Labor Parlamentaria

El señor LORENZINI (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley general de Servicios Sanitarios en materia de licitación de la provisión del servicio sanitario dentro del límite urbano.

Los Comités acordaron ayer que cada bancada dispondrá de cinco minutos para el debate.

El proyecto se votará inmediatamente después de su discusión.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, este proyecto es largamente esperado en todas las regiones. Pretende algo muy simple: que cuando el ministerio solicite a las sanitarias extender su área de concesión, estarán obligadas a hacerlo.

Fundamentalmente, resuelve el problema de poblaciones cuyas constructoras no les dan cobertura de agua potable, por lo cual tienen problemas para su recepción. Hay casos en Puerto Montt, Temuco y otras partes.

Me habría gustado que la Comisión estableciera que por el solo hecho de ampliarse el radio urbano las sanitarias deberían aumentar su cobertura.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el único que puede pedir la extensión del área. También debería permitirse a los particulares hacer dicha petición, cuando se trate de cincuenta o sesenta arranques, porque si el Ministerio no lo hace, nada puede obligar a la empresa a extender la concesión. Esto es gravísimo, porque se pueden perder muchos loteos, ya que algunas personas no quieren vender, sino hacer ellos los loteos. Entonces, la sanitaria le puede ofrecer el servicio, pero cobrarle, por ejemplo, 200 millones de pesos, lo que me parece una aberración. Por eso, no sólo el Ministerio de Vivienda debería manejar la concesión de la distribución de las aguas. Es importante que también quedaran facultadas las empresas o las personas que se dedican a hacer loteos.

A muchos nos asisten algunas aprensiones en cuanto al plazo de seis meses que se da a la concesionaria para que esto se vaya haciendo realidad.

Todos estamos de acuerdo en ampliar las concesiones y en que exista factibilidad para entregar el servicio de agua potable, pero que no se haga sólo a petición del Ministerio, porque si tengo las aguas y mi negocio es el inmobiliario, como concesionario de las aguas puedo decir que la extensión de tal ciudad va en tal dirección, y no doy factibilidad alguna hacia otro lado.

Los terrenos sin factibilidad de ampliación territorial de una concesión, en la práctica, no valen nada. Los compro a través de mi inmobiliaria, que puede estar a nombre de algún familiar o amigo y después les doy factibilidad de extensión. En consecuencia, las áreas deben quedar bien determinadas para que esto no se preste para negociados. Creemos que este es un paso importante en la extensión de las concesiones de agua potable, porque se acaba con la política de las concesionarias de decidir en forma unilateral si le resulta técnicamente factible, en términos administrativos o financieros, extender su territorio operacional.

Es un paso importante, insisto, pero me gustaría que el ministro nos dijera si es posible presentar una indicación en este momento, con el objeto de que las empresas inmobiliarias que quieran lotear un terreno tengan también esta facultad, porque si el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no quiere pedir la extensión para ese loteo, se puede producir una pugna entre éste y el particular solicitante. Deseo saber cuánto más tendrá que pagar el privado que quiere lotear un terreno de tres o cuatro hectáreas para construir viviendas sociales o si habrá un subsidio al agua encubierto. Creo, por razones lógicas, que los particulares deben tener también esta facultad cuando se trate de urbanizar dentro del límite urbano o de la zona de expansión urbana.

Hoy se puede hacer esto, pero hay de por medio una cuestión de precio. Por ejemplo, si las aguas están en un terreno plano, la concesionaria está en condiciones de elevarlas, pero corresponderá al usuario pagar la enorme diferencia que, por ese solo hecho, se producirá en el valor de las aguas. En tal caso, habría que aumentar los subsidios de agua potable, determinar si las poblaciones a construir son para gente de escasos recursos, para barrios PET, para particulares, en fin, hay diferentes maneras. Por eso, me gustaría conocer la respuesta del señor ministro.

No obstante, a pesar de estas aprensiones, anuncio que votaremos favorablemente, porque el proyecto constituye una solución importantísima para las ciudades que enfrentan el gran problema de no tener cobertura de agua potable, simplemente, porque la concesionaria sanitaria se niega a darla. Creo que el Ministerio contará con una herramienta poderosísima para asegurar la provisión de agua potable que tanto anhelan algunas poblaciones.

Insisto, vamos a votar a favor el proyecto, porque estamos absolutamente de acuerdo en lo medular, pero me gustaría que el ministro me contestara si concuerda en que los particulares puedan solicitar lo mismo que el Ministerio cuando se trata de urbanizar y de abaratar costos.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic .

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, no quiero hablar sobre las bondades del proyecto el cual ya informé, sino señalar que los miembros de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara nos reunimos con el ministro señor Jaime Ravinet , a quien le dimos a conocer algunas de nuestras preocupaciones sobre la materia. Una de ellas, la mencionada por el diputado René Manuel García acerca de la posibilidad de que en esta tarea participen los privados. Tengo la impresión de que ello desnaturalizaría mucho el proyecto, pero esa respuesta la debe dar el ministro. Otra de nuestras inquietudes era ver la manera de hacer participar también a las municipalidades en este llamado obligatorio a licitación que efectuará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Como es una materia relacionada con una atribución de las municipalidades, solicitamos al ministro la posibilidad de presentar una indicación, con el patrocinio del Ejecutivo. Tengo en mi poder la indicación que ha traído el ministro, para agregar en el segundo inciso de la letra a) del número 1) del artículo único del proyecto, lo siguiente: “Esta licitación tendrá el carácter de obligatoria cuando, previa consulta a la municipalidad respectiva, lo requiera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.”

Por lo tanto, en este proceso también se hace participar a la municipalidad del lugar donde estaría la concesión tanto de agua potable como de tratamiento de aguas servidas.

Esta indicación perfecciona el proyecto, pero, reglamentariamente, se requiere la unanimidad de los miembros de la Sala para tratarla, lo cual solicito formalmente recabar a su señoría.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella .

La señora MELLA (doña María Eugenia).-

Señor Presidente, me parece importante el proyecto, pero lamento que no podamos presentar indicaciones.

Quiero informar que Maitencillo es el único balneario chileno que, a pesar de estar situado en zona urbana, no tiene agua potable y no está siendo atendido por la sanitaria correspondiente, Esval .

Desde esa perspectiva, la letra a) del número 1) del artículo único dispone que la licitación tendrá el carácter de obligatoria cuando lo requiera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el desarrollo de sus políticas, planes y programas. La idea era dejar claramente establecido que se entregará, además, el servicio sanitario dentro del límite urbano en las zonas en que no se esté proveyendo, lo cual solucionaría uno de los problemas.

En segundo lugar, aunque en ciertos casos el llamado a licitación es obligatorio, en la práctica, si la sanitaria que tiene la concesión en el área próxima al lugar que no está siendo atendido se niega a presentarse, porque no le conviene en términos financieros, resulta muy difícil encontrar otra sanitaria cercana que esté dispuesta a proveer el servicio. De allí la importancia de la flexibilización que otorga a las sanitarias el inciso tercero de la letra b) del artículo único, el cual establece un plazo no superior a dos años para que la Superintendencia de Servicios Sanitarios llame a licitación pública luego de que la sanitaria más cercana a un área no atendida haya prestado el servicio especial hasta por el período señalado.

En la práctica, hay casos en que para las sanitarias la licitación no resulta factible ni técnica ni financieramente. Por ejemplo, en la Quinta Región no existe ningún otro prestador que pueda competir en igualdad de condiciones con Esval. Sin embargo, si dicha sanitaria encuentra que no le conviene presentarse a una licitación, no está obligada a participar. Por ello, nos parece importante establecer la obligatoriedad que la concesionaria que atiende el área adyacente a una zona que carece de servicio sanitario incorpore en su radio de acción a dicho lugar.

Me parece lamentable que la iniciativa no se haga cargo de esa situación, no obstante valoro que establezca la apertura de la expansión urbana en materia de servicios sanitarios. En ese caso, el proyecto dispone modificar la ley General de Servicios Sanitarios para conceder al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la facultad de intervenir o dirigir la cobertura de servicios sanitarios públicos. Pero eso no va a solucionar el problema de fondo, porque todos sabemos que las empresas considerarán que no es rentable operar si no cuentan con una cantidad suficiente de clientes. Lamentablemente, las zonas sin servicios sanitarios generalmente son habitadas por un grupo pequeño de familias, las que para nosotros son importantes desde el punto de vista social, pero para las empresas no resulta rentable prestarles sus servicios.

Lamento las carencias del proyecto, el cual, aunque es muy importante, no soluciona el problema de fondo de la gente de más bajos recursos que no cuenta con provisión de servicio sanitario, como en el caso de la Quinta Región.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

El diputado señor René Manuel García hizo uso de la palabra por seis minutos. Por lo tanto, para otorgar igualdad de condiciones, se extenderá el tiempo del resto de las bancadas en un minuto.

Tiene la palabra, hasta por un minuto, la diputada señora Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Obras Públicas me consta que el tema es muy interesante. Sin embargo, a pesar de que la iniciativa establece la extensión del radio urbano de concesiones, debe tenerse muy presente de que eso no significa la obligatoriedad de las sanitarias de implementar el proyecto. No habrá posibilidades de hacerlo si en la licitación no se incluye el proyecto específico y, además, un estímulo, un subsidio estatal.

Si bien la iniciativa constituye un avance en materia sanitaria, lamentablemente, no toca el tema de fondo. De allí que se torna urgente hincar el diente en lo sustancial: que extendamos el radio urbano y las concesiones, pero eso no significa que se llevarán a cabo las obras que la gente requiere.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

En el tiempo de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado señor Claudio Alvarado .

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, a nuestro juicio, sobre el tema es necesario tener en consideración la opinión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

En primer lugar, la normativa vigente establece que para ampliar el servicio dentro de un sector urbano, tenemos básicamente tres posibilidades: primero, una ampliación solicitada de manera voluntaria por un concesionario; segundo, un llamado a licitación pública por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y, tercero, si no hay proponentes en esta licitación, la Superintendencia puede obligar a un concesionario del área colindante a prestar este servicio, siempre y cuando se cumplan las condiciones de carácter técnico, financiero y administrativo.

Si no se cumplen estos últimos requisitos, el proyecto de ley establece un mecanismo de condiciones especiales que enuncia, pero que no define ni profundiza.

En ese sentido, la minuta que la Superintendencia de Servicios Sanitarios hizo llegar a la Comisión es clara en cuanto a que el proyecto debe ser perfeccionado, porque si las condiciones técnicas, financieras o administrativas no se dan para exigir la ampliación del área de servicios, se debe llamar a una nueva licitación bajo condiciones especiales.

Entre las condiciones especiales se podría considerar que las obras de capacidad, tales como plantas elevadoras, estanques, construcción de matrices, que legalmente son de cargo de los prestadores, en estos casos, sean entregados por los interesados llámese Ministerio de Vivienda, fisco, etcétera como aportes de terceros y, en ese carácter, las empresas sanitarias no pueden rentar por ellas ni se consideran en las tarifas. Este elemento es de vital importancia, dado que el organismo técnico competente la Superintendencia hace una recomendación que profundiza nuestra discrepancia con el tema de los servicios en condiciones especiales. A nuestro juicio, es mucho más transparente llamar a una nueva licitación bajo esas condiciones que establecer unilateralmente el servicio en una negociación cerrada.

Por esa razón, nuestra bancada solicita que la Comisión haga una profunda revisión del proyecto. En caso de no acogerse la recomendación de la Superintendencia de Servicios Sanitario, nuestro voto será negativo o de abstención.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .

El señor CERONI.-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto es positivo porque permite el desarrollo inmobiliario de muchas zonas y comunas sin cobertura de servicios sanitarios.

La actual ley permite llamar a licitación pública, pero, muchas veces, ésta fracasa y, finalmente, hay que hacer un llamado a la concesionaria más cercana para que se haga cargo de proveer el servicio. Sin embargo, esas empresas se pueden excusar argumentando que no es factible desde el punto de vista económico o técnico. En definitiva, puede tener muchos argumentos para no hacerlo, con lo cual no hay duda que entrábamos el desarrollo de muchas ciudades y comunas.

Por ello, el proyecto introduce un elemento nuevo que permitirá al Ministerio de Vivienda establecer un sistema para instalar un servicio sanitario en condiciones especiales y más adelante llamar a una licitación definitiva tendiente a solucionar el problema, lo que permitirá el desarrollo inmobiliario de muchas ciudades. El Partido por la Democracia va a darle su aprobación.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente.-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .

El señor MONTES.-

Señor Presidente, resulta muy extraño que un proyecto de estas características se trate de manera tan especial, sólo cinco minutos por bancada. En la sesión anterior se dijo que lo íbamos a debatir y votar en general, para luego participar en su discusión particular, lo que es propio de la tramitación de todos los proyectos. Sin embargo, ello no se hizo. La iniciativa fue calificada con suma urgencia y se pretende que la despachemos sin mayor debate.

Detrás de esto, a mi juicio, hay una cuestión de dignidad del Congreso Nacional. Existen temas trascendentes que debemos debatir más a fondo, que ameritan un diálogo más profundo y una solución razonada. No es posible que se nos imponga una urgencia que no guarda relación con nuestro Reglamento ni con la importancia de la iniciativa.

El problema de fondo que aborda el proyecto es tremendamente grave. No hay correspondencia entre la expansión de la ciudad con el plan de expansión del agua y del alcantarillado, lo que pone en evidencia un defecto estructural de la venta o concesión de las empresas sanitarias, porque en los contratos no está considerada la expansión.

Cuando se discutió la ley de privatización de las sanitarias, este tema originó un profundo debate, porque los urbanistas nos dijeron que al final las sanitarias determinaban el valor del suelo. No sacamos nada con tener suelo si no hay factibilidad de agua.

En esa oportunidad, quedó claro que, junto con la licitación, debía adquirirse el compromiso de prever la expansión, porque ésta tiene que ver con la generación de agua, con su producción y traslado y con el sistema de alcantarillado. En la medida en que esto no se considera en los contratos, se genera un defecto estructural que cada vez va a ser más serio.

El proyecto pretende que generemos un mecanismo que permita, al menos, forzar la situación para que haya factibilidad. Sin duda, nadie está en contra de una solución como ésa, pero constituye, en definitiva, una solución de parche, que no resuelve el problema de fondo, que es más general y no sólo dice relación con el Ministerio de Vivienda.

En el informe, la Cámara Chilena de la Construcción señala que, en algunos casos, para darle factibilidad a este bien, que es monopólico, a cada vivienda le están exigiendo 25 unidades de fomento. Acá hay algo mal diseñado en su conjunto. No puede ser que las sanitarias, que monopólicamente manejan este bien, al final, condicionen completamente el valor del suelo y de la vivienda. Aquí hay un defecto evidente.

Esta solución de parche no asume el problema de fondo. Entiendo que el Ministerio de Vivienda quiera seguir adelante porque necesita una solución específica y muchos diputados quieren resolver el problema. Pero hay una cuestión de dignidad del Congreso Nacional si no enfrentamos como corresponde un defecto estructural que ha quedado en evidencia.

Deberíamos abrir un debate más profundo sobre la materia. Por lo tanto, lo razonable es que el proyecto vuelva a la Comisión para un análisis más exhaustivo. Es probable que lo apoyemos, pero debemos adquirir el compromiso de analizarlo a fondo, porque no se nos puede forzar a que, a ciegas, aceptemos una solución de parche.

Ya cometimos un tremendo error con la aprobación del artículo 55, al que nos opusimos muy pocos. No podemos volver a equivocarnos. A una empresa sanitaria que está obligada a tener la capacidad para hacer la expansión le va a interesar que le pidan proyectos, no como ocurre en la actualidad, que se hace de rogar, que sube los precios y negocia monopólicamente.

Lamento que el Congreso Nacional no tenga la oportunidad de discutir más a fondo la iniciativa. Sé que ayer los Comités acordaron tratarla hoy. A mi juicio, ésa fue una mala decisión, y aunque no queda más que adoptar una solución de parche; legislar así no es bueno.

Como Congreso Nacional, tenemos el deber de discutir más a fondo temas de esta envergadura, porque el valor del suelo urbano y de la factibilidad de agua, no sólo es muy importante, sino que tiene directa relación con cómo crecen las ciudades y el Congreso no puede ser pasado a llevar como se ha hecho en esta ocasión.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Diputado señor Montes, recuerdo a su señoría que ayer, por unanimidad, en reunión de Comités, a la que concurrió el Partido Socialista, representado por el diputado Fidel Espinoza , acordó tratar hoy este proyecto. Ese era el momento de manifestar su disconformidad.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, su comentario, que es muy habitual, no viene al caso.

Estoy consciente de que el diputado que representó a nuestra bancada concurrió con su aprobación al acuerdo de los Comités, pero creo que cometió un error, porque el tema que aborda el proyecto es de gran envergadura. Pero su señoría no debe hacer esos comentarios.

Corresponde votar en general el artículo único.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 17 abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca , Ascencio , Bertolino , Cardemil , Ceroni , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Errázuriz , Espinoza , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , Guzmán (doña Pía), Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Kuschel , Leal , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Meza , Mora, Muñoz (don Pedro) , Ojeda , Ortiz , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Riveros , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Valenzuela , Vargas , Vidal ( doña Ximena) , Villouta y Walker .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Mella ( doña María Eugenia ) y Montes.

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado , Araya , Barros , Bauer , Dittborn , García-Huidobro , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Masferrer , Moreira , Navarro , Norambuena , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Ulloa y Urrutia .

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Rechazado por falta de quórum.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez-Salamanca , Ascencio , Barros , Bauer , Bertolino , Cardemil , Ceroni , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Dittborn , Errázuriz , Espinoza , García (don René Manuel) , GarcíaHuidobro , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Kuschel , Leal , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Masferrer , Meza , Monckeberg , Mora, Moreira , Muñoz (don Pedro) , Norambuena , Ojeda , Ortiz , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Riveros , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vidal ( doña Ximena) , Villouta y Walker .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Mella ( doña María Eugenia ) y Montes.

Se abstuvieron los diputados señores:

Araya y Bustos .

Corresponde votar el artículo único en su texto original.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 17 abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca , Ascencio , Bertolino , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Errázuriz , Espinoza , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , Guzmán (doña Pía), Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Kuschel , Leal , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Meza , Monckeberg , Mora, Muñoz (don Pedro) , Ojeda , Ortiz , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Riveros , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Valenzuela , Vargas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta y Walker .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Mella ( doña María Eugenia ) y Montes.

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado , Araya , Barros , Bauer , Dittborn , García-Huidobro , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Masferrer , Moreira , Navarro , Norambuena , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Ulloa y Urrutia .

El señor LORENZINI (Presidente).-

Corresponde conocer, en tercer trámite constitucional, las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto, originado en mensaje, sobre fomento audiovisual.

Antecedentes:

Modificaciones del Senado, boletín

Nº 2802-04, sesión 35ª, en 31 de agosto de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 6.

El señor LEAL.-

Señor Presidente, estamos culminando el debate de un proyecto de extraordinaria importancia para el desarrollo de la cultura chilena.

En primer lugar, quiero destacar no sólo el rol de las autoridades de Gobierno, de los parlamentarios, de las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de ambas Cámaras, sino también la activa participación en la elaboración de este proyecto de los directores de cine, de los actores, de las actrices, de los audiovisualistas y de todos quienes trabajan en el mundo del cine y audiovisual. Naturalmente, debo destacar el papel que ha jugado el ministro señor José Weinstein .

Ésta es una iniciativa para un sector que, como ningún otro, promueve la identidad cultural chilena dentro y fuera del país. En el mundo en que vivimos, que es de la imagen, la industria del cine y audiovisual es fundamental para conservar nuestra cultura, nuestra historia, nuestra memoria, para graficar ciclos de nuestra vida, sensaciones, emociones, rostros, tradiciones de una determinada época.

En los últimos cuatro años se han estrenado doce películas cada año. Antes de que termine el presente, se habrán estrenado catorce más, con enorme éxito y muchas de ellas con una gran repercusión internacional no sólo en festivales y eventos especializados, sino también incluso en el público europeo y latinoamericano.

El objetivo central del Consejo Nacional del Arte y de la Industria Audiovisual, que se pretende crear con esta iniciativa, es definir una política estratégica nacional sobre la actividad audiovisual y asignar los recursos públicos especiales para este sector que es muy importante proteger.

En las primeras discusiones sobre la materia citamos los ejemplos de Estados Unidos, que entrega 1.300 millones de dólares a Hollywood; del Estado italiano, que en gran medida financia la Cinecitá, y de las industrias del cine argentino y mexicano, que se han desarrollado porque los Estados respectivos les han entregado un importante aporte.

Por eso, es muy significativo este proyecto, ya que permitirá asignar recursos públicos en forma directa para este sector; fomentar la exhibición de obras cinematográficas nacionales y extranjeras poco difundidas de calidad artística y cultural en nuestra población; tender al perfeccionamiento, a la formación, a la preservación de nuestro patrimonio audiovisual para fomentar también el desarrollo de la actividad audiovisual a nivel nacional y no sólo en la Región Metropolitana; promover medidas legislativas, formación de talentos, tanto profesionales como técnicos, etcétera.

Manifiesto mi acuerdo con la constitución de un Consejo que tenga una enorme capacidad participativa, puesto que estará integrado por personeros de las organizaciones nacionales más representativas de la producción cinematográfica y audiovisual como documentalistas, directores de cine, audiovisualistas, actores y actrices.

Como diputado de región me habría gustado que hubiera habido una mayor representación en el Consejo y no sólo cuatro representantes. Pero cuando se elijan al resto de sus integrantes, como guionistas y documentalistas, espero que éstos no sólo sean talentos provenientes de la Región Metropolitana, sino también del resto del país.

Por lo tanto, anuncio que vamos a votar favorablemente este proyecto para que Chile tenga una ley de fomento audiovisual, que es parte de nuestra identidad cultural. Felicito a sus creadores, por el enorme impulso que ella significa para el sector audiovisual. No tengo duda de que obtendremos alguna nominación al Oscar o ganaremos algunos festivales internacionales con las películas que hoy se exhiben en el país y las que se presentarán durante las próximas semanas.

He dicho.

El señor SILVA.-

Señor Presidente, tal como lo hizo mi colega Antonio Leal , quiero resaltar la importancia de este proyecto, que es una de las iniciativas destinadas a fortalecer nuestra cultura, en este caso, el cine.

Mediante la serie de instrumentos que contiene este cuerpo legal, el Estado se decide definitivamente a fomentar la creación y la producción audiovisual que, a pesar de no haber contado con los apoyos e instrumentos que hoy le estamos entregando, ha tenido un desarrollo impresionante, fundamentalmente por el empuje y creatividad de numerosas personas que han creído en esta forma de hacer arte y que las obras audiovisuales son un patrimonio que preserva nuestra identidad nacional y el desarrollo de la cultura y la educación.

Aquí se crea un consejo y, en un principio, el Senado no estuvo de acuerdo con que se incluyera en él a representantes del mundo de la televisión. Pero la discusión se resolvió adecuada y positivamente, puesto que tendremos un consejo con una amplísima representación. Aparte de los representantes del Gobierno y del Consejo Nacional de Televisión, también habrá representantes de los directores y productores de largometrajes y de otros formatos audiovisuales de regiones.

Como diputado de provincia, he podido comprobar que, al margen de lo que aprobemos, la actividad audiovisual ha experimentado un significativo desarrollo en las regiones.

Quiero resaltar que los festivales de cine más importantes son los de Valdivia y Viña del Mar. Como diputado por Valdivia, he visto que los jóvenes se han entusiasmado con esta actividad y que importantes productoras se han trasladado a esa ciudad, porque han entendido que se trata de algo significativo. Además, como aquí se ha señalado, con la creación del fondo que establece el proyecto daremos la posibilidad de que la elaboración de guiones, la preproducción, la producción y la posproducción permitan el desarrollo de este arte tan importante.

Por lo tanto, en nombre de la bancada democratacristiana, anuncio que aprobaremos con mucho entusiasmo las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

En el tiempo que le resta al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, este proyecto es muy importante y, sin duda, vamos a aprobar las modificaciones del Senado. ¿Cómo no vamos a querer hacerlo? Sin embargo, quienes representamos a las regiones lamentamos que se aumente el número de miembros del consejo sin una clara representación de las regiones.

El diputado Silva ha señalado que en Valdivia y Viña del Mar se ha fortalecido esta importante expresión del arte. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en otras regiones, que reciben cada vez menos recursos para llevar a cabo las distintas formas de arte. Por eso, me preocupa que, aparte de estar concentradas en Santiago las actividades artísticas y las obras públicas, las personas que deben decidir nuevamente sean de la capital.

Por eso, solicito votación separada para la modificación al artículo 5º, que tiene que ver con la incorporación de un representante del Consejo Nacional de Televisión al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que se crea. Hago un llamado a los diputados de regiones a votar en contra de esta modificación y, con ello, en contra de la centralización, a fin de que los recursos de este fondo y de otros similares, lleguen efectivamente a las regiones y sirvan de estímulo a los artistas que viven en ellas.

Por eso, junto con llamar a los colegas a aprobar las modificaciones del Senado, quiero que los recursos lleguen a las regiones y beneficien a quienes desarrollan su arte desde ellas.

He dicho.

Aplausos.

El señor LORENZINI (Presidente).-

En el tiempo de la UDI, tiene la palabra, por dos minutos y medio, el diputado señor Andrés Egaña .

El señor EGAÑA.-

Señor Presidente, en la misma línea de lo planteado por la señora diputada que me antecedió en el uso de la palabra, quiero señalar que hasta ahora la mayor parte de los recursos se los ha llevado la Región Metropolitana.

No es primera vez que intervengo en la Sala sobre este tema, pues ya lo hice cuando se acordaron los montos del fondo. El aporte de la Corfo y de los privados ascendía aproximadamente a 575 millones de pesos, de los cuales sólo se destinaban 22 millones de pesos a las regiones. De esa cantidad, 11 millones eran asignados a Valdivia y 10 millones a la Octava Región. Si bien todos somos partidarios de fomentar la industria audiovisual, los fondos para lograrlo deben ser distribuidos de forma equitativa. Quienes trabajan en la industria audiovisual saben que más del 90 por ciento de los recursos han sido asignados a los grandes proyectos, a las grandes producciones y a las grandes películas de la Región Metropolitana. En las regiones hay mucha creatividad, grandes productores y muchos esfuerzos realizados para adquirir equipos; sin embargo, la asignación de recursos efectuada por las instituciones del Estado no ha sido equitativa.

Tenemos que solucionar este problema. Si bien es importante que haya representantes de regiones, lo más relevante es, una vez aprobado el proyecto, analizar de qué manera se asignarán los recursos.

Por eso mi recomendación apunta a considerar a las regiones que, desde el punto de vista audiovisual, no se les han entregado los recursos que les corresponden.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .

El señor CORREA.-

Señor Presidente, en realidad estamos ante un proyecto que lleva bastante tiempo en el Congreso Nacional y, por eso resulta imperioso despacharlo dentro de esta semana o de la próxima, a fin de que los recursos necesarios para su implementación sean incluidos en el Presupuesto de la Nación.

Tal como sucedió con el proyecto anterior que modifica la ley General de Servicios Sanitarios, la Cámara está siendo sobrepasada por el Senado. Digo esto porque se nos pide despachar un proyecto que fue objeto de numerosas modificaciones, sin haber tenido el tiempo suficiente para analizarlas. Además, tampoco fueron conocidas por la Comisión de Educación. No obstante, hay que despacharlo antes de que empecemos a discutir el Presupuesto de la Nación.

Hago esta salvedad de forma, no de fondo, porque debemos tener más cuidado. No podemos ser avasallados por el Senado y aprobar a fardo cerrado todas las modificaciones.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker .

El señor BECKER.-

Señor Presidente, éste es el tercer proyecto relativo a temas de carácter cultural que nos ha correspondido tratar. Ya aprobamos uno de fomento del libro y la lectura y otro que fomenta la música chilena. Ahora, por fin, está concluyendo su tramitación éste de fomento audiovisual.

Tiene razón el diputado Correa cuanto señala que esta iniciativa, despachada hace mucho tiempo por la Cámara, ha vuelto del Senado con diversas modificaciones que, lamentablemente, no tuvimos la posibilidad de analizar con tiempo, pues sólo llegó ayer. Me parece una falta de respeto hacia nuestra Corporación. Habría sido bueno estudiarlas en la Comisión de Educación. Ayer tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero lamentablemente no ocurrió. Considero que en el futuro deberíamos tener más tiempo para analizar en profundidad las modificaciones del Senado.

El Senado introdujo modificaciones importantes, como la incorporación de tres nuevos integrantes al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual: uno del Consejo Nacional de Televisión, uno de los guionistas y uno de los directores y productores de documentales. Esto hará que el Consejo sea un poco más centralista, porque los guionistas, la gente del Consejo Nacional de Televisión y los documentalistas residen mayoritariamente en Santiago. Sin embargo, la composición del Consejo no es lo más importante, porque doce de sus diecisiete miembros representan al mundo del cine, de los cuales cuatro deben provenir obligatoriamente de regiones. Esto me parece muy importante.

Por otra parte, el Senado incorporó dos letras k) y l), nuevas, al artículo 9º, que establecen lo siguiente:

“k) Financiar planes, programas y proyectos para la producción e implementación de equipamiento para el desarrollo audiovisual, mediante concurso público, debiendo una proporción de los recursos asignados a tal efecto, según lo determine el Consejo, ser destinados a regiones distintas de la Metropolitana.

“l) Financiar planes, programas y proyectos de investigación y de capacitación para el desarrollo audiovisual, mediante concurso público, debiendo una proporción de los recursos asignados a tal efecto, según lo determine el Consejo, ser destinados a Regiones distintas de la metropolitana, y”.

Me parece que, de alguna manera, el Senado mejoró el proyecto, les dio más importancia a las regiones, por lo cual la bancada de Renovación Nacional va a votar favorablemente sus modificaciones. No obstante, insisto, en que deberíamos haber contado con más tiempo para estudiarlas con mayor profundidad y en que debieron ser analizadas por la Comisión de Educación para hacer algunos aportes.

He dicho.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, no cabe duda de que este proyecto de fomento audiovisual se debe en gran parte a los trabajadores y a los creadores de la industria audiovisual, quienes hace varios años levantaron la voz para exigir que se creara un fondo como el que hoy queremos aprobar.

Tal como lo señaló el diputado Becker , esta iniciativa, podría ser analizada con mayor profundidad, incluso se podría mejorar, pero con ello se haría realidad el dicho “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Pero como es un proyecto necesario, la bancada del Partido Socialista no sólo lo valora, sino que lo va a votar favorablemente tal como viene del Senado.

A veces, el desconocimiento, por no decir la ignorancia, lleva a que se hagan afirmaciones erróneas.

En la actualidad, muchos de los representantes nacionales de los documentalistas y de los trabajadores de esta disciplina no son de la Región Metropolitana. Precisamente, son las regiones, donde ha surgido un grupo muy importante de creadores y promotores de las artes audiovisuales, por lo que primero debemos conocer la realidad de éstas antes de emitir juicios ligeros. Deberíamos reconocer la tremenda producción en cada una de ellas. Por lo menos, en la Sexta nos sentimos tremendamente orgullosos de los artistas, documentalistas, cineastas y creadores audiovisuales que existen. De ningún modo podemos sentirnos desvalidos, como algunos lo han indicado, sino que, al contrario.

Más allá de valorar la creación del consejo, lo principal es reconocer las funciones que la ley establecerá y la importancia del fondo.

En cierto momento, en el debate del Senado, algunos sectores quisieron que en el consejo hubiera una sobre representación de la industria televisiva y, en particular, de los canales privados, pero la proposición de un representante del Consejo Nacional de Televisión es adecuada, porque tiene dos fondos y dos líneas e, incluso, apoya a las regiones, que son muy importantes.

Queremos que se establezca una mayor alianza mediante la futura ley entre los creadores audiovisuales y la industria televisiva, para que estos medios abran espacios que permitan a los creadores nacionales difundir su producción. Hoy, son pocos los canales privados o públicos que abren espacios a los creadores.

Es espantoso que el gerente general de Televisión Nacional discuta la existencia de mayor participación de espacios regionales en el canal estatal y cuestione, incluso, la rentabilidad o la utilidad de los noticieros regionales. ¡Para qué decir de los espacios propios de transmisión con identidad regional! Nos gustaría que se abrieran más espacios de identidad regional, pero entendemos que no es materia de este proyecto.

Vamos a aprobar las modificaciones del Senado, en el entendido que el fondo que se crea crecerá y que no sucederá por qué no decirlo lo que ocurrió en algunas regiones con los recursos del Fondart, porque es una vergüenza lo que pasó con el jurado en la Sexta región: no usó todo el dinero que se asignó a los creadores de las artes, en general, y discriminó con aquellos que propusieron documentales o proyectos audiovisuales, sin dar explicaciones; al contrario. Con ello, les causó un tremendo perjuicio, y estoy seguro que esta actitud se ha repetido en otras regiones.

Es muy importante que se asegure un fondo para fortalecer lo que se ha venido haciendo en estos años sin la ley, en la confianza de que las nuevas generaciones, no sólo de una región, sino del país entero, sabrán hacer uso de los recursos en beneficio de las artes audiovisuales.

Por eso, llamo a mis colegas a aprobar las modificaciones del Senado, a fin de no retrasar el despacho del proyecto.

He dicho.

Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto sobre fomento audiovisual, con excepción de las referidas a los artículos 4º, 5º y 7º que requieren de quórum constitucional.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobadas.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez-Salamanca , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Cardemil , Ceroni , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Dìaz , Egaña , Errázuriz , Escalona , Espinoza , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jeame Barrueto , Kuschel , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Ortiz , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Valenzuela , Vargas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta y Walker .

El señor LORENZINI (Presidente).-

En votación la modificación al artículo 4º, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de sesenta y cinco señores diputados.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez-Salamanca , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Egaña , Errázuriz , Escalona , Espinoza , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jeame Barrueto , Kuschel , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Longueira , Lorenzini , Masferrer , Melero , Mella (doña María Eugenia), Meza , Montes, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Ortiz , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Valenzuela , Vargas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta y Walker .

El señor LORENZINI (Presidente).-

En votación la modificación al artículo 5º, que también requiere del respaldo de a lo menos sesenta y cinco diputados.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Rechazada por no haberse alcanzado el quórum requerido.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Egaña , Errázuriz , Escalona , Espinoza , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jeame Barrueto , Kuschel , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Lorenzini , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes, Muñoz ( doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Ortiz , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Sánchez , Seguel , Silva , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Valenzuela , Vargas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta y Walker .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

ÁlvarezSalamanca, Araya , Masferrer , Salas y Sepúlveda ( doña Alejandra ).

Se abstuvo el diputado señor García (don René Manuel) .

El señor LORENZINI (Presidente).-

En votación la modificación al artículo 7º, que también requiere del voto afirmativo de sesenta y cinco señores diputados.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez-Salamanca , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Egaña , Errázuriz , Escalona , Espinoza , García (don René Manuel) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jeame Barrueto , Kast , Kuschel , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Longueira , Lorenzini , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes, Moreira , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Paredes, Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Valenzuela , Vargas , Vilches , Villouta y Walker .

El señor LORENZINI (Presidente).-

Por no haberse alcanzado el quórum requerido, el artículo 5º deberá ser analizado por una Comisión mixta. Informo que la representación de la Cámara en dicha Comisión, encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto, estará integrada por los diputados señores José Antonio Kast , Eduardo Saffirio , Rodrigo González , Juan Pablo Letelier y Germán Becker

El señor LORENZINI (Presidente).-

A continuación, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que modifica la ley Nº 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, con el objeto de perfeccionar las normas relativas a la formalización de la tenencia de la tierra.

Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor Fernando Meza .

Antecedentes:

Moción, boletín 3090-01, sesión 5ª, en 9 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 5.

Informe de la Comisión de Agricultura, sesión 35ª, en 31 de agosto de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 11.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MEZA.-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, originado en moción de los señores Fernando Meza , Eugenio Tuma y Exequiel Silva , con la finalidad de perfeccionar las normas referidas a la formalización de la tenencia de la tierra.

Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y participación de los señores Marcelo Carvallo Ceroni , ministro subrogante de Planificación y Cooperación; Alexandro Álvares , abogado de ese Ministerio; de las señoras Jacqueline Weinstein , subsecretaria de Bienes Nacionales, y Lorena Escalona , jefa de la División de Constitución de la Propiedad Raíz de esa cartera de Estado; de los señores Aroldo Cayun Anticura , director nacional de la Conadi; de los señores Hilario Huirilef Barra y José Santos Millao Palacios , consejeros nacionales indígenas; del señor Rodrigo Lillo , investigador del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera; de la señora María Antonia Benavente , directora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Chile, y señorita Ena von Baer Jahn , investigadora del Programa Político del Instituto Libertad y Desarrollo.

Cabe recordar que, con fecha 13 de mayo de este año, el Consejo Nacional de la Conadi acordó, por amplia mayoría, aprobar y respaldar la moción de los diputados señores Meza , Tuma y Silva , concerniente a la modificación del artículo 17 de la ley Nº 19.253.

La idea fundamental o matriz que inspira la proposición de esta iniciativa radica en modificar la ley Indígena para los efectos de rebajar, de tres a media hectárea, el mínimo exigible para la subdivisión de tierras y permitir la subdivisión a fin de transferir los predios para la construcción de viviendas de familiares directos hasta por 500 metros cuadrados.

La ley Nº 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, contempla una serie de normas con la finalidad de proteger la tenencia y la propiedad de las tierras, las cuales son un elemento esencial para la constitución y la mantención de las culturas originarias del país y, en general, de todos los países del mundo en donde perviven comunidades nativas.

El título II de la ley define qué se entiende por tierras indígenas y las somete a un estatuto especial restringido, que las exime del derecho civil común y general, especialmente en lo que dice relación a la libertad para enajenarla, dividirla y subdividirla, entre otras materias. Todo lo anterior se funda en un espíritu de protección de la integridad territorial de las comunidades originarias chilenas, para las cuales la tierra es algo más que un simple medio de producción, puesto que constituye una parte consustancial de su cultura, de sus tradiciones y la base de su economía agraria de subsistencia.

El hecho de que estas medidas restrictivas de la libertad de disposición que emana del derecho real de dominio, si bien cimentado en nobles y altruistas postulados éticos e, incluso, filosóficos, en la práctica significa una limitación del normal desarrollo de la iniciativa individual de los miembros de las etnias originarias, las cuales ven que la protección que les profesa el Estado las mantiene en una situación de excepción que califican de discriminadora y paternalista, lo que lesiona su derecho a emprender en una sociedad cada vez más competitiva.

A lo anterior se suman, además, los problemas sociales que se derivan de la imposibilidad de dividir las tierras, por ejemplo, entre los hijos mayores que requieren de títulos legítimos de posesión y ojalá de propiedad de la tierra para ser beneficiarios, entre otras cosas, de programas sociales impulsados desde el propio Estado.

En el caso de las tierras no indígenas, las medidas restrictivas impuestas a la norma sobre subdivisión de predios rústicos contenida en el decreto ley Nº 3.516, de 1980 normativa que resulta más liberal que la ley indígena, ha sido objeto de recientes modificaciones que apuntan a flexibilizar su contenido limitador en materia de divisiones y subdivisiones, conservando, en todo caso, el principio de mantener la integridad de los suelos con destino agrícola.

Para el país resulta esencial conservar su actual población rural. La permanencia de la población fuera de las urbes es un valor geográfico y demográfico esencial, que tiene consecuencias incluso en materia de disponibilidad futura de alimentos provenientes del agro, sin contar el valor de la existencia de las comunidades rurales, lo cual permite que la cultura familiar campesina subsista. Estos valores hacen imperativo para el legislador crear las condiciones para que ello ocurra, mediante los marcos normativos que permitan el asentamiento regular, con las formalidades de un título de dominio permanente de la tierra. Las mismas razones se dan en el caso de la propiedad de las comunidades indígenas, que son esencialmente rurales.

Si bien resultan necesarias las normas de protección de la integridad de las tierras indígenas, ello no puede ser óbice para flexibilizaciones socialmente justificadas, con el fin de evitar que éstas pudieran convertirse en una discriminación arbitraria para con las comunidades indígenas, pues ellas, y sus tierras, no pueden cambiar su estatuto legal en atención a un objetivo también superior, como es la conservación del suelo con destino agrícola.

Durante la discusión del proyecto, se conoció la opinión de muchas personas.

El Ministerio de Planificación y Cooperación, representado por su ministro subrogante, señor Marcelo Carvallo , señaló que el marco regulativo conceptual que debe tenerse en consideración respecto de esta materia es el artículo 1º de la ley indígena, que dispone: “El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y su cultura.”

Agregó que es menester tener especial cuidado en garantizar la protección de la calidad indígena de la tierra y el aprovechamiento adecuado de la misma. Cabe destacar que el proyecto garantiza la calidad indígena de la tierra.

Señaló, asimismo, que las comunidades han ido creciendo, densificación que no permite regular en forma adecuada la tenencia de la tierra.

Estimó que la moción resguarda adecuadamente esa dualidad, asegurando la protección de la calidad indígena de la tierra y su aprovechamiento.

Añadió que, con la titularidad del dominio de predios menores, era posible acceder a beneficios que incrementan el nivel productivo y económico de las familias indígenas.

En definitiva, concluyó que la iniciativa resguarda el principio de fortalecer productiva y culturalmente a las comunidades indígenas. Además, obliga al Gobierno a fundar una política de nuevo trato hacia los pueblos indígenas en un breve plazo.

Por su parte, la Corporación Nacional Indígena, Conadi , que dirige el señor Aroldo Cayun , recordó que existe una carpeta con más de 1.500 firmas de comuneros que respaldan la iniciativa impulsada por los diputados señores Tuma , Meza y Silva , y que el Consejo dio su consentimiento para esta modificación por amplia mayoría.

El señor Hilario Huirilef , consejero mapuche ante la Conadi, afirmó que esta iniciativa había sido aprobada por el Consejo en forma unánime; pero que, posteriormente, el consejero Millao había cambiado de opinión.

Explicó que siempre se dice que los mapuches han tenido una comunidad económica. Ello no es así dijo, porque en el interior de la comunidad siempre existió un hombre más rico que ayudaba a los que tenían menos recursos. Es decir, existía una economía solidaria, pero no comunitaria.

En concreto, la discriminación positiva que se persigue con esta norma ha sido perjudicial para muchos indígenas y fuente de innumerables litigios y problemas.

En cuanto a los fundamentos de la iniciativa propuesta, el señor Huirilef afirmó que, en primer lugar, tiene por objeto sanear la situación de 18 mil indígenas que viven en sectores rurales en menos de tres hectáreas cada uno, cuya propiedad es irregular al no tener título de dominio, situación que se agrava al aumentar año tras año el número de ocupantes con tenencia irregular de tierras.

En segundo lugar, pretende permitir el acceso a programas estatales a aquellas personas que se encuentran actualmente impedidas de acceder a los programas del Estado y de las diferentes reparticiones públicas que exigen, como requisito fundamental para postular, ser propietarios exclusivos de los terrenos que ocupan.

Añadió que con la normativa actual resulta angustiante para muchos padres verse impedidos de otorgar a sus hijos títulos de dominio sobre partes de su predio.

En cuanto a las ventajas que persigue la iniciativa legal, reseñó las siguientes:

En primer lugar, permitirá regularizar y sanear la tenencia de tierras de más de 18 mil indígenas, que actualmente ocupan terrenos de forma irregular, en calidad de herederos, donatarios, allegados o meros ocupantes.

En segundo término, posibilitará el acceso de estos indígenas a todos los planes y programas estatales y no gubernamentales que les exijan, como presupuesto de postulación, ser propietarios de los terrenos, tales como los programas de recuperación de suelos, el apoyo a créditos, los bonos ganaderos, las curvas de nivel, las enmiendas calcáreas, la forestación y, en general, a los programas del SAG, Indap , Conaf , entre otros.

Un tercer aspecto positivo se refiere a facilitar el acceso a los programas habitacionales rurales.

En cuarto lugar, se pretende terminar con los innumerables juicios derivados de la tenencia irregular de tierras.

En quinto término, restablecerá la igualdad jurídica entre los indígenas y los no indígenas, ya que actualmente a los no indígenas se les permite subdividir sus tierras hasta en media hectárea. Con ello, se terminará con una verdadera discriminación encubierta al pueblo mapuche.

La señora Ena Von Baer , investigadora del Programa Político del Instituto Libertad y Desarrollo, señaló que, según el censo del año 2002, la población perteneciente a etnias indígenas es de 700 mil personas, esto es, el 4,6 por ciento de la población total del país. De ellas, el 87 por ciento son de origen mapuche.

Según la encuesta Casen del año 2000, el 63 por ciento de la población indígena es urbana y el 37 por ciento es rural. Es decir, la mayoría de la población indígena actual vive en las ciudades.

La señora Von Baer dijo que hay un anhelo de la población indígena por desarrollarse económicamente y salir de la pobreza y de la indigencia. Esto no está en contradicción con la mantención de su cultura ni con este proyecto de ley, que apoyó decididamente.

Advirtió que la subdivisión no creará más pobreza, ya que deberá apoyarse en un buen desarrollo económico de los indígenas. De hecho, los campos que se han entregado en comunidad están sin producir, porque los indígenas trabajan en forma individual.

La señora Jacqueline Weinstein , subsecretaria de Bienes Nacionales, sostuvo que la moción es oportuna y pertinente. La apoyó absolutamente y dijo que el Ministerio de Bienes Nacionales le otorga su respaldo, porque, entre otras cosas, no se puede discriminar a los indígenas respecto de la normativa común, en particular por los problemas sociales que no encuentran solución, ya que, al no poseer título de dominio, no pueden acceder a los programas y subsidios estatales.

Por su parte, los diputados autores del proyecto y, en general, los miembros de la Comisión explicaron que la moción tiene por objeto regularizar esta situación y no provocar la subdivisión de la tierra, ya que a nadie se lo obliga a subdividir si no está interesado en hacerlo.

Además, señalaron que no alterará de modo alguno la tenencia de la tierra ni su uso agrícola, como tampoco la cosmovisión mapuche de la misma. Su objetivo es permitir que el padre pueda subdividir sus tierras entre sus hijos, de manera que éstos no emigren a las ciudades, aumentando los cordones de pobreza e indigencia urbanos.

Por otra parte, hicieron presente que esta moción no vulnera en nada el espíritu de la ley Indígena, toda vez que, en su oportunidad, la Cámara de Diputados aprobó la subdivisión en un mínimo de media hectárea y fue el Senado el que la elevó a 3 hectáreas. Expresaron la convicción de que las leyes se modifican de acuerdo con la dinámica social.

Por último, quiero señalar que el diputado señor Galilea fundó su voto favorable a la iniciativa en estudio, señalando que muchas de las normas de la ley Indígena establecen una serie de discriminaciones positivas que, con el tiempo, deberán tender a desaparecer. Dijo que se trata de dar solución a un problema que existe y que el Estado está en la necesidad de resolver.

Cerrado el debate y puesto en votación el proyecto, la Comisión lo aprobó, en general, por mayoría de votos.

El artículo único es conocido por las señoras diputadas y señores diputados.

En resumen, este es un buen proyecto de ley, que cuenta con el respaldo decisivo del Gobierno, expresado por la Conadi, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por el Ministerio de Bienes Nacionales, por Mideplán, por el Instituto Libertad y Desarrollo y por la inmensa mayoría de los pueblos originarios, cuyos representantes están hoy presentes en las tribunas.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva .

El señor SILVA.-

Señor Presidente, en primer lugar, estimo que la moción en debate, la cual presentamos junto a los diputados Meza y Tuma , resguarda y protege adecuadamente la tenencia, propiedad y aprovechamiento de las tierras indígenas, terminando así con una discriminación que ha creado serios problemas.

De acuerdo con los antecedentes que manejamos, esta modificación tiene por objeto sanear un problema que afecta a más de 18 mil indígenas que viven en sectores rurales, en menos de tres hectáreas cada uno, sin un título de dominio que les permita un asentamiento regular, sea en calidad de heredero, mero tenedor o allegado. El problema radica en que el número de ocupantes con tenencia irregular de tierras aumenta de año en año. A modo de ejemplo, el año pasado la Conadi intervino en más de 2 mil mediaciones para resolver problemas de tenencia de tierra.

En segundo lugar, la iniciativa permitirá el acceso de estos indígenas a programas estatales. Actualmente se encuentran impedidos de postular, porque una de las exigencias es tener la propiedad exclusiva de los terrenos que ocupan.

En tercer lugar, los más de 500 millones de pesos que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena lleva gastados, a la fecha, en tramitar y constituir derechos reales de uso de la tierra indígena, podrán ser usados en el saneamiento de títulos.

Como señaló el diputado señor Meza , el proyecto no obliga a subdividir la tierra, sino que resuelve un problema real, al disminuir el mínimo de hectáreas exigibles para subdividir, rebajándolo de tres a media hectárea, y así permitir la transferencia de predios para la construcción de viviendas de familiares directos hasta por 500 metros cuadrados.

Uno se pregunta si los mapuches son inhábiles para decidir lo que quieren. Pienso que cualquier padre de familia, sea mapuche o no, tiene derecho a decidir y resolver acerca de su herencia cuando existen hijos de por medio.

Entiendo que exista un problema de dualidad, pero tal como lo señalaron el señor Marcelo Carvallo , subsecretario de Mideplán, y la mayoría de los miembros de la Conadi, esta moción resuelve el problema que estamos analizando.

¿Cuál es la modificación? Rebajar de tres a media hectárea el mínimo exigible para la subdivisión de la tierra. Desde el punto de vista económico-productivo, ¿se produce una mayor diferencia entre una y otra situación? Ninguna o muy poca. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Que soluciona la situación de los mapuches que viven en terrenos de menos de tres hectáreas, que no poseen título de dominio y que sufren todos los problemas que ya señalé.

Tenemos que resolver esa situación sin más dilaciones, porque los habitantes de este país son soberanos de decidir lo que hace con sus propiedades, salvo los de la etnia mapuche, pues las tierras indígenas tienen esta restricción, lo que, a mi juicio, es discriminatorio.

En último término, el gran tema en discusión es si queremos proteger a las minorías étnicas que habitan nuestro territorio nacional desde los tiempos precolombinos. Con la iniciativa lo hacemos, porque no se afecta el carácter de tierras indígenas y sólo estamos permitiendo resolver un problema, desde mi perspectiva, de discriminación que existe contra el mundo mapuche.

Por lo tanto, como es obvio, dado que soy autor de la moción, votaré favorablemente el proyecto.

He dicho.

Aplausos.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, deseo intervenir brevemente para apoyar con mucha fuerza la moción de los colegas Eugenio Tuma , Exequiel Silva y Fernando Meza .

El proyecto sobre partición y subdivisión de tierras indígenas permitirá sanear la situación de 18 mil personas que viven en terrenos rurales de menos de tres hectáreas, sin título de dominio, en calidad de herederos, meros tenedores, y allegados.

La protección de las tierras indígenas, las limitaciones a su circulación en el mercado, si bien son un mecanismo relativamente adecuado para preservar la vinculación de las etnias con su tierra, se están transformando en un obstáculo para su desarrollo como pueblo.

Cuando surgen las voces de ciertos indigenistas reclamando por estas flexibilizaciones, cabe preguntarse qué es lo mejor para los destinatarios de las normas y no para quienes, desde la otra vereda, hacen profesión de la defensa de derechos ajenos, es decir, aquellos que no saben lo que le conviene a los indígenas, sino sólo quieren sacar provecho, una vez más, a lo poco que les queda a los mapuches.

El proyecto es para indígenas de carne y hueso, para pequeños productores agrícolas y sus familias, no para académicos que, desde la comodidad y la seguridad de sus oficinas y viviendas propias, pueden decir que son dueños de lo que habitan.

La iniciativa merece mi apoyo, porque es realista y no hace tabla rasa de todo lo que se ha hecho en materia de estatuto de la tierra indígena, sino sólo flexibiliza una norma existente, permitiendo, de paso, el acceso a programas estatales que como muy bien me explicó el diputado Tuma en su momento exigen, como requisito previo para postular al programa o subsidio respectivo, ser propietarios exclusivos de los terrenos que ocupan. Y hoy no lo son; por lo tanto, son meros allegados.

Por lo anterior, la moción de mis colegas se transforma en un instrumento de fomento, de verdadero desarrollo, del cual están ajenos nuestros pueblos originarios.

Por eso, las comunidades indígenas, los indígenas de Chile y de América no son objeto de culto folclórico basta de ello, ni tampoco niños incapaces que no pueden decir cómo quieren ser protegidos.

Por ello, quiero resaltar el hecho de que, a través del Consejo de la Conadi, la máxima instancia de representación indígena formal de Chile, la iniciativa fue aprobada por abrumadora mayoría. No respetar esa decisión significaría una actitud paternalista inaceptable, un verdadero agravio para los pueblos originarios, sus líderes, sus familias y sus bases.

Por esa razón, con especial agrado y sentido de compromiso con las causas permanentes de las naciones indígenas y de nuestros pueblos originarios, anuncio con mucha fuerza mi voto favorable al proyecto.

He dicho.

Aplausos.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, el proyecto consta de dos partes: la primera disminuye la exigencia para subdividir tierras indígenas de 3 hectáreas a media hectárea, mientras que la segunda está relacionada con un asunto que está solucionado, porque en la ley de Vivienda se establece una normativa que permite que los padres den a sus hijos un cierto número de metros cuadrados de terreno para que ellos no pierdan el beneficio del subsidio habitacional, lo cual me parece razonable.

Sin embargo, me parecen mejor las intervenciones de los propios diputados de Gobierno. Por ejemplo, el diputado Silva ha dicho que los pueblos indígenas pueden valerse por sí solos; o sea, es el momento de ir eliminando las discriminaciones positivas. A su vez, el diputado Jaramillo ha señalado que los mapuches no son niños incapaces de decir cómo quieren ser protegidos. En consecuencia, es el momento de ir cambiando, paso a paso, la ley Indígena aprobada por unanimidad en este Congreso en 1993. A lo mejor en esa época se daban otras condiciones. De igual forma, a los indígenas pescadores del sur también se les podría aplicar esto para que puedan dividir parte del mar que les corresponde, porque quienes históricamente han vivido de la pesca también son propietarios del mar.

En el fondo, se trata de asimilar a la ley Indígena todas las condiciones que actualmente tienen los no mapuches, porque la norma sobre división de terrenos agrícolas estipula claramente que los predios no podrán dividirse en menos de 5 mil metros cuadrados, lo cual me parece conveniente, ya que si un padre posee tres hectáreas y tiene asentados en ese predio a siete u ocho hijos, debemos ser muy honestos en decir que está en situación irregular, pues la tierra no crece. Por eso, se debiera aumentar año tras año el fondo para adquirir tierras, para que los hijos de mapuches puedan comprar nuevos terrenos agrícolas.

Una de las transparencias más grandes que tiene el proyecto es en cuanto a que las propias comunidades mapuches decidirán sobre sus tierras y no un consejo integrado por trece personas, las cuales, si así lo estiman, darán su aprobación a determinada proposición o, de lo contrario, la rechazarán. Por ejemplo, en los balnearios ubicados en los alrededores de Temuco, específicamente en Padre Las Casas, una hectárea de terreno indígena tiene un valor de 100 mil o 150 mil pesos. Si el objetivo es que a las comunidades mapuches no se les disminuyan sus tierras y, por el contrario, se les aumenten, lo ideal sería que pudieran venderlas a las empresas inmobiliarias, puesto que por el precio de una hectárea comprarían casi 80 hectáreas en otro lugar. O sea, lejos de disminuir la tierra mapuche, ésta aumentará. Eso forma parte de lo que pueden decidir los propietarios que poseen un campo de dos o tres hectáreas. Sin embargo, muchas veces los mapuches están sumidos en la pobreza más grande y no pueden deshacerse de sus tierras para comprar otras, aunque por el precio de dos hectáreas adquieren un predio de 200 hectáreas. Es bueno que los mapuches decidan por sí solos qué hacer con sus propiedades agrícolas. ¿Por qué les ponemos trabas? Al principio se creía que los mapuches no tenían capacidad, lo cual era una profunda equivocación. Hoy tenemos mapuches educados, que van al colegio y a la universidad, profesionales de prestigio, y prácticamente, no hay quienes no puedan decidir por sí solos.

En consecuencia, la discriminación positiva que se hace respecto de esas tierras podemos ejercerla en otros aspectos, como en sus tradiciones, su cultura, su lengua y su trabajo agrícola. No hay que olvidar que mapuche significa “hombre de la tierra”, por lo que me parece increíble que el 60 por ciento de los mapuches viva en las zonas urbanas. En Santiago hay más de 400 mil mapuches, lo que implica que han debido emigrar, porque no contaban con las condiciones laborales en sus zonas.

Estamos de acuerdo de que podrán optar a créditos y a beneficios del Estado; pero, ¿puede una persona subsistir con media hectárea, por muchos beneficios que reciba del Estado? El problema real es la escasez de tierras. Hay familias mapuches que viven en tres hectáreas y tienen 5, 6 ó 7 hijos.

No digan que los mapuches van a salir del subdesarrollo con media hectárea. Esa es una mentira. Para sacarlos del subdesarrollo hay que darles más tierras y condiciones para surgir. Es tarea de todos sacar de la pobreza a las personas, independiente de si son mapuches o no. Las condiciones para la agricultura no están dadas. Debemos otorgar al pueblo mapuche la ayuda que le permita salir adelante y tener el destino que se merecen.

Me alegro de que hoy se les dé la posibilidad de decidir lo que pueden hacer con sus tierras. Eso es dignidad, eso es conocer al pueblo mapuche y respetar sus decisiones. El proyecto constituye un primer paso en la dirección correcta. Si bien es un paso tímido, se puede avanzar en el futuro. Los tiempos han cambiado, no estamos en 1993.

Reitero, una familia mapuche no puede subsistir con media hectárea. El diputado Jaramillo conoce esa realidad; he leído los artículos de prensa que ha publicado en su región. Todos estamos de acuerdo en dignificar al pueblo mapuche, en que tenga más tierras y en que los dineros que destina el Estado sean bien ocupados y lleguen al pueblo mapuche, como todos deseamos.

He dicho.

Aplausos.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, felicito a los autores de la moción. Sin embargo, el proyecto genera ciertas dudas y plantea, sobre todo, la necesidad de analizarlo con visión de largo plazo.

Más allá de los derechos de los mapuches, quiero analizar el tema desde el punto de vista productivo. Quienes viven en media hectárea, sin importar si son o no mapuches, son mendigos de la agricultura, porque con el minifundio se empobrece aún más el campo.

En mi calidad de presidenta de la Comisión de Agricultura, donde se estudió la moción, puedo decir que allí se ratificó que quienes poseen media hectárea no pueden acceder a los beneficios del Estado. Sin considerar el tema de la vivienda, porque pueden acceder a ella a través de otro instrumento, estas personas, por ejemplo, no pueden recibir la ayuda de la Conaf, del Indap o acceder a los beneficios de la ley de riego. Se requiere media hectárea como mínimo para poder forestar. Sabemos que a lo único que pueden optar con media hectárea es a un Prodesal, que significa nada en términos productivos. Con media hectárea no pueden postular a la ley de riego, porque no tienen nada productivo que se pueda regar, más aún si se piensa en las limitaciones de los recursos de suelo de la zona sur.

Más allá de los aplausos que uno puede recibir desde las tribunas, lo importante es disminuir la pobreza en la zona sur. Como señalaron varios diputados, no sacamos nada con regularizar estos predios de media hectárea, lo importante es encontrar formas más inteligentes, en términos productivos, y que la cantidad de terreno que se tenga alcance para vivir.

Me abstuve durante la votación del proyecto en la Comisión. Lo mismo haré en esta ocasión, porque me preocupa que, a partir de los minifundios que se establecen a través de la iniciativa, se creen grandes latifundios. Seguiremos profundizando la situación que tanto preocupa al diputado señor Tuma . Lo que se requiere es establecer instrumentos que permitan mejorar la realidad actual.

Sólo quiero aportar un antecedente más: viene un proyecto de ley sobre vivienda en el que se propone exactamente lo contrario a lo que contempla la iniciativa que estamos analizando, porque no permitirá la subdivisión de predios en menos de dos hectáreas. Ésa es una postura mucho más racional que la que se plantea aquí.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, con el diputado señor Von Mühlenbrock nos alegramos de que esa discriminación pseudo positiva contenida en la ley indígena, que buscaba proteger a los ciudadanos de origen araucano, desaparezca en proyectos como el que hoy tratamos.

En el sur siempre hemos dicho que la aprobación de ese cuerpo legal, ocurrida hace más de diez años, convirtió de un golpe a los chilenos de origen araucano, como dice el diputado señor Jaramillo , en menores de edad, pues les impide disponer de su propiedad. Ahora, demasiado tímidamente, la Cámara de Diputados empieza a reparar el grave daño que causó a esos chilenos al aprobar esa fatídica ley.

No saben cuánto me alegra que el diputado informante reconozca el paternalismo y la sobreprotección a los chilenos de origen indígena, lo cual les ha traído más miseria y pobreza. Se trata de propietarios que no pueden subdividir o vender su propiedad; ni siquiera pueden gravarla para, por ejemplo, obtener un crédito que les permita trabajar la tierra.

Los chilenos de origen araucano se debaten en la más extrema de las pobrezas. En consecuencia, me alegra que en la Comisión hayan dicho que la discriminación no es positiva, pues les ha causado problemas y más pobreza.

Todo eso lo advertimos oportunamente, pero más vale tarde que nunca, por lo que me alegra la conversión y el sentido de autocrítica de quienes promovieron la discriminación positiva y que hoy hablan en contra de ella.

Nunca una ley había causado tan grave daño a un grupo de chilenos como lo hizo la indígena, pues les quitó de un plumazo el derecho que reconoce toda nación civilizada a sus ciudadanos, incluso a los más pobres: el derecho de disponer de aquello que es propio. Es más, según señalan encuestas del propio Gobierno, como la Casen, desde la promulgación de la ley indígena los chilenos de origen araucano se han ido haciendo progresivamente más pobres. Son los más pobres entre los pobres, y la tendencia es de progresión negativa, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los pobres del país.

Cuando se derogaron las llamadas leyes protectoras y se dotó a los chilenos de ascendencia araucana de la libertad de optar por el sistema comunitario o de tomar sus tierras asignadas individualmente, ¿qué decidieron libremente los chilenos de origen araucano? Mayoritariamente, optaron por la posibilidad de dividir sus tierras y asignárselas individualmente.

Hemos clamado en el desierto. La ley indígena es mala y debe ser totalmente cambiada o derogada. Los derechos que se quitaron a los chilenos de origen araucano les deben ser devueltos.

Este caso demuestra que fue mal hecha y los principios que la inspiran, de discriminación positiva, de tratarlos como interdictos y como menores de edad, no como a cualquier chileno de otro origen, han generado los problemas que hoy venimos a corregir tibiamente. Esta Cámara empieza, demasiado tímidamente, a reparar el grave daño que se causara a estos chilenos al dictar hace doce años una mala ley.

Como las normas que hoy se informan van en el sentido correcto de reponer la libertad birlada a estos compatriotas, los diputados del sur anunciamos que votaremos afirmativamente, haciendo presente que mientras persistan legislaciones que traten a los chilenos de origen araucano como niños chicos, cuales interdictos, y les quiten derechos elementales, pugnaremos por la abolición completa de aquellos principios hoy instalados.

Aunque lo de hoy es apenas una miga lanzada al mar, los del sur aprobaremos la iniciativa, porque marca una positiva tendencia. La votaremos a favor por la dignidad y la libertad de los chilenos de origen indígena.

He dicho.

Aplausos.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Cito a reunión de Comités en la sala de lectura.

Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma .

El señor TUMA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al diputado Meza por el informe que ha rendido.

En segundo lugar, destinaré los pocos minutos de que dispongo para responder a algunas afirmaciones hechas por algunos parlamentarios sobre la iniciativa.

El proyecto no atenta contra la protección de las tierras indígenas, pues se mantiene la prohibición de enajenar a terceros que no sean indígenas.

Permite la igualdad jurídica. El no mapuche puede subdividir su tierra en media hectárea, pero al mapuche se le exigen tres hectáreas. Hoy, al menos en la Novena región, hay más de 18 mil predios cercados, de menos de tres hectáreas, que no tienen título.

Entonces, alguien dice: este proyecto va a incentivar la subdivisión. ¡No! Ya están subdivididos. Lo que haremos es permitirles regularizar títulos para que sientan el derecho de propiedad, que es muy importante.

Alguien señalaba que los indígenas viven en comunidades y que son importantes para ellos. Por supuesto que sí. Sus prácticas ancestrales las realizan a través de la organización de comunidades, pero algo muy importante se nos olvida o a veces lo queremos desconocer: el mapuche trabaja en forma independiente; no lo hace en comunidad; no reparte sus utilidades en comunidad. La actividad, acción o relación económica la realiza en forma independiente; por tanto, cada familia quiere tener su título.

Por ejemplo, ninguno de cinco hermanos que tienen diez hectáreas trabaja la tierra, porque no tienen certeza jurídica de su dominio. Si alguno quiere hacer un pozo de agua, desiste finalmente de la idea, porque en la futura participación le puede tocar un lote de terreno en el otro extremo de la propiedad. Lo mismo le ocurre al que quiere construir un invernadero. Es decir, nadie tiene certeza jurídica para realizar labores productivas en el mundo rural.

Por lo anterior, el proyecto es muy importante porque apunta a otorgar certeza jurídica. Alguien puede decir que también autoriza la construcción de viviendas, lo cual es cierto; no lo prohíbe. Pero creamos una truculencia para permitir que terceros puedan construir en terrenos ajenos, que es la autorización del derecho real de uso. En el derecho real de uso sólo tiene cabida la casa, pero si quiere poner un macetero o un criadero de aves, no puede hacerlo porque está en terreno ajeno.

En las tribunas se encuentran los dirigentes de Huellapenco y la familia de Juan Marivil , que tiene 16 hectáreas y son 16 hermanos, pero ninguno puede hacer nada. Uno de ellos quiso construir una casa, pero al pedir derecho real de uso, una de las hermanas se negó. Entonces, no puede postular a una vivienda y está viviendo en una choza. ¡Así queremos superar la pobreza! Por tanto, es contradictorio poner obstáculos a un proyecto de ley cuyo objetivo es flexibilizar.

Para ello, la iniciativa establece que los propietarios podrán subdividir. Porque la ley indígena sólo autoriza vender a otro indígena, pero, curiosamente, prohíbe subdividir. Si un indígena tiene diez hectáreas y quiere vender cinco, no puede porque está prohibido, pero puede vender la totalidad, en circunstancias de que el que puede lo más, ¡tiene que poder lo menos!

Por tanto, estamos ante una irracionalidad de la ley indígena, que establece impedimentos a miles de pequeños agricultores y propietarios, o seudo propietarios que no pueden acceder a un título. Desde luego, no estamos diciendo que media hectárea constituya un espacio suficiente para que una familia pueda generar ingresos. Ése es otro tema, porque hoy esa familia vive en media hectárea y no tiene título ni acceso a un sinnúmero de beneficios del Estado.

Estamos legislando para sincerar una realidad, porque no corresponde que los indígenas tengan que adecuarse a la ley, sino que ésta debe adecuarse a la realidad. Eso es lo que estamos haciendo.

Por último, debo señalar que este proyecto cuenta con el respaldo del Mideplán, de Bienes Nacionales y de la casi unanimidad de los consejeros indígenas de la Conadi, que representan a todos los indígenas de Chile; no solamente a los mapuches. Alguien preguntaba: ¿Qué pasa con los aimaras? No se verán afectados con esta legislación porque también les beneficia; ellos determinarán si la usan.

Por último, no hay ningún proyecto más importante para la vida de los miles de indígenas, especialmente mapuches, que éste, porque les da derechos y les reconoce legitimidad como propietarios.

He dicho.

Aplausos.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier .

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, de pequeño me enseñaron que la palabra “mapuche” significa “gente de la tierra”, pero resulta un absurdo y hasta una contradicción conceptual que los mapuches no puedan ser dueños de la tierra en que viven.

Si bien el sistema de los títulos de dominio es propio de la tradición española y de otros pueblos, para este pueblo originario mayoritario de nuestro país resulta absurdo o no corresponde a sus tradiciones. En 1978, cuando se promovió la entrega de títulos de dominio que, según algunos, contribuyo al empobrecimiento y destrucción de las comunidades, se intentó imponerles una cultura y una lógica propias de otras tradiciones. Por ende, es necesario un debate con mayor detención y sin descalificaciones.

Hoy no corresponde discutir las profundas diferencias entre quienes creemos que los derechos de los pueblos originarios deben estar en la Constitución y quienes estiman que eso no es necesario. Pero sería bueno que discutiéramos de nuevo esta materia.

El proyecto en debate tiene que ver con la autorización para subdividir el 37 por ciento de la tierra, según el colega Meza , de las comunidades indígenas que viven en zonas rurales. No estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas que viven en zonas urbanas que, sin duda, deberían ser el centro de nuestra atención y preguntarnos por qué el Fondo de Tierras no le compra terrenos a los mapuches de las zonas urbanas para que puedan acceder a viviendas dignas y decentes, como el resto de los habitantes del país. Eso resolvería una tremenda inquietud que existe en muchas comunidades indígenas que no viven en zonas rurales. Pero, el tema tiene que ver con parte de la comunidad indígena que vive en zonas rurales.

Cuando escucho al colega Tuma , me pregunto por qué se propone sólo este camino. Si está orientado a acceder a subsidios de viviendas, a derechos en subsidios públicos, ¿por qué no cambiamos las políticas en ese segmento en vez de alterar algo que va al fondo del concepto del uso del suelo? Al fijar el criterio en el título de dominio, lo que se hace en última instancia no nos engañemos es destruir la comunidad, porque se anula algo que sirve de base a la comunidad: el título colectivo de un terreno mayor.

Se puede decir que ése es el camino, pero me parece que aquí se está discutiendo una parte del problema, no el conjunto.

Si bien soy partidario de que existan tierras indígenas, prefiero que no se subdividan en pequeños islotes cuando el problema se puede resolver a través de otros procedimientos, como señalaba el diputado Tuma .

Creo que sería útil un debate para ver cuáles son las voluntades y por qué no han funcionado los otros procedimientos. En la región que represento, la mayor demanda de las comunidades indígenas es tener derecho a comprar tierras en zonas urbanas para construir ahí sus casas; que haya políticas más actualizadas respecto de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, relacionadas con su integración a las diversas partes del territorio nacional.

Este proyecto parece ser la solución, pero es como tratar de tapar el sol con un dedo. La postulación a subsidios se puede resolver a través de otros mecanismos, no mediante la subdivisión de terrenos, pues lo cierto es que una vez que se subdivide una propiedad, la situación no se revierte. Vamos a tomar una decisión de alcance histórico, que no puede hacerse a la ligera.

Solicito el acuerdo de los Comités para que tengamos una segunda discusión, a fin de reflexionar bien sobre la materia y así ayudar a la comunidad indígena no sólo hoy, sino los próximos años y siglos.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Señor diputado, los Comités analizaron el tema y resolvieron votar el proyecto en general al término del Orden del Día.

Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz .

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención con una severa crítica a esta modalidad que están adoptando los Comités Parlamentarios. Si bien es cierto, las bancadas están representadas por su jefe, me niego a aceptar esta instancia como un mecanismo para inhibir el debate.

Al inicio de la sesión, luego de la intervención del diputado señor Carlos Montes , tuvimos el mismo problema en relación con un proyecto muy importante que modifica la ley general de Servicios Sanitarios.

En verdad, se trata de proyectos muy relevantes para que, por acuerdos políticos de los Comités, se inhiba al resto de los parlamentarios a participar en el debate, a informarnos y a tomar una decisión consciente sobre temas tan trascendentales como los que he señalado y como el que analizamos ahora.

Hago este reclamo porque los ciento veinte diputados que conformamos esta Cámara no estamos inhibidos para dar nuestra opinión. Con este sistema no se contribuye a la calidad de la ley ni al debate político ideológico de los proyectos. Debe haber un mecanismo para cambiar esta situación.

En segundo lugar, no me cabe duda de que los colegas Tuma y Meza han patrocinado una iniciativa vinculada directamente con la realidad de las comunidades mapuches que viven en los distritos que ellos representan en esta Cámara. No obstante, estamos modificando un cuerpo legal que rige para toda las etnias. Si bien es cierto la etnia mapuche es la más importante y representativa del país, hay zonas donde no existen mapuches, pero sí aimaras, diaguitas, rapanui.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero llamar la atención de los colegas respecto de lo que se está haciendo. Es bueno que el proyecto resuelva un problema y bienvenido sea. Algunos colegas han dicho que este tema está bien resguardado, que las tierras mapuches no se podrán vender, que este mecanismo es para resolver problemas entre las familias mapuches. Sin embargo, me hago cargo de lo que el Congreso hizo hace diez años: aprobar el proyecto de ley indígena, hoy tan vapuleada por algunos diputados de la UDI y de Renovación Nacional, quienes estuvieron en contra del proyecto, porque rompía el criterio de Pinochet de destruir la comunidad de la tierra. Si queremos politizar el debate...

Hablan varios señores diputados a la vez.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Señor Presidente, solicito que el señor García me deje hablar.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Pero que la diputada Muñoz no mienta, señor Presidente.

El señor LORENZINI (Presidente).-

¡Diputado García , llamo al orden a su señoría!

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Voy a convocar a la Comisión de Ética al señor García , porque no me puede tratar de mentirosa en la Sala.

Señor Presidente, estoy haciendo referencia a la intervención del diputado Díaz , de la UDI, quien dijo que cometimos un gran error en la ley Indígena, tratando poco menos que de ciudadanos de segunda categoría a las etnias indígenas de nuestro país.

Recuerdo al diputado señor Díaz que la UDI se ha opuesto permanentemente a una reforma a nuestra Carta Fundamental que da reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Entonces, no hagamos un debate de esa naturaleza, porque pueden salir perdiendo en este recuerdo histórico de lo que significa la ley Indígena.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Señora diputada, le ruego dirigirse a la Mesa.

La señora MUÑOZ (doña Ariana).-

Señor Presidente, solicito que tengamos mucho cuidado en esto, porque el estatuto especial de las tierras indígenas, que se consagró en la ley Indígena, obedece fundamentalmente a un reclamo histórico de las etnias de nuestro país por la protección de la tierra. No pretendimos tratar de infantiles a los pueblos indígenas cuando establecimos un mecanismo de protección de la tierra, sino porque hubo usurpación, robo, uso y abuso históricos de las tierras indígenas. Basta preguntarnos cómo, desde hace algún tiempo, se han constituido las grandes empresas forestales y cómo obtienen los terrenos.

Entonces, no es un debate baladí preocuparnos qué pasa con el estatuto de protección de las tierras indígenas con este proyecto y cómo armonizar el actual conflicto con otros mecanismos que no sea una ley. Entiendo que es necesario resolver un problema, pero ¿por qué debe hacerse a través de una ley? Mi temor es que las tierras indígenas se transen nuevamente en los mercados inmobiliarios.

Puede que no tenga razón, pero tengo mis temores y quiero que éstos queden registrados en la historia fidedigna de la ley, porque el tema amerita una nueva discusión. Me niego a seguir legislando de esta forma, con un tribunal inquisidor en que se ha transformado la reunión de Comités, que nos inhibe el debate y nos puede hacer cometer errores históricos de gran magnitud.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tiene la palabra, el diputado señor José Antonio Galilea .

El señor GALILEA (don José Antonio).-

Señor Presidente, quiero hacer algunos alcances antes de referirme al fondo del proyecto.

Entiendo la molestia de la diputada señora Adriana Muñoz por la forma en que se está tratando el proyecto, pero ello no justifica que iniciemos un debate sobre una materia respecto de la cual existe amplio acuerdo. No comprendo la mala costumbre que tenemos en la Cámara de generar diferencias y debates absurdos sobre proyectos previamente consensuados.

Quiero recordar dos hechos.

Como lo señaló el diputado informante, cuando se tramitó el proyecto de ley Indígena, la Cámara aprobó el establecimiento de media hectárea como el mínimo exigible para la subdivisión de tierras, pero en el Senado se presentó una indicación para dejar dicho mínimo en tres hectáreas.

Por otra parte, más allá de la opinión que se tenga sobre la legislación indígena, dicho proyecto fue aprobado por unanimidad en esta Corporación. Además, debo recordar que el Presidente de la comisión que lo tramitó, el diputado Francisco Huenchumilla , hizo un reconocimiento en particular a la Oposición por los aportes que hicimos a la iniciativa.

Por último, en esta reflexión inicial, quiero recomendar al diputado señor Juan Pablo Letelier que lea el libro de José Bengoa , a quien, lamentablemente, no pudimos escuchar en la Comisión, entre otras razones, porque no se encontraba disponible en el momento en que podíamos recibirlo. Bengoa, a mi juicio, desarrolla de manera brillante el significado y el sentido que han tenido las comunidades indígenas, en particular la mapuche, en nuestra historia. Creo que el colega Letelier podría informarse en el texto de este estudioso de la materia respecto del significado y alcance de las comunidades indígenas.

Respecto del proyecto, aunque en un principio tuve dudas de aprobarlo, cada vez me convenzo más sobre la necesidad de hacerlo. En primer lugar, porque creo que después de once años de la aplicación de la ley Indígena sería muy adecuado, recomendable e incluso conveniente que en algún momento se hiciera una evaluación, una revisión, un diagnóstico de cómo ha funcionado esta legislación en materia de tierras y en otros aspectos relacionados con las comunidades indígenas, porque los autores de la iniciativa han descubierto un problema que existe en las comunidades de los sectores rurales, que tiene que ver con las oportunidades de acceso a la tierra de las familias indígenas.

No obstante, los aspectos positivos del proyecto son muy superiores a los negativos.

En primer término, no atenta contra el espíritu de la ley Indígena, porque ésta no ha sido objeto de ninguna modificación. Asimismo, apunta a resolver un problema de hecho, que aquí se ha señalado: 18 mil personas de sectores rurales no tienen acceso a los títulos de dominio y a la propiedad de las tierras donde viven, trabajan y en las que habitan sus familias.

Por otro lado, esta iniciativa tiende a una cuestión muy importante: asimilar la legislación indígena en esta materia a la legislación común. ¿Qué diferencia hay para que una persona no indígena pueda subdividir en media hectárea sus tierras y una indígena se vea impedida de hacerlo, teniendo que permanecer necesariamente con la subdivisión en tres hectáreas?

También se ha dicho que permite el acceso a algunos beneficios estatales, entre los cuales se encuentran los de carácter social, que son muy importantes porque tienden a solucionar los problemas habitacionales de los descendientes de los propietarios.

El único aspecto negativo que percibo en la iniciativa es la disminución de la cabida productiva que tendrán las tierras indígenas en la medida en que aumente la subdivisión. Esta cuestión se debe resolver para evitar el aspecto negativo de este proyecto: que el Fondo de Tierras que administra la Conadi no puede seguir gastando el 90 por ciento de los recursos destinados a la adquisición de tierras a comprar grandes predios para resolver los denominados “conflictos”.

La Conadi debiera gastar el 90 por ciento de los recursos del Fondo de Tierras en permitir que los pequeños agricultores mapuches accedan a recursos para agrandar la cabida de sus terrenos y, por lo tanto, puedan mejorar sus capacidades productivas. No es posible que de los 14 mil millones de pesos que administra el Fondo de Tierras, 11 mil millones estén destinados a resolver conflictos, mientras que los postulantes individuales a esos recursos no tienen más remedio que esperar ser favorecidos para comprarle al vecino y, de esa manera, aumentar sus tierras.

Quiero creer en el compromiso que el director nacional de la Conadi contrajo en la Comisión de Agricultura respecto a que a partir del próximo año va a cambiar esta política y asignará mejores recursos para la adquisición individual de tierras. Es decir, no se seguirá comprando grandes extensiones de tierras para un reducido número de personas que, finalmente, no tienen asesoría ni apoyo para hacerlos producir; muchas de esas tierras hoy se encuentran abandonadas.

He dicho.

Aplausos.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Jaime Quintana .

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente, no tengo duda de las intenciones de los diputados señores Tuma , Meza y Silva , quienes, como autores de esta moción, pretenden resolver un problema que tienen muchas comunidades y que se refiere a la vivienda. Como ha dicho la diputada señora Sepúlveda , este tema ha sido desvirtuado, porque hoy, mediante el derecho real de uso, se puede acceder a la vivienda.

En muchos casos es imposible obtener el saneamiento de títulos a través del Ministerio de Bienes Nacionales. En otros casos también es imposible o muy difícil adjudicarse proyectos productivos en instituciones como por ejemplo, la Conaf.

Sin embargo, el escaso tiempo asignado en la discusión de esta iniciativa comparto el criterio de la diputada Adriana Muñoz , no permite tratarla como se merece un tema tan delicado como lo es el indígena, ya que podemos borrar con el codo lo que tanto costó escribir con la mano y que significó un enorme sacrificio para muchas comunidades indígenas hace más de diez años: la ley Indígena.

Que la euforia nos nos confunda, porque las tierras no van a aumentar. ¡No, las tierras serán las mismas! Ahora vamos a reducir ese espacio a 0,5 hectárea. ¿Qué es 0,5 hectárea en el campo? Los amigos indígenas que nos acompañan saben que es sólo una casa con harto patio y nada más.

Por lo tanto, no sé que tuvo que ver la Comisión de Agricultura en este tema, ya que es el proyecto menos agrícola que he visto.

El propio Indap ya no está operando con instrumentos en superficies tan reducidas como éstas. La tierra no va a crecer. Es algo que debemos analizar. Lamentablemente, por problemas de tiempo no hemos podido discutir con mayor profundidad este tema.

No quiero ser odioso pero las comunidades indígenas que estan siguiendo atentamente este proceso saben lo que significó el proceso de subdivisión en el gobierno militar. Lo conocen perfectamente y lo recuerdan con terror.

Pues bien, si consideramos que no hay más tierras a repartir, a eso nos puede conducir este nuevo proceso de subdivisión.

Creo que un aspecto cultural importante va a ser dañado. Antiguamente, se conocían como reducciones, hoy como comunidades.

Si el proyecto se aprueba, vamos a plantear el cambio del término “comunidades”, porque ¿qué va a quedar de las comunidades, aparte del campo rogativo y de los cementerios, donde los haya? Todo quedará subdividido en pequeños lotes.

Lo más grave es que, como bien lo dijo el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera en la Comisión de Agricultura, significará terminar y desmantelar el estatuto de protección de las tierras indígenas en este país. ¡Por Dios! ¡Eso es tremendamente grave!

Si el ex presidente Patricio Aylwin , José Bengoa y el ex ministro Enrique Correa que con miles de indígenas que contribuyeron al gran debate sobre la ley Indígena, que hoy estaríamos borrando de una plumada estuvieran siguiendo este debate, francamente, no sé qué pensarían.

Lo expresado respecto de los niños chicos no es una buena comparación.

Con esto se pretende que hoy los mapuches estén en condiciones de competir. Pero, ¿con quién? ¿Con el dueño del fundo de al lado, que tiene tres mil hectáreas? Con media hectárea no se puede competir.

Hubo instituciones del Estado que, a mi juicio equivocadamente, se manifestaron favorables a este proyecto, como la Conadi y la Subsecretaría de Bienes Nacionales. Se dijo que este proyecto, una vez convertido en ley, iba a ocasionar un caos, porque generaría una demanda explosiva de topógrafos.

Como bien señaló la diputada señora Alejandra Sepúlveda , la consecuencia de ésto será el minifundio, que hoy existe, pero que se multiplicará por mil.

Lo más grave del asunto es que, al legislar en forma improvisada y a la rápida, incorporamos al mercado de la tierra las tierras indígenas. Eso es muy delicado y constituye un tema de fondo.

En mi opinión, no creo que el proyecto implique igualdad jurídica para los mapuches, porque aunque se les otorgue título de dominio, seguirán siendo pobres, porque no hemos sabido abordar debidamente sus problemas. Lo que debió hacerse, primero, es que la Conadi diera más tierras. De las 150 mil hectáreas comprometidas por el actual Gobierno, buena parte de ellas ya fue entregada. Hoy quedan áreas silvestres, áreas protegidas, algunas de las cuales se desafectarán para ser entregadas a las comunidades indígenas, pero no queda tierra. Ése es el problema, no estamos agregando nueva tierra, sino picando más finita la que hay.

No creo que la iniciativa fomente el desarrollo productivo, sino, por el contrario, podría generar un masivo éxodo de personas, desde el campo hacia la ciudad, lo que contribuiría a incrementar los niveles de pobreza.

Mi voto, definitivamente, no está disponible para este proyecto.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Camilo Escalona .

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, sin duda el proyecto es opinable, desde el punto de vista de sus efectos y consecuencias. Por lo tanto, ha merecido una severa llamada de atención de los diputados.

La ley indígena tiene una inspiración: que las tierras que tengan origen étnico, en particular las que pertenezcan al pueblo mapuche, no se traspasen a personas o familias que no pertenezcan a dicha etnia, para que no continúe el proceso de pérdida según algunos, usurpación de las tierras del pueblo mapuche, lo que conllevaría, finalmente, al término de los mapuches como pueblo. Si no tienen tierras, no pueden existir como pueblo. En consecuencia, el tema de la tierra es esencial.

El honorable diputado señor Díaz ha pasado por alto un pequeño detalle en su alocución antigubernamental al tratar de descalificar la ley indígena.

Gracias a la ley indígena, desde 1990 a la fecha se han adquirido cien mil hectáreas, compradas con recursos públicos aprobados año a año en el Congreso Nacional, para devolvérselas a los mapuches. A esas cien mil hectáreas se han agregado cincuenta mil más, de propiedad del Fisco, a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Es decir, en este momento, en el país, gracias a la ley Indígena, que aquí tan livianamente se intenta descalificar, se han entregado a las comunidades mapuches ciento cincuenta mil hectáreas. Entonces, el problema es cómo el Congreso Nacional legisla a partir de esta certeza que ha tenido y que permitió aprobar la ley Indígena para que los mapuches tengan tierras, porque, de lo contrario, su propia existencia como pueblo está amenazada para que se mantenga este proceso que hemos seguido en el curso de los últimos años.

En ese sentido, muchos parlamentarios tienen dudas con respecto a que esta subdivisión pudiese tener como consecuencia el que las tierras mapuches se traspasen a no mapuches y, en consecuencia, continúe este proceso de deterioro del pueblo originario. Hago fe de lo que dice el diputado señor Tuma respecto a que la intención del proyecto es que ello no ocurra y lo que se busca es dar la certeza jurídica para que en aquellas familias en que de hecho ya existe esta subdivisión y en que el desarrollo natural de generación en generación provocó la necesidad de que las nuevas familias puedan tener, al menos, media hectárea para establecer su vivienda, se hace sin violar el artículo 13 de la ley Indígena, el que establece que las tierras del pueblo mapuche no se pueden traspasar a no mapuches. Entonces, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, queda claro que ninguna propiedad mapuche será traspasada a una familia no mapuche y, en consecuencia, se aclaran las dudas que muchos parlamentarios pueden haber tenido en cuanto a que estas tierras continuarán siendo de ese pueblo.

En ese entendido, que las tierras mapuches seguirán siendo mapuches y como parlamentario de un distrito donde hay un importante número de comunidades mapuches, votaré a favor del proyecto.

He dicho.

Aplausos.

En votación general el proyecto de ley, originado en moción, que modifica la ley Nº 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, con el objeto de perfeccionar las normas de formalización de la tenencia de la tierra.

Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 74 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Errázuriz , Escalona , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , GarcíaHuidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Kuschel , Letelier (don Felipe) , Longton , Lorenzini , Luksic , Masferrer , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Mora, Moreira , Muñoz (don Pedro) , Norambuena , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Prieto , Riveros , Robles, Saa (doña María Antonieta) , Salaberry , Salas , Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tuma , Uriarte , Urrutia , Varela , Vargas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Von Mühlenbrock y Walker .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Bustos , Montes, Quintana , Rossi y Tohá (doña Carolina) .

Se obstuvieron los diputados señores:

Espinoza , Girardi , Leal , Letelier ( don Juan Pablo) , Navarro , Ojeda , Sepúlveda ( doña Alejandra ) y Villouta .

El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

Al artículo único Nº 1

1.De los diputados Navarro y Quintana para reemplazar la palabra "cinco" por "diez".

2.De los mismos señores Diputados, para agregar el siguiente número 5, nuevo: “5. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena deberá publicar en su página de internet los procedimientos de subdivisión, actualizando, mensualmente, su estado de tramitación.”