Labor Parlamentaria

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Proyecto, en segundo trámite constitucional, que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.593, que suspendió la inscripción de taxis en el registro nacional de servicios de transporte de pasajeros e introduce otras modificaciones en ella, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

--Los antecedentes sobre el proyecto (2496-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Informes de Comisión:

Transportes, sesión 6ª, en 18 de octubre de 2000.

Transportes (segundo), sesión 7ª, en 31 de octubre de 2000.

Discusión:

Sesión 6ª, en 18 de octubre de 2000 (se aprueba en general).

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

La relación de la iniciativa fue efectuada en sesión de 18 de octubre recién pasado, ocasión en que fue aprobada en general por el Senado.

Cabe destacar que aunque la Sala autorizó a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para presentar un segundo informe de manera verbal, ella lo emitió por escrito.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, la Comisión deja constancia de lo siguiente:

1) Artículos que no fueron objeto de indicaciones, ninguno; artículos modificados como consecuencia de indicaciones aprobadas, ninguno; artículos que sólo han sido objeto de indicaciones rechazadas, 1º, 2º y 3º y 1º y 2º transitorios

2) Indicaciones aprobadas, ninguna, todas fueron rechazadas; tampoco hubo indicaciones retiradas ni declaradas inadmisibles. Asimismo, luego de una breve reseña, propone a la Sala aprobar el proyecto con la sola enmienda que figura en el informe que Sus Señorías tienen a la vista.

En síntesis, dicha modificación consiste en considerar, como artículo único, sin enmiendas, el artículo 1º del proyecto aprobado en general.

El referido acuerdo fue adoptado por cuatro votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los Senadores señores Cordero, Lagos, Muñoz Barra y Pizarro, y se abstuvo el Honorable señor Fernández.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Solicito autorización del Senado para que pueda ingresar a la Sala el asesor legislativo de la Subsecretaría de Transportes, don Patricio Bell.

Acordado.

En discusión particular el proyecto.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, deseo referirme en forma muy breve a la iniciativa en debate, reiterando lo planteado en su discusión en general. Entiendo las enormes dificultades por las que atraviesan hoy quienes se desempeñan como taxistas. Sin embargo, hay que considerar que en iguales condiciones se hallan los pequeños comerciantes, los pequeños agricultores y las PYMES, en general.

Llamaría a hacer un esfuerzo de imaginación, de voluntad, para encontrar solución al problema de aquéllos, sin afectar el marco general de libertad de actividades, que es tan importante no sólo para el país, sino también para quienes hoy día creen que son beneficiados con el texto en debate.

Este proyecto hay que mirarlo en su total proyección, no sólo en cuanto al interés de los usuarios del sistema, sino con respecto al interés de los propios hijos de quienes hoy pertenecen al gremio de taxis.

En la medida en que mantengamos libertades para realizar actividades, mantendremos una economía sana, un país donde sea posible prosperar, moverse y desempeñar las actividades que uno estime conveniente. Si, por el contrario, tomamos el camino que hoy día implica el proyecto en debate, de solucionar los problemas de los gremios mediante el no acceso a esas actividades de otros chilenos, estaríamos en una dirección verdaderamente equivocada.

Estoy cierto de que por la vía de bajar los impuestos que hoy día afectan a los combustibles, de eliminar regulaciones, de abrir posibilidades en muchas áreas, podemos solucionar los problemas actuales de los taxistas. Y esos caminos no necesariamente deben dañar el sistema de libertad vigente. De modo que debemos saber identificar las bondades de éste y ser cuidadosos en no dañarlo.

Por eso, mantengo mi votación en contra del proyecto, apreciando mucho al gremio aludido por los servicios que presta al país, valorando sus angustias del momento, pero identificando claramente que hay otros caminos que la autoridad debió investigar, auscultar y promover para resolver ese tipo de dificultades.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, estoy a favor del proyecto, porque estimo necesario prorrogar el congelamiento del parque vehicular. Hay un exceso enorme de taxis: 125 mil según cifras del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y 150 mil, según los propios taxistas.

Concuerdo en que se deben regular ciertos sectores, pero discrepo total y absolutamente de lo planteado por el Senador señor Prat. Ojalá que cuando la Sala trate materias relativas a la agricultura, Su Señoría tenga la misma vocación tan libertaria que ha manifestado ahora.

El tema del congelamiento del parque automotriz no soluciona todo el problema de los taxis, pero sí puede ayudar a que la regulación respecto de los años de antigüedad, las patentes, la necesidad de uso de gas natural, el garantizar el servicio a los usuarios, la congestión y la contaminación, puedan ser estudiados realmente por el Ministerio de Transportes de acuerdo con los transportistas, especialmente los taxistas, como lo han manifestado ambas partes.

Pienso que ese sector merece una oportunidad y una solidaridad mínima por parte del Senado.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, he participado en la discusión del proyecto y encuentro muy atendibles las peticiones de los sindicatos afectados. Sin embargo, para que la iniciativa vaya realmente en beneficio de todos los taxistas de Chile, en la Comisión señalé la necesidad de que el Ministerio de Transportes fije una política clara y definida respecto de la materia. Considero que esta actividad tan importante no puede estar sustentada permanentemente en lo que resuelva el Poder Ejecutivo o bien en la dictación de leyes para prorrogar plazos, con lo cual el gremio se encuentra permanentemente inquieto por no contar con la tranquilidad necesaria para trabajar en el largo plazo.

Por eso, solicité que me den a conocer las razones para fijar cinco años, y cuál es la política que se aplicará después de que ellos venzan. Porque lo mismo que estamos tratando hoy día, se conversó hace dos años, cuando se planteó que se requería de tal plazo para establecer una política en materia de taxis y taxis colectivos. Ha transcurrido el tiempo necesario y vemos que no existe ningún tipo de política sobre el particular. Por consiguiente, en la Comisión hice presente tal necesidad.

Asimismo, en la Comisión destaqué la necesidad de precisar el reconocimiento de la realidad de las zonas extremas, en especial, de la Región de Magallanes, a fin de importar vehículos usados y, por lo tanto, mantener la exigencia de 18 años de antigüedad para los taxis, lo que constituye un derecho absolutamente legítimo.

En la Comisión pedí a los representantes del Ministerio de Transportes que nos explicaran qué harán en estos cinco años y qué pasará después. De lo contrario, sólo estaríamos creando a los taxistas un problema más grave que los que deben ser resueltos en forma urgente hoy día.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, coincido con lo planteado por el Honorable señor Fernández; y, aun con mis aprensiones, voté favorablemente el proyecto que suspende por cinco años la inscripción de taxis en el registro correspondiente.

También concuerdo en que el Ministerio de Transportes debe promover una disposición legal, a fin de que el Estado y las personas que se dedican a esta actividad sepan cuáles son las reglas del juego.

Por otra parte, nos interesa saber qué pasará en cinco años más, porque si no hay una política que regule la materia, nuevamente estaremos congelando tal inscripción por un período similar.

De igual modo resulta importante señalar que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones eliminó los demás artículos del proyecto y una gran cantidad de indicaciones, debido a que la iniciativa sobre ciertos aspectos técnicos que regulan la actividad corresponde única y exclusivamente al Ministerio del ramo. En consecuencia, a la Comisión no le cabía pronunciarse sobre los aspectos técnicos que figuraban en algunos artículos e indicaciones.

Por lo tanto, con esas aprensiones, voté a favor del proyecto.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, solamente para manifestar mi agrado ante este informe. Gracias a la proposición que formulamos en la sesión anterior, el proyecto no fue despachado con la premura de la "Discusión Inmediata" y pudo ser analizado debidamente por la Comisión. En esa oportunidad, estábamos entrampados en diversas indicaciones que se le habían agregado durante su tramitación, las que habían desnaturalizando el sentido del mismo.

El único objetivo real que justificaba la iniciativa de ley era la congelación del parque automotriz de taxis por el tiempo necesario para ordenar la política sobre la materia. Lamentablemente, han transcurrido dos años y nada se ha hecho al respecto. Esperamos que transcurrido el nuevo plazo, tengamos normas claras, a fin de que la gente que trabaja como taxista no esté sujeta a la incertidumbre de lo que ocurrirá después.

No eran correctas las indicaciones que disminuían, por ejemplo, el tiempo de vida útil de los taxis o discriminaban en cuanto a la antigüedad en el caso de los microbuses que se incorporaban al sistema, lo que nada tenía que ver con la iniciativa.

Por consiguiente, me alegro que ahora el proyecto se circunscriba solamente a un objetivo: prorrogar la congelación del parque automotriz. Confiemos en que el plazo -que es más que suficiente- sirva para ordenar las reglas del juego; y si hoy día, por ejemplo, se modifica la vida útil de los taxis, que se aplique a los nuevos que se incorporen y no afecte a los que actualmente tienen un derecho.

--(Aplausos en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Reitero que no se pueden efectuar manifestaciones. Por favor, respeten al Senado.

El señor LARRAÍN.-

Así no se perjudica a quienes tienen incorporado a su patrimonio un derecho adquirido. Desde nuestro punto de vista, en realidad, nos parecía expropiatorio el sistema, pues a las personas dueñas de un vehículo -el cual constituye su patrimonio, su capital de trabajo- se les estaba perjudicando.

Espero que estas consideraciones se tengan presentes al legislar en el futuro o cuando el Ministerio de Transportes dicte las normas reglamentarias correspondientes.

Por eso, votaré a favor del proyecto.

El señor VALDÉS.-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con la idea de legislar de la iniciativa, con las salvedades aquí mencionadas, particularmente las sostenidas por el Senador señor Sergio Fernández, pues realmente en Chile hace falta una política del transporte. De eso no cabe la menor duda. Basta pasar por el centro de Santiago o por cualquier otra ciudad del país.

Estimo que el transporte se debe regular de acuerdo con los interesados, con quienes lo realizan, que son los conductores y los propietarios de los vehículos.

Quiero referirme a la idea de que no se puede regular esta actividad. Yo pienso que se debe hacer. Me tocó vivir diez años en Nueva York, que -según juicio unánime- es una ciudad que funciona muy bien desde el punto de vista del transporte y de la seguridad. En ella, el número de taxis, que son vitales para una urbe donde no hay estacionamientos de automóviles, está regulado y es fijo. La municipalidad, junto con el sindicato o la agrupación de taxistas, acuerdan el número conveniente para el servicio de la ciudad y para los intereses de los propietarios y conductores. En este momento son 12 mil. Acabo de estar allá y consulté acerca de por qué funcionan tan bien. Si uno quiere entrar, tiene que comprar el derecho a participar con lo que se llama-"medallón".

Creo que en Chile la regulación se justifica en éste y no en otros casos, que constituyen monopolio, porque los taxis constituyen un servicio público y, por lo tanto, debe ser cuidado y regulado, de acuerdo con los propios interesados.

A mi juicio, también debe adoptarse la política que se sigue en otros países, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos -lo señalo como una opinión para el señor Ministro - de que, cuando se adquieran autos nuevos se compren en condiciones de licitación nacional o internacional, en forma tal que los vehículos sean adecuados para taxi. Entonces -como ocurre en Estados Unidos-, se obtiene de parte de los fabricantes de vehículos un precio barato y una forma de pago adecuada. Y eso satisface al conductor, al comprador y al servicio público.

--(Aplausos).

El señor PRAT.-

Señor Presidente, deseo complementar los datos proporcionados por el señor Ministro.

Conozco varias comunidades en regiones donde hay muchos taxis colectivos, pero muy pocos autos particulares y, a veces, ninguna micro.

Entonces, cuando hablamos de Melbourne, debemos comparar cuántos taxis por persona existen allí, pero también cuántos autos por habitante hay en esa ciudad. Porque, a veces, cuando la gente usa poco el taxi, es porque posee automóvil. En las comunidades que conozco, la mayoría de las personas no lo tiene. Y si existen pocos taxibuses, tendrán un grave perjuicio en su bienestar, pues tampoco hay micros.

Entonces, cuando hablamos de cifras, debemos mirar también el conjunto y otras alternativas de transporte que posean o no posean las personas.

Sobre lo mismo, quizás el propio señor Ministro nos pueda proporcionar información complementaria a la señalada por el Senador señor Valdés. Es cierto que en Nueva York desde hace mucho tiempo se ha limitado el número de taxis. Pero habría que preguntar cuánto cuesta el cupo para tener un taxi en esa ciudad. Tengo entendido que el monto supera los 100 mil dólares.

El señor PIZARRO.-

150 mil dólares, señor Senador.

El señor PRAT.-

150 mil dólares respecto de un vehículo que vale 20 mil dólares.

Entonces, me parece que son elementos que también deben ponerse sobre la mesa, para resolver bien esta materia.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, mi pregunta es breve y específica.

Dado que las materias técnicas quedarán para ser reglamentadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mi consulta puntual dice relación a la prestación de este servicio en el sector rural, donde el proyecto generó una favorable expectativa al posibilitar la prestación del servicio de taxi en cualquiera de sus modalidades con automóviles que cuenten con un motor de 1.5 litros de cilindrada.

En tal sentido, consulto al señor Ministro si es factible que en la futura reglamentación se conserve la posibilidad que señalo, que ya ha generado expectativas y que para el servicio prestado en el mundo rural es muy importante, porque facilitará la renovación del vehículo por uno de menor costo.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, por las razones dadas, deseo reiterar lo que señalé en la Comisión en el sentido de que concuerdo con el proyecto en la forma en que ha sido tratado; y además preguntar al señor Ministro cuál será la política que se implementará respecto de los derechos adquiridos de las personas que actualmente poseen taxis y taxis colectivos, por cuanto, a mi juicio, cualquier norma técnica que se dicte debe afectar hacia el futuro y en ningún caso a la situación de quienes en la actualidad ya los poseen. Lo señalo a objeto de que esto se consolide y favorezca a los actuales propietarios de taxis y no se cree una discriminación, a mi juicio inconstitucional, al privarlos de tales derechos.

Por otra parte, deseo que se tenga expreso conocimiento y se considere la situación de los taxis de la Duodécima Región, que es similar a la de otras zonas extremas, como, por ejemplo, la Primera, en el sentido de que se permita comprar vehículos usados y que la antigüedad de los mismos se mantenga en la forma en que se halla establecida en el decreto supremo Nº 212.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, si uno analiza el problema desde el punto de vista económico, se podrían considerar razones por las cuales efectivamente tendría que intervenirse el mercado de taxis, que se refieren, en el fondo, a externalidades que éstos producen cuando circulan vacíos por las ciudades: producen más polución, mayor atochamiento de calles, etcétera.

Sin embargo, deseo consultar qué estudios se han hecho en los últimos dos años al respecto; y, además, qué medidas se han tomado, o se tomarán. Porque congelar el parque de taxis me parece una acción bastante primitiva.

Si el problema que nos ocupa en este momento es la polución o la congestión en las calles, quisiera ver medidas dirigidas a eso. Si lo que nos preocupa es la seguridad de los pasajeros, desearía saber qué estamos haciendo para solucionar tal cuestión. En cambio, si lo que nos inquieta son los bajos ingresos de los taxistas, entonces -como señaló el Senador señor Prat - son otras las medidas que debemos adoptar, como bajar los excesivos impuestos al combustible.

Pero me da la impresión de que ahora estamos congelando el parque de taxis por cinco años, porque, en realidad, no hay ninguna otra mejor medida, pues no se han hecho estudios, no se han tomado iniciativas, ni se sabe para dónde se va.

Entonces, quiero pedir que de ahora en adelante el Ministerio de Transportes nos informe anualmente qué medidas se están adoptando, qué estudios se están realizando y cuáles son las razones verdaderas de este congelamiento. Porque desconozco si él se debe a presión de los taxistas, a sus bajos ingresos, a la polución, a normas de seguridad o al desgaste de los vehículos.

Por eso reclamo, señor Presidente , porque dicha medida tal cual está me parece realmente primitiva. Y si no pedimos al señor Ministro de Transportes que nos informe anualmente, me temo que en cinco años más volveremos a aprobar un congelamiento, pero por una década.

También me asiste la duda respecto de qué ocurrirá con las personas que deseen o necesiten ingresar al mercado. Ni siquiera pagando van a poder hacerlo.

Por lo tanto, solicito que se nos informe acerca de la razón del congelamiento del parque de taxis y, además, sobre las medidas efectivas que se están tomando para solucionar los problemas que involucran tal determinación.

El señor LAGOS.-

Señor Presidente, así entendí el acuerdo, y por eso me abstuve de informar la iniciativa. Sin embargo, para que no se crea que en la Comisión desconocemos la problemática de los taxis, debo puntualizar, en homenaje a la verdad, que este gremio se hizo cargo de la cesantía en nuestro país a partir de 1981, cuando muchos privados pintaron sus autos como taxis y salieron a trabajar para subsistir. De no haber establecido dicho congelamiento, en este momento, con los actuales niveles de desempleo, no les quepa la menor duda a Sus Señorías que habría 20 mil taxis más en las calles. Tal decisión frenó en el mercado una sobreoferta y mayor competencia.

Se trata de un tema muy extenso para discutirlo ahora. Sin embargo, creo que al país le falta invertir más en infraestructura vial urbana y que, de una u otra manera, este proyecto ayudará a que la actual situación económica no se agrave todavía más en dicho sector. La mayoría de esta gente trabaja por cuenta propia el vehículo que posee; pero la situación del gremio desde Arica a Magallanes es desastrosa.

Por esa razón apoyé la iniciativa, y la Comisión tuvo mayores antecedentes a la mano, los cuales, por razones de tiempo, no podremos dar a conocer. A mi juicio, la medida propuesta se justifica, a pesar de presentar algunos inconvenientes desde el punto de vista del actual esquema económico; pero existe un problema de subsistencia en gran parte de este gremio, así como en otros relativos al transporte.

--Se aprueba en particular el proyecto (34 votos contra 4 y 6 abstenciones).

Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Cantero, Cordero, Chadwick, Fernández, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Lagos, Larraín, Lavandero, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

Votaron por la negativa los señores Canessa, Díez, Martínez y Prat.

Se abstuvieron de votar los señores Cariola, Horvath, Matthei, Novoa, Pérez y Stange.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Hamilton, que deroga la pena de muerte, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

--Los antecedentes sobre el proyecto (2367-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción del señor Hamilton).

En primer trámite, sesión 14ª, en 14 de julio de 1999.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 1ª, en 3 de octubre de 2000.

Constitución (nuevo), sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Discusión:

Sesiones 2ª, 3ª, 4ª, y 5ª, en 4, 10, 11, y 17 de octubre de 2000 (queda pendiente su discusión general).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

El último orador inscrito es el Honorable señor Núñez. Luego de que intervenga, se cerrará el debate y se dará inicio a la votación.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , estimados colegas, el tema que nos convoca, por su fuerte carga emocional y valórica, nos lleva por espacios de reflexión y de decisiones en los cuales, inevitablemente, se entrecruzan -a menudo de manera poco precisa- sensaciones, concepciones y visiones filosóficas difíciles de resolver para una plena satisfacción tanto de la conciencia como del intelecto.

En nuestra actividad como legisladores, marcada por la exigente racionalidad que implica la elaboración de leyes positivas, no siempre nos sentimos impelidos a expresar, en forma personal y directa, opiniones relacionadas con todas las materias sometidas a la consideración del Senado. Sea porque otros, de manera más fundada, nos interpretan cabalmente; sea porque el asunto en estudio ha sido resuelto adecuadamente en el trabajo de Comisión, el hecho es que tales opiniones pueden subsumirse sin ningún problema o menoscabo de nuestras tareas.

Sin embargo, la pena de muerte es una materia, a todas luces, muy distinta de aquellas en torno de las cuales permanentemente nos pronunciamos en nuestra labor parlamentaria.

Señor Presidente , estimados colegas, legislar en cuanto a un hecho tan trascendente y delicado como la muerte es, dialécticamente, legislar sobre la vida; es penetrar por los oscuros laberintos de eros y thanatos, ambos símbolos de esta aparente dicotomía que es la vida y la muerte. En otros términos, aunque parezca obvio, legislar acerca de cómo privar de la vida a un ser humano es, al mismo tiempo, legislar necesariamente sobre la negación de la vida, que es la muerte; es hacerlo respecto de las dos dimensiones más esenciales que configuran la naturaleza humana; es hacerlo sobre los dos rasgos más vitales que condicionan la existencia, el ser, el todo.

Por ello, mi convicción es que nos enfrentamos a un tema que, por su carácter ontológico, exige una extrema responsabilidad moral y un profundo sentido ético en la labor que nos compete, no siempre reemplazada -creo yo- por las visiones ideológicas o políticas que informan nuestro quehacer cotidiano.

La complejidad del problema no puede, empero, llevarnos por el camino fácil de no enfrentarlo. Esto no sería prudente. Otros legisladores, investidos de igual compromiso que el nuestro, en otras latitudes, lo han hecho a entera satisfacción de quienes en su momento confiaron en la prudencia y sabiduría de ellos. Por tanto, ha llegado el momento -como lo hicimos en ocasiones anteriores- de que, sin amparo de ningún tipo, cada uno de nosotros exponga sus opiniones, sus visiones y sus puntos de vista sin temor a vulnerar nada, salvo nuestra propia conciencia.

Estimados colegas, cuando se conoce de la comisión de delitos atroces y aberrantes que violentan la conciencia más elemental del ser humano -entre otros, la violación de menores, la violación seguida de muerte, e incluso casos de robos con muertes-, lo cierto es que la primera reacción que surge, la primera emoción, es castigar de igual modo al o a los hechores de actos tan inhumanos y crueles. La racionalidad, el juicio y la necesaria reflexión son, a menudo y en primera instancia, superados por el deseo de hacer justicia por mano propia, y también -por qué no decirlo-, por la denominada "ley del Talión". Son emociones que generalizadamente se albergan ante el conocimiento de hechos tan viles y crueles. Esto se debe a que en el fondo de nuestra limitada naturaleza y, a pesar del enorme progreso experimentado por la civilización humana, no sólo somos imperfectos, sino que algo de primitivo aún subyace en nuestra mente y en el modo como apreciamos la existencia.

Por eso, para todos quienes sustentan las tesis abolicionistas de la pena capital, como es mi caso, no deja de ser complejo resolver adecuadamente un tema que compromete no sólo la razón, sino especialmente nuestros sentimientos como padres, esposos, hermanos, en fin, como seres que formamos parte de una misma comunidad.

A propósito de lo anterior, creo pertinente constatar -según lo escuché durante este debate- que todos tenemos argumentos válidos en uno u otro sentido. Esto, en mi opinión, debe inducirnos a abandonar todas aquellas posturas integristas o maniqueas que, por su entidad, puedan obnubilar la conciencia y la razón. Empeñarnos en debatir y resolver adecuadamente el proyecto de ley, nacido de una moción presentada por el Senador señor Hamilton -que, además de abolir la pena capital, crea la figura del presidio perpetuo calificado-, es nuestra principal tarea por ahora.

Señor Presidente , un principio básico anima mi visión del problema: cualesquiera sean las circunstancias en que se desenvuelva la actividad humana, la vida siempre debe prevalecer. Aun en situaciones extremas, como la guerra, el código de "matar para no ser muerto" tiene una excepción, cual es que el vencedor, cuando enfrenta al vencido, opta por perdonarle la vida y lo hace prisionero.

Tal como lo expuse con ocasión de un debate anterior y lo insinué recién, a mi juicio, la aplicación de la pena capital es un resabio de etapas primitivas de la evolución de la sociedad, pues está en contradicción flagrante con la eterna lucha por hacer más humana y civilizada la existencia del hombre. Además, atenta contra el valor intrínseco de la vida, y menoscaba gravemente la dignidad a la que tiene derecho todo ser humano por el solo hecho de serlo y, especialmente, porque afecta de manera irreparable el derecho inalienable de las personas, independiente de su credo religioso, su ideología, su raza y su sexo -incluidos los delincuentes-, en orden a que se les respete su vida como un valor superior reconocido.

Como señalé anteriormente, aparte los primeros sentimientos que nos provoca el conocimiento de situaciones límites de carácter delictivo, la pena de muerte no tiene justificación moral ni ética alguna. Una sociedad que proclama la defensa de la vida y promueve el pleno desarrollo de ésta, no puede aceptar una sanción de tal naturaleza, ya que al hacerlo niega su propia esencia y posibilita que otros seres humanos, bajo cualquier pretexto, quiten la vida a sus semejantes.

Ningún Estado tiene derecho a matar. Ésta es una afirmación que surge desde las nuevas tendencias de la filosofía del Derecho, del superior sentido común histórico y de la fuerza civilizadora que hay en el impulso humano.

Por ello, el Estado de Chile debe renunciar explícitamente a matar legalmente, pues sólo de esta forma es posible generar un sustrato ético lo suficientemente sólido que informe las relaciones sociales y promueva un sentido humanista de la vida en sociedad.

La Constitución Política, en su artículo 19, número 1º, asegura a todas las personas el derecho a la vida. En tal virtud, y teniendo presente que ese derecho informa el conjunto de garantías constitucionales, es un contrasentido que a renglón seguido permita, por excepción, la aplicación de la pena de muerte.

Es más, para ser coherentes con los tratados internacionales suscritos por Chile referidos a los derechos humanos y que por disposición constitucional se encuentran incorporados a nuestra legislación, el país debe abolir esa sanción, ya que contradice expresamente el contenido de tales convenciones.

Es importante tener presente al respecto que los argumentos para abolir la pena capital se basan, además, en el hecho de que ella no satisface los principios que informan la acción punitiva del Estado, pues ha demostrado ser ineficaz, que no es retributiva, que no permite la rehabilitación del inculpado y que no cumple la condición de toda pena de ser ejemplarizadora, produciéndose en los hechos un reconocimiento implícito de su incapacidad para atacar las causas sociales y culturales que hay detrás del acto delictivo. Por lo demás, la aplicación de esta sanción tiene un carácter irreversible e irreparable que hace ilusoria una eventual acción por error judicial.

Ésas son, entre otras, las razones que motivan mi voto favorable al proyecto en debate.

Sin embargo, y en virtud de lo señalado al inicio de mi intervención, debo puntualizar que la cuestión radica en cómo un Estado regido por una institucionalidad jurídica sólida asegura que todo delito reciba un justo y aleccionador castigo. La impunidad produce siempre -como han indicado destacados juristas- un efecto negativo en la conciencia social del pueblo al establecer, por la vía de los hechos o del derecho, la idea de que hay conductas criminales cuya "respuesta social es cero" por parte de quienes tienen el deber de hacer justicia.

Por ello, es correcto el planteamiento en el sentido de que nuestro ordenamiento jurídico contemple -como lo consigna el proyecto en discusión- la pena de presidio perpetuo calificado, a condición, naturalmente, de que sea aplicada sin duda ni restricción alguna, evitando así el escepticismo generalizado, según el cual tal sanción jamás se cumple.

Por los motivos y consideraciones expuestos, votaré favorablemente.

El señor FREI.-

Señor Presidente , el país sabe que, en las distintas funciones públicas que me ha correspondido ejercer, siempre he mantenido una posición inalterable de rechazo a la pena de muerte.

Dicha sanción atenta contra el derecho a la vida que le asiste a todo ser humano, incluso a aquel que ha cometido los crímenes más atroces.

La pena capital representa la negación de la vida, que es un derecho inalienable y uno de los valores más trascendentes para la sociedad, superior al Estado y a la seguridad ciudadana.

No puedo creer que para defender la vida y castigar al que mata el Estado deba también matar. Aceptar este principio es tan inhumano como el crimen que motiva la pena en cuestión. La sociedad, al reaccionar igual que un asesino, no se está defendiendo, sino que se degrada.

La atrocidad de la pena de muerte radica en que no restituye la vida de la víctima del crimen que se intenta reparar. Peor aun: después de su ejecución, donde había una muerte ahora hay dos. Esto es particularmente grave si se considera su carácter irreversible, ya que, en caso de error judicial, una vez ejecutada la sentencia no es posible enmendar lo obrado.

Además, la pena capital constituye un doble fracaso: del Estado, al reconocer con su aplicación que no puede proteger la vida de los ciudadanos si no es con la de uno de ellos; y de la sociedad, que a través de ella confiesa su incapacidad de rehabilitar.

Tampoco es un instrumento disuasivo, ya que está empíricamente comprobado que la pena de muerte no constituye un factor que amedrente a los criminales, porque éstos, al momento de cometer el delito, jamás piensan en la sanción que traerá como consecuencia su conducta.

Como cristiano, me sumo a la reflexión de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, quien dijo que la pena de muerte es cruel e innecesaria y que los seguidores de Cristo deben defender incondicionalmente el derecho a la vida. La sociedad tiene los medios para protegerse sin negar a los criminales la oportunidad de regenerarse.

"La dignidad de la vida" -expresó el Sumo Pontífice- "nunca debe ser arrebatada, ni siquiera en el caso de quien haya hecho mucho daño".

Por último, señor Presidente , quiero agregar dos reflexiones.

En el curso de mi mandato presidencial me correspondió ejercer el deber constitucional ineludible de decidir sobre la vida o muerte de un condenado a la pena capital. Mucho se ha dicho respecto de la actitud que asumí, y, por ello, pareciera que conmuté la pena de muerte por la de presidio perpetuo en 25 ó 45 casos. Fue en uno solo. Y, como lo dije en mi declaración al país el 29 de agosto de 1996, asumí esa responsabilidad en forma plena e individual, señalando que se trataba de una "Responsabilidad de cuyo ejercicio resulta una determinación inapelable, porque tras haber sido adoptada nada puede cambiar el destino del condenado.".

Dije que adoptaba esa resolución "inspirado en mis principios y mis valores, sostenidos y expresados con profunda convicción a lo largo de los años.".

Y completé la declaración sosteniendo:

"No puedo creer que para defender la vida y castigar al que mata, el Estado deba, a su vez, matar.

"La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva.

"Sólo Dios da la vida y sólo Dios puede quitarla.".

Por otra parte, debo manifestar que, como debía hacer uso de una atribución constitucional y decidir en conciencia, antes de resolver procedí a leer y revisar el expediente completo. Y me formé una convicción, adicional a los principios que he señalado.

Por eso otorgué el indulto. Y cada día estoy más tranquilo ante la decisión que tomé: primero, por mis principios, y segundo, porque conocí previamente todo el expediente, que totalizaba cerca de 3 mil páginas.

La otra reflexión tiene que ver con la pena de presidio perpetuo.

Creo en la cadena perpetua, Honorable Senado. Durante mi mandato presidencial recibí 95 a 98 solicitudes de indulto o de fijación de otra pena. En ninguno de esos casos (el número exacto puede precisarlo el Ministerio de Justicia) accedí al indulto ni a la fijación de una sanción distinta, como consta en los registros pertinentes. Los dejé con la misma pena aplicada por los tribunales: la cadena perpetua. Por lo tanto, respecto de ella actué siempre de manera consecuente.

He querido entregar este testimonio en los momentos en que se debate esta materia tan importante para la comunidad nacional.

Voto que sí.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente, la idea matriz de este proyecto consiste en suprimir en nuestra legislación la pena de muerte y sustituirla por la de presidio perpetuo efectivo.

Durante la discusión de la iniciativa hemos aludido a la marea abolicionista que en los dos últimos siglos ha alcanzado a parte importante de la humanidad; a los inconvenientes de la misma sanción desde el punto de vista jurídico, en especial el error judicial y la imposibilidad de rehabilitación; al aspecto moral, desde que, rechazadas por indignas la tortura, la violación o la amputación, menos podría justificarse la muerte; y a las objeciones religiosas, particularmente a la decidida oposición de la Iglesia Católica a la pena capital y al llamado del Papa Juan Pablo II a suprimirla.

Ahora quiero llamar la atención sobre el hecho de que el presidio perpetuo efectivo sugerido en el proyecto, siendo un castigo de máxima severidad, no presenta ninguno de los inconvenientes de la pena de muerte. En efecto, aquella sanción dura por toda la vida del condenado. La remisión condicional sólo procede cuando se dan copulativamente los siguientes requisitos: que se hayan cumplido a lo menos treinta años de presidio efectivo; que se acredite el cumplimiento de las exigencias de que el condenado se encuentra rehabilitado y puede reinstalarse en la sociedad, y que esta decisión sea adoptada por el máximo tribunal de la República.

Por último, quiero recoger y rebatir un argumento recurrente en quienes, durante el debate, se han pronunciado en contra del proyecto y por mantener la pena de muerte, en el sentido de que ésta tendría un efecto disuasivo e intimidatorio respecto de la criminalidad.

Sobre el particular, quiero sostener:

a) No es buena la señal de que matar no es malo si lo hace el Estado;

b) La vida, aun la del peor criminal, es un valor absoluto y un fin en sí misma, y, en consecuencia, no puede usarse como signo o medio para intentar influir en otros potenciales delincuentes;

c) La experiencia de países que han suprimido la pena capital no demuestra que tal medida causó un incremento de la criminalidad.

En Estados Unidos de América, varios estados mantienen la pena de muerte, sin perjuicio de lo cual también registran altos estándares de grave criminalidad.

Hace pocas semanas, "The New York Times" publicó un informe donde señala textualmente: "Las cifras de los últimos 20 años indican que las tasas de homicidios han sido entre 48 y 101 por ciento más altas en los estados norteamericanos que permiten la aplicación de la pena capital que en los estados que no la permiten".

En consecuencia, voto a favor del proyecto.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, ésta es la tercera vez que se discute este importante proyecto en el Congreso. Intervine en las oportunidades anteriores, y ahora deseo hacerlo nuevamente, para resumir mis planteamientos.

En primer lugar, no se ha demostrado la eficacia de la pena capital para inhibir la comisión de delitos graves.

Siempre se mantiene, pese a los avances de la técnica, la posibilidad de error en un proceso, y por cierto, la de que se aplique esa sanción, que es de carácter irreversible.

A lo anterior hay que sumar la realidad carcelaria en Chile, país donde gran cantidad de delitos graves son perpetrados por reincidentes.

En las discusiones anteriores no tuvimos a la vista elementos que hoy día sí están presentes: la redefinición del presidio perpetuo para hacerlo efectivo; la imposibilidad de aplicar indulto en esta materia, y la no derogación en casos de guerra o vinculados a las Fuerzas Armadas.

La señora MATTHEI.-

No es así, señor Senador. En las Fuerzas Armadas se deroga igual.

El señor HORVATH.-

¿Sí? Pero el informe y el autor de la moción plantean algo distinto.

Por consiguiente, pienso que la pena de muerte debiera eliminarse gradualmente, por cuanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que una vez derogada no hay posibilidad de restablecerla.

En tal sentido, y siendo un convencido de que hay que abolirla por completo, voto en contra del proyecto, anunciando que oportunamente presentaré las indicaciones del caso.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, pocas materias son más difíciles y discutibles que la que hoy estamos definiendo.

Siendo respetuoso de todas las posiciones, y en particular de la de quienes, por las razones que han expuesto, quieren abolir la pena de muerte, voy a votar en contra de esta iniciativa, porque, no obstante declararme contrario a esa sanción, creo que al eliminarla del todo dejaríamos a la comunidad en un estado de alta indefensión social.

Su Santidad el Papa ha sostenido con claridad -y no me parece bueno que se tergiversen sus palabras: él no se manifestó contrario a la existencia de la pena capital, sino a su aplicación, expresando su deseo de que ojalá no se aplicara nunca, concepto que sin duda compartimos- que en casos extremos, de absoluta necesidad -cito textualmente-, "cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo", ese castigo es aplicable.

Ésas son las razones que me llevan a opinar que debe mantenerse la pena máxima. Y todos sabemos que, si la eliminamos de nuestra legislación en virtud de acuerdos internacionales, tal decisión será irreversible; o sea, nunca más podremos restablecerla.

Por otra parte, en momentos en que en Chile recrudece la violencia delictual y, particularmente, se incrementan los delitos más fuertes y dolorosos, derogar la pena de muerte constituiría de nuevo una señal negativa.

Reviste gran importancia tener presente que aquí no está en juego la rehabilitación o el deseo de provocar un efecto ejemplarizador. Las penas se justifican en su carácter retributivo: se trata de un castigo que se relaciona con el delito perpetrado.

Los efectos rehabilitadores o los ejemplarizadores son relevantes, pero nada tienen que ver con la justificación esencial de una sanción. Numerosas sanciones no tienen efectos ejemplarizadores ni rehabilitadores. La reincidencia es en muchos casos una demostración de que desgraciadamente no se cumplen esos objetivos; pero no por eso vamos a suprimir la existencia de ciertas penas, que en casos circunscritos y determinados son necesarias. De lo contrario estaríamos afirmando que ni siquiera ante la comisión del crimen más horroroso imaginable por la mente humana la sociedad podría considerar la aplicación de la pena capital. En cambio, el hechor tendría legítimo derecho a aplicarla, aunque se tratara, por ejemplo, de la violación y homicidio de un menor.

A mi entender, si elimináramos la sanción máxima en casos como el recién descrito, estaríamos promoviendo la indefensión social de las víctimas.

Considero respetable, conveniente, positiva una política garantista en materias criminales y que circunscriba al mínimo posible la pena de muerte. Pero eliminar ésta de nuestra legislación, como lo propone la iniciativa que nos ocupa, constituye -como ya expresé- una señal inadecuada, de indefensión, y deja a los delincuentes en posición ventajosa frente a las víctimas, que siempre son olvidadas cuando analizamos este tipo de materias.

El problema es muy delicado. Incluso más: la alternativa de la pena de presidio efectivo por treinta o cuarenta años tiene muchas limitaciones e inconvenientes, y no me parece suficiente para sustituir plenamente la existencia de la pena capital en nuestra legislación.

Espero que ella se mantenga en algunos casos, aunque estaría de acuerdo con una iniciativa que la circunscribiera a sólo dos situaciones: la violación de menores con homicidio y el secuestro con homicidio. Eliminarla, como posibilidad, en tales hipótesis, significaría abrir el paso para que esos delitos, que son los más graves y disociadores desde el punto de vista de la defensa social, pudieran seguir cometiéndose.

Comparto la idea de suprimirla en la mayoría de los ilícitos contemplados en nuestra legislación, y ojalá nunca hubiera que aplicarla. Sin embargo, considero que su derogación resulta altamente delicada y compleja.

Por todas estas consideraciones, voto que no.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , me voy a pronunciar a favor del proyecto, fundamentalmente por dos razones: una práctica y otra de carácter valórico.

La primera es que la justicia es humana; por lo tanto, los hombres pueden equivocarse al aplicarla, como de hecho ha ocurrido en numerosas oportunidades, en las cuales el daño infligido a los acusados por error sólo ha podido ser reparado porque estos presuntos victimarios aún se hallaban con vida. Nuestra historia judicial está llena de casos en que, con el correr del tiempo, se ha descubierto que los equivocadamente inculpados eran inocentes. Y deshacer lo hecho cuando una persona ya está muerta es algo imposible. Esto es, quizás, lo que me hace mayor peso desde el punto de vista práctico.

El otro aspecto por el cual me inclino a votar favorablemente el proyecto es que, según mis principios y valores -humanistas y cristianos-, debemos tener la capacidad de arrepentirnos, de perdonar y de rehabilitar. Si nosotros, los cristianos, pedimos perdón a Dios por nuestros errores, ¿por qué no somos capaces de perdonar a otros por los suyos, si se han arrepentido y, muchas veces, rehabilitado? ¿Qué pueden ganar los parientes de las víctimas o la sociedad misma con la muerte del hechor? ¿O, en vez de reparación, sólo se busca venganza?

En materia de reincidencia, creo que la culpa, más que del reincidente, es de la sociedad, de todos nosotros, que no hemos creado las condiciones suficientes para que una persona no siga delinquiendo y se rehabilite.

Estas reflexiones, señor Presidente, me hacen votar en contra de la pena de muerte y a favor del proyecto.

El señor MARTÍNEZ.-

Señor Presidente , a mi juicio, la pena de muerte debe ser mantenida en nuestros Códigos. La razón es muy clara: si es suprimida, nos encontraremos con que, por los acuerdos internacionales suscritos, será prácticamente imposible retroceder para volver a instaurarla, dando una pésima señal frente a una creciente escalada de la violencia en todas sus formas, en especial de la que lleva a la violación y muerte de menores e infantes.

En segundo lugar, el secuestro con homicidio, acto criminal que, si bien se da poco en Chile -ojalá nunca aumente-, puede recrudecer si aparece una industria del secuestro.

El tercer problema -que quizás se nos viene encima; ya lo estamos viendo en las noticias- es el rapto de niños con el propósito de venderlos para extraer sus órganos y comercializarlos en el mercado para trasplantes.

En definitiva, aquí estamos frente a tres crímenes, claramente tipificados, en los cuales aparece un hecho evidente: la persona sometida a la acción del criminal no puede defenderse, es decir, es inocente. Y esto, dada la gravedad de la situación, donde la persona que origina la violencia no sólo tiene una doble carga de fuerza, sino que la ejerce sobre otra que no tiene capacidad para defenderse, me lleva a pensar que es altamente inconveniente retirar de nuestros Códigos la pena de muerte, por muy respetables que sean las argumentaciones que se den para suprimirla. Su eliminación -insisto- dejaría a la sociedad indefensa.

Y hay un hecho importante. Aquí se dice que no es justo que a la muerte se le responda con la muerte. Pero el problema no es ése. Existe lo que se llama el bien común general de la sociedad, y eso es lo que se está cautelando. En esta materia hay elementos que están más allá de las personas y que nos obligan. Corresponden a la filosofía y la experiencia de muchos años de legislación, de análisis de conductas humanas, de crímenes, de una serie de procedimientos, hasta encontrar un equilibrio entre la gravedad de un hecho como los recién anotados y las consecuencias que tendría para la sociedad.

Hemos visto el caso reciente de un violador que, después de estar 20 años detenido en su país de origen, llega a Chile y vuelve a cometer el mismo delito, también con consecuencia de muerte. Entonces, la pregunta que yo hago es: ¿resulta posible hablar en estos casos de rehabilitación? Ése no es el propósito. Aquí el perdón y la rehabilitación son elementos que ya quedan fuera del alcance humano.

Por eso, quiero dejar claramente establecido que estoy en contra de que se retire la pena de muerte de nuestros Códigos.

Y quiero hacer presente, además, que nos olvidamos de otro hecho: las familias que han recibido el impacto del asesinato de alguno de sus miembros, sobre todo si es un niño, donde la violación y la violencia se han sumado con una saña horrible, no se han podido recuperar. Múltiples estudios indican que el efecto es extraordinariamente grave y prolongado. El padre y la madre de la víctima, así como su familia, quedan afectados prácticamente toda la vida.

Invito a meditar acerca de lo que significan las consecuencias. Lo que hace la sociedad es impedir estas consecuencias. Frente a un hecho de esas características, lo que ella hace es ejercer la legítima obligación de defensa de los inocentes.

No estoy de acuerdo en que se retire de nuestros Códigos la pena de muerte, y por lo tanto mi voto es negativo.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , hemos escuchado muchos argumentos según los cuales sería posible eliminar la pena de muerte en razón de instaurar un presidio realmente perpetuo. Además, muchos señores Senadores han sostenido que el presidio perpetuo es aún peor que la pena máxima. Pero eso lleva a que en poco tiempo más también tengamos que suprimirlo, porque, si es peor que la pena capital, por los mismos argumentos que hemos escuchado hoy día, tendríamos que abolirlo. De hecho, en Europa ya existen muchos movimientos que plantean esta teoría y que están luchando por la supresión del presidio perpetuo por considerarlo inhumano, con argumentos bastante parecidos a los que hemos oído hoy a propósito de la derogación de la pena de muerte.

A lo que voy, señor Presidente, es a que se desea abolir la pena de muerte sobre la base de suponer que existiría un real presidio perpetuo, cuando, al final, no habría ni una ni otro.

En segundo lugar, se dice que el Estado no puede privar de la vida a nadie, ni justa ni injustamente. Sin embargo, creo que en poco tiempo más veremos a muchos señores Senadores que hoy han sostenido ese razonamiento votar a favor del aborto. O sea, no están de acuerdo con que se ejecute a un criminal, pero sí permiten que se mate a un ser humano inocente.

Recuerdo que me correspondió concurrir a la Conferencia de Beijing + 5, oportunidad en la que incluso se discutió si un médico podía o no podía oponer objeción de conciencia si alguien solicitaba un aborto. Se sostuvo que estaba obligado a realizar el aborto si realmente la recomendación era ésa, y ni siquiera se le permitía formular objeción de conciencia. Lo mismo está ocurriendo con la eutanasia: en algunos casos, se está considerando la posibilidad de que el facultativo no pueda manifestar objeción de conciencia.

En tercer lugar, debo hacer presente que hace poco tiempo se vio en Chile el caso -y ha ocurrido en otros países también- de un reo que inyectó sangre infestada de SIDA a un gendarme. Me pregunto quiénes serán los pobres gendarmes que deberán cuidar a un condenado a presidio perpetuo. Porque esos reos podrán hacer cualquier cosa; total, peor no podrán estar. Por lo tanto, quisiera saber si alguien piensa también en los derechos de los gendarmes.

Finalmente, el Congreso -y me ha tocado participar en el tema- ha ampliado enormemente, por ejemplo, el derecho a la legítima defensa, al establecer ciertas presunciones. En determinadas ocasiones, por ejemplo, cuando un hecho delictual ocurre en la casa, se presume una serie de cosas que garantizan la legítima defensa, y en ese caso se puede matar. Por lo tanto, mientras la sociedad no tiene derecho a matar, el particular ve ampliado su derecho a la legítima defensa por la vía de la presunción. En el fondo, aquí estamos privatizando el derecho a matar. Por mucho que se diga que la pena de muerte no inhibe la comisión de delitos atroces, muchas personas opinan lo contrario. En verdad, es muy difícil establecer realmente si existe o no existe relación entre pena capital y disminución de los delitos, porque es imposible probarlo. Siempre cambian las condiciones en la sociedad y, por lo tanto, no es posible comparar las cifras.

Señor Presidente , creo que algunos hechos delictivos -como el perpetrado por los peruanos que mataron a dos jóvenes a sangre fría, con una crueldad espantosa, o el de Cupertino Andaur cuya víctima fue el niño Zamorano Jones -, realmente merecen la pena de muerte.

Voto en contra.

El señor MORENO.-

Señor Presidente , comprendo que acerca de esta materia cada uno tiene no sólo el legítimo derecho a dar su opinión, sino que también debe ser muy cuidadoso, sobre todo cuando da a conocer lo que le dicta su propia conciencia, con el objeto de no lesionar con sus argumentos a quienes sostienen criterios distintos.

He reflexionado largamente sobre el tema porque comprendo que nuestro deber es cautelar el bien común en nuestra sociedad en la época que nos va a tocar vivir hacia delante, tomando en cuenta los problemas que la han afectado a lo largo del tiempo, así como también los valores que han ido emergiendo entre nosotros respecto de la defensa de la vida, los derechos de las personas y la dignidad de ellas mismas.

En lo que me concierne, votaré a favor del proyecto. Primero, porque, respondiendo a mi propia visión de la vida, yo defiendo el derecho a existir de un ser humano en toda su naturaleza y condición. Su derecho a nacer; su derecho a ser respetado, incluso en su incapacidad o en su debilidad; su derecho a no ser eliminado, porque molesta a la sociedad en su senectud o en su insania; su derecho incluso a ser colocado a resguardo para cautelar el bien común de la sociedad.

La sociedad tiene el derecho a velar por ese bien común. Por lo tanto, puede graduar los castigos y la forma de hacerlo. Y en este caso particular, se está precisamente entrando a modificar el sistema respecto del cual nuestra sociedad ha creído teóricamente en el pasado poder precaver, sobre la base de la prevención o del teórico temor a la muerte, delitos que se continuarán cometiendo. Incluso se da el caso de la aparición de nuevas figuras delictivas en nuestra sociedad, como es el terrorismo inducido y la violación seguida de muerte; todos, elementos no contemplados por nuestra juridicidad.

Por eso, soy partidario de suprimir la pena de muerte, no obstante entender -como lo señalé en mi intervención anterior- el dolor, la frustración, la irracionalidad e incluso la ira de muchos familiares o personas que rodean a quienes han sido víctimas de situaciones de esa naturaleza. Pero lo peor que puede ocurrir en una sociedad es dejarse llevar precisamente por el sentimiento de revancha o de irracionalidad. Creo que no hay relación de causa a efecto, como aquí se ha planteado, entre eliminar la pena máxima y el recrudecimiento de los delitos.

En segundo lugar, pienso sinceramente que todos tienen derecho a ser rehabilitado y a rehabilitarse. Quien ha cometido un crimen atroz, sancionado hoy con la muerte, puede rehabilitarse y ser útil a la sociedad sin necesariamente recuperar su libertad. Y dentro de ese concepto me inscribo: la sustitución de la pena de muerte -o sea, la eliminación física de la persona con el objeto de establecer una compensación por el daño causado- por una formulación que signifique introducir algo que hoy no existe, que es el presidio perpetuo efectivo.

Desde ese punto de vista, por lo menos quiero dejar constancia de que no hago míos los argumentos de quienes piensan que la sociedad, por el hecho de condenar a una persona a presidio perpetuo efectivo, incurre en un síntoma de debilidad o genera otros conflictos, como sería la incapacidad del sistema para poder defenderse de quien, dentro de ese presidio perpetuo efectivo, quisiera seguir atentando contra la sociedad.

El ser humano tiene muchos vericuetos en su mente. Pero la sociedad también tiene hoy muchos medios efectivos para cautelar el bien común, sin necesariamente recurrir a la eliminación física, en ninguna de las circunstancias de la vida, de quienes pueden constituir un riesgo y un peligro para ella.

Por eso, señor Presidente , profundamente convencido de lo que hago en conciencia, voto a favor del proyecto que sustituye la pena de muerte de nuestra legislación penal por presidio perpetuo efectivo, y me sumaré a quienes formulen indicación para elevar la penalidad contemplada en la iniciativa original a 40 ó a 50 años si es necesario.

El señor NOVOA.-

Señor Presidente , votaré a favor de la idea de legislar, aun cuando no comparto la argumentación que se ha dado.

Creo que la sociedad tiene derecho a defenderse y puede llegar hasta privar de la vida a quien haya cometido un delito atroz. Me parece muy peligrosa la línea de argumentación de quienes apoyan el proyecto, en cuanto a que en ninguna circunstancia sería legítimo privar de la vida a alguien. Ello debilita la defensa propia, el derecho a una guerra justa y la posibilidad que tiene cualquier sociedad o persona de recurrir a una defensa adecuada cuando no queda otro remedio. Por doloroso que sea, la pena de muerte no sólo viene a reconocer la debilidad humana, sino también a veces la incapacidad de la sociedad para buscar una solución a los problemas por medios más justos o más humanos.

En segundo lugar, pienso que es muy complicado abolir por completo la pena de muerte, en razón de los convenios internacionales suscritos por Chile. Podríamos encontrarnos con que después de cierto tiempo la decisión adoptada en esta oportunidad, y cuyo carácter es irreversible, hubiera constituido un error. No obstante lo anterior, deseo aprobar la idea de legislar para poner sobre el tapete una discusión de fondo y seria acerca del problema de la delincuencia en Chile y de la forma como la sociedad debería defenderse y, fundamentalmente, para limitar la aplicación de la pena de muerte a los casos más aberrantes. Aquí se ha hablado de los delitos de violación con homicidio y de secuestro con homicidio, los que, a mi juicio, deberían quedar cubiertos con la pena máxima.

Por otro lado, en Chile prácticamente no existe la pena capital. Al respecto, impera quizás la peor de las hipocresías ya que, por distintas razones, hay jueces que declaran que jamás la impondrán, pero resulta que su aplicación requiere unanimidad. Asimismo, el Presidente de la República alega razones de conciencia al otorgar el indulto. Por lo tanto, en la práctica, tenemos una legislación que no está siendo aplicada por la peor de las vías, como es la de recurrir a subterfugios, en un caso, o al indulto, en otro.

Deseo que ello se discuta en forma franca, abierta, y que cada uno exponga sus argumentos y justifique su posición de la mejor manera posible.

Voto a favor.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , junto con fundamentar mi voto favorable al proyecto, quiero insistir en que se trata de una decisión muy trascendente, no por la importancia cuantitativa que la derogación de la pena de muerte pudiera tener en Chile, sino principalmente por su dimensión valórica.

Deseo reafirmar el carácter absoluto que, a mi juicio, debería tener el derecho a la vida de las personas, y también la necesidad de un Estado que se sitúe en un claro plano de superioridad ética respecto de los delincuentes. El Estado, la sociedad, el Derecho, no pueden responder con los mismos métodos que utiliza quien delinque. Francamente, no creo que se proteja a la sociedad al actuar de esa manera. En mi opinión, al no afirmarse esa superioridad ética, el Estado termina legitimando el derecho a matar.

Además, pienso que la decisión de poner término a la pena de muerte es muy importante en un país como el nuestro donde por un período demasiado largo ¡por Dios! que se respetó poco el derecho a la vida de las personas.

Voto a favor.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , aquí se ha argumentado acertadamente -porque ésa es la realidad- de que la tendencia general es la de no aplicar la pena de muerte. Las mismas autoridades que tienen en sus manos la posibilidad de materializarla, se manifiestan propensas a no hacerlo. Ello tiene que ver con la tendencia que ha caracterizado el desarrollo de la humanidad. Los valores que hoy la rigen ciertamente no son los mismos de épocas pretéritas. No olvidemos que en su tiempo la esclavitud era absolutamente aceptada, como también lo era la tortura, con el fin de obtener información de parte de los presos.

En los convenios internacionales crecientemente se han ido estipulando normas para que un hecho tan atroz, como lo es la guerra, tenga por lo menos algunas regulaciones y se proteja la vida de quienes, por ejemplo, caen prisioneros. Es decir, progresivamente la humanidad ha ido tomando conciencia de la trascendencia del valor de la vida del ser humano.Asimismo, se ha planteado aquí la consecuencia entre el discurso que se hace respecto de la defensa de la vida y las acciones que se toman en otros campos de la existencia humana. Por ejemplo, se hablaba acerca del aborto. Ya tendremos oportunidad, a lo mejor, de discutir esa materia en el Parlamento, y adelanto que soy absolutamente contrario al respecto y que votaré cualquier proyecto que lo propicie, por estimar que hay de por medio un problema de consecuencia, pues estoy a favor de la vida. En realidad, deberíamos esforzarnos por trabajar en este sentido y por llevar a cabo estos debates con el máximo de profundidad.

Al hablar de la vida es importante abordar el tema de la legítima defensa. Hace algunos días escuché a través de los medios de comunicación a una distinguida jurista opinar que la gente debería armarse para defenderse de la creciente ola de violencia. Creo que esa práctica, por lo contrario, atenta contra la vida y no a favor de ella. La gente, por lo general, adquiere un arma que no sabe usar, la que posteriormente cae en manos de los delincuentes y termina siendo usada en contra de la sociedad. Actualmente las armas han proliferado en el país, y se hallan en manos de mucha gente que no tiene la más remota idea de cómo usarlas. Asimismo, parte importante de las que se encuentran en manos de los delincuentes proviene de las que obtienen de sus propias víctimas.

Por otra parte, si pretendemos eliminar la pena de muerte y reemplazarla por la de presidio perpetuo, es importante considerar en este debate el tema de la rehabilitación. Como ya lo planteé en mi intervención anterior, ello implica también un cambio profundo en todo nuestro sistema carcelario. Es necesario avanzar en el desarrollo de un sistema carcelario moderno, que no sólo contemple establecimientos adecuados, sino que también considere que quienes tienen la misión de cuidar y de atender esos recintos sean personas debidamente capacitadas, bien remuneradas y que cuenten con los medios apropiados para ejercer tan difícil función.

A mi juicio, el proyecto significa un paso importante, positivo -quedan muchos más para continuar en esta línea-, y, por lo tanto, lo votaré favorablemente.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , en mi intervención del 18 del presente mes manifesté, en el transcurso de ese largo debate, que iba a votar a favor de la idea de legislar, pero que presentaría indicaciones para disminuir el número actual de delitos que hoy día son merecedores de la pena capital, tal como lo hicimos en 1993, cuando las causales fueron disminuidas a treinta y tres.

Por esa razón, voto a favor de la idea de legislar.

El señor SILVA.-

Señor Presidente , el proyecto que hoy votamos en general fue ampliamente discutido, con nuestra participación, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Deseo, sin embargo, dejar testimonio de mis puntos de vista, adoptados en conciencia después de profundas reflexiones, los que coinciden con la iniciativa del Honorable señor Hamilton y con las enmiendas introducidas por el Ejecutivo. Mi voto será, pues, afirmativo.

Mis razones, en síntesis, son las siguientes:

El Estado está al servicio de la persona humana. Este principio de la servicialidad es para todo individuo de la especie humana, sean buenos o malos, cualquiera sea la condición social, edad o sexo. Por lo tanto, la dignidad de las personas es un principio valórico que rige para todo sujeto. Es un logro que costó ríos de sangre y es la bandera del Estado democrático.

En consecuencia, en un estado de derecho se está a favor de la dignidad de la persona humana. Es éste un principio esencial. Distinta es la posición que tengamos sobre el rol represivo del Estado.

La pena de muerte es básicamente contraria a la dignidad de la persona humana. Es la negación de la servicialidad.

Sin embargo, en una sociedad compleja, donde los riesgos son los que definen las relaciones entre los particulares, y entre éstos y el propio Estado, el rol represivo de éste resulta ineludible para que tales relaciones conduzcan al bien común.

El proyecto del Ejecutivo reconoce la dignidad de la persona humana al derogar la pena de muerte, pero hay que admitir que esa dignidad se construye sobre la base de un Estado fuertemente represivo para combatir la delincuencia. Dicha iniciativa es, a nuestro juicio, positiva y de mejor política criminal que la pena de muerte, por las siguientes razones:

1. Evita los riesgos de error judicial, que la pena de muerte no puede corregir.

2. Establece el presidio perpetuo efectivo, lo que implica que el sujeto condenado sólo puede acceder a beneficios como la libertad condicional una vez cumplidos 30 años de la condena. Yo me inclino, en definitiva, por 40 años, como ha sido propuesto.

3. A la pena de muerte se accede una vez que se cumplan una serie de requisitos limitativos: unanimidad para aplicarla; no se puede llegar a ella por medio de agravantes.

4. En el presidio perpetuo efectivo, estas limitaciones desaparecen.

5. Se traslada el otorgamiento de los beneficios de la autoridad administrativa a la autoridad jurisdiccional. Es decir, la Corte Suprema en Pleno, después de 40 años de presidio, decidirá si el sujeto que solicita el beneficio es digno de él, acreditando suficientemente su rehabilitación. Las razones que dicha Corte ha dado para pronunciarse en contra de tal posibilidad carecen, a mi juicio, de valimiento.

6. Si no es acogida la petición del recurrente, sólo podrá volver a solicitarla después de dos años.

Como se observa, se trata de un proyecto que cambia la óptica. Es drástico. El poder represivo del Estado se deja sentir. Es una iniciativa que otorga certeza. Lo que la pena de muerte hoy no tiene, tanto por las limitaciones para aplicarla como por la existencia de una indulgencia posterior. En fin, es un proyecto útil, pues sirve para dar una señal de poder represivo real y no formal.

Por lo tanto, mi voto es favorable, con la observación relativa a los 40 años de presidio efectivo.

Voto que sí.

El señor STANGE.-

Señor Presidente , reitero lo señalado días atrás en mi exposición en el sentido de que estoy totalmente en contra de abolir la pena de muerte en general.

Soy un convencido de que la pena capital es un freno a la criminalidad. Lo he visto en la práctica. También la ciudadanía exige castigos drásticos. Y si la sociedad organizada ha establecido esta sanción, es para proteger el bien común, el que ninguna persona tiene el derecho de invadir.

Por las razones expuestas a lo largo del debate, estoy totalmente en contra del proyecto. Sin embargo, estimo que se puede reducir el número de delitos que merecen la pena de muerte; pero habrá nuevos en el futuro y actualmente hay algunos aberrantes que hacen necesario mantener la pena capital.

Voto en contra.

El señor VEGA.-

Señor Presidente , comparto los puntos de vista jurídicos, éticos, religiosos, filosóficos e ideológicos que aquí se han expresado con tanta profundidad, con tanto sentimiento, con tanto espíritu.

Sin embargo, deseo ser práctico. Comprendo la intención superior de tales opiniones y coincido con ellas, en gran medida, pero, a mi juicio, su aplicación corresponde a otros momentos del desarrollo de nuestra sociedad, con un nivel cultural distinto.

En la sesión pasada, un señor Senador señaló que no sólo debemos analizar la pena. Y es precisamente lo que estamos haciendo ahora, analizando la pena y no el delito.

En la simbiosis de pena y delito hay un tercer factor que, en lo personal, me hace mucho peso: la víctima de hoy y la de ayer. También necesita atención el delincuente. Pero, sobre todo, me preocupa la víctima de mañana: un niño, un anciano o un desvalido, quien perderá la vida en forma traumática en manos de un delincuente.

La defensa propia o ajena de una vida, inevitablemente, igual cuesta otra vida, como lo he leído en un documento titulado "Versos para un fusilamiento".

En consecuencia, cuando hablo de respetar la vida, pienso en la víctima de mañana, en el sufrimiento de sus familiares, de su madre, de sus hermanos, y también en el de los delincuentes futuros. De modo que la vida, como bien común de la sociedad en su conjunto, como don de Dios, es lo que debiera constituir la preocupación del Estado.

Estimo que la sustitución de la pena de muerte por el presidio perpetuo efectivo no constituye un buen mensaje para la gran familia chilena.

Como expresé en mi intervención anterior, el presidio perpetuo y la readecuación social tienen fundamentos demasiado complejos que difícilmente serán aceptados y entendidos. Y, por supuesto, tampoco lo comprenderán los delincuentes. Por el contrario, este cambio puede servir de aliciente al momento de tomar la nefasta decisión de cometer un delito, lo cual justamente debemos tratar de evitar.

Estoy de acuerdo, y me parece necesario, con racionalizar la pena de muerte, reduciéndola a casos calificados muy puntuales, como, por ejemplo, la violación con homicidio de menores y el rapto.

Por lo tanto, coincido en eliminar tal pena capital cuando se trate de delitos comunes, como ha sido la opción de Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y muchos otros países.

Como se ha expresado hoy día, la pena capital se aplica poco en Chile. Sin embargo, me parece que es la única y precaria forma de proteger a las víctimas de mañana, por lo cual, por el momento, no estoy de acuerdo en derogarla.

Voto que no.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente , como ya he manifestado mi posición contraria a la pena de muerte, ahora quiero referirme a otro punto relacionado con el proyecto: desde cuándo empieza a regir la ley en cuanto a sus efectos.

Como es sabido el Nº 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental y el artículo 18 del Código Penal consagran la irretroactividad de la ley penal; es decir, la aplicación para el pasado es estrictamente excepcional y en nuestro ordenamiento jurídico sólo rige en el caso de que una nueva ley favorezca al afectado.

En el proyecto en análisis, el presidio perpetuo calificado es aplicable sólo a los hechos que se cometan con posterioridad a su consagración legislativa. En cambio, la eliminación de la pena de muerte sí adquiere eficacia retroactivamente.

Cabe precisar qué debe entenderse por una ley más favorable al afectado. El citado artículo 18 del Código Penal clarifica el punto al señalar que ello ocurre cuando la nueva norma exime al hecho de pena o le aplique una menos rigorosa.

Lo último no merece dudas cuando las penas son de similar naturaleza, como pudiera ocurrir con privaciones de libertad de diversa entidad. En el texto del proyecto, ello parece obvio en torno de quienes se encuentren afectados, o puedan serlo, por la pena capital. Vale decir, no cabe duda sobre la aplicación retroactiva de la norma en el caso de la supresión de la pena de muerte.

Quien se encuentre actualmente sujeto a presidio perpetuo se halla en una situación jurídico-material mejor a la del que se vea enfrentado al nuevo presidio perpetuo calificado, y la pena del afectado se puede reducir indirectamente, en tanto puede obtener la libertad en un menor plazo y sujeto a normas menos estrictas.

Establecido lo anterior, cabe adentrarse en determinar si este nuevo presidio perpetuo calificado es aplicable a hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la ley y que no hayan aún recibido condena.

El Ministro de la Corte Suprema Mario Garrido Montt , en su Tratado de Derecho Penal, manifiesta que las medidas de seguridad se fundan en la peligrosidad y no en la culpabilidad, por lo cual no cabría darles igual tratamiento que la ley penal. Agrega que en el Derecho Penal alemán tal criterio se traduce en "el principio de que las leyes sobre medidas de seguridad rigen in actum y, por lo tanto, se aplica aquella que está vigente al tiempo de dictarse la resolución, de modo que pueden imponerse a comportamientos realizados con anterioridad a esa ley.".

Sostener lo anterior estrictamente llevaría a poder aplicar el nuevo presidio perpetuo calificado a hechos cometidos con anterioridad a la vigencia de la norma que analizamos.

Sin embargo, el mismo autor señala que tanto en Alemania como en los países de habla hispana, hay autores, como Jiménez de Asúa, que propugnan una tendencia que argumenta en el sentido que el principio de irretroactividad rige también para tales medidas de seguridad, considerando que éstas "...si bien pretenden concretar objetivos de prevención especial, en sus consecuencias pueden llegar -y frecuentemente llegan- a privar de la libertad a una persona.".

Por último, el Ministro señor Garrido , citando a Enrique Curry , agrega que le parece que "esta última posición es la que se estima más de acuerdo con los principios generales que fundamentan el derecho penal, sobre todo el aseguramiento de los derechos de la persona.".

Este último autor complementa lo dicho señalando que "las leyes creadoras de medidas de seguridad y corrección son penales -no administrativas, como a veces se sostiene por sectores de la doctrina- y, en consecuencia, debe sometérselas al principio de irretroactividad de tales normas.".

Además, el presidio calificado es una nueva pena, cuyas características y condiciones de aplicación están establecidas en el propio texto legal, más aún manteniendo como otra alternativa sancionatoria la de presidio perpetuo simple.

Por lo tanto, me interesa puntualizar que el presidio perpetuo calificado, sea que se entienda como una nueva pena o bien como un endurecimiento de las medidas de seguridad del actual presidio perpetuo simple, siguiendo las modernas doctrinas penales, no cabe aplicarlo en forma retroactiva, sino, por el contrario, sólo a los hechos que se cometan con posterioridad a su vigencia y que se encuentren sujetos a dicha pena.

Voto que sí.

El señor ZURITA.-

En primer término, quiero dar excusas a los señores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento por disentir de lo resuelto por ella. Aun cuando no creo que les importe mucho, en todo caso les doy una explicación.

La interpretación de dicha comisión en el sentido de que para derogar la pena de muerte se requiere de una ley aprobada con quórum calificado, me lleva a expresar un parecer contrario, más que nada por el efecto perverso que tiene tal interpretación.

Aquí la Comisión de Legislación se ha ceñido a fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, todos los cuales inciden en caso de reos que, habiendo sido condenados a muerte, argumentaron que los habían sancionado con la pena establecida en el Código de 1875, cuerpo jurídico que no se dictó como ley constitucional de quórum calificado. Ésos fueron los planteamientos de Sagredo, de Tom Collins y de otros.

Qué dijeron tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema al respecto. Esta última sostuvo que las leyes similares a las existentes antes y que ahora son de quórum calificado, deben entenderse dictadas con cumplimiento de tal requerimiento. Ése es un buen argumento para el caso del condenado a muerte; pero, ¿lo es para la ley derogatoria de la ley penal?

Quiero llevar a Sus Señorías a que razonemos juntos. Doctores tiene la ley. A lo mejor el equivocado soy yo; pero, con la discusión se aclaran las cosas. Supongamos que una honorable corporación similar a ésta -o mejor, o peor; da lo mismo-, con la asistencia de 30 de sus integrantes, se preocupa de este problema, y que 22 de ellos acuerdan derogar la ley que establece la pena de muerte y 8 se oponen a ello. ¿Qué pasa? ¿Se deroga la ley? "¡No!", dirá la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, porque se trata de una ley de quórum calificado, y los 22 votos no alcanzan para dar esa mayoría. Y los otros 8, ¿son quórum calificado? ¡No! Constituyen un mínimo; y, sin embargo, de acuerdo con la tesis de dicha comisión, esos ocho votos, atentando contra el derecho a la vida, mantienen la pena de muerte. Ésa es mi gran duda.

Por tales consideraciones -tal vez equivocadamente- disiento de la Comisión de Legislación.

Ahora, he escuchado mucho decir que por qué sí a tal delito y por qué no a tal otro. Inclusive el Honorable señor Horvath -por quien siento mucho respeto, admiración y cariño- preguntó por qué razón no se derogaba en forma gradual la pena de muerte. Pero, ¡lo venimos haciendo en esa forma desde 1875! En ese año, copiamos el código español de Pacheco de 1840, el cual aplica la pena de muerte "a tutti", como diría Carnelutti. ¿Qué ha ocurrido? Que poco a poco se ha ido suprimiendo, hasta llegar a enero de 1970, a fines de la Presidencia del padre de nuestro distinguido colega señor Eduardo Frei , oportunidad en que se eliminan todos aquellos delitos que tenían como pena única la de muerte. Y surge un efecto especial.

Tan combatida y discutida puede ser la pena de muerte, que nuestro Código de Procedimiento Penal tiene una disposición conforme a la cual si una Corte de Apelaciones confirma por la unanimidad de sus miembros la pena de muerte aplicada en primera instancia, inmediatamente deberá reunirse en sesión aparte y exponer en un oficio que se dirigirá al Presidente de la República si el reo condenado es o no es merecedor de clemencia. ¿Por qué? Porque los jueces no podían aplicar otra pena en el caso del parricidio, o en el deceso de una persona derivado de un incendio intencional, etcétera. Ahora, ninguna sala se reúne con tal finalidad, porque, teniendo una escala conforme a cual el parricidio será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte, entonces, puede recorrerla toda. Y si recurrió al último peldaño, indudablemente que no tiene por qué reunirse y dirigirse al Presidente de la República para exponer si el condenado es merecedor de clemencia, porque ellos ya decidieron que no la merecía.

Todo lo anterior me lleva a mantener mi opinión en el sentido de que la pena de muerte, que se ha ido aplicando cada vez menos, debemos suprimirla definitivamente.

Por eso, voto a favor.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , voto a favor de la derogación de la pena de muerte con clara conciencia de estar participando de una decisión trascendente. Ella tiene un gran significado cultural y la considero un paso hacia una mayor humanización de la sociedad chilena.

Esta decisión la adopto también con plena convicción de que defenderemos mejor a las familias chilenas y mejoraremos la seguridad ciudadana, estableciendo al mismo tiempo un presidio perpetuo real.

Por eso, voto que sí.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente , estoy por la eliminación verdadera de la pena de muerte y asumo que el proyecto no lo hace completamente, desde el momento en que la mantiene en parte de nuestra legislación. De manera que esta tarde no estamos debatiendo si eliminar o no eliminar la pena de muerte, sino que dejarla sin efecto en cierta parte de nuestra legislación.

No creo en la pena de muerte por considerarla extremadamente cruel. Pienso que debería desaparecer completamente de nuestra ordenamiento legal. Recuerdo que hace más de veinte años que no se la aplica en nuestro país y que el aumento de la criminalidad nada tiene que ver con su existencia, sino con que la autoridad falle en la implementación de políticas públicas para que no exista delincuencia y en la represión de los delitos.

Asimismo, el proyecto me plantea algunas dudas. ¿Es ésta la mejor solución, toda vez que la pena que se impone al delincuente como alternativa es extraordinariamente degradante, porque ante un delito brutal se lo conmina a pasar una vida entera en la podredumbre de nuestras cárceles? ¿Acaso ese delincuente, aun cuando haya cometido un delito atroz, no tiene derecho a rehabilitarse, si sostenemos que frente a la pena de muerte, que no rehabilita, hay que buscar una alternativa que sí lo haga?

Por otro lado, es cierto que se genera tranquilidad en la sociedad en orden a que el legítimo deseo retributivo que busca, no ya la víctima, sino sus familiares, se cumpla en parte en algo que nunca se ha efectuado en nuestra legislación, donde el delincuente que ha cometido delitos atroces queda en libertad al cabo de muy corto tiempo. Al menos, el proyecto tiene el mérito de confinar a una reclusión que retribuya a la familia del ofendido la certeza de que se está haciendo justicia. Aún así, pienso que el ánimo no puede ser devolver con venganza al victimario.

Por consiguiente, señor Ministro , pienso que al dar este paso surge algo muy importante. La iniciativa obliga a la autoridad a extremar al máximo las medidas de seguridad en nuestra sociedad en todo cuanto signifique protegerla, particularmente a los niños y a quienes son más vulnerables.

Desde esa perspectiva, el desafío que el Senado asume hoy día frente a la sociedad chilena es señalar que se eliminará una pena, pero que a cambio de ello, la autoridad política y social, resguardará la vida de una manera mucho más exigente y rigurosa, ojalá ejemplar, para que, de ocurrir un delito, como de hecho sucederá, al menos la sociedad se haga cargo de retribuirlo, no quitando la vida a quien delinquió, sino protegiéndola íntegramente y también rehabilitándolo. Porque el drama es que durante todos los años que hemos discutido numerosas políticas públicas nada ha pasado con nuestras cárceles, a pesar de los esfuerzos y ellas continúan siendo escuela de los peores delitos y de las más grandes brutalidades.

Por eso, si de derechos humanos se trata, así como velamos por las prerrogativas de las víctimas y exigimos que ellas sean respetadas, también se debe alguna consideración al victimario, si deseamos señalar que somos una sociedad racional, ecuánime y equilibrada.

Por lo anterior, señor Presidente , estoy a favor de la eliminación de la pena de muerte. No creo que ella tenga carácter disuasivo ni mucho menos. Me parece que los hechos así lo demuestran. Pienso que debe existir una sanción ejemplarizadora; y comparto con el Honorable señor Silva su aprensión respecto de la aplicación de esta pena e incluso de su eventual aumento. Reservaré mi opinión para las indicaciones que presente o a lo mejor incluso propondré extremar la penalidad que se sugiere. Sin embargo, me preocupa la situación de nuestras cárceles como para ser todo lo condescendiente que se debe ser frente a la víctima y al victimario. Estamos muy lejos de eso.

En consecuencia, señor Presidente , al votar esta iniciativa reitero una vez más que la obligación moral que surgirá de la decisión que adopte el Senado, en el evento de aprobarse el proyecto, ha de hacer imperativo que la autoridad redoble más todavía todas las medidas que posibiliten que en nuestra sociedad ningún niño, anciano o víctima merezca la muerte de manos de un victimario. De esta forma, entonces, evitaremos que existan victimarios que deban pasar por la pudrición de las cárceles. De la autoridad depende que se dé tal realidad. Si no habremos cometido un grave error.

Voto a favor.

El señor CANESSA.-

Señor Presidente , en el debate se ha puesto en cuestión la legitimidad de la pena de muerte. Al parecer, la naturaleza humana mutó súbitamente hacia el bien, la sabiduría y la caridad, de manera que la actual conducta de los ciudadanos hace innecesaria la existencia de la pena de muerte en nuestro Estado de Derecho. No soy tan optimista.

El debate también puso en evidencia que estamos de acuerdo en que la importancia práctica de la medida propuesta es nula. En la nomenclatura de Amnistía Internacional, estamos entre los 24 países considerados abolicionistas en la práctica, esto es, donde no existe la voluntad de aplicarla. Ello nos diferencia de los 92 países donde se mantiene la pena capital y se realizan ejecuciones. Todavía más, últimamente las autoridades chilenas suelen considerar esta materia en la perspectiva de la conciencia individual, es decir, en tanto personas privadas, no como hombres de Estado. Mientras se mantenga este punto de vista, coherente por lo demás con la sensibilidad dominante, podemos dar por descontado que nadie perderá la vida como consecuencia de lo ordenado por una sentencia judicial.

Cosa distinta es que resulte conveniente para el bien común abolirla sin más y de manera irrevocable. Lo digo porque en adelante algunas personas sí perderán la vida, pero como consecuencia de una agresión ilegítima. Esto no inquieta demasiado a los que actuando en nombre de un humanitarismo abstracto imaginan que lo valioso es salvar la vida del criminal.

Mi posición es diferente. Las dramáticas experiencias que hemos escuchado durante el debate, más las consideraciones acerca de su utilidad potencial para combatir ciertos delitos, como el secuestro, me inclinan a estimar preferible conservar la pena de muerte como última reserva del sistema judicial, aunque sólo sea para reprimir ciertos crímenes particularmente graves.

No resulta conveniente prescindir ahora de este recurso legal. Nuestra sociedad atraviesa por un ciclo vertiginoso de cambios, circunstancia que inevitablemente ha debilitado su estructura moral. No es otra la causa final del grado de violencia irracional que hoy caracteriza a la conducta antisocial. Y ese clima de disolución moral -dicho sea de paso- hace posible que el hecho de violencia extrema, el aborto, sea hipócritamente tolerado en algunos círculos ilustrados. En cualquier caso, lo cierto, lo indiscutible, es que ahora hay más criminalidad que antes; es más desvergonzada, perversa, peligrosa y, además, generalmente impune.

Para encarar ese aspecto inquietante de la realidad, se nos propone el desarme unilateral del Estado.

No exagero. Cualquiera puede comprobar la influencia que tiene la mentalidad ideológica que va despejando el camino al desarme, en uno de cuyos extremos se encuentra la supresión de la detención por sospecha y, en el otro, la derogación de la pena de muerte. Así, mientras el Estado dice estar luchando contra una delincuencia cada vez más activa, al mismo tiempo se ata los brazos con la cuerda de buenas intenciones que él mismo va fabricando.

Como resultado, ahora casi no extraña que la vida de las víctimas se haya devaluado, en circunstancias de que la de los agresores se protege escrupulosamente.

Nuestro sistema penal, reducido a la impotencia, intentará disuadirles con la amenaza de prisión por 30 años. Claro está, así les garantiza que una vez cometido un crimen horroroso pasarán a ser intocables, pues ya nada peor podrá ocurrirles, hagan lo que hicieren al interior del recinto carcelario, si son condenados; o fuera del presidio, antes de ser aprehendidos; o si se fugan; o si reinciden.

Me parece que para preservar el bien común de la sociedad, bajo el amparo del Derecho y con los debidos resguardos procesales, cuando no hay otro camino para cautelar eficazmente la convivencia social y defenderla de un agresor injusto e inhumanamente cruel, es legítimo aplicar la pena de muerte. En palabras de Santo Tomás de Aquino: "si la muerte de los malos no atrae sino protección y seguridad para los buenos, es lícito dar muerte a aquéllos".

Señor Presidente , no creo conveniente que, para satisfacer una abstracción humanitaria, estemos dispuestos a abdicar de una facultad concreta que ejercen los Tribunales Superiores de Justicia y en cuya decisión final también cabe responsabilidad al Jefe de Estado , todo lo cual permite garantizar que aquélla no será ejercida arbitrariamente. Cosa distinta es que pueda ser estudiado y, quizás, reducido el ámbito de su aplicación.

Pero en el campo de la defensa social, en su lucha contra el crimen, no es prudente sustituir una facultad legal cierta por una quimera. En efecto, nada garantiza que sea posible siquiera materializar una prisión perpetua efectiva, menos aún que nuestro sistema penitenciario pueda ser capaz de rehabilitar a los criminales más salvajes.

En consecuencia, voto que no.

El señor CARIOLA.-

Señor Presidente , "no matar" es un principio moral básico, porque la muerte constituye el término de cualquier persona, al menos en esta tierra. Y, por lo mismo, me parece que no está entre las facultades que podemos conferirnos unos a otros el autorizar la muerte de un semejante.

A mi juicio, la pena capital es sobremedida. Y aun cuando comprendo que muchos crímenes, por su gravedad, parecieran no tener otra respuesta proporcionada, estimo que, por la irreparabilidad de la misma, unida a la radicalidad de su efecto, no puede ser considerada al menos como prudente.

Más allá de cualquier justificación teórica de la pena de muerte, vivimos en una época en donde urge el respeto por la vida. Desde el instante mismo de la concepción, ése debe ser un criterio básico. Por ello, creo que la supremacía de la vida humana nos puede ayudar a mejorar la convivencia, sobre la base de respetar la dignidad ontológica que tiene cada ser humano por el hecho de serlo, y más allá de nuestro comportamiento, por deleznable que éste sea.

Comprendo muy bien el desgarrador dolor de los padres cuando ven que sus hijos son víctimas de crímenes horrendos, y es perfectamente explicable la reacción de justicia que de un corazón adolorido pueda nacer. Pero estimo que se propende en mayor medida al bien común favoreciendo aquellas decisiones que permitan una mejor convivencia humana. No creo que al suprimir la pena de muerte se deteriore nuestra vida social, ni que ella cumpla por sí misma una función ejemplarizadora.

Aun cuando la historia de la humanidad en muchos aspectos exhibe deterioros evidentes -como la falta de respeto por la dignidad del no nacido-, considero que en otros hay un crecimiento ético notable. El término de la esclavitud, la valoración de la libertad política, el respeto y promoción de los derechos humanos, la valoración y goce de la libertad religiosa, constituyen, sin duda, hitos extraordinarios en el desarrollo colectivo. En este sentido, estimo que el rechazo a la pena de muerte debe enmarcarse en esa línea de evolución, aunque para muchos no parece coherente porque, al mismo tiempo, promueven la legitimidad del aborto.

Sin embargo, como hoy debemos responder si estimamos prudente mantener en Chile la sanción máxima, me manifiesto claramente por su negativa, en un esfuerzo para dar a nuestra convivencia un mayor sentido protector de la vida humana.

En mi opinión, ésta iniciativa no puede entenderse como un signo de debilidad frente al combate a la delincuencia y a nuestra lucha por brindar mayor seguridad pública, porque ella, al mismo tiempo, fortalecerá la cadena perpetua como una pena alternativa que efectivamente deberá cumplirse.

Por los motivos antes indicados, voto a favor.

El señor CORDERO.-

Señor Presidente, tal vez fui el primer Senador que en esta Sala argumentó por el rechazo del proyecto.

Tal como lo hice en esa oportunidad, ahora traje escrita también la fundamentación de mi voto, pero en beneficio del tiempo no le daré lectura. Tan sólo quiero referirme a una pequeña circunstancia con el objeto de argumentar mi posición.

Cuando era un joven alumno de la Escuela de Carabineros, de tan sólo 17 años, fumaba. Todos lo hacíamos, y en exceso. Nuestro profesor, para quitarnos ese vicio, nos obligó a asistir al Instituto Médico Legal para presenciar la autopsia de un fumador. Al ver esos pulmones rotos y, por sobre todo, al percibir el olor, por supuesto, todos dejamos el hábito.

¿Qué deseo demostrar con ello, señor Presidente? Como dice el adagio chileno: "Otra cosa es con guitarra". Una de las razones por las cuales existen los Senadores institucionales es para que vuelquen hacia la comunidad su experiencia.

Honorables colegas, quizás ninguno de ustedes o muy pocos han tenido la desagradable experiencia de los oficiales de Carabineros de concurrir al sitio mismo del suceso. Como miembro de la Institución, tuve conocimiento del homicidio de un niño de un año y medio de vida, el cual fue violado y posteriormente destrozado con una plancha antigua, de esas a carbón, para esconder su cadáver.

Cuando uno se encuentra con situaciones de esa naturaleza, indiscutiblemente piensa -y lo hice en aquella ocasión- que ese menor puede ser su hijo. Hoy ya no hago esa relación, sino que pienso que tal vez podría ser mi nieto.

Ojalá que a ninguno de los señores Senadores les corresponda presenciar un hecho como ése, porque jamás estarían de acuerdo en suprimir la pena de muerte.

Voto que no.

--Se aprueba en general el proyecto (29 votos contra 15), con exclusión de las normas que requieren quórum especial.

Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Cariola, Díez, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Lavandero, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

Votaron por la negativa los señores Canessa, Cordero, Chadwick, Fernández, Horvath, Lagos, Larraín, Martínez, Matthei, Prat, Ríos, Romero, Stange, Urenda y Vega.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ha quedado aprobado en general el proyecto respecto de las disposiciones de quórum simple: artículos 5º y 6º, Nº 1.

Sugiero a la Sala dar por aprobados los preceptos de quórum orgánico constitucional (artículos 4º y 6º, Nº 2) y los de quórum calificado (artículos 1º, 2º y 3º), dejando constancia del número de votos.

¿Habría acuerdo para ello?

El señor LARRAÍN.-

Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

La tiene, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.-

Sí, señor Presidente , hay acuerdo. Pero quiero hacer un alcance.

Como la Constitución dispone que la pena de muerte debe establecerse mediante normas de quórum calificado, cabe entender que la aprobación del proyecto se efectuó conforme a dicho quórum.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Concuerdo con Su Señoría.

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente, aquí se han citado las palabras del Papa Juan Pablo II en la encíclica "Evangelium Vitae", donde expresa que la pena de muerte sólo se justifica en casos de "absoluta necesidad", "circunstancia que hoy prácticamente no se presenta en ningún país."

Este problema y la actitud de la Iglesia (especialista en humanidad) no deben analizarse sólo sobre la base de los párrafos -que son muy breves- de dicha encíclica relativos a la pena de muerte, sino en el ámbito de la filosofía que en su totalidad la inspira. Y ésta es la tarea que el Honorable señor Cariola me ha facilitado al abogar por la defensa de la vida completa; desde su iniciación natural hasta su extinción también natural.

Nada puede atentar contra eso: ni nuestro concepto de bien común, ni la investigación científica en los embriones, ni el sacrificio de la vida humana en la fertilización asistida, ni el aborto, ni la pena de muerte.

La iniciativa crea una doctrina humana coherente, sólida y completa para defender la vida por sobre toda otra consideración. Porque no puede haber bien común si no nos hallamos todos comprendidos dentro de él. Y no hay bien común para el delincuente si la pena que se le aplica es la de muerte.

Por lo demás, quienes abriguen alguna duda acerca de que su abolición incentiva la delincuencia porque demostraría debilidad de la sociedad, se encuentran profundamente equivocados. En Chile hace 20 años que no se aplica la pena capital, por decisión de los jueces o por indultos presidenciales.

Como se ha señalado, en el país no se está aplicando la ley en cuanto a la pena capital, sino que se la reemplaza por presidio perpetuo. Si finalmente el proyecto no se aprobara, se seguiría imponiendo la pena de cadena perpetua, que una vez cumplidos 20 años de reclusión permite solicitar la libertad condicional y ésta es otorgada por un organismo administrativo. De transformarse en ley la iniciativa, el presidio perpetuo deberá cumplirse por el lapso de 30 -y espero que de 40- años de confinamiento efectivo para tener derecho a pedir la libertad condicional. Y ésta no será otorgada por una autoridad administrativa, sino por la mayoría del Pleno de la Corte Suprema. No hay duda de que ese Alto Tribunal tiene en sus manos los medios para efectuar una investigación completa tanto de la conducta del condenado a presidio perpetuo como de su psicología, y para practicar los exámenes técnicos y psiquiátricos que sean convenientes.

Por lo tanto, la legislación en debate es más protectora de la sociedad que la normativa actual, que establece la pena de muerte en la letra, pero que por la evolución de nuestra cultura ciudadana ya se ha apartado de la realidad del país.

Por las razones anotadas, señor Presidente , mi posición es favorable a la iniciativa que tratamos.

No obstante lo anterior, quiero precisar que no es ilegítima la privación de la vida ajena en defensa de la propia existencia; porque así como la citada encíclica " Evangelium Vitae " protege la vida del delincuente, con mucho más fuerza -¡con mucho más fuerza!, autorizando incluso la defensa propia- resguarda la vida del inocente.

Ésa es la protección verdadera de la víctima; del inocente entendido en su cabalidad; del inocente desde las primeras etapas de su desarrollo; desde que el ser es embrión hasta que pierda naturalmente la vida.

La defensa de la filosofía que ha inspirado el proyecto evidentemente dice relación a un progreso de la cultura social frente a nuevas formas que amenazan y ponen en peligro la vida humana.

Por eso, siento una íntima satisfacción ante el hecho de que se coloquen por Chile dos nuevos cirios en el Coliseo con motivo de nuestra abolición de la pena de muerte.

Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, el señor Ministro ha dado lectura a un considerando de un fallo, el que es muy importante visto desde otra perspectiva: cuando los jueces, al margen de la ley, deciden incluir en sus sentencias opiniones personales, no hay legislación alguna que garantice lo recién expresado en esta Sala.

El problema de ese fallo, señor Ministro , más allá de lo que usted señala -y entiendo su intención-, radica en que los Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua decidieron oponer al imperio de la ley sus opiniones personales.

Por eso quizá sea estéril la discusión que hemos sostenido acerca de si es o no válido mantener la pena de muerte en nuestra legislación, pues hay magistrados que, al margen de la ley, hacen prevalecer sus criterios personales.