Labor Parlamentaria

El señor MONTES ( Presidente ).-

Entrando en el Orden del Día, corresponde conocer las modificaciones del honorable Senado al proyecto de ley que dicta normas sobre adopción de menores, modifica la ley Nº 7.613 y deroga la ley Nº 18.703.

Antecedentes:

-Modificación del Senado, boletín Nº 899-07. Sesión 30ª, en 5 de enero de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 10.

-Informe de la Comisión de Familia, sesión 34ª, en 19 de enero de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 11.

-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 46ª, en 30 de marzo de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 3.

La señora POLLAROLO (doña Fanny).-

Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Familia, informo a esta Sala acerca del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que dicta normas sobre adopción de menores.

Estamos conscientes de que nos encontramos ante un proyecto de ley de enorme trascendencia, que legisla sobre una institución muy relevante para la vida y los derechos de tantos niños de nuestro país. Justamente lo delicado y complejo de la materia que trata este proyecto, explica el largo proceso que ha seguido y los muchísimos cambios introducidos durante su tramitación.

Recordemos que esta iniciativa se inició en enero de 1993, en mensaje del Ejecutivo. Fue objeto de una primera indicación sustitutiva en 1995, presentada por la Ministra de Justicia señora Soledad Alvear , que lo reformuló por completo. Estudiada y aprobada por esta Cámara, completó su primer trámite en julio de 1996.

Continuó su tramitación en el Senado el año recién pasado, sobre la base de una segunda indicación sustitutiva del Ejecutivo , que introdujo importantes modificaciones al proyecto que aprobó la Cámara.

El proyecto emanado del Senado ingresó nuevamente a la Cámara el 6 de enero de este año para su tercer trámite. Fue enviado a la Comisión de Familia y, posteriormente, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Sin duda, señor Presidente , ha tenido un proceso legislativo largo y complejo, en el que la estructura de su articulado ha sufrido importantes modificaciones.

Sobre esto quisiéramos formular dos apreciaciones:

En primer lugar, los cambios introducidos han correspondido a la necesidad de asegurar su perfeccionamiento, justamente por lo delicado y complejo del tema. En el caso de la segunda indicación sustitutiva, se logró la plena concordancia de este proyecto con la nueva ley sobre filiación, promulgada en octubre del año pasado.

En segundo lugar, si bien el articulado aprobado por el Senado difiere en su estructuración y forma respecto del sancionado por esta Cámara, en verdad sólo constituye una reformulación que perfecciona el sentido y alcance de sus propósitos originales, pero mantiene en lo fundamental las ideas y propósitos tenidos en cuenta y aprobados por nuestra Corporación.

Creo necesario precisar las ideas matrices aprobadas por la Cámara y que se mantienen en el proyecto del Senado:

1º Subsanar los vacíos, anacronismos y problemas prácticos de la legislación vigente, adecuándolos a las exigencias de la Convención internacional sobre los derechos de la infancia y, coherentemente, enfatizar que lo primordial es amparar el interés superior del niño.

2º Establecer en los programas de adopción -un hecho novedoso- que sólo el Sename y los organismos acreditados pueden llevarlos a cabo, y aquellos se definen como el conjunto de actividades tendientes a procurarle al niño una familia responsable.

3º Consagrar la facultad del Servicio Nacional de Menores de llevar un registro de personas idóneas para adoptar, y otro, de niños susceptibles de adopción, de manera de acelerar las etapas del proceso y resguardar los procedimientos y su transparencia.

4º Establecer la facultad para el Sename y los organismos ante él acreditados, de hacerse parte en todos los asuntos que regula el proyecto.

5º Instituir un procedimiento judicial con dos características muy importantes: a) hacerlo más expedito que el actual, dando plazos precisos a los jueces para abreviar el proceso de adopción, y b) establecer una clara distinción entre una etapa previa destinada a declarar al niño en situación de ser adoptado, diferente del procedimiento de adopción mismo, que es de carácter no contencioso y en el que se exige una rigurosa acreditación de la idoneidad física, mental, moral y social de los adoptantes.

Como dijimos, los criterios fundamentales aprobados por la Cámara, se mantienen en el nuevo proyecto aprobado por el Senado.

Las principales modificaciones son las siguientes:

1º La primera, que genera la mayoría de los cambios formales del articulado, es la relativa a terminar con la distinción entre adopción “plena” y adopción “simple”, pues se propone una sola institución generadora de la filiación adoptiva. Con ello, se adecua a los criterios de la reciente ley sobre filiación, ya que la adopción, así concebida, generará siempre el estado civil de “hijo”.

2º Concordante con la Convención internacional sobre los derechos de la infancia, se restringe la posibilidad de adoptar sólo a los menores de 18 años.

3º Se termina con la distinción entre adopción “nacional” e “internacional”. Se distingue ahora entre la adopción efectuada “por personas residentes en Chile” y “personas residentes en el extranjero”. Con ello se enfatiza y clarifica la priorización del proyecto por favorecer la residencia en Chile del niño adoptado, evitando, en lo posible, su desarraigo.

4º Manteniéndose la estructura del procedimiento separado en las dos situaciones señaladas, se introdujeron diversos logros: se otorgan nuevos plazos a los jueces y se perfeccionan las causales para declarar a un niño susceptible de ser adoptado. Otra modificación importante, aunque controvertida, dice relación con la posibilidad de iniciar el trámite de adopción antes del nacimiento del hijo.

5º Respecto del estado civil de los adoptantes, se permite que personas solteras o viudas residentes en el país puedan adoptar.

La Comisión de Familia ha considerado en forma unánime que tales modificaciones aportan positivamente a los propósitos originales y recomienda que, en lo sustantivo, sean acogidas por la Corporación.

Sin perjuicio de ello y en conocimiento del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, coincidimos en la necesidad de debatir en comisión mixta algunas normas, respecto de las cuales es necesario que exista consenso de ambas Cámaras.

La Diputada señora Pía Guzmán se referirá pormenorizadamente a las modificaciones que se recomienda rechazar para resolverlas en comisión mixta, y yo agrego la relativa a iniciar los procesos de adopción antes del nacimiento del niño, criticada por algunos miembros de la Comisión de Familia.

Un análisis del articulado propuesto por el Senado en sus aspectos más relevantes, permite destacar lo siguiente:

Se mantiene la estructura general del proyecto. Simplemente se elimina el Título IV, que regulaba la adopción simple, la cual queda subsumida en el Título III, “De la adopción”.

El Título I, sobre “Disposiciones generales”, que comprendía 10 artículos, se ha reducido a 6, los cuales, recogiendo las mismas ideas fundamentales, reordenan y perfeccionan las normas.

Así sucede con la nueva redacción del artículo 1º:

a) Se reafirma, en su inciso primero, el objeto propio de la adopción, cual es el de “velar por el interés superior del adoptado, y amparar su derecho a vivir y a desarrollarse en el seno de una familia...,” etcétera.

b) En el inciso segundo, se destaca ahora el efecto principal, propio y único de la adopción: generar siempre el estado civil de hijo.

c) En el nuevo artículo 3º -el antiguo 9º de la Cámara- se destaca una cuestión muy fundamental y concordante con la Convención Internacional de los Derechos del Niño: la obligación imperativa para el juez de oír al niño en los procedimientos de adopción. El Senado agrega ahora un concepto fundamental: que si fuere menor adulto, de 12 a 14 años, se requiere, en principio, de su consentimiento, es decir, no basta con oírlo, sino que, además, se requerirá su consentimiento.

d) En los artículos 4º, 5º y 6º -los antiguos 7º y 8º de la Cámara-, se relevan el rol, instrumentos, atribuciones y deberes del Servicio Nacional de Menores. En verdad, ellos no presentan mayores modificaciones respecto del proyecto de la Cámara, excepto en el artículo 5º en lo relativo a los registros y, en este caso, la modificación apunta a otorgar cierta flexibilidad a la exigencia de que los adoptantes estén registrados en uno de ellos.

En el artículo 6º se mantienen los contenidos de la Cámara, en el sentido de que en los programas de adopción sólo pueden intervenir el Sename y los organismos acreditados ante él.

Coincidimos con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en rechazar este artículo, a fin de perfeccionarlo estableciendo que la ley y no el reglamento fije los criterios y requisitos que los organismos deben cumplir para ser acreditados ante el Sename. Nos parece una proposición importante, que la comisión mixta debería acoger.

En suma, respecto del Título I, existe un muy sustantivo perfeccionamiento de los criterios tenidos en vista por la Cámara y recomendamos su aprobación, con la salvedad señalada en relación con el artículo 6º.

El Título II, “De los procedimientos previos a la adopción”, mantiene el sentido fundamental de estar consagrados a evaluar que el niño se encuentre en situación de ser adoptado.

Las principales modificaciones respecto de lo que aprobamos en el proyecto anterior, son las siguientes:

En primer lugar, el Senado ha sustituido el artículo 11 de la Cámara por los artículos 7º, 8º, 9º y 10, los cuales no introducen cambios de fondo, pero, indiscutiblemente, son importantes y de significativo perfeccionamiento.

En segundo lugar, en el artículo 7º, el Senado ordena en forma más lógica los diversos casos en que pueden encontrarse los niños para ser considerados en situación de ser adoptados, como quiera que va desde los casos más simples a los más complejos. Así, en la letra a) regula la situación de aquellos niños cuyos padres expresan su voluntad de entregarlos en adopción. Luego, la letra b) trata del menor descendiente consanguíneo de uno de los adoptantes, y en la letra c) establece la regla general, respecto de aquellos niños que el juez declara como susceptibles de adopción.

En tercer lugar, los artículos 8º y 9º regulan la situación prevista en la letra a) del artículo 7º; el artículo 10, la contemplada en la letra b), y el artículo 11, la de la letra c) del artículo 7º.

En estas disposiciones, las modificaciones más relevantes introducidas por el Senado son:

a) La regulación de la situación de los niños de filiación desconocida, consignada en el artículo 11 del proyecto de la Cámara.

A fin de evitar cualquier error, aquí se precisa que, en estos casos, siempre se requerirá de una resolución judicial que lo constate y declare en situación de ser adoptados; es decir, los niños de filiación desconocida no pasan directamente al registro o a los datos que maneja el Sename, sino que, como en todos los casos, debiera ser el juez quien declare que son susceptibles de adopción.

En el nuevo artículo 9º, se encuentra también una modificación en cuanto a la posibilidad de iniciar trámites de adopción antes del nacimiento del niño. Esto suscitó un amplio debate en el Senado. No estaba en el proyecto de la Cámara. Se había prohibido expresamente.

Al efecto, dado -como digo- el debate habido en el Senado, especialmente sobre el problema de arriendo de vientres, se establecen normas destinadas a asegurar la plena voluntariedad de la madre, prohibiendo toda presión al respecto, Aun así -lo mencioné anteriormente-, miembros de la Comisión de Familia consideramos que este artículo debe rechazarse para rediscutirlo en la comisión mixta.

El artículo 11 propuesto por el Senado contiene uno de los aspectos por precisar más delicados y debatidos: que el juez puede declarar que un menor es susceptible de adopción; es decir, cuándo, en qué condición o situación un niño no está recibiendo la protección y cuidado que requiere.

Este artículo contiene tres números.

El número 1 del texto ha cambiado la formulación que diéramos en la Cámara: ejercicio abusivo de la autoridad, por el concepto más amplio de inhabilitación física o moral del padre, madre o personas al cuidado. Esta modificación nos parece adecuada.

El número 2 conserva la formulación de la Cámara: falta de atención personal, afectiva o económica.

En el número 3, que considera como causal la entrega del menor por parte de sus padres con el ánimo manifiesto de liberarse de su obligación legal, el Senado agrega dos presunciones que constituyen un nuevo instrumento probatorio para el juez.

Esta modificación nos parece bastante importante, porque aquí se precisa que hay presunción cuando se entrega al niño sin una causa justificada, o cuando el menor no sea visitado en plazos estrictos cuya extensión depende de su edad.

Al respecto se destaca una cuestión que ya habíamos explicitado en la Cámara: la falta de recursos económicos no constituye causal suficiente para declarar a un niño en condiciones de ser adoptado.

En materia de procedimiento, el Senado ha agregado a este título los artículos 17 y 18, nuevos.

El artículo 17 regula la competencia de los tribunales de menores para subsanar problemas que hoy se constatan en la práctica judicial.

El artículo 18, en su inciso primero, faculta al juez para que, antes de concluida la tramitación, confíe su cuidado a quienes hayan manifestado la voluntad de adoptar al niño y cumplan con los requisitos legales. En la legislación comparada, ello se llama “tuición preadoptiva”. Se trata de establecer cuanto antes el vínculo afectivo entre el menor y quienes tengan la voluntad de adoptarlo.

Aquí hay un aspecto importante que fue discutido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia: los efectos sociales y previsionales. En el artículo se mantiene la regla de la Cámara en cuanto a que el niño, en esta situación de tuición preadoptiva, sea considerado como carga para tales efectos. Pero, en relación con este punto, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia percibe un vacío en la situación de protección de niños en los que aún no media la generación de un vínculo filial, y, considerando esos casos, propone rechazar el artículo para que, en la comisión mixta, se cree un mecanismo a fin de mantener en esas situaciones los beneficios sociales y previsionales necesarios.

Por último, en el título III, “De la Adopción Plena”, sustituido por el “De la Adopción”, se aborda, en su Párrafo Primero, “la constitución de la adopción por personas no residentes en Chile”. Como ya lo dijéramos, la más importante modificación radica en la sustitución de los criterios originales de adopción nacional e internacional, por la adopción por personas residentes o no residentes.

En cuanto a la adopción por personas residentes, se mantienen los artículo 19, 20 y 21, aprobados por la Cámara, para establecer todos los resguardos institucionales que acrediten que los adoptantes realmente están en condiciones de recibir un niño.

En este proyecto se regula la obligación de ser evaluados en instituciones capacitadas y fiscalizadas, y cobra especial importancia el concepto de programa de adopción.

La innovaciones del Senado son puntuales.

Se reduce a dos años el requisito de duración del matrimonio de los adoptantes, que en la Cámara era de cuatro. No obstante, la Comisión de Constitución plantea eliminar este requisito y pide que el artículo se rechace a fin de considerarlo en comisión mixta.

Otra innovación es el nuevo artículo 20, que permite a los chilenos solteros o viudos solicitar la adopción de un menor cuando no existan cónyuges que cumplan con los requisitos legales. La Comisión de Constitución pide también el rechazo de este artículo para clarificar su redacción en comisión mixta a fin de que no se preste para ninguna interpretación equívoca.

Apoyamos el planteamiento de dicha Comisión.

En relación con el párrafo segundo, “De la competencia y el procedimiento”, se mantiene toda la estructura procedimental de los dos momentos -que ya recordáramos-, con sólo cambios formales que los perfeccionan. Sin embargo, la Comisión de Constitución pide rechazar también el artículo 23 con el fin de consignar un plazo específico para el juez, de modo que dentro de él se decreten y realicen las diligencias. Es decir, se trata de no dejar ningún espacio para que se prolonguen los procedimientos.

El párrafo tercero se refiere a la adopción por personas no residentes en Chile. En los artículos 28, 29 y 30 se refuerza el criterio de la Cámara de terminar con las actuales autorizaciones judiciales para adoptar niños en el extranjero, de manera que ninguno salga del país sin su filiación adoptiva otorgada con todos los resguardos.

Las principales innovaciones son las siguientes:

1º En el artículo 28 se elimina el requisito que establecía el proyecto original en cuanto a que los solicitantes residieran en un país con el cual Chile tuviera vigente un convenio internacional de adopción, para así resguardar debidamente los derechos del niño y el seguimiento de su situación. Sin embargo, aquí hay una modificación cuyo fundamento, a nuestro juicio, es de mucho peso: la constatación de que tales convenios internacionales son casi inexistentes en la actualidad; así, la persistencia de este requisito implicaría, en la práctica, la ineficacia de la adopción por residentes en el extranjero. Dicha vía, sin duda, es todavía muy importante para dotar de familia adoptiva a niños que no tienen acogida en familias residentes en el país. Sabemos que niños con problemas de salud o de cierta edad tienen más dificultades que los demás para ser acogidos por residentes en Chile. El Senado elimina el requisito y ahora consigna que esta forma de adopción sólo “se sujetará, cuando corresponda, a las Convenciones y a los Convenios internacionales que la regulen y que hayan sido ratificados por Chile”.

Nos parece que esta modificación, relevante e inevitable, ha implicado una serie de modificaciones en aspectos formales del procedimiento que regula este tipo de adopción.

2º El proyecto, en el artículo 29, mantiene la prioridad que esta Cámara establecía en favor de los matrimonios chilenos o extranjeros con residencia permanente en Chile, para evitar al máximo el desarraigo de los niños. Es decir, el objetivo es cumplir también con este derecho de ellos.

Sin embargo, aquí también el Senado hace una precisión, al decir que se exceptúan “si median razones de mayor conveniencia para el interés superior del menor”, y que el juez “expondrá fundadamente en la misma resolución”. A nuestro juicio, se trata de una flexibilización debidamente justificada.

3º El proyecto mantiene el requisito ineludible para esta clase de adoptantes, en el sentido de que deberán ser evaluados por los organismos a que se refiere el artículo 6º, el Sename o una institución acreditada ante éste.

El Senado elimina la exigencia de que la solicitud de adopción sea presentada previamente al Sename, pero el nuevo artículo 32 establece que si la solicitud no es patrocinada por el Servicio Nacional de Menores o un organismo acreditado ante éste, la solicitud deberá ponerse en conocimiento de ese Servicio. Entonces, se trata de una flexibilización en la tramitación, pero que otorga los debidos resguardos a fin de evitar que la salida al extranjero se haga de manera irregular o fraudulenta.

Eso es todo en cuanto a los adoptantes con residencia en el extranjero.

El párrafo cuarto del título III consigna de manera más lógica los efectos de la adopción, donde se ratifica el carácter único de esta vinculación jurídica filial. El Senado refuerza su necesaria estabilidad al afirmar en el artículo 37 su irrevocabilidad como principio, salvo que la adopción se hubiese obtenido por medios ilícitos o fraudulentos. Asimismo, establece un plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad en tales casos, plazo que cautela la utilidad para el adoptante.

Por último, en el título IV, respecto de las sanciones, que abarca del artículo 38 al 44, el Senado mantiene los mismos criterios de la Cámara, con perfeccionamientos formales de mejor técnica penal en la tipificación de los delitos y con aumento, en una medida moderada y razonable, de las penas originalmente consideradas.

Para concluir, quiero expresar que después de este largo pero necesario proceso de estudio, podemos calificar la presente iniciativa como un proyecto de ley muy maduro, que responde a los problemas que se suscitan en torno a las adopciones, que promueve el derecho de los niños y niñas a tener una familia que les otorgue afecto y protección, y que enfatiza en todo momento que el sentido y objetivo primordial es siempre proteger y hacer primar el interés superior de ese niño o niña.

Creo que lo más valioso es recoger el mandato esencial del nuevo paradigma internacional, que reconoce en cada niño o niña a una persona con plena igualdad y dignidad en derechos. Y, sin duda, el derecho más prioritario es el que permite contar con una familia, el espacio fundamental donde se realizan las primeras y más básicas experiencias de vínculo afectivo, de construcción de identidad y de confianza en sí mismo y en el mundo.

En consecuencia, nos satisface enormemente presentar a la Sala este proyecto tan trascendente, que ha sufrido un largo proceso, pero que concluye muy perfeccionado y adecuado a la nueva ley de filiación. Por ello, instamos a los señores diputados a votarlo positivamente, con las excepciones mencionadas, a fin de perfeccionarlo en una comisión mixta, ya que es esperado por tantos niños y familias.

He dicho.

El señor MONTES ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Diputada señora Pía Guzmán , informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

La señora GUZMÁN (doña Pía) .-

Señor Presidente , honorable Cámara, junto con el informe de la Comisión de Constitución, manifestaré algunos criterios para ayudar a clarificar la manera de votar. Aunque la Diputada señora Fanny Pollarolo ya adelantó algo, creo que nuestro aporte será importante.

Hoy se encuentra vigente un sistema de adopción con tres procedimientos diferentes para adoptar a una persona. El primero, la adopción clásica, que se establece en virtud de un acto solemne y en el cual el adoptado puede ser menor o mayor de edad. Esta adopción no establece vinculación filiativa, ni da el carácter o estado civil de hijo.

El segundo emana de la ley Nº 18.703, que establece dos tipos de adopción: la simple y la plena. La simple no constituye estado civil; es decir, la persona adoptada, que en este caso siempre tendrá que ser un menor, no recibe el carácter de hijo de los adoptantes. Sin embargo, produce un efecto muy importante, que debe ser recordado por los señores diputados, porque tiene que ver con una de las razones por las cuales es rechazado un artículo del proyecto en análisis. La adopción simple permite que el menor que está al cuidado de una persona pueda recibir una asignación familiar, con todos los beneficios inherentes a ello, pero no constituye estado civil.

Por otro lado, está la adopción plena, que hoy concede el carácter filiativo, el estado civil de hijo legítimo. Con posterioridad a la aprobación de esta iniciativa, otorgará sólo el carácter de “hijo de los adoptantes”.

La adopción plena sólo cabe respecto de menores de 18 de años y puede ser solicitada y concedida únicamente a matrimonios que cumplan con los requisitos que se establecen.

En cuanto a la situación actual del sistema de adopciones, deseo plantear dos cosas que deben tenerse en cuenta. Primero, que la adopción simple produce importantes efectos en cuanto a que el menor adoptado puede recibir asignación familiar y prestaciones de salud. En otras palabras, el adoptante lo puede inscribir en su carné del Fonasa. Y, segundo, tanto la adopción clásica como la simple permiten a las personas solteras adoptar a menores.

Ahora, entraré a analizar la iniciativa. El proyecto aprobado por el honorable Senado deroga la ley Nº 7.613, de adopción clásica, y la Nº 18.703, de adopción plena y simple, y unifica el régimen de adopción; es decir, con este proyecto de ley existirá un solo sistema de adopción, el que entregará siempre el carácter filiativo de hijo.

Su principio rector se funda en el interés superior del menor, el que se consagra y desarrolla de tal forma en el artículo 1º, que señala que el objeto de la adopción es amparar el derecho del adoptado a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales. Pero siempre prevalecerá el interés del menor. En caso de conflicto de intereses entre la familia biológica, la adoptante o los derechos del menor, siempre prevalecerán los derechos de éste.

Esto es tan importante dentro del proyecto, que la opinión del menor siempre deberá ser considerada por el juez, obviamente que en función de su edad y madurez. En el caso de ser un menor adulto, es decir una mujer mayor de 12 años o un hombre mayor de 14 años, siempre se le solicitará su consentimiento. Es decir, en la adopción se requiere el consentimiento expreso del menor adulto.

Respecto de los quórum especiales de votación, hay normas de carácter orgánico constitucional y normas de quórum calificado.

La Diputada señora Fanny Pollarolo ya informó que la Comisión de Familia acordó, por unanimidad, recomendar la aprobación de la totalidad de las modificaciones introducidas por el Senado. La comisión de Constitución comparte en general el juicio anterior, dado que las enmiendas, sobre todo la indicación sustitutiva del proyecto original, son muy satisfactorias en cuanto a los efectos que se espera que produzca.

Con todo, la comisión de Constitución, Legislación y Justicia llegó a la conclusión unánime, compartida por los representantes del Gobierno, de que ciertas normas serían susceptibles de perfeccionarse, ya sea para precisar mejor su objetivo o para subsanar algunos errores.

En tal sentido, recomienda a la Sala que apruebe en general el proyecto y que rechace expresamente los artículos 6º, 8º, 10º, 18, 19, 20, 23, 30, 38 y 68, con el objeto de que en la comisión mixta se perfeccione su texto, por las razones que a continuación daré.

En el artículo 6º, la disposición aprobada por la Cámara faculta al Sename y a los organismos acreditados ante él para intervenir en programas de adopción y, como tales, en los respectivos procesos en los tribunales.

Sin embargo, hay un problema con los organismos acreditados. Se señala que van a poder tramitar los programas de adopción e intervenir en ellos, pero no se señalan las normas básicas que el Sename debe considerar para aceptar la acreditación de un organismo privado.

Hoy, a través de un proyecto de subvenciones, se exige una serie de requisitos a los hogares de menores subvencionados por el Sename; pero en la comisión se indicó que, eventualmente, otros organismos privados, que no tuvieran menores bajo su protección, podrían constituirse sólo con el objeto de tramitar y facilitar las adopciones.

En ese caso, es indispensable establecer ciertas normas básicas, en la propia ley, no en el reglamento, para los efectos de la acreditación. Se trata de reducir el margen de discrecionalidad del Ejecutivo en la dictación del reglamento.

Por eso, la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por unanimidad, recomienda rechazar el artículo 6º, con el fin de que en él se contemplen las normas básicas que he señalado.

Además, es importante agregar que a su respecto se hicieron ciertas críticas a través de los medios de comunicación. Se afirmó que el proyecto es muy centralista o burocrático. La verdad es que la comisión no compartió esta visión ni consideró excesivas las atribuciones.

Los organismos acreditados tendrán un rango exactamente igual que el del Sename en todo lo que dice relación con la tramitación de las adopciones.

En cuanto al papel fiscalizador del Sename, para resguardar el interés del menor, básicamente corresponde en aquellos casos en que los adoptantes no son residentes en Chile.

El artículo 8º, aprobado como 11 por la Cámara, que la comisión también recomienda rechazar, establece los menores susceptibles de ser adoptados. Señala tres casos, pero nos interesa la letra c), que dice: “cuyos padres declaren al juez de menores incapacidad presente y futura para hacerse cargo responsablemente de ellos y que manifiesten su voluntad de entregarlo en adopción, bastando la declaración de uno si el otro ha muerto o está imposibilitado, o bien, si sólo uno lo ha reconocido, la de éste. La declaración deberán ratificarla, en 30 días, quienes la hicieron”.

El artículo 8º establece el procedimiento al cual deberá ceñirse el tribunal para efectuar la declaración judicial que acredite fehacientemente que el menor se encuentra en la situación prevista, es decir, que sus padres no están capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él y que han expresado su voluntad de darlo en adopción.

El juez, sin perjuicio de oír al Sename, deberá requerir de inmediato los informes que estime necesarios para acreditar dicha situación.

Se mantiene la norma que hace suficiente la declaración de voluntad de un padre cuando el otro ha fallecido o se encontrare imposibilitado de expresarla, pero se extiende a los casos en que el padre o la madre, llamados a manifestarse, se niegue a concurrir al tribunal, luego de ser citado por dos veces bajo el apercibimiento de presumirse la voluntad de entregar al menor en adopción.

La comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por unanimidad, acordó recomendar el rechazo del artículo 8º, con el objeto de fijar plazos para el cumplimiento de todas las diligencias que el tribunal debe decretar y evitar dilaciones innecesarias en el procedimiento de adopción, especialmente en lo que se refiere a la citación en dos oportunidades al padre o madre que se niegue a concurrir a prestar la declaración.

El artículo 10, que la comisión también propone rechazar, regula la situación del menor descendiente consanguíneo de uno de los adoptantes.

En el proyecto del Senado, cuando uno de los cónyuges que desea adoptar es el padre o madre biológico del menor y sólo éste lo ha reconocido como hijo, se aplica directamente el procedimiento común de adopción, establecido en el título III. En cambio, si el hijo ha sido reconocido sólo por uno de los padres o tiene filiación matrimonial, será necesario el consentimiento del otro padre o madre biológica, y en este caso se aplica lo que corresponda al procedimiento mencionado precedentemente.

El artículo 10 no marca el carácter de padres biológicos respecto de aquellos que deben dar el consentimiento

Lo he señalado así para explicitarlo, pero el artículo 10 sólo se refiere a los padres que deben dar el consentimiento para la adopción.

A juicio de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, es indispensable que, para mejor entender el procedimiento de adopción, se marque el carácter de padres biológicos.

El artículo 18, que la comisión también recomienda rechazar, fue agregado por el Senado y faculta al juez para confiar el cuidado personal del menor a cuyo respecto se esté tramitando la declaración de adopción, a aquellas personas que han manifestado su voluntad en ese sentido. Incluye una regla bastante similar a la propuesta en el artículo 68 de la Cámara.

En virtud de él, los menores que se encuentren en este caso serán considerados cargas de la persona a cuyo cuidado estén, para los efectos de recibir asignación familiar.

Aquí aparece uno de los puntos que estimo importante retener respecto del sistema actual. El artículo 18, simplemente, permite entregar el cuidado personal del menor a los adoptantes por mientras dura el proceso judicial de adopción. Sólo será carga para los efectos de la asignación familiar.

Se trata de entregar los efectos más amplios de la adopción simple, sin mantener ésta. Por lo tanto, las posibilidades de incorporarlos se van a ver en la comisión mixta, para que más allá de la asignación familiar, el menor sea considerado carga para las prestaciones de salud.

El artículo 19 de la Cámara, como muy bien lo explicó la Diputada señora Fanny Pollarolo , permite entregar la adopción plena de un menor a cónyuges chilenos o extranjeros, siempre que tengan cuatro años de matrimonio y que cumplan los restantes requisitos.

El Senado ha rebajado los cuatro años a dos, pero, además, ha establecido una excepción, que tiene que ver con aquellos matrimonios en que uno o ambos son infértiles, en que no es necesario considerar el plazo.

En la comisión se señaló que el plazo de dos años tiene doble propósito. Por un lado, garantizar al adoptado una estabilidad en la familia que lo acogería, partiendo del supuesto de que después de dos años las relaciones humanas entre los cónyuges se encuentran suficientemente consolidadas. Por otro, darles a los cónyuges un tiempo razonable para verificar la posibilidad de procrear por ellos mismos.

Por su parte, los representantes del Gobierno expresaron que los años de matrimonio son garantía de estabilidad matrimonial, pero las mayores separaciones se producen después de los 6, 7 u 8 años. Como la idea es no atrasar el proceso de adopción, se rebajó de 4 a 2 años el plazo que actualmente contempla la ley.

A mayor abundamiento, se agregó que no es común que los matrimonios que tienen capacidad de procrear quieran adoptar. Por el contrario, son los matrimonios infértiles aquellos que quieren adoptar y, por lo tanto, a los primeros habría que exceptuarlos de las normas del plazo.

Por las razones expuestas por los representantes del Gobierno, se planteó la conveniencia de eliminar el requisito de los años de matrimonio para los interesados en adoptar, con lo cual carecería de objeto la regla de excepción establecida en el inciso final en favor de los cónyuges infértiles.

En definitiva, la Comisión recomienda el rechazo de esta enmienda a fin de introducirle algunos mejoramientos en el trámite de la comisión mixta.

En todo caso, y paralelamente, la comisión acordó rechazar el artículo 30 relativo a las adopciones por matrimonios no residentes en Chile, exigiéndole a estas parejas los dos años de matrimonio como requisito, porque respecto de ellos resulta necesario introducir mayores exigencias.

El nuevo artículo 20 aprobado por el Senado permite optar como adoptantes a los chilenos solteros o viudos, con residencia permanente en el país, respecto de quienes se haya realizado la respectiva evaluación de idoneidad.

Señalaba anteriormente que la ley permite que los solteros adopten. La única diferencia entre la situación actual y la del proyecto es que en aquellos casos en que los solteros adoptan no concede el carácter filiativo de hijo.

Ahora, mediante esta iniciativa van a poder conceder dicho carácter en plena concordancia con la ley de filiación, que está por entrar en vigencia.

Hubo una serie de críticas a este proyecto y básicamente al hecho de permitir la adopción de un menor por adoptantes solteros ante la eventualidad de que un menor pudiera ser adoptado por dos personas del mismo sexo.

Se dejó expresa constancia de que los solteros son los últimos en la lista. La primera opción para adoptar la tienen los matrimonios chilenos y luego los extranjeros y, en cuanto a los solteros y viudos, también hay preferencia siempre que sean consanguíneos y los que hayan tenido el cuidado personal del niño. En última instancia, cuando no se cumpla con ninguna de estas calidades para pedir en adopción al menor, se permite a un soltero o viudo.

Las inquietudes respecto de esta adopción obedecen a que el lenguaje en que está redactado el artículo del Senado es bastante impreciso, lo que podría permitir la adopción por personas del mismo sexo.

En definitiva, la comisión acordó recomendar el rechazo de este artículo, a fin de clarificar en su redacción que puede optar por la adopción de un menor una persona chilena soltera o viuda, singular. Reitero que esto es plenamente concordante con la ley de filiación.

Con respecto al artículo 23, una de las características del proyecto es la celeridad del procedimiento y el establecimiento de plazos para el cumplimiento de las distintas diligencias judiciales, de modo de abreviar y facilitar la adopción.

Este artículo, pese a otorgar una serie de atribuciones al juez para la tramitación de la solicitud de adopción y para decretar las diligencias, no contiene plazo alguno dentro del cual deban producirse esas diligencias, lo que podría producir dilaciones inexplicables.

Para subsanar este vacío, la Comisión de Constitución, por unanimidad, acordó recomendar el rechazo de este artículo.

Como ya señalé, el artículo 30 está relacionado con el 19, el cual dispone el requisito de 2 años de matrimonio para los cónyuges chilenos -el que se desea eliminar-, pero tratándose de matrimonios no residentes en Chile dicha exigencia debe quedar expresa en el artículo 30.

El precepto aprobado por la Cámara se refiere a la adopción por matrimonios no residentes en Chile, ya sea chilenos o extranjeros, siempre que cumplan los requisitos generales señalados en el artículo 19. Por lo tanto, si eliminamos del artículo 19 el plazo de 2 años manteniéndolo para los matrimonios extranjeros, debemos contemplarlo expresamente en el artículo 30.

Debido a lo anterior, la Comisión acordó rechazar este artículo a fin de hacerlo compatible con las modificaciones propuestas para el artículo 19.

A continuación, en el artículo 38 el Senado elevó de 10 a 20 unidades tributarias mensuales el límite máximo de la multa establecida en el inciso primero.

Al respecto debo señalar que hay un grave problema de redacción; por lo tanto, la comisión acordó su rechazo a fin de que su inciso primero sea redactado en mejor forma.

A propósito de este artículo que trata de las sanciones y penas para algunos delitos que contempla la ley de adopción, se trató en la Comisión el proceso de desincriminación. Esta situación, que no es nueva, ha traído consecuencias en la interpretación de los tribunales y podría ocurrir que personas actualmente procesadas por delitos en la ley de adopción, al entrar en vigencia esta nueva ley, fueran absueltas por tener ésta un tipo formalmente distinto. Los tribunales podrían interpretar que se derogó el otro delito y aplicar el principio de la favorabilidad y absolver al procesado. Por lo tanto, desde el punto de vista penal, la respuesta técnica está dada por el artículo 18 del Código Penal, que se refiere a los casos en que hay aplicación del principio pro reo.

Los representantes del Gobierno hicieron saber que el tema de la desincriminación había sido analizado por el ministerio a propósito del proyecto relativo a los delitos sexuales, respecto del cual el Senado tuvo a la vista un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, del Departamento de Derecho Penal, que sostiene una posición semejante a la del Ministerio de Justicia; es decir, que es innecesaria cualquier norma aclarativa en cuanto al sentido o alcance de la derogación de la norma penal anterior.

La interpretación unánime de la doctrina y de la jurisprudencia es que no existe peligro alguno de desincriminación.

Es largo explicar esto pero me han solicitado expresamente que lo haga porque se trata de problemas que hemos tenido en otros proyectos de ley.

Reconociendo que en varios parlamentarios existe inquietud sobre esta materia, la comisión estimó pertinente escuchar las opiniones de los ministros de la Excelentísima Corte Suprema e integrantes de su sala penal don Enrique Cury y don Mario Garrido Montt.

Los señores Cury y Garrido coincidieron en que la doctrina penal más o menos permanente y aceptada en nuestro país es que, cuando una ley ha sido derogada, manteniendo en substancia la materialidad del tipo, en su aspecto objetivo y subjetivo, aunque tenga una terminología distinta, se aplica esa disposición en concordancia con el artículo 18 del Código Penal, dado que la figura como delito se ha respetado, manteniéndose el criterio de la continuidad del ordenamiento jurídico en cuanto a considerar el hecho como delito. Éste ha sido el criterio aceptado tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema, y que tiene su asiento en el artículo 19, Nº 3, de la Constitución, y en el artículo 18, inciso segundo, del Código Penal.

En consecuencia, si en una ley se describe un hecho y una ley posterior la deroga, pero describe ese mismo hecho, desde el punto de vista del derecho positivo, aparece como indiscutible que ese hecho es mantenido y se le aplicará la antigua o la nueva ley, dependiendo de cuál es más favorable al imputado.

Se barajaron varias alternativas en la comisión, pero, en definitiva, se estimó que no era necesario recomendar la inclusión de ninguna norma expresa en el proyecto, por cuanto el tema debería ser resuelto por los tribunales de justicia, aplicando los principios y preceptos legales anteriormente indicados.

Por último, se recomienda rechazar el artículo 68 -incorporado por el Senado como inciso segundo del artículo 18, que también se recomienda rechazar- por las razones expresadas al analizar esta disposición.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ACUÑA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , cuando uno recuerda las tres fuentes de la familia: la unión biológica o la naturaleza, el matrimonio y la adopción, nos estamos refiriendo, en consecuencia, a uno de los canales más importantes de la convivencia familiar.

La institución de la adopción es muy antigua. Un legislador de la India señalaba que aquel a quien la naturaleza no le ha dado hijos, puede adoptar uno para que no cesen las ceremonias fúnebres. En esa época, esta institución tenía un profundo sentido religioso; era necesario que un extraño siguiera cultivando esos ritos para la familia que carecía de hijos. Se preguntaba cuál era el derecho que regía en la adopción. ¿Acaso no es necesario que el adoptante tenga una edad que le impida tener descendencia y que antes de adoptar haya procurado tenerla? Adoptar es pedir a la religión y a la ley lo que no se ha podido obtener de la naturaleza.

En este tercer trámite constitucional, el proyecto puede ser objeto de varias observaciones que deben servir de fundamento para que vaya a comisión mixta. No obstante, hay que reconocer sus numerosas virtudes, tales como la refundición en uno de los diversos sistemas de adopción; la aplicación de la adopción internacional con la intervención del Servicio Nacional de Menores, como parte, y de sus organismos acreditados; la supresión de trámites burocráticos cuando se trate de descendientes; la creación de un sistema de registro de adoptantes y adoptados; la supletoriedad de la adopción para los extranjeros viudos y solteros y la preeminencia para los chilenos casados en concurrencia para adoptar, y, sobre todo, los efectos civiles para el adoptado que tendrá el estado civil de hijo, por lo que se incorporará a la familia del adoptante con todos los derechos, predominando siempre en esto el interés superior del niño, de conformidad con los artículos 12, 20 y 21 de la Convención Internacional del Niño, vigente y ratificada por Chile. Es menester recordar que, según el Servicio Nacional de Menores, en nuestro país existen alrededor de mil menores de ocho años en situación de ser adoptados; sin embargo, el interés por ellos es relativamente bajo. Es así como el año en que se dio esta cifra sólo 124 niños fueron acogidos por familias chilenas.

Considero necesario complementar en algunos aspectos las observaciones que nos entregaron en forma tan completa las diputadas informantes y la señora ministra de Justicia . Si seguimos un orden correlativo, me parece que el inciso segundo del artículo 1º es una disposición redundante, porque si comparamos su texto con el del artículo 36, vemos que establece prácticamente los mismos principios.

Dicho inciso dispone que “La adopción confiere al adoptado el estado civil de hijo respecto del o los adoptantes en los casos y con los requisitos que la presente ley establece”. Por su parte, el artículo 36 establece: “La adopción confiere al adoptado el estado civil de hijo de los adoptantes, con todos los derechos y deberes recíprocos establecidos en la ley, y extingue sus vínculos de filiación de origen, para todos los efectos civiles, salvo los impedimentos para contraer matrimonio establecidos en el artículo 5º de la ley de Matrimonio Civil, los que subsistirán.”. Entonces, no se divisa la razón de esta proclamación que hace el inciso segundo del artículo 1º, porque después se concreta en forma más específica y precisa en el artículo 36.

Por lo tanto, en mi opinión, debería dividirse la votación del artículo 1º, con el objeto de que se rechace su inciso segundo y permanezca solamente el artículo 36.

Respecto del artículo 4º, que se refiere a la intervención del Servicio Nacional de Menores y los organismos acreditados, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia propone a la Sala su rechazo, a fin de precisar en la ley los requisitos mínimos requeridos para tener tal calidad.

Esto reviste especial importancia porque los artículos 6º, 9º, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 31 y 32 asignan ciertas facultades a estos organismos acreditados. Considero conveniente señalar algunas pautas o requisitos que deben reunir necesariamente dichos organismos.

Por ejemplo -siguiendo el orden del articulado señalado-, se establece que estos organismos acreditados podrán intervenir en los programas de adopción, patrocinar la adopción del que está por nacer, iniciar el proceso para adoptar a menores de filiación no determinada y ser apelantes del fallo que declare al menor susceptible de ser adoptado. Se tiene como tal el domicilio del menor al cuidado de dicho organismo, en caso de que éste carezca de él. El cuidado personal conferido por el juez también puede ser entregado a un organismo de esta naturaleza, así como la evaluación física, mental, psicológica e idoneidad moral de los cónyuges; en la adopción internacional, presentación de documentos, el informe social favorable del organismo privado que corresponda al país de residencia de los solicitantes, y la notificación para el caso de no ser patrocinados por el Servicio Nacional de Menores y sus organismos acreditados.

Cabe señalar que los artículos 1º y 13 del decreto ley Nº 2.465, que creó el Servicio Nacional de Menores, se refieren a entidades coadyuvantes y colaboradoras, que son las que prestan asistencia o protección gratuita a los menores. Esto debe ser reconocido por el director nacional del Sename , que debe llevar un registro sobre el cual penden las exigencias del decreto supremo Nº 356, de 1980, del Ministerio de Justicia. Esto hace necesario determinar claramente cuáles son estos organismos acreditados que deben cumplir con algunos requisitos de idoneidad y calidad para poder intervenir en este negocio jurídico tan delicado como es la constitución de la familia por la vía de la adopción.

El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-

¿Me permite, señor diputado ? Le resta un minuto.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , el Diputado señor Huenchumilla me ha cedido su tiempo.

El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-

Puede continuar su Señoría.

El señor ELGUETA.-

Quiero referirme a otros aspectos no mencionados por las diputadas informantes. Por ejemplo, lo relativo a la declaración de nulidad que, según el proyecto aprobado por la Cámara, permitía invalidar la adopción por cualquier vicio en que se incurriera en esa gestión. Según la proposición del Senado, la nulidad sólo se podrá establecer cuando ella se obtenga mediante fraude o por medios ilícitos; es decir, cuando estemos en presencia de un delito. Así lo establece el artículo 40 -artículo 63 del proyecto aprobado por la Cámara-, que se refiere a todos los casos de simulación, fraude, ardid o estratagema para conseguir la adopción. El inciso segundo del artículo 37 dice que “La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse en el plazo de cuatro años contados desde la fecha en que el adoptado, alcanzada su plena capacidad, haya tomado conocimiento del vicio que afecta a la adopción”. Sin embargo, el plazo de prescripción, cuando se ha iniciado la acción penal, es distinto. En consecuencia, deberían combinarse estas dos disposiciones del artículo 37 con el 40, para que el juez del crimen que conoce del delito de fraude o del hecho ilícito mediante el cual se logró una adopción, de oficio o a petición de parte, pueda también declarar su nulidad.

El artículo 44 deroga las leyes Nºs 7.613 y 18.703 y los números 5º y 39 del artículo 26 de la ley Nº 16.618. El Senado le agregó tres incisos. En ellos se dispone que aquellos que tengan la calidad de adoptante y adoptado conforme las leyes que se derogan -adopción simple- podrán acordar, mediante un pacto que deberá constar en escritura pública, aprobado judicialmente, que se les apliquen los efectos establecidos en el artículo 36, inciso primero. Al respecto, me queda la duda: ¿qué juez conocerá este asunto -el proyecto no lo dice-: uno de menores o uno civil? ¿El del domicilio del adoptante?, ¿el del adoptado?, ¿el del Servicio Nacional de Menores?, ¿el de algún organismo calificado por el Sename?

Por eso, convendría que el artículo 44 también fuera a comisión mixta, con el fin de que señale claramente cuál es el tribunal competente para establecer, declarar o aprobar el pacto que celebren mediante escritura pública los adoptantes y adoptados, en aquellos casos en los cuales quieran conseguir los efectos civiles plenos a que alude el proyecto respecto de la adopción.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-

Le resta un minuto, señor diputado.

El señor ELGUETA.-

Ha quedado absolutamente claro, en lo sustancial, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo -así lo expresaron, en conformidad con el número 3º del artículo 19 de la Constitución Política, y el artículo 18 del Código Penal, los ministros de la Corte Suprema, señores Cury y Garrido -, que las disposiciones de la iniciativa, en especial la del artículo 40, coinciden con el proyecto que entrará en vigencia una vez que rija la ley sobre filiación. Por lo tanto, existe continuidad, de tal manera que ninguna persona que actualmente esté siendo procesada por el delito, por ejemplo, del artículo 44 de la ley de adopción, pueda invocar esta derogación para eximirse de responsabilidad, ya que el artículo 40 sanciona la conducta ilícita de conseguir fraudulentamente la adopción.

En consecuencia, con las observaciones que he indicado, estamos de acuerdo en aprobar las modificaciones del Senado, salvo las disposiciones a que han hecho mención las señoras diputadas y las que he señalado.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , nos encontramos en la etapa final de la tramitación legislativa de uno de los proyectos más maravillosos que le ha correspondido conocer a este Congreso. No se trata, precisamente, de aquellos que han causado estridencia en la opinión pública, quizás porque, en general, ha estado ausente de polémica o escándalo, o porque simplemente tenemos una cultura en que las noticias que promueven el bien o la justicia tienden a pasar bastante inadvertidas.

En primer lugar, quiero entregar mi agradecimiento al Ministerio de Justicia, a la ministra de Justicia , a su equipo asesor, por haberse decidido a legislar sobre esta materia, y a cada uno de los parlamentarios, diputados y senadores, por haberse dedicado con tanto profesionalismo a un proyecto que corrige, de manera sustantiva y necesaria, la actual legislación en materia de adopción, y que hará tanto bien a nuestra sociedad.

En esta oportunidad, no quiero referirme a materias sustantivas, porque creo, tal como lo señalaba, que se ha actuado con mucho profesionalismo en las distintas instancias de la tramitación legislativa.

Si me pidieran definir qué representa esta iniciativa, lo definiría como un proyecto de ley que genera vida, por varias razones. En primer lugar, porque protege la vida del que está por nacer, al darles la oportunidad a todas aquellas mujeres que tienen embarazos no deseados para que no aborten. El decirles que en nuestro país, y también en el extranjero, existen miles de matrimonios dispuestos a recibir a esos niños como hijos, para amarlos, para protegerlos, para darles cariño, para formarlos y para entregarles valores en el seno de una familia.

Efectivamente, para evitar que una mujer adopte una decisión tan extrema, como el aborto, se le da la posibilidad de iniciar el trámite de adopción antes del parto. Con posterioridad, la madre deberá ratificar su decisión ante el tribunal. Para que esa ratificación se haga con entera libertad en el caso de que la mujer pueda arrepentirse después del parto, el proyecto ha buscado una fórmula que, desde mi punto de vista, asegura esa libertad. Una mujer embarazada que inicia los trámites después del parto, debe ser citada por el juez para que concurra a ratificar la entrega de su hijo en adopción; si no lo hace, la ley entiende que se desiste. Es decir, basta que una mujer no vaya al tribunal para que se quede con su hijo. En el fondo, la ley presume el arrepentimiento por la no asistencia.

En segundo lugar, es un proyecto por la vida, porque permite a matrimonios que, por distintas circunstancias, no han podido tener hijos o quieran tener más, a ser plenamente padres a través de la adopción.

Al respecto, quiero señalar que la maternidad o la paternidad no es un hecho puramente biológico. Quizás en muchos casos, en forma inicial, se presenta como un aspecto biológico. Sin embargo, el llegar a ser buenos padres, al revés de lo biológico, depende de los lazos espirituales que se van creando con el tiempo entre padres e hijos, de la dedicación, del tiempo que les entreguemos a nuestros hijos, de nuestra preocupación por educarlos, de formarlos, de transmitirles e inculcarles valores.

Tengo la más absoluta certeza de que la profundidad de un vínculo entre padres e hijos está determinada, no por el hecho de la procreación o del nacimiento, sino en función de lazos que se generan con el tiempo y de factores absolutamente ajenos al tema biológico. Por esta razón, sostengo que a través de la adopción se puede llegar a ser plenamente padres.

En tercer lugar, y sin duda lo más importante, es un proyecto por la vida, porque por sobre todas las cosas estamos velando por el interés superior del niño, del menor. En definitiva, se trata de consagrar el derecho de todos los niños de este país a tener una familia. Por mucha preocupación y amor que le entreguen instituciones de beneficencia a un niño abandonado, no es lo mismo que tenga un padre, una madre, tíos y abuelos. El cariño y el ambiente familiar es irreemplazable en el desarrollo de las personas.

La adopción no está hecha para los padres adoptivos -cuya realización plena puede ser consecuencia de ella-, sino que, por sobre todas las cosas, se lleva a cabo pensando en el bienestar superior del niño.

En seguida, abordaré algunos aspectos medulares del proyecto de ley.

Desde mi punto de vista, un tema que quizás es fundamental en la actual legislación, está relacionado con la existencia de tres sistemas de adopción y donde sólo a través de uno de ellos se obtiene la calidad de hijo. En el mes de octubre, cuando entre en vigencia la ley sobre filiación, todos los menores que sean adoptados tendrán la calidad de hijos, situación que, por lo demás, siempre debió haber sido así. El resto de las adopciones cumplía otros fines de carácter patrimonial o asistencial; pero el verdadero sentido de la adopción en nuestro país -y que debe ser una sola- es que la persona pasa a tener la calidad de hijo.

En segundo término, el actual procedimiento es lento, largo y contradictorio. No dura menos de un año y medio y lo más delicado es que, incluso, puede llegar a confrontar a los padres biológicos con los adoptantes. Este fenómeno se produce hoy, porque la declaración de abandono se tramita en forma paralela a la adopción, de manera que si durante este trámite los padres biológicos se arrepienten de entregar al niño en adopción, el niño es retirado de la familia de los futuros adoptantes, cuyo cuidado le fue entregado por disposición de una medida de protección. En la práctica, la familia adoptante tampoco quiere entregarlo, porque siente a ese niño como propio y, en esa calidad, está dispuesta a defenderlo.

El proyecto separa claramente el procedimiento en dos etapas distintas. La primera consiste en declarar, mediante una resolución judicial, que un niño es susceptible de ser adoptado. Ésta es la única etapa donde pueden participar los padres biológicos y arrepentirse de entregar su hijo en adopción. En la segunda etapa sólo participan los futuros padres adoptivos. A estas alturas, los padres biológicos ya no se pueden arrepentir, de manera que el juez sólo tiene que verificar la idoneidad de la familia del futuro adoptante.

Tal como lo señalaba, hoy el procedimiento es lento. Por estimaciones que he realizado, el tiempo de la adopción en este proyecto de ley debería bajar a la mitad. Es decir, todo el proceso tendría que estar terminado en menos de 8 meses.

Si cada uno de ustedes analiza el texto del proyecto, podrá concluir que los plazos, en cada trámite, son precisos y con sanciones si ellos no son cumplidos, por lo que estos procesos deberían ser muy expeditos.

Y éste no es un tema menor, sino que es muy importante, porque los niños, especialmente en sus primeras horas, en sus primeros días o en los primeros meses, necesitan con mucha intensidad el amor materno y paterno, que es irreemplazable. Por eso, los procedimientos deben ser rápidos con el fin de establecer a la brevedad posible el vínculo entre el menor con la futura familia adoptante.

Sólo he querido hacer resaltar algunos temas. El proyecto, tal como lo señalaba, en sus aspectos fundamentales va a ser perfeccionado por la comisión mixta.

Quiero terminar estas palabras reiterando lo que ya señalaba: es un proyecto por la vida, porque protege la vida del que está por nacer; es un proyecto por la vida, porque permite a quienes no han podido engendrar o tener más hijos, ser plenamente padres y, en definitiva, es un proyecto por la vida, porque le da derechos a todos los niños de este país a que puedan desarrollarse en el seno de una familia.

He dicho.

(Aplausos).

El señor PALMA (don Osvaldo) .-

Señor Presidente , el artículo 28 deja en igualdad de condiciones para la adopción de menores a matrimonios no residentes en Chile, independientemente de su nacionalidad.

Este aspecto debe modificarse con el fin de privilegiar los matrimonios de chilenos residentes en el extranjero por sobre los matrimonios de extranjeros no residentes en Chile.

Esta posición se fundamenta en razones claras: mantener los lazos de unión con nuestro país, con sus tradiciones, con nuestra cultura y mantener el arraigo, como es el espíritu que anima este proyecto.

Señor Presidente, solicito de los diputados presentes pensar en esta posibilidad -no frecuente- que mantiene el arraigo y mejora la posición de los padres chilenos residentes en el extranjero.

Solicito votación separada para el artículo 28, con el objeto de rechazarlo, y con ello evaluarlo y, eventualmente, modificarlo en comisión mixta.

Muchas gracias.

El señor MONTES ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi .

La señora CRISTI (doña María Angélica ).-

Quiero manifestar mi apoyo pleno a quienes han trabajado en la tramitación de este proyecto que, como ha dicho la señora ministra, puede representar para un niño un regalo de vida, una opción de vida, una vida diferente.

La actual ley de adopción, más que velar por el interés superior del niño, privilegia los derechos de los padres biológicos, particularmente en lo que se refiere a la declaración del estado de abandono, que es uno de los principales problemas de la actual ley, figura que tiene por objeto dar a la madre un tiempo para reclamar al niño, pero cuyos plazos son largos e inoficiosos. En el 90 por ciento de los casos, la progenitora no realiza la gestión, pero basta con una visita anual de algún familiar para que un niño no pueda ser dado en adopción.

La propia ministra me informaba hace algunos días que en los lugares de atención hay cientos de menores esperando ser adoptados, pero el proceso no se puede llevar a cabo por esta norma de declaración de abandono.

Sin duda, las normas del proyecto corrigen ampliamente esa situación; incluso se consideró que un menor de 45 días debería tener un plazo para ser adoptado. Evidentemente, un niño recién nacido no puede esperar un año para poder incorporarse a una familia que lo cuide y lo proteja.

Una de las principales modificaciones del Senado es la que fortalece al Servicio Nacional de Menores como organismo fiscalizador, sin perjuicio de que otorga a las instituciones privadas que tienen a su cargo menores abandonados un estatus equivalente para los efectos de tramitar su adopción.

Un hecho que se va a tener que discutir en la comisión mixta es, justamente, los requisitos que deben cumplir estas organizaciones privadas. La ley era muy amplia respecto de sus atribuciones y cualquier instancia o persona podía convertirse en una institución privada con posibilidades de adoptar niños. Sin duda, deben demostrar capacidad técnica, profesional, no perseguir fines de lucro y tener un directorio, administradores y representantes legales de clasificada idoneidad personal. No puede ser que se mantenga una normativa que permite que cualquier instancia se haga cargo de este proceso tan delicado.

Otro tema que deseo destacar es la adopción prenatal. Es un hecho tremendamente importante que la ley también considere que la futura madre biológica puede arrepentirse en algún momento. La segunda madre podrá acompañarla en todo el proceso, y de esa manera tener una participación más directa en el nacimiento del niño.

Por otra parte, es muy interesante que en el proceso de adopción el juez deba considerar la opinión del menor, según su edad y madurez, es decir, 12 años o más si es mujer y 14 o más para el caso de los niños. Y el juez debe tener su consentimiento expreso.

A mi juicio, esta iniciativa protegerá a los niños y, sobre todo, se preocupará más de ellos que de las familias. Lo que se quiere es buscar una familia para un niño y no un niño para una familia.

Éste ha sido el espíritu del proyecto que, sin duda, cambiará el destino de tantos niños que hoy requieren de un hogar, de amor y de afecto.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo.

La señora POLLAROLO (doña Fanny).-

Señor Presidente , ya tuve oportunidad de manifestar la enorme valoración que sentimos por este proyecto. Ahora intervengo para referirme a un artículo que indiscutiblemente se relaciona con un tema muy significativo sobre el cual ya se manifestaron los colegas que hicieron uso de la palabra y que, a mi juicio, deberíamos rechazar para que sea revisado en la comisión mixta. Me refiero al artículo 9º, sobre el procedimiento de adopción que puede iniciarse antes del nacimiento del niño. Aquí estamos frente a problemas difíciles y complejos, y nos resulta bastante complicado ubicar dónde está exactamente el valor a proteger y cómo protegerlo.

Encuentro absolutamente atendible pensar que puede ser un procedimiento que dé seguridad a una mujer con un embarazo no deseado para evitar su interrupción. Sin duda, así lo expresó el Diputado Orpis en su emotivo discurso. Pero frente a este objetivo tan justo, me surgen dudas y reflexiones.

En primer lugar, es muy discutible su efectividad respecto de la prevención del aborto, porque la inmensa mayoría -la experiencia lo dice- establece el nexo con el proceso de adopción cuando ya el embarazo está muy avanzado: sexto o séptimo mes. Es decir, cuando ya ha pasado el riesgo del aborto.

Por otra parte, en este punto se debe volver a abordar el tema de la prevención del embarazo no deseado. Realmente me parece que eso es lo más justo, lo más sano y lo mejor para todos, incluyendo especialmente a la mujer que vive el drama de un embarazo no deseado.

En segundo lugar, frente a este bien que se busca, a mi juicio, bastante utópico, pues me parece muy poco práctico en cuanto a su efectividad, existe el riesgo de que se faciliten procedimientos éticamente muy discutibles y sobre los cuales no hemos realizado un adecuado debate. Me refiero a lo que en otros países se llama “arriendo de vientres” o situaciones como las que acaba de mencionar la colega María Angélica Cristi , de una segunda madre que acompaña, que me parecen muy peligrosas y dañinas, porque es imposible que la mujer con un embarazo no deseado, que va llegando al parto, esté en libertad de decidir, y puede verse atrapada en un compromiso del que no puede liberarse, en circunstancias de que quiere hacerlo.

Por lo tanto, me parece que este problema que se pretende obviar con los resguardos establecidos, como la ratificación de la mujer, de ninguna manera es suficiente para obviar la inevitable presión sicológica y la situación de no libertad a que se vería sometida.

Ahora bien, si se trata de calmar la angustia y la ansiedad de una mujer con un embarazo no deseado, en situación de inseguridad social, personal, económica, me parece que es perfectamente posible realizar un trabajo de consejería, de acompañamiento, que perfectamente puede ser la base para el inicio posterior de un proceso de adopción, cuando haya nacido el niño y la madre tenga la posibilidad de adoptar una decisión tranquila y totalmente libre.

A veces, buscando un bien, se puede llevar a los presuntos beneficiados a riesgos o a situaciones emocionalmente muy dolorosas y con las cuales hay que tener mucho cuidado.

Por eso, pido que rechacemos el artículo 9º para que sea discutido en la comisión mixta.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Restan diez minutos para el fin del Orden del Día. Han pedido la palabra las Diputadas señoras Antonella Sciaraffia, Laura Soto y el Diputado Fossa.

Si le parece a la Sala, cada uno podría usar de la palabra por dos minutos.

Acordado.

Tiene la palabra la Diputada Antonella Sciaraffia.

La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-

Señor Presidente , debido a la brevedad del tiempo y agradecida de la buena disposición de la Mesa y de mis colegas, sólo quiero manifestar la satisfacción de los diputados que integramos la Comisión de Familia por ver que estamos en la etapa final de un proyecto que efectivamente se hace cargo de muchas situaciones. Cuando uno recorre diferentes lugares y se reúne con la gente -sobre todo de escasos recursos-, se da cuenta de que la legislación sobre adopción no responde a las necesidades de las familias chilenas, y en particular, de los menores, que, lamentablemente, por razones de fuerza mayor, son abandonados por sus padres.

Una de las cosas que valoro especialmente en esta iniciativa respecto de los menores que son llevados fuera del país es la exigencia de que se desarrolle un procedimiento completo de adopción, y que se haga en Chile.

Represento un distrito fronterizo, y me ha tocado ver muchas veces a menores que son sacados del país mediante procedimientos muy ágiles, aunque moralmente discutibles porque no se resguardan las condiciones adecuadas en que el menor vivirá.

Por otra parte, separar el análisis del procedimiento de abandono con lo que es la adopción propiamente tal, también es un avance trascendental del proyecto.

También es un avance sustantivo la posibilidad de que el Servicio Nacional de Menores y otros organismos acreditados puedan hacerse parte y asumir la defensa de los intereses del menor.

En general, el proyecto se hace cargo de una realidad que durante muchos años ha estado esperando, y sobre la cual las Comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara de Diputados han tenido un arduo trabajo. Por ello, pienso que en el día de hoy deberíamos despachar esta iniciativa -no sé si votaremos-, que debemos valorar en toda su envergadura y tal vez analizar con mayor detención algunos temas, como lo sugerido por la Diputada Fanny Pollarolo .

La posibilidad de adopción del niño que está por nacer es un avance muy positivo, pero deberíamos estudiarlo con mayor detención.

Asimismo, me parece muy positivo privilegiar la adopción de matrimonios residentes en el país por sobre la adopción de extranjeros.

En general, todas las normas que son parte de este proyecto han sido analizadas acuciosamente, y, lo más importante, protegen al niño por sobre la familia. Se busca una familia para el niño y no un niño para una familia. Eso es lo positivo.

Por lo anterior, apoyaré el proyecto.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Laura Soto.

La señora SOTO (doña Laura).-

Señor Presidente , el debate respecto de esta iniciativa ha sido de gran altura. Estamos contestes en que se mira el interés superior del niño, generando una cuenta bastante progresiva en torno al tema, porque no sólo se busca una familia para el niño, sino también un niño para la familia, pues el amor es recíproco.

Con esta normativa se evita, primero, que el niño esté en la calle o en establecimientos especiales, o sea, se cobija en una familia; segundo, se amplía el concepto de familia, porque a veces sólo le concedemos importancia al matrimonio. No obstante que antes también se podía, ahora, con una calidad mucho más fuerte, se permite a las personas solteras o viudas adoptar niños, los que tendrán la calidad de hijos, aspecto que es realmente importante.

Por otra parte, como ha dicho el Diputado señor Orpis , al permitirse que incluso durante el embarazo se pueda dar un niño en adopción, ratificándola después, se protege la vida del menor y propala el amor que como sociedad le debemos. A lo mejor, el debate debiera centrarse en la forma de evitar que se burlen estas normas, las que implican un avance muy positivo.

El proyecto también pone una cortapisa en el tráfico de niños y regla en mejor forma la adopción por extranjeros para evitar que se lleven nuestros niños sin ningún tipo de resguardos o requisitos. Ahora, eso queda muy regulado, porque hemos conocido denuncias de tráfico de niños e, incluso, lo que es más grave, de órganos de niños.

En ese sentido, el proyecto implica un avance muy grande, razón por la cual la bancada del PPD lo aprobará.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fossa.

El señor FOSSA.-

Señor Presidente , me sumo a las felicitaciones a la señora ministra, por la sensibilidad y la valentía de llevar adelante éste y otros proyectos, como el relativo a tribunales de familia. Sin embargo, hay un aspecto que me preocupa enormemente: si se considera que es en familia donde el niño puede alcanzar el desarrollo de su personalidad, es evidente que no resulta aconsejable entonces que los solteros puedan optar por la adopción. En el proyecto se reconoce la dignidad de la persona del niño, y sería contradictorio que por el afán de un adulto soltero, de no sentirse solo, pudiera optar por la adopción. De ese modo, el objetivo de tratar a la persona como un fin y no un simple medio, dejaría de cumplirse. Esta reflexión no apunta a las viudas o viudos, en especial cuando existe la imposibilidad biológica de ser portadores de vida.

En relación con la adopción por personas no residentes en Chile, es de especial importancia resguardar que sean matrimonios o familias. Lo anterior, en virtud de que legislaciones extranjeras consideran como válidos vínculos que para nosotros, o para mí en particular, resultan tremendamente chocantes, como es el caso de los homosexuales u otros. No es necesario argumentar sobre el grave perjuicio a que se expone al niño, lo que resulta contradictorio con la búsqueda del bien común.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Cerrado el debate.

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado.

Han sido objeto de observaciones por la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, y, por lo tanto, se recomienda rechazar con el objeto de ser remitidos a comisión mixta, los artículos 6º, 8º, 10, 18, 19, 20, 23, 30, 38 y 68.

Además, durante el debate en Sala se ha propuesto que el inciso segundo del artículo 1º y los artículos 9º, 29, 37 y 44 también sean enviados a comisión mixta.

Propongo votar, en primer lugar, todos los artículos que no han sido objeto de observaciones por las Comisiones o la Sala, varios de los cuales son de quórum calificado u orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor MONTES (Presidente).-

Aprobados.

Se deja constancia de que se ha reunido el quórum constitucional requerido.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Ávila, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don José), Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jiménez, Jocelyn-Holt, Kuschel, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Martínez (don Gutenberg), Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Moreira, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Rojas, Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).

El señor MONTES ( Presidente ).-

Así se hará, señor diputado .

¿Habría acuerdo para rechazar las modificaciones del Senado a todos los artículos mencionados anteriormente, con excepción del 9º?

Acordado.

En votación la modificación del Senado al artículo 9º.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 1 abstención.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bertolino, Bustos (don Manuel), Caminondo, Cardemil, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don José), González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hernández, Huenchumilla, Jiménez, Jocelyn-Holt, Kuschel, León, Longton, Lorenzini, Martínez (don Gutenberg), Melero, Molina, Monge, Mora, Moreira, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Rojas, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Allende (doña Isabel), Ascencio, Bustos (don Juan), Ceroni, Encina, Girardi, Hales, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Mesías, Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), Sánchez y Soto (doña Laura).

-Se abstuvo el Diputado señor Montes

El señor MONTES (Presidente).-

Aprobada.

Despachado el proyecto.