Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, para modificar normas respecto al plebiscito nacional de octubre de 2020.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités, y cinco minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Luciano Cruz-Coke .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 60ª de la presente legislatura, en martes 18 de agosto de 2020. Documentos de la Cuenta N° 18.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 60ª de la presente legislatura, en martes 18 de agosto de 2020. Documentos de la Cuenta N° 20.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor CRUZ-COKE (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción de los senadores Pedro Araya , Alfonso de Urresti , Álvaro Elizalde , Alejandro Guillier y Francisco Huenchumilla , que modifica normas respecto del plebiscito nacional previsto para octubre de 2020.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en adecuar nuestro ordenamiento electoral respecto del plebiscito nacional de octubre de 2020, para celebrar este proceso conjugando la salud de las personas y la participación ciudadana, así como establecer una normativa similar para los procesos electorales de 2020 y 2021, siempre que al momento que corresponda se encuentre vigente un estado de emergencia sanitaria decretada por la autoridad respectiva.

El proyecto consiste en un artículo único que agrega a la Carta Fundamental una disposición cuadragésima primera transitoria, que dispone que el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá dictar, con a lo menos cuarenta y cinco días de anticipación al plebiscito nacional dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política de la República, y mediante acuerdo adoptado por los cuatro quintos de sus miembros en ejercicio, las normas e instrucciones necesarias para el desarrollo del referendo mencionado, pudiendo fijar reglas especiales y diferentes a las de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso cuarto del referido artículo 130, en las materias que a continuación se indican:

a. La constitución, instalación y funcionamiento de mesas receptoras de sufragios;

b. El horario de funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios, pudiendo ampliarlo hasta un máximo de doce horas. Asimismo, podrá promover horarios preferentes de votación a diferentes grupos de personas y establecer el horario de entrega de resultados preliminares desde el exterior;

c. El número y causales de excusa o exclusión de los vocales de las mesas receptoras de sufragios y miembros de los colegios escrutadores, así como la forma de acreditarlas, pudiendo excluir a electores con riesgo de salud, según criterios establecidos por la autoridad sanitaria, para cumplir con dichas funciones;

d. El aforo máximo de personas al interior de los locales de votación, según lo cual se deberá controlar el acceso a ellos, así como el distanciamiento de electores, tanto dentro como al exterior de dichos locales;

e. La fijación del distanciamiento mínimo necesario entre las mesas receptoras de sufragios, sus urnas y cámaras secretas, así como el distanciamiento entre los vocales de mesa, apoderados y la prensa;

f. La determinación de las características y número de las cámaras secretas por cada mesa receptora de sufragios;

g. La determinación del número máximo de apoderados por cada opción plebiscitada que podrán estar presentes en las actuaciones de las juntas electorales y en las oficinas electorales de los locales de votación, en la votación y escrutinio de las mesas receptoras de sufragios, y por los colegios escrutadores;

h. Los útiles electorales disponibles en las mesas receptoras de sufragios y colegios escrutadores;

i. La regulación del tipo de lápiz para marcar la preferencia en las cédulas electorales y para firmar el padrón electoral de la mesa;

j. La obligación del uso de mascarillas y otros medios de protección sanitaria para electores y quienes se encuentren al interior de los locales de votación, y

k. La dictación de un protocolo de carácter general y obligatorio, en acuerdo con el Ministerio de Salud, que contenga las normas y los procedimientos sanitarios que deban cumplirse, en particular los referidos en los literales d), e), g) y j), en las actuaciones que realicen las juntas electorales, sus delegados en los locales de votación y sus asesores, vocales de mesas receptoras de sufragios e integrantes de los colegios escrutadores.

Este protocolo será obligatorio, además, para electores, apoderados, miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren a cargo del resguardo del orden público al interior y exterior de los locales de votación, así como para todo funcionario público, con independencia del órgano del cual dependa, que desempeñe funciones o cumpla obligaciones de carácter electoral.

Se establece que en ningún caso las medidas sanitarias de carácter general podrán afectar la realización del plebiscito a que se refiere el artículo 130, a nivel nacional, regional ni comunal.

Dispone que el acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral señalado previamente deberá publicarse en el Diario Oficial y en la página web de dicho servicio dentro de los dos días siguientes a la fecha de su adopción.

Cabe destacar que el acuerdo señalado será reclamable, fundadamente, ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro del plazo de tres días, contados desde su publicación. Dicho tribunal resolverá la reclamación dentro del plazo de diez días, contados desde su interposición, y la sentencia no admitirá recurso o acción alguna en su contra.

Señala, asimismo, que en los spots a que se refiere el artículo 34 de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, el Servicio Electoral deberá incluir información respecto de las medidas sanitarias que se tomen en virtud de las normas e instrucciones a que se refiere la presente disposición.

Finalmente, el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá dictar las normas e instrucciones a que se refieren los incisos anteriores, en los mismos términos ahí establecidos, fijando reglas especiales y diferentes a las establecidas en la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para los procesos electorales de los años 2020 y 2021, siempre que al momento de dictar el acuerdo al que se alude en el inciso primero se encuentre vigente una alerta sanitaria, decretada por la autoridad respectiva. Es decir, esta reforma constitucional transitoria se hace aplicable a todos los procesos electorales de 2020 y 2021, mientras esté vigente la alerta sanitaria.

Este proyecto fue aprobado por unanimidad en casi la totalidad de su articulado por la comisión, que no hizo modificaciones respecto del texto aprobado por el Senado, por lo que solicito su aprobación en los mismos términos por esta honorable Sala.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (vía telemática).-

Señor Presidente, no es posible obviar la situación sanitaria en que se encuentra el país y el impacto que podría tener durante la realización del plebiscito nacional fijado para el próximo 25 de octubre, tanto en la participación electoral como en la salud de la población.

El proyecto se fundamenta en el interés del legislador de ofrecer medidas de seguridad que permitan el ejercicio del derecho a sufragio bajo cánones mínimos de protección sanitaria para la población.

El texto aprobado por el Senado y por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados tiene diferencias en relación con la moción original, debido a una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en el primer trámite constitucional. La principal diferencia se refiere a la no extensión de la jornada electoral a dos días, pues se mantendrá en solo un día, en una jornada que podría extenderse hasta un total de doce horas.

La extensión de la jornada electoral a dos días hubiese sido una medida realmente efectiva y beneficiosa para los objetivos de esta iniciativa, porque las atribuciones respecto de la promoción de horarios provenían preferentemente […] para los mayores de setenta años […] o eventualmente […] sin duda hubiese llevado a dar mejores garantías para que hubiesen participado de este plebiscito y contiendas electorales. Creo que la propuesta de solo extender la jornada de votaciones a doce horas, en vez de hacerla en dos días, podría afectar negativamente las expectativas del elector respecto de su disposición sincrónica […] por la autoridad para un grupo determinado de personas.

(Los puntos suspensivos corresponden a interrupciones en la transmisión telemática)

Por otra parte, las normas sobre horarios, vocales y apoderados son disposiciones que afectan y restringen, a mi entender, derechos que afectan el proceso y el ejercicio del sufragio en cuestiones sustanciales, por lo que debieron haber sido definidas en instancias legislativas en vez de haberlas dejado a la mera consideración del órgano electoral, de acuerdo con el Ejecutivo, para ser reguladas mediante actos administrativos. Creo que esta es una medida que perjudica la labor del legislador, sobre todo cuando hay un órgano administrativo -Servel que, en concordancia con el Ejecutivo, eventualmente, podrían restringir determinados derechos.

En el mismo sentido, aunque se establezca que alguien que se sienta afectado en sus derechos tendrá la posibilidad de reclamar en contra de alguna medida dictada, la sentencia respecto de la reclamación no admite recurso o acción en su contra. Lo que resulta precario es la garantía de los derechos, ya que, si bien la norma posee rango de reforma constitucional, el legislador se desliga de su responsabilidad de debatir respecto de restricciones o limitaciones a un derecho, siempre en el entendido de que un órgano administrativo puede regular derechos, pero nunca restringirlos o limitarlos, puesto que eso siempre supone que sea materia de ley. En buenas cuentas, tenemos a un legislador que abdica de las funciones que le corresponden por ley, que son, justamente, regular, restringir y limitar eventuales derechos.

Por lo tanto, aun cuando se hace cargo de medidas prácticas para la protección sanitaria de los electores, en otros ámbitos, debido a la premura, estamos frente a un proyecto incompleto y carente de lo óptimo para asegurar un alto nivel de participación. Sin embargo, es necesario e indispensable que podamos equilibrar la protección de la salud de cada uno de los chilenos y chilenas, y su real participación en este acto. En definitiva, el objetivo es lograr una amplia participación ciudadana el 25 de octubre y que esa participación ciudadana esté asegurada tanto por el Servel y el Ejecutivo como por el Poder Legislativo, para que las personas que participen en el proceso estén debidamente resguardadas en su salud.

No obstante las deficiencias que he denunciado, el proyecto debe ser aprobado, porque es el mínimo necesario para asegurar la real participación de la ciudadanía en este relevante acto, que es la puerta de ingreso al proceso constituyente que terminará, nada menos, en una nueva Constitución Política para Chile.

En tiempos de pandemia, hay que lograr un equilibrio entre el resguardo de la salud de todos los chilenos y la participación real y mayoritaria de los ciudadanos en el plebiscito, que va a derivar en lo que todos los chilenos y las chilenas quieren: una nueva Constitución Política.

La bancada del Partido Comunista entrega su apoyo a la iniciativa para que se convierta en ley de la república.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, el plebiscito de octubre próximo es imposible de realizar, pues será un acto masivo catalizador de nuevos contagios.

Además, es ilegítimo, pues cabe recordar que el acuerdo del 15 de noviembre tiene un vicio de origen, cual es el haber sido adoptado bajo la amenaza del uso de la fuerza, por lo que todos sus alcances no son previsibles ni evidentes. El gobierno no pudo detenerlo en ese momento y ahora tiene un terror enorme a frenar el plebiscito, por temor a que las tropas de delincuentes se levanten nuevamente y se repita la podredumbre y el desastre que dejaron en el país luego del 18 de octubre.

Ahora bien, ¿será válido su resultado, si no participa al menos una decena de millones de chilenos? Insisto en que es ilegítimo.

Por lo demás, Chile no necesita dos congresos funcionando en medio de la grave crisis social y económica que vivimos. Ya hemos aprobado la suspensión de elecciones de distintas organizaciones civiles autónomas debido a la pandemia; sin embargo, un grupo de políticos insiste en que el plebiscito se debe realizar en octubre. Burdamente, algunos comparan la votación del plebiscito con un acto de consumo, asimilándolo con la apertura del comercio o de algunos malls. Sin embargo, votar no es un acto de consumo, puesto que incluye ciertos derechos, como el derecho a informarse, que los ciudadanos no van a tener; el derecho a votar en libertad, que tampoco van a tener, y el derecho a votar con seguridad, sin miedo y sin amenazas, otro derecho que los chilenos sencillamente no van a tener.

Los países serios y responsables se caracterizan por establecer prioridades en su agenda pública, anteponiendo siempre la salud y la integridad física y psíquica de la población. Si nosotros permitimos la realización del plebiscito, vamos a estar obviando un principio ético de cualquier nación. Chile debe seguir la senda marcada por Nueva Zelanda. Podemos cambiar el aforo máximo de personas, podemos fijar un distanciamiento mínimo al momento de votar, podemos modificar los horarios de funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios, pero nada de eso ocultará la verdad: la irresponsabilidad política del gobierno de Chile al poner en riesgo la salud de la población, dejando de lado el deber primerísimo e ineludible de cualquier Estado, que es brindar protección a las personas y a sus familias.

Estimado gobierno, no anhele el éxito, sino témale al tremendo fracaso que esto nos puede traer.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC (vía telemática).-

Señor Presidente, la noche del 15 de noviembre no fue fácil tomar la decisión para ninguna de las fuerzas políticas que concurrimos a firmar el acuerdo que permitirá, por primera vez en cuarenta años, la posibilidad de cambiar la Constitución de Augusto Pinochet.

Las fuerzas democráticas que hace mucho tiempo veníamos pidiendo este cambio, pero además que se hiciera con un cierto mecanismo, porque el mecanismo para lograrlo tiene mucha importancia. En el acuerdo constitucional del 15 de noviembre vimos la posibilidad de que el mundo político retrocediese y le devolviera al pueblo soberano, a la ciudadanía, el poder constituyente. En el mismo sentido, se definió la realización de un primer plebiscito, cuyo resultado determinará si la ciudadanía estaba de acuerdo con abrir un proceso constituyente y cuál iba a ser la forma elegida para redactar la Constitución.

Más allá de las dificultades que hubo en el momento en que se tomó de decisión, se trata de una decisión correcta, porque terminamos devolviéndole al constituyente original el poder para decidir y resolver.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al diputado Urruticoechea , de la UDI, que me antecedió en el uso de la palabra, que el acuerdo del 15 de noviembre, que abre en Chile una oportunidad inédita -nunca antes en nuestra historia hemos tenido un proceso constituyente de esta naturaleza no tiene nada de ilegítimo, como él lo acaba de calificar; por el contrario, se trata de un proceso único en la historia de Chile, que además va a ser observado no solo por las futuras generaciones de chilenos y chilenas, sino también por el resto del mundo. Se trata de un proceso absolutamente inédito en cuanto a su origen, mecanismo y composición, dado el acuerdo alcanzado en cuanto a paridad de género y participación de independientes. Es de esperar que también se logre un acuerdo para la incorporación de los pueblos originarios con escaños reservados. Reitero que hablamos de un proceso único en la historia de Chile.

El proyecto de ley que estamos tratando hoy tiene un objetivo muy claro. La pandemia ha puesto dificultades adicionales a la implementación del plebiscito y, por lo tanto, el Servicio Electoral debe tener todas las facultades administrativas para poder establecer las medidas sanitarias que se requieren. Por eso no estoy de acuerdo con lo expresado por el diputado Hugo Gutiérrez , en el sentido de que, en un contexto de pandemia, en que los indicadores sanitarios se modifican diariamente, a través de leyes, podamos tomar esas medidas sanitarias, que pueden ser decisiones de último minuto, según la evidencia científica del momento.

Por lo tanto, el Servel es el organismo que debe tener las atribuciones para tomar todas las medidas administrativas necesarias para que el plebiscito cuente con una alta participación, y para dar garantías a todos de que será un proceso seguro.

En consecuencia, desde el Partido Liberal y desde el Frente Amplio, votaremos a favor el proyecto. No nos perdemos ni un segundo en que un organismo con autonomía constitucional y un cuerpo colegiado, como es su consejo directivo, tomará las mejores decisiones luego de escuchar a los expertos.

La presidenta del Colegio Médico ha dicho con bastante claridad que es perfectamente posible realizar este plebiscito; también hay que observar la experiencia internacional. Desde el inicio de la pandemia se han registrado 45 elecciones locales, regionales y parlamentarias en distintas partes del mundo. Es decir, realizar un plebiscito en Chile es perfectamente posible.

Hace pocos días nos reunimos con el embajador de Corea del Sur, quien nos relató la experiencia de la elección llevada a cabo en ese país, realizada en el marco de un sistema parlamentario, mediante la cual se elige un primer ministro que ejerce como jefe de gobierno.

Por lo tanto, es perfectamente posible llevar a cabo el plebiscito, pero se requiere tomar medidas administrativas a las que, por supuesto, no estamos acostumbrados. No obstante, creo que es perfectamente posible que la ciudadanía las entienda y las respete, para cumplir, de esa manera, con un plebiscito seguro.

El acuerdo político alcanzado el 15 de noviembre ha sido objeto de un boicot, inicialmente de parte de los sectores que no participaron en su firma, que estuvieron completamente en contra y que hoy están a favor del “Apruebo”, como si fueran sus principales promotores. Me parece bien que hoy estén a favor, porque era bastante evidente que nadie podía quedar fuera de esta primera oportunidad en 40 años para terminar con la Constitución de Pinochet. Era obvio que todos los sectores del mundo progresista terminarían embarcados en este proyecto. Esa es una buena noticia y hay que celebrarla.

No obstante, a pesar del boicot inicial por parte de ese sector, también hemos visto un boicot por parte de Chile Vamos, que ha iniciado una campaña del terror en contra del plebiscito. Lamentablemente, hemos escuchado declaraciones del canciller Allamand que no corresponden a su cargo. Todos conocemos su opinión y su opción personal en relación con el plebiscito. Él ya no es senador, por lo que no puede utilizar la Cancillería para hacer ese tipo de declaraciones.

Más allá del boicot de un lado o de otro, necesitamos que este plebiscito sea un proceso con participación absolutamente mayoritaria, porque a nadie le debe caber ninguna duda, ni en el momento presente ni en los futuros libros de historia, de que existe una amplia mayoría que no solo exige cambiar una Constitución, sino también fijar reglas del juego democráticas, comunes, legítimas para todos, y que signifiquen el inicio de un nuevo pacto social. Digo “el inicio” porque el pacto social es algo más complejo que solo un proceso constituyente.

Ese pacto social, que debe comprometer democracia profunda, descentralización, Estado laico, derechos sociales y mercados no concentrados, es el que espero que pueda llevar a Chile hacia una sociedad más civilizada, más democrática, con menos abusos y con menos desigualdades.

En el Partido Liberal y en el Frente Amplio votaremos a favor del proyecto. Esperamos que el plebiscito del 25 de octubre sea un proceso inédito en la historia de Chile.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl) [vía telemática].-

Señor Presidente, el 25 de octubre se empezará a escribir una nueva página en la historia de nuestro país, una página que se ha ganado el pueblo de manera legítima, rebelándose de manera democrática y ciudadana ante la desigualdad, ante el abuso, ante la injusticia, ante los efectos de un sistema político, económico y social que ha generado consecuencias bastantes nocivas en nuestra sociedad, particularmente en cuanto a la tremenda brecha de desigualdad y abusos que ha sufrido la ciudadanía durante muchos años, con total impunidad.

La piedra angular de ese sistema abusivo, en contra del cual se rebeló la gente en octubre del año pasado, es la Constitución de Pinochet, es la Constitución de Guzmán, que, si bien ha tenido muchas modificaciones, no han sido suficientes para cambiar estructuralmente las reglas del juego, para repensar, actualizar y modernizar la sociedad chilena, y también nuestra institucionalidad; para ser, de una vez por todas, un país en paz, justo, equitativo y solidario; un país que, además de poner fin a los abusos, avance en terminar con las desigualdades. Ese es el objetivo del proceso que comenzará el 25 de octubre.

A nuestra bancada del PPD le parece muy bien que se legisle en esta materia, para dar garantías de que el Servel sea el órgano que dicte las instrucciones para adoptar las medidas sanitarias que el 25 de octubre garanticen el resguardo de la salud de las personas, de modo que puedan ejercer su derecho a sufragio en ese plebiscito tan importante, y al mismo tiempo, para garantizar que exista una masiva participación ciudadana, que se exprese ese día en una decisión absolutamente categórica, en orden a que el pueblo de Chile tome las riendas y decida cuál será el futuro de este país.

Si decide, como queremos, que se cree una convención constituyente u otro órgano que se encargue de redactar esa nueva Constitución, con democracia ciudadana y con participación de los actores sociales y del mundo político, podremos discutir de forma transversal y reescribir esas nuevas páginas de la historia de Chile, y reescribir nuestras reglas del juego para construir ese Chile que todos soñamos.

Sin duda que esto no se puede echar abajo. No permitiremos las campañas del terror de la UDI, ni de los señores seguidores de José Antonio Kast , como el diputado Urruticoechea , cuyo discurso hemos escuchado. También hemos visto algunos intentos o iniciativas legislativas de parte…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen .

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, la iniciativa que estamos discutiendo ha sido llamada por algunos como “proyecto plebiscito seguro”, lo cual me parece no solo una exageración, sino además una expresión muy lejana de la realidad.

Hoy, no existe norma alguna que permita decir que será seguro celebrar el plebiscito el 25 de octubre de este año, ni tampoco que no significará un riesgo para la salud de los ciudadanos que quieran ejercer su derecho a voto.

Ha habido voces que, desde su liderazgo gremial, han querido participar de la política nacional, como la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches , quien asegura que en dos meses más estarán en Chile las condiciones para realizar ese plebiscito. Eso me parece curioso, porque en marzo, cuando teníamos cerca de 160 nuevos casos diarios y un poco más de 1.400 casos activos de covid-19, la misma presidenta del Colegio Médico señaló que no estaban las condiciones; sin embargo, hoy, cuando tenemos cerca de 1.700 nuevos contagiados al día y más de 15.000 casos activos, nos dice que sí estarían dadas las condiciones.

¿Quién nos asegura que no se producirán aglomeraciones durante el proceso electoral?

¿Quién se hará responsable por los contagios que se producirán ese día? ¿Quién nos dice que, aún asegurando distancia dentro de los locales de votación, no se provocarán contagios en la micro o en el minibús que acercará a la gente de las zonas rurales hasta las ciudades a votar, o en el Metro?

Incluso, en la sesión especial de ayer, algunos parlamentarios criticaron la idea de avanzar en un plan de retorno a clases presenciales, porque a su juicio no existen ni existirán las condiciones para hacerlo en el corto plazo, pero hoy nos dicen que, milagrosamente, una reforma a la “Constitución de Lagos” podría generar las condiciones para realizar un plebiscito seguro.

Dentro de una semana comienza el periodo de campaña. ¿Alguien me puede explicar cómo se realizará ese proceso, sobre todo en ciudades en cuarentena?

Participar en un proceso electoral no es solo ir a votar el día de la elección. El mismo también requiere acceso a información y condiciones de campaña. Algunos dirán que las campañas se pueden hacer online, pero les recuerdo que no todos tienen acceso a internet y que existen zonas de nuestro país sin acceso o con muy mala señal. Además, la penetración de internet no es igual en todas las edades.

En Chile no están dadas las condiciones para realizar un plebiscito dentro de unas semanas, y decir que por aprobar este proyecto de reforma constitucional tendremos un plebiscito seguro es engañar a los chilenos. Si queremos un plebiscito que se desarrolle de manera ejemplar, debe realizarse en condiciones de normalidad, donde las campañas y el hecho de ir a votar y de ser apoderado de mesa no estén limitados ni pongan en riesgo la salud de uno o más chilenos.

La pandemia está lejos de terminar -aquello se dice en todas partes-; es el peor momento para realizar cualquier elección; es un derroche y una irresponsabilidad, se mire por donde se mire, con normas nuevas o sin normas nuevas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Tohá .

El señor TOHÁ (vía telemática).-

Señor Presidente, hoy aprobaremos, ojalá por unanimidad, este proyecto, que confiere al Servel todas las facultades necesarias para asegurar un plebiscito seguro y ordenado.

En el país hay consenso en que estamos viviendo, tal vez, la crisis más grande de la historia de Chile, crisis provocada por una disconformidad social, fruto de la desigualdad, de la exclusión y de los abusos, que tuvo su expresión en octubre del año pasado.

Me cuesta pensar que en esta Sala pueda haber alguien que piense que la solución a estos graves y complejos problemas pueda pasar por un camino distinto que el camino del proceso constitucional. Sin embargo, han surgido voces, incluso dentro de esta Sala, que comienzan a colocar obstáculos y lomos de toro, para que esto no llegue a su feliz término.

El ministro de Salud nos dice todos los días que el manejo de la crisis en Chile es bueno -se compara con otros países y que cada día va a ser mejor. Sin embargo, hay otros, de su mismo sector, que dicen que no habrá condiciones para celebrar el plebiscito.

Han surgido voces que ahora señalan que el plebiscito debe tener un piso de participación de 66 por ciento para que sea legítimo. Esos son los mismos que durante décadas le confirieron legitimidad a una Constitución dictada por una persona en una sala de La Moneda.

No realizar este plebiscito significará exponer al país y a las futuras generaciones a un proceso de caos, anarquía y desasosiego social que nos va a castigar muy duramente a todos los chilenos.

Por eso, llamo a aprobar este plebiscito y a no provocar una sensación de temor y de miedo en la ciudadanía, sino, por el contrario, explicar a la ciudadanía que este es el camino para resolver nuestros principales problemas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, es importante hacer un par de aclaraciones respecto de este proyecto. Me parece que este proyecto es absolutamente necesario; lo dice una persona que ha tomado la opción por el “Rechazo” y no por el “Apruebo”.

¿Por qué es necesario y es distinto de proyectos que, eventualmente, se refieren a acuerdos políticos más amplios? Este proyecto es necesario porque, en la práctica, lo que hace es establecer modificaciones a reformas constitucionales que se hicieron en momentos en que no había covid-19. Por lo tanto, en la práctica, lo que se hace mediante esta reforma es facultar al Servicio Electoral y a los órganos que esta señala para que puedan establecer los requisitos, las normas para la constitución, horario y funcionamiento de las mesas; la organización de las distintas personas que van a votar, que van a ser vocales o apoderados; el número de causales de de exclusión, el número de locales de votación y de mesas receptoras de sufragio, el aforo máximo de personas y los distanciamientos mínimos, es decir, cosas que ahora parecen de Perogrullo. Por ende, que no se pida a este proyecto de reforma constitucional, que se aprobó por unanimidad en el Senado y, posteriormente, también por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la que me corresponde participar, que tenga alcances distintos que los alcances sanitarios.

Efectivamente, como han dicho algunos, este proyecto señala que “En ningún caso las medidas sanitarias de carácter general podrán afectar la realización del plebiscito a que se refiere el artículo 130, a nivel nacional, regional ni comunal.”. Por ende, lo que hacemos aquí es poner a disposición del Servel ciertas facultades para que la ciudadanía no se contagie con covid-19 y para que pueda disponer que aquellas personas que eventualmente estén contagiadas con covid-19 puedan, de alguna manera, ejercer su derecho a voto, consagrado en la Constitución, y que todas las personas puedan votar –ojalá libres de cualquier posibilidad de contagio.

Dicho eso, quiero manifestar mi escepticismo respecto de las nuevas páginas de la historia que terminarán con los efectos del abuso de la piedra angular de las arbitrariedades, que sería la Constitución Política, lo que, sobre todo, ha sido dicho en esta Sala por conspicuos miembros de partidos que, de los treinta años de democracia, gobernaron durante veinticinco, con las palabras “desarrollo”, “progreso”, “crecimiento económico”, “privatizaciones” y “concesiones”.

Entonces, que no traten de vender “la pescada” aquí, cuando aquellos mismos que señalan hoy que esta Constitución permitió una serie de abusos la reformaron el año 2005. Hoy la famosa Constitución de Pinochet lleva la firma del Presidente Ricardo Lagos y de los ministros Francisco Vidal , Ignacio Walker , Eduardo Dockendorff , etcétera. Nombren a uno de la Concertación de Partidos por la Democracia que no esté al pie de esa firma; yo creo que son muy pocos.

Dicho esto, sí falta en este proyecto -porque hablamos de un proyecto que concede facultades principalmente de carácter sanitario un plan B. Lo digo, porque ayer, en esta misma Sala, se apuntó al ministro de Educación cuando dijo que, ojalá, los alumnos vayan volviendo de a poco a clases; se critica que el comercio comience a funcionar; no se permite que los restauranteros o los locales de comida puedan funcionar; se escandalizan por lo ocurrido en el mall chino. Naturalmente, hay una responsabilidad individual que implica salir, desconfinar, volver a circular libremente.

En general, a nadie le gustan los estados de excepción, pero, lamentablemente, esta pandemia nos ha obligado a ello, y todavía no tenemos un borde de la pandemia como para prefigurarnos hoy si realmente van a estar dadas las condiciones para que el plebiscito se pueda realizar. Este proyecto, aprobado unánimemente, establece que el plebiscito debe realizarse. Sin embargo, ¿qué sucede si el plebiscito no puede realizarse? El mundo político le debe una respuesta a esa pregunta. Tiene que existir un plan B, y no debe ser producto de este acuerdo sobre la base sanitaria, sino que tiene que ser un acuerdo político más amplio.

Por lo tanto, el llamado que hago es a que, ojalá, las mismas fuerzas políticas que concurrieron al acuerdo, que fue realizado entre fuerzas políticas moderadas -curiosamente, estaban excluidos los extremos políticos-, también puedan ponerse de acuerdo ante un proceso constituyente que debe llevar a votar a una mayoría de ciudadanos.

Es importante que, para dar el vamos al plebiscito, sea cual sea la opción ganadora, exista una participación alta y relevante. Se lo debemos asegurar a la ciudadanía, como también que el plebiscito cumpla todas las condiciones sanitarias que establece el proyecto de reforma constitucional.

Anuncio que lo votaremos favorablemente.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, qué bueno que este proyecto, como dijo alguien recién, reafirme el plebiscito.

En primer lugar, nadie pretende que el plebiscito no se haga, lo que es un avance importante, porque a todos nos interesa -particularmente a la gente que somos del mundo progresista que se haga, y que se haga bien y participe la mayor cantidad de gente posible. A mayor participación, más votos y más legitimidad tiene el proceso, qué duda cabe. Si votan pocos también es válido; pero la legitimidad se la da una inmensa mayoría de chilenos que estamos por el “Apruebo”, que es muy importante para abrir el proceso.

Las facultades que se otorgan al Servel -se negociaron unánimemente en el Senado y se aprobaron en la Comisión de Constitución me parecen bien.

Vamos a aprobar esta reforma constitucional. Me hubiera gustado otra, que considerara, por ejemplo, el voto postal, el voto electrónico; a lo mejor, que el plebiscito se realizara en dos días. Por las razonas que se indicaron eso no se logró, pero me hubiera gustado, para facilitar la forma. Debo decirlo con absoluta claridad: ese es nuestro propósito.

Planteé una situación excepcional, ante lo cual alguien desató cierta polémica: ¿qué pasa si hay un alto nivel de contagio después de las Fiestas Patrias? Es probable que ocurra.

Presido la comisión investigadora sobre la covid -llevamos dos meses de trabajo-, donde hemos escuchado a una cantidad importante de expertos, y la opinión que me he formado es que el manejo del coronavirus no se está haciendo tan bien como parece. Hay graves problemas en la trazabilidad. Hoy, los contactados por persona contagiada alcanzan un promedio de 1,5, en circunstancias de que el promedio recomendado por los organismos internacionales es de al menos 5 personas. Las residencias sanitarias tampoco están actuando como corresponde. Si bien la cantidad de test es muy importante, solos no sirven: necesitan trazabilidad y una respuesta rápida. Con solo realizar test no se resuelve el problema.

Entonces, el riesgo es que después de Fiestas Patrias ocurra una situación compleja. Ante ese eventual riesgo, dije que no me negaba a que el plebiscito se pudiera realizar el 29 de noviembre, cuando también se realizarán las primarias municipales y regionales. Estoy pensando en los adultos mayores. Sé que el plebiscito tiene que hacerse, pero también sé que debemos resguardar la salud de la población, especialmente de la gente ordenada que irá a votar, por ejemplo, de los adultos mayores, que van a votar, porque nunca suspenden ese derecho tan importante.

Por eso, creo que si las cosas se hacen bien, si el ministro de Salud y las autoridades invierten en trazabilidad y en medidas preventivas, vamos a tener una situación feliz y no será necesario suspender la fecha de realización del plebiscito. Me parece muy bien, eso es lo ideal. Pero ya van 10.000 muertos, perdónenme…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, la bancada de la Democracia Cristiana -así lo ratificará la diputada Joanna Pérez , presidenta de la Comisión de Gobierno Interior-, por supuesto, va a aprobar el proyecto “plebiscito seguro”, unánimemente aprobado en la Comisión de Constitución. Aprovecho de agradecer al diputado Luciano Cruz-Coke el completo informe que rindió en nombre de nuestra comisión.

Vamos a proceder de esta manera porque tenemos la convicción de que el Estado de Chile, el Congreso Nacional y, por supuesto, el gobierno tienen que garantizar que el plebiscito se realice el 25 de octubre, y que se haga cumpliendo con todas las normas sanitarias.

Después de la aprobación de este proyecto no va a existir excusa alguna para el gobierno ni para el Servel respecto de la realización de un plebiscito en condiciones seguras. En efecto, a partir de la publicación de esta norma, el Consejo Directivo del Servel, por las cuatro quintas partes de sus miembros, adoptará las normas sanitarias específicas para realizar el plebiscito en condiciones sanitarias adecuadas, por ejemplo, extendiendo el horario de funcionamiento de las mesas receptoras de sufragio hasta 12 horas, ampliando el número de locales de votación, ampliando el número de dichas mesas y estableciendo como excusas válidas que los grupos de riesgo no participen como vocales de mesas, porque podrían ser una fuente de contagio.

Asimismo, se establece el principio de que en ningún caso las condiciones sanitarias podrán ser obstáculo para la realización del plebiscito a nivel nacional, a nivel regional y a nivel comunal.

Algunos chilenos son mal pensados, señor Presidente, y con razón. En efecto, tras escuchar que algunos diputados quieren cambiar las reglas del juego en la mitad del segundo tiempo, cuando van perdiendo el partido, chilenos se ponen sospechosos y dicen: “Estos señores quieren cambiar las preguntas del plebiscito que concordaron en el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, y que no sea una convención constitucional elegida por la ciudadanía, sino el Congreso el que escriba la nueva Constitución”. Por eso, no les extraña que los mismos que se opusieron a que el plebiscito fuera con voto obligatorio, ahora pongan un umbral de participación de 10 millones de chilenos para que la nueva Constitución y el nuevo proceso sean legítimos. Por suerte, no pusimos ese umbral al Presidente Piñera , porque tendríamos que desconocer su legitimidad para gobernar; por suerte, no se pusieron ese umbral ellos mismos, porque no tendrían ninguna legitimidad para representar a la ciudadanía en el Congreso Nacional. Entonces, se pillan la cola solos.

Llegó la hora de decir, por intermedio del señor Presidente, con mucho cariño a mi amigo el diputado Cristóbal Urruticoechea , quien en la Cámara de Diputados parece el mensajero de José Antonio Kast , junto con el diputado Urrutia , que no vamos a aceptar ninguna excusa: debemos tener una nueva Constitución que una a todos los chilenos, no la actual Constitución, que divide a la ciudadanía. Al respecto, es obligación del gobierno generar las condiciones sanitarias mediante la transferencia de recursos a los municipios y a la atención primaria de salud para mejorar la trazabilidad.

Basta de excusas, basta de buscar la quinta pata al gato. Los que suscribimos el acuerdo del 15 noviembre debemos honrar ese compromiso. A los que hablan tanto de respetar la institucionalidad y de ser serios, yo les digo que llegó la hora de ponerse serios, de cumplir los compromisos, de generar las condiciones sanitarias adecuadas para que el plebiscito se pueda realizar el 25 de octubre. Eso hace este proyecto.

El plebiscito va, y vamos a apoyar la opción “Apruebo” para generar la primera Constitución escrita en democracia en la historia de Chile.

De una vez por todas, se acabaron las excusas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (don Alexis).-

Señor Presidente, siento que este proyecto permite dar certeza a un proceso que considero irreversible, que es necesario realizar y que debemos llevar a cabo de acuerdo con el cronograma que nos hemos establecido.

Creo que quienes por los medios de comunicación han intentado trasladar o retrasar este plebiscito o este proceso constituyente lo único que hacen es dar incertidumbre al país, porque las reglas del juego sobre la Constitución que nos va a regir no están definidas, lo que es un tema pendiente que esperamos resolver en este proceso.

Siempre va a haber un riesgo, y hay que decirlo. Estamos en una situación de pandemia, la cual no se va a acabar o solucionar al ciento por ciento en la fecha del plebiscito. Por lo tanto, este proyecto viene a entregar condiciones adicionales para poder avanzar en mayor seguridad, por lo que es bienvenido.

Por cierto, creo que es necesaria una discusión que no hemos tenido como país, como es la de avanzar en la posibilidad del voto telemático. Hay países que ya lo han hecho, y no sé por qué en Chile no tenemos esa posibilidad.

Siento que es necesario poder realizar este plebiscito y es necesario poner todas las voluntades para que así sea.

Sin duda que el resultado del plebiscito será que el “Apruebo” gana por un amplio porcentaje. No servirán las campañas del terror. Creo que la gente tiene claro lo que ha pasado en Chile a propósito del estallido social, pero también a propósito de la crisis sanitaria, social y económica. Obviamente esperamos que eso se refleje con tranquilidad y con paz, porque no debería ser ninguna hecatombe que en un país se dé un proceso constituyente y se genere una nueva Constitución. ¿Dónde puede estar el peligro en que la gente manifieste de qué forma quiere construir su país?

Espero que este proyecto sea aprobado. La bancada del Partido Radical lo apoyará de manera unánime, porque esperamos que obviamente la gente pueda manifestarse y terminar con esos cantos de sirenas y esas alertas que muchas veces generan incertidumbre a las personas.

Tendremos plebiscito y tendremos una nueva Constitución.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER (vía telemática).-

Señor Presidente, en primer lugar, anuncio que voy a aprobar este proyecto.

El plebiscito se debe realizar sí o sí, porque la palabra se cumple y también los acuerdos, aunque algunos que firmaron el acuerdo en noviembre no han cumplido la palabra y otros, que no han querido firmar nada y se niegan a todo, como el Partido Comunista, que ahora se viste como el mayor impulsor, nos vengan a poner entre la espada y la pared.

Todas las medidas que se están realizando y las medidas que toma este proyecto van claramente en la línea correcta. Pero preocupa la actitud de muchos que quieren que sí o sí se realice el plebiscito el 25 de octubre, independientemente de cómo esté el avance de la enfermedad y sin importar si la curva esté baja o alta. Para ellos hay que hacerlo sí o sí.

Entonces, me pregunto, aunque tengamos una curva de contagio al alza, ¿igual lo vamos a realizar? Aunque estén muriendo ciudadanos, ¿igual lo vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a hacer para que aquellos que están enfermos vayan a votar? ¿O no tienen ese derecho? Y los que van a votar, ¿van a ir a votar tranquilos pensando que pueda haber algún enfermo en la fila? ¿Qué sucede si el acto eleccionario provoca un peak aún mayor que el que haya en ese momento? ¿Alguien de esta Cámara se va a hacer finalmente responsable de la muerte de ciudadanos, de que las UTI estén repletas y de que familiares pierdan a un hermano, a una madre o a un padre?

Creo que es una irresponsabilidad decir que el plebiscito sí o sí se tiene que hacer el 25 de octubre –lo señalo a pesar de que soy de los que creen que se tiene que hacer sí o sí el plebiscito si no sabemos realmente cómo va a comportarse la enfermedad.

Cuando el diputado Jaime Mulet dice que hay que estar preparados para suspender el plebiscito, la izquierda lo insulta. Es increíble. Y me extraña que algunos de la izquierda tengan una bola de cristal y digan que no habrá problema alguno en octubre, como ocurrió en marzo.

¿Se acuerdan de la marcha por el Día de la Mujer realizada en marzo? En esa ocasión no dijeron nada, y ya había contagiados. No escuché ninguna voz de ningún partido de izquierda diciendo “no hagamos la marcha, para evitar contagios”.

Creo que llegó el momento de que dejemos un poco de lado el tema electoral -las reelecciones y los votos-, y pensemos en la gente.

Insisto en que este proyecto lo voy a apoyar y lo voy a aprobar, porque se tiene que realizar el plebiscito, pero hay un tema del que no se está haciendo cargo esta iniciativa, cual es la situación de aquellos que estén enfermos, es decir, de aquellos que estarán en sus casas y no podrán salir a votar porque estarán con covid-19, o de los que estarán internados en una clínica o en un hospital.

Por lo tanto, en las próximas horas vamos a presentar un proyecto para que se dé una nueva facultad al Servel: la de crear mesas móviles, para esos chilenos que no pueden salir, y así evitar contagios. La idea es que cuando haya que votar, sea en octubre o sea cuando fuere, de verdad la gente pueda hacerlo…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, por un Chile libre, por todo lo marchado, por la lucha de tantos años, por los que despertaron, porque Chile lo construimos entre todas y todos, por un proceso constituyente; si Chile eligió un Presidente con tan poca participación, ¿a qué le temen hoy?

Yo y mis compañeros firmamos un compromiso con Chile, no con usted -por su intermedio, señor Presidente-, diputado Vlado Mirosevic .

Creo en la democracia. Tratar de ilegítimo este proceso es una cobardía, como lo hace el diputado Urruticoechea , que, como un cachorro, muerde y arranca. Valentía es enfrentar este proceso con madurez y responsabilidad; un proceso que se ganó en la calle.

Yo y los comunistas aprobamos hoy y el 25 de octubre.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, el próximo 25 de octubre será un día histórico. Será el día en que los chilenos resolverán si quieren o no una nueva Constitución democrática, si quieren o no una Constitución redactada por delegados elegidos por ellos mismos o redactada por las élites parlamentarias.

Es una decisión trascendental para cada persona y para nuestro país, y la vamos a tomar de manera democrática, pacífica, en las urnas, decidiendo entre todos de manera civilizada en el plebiscito del 25 de octubre.

No podemos olvidar que para millones de chilenos el proceso constituyente también es una esperanza de poder reconstruir una convivencia con mayor justicia social, con más y más oportunidades de progreso para todas las familias.

Por todo lo expresado, el plebiscito del 25 de octubre es fundamental y se lo ganaron todos los chilenos.

Por eso rechazamos y repudiamos los intentos solapados o explícitos de la derecha no democrática de hacer boicot al plebiscito, que busca, aquí mismo, una y mil excusas para, de manera vergonzosa, poder desconocer, alterar por secretaría o suspender el acto del plebiscito del 25 de octubre. Todo porque los que están por el “Rechazo” reconocen que no tienen nada para proponer a los chilenos en el plebiscito ni tienen algún argumento competitivo para ganar en las urnas. Por eso buscan por secretaría impedir la voluntad popular. Son los mismos que suspendieron la democracia por 17 años en los 80 y que ahora se mimetizan y se asimilan a la ultraderecha de José Antonio Kast , y buscan suspender la democracia y el plebiscito en cuarentena. A ellos les decimos que no vamos a aceptar estas maniobras. Es vergonzoso que a 70 días del plebiscito quieran cambiar, por ejemplo, las alternativas de la papeleta de votación que tengan todos los chilenos en el plebiscito.

Otros ya están pidiendo que se postergue porque, según dicen, no estarían dadas las condiciones sanitarias mínimas, a pesar de que aplauden la reapertura de los malls, las multitiendas, la vuelta del fútbol, y acuden a supermercados y farmacias en pandemia, o no tienen problemas con las largas filas en el Registro Civil o en las AFP. Un poco de consecuencia les haría bastante bien.

Por eso, quienes creemos en la democracia respaldamos completamente este proyecto de ley, que busca que se tomen todas las medidas sanitarias, administrativas y médicas para que el plebiscito se realice en condiciones seguras y que se elimine todo riesgo de contagio. Queremos, los demócratas, que sea un plebiscito seguro, pero también participativo.

Hoy damos un paso necesario y le entregamos facultades al Servicio Electoral para que tenga todas las herramientas para asegurar que el plebiscito sea sanitariamente seguro, regulando la situación de los vocales de mesa, de los apoderados, aumentando los locales de votación, aumentando los horarios de votación, estableciendo franjas preferentes para la población de riesgo, los útiles electorales, etcétera.

El protocolo que el Servel deberá dictar deberá estar redactado antes del 10 de septiembre, con acuerdo del Ministerio de Salud. El Servel y el Ministerio de Salud, este gobierno, serán los dueños y encargados de realizar este plebiscito de manera segura y participativa.

Creo que la mayoría de los chilenos reconoce que este plebiscito es una oportunidad única que Chile no puede desaprovechar.

Queremos este plebiscito seguro, participativo, transparente, y espero que los chilenos estemos a la altura de este desafío.

Si siguen colocando obstáculos y piedras en el camino, recibirán el repudio de la ciudadanía.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, yo rechazo, y rechazo con mucha convicción. Voy a recordar unas palabras: “Contamos con una Constitución que ya no nos divide. Es un día muy grande para Chile. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática. Hoy despunta la primavera.”. Ricardo Lagos , 17 de septiembre de 2005.

Creo que el diputado Tohá se refería al Presidente Lagos cuando dijo que una persona, en un salón de La Moneda, firmó la actual Constitución. Efectivamente, la firmó Ricardo Lagos .

En segundo término, quiero reiterar algo que he venido planteando desde hace algunos días: actuemos con consecuencia.

Muchos de los diputados que están sentados en las bancadas de enfrente han sido elocuentes en pedir un retorno a clases seguro. Por eso han manifestado, reiteradamente, que no están las condiciones dadas para el retorno a clases y que no debemos exponer a nuestros niños a los efectos de la pandemia.

Les pido consecuencia. Hagamos un plebiscito seguro, pero hagámoslo cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. No arriesguemos la salud y la vida de nuestros adultos mayores al exponerlos cuando concurran a los locales de votación, en los que habrá, supuestamente, una gran concentración de personas, lo que generará un foco de contagio mayor.

Seamos consecuentes. Si no queremos que vuelvan nuestros niños a clases el 2020, por la inseguridad que significa esta pandemia, el mismo principio y el mismo criterio debiéramos aplicar para este plebiscito nacional.

¿Queremos un plebiscito seguro? Por cierto que sí. En ese sentido, creo que el plebiscito más seguro es el que no se hace, en este caso para no exponer a nuestra gente a los efectos de la pandemia.

Por último, quiero señalar que un cambio de Constitución Política demanda mayorías activas y participativas. Si esas mayorías no participan en un plebiscito como este es simplemente porque no existen y la gente no tiene la motivación para exponer su salud y participar de un evento que es innecesario.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, no puedo estar en más desacuerdo con lo que he escuchado hoy de parte de la bancada de la UDI.

Además, quiero afirmar que el 25 de octubre en nuestro país se vivirá un momento histórico, ya que por primera vez los chilenos y chilenas tendrán en sus manos la posibilidad de decidir la creación de una Constitución Política a través de un proceso democrático, con representación de todos y todas, participativo y, sobre todo, paritario.

Ya lo dijo don Eduardo Frei Montalva frente a miles de compatriotas en el teatro Caupolicán: lo que Chile necesita es una patria libre y democrática, con instituciones renovadas, de acuerdo con las nuevas realidades y exigencias, a través de una asamblea constituyente que represente a todos los sectores de nuestro país y dé absoluta garantía de legitimidad.

Ese discurso le costó la vida a nuestro camarada. Por eso, pregunto a esta honorable Cámara: ¿cuántas vidas costó recuperar la democracia en nuestro país? ¿Cuántas vidas nos ha costado la Constitución que tenemos en nuestro país, de la cual algunos se enorgullecen?

El proyecto de reforma constitucional que hoy discutimos no tiene otro fin que entregar al Servel, un órgano autónomo, las facultades necesarias para asegurar que este 25 de octubre el anhelo de nuestro camarada y ex-Presidente don Eduardo Frei se vuelva un hecho, y los ciudadanos y ciudadanas de este país, con la esperanza de que existirán las condiciones de salubridad suficientes, concurran a votar en el plebiscito y puedan elegir, de una vez por todas, la Constitución que quieren.

Por esa misma razón este proyecto de reforma constitucional debe ser aprobado. Cada uno de nosotros y nosotras debe concurrir con sus votos para asegurar que los chilenos y chilenas puedan llevar a cabo un proceso plebiscitario con las condiciones suficientes para que este virus, que ha atacado a tantos compatriotas, no empañe un proceso democrático histórico.

En el mismo sentido, el proyecto de reforma que hoy votaremos es lo único que en este momento puede asegurar la legitimidad del proceso mismo, puesto que permite que uno de los órganos con mayor legitimidad y seriedad en su actuar establezca y determine las medidas necesarias, en conjunto con la autoridad sanitaria, para que los votantes puedan estar a resguardo de su salud y concurran a las urnas el próximo 25 de octubre de la manera más segura y masiva posible.

Señalo lo anterior porque algunos han planteado que la votación de octubre debe contar con un quorum mínimo de aprobación para que esta sea legítima, dando a entender a priori que podrían desconocer sus resultados. Los que plantean eso son los mismos que en enero pasado negaron a Chile la posibilidad de contar con un voto obligatorio para este proceso plebiscitario. ¡Qué contradictorio es que algunos cuestionen este proceso!

Por lo tanto, hoy la Democracia Cristiana nuevamente concurrirá con sus votos para aprobar esta iniciativa.

Agradezco a Matías Walker , quien ha sido un guardián de este proceso tan necesario; también lo fue en su minuto el diputado Iván Flores durante el estallido social, pues también dio garantías para llegar a ese acuerdo, que pidió el propio Presidente de la República.

¡Llamo a todos a respetar el acuerdo que pidió el Presidente! ¿Será un proceso seguro? Sí. Le hemos dado todas las facultades, recursos y atribuciones al gobierno para que pueda enfrentar este proceso y la pandemia. ¿Se han cometido errores? Sí, pero este Congreso le ha entregado los recursos y todas las facultades para que cuide a la población en condiciones sanitarias, económicas y sociales.

Por lo tanto, llamo a hacer el trabajo. Llamo también, como presidenta de la Comisión de Gobierno, donde hemos trabajado para fortalecer la democracia y la participación, a que se acompañe este proceso a través del mismo gobierno, el cual, como ya dije, cuenta con todas las facultades para resguardar este proceso.

Asimismo, hago un llamado a los gobiernos regionales y a los consejos regionales, para que acompañen este proceso en cada región de manera segura y ordenada. Llamo también a los municipios y sus concejos, que siempre han manifestado toda la voluntad para avanzar en este proceso. Están todos los alcaldes hoy día comprometidos con ello, cuidando a su gente, pero también garantizando procesos democráticos que hemos honrado todos.

Por otra parte, hago un llamado a los dirigentes sociales que tienen un compromiso con el Chile que queremos, que ven una esperanza de poder salir adelante a través de este nuevo proceso que hemos fijado, para que el 25 de octubre sea seguro y acompañemos a la población.

Tenemos, entonces, un gran desafío que no podemos perder de vista. Hoy tenemos una emergencia sanitaria, situación muy difícil que estamos enfrentando como país, pero debemos seguir aprendiendo y reforzando los cuidados necesarios cada día.

Hago un llamado especial a los ciudadanos y ciudadanas en materia del autocuidado que deben tener el día del plebiscito, a fin de evitar generar las condiciones para que haya más contagios. Creo que en ese aspecto hay una gran responsabilidad, y nos queda mucho…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, entre las cosas que se han visto fuertemente afectadas por la pandemia que estamos viviendo se encuentra la realización del plebiscito nacional que está fijado para el próximo 25 de octubre.

Esta pandemia ha demostrado la importancia que tiene la política para la detección y resolución de los asuntos y problemas públicos, desde la forma de detección del contagio hasta los mecanismos para reactivar la economía. Todas esas decisiones pasan por las autoridades de gobierno y por este Parlamento.

Hemos visto lo anterior en nuestro trabajo legislativo. Desde marzo a la fecha, semana tras semana, hemos aprobado proyectos de ley que tienen directa relación con los efectos de esta pandemia en la vida de chilenas y chilenos, con la finalidad de que el Estado llegue en ayuda de los más vulnerables y de quienes más lo necesitan.

Ha quedado demostrado que si bien la Constitución actual nos ha permitido salir del paso, es un texto que no permite prever eventuales complicaciones a futuro, como en el caso de una pandemia.

Ha quedado demostrado que tenemos un Estado grande, pero con muchas debilidades: es lento e ineficaz y no llega de manera oportuna.

Además del estallido social que vivimos en octubre pasado, esta pandemia nos ha llevado a reflexionar sobre qué esperamos de todos los ciudadanos y cuáles son nuestros derechos y deberes en este contexto.

Es un deber cuidar el evento democrático de mayor magnitud e importancia de las últimas décadas. Esto implica que no puede quedar a la deriva por falta de adecuación de normas que regulen el proceso. Será fundamental proteger la salud de las personas y asegurar que cuenten con altos niveles de participación electoral, de modo de sustentar la representatividad y dotar de la mayor legitimidad al proceso, cualquiera que fuere su resultado.

Tendremos que permitir las modificaciones relacionadas con el plebiscito, porque eso posibilitará disminuir los efectos sanitarios de las grandes aglomeraciones de gente estimada para un día de votaciones, aumentar la asistencia, reducir el miedo al contagio, entregando seguridad y medidas sanitarias en los lugares de votación. Esto cobra total importancia, considerando la relevancia de que este proceso, sea cual sea el resultado, cuente con un importante porcentaje de participación ciudadana en favor de su legitimidad.

Dentro de las medidas sanitarias técnicas propuestas, se encuentran: número y características de los locales de votación, distanciamiento en el acceso y dentro de estos, ampliación de horario, diferenciación y apoyo a grupos de mayor riesgo de contagio y materiales para la votación. Todo ello permitirá entregar seguridad para que los centros de votación no sean focos de contagio, permitiendo la participación responsable de todos los votantes en el proceso.

Finalmente, señalo la importancia de realizar el plebiscito como tal. En las últimas semanas, en medios de comunicación se han visto diversas opiniones sobre su realización, pero consideramos que esto es importante para las chilenas y los chilenos que quieren participar y opinar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos y treinta y ocho segundos, el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, el estallido social y la pandemia desnudaron el Chile que hoy día vivimos, desnudaron la crudeza y la falla de una institucionalidad que está absolutamente desgastada y que no da cuenta del Chile de hoy; desnudaron a una Constitución que mantiene un espacio y una infraestructura institucional que, en definitiva, no está acorde con los tiempos modernos y que solamente privilegia a un sector acomodado y privilegiado de la sociedad chilena, dejando sin servicio, sin apoyo a la inmensa mayoría de chilenos.

Ante esta crisis institucional, hoy nuestro país se ha dado la oportunidad de generar un nuevo pacto social que dé cuenta del Chile de hoy y del Chile que queremos construir en los próximos cien años. ¡Eso es el plebiscito!

Por lo tanto, hoy más que nunca tenemos que entregar la garantía a todos los chilenos de que podrán participar tranquilamente en un proceso constituyente seguro. Ese es el único objeto que tiene este proyecto de reforma constitucional.

He escuchado con sorpresa las palabras de varios colegas que mantienen este discurso alarmista, contrario, desesperado, buscando defender a toda costa el legado de Pinochet. Porque, digámoslo con todas sus letras, los discursos de algunos parlamentarios hoy día lo único que han demostrado es la existencia de una derecha ultra que mantiene con fuerza el legado del dictador.

El discurso que plantea la participación de un mínimo de diez millones de chilenos para que el plebiscito tenga validez, el llamado hecho en el sentido de que este plebiscito es un acuerdo para evitar la delincuencia, el no entender lo que viven hoy miles y miles de chilenos es lo que debemos detener.

El llamado debe ser para que la mayor cantidad de chilenos pueda participar en un proceso histórico para nuestro país. El llamado de este Congreso debe ser a entregar las herramientas necesarias para que el Servicio Electoral adopte las medidas que se requieran para que todos los chilenos puedan asistir tranquilamente a manifestar su opción. Ojalá que gane el “Apruebo”. Como bancada del Partido Socialista, estaremos detrás de esa opción y haremos todos los esfuerzos tendientes a terminar con el legado más férreo que puso la dictadura en la historia de nuestro país: la Constitución de 1980.

Hoy día no existe una dicotomía entre izquierda y derecha y clases sociales. Hoy día el clamor de los chilenos es que el sistema institucional que nos rige debe cambiar, y ese cambio se inicia con el plebiscito del 25 de octubre. Espero que la mayoría de los chilenos participe y se manifieste con alegría, con fuerza por el “Apruebo” para el cambio constitucional.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, hasta por dos minutos, el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, un diputado decía que en la oposición teníamos una bola de cristal. ¡Chuta! ¡Nos descubrió! Y ahora mismo, mirando mi bola de cristal, se lo adelanto: el resultado del plebiscito será el repudio a la Constitución de Pinochet y a todos los partidos que apoyaron su dictadura.

Está quedando claro que el tema principal acá es la seguridad para votar. Pero mucha más seguridad tendríamos en este momento si se hubieran investigado otras sustancias que muchos médicos conocen y las han usado con éxito. Pero no, solamente decir el nombre de algunas de esas sustancias es una herejía. ¡Estamos en el medioevo! Sin embargo, el Presidente Piñera negocia con China; arriesga a los chilenos probando una vacuna de la que acá los médicos no tienen ni idea. Estas sustancias, que no puedo nombrar, ya que es una herejía, las están usando en Bolivia, respaldados por un proyecto que llegó al Congreso y que ahora es ley, y, además, por la autonomía departamental. Allá la están utilizando, y les está funcionando bien.

¡Hay una luz! ¡Hay que pedir copia de ello! Aquí, en Chile, hay médicos que, bajo consentimiento informado, están usando aquellas sustancias que no puedo nombrar. Están criminalizando todo. El ISP lo está haciendo, y lo niega. Mientras, mucha gente está muriendo.

¿Por qué no se investiga aquello?

Responsablemente, le entregué toda la documentación al ministro de Salud. Mi reclamo es de cara limpia.

Repito: existe la posibilidad de salvar vidas, y no lo están haciendo, ¡por la chucha!

¡Perdón!

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, sin duda, Chile va a despertar el día en que se realice este plebiscito y, finalmente, demostremos con los votos cuáles son las preferencias y las mayorías que tiene este país.

Para mí el plebiscito tiene un significado tremendamente especial: es la derrota de la violencia vivida en las calles. Eso representa el acuerdo que se hizo el 15 de noviembre. Por esa razón, para la inmensa mayoría de los militantes de la UDI es tan importante realizar este plebiscito. Queremos el plebiscito sí o sí, y para ello estamos dispuestos a avanzar y aprobar este proyecto, que dará mayores facultades al Servel. La derrota de la violencia se vivirá el día en que podamos realizar este plebiscito.

Yo estoy por el “Rechazo”, pero por la convicción que tengo de que esta es una buena Constitución para Chile, no porque la haya firmado el Presidente Pinochet , la haya firmado el Presidente Lagos , la firme el actual Presidente Piñera o el futuro Presidente Lavín . Eso no está en discusión, sino cuáles son los artículos que permiten tener una sociedad más justa en nuestro país.

Por eso, es muy importante también tener la capacidad de escuchar a personas, como el diputado Mulet , que plantea que hay que tener parámetros objetivos que nos permitan definir si efectivamente se puede realizar el plebiscito. ¿Por qué hablo de parámetros objetivos? Porque todos los discursos que he escuchado aquí son subjetivos. Creo que acá deben primar la defensa y el cuidado de la salud. En ese sentido, debemos dar las garantías a todos los chilenos y chilenas para que ese día puedan acudir a votar libre e informadamente.

Soy un firme defensor de que el plebiscito se tiene que realizar sí o sí, pero con las condiciones sanitarias adecuadas. Tenemos que definir ahora cuáles deben ser esos parámetros para ver en qué condiciones se realiza; si no, postergarlo por treinta días, como planteó el diputado Mulet , y efectuarlo junto con las elecciones primarias de gobernadores regionales y alcaldes.

Vamos a votar a favor este proyecto, para que el Servel tenga mejores atribuciones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos y veintiún segundos, la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina ) [vía telemática].-

Señor Presidente, estamos en medio de la que posiblemente sea la crisis sanitaria más grande que nos toque sufrir; una crisis que ha develado la precariedad en la que vive gran parte de la población de nuestro país, que, incluso teniendo una fuente laboral de ingresos permanentes, está a uno o dos sueldos de caer bajo la línea de la pobreza.

La falta de certezas mínimas es parte de esta pandemia, como también es parte de la crisis institucional, política, social y económica que se expresó en octubre. Esa falta de certezas produce angustia, y esa angustia se transforma en rabia que, cuando se acumula, termina por manifestarse, porque es demasiada.

Hoy defendemos la posibilidad de darle cauce institucional a ese conflicto, y esa salida no es otra que el plebiscito de octubre, que se ganó en la calle y que abrirá, por primera vez en nuestra historia, la posibilidad de que todos y todas decidamos juntos el futuro que queremos. Por lo tanto, ese plebiscito debe tener resguardos. Queremos que la gente vaya a votar, pero que vaya segura, con la certidumbre de que el Estado habrá tomado todas las medidas necesarias para evitar los contagios, de modo que nadie tenga que arriesgarse, exponer su salud o la de su familia.

Sabemos que hay quienes preferirían que el plebiscito no se hiciera. El 15 de noviembre querían que no se hiciera, y que se pasara directamente a la convención. En abril, el actual canciller, entonces senador, volvió a sugerir que se suspendiera. Luego quisieron sacar de la papeleta la convención constitucional, y todavía quieren hacerlo. Ahora, pretenden establecer un mínimo de participación.

Estamos hablando de los mismos que se opusieron al voto obligatorio el 15 de noviembre, cuando firmamos el acuerdo, y se opusieron también este año, cuando votamos el proyecto del voto obligatorio en la Sala.

Si están aquí sentados, legislando, asumo que es porque creen en la democracia, pero la falta de compromiso democrático y con este proceso no dejan de sorprenderme. Lamento mucho que no hayan entendido las crisis de octubre ni la actual.

Eso pasa porque no conocen al pueblo que gobiernan. Culpan a la gente por salir a la calle en medio de la pandemia a buscar sustento, sin entender que lo hace simplemente porque no tiene otra opción. Reprocharon que la gente levantara ollas comunes durante las protestas, sin entender que no tenía otra opción, porque si no levantaban la olla común, pasarían hambre.

Hoy intentan asustar a la gente para que no vaya a votar, pero ahora sí tenemos opción. Nos ganamos en la calle la opción de marcar el “Apruebo” y la “Convención constitucional”, y vamos a ejercer ese derecho a optar, porque nos cansamos de que la dignidad sea inconstitucional. Nos cansamos de eso.

Ir a votar también es una actividad esencial. No tenemos miedo. “Nos han quitado tanto, que también nos quitaron el miedo”. Esa era una de las consignas que se escuchaban en octubre.

No más miedo como forma de control. Miedo al virus, miedo a la represión, miedo a las predicciones apocalípticas sobre lo que podría pasar si se aprobaba el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones. No sé si lo recuerdan, pero todo eso era completamente falso. No se acabó ni se incendió Chile con ese retiro, y tampoco se acabará porque se lleve a cabo el plebiscito ni cuando ganen el “Apruebo” y la “Convención constitucional”.

El terror que intentan imponer no es otra cosa que el que ellos mismos le tienen al pueblo de Chile.

Confío en que este proyecto se apruebe y se despache hoy. El plebiscito debe ser seguro y tener la misma cancha para los independientes, para las mujeres y, sobre todo, para los pueblos indígenas. Tenemos que empujar con fuerza los escaños reservados para los pueblos indígenas. Saludo que justo hoy se comience a discutir ese proyecto en la Comisión de Constitución del Senado, porque solo las primeras naciones serán capaces de representar su propia voz en la convención constitucional. Un mínimo ético y democrático es asegurar su participación.

Por lo expuesto, porque el pueblo se ganó el derecho a decir no más a esta Constitución y al modelo que nos impusieron, la bancada de Revolución Democrática y el resto del Frente Amplio votarán a favor este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, partiré por aclarar algunas interpretaciones mal intencionadas o mentiras, no lo sé, que se han expresado en este debate.

Antes de ello, debo decir que me emociona la vehemencia con la que quieren borrar lo firmado por Ricardo Lagos , militante socialista que firmó la reforma constitucional de 2005. Me emociona la vehemencia con la que el diputado Ilabaca quiere terminar con lo que firmaron Vidal y Eyzaguirre , y cómo la Democracia Cristiana quiere terminar con lo que firmaron Yasna Provoste e Ignacio Walker .

Para no engañar a la gente, aclaro que no se está discutiendo respecto de si hay o no plebiscito. ¡No mientan! ¡No sigan mintiendo! Lo único que se pretende regular es la forma en que se constituirán las mesas, los horarios de funcionamiento, las causales de exclusión, la cantidad de personas máximas que podrán votar en cada recinto o qué lápiz se ocupará. ¡Esa es la verdad!

En esta discusión hay temas más de fondo, que son principalmente tres: el primero es que emociona la fuerza con que el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio defienden el plebiscito, que es parte del acuerdo que no fueron capaces de firmar el 15 de noviembre. Las fuerzas antidemocráticas de Chile, lideradas por el Partido Comunista, no firmaron ese acuerdo; sin embargo, hoy pretenden sumarse al baile.

El segundo tema de fondo es que es evidente que hay que analizar constantemente la opción de suspender el plebiscito en caso de que aumente el nivel de contagios.

El Colegio Médico, el 16 de marzo de este año, propuso posponer el plebiscito, cuando solo había 160 contagiados. Hoy propone hacer el plebiscito, no obstante que tenemos 15.800 contagiados activos.

Lo que pido es coherencia. Si las cifras bajan, si están las condiciones, habrá plebiscito, pero lo que no podemos hacer es cerrarnos desde ya a la posibilidad de analizar la situación.

Probablemente, el diputado Mulet , quien ayer llamaba a analizar la situación, lo hizo porque se da cuenta de que su región tiene los índices más altos de contagio en Chile, y eso, evidentemente, tiene que ser un motivo de preocupación.

Por lo tanto, no es hoy, ni será mañana, ni el 1 de septiembre, sino probablemente en un mes más, cuando, luego de analizadas las condiciones de seguridad para la gente, tendremos que decidir si se posterga o no el plebiscito.

Por último, quiero hacer un llamado al Servel, que es el órgano que deberá adoptar todas estas medidas, porque hasta ahora no ha dicho nada categórico respecto de cómo votarán las personas que presentan covid positivo. Soy partidario de que esas personas no vayan al lugar de votación, de que no concurran a las urnas, para no poner en riesgo a millones de personas, especialmente a los adultos mayores. Busquemos mecanismos distintos para que puedan ejercer su derecho a sufragar, quizás a distancia o a través de una carta certificada, pero evitemos que concurran personalmente a votar, porque eso podría contagiar a millones de personas.

En todo caso, para que el plebiscito sea realmente válido, éticamente válido, necesitamos fijar una cantidad mínima de personas que concurran a votar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Crispi .

El señor CRISPI.-

Señor Presidente, por su intermedio me dirijo al diputado Coloma . Usted habla de fijar un umbral que sea éticamente razonable. ¿Cuál es ese umbral? Es la mayoría de los que participan con su voto en las urnas la que define si vamos a tener o no una nueva Constitución.

¿Con qué autoridad ciertos sectores de la derecha vienen a decirnos cuánto es lo democrático en relación con el resultado de una elección?

Ahora les interesa la participación -¡ahora!-, porque antes se pronunciaron en contra del voto obligatorio.

Necesitamos cierta coherencia. No puede ser que se le quiera cambiar el nombre, la fecha y hasta poner un umbral de votación a este plebiscito. ¡Hasta cuándo! Sabemos que hay un sector que es partidario del “Rechazo”; son los mismos que el 26 de octubre tendrán que ir a poner la cara frente a la derrota estrepitosa que sufrirán, porque el pueblo de Chile optará por el “Apruebo”.

Lo que hace este proyecto es darle una señal clara a la ciudadanía para que participen y respecto de que hay un sector de la clase política que está trabajando para darle certidumbre y que pueda participar. Sin embargo, hay otro sector que quiere sembrar la incertidumbre.

Por ello, hago un llamado al gobierno, al Presidente de la República, para que ordene su casa. No es posible que el Presidente diga que habrá prescindencia del gobierno y que haya ministros que estén debatiendo entre el “Apruebo” y el “Rechazo”. Entiendo que lo hagan los parlamentarios de Chile Vamos, porque responden a sus partidos, pero el gobierno es de todos los chilenos y chilenas, y su rol es garantizar que este plebiscito se realice en las mejores condiciones.

Nosotros estamos haciendo nuestra pega y el gobierno debe hacer la suya. Por eso, el hecho de que los principales ministros estén dando ese debate: que sí, que no, entre el “Apruebo” y el “Rechazo”, enloda lo que uno espera de un gobierno.

A mi juicio, este proyecto entrega certidumbre, y las expectativas que tiene la ciudadanía sobre nosotros van en esa dirección.

Por lo tanto, no vamos a permitir que se enlode este proceso constituyente con iniciativas ridículas, como por ejemplo, poner un umbral de votación para que el plebiscito sea válido y legítimo. La legitimidad del plebiscito la entrega el pueblo y no lo que el señor Coloma señale en esta Sala.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .

La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-

Señor Presidente, formo parte de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la que durante varias sesiones pudimos discutir, revisar y aprobar por unanimidad -quiero destacarlo este proyecto de reforma constitucional, que busca modificar normas respecto del plebiscito nacional de octubre de 2020.

Soy de las personas que cree que en nada ayuda la polarización del debate, menos en esta instancia en la que, creo, estamos cumpliendo con nuestro deber y nuestra obligación, porque, como autoridades políticas, elegidas democráticamente para representar a nuestros distritos, tenemos la obligación de modificar las normas que regularán y guiarán el plebiscito nacional a realizarse en octubre de 2020.

Cuando hubo que reagendar la fecha del plebiscito -recordemos que originalmente estaba fijado para el 26 de abril para el 25 de octubre, nadie puso en discusión que el interés primordial era el cuidado de la salud y de la vida de todos nuestros compatriotas. Nadie dudó de que, incluso, había que reagendar otras elecciones de autoridades elegidas democráticamente.

¡Qué duda cabe de que, si surge un rebrote de la enfermedad o en octubre no están las condiciones sanitarias para realizar el plebiscito nacional, también va a imperar el sentido común de reagendarlo nuevamente si es necesario! Lo que no puede ocurrir es que, meses antes de que este se realice, no seamos capaces de dar certeza a nuestro país ni de entregar al Consejo Directivo del Servicio Electoral, órgano autónomo, las atribuciones para que pueda dictar todas aquellas normas e instrucciones necesarias para el desarrollo del referido plebiscito nacional.

Vamos a votar cuestiones básicas para asegurar que se lleve a cabo el plebiscito sin poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Hemos establecido un quorum de cuatro quintos de sus miembros en ejercicio para que el Consejo Directivo del Servel tome las decisiones que correspondan sobre la instalación, funcionamiento y horario de las mesas receptoras de sufragios, pudiendo ampliar su funcionamiento hasta un máximo de doce horas; pueda promover horarios preferentes para que voten grupos de personas que pueden estar más expuestas; establezca el número y las causales de excusas o exclusión de los vocales de mesas, entendiendo que estamos en una crisis sanitaria; determine el aforo máximo de personas al interior de los locales de votación; fije el distanciamiento mínimo necesario entre las mesas receptoras de sufragios; determine las características y número de las cámaras secretas por cada mesa receptora de sufragios, así como el número máximo de apoderados por cada opción plebiscitada.

Insisto en que en esta jornada no nos hemos convocado para discutir un proyecto que incline la balanza hacia el “Apruebo” o hacia el “Rechazo”; no nos hemos convocado para debatir sobre las reformas que queremos hacer a la Constitución ni menos para decir a los chilenos cómo deben votar el próximo 25 de octubre. Nos hemos convocado para cumplir con una obligación y un deber, cual es proveer las modificaciones necesarias a nuestra Constitución para que el Consejo Directivo del Servel, con un quorum alto, disponga las modificaciones necesarias para llevar a cabo de la mejor forma posible el plebiscito nacional. No seremos nosotros, entre cuatro paredes, ni los partidos políticos, ni un grupo de personas ni el gobierno el que decida sobre esta materia.

Tal como hemos actuado en la Comisión de Constitución, en forma transversal y por unanimidad, poniendo por delante nuestra obligación, espero que hoy en la Sala de la Cámara de Diputados y diputadas prime esta obligación y no lo que queramos marcar el próximo 25 de octubre.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, hago uso de la palabra para precisar un punto que algunos no han entendido bien.

Señalé que si se dan determinadas condiciones de salud complejas podría haber un rebrote. Presido la Comisión Especial Investigadora relativa a los actos del gobierno relacionados con la covid-19 y medidas para mitigar efectos de la pandemia. Allí he escuchado a muchos expertos, por lo que reitero que puede ocurrir una situación compleja.

No señalé que se suspendiera el plebiscito, sino que se aplazara, que no es lo mismo que suspender. Suspender es dejar en suspenso, en el aire; aplazar es posponer para un momento específico, concretamente para el 29 de noviembre. En esa fecha -muchos no lo recuerdan hay elecciones primarias de gobernadores regionales y alcaldes. Son primarias legales, por lo que hay que tener al país preparado para ese proceso.

Ese es el sentido de lo que propuse y lo preciso para aquellos que no lo han entendido bien. Repito que no busco que se suspenda el plebiscito, porque obviamente los que estamos por el “Apruebo” queremos que el plebiscito se lleve a cabo de la mejor manera y pueda participar la mayor cantidad de chilenos y chilenas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, estimados y estimadas colegas, esta discusión es absolutamente trascendente. Indica, y debe indicar, la voluntad absolutamente inquebrantable de este Congreso en cuanto a que el plebiscito se realice, tal como decidió el país a través de la reforma constitucional que estableció el mismo plebiscito.

Por eso, extraña que, en muchas intervenciones, haya tanta preocupación de que puedan existir condiciones sanitarias u otras desfavorables para que el plebiscito pudiera postergarse, aplazarse o suspenderse. Creo que lo que corresponde a una visión optimista y consecuente con las decisiones que tomamos es lo que hacemos hoy: generar todas las condiciones necesarias para que el plebiscito pueda realizarse en forma segura, protegiendo la salud de la comunidad.

Quienes han puesto condiciones fuera de la Constitución Política de la República o condiciones de quorum que serían necesarias para que el plebiscito pueda realizarse, como lo han hecho algunos senadores, incurren en una actitud absolutamente temeraria e irresponsable. Una cuestión que es muy clara en las normas que nos hemos dado es que solo el Congreso podría cambiar las condiciones para que el plebiscito no se realice, porque solo una reforma constitucional, con la mayoría necesaria, lo podría modificar. Ninguna medida administrativa, ni de gobierno, ni ningún decreto, ni siquiera de mantención de la emergencia sanitaria, podría cambiarlo; solo el Congreso puede hacerlo.

La ciudadanía debe tener plena conciencia de que solo en condiciones muy extremas podría ocurrir alguna postergación o aplazamiento. Hoy, el gobierno y muchos parlamentarios en esta Sala han afirmado, consecuente y democráticamente, que el plebiscito debe llevarse a cabo. Otros han sembrado dudas. Creo que esa no es una actitud democrática responsable.

Por eso, llamo a todas y a todos los diputados a que continuemos perseverando en realizar este evento y, sobre todo, a que se tomen nuevas medidas por el Servel y las autoridades responsables del transporte público durante el día del plebiscito.

Debemos tomar el desafío de plantear al gobierno la necesidad de establecer condiciones especiales de transporte público, para que…

El señor GONZÁLEZ (don Félix) [vía telemática].-

Señor Presidente, en relación con el proyecto que establece medidas sanitarias para el plebiscito, presenté cuatro indicaciones, que son las únicas que se presentaron. En razón de ello, de aprobarse la iniciativa, quedaríamos obligados a devolverla a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que tramite las indicaciones y, eventualmente, el proyecto deberá ser enviado al Senado en tercer trámite constitucional.

Presenté las indicaciones porque creo importante entregar al Servel todas las herramientas que le permitan garantizar un plebiscito y elecciones seguros, en el sentido de que pueda dividir mesas, reducir la cantidad de vocales, permitir que las personas con covid-19 o en cuarentena puedan votar afuera de su domicilio, con una mesa móvil, y también que las personas privadas de libertad que no hayan sido condenadas a pena aflictiva puedan ejercer su derecho a sufragio en los recintos penitenciarios.

En este acto, retiro esas indicaciones. Las incluiré en un proyecto de ley que espero pueda verse en la Comisión de Gobierno Interior. Lo hago para que esta iniciativa pueda convertirse en ley de la república lo antes posible, a fin de empezar a dar certezas sobre el proceso plebiscitario.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que “flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19, y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227”.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos a cada bancada que tenga dos o más Comités, y cinco minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputados informantes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda son los señores Ramón Barros y Daniel Núñez , respectivamente.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 57ª de la presente legislatura, en miércoles 12 de agosto de 2020. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 60ª de la presente legislatura, en martes 18 de agosto de 2020. Documentos de la Cuenta N° 21.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

El señor BARROS (vía telemática).-

Señor Presidente, en nombre la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo tramite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que “flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19, y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227”.

A las sesiones que la comisión destinó al estudio de esta iniciativa legal asistieron la señora María José Zaldívar Larraín , ministradel Trabajo y Previsión Social; el señor Ignacio Briones Rojas , ministro de Hacienda, y el señor Francisco del Río Correa , asesor legislativo de esa secretaría de Estado.

Al cabo de su discusión general, que contó con exposiciones, tanto de autoridades de gobierno como de invitados por la comisión, las que constan en el informe que mis colegas tienen en su poder, y que en aras del tiempo no detallaré, el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los trece miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Durante su discusión particular se rechazaron los artículos 3 y 4, que constituían los principales contenidos aprobados por el honorable Senado y que incrementaban transitoriamente el monto de las prestaciones del seguro de cesantía y el monto y giros de las prestaciones de la ley N° 21.227, al no aprobarse las indicaciones que mejoraban dichas prestaciones y que, por ello, eran inadmisibles.

Entiendo que esas indicaciones fueron repuestas en la Comisión de Hacienda, que vio el proyecto posteriormente, pero en lo que se refiere a nuestra comisión, ello trajo consigo que la mayor parte del proyecto, cuyas normas hacían referencia a dichos artículos, perdiera su efectividad legal.

Entre las disposiciones aprobadas por el proyecto que hoy se somete a consideración de ustedes, se facilita el acceso de las trabajadoras y los trabajadores de casa particular al ingreso familiar de emergencia, y por una indicación aprobada por mayoría, cuya inadmisibilidad fue advertida por el señor secretario y, no obstante, su admisibilidad fue reclamada y aprobada por 7 votos a favor y 6 en contra, se les permite, una vez agotados los recursos acumulados en su cuenta individual de indemnización del 4.11 por ciento, percibir del Fondo de Cesantía Solidario las mismas prestaciones que entregaba el artículo 4 rechazado.

Asimismo, entre otras disposiciones, se extiende la vigencia de la ley de protección del empleo y de esta ley hasta por cinco meses mediante decreto supremo; el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo a que se refiere el Título II de la ley N° 21.227, podrá suscribirse hasta el 31 de julio de 2021; la sociedad administradora podrá tener derecho, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, a una retribución adicional a la que se refiere el artículo 30 de la ley N° 19.728; el Ministerio del Trabajo remitirá al Congreso Nacional el informe que contenga un análisis de la cobertura e impacto, global y específico, de los distintos textos legales destinados a apoyar a los trabajadores, dictados con ocasión de la pandemia por covid-19.

Del mismo modo, se aprobaron tres artículos nuevos, mediante los cuales se permite a los trabajadores y trabajadoras acogidos a las disposiciones de los títulos I y II de la ley N° 21.227, para compensar la caída de sus ingresos mensuales, celebrar nuevos contratos de trabajo de carácter transitorio con otros empleadores, sin que por ello pierdan el vínculo laboral ni el pago de las prestaciones provenientes del seguro de cesantía.

Por el segundo se previene que en el evento de que cesen los efectos de la suspensión de la relación laboral regulada en el Título II de la ley N° 21.227, los empleadores al momento de reintegrar a los trabajadores y trabajadoras no podrán discriminar en el trato ni establecer diferencias arbitrarias entre quienes hubiesen suspendido sus contratos de manera unilateral por acto de autoridad y aquellos que suspendieron sus contratos de común acuerdo.

Por último, se dispone que los efectos de la suspensión de la relación laboral, materia regulada en el Título I de dicha ley, solo afecta el cumplimiento de las obligaciones del contrato individual de trabajo, siendo plenamente exigibles las obligaciones pactadas en contratos colectivos y que se encuentren vigentes.

Finalmente, me permito hacer presente a mis colegas que la comisión, siguiendo el mismo criterio del honorable Senado, concordó en que el articulado del proyecto, con excepción de los artículos 9, 13, 14, 16 ter, 16 quáter, 17 y 18 permanentes, y el artículo transitorio deben ser aprobados con quorum calificado, por cuanto regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, número 18°, en relación con lo establecido en el artículo 66, inciso tercero, ambos de la Carta Fundamental, criterio que la comisión compartió.

Como consecuencia de todo lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social presenta para su discusión en esta Sala el texto del proyecto de ley que se contiene en el informe referido.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor NÚÑEZ (don Daniel) [vía telemática].-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo relativo a su incidencia presupuestaria, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique , que “flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo de la pandemia originada por el covid-19, y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227”.

En representación del Ejecutivo concurrió a presentar el proyecto la ministradel Trabajo y Previsión Social, señora María José Zaldívar , junto con el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones . Además, se contó con la exposición del director de Presupuestos, señor Matías Acevedo .

La idea fundamental de la iniciativa apunta a mejorar el acceso, monto, cobertura y número de pagos del seguro de desempleo, en orden a mejorar la protección de los trabajadores durante este período de crisis.

En particular, el proyecto propone modificaciones en tres normas legales. En primer lugar, en el seguro de desempleo establecido en la ley N° 19.728, incorpora el derecho a los trabajadores afiliados que se encuentren cesantes o que quedaren cesantes, a las prestaciones con cargo a la cuenta individual por cesantía y a los giros con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de dicha ley, si cumplen cualquiera de los requisitos alternativos señalados en el artículo 2 de la ley N° 21.227. Este beneficio regirá hasta el 31 de octubre de 2020.

Asimismo, para acceder a las prestaciones del seguro se rebaja el requisito a tres cotizaciones continuas anteriores al término de contrato, o a seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en los últimos doce meses anteriores al mes de término del contrato, debiendo ser, en este caso, las últimas dos cotizaciones continuas con el mismo empleador.

En materia de pago de las prestaciones, se establecen tablas transitorias, con cobertura de beneficios por cesantía, que modifican las tablas regulares de reemplazo establecidas en los artículos 15 y 25 de la ley Nº 19.728. Con ello se establece un porcentaje promedio de la remuneración del 70 por ciento el primer mes, del 55 por ciento entre el segundo y quinto mes, y del 50 por ciento desde el sexto periodo.

Se establece también la tabla con los intervalos de pagos para cada mes, cuyos tramos comparten un piso de 225.000 pesos y un techo que comienza en 652.956 pesos el primer mes y que concluye con 419.757 pesos el quinto y último período, que podrá ser aumentado a 55 por ciento si se cumplen determinados parámetros fijados por decreto supremo.

En segundo lugar, en la ley N° 21.227 se introducen modificaciones que estarán vigentes hasta el 31 de octubre de 2020, para establecer un mínimo de cobertura durante el período de suspensión del contrato de trabajo equivalente al 55 por ciento de la remuneración promedio del trabajador previa a la suspensión, lo que regirá desde el segundo hasta el cuarto mes de cobertura, sin distinguir entre trabajadores con contrato a plazo indefinido y con contrato a plazo fijo o por obra. El quinto mes tendrá el mismo tratamiento de las prestaciones del seguro de desempleo ya señaladas. También se podrá incorporar un sexto y séptimo giro.

En tercer lugar, en la ley N° 19.728 se dispone la forma en que se normará que con cargo al Fondo de Cesantía Solidario pueda otorgarse una retribución adicional a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía. Esta norma será determinada mediante un estudio elaborado por la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos, a más tardar en agosto de 2021, para lo cual el proyecto de ley establece las variables que deberán ponderarse.

El proyecto incorpora también beneficios a los trabajadores de casa particular, permitiendo su acceso al ingreso familiar de emergencia, cuando tengan suspendido su contrato laboral, asumiendo que no disponen de ingresos provenientes de rentas del trabajo.

En materia de financiamiento, la iniciativa establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el presente año presupuestario se financiará con cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Por su parte, el Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que las prestaciones que regula este proyecto de ley serán financiadas con cargo a la Cuenta Individual por Cesantía y al Fondo de Seguro de Cesantía de la ley N° 19.728. Al respecto, la Superintendencia de Pensiones afirmó en su “Informe de Sustentabilidad de los Fondos de Cesantía”, del 24 de junio pasado, que la presente iniciativa legal no compromete la sustentabilidad a largo plazo del Fondo. Se precisó que el Fondo Solidario de Cesantía cuenta actualmente con 3.900 millones de dólares, mientras que en las cuentas individuales de los trabajadores se acumulan cerca de 7.800 millones de dólares.

Asimismo, y según lo establecido en la ley N° 21.227, se dispone de una autorización para comprometer recursos fiscales por la cantidad necesaria para el financiamiento de las prestaciones por hasta 2.000 millones de dólares, lo que garantiza la sustentabilidad del Fondo de Cesantía.

Finalmente, se indicó que la iniciativa no irroga gasto, pues los recursos se recuperarán en el tiempo a medida con los depósitos del fondo de cesantía.

Tras el debate de los integrantes de la comisión y la formulación de diversas consultas e inquietudes a las autoridades presentes, fueron puestas en votación las disposiciones del proyecto de ley.

Se aprobaron por mayoría de votos todos los artículos que no presentaron indicaciones. Votaron a favor la diputada señora Cid y los diputados señores Jackson , Lorenzini , Melero , Ortiz , Pérez, don Leopoldo ; Ramírez , Santana , Schilling , Sepúlveda, don Alexis ; Von Mühlenbrock y el Presidente accidental, señor Monsalve . Se abstuvo el diputado señor Núñez .

La comisión aprobó luego las indicaciones del Ejecutivo que repusieron los artículos tercero y cuarto del proyecto de ley, con siete votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.

Por otra parte, una indicación para eliminar el inciso final del artículo nueve, que permitía el uso del Fondo Solidario de Cesantía en el caso de los empleados de casa particular, fue aprobada por ocho votos a favor y cinco en contra.

Para finalizar, debo señalar que en este punto, que fue muy controvertido en la discusión en la Comisión de Hacienda, el rechazo a la indicación del artículo nueve, en la práctica, deja sin apoyo económico a aquellas trabajadoras de casa particular que ya usaron su fondo de indemnización.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda a la honorable Sala aprobar en estos términos la presente iniciativa de ley.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Pepe Auth Stewart .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, seré muy breve.

Es evidente que la ley que hoy se modifica, aprobada hace algunos meses, ha permitido amortiguar los efectos de la crisis.

Son muchísimos los trabajadores que se han sumado a la tremenda legión de cesantes existente en Chile, que es probable que crezca, pero la situación sería aún más dramática si no hubiéramos aprobado esta ley, que, de alguna manera, amortigua, porque retarda o definitivamente cancela, en algunos casos, la posibilidad de despedidos en relación con las actividades que están paralizadas por efecto de la pandemia o que han reducido de manera muy significativa sus ingresos.

En la práctica, lo que hace este proyecto es extender la duración y mejorar los porcentajes del beneficio, lo que explica que haya sido aprobado por amplísima mayoría en el Senado. Por supuesto, en mi caso concurriré con mi voto favorable para aprobarlo.

Tengo solo una prevención que me inclina a llevar a Comisión Mixta el proyecto, materia a la que ya aludió el Presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Daniel Núñez .

Como se sabe, las trabajadoras de casa particular no cotizan para el desempleo, sino que cotizan para su indemnización. Con cargo a ese fondo para la indemnización han podido beneficiarse, mala y parcialmente, de esta ley.

El gobierno, conocedor de esta situación dramática de miles y miles de trabajadoras de casa particular, ha anunciado y comprometido -lo hizo, al menos, en la Comisión de Hacienda un proyecto de ley para que las trabajadoras de casa particular también coticen. Esa es una muy buena noticia, pero es una noticia que les resolverá el problema que tendrán pasado mañana, no el que tienen hoy.

Por lo tanto, voy a concurrir -los invito a aprobar la indicación que se incorporó en la Comisión de Trabajo, rechazada por mayoría en la Comisión de Hacienda, para que las trabajadoras de casa particular que hayan agotado sus propios recursos, puedan hacer uso del fondo solidario. Por algo tomamos la decisión, hace meses, de incorporar 2.000 millones de dólares adicionales del Estado. Si el gobierno decide enviar un proyecto de ley para incorporarlas al sistema para que se beneficien pasado mañana, no tiene lógica su falta de disposición para incorporarlas al beneficio hoy.

Por lo tanto, invito al resto de mi bancada a recapacitar -algunos de sus miembros votaron en contra en la Comisión de Hacienda para que llevemos a comisión mixta este punto e intentemos convencer al gobierno, primero, de ratificar su compromiso de incorporarlas pasado mañana al beneficio, pero, sobre todo, convencerlo de incorporarlas hoy. No tiene lógica que estemos de acuerdo en incorporarlas pasado mañana y no tengamos acuerdo para incorporarlas hoy.

Los recursos están en el fondo solidario y en el respaldo estatal, de 2.000 millones de dólares, que aprobamos hace varios meses.

Por eso, invito al gobierno, en particular al ministro de Hacienda, a que no se niegue a gastar esos recursos, que por algo fueron aprobados por unanimidad en la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Tucapel Jiménez Fuentes .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a todos los colegas.

Como decía el diputado Auth , este proyecto viene a flexibilizar los requisitos de acceso para los trabajadores y trabajadoras que quieran hacer uso del fondo: extiende el tiempo y mejora los porcentajes. En ese sentido, es bueno, y así lo dijimos en la Comisión de Trabajo.

No obstante, quiero hacer un poco de historia. Desde el comienzo en la Comisión de Trabajo dijimos que este proyecto era injusto para los trabajadores, pero sobre todo injusto para los de las grandes empresas. Nunca logramos entender que empresas con espaldas económicas y con grandes utilidades acumuladas a lo largo del tiempo, que incluso ahora, en tiempos de crisis, han seguido vendiendo por internet, se hayan acogido a esta ley. Doy el ejemplo -salió en la prensa de una empresa grande, Casa ideas, que les siguió pagando a sus trabajadores, y eso es lo que uno esperaba de esas grandes empresas. Era una oportunidad histórica para que les devolvieran la mano a quienes, con su esfuerzo, han hecho posible que hayan tenido utilidades a lo largo de los tiempos. Pero no fue así; por eso seguimos diciendo que es injusto.

Tampoco entendimos que los montos vayan decreciendo, que los porcentajes vayan bajando. Es como decirle a un trabajador: “Usted comerá A en el mes 1, pero comerá A-1 en el mes 2. En el segundo mes va a comer menos que en el primero”. Eso no tiene lógica y lo dije en la Comisión de Trabajo. El diputado Melero me dijo que ello era así en virtud de una ley de Ricardo Lagos, que en ese tiempo contemplaba que los porcentajes fueran cayendo. Le respondí que en ese tiempo yo no era diputado, y que, si lo hubiera sido, lo habría rechazado, porque no tiene lógica ni explicación. Se dijo que era para motivar a los trabajadores a buscar trabajo. Por ese motivo habían dispuesto que los porcentajes fueran decreciendo, como insinuando que a los trabajadores les gustara estar cesantes. Eso no tiene ninguna explicación.

En la Comisión de Trabajo también se nos dijo que, en un principio, no se habían destinado tantos recursos porque esta crisis iba a ser larga, lo que realmente ha sucedido. Pero ahora, argumentando la razón por la que se presenta este segundo proyecto, se nos dice: “Nunca pensamos que la crisis iba a ser tan larga; pensamos que iba a ser mas corta”. La verdad es que en ello hay una inconsecuencia realmente increíble por parte del gobierno.

¿Qué hicimos en la Comisión de Trabajo? Primero, dijimos que lo íbamos a aprobar en general -y así lo hicimos-, pero que íbamos a rechazar los artículos 3 y 4, con la única finalidad de que el proyecto vaya a comisión mixta para que sea mejorado. No hay ninguna intención de dilatarlo. Sería incomprensible que se acuse a esta Cámara de dilatarlo, porque este proyecto estuvo más de un mes en el Senado, y a nosotros nos llegó recién el jueves; o sea, todavía no se cumple una semana desde que estamos tratando este proyecto. Por lo tanto, es de entera justicia que vaya a comisión mixta y se hagan todos los esfuerzos para mejorarlo.

¿Qué hicimos? Lo que nos pedían los trabajadores: que ojalá el porcentaje parta en 80 por ciento o, en su defecto, que llegue al sueldo mínimo, cosa que es de todo sentido común y de toda justicia, ya que si existe un sueldo mínimo, por lo menos debería aplicarse en este fondo.

Respecto de las trabajadoras de casa particular, aprobamos una indicación que después se rechazó en la Comisión de Hacienda. Pero hemos dicho lo mismo -lo que dijo el diputado Pepe Auth es verdad-: hay un proyecto presentado por el senador Letelier , pero que apunta para el futuro; no resuelve el problema hoy, y la necesidad es hoy. Lamentablemente -reitero-, en la Comisión de Hacienda se perdió una indicación que se había ganado en la Comisión de Trabajo, que buscaba que las trabajadoras de casa particular pudieran hacer uso -a pesar de que ellas cotizan el 4,11 por ciento para el fondo de indemnizaciones del fondo solidario del seguro de cesantía. A quienes nos gusta la solidaridad, lo entendemos; quienes no, rechazaron la indicación. Lo que proponíamos era una forma de buscar una solución para hoy para las trabajadoras de casa particular.

Esas dos indicaciones fueron rechazadas, por lo que a nosotros nos gustaría que el proyecto pase a comisión mixta, con la finalidad –repito de darle una oportunidad más al gobierno para que mejore los montos, mejore el porcentaje e incorpore a las trabajadoras de casa particular.

Por último, creo necesario buscar una fórmula para el futuro respecto de lo que dije al comienzo. Los trabajadores nos han dicho -lo manifestaron en la comisión que debemos ser capaces de buscar una fórmula para suspender los despidos que pudiesen ocurrir en el futuro, por lo menos en las grandes empresas. Se trata de empresas que han tenido y que van a seguir teniendo utilidades, porque han seguido vendiendo por internet. La idea es que si esas empresas -por eso digo que hay que buscar una fórmula siguen teniendo utilidades, se suspenda la posibilidad de que despidan a los trabajadores hasta que no devuelvan la plata al Fondo Solidario de Cesantía, que ocuparon los trabajadores, o, por lo menos, buscar una fórmula que sea de entera justicia para ellos, porque -lo hemos dicho claramente esta crisis no la pueden pagar los trabajadores, como ha sido costumbre a lo largo de todos los años.

Hago un llamado a que votemos en contra los dos artículos señalados, sin ningún ánimo de dilatar, sino solo para que el gobierno pueda mejorar el proyecto y para que se reincorporen en comisión mixta las dos indicaciones que presentamos en la Comisión de Trabajo, con la única finalidad de que se haga justicia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

He dicho.

El señor WINTER (vía telemática).-

Señor Presidente, estamos viviendo una situación de cesantía que no para, que es cada vez más creciente y muy grave.

Por eso, cuando se abre el comercio en comunas como Santiago centro, la gente acude masivamente al comercio mayorista. Las personas no actúan así por estupidez, sino porque, entre otras cosas, el comercio mayorista siempre ha sido la forma en que se abastece el comercio minorista, y que no podamos comprender esa situación es parte de la elitización de la política.

Creo que este proyecto es un avance, porque originalmente, en la discusión sobre cómo enfrentar la pandemia, el principio de la focalización del gasto nos jugó una mala pasada. Hubo momentos en que tuvimos que hacer una búsqueda muy exhaustiva para encontrar personas que recibieron el IFE 1 y las primeras en recibir el IFE 2.

Pero hoy el tema que nos atañe tiene que ver con las empleadas de casa particular. Estamos hablando -es importante que lo mencionemos de 120.000 personas en Chile, que tienen un trabajo sumamente duro y que, generalmente, como resultado de ciudades poco planificadas y segregadas, tienen que recorrer amplísimas distancias de madrugada para llegar a sus trabajos.

De acuerdo con el INE, el 40 por ciento de trabajadoras de este rubro ha perdido su trabajo, y 22.000 personas que laboran como empleadas de casa particular han visto suspendido su vínculo.

Estas personas solo han tenido la opción de acceder al fondo de indemnización acumulado en la cuenta individual. Al acceder a este beneficio, se ha producido el resultado insólito, y que nos tiene ahora legislando, puesto que al elevarse los ingresos en el registro social de hogares, quedan excluidas del tramo de acceso al IFE.

De esta forma, las trabajadoras de casa particular no solo están impedidas de acceder al seguro de cesantía y al bono de clase media por el diseño de ambas políticas. Además, si acceden a sus fondos de indemnización, esto se considera para efectos de calcular su tramo en el Registro Social de Hogares, y terminan también excluidas del ingreso familiar de emergencia.

Las organizaciones de las trabajadoras de casa particular solicitaron a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social reponer la indicación que les permitiría acceder al IFE, pero a diferencia de su incorporación a las prestaciones del seguro de desempleo, su acceso al IFE originalmente fue rechazado.

De acuerdo con lo conversado con estas organizaciones, el ministro Briones señaló en la Comisión de Hacienda, hace casi dos semanas, que habría un bono de clase media para las trabajadoras de casa particular, que tiene como condición incluir sus datos de PreviRed, para que puedan acreditar sus ingresos. Hasta hoy, eso no está operativo y queda muy poco tiempo para hacer esa transformación, de manera que no podrán acceder a nada y, como ellas han manifestado en algunas reuniones que han sostenido con diversos parlamentarios, seguirán sintiéndose el patio trasero de los trabajadores del país.

En consecuencia, creemos que la propuesta es un avance, que se deben reponer las indicaciones que he mencionado, pero también hay que sacar lecciones, porque, o en Chile no existe la clase media o no se parece a los diseños que algunos expertos tenían, y si la focalización del gasto no comprende la realidad del país, simplemente no funciona.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gastón Saavedra Chandía .

El señor SAAVEDRA (vía telemática).-

Señor Presidente, a través del tiempo debimos haber aprendido claramente la lección de lo que significó aplicar legislaciones para proteger a los trabajadores y dejar fuera a algunos que no han podido obtener los beneficios que hemos aprobado en el Parlamento.

Tal es el caso de las trabajadoras de casa particular, quienes nos han relatado que en el último año se han perdido 100.000 empleos. No voy a redundar en los datos de ellas, pero, en lo concreto, hoy son las más desprotegidas, las que están fuera de todo alcance de políticas públicas para darles cobertura en los ingresos familiar de emergencia o en el subsidio de cesantía, porque simplemente no están concebidos así.

Por lo tanto, allí hay un punto que nos obliga a tomar una decisión distinta a la que se planteó en el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Quiero hacer un llamado al Parlamento, en particular a la Cámara de Diputados, a aprobar ese informe, porque nos permite ir a la comisión mixta, no con el propósito de alargar la discusión, sino de zanjarla y establecer un criterio distinto respecto de los pagos que debieran tener todos los componentes, no solamente las trabajadoras de casa particular, sino aquellos que son parte del aumento del desempleo en Chile, aquellos que son parte de los 1.800.000 trabajadores que perdieron sus empleos o de aquellos 700.000 que ya están con relaciones laborales suspendidas.

Por lo tanto, reitero el llamado a aprobar ese informe, con el propósito de ir a la comisión mixta para zanjar esta situación y poner como estándar que nadie quede por debajo del ingreso mínimo. Es cierto que son decrecientes y también es cierto que en el 2000 se aprobaron todos los guarismos para la entrega de los beneficios del seguro de cesantía. Pero yo me pregunto, ¿los chilenos pueden subsistir con ingresos decrecientes mientras las cuentas asolan sus hogares? No. Por consiguiente, debemos tomar una decisión distinta y corregir lo obrado para dar justicia social a todos aquellos que hoy día sufren los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria que está viviendo el país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores García .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, estimados colegas, todos hemos visto una seguidilla de anuncios sobre entrega de beneficios a través de proyectos, pero la implementación de las respectivas leyes siempre ha dejado a mucha gente fuera de aquellos.

Este proyecto de ley presentado en buena hora por el gobierno permite flexibilizar transitoriamente los requisitos de acceso, incrementando además el monto de las prestaciones, al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo de la pandemia por covid-19, y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227.

Si hubiéramos llevado a cabo las conversaciones oportunamente, con el tiempo, el espacio, el tono, la voluntad necesarios para que se consideraran todas las opiniones que desde la oposición surgieron desinteresadamente y no por obstruir, la verdad es que no estaríamos corrigiendo frecuentemente y más de la cuenta estos proyectos que son tan necesarios para miles de familias de Chile, debido a la difícil condición que están viviendo.

¡En buena hora -lo quiero poner en positivo la posibilidad de mejorar aquellas respuestas que las familias chilenas necesitan ahora! ¡Bien por eso!

Este proyecto permite que los trabajadores afiliados al seguro de cesantía que estén cesantes o hayan quedado cesantes después de haber recibido las prestaciones de la ley de protección al empleo puedan acceder a las prestaciones del seguro de desempleo.

Para los efectos señalados, se reduce el requisito a tres cotizaciones continuas anteriores al término de contrato, o a seis cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos doce meses, etcétera. Hay toda una serie de descripciones en el proyecto cuyo detalle la gente que nos ve a través del canal de la Cámara podrá revisar en su caso particular.

Asimismo, y en ello hay discusión en las comisiones de Hacienda y de Trabajo, se cambian las tablas de cobertura del seguro de cesantía y del Fondo de Cesantía Solidario. Lo mismo ocurre respecto de la tasa de reemplazo.

Quiero decir con mucha honestidad que leer esto resulta algo bastante enredado. Entonces, espero que los empleadores y, especialmente, los funcionarios de las distintas dependencias públicas a las cuales los trabajadores deben recurrir para saber cómo optar a los beneficios de que se trata, estudien muy bien la ley en proyecto para que no haya respuestas equivocadas que hagan que, finalmente, como ha ocurrido, familias se desilusionen porque no entienden cómo acceder a aquellos.

Por lo tanto, en este caso el llamado es a que todos quienes entregamos información a la comunidad lo podamos hacer en detalle, en forma completa y en un idioma que la gente entienda. No sacamos nada con citar guarismos, fórmulas y mecanismos si al final se genera un enredo que asusta a la gente y hace que le cueste acceder a los beneficios respectivos.

En este escenario, quiero ser muy franco. Entiendo que se requiere con urgencia implementar la ley en proyecto, que dé respuesta a aquellas familias que quedaron fuera de los beneficios. Por la misma razón, en lo personal -aquí hago una invitación a algunos colegas-, prefiero que enviemos este proyecto a comisión mixta. Eso será por apenas un par de días.

Si nos aplicamos y rápidamente senadores y senadoras, diputados y diputadas se reúnen en este grupo de diez parlamentarios, terminaremos de resolver algo que en justicia corresponde resolver: la situación de las trabajadoras de casa particular. Al respecto, tal como dijo mi colega de bancada Pepe Auth , no podemos comprometer soluciones para pasado mañana si las podemos entregar hoy día, junto con las del resto de los trabajadores. Ello, porque aquí no hay una respuesta clara para esas trabajadoras; más bien la respuesta es bastante alambicada, compleja, y, finalmente, las posterga.

Entonces, estamos haciendo un esfuerzo por mejorar este proyecto, por corregir algunas cosas que no estaban contenidas en las otras respuestas a los trabajadores que estaban o quedaron cesantes o que están siendo desvinculados, pero la situación de las trabajadoras de casa particular es muy preocupante. Más de 100.000 trabajadores de casa particular, en su mayoría mujeres, hoy se encuentran en una situación compleja, porque ya más de la mitad ha perdido su empleo.

En ese escenario, es preferible esperar dos o tres días más, incluirlas tal como al resto de los trabajadores y hacer justicia a esa labor tan abnegada, que la reconocemos en la casa. Todos reconocemos en nuestra trabajadora de casa particular, en nuestra querida nana, a la persona que nos reemplaza a la hora de socializar, de criar a los niños, de cuidar la casa, nuestra propia economía interna, etcétera, pero cuando llega la hora de los quiubos nos olvidamos de ella.

Por esa razón, aprobaré el proyecto en su concepto, pero voy a rechazar la parte que corresponde para que vaya a comisión mixta y se mejore la condición de esas trabajadoras.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra del Trabajo y Previsión Social.

Parto por relevar la importancia que ha tenido la ley de protección al empleo, pues ha sido fundamental para contener en parte la pérdida de empleos formales y ha permitido a muchos trabajadores conservar sus fuentes laborales y continuar recibiendo sus ingresos, no obstante que no pueden trabajar. Asimismo, ha evitado la quiebra de muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, que, de no haber contado con esta ayuda, no habrían tenido otra opción que cerrar y, en consecuencia, despedir a sus trabajadores y dejarlos cesantes.

Las cifras que acaba de entregar la ministra evidencian la magnitud y los beneficios, tanto cuantitativos como cualitativos, que ha generado la ley de protección al empleo.

Digo “cuantitativos”, porque, de no haber mediado esa ley, las 722.000 personas favorecidas por ella estarían desempleadas y carentes de ingresos, lo que considero relevante en el contexto de un país que tiene una tasa de desempleo que está acercándose a la peligrosa cifra de 20 por ciento, y más si diferenciamos entre la situación de las mujeres y la de los hombres.

El beneficio no solo es importante cuantitativamente, sino también cualitativamente, porque se ha demostrado que fue bien focalizado. Cuando la ministra señala que el 70 por ciento ha ido en beneficio de trabajadores de microempresas y pequeñas y medianas empresas, y solo el 30 por ciento a los que prestan sus servicios a las grandes empresas, evidencia que los recursos del Estado y de todos los chilenos, como también los de los trabajadores, los de su fondo de cesantía, así como los de los empleadores, han beneficiado a los que más necesitan.

No obstante -ojo con esto-, por empresas grandes se entiende aquellas que cuentan con más de doscientos trabajadores, por lo que en esa categoría caben muchas empresas del rubro turístico, como restoranes y hoteles, y las del comercio, que se han visto fuertemente afectadas por la crisis, lo que demuestra, como siempre dijimos, que este es un beneficio que favorece a los trabajadores, con independencia del lugar donde trabajen.

Dicho esto, señor Presidente, me parece importante resaltar algunos de los cambios que se introdujeron en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Uno de ellos es que se rechazó un aspecto medular de la iniciativa, cual es que se elevaba la tasa de reemplazo por los giros desde el seguro de cesantía. Señalaron que el actual era insuficiente y que el primer aporte debía quedar en 70 por ciento, pero después se fijó en 55 por ciento.

Al respecto, debemos tener en cuenta que hoy, producto del retraso de este proyecto de ley, que lleva cuatro meses de tramitación, hay trabajadores que ya están recibiendo el 40 por ciento. Por lo tanto, es urgente, honorable Sala, aprobar este proyecto de ley, para que suba a 55 por ciento.

Algunos dicen que es poco, que hay que subirlo a 65 por ciento. Bueno, solo quiero hacer presente algunos aspectos de lo que eso significaría.

El primero es que implicaría un costo adicional, costo que ninguno de los oradores anteriores señaló cómo se financiaría. La oposición es buena para gastar, pero es muy mala para plantear cómo se financian las cosas, más aún cuando tenemos un marco de acuerdo que estableció un monto máximo sobre el cual podemos girar.

Además, quiero hacer presente que esta norma tiene un carácter excepcional y que se extenderá en tanto dure la pandemia que generó la necesidad de legislar en esta materia.

Por otra parte, se flexibilizan los requisitos para acceder a las prestaciones de desempleo y se fija la tasa de reemplazo en un nivel superior a la que establece la ley vigente.

Un segundo efecto del aumento excesivo en la tasa de reemplazo es que generará que los recursos de la cuenta individual se agoten más rápido, lo que provocaría que las personas se vean en la necesidad de acogerse al Fondo de Cesantía Solidario, que tiene un tope máximo de dinero a entregar mensualmente. Entonces, si se sube la tasa a 65 por ciento, más rápido se acabará la cuenta individual del trabajador y tendrá que recurrir al Fondo de Cesantía Solidario, fondo que no es inagotable, sino que tiene un tope máximo de dinero a entregar mensualmente.

El segundo efecto es que el Fondo de Cesantía Solidario está siendo capitalizado por el Estado, por lo que un aceleramiento de la necesidad de los trabajadores de tener que recurrir a él significaría un mayor gasto fiscal. Al respecto, recordemos que el monto asignado fue de 2.000 millones de dólares.

Dicho eso, quiero referirme a la situación de las trabajadoras de casa particular. Me parece que la situación que las afecta surge producto de la pandemia, porque el sistema que tienen estas trabajadoras es muy distinto al del común de los trabajadores. En efecto, como bien sabemos, ellas no tienen seguro de cesantía en los términos que conocemos, sino que pagan una cotización de 4,11 por ciento que va a un fondo, a través del cual pueden recibir una indemnización y cubrir sus gastos cuando pierden el empleo.

La iniciativa del senador Juan Pablo Letelier y otros busca, en el fondo, asimilar la situación de las trabajadoras de casa particular a la que tiene el resto de los trabajadores. Eso presenta complejidades, porque sería necesario pasar la totalidad de ese 4,11 por ciento a financiar el seguro de cesantía, lo que cambiaría el eje respecto de la forma en que se ejecuta hoy, y me temo que la aplicación práctica de eso podría tomar tres o cuatro meses.

No me cierro a esa posibilidad. No podría cerrarme a buscar beneficios para las trabajadoras de casa particular. Pero quiero hacerle ver a la Sala que introducir este elemento en este momento, con el propósito de llevar el proyecto a comisión mixta, no generará el efecto deseado, que es ayudar ahora a las trabajadoras de casa particular, porque se producirá una dilación que calculo en al menos tres meses, por lo que significa traspasar los fondos y hacer todos los arreglos para que queden con un seguro de cesantía igual al del resto de los trabajadores, además del tiempo extra que demorará el tratamiento del proyecto de ley.

Cada día que pasa, decenas o cientos de trabajadores empiezan a recibir solo el 40 por ciento de su sueldo y no el 55 por ciento, que es el tope mínimo que establece este proyecto.

Por consiguiente, invito a la Sala a reflexionar. No nos autoimpongamos propósitos que involucren remedios que sean peores que la enfermedad.

En consecuencia, propongo derechamente que aprobemos este proyecto de ley en los términos en que está y evitemos el trámite de comisión mixta, pues significaría más días de dilación para su aprobación y publicación y que cientos de trabajadores sigan esperando el beneficio de una tasa de reemplazo más alta.

Asimismo, hagamos bien las cosas con las trabajadoras de casa particular a través del proyecto de ley del senador Letelier y de quienes quieran sumarse, con la ayuda del gobierno. Creo que la ministra María José Zaldívar ha sido clarísima en señalar su disposición a resolver ese problema y, de esa manera, generar los dos efectos, para no dilatar la solución a muchos que están esperando en estas materias.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez Arancibia .

El señor NÚÑEZ (don Daniel) [vía telemática].-

Señor Presidente, quiero retomar dos datos del informe de la Comisión de Hacienda que me correspondió leer -por lo tanto, son oficiales que reflejan la dimensión del problema y lo injusto de la solución que se plantea.

El informe señala que en el Fondo de Cesantía Solidario quedan 3.900 millones de dólares, lo que quiere decir que casi no se ha tocado. Se han ocupado mínimos recursos porque, hasta la fecha, para pagar las cuotas de marzo, abril, mayo, junio y julio se han ocupado los fondos de los trabajadores y solo marginalmente el Fondo de Cesantía Solidario. Más encima, aún no se incorporan al Fondo de Cesantía Solidario los 2.000 millones de dólares que comprometió el gobierno.

Por lo tanto, cuando la ministra María José Zaldívar plantea que es injusto que con cargo al seguro de cesantía se pague una indemnización a las trabajadoras de casa particular, le digo que no se preocupe, porque no vamos a ocupar un peso de los trabajadores. Sí vamos a ocupar los 2.000 millones de dólares que el gobierno va a inyectar al Fondo de Cesantía Solidario. De ahí saquemos la plata para dar su merecida y justa indemnización a las trabajadoras de casa particular. ¿O acaso el gobierno puso la plata pero no quiere gastarla? Si es así, sean transparentes y digan cuál es la intención, porque si una trabajadora de casa particular postula al IFE, recibe 100.000 pesos; en cambio, una trabajadora de casa particular que logra ser incorporada en el proyecto de ley del seguro de cesantía, con los márgenes que se establecen, recibe 225.000 pesos. Por lo tanto, es obvio el beneficio económico.

Me llama la atención, me parece increíble y hasta vergonzoso lo que dijo el diputado Melero , quien plantea que es muy caro financiar estos aportes a las trabajadoras de casa particular con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Él se pregunta de dónde va a salir la plata. La respuesta es muy sencilla: de los 2.000 millones de dólares que el Estado aportará. ¿Cuánto será en el mejor de los casos lo que se va a gastar? ¿50 millones o 100 millones de dólares? Ahora se preocupa, pero no dijo lo mismo cuando aprobamos las rebajas tributarias a las grandes empresas, por la depreciación instantánea. Hay cálculos que señalan que estamos hablando de 3.000 millones de dólares en subsidios durante tres años, pero cuando hay que dar un apoyo económico a las trabajadoras más sufridas de Chile, a las trabajadoras de casa particular, no hay plata. Me parece realmente vergonzoso lo que está ocurriendo, y que no se quiera buscar hoy una solución.

Por último, quiero reiterar algo muy importante: el proyecto debe ir a comisión mixta, pero no solo por el tema de las trabajadoras de casa particular, sino también porque en los artículos 3° y 4° se ponen montos de retorno para las cuentas individuales de los trabajadores acogidos a la ley de Protección al Empleo que son insuficientes.

Exigimos, y así se estipuló en la Comisión de Trabajo, que por lo menos se fije un piso, que ningún trabajador reciba una cuota del seguro de cesantía que sea inferior al salario mínimo, 300.000 pesos, porque esa cifra corresponde al gasto de una familia y así se establece un sentido de dignidad y de justicia social.

Por eso, hago un llamado a todos los diputados de oposición a no dar la espalda a las trabajadoras de casa particular, a no dar la espalda a los trabajadores de Chile, a rechazar los artículos 3° y 4°, a rechazar las modificaciones de la Comisión de Hacienda, con el fin de que este proyecto de ley vaya a comisión mixta, para que el gobierno ceda en su postura.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, concurrimos con nuestro voto favorable en forma unánime en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, porque entendemos la importancia del proyecto, pero no podemos estar de acuerdo con varias cosas que se plantearon en la Sala.

Pedimos, en carácter de urgente, información a la ministra para tomar nuestra decisión, y por eso quiero destacar lo que acaba de señalar el diputado Daniel Núñez , que es de absoluta relevancia y fue lo que solicitamos.

Agradecemos a la ministra la información que nos dio, pero necesitamos saber cuál es el gasto que registra el Fondo de Cesantía en forma individual y también el Fondo de Cesantía Solidario porque, según la información que entregó el diputado Núñez , este último estaría prácticamente intacto, sin el aporte que debería haber incorporado el Estado.

También planteamos en la comisión, en forma taxativa, que requerimos un cruzamiento de datos respecto de los beneficios que reciben los trabajadores. ¿Qué está pasando con los 760.000 trabajadores que se acogieron a la ley? ¿Qué pasa con el Fondo Covid-19? ¿Qué pasa con el IFE? ¿Qué pasa con el proyecto de clase media? ¿Cuál es el promedio entregado desde las cuentas individuales? Queremos saber si se están integrando las políticas públicas y qué está pasando con esos trabajadores y trabajadoras. Eso se lo pedimos a la ministra en la comisión y se suponía que hoy lo informaría en la Sala. Queremos integrar las políticas públicas y no solo lo que tiene que ver con trabajo.

Rechazamos los artículos 3° y 4° por una razón muy importante: porque no creemos que la tasa de reemplazo sea suficiente. ¡No es suficiente! ¡Y sobre todo después de conocer lo que está pasando con el seguro colectivo!

Hemos dicho que necesitamos estabilidad, a lo menos en la disminución que plantea el Ejecutivo. Al comienzo se pensó, respecto del seguro de cesantía, en política pública pero porque no estábamos en pandemia, y hoy en que sí lo estamos, entendemos que debe haber estabilidad, porque los trabajadores no pueden salir a conseguir trabajo.

Además, el representante de la Federación de Empresas de Turismo de Chile nos dijo que ellos cotizan un porcentaje mínimo, porque el grueso de lo que reciben sus trabajadores y trabajadoras proviene de propinas o bonificaciones no imponibles. Por lo tanto, ese 70 o 55 por ciento es muchísimo más bajo de lo que efectivamente reciben los trabajadores y las trabajadoras en tiempos normales.

Por otra parte, quiero referirme a las trabajadoras de casa particular. Acabo de recibir un mensaje por WhatsApp en el que me dicen que no son 22.000 los que reciben el beneficio, porque han sido rechazadas más de 40.000 solicitudes. ¡Y ellas no han tenido ningún beneficio!

Por eso, invitamos a la Sala a votar favorablemente la indicación que se presentó en la Comisión de Trabajo, precisamente para que las mujeres trabajadoras de casa particular puedan acceder al Fondo de Cesantía Solidario. Es importantísimo que reciban esa ayuda ahora, no mañana ni en un mes más.

Además, se incorporaron tres nuevas indicaciones al proyecto. Primero, para que se respeten los contratos colectivos vigentes, porque la modificación que hemos realizado se refiere a los contratos individuales. Sin embargo, los contratos colectivos están al día y no tienen complicaciones, por lo que el empleador debe respetarlos.

Segundo, tenemos absoluta claridad de que la ley debe ser antidiscriminación; es decir, debe considerar por igual tanto a aquellos trabajadores que se acojan a ella, como a los que no lo hagan. No puede haber discriminación arbitraria. Tercero, aquellos trabajadores que se acojan a esta ley también pueden tener contratos transitorios para complementar sus remuneraciones. Eso quedó expresamente establecido en las indicaciones. Los trabajadores pueden tener contratos transitorios que les permitan incorporar otros recursos a sus familias.

Invito a los diputados y a las diputadas a votar favorablemente el proyecto en general, así como lo hicimos en la Comisión de Trabajo, y a votar en contra los artículos 3° y 4°, porque estamos convencidos y convencidas de que es posible encontrar una mejor solución en lo referido a las tasas de reemplazo. Debe entenderse que en pandemia no se puede estimular que trabajadores y trabajadoras vayan a buscar trabajo. Eso no se puede hacer hoy, pero la disminución de las tasas de reemplazo lo incentivan.

Los invito a votar a favor la indicación, la que favorece fundamentalmente a mujeres que ejercen labores en casas particulares.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, quiero pedir a los parlamentarios de oposición que enviemos el proyecto a comisión mixta.

Como todos saben, esta iniciativa modifica la ley de protección al empleo. Si uno va a los contenidos, sin duda se mejora lo que había, pues se prorroga hasta el 31 de octubre la protección a 700.000 chilenos que están acogidos a la ley de protección al empleo, los que no han sido despedidos, mantienen sus contratos, pero cuyos salarios son pagados a través del Fondo de Cesantía Solidario.

En segundo lugar, se disminuyen los requisitos para que aquellas personas que no tienen suspendidos los contratos de trabajo, pero que han quedado cesantes, puedan hacer uso de los fondos del seguro de desempleo, con menos requisitos para proteger sus ingresos.

En tercer lugar, mejora los pisos de las tasas de reemplazo. En efecto, coloca un piso de 55 por ciento del salario como piso mínimo de la tasa de reemplazo para los trabajadores que se acogen a la ley de protección al empleo. A partir de la aplicación de la ley, los 8.000 millones de dólares consignados en el fondo individual se han reducido a 7.800 millones de dólares, y los 4.100 millones de dólares incluidos en el fondo solidario se han reducido a 3.900 millones de dólares. Es decir, todavía existe una gran cantidad de recursos en los fondos del seguro de desempleo.

¿Se han usado los 2.000 millones de dólares que el Estado comprometió para apoyar la protección de los trabajadores? No, señor Presidente; no se han usado. ¿Se van a usar? Cualquiera que observe los datos se dará cuenta de que el Estado no va a usar esos 2.000 millones de dólares.

Entonces, la pregunta que hay que hacerse respecto de este proyecto de ley, si lo aprobáramos tal como está, es si corresponde que las autoridades de un país como el nuestro, en medio de una pandemia, con un 70 por ciento de trabajadores que en condiciones normales gana menos de 550.000 pesos, les diga a esos mismos trabajadores que sigan viviendo con el 55 por ciento de sus salarios.

Hago la pregunta en esta Sala: ¿algún parlamentario considera razonable que, habiendo cuantiosos recursos en los fondos del seguro de desempleo y, además, no se haya gastado ningún peso de los 2.000 millones de dólares que el gobierno del Presidente Piñera comprometió como apoyo a esto, obliguemos a los trabajadores a vivir con el 55 por ciento de sus salarios? Señor Presidente, ¿sabe usted que el hecho de percibir el 55 por ciento del salario deja a esos trabajadores bajo la línea de la pobreza, incluso a muchos bajo la línea de la extrema pobreza?

Como bancada del Partido Socialista, creemos que hay condiciones, en materia de recursos fiscales y del fondo del seguro de cesantía, para garantizar una mejor tasa de reemplazo, la que debería equivaler, a lo menos, al 70 por ciento del salario.

Por último, es incomprensible que el gobierno quiera negarles a las trabajadoras de casa particular la posibilidad de hacer uso de los beneficios del Fondo Solidario de Cesantía. Eso es realmente impresentable. Se está intentando incorporarlas a los beneficios del ingreso familiar de emergencia. Con todo, la ley permite a las trabajadoras de casa particular hacer uso del fondo solidario, pero el gobierno quiere borrar ese contenido y quitar ese derecho, lo que es completamente impresentable.

Por ello, vamos a aprobar lo acordado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y rechazar las indicaciones del Ejecutivo, a fin de que el proyecto sea examinado por una comisión mixta, en la que podamos defender de verdad los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de casa particular.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia) [vía telemática].-

Señor Presidente, cuando se aprobó la llamada ley de protección al empleo, dijimos que nos parecía muy injusto que la crisis la estuvieran pagando los trabajadores y trabajadoras con los recursos de sus seguros de desempleo. Ese proyecto se aprobó y cuando ello sucedió también dijimos que no parecía lógico establecer porcentajes decrecientes, fijando el piso mínimo en 175.000 pesos, lo que, evidentemente, es un monto muy bajo para la mantención de una familia. También se advirtió la situación en la que quedaban las trabajadoras de casa particular.

Este fin de semana, en una visita que realizamos a los comedores solidarios en la comuna de Macul, me encontré con doña María Nemuyao , dirigenta de Sintracap, quien nos dijo lo que habíamos evaluado en otras instancias: que a las trabajadoras de casa particular no les estaba llegando absolutamente ningún beneficio del Estado. Por eso es importante que nos hagamos cargo ahora de esa situación.

Vamos a defender lo que se debatió y acordó en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. En primer lugar, es necesario que el porcentaje de reemplazo no sea inferior al sueldo mínimo. Creemos que ese debiese ser el piso para la tasa de reemplazo.

En segundo lugar, es necesario que se recoja el punto de las trabajadoras de casa particular. Al respecto, hicimos una propuesta, mediante indicación, para proteger los fondos de las trabajadoras de casa particular, en relación con el aporte indemnizatorio de 4,11 por ciento que entera el empleador, con el objeto de que cuando este se acabe, las trabajadoras puedan acceder al fondo solidario, al cual se le inyectaron 2.000 millones de dólares.

Por ello, es importante que esto se solucione ahora y no a través de una ley larga que puede demorar. Sé que la ministra ha tomado el compromiso de incorporar a las trabajadoras de casa particular en el seguro de desempleo, porque en su oportunidad fueron excluidas de manera muy arbitraria. Por lo tanto, es el momento de enmendar ese error.

Hoy, las trabajadoras de casa particular, a quienes se les suspendió el contrato de trabajo, no tienen los recursos necesarios para mantenerse. Por eso es importante enmendar esta injusticia y dar una solución ahora a ese grupo de trabajadoras que atienden las labores de cuidado para que otras mujeres puedan desempeñarse en el mundo del trabajo. Es necesario darle la importancia que merece a ese grupo de trabajadores y trabajadoras.

En tercer lugar, en cuanto a la posibilidad de obtener un empleo temporal para que no se pierda la posibilidad de seguir cobrando el seguro de desempleo, se presentó una indicación sobre el particular, la que se aprobó en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, pero que luego fue suprimida en la Comisión de Hacienda. Por tal razón, creemos importante llevar el punto a una comisión mixta.

En cuarto lugar, las personas que ya obtuvieron el subsidio con el porcentaje de la ley original, debieran ser objeto de una compensación, a fin de que sean contempladas en el nuevo porcentaje de reemplazo. Si bien es cierto que el proyecto lo mejora, creemos que se puede hacer un esfuerzo adicional para que ese porcentaje tenga como piso el sueldo mínimo.

De acuerdo a estos puntos, esperamos tener mayoría para rechazar los artículos 3° y 4°, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, e insistir en la indicación que se aprobó en dicha comisión.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini Pascal .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, hoy, en esta nueva discusión sobre la ley de protección al empleo y las falencias en la protección del Estado, quiero hablar sobre aquellas a quienes hemos dejado afuera en cada instrumento y en cada política pública a la hora de enfrentar esta pandemia. Me refiero a las trabajadoras de casa particular.

Colegas, el Estado de Chile tiene una vergonzosa relación con ellas, relación de la que hoy urge hacerse cargo. Si hace meses las altísimas tasas de informalidad del sector significaban una terrible injusticia salarial y laboral, hoy esa misma informalidad significa también precariedad sobre la precariedad. La única respuesta que les ha dado el Estado hasta ahora es permitir que, en caso de suspensión del contrato, puedan retirar el 4,11 por ciento de indemnización, que, sabemos, nunca tuvieron, porque sus empleadores nunca cotizaron, o bien, en el mejor de los casos, ya lo usaron para enfrentar la pandemia.

La demanda histórica del gremio de que ellas sean incluidas en el seguro de cesantía ha revivido hoy para solicitar que se les considere en la ley de protección al empleo cuyo perfeccionamiento discutimos hoy.

Sin embargo, el proyecto solo establece que podrían acceder al ingreso familiar de emergencia. Pero esto lo puede hacer cualquier trabajador que cuente con los requisitos de acceso. Por lo tanto, es letra muerta.

Por ello, es de todo sentido ético escuchar la justa demanda que nos han hecho las trabajadoras de casa particular y darles la ayuda que tanto necesitan: o las incluimos en el Fondo de Cesantía Solidario, al menos extraordinariamente durante la pandemia, o bien que el 4,11 por ciento no se considere como renta para acceder al ingreso familiar de emergencia (IFE).

Colegas -insisto-, la deuda es mayor y vergonzosa, y la dignidad que clama el país también debe ser para ellas, no porque sea un favor, sino porque es justo, porque son ejemplo de lucha y motor de cambio para Chile.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra Sepúlveda .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, cuando nos imaginamos esta indicación creíamos que era de sentido común hacer justicia rápidamente y agilizar los mecanismos del Estado, y nos imaginamos que “Una vez agotados los recursos acumulados en la cuenta individual de indemnización de 4,11 por ciento -de lo que hay registro de los y las trabajadoras de casa particular, comenzará a operar el Fondo de Cesantía Solidario en iguales condiciones de porcentaje que los y las trabajadoras beneficiarios del artículo 4° de la presente ley.”.

En la comisión aprobamos esta indicación por 7 votos a favor y 6 en contra. Además, rechazamos los artículos 3 y 4, que son los que fijan los montos que consideramos que son mínimos.

La ministra mencionó que estos montos están fijados desde 2000. Claro, en 2000 las condiciones eran otras, así como también son otras las condiciones en que tiene que trabajar la inteligencia de la Cámara de Diputados y del Senado: en forma rápida y unida, que es, según entiendo, lo que significa el trabajo de las comisiones mixtas.

Por eso, esta indicación, más el rechazo de los artículos 3 y 4, y más la renovación de la indicación que establece que no se considere como ingreso para dichos efectos los retiros a los que accedan en virtud del artículo 4° de la ley N° 21.227, que también tiene que ser aprobada, es lo que debería ocurrir.

Llamo a los diputados y diputadas, opositores y no opositores, a considerar que tenemos la oportunidad de hacer grandes cambios en la comisión mixta, como el que vimos hace poco en materia tributaria, para el cual se unió la inteligencia y muy rápidamente se solucionó el problema de una importante cantidad de personas.

Las trabajadoras de casa particular son fundamentales en la realidad de este país. Por ellas y por todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, estos cambios deben hacerse rápido. De ninguna manera se puede decir que son cambios muy difíciles y que hay que tener tiempo, porque ya hemos tenido tiempo suficiente. Lo que deben hacer es trabajar más rápido en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans Araya .

La señorita YEOMANS (doña Gael ) [vía telemática].-

Señor Presidente, me siento orgullosa, porque los diputados y diputadas de la bancada de Convergencia Social fuimos de los pocos que votamos en contra de esta miserable ley de protección al empleo. Por lo mismo, hoy podemos decir con propiedad que había razones de peso para decirle a este gobierno que esto no era lo que se requería y que esta iniciativa era mala y perjudicial para la inmensa mayoría del país.

De hecho, es tan mala la ley que hasta el propio gobierno tuvo que reconocer que estaba la embarrada y que era urgente hacer cambios, porque la situación, tal como estaba, simplemente no daba para más.

Entonces, ¿cuál es el problema? Es sencillo: que lo propuesto en esta modificación no funciona, no da el ancho, no es capaz de arreglar la embarrada que generaron. Es una pena que algunos diputados de oposición integrantes de la Comisión de Hacienda, al final del día, le hayan dado agüita al gobierno para continuar con una iniciativa que claramente no arregla el problema de fondo y que obvia la realidad que viven muchos trabajadores y trabajadoras del país.

Propuestas hubo miles. Lo que aquí faltó no fueron ideas o iniciativas, sino un gobierno capaz de escuchar. Pero parece que a este gobierno le da lo mismo y que se contenta con el respaldo de Juan Sutil para decir que todo está bien.

Por cierto, ayer el jefe de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) declaró que le preocupa la degradación institucional. Justamente, la institucionalidad se degrada cuando se pone en contra de la inmensa mayoría de la sociedad, cuando se pone en contra del retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP, cuando en vez de proteger a la gente común, mejorando como corresponde esta ley de miseria, se permite que una medida totalmente averiada, llena de fugas, un estropicio total, siga su curso como si nada hubiese pasado.

Asimismo, quiero recordar lo que ha ocurrido con las trabajadoras de casa particular, quienes han estado desprotegidas durante todo este tiempo. El gobierno ha respondido postergando, postergando y postergando. El Congreso Nacional no puede seguir esta tonada del gobierno.

Y, ¡ojo!, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, tras revisar el proyecto presentado por la diputada Mix , el gobierno nos pidió esperar, porque el problema se solucionaría en el Senado. Fue mentira; les mintieron a los diputados, pero lo peor de todo es que les mintieron a las trabajadoras. Y veo con preocupación que vuelve a suceder, porque el ministro Briones ayer habló del bono de clase media para las trabajadoras de casa particular, pero se olvidó de su compromiso de hace diez días, porque hasta el día de hoy las trabajadoras no pueden postular.

Frente a esto, revivimos la indicación que presentamos en la Comisión de Trabajo, y espero que hoy se apruebe, porque, como dicen las mismas trabajadoras, un mínimo de justicia es cuidar a quien te cuida.

Por lo tanto, aprobaremos en general el proyecto, porque consideramos urgente la necesidad de modificar esta mala ley, pero lo rechazaremos en particular, para intentar que en comisión mixta se llegue a un acuerdo racional que signifique un mínimo de dignidad. Ese acuerdo debe expresar que ningún trabajador acogido a la ley del seguro de desempleo pueda recibir menos del sueldo mínimo, porque recibir menos del sueldo mínimo implica no tener qué comer o ser desalojado del hogar, e implica endeudarse. Endeudar a las familias ya endeudadas nos parece miserable; no está a la altura de lo que pide el país. Estar a la altura es corregir el rumbo, es reconocer los errores, es tomar decisiones escuchando a los realmente afectados, no a los que tienen asegurados sueldos millonarios a fin de mes.

Ojalá que estemos a la altura. Por eso, espero que se apruebe el proyecto en general, pero se rechacen los artículos 3 y 4 en la votación particular, de manera que eso nos permita mejorar esta pésima legislación.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se ha renovado una indicación de la diputada Claudia Mix para incorporar una frase final al inciso segundo del artículo 11, a cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara, la indicación agrega lo siguiente: “Tampoco se considerarán como ingresos para dichos efectos los retiros a los que accedan en virtud del artículo 4° de la ley N° 21.227.”.

La diputada Gael Yeomans ha reclamado respecto de la inadmisibilidad. Para defender la admisibilidad, tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael ) [vía telemática].-

Señor Presidente, la indicación incorporada en el artículo 16 quater original, hoy 14 quater, a mi juicio y también a juicio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, es plenamente admisible, al contrario del criterio establecido por la Mesa La Mesa argumenta que dicha norma versa sobre materias de negociación colectiva que invaden la iniciativa exclusiva del Presidente de la República regulada en el número 5 del artículo 65 de la Constitución.

A nuestro juicio, la norma propuesta está lejos de ser facultad exclusiva del Presidente y, en particular, de vulnerar el artículo 65, en primer lugar, porque es una norma de carácter interpretativa de los efectos de la suspensión del contrato de trabajo, determinada en el título I de la ley N° 21.227, que solo refuerza algo que ya, de hecho, está contenido en la ley.

Si uno revisa el artículo 3 de la ley N° 21.227, en su inciso segundo establece los efectos de la suspensión y señala que solo están circunscritos a los contratos individuales, y dispone “La suspensión de los efectos del contrato individual del trabajo implicará el cese temporal, por el período de tiempo que el acto o declaración de autoridad determine…”, y así continúa el artículo.

En ninguna parte de la ley de protección al empleo se especifica o se regulan los efectos de la suspensión de la relación laboral que aborden o produzcan efectos sobre los contratos colectivos, ni tampoco estuvo sobre la mesa en la discusión en el trámite legislativo.

Por ende, solo se está reforzando que los efectos de la suspensión laboral de una ley especial están circunscritos a los contratos individuales, y eso no invade las potestades legislativas del Presidente, porque no está estableciendo modalidades ni tampoco procedimientos de negociación colectiva. Ni siquiera determina los casos en los que no se puede negociar.

En segundo lugar, porque las potestades de iniciativa exclusiva del Presidente de la República se deben interpretar restrictivamente, y no se deben expandir por la vía de su interpretación a situaciones que no están expresamente contempladas en la norma; de lo contrario se están inhibiendo las facultades del propio Parlamento en su capacidad de legislar y mejorar los proyecto de ley.

Por tanto, la indicación es plenamente admisible.

Por ello, llamo a aprobar su admisibilidad y a pronunciarnos sobre el fondo del artículo propuesto, que es muy relevante para las trabajadoras y los trabajadores, porque se acercan fechas emblemáticas para el pago de beneficios pactados colectivamente y, por lo tanto, mediante esta indicación, simplemente estamos resguardando esos derechos ya adquiridos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que dispone la emisión de una franja de educación y actividad física, información nutricional y vida saludable, a través de los canales de televisión de libre recepción, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, decretado a raíz de la pandemia de covid-19 (boletín N° 13543-29).

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de forma proporcional.

Diputada informante de la Comisión de Deportes y Recreación es la señora Érika Olivera .

Antecedentes:

-Moción, sesión 26ª de la presente legislatura, en martes 2 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 16.

-Informe de la Comisión de Deportes y Recreación, sesión 36ª de la presente legislatura, en jueves 2 de julio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 25.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora OLIVERA (doña Érika) [de pie].-

Señor Presidente, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley, iniciado en una moción de las diputadas señoras Érika Olivera , Paulina Núñez , Ximena Ossandón , Marcela Sabat y Marisela Santibáñez y los diputados señores Ricardo Celis , Gonzalo Fuenzalida , Hugo Rey y Leonidas Romero , que dispone la emisión de una franja de educación y actividad física, información nutricional y vida saludable, a través de los canales de televisión de libre recepción, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, decretado a raíz de la pandemia covid-19, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 del Reglamento de la Corporación.

La idea matriz del proyecto de ley, tal como lo indica su nombre, consiste en que los canales de televisión abierta destinen una franja diaria para transmitir contenidos de educación y actividad física, información nutricional y vida saludable, durante la vigencia del estado de excepción constitucional decretado a raíz de la pandemia covid-19.

En cuanto a sus fundamentos, los autores del proyecto manifiestan que la propagación del virus de la covid-19 ha forzado a cambiar los hábitos de vida de millones de personas en el mundo y los ha obligado a mantener aislamiento social, impidiéndoles realizar sus actividades habituales, como el deporte. Se suma a lo anterior el hecho de que actualmente los recintos deportivos, estadios, gimnasios y otros establecimientos alrededor de todo el país se encuentran cerrados o con funcionamiento limitado, lo cual impide hacer un uso cotidiano de dichos servicios hasta que se levante la situación de emergencia sanitaria.

La actividad física debe entenderse referida a todos los movimientos y desplazamientos que una persona realiza de manera habitual, ya que al estar en situación de confinamiento los niveles de actividad física, que se realizaban normalmente con anterioridad, se han visto notablemente disminuidos, afectando esta repentina y brusca disminución de la actividad física, tanto el gasto diario de calorías como la generación y mantenimiento de masa muscular y fuerza.

Dado lo anterior, miles de personas han optado por realizar actividades de acondicionamiento físico o deportes al interior de sus hogares. En esa misma línea, principalmente a través de redes sociales, destacados deportistas y el mismo Ministerio del Deporte, con la campaña “Entrena en casa”, han publicado rutinas de ejercicios que es posible realizar en los hogares, con implementos que todas las personas tienen a la mano en su casa.

Sin embargo, si bien las redes sociales constituyen un medio de comunicación masivo e instantáneo, es posible que esa información compartida no llegue a todos, especialmente respecto de aquellas personas que no cuentan con el conocimiento para el manejo de dispositivos móviles o computadores, o no tienen acceso a los mismos.

Teniendo en consideración lo señalado, manifiestan que se hace indispensable que la televisión tome un rol más activo en la difusión de este tipo de contenidos deportivos, insertando dentro de su parrilla programática segmentos en los cuales expertos puedan dar clases de acondicionamiento físico o deportes que sea posible prácticar al interior de los hogares, con el resguardo y recomendaciones de salud y alimentación complementarias, de acuerdo a los rangos etarios de los televidentes.

En cuanto a los hitos de su tramitación, se destaca su ingreso a la comisión el día 2 de junio de 2020, destinándose tres sesiones para su estudio y análisis.

En la primera de ellas, la sesión N° 80, celebrada el 9 de junio, se escuchó la opinión de la ministra del Deporte, señora Cecilia Pérez ; de la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, señora Catalina Parot ; del médico especialista en Medicina Deportiva y Nutrición, doctor Álvaro Bustamante , y de la secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano, señora Daniela Godoy .

En la segunda sesión, N° 81, celebrada el 16 de junio de 2020, se escuchó la opinión del subsecretario de la Cultura y las Artes, señor Juan Carlos Silva ; del subsecretario del Deporte, señor Andrés Otero , y de la directora (S) del Instituto Nacional del Deporte, señorita Sofía Rengifo .

Por último, en la tercera sesión, N° 82, celebrada el 23 de junio de 2020, la diputada Érika Olivera , autora del proyecto y miembro de la comisión, haciéndose cargo de las observaciones y sugerencias planteadas por los invitados, presentó una indicación al artículo único, procediéndose a su votación y aprobación en general y en particular a la vez, previa reserva de constitucionalidad planteada por el diputado Sebastián Keitel Bianchi .

En consecuencia, el texto propuesto por esta comisión, que se recomienda aprobar a la Sala de la honorable Cámara, consta de un artículo único, de dos incisos, según se expresa:

“Artículo único.- Durante la vigencia del estado de catástrofe en el territorio nacional a raíz de la pandemia del covid-19, los canales de televisión de libre recepción de cobertura nacional, deberán destinar, a través de su señal principal, entre las 9 y las 19 horas de cada día, veinte minutos ininterrumpidos de transmisión de contenidos de educación y actividad física, información nutricional y vida saludable, ya sea de producción propia o aquellos entregados por el Ministerio del Deporte.

En el caso de que no opten por esta alternativa, deberán transmitir cuarenta minutos de los mismos contenidos, distribuidos en segmentos de no menos de diez minutos durante el horario ya indicado.

Los contenidos a que hace referencia el inciso primero deberán considerar los rangos etarios del público, la realización de la actividad física al interior de sus hogares y las recomendaciones de salud necesarias para su práctica.

Asimismo, será obligatorio el uso de lenguaje de señas y subtítulos.”. Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Carolina Marzán Pinto .

La señora MARZÁN (doña Carolina) [vía telemática].-

Señor Presidente, […] celebramos la […] hasta fin de año. Esperemos que esto sea estable y permanente, porque contribuye de manera sustantiva en la formación de niños, niñas y adolescentes.

(Los puntos suspensivos corresponden a interrupciones en la transmisión telemática)

Bajo esta expectativa, la formación debe ser lo más integral posible y abrazar todas las aristas de bienestar, en las que la actividad física, la nutrición y la vida saludable son componentes esenciales.

Es del todo necesario que este tipo de contenidos llegue a personas que no cuentan con otros medios de conexión, como, por ejemplo, internet. Se busca que sean los canales con mayor cobertura los que emitan estos contenidos en su señal principal.

No cabe duda alguna de que la transmisión de contenido audiovisual es la mejor o una de las mejores formas para impartir clases o lecciones sobre la realización de actividad física, ya que mediante lo visual se pueden dar las instrucciones y ejemplificar los movimientos sugeridos.

Por ejemplo, con el objetivo de subsanar los problemas que evidenciaba la transmisión exclusiva de contenidos a través de internet por temas de acceso y conectividad, se implementó el canal TV Educa Chile, el cual emanó de un acuerdo de los canales pertenecientes a Anatel, con el objeto de complementar las transmisiones de contenido que se comparten a través de internet y así facilitar el acceso a los mismos a la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes en etapa escolar.

Según encuestas publicadas por el Consejo Nacional de Televisión, las transmisiones de contenido del canal educativo son considerablemente útiles para el 71 por ciento y más de los encuestados, que así lo estiman. Además, en relación con la continuidad del canal, el 86 por ciento de las personas consultadas se manifestó de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la señal debería continuar transmitiéndose una vez superada la contingencia sanitaria.

Si bien el proyecto amplía la transmisión para canales de libre recepción, va en la orientación de llegar a la mayor cantidad de personas, a fin de que reciban formación en estas materias, lo cual también contribuye a la salud mental, ante la pandemia que vivimos, y a combatir el sedentarismo, por el escaso desplazamiento frente a la obligación de permanecer en casa.

Felicito y abrazo a la diputada Érika Olivera y a los patrocinadores de este proyecto, el cual, por supuesto, voy a votar a favor.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber Romo .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, sin duda desde la Democracia Cristiana vamos a apoyar esta iniciativa, que de alguna manera sienta un precedente respecto de las políticas públicas en materia de medios. En ese sentido, nos gustaría también instalar una discusión para el futuro.

Hay un falso concepto respecto del uso del espectro radioeléctrico nacional, en términos de que no tenemos conciencia en nuestro país de que es un bien nacional de uso público, al igual que una carretera y una plaza, y, obviamente, quienes utilizan esa concesión tienen una carga pública, pues irroga bienes para todo el país.

En esta pandemia, como señaló la diputada Carolina Marzán a propósito de un acuerdo de Anatel, se han generado contenidos para favorecer la educación a distancia, los que debieran tener continuidad luego de terminada la pandemia.

Hay que discutir en serio el rol de la televisión pública y de la televisión abierta, porque, como señalé, ocupan bienes nacionales de uso público y, en consecuencia, también deben soportar intereses.

Los privados, a la hora de ejercer tal concesión, se deben a los fines de un país y a la construcción de una nación. Además, qué duda cabe de que deben ser un vehículo de cultura y entregar, a través de este bien que, como dije, nos pertenece a todos los chilenos, como es el espectro radioeléctrico, determinados mínimos comunes, como se hace en otros países, como, por ejemplo, Argentina . Por ello, debiese instalarse el debate respecto del concepto de televisión.

Desgraciadamente, la televisión se ha privatizado, incluso con la excusa de ejercer una concesión o de postular a una concesión que luego se relicita a terceros, lo cual nos pone en la “edad de piedra” en materia de esta discusión. Así ocurrió con el proyecto anterior, en el que discutíamos la situación de la trabajadora de casa particular en una sociedad en la que no nos damos cuenta de que en su relación laboral está prácticamente en una semiesclavitud.

¿Qué más antiguo y obsoleto que el concepto de “empleada” o de “trabajadora puertas adentro”? Hoy no es resistible en ninguna nación o Estado moderno; sin embargo, existe, con la complacencia de las autoridades y de nosotros mismos, desde este Congreso. La trabajadora de casa particular tiene un contrato distinto al del resto de los trabajadores, ya que es absolutamente precarizado y obsoleto, lo que instala una suerte de esclavitud, de relación de dependencia, pues vive prácticamente interna en la casa de una persona, como en el vasallaje de la Edad Media.

A mi juicio, ese es el Chile del pasado, el cual, más allá de las medidas sobre las que legislamos el día de hoy, debiéramos, de alguna manera, desterrar.

La ministra del Trabajo -perdóneme, señor Presidente, que hable ahora sobre esta materia, porque no pude intervenir en el proyecto anterior debería cumplir con su palabra respecto del despacho de ese proyecto, que, al final del día, nunca cumplió. Por eso, vamos a impulsar la creación de una comisión mixta, porque la ministra decía que no existe, en este caso, una relación respecto de la cantidad de contratos existentes. Nada más falso, porque esas personas tienen un contrato de trabajo y tienen además cotizaciones…

(Manifestaciones en la Sala)

Pido que me dejen hablar. Los parlamentarios somos inviolables, aunque no le guste al señor Coloma , porque es una prerrogativa constitucional, respecto de nuestros dichos en el Hemiciclo.

En consecuencia, la televisión que hoy queremos modernizar es tan atávica como la relación laboral de la trabajadora de casa particular, que la derecha quiere mantener. Por eso nos rebelamos.

Vamos a aprobar este proyecto, sintiendo que es un precedente en materia de televisión pública, porque el espectro radioeléctrico es de todos los chilenos y no una concesión privada a todo evento que el particular puede explotar, en los mismos términos que la relación de esclavitud, de dependencia, del pasado, que tiene la trabajadora de casa particular y que buena parte de la derecha en este hemiciclo quiere mantener.

Como dije, señor Presidente, si estamos en este Congreso es por mandato de la soberanía popular, y desde ese punto de vista somos inviolables respecto de nuestros dichos. Espero que la Mesa no conculque un derecho tan sagrado como el de expresarse desde un escaño del hemiciclo, en el cual sirvo gracias a los electores de mi distrito.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, usted tiene toda la razón, solo que el artículo 90, N° 2, del Reglamento establece algo totalmente diferente a lo que usted acaba de señalar. Los electores de su distrito lo honraron con este puesto en el hemiciclo, pero usted también tiene que cumplir con el Reglamento de la Corporación.

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, en mayo, cuando la pandemia que actualmente vivimos recién comenzaba a restringir de manera importante y cotidiana la vida de millones de chilenas y chilenos, junto a un grupo de parlamentarias y parlamentarios propusimos este proyecto de ley que busca disponer la emisión de una franja de educación y actividad física, información nutricional y vida saludable a través de los canales de televisión de libre recepción.

Las razones para proponer la iniciativa, con el pasar de los meses son cada vez más evidentes: millones de chilenas y chilenos han tenido que mantenerse confinados en sus casas, impedidos de ir a sus lugares de trabajo, a sus colegios, a sus universidades, a sus lugares de recreación, etcétera. Aunque no lo notemos, este sedentarismo forzado ha producido importantes efectos en la salud.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que enfermedades y síntomas como la ansiedad, el estrés, la angustia y las depresiones leves se presentan o se agravan en estos contextos de confinamiento. En ello se demuestra la relación directa entre la salud física y la salud mental.

Con o sin confinamiento, cada persona requiere de un determinado gasto energético mínimo diario, el cual se relaciona con la actividad deportiva diaria, sobre todo con la actividad física normal que cada uno realiza diariamente. En este sentido, cuando hablamos de actividad física, debe entenderse como todos los movimientos y desplazamientos que una persona efectúa de manera habitual.

Al estar en situación de confinamiento, los niveles de actividad física que antes se realizaban normalmente se han visto notablemente disminuidos, lo que se ha traducido en la repentina y brusca disminución de la actividad física, tanto en el gasto diario de calorías como en la generación y mantenimiento de masa muscular y fuerza.

Se estima que en situación de confinamiento el balance final diario arroja entre 400 y 500 calorías extras, que una persona quemaría en condiciones normales de movimiento, incluso respecto de personas que tenían hábitos sedentarios permanentes.

A su vez, respecto de la pérdida de masa muscular y fuerza, se estima que cinco días de reposo hacen perder alrededor del 5 por ciento de fuerza y el 3,5 por ciento de masa muscular.

Considerando todo ello, hemos presentado este proyecto de ley, con el objeto de transmitir a través de los medios de comunicación audiovisual de mayor cobertura en el país, como son los canales de televisión, contenidos audiovisuales de educación física, información nutricional y vida saludable, en el entendido de que muchos chilenos y chilenas, tanto quienes tienen mayor edad como también quienes viven en lugares de difícil acceso o conexión a una red de wifi o de internet móvil, no pueden acceder a los contenidos que actualmente se encuentran en internet.

Para ello, esta iniciativa dispone que se emitan entre las 09:00 horas y las 19:00 horas de cada día los contenidos en dos modalidades optativas: 20 minutos ininterrumpidos de transmisión, o bien, en el caso de que no opten por esta alternativa, 40 minutos de los mismos contenidos, distribuidos en segmentos de no menos de 10 minutos durante el horario indicado.

Esos contenidos pueden ser de producción propia, pero también aquellos que el Ministerio del Deporte ha elaborado durante este tiempo y que recientemente comenzaron a ser transmitidos a través de la señal TV Educa Chile. El problema es que dicha señal solo puede ser recepcionada por televisores con tecnología smart TV por señal digital, lo que deja fuera a una parte importante de la población que no cuenta con esa tecnología en sus televisores.

Asimismo, debo mencionar que iniciativas similares ya han sido adoptadas por parte de algunos programas de televisión, quienes con el auspicio de marcas de productos relacionados con la vida sana, han entregado este tipo de cápsulas de contenidos. Pero, sin duda, hasta el momento sigue siendo una iniciativa muy aislada, a falta de una política que masifique estos contenidos para todos.

Finalmente, agradezco a los diputados que patrocinaron este proyecto de ley y a quienes lo aprobaron durante la tramitación en la Comisión de Deportes y Recreación. En estos momentos de pandemia y confinamiento, debemos establecer mecanismos de cooperación entre organizaciones privadas, como los canales de televisión, y el Estado, en el entendido de que entregar este tipo de servicios, como estos contenidos de educación física y vida saludable, permitirá ayudar a quienes hoy padecen la rutina del confinamiento y los efectos en su salud durante meses.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, en 2019, el Ministerio del Deporte dio a conocer una realidad sumamente preocupante: el 80 por ciento de las chilenas y chilenos no realiza actividad física; es decir, solo dos de cada diez personas se ejercitan semanalmente.

Junto con la publicación de estos resultados, también se señalaron las posibles razones que generan esta realidad. Entre ellas, se mencionaron la falta de tiempo y la falta de acceso a la actividad deportiva, que es tal vez la más importante.

Como es sabido, son ya más de cinco meses los que han transcurrido desde el comienzo de la crisis sanitaria en el país, lo que releva la importancia de este proyecto, porque el sedentarismo y la obesidad se han incrementado, situación que podemos ver a simple vista en cualquier lugar de trabajo y en cualquier familia.

Desde nuestro punto de vista, la existencia de una franja para la transmisión de contenidos de educación y actividad física, información nutricional y vida saludable a través de los canales de televisión abierta no debiera solo estar vigente durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, sino que debería ser una política pública de largo plazo, permanente y duradera, que venga a democratizar el deporte y a facilitar el acceso a la actividad deportiva.

Sin embargo, lo que propone este proyecto se establece solo durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, con el objeto de que los canales de televisión de libre recepción de cobertura nacional destinen, a través de su señal principal, entre las 09:00 horas y las 19:00 horas de cada día, solo 20 minutos ininterrumpidos de transmisión de contenidos de educación y actividad física. En el caso de los canales de televisión que no opten por esta alternativa, deberán transmitir 40 minutos de los mismos contenidos, distribuidos en segmentos de no menos de 10 minutos en el horario ya indicado.

Atendido lo importante que resulta para la salud física y mental el fomento de la educación y de la actividad física, junto con anunciar que votaré a favor de este proyecto, quiero agradecer todo lo que ha hecho la ministra del Deporte, Cecilia Pérez , por tener hoy a figuras del deporte de alto rendimiento de nuestro país en cápsulas de contenido en el canal estatal. Esto se podría dar en todos los canales de televisión.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, desde la Federación Regionalista Verde Social vamos a apoyar este proyecto, tal como ya lo votamos favorablemente en la Comisión de Deportes y Recreación, instancia de la que formo parte.

Creo que es una muy buena iniciativa, una muy buena moción, de la diputada Érika Olivera , que, por lo demás, tiene mucha autoridad en la materia.

Es muy relevante abrir la posibilidad que propone esta iniciativa, respecto de la que se generó un debate en la comisión. Algunos se manifestaron en contra por diversas razones, no relativas al fondo del proyecto, sino en cuanto a si existía la posibilidad de establecer la obligatoriedad para los canales de televisión de transmitir el contenido en cuestión. Hay quienes creen que no se les puede imponer algún tipo de programación. Sin embargo, ha habido otros períodos en que se les ha obligado a algunos medios a emitir determinado tipo de programación.

En este caso, recalco que es muy importante contar con espacios desde el Estado en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en el país. También es importante recalcar que los canales de señal abierta son concesiones que usan el espectro radiofónico, que es un bien nacional de uso público, que le pertenece a todos los chilenos, concesionado por el Estado, de manera que no son dueños de dicho espectro. No es una mera inversión, no es un supermercado, sino que es el uso de un bien nacional de uso público por donde se desplazan las ondas y se transmiten las señales. Es importante señalarlo, para recordar que los canales de televisión abierta no son dueños del espectro, sino que son concesionarios.

En consecuencia, por las razones señaladas, quiero reiterar que votaremos a favor este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS (don Andrés).-

Señor Presidente, el proyecto de ley en estudio tiene por objeto que los canales de televisión abierta tengan una franja diaria para transmitir contenidos de educación y actividad física, información nutricional y vida saludable durante la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado a raíz de la pandemia por covid-19.

Por cierto que esta iniciativa se enmarca en el contexto actual que se vive en nuestro país producto de la pandemia por covid-19. Pues bien, uno de los efectos directos del aislamiento social es que miles de personas se han visto impedidas de realizar actividades deportivas y otras actividades similares.

Además, en la actualidad los recintos deportivos, los estadios, los gimnasios y otros establecimientos de todo el país se encuentran cerrados o con funcionamiento limitado, lo cual impide hacer un uso cotidiano de dichos servicios mientras no se levante la situación de emergencia sanitaria.

Por lo tanto, en mérito de lo señalado, una gran cantidad de personas ha debido realizar actividades de acondicionamiento físico o practicar algún deporte al interior de sus hogares.

Así las cosas, si bien las redes sociales constituyen un medio social de comunicación masiva e instantánea, es posible que esa información compartida no llegue a todos, especialmente a aquellas personas que no cuentan con conocimientos para el manejo de dispositivos móviles o computadores.

En ese contexto, la televisión y su masividad cobran vital importancia para que todos tengan acceso.

En cuanto al proyecto, no cabe duda de que su idea matriz es valorable, por cuanto, en tiempos de pandemia, que obligan al aislamiento y al confinamiento en lugares reducidos, es muy importante que las personas realicen actividad física la mayor cantidad de días posible.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que algunas enfermedades, como la ansiedad, el estrés, la angustia y las depresiones leves, se presentan o agravan en estos contextos. Por lo tanto, la salud mental, acompañada de salud física, es una meta de gran relevancia para todos los chilenos y chilenas.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe consignar que los canales de televisión ya tienen cargas gratuitas en tiempo de normalidad, como las franjas electorales o las campañas de interés público. Aumentar dichas cargas en un estado de excepción constitucional podría tensionar la garantía constitucional de igualdad en las cargas públicas y, eventualmente, de igualdad ante la ley.

De esa manera, coincidimos con la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, quien hizo presente que la moción podría afectar la igualdad en las cargas públicas, puesto que el proyecto no especifica las obligaciones a las que podrían quedar sujetos los permisionarios de servicios limitados de televisión –televisión de pago-, en circunstancias de que sus niveles de penetración actuales se extienden a más del 80 por ciento de la población nacional.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la falta de proporcionalidad de la franja electoral que establece el proyecto, de hasta cuarenta minutos al día, en contraste con las franjas electorales en televisión, cuya duración máxima es de treinta minutos diarios.

Por otra parte, la iniciativa tampoco especifica de cargo de quiénes será el costo de producción y emisión, ni considera si serán solventados con recursos fiscales. Ello es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Suponer que serán de cargo de los propios concesionarios importaría imponer una carga que afectaría la constitucionalidad del proyecto. En el fondo, la iniciativa no contempla quién cancelará el costo de las cápsulas deportivas o que vayan en el sentido del proyecto. No señala obligación a la estación televisiva ni al Estado, por lo cual el proyecto podría quedar en letra muerta.

En mérito de lo señalado, me abstendré en la votación del proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, voy a referirme a la ley electoral, porque tiene relación con el proyecto que estamos discutiendo.

Esto es muy ingenioso y puede ser un aporte importante en tiempos de pandemia, pero también en tiempos normales.

El 80 por ciento de los diputados y diputadas firmantes de la moción son nuevos, diputados y diputadas que, de no haberse realizado la reforma electoral, quizá no estarían en esta Sala y haciendo este tipo de propuestas tan interesantes para las transformaciones que se requieren, con una mirada distinta, y no solo en tiempos de pandemia.

Respecto de la ley electoral, el 50 por ciento de las mocionantes son mujeres, y con especialidades distintas, como la diputada Érika Olivera , que ha enorgullecido a todo Chile por sus tremendas capacidades deportivas y por los grandes logros que obtuvo para el deporte nacional. Lo mismo podemos decir de la diputada Marisela Santibáñez , vinculada al mundo de la cultura.

Esa es una clara muestra de la diversidad con la que contamos en esta Sala, lo cual nos permite ver este proyecto con especificidad y, al mismo tiempo, con amplitud, en términos de lo que queremos para Chile.

Eso es lo que queríamos cuando aprobamos la reforma electoral: que hubiese una amplia expresión de lo que es este país, en términos de representatividad.

Dicho eso, y junto con felicitar a los mocionantes, debo agregar que me parece importante incorporar en el proyecto lo que dice relación con lo educativo, con la actividad física, con la información nutricional y con la vida saludable. ¿Por qué? Porque estamos viendo -lo analizamos ayer con varios diputados muchas complicaciones en materia de salud física, pero también de salud mental, a causa de la pandemia.

Por eso, nos parece importantísimo incorporar aquello no solo con carácter transitorio, mientras estemos en pandemia, sino de manera permanente, como parte de la cultura y del quehacer de todos los chilenos y las chilenas.

Ojalá no modifiquemos lo que tiene que ver con la ley electoral, porque la expresión de representatividad de lo que es Chile que tenemos hoy en esta Sala es muy relevante para el Congreso Nacional.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, junto con valorar en términos genéricos la iniciativa, debo señalar que hemos pasado por diversas discusiones respecto de las obligaciones que impone a los distintos medios de comunicación, principalmente canales de televisión abierta, pero también a los de cable, a los de internet y a otros proveedores, obligaciones y cargas que deben sumarse a las que ya soportan.

Cabe hacer presente que esta iniciativa vulnera una serie de derechos constitucionales establecidos principalmente en los números 2°, 12° y 21° del artículo 19 de la Carta Fundamental, respecto del desarrollo de actividades económicas y del ejercicio de la libertad para informar, respecto de lo cual hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Lo que nos corresponde, como representantes del Congreso Nacional, es, probablemente, fomentar las actividades culturales y deportivas; pero debemos considerar que, por ejemplo, acabamos de discutir un proyecto que fue rechazado por completo, lamentablemente, incluso con los votos de diputados de la coalición del diputado patrocinante, en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, respecto de la posibilidad de establecer una franja obligatoria, con opiniones tremendamente desfavorables de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, de la Asociación de Radiodifusores de Chile, de la Anatel y de los distintos canales de televisión, que hicieron hincapié en que esto no es materia de una moción y, por lo tanto, es completamente inadmisible como proyecto. En el mismo sentido se ha pronunciado la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Televisión.

En consecuencia, lo que cabe hacer es que el ejecutivo presente un proyecto sobre la materia que nos ocupa, en vez de debatir iniciativas que son francamente inadmisibles y que atentan contra una serie de derechos y libertades establecidos en la Constitución. Esa es la manera en que se debe proceder si verdaderamente se busca promover el deporte de la mejor manera posible.

He dicho.