguita, manifestó que la nómina que indica el quinto numeral del texto aprobado en general es indicativa de la situación general de los trabajadores y, por tanto, considera a quienes se les adeuden o no remuneraciones o cotizaciones y a quienes presten servicios bajo distintas modalidades jurídicas. Por su parte, el Comisionado señor Montalva añadió que es pertinente hacer una mención genérica a la naturaleza de la relación laboral, para que futuras modificaciones legislativas no produzcan el desuso de la norma.

El Comisionado señor Barros insistió en la inquietud originalmente planteada por el señor Torre, pues, a su juicio, la información completa de los trabajadores del deudor sujeto al procedimiento no es conocida desde un principio.

La señora Superintendenta explicó que es más prudente establecer una norma general, especialmente en consideración a que exigencias excesivas al deudor podrían dilatar el inicio del procedimiento.

Por su parte, el Comisionado señor Torre relató que, en la práctica, ante rumores de una quiebra inminente de su empleador, muchos trabajadores forman sindicatos de último minuto para multiplicar la cantidad de operarios con fuero. Explicó que esa situación podría remediarse si se exige que el deudor indique en la lista a que hace mención el numeral 5), quiénes de sus trabajadores efectivamente tienen fuero. La señora Superintendenta propuso, como solución de compromiso, proponer a las Comisiones Unidas que se agregue en el numeral en discusión la frase “y fueros en su caso”. Hubo acuerdo en la Comisión Técnica con esta idea.

Finalmente, en relación al inciso primero del artículo, el Comisionado señor Torre observó que los antecedentes referidos debieran acompañarse con copia y no en duplicado, debido a que en la práctica los tribunales entienden el duplicado como la entrega del original más dos copias. La señora Superintendenta acogió la recomendación y propuso reemplazar la expresión “en duplicado” por “con copia”. Hubo acuerdo con esta proposición.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán señaló que la discusión se centra en el quinto numeral. En primer término, observó que la expresión “trabajadores” parece no recoger, a cabalidad, la mención a las personas que prestan servicios al deudor bajo formas jurídicas distintas de la relación laboral.

El Honorable Senador señor Tuma consultó si en el procedimiento concursal de liquidación se consulta un procedimiento distinto para la acreditación del pasivo que el que previamente fue tratado en los acuerdos de reorganización.

La señora Superintendenta explicó que se trata de asuntos distintos. Señaló que en la reorganización el deudor presenta los antecedentes y, si los acreedores están de acuerdo, no es necesaria una verificación posterior. Pero en el caso de la liquidación ello es distinto, pues en ese procedimiento hay un término específico para que los acreedores verifiquen, ya que ahí ese trámite es obligatorio.

El Honorable Senador señor Tuma consultó qué rol cabe en lo anterior al liquidador.

La señora Superintendenta contestó que el liquidador puede impugnar los créditos verificados y tiene un rol similar al del veedor, pues también le corresponde arbitrar entre los acreedores para intentar subsanar las objeciones para que no pasen a ser impugnaciones que en definitiva tenga que resolver el tribunal.

En relación con la observación planteada por el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que, a su juicio, la disposición abarca a todos los trabajadores del deudor, incluyendo a los que laboren bajo el régimen de honorarios.

El Honorable Senador señor Zaldívar propuso especificar el punto, agregando al numeral 5) la siguiente expresión “...cualquiera sea su vínculo o dependencia”.

El señor Presidente propuso, en reemplazo, la expresión “cualquiera sea la forma de su relación contractual”.

El Honorable Senador señor García consultó qué se entiende por “prestación laboral debida”.

La señora Superintendenta respondió que se refiere a todo monto que se adeude al trabajador en razón de su relación laboral.

El Honorable Senador señor García observó que, en ese caso, parece ser más conveniente hablar de remuneraciones y beneficios adeudados.

El Honorable Senador señor Zaldívar agregó que también habría que considerar las indemnizaciones legales y las cotizaciones previsionales.

El señor Presidente sintetizó la discusión habida hasta el momento expresando que debe indicarse, en el número 5), que la referencia es a los trabajadores cualquiera sea su relación contractual y describirse por ítem lo que comprende el concepto de prestaciones laborales, como serían las remuneraciones, indemnizaciones y otros beneficios, todas las cotizaciones que estén en mora y los fueros laborales que procedan.

El Honorable Senador señor García consultó si corresponde añadir en el primer numeral de la disposición el avalúo comercial de los bienes, en consideración a las modificaciones ya aprobadas en ese sentido y si, en vez de usar en el número 4) la expresión “estado de deudas”, es mejor señalar “monto de las deudas”.

La señora Superintendenta recordó que el numeral del artículo 57 relativo al procedimiento de reorganización menciona el avalúo comercial, pero señaló que en este caso no es procedente, porque la liquidación estará a cargo de un liquidador cuya tarea es incautar bienes y administrarlos hasta que se liquiden.

Añadió que es muy procedente la crítica que se ha planteado a la ley vigente en torno a la cantidad de exigencias y antecedentes que tiene que cumplir el deudor para llevar a cabo su propia liquidación. Finalizó expresando que el concepto “estado de deuda” supone un detalle que señale el monto pormenorizado de cada una.

El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, hizo notar que el concepto “estado de deuda” tiene un significado técnico preciso que abarca la identificación de la deuda, el capital adeudado, los plazos de vencimiento, los intereses devengados, si ha procedido o no la aceleración del crédito y el agregado final.

Coincidió con el juicio vertido por la señora Superintendenta, en orden a que no es necesario acompañar una valorización comercial de los bienes, porque el procedimiento de liquidación justamente busca ese fin. Además, porque hay un funcionario que se hace cargo de incautar, administrar y liquidar los bienes del deudor y repartir lo que resulte de ese proceso entre la masa.

El Comisionado señor Contador indicó que el número 4) del artículo 42 de la actual ley de quiebras exige, entre las menciones de la memoria que debe presentar el deudor que pide su propia quiebra, la mención al estado de sus deudas, por lo que se trata de un concepto instalado en la práctica.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas propuso aprobar las indicaciones presentadas y las modificaciones propuestas por la Comisión Técnica, dejando pendiente una redacción más precisa del número cinco.

- Sometidas a votación las indicaciones números 62, 63 y 64, fueron aprobadas con las modificaciones antes señaladas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); García; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán, y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 116

No fue objeto de indicaciones, sino que solamente de adecuaciones formales.

Párrafo 2. De la Liquidación Forzosa

Artículo 117

El tenor de su texto aprobado en general es el siguiente:

“Artículo 117.- Ámbito de aplicación y causales. Cualquier acreedor podrá demandar la apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación de una Empresa Deudora en los siguientes casos:

1) Si cesa en el pago de una obligación que conste en título ejecutivo con el acreedor solicitante. No se podrá invocar esta causal respecto de los fiadores, codeudores solidarios y/o avalistas.

2) Si existieren en su contra dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos dos ejecuciones, y no hubiere presentado dentro de los cuatro días siguientes a los respectivos requerimientos, bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas.

3) Cuando la Empresa Deudora o sus administradores se trasladen fuera del territorio de la República o no sean habidos, dejando cerradas sus oficinas o establecimientos, sin haber nombrado mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas. En este caso, el demandante podrá invocar como crédito, aquel que se encuentre sujeto a un plazo o a una condición suspensiva.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones números 64 a, 65 y 66. La primera es de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, incide en el primer numeral del artículo y tiene por objeto sustituir la frase “No se podrá invocar esta causal” por “Invocada esta causal respecto del deudor principal, no se podrá invocar”.

La segunda es de Su Excelencia el señor Presidente de la República y reemplaza el número 2) de la disposición por el siguiente:

“2) Si existieren en su contra dos o más ejecuciones, y no hubiere presentado dentro de los cuatro días siguientes al respectivo requerimiento, bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas.”.

La tercera también es del Primer Mandatario, incide en el número 3) y elimina la frase “se trasladen fuera del territorio de la República o”.

La señora Superintendenta de Quiebras explicó que este párrafo, referido al proceso de liquidación forzosa, mantiene el esquema general de la ley actual e introduce algunas mejoras al sistema vigente de liquidación de bienes. Respecto de lo indicado en el artículo 117, expresó que la disposición trata las causales para solicitar la liquidación de bienes de una empresa deudora. Relató que este asunto fue objeto de una larga discusión en la Comisión Técnica. En relación a la indicación 64 a), el debate giró sobre la dilucidación de si el mismo título ejecutivo invocado como causal de liquidación forzosa contra un deudor principal podría también invocarse en la misma calidad contra el fiador, el aval o el codeudor solidario del primero en los mismos términos. Sobre el particular, se plantearon dos puntos de vista. El primero fue defendido por el Comisionado señor Contador y considera que invocar como causal de liquidación forzosa respecto del fiador, aval y codedudor solidario el mismo título ejecutivo invocado como causal de liquidación forzosa contra el deudor principal altera el sentido de un procedimiento concursal, transformándolo en una cobranza judicial, lo que no tiene en vista que la institución del concurso no está hecha para perseguir directamente a los garantes, pues para ello existen los procedimientos individuales de ejecución.

El otro punto de vista fue sostenido por el Comisionado señor Palacios, quien señaló que si la norma impidiera demandar la liquidación forzosa al aval, fiador y codeudor solidario, se estaría perjudicando el crédito. Añadió que impedir el cobro de un crédito respecto de los garantes solidarios alteraría las reglas de la solidaridad establecidas en nuestra legislación.

La señora Superintendenta relató que después de un largo debate en que se enfrentaron ambas posturas, se impuso la del Comisionado señor Contador, por lo que, en definitiva, la Comisión Técnica propone a las Comisiones Unidas aprobar la indicación 64 a) con modificaciones, que consisten en sustituir todo el primer numeral de la disposición por el siguiente:

“1) Si cesa en el pago de una obligación que conste en título ejecutivo con el acreedor solicitante. Esta causal no podrá invocarse para solicitar el inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación, respecto de los fiadores, codeudores solidarios o subsidiarios, o avalistas de la Empresa Deudora, que ha cesado ene l pago de las obligaciones garantizadas por éstos.”.

Por su parte, respecto a la indicación número 65, manifestó que la Comisión Técnica acordó proponer que se mantenga el texto aprobado en general, por cuanto es relevante la mención de que los títulos ejecutivos deben provenir de obligaciones diversas. En consecuencia, procedería rechazar la proposición.

Además, se propone aprobar la indicación número 66, añadiendo luego de la palabra “crédito”, el término “incluso”.

Finalmente, con el fin de facilitar la interpretación de la disposición, la Comisión Técnica propone sustituir, al inicio de la disposición, la expresión “la apertura” por “el inicio”.

El Honorable Senador señor Tuma solicitó una explicación del contenido del artículo.

La señora Superintendenta explicó que respecto de la causal del número 1), para poder invocar la liquidación forzosa de un fiador, codeudor solidario o avalista debe cumplirse primero la condición establecida en el número 2), o sea, dos o más títulos ejecutivos vencidos y que se haya iniciado respecto de ellos dos o más ejecuciones en las que no se han presentado bienes suficientes para responder.

El Honorable Senador señor Tuma consideró que las las explicaciones dadas respecto a los numerales 1) y 2) son suficientes, por lo que propuso a las Comisiones Unidas aprobarlos.

- Sometidas a votación las indicaciones 64 a y 65, fueron aprobadas con las modificaciones antes señaladas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Tuma; Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

El Honorable Senador señor Tuma observó que en el tercer numeral parece no precisarse que se trata de deudas vencidas.

La señora Superintendenta explicó que, en ese caso, no se necesita que las deudas estén vencidas. Señaló que el hecho que configura la causal es que los administradores o dueños de la empresa deudora la cierren, no sean habidos y no dejen mandatario con poder suficiente para responder de las deudas. Indicó que una regulación similar está en la ley vigente.

El Honorable Senador señor Tuma explicó que la disposición tal como está, permitiría una solicitud de quiebra por el solo hecho de ausentarse del país el representante legal de una empresa, aunque dicha ausencia esté totalmente justificada.

El Comisionado señor Contador explicó que la causal en discusión es de naturaleza compuesta, porque requiere el cierre del establecimiento, la ausencia de sus representantes legales o dueños, y que ellos no hayan constituido mandato suficiente. Respecto de este último elemento, expresó que en materia comercial los poderes deben inscribirse en el Registro de Comercio, por lo que la verificación de este requisito es fácil y segura.

El Honorable Senador señor Tuma se mostró conforme con la explicación y propuso a las Comisiones Unidas aprobar la indicación número 66 con las modificaciones planteadas por la Comisión Técnica.

- Sometida a votación la indicación la indicación número 66, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Tuma y Walker, don Patricio.

Artículo 118

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 118.- Requisitos. La demanda que se presentará ante el tribunal competente, señalará la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañará los siguientes antecedentes:

1) Los documentos o antecedentes escritos que acreditan la causal invocada.

2) Vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 200 Unidades de Fomento para subvenir los gastos iniciales del Procedimiento Concursal de Liquidación.

3) El acreedor peticionario podrá designar a un Veedor vigente de la Nómina de Veedores, que asumirá en caso que el deudor se oponga a la Liquidación Forzosa. Dicho Veedor supervigilará las actividades del deudor mientras dure la tramitación del Juicio de Oposición conforme a lo dispuesto en el Párrafo 3 de este Título, quien tendrá las facultades de interventor contenidas en el artículo 25 de esta Ley. Los honorarios del Veedor no podrán ser superiores a 100 Unidades de Fomento y serán de cargo del acreedor peticionario. Sin perjuicio de lo anterior, el demandante podrá solicitar en su demanda cualquiera de las medidas señaladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

4) El nombre del Liquidador titular y suplente, para el caso que el deudor no compareciere o no efectuare actuación alguna por escrito en la Audiencia Inicial prevista en el artículo 120.

El Liquidador o Veedor que hubiese ejercido como tal en algún Procedimiento Concursal, no podrá asumir en otro procedimiento respecto de un mismo deudor.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones 66 a y 66 b.

La primera, de la Honorable Senadora señora Alvear, sustituye íntegramente el artículo aprobado en general por el siguiente:

“Artículo 118.- Requisitos. La demanda que se presentará ante el tribunal competente señalará la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañará los siguientes antecedentes:

1) Los documentos o antecedentes escritos que acreditan la causal invocada.

2) Vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 200 Unidades de Fomento para subvenir los gastos iniciales del procedimiento concursal de liquidación.

3) El acreedor peticionario podrá solicitar a la Superintendencia Concursal designar a un Veedor vigente de la Nómina de Veedores, que asumirá en caso de que el deudor se oponga a la liquidación forzosa. Dicho Veedor supervigilará las actividades del deudor mientras dure la tramitación del Juicio de Oposición conforme a lo dispuesto en el Párrafo 3 de este Título, quien tendrá las facultades de interventor contenidas en el artículo 25 de esta ley. Los honorarios del Veedor no podrán ser superiores a 100 Unidades de Fomento y serán de cargo del acreedor peticionario. Sin perjuicio de lo anterior, el demandante podrá solicitar en su demanda cualquiera de las medidas señaladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

4) Solicitará que la Superintendencia Concursal, mediante sorteo, designe el nombre del Liquidador titular y del suplente. El Liquidador o Veedor que hubiese ejercido como tal en algún procedimiento concursal, no podrá asumir en otro procedimiento respecto de un mismo deudor.”.

A su vez, la indicación 66 b, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, agrega, a continuación del punto aparte del numeral 3), que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “El Veedor estará facultado para solicitar las medidas cautelares que estime necesarias para garantizar la mantención del activo del deudor mientras dure el Juicio de Oposición, quedando este último sujeto a las restricciones señaladas en el número 2) del artículo 58.”.

La señora Superintendenta de Quiebras informó que la Comisión Técnica propone el rechazo de la indicación 66 a, en concordancia con lo resuelto por las Comisiones Unidas con ocasión de la indicación 16 a. A la vez, esa instancia concordó con lo señalado en la indicación 66 b, añadiendo la expresión “con cargo del acreedor peticionario”, a continuación de los términos “que estime necesarias”.

El Honorable Senador señor Tuma destacó que la disposición requiere que el peticionario consigne 200 UF para pagar los gastos iniciales del proceso y 100 UF más para asegurar el pago de los honorarios mínimos del veedor. Señaló que esta disposición puede transformarse en una barrera de ingreso relevante cuando el acreedor es una PYME.

La señora Superintendenta expresó que la norma actual también establece una consignación previa por 100 UF. Añadió que el monto a que se ha hecho referencia se devolverá al peticionario de manera preferente en el primer reparto y que también tiene por finalidad investir el inicio del proceso de cierto nivel de seriedad y evitar el amedrentamiento.

El señor Presidente expresó que la PYME que es titular de una pequeña acreencia está amparada por las normas del juicio ejecutivo común. Propuso rechazar la indicación 66 a) por las razones indicadas por la Comisión Técnica y aprobar la indicación 66 b) con la modificación que propone esa instancia.

- Sometida a votación la indicación 66 a), fue rechazada por los miembros de las Comisiones Unidas por la misma votación de la indicación 16 a.

- Sometida a votación la indicación 66 b), fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio.

Con esta misma votación, se introdujeron ajustes de redacción a esta norma, acuerdo que se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.

Artículo 119

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 119.- Revisión, primera providencia y notificación. Presentada la demanda, el tribunal competente examinará en el plazo de tres días el cumplimiento de los requisitos del artículo precedente. En caso que los considere cumplidos, la tendrá por presentada, ordenará publicarla en el Boletín Concursal y citará a las partes a una audiencia que tendrá lugar al quinto día desde la notificación personal del deudor o conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando no se encuentre en el lugar del juicio. En caso contrario, ordenará al demandante la corrección pertinente y fijará un plazo de tres días para que subsane, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.”.

A su respecto, se presentó la indicación 66 c), de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para incorporar, antes de la palabra “subsane”, el término “los”.

El señor Presidente consideró que la indicación planteada resuelve un problema formal del artículo, por lo que propuso su aprobación.

- Sometida a votación la indicación número 66 c), fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio.

Artículo 120

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 120.- Audiencia Inicial. La Audiencia Inicial se desarrollará conforme a las siguientes reglas:

1) El tribunal informará al deudor acerca de la demanda presentada en su contra y de los efectos de un eventual Procedimiento Concursal de Liquidación.

2) Acto seguido, el deudor podrá proponer por escrito o verbalmente alguna de las acciones señaladas en los literales siguientes, debiendo siempre señalar el nombre o razón social, domicilio y correo electrónico de los tres acreedores, o sus representantes legales, que figuren en su contabilidad con los mayores créditos. Si el deudor no cumple con este último requisito, el tribunal tendrá por no presentada la actuación que fuere del caso y dictará de inmediato la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, nombrando al Liquidador titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 118.

a) El deudor podrá consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes. El tribunal tendrá por efectuada la consignación, ordenará practicar la liquidación del crédito, la regulación y tasación de las costas, y señalará el plazo en que el deudor deberá pagarlos, el que se contará desde que esas actuaciones se encuentren firmes. Si el deudor no pagare en el plazo fijado, el tribunal dictará la respectiva Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

b) El deudor podrá allanarse por escrito o verbalmente a la demanda, dictando en este caso el tribunal la respectiva Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

c) Acogerse expresamente al Procedimiento Concursal de Reorganización contemplado en el Capítulo III de esta Ley.

d) Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las disposiciones del Párrafo 3 del presente Título. La oposición del deudor sólo podrá fundarse en una o más de las causales previstas en los números 1, 5, 6, 7, 9 a 14, 16 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

3) Si el deudor no comparece a esta audiencia, o compareciendo no efectúa alguna de las actuaciones señaladas en el número 2 anterior, el tribunal dictará la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y nombrará al Liquidador titular y suplente, ambos en carácter de provisionales, que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 118.

De lo obrado en esta audiencia se levantará acta, la que deberá ser firmada por los comparecientes y el secretario del tribunal.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones 66 d), 67, 67 a) y 67 b).

La primera es de la Honorable Senadora señora Alvear y propone sustituir el artículo por el siguiente:

“Artículo 120.- Audiencia inicial. La audiencia inicial se desarrollará conforme a las siguientes reglas:

1) El tribunal informará al deudor acerca de la demanda presentada en su contra y de los efectos de un eventual procedimiento concursal de liquidación.

2) Acto seguido, el deudor podrá proponer por escrito o verbalmente alguna de las acciones señaladas en los literales siguientes:

a) El deudor podrá consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes. El tribunal tendrá por efectuada la consignación, ordenará practicar la liquidación del crédito, la regulación y tasación de las costas, y señalará el plazo en que el deudor deberá pagarlos, el que se contará desde que esas actuaciones se encuentren firme. Si el deudor no pagare en el plazo fijado, el tribunal dictará la respectiva resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación.

b) El deudor podrá allanarse por escrito o verbalmente a la demanda, dictando en este caso el tribunal la respectiva resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación.

c) Acogerse expresamente al procedimiento concursal de reorganización contemplado en el Capítulo III de esta ley.

d) Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las disposiciones del Párrafo 3 del presente Título. La oposición del deudor sólo podrá fundarse en una o más de las causales previstas en los números 1, 5, 6, 7, 9 a 14, 16 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

3) Si el deudor no comparece a esta audiencia, o compareciendo no efectúa alguna de las actuaciones señaladas en el número 2 anterior, el tribunal dictará la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación, debiendo la Superintendencia Concursal nombrar a un Liquidador titular y a uno suplente, ambos en carácter de provisionales.

De lo obrado en esta audiencia se levantará acta, la que deberá ser firmada por los comparecientes y el secretario del tribunal.”.

La segunda es de los Honorables Senadores señores Espina y García, incide en la letra b) del número 2) del inciso primero del artículo aprobado en general y propone intercalar, a continuación de la palabra “Liquidación”, la frase “designando al Liquidador titular y suplente propuesto por el acreedor peticionario”, antecedida de una coma (,).

La tercera es del Honorable Senador señor Tuma, incide en la letra c) del número 2) del inciso primero del artículo aprobado en general y propone sustituirla por la siguiente:

“c) Acogerse expresamente al Procedimiento Concursal de Reorganización contemplado en el Capítulo III de esta ley, siempre que acredite que se encuentra al día en el pago de la previsión y remuneraciones de sus trabajadores.”.

La cuarta también es del Honorable Senador señor Tuma, incide en la letra d) del número 2) del inciso primero del artículo aprobado en general y agrega, después de la expresión “Código de Procedimiento Civil” y antecedido de una coma (,), lo siguiente: “siempre que consten en algún antecedente escrito.”.

La señora Superintendenta de Quiebras señaló que las indicaciones antes reseñadas fueron analizadas por la Comisión Técnica. En primer término, esa instancia propone el rechazo de la indicación 66 d), en consonancia con lo anteriormente acordado por las Comisiones Unidas con ocasión del estudio de la indicación 16 a).

En relación con la indicación 67, se consideró pertinente proponer su rechazo, por cuanto la nominación del liquidador en los casos en que el deudor comparezca a la audiencia y en ella se allane o se oponga, se regulará por lo señalado en el procedimiento que indica el artículo 37 y sólo en caso que el deudor no comparezca o que haciéndolo, no acompañe una nómina con sus tres principales acreedores, procederá la nominación y designación del liquidador en base a la propuesta del acreedor peticionario.

Respecto de la indicación 67 a), la instancia discutió que el sentido del artículo es permitir que el deudor pueda acogerse a un procedimiento concursal de reorganización con la mayor cantidad de facilidades posibles. Por ello, al exigir que previamente se acredite el pago de las cotizaciones previsionales, la indicación constituiría una barrera de entrada relevante para la reorganización, lo que a la larga afectaría a los propios trabajadores. Por esa razón, la Comisión Técnica consideró pertinente rechazar la indicación referida, sin perjuicio de lo cual el Comisionado señor Barros solicitó tener pendiente esta discusión cuando se traten los derechos de los trabajadores acreedores.

En relación con la indicación 67 b), la unanimidad de los miembros de la Comisión Técnica consideró pertinente proponer su rechazo en consonancia con lo que esa instancia considera respecto del artículo 122 y sus indicaciones, pues en aquellas disposiciones se estima necesario mantener las pruebas confesional y testimonial.

Además, la Comisión Técnica manifestó inquietudes sobre dos aspectos que trata el artículo. En primer lugar, estimó necesario incluir la excepción de litis pendencia –que establece el número 3) del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil- entre las que puede interponer el deudor según la letra d) del artículo aprobado en general.

En segundo lugar, observó que el procedimiento de nominación del veedor, que supone que el deudor notifique a sus tres principales acreedores, puede implicar perjuicio en contra de aquél si pretende oponerse a la ejecución. Frente a ello, la señora Superintendenta manifestó, en el seno de la instancia, que es adecuado mantener el procedimiento en cuestión, pues: (a) el procedimiento del juicio de oposición da las garantías y protecciones necesarias al deudor; (b) normalmente los principales acreedores saben con antelación a la presentación de la demanda de liquidación del deudor el estado de insolvencia de éste, y (c) la experiencia indica que el título invocado por el acreedor peticionario es suficiente, porque además debe consignar 200 UF al inicio del proceso de liquidación, lo que desincentiva demandas injustificadas.

Expresó que por las razones antes expresadas no se justifica temer que la demanda de liquidación de un acreedor malicioso retrase el inicio del procedimiento, pues ello afectaría la inmediatez que éste requiere.

Por su parte, durante la sesión, la señora Superintendenta propuso eliminar la expresión “…que ordena la apertura del procedimiento concursal…” las cuatro veces que aparece en el artículo.

Habida consideración de las observaciones de la Comisión Técnica, los integrantes presentes de la Comisiones Unidas consideraron pertinente rechazar las indicaciones 66 d), 67, 67 a) y 67 b) y aprobar las modificaciones al artículo que propone dicha Comisión y la señora Superintendenta.

- Sometida a votación la indicación 66 d), fue rechazada por las Comisiones Unidas por la misma votación con la que se resolvió la indicación 16 a.

- Sometidas a votación las indicaciones 67, 67 a) y 67 b), fueron rechazadas por las Comisiones Unidas por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio.

- Con la misma votación anterior, y en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, se introdujeron correcciones formales al texto aprobado en general.

Párrafo 3. Del Juicio de Oposición

Artículo 121

No fue objeto de indicaciones, mas sí de adecuaciones formales.

Artículo 122

El tenor de su texto aprobado en general es el siguiente:

“Artículo 122.- De las pruebas. El deudor deberá sujetar la prueba de sus excepciones y defensas a las reglas siguientes:

1) Prueba testimonial: el escrito de oposición deberá incluir la completa individualización de los testigos que depondrán, así como las razones que justifican su comparecencia.

2) Prueba confesional: el escrito de oposición deberá acompañar el pliego de posiciones. Si el acreedor solicitante fuese una institución financiera, podrá comparecer cualquier persona habilitada a nombre del representante legal, siempre que exhiba al día de la diligencia la respectiva delegación, otorgada por escritura pública y donde conste expresamente la facultad de absolver posiciones a nombre del demandante.

3) Prueba pericial: se aplicarán las disposiciones de los artículos 409, 410 y 411 del Código de Procedimiento Civil en lo referido a la procedencia de este medio de prueba. Tratándose de casos de informe pericial facultativo, el deudor deberá exponer las razones que justifican decretar dicha diligencia.

4) Prueba documental: junto al escrito de oposición sólo podrán acompañarse documentos. Con todo, el tribunal podrá aceptar la agregación con posterioridad a dicha actuación siempre que la parte que los presenta acredite que se trata de antecedentes que han surgido después de la Audiencia Inicial o que, siendo anteriores, no pudieron acompañarse oportunamente por razones independientes de su voluntad. El tribunal resolverá esta solicitud de plano, con los antecedentes que le sean proporcionados en la misma petición y contra lo resuelto no procederá recurso alguno.”.

A su respecto, se presentó la indicación 67 c), de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, que propone eliminar los número 1) y 2) del texto aprobado en general.

La señora Superintendenta expresó que la Comisión Técnica consideró apropiado proponer el rechazo de la indicación 67 c), pues, a su entender, tanto la prueba confesional como la testimonial son manifestaciones concretas del derecho al debido proceso y su materialización no entorpece la fluidez del procedimiento, pues que se encuentra regulado –en el artículo 126 del texto aprobado en general- que toda la prueba debe rendirse en la misma instancia.

Relató que en dicha Comisión se recordó que el juicio de oposición nació como un contrapeso a la no intervención del deudor en la enajenación de sus bienes en el proceso de liquidación, lo que implica que para asegurar una defensa real, es necesario franquearle todos los medios de prueba. También se consideró que, en la actualidad, el juicio ejecutivo individual también admite todo tipo de pruebas y no se divisa razón para que en una ejecución colectiva no proceda la misma regla.

Los miembros de las Comisiones Unidas consideraron adecuada la proposición de la Comisión Técnica.

- Puesta en votación la indicación 67 c), fue rechazada por las Comisiones Unidas por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma, y Walker, don Patricio.

Artículo 123

No fue objeto de indicaciones, aun cuando tuvo ajustes formales.

Artículo 124

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 124.- Trámites probatorios. Una vez decretada la oposición, el tribunal competente:

1) En caso que el deudor soliciten que se reciba la causa a prueba, constatará la existencia de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que merezcan ser probados para una adecuada resolución de la controversia y fijará los puntos sobre los cuales deberá recaer la prueba. Dicha resolución sólo será susceptible de recurso de reposición por las partes, el que deberá interponerse dentro de tercero día. En caso contrario, citará a las partes a la Audiencia de Fallo.

2) Una vez recibida la causa a prueba y fijados los puntos de ella:

a) Se pronunciará acerca de la admisibilidad y pertinencia de las restantes pruebas ofrecidas;

b) Tratándose de prueba pericial, el tribunal determinará la calidad del perito y los puntos sobre los cuales deberá pronunciarse, instando a las partes para que acuerden su nombre. En caso de desacuerdo, el perito deberá ser designado en ese mismo acto por el tribunal, y fijará un plazo de siete días para que el perito evacue el informe. No será necesario en estos casos practicar la audiencia de reconocimiento.

3) Concederá al acreedor demandante la oportunidad de ofrecer prueba, la que deberá ser singularizada y acompañada al día hábil siguiente. La resolución acerca de la admisibilidad y pertinencia de las pruebas complementarias del acreedor deberá ser resuelta antes de la Audiencia de Prueba. El deudor podrá hacer reponer lo resuelto, en la forma prevista en el artículo 125, en la Audiencia de Prueba, tramitándose tal petición como cuestión previa.

4) Citará a las partes a una Audiencia de Prueba, la que deberá tener lugar al quinto día hábil siguiente, debiendo indicar el día y la hora de celebración. Las partes se entenderán notificadas en ese mismo acto.

En caso de fijarse nuevos puntos de prueba por acogerse la reposición señalada en el número 1 anterior, el tribunal deberá resolver la admisibilidad o pertinencia de las nuevas pruebas antes de la Audiencia de Prueba señalada en el artículo 126.”.

Aunque este artículo no fue materia de indicaciones, su tenor fue discutido en el seno de la Comisión Técnica. En esa instancia, el Comisionado señor Montalva expresó que no se divisa razón por la cual el acreedor no puede también solicitar que se reciba la causa a prueba, sobre todo considerando que esa parte del proceso nunca tendrá la intención del proceso.

Conforme a lo anterior, la señora Superintendenta propuso eliminar en el número 1) de la disposición la frase “el deudor solicite que”, y en el número 3), la expresión “complementarias”, ubicada a continuación de la frase “pertinencia de las pruebas”.

Los miembros de las Comisiones Unidas manifestaron su coincidencia con el parecer de la Comisión Técnica y acordaron acoger la propuesta planteada.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, la propuesta fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Walker, don Patricio.

Artículo 125

No fue objeto de indicaciones, sino que solamente de ajustes de tipo formal.

Artículo 126

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 126.- Audiencia de Prueba. A la hora decretada y con las partes que asistan, se rendirá la prueba declarada admisible en el siguiente orden: confesional y testimonial, iniciándose por la ofrecida por el deudor.

Sólo se admitirá la declaración de dos testigos de cada parte respecto de cada punto de prueba. Serán aplicables las reglas de los artículos 358 y siguientes del Código de Procedimiento Civil respecto de la rendición de la prueba testimonial y lo dispuesto en los artículos 385 y siguientes del mismo Código en relación a la prueba confesional.

Concluida la recepción de la prueba, las partes formularán verbal y brevemente las observaciones que el examen de la prueba les sugiera, de un modo preciso y concreto.

La Audiencia de Prueba terminará con la firma de los asistentes, el tribunal y de su secretario. Desde entonces, las partes asistentes y que no hayan asistido se entenderán citadas y notificadas de pleno derecho a la Audiencia de Fallo, la que deberá celebrarse al décimo día contado desde el término de la Audiencia de Prueba, existan o no diligencias pendientes, debiendo el tribunal fijar su hora de inicio.”.

Esta disposición no recibió indicaciones, pero fue debatida en el seno de la Comisión Técnica.

En esa instancia, el Comisionado señor Torre estimó pertinente definir si es necesario regular la ritualidad de la audiencia, o sea, cómo ella se llevará a cabo y qué medios se emplearán. Señaló que para esos efectos, es pertinente el procedimiento de audiencias que establece la ley laboral.

Luego de la revisión de los artículos 425 a 431 del Código del Trabajo, la señora Superintendenta informó que la regulación que plantea el proyecto es suficiente. Expresó que si bien las normas aprobadas en general sobre el punto carecen de principios informadores del procedimiento –a diferencia de lo que ocurre en materia laboral-, ellos se pueden derivar de la redacción de los artículos. En conclusión manifestó que:

i) no se justifica implementar normas relativas a la ritualidad de las audiencias, por cuanto basta con que se levante acta después de que cada una de ellas concluya, y

ii) debería descartarse la implementación del registro de audiencias, toda vez que la creación de unidades administrativas especiales para los tribunales concursales implicaría un gasto público no contemplado.

La unanimidad de los miembros de la instancia estuvo de acuerdo con estas apreciaciones.

Por su parte, en vista de la discusión habida respecto del artículo 122, la unanimidad de los integrantes de la Comisión Técnica propone establecer en el presente artículo que la prueba será apreciada por el tribunal de acuerdo a las reglas de la sana crítica, en concordancia con otras disposiciones que sobre el particular se encuentran en el resto del proyecto.

Los miembros de las Comisiones Unidas manifestaron su acuerdo con la propuesta de la Comisión Técnica.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, lo sugerido fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 127

No fue objeto de indicaciones, sino solamente de ajustes formales.

Artículo 128

Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 128.- Sentencia definitiva que acoge la oposición del deudor. La sentencia definitiva que acoge la oposición del deudor deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y contra ella procederá únicamente el recurso de apelación, el que se concederá en ambos efectos y gozará de preferencia extraordinaria para su agregación a la tabla y para su vista y fallo, cesando en sus funciones el Veedor. Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.

La sentencia definitiva que rechace la oposición del deudor, será apelable en el sólo efecto devolutivo y gozará de preferencia extraordinaria para su agregación a la tabla y para su vista y fallo. Notificada la sentencia definitiva, el Veedor designado en conformidad a lo dispuesto en el número 3 del artículo 118 cesará en su cargo.

Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.

Acogida la oposición del deudor, éste podrá demandar indemnización de perjuicios al demandante o al administrador solicitante, si probare que procedió culpable o dolosamente.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones números 68 y 69, ambas de Su Excelencia el Presidente de la República. La primera incide en el inciso primero del artículo aprobado en general y reemplaza la palabra “agregación” por “inclusión”.

La segunda suprime el inciso tercero el texto aprobado en general.

La señora Superintendenta expresó que la indicación 68 obedece a un cambio de terminología propuesto por los tribunales de justicia y que la 69 está motivada porque el contenido de ese inciso es idéntico a la frase final del inciso primero del texto aprobado en general.

- Sometidas a votación las indicaciones números 68 y 69 fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos); Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa); Tuma y Zaldívar.

Artículo 129

El tenor de la disposición aprobada en general es el siguiente:

“Artículo 129.- Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación. La Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación desechando las excepciones opuestas por el deudor, contendrá, además de lo establecido en el artículo 169 y 170 del Código de Procedimiento Civil:

1) La determinación de si el deudor es una Empresa Deudora comprendida en la causal contemplada en el número 1 del artículo 117;

2) La designación de un Liquidador titular y de uno suplente, ambos en carácter de provisionales y la orden de que el Liquidador se incaute de todos los bienes del deudor, sus libros y documentos, bajo inventario y de que se le preste, para este objeto, el auxilio de la fuerza pública, con la exhibición de la copia autorizada de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación;

3) La orden de que las oficinas de correos entreguen al Liquidador la correspondencia cuyo destinatario sea el deudor;

4) La orden de acumular al Procedimiento Concursal de Liquidación todos los juicios pendientes contra el deudor ante otros tribunales de cualquier jurisdicción y que puedan afectar sus bienes, salvo las excepciones legales;

5) La advertencia al público de que no debe pagar ni entregar mercaderías al deudor, so pena de nulidad de los pagos y entregas; y la orden a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al deudor, para que los pongan, dentro de tercero día, a disposición del Liquidador;

6) La orden de informar a todos los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen el plazo de treinta días contado desde la fecha de la publicación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos bajo el apercibimiento de que les afectarán los resultados del juicio sin nueva citación;

7) La orden de notificar, por el medio más expedito posible, la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación a los acreedores que se hallen fuera del territorio de la República;

8) La orden de inscribir la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación en los conservadores de bienes raíces correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes al deudor, y

9) La indicación precisa del lugar, día y hora en que se celebrará la primera Junta de Acreedores.

La Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación se notificará al deudor, a los acreedores y a terceros por medio de un aviso en el Boletín Concursal y contra ella procederá únicamente el recurso de apelación en el sólo efecto devolutivo, gozando de preferencia para su agregación a la tabla y para su vista y fallo. Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.”.

A su respecto, se presentaron las indicaciones números 69 a), 69 b), 70, 70 a) y 70 b).

La indicación 69 a) es de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa y propone eliminar del encabezado del artículo la frase “desechando las excepciones opuestas por el deudor”.

La indicación 69 b) es de los mismos señores Senadores e intercala un nuevo número 1) en el artículo, modificándose correlativamente la numeración de los demás. La nueva disposición propuesta es del siguiente tenor:

“1) En caso de ser procedente, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento para el rechazo de las excepciones opuestas por el deudor.”.

La indicación 70 es del Primer Mandatario, incide en el número 1) del artículo y elimina la frase “comprendida en la causal contemplada en el número 1) del artículo 117”.

La indicación 70 a) es de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, incide en el número 2) del artículo y añade, luego de la palabra “provisionales”, la frase “de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la ley” antecedida y seguida de una coma (,).

La indicación 70 b) es de los mismos señores Senadores, incide en el inciso segundo del artículo y sustituye la palabra “agregación” por “inclusión”.

El señor Presidente de las Comisiones Unidas manifestó que la resolución que trata este artículo es esencial porque da lugar a la liquidación de los bienes de la empresa deudora.

La señora Superintendenta de Quiebras explicó que este artículo, referido a un asunto similar al que regula el artículo 52 del actual Libro IV del Código de Comercio, y las indicaciones presentadas fueron materia de análisis por parte de la Comisión Técnica.

En esa instancia, se acogió la idea planteada en las indicaciones 69 a), 69 b) y 70 b).

Respecto de las indicaciones 70 y 70 a), se tuvo presente que las modificaciones propuestas resuelven un resabio del Libro IV del Código de Comercio, que dispone la obligación de que en la sentencia de quiebra se indique si el fallido tiene o no la calidad de comerciante, cuestión que es superada por el proyecto, que no contempla la calificación del deudor.

El Comisionado señor Montalva manifestó que con la eliminación propuesta por el Ejecutivo en el número 1) original, esa parte de la disposición ha perdido sentido debido a que el procedimiento regulado en este capítulo no puede ser aplicado a la persona deudora, por lo que la determinación de si se está frente a una empresa deudora es innecesaria.

Frente a ello, la señora Superintendenta manifestó que la disposición en cuestión permite establecer el procedimiento aplicable y le da certeza jurídica. Al respecto, el Comisionado señor Barros manifestó que esta resolución es el certificado de nacimiento del proceso, por lo que procede la mayor exactitud posible. Por ello, propuso que en él se indique que la empresa deudora debe ser individualizada. A su vez, el Comisionado señor Lavín hizo hincapié en que esta resolución se publica en el Boletín Concursal, por tanto, su contenido es relevante. Los restantes Comisionados compartieron la apreciación anterior y acogieron la propuesta. En consecuencia, se sugiere agregar en el número 1) aprobado en general la expresión “individualizada”, a continuación del término “deudora”.

En relación al número 9) del texto aprobado en general, el Comisionado señor Torre señaló que es necesario que la resolución de liquidación se inscriba al margen de la inscripción de comercio respectiva. Luego de una breve discusión, la unanimidad de los miembros de la instancia técnica consideró pertinente la observación del señor Torre, cuando corresponda, como forma de publicidad a terceros. Con ese propósito, se propuso agregar al final de la disposición en comento la frase “y al margen de la inscripción social de la empresa deudora en el registro de comercio si fuere procedente.”.

Finalmente, la señora Superintendenta propuso eliminar la expresión “que ordena la apertura del procedimiento concursal”, que sigue al término “resolución”, las ocho veces que aparece en la disposición.

Los miembros presentes de las Comisiones Unidas se mostraron de acuerdo con estas proposiciones.

- En consecuencia, sometidas a votación las indicaciones 69 a), 69 b), 70, 70 a) y 70 b), fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

- Las demás modificaciones formales introducidas a este precepto fueron acordadas con la misma votación, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.

Párrafo 4

De los efectos de la Resolución de Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación

Este epígrafe fue sustituido por “De los efectos de la Resolución de Liquidación”. El respectivo acuerdo se adoptó en mérito de lo dispuesto por el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado y contó con el voto unánime y favorable de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículos 130 a 132

No fueron objeto de indicaciones ni de mayor discusión, aun cuando se les introdujeron enmiendas de tipo formal.

Artículos 133 y 134

No fueron objeto de indicaciones, pero respecto de ambos, la señora Superintendenta propuso eliminar la expresión “que ordena la apertura del procedimiento concursal” que sigue al término “resolución”.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, la proposición fue acordada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma y Zaldívar (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículo 135

El tenor literal del texto aprobado en general es el siguiente:

“Artículo 135.- Suspensión de ejecuciones individuales. La dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación suspende el derecho de los acreedores para ejecutar individualmente al deudor.

Con todo, los acreedores hipotecarios y prendarios podrán deducir o continuar sus acciones en los bienes gravados con hipoteca o prenda, sin perjuicio de la posibilidad de realizarlos en el Procedimiento Concursal de Liquidación. En ambos casos, deberán garantizar el pago de los créditos de mejor derecho que hayan sido verificados ordinariamente o antes de la fecha de liquidación de los bienes afectos a sus respectivas garantías, por los montos que en definitiva resulten reconocidos.”.

A su respecto, se presentó la indicación número 71, de los Honorables Senadores señores Espina y García, para intercalar, a continuación de la expresión “En ambos casos” que inicia la segunda frase del inciso segundo, la fórmula “para percibir el pago”.

La indicación descrita fue materia de análisis por la Comisión Técnica. En esa instancia, el Comisionado señor Montalva notó que la palabra “pago” que se propone agregar se repite de manera innecesaria. Para superar el problema planteado, la señora Superintendenta propuso acoger la indicación 71, eliminando el término repetido. Asimismo, sugirió reemplazar la expresión “mejor derecho” por “primera clase”, en concordancia con lo discutido anteriormente por las Comisiones Unidas con ocasión del artículo 76 del proyecto. La unanimidad de los miembros de la instancia acogió la propuesta.

Por su parte, los miembros de las Comisiones Unidas consideraron apropiadas estas modificaciones y acordaron aprobar la indicación 71 con esas modificaciones.

- Este acuerdo fue alcanzado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), y Tuma (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio).

Artículos 136 a 138

No fueron objeto de indicaciones. Solamente tuvieron ajustes de tipo formal.

Artículo 139

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 139.- Cálculo de intereses. En virtud de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y desde la fecha de ésta, las acreencias del deudor, vencidas y las actualizadas de conformidad con el artículo 137:

1) Se reajustarán y devengarán intereses según lo pactado en la convención, en el caso del número 2 del artículo 137;

2) Se reajustarán según lo pactado, en el caso del número 3 del mismo artículo, y

3) Devengarán intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables en el caso de los números 3 y 4 del artículo 137.

El Liquidador podrá impugnar los intereses pactados en caso de estimarlos excesivos.

Las obligaciones contraídas en moneda extranjera se pagarán en la misma moneda establecida en la convención y devengarán el interés pactado en ella.

Los reajustes y los intereses, en su caso, gozarán de iguales preferencias y privilegios que el respectivo capital al cual acceden.

Sin embargo, los intereses que se devenguen con posterioridad a la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, quedará postergados para su pago hasta que se den por cancelados los demás créditos en el Procedimiento Concursal de Liquidación.”.

Aunque esta disposición no tuvo indicaciones, fue objeto de análisis en el seno de la Comisión Técnica. En esa instancia, el señor Montalva, en relación con el inciso final del artículo, observó que es más propio hablar de la cancelación del capital que de los créditos, por lo que propuso reemplazar la expresión “los demás créditos” por “cancelando el capital de los demás créditos”. Hubo acuerdo con esta propuesta.

El Honorable Senador señor Tuma observó que la disposición faculta al Liquidador para impugnar los intereses que parezcan excesivos y opinó que, en todo caso, haya o no impugnación, la regulación que se propone debería tener en consideración la estricta aplicación de la ley de obligaciones de crédito de dinero y que debería hacerse una al interés máximo convencional.

El señor Presidente opinó que no es necesario hacer esa mención, porque se trata de un tope legal.

El Honorable Senador señor Tuma contraargumentó que entonces el Liquidador no tendría ningún argumento para alegar que un interés es excesivo, porque ellos automáticamente estarían limitados por la regla del máximo convencional.

El señor Presidente indicó que, en ese caso, debe entenderse que los intereses son excesivos cuando están por sobre los topes legales. Luego, dio por terminado el debate y propuso modificar el artículo 139 en el sentido propuesto por la Comisión Técnica.

- En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), y Tuma (por sí y por el Honorable Senador señor Walker, don Patricio) aprobó la propuesta de la Comisión Técnica.

Artículo 140

Su texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 140.- Compensaciones. La dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación impide toda compensación que no hubiere operado antes por el ministerio de la ley, entre las obligaciones recíprocas del deudor y acreedores, salvo que se trate de obligaciones conexas, derivadas de un mismo contrato o de una misma negociación y aunque sean exigibles en diferentes plazos.

Para estos efectos, se entenderá que revisten el carácter de obligaciones conexas aquellas que, aun siendo en distinta moneda, emanen de operaciones de derivados, tales como futuros, opciones, swaps, forwards u otros instrumentos o contratos de derivados suscritos entre las mismas partes, en una o más oportunidades, bajo ley chilena o extranjera, al amparo de un mismo convenio marco de contratación de los reconocidos por el Banco Central y que incluyan un acuerdo de compensación en caso de Liquidación Voluntaria o de Liquidación Forzosa. El Banco Central de Chile podrá determinar los términos y condiciones generales de los convenios marco de contratación referidos en que sea parte una empresa bancaria o cualquier otro inversionista institucional, considerando para ello los convenios de general aceptación en los mercados internacionales.

Cada una de las obligaciones que emanen de operaciones de derivados efectuadas en la forma antedicha, se entenderá de plazo vencido, líquida y actualmente exigible a la fecha de la dictación de la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación y su valor se calculará a dicha fecha de acuerdo a sus términos y condiciones. Luego, las compensaciones que operen por aplicación del inciso precedente, serán calculadas y ejecutadas simultáneamente en dicha fecha.

En caso que una de las partes sea un banco establecido en Chile, sólo procederá dicha compensación tratándose de operaciones con productos derivados cuyos términos y condiciones se encuentren autorizados por el Banco Central de Chile.”.

A su respecto, se presentó la indicación 71 a, de los Honorables Senadores señores Espina y Novoa, para eliminar el inciso final.

La señora Superintendenta expresó que esa versión replica el artículo 69 del Libro IV del Código de Comercio vigente.

Añadió que el Banco Central de Chile estima que eliminar el último inciso del artículo 140 aprobado en general -como propone la indicación 71a- le restaría fuerza imperativa a las facultades que le otorga el inciso segundo.

Indicó que otra postura afirma que la limitación de la posibilidad de compensación de estas obligaciones en caso de un procedimiento concursal de liquidación forzosa ha afectado nuestra imagen internacional y nuestra evaluación crediticia.

Añadió que, con el propósito de amortiguar estos efectos negativos que derivan de la limitación a la compensación, debería fijarse un plazo máximo para que opere dicha limitación, tal como lo han establecido otras legislaciones.

Explicó que el problema de la limitación se concentra en el tratamiento de los instrumentos derivados en poder de las instituciones bancarias que sean objeto de un proceso de liquidación. Señaló que la dificultad se presenta porque, en virtud de los acuerdos del Banco Central, se limita la posibilidad de compensar estos instrumentos cuando la institución bancaria involucrada está siendo sometida a un proceso de regularización, que es la etapa previa a la liquidación. Expresó que la disposición en comento otorga la calidad de obligaciones conexas a las operaciones con derivados y por esta vía hace posible la compensación.

El Comisionado señor Contador explicó que la redacción aprobada en general hace casi imposible la compensación de los derivados emanados de obligaciones conexas en caso de insolvencia de una institución financiera, a menos que el Banco Central de Chile lo haya previamente autorizado en un convenio marco.

Indicó que, en la práctica, el problema que se produce es que las intervenciones bancarias por la autoridad en caso de crisis financieras pueden durar años y con esta norma los acreedores no podrán compensar sus obligaciones con el banco mientras dure el procedimiento. Explicó que la indicación 71 a) justamente previene ese problema.

El Honorable Senador señor Tuma expresó que compartía el criterio de la indicación.

La señora Superintendenta indicó que es razonable que exista la facultad de limitar las compensaciones para evitar un riesgo sistémico en el sistema financiero, pero también es razonable que esa limitación dure un tiempo determinado y no todo el lapso de la intervención, tal como se observa en el derecho comparado.

El Honorable Senador señor García señaló que este es un punto difícil, por lo que solicitó a la señora Superintendenta presentar una redacción alternativa que establezca alguna fórmula intermedia.

En una sesión posterior, la señora Superintendenta presentó a la Comisión el siguiente texto alternativo para el artículo 140:

“Artículo 140.- Compensaciones. La dictación de la Resolución de Liquidación impide toda compensación entre las obligaciones recíprocas del Deudor y los acreedores que no hubiere operado antes por el ministerio de la ley, salvo que se trate de obligaciones conexas, derivadas de un mismo contrato o de una misma negociación, aunque sean exigibles en diferentes plazos.

Para estos efectos se entenderá que revisten el carácter de conexas aquellas obligaciones que aunque estando expresadas en moneda distinta, emanen de operaciones de derivados, swaps, forwards u otros instrumentos o contratos derivados suscritos entre las mismas partes, en una o más oportunidades, regidos por la ley chilena o extranjera, o al amparo de un mismo convenio marco de contratación reconocido por el Banco Central de Chile, y que incluyan acuerdos de compensación en caso de Liquidación Voluntaria o Liquidación Forzosa. El Banco Central de Chile podrá determinar los términos y condiciones generales de los convenios marco de contratación referidos en que sea parte una empresa bancaria o cualquier otro inversionista individual, considerando para ello los convenios de general aceptación en los mercados internacionales.

Cada una de la obligaciones que emanen de operaciones de derivados efectuadas de la forma antes señalada se entenderán de plazo vencido, líquidas y actualmente exigibles a la fecha de dictación de la Resolución de Liquidación, y su valor se calculará a esa fecha de acuerdo a sus términos y condiciones. Por su parte, las compensaciones que operen por aplicación del inciso anterior serán calculadas y ejecutadas en la fecha de la resolución referida.

En caso que una de las partes sea un banco establecido en Chile, sólo procederá la señalada compensación en caso de operaciones con productos derivados cuyos términos y condiciones se encuentren autorizados por el Banco Central de Chile.”.

Esta proposición mantuvo el inciso final del precepto y le introdujo algunos ajustes de redacción.

- Sometida a votación la proposición sustitutiva, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear), Walker, don Patricio y Zaldívar. Con la misma votación fue rechazada la indicación número 71 a.

Artículo 141

No fue objeto de discusión, aun cuando tuvo ajustes de carácter formal.

Artículo 142

El texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 142.- Regla general de acumulación al Procedimiento Concursal de Liquidación. Todos los juicios pendientes contra el deudor ante otros tribunales se acumularán al Procedimiento Concursal de Liquidación. Los que se inicien con posterioridad a la notificación de la Resolución que ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación, se promoverán ante el tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación.”.

A su respecto, se presentó la indicación número 71 b), de la Honorable Senadora señora Alvear, para añadir a continuación de la palabra “juicios” el término “civiles”.

Esta disposición y la indicación correlativa fueron analizadas por la Comisión Técnica. Esa instancia consideró adecuada la indicación. El Comisionado señor Montalva consultó de qué forma se acumulan los procesos ordinarios a los procedimientos de liquidación concursal. La señora Anguita explicó que esos procedimiento se acumulan, pero debe esperarse su resultado porque la resolución definitiva puede afectar a la masa. La señora Superintendenta señaló que, en la práctica, esta acumulación es poco usual y una proporción mayor de estos procesos son terminados por abandono de procedimiento o por avenimiento.

Añadió que si se agrega un inciso final al artículo 142, la disposición en comento queda lo suficientemente comprensiva para hacer innecesario el nuevo artículo que a continuación propone agregar la indicación 71 c), porque ya se establece el procedimiento con el que se seguirán estos juicios acumulados al proceso concursal. El inciso que se propone agregar es del siguiente tenor:

“Los juicios civiles acumulados al Procedimiento Concursal de Liquidación seguirán tramitándose con arreglo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, hasta que quede ejecutoriada la sentencia definitiva.”.

El Presidente de las Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, consideró adecuada la precisión que hace la indicación 71 b) y, respecto a la indicación 71 c), manifestó que el texto propuesto por la Superintendenta como nuevo inciso final para el artículo 142 puede considerarse como alternativo de esa indicación y, por tanto, aprobarse en ese entendido.

- Sometidas a votación las indicaciones 71 b) y 71 c), fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Espina (dos votos), García (por sí y por el Honorable Senador señor Larraín, don Carlos), Larraín, don Hernán (por sí y por el Honorable Senador señor Novoa), Tuma, Walker, don Patricio, y Zaldívar (por sí y por la Honorable Senadora señora Alvear).

Artículo 143

No fue objeto de discusión, sino que solamente tuvo ajustes formales.

° ° °

Artículo 144, nuevo

Enseguida, se revisó la indicación número 71 c), de los Honorable Senador señor Espina y Novoa, propone añadir un artículo 144, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 144.- Juicios ordinarios. Los juicios ordinarios agregados a la quiebra seguirán tramitándose con arreglo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, hasta que quede ejecutoriada la sentencia definitiva. Condenado el fallido, el síndico dará cumplimiento a lo resuelto en la forma que corresponda.”.

Tal como se explicó anteriormente, esta indicación fue aprobada con modificaciones y su contenido fue consignado como inciso final del artículo 142.

° ° °

Artículo 144

Su texto aprobado en general es del siguiente tenor:

“Artículo 144.- Juicios ejecutivos de obligaciones de dar. La acumulación al Procedimiento Concursal de Liquidación de esta clase de juicios se sujetará a las reglas siguientes:

1) Si no existen excepciones opuestas, los juicios se paralizarán en el estado en que se encuentren al momento de notificarse la Resolución que Ordena la Apertura del Procedimiento Concursal de Liquidación.

El tribunal de la ejecución pronunciará una resolución que suspenderá la tramitación y ordenará remitir los expedientes al tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación para que continúe su tramitación. En tal caso, los acreedores ejecutantes verificarán sus créditos conforme a las reglas generales.

2) Si existen excepciones opuestas, el tribunal de la ejecución ordenará remitir los expedientes al tribunal que esté conociendo del Procedimiento Concursal de Liquidación y, una vez recibidos, se seguirá adelante en su tramitación particular hasta la resolución de término. En tal caso, el Liquidador asumirá la representación judicial del deudor y los acreedores ejecutantes podrán verificar sus créditos en forma condicional.”.

Aunque esta disposición no fue objeto de indicaciones, fue materia de discusión en la Comisión Técnica. En esa instancia, el Comisionado señor Montalva manifestó que en el primer numeral de la disposición es más apropiado hablar de suspensión de juicios y no de paralización. Hubo acuerdo con este criterio.