Que las condiciones naturales de nuestro país, su configuración geográfica, la riqueza de nuestra fauna marítima y fluvial, y la circunstancia de encontrarse vecino a países que carecen de productos pesqueros similares a los nuestros, determinan la importancia que debe alcanzar entre nosotros la industria pesquera y sus derivados;

Que esta rama de la riqueza nacional no se ha desarrollado como corresponde debido a la mala organización de la producción y de los mercados;

Que nuestros pescadores carecen de la técnica y de los elementos necesarios para producir en forma abundante y regular, y no están organizados de manera adecuada para verse libres de los intermediarios;

Que el consumidor se retrae del uso del pescado por causa de sus altos precios, lo que a su vez origina irregularidades en la producción y por consiguiente la carestía del producto;

Que es necesario procurar la solución de este problema desde los siguientes puntos de vista: organización de los pescadores y de sus medios de trabajo: educación del consumidor nacional, aprovechamiento del extranjero y, por último, creación por parte de los poderes públicos de instalaciones que permitan la buena conservación y distribución de los artículos alimenticios considerados;

Que la aplicación práctica del artículo 1.o del decreto-ley número 685, de 17 de Octubre de 1925, que otorga primas anuales a las embarcaciones de bandera nacional que se ocupen exclusivamente en el ejercicio de la pesquería, no favorece en el hecho al pequeño industrial pesquero ni al pescador libre, sino a comerciantes e intermediarios, los cuales se subrogan a los primeros adquiriendo de ellos el producto global de su pesca antes de someterlo a los trámites de desembarque y certificación;

Que el pago de primas a los frigoríficos que se dediquen exclusivamente a la conservación de los productos de la pesca, a que se refiere el artículo 2.o del mismo decreto ley no ha tenido aplicación práctica, pues hasta la fecha sólo se ha presentado un solo caso en esta materia; y

Que es preciso disponer de una legislación pesquera sencilla y ordenada que pueda reemplazar con beneficios a la actual y que permita basar sobre ella las reglamentaciones llamadas a mejorar y regular las diversas actividades de la industria que se desea fomentar.

Decreto:

TITULO I

De la pesca

Artículo 1.o La pesca comprende las actividades destinadas a extraer, poseer, conservar y utilizar elementos biológicos que tienen en el agua su medio normal de vida.

Art. 2.o Son especialmente objeto de la pesca todos los animales y vegetales vivos o muertos que subsisten o que hayan subsistido en el agua, durante toda su vida o parte principal de ella, ya sea que su captura se efectúe en el aire, en la tierra o en el agua, o que su utilización se haga integral o parcialmente.

Art. 3.o La pesca puede efectuarse en: alta mar, mar territorial, ríos y lagos, playas y riberas.

Art. 4.o Los métodos de pesca se dividen en dos grupos: mecánicos y físico-químicos.

Los mecánicos se subdividen, a su vez, en pasivos y activos.

Son pasivos los que aprovechan para la captura las condiciones naturales de vida de los peces, por medio de instalaciones estáticas, como ser las redes fijas y flotantes, los corrales y las trampas.

Son activos los que usan el cebo o instalaciones de acción dinámica, como la pesca a mano, redes movibles, anzuelos, canastos, fisgas, arpones, redeños, rañas, rifles y cañones.

Los métodos físico-químicos se reducen al uso de materias explosivas y venenosas.

TITULO II

De los pescadores

Art. 5.o Toda persona que ejerza la profesión de pescador, deberá tener su carnet de identidad o inscribirse en los registros especiales de la Gobernación Marítima o Departamental respectiva.

Dicha inscripción no excluye el derecho que puede tener el pescador de ejercer otras faenas marítimas o fluviales.

Art. 6.o El derecho a la pesca en lagos, ríos o esteros sólo se podrá ejercitar por personas que estén en posesión de un carnet especial, emitido por la Dirección General de Pesca y Caza.

Habrá dos clases de carnets: uno con duración de un año calendario y otro para turismo con duración de un mes.

El valor de estos carnets no podrá ser superior a cincuenta pesos y será determinado por el Presidente de la República, según zonas y demás circunstancias especiales.

Art. 7.o Los pescadores tendrán derecho a ocupar en las faenas de la pesca, las riberas del mar, hasta la distancia de ocho metros, contados de la línea de la más alta marea y la de los ríos y lagos, que sean de uso público, hasta cinco metros.

En estos casos regirán las disposiciones de los artículos 612, 613 y 614 del Código Civil.

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Única De 17-MAR-1931	17-MAR-1931