Labor Parlamentaria

El señor SANHUEZA (Presidente).-

En conformidad con el objeto de la presente sesión, corresponde ocuparse, hasta su total despacho, de la proposición de acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del señor Ministro del Interior, don José Tohá González.

Diputado informante de la Comisión de Acusación es el señor Aylwin, don Andrés.

El informe de la Comisión de Acusación Constitucional está impreso en el boletín Nº 932-71-2.

-La resolución de la Comisión, en que aprueba la acusación, dice:

"Una vez cerrado el debate, la Comisión procedió a votar, en forma separada, cada uno de los Capítulos del libelo acusatorio, en votación nominal.

Los Capítulos I, II, III y V y el Capítulo IV, con exclusión del punto cuatro de la letra B "Ilegalidad del funcionamiento del Canal 9", fueron aprobados por tres votos contra dos.

Votaron por la afirmativa los señores Aylwin, Maturana y Señoret (Presidente); y por la negativa, los señores Cademártori y Ramírez, don Pedro Felipe.

El rechazo de cargo sobre "Ilegalidad del funcionamiento del Canal 9" se produjo por unanimidad.

En consecuencia, la Comisión acordó acoger la proposición de admisibilidad de la acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del Ministro del Interior, don José Tohá González, por "la responsabilidad que le cabe en las continuas, reiteradas y graves infracciones a las garantías constitucionales" y por "las acciones y también las omisiones en que ha incurrido, que han comprometido igualmente en forma grave, la seguridad del Estado y han significado el atropellamiento de las leyes o haberlas dejado sin ejecución".

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Muchas gracias.

Señor Presidente, abocada la Cámara de Diputados a declarar si ha o no lugar a la acusación que diez de sus miembros han formulado contra el señor Ministro del Interior, con arreglo a lo prescrito por el Nº 1 del artículo 39 de la Constitución Política del Estado, necesario es empezar por precisar cuál es el verdadero significado o alcance de la tarea que, en un caso como éste, corresponde a nuestra Corporación.

¿Cuál es el papel de la Cámara de Diputados en esto que se ha llamado entre nosotros "juicio político"?

¿Actuamos como jueces llamados a "administrar justicia", resolviendo sobre la culpabilidad y sanción que merece el acusado? ¿O actuamos como "políticos" que, en nuestra misión de buscar el bien común de Chile y de los chilenos, tenemos el deber de velar por el recto y normal funcionamiento de nuestra democracia y estamos llamados, por consiguiente, a hacer respetar la Constitución y las leyes de la República?

Basta leer el texto constitucional para advertir que nuestra tarea es la segunda y no la primera. No somos jueces que debamos decidir definitivamente, en este instante, si el Ministro del Interior, señor Tohá, es o no culpable de determinados delitos o abusos de poder, ni que debamos pronunciarnos sobre la pena que le corresponde. Somos una especie de Ministerio público de la institucionalidad democrática chilena, de fiscales encargados de cuidar que la Constitución Política y las leyes sean observadas por las autoridades que la ¡Carta Fundamental sujeta a nuestra fiscalización.

Así se ha entendido, casi uniformemente, por esta Honorable Cámara, en los cuarenta y tantos casos de acusaciones constitucionales sobre las cuales ha debido pronunciarse desde la vigencia de la actual Constitución Política.

Del contexto de los artículos 39, número 1, y 42, número 1, de dicha Carta y de su comparación con las normas respectivas de la Constitución de 1833 y la modificación que se le introdujo en 1874, resulta claro que el sistema constitucional chileno, en esta materia, está configurado por los siguiente caracteres:

1º.- Siendo el nuestro un régimen presidencial y no parlamentario, la estabilidad o permanencia del Gobierno no depende de su mayoría en la Cámara política: de ahí que las facultades fiscalizadoras que la Constitución nos encomienda en el número 2 del artículo 39, no afectan "la responsabilidad política de los Ministros." Cualesquiera que sean "los acuerdos u observaciones" que nosotros adoptemos a su respecto, ellos permanecen en sus cargos mientras cuenten con la confianza del Presidente de la República;

2º.- Lo anterior no significa que en Chile los gobernantes sean políticamente irresponsables, que en el régimen constitucional chileno no exista la "responsabilidad política". Ella existe respecto del Presidente de la República, los Ministros de Estado y otras autoridades y magistrados que la Constitución señala en el número 1 del artículo 39 paralelamente a la responsabilidad civil, la penal y la administrativa;

3º.- La responsabilidad política se hace efectiva mediante el llamado "juicio político", en el que la Cámara de Diputados desempeña el papel de "acusador" y al Senado le corresponde la función de "tribunal";

4º.- Los hechos que determinan esta responsabilidad política, contrariamente a lo que sugiere la defensa del señor Ministro, pueden ser constitutivos de "delitos" en el sentido estricto de la palabra, de acciones u omisiones tipificadas y sancionadas como tales por la ley penal, o de simples "abusos de poder" que no generen al mismo tiempo responsabilidad penal.

Esto resulta evidente cuando se examinan las causales de acusación que la Carta Fundamental contempla a la luz de las mismas disposiciones de orden penal. Aunque ninguna ley califique de delito el "haber dejado las leyes sin ejecución" ni el "haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación", aunque no toda "infracción a la (Constitución", ni cualquier "atropellamiento de las leyes" estén sancionados como delitos, siempre esas circunstancias son suficientes para acusar a un Ministro;

5º.- Lo que la Cámara de Diputados decide es "si ha o no lugar" a entablar la acusación. Si la Cámara "entabla" la acusación, "el Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito o abuso de poder que se le imputa". Esto es lo único que el Congreso Nacional resuelve. En el texto primitivo de la Constitución de 1833, el Senado tenía poder para imponer la pena al acusado. Pero la reforma constitucional de 1874 limitó la atribución del Senado a la declaración de culpabilidad. Si el Ministro acusado es declarado culpable, "será juzgado con arreglo a las leyes por el tribunal ordinario competente", para hacer efectiva la responsabilidad penal y civil que pueda corresponderle, y

6º.- La decisión de la Cámara de Diputados de "entablar la acusación" produce la suspensión del acusado, salvo que éste sea el Presidente de la República. La decisión del Senado que declara "culpable" al acusado, produce su destitución y, además, abre la puerta a su juzgamiento penal y civil por la Justicia Ordinaria. Es el sistema del "empeachment", a que se refirió el señor Ministro en su defensa; al igual que en la norma constitucional norteamericana, que él citó, "el juicio no se extiende más allá de la remoción del cargo y de la inhabilidad" consiguiente; pero el culpable puede ser perseguido, juzgado, condenado y castigado con las penas establecidas por la ley.

De todo lo cual resulta, como lo sostiene el profesor Daniel Schweitzer, en el estudio publicado en el tomo Nº 52 de la Revista de Derecho y Jurisprudencia, que "en materia de acusación constitucional el Congreso no juzga sino en un solo aspecto: el política"; y en cuanto al juzgamiento penal y civil que pudiera corresponder, que compete a los Tribunales de Justicia, "el llamado juicio político no es otra cosa que un antejucio, un trámite previo, un allanamiento del fuero, para que pueda abrirse procedimiento contra el acusado ante los Tribunales Ordinarios de Justicia".

Precisada así la naturaleza del juicio político, es evidente que la tarea específica de la Cámara de Diputados, al pronunciarse sobre la acusación constitucional que diez de sus miembros deducen ante ella, consiste en apreciar lo siguiente:

a) Si el acusado es alguno de los funcionarios contra los cuales la Carta Fundamental permite deducir acusación;

b) Si las causales de acusación que se invocan son las que la Constitución Política contempla como motivos suficientes para acusar al funcionario de que se trata;

c) Si los hechos que se invocan como fundamentos de la acusación existen y presentan los caracteres del delito o abuso de poder que se alega, y

d) Si hay antecedentes para imputar al acusado alguna responsabilidad en esos hechos.

Permítasenos algunas breves consideraciones sobre este último punto, en vista del énfasis con que el señor Ministro acusado ha pretendido en su defensa descartar la procedencia de cualquier cargo que tenga como base la actuación de sus subordinados y no la suya personal y directa.

Es evidente que toda responsabilidad se funda en acciones u omisiones personales. Sólo excepcionalmente la ley admite la responsabilidad "por hecho ajeno", y, aun en estos casos ella supone alguna circunstancia que permite atribuir al sujeto que se hace responsable por el hecho ajeno alguna especie de culpa o negligencia.

Nadie podría pretender que sean imputables aun Ministro todo y cada uno de los delitos o actuaciones de sus subordinados. Pero un Ministro de Estado es la cabeza de un conjunto de servicios públicos, los que dependen de su Ministerio. Como superior jerárquico de esos servicios, tiene sobre todos sus miembros, desde sus jefes hasta sus más modestos funcionarios, potestad de mando para darles órdenes, jurisdicción retenida para revisar sus actos y potestad disciplinaria para castigar sus faltas. De este modo, la conducta de sus subordinados resulta vinculada a" su propia voluntad, no sólo en la medida con que sea consecuencia de sus disposiciones como autoridad, sino también en cuanto hubiera podido evitarla, corregirla o sancionarla mediante el ejercicio de sus atribuciones.

A nadie se le ocurriría imputar responsabilidad a un Ministro del Interior por uno o varios desórdenes públicos ocasionales o aislados; pero la Ley Orgánica del Ministerio, D.F.L. 7.912, de 30 de noviembre de 1927, encomienda al Ministro del Interior "todo lo relativo al gobierno político y local del territorio y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público." Y entre los servicios que de él dependen directamente se encuentran los encargados del orden y la seguridad: Carabineros e Investigaciones. Siendo así, es innegable que ningún Ministro del Interior podría descargarse de responsabilidad por el "mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público", habitual y sistemáticamente perturbados por algunos hechos, con la simple excusa de que personalmente no intervino. Si a pesar de las denuncias los hechos se repiten, si no se toman medidas efectivas y oportunas para evitarlos, si es manifiesto que la fuerza pública no actúa frente a ellos con la eficiencia necesaria, si no se ejercen contra sus autores las acciones judiciales adecuadas, si se llega hasta negar la existencia de esos hechos o de las organizaciones que lo provocan, es evidente que se configura sobre la materia una "política" que es de la responsabilidad directa y personal del Ministro, a quien la ley le encarga mantener la tranquilidad y el orden público.

No se diga, por consiguiente, que sería atroz injusticia responsabilizar a un Ministro por hechos de sus subordinados. Que debe hacerse o no, depende de las circunstancias. Y la acusación contra el Ministro será procedente, toda vez que ella revele da su parte una conducta que, sea por acción o por omisión, haya hecho posible los hechos incriminados.

Señor Presidente, al estar conociendo hoy de un juicio político, no podemos dejar de ubicar esta acusación constitucional en un contexto histórico. Todo tiene importancia para juzgar; lo tiene nuestro panado, con una tradición de democracia, que no nos atrevemos a calificar da "idílica", en los términos que el señor Ministro supone a los acusadores en su contestación a la Comisión Acusadora, pero que, indiscutiblemente, algo nos dice, mucho nos entrega como tradición y como conquista del hombre. Deseamos juzgar los hechos también considerando los tiempos presentes, llenos de inquietud, tiempos de cambio y de adecuación, tiempos en que muchos, cansados de injusticias históricas, creen que la tierra les debe llegar hoy y no mañana; la vivienda decente este mes y no el próximo año.

Es un hecho histórico que nuestra democracia política fue censitaria y restringida en el siglo XIX y en gran parte de la mitad del siglo XX. El "resorte principal de la máquina" llamó el Ministro Portales a lo que hoy día modernamente se llama "el principio de la legalidad democrática." Fundamento de orden, tanto público como social, delimitó el mando y la obediencia, a través de reglas del juego verdaderas. Aun cuando el cuerpo electoral era un grupo reducido durante largos decenios, gobernantes y gobernados tuvieron conciencia del gobierno impersonal -llamémoslo legalidad-,- y las acciones colectivas que emprendió la nación con Prieto, Bulnes, Montt, etcétera, fueron obras de una comunidad y no la tarea de caudillos, de bandas armadas o de señores feudales.

Es efectivo que, pese a su desarrollo material y espiritual, aquella República del siglo XIX no atravesó por transformaciones sociales' profundas, de aquellas que se llaman revoluciones. Así, la incorporación de la incipiente clase media y de los artesanos fue débil e incompleta. Pero, ¿por qué le exigimos más a Chile que a las naciones europeas, que, salvo Inglaterra, tuvieron graves crisis históricas y cuyas instituciones absolutivas aquí no se conocieron, como las de Rusia zarista?

Nuestras "élites" políticas tuvieron rasgos realmente de desinterés y de adhesión a ideales democráticos. Ni Portales ni Varas fueron Directores Supremos, ni siquiera Presidentes, pudiendo serlo, y ello fue básico para que el sistema funcionara adecuadamente y procediera a la sucesión. Mucho antes, recién nacido Chile a 1 a vida independiente, Bernardo O'Higgins pudo perpetuarse en el poder sobre la base de una dictadura abierta. Prefirió, sin embargo, retirarse y desde el exilio escribió estas palabras: "En mi poca o ninguna experiencia, hallo que nuestros pueblos no serán felices sino obligándolos a serlo. Mas, esto pugna con mi moral política y no me es lícito ya tomar más parte en lo que corresponde ahora a otros."

La noción de oposición política existe en Chile no sólo en los términos de palabra o normas de la Constitución de 1933, sino que como una conciencia real de que el poder no pertenece en posesión a nadie. Era falsa, especialmente a comienzos de nuestra República, la idea de que los candidatos de Gobierno siempre ganaban, a cualquier precio. Existía intervención electoral, sí; pero había respeto por las opiniones de prensa y de escrito de los opositores.

Todo sistema político es una institucionalización de alguna forma de violencia más o menos obedecida. El nuestro no hace excepción; pero, con todo, tuvo la regla constitucional y moral del voto, aunque restringido, para cambiar a los Presidentes y a los parlamentarios. Chile aprendió a votar desde pequeño. Motines, asonadas, tensiones existieron muchas veces en el siglo pasado. Sólo cuando los dirigentes, en 1891, no fueron capaces de entender el sentido legal de la nación, se llegó a la guerra civil, y sus consecuencias hoy las percibimos con nitidez. La democracia no fue ampliada, más bien llegó a ser un artificio en los salones, y, lo que fue más grave, Chile perdió su empuje creador, su voluntad de ser.

Las crisis mundiales nos sorprendieron con un país sin empuje ni verdadera legitimidad política. Entonces, la violencia abrumé a la naciente ciase obrera con matanzas inhumanas y con la negación de sus derechos y organizaciones. Pero ni aun en la crisis, con represiones e insurrecciones múltiples, la nación perdió su vocación jurídica, más amplia que un puro legalismo estrecho.

La Constitución de 1925, liberal y censitaria en la noción de propiedad, ha permitido su cauce esencial que, al principio, muy lentamente, ha ampliado el cuerpo político de participantes en las decisiones, y, en los últimos años, las cifras de participación electoral son respetables y la ampliación de las organizaciones sociales, transitorias y funcionales, hechos sin discusión posible.

El perfil del régimen político se ha definido con nitidez; cada vez más la claridad decisional se ha impuesto. Los que denunciaron las reformas constitucionales de la Administración pasada como un grave peligro democrático, utilizan hoy, con profundo consenso, el Tribunal Constitucional, el plebiscito, la iniciativa exclusiva en materia económica.

En verdad, no tiene sentido idealizar el pasado; tampoco negar la especificidad del caso chileno. Si nuestra palabra resulta interesada, recurro al testimonio de un extranjero muy cercano del Presidente de la República, don Joan Garcés, quien, casi al iniciar su reciente libro sobre la última elección presidencial, dice: "La singular evolución política de Chile le sitúa en un lugar privilegiado entre reducido número de sistemas políticos de fundamentación liberal, que han conservado una institucionalidad poco menos que ininterrumpida desde principios del siglo XIX". Página 21, "La pugna política por la Presidencia de Chile", Editorial Universitaria.

No hay, pues, motivo para desarticular "el resorte principal de la máquina", como decía el Ministro del Interior, don Diego Portales.

Chile es un país que tiene vocación de libertad. La llamada "vía chilena hacia el socialismo trata de conciliar adecuada necesidad de cambios estructurales con el espíritu democrático de nuestro pueblo En los últimos años, la idea siempre ha sido la misma; antes se llamó revolución en libertad". Es un camino difícil, pero no imposible; y, justamente, la dificultad de nuestro propio camino es la que a veces llama la atención del resto del mundo, como posibilidad y como esperanza. No nos hemos impuesto tareas fáciles. Somos así. Dejar todo indica que seguiremos siendo así.

Ninguna que sea la magnitud de los avances económicos, de las transformaciones sociales o de las conquistas en el camino, de la independencia económica; cualesquiera que sean las dificultades en el camino hecho o por hacer, justifican ninguna restricción de libertades esenciales.

Valorizamos en cuanto vale, por ejemplo, que se haya terminado el proceso de la nacionalización del cobre dentro de nuestra vocación histórica, y valorizamos debidamente también muchas de las palabras del señor Ministro en la Comisión. Pero existen algunos temores. Hay hechos que justifican algunos temores.

La libertad para el hombre común se expresa en hechos sencillos: derecho a expresar sus ideas libre de todo tipo de temores; derecho a informarse sobre la verdad de todos para decidir su propia opinión ; derecho a concurrir a las reuniones de su agrupación o partido sin el temor de ser vejado o fichado; derecho a ser oportunamente protegido por las autoridades de su país contra todo despojo, asalto o vejamen.

Para miles y miles de hombres y mujeres, en términos significativos para estos días concretos, la libertad pareciera que empieza a perderse en casos muy específicos: cuando la autoridad reconoce formalmente el derecho a reunión, pero, por otra parte, llegan grupos de choque que de hecho la disuelven; cuando las pocas radios no oficialistas son sometidas a clausura por razones insignificantes, mientras otras radioemisoras tienen libertad para tergiversar y difamar; cuando los grupos de choque imponen su voluntad por el temor, en la calle, en el debate, en la reunión; cuando al llegar el trabajador a su casa, después de la dura jornada, coloca la televisión, que financiamos todos los chilenos, y muchas veces, en vez de descanso sólo presencia sectarismo, tergiversación y odio; cuando ciertos grupos que tienen armas y amedrentan al hombre común, al pequeño propietario agrícola, por ejemplo, no reciben debida investigación judicial ni sanción, mientras, por otra parte, se aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado a otras personas infinitamente menos culpables o absolutamente inocentes, como son los campesinos del Sindicato de Llanquihue, el Rector de la propia Universidad de Chile, etcétera; mucho más aún, cuando existiendo un General como Jefe de una Zona de Emergencia, concurre la policía civil a disolver una manifestación de protesta, y no Carabineros, y actúa esta policía civil como verdadera fuerza de choque, deja varios heridos y detiene arbitrariamente a un centenar de personas.

Estos hechos, porque son graves y porque están comprendidos en causales legales, son los que, en parte, han dado origen a esta acusación constitucional.

Se ha planteado muchas veces, frente a cualquier entorpecimiento de la labor del actual Gobierno, que este tipo de acciones favorece a los más violentistas, a los que menos creen en la democracia y sus métodos. Indudablemente que es ésta una afirmación que tiene mucho de efectivo y debe ser considerada y medida en nuestra propia responsabilidad. Pero tampoco puede dejar de ser debidamente valorizada la actitud moral y psicológica de las mujeres que en la marcha del 1º de diciembre fueron vejadas y de tantos otros que también han sufrido atropellos. Ese grupo de gente, que es una parte importante de Chile y de su pueblo, también nos está mirando y nos está preguntando si la democracia chilena tiene o no tiene herramientas para defenderlos, para sancionar los excesos, para evitar que el abuso se siga cometiendo. Mientras esa respuesta no llegue, es verdad, existe un muchacho con casco y cadena que está allí presente esperando; respondiendo a la brutalidad con la brutalidad. Esta es una de las razones profundas de esta acusación. Se ha planteado en la creencia de que la Constitución Política da los instrumentos para la defensa frente a los abusos. Dicho en otros términos, si la democracia se muestra eficaz en la defensa de sus valores fundamentales, nunca ante los ojos de ningún sector del pueblo, ni menos de sus juventudes, tendrán relevancia, como respuesta, ni el fusil, ni la cadena, ni la brutalidad.

Ya lo hemos dicho, Chile es un país con voluntad de cambios y con vocación de libertad. Tanto la democracia como la revolución requieren de una constante clarificación valorativa. Valoramos en igual media la justicia y la libertad, y sostenemos que no hay ni en la teoría ni en la práctica necesidad de una elección entre una y otra. Adherimos a este respecto a lo que reiteradamente ha expresado el Presidente de la República en cuanto a que existe un camino en libertad hacia el socialismo. Por lo mismo, cuando esta acusación incide en algunos aspectos legales que se relacionan con los derechos individuales, no estamos, en ningún caso, pretendiendo dificultar el camino elegido hacia los cambios.

Esta acusación no significa, tampoco, que en concepto de la Comisión se encuentre cancelado el camino ofrecido, que es un camino de Chile entero. No se dice aquello, ni se insinúa y que nadie lo aproveche así. Se trata sólo de procurar el pleno perfeccionamiento de ese camino por las vías que la propia Constitución establece.

Es efectivo que existe un nexo histórico entre la democracia y el capitalismo, pero expresado esto sólo así, la afirmación es incompleta. La democracia política trasciende el tipo del régimen. El sistema de derechos humanos, de lenta madurez social e intensa búsqueda humanística a través de todos los tiempos, no es patrimonio de ninguna forma de gobierno. Defender con calor estos valores no es idealizar el pasado, que sabemos imperfecto, sino defender lo que ya estimamos es una conquista definitiva del hombre.

Varios capítulos de esta acusación inciden en aspectos que tienen íntima relación con la perfección y posibilidades de éxito de lo que se ha dado en llamar "la vía chilena hacia el socialismo". Desde que en esta vía se descartan las presiones dictatoriales, ella debe basarse en una actitud esencialmente integradora, o, dicho en otras palabras, tiene que apoyarse necesariamente en el corazón de las masas, en la fuerza de las grandes mayorías. Y es aquí donde cabe preguntarse: ¿se puede conquistar a estas mayorías para una gran tarea nacional, cuando el Canal de Televisión oficial del Gobierno es un instrumento de odios y separaciones?

¿Se pueden integrar a la tarea nacional del Gobierno grandes sectores populares, que ven que las radios de su preferencia está sujetas a clausuras por razones absurdas y sin justificación moral?

¿Se puede integrar a las mujeres cuando se predica reiteradamente el odio y cuando frente a una concentración de un grupo de ellas, se cita a la misma hora a otra concentración con el ánimo de hacerles fracasar su acto y, posteriormente, se les veja...

El señor PALESTRO.-

Lo que no se hizo.

El señor ESPINOZA (don Luis).-

¿Y las que cayeron en El Salvador?

El señor AYLWIN (don Andrés).-

... sin que exista una actitud de real respaldo de parte de las autoridades?

¿Se puede integrar a la mayor parte de los campesinos, cuando a dirigentes sindicales se les llama "vendidos a la CIA." y pequeños propietarios agrícolas -como lo declaró el Presidente de la Federación de Pequeños Agricultores de Linares- viven atemorizados por un grup ilegal que existe allí en esa zona?

El señor PALESTRO.-

¡Patria y Libertad!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Nuestra respuesta es bien clara. Con este tipo de actuaciones sectarias, no existe ninguna posibilidad de diseñar una vía democrática en la construcción del socialismo.

La razón es clara: jamás se conquistará en esta forma la adhesión espiritual de las grandes mayorías.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

El sectarismo exagerado es la antítesis de una vía democrática hacia el socialismo.

El señor TEJEDA.-

Ninguna de esas cosas tiene acusación.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Y resulta interesante ver, como en los ejemplos citados anteriormente de actitudes sectarias, estas conductas tienen una dinámica casi fatal que las lleva, incluso, a situaciones al margen de la legalidad.

Veámoslo: cuando se empieza a actuar sobre la base errada de que los campesinos que no son adherentes al Gobierno serían "tachables", se termina con que un Intendente ataja 24 microbuses, imputa a los campesinos una ebriedad que no existe, e infringe el artículo 10, N° 15, de la Constitución Política, que consagra la libertad de todo ciudadano de trasladarse "libremente de un lugar a otro dentro del territorio nacional".

Cuando se objeta al adversario y se le tacha, se termina por acabar con el pluralismo en el Canal de la Televisión Nacional, con lo cual se infringe el artículo lº de la ley Nº 17.377, que dispone que la televisión "mantendrá el respeto por todas las tendencias".

Cuando no se respeta debidamente al adversario político y molestan sus medios de expresión, se termina clausurando sus radios, infringiéndose la ley sobre "Abusos de Publicidad".

Cuando se supone que las mujeres no adictas al régimen que citan a una concentración son "sediciosas", terminan concurriendo grupos de choque a disolverlas y, en esta forma, agregados otros errores, se coarta en los hechos el derecho de reunión que consagra la Constitución Política en su artículo 10, Nº 4.

El señor TEJEDA.-

¿Dónde ocurrió eso?

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Como ha dicho Pablo Freire, con el sectarismo, "no se hará jamás una revolución verdaderamente libertadora",...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

... porque el que lo es "sea de Izquierda o Derecha, se ubica delante de la historia como un único hacedor, como su propietario."

La señora LAZO.-

¿Y los que roban?

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar la señora Lazo: el aspecto moral es el más fundamental de todos.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señora Lazo, doña Carmen!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señora Lazo!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Señora Lazo.

Señores Diputados, ruego guardar silencio y permitir que el señor Diputado informante rinda su informe. Todos tendrán oportunidad de expresar sus ideas.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Frei!

Puede continuar el señor Aylwin.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, los ejemplos citados recientemente sirven para orientarnos sobre lo que esta acusación constitucional realmente es. Puesto que se trata del comienzo de un juicio con caracteres jurisdiccionales, se fundamenta ella en la infracción de preceptos legales y constitucionales. Pero, además, y puesto que es un juicio político y tiene una motivación de este tipo, se apoya la acusación también en una razón de este carácter, que incide tanto en la defensa de valores esenciales, como en la crítica a una determinada forma de conducción de la cosa pública que divide espiritualmente a la nación y dificulta su propia tarea revolucionaria.

En síntesis, la acusación se explica por una motivación de carácter político, crítica y rectificadora, y por fundamentos jurídicos que constituyen infracciones legales consagradas en el artículo 39 Nº 1, letra b) de la Constitución Política.

Las infracciones para las cuales se propone la aceptación de la admisibilidad, son las siguientes:

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

La señora LAZO.-

¡Eso es otra cosa... '

El señor PALESTRO.-

¡Miren a los jueces... !

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

1.- Infracción al artículo 22 de nuestra Carta Fundamental y de disposiciones pertinentes de la Ley de Seguridad Interior del Estado, en relación con la existencia de grupos armados ilegales y la omisión, o lenidad, de disolverlos, o de iniciar las acciones judiciales pertinentes, especialmente en algunos sectores del territorio nacional.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro...!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

2.-Infracción al artículo 10 Nº 4 de la Constitución Política del Estado, que establece el derecho a reunión sin permiso previo y sin armas,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro...!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

... derecho que fue especialmente coartado en la llamada "marcha de las mujeres" del 1º de diciembre último.

3.- Detenciones arbitrarias y otros procedimientos ilegales, infringiéndose los artículos 13 y 14 de la Constitución Política del Estado y disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal, especialmente la noche del 2 de diciembre;

4.- Infracción al artículo 10 Nº 3 de la Constitución Política, leyes 12.927 y 17.377, en relación con los medios de comunicación, especialmente por la clausura de las Radios Santiago, Balmaceda y Agricultura y situaciones existentes en la Televisión, y...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO.-

¡Por tramposos!

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

5.- Infracción a la ley 16.680 sobre Juntas de Vecinos, por la intervención arbitraria de muchas de ellas, a través de las Intendencias, violando la ley y abusando con sectores de pobladores no adeptos al Gobierno.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro!

Puede continuar el señor Aylwin.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, la Comisión encargada de investigar los cargos sesionó intensamente, incluso durante los días de Año Nuevo. Por eso, todos sus integrantes estuvimos de acuerdo en la petición del Diputado señor Cademártori, en el sentido de dejar expresa constancia de la abnegación con que habían actuado todos los funcionarios de esa Comisión y de la Cámara.

Considero que es mi obligación expresar, en nombre de la Comisión, nuestros agradecimientos a todos los funcionarios y al manifestar esto, creo representar también a toda la Cámara de Diputados.

Empecemos, pues, a ver y examinar cada una de las infracciones que han servido de fundamento al libelo acusatorio.

La primera infracción se relaciona con la existencia de grupos armados y, concretamente, se señala que se habría infringido el artículo 22 de la Constitución Política del Estado en relación con los artículos 4º, 6º y 10 de la ley 12.927 y, especialmente, en relación con el artículo 26 de esta misma ley.

Dispone el artículo 22 de nuestra Carta Fundamental que "la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones."

El artículo 4º de la ley Nº 12.927, dispone: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título II del Libro II del Código Penal y en otras leyes, cometen delito contra la seguridad interior del Estarlo los que en cualquiera forma o por cualquier medio, se alzaren contra el Gobierno constituido o provocaren la guerra civil, y especialmente :

"d) Los que inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes..."

El señor PALESTRO.-

¡Patria y Libertad!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Sí, señor Diputado. Nos vamos a referir concretamente a eso.

"...y a los que formen parte de ellas, con el fin de sustituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño, o con el objeto de alzarse contra el Gobierno constituido."

Por otra parte, el artículo 6º de la misma ley establece: "Cometen delito contra el orden público:

"e) Los que introduzcan al país, fabriquen, almacenen, transporten, distribuyan, vendan, faciliten o entreguen a cualquier título, o sin previa autorización escrita de la autoridad competente, armas, municiones, proyectiles, explosivos, gases asfixiantes...", etcétera.

El señor PALESTRO.-

¡Los terratenientes!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Por último, el artículo 10 de la citada ley manifiesta: "Prohíbese, salvo permiso de la autoridad competente, el uso de armas de fuego y cortantes dentro de los límites urbanos de las ciudades y pueblos de la República, a todos los que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas, al Cuerpo de Carabineros, al Servicio de Investigaciones o al Cuerpo de Gendarmería de Prisiones."

El artículo 22 de la Constitución Política es, indudablemente, un precepto de extraordinaria importancia. Consagra que en Chile nadie puede desempeñar funciones de ejército, ni de policía sin autorización expresa del Estado, otorgada a través del Gobierno.

El señor PALESTRO.-

¿Y Patria y Libertad tiene esa autorización?

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Exacto, colega. Nos estamos refiriendo a eso también.

El señor ARNELLO.-

Es responsabilidad del Ministro.

El señor PALESTRO.-

¡Ya salió Hitler a defender a Patria y Libertad!

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro, por favor!

Puede continuar el señor Aylwin.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, ésta es una idea básica y fundamental: por mucho que sean los errores y defectos de una policía autorizada oficialmente por la nación, siempre, en todo caso, será ella mejor para el país que un grupo armado particular. Los particulares, ni aun en condiciones excepcionales, deben atribuirse facultades propias de la policía.

En el último tiempo, efectivamente, se han visto ciertas expresiones muy claras de este tipo de actuaciones. Grupos de personas, actuando dentro de las ciudades, hacen de verdaderas fuerzas de choque e impiden que realmente se realicen manifestaciones de los adversarios.

Este es un hecho grave. Provoca miedo en algunos y temor en otros; provoca indignación en los de más allá. Y ese miedo, ese temor y esa indignación retenidos, en un momento determinado, cuando las personas que están en esa condición ven que son muchas, hacen que también quieran hacer una manifestación y que la quieran expresar con violencia.

Cuando actúa la policía para disolver un grupo de manifestantes, de acuerdo con leyes, de acuerdo con leyes, de acuerdo con normas establecidas, siempre merece el respeto de los manifestantes; pero no sucede lo mismo cuando una brigada de un partido, una brigada con armas de un partido, una brigada con armas contundentes de un partido, cree que se puede constituir en autoridad e ir y disolver esa manifestación.

Lo mismo pasa si se transporta este problema al nivel de los campos. En algunas partes de Chile, creo que no son muchas, pero sí importantes, hay grupos de personas armadas que, en el fondo, están sustituyendo a la autoridad. El problema es grave, porque ellos no sólo se constituyen en policía, sino también en el organismo que impulsa el proceso de reforma agraria. Y, cosa curiosa, esto perjudica, en muchas oportunidades, más hondamente a la gente modesta, ya que, incluso, el gran propietario agrícola, en definitiva, recibe una indemnización más o menos conveniente. Además, perjudica al propio campesino modesto que siembra la tierra, porque a veces el hombre que llega armado a hacer una verdadera reforma agraria lo obliga a irse por ciertas circunstancias, incluso, con el calificativo de "amarillo"; después, una persona de afuera lo sustituye. El mal está hecho, en muchos casos, es muy grande.

Si se ha presentado esta acusación constitucional, es porque hay muchos hechos de este tipo que están influyendo muy gravemente, que están creando un gran clima de odios en muchos sectores. Creo que tenemos que buscar, dentro de la democracia chilena, la manera de superar este tipo de problemas.

En la Comisión hemos...

El señor PALESTRO.-

¡Devolvamos los fundos a los terratenientes!

La señora LAZO.-

¡Los fascistas mataron a Mery!

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señora Lazo!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

...escuchado, por ejemplo, al señor Villalobos, Presidente de una confederación de pequeños propietarios. En una parte de su declaración, dijo lo siguiente: "Inclusive, salimos disgustados en dos oportunidades con el señor Subsecretario.

"En oportunidades en que nos tocó a nosotros hacer retomas, encontramos armamento, se dio cuenta y el Intendente de Linares protegió la salida de armamentos.

"Cuando al señor Gabriel Coll se le detuvo en la zona de San Javier, nosotros habíamos previsto que el señor Coll andaba armado, que tenía tiros en Cabrería y sin embargo no se tomó ninguna medida tendiente a poder esa noche, sacado, digamos, confiscados los armamentos.

Sin embargo, el Intendente protegió al señor Coll y las armas salieron de Cabrería y las armas fueron a dar a Parral, también dimos cuenta que estaban en Florida, Parral.".

Más adelante expresa: "Cuando nosotros fuimos a una retoma en Riquelme, en plena cordillera y encontramos un comando guerrillero con banderas miristas, armados y todo..."

El señor TEJEDA.-

¡Ese estaba soñando!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

"... y hemos tenido encontrones con ellos, el señor Núñez, por orden de la Subsecretaría del Interior..."

-"¿Cuántos eran?", pregunta el señor Zaldívar.

-"Del MIR, porque las banderas eran del MIR, eran más o menos 50 ó 60 de planta con una cooperación de otros 100 de Vega Las Casas. Eso está en constancia en cartas directas que hemos mandado y el señor Intendente concurrió por orden del señor Subsecretario allí, no a detener a los autores, sino que trajo 11 presos de nosotros."

Continúa: ". . .no se aplicó ninguna medida, y hasta el día de hoy flamea la bandera del MIR y siguen haciendo campamentos guerrilleros en la zona de Riquelme...".

Agrega más adelante: "En la parte última que estuvimos en Parral donde un predio de 10 hectáreas básicas, 10 hectáreas básicas pertenecientes a un señor de 78 años de edad, lisiado, temado por miembros del MIR, porque hasta banderas del MIR las tenemos guardadas, estaban allá, entramos a ese predio, donde había bombas, bombas montadas con cables teledirigidos, de 80 metros, tapados con piedras, con granadas de mano en cada uno de los que encontramos adentro, bueno, esto lo vio el Gobernador de Parral porque él destapó las bombas, logró destaparlas."

"¿Cuántos habría adentro?", pregunta el señor Zaldívar.

"Deben haber sido unos 18."

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

De este mismo tipo, hemos recogido muchos otros testimonios dentro de la Comisión. Especialmente, hemos recopilado una cantidad impresionante de discursos de Senadores y de Diputados, que en el Senado y en la Cámara, en el último tiempo, han hablado de problemas parecidos. En este tipo de juicio político, los testimonios que dan parlamentarios que escuchan a personas que no se atreven siquiera a venir a Comisiones, son importantes y deben ser considerados.

El señor PALESTRO.-

¿Y por qué no vinieron?

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Por eso, hemos agregado a esta acusación una cantidad muy importante y muy significativa de boletines de la Cámara de Diputados y del Senado.

El señor TEJEDA.-

¿De quiénes son los discursos?

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Señor Tejeda, ruego a Su Señoría no interrumpir.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Veamos, por ejemplo, lo que dijo el Diputado señor Gustavo Ramírez en la propia Comisión acusadora.

El señor TEJEDA.-

¿En qué partido está ahora el señor Ramírez?

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Dijo el señor Gustavo Ramírez: "El señor Subdirector acotaba, hace poco rato atrás, que estos grupos armados podían existir en Chile en forma circunstancial, y que actuaban de vez en cuando para un hecho determinado, y colocó el caso de los pequeños agricultores de Parral, sosteniendo que allí se juntaban 80 pequeños agricultores para recuperar un perdió determinado. Pero, señor Subdirector, esta gente se junta para recuperar un predio que se lo han tomado alguna gente, que son grupos perfectamente organizados y armados, grupos del Movimiento Campesino Revolucionario, que es la filial revolucionaria del MIR...".

Más adelante agrega: "El MIR tiene una organización perfectamente organizada en los campos. Yo ayer se lo denunciaba al Jefe de Carabineros, en la provincia de Talca, vamos a tener un problema como en Cautín en los últimos días. Tenemos el caso de la Hacienda Agua Fría.".

Agrega más adelante: "Resulta que esta es una hacienda que se la tomaron diez meses atrás, que está en la pre-cordillera de la zona de Molina de Talca, donde, naturalmente, si usted llega con previo aviso, no va a encontrar jamás un arma, porque es una cordillera inmensa. Este es, seguramente, un grupo estratégico que tiene salidas por todas partes. Existen grupos armados y todo el mundo lo sabe.

Sin embargo, el Gobernador de Molina y la gente y los funcionarios de INDAP le mandan alimentos todos los días."

Después dice: "...ya tenemos que una filial del movimiento campesino revolucionario se ha tomado el fundo El Mar, hay 53 hombres ocupando ese fundo, 13 de ellos armados con metralletas, con carnets dados por el Vicepresidente de INDAP, con carnets dados, no sabemos si son falsos o no. Pero la gente que lo ha visto y que me consta, exhiben carnets de INDAP, 13 hombres y 3 del MIR, que se relevan día por medio, en autos que vienen de Concepción. Y usted dice que son actos circunstanciales, que no existen grupos armados.".

El señor PALESTRO.-

¡Veamos a Patria y Libertad y a FIDUCIA!

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, uno de los problemas más difíciles es definir qué se entiende por grupo armado. Creo que es importante procurar hacer algún tipo de clarificación.

El señor PALESTRO.-

¡Armado de paciencia!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro!

El señor ESPINOZA (don Luis).-

¡Que hable el comandante Irureta que está bien informado!

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Espinoza!

Puede continuar el señor Aylwin.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Todos los representantes de las Fuerzas Armadas que estuvieron en la Comisión coincidieron en que, técnicamente, grupos armados eran aquellos que tenían un determinado poder de fuego que pudiera hacer algún tipo de competencia con el propio Ejército, y en tal sentido poner en peligro la estabilidad de la Nación.

En este mismo sentido se ha expresado también el Jefe del Ejército, General Prats. Al contestar una pregunta de los periodistas sobre los grupos armados, expresó lo siguiente: "Nosotros, el Ejército, entendemos por grupo armado algo todavía no existente en Chile para obligar a la intervención del Ejército. Grupos con palos, cascos y cadenas requieren de la acción policial y judicial, ya que se ubican en el campo delictual".

En la Comisión también habló sobre esta materia el señor Director de Investigaciones.

En esta forma, resulta que, si bien es cierto no existen en un sentido estrictamente técnico estos grupos armados, sí existen en cuanto a grupos de personas que tienen armas y que las usan. Creo que esa es una realidad que a todos nos consta, más allá de lo que pueda declarar cualquier funcionario o cualquier persona.

En todas partes existe algún tipo de circulares en las que siempre se insiste sobre este mismo problema de las armas, de la necesidad de las armas para conquistar efectivamente el poder. Y dentro de esas, en poder de la Comisión obra un panfleto del Movimiento Campesino Revolucionario, que termina con estas frases: "Tierra o muerte. Nadie nos trancará el paso. Armados venceremos".

Por otra parte, también este hecho tenemos necesariamente que juzgarlo en relación con toda la literatura que se ha escrito sobre la materia. No podemos dejar de considera una revista que se llama "Punto Final" oficialmente predica esta vía armada hacia la construcción del socialismo. Y es un hecho real que en esta revista participan personas muy allegadas al Gobierno, entre ellas don Jaime Faivovich, don Augusto Olivares y don Carlos Jorquera.

Aquí hay un número de esta revista, el del martes 8 de junio de 1971. Se trata de un diálogo de revolucionarios en Concepción. El joven Nelson Gutiérrez expresa en una parte: "El grado de polarización de las fuerzas en la sociedad chilena, la clara comprensión para la burguesía que sus intereses están amenazados plantea al pueblo el problema de que el avance implica hoy un grado de enfrentamiento mucho mayor y que la única salida ante una situación de este tipo, en que la correlación en fuerzas no es favorable para las clases populares, es apoyarse en la fuerza de las masas, en su actividad, iniciativa y organización para enfrentar a las fuerzas burguesas, para ir desarrollando un poder popular respaldado por el poder armado del propio pueblo, que permita mañana la toma del poder total.

"Es posible que una fuerza social en que el proletariado-campesino ha establecido una alianza con la pequeña burguesía, alcance el control sobre una porción del aparato del Estado. Pero la toma del poder político por una fuerza social revolucionaria, la alianza obrero-campesina, sólo es posible como consecuencia de que la lucha de clases llegue a su máximo enfrentamiento, por tanto al terreno del enfrentamiento armado."

Señor Presidente, debo reservar tiempo para analizar, aunque sea brevemente, cada una de las causales. Pero deseo expresar, para clarificar específicamente el criterio de la Comisión, que nos han llamado la atención algunas cosas que se deducen de la simple lectura de algunos documentos; simplemente, de lo que escuchamos.

Hay una situación curiosa. Mientras a un grupo de gente con armas nos produce la impresión de que estuviera en la total impunidad, sin embargo, autoridades del Gobierno han pretendido insinuar que habría otros que estarían armados, cuando en realidad no lo están. Digo esto, por una extraña declaración hecha en la Comisión por el Director General de Investigaciones.

Se le preguntó sobre los grupos armados y, al decir que prácticamente no existían, manifestó que cada vez que se habían detectado alguno, siempre había sido disuelto de inmediato.

Dijo: "Voy a citarles los casos: la VOP, que yo le digo estaba actuando desde dos años antes de que nosotros llegáramos al Gobierno; el grupo de propangandistas de la Democracia Cristiana que cometió una serie de asaltos en Nos."

Agrega más adelante: "Ahora el problema de estas bandas armadas de propagandistas, por ejemplo este grupo democratacristiano,...". Más adelante dice: "¿Quiénes son ustedes?" -se les pregunta. "Somos brigadistas de propaganda de la Democracia Cristiana. Nosotros no vamos a llamar al jefe de la Democracia Cristiana a probarlo, no podemos."

"Pasado mañana sucede un hecho, nosotros pillamos, como ocurrió en Valparaíso, al Presidente y al Vicepresidente de la juventud de Valparaíso con 4 amigos, -los sorprendimos, todos andaban armados- de la Democracia Cristiana, y tenían un lío enorme en Valparaíso."

Bueno, les quitaron las armas, y ya van tres grupos: la VOP y dos grupos democratacristianos. Pero ¿acaso alguien cree que son esos los grupos los que tienen armas en Chile? Creo que nadie lo piensa.

El señor PALESTRO.-

Los que tienen plata.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Entonces le preguntamos en la Comisión al señor Paredes, y quiero señalar estos hechos, porque algo se indica aquí, se deduce un espíritu discriminatorio: ya que usted dice que se han requisado 500 armas, varias de la Democracia Cristiana, ¿por qué no nos dice si se les ha quitado un arma a los grupos propagandísticos del Partido Radical, a la Ramona Parra, a la Elmo Catalán, y también a integrantes del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario?

El señor TEJEDA.-

La Ramona Parra no tiene armas.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

El señor Paredes respondió: "Yo pienso que hacer una lista con los detalles que usted pide no es imposible, pero extremadamente difícil, sí. Cada una está contenida en un parte y este parte hay que ubicarlo;...".

"Han caído izquierdistas. Yo no podría decirle si pertenecen a una brigada o no pertenecen. Eso no lo puedo decir, porque actuar sobre una brigada que está pintando en un momento dado no nos corresponda a nosotros; corresponde a Carabineros. Eso no"."

¿Cómo no pensar que detrás de esto hay un espíritu, preconcebido, discriminatorio y sectario; que se ve por un lado cualquier insignificancia y, sin embargo, para el otro lado, donde están los verdaderos culpables, se tolera? ¿Cómo no pensar, también, que de allí nace una indignación contenida en mucha gente, porque esto que...

El señor TEJEDA.-

¿Me permite?

El señor AYLWIN (don Andrés).-

...aquí pudiera tener un tipo de explicación, no la tiene para el hombre común?

En otra parte el señor Paredes -y aquí sí que su respuesta es concreta, y lo diría más, es correcta-, dice: "Entonces tendríamos que entrar a definir. Yo no tengo ningún problema en seguir aquí definiendo. Yo le digo que cuando los grupos de choque de "Patria y Libertad" salen a la calle, son peligrosos. Eso, sí que es cierto. Son peligrosos. Es cierto..."

El señor PALESTRO.-

¡Son fascistas!

El señor TEJEDA.-

¡Y usted dice que no!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Es cierto. Son peligrosos, pero hay muchos otros que también lo son.

¿Qué criticamos?...

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¿Me excusa, señor Aylwin?

El señor Tejeda desea hacerle una pregunta.

La señora LAZO.-

¡Los nazis son peligrosos!

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señora Lazo!

El señor TEJEDA.-

Una breve y respetuosa interrupción.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

¡Con cargo al tiempo suyo, con mucho gusto!

El señor TEJEDA.-

No sé lo que dice el Reglamento sobre esto.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

El Reglamento establece solamente dos horas para el Diputado informante y dos horas tanto para el señor Ministro como para los grupos que defienden e impugnan la acusación.

El señor TEJEDA.-

Con cargo a mí tiempo, me parece bien. Voy a quitarle dos minutos a mi Partido.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Nos parece, señor Presidente, que este tipo de discriminación se hace en toda clase de actos...

El señor TEJEDA.-

Pero, ¡cómo!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

...y, por ejemplo, una de las cosas que se criticó por la mayoría de los integrantes de la Comisión fue el hecho que no se haya aplicado en más casos la Ley de Seguridad Interior del Estado. Creemos que hay varias situaciones claramente delictuales en que se debió haber hecho aplicación real de esa ley, y el asunto es importante para esta acusación, porque, en definitiva, de acuerdo con el artículo 26 de la ley Nº 12.927, es el Ministro del Interior el que debe, a través de su representado, poner en marcha esa disposición , legal.

Señor Presidente, no somos partidarios de que frente a cada "toma", ni menos frente a las "tomas" sindicales, se vaya con fuerzas de Carabineros, y en tal sentido yo, al menos a título personal, expreso que estoy de acuerdo con la política de persuasión y con la política de diálogo que aplica el Gobierno en muchos de los casos.

Pero el problema es diferente cuando hay grupos que adquieren extremada gravedad, cuando hay grupos que empiezan a asolar una zona, que tienen su especio de caudillo. A ellos debe aplicarse inflexiblemente la Ley de Seguridad Interior del Estado. Tenemos la impresión, por ejemplo, de que si al "Comandante Pepe" se le hubiera aplicado oportunamente esta ley, el Gobernador no lo habría dejado irse de donde estaba como tampoco Carabineros habría permitido que se fuera.

Así, volvemos a ver cómo se discrimina en estos asuntos. No se aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado en casos muy graves. Sin embargo, sí se aplica en otras situaciones de mínima importancia, como ocurrió en una huelga por motivos reivindicativos en la provincia de Llanquihue, huelga de campesinos que el colega Cademártori, en la Comisión, calificó de democratacristianos. A esas personas sí se les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Hay una terrible debilidad y complacencia por unos grupos y, al mismo tiempo, hay una cierta mano sectaria, una cierta mano dura, con otros grupos importantes de trabajadores.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Tejeda!

¡Señor Palestro!

El señor TEJEDA.-

¿Los fiscales de las Cortes qué han hecho?

El señor AYLWIN (don Andrés).-

La segunda causal de la acusación constitucional se relaciona con infracción al artículo 10º, número 4, relativo al derecho de reunión. Dispone este precepto que la Constitución garantiza "el derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas. En las plazas, calles y demás lugares de uso público, las reuniones se regirán por las disposiciones generales que la ley establece."

Nos referimos, concretamente, en primer término a la marcha de las mujeres, ya que a lo mejor no vamos a tener tiempo para referirnos a los problemas de los campesinos, de que sí da cuenta el informe de la Comisión, al igual que en la causal anterior no me referí, por ejemplo, al problema del GAP.

¿Qué dijeron los testigos respecto de esa concentración? Doña Teresa De la Maza, expresó: "El mismo día de la marcha autorizaron otra marcha de mujeres, también, ésa sí, totalmente política, de la Unidad Popular, que la autorizaron en la mañana de ese día. Nosotras pensábamos llegar a la Moneda, a la Plaza Bulnes; ése era el primer itinerario.".

Después, la señora Lagarrigue manifestó: "Posteriormente a esto, que un grupo avanzó -ya está en la marcha- fue la gran bandada de bombas, bombas que realmente tenían un poder tan grande, porque no eran una ni dos; eran 10 ó 20. Ahora, no veo yo cómo podemos decir "marcha de las mujeres"; la encerrona que nos pegaron a las mujeres, esto hay que señalarlo, decirlo porque cuando nosotras dignamente, dentro de lo malheridas que estábamos, tratamos de retroceder y portarnos como patriotas y como chilenas amantes de la Constitución que somos, no nos dejaron, porque por Portugal iban grupos armados del MIR, por Diagonal Oriente iba la Ramona Parra y detrás de los Carabineros estaba el MIR, y esto lo sabe y esto lo vio mucha gente; esto no lo estoy diciendo de cuentos."

El señor PALESTRO.-

¡En El Salvador murieron dos señoras, una de ellas embarazada!

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro!

El señor PALESTRO.-

¡En tiempos del Presidente Frei!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Dijo, en otra parte de las declaraciones, la señora De la Maza: "Nunca había sufrido este impacto de bombas, como que nos dispersaron despavoridas a las primera impresión, la primera impresión es de desesperación, que se asfixia, que se ahoga; pero cuando una ve que van cayendo pobladoras, no piensa; porque cuando caímos sobre otras mujeres que iban mucho más deterioradas que nosotras me faltó la respiración.".

Agregó la señora Lagarrigue: "Carabineros, los grupos armados, porque nos iban encerrando, porque si el MIR iba por Portugal, la Ramona Parra iba por Diagonal Paraguay, el Cerro Santa Lucía estaba completo con grupos armados..."

La señora LAZO.-

¡Acuérdese de la José María Caro!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

"¿Hacia dónde podíamos ir las mujeres? El edificio Finanpro que hay en Alameda con San Isidro era una sola piedra para abajo. ¿Por dónde podíamos retirarnos las mujeres? Tendríamos que habernos elevado. ¿Qué trataron? Trataron de hacer un tumulto y que corriéramos nuevamente por la Alameda para arriba, ¿Para qué? Para que pasáramos frente a la UNCTAD.

"Pasaron frente a la UNCTAD, yo quedé tan mal, a mí me tiraron diez bombas encima, pero la gente que pasó frente a la UNCTAD fue insultada, apedreada,..."

El señor PALESTRO.-

¡A la gente que trajeron a la UNCTAD!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Más adelante, dijo la señora Lagarrigue: "Tanto es así que mi secretaria fue casi echada abajo en el paso "Pilar", en el paso bajo nivel; trató ella de escapar por el lado del paso bajo nivel, quisieron empujar suicidamente tres o cuatro personas para echarlas dentro. Yo después de las bombas personalmente me fui por la calle San Isidro y nos lanzaron todas las piedras que pudieron, en circunstancias que no estábamos en condiciones de defendernos o hacerle el quite a las piedras, es decir, fue un acto de increíble cobardía..."

Yo comprendo que algunos señores Diputados que no estuvieron en la Comisión se rían de estas cosas; pero yo sé perfectamente que algún tipo de impresión causaron a los Diputados integrantes de ella, que las escucharon.

El señor ESPINOZA (don Luis).-

¿Se acuerda de lo que dijo cuando acusamos a otro Ministro?

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Espinoza, don Luis!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Tavolari! ¡Señor Palestro!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Una parlamentaria le preguntó a la señora Teresa Gálvez:

"¿Usted es campesino o no?

"La señora GALVEZ (Declarante).- Sí.

"La señora RETAMAL (doña Blanca).- ¿Usted fue al desfile de las ollas?

"La señora GALVEZ, doña Teresa (Declarante).- Sí, señora.

"La señora .RETAMAL (doña Blanca).- ¿Fue con otras mujeres?

"La señora GALVEZ, doña Teresa (Declarante).- Sí.

"La señora RETAMAL (doña Blanca).- ¿De Las Barancas o de dónde? ¿campesinas o pobladoras?

"La señora GALVEZ, doña Teresa (Declarante).- Del asentamiento Pudahuel, del campo.

"La señora RETAMAL (doña Blanca).- ¿Cómo fueron tratadas?

"La señora GALVEZ, doña Teresa (Declarante).- Muy mal, pésimamente. Desde que tengo uso de razón, yo nunca había visto que a una mujer la trataran públicamente así como ese día. Horrorosamente. Si nosotras venimos a pedir una cosa tan justa.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Más adelante, expresó: "Yo vine al desfile de las cacerolas no porque fuera una persona de dinero, no, vine porque realmente no hay qué comer, no se encuentra azúcar, papas, arroz, té. No se encuentra nada y donde hay, le venden a medio kilo. Nosotros nos demoramos casi cinco horas para venir a comprar un kilo de azúcar. En mi casa somos 15 personas, y con un kilo de azúcar no nos alcanza. Entonces realmente vine, porque creía que el Ministro de Economía iba a oír por lo menos, a esta gente bruta que viene a pedir eso le vamos a oír, pero resulta que fue todo lo contrario, desde el Cerro San Cristóbal,..." -se refiere al Santa Lucía- "salieron gente armada, hombres armados, con palos y qué se yo, nos tiraron, hasta ahí recuerdo... "

El señor PALESTRO.-

¡No supo distinguir entre el San Cristóbal y el cerro Santa Lucía!

El señor CARRASCO.-

¡No es de Santiago!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Aclaró que era el Santa Lucía.

Más adelante dice: "Sí, había Carabineros, estos se dieron media vuelta y no hicieron nada. Si a mí realmente mi marido, que es un huaso bruto, jamás me ha levantado la mano. Nosotros las mujeres necesitamos respeto."

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Y aquí, señor Presidente, está el testimonio de otra mujer, la señora Oyanedel: "Yo también fui al desfile de las cacerolas y en ese momento nos atajaron y no nos dieron pasada, yo me arranqué para un lado para que no me hicieran nada. Había una pareja de carabineros a los cuales nosotros avisamos y ellos no nos hicieron caso de nada."

Son testimonios que podrán creerse o no creerse, pero los que estuvimos allí presentes sabemos que en estos testimonios hay una gran verdad. Y como hay algunos que se ríen, y aunque pierda un momento, quiero decir que lo que más nos impresionó a todos los miembros de la Comisión es que unos y otros estamos viendo las cosas absolutamente diferentes; con anteojos de distintos colores, los mismos hechos, cada uno de los testigos los veían en forma diferente. Creo que es algo que necesariamente nos tiene que hacer pensar a todos un poco.

El problema de la violación del derecho de reunión es largo de explicar. A nuestro juicio, todo lo que pasó allí se debió fundamentalmente al hecho de que ese día se realizaron dos concentraciones.

Había una concentración previamente autorizada, la de las mujeres, a la cual se le cambió el recorrido en la forma que vamos a explicar; después, se anunció otra concentración, destinada exclusivamente a disolver la que primitivamente había sido citada.

El señor PALESTRO.-

Usted sabe que no se autorizó, colega.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

No digo que se autorizó; por eso, quiero explicar bien claramente lo que pasó.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Ruego evitar los diálogos, señores Diputados.

El señor ARNELLO.-

¡No la autorizaron, pero dejaron hacer lo que quisieron!

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Arnello! ¡Señor Palestro!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro! ¡Señor Arnello, por favor! ¡Señor Palestro!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

La concentración que se realizó frente a la Universidad...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Pido, señor Presidente, que me descuente el tiempo en que no puedo hablar.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Es muy difícil, señor Diputado, poder controlar el tiempo cuando hay interrupción.

Puede continuar el señor Aylwin y le ruego evitar los diálogos.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, aclaremos el asunto de la concentración frente a la Universidad. Tengo aquí una grabación de (Radio Portales, del Programa "La ¡Revista de la Noche" del día 30 de noviembre. ¿Qué dice? "La movilización -expresa- ha sido llamada del desabastecimiento, y dicen que un grupo de señoras desfilarán hasta con las ollas Marmicoc hasta el centro de la ciudad, pero a la misma hora, a las 6 de la tarde, pobladoras de los sectores populares de la capital se concentrarán frente a la Casa Central de la Universidad de Chile. Esta última manifestación es en protesta por la toma de la Escuela de Derecho y también contra la marcha que vendrá a la misma hora del barrio alto."

Es una prueba muy precisa señor Presidente, de que se estaba organizando otra concentración, y ella fue tolerada por la autoridad.

¿Qué ha dicho el señor Concha, Intendente de Santiago, en relación con ello? Ha dicho que esta segunda concentración no fue autorizada por la Intendencia de Santiago, lo cual significa que un grupo político puede llamar a sus bases para hacer otra concentración y procurar que la contraria sea efectivamente disuelta. Esto sin siquiera pedir la autorización correspondiente.

El señor TEJEDA.-

¡Eso lo hacen todos los días ustedes!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

El señor Concha dice que la anunciaron, pero que la autorización no la solicitaron a la Intendencia, y que tampoco fue solicitada por la autoridad pertinente.

El señor ARNELLOS.-

¡Las patitas!

La señora LAZO.-

¡Eso para que vean que hay libertad!

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señora Lazo! ¡Señores Diputados, por favor!

Puede continuar el señor Aylwin.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Resulta interesante ver lo que dijo el General Mendoza sobre este problema de las dos concentraciones. Se le preguntó: "General, dado el hecho de que iba a haber dos manifestaciones el mismo día, a la misma hora, ¿ustedes recibieron algunas instrucciones especiales en torno al clima que se estaba creando a raíz de esto?" Respondió: "En general, sí. Son las naturales precauciones que había que tomar, precisamente, para evitar que entraran en contacto grupos antagónicos y es lo que hacemos habitualmente."

En otra parte, dijo: "Se tomaron todas las medidas para garantizar el orden en ambas manifestaciones; se tomaron de tal manera que eso estaba previsto."

El señor Vergara le señaló: "A eso se refiere mi pregunta, y el señor General lo sabe; mi pregunta primera es: ¿A qué hora supo Carabineros que se había modificado el término de la concentración? ¿El mismo día, el día anterior o dos días antes?"

"El señor Mendoza. - La noche anterior. No estoy absolutamente seguro; pero me parece que en la tarde o en la noche anterior".

Es otro punto que es preciso aclarar, porque junto con el hecho de realizarse dos concentraciones tan cerca, fue lo que provocó todo el conflicto.

Yo tengo la convicción de que lo que pasó fue que en la Intendencia se le manifestó al grupo de señoras que ya había un recorrido autorizado, por la muy sencilla razón de que se había dictado una resolución, ya escrita a máquina, la cual todavía no tenía la firma del Intendente. En virtud de esa autorización, las mujeres tuvieron conocimiento de que había un determinado recorrido, pero pasó que en el momento en que le llevaron al señor Intendente esta resolución para ser firmada, él cambio parte del recorrido; borró lo que estaba a máquina y escribió a mano la modificación. Yo creo que éste es uno de los hechos que más influyó para lo que en definitiva se produjo.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Lo cierto es que en aquella oportunidad no fue debidamente garantizado el derecho de reunión, por una razón muy simple y muy sencilla, que nos consta a muchas personas que fuimos testigos. Lo que pasó fue que la fuerza de Carabineros se puso, especialmente, a la altura de la calle Mac Iver, para evitar que la marcha de mujeres pasara hacia el centro. Mientras eso sucedía, en el lado del cerro Santa Lucía y en Alameda, las mujeres eran golpeadas e insultadas por grupos que constituyen bandas que efectivamente usaban palos y tiraban piedras y papas con hojas de afeitar. Esta es una realidad que nunca se podrá llegar a negar, porque hay muchos testigos de ello. Las declaraciones, las palabras, dan para todo, pero en definitiva hay un hecho real que la opinión pública conoce, y que saben miles de mujeres. Esto significa que en una reunión tan importante y significativa por la concurrencia de las mujeres, la aplicación del artículo 10, número 4 de la Constitución Política, que establece el derecho de reunión, no fue verdaderamente una realidad.

El señor TEJEDA.-

Eso no lo dice el informe.

El señor ACEVEDO.-

Es de su propia cosecha.

La señora LAZO.-

Eso lo está inventando usted ahora; no es del informe. No se salga del libreto, pues.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señores Diputados!

¡Señora Lazo, doña Carmen!

Puede continuar el señor Aylwin.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, el 2 de diciembre fueron detenidas noventa y siete personas y quedaron heridas otras tres.

Vamos a analizar estos hechos de acuerdo con lo que nos declararon algunos testigos que concurrieron a la Comisión.

El señor Paredes (declarante) nos expresa: ""Cumpliendo la ronda normal preventiva, (se refiere a una patrullera de Investigaciones) comunicó al Cuartel que en esa zona de Providencia con Carlos Antúnez, había un grupo de alrededor de cien o ciento cincuenta personas, que estaban provocando una serie de disturbios, que estaban gritando y que habían colocado neumáticos en la vía y que los habían encendido."

Dice más adelante que es efectivo que a raíz de estos hechos se detuvo a niños de manos de catorce y quince años y se da una explicación de lo que pasó.

En otra parte dice: "En relación a lo que podría llamarse apremio ilícito o golpear, yo debo decir de que ésta es una de las viejas tradiciones que nosotros estamos eliminando; si bien hemos utilizado las viejas tradiciones de la policía, nosotros estamos eliminando éstas y estamos bastante orgullosos de estar eliminando esta práctica. Yo le puedo garantizar, señor Diputado, de que nadie fue tocado dentro del Cuartel de Investigaciones, yo le puedo garantizar que no. Ahora, yo no puedo ir en contra de lo que diga el médico de la posta...

Y agrega más adelante: "Ahora, yo dije claramente que cuando se produjo esta situación ahí en Providencia, hubo un encontrón muy brusco. Nosotros no somos unos santos, yo llevo bastantes años de experiencia de lucha callejera, sé que cuando se produce una situación de esta clase hay golpes por los dos lados". Y sigue: "Hay una cosa que vamos a dejar bien en claro: al personal de Investigaciones no se le puede golpear, porque si se le golpea se reciben golpes de la misma manera. Había una situación de insolencia, de soberbia por parte de esta gente. Un ambiente de soberbia, de insolencia".

Dice también el señor Paredes: "Es importante repetir que frente a la comisión de delitos flagrantes, Investigaciones está obligada a detener a todo delincuente a quien sorprenda infraganti."

Y sigue: "Está autorizada para detener a quien se encontrare en deshoras en los lugares que presten motivos fundados para atribuirles malos designios. Este es el caso concreto".

Veamos lo que dice el General Mendoza. Le pregunta el Diputado señor Maturana: "Quiero saber cuándo llegó Carabineros, porque según mis informaciones aparecieron patrulleras de Carabineros y coincidió con que se retiraran rápidamente las patrullas de Investigaciones. ¿Quedó alguna constancia en alguna parte, algún antecedente de estos hechos?"

El señor Mendoza: "No lo podría asegurar, pero es muy probable que sí."

El señor Pinochet declara: "Las fuerzas de investigaciones no son fuerzas que se entregan al Jefe de la Zona de Emergencia". Aclaro que esa noche ya el Jefe de la Zona había sido designado.

Dice el General Pinochet: "Cuando fui a Providencia ya se habían sobrepasado los hechos; yo me encontré cuando estaba prácticamente tranquilo." Le pedimos un informe a Carabineros sobre estos hechos, desgraciadamente es largo y cuesta resumirlo. Veamos algunas partes. "Esta situación -dice- "determinó la concurrencia del personal de Investigaciones para restablecer el orden en el sector anteriormente indicado, procediendo a la detención de personas -cuya relación se adjunta- las que serán puestas a disposición del tribunal correspondiente por intermedio del Servicio de Investigaciones."

Da cuenta de los heridos y señala más adelante: "Según versión de los lesionados y de las personas que los acompañaban a los centros asistenciales, habrían resultado heridos en los incidentes en que le cupo intervención al personal de Investigaciones. Durante estos sucesos no se registraron novedades que afecten al personal de carabineros o a sus vehículos."

Yo creo que hay un hecho importante. Va Investigaciones, primero, no obstante que había un Jefe de Plaza. Llega después Carabineros. Con Carabineros no hay problemas. Con Investigaciones sí. Yo creo que en esto hay un grave error de orientación que no debe volver a repetirse. Y yo diría que también existe un problema legal, porque, a mi juicio, está fuera de las atribuciones de Investigaciones hacer este tipo de operaciones realmente de comando. Porque si nos atenemos a lo que declaran decenas y decenas de testigos, resultará muy claro que el señor Paredes, personalmente con un grupo grande de Investigaciones, no fue allá a disolver una manifestación de protesta por muy violenta que fuera, no fue allí a detener a los culpables. No fue a eso, fue, yo diría, a amedrentar a la gente, a dar una enseñanza a estos "pijes", para que nunca más vuelvan a salir a la calle. Y la forma en que se actuó -lo dijimos en la Comisión- se asemeja un poco a los procedimientos que se muestran en la película "Z".

¿Cuáles fueron los resultados? Una cantidad grande de heridos, muchas personas detenidas injustas, errada o arbitrariamente.

Veamos lo que dice Andrés Alberto Almonte Lamas: "3) Permaneciendo alejado de los acontecimientos, pude observar cómo un detective disparaba su metralleta contra el edificio ubicado en Carlos Antúnez. Acto seguido, otro funcionario, súbitamente me apuntó amenazadoramente con su metralleta, siendo evidente que yo estaba al margen del asunto, y, puesto manos a la nuca, bajo el apunte de su arma y puntapiés y maltratado de palabra, se me subió a una liebre de Investigaciones. Al subir fui allanado y vapuleado a discreción por dos funcionarios sin capacidad de distorsión, raciocinio y demostración de sadismo.". Después relata lo que le pasó al llegar a Investigaciones.

Otra persona, Waldo Sequeira Leiva...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

... "He tomado conocimiento por la prensa que el comité Demócrata ¡Cristiano, iniciará acción en contra de la Dirección de Investigaciones por detenciones ilegales y lesiones ocasionadas a los detenidos en los sucesos del jueves 2 de diciembre ocurrí-dos alrededor de las 22,30 horas en Avda. Providencia esquina de Carlos Antúnez y en otros lugares cercanos.

Es el caso que yo soy una de las víctimas del proceder arbitrario de personal de Investigaciones, pues fui detenido sin haber tenido participación de ninguna especie en los hechos, fui agredido de hecho con la culata de una metralleta y después llevado a golpes y empujones a una camioneta de Investigaciones.

Después fui sacado de aquí junto con otros tres detenidos y siempre a golpes y empujones trasladado a una micro en la que nos llevaron a más de 30 detenidos hasta el Cuartel.

Permanecí detenido hasta el viernes 3 en la noche, cuando el Ministro sumariante señor Eduardo Bravo, en el proceso 61-71 dispuso mi libertad bajo fianza."

La señora LAZO.-

¿Cómo a mi y al Diputado ¡Samuel Fuentes nos metieron una vez en una camioneta de carabineros?

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señora Lazo!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Hay que reclamar, colega, contra todos los abusos.

Otro testigo, Alejandro Murillo, hijo del doctor Ruperto Murillo Costa, manifestó:

"El miércoles lº de diciembre permanecí desde temprano en la tarde, como habitualmente ocurre, en el hogar paterno donde "vivo. Alrededor de la medianoche mi padre me pidió que fuera en la citroneta de mi madre a dejar a don Andrés Gatica que había comido en casa y que vive en nuestro mismo barrio. Así lo hice, y ya en el auto el señor Gatica me pidió que, previamente, alcanzáramos hasta un centro comercial para comprar cigarrillos. Mientras, con esta intención, avanzábamos por la calle La Concepción hacia la Avenida Providencia nos percatamos que en ésta había bulliciosos disturbios, por lo cual, de común acuerdo, decidimos regresar de inmediato. Mientras dábamos la vuelta en el vehículo, vimos venir un micro del Cuerpo de Carabineros que inesperadamente se nos adelantó, bloqueándonos luego la pasada. Acto seguido, descendieron alrededor de una docena de Carabineros vestidos de uniforme y violentamente nos sacaron del automóvil y, sin ninguna explicación, comenzaron a golpearnos en forma brutal con palos, bofetadas y puntapiés. En dicha forma, nos obligaron a subir a la micro, donde durante el subsiguiente recorrido continuó el más bestial castigo. En un momento, por defenderme de los múltiples golpes a la cabeza, me destruyeron el reloj pulsera al levantar el antebrazo con dicho objeto. Por razones que ignoro se ensañaron conmigo hasta tal punto que, tanto el señor Gatica como yo, oímos que uno de los carabineros apiadándose de mí le pedía al que en ese momento me torturaba que dejara de hacerlo con una frase aproximadamente así: "No le peguís más al cabro; ya está bueno". En esta forma nos llevaron a la 14ª Comisaría donde nos pusieron a disposición de la Sala de Guardia.".

Este rasgo humanitario: "No le peguís más al cabro; ya está bueno", es la única separación o diferenciación que existe con los muchos casos que hay en poder de la Comisión.

Pero veamos lo que dice en seguida: "Allí -en la Comisaría- nos identificaron, tomando nuestros nombres y nuestras firmas.

"Alrededor de las 3. A. M. del día 2 irrumpieron, en la Comisaría 7 individuos vestidos de civil y premunidos de armas de fuego, tipo metralleta, nos obligaron, apuntándonos con ellas permanentemente, a subir a otro micro estacionado en la calle."

Resulta, como expresaron, que era un micro de Investigaciones. Esta declaración es exactamente igual a otra hecha por el señor Andrés Gatica.

Yo me pregunto: ¿qué explicación tiene que habiendo un Jefe de la Zona de Emergencia, del prestigio del General Pinochet, con la posibilidad de disolver manifestacio con todos los instrumentos de persuasión de que dispone efectivamente Carabineros : los carros lanzagua, las bombas lacrimógenas, ¿qué explicación tiene que no haya ido Carabineros, sino en forma secundaria y que toda esta operación se haya hecho por Investigaciones y que personas detenidas por carabineros hayan sido entregadas después a Investigaciones?

Esto, indudablemente, es un hecho de gravedad, que significa violar disposiciones de la Constitución Política y del Código de Procedimiento Penal; además es una medida profundamente imprudente, por algo que se deduce incluso de la contestación del propio señor Ministro, al responder la acusación presentada por el Partido Demócrata Cristiano, a propósito de una afirmación que se hacía en ella, en el sentido de que junto con el personal de Investigaciones iban civiles, él pregunta: "¿Que son adivinos ustedes, cómo sabían que no eran de Investigaciones?", haciendo referencia lógicamente a que todos visten igual. Pero el argumento se vuelve en contra de esta operación comando, porque cuando justamente va un grupo de Investigaciones a disolver este tipo de manifestaciones y se bajan por tedas partes civiles y empiezan a golpear a la gente, el que está en la manifestación no sabe, realmente si está en presencia de una autoridad, como lo sabe cuando está en presencia de carabineros, porque tienen uniformes, tienen una placa, responsabilidad y tradición.

La señora LAZO.-

En el período suyo se hacía lo mismo.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Lo más grave de todo, señor Presidente, es la otra parte, lo que leímos al comienzo, lo que decía el señor Paredes: "¡Nunca más muertos en el Servicio de Investigaciones! ¡Nunca más heridos en el Servicio de Investigaciones! Ustedes no aceptan golpes."

¿En qué quedamos? Va la policía civil a disolver una manifestación, golpea a la gente en los términos que he señalado, y cuando alguien se le insolenta, entonéis ya todo está permitido, porque no es posible golpear, ni siquiera tocar, a un representante del Servicio de Investigaciones. Ahí está el resultado, varios civiles heridos.

El señor PALESTRO.-

¡Antes corrían balas no más!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Indudablemente, éste es un hecho grave, que no puede volver a repetirse y que se relaciona íntimamente con garantías individuales fundamentales. Y, en definitiva, esto se relaciona con el señor Ministro, por el carácter masivo de estas detenciones arbitrarias; por el carácter masivo de estos procedimientos tortuosos e ilegales, procedimientos que se usaron aquí en Santiago mismo, a cuadras o a kilómetros de La Moneda. Porque nosotros no hemos dicho nunca que un Ministro del Interior responda por actos individuales de cualquier funcionario*; pero es indudable que todo tiene su límite cuando ya son muchos y muchos los casos, cuando ya tienen carácter masivo, cuando ya participa personalmente en operaciones de este tipo un funcionario como el Director General de Investigaciones, que es de la confianza del Ministro, entonces, indudablemente, empieza a haber una parte importante de responsabilidad en la persona del señor Ministro.

El señor TAVOLARI.-

¡Porque el desorden era masivo!

El señor PALESTRO.-

¿Y todos los "rotos" masacrados en la población José María Caro y en Pampa Irigoin?

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señor Palestro!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Aquí está la declaración de otra persona más, porque son muchas, y la leo por la importancia que tiene:

"Pero, aquí viene lo inaudito, lo increíble, realmente no hay términos para explicarlo. A veinte metros de su casa, un bus del Grupo Móvil, o como se llame, en marcha por esa calle, paró de repente al ver a esas personas, y a la fuerza, sin ninguna razón de ser, obligan bruscamente a subir al bus a mi hija y su cuñada, mu-chochas jóvenes y ambas casadas. Las protestas de este atropello de nada sirvieron, pero el marido de mi hija, profesional, viendo esta actitud de obligarlas en tal forma, quiso subir él también argumentando que si se trataba de detención tenía que ir él también para acompañarlas, puesto que ninguno se había metido con nadie y sólo se recogían a su casa. Por intentar esto le dieron empujones y golpes despiadados...".

Y continúa la declaración.

El señor PALESTRO.-

En "El Salvador" mataron a dos mujeres. Eso es peor todavía.

El señor TEJEDA.-

¿Quién garantiza la veracidad de la denuncia?

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Señor Palestro, señor Tejeda, les ruego no interrumpir.

El señor PALESTRO.-

¡Magaly Honorato, muerta en tiempos del señor Alessandri!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

El mismo día 2 de diciembre, de amanecida, la Dirección de la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República ordenó suspender, hasta nueva orden y a contar de las 0.01 de ese día, las transmisiones de Radio PresidenteBalmaceda. Por resoluciones similares, se clausuraron las radios Sociedad Nacional de Agricultura y Santiago.

El señor PALESTRO.-

¡Por sediciosas!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Las resoluciones de clausura se dictaron invocando los artículos 3º y 21 del Reglamento de Transmisiones y Radiodifusión, cuyo texto fue fijado por decreto de Interior Nº 4.581, de 8 de octubre de 1949, modificado por decreto del mismo Ministerio, Nº 1.104, de 22 de mayo de 1962.

El señor PALESTRO.-

¡Por sediciosas y alharaquientas!

El señor TEJEDA.-

Nos estamos perdiendo en fechas e incisos...

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Queremos hacer presente que, según el artículo 3º del Reglamento de Transmisiones y Radiodifusión, la facultad de la Secretaría General de Gobierno está referida sólo a la composición de los programas y a la calidad artístico-cultural de las transmisiones, y sólo puede aplicarse sanción de clausura cuando, habiéndose dictado previamente normas sobre la materia por la Secretaría General de Gobierno, ellas sean infringidas por una radioemisora.

El señor TEJEDA.-

El MinistroPatricio Rojas opinó lo contrario y lo absolvimos.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

La resolución también cita el artículo 21 del Reglamento. Conforme a esa disposición, queda prohibida a las estaciones radiodifusoras toda transmisión que contenga expresiones injuriosas o que vayan contra el régimen constitucional, o que inciten a la subversión del orden público, o que constituyan actos delictuosos sancionados en la Ley de Abusos de Publicidad o en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero hay que tener presente que el artículo 21 señala que la infracción de esta norma se sanciona con arreglo a la ley Nº 12.927, sobre Seguridad Interior del Estado, o las demás disposiciones legales vigentes.

La señora LAZO.-

El asesor que tiene le pierde las páginas...

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Es que son tantas, colegas. Les pido perdón. Es tanta la documentación, colegas, que cuesta un mundo...

El señor SANHUEZA (Presidente).-

¡Señores Diputados, por favor!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

De las disposiciones legales citadas, señor Presidente, resulta muy claro que no era posible clausurar ni suspender esas radios, porque no existía motivo y porque la razón invocada, la falsedad de noticias, no era un motivo relevante para proceder a la clausura de las emisoras.

La señora LAZO.-

¡Se puede mentir impunemente!

El señor TEJEDA.-

¡El señor Rojas hizo lo mismo!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Pero podemos ver cuál fue la razón...

El señor PALESTRO.-

¡Con ese asesor, va a sacar el pan como una flor!

-Risas.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Veamos lo que declara el señor Mobarec, después de explicar la forma como se procedió a la clausura de Radio Santiago:

"Hernán Millas decía en su comentario, a título personal, o sea, ya no eran noticias, sino un comentario, que él había presenciado los hechos, y que de ahora en adelante no se podía decir que los muchachos de la Brigada Ramora Parra eran unos seres -no me acuerdo exactamente de-los adjetivos- angelicales ni seres celestiales.

"En definitiva y en resumen, don Juan Ibáñez me reconoció que lo nuestro no era ni alarmista ni tendencioso, ni falso, y dio orden para que pudiéramos reanudar las transmisiones.".

Este es el texto de lo que dijo el señor Millas y que provocó esta grave sanción: "Radio Santiago, periodista señor Hernán Millas.

"La manifestación de hoy pudo haber sido considerada por el Gobierno con serenidad. ¿Qué le importaba al Gobierno, si tiene la mayoría de la opinión pública, haber permitido que las mujeres desfilaran por La Moneda? Iban sin carteles, llevando ollas y a lo sumo gritaban: "Medio litro de leche, ¡ja, ja, ja!. Pero esa marcha de débiles mujeres fue ahogada en bombas lacrimógenas y se dejó que las brigadas Ramona Parra y Elmo Catalán atacaran a las mujeres, dando de puntapiés a una mujer que sangraba copiosamente, y si no fuera porque un grupo de transeúntes les quitaron la mujer, que la habrían muerto.

"Es lamentable, porque el ser humano va abandonando su estado natural y se va dejando arrastrar por el odio que hoy reina en Chile.".

Señor Presidente, ésta es la razón por la que aparece clausurada una radio tan importante como la Radio Santiago. Razones parecidas fueron las que llevaron a la clausura, ese mismo día, de la Radio Sociedad Nacional de Agricultura y de la radio del Partido Demócrata Cristiano, la Radio Balmaceda.

El señor ESPINOZA (don Luis).-

Quiere decir que no escuchó nada.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Volvemos a preguntarnos, señor Presidente: ¿qué objetividad existe en la autoridad, si aplica un criterio tan distinto para unos y otros? ¿No sabemos todos los de Oposición cómo se nos insulta, cómo se ridiculiza a nuestros partidos en las radios que están al servicio del Gobierno? Sin embargo, a estas radios de oposición se las clausura por cualquier motivo ínfimo. Indudablemente, ésta es una situación particularmente abusiva.

El señor PALESTRO.-

La Radio Balmaceda no podía salir al aire porque no tenía autorización legal.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

En esto tiene responsabilidad el señor Ministro del Interior, por razones muy simples y muy sencillas. En primer término, porque, como lo dijo él en aquella misma noche por televisión y en cadena nacional, es el Gobierno el que decidió estas clausuras. No puede haber sido el Director de la OIR el que lo decidió; lo decidió el Gobierno, y así se dijo expresamente por el señor Ministro. Pero, en todo caso, aunque se hubiera hecho esta clausura por la vía de la OIR, la responsabilidad, en definitiva, cae sobre el señor Ministro del Interior, por la razón muy simple y muy sencilla de que la OIR es un servicio que depende de la Secretaría General de Gobierno, la cual no tiene nivel de Ministerio, y por disposiciones legales bien claras y bien concretas, en definitiva todos los servicios que no corresponden a otro Ministerio caen bajo la tuición del Ministerio del Interior.

El señor TEJEDA.-

Pero la clausura fue lícita.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Hay varias otras infracciones que ya no vamos a poder desarrollar por falta de tiempo.

Queremos referirnos brevemente a lo que sucede con las Juntas de Vecinos, ya que ha sido una de las razones de la acusación constitucional.

La Comisión ha estimado procedente el cargo formulado en el Capítulo V, "Atropellos a las Juntas de Vecinos a través de la aplicación arbitraria de la ley 16.880".

Los fundamentos legales para estimarlo así se encuentran consagrados en los artículos 35, 36 y 37 de la mencionada ley, y en el reglamento de la misma, particularmente en su artículo 213.

En efecto, en dichas disposiciones legales se señala que la supervigilancia y fiscalización de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias corresponde al Ministerio del Interior.

El artículo 37 señala, taxativamente las facultades de los Intendentes para intervenir una Junta de Vecinos, indicando claramente sus causales, y el reglamento, en su artículo 213, letras a) y e), se refiere a la materia. La primera letra señala que el Ministerio del Interior debe velar por el cumplimiento de la ley Nº 16.880, su reglamento y los estatutos de las organizaciones comunitarias. La letra e) señala que dicho Ministerio debe velar por el cumplimiento, por parte de los Intendentes, de su facultad para intervenir una Junta de Vecinos, si concurre alguna de las causales señaladas en el artículo 37 de la ley mencionada.

En especial, la Comisión ha tenido presente:

a) La actitud de diversos Intendentes, que haciendo una interpretación antojadiza y arbitraria de la ley, utilizan las atribuciones de intervenir las Juntas de Vecinos a fin de ejercer, mediante este procedimiento, un control abusivo sobre las organizaciones, lesionando su libertad y democracia interna.

En la Comisión se han presentado diversos antecedentes para comprobar lo señalado precedentemente:

1. Intervención de la Junta de Vecino s de "La Pincoya", dándose como razón de ella la mala administración por parte cíe la Junta de una bomba de parafina. Ge ha determinado que dicha bomba se ha instalado mediante un contrato de reventa entre Copec y un particular, no correspondiendo a la Junta intervención alguna en ella. La razón aducida tampoco cabe dentro de las atribuciones restrictivas que el artículo 37 de la ley 16.880 otorga a los Intendentes para decretar intervenciones.

Intervención de la Junta de Vecinos "Villa México", decretada al margen de las atribuciones legales de la Intendencia sobre la materia y con clara vulneración de la ley, como ha quedado demostrado documentadamente ante la Comisión.

2. Intervención de la Junta de Vecinos "Lo Cañas", producida también vulnerando las disposiciones legales sobre la materia, como se comprobó fehacientemente ante la Comisión.

3. Intervención de la Junta de Vecinos "Lo Valledor Norte".

Después, se da otro motivo de acusación:

b) La actitud de permanente presión política ejercida sobre los vecinos para manipular y controlar las organizaciones vecinales. Al respecto, se ha podido comprobar:

1. En la población "Villa México", una vez intervenida ésta, se efectuó una nueva elección por un interventor, elección en la cual se han comprobado diversos fraudes, como suplantación de electores, votación de personas fallecidas, etcétera.

El señor PALESTRO.-

Participaron todos los vecinos.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

2.- En la población Lo Cañas, el interventor ha pretendido incautarse de los libros de la junta, decretando por su cuenta un nuevo registro de socios, impidiendo inscribirse a socios no adictos al Gobierno, etcétera.

3) En la misma población anterior, el interventor ha declarado públicamente, como consta a la Comisión, que el "interventor es la ley, que actúa en nombre del Intendente y del Ministro respectivo, sin vigencia de otras disposiciones legales que su plena voluntad".

4) Se ha comprobado casos en que los interventores designan, violando claramente la autonomía que la ley otorga a las organizaciones comunitarias, la Comisión electoral.

5) Se comprobó documentadamente que, en otras oportunidades, el libro de inscripción de socios, incautado tras una intervención, queda en poder del subdelegado de Gobierno, y la gente debe concurrir a inscribirse a la subdelegación y no al local vecinal. Igualmente se ha comprobado documentadamente que un interventor ha obligado a la junta a pagar de su costo gastos efectuados por éste.

c) Deliberado atropello de la ley en la aprobación de estatutos y concesión de personalidades jurídicas. En efecto, a través del país deliberadamente las Intendencias y el Ministerio del Interior demoran ilegalmente la aprobación de estatutos de las juntas vecinales o imponen estatutos contrarios a los aprobados libremente por las juntas. De conformidad a las disposiciones de la ley Nº 16.880, los estatutos se deben entender automáticamente aprobados si no son objeto de rechazo o modificaciones dentro de un plazo de un mes de la fecha de su presentación.

En este caso se encuentra la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso, cuyos estatutos, vencidos a los 30 días del plazo legal, se entendieron tácitamente aprobados. Pero, posteriormente a ello, el Ministerio del Interior desconoció el estatuto aprobado e impuso otro a su arbitrio.

En casos similares se encuentran más de 150 organizaciones comunitarias de esa provincia, cuyos estatutos y antecedentes para obtener su personalidad jurídica fueron presentados a la Intendencia hace más de un año en muchos casos, sin que se dé cumplimiento a la ley ni se proceda a otorgar la personalidad jurídica.

d) Incumplimiento deliberado de las Intendencias de su obligación de enviar ministros de fe para las elecciones vecinales c comunitarias, a fin de celebrar esos actos cuando la autoridad lo estime oportuno y no cuando los propios vecinos lo determinan libremente. Casos de este tipo han podido comprobarse por testimonios de dirigentes de la Unión Comunal de Centros de Madres de La Granja y de Ñuñoa.

e) Creación de las Juntas de Abastecimiento Popular, organismos ilegales creados por DIRINCO y compuestos por personas elegidas al gusto de ese organismo, sin real participación popular. De acuerdo a lo dispuesto en el Nº 4, letra a), del artículo 22 de la ley de juntas de vecinos, una de sus funciones específicas es la colaboración en la fiscalización de precios, distribución y ventas de artículos de primera necesidad o de uso y consumo habitual. Vale decir, la función que se quiere dar a los JAP corresponde por disposición expresa de la ley a las juntas de vecinos. El propio Ministro del Interior reconoció la existencia de esos JAP, aduciendo que nadie puede tener el monopolio de la voluntad popular de los cambios, debiéndose promoverlos y no condenarlos.

Todos estos antecedentes constituyen prueba suficiente de que el Ministerio del Interior ha desconocido las atribuciones de las juntas vecinales; se ha arrogado atribuciones que no le corresponden; ha mal usado las facultades legales que le competen, con el fin de dirigir y controlar la gran base social del pueblo chileno; ha dejado sin aplicar la ley en perjuicio de los pobladores, o ha hecho una aplicación torcida y mañosa de ella, para obtener finalidades de control y predominio políticos reñidos con las claras y terminantes disposiciones de la ley Nº 16.880, que reconoce la plena autonomía e independencia de los organismos del pueblo organizado.

¿Cuánto rato me queda, señor Presidente?

La señora LAZO.-

¡Está bueno ya!

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Restan cuatro minutos al señor Diputado informante.

El señor TEJEDA.-

¡Qué descanso!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, el problema de la televisión, igual que cualquiera de los otros problemas, es bastante extenso para explicarlo.

La señora LAZO.-

¿Va a explicar por qué le quitaron los recursos al canal 9?

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Procuraremos hacer un esfuerzo para señalar cuáles son los cargos concretos que hacemos con respecto a la televisión nacional. En primer término, desde luego, está la extensión del Canal 13 a todo el territorio nacional, que es de la tuición directa de la Dirección de Servicios Eléctricos, que depende directamente del Ministerio del Interior. Con respecto a los otros problemas de la televisión, lógicamente se plantea la cuestión de si efectivamente el señor Ministro del Interior tendría responsabilidad en este tipo de actuaciones. Sin embargo, por las mismas disposiciones que anteriormente hemos citado, relacionadas con la tuición que tiene el Ministro del Interior sobre todos los servicios de la Administración Pública que no dependen concretamente de otros Ministerios y, más aún, por el hecho de que él llevó todas las conversaciones relacionadas con la televisión y, al mismo tiempo, por la circunstancia de que indudablemente todo el problema de la televisión tiene una importancia política tan grande, esa responsabilidad, debe expresarse a través de quien es el Ministro más representativo del Presidente de la República y de todo el Gabinete.

Los cargos concretos que se hacen, señor Presidente, son los siguientes:

Primero, se ha infringido el artículo 34 de la ley de televisión chilena.

Este artículo 34 dispone que con el objeto de contribuir a la cultura política del país, los canales de televisión deberán destinar no menos de treinta minutos a la semana para difundir espacios en los cuales los distintos partidos políticos y movimientos políticos con representación parlamentaria puedan, en condiciones equitativas, debatir los problemas nacionales frente a la ciudadanía".

Hasta la fecha, esto no se ha cumplido.

Segundo, se ha infringido el artículo 1º de la ley Nº 17.377. Yo creo que esto no necesita prueba de ninguna especie, porque es un hecho público y notorio y, justamente, una de las circunstancias que más gravemente están afectando y provocando la división entre los chilenos. El inciso final de este artículo dice: "La televisión no estará al servicio de ideología determinada alguna y mantendrá el respeto por todas las tendencias que expresen el pensamiento de sectores del pueblo chileno."

Es indudable que esto no es así. E insisto en que existe conciencia en toda la opinión pública sobre esto.

Y se han infringido, por último, varias otras normas fundamentales que consagran el derecho a responder las críticas o informaciones falsas o tendenciosas, derecho que ha sido negado en muchas oportunidades, incluso al propio Rector de la Universidad de Chile, don Edgardo Boeninger.

La señora LAZO.-

Eso no es efectivo.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Como mi tiempo termina, finalizo expresando que los cargos que formulamos al señor Ministro se relacionan exclusivamente con las libertades públicas.

No ha habido mayoría en el Congreso Nacional para aprobar otras acusaciones constitucionales que se han relacionado con problemas económicos. La de ahora se refiere a la vía que el pueblo y la democracia chilenos se han impuesto para conseguir una mejor forma de vida. No nos oponemos a los cambios, que son necesarios. Simplemente, nos oponemos a ciertos actos o arbitrariedades que, sin duda, inciden en el respeto a las libertades públicas.

Por lo mismo, al terminar, expreso muy claramente que en la votación nuestra yo entiendo que hay un compromiso muy claro y muy definitivo en orden a facilitar en toda forma a este Gobierno los medios para que se efectúen los cambios estructurales que favorezcan al pueblo.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Excúseme, señor Aylwin. Ha terminado el tiempo de que dispone el Diputado informante.

En uso de atribuciones de la Mesa, se va a suspender por una hora la presente sesión, para que los señores Diputados y los señores Ministros puedan almorzar. La sesión se reanudará a las 14 horas y 9 minutos y en primer lugar tendrá la palabra el señor Ministro del Interior.

Se suspende la sesión.

-Se suspendió la sesión a las 13 horas 9 minutos.

-Se reanudó la sesión a las 14 horas 9 minutos.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

Se suspende la sesión por tres minutos.

-Se suspendió la sesión.

-Se reanudó la sesión a las 14 horas 12 minutos.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Pida la palabra.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Señor Presidente, antes de que se vaya el Ministro...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Diputado señor Palestro!

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

... quisiera responder algunos de los puntos que él señaló.

-El señor Ministro del Interior hace abandono de la Sala.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Siento enormemente que no quiera escucharnos.

El ha sostenido largamente, en su discurso, una gran contradicción. Ha dicho que estamos frente a un juicio de carácter penal, y el 80 por ciento de sus palabras han estado dirigidas a un enfoque netamente político...

El señor MAIRA.-

A disquisiciones políticas ...

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

... llegando a extremos graves, que ejemplarizan la actitud que él tiene frente a lo que nosotros sostenemos.

El momento político de hoy, él lo ha cotejado con el movimiento que vivió la República en el año 1891,...

El señor ESPINOZA (don Luis).-

Así es.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

... previendo, así, una posible revolución civil en el país. Para esto no puede haber crítica de nuestra parte; decir esto no significa ningún problema de seguridad para el Ministro. Pero citar en la acusación las palabras del Comandante en Jefe del Ejército, eso es un agravio enorme y corresponde a un planteamiento de seguridad que lleva a profundas cavilaciones al Gobierno.

Quiero señalar que lo del año 1891, afortunadamente, no se va a producir, porque durante el Gobierno del Presidente Frei, se creó un Tribunal Constitucional, que resuelve el problema. Y la causa está, hoy día, radicada donde corresponde.

En segundo lugar, me pareció entender que ponía en duda la motivación que tuvimos para convenir las garantías constitucionales que hoy día pudimos hacerlas respetar, porque hubiéramos estado, quizás, en la posibilidad de votar por otro candidato presidencial, durante el período que medió entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre de 1970. En ninguna parte del libelo se sostiene tal cosa. Lo que en el libelo sostenemos, textualmente, es que apoyamos y elegimos al Presidente Allende con este compromiso. Pero nosotros también podríamos habernos abstenido y, con ello, creo que habría sido otra la categoría moral de la elección del Presidente Allende. Además, hay un año entero de paciente colaboración con el Gobierno en el desarrollo de muchos de sus planes.

El señor PALESTRO.-

Menos mal que no están en la oposición.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Pero quiero destinar estos breves minutos exclusivamente a estas dos consideraciones políticas, y el resto de mi tiempo a lo que nos ocupa y nos corresponde, que es la acusación constitucional, y no otra cosa. No es un debate de tipo político general.

El motivo fundamental que llevó al Partido Demócrata Cristiano a deducir la acusación constitucional contra el señor Ministro del Interior, fue claramente explicitado en el encabezamiento de la acusación. El consiste en la decisión inquebrantable de hacer respetar, en todas sus partes, nuestra Carta Fundamental, muy especialmente, el "Estatuto de Garantías Constitucionales", que resguarda la subsistencia y perfeccionamiento de nuestro régimen democrático y que asegura institucionalmente nuestro sistema de convivencia pacífica y libertaria.

El señor Ministro se ha referido a este fundamento moral y político de la acusación, considerándolo "desconcertante" o, al menos, "inaceptable". Ello en razón, según dice, de que para el Gobierno todas las disposiciones de la Constitución Política forman un solo todo, y que tanto el llamado "Estatuto de Garantías" como el resto de las disposiciones constitucionales, son interpretadas de una misma manera.

En otras palabras, al hacer sus descargos, ignora el valor moral y político que tiene el "Estatuto de Garantías", que fue condición básica para que el Congreso eligiera al actual Presidente de la República, aprobado en forma unánime, solemne y responsable por todos los grupos políticos del país.

Quiero referirme, en seguida, al punto básico de orden jurídico en el cual el Ministro fundamenta toda su defensa.

El sostiene que la acusación deducida en su contra sólo puede perseguir la responsabilidad penal en que pueda haber incurrido, con motivo de acciones u omisiones voluntarias, que se encuadren dentro de alguna de las causales previstas por el artículo 39, Nº 1, letra b), de la Constitución Política, y siempre que esta infracción le sea imputable. Evidentemente, con esta original interpretación de nuestra Carta Fundamental, se intenta restringir sustancialmente la responsabilidad del funcionario acusado y privar al Congreso Nacional de uno de los mecanismos básicos de fiscalización de los actos que realizan personeros de otros Poderes del Estado.

La citada disposición constitucional hace acusable a los Ministros de Estado por ciertos delitos que la propia norma enumera taxativamente; pero contempla también causales de acusación que no son necesariamente, ni revisten la forma de delitos. Ellas son: el haber infringido la Constitución, atropellando las leyes o dejado sin ejecución, haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación. Y pruebas al canto. Si un Ministro, o el Presidente de la República, en su caso, sale fuera del país sin el permiso competente del Congreso, ¿ha cometido un delito? No; pero ha infringido la Constitución. ¿Puede ser acusado? Sí, porque así está establecido en nuestra Carta Fundamental. Estas causales podrán ser o no delitos y, por lo tanto, acarrear responsabilidad penal, o no.

Tanto es así que el Senado, al juzgarlo, conforme dispone el artículo 42 de la Constitución, se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito o abuso de poder que se le imputa, con lo que, evidentemente, está diferenciando las causales que son constitutivas de delito con aquéllas que importan un abuso de poder, las cuales corresponden fundamentalmente a la infracción de la Constitución, al atropellamiento de las leyes o al hecho de haberlas dejado sin ejecución.

La prerrogativa de la Cámara de Diputados de declarar si ha o no lugar la acusación deducida contra el Ministro, no tiene otro límite que el de que ella se ajuste a alguna de las causales que taxativamente enumera el artículo 39 de la Constitución, siendo soberana para determinar, con el mérito de los antecedentes que se acumulen, si da o no lugar al juzgamiento por el Senado del Ministro por el delito o abuso de poder que se le imputa.

En ninguna parte está exigido que dichas causales se encuadren, además, en alguno de los delitos contemplados por la ley común y que, respecto de esos delitos, corresponda al Ministro acusado una responsabilidad penal, como lo exige el Código Penal y demás disposiciones pertinentes.

Y es tan clara la diferenciación que nuestra Carta Fundamental hace entre la responsabilidad ministerial que corresponde juzgar al Congreso y la responsabilidad penal propiamente tal, que el artículo 42 dispone expresamente que, en caso de declararse la culpabilidad por el Senado, sólo a los tribunales ordinarios de Justicia corresponde aplicar las penas que pudieren afectar al Ministro por el delito que pudiere haber cometido, o hacer efectiva la responsabilidad civil por los perjuicios que, con su acción, hubiere causado al Estado o a los particulares.

Esta ha sido también la interpretación que invariablemente ha dado el Congreso a las normas constitucionales que regulan esta facultad; y ha sido, también, la interpretación que han sostenido los parlamentarios del Partido Socialista, al cual pertenece el señor Ministro acusado, quienes, solamente durante la pasada administración, con el resto de los partidos que componen la Unidad Popular, apoyaron acusaciones contra los Ministros señores Eduardo Simián, Edmundo Pérez Zujovic, Sergio Ossa Pretot, Patricio Rojas Saavedra, Domingo Santa María y Eduardo León, sin que en ninguno de estos casos se hubiese imputado a los acusados la comisión de delitos, sino la infracción de la Constitución o el atropellamiento de las leyes.

Este es el aspecto jurídico esencial. Pero veamos los capítulos de la acusación.

Grupos armados. ¿Qué es lo que ha dicho el Ministro ante la Comisión? Ha dicho: "Quiero ser enfático en afirmar, de modo autorizado y categórico, que tras reiteradas investigaciones no existen en Chile grupos armados ilegales en los sectores agrícolas como tampoco en los sectores urbanos." Esta es su afirmación.

En este aspecto, en la mañana ha quedado acreditado, conforme a lo que se ha dicho por el Diputado informante, don Andrés Aylwin, cómo es que existen en abundancia estos grupos armados, comprobado esto con abundantes testimonios; ya sean éstos del Director de Investigaciones ; ya sean de su Subdirector; ya sea por declaraciones de la Confederación de Pequeños Agricultores de Linares; ya sea por las declaraciones de doña Paula Toledo, don Gustavo Ramírez, colegas nuestros, en la Comisión; ya sea por los grupos que se han tomado las Municipalidades de La Florida y de La Reina, ya sea las declaraciones del señor Fabre, del fundo "Chicauma"; ya sea las del señor Guzmán, de la comuna de Renca; ya sea por múltiples otros antecedentes, está probada la existencia de estos grupos armados.

Ahora, dice, ¿dónde está la infracción? El Estatuto de Garantías modificó el artículo 22 de la Constitución Política y estableció, porque lo proveíamos, que la fuerza pública estaba constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y los Carabineros. Por otra parte, la Ley de Seguridad Interior del Estado establece que no pueden existir milicias privadas que sustituyan o puedan combatir a la fuerza pública existente. Además, el Código de Justicia Militar establece, en su artículo 165, que cometen delitos los no militares cuando "formen partidas militarmente organizadas y compuestas de 10 o más individuos; o que, formando partida en menor número de 10", existan en diversos puntos de la República.

Pero, ¿cuál es la responsabilidad del Ministro frente a estos grupos armados? La responsabilidad está en que él y los (intendentes y gobernadores son los únicos que, exclusivamente, de acuerdo con la disposición del artículo 26 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, pueden poner en movimiento, en acción, dicha ley, para sancionar, reprimir o investigar dichos grupos armados.

El Ministro nos dice aquí: "Un Diputado, o un parlamentario, fue a mi oficina y denunció este hecho. Y por el hecho de decirlo públicamente, se arrancaron". Parece que nos colocara en calidad de cómplices de esos grupos armados. ¿Dónde está el problema? El problema está en que, pese a que se le dice esto por oficio, se le dice por los diarios, se le dice por los afectados, que esto está sucediendo, el señor Ministro, haciendo uso de su facultad exclusiva en estas materias, no pone en movimiento al Poder Judicial para poder detectar y probar las fuerzas que estos grupos tienen, castigarlos en definitiva y prevenir los hechos que, a continuación de su organización, se generan.

Y otra cosa hubiese sido, si antes de la muerte de Edmundo Pérez Zújovic, se hubiese enjuiciado a la VOP o a cualquiera otra institución de este tipo que hoy día está creando problemas. Yo me imagino lo que puede suceder en Linares, en cualquier momento. Hay pequeños agricultores que, en número -como hemos oído- superior a 200, 300, están retomando sus predios, frente a 20, 50 organizados y con armas. Y los pequeños agricultores, según se ha declarado, están desarmados; de repente, va a quedar una cantidad enorme de muertos. Entonces, enviarán seguramente un nuevo proyecto y, de ese modo, se iniciará un nuevo proceso. En múltiples ocasiones, hemos denunciado estas anomalías y no se ha hecho nada por prevenir este desorden, que puede llegar a un grado máximo, en el caso de la muerte de algunas personas heridas o lesionadas. Este punto, es de la responsabilidad del señor Ministro, más aun cuando la Ley Orgánica de los Ministerios señala al Ministro del Interior una obligación: mantener la seguridad, la tranquilidad, el orden público. Esta es su obligación; y él, al no ejercitar las acciones pertinentes, que le corresponden exclusivamente, está tolerando, en el fondo, el desorden público, la intranquilidad y la inseguridad públicas.

Es un hecho evidente que todo el país vive hoy día este clima y ello por desidia del Ministro del Interior, al dejar de cumplir una ley. Frente a hechos que se denuncian y que están comprobados, él, sencillamente, expresa: "Yo puedo decir responsablemente que no hay grupos armados en Chile." Hoy día, en esta acusación, él ha vuelto a reiterar su tolerancia frente a una denuncia formal.

En esta materia, vemos cómo está afectada otra garantía constitucional.

-Hablan, varios señores Diputados a la vez.

El señor ARNELLO.-

El Ministro dijo que era función de la policía...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Señor Silva, señor Arnello, ruego a Sus Señorías se sirvan guardar silencio.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Decía que otra garantía constitucional, fundamental para nosotros, está en juego. Pueden ser afectados los diarios, los medios de comunicación; pero la libertad personal, el hecho de vivir en salud, en libertad, es la primera y la fundamental de las garantías.

El señor Ministro ha hecho cuestión de que en Providencia había una situación de desorden extraordinario, el día 2 de diciembre.

Voy a leer el parte de Carabineros, de fecha 3 de diciembre: "A las 22 horas de ayer aproximadamente, personas ubicadas en los departamentos de los edificios de Avenida Providencia desde Manuel Montt hasta Avenida Tobalaba inclusive, provocaron desórdenes haciendo sonar artefactos y utensilios de cocina en los balcones de los pisos superiores".

Esta fue la sedición. El joven Loyer -hijo de un Teniente de Marina, jubilado- que habló conmigo, me entregó los antecedentes y acompañó la denuncia ante el Juzgado pertinente, pues al ser asaltado, esa noche del abuso de Investigaciones, por dos individuos que portaban metralleta, sin identificarse, sencillamente, le acribillaron la pierna. Ahí lo tienen hospitalizado desde hace un mes, y este joven puede perder su pierna, por cometer el delito de ir a buscar a un pariente en Pudahuel, que regresaba a su patria.

Lo mismo sucedió en el caso que señalaba el colega Aylwin, en la mañana de hoy, el del ciudadano que se llama Andrés Alberto Almonte Lamas, y que después de haber sufrido toda clase de vejámenes ...

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Zaldívar?

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

... a que fue sometido...

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

señor DiputadoZaldívar, el Diputado señor Tavolari le solicita una interrupción.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

No puedo concedérsela. Voy a terminar, señor Presidente.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio y respetar el derecho del señor Zaldívar, quien no desea ser interrumpido.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Se trata de un estudiante que, gracias a una beca, logró ingresar a la Escuela de Derecho y que, ajeno a toda intervención política, ha expresado: "por paradoja, voté por Allende,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

-Suenan los timbres silenciadores.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Sepúlveda!

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

... y esto lo digo para evitar que, en el futuro, a otros estudiantes le pueda suceder lo mismo que a mí..." Esto es lo que ha dicho, señor Presidente, esta persona. Es verdad que esto está sucediendo, cuando hay zona de emergencia y sin conocimiento del Jefe de la Plaza; porque Investigaciones, sin dar cuenta al General en Jefe de la Plaza, actúa en esta forma y no realmente para reprimir un delito, no para prevenirlo, sino sencillamente para sancionar y castigar de una manera increíblemente cruel. Estos son los excesos en que se incurre. En el caso del estudiante que fue sencillamente baleado en su pierna, ni siquiera fue recogido o detenido, sino que fue dejado en la calle desangrándose, con riesgo evidente de su vida...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Ruego a Sus Señorías guardar silencio!

¡Señor Huepe! ¡Señora Lazo!

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Esta es la situación gravísima que hoy sirve de base, como digo, para acusar al Ministro del Interior.

Concedo una interrupción al Diputado señor Valenzuela.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Héctor Valenzuela.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Señor Presidente, hay un capítulo de la acusación que versa sobre algunos aspectos constitucionales y legales relacionados con los medios de comunicación. En él se abordan dos aspectos: el primero, es el relacionado con las radioemisoras; y el segundo, el relativo a la televisión. Brevemente, trataré de hacerme cargo de cada uno de estos aspectos.

En el aspecto relacionado con las radioemisoras, se plantean dos putos: uno, el de las clausuras ilegales, al que entro a referirme de inmediato. La Comisión Acusadora declaró procedente el Capítulo de la acusación que se refiere a la infracción de disposiciones constitucionales y legales relacionadas con la radiodifusión.

La Comisión estimó que en las clausuras de las radios Agricultura, Balmaceda y Santiago, de fecha 2 de diciembre, se infringieron las disposiciones legales y constitucionales que señala el libelo acusatorio.

Además de los argumentos jurídicos y demás antecedentes que contiene la acusación y que comprueban las infracciones denunciadas, la Comisión tuvo en cuenta los siguientes:

1) Que la supuesta falsedad de las noticias que habrían motivado las clausuras no fue explicitada ni demostrada de manera alguna frente a las radios afectadas, que hasta hoy desconocen cuáles fueron las transmisiones que originaron las clausuras. Así quedó de manifiesto con los testimonios prestados ante la Comisión por los representantes de las radios afectadas.

2) Que, según el Director de OIR, las clausuras habrían sido motivadas por comentarios periodísticos, cuyo tenor en parte conoció la Comisión y que, en modo alguno, implican la transmisión de noticias falsas o injuriosas. Así fue conocido, por lo demás, por la OIR, que levantó de inmediato la clausura de Radio Santiago en virtud de reclamación hecha ante la misma oficina.

3) Que reclamada al Gobierno la ilegalidad de las clausuras de las Radios Agricultura y Balmaceda, aquél se negó a intervenir en el problema, debiendo las emisoras pedir el alzamiento de la medida al Jefe de la Zona de Emergencia, General Augusto Pinochet, quien, por resolución de esa Jefatura, levantó las suspensiones impuestas a esas emisoras.

4) Que la ilegalidad y el abuso imputados al Gobierno se agrava en el caso de Radio Santiago, ya que sin que mediara notificación de la resolución de suspensión de las transmisiones, le fue cortada por CHILECTRA el suministro de energía eléctrica en la planta, por instrucciones de la Superintendencia de Servicios Eléctricos.

5) Que la pretensión de que las medidas impuestas a las radios Agricultura, Balmaceda y Santiago no fueron clausuras, sino que suspensión de sus transmisiones, le pareció a la Comisión un argumento inaceptable y ficticio, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de suspensiones por tiempo indefinido.

6) Que, por lo demás, ha quedado claramente establecido que el artículo 5° del Reglamento de Transmisiones de Radiodifusión permite a la Secretaría General de Gobierno ordenar solamente la suspensión hasta por seis días de las transmisiones de las radiodifusoras que no den cumplimiento a las normas que esa Secretaría imparta, conforme al artículo 3º, que se hayan comunicado a las emisoras, de acuerdo con el artículo 4º. En la especie se decretó por la OIR la suspensión por tiempo indefinido de las radios por propagar noticias supuestamente falsas o injuriosas, lo que infringe doblemente el referido reglamento, ya que en parte alguna se autoriza que la suspensión, si fuera procedente, pueda exceder de seis días; y no habiendo infracción a normas dictadas específicamente por la Secretaría General de Gobierno, procede, en el evento de ser falsas o injuriosas las noticias, la aplicación de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad Interior del Estado, y de la Nº 15.576, sobre Abusos de Publicidad, pero en caso alguno la clausura de las referidas radios o suspensión de sus transmisiones por resolución administrativa.

La señora LAZO.-

¿Dónde cantó Raphael?

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Finalmente, que el señor Ministro acusado, al hablar por cadena nacional en la madrugada del 2 de diciembre, comunicó al país que era una decisión del Gobierno la clausura de las referidas radios. Resulta evidente que aún no habiendo intervenido directamente en las resoluciones que ordenaron ilegalmente la clausura o suspensión de estas tres radios, el Ministro del Interior es el Jefe del Gabinete y debe responder de las decisiones de Gobierno que no tengan otro responsable específico, más aún si se tiene en cuenta que las clausuras se ejecutaron por la Superintendencia de Servicios Eléctricos, organismo que depende directamente del Ministro acusado.

En cuanto al punto siguiente, relativo al silenciamiento de Radio Santiago por acción del interventor designado por el señor Ministro del Interior, la Comisión aprobó la acusación en cuanto a las infracciones constitucionales y legales que significaron el silenciamiento de la Radio Santiago.

La Comisión estimó que la actuación ilegal y abusiva del interventor determinó, en definitiva, el silenciamiento, durante seis días, de las emisoras no oficialistas en Santiago. La ilegalidad de la actuación del interventor y la infracción a a las normas constitucionales y legales resultan plenamente comprobadas en el libelo acusatorio y en los documentos que se acompañaron a la Comisión, en especial la resolución del interventor y la reclamación a la Contrataría. General, formulada por la Comisión designada por las radios para tratar el conflicto de los radioperadores. Además de estas consideraciones, la Comisión tuvo en cuenta otros muchísimos antecedentes que resultan de los testimonios prestados ante ella por los representantes de las radioemisoras.

El punto siguiente se refiere a la televisión. Respecto de esto, me voy a hacer cargo nada más que de la responsabilidad del Ministro del Interior.

La señora LAZO.-

Del Canal 9.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Se ha pretendido cuestionar, durante los debates de la Comisión, la responsabilidad que al Ministro del Interior le asiste en el problema de la televisión chilena. Esa responsabilidad no se discute en el caso de las extensiones de los canales universitarios, en que el incumplimiento de la ley proviene de acciones de la Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y Telecomunicaciones, que depende directamente del señor Ministro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 11, de 1968, orgánico del Servicio.

No obstante, el problema general de la televisión es de responsabilidad del Ministro, por las siguientes razones:

lº.- No existe disposición legal que entregue el conocimiento de esta materia específicamente a ninguna Secretaría de Estado, por lo que corresponde aplicar la letra 1) del artículo 3º de la Ley de Ministerios, decreto con fuerza de ley Nº 7.912, del 30 de noviembre de 1927, que encomienda al Ministerio del Interior el conocimiento de "todos los asuntos de la administración del Estado que el Presidente de la República no asigne a otro Ministerio."

2º.- Según se ha expresado, una repartición dependiente del Ministerio, la Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y Telecomunicaciones, tiene atingencia con la televisión. Asimismo, otra repartición, la Secretaría General de Gobierno, que tiene también atribuciones en la materia, si bien depende de la Presidencia de la República, se expresa jurídicamente a través del Ministerio del Interior.

3º.- Las normas sobre televisión tienen el carácter de orden público, y al Ministerio del Interior corresponde, precisamente, el mantenimiento de la tranquilidad y el orden público.

4º.- La demostración más evidente de la vinculación y dependencia del Ministerio del Interior está en el que el decreto promulgatorio de la ley orgánica de la Televisión Chilena se expidió por el Ministerio del Interior y lleva la firma del Ministro de la época, Patricio Rojas.

Y, finalmente, por si alguna duda cupiera, tengo el texto del discurso pronunciado por el señor Ministro del Interior, señor Tohá, en el Senado, el 29 de septiembre de 1971.

Textualmente dice lo siguiente: "Igualmente, me manifestó -se refiere al Presidente de la República- que, preocupado por las críticas hechas acerca de la conducta del Canal Nacional de Televisión, conversó con los funcionarios responsables y les hizo presente igual posición. Además, me señaló que sostendrá una entrevista con sus representantes, en dicho canal, a fin de reiterarles la posición del Gobierno en cuanto a la responsabilidad de los medios de difusión controlados por el Estado o en los que éste tiene alguna injerencia y a la forma cómo deben comportarse".

Es con el Ministro del Interior con quien el Presidente de la República discute estos problemas; a quien le pide que sea el portavoz de sus propias palabras, frente a estas materias y no respecto de otros Ministros, porque la dependencia de la televisión es directa responsabilidad del Ministro del Interior.

Así como existen estos medios de comunicación -prensa, radio y televisión- que van más bien al espíritu, existe otro medio de comunicación humana y física, como es el derecho de reunión.

Respecto a este punto, el libelo parte de la cita de la propia Constitución Política del Estado: "El derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas. En las plazas, calles y demás lugares de uso público, las reuniones se regirán por las disposiciones generales que la ley establece". Esta es una de las garantías más trascendentales que nuestra Constitución consagra, y mediante ella se asegura a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su condición social o política, el derecho de reunirse sin permiso previo y a expresar sus opiniones.

En el libelo se plantean, al menos, dos grandes casos -no tengo tiempo para referirme a los otros- de infracción flagrante al derecho de reunión.

El primero dice relación con las trabas que se opusieron a grupos de campesinos que querían concurrir, el día lº de septiembre de 1971, a una reunión aquí en el Congreso Nacional, debidamente autorizada su permanencia en el recinto del Congreso por el Presidente de la Cámara. En el hecho, ¿con qué nos encontramos? Con que en el trayecto, a las cinco de la mañana, cuando venían desplazándose hacia Santiago en 18 micros desde Linares, fueron detenidos a la altura de San Fernando, más o menos. El hecho es que estuvieron detenidos durante muchas horas, impidiéndoseles llegar hasta aquí.

El señor Subsecretario del Interior, en declaración prestada ante la Comisión, dijo textualmente -son sus palabras, sus frases- que lo que se había detenido "no era a las personas, sino a las micros, sino a los vehículos, porque no tenían permiso." Pero resulta que el señor Codelia...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Bulnes! ¡Señora Lazo!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

... dice lo contrario. Dice que a los que se detuvo fueron a las personas, porque venían "curados", en estado de ebriedad.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señora Lazo, llamo al orden a Su Señoría!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Se comprobó que había dos micros que no tenían permiso.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Núñez!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

De modo que hay una contradicción evidente entre lo que se ha afirmado por el señor Subsecretario y lo que se ha afirmado por el Intendente de Colchagua.

¿Qué dicen los campesinos? Los campesinos dicen lo siguiente -habla el señor Díaz, Presidente de la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos-:

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Diputado señor Arnello!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

"Efectivamente, ese día, lº de septiembre,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Arnello, llamo al orden a Su Señoría!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

".... cuando los campesinos de Linares se dirigían acá al Congreso Nacional, fueron detenidos por orden del Intendente de la provincia de Colchagua en la carretera sur, y la única explicación que hemos recibido hasta ahora fue que de los campesinos que viajaban desde Linares, en 18 micros, venían "curados", cosa que se ratificó dos horas más tarde, con la afirmación del Subsecretario del Interior, señor Vergara, donde ratificó por las radios el que los campesinos venían "curados"."

Esto es lo que dice el dirigente campesino, el Presidente de la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos.

De modo que aquí ha quedado establecida la flagrante concusión de este derecho de reunión.

En seguida, hay otro hecho de bulto, como es el que se refiere al desfile de mujeres del lº de diciembre de 1971. El resultado es conocido; pero veamos y analicemos un poco la prueba rendida en la Comisión.

El General Director de Carabineros, interrogado acerca de este hecho en el sentido de si recibió instrucciones especiales para resguardar el orden público en esa manifestación, contesta que "las de rutina", y tres veces seguidas contesta que "ninguna en especial", "que funcionan las instrucciones generales y permanentes." El Subsecretario señor Vergara, por su parte, en la página 5 del boletín de la sesión 4ª, dice lo contrario. Expresa que "estas instrucciones no sólo fueron impartidas en el sentido de dar una mayor protección y una extraordinaria vigilancia y resguardo a quienes participaron en este acto, con el propósito, precisamente, como decía, de que se desarrollaran tranquila y normalmente.".

Ese mismo día, lº de diciembre de 1971, se realizaron dos concentraciones simultáneas y antagónicas. Se afirmó en el libelo -estuvo diez días a disposición de la opinión pública- que para el mismo día se autorizaron dos concentraciones. El Diputado señor Schnake, en una breve estada en la Comisión, en justificación de la conducta del Gobierno, expresó que eso no era nuevo, que había precedentes sobre la materia, en el sentido de efectuar dos concentraciones.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señora Lazo!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

El GeneralSepúlveda, por su parte, da a entender claramente que hubo dos concentraciones, pero indica que se pidan datos al General Mendoza, Prefecto de Santiago.

El General Mendoza, en la página 40 del boletín de la sesión 2º, dice lo siguiente: "Las medidas para garantizar el orden en ambas manifestaciones se tomaron, de tal manera que eso estaba previsto." Por lo demás, fue un hecho público y notorio que se llamó a una concentración a la misma hora frente a la Casa Central de la Universidad de Chile.

El Diputado informante, señor Aylwin, dio lectura a la siguiente proclama hecha en Radio Portales el día 30 de noviembre: "Dicen que un grupo de señoras desfilará hasta con las ollas Marmicoc hasta el centro de la ciudad. Pero a la misma hora, a las seis de la tarde, pobladores de los sectores populares de la capital se concentrarán frente a la Casa Central de la Universidad de Chile. Esta última manifestación es en protesta por la toma de la Escuela de Derecho y también contra la-marcha que vendrá a la misma hora del barrio alto."

Pero, además, el diario "El Siglo", en la primera página, del día 29 de noviembre dice: "Parar maniobras fascistas. Estudiantes de la Universidad de Chile efectuarán concentración el miércoles.". Se refiere al miércoles lº de diciembre. Y una declaración de Manuel Riesco, Vicepresidente de la FECH, dice lo siguiente: "la FECH convoca para el miércoles de esta semana, a mediodía en la Casa Central a una concentración masiva en la que el movimiento estudiantil manifestará su decisión irrevocable y definitiva de impedir las maniobras fascistas en la Universidad". En realidad, él dice que es a mediodía; pero, posteriormente, fue cambiada la hora para la seis de la tarde.

Pues bien, ¿qué dice el Intendente, señor Concha? Se extraña cuando le plantean que hubo dos concentraciones, y dice: "¿De qué permiso o de qué autorización me hablan?" Razón por qué dice eso el señor Concha, Intendente. Administrativamente, en la misma solicitud de permiso se estampa al reverso la autorización y se devuelve al interesado. La solicitud no queda en la Intendencia; queda en manos de los interesados. Pero fue público y notorio que la concentración antagónica se realizó; y fue público y notorio que la concentración fue anunciada.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Schnake, llamo al orden a Su Señoría!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

En esta mañana de excusas, ¿quién dice la verdad?: ¿Radio Portales?, ¿El diario "El Siglo"? ¿Generales de Carabineros?", ¿El Intendente?, ¿El Subsecretario?

En todo caso, esto no es precisamente una muestra de orden público. Hay un hecho acreditado con declaraciones contestes de todos los sectores.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

En el curso del desfile de las mujeres no hubo desmanes ni violencia hasta que llegaron al cerro Santa Lucía. Allí se desató la violencia de los contra-manifestantes. Si realmente se hubiera resguardado la seguridad del desfile de mujeres, ante los públicos llamados hechos en radios y diarios adictos al Gobierno, no habríamos llegado a recibir el informe de la Asistencia Pública que obró en poder de la Comisión y que dice:

"El día 1º de diciembre de 1971, desde las 21.000 horas, fueron atendidas en la Casa Central de la Asistencia Pública 99 personas, quienes sufrieron lesiones ocasionadas por piedras, objetos cortantes, balas y bombas lacrimógenas." Y da las descripciones de algunas de estas personas. Leo algunas: "Carolina Alvarez Henríquez, 36 años, soltera, empleada, fractura en la pierna izquierda".

"Ovilia Chancay Miranda, 64 años, casada, su casa, traumatismo encéfalo craneano. Fractura base cráneo".

Un señor DIPUTADO.-

¿De qué partido?

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

¡Qué importa! ¡Son mujeres!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Diputado señor Arnello!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

"Marta Ortiz Maldonado, 40 años, empleada, traumatismo encéfalo craneano, agudo cerrado".

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Ureta!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

"Cecilia Pinto Buzolic, 24 años, soltera, empleada, herida de bala pierna derecha".

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señora Baltra, llamo al orden a Su Señoría!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

"Carmen Valenzuela Barra, 55 años, soltera, obrera, luxofractura expuesta tobillo izquierdo".

Señor Presidente, lamentablemente hemos tenido que recibir este parte de la Asistencia Pública.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Espinoza, don Luis!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Pero las autoridades de Gobierno no supieron que se hacían llamados a realizar una contramanifestación. El Intendente declaró, en la Comisión, que él no oía radio. Me quiero poner en la hipótesis inverosímil de que la autoridad interior no sabía nada de la otra concentración ante la Universidad de Chile, porque el Intendente, señor Concha, no oye radio. Pero hay un hecho comprobado.

Y es la declaración del Diputado señor Vergara, quien expresa con mucha claridad...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Espinoza, don Luis!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Espinoza, don Luis, llamo al orden a Su Señoría!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

... según se lee en la página 42 del boletín, que había grupos armados frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, con banderas desplegadas del MIR, con garrotes y con elementos contundentes.

Pues bien, existen dos decretos del Ministerio del Interior sobre reuniónos públicas, el Nº 859, de 1927, y el Nº 2.868, de 1936. Allí está dicho categóricamente que, si en la reunión hay personas que porten armas contundentes, la fuerza pública tiene la obligación de disolverla de inmediato. Resulta que los contra-manifestantes se exhibieron con sus armas por la Alameda. El General Mendoza afirmó que se habían tomado todas las medidas necesarias respecto de ambas concentraciones, y el SubsecretarioVergara expresó lo mismo respecto del desfile de mujeres.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señora Lazo, llamo al orden a Su Señoría!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Pero como la verdad es que no se tomaron las medidas, pasó lo que conoce la opinión pública y se registraron 99 heridos.

Cuando el Partido Demócrata Cristiano anunció una concentración en el Estadio Nacional, llegó a los más altos niveles la tentación de repetir los hechos de la con-

centración de las mujeres, y se anunció otra concentración con 300 mil personas.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Tavolari!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Después se echó pie atrás. ¿Acaso por temor a no reunirías? Tengo razones para pensar que hubo otros motivos que ejercieron una sana influencia. Al SenadorRenán Fuentealba, Presidente del Partido Demócrata Cristiano, el entonces Jefe de la Zona de Emergencia le aseguró, al concederle autorización para realizar la concentración en el Estadio Nacional, que no habría concentración. Por suerte así fue; que, si no, quizás qué desgracias habríamos tenido que lamentar.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Ay...!

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, (don Héctor).-

En definitiva, la concentración la hicieron posteriormente, reuniendo 22 mil personas.

-Risas.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Señor Presidente, hasta aquí el análisis de estos dos aspectos, con el texto de la acusación en la mano.

Sólo quiero decir una última palabra, para terminar con mi tiempo.

La reacción racional, serena y firme de quienes hemos creído en la vigencia del derecho, en el imperio de la ley; de quienes queremos resguardar, por sobre todo, la vía democrática de nuestro país; de quienes queremos conservar aún la esperanza de que el Gobierno, por el interés superior de Chile, reaccione en forma responsable, corrigiendo los errores en que ha incurrido, trayendo así, de nuevo, la tranquilidad a la familia chilena, ha sido el sentido profundo que ha llevado a la Democracia Cristiana a plantear esta acusación constitucional.

Nada más, señor Presidente.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Zaldívar, tiene la palabra el Diputado señor Santibáñez.

El señor SANTIBAÑEZ.-

Señor Presidente, debo referirme a los fundamentos y testimonios presentados respecto del Capítulo V de la acusación, titulado: "Atropellos a las Juntas de Vecinos a través de la aplicación arbitraria de la ley Nº 16.880, que las rige."

La promulgación de esta ley constituyó un paso gigantesco en el esfuerzo por unir y organizar al pueblo de Chile, a fin de hacer efectiva la plena participación popular por medio de las organizaciones que el propio pueblo, libremente, se diera. Es por ello que dicha ley parte dejando establecidos dos principios básicos: las organizaciones vecinales no nacen en Chile por mandato de la ley, sino que ésta, simplemente, reconoce una realidad social ya existente. Estas organizaciones se conciben, en consecuencia, como expresión libre del pueblo organizado y no están sujetas a ningún tipo de subordinación o dirección de la autoridad administrativa.

Estos principios están así tan claramente señalados en el artículo 1° de la ley, que "reconoce a las Juntas de Vecinos como expresión de organización y solidaridad del pueblo", y en el artículo 14 que indica que, aprobados los estatutos por decreto del Presidente, se entiende concedida de inmediato la personalidad jurídica.

Es por ello que la acción del Ministerio del Interior que, sobrepasando las atribuciones que la ley le otorga, ha pretendido dirigir y controlar estas organizaciones, que representan la gran base social de Chile, tiene una importancia fundamental, y aunque no revista el carácter espectacular de otras actuaciones, reviste una trascendencia y gravedad que sobrepasan todo lo que podamos incluso señalar en este instante. No sólo se paraliza y destruye el esfuerzo inmenso del pueblo por encontrar en sus organizaciones la fuerza real para cambiar viejas estructuras y organizar una sociedad realmente libre y de plena participación, sino que se destruye, también, para el futuro, la eficacia y, lo que es peor, la fe de los pobladores, en las posibilidades de construir ellos su futuro, sin tutelajes y patenalismos...

La señora LAZO.-

Paternalismo, ¿quién inventó eso?-

El señor SANTIBAÑEZ.-

... de ninguna especie. Destruida esa fe por la manipulación grosera de los instrumentos legales, sólo quedará, en definitiva, para el mañana, o la violencia en los más rebeldes, o la resignación pasiva del que nada cree y nada construye, probablemente en los más.

Consideramos que las acciones del Gobierno interior en el manejo de las instituciones poblacionales constituyen un abuso de autoridad despreciable...

El señor TAVOLARI.-

Acuérdese de la Promoción Popular.

El señor SANTIBAÑEZ.-

.... porque ejerce sobre los más débiles, aprovechándose que estas organizaciones están aún en un proceso de gestación y carecen, por lo tanto, de verdadera fuerza para defenderse.

El señor TAVOLARI.-

Valparaíso fue testigo de la Promoción Popular.

El señor PUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Tavolari!

El señor SANTIBAÑEZ.-

Los fundamentos legales de esta acusación se encuentran en los artículos 35, 36 y 37 de la mencionada ley, y en el reglamento de la misma, particularmente en su artículo 213. En efecto, en dichas disposiciones se señala que la super-vigilancia y fiscalización de las Juntas de Vecinos...

El señor TAVOLARI.-

Acuérdese de la Promoción Popular.

El señor SANTIBAÑEZ.-

... y demás organizaciones comunitarias corresponden al Ministerio del Interior, y el artículo 37 señala, taxativamente, las causales para intervenir una Junta no pudiendo hacerlo sino en los casos y circunstancias allí claramente expuestos. El reglamento en su artículo 213, letras a) y e), se refiere a la materia, señalando en la primera letra, que el Ministerio del Interior debe velar por el cumplimiento de la ley Nº 16.880, su reglamento y los estatutos de las organizaciones comunitarias. La letra e) señala que dicho Ministerio debe velar por el cumplimiento por parte de los Intendentes de su facultad para intervenir una Junta de Vecinos.

Quisiera señalar...

La señora LAZO.-

¿Qué dice Hamuy?

El señor SANTIBAÑEZ.-

... concretamente los cargos que han sido formulados en el libelo y comprobados fehacientemente ante la Comisión:

1º.- La actitud de numerosos Intendentes que, haciendo una aplicación arbitraria de la ley, utilizan la facultad de intervenir las Juntas de Vecinos...

-Hablan varios señores Digitados a la vez.

El señor TAVOLARI.-

¡Los loteos brujos!

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Tavolari!

El señor SANTIBAÑEZ.-

.... a fin de ejercer mediante este procedimiento, un control...

El señor TAVOLARI.-

¡Los loteos brujos!

El señor SALINAS (don Edmundo).-

¡Los loteos brujos que denunció Millas!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANTIBAÑEZ.-

... abusivo sobre las organizaciones, lesionando su libertad y democracia internas...

El señor TAVOLARI.-

¿Por qué no hablan de eso?

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANTIBAÑEZ.-

Como he señalado, sólo en casos excepcionales claramente indicados en la ley, puede intervenirse una Junta de Vecinos por breve tiempo, para regular su funcionamiento y llamar a nuevas elecciones. En el Gobierno anterior, creador de este instrumento de liberación popular, jamás se usó este procedimiento, tan usado sin embargo por el llamado "Gobierno del pueblo". Y esta facultad excepcional debe usarse, además, en conformidad con lo establecido por el reglamento de la ley. Como es de carácter restrictivo, sólo puede usarse en esos casos y circunstancias, y no en otros. Ello solo condena la acción del Ministerio del Interior, ya que ninguna de las intervenciones decretadas se ha ajustado a este (procedimiento legal. Todas ellas se fundan en el reclamo de algunos vecinos, y la ley exige el reclamo de un tercio de los vecinos de la Junta, en la forma prescrita por el reglamento. Son las frases textuales de la ley. Pues bien, como el reglamento nada dice sobre esta materia, y la ley se remite a él para hacerse efectiva la intervención, la ley no es aplicable por no cumplirse el requisito señalado por ella misma: que se haga en la forma prescrita por el reglamento.

Pero no quisiera incluso recluirme en algo que pudiera parecer un mero tecnicismo legalista. Además de los casos que conocemos y que hemos denunciado, hay muchos cientos de casos más, pero la brevedad del tiempo impide presentarlos. Son tan claros y tan grosero el abuso de autoridad y el menosprecio de la ley, como podrán comprobarlo los señores Diputados en lo que señalaré a continuación:

a) Intervención de la Junta de Vecinos La Pincoya. Se da como razón para ella, la mala administración por parte de la Junta, de una bomba de parafina instalada en la localidad. Se ha comprobado en la Comisión documentadamente que dicha bomba se instaló mediante un contrato de reventa entre COPEC y un particular ajeno a la Junta. Esta incluso había reclamado ante la autoridad oportunamente...

El señor TAVOLARI.-

¡En el Gobierno anterior...!

El señor SANTIBAÑEZ.-

No existe, pues, razón alguna, salvo que la Junta no era del gusto del Gobierno.

b) Intervención de la Junta de Vecinos Villa México, decretada al margen de las atribuciones legales de la Intendencia y con clara vulneración de la ley.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Tavolari!

El señor SANTIBAÑEZ.-

c) Intervención de la Junta de Vecinos Lo Cañas producida también con abierta contradicción de las disposiciones legales sobre la materia, como se comprobó fehacientemente ...

El señor ESPINOZA (don Luis).-

¡Que se refiera a la materia en discusión!

El señor SANTIBAÑEZ.-

d) Intervención de la Junta de Vecinos Lo Valledor Norte, decretada al margen de las disposiciones legales, a petición de "un grupo de vecinos", "por reiterados reclamos". Así es de claro el documento, sin que se reúna en el caso el quórum exigido por la ley y sin cuidarse, siquiera, de justificar esa exigencia legal.

En todos estos casos, los interventores han asumido atribuciones que no les corresponden y han prolongado por largos meses su intervención.

2º.- La actitud de permanente presión política ejercida sobre los vecinos para manipular y controlar las organizaciones vecinales. Al respecto se ha podido comprobar:

a) En la Población Villa México el interventor llamó a nueva elección directiva, en la cual se ha comprobado documentadamente ante la Comisión que se ejecutaron diversos fraudes, como suplantación de electores, votación de personas fallecidas, etcétera.

b) En la Población Lo Cañas el interventor ha pretendido incautarse de los libros de la Junta, abriendo por su cuenta un nuevo registro de socios e impidiendo inscribirse a quienes no eran adictos a la Unidad Popular.

c) En la misma población anterior, y como consta en una cinta grabada y de declaraciones por escrito ante la Comisión, el interventor manifestó en una reunión de la Junta que "el interventor es la ley, que actúa en nombre del Intendente y del Ministro del Interior, sin vigilancia de otras disposiciones legales que su propia voluntad."

d) En otros casos de intervenciones se ha comprobado ante la Comisión que los propios interventores han designado las comisiones electorales que deben ser elegidas por los vecinos libremente.

e) Se ha comprobado documentadamente que, en otra oportunidad el libro de inscripción de socios incautado tras una intervención queda en poder del Subdelegado, representante del Gobierno, y la gente debe inscribirse en la subdelegación y no en el local vecinal. Igualmente se comprobó ante la Comisión, que otro interventor, algo más vivo aún, hizo pagar a la Junta gastos emanados de su intervención.

3º.- Deliberado atropello a la ley en la aprobación de estatutos y concesión de personalidades jurídicas.

En efecto, a través del país deliberadamente muchas Intendencias y el Ministerio del Interior han demorado ilegalmente la aprobación de los estatutos de las Juntas de Vecinos o han impuesto estatutos contrarios a los aprobados libremente por las Juntas. De conformidad con la ley 16.880, los estatutos deben entenderse automáticamente aprobados si no son objeto de rechazo o modificación dentro de un plazo de 30 días, contado de la fecha de su presentación.

En este caso se encuentra la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso, cuyos estatutos, vencidos los 30 días del plazo legal, debieron entenderse expresamente aprobados por la ley pero, posteriormente, el Ministerio del Interior desconoció los estatutos así aprobados e impuso otros a su arbitrio.

Me consta, personalmente, que en circunstancias similares se encuentran más de 150 organizaciones comunitarias de la provincia de Valparaíso, cuyos estatutos y antecedentes para obtener su personalidad jurídica fueron presentados a la Intendencia hace más de un año en muchos casos, sin que puedan obtener que se dé cumplimiento a la ley y se les otorgue la personalidad legal. En cambio, otros organismos de reciente formación pertenecientes a la Unidad Popular la han obtenido en plazos realmente breves.

4.- Incumplimiento deliberado de las Intendencias de enviar ministros de fe para la celebración de las elecciones vecinales o comunitarias, a fin de celebrar estos actos cuando la autoridad lo estime oportuno y conveniente a sus torvos intereses políticos y no cuando los vecinos libremente lo han acordado. Casos de este tipo han podido comprobarse en las Agrupaciones de Centros de Madres de La Granja y Ñuñoa.

5.- Creación de las Juntas de Abastecimiento Popular. Son organismos ilegales creados por DIRINCO y compuestos por personas elegidas al gusto de ese organismo sin real participación popular. De acuerdo al Nº 4 letra a) del artículo 22 de la Ley de Juntas de Vecinos, una de sus funciones específicas es la colaboración en la fiscalización de precios, distribución y ventas de artículos de primera necesidad y de uso o consumo habitual. Vale decir, que la función que se quiere dar a las Juntas de Abastecimiento Popular corresponden, por disposición expresa de la ley, a las Juntas de Vecinos. Al respecto, en su defensa el señor Ministro reconoció la existencia de estas Juntas aduciendo que nadie puede pretender el monopolio de la voluntad popular de los cambios, debiendo promoverlos y no condenarlos. Extraña manara de burlar la ley.

Todos estos antecedentes que he señalado constituyen prueba suficiente de que hay mérito para acoger la acusación en este punto, por haber el Ministerio de Interior, atropellado la ley, desconociendo las atribuciones de las Juntas Vecinales y, además, arrogándose facultades que no tiene, y ha dejado sin aplicar la ley en perjuicio de la inconstitucionalidad y de los pobladores y, en general, ha tratado, mediante una aplicación torcida y mañosa de ésta, de obtener finalidades de control y predominio políticos, reñidos con las claras disposiciones de la ley 16.880.

Al aprobar la acusación en este punto, la Honorable Cámara dejará, ante la historia, claramente establecida su decisión de salvaguardar la libertad y dignidad de las organizaciones libres del pueblo chileno y su voluntad de preservar esta libertad cueste lo que cueste, porque la verdadera solidaridad del pueblo organizado es el camino para crear el Chile nuevo.

El señor TAVOLARI.-

¿Por qué no se preocupó del negociado de Las Achupallas?

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Zaldívar.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Le he concedido una interrupción al colega señor Ramírez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la palabra el señor Ramírez, con la venia del señor Zaldívar.

El señor RAMIREZ (don Gustavo).-

Señor Presidente, el señor Ministro del Interior ha sido enfático al declarar que no hay grupos armados en Chile, y se ha referido nuevamente al problema planteado en Molina, en el fundo "Agua Fría".

Yo quiero reiterar, una vez más, en esta Honorable Cámara, que respecto de esta denuncia que he formulado y que fue hecha también por el Presidente del Senado, Senador Aylwin, hace bastante tiempo atrás, cuando el señor Ministro del Interior era Vicepresidente de la República, él se comprometió personalmente a investigar y a tomar las medidas del caso. Hoy día, lo hemos escuchado. Ha dicho: "Señores, en Agua Fría no hay grupos guerrilleros, como se sostuvo en una declaración que hizo en su oportunidad el parlamentario que denunció estos hechos, que en ese entonces era Presidente del Senado." Naturalmente que, cuando la gente fue a este fundo, no encontró absolutamente nada. Y el señor Ministro del Interior se queda absolutamente tranquilo después de hacer esta aseveración.

Yo creo, y quiero reiterar una vez más, que en el fundo Agua Fría, tomado hace 10 meses, existe un grupo guerrillero de 125 hombres armados, perfectamente entrenados. Lo saben las autoridades de Molina, lo saben los Gobernadores, que en dos oportunidades han salido de allí sacados por el Gobierno, es cierto. Pero este nuevo Gobernador sabe del problema, lo conoce la gente de INDAP y ocurre que hoy día al sector de Agua Fría, en la zona de Molina, en la zona cordillerana, no puede ir ningún civil, ningún parlamentario, porque simplemente es detenido por la gente que habita en ese fundo; tampoco pueden llegar Carabineros ni Investigaciones, ya que sólo pueden llegar hasta las puertas del fundo. Y, sin embargo, el señor Ministro del Interior dice que allí no hay grupos armados. Pero este no es el único caso en la provincia de Talca.

Debo informar hoy aquí que, hace 20 días, está ocupado el fundo "El Marco", de Talca, por 53 hombres armados. Trece de ellos son funcionarios que exhiben carnet de ISIRA, con pases dados...

El señor ESPINOZA (don Luis).-

Esos son los comandos de Irureta.

El señor RAMIREZ (don Gustavo).-

... por la Vicepresidencia del INDAP, y por tres miristas de Concepción, que se turnan día por medio. Es un hecho perfectamente detectado por Carabineros del sector; sin embargo, se nos sostiene aquí que no hay grupos armados. Allí se ha dictado una orden de desalojo por el Juzgado de Talca, pero hasta el momento Carabineros no ha podido cumplir esa labor, no lo puede hacer. Por otra parte, en la zona, para que lo sepan los señores de la Unidad Popular, existen en este momento todo un sistema del Movimiento Campesino Revolucionario, que pretende tomar toda la zona cordillerana de Talca, la zona de San Clemente y la zona de Pelarco. Agregada a esto la zona cordillerana de Molina, vamos a tener en la provincia de Talca, como ya lo dije en la Comisión, el mismo problema que ha sufrido Cautín en el último tiempo. Este es el caso que está sufriendo Talca hoy día, y que ya hemos denunciado por tercera vez en esta Cámara; también lo he hecho por carta al señor Jefe de Carabineros, como me lo pidió, firmada también por el Presidente del Senado, que ya vamos a hacer pública el día de mañana para que no quede duda de que existen estos grupos de guerrilleros, para que el Gobierno, de una vez por todas, los detecte y compruebe que existen los hechos que estamos denunciando.

Esto está perfectamente detectado; he visto personalmente a esa gente, porque he estado allá. El Gobierno es el único que no sabe que existen grupos de guerrilleros en Chile; es el único que no quiere hacerlos detener, porque conoce perfectamente estas cosas...

Un señor DIPUTADO.-

¿Qué tiene que ver el Gobierno?

El señor RAMIREZ (don Gustavo).-

Tiene que ser por iniciativa del Gobierno, pues, colega, porque Carabineros no actúa si no tiene la orden del Intendente de la provincia, y el Intendente de la provincia no da estas órdenes, porque no se atreve. ¡Ese es el problema! ¡Eso es lo que estamos viendo!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RAMIREZ (don Gustavo).-

Quiero dejar bien sentadas estas cosas, porque no tengo más tiempo para decir otras. Sostengo que allá hay dos hechos bien claros: el caso del fundo "Agua Fría", con guerrilleros armados que el Gobierno no quiere detener, y el caso del fundo "El Marco", con orden del juzgado respectivo para detener a los que en él existen, pero que no son detenidos, porque el Intendente de Talca no da la orden correspondiente a Carabineros. Creo que son hechos bien claros y no tengo para qué seguir hablando...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RAMIREZ (don Gustavo).-

¡Hay una orden de desalojo del Juzgado de Talca y no ha podido ser cumplida!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Ramírez, don Gustavo, le ruego dirigirse a la Mesa y evitar los, diálogos!

Puede continuar el señor Zaldívar.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Me ha solicitado una interrupción el Diputado señor Laemmermann.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Zaldívar, tiene la palabra el señor Laemmermann.

El señor LAEMMERMANN.-

Señor Presidente, en nombre de los Diputados de la Democracia Radical, anuncio el apoyo resuelto de los señores parlamentarios de este Partido, miembros de esta Honorable Cámara, a la acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del Ministro del Interior, don José Tohá González, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 39, letra b), de la Constitución Política del Estado.

Esta acusación, ya latamente debatida con toda suerte de argumentos de hecho y de derecho, no sólo es una sanción jurídica y moral a un Ministro que no ha sabido cumplir con su deber infringiendo las obligaciones, sino también una advertencia al Gobierno todo por el quebrantamiento permanente del orden jurídico de la República, en que incurren muchos de sus personeros, con grave detrimento del sistema legal y constitucional y de los derechos y garantías de los ciudadanos.

El señor Ministro del Interior ha pretendido, con argumentaciones abstractas y rebuscadas, descargarse de la grave culpa que le asiste por no haber sido capaz de frenar los desbordes de los grupos violentistas que, con diversos nombres, actúan a lo largo del país y cometen toda suerte de desmanes; de las brigadas que, bajo supuestos propósitos inocentes, anunciados como de simple propaganda política autorizada, constituyen grupos de choque, actúan en el hecho como organizaciones paramilitares y cometen crímenes que permanecen impunes, ocultando el rostro bajo el amparo y la complicidad de los partidos marxistas que militan en el Gobierno. No ha dado verdaderas garantías a los ciudadanos en numerosos casos, que han sido debidamente especificados, detallados y comprobados; no ha permitido ejercer el derecho de reunión que garantiza el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, en su número 4º, llegándose al caso de que las fuerzas policiales de su dependencia, en la marcha de las mujeres, no sólo no garantizaron ese derecho, que es de la esencia del sistema democrático, sino que lo coartaron, ejerciendo violenta represión en contra de grupos de personas que desfilaban debidamente autorizadas. Cuando los marxistas están en el poder, como ocurre ahora, los opositores democráticos, acostumbrados a vivir en libertad, encuentran que ya no tienen derecho a expresar sus quejas y protestas, porque han pasado a ser, por voluntad de los grupos gobiernistas, "fascistas y sediciosos".

Las detenciones arbitrarias e ilegales, el atropello a las Juntas de Vecinos, la clausura ilegal de las radios de la Oposición y toda suerte de atropellos que se cometen por los funcionarios de Gobierno, no son hechos susceptibles de la sanción constitucional que se reclama, en virtud de la acusación, porque el señor Ministro no se siente responsable de ningún delito y desvía la responsabilidad, por todos estos atropellos y vejámenes, sobre sus subordinados que habrían actuado directamente en la ejecución de tales hechos. Entonces, ¿qué es el Gobierno y en qué consiste la autoridad del Ministro del Interior, si no tiene el mando suficiente para hacer que sus resoluciones se cumplan; si no tiene iniciativa alguna para sancionar a los funcionarios que tendrían responsabilidad en estas infracciones, abusos y atropellos?

El señor Ministro del Interior ha pretendido presentar todas las irregularidades cometidas como cosas intrascendentes, y en cada una de ellas ha procurado salir indemne.

Es política del Gobierno expropiar bienes sin una ley que lo autorice; coartar la libertad de prensa y publicidad, encontrando siempre una excusa en algún resquicio, al cual se da habilidosa y oportunista aplicación, descargando sobre las víctimas las culpas de los hechores, procurando siempre hacer prevalecer la sana intención del "Gobierno Popular", en su afán de llevar adelante una política de reformas y de progreso general.

Nosotros, demócratas radicales, que constituimos un partido que es expresión de la Social Democracia mundial, tenemos autoridad moral para hablar de justicia social, porque somos los depositarios de las tradiciones del radicalismo chileno, que siempre luchó por la igualdad y la justicia bajo el imperio de la libertad; pero no aceptamos, so pretexto de realizar los avances sociales que todos anhelamos, que se cometan los atropellos al orden legal y constitucional y a los derechos humanos que el actual Gobierno ha cometido, y que se arroguen nuestros gobernantes el nombre exclusivo de "Gobierno Popular", como si fuera la primera vez que un gobierno es elegido por el pueblo.

Todos los gobiernos anteriores han sido elegidos por el pueblo en votación legítima y democrática. De tal manera que no hay razón para que el actual, cuyo personero alcanzó en las urnas un poco más del 30% de los sufragios ciudadanos, tenga la osadía de proclamarse tan insistentemente "Gobierno Popular". ¿Qué fue el Gobierno de don Pedro Aguirre Cerda? ¿No fue acaso un Gobierno Popular? Y los demás que lo siguieron, ¿no fueron acaso gobiernos elegidos por el pueblo? ¿O es que sólo cuando el Partido Comunista, expresión de ideas extrañas a Chile y a su democracia, está en el poder hay Gobierno Popular?

Pues bien, Honorable Cámara, nosotros estimamos que los desbordes cometidos por el Gobierno no se justifican, en modo alguno, por el hecho de que se pretenda alcanzar los cambios que el país reclama y que nosotros anhelamos, porque para ello está abierto el camino de la ley, propiciado por una amplia mayoría de chilenos y de sus representantes en el Congreso.

El señor Ministro del Interior, por su falta de vigilancia en la preservación del orden interno y su lenidad para asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, es responsable de las infracciones a la Constitución de que se le acusa, del atropellamiento de las leyes y de haber comprometido seriamente la seguridad de la Nación, y se ha hecho acreedor a la sanción constitucional, castigo que ha de ser una advertencia a los abusos de poder que se están cometiendo por el actual Gobierno, que deben cesar definitivamente para hacer posible que se logren, en un clima de paz, de seguridad y de armonía, la justicia y el progreso que todos anhelamos, asegurando así la estabilidad institucional y el provenir de la República.

Señor Presidente, he terminado.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Zaldívar.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

He concedido una interrupción al señor Maturana, señor Presidente.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Zaldívar, tiene la palabra el señor Maturana.

El señor MATURANA.-

Señor Presidente, deseamos hacer presente en esta acusación que aun dando por sentado que el régimen político chileno sea estrictamente presidencial, cosa que los autores de Derecho Constitucional discuten con argumentos y casos bastante precisos; y aun en el supuesto, que reconoce nuestra Constitución, de que los Ministros de Estado son de la exclusiva confianza del 'Presidente de la República y que, en consecuencia, permanecen en sus cargos mientras cuenten con ella, no cabe la menor duda de que los Ministros son, al mismo tiempo, altos funcionarios públicos que constituyen órganos del Estado y, por lo tanto, son plenamente responsables.

El juicio político tiene por objeto el estudio de la responsabilidad ministerial. Más allá de cualquiera disquisición que se pueda hacer desde el punto de vista doctrinario, el texto positivo de la Constitución zanja muy claramente el problema. Es así como el artículo 39 no sólo señala delitos constitucionales que tienen, al mismo tiempo, el carácter de penales, como traición, la concusión, la malversación de fondos públicos y el soborno; sino también otros que no tiene por qué constituir delitos de tipo penal, como son la infracción de la Constitución, que ¡puede o no dar origen a un delito, al atropello de las leyes, dejarlos sin ejecución o comprometer gravemente la seguridad o el honor de la Nación.

Es más. Nadie puede discutir que el Senado tiene competencia para conocer una acusación constitucional por abuso de poder, hechos que tampoco incluso por desviación de poder, constituyen delitos de tipo penal. Y mal podría el Senado conocer de estas materias si previamente la Cámara no hubiera declarado la admisibilidad de una acusación sobre estas materias.

Todo esto demuestra el poco fundamento de la defensa del señor Ministro.

Más grave nos parece el hecho de que él estime que no puede ser acusable, porque en materia de Ley de Seguridad Interior del Estado eran facultades que podía ejercer o no ejercer; es decir, la decisión de echar a andar la acción del Estado para perseguir numerosos hechos que han comprometido la seguridad del país, que han llegado a conmover a la opinión pública, no constituía una obligación de actuar, y por eso no lo hizo en época oportuna o época eficaz.

Confunde el señor Ministro cuando deduce que seguramente es posible que haya acusación constitucional en presencia de hechos que lo harían responsable ante los Tribunales, en un juicio penal o en un juicio civil. La verdad de las cosas es que la responsabilidad política del Ministro tiene la característica de dar origen a una acusación constitucional, y si ésta prospera, los hechos podrían, además, a mayor abundamiento, dar origen a un juicio penal, si hubiera cometido un delito perfectamente tipificado por la ley penal; o a una acción civil, en el supuesto de que un tercero hubiera sufrido perjuicios de-terminables o avaluables en dinero.

Otro error de la defensa del señor Ministro es pretender que sólo puede ser acusado por hechos personales, ejecutados directamente por el señor Ministro. Olvida que el texto constitucional habla, incluso, de la responsabilidad solidaria; olvida que está en la interpretación uniforme de las disposiciones constitucionales el hecho de que se puede acusar no sólo por los actos que firma un Ministro, sino también por los actos de los subordinados que de él dependen, cuando cometen, por cierto, una infracción de la ley.

Sin duda, es muy conveniente, no sólo para buscar una absolución, sino para justificar lo que ha ocurrido en Chile en materia de orden público, sostener que el Ministro del Interior no responde por los actos, por ejemplo, de los intendentes y gobernadores, que continuamente aparecen actuando en forma muy diversa de las declaraciones de tipo lírico que el señor Ministro del Interior hace en materia de orden público. Pretender que el Ministro del Interior sólo es responsable cuando actúa personalmente, es decir, cuando los hechos se cometen por su mano, llevaría al absurdo y a la aberración de sostener que en las tropelías cometidas por Investigaciones al día siguiente de la marcha de las mujeres, en el barrio alto, el señor Ministro no tiene nada que ver, nada que responder, nada que explicar, por el simple hecho de que él no viajaba en las patrulleras; o no tiene nada que responder por la suspensión de las radioemisoras, lo que ha significado una violación clara de la libertad de expresión, del derecho de emitir opinión sin cesura previa, por el solo hecho de que no fue él quien, por su mano, cortó el suministro de corriente eléctrica.

La verdad de las cosas es que la defensa del señor Ministro tipifica claramente lo que ha sido la conducta del Gobierno en materia de orden público durante estos 13 meses. Las declaraciones de que en Chile no hay bandas armadas, de que no existen tomas violentas de terrenos, ni en el campo ni en la ciudad, de que no se les pegó a las mujeres en el desfile, de que no se ha clausurado arbitrariamente ninguna radio, de que no hay detenciones arbitrarias, de que no hay discriminación entre la gente de Gobierno y de Oposición en materia de orden público, dicen exactamente lo que el Gobierno ha estado haciendo durante este año, ignorando lo que está ocurriendo o haciendo declaraciones que, en manera alguna, impiden la consumación de los hechos que han ido deteriorando en forma grave el orden público.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don. Eduardo (Vicepresidente).-

Señora Lazo, ruego no interrumpir. ¡Señora Lazo!

El señor MATURANA.-

Esto ha ido produciendo un clima de violencia, que el Gobierno ha permitido. En las investigaciones de la Comisión, fueron bastante claras las declaraciones de los funcionarios de Carabineros respecto de las instrucciones, de marco o margen en el cual ellos se movían. Dicen que no intervenían sino para impedir males mayores, para impedir el encuentro entre los grupos.

¿Entre qué grupos? Entre mujeres que participaban en esta manifestación autorizada y que, en consecuencia, el Gobierno tenía el deber proteger, y los contra-manifestantes. Sea que éstas hubieran obtenido autorización para una segunda manifestación y más allá de esa concentración se hubieran convertido en agresores o, lo que se más grave, sin tener esa autorización actuaran simplemente como pandillas de choque, el hecho es que Carabineros lanzó bombas lacrimógenas al medio, privando, prácticamente, de protección a estas mujeres que estaban participando en esta manifestación.

Por eso, estimamos que el derecho de reunión, garantizado y tipificado en la Constitución, fue prácticamente vulnerado por la acción del Gobierno. Tan cierto es esto que, no pudiendo defender la increíble actitud que se tuvo ese día frente al desfile de mujeres, esa msima noche el Ministro hizo una verdadera tergiversación de los hechos, negando lo que realmente había ocurrido y poniendo a las víctimas en calidad de culpables o de responsables.

En materia de violación del derecho de opinión o de expresión, las clausuras de las radios son bastante significativas al respecto. Es necesario recordar que, en estas materias, hubo dos tipos de violaciones. La primera fue la clausura de las radios a raíz, precisamente, de haber informado en las calles, en puestos móviles, con las declaraciones de la gente que estaba participando como testigos en los hechos, de lo que allí ocurría. Y la segunda fue la paralización de las radios con motivo de la acción ilegal, arbitraria, de un interventor nombrado por el propio Ministro del Interior.

En el primer tipo de clausura, emisoras como Agricultura, Balmaceda, Santiago, fueron clausuradas en la forma más increíble. A radio Santiago, sin que se le hubiera siquiera notificado la resolución de clausura, se le cortó la corriente como a un deudor moroso. Radio Balmaceda ha visto interrumpidas sus transmisiones cuatro veces, más allá del cambio de frecuencia de que fue víctima; y, la última vez, el pretexto fue el comentario de un periodista responsable, el señor Fuentes, en un espacio propio de él. Sin embargo, pese a haber sido ese el fundamento para clausurar la radio, resulta que el señor Fuentes está en libertad incondicional en un proceso, y ha sido sobreseído definitivamente en el otro, por no tener ningún tipo de responsabilidad.

El Gobierno no puede, por la vía administrativa, proceder a la suspensión indefinida de radioemisoras y pretender que no tiene ningún tipo de responsabilidad por los actos de un interventor designado por el propio Ministro. Es, en realidad, un muy mal sistema, un muy mal procedimiento para discutir la jerarquía que tienen las autoridades administrativas dentro del sistema jurídico chileno. Es más, el argumento esgrimido por el Gobierno fue la falsedad de las informaciones, según se les notificó a las distintas radioemisoras en el momento de la clausura. Después de muchos días el señor Daniel Vergara se vio obligado a decir que, en realidad, la falsedad -textual- estaba en el contexto de las informaciones, sin haberse podido señalar hasta la fecha ni un solo tipo de información falsa, sin haberse ejercido ninguna acción judicial en contra de estas radios por supuestas informaciones falsas.

Otro hecho en que el Ministro del Interior, indudablemente, es responsable son las detenciones ilegales perpetradas, en algunos casos, por Carabineros y, en otros, por actuaciones ilegales de Investigaciones. La Comisión conoció de la detención del hijo del ex Ministro del Interior señor Carlos Montero Schmidt. Las actuaciones ilegales de Investigaciones fueron motivo de un estudio extraordinario y detallado.

Queremos decir, enfáticamente, que a Investigaciones no le corresponde, de ninguna manera, el resguardo del orden público. Así lo dice claramente el artículo 22 de la Constitución Política del Estado: "La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros....".

La policía civil, que no tiene este tipo de funciones, llegó a Providencia, a la orden de su Director, con más de seis patrulleras al día siguiente del desfile de las mujeres y procedió a efectuar una verdadera acción tipo comando, disparando al aire, asaltando, lesionando, según partes extraordinariamente claros y precisos que existen en Investigaciones.

Queremos hacer presente, respecto de estas actuaciones de Carabineros y de Investigaciones, un hecho de tipo jurídico. Aquí han sido acusados Ministros del Interior única y exclusivamente teniendo como fundamento el hecho de que el Cuerpo de Carabineros depende o es subordinado del Ministro del Interior. Así ocurrió en 1969, cuando fue acusado el Ministro del Interior Edmundo ¡Pérez Zujovic por los desgraciados sucesos de Puerto .Montt, pese a que si uno estudia ese libelo, existe la más clara constancia de que ni el Intendente, ni el Gobernador, ni Carabineros habían actuado en forma distinta de las instrucciones de carácter general.

No hay en esa acusación ni un solo cargo directo ni personal en contra de la responsabilidad del Ministro, pero sí una determinación con la cual concordamos: los Ministros del Interior responden de los actos de la fuerza pública y responden de los actos de Investigaciones. Tan claro es esto, que en la Comisión el Ministro, el Subsecretario, los funcionarios de Investigaciones pretendieron decir que ese Servicio actuaba previniendo la comisión de delito, o actuando como simple particular en presencia de delito flagrante.

Resulta bastante curiosa esta discriminación. Se temía que la gente que circulaba por la Avenida Providencia aquella noche pudiera incurrir o se estimaba que estaba cometiendo delito flagrante. Nosotros hemos presenciado, al ingresar al Congreso, cómo existen multitudes en las calles laterales armadas con laques, con bolsones con piedras a vista y paciencia de la fuerza pública; y, sin embargo, eso no se considera un hecho de gravedad, un hecho que haga presumir acción delictuosa ni mucho menos que se pueda estar cometiendo delito de tipo flagrante.

Además, Investigaciones ha procedido a efectuar detenciones arbitrarias de tipo numeroso, dictando indebidamente órdenes de investigación de cualquier delito. En la Comisión quedó estrictamente comprobado el caso de la detención arbitraria del doctor Vargas, con una fotocopia de una orden de citación a la Fiscalía Militar, lo que no impidió que su casa fuera allanada por gran número de detectives que portaban metralletas, y, por último, llevado a Investigaciones sin siquiera ingresarlo en la guardia, lo que dificultó y retrasó durante numerosas horas la interposición de un recurso de amparo, ya que no se sabía si había sido raptado o si realmente estaba detenido.

Respecto de la actuación de Investigaciones es muy importante consignar dos hechos.

El Director General de Investigaciones, señor Paredes, requerido por el Diputado que habla sobre estas detenciones arbitrarias, contestó terminantemente: "detenciones erróneas, sí; detenciones arbitrarias, no". Requerido respecto a que había sido víctima de apremios ilegales la gente detenida en la calle, con metralleta en mano, con las manos puestas en la nuca para ser registrada y metida a culatazos en los furgones, sin tener antecedente de delito alguno, contestó: "En lo que ocurría ese día, dimos y recibimos". Y pidió, en el fondo, como se precisó con posterioridad, una cosa muy especial a la Comisión Constitucional. No podía negar que había sido detenida gente injustamente; pero, para que no se consideraran arbitrarias esas detenciones, es decir, la comisión de un hecho censurable, pidió que se tuviera confianza en su buena fe, diciendo: "No tuvimos el propósito de detener dolosamente". Y no pudiendo negar que había habido apremio, solicitó que no se estima ilegítimo, por las circunstancias en que había ocurrido.

Esto inmediatamente saca el problema del carácter que debe tener la interpretación de la ley, que es un carácter de absoluta objetividad y la garantía debe ser real: que el funcionario no vaya más allá de la órbita de sus atribuciones. En este caso, simplemente, se pide que se le excuse por una supuesta buena fe.

Quiero decir, además, en el caso de Investigaciones, que el señor Paredes no puede pedirle a la Cámara, no puede pedirle a la Oposición, no puede pedirle a la gente democrática...

El señor SOLIS.-

¡A ustedes, los más democráticos...!

El señor MATURANA.-

... que tengan confianza en su buena fe. No puede hacerlo, porque en la propia Comisión, el Diputado señor Zaldívar le mostró una carta, que reconoció que era fidedigna, en que se permite recomendar a una persona sencillamente porque tuvo destacada participación en los movimientos revolucionarios argentinos, para colocarla en un cargo. Y cuando se le demostró que ésta era una persona indigna, que los propios funcionarios de la organización en que estaba trabajando pedían que se le expulsara del país, dijo que ni siquiera lo conocía; que había actuado por los antecedentes revolucionarios de ella; que había actuado por la recomendación de un subordinado suyo.

El señor CADEMARTORI.-

¡Es sacerdote!

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Cademártori!

El señor MATURANA.-

¡En estas manos está entregada, precisamente, la seguridad interior del Estado!

Naturalmente, esto guarda mucha relación con la respuesta que dio el señor Paredes cuando se le preguntó si él no creía peligrosas las bandas armadas y grupos violentistas. Contestó que, a su juicio, no comprometían la estabilidad del Gobierno. Es decir, para el Gobierno, a través del jefe máximo de Investigaciones, las acciones de bandas armadas o de grupos violentistas sólo son peligrosas si atañen al Ejecutivo. Pero si se salen del marco de la ley, si comprometen garantías constitucionales, no tienen ningún peligro, porque el Gobierno mismo no estaría en peligro. O sea, si estos grupos de ultra izquierda estiman pertinente acelerar el proceso revolucionario más allá de la ley o de la Constitución, no se considera realmente peligroso, porque no están comprometiendo la estabilidad del Gobierno del señor Allende, sino que, simplemente, están haciendo algo perfectamente permisible, al parecer, para el Gobierno, que es la violación de la Constitución y de la ley.

Respecto de este Servicio de Investigaciones, también quedó demostrada la prolongación indebida de detenciones y el ocultamiento de detenidos que ha ocurrido muchas veces.

Todas estas violaciones a las garantías constitucionales del derecho a reunión, a no ser detenido sino por causas previamente establecidas por orden judicial, que sea intimada en la forma y condiciones señaladas en la legislación, el que no exista violencia, tienen un agravante en el caso del señor Ministro. Se trata de la reiteración de una política legal y absolutamente ilícita. Como se demostró en la Comisión, las vejaciones de que fueron víctimas las mujeres, antes había si destinadas a quebrantar movimiento del mismo tipo, desfiles de campesinos, de estudiantes, como ocurrió en la Escuela de Ingeniería, en la Universidad Católica de Valparaíso.

La señora LAZO.-

¡El Salvador, Puerto Montt!

El señor MATURANA.-

El fichaje, la individualización...

La señora LAZO.-

En la "José María Caro".

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señora Lazo!

¡Señor Godoy!

El señor MATURANA.-

... de adversarios políticos, ¿para qué? Para que sean conocidos, de manera que cualquiera los pueda agredir en el momento en que se les reconozca en la vía pública, utilizando el sistema que el marxismo prácticamente ha patentizado en el mundo...

La señora LAZO.-

¿Dijo fascismo?

El señor MATURANA.-

Señora Lazo, para mí hay demócratas y totalitarios. Entre los totalitarios hay marxistas y fascistas, que son de la misma especie.

La señora LAZO.-

Que son de su partido. Usted los tiene.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señora Lazo!

El señor MATURANA.-

Ha habido aceptación y tolerancia de agentes marxistas extranjeros para incentivar la acción de estas bandas armadas. Ha sido absolutamente imposible saber el número exacto, la calidad, condiciones y circunstancias en que han ingresado al país. El Director General de Investigaciones, después de un año de estar siendo requerido, dijo que había enviado -no pudo precisar si a la Cámara o al Senado y no se ha podido averiguar- las listas de ciudadanos que habrían entrado al país pidiendo asilo; pero de los que no han ingresado en estas condiciones, de los que entran clandestinamente, no hay ningún antecedente.

Quiero decir que esta tolerancia de los grupos armados, de lo cual existen abundante testimonio en la discusión de la acusación en la Comisión, guarda una estrecha relación con la ocupación armada de predios, que ha sido, precisamente, la tipificación en Chile de la acción de estos grupos. Un reguero de sangre en la zona sur marca, precisamente, las actuaciones de estos grupos armados. Asaltan y delinquen en los campos, ocupan predios, asaltan poblaciones, atentan contra los propietarios, contra los trabajadores y contra los imponentes que están esperando una casa o un sitio...

La señora LAZO.-

¡Se roban las imposiciones!

El señor MATURANA.-

¿Qué ocurrió con estas cosas? O no fueron impedidas, o no fueron denunciadas, o no se les puso término con eficacia, o no se amparó realmente a las víctimas, o se impidió, muchas veces, el uso de la fuerza pública que estaban requiriendo los Tribunales para amparar a las víctimas. Se negó, así, el auxilio a los damnificados y, lo que es mucho más grave, por la vía de la intervención se despojó al propietario, y prácticamente se premió a los usurpadores.

Esa ha sido la acción del Gobierno en presencia de las "tomas" ilegales de tierras en los campos.

Todas estas cosas están configurando violaciones, por acción o por omisión, de garantías constitucionales, de disposiciones de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es obligación del Ministro del Interior tutelar y cautelar.

Es más, señor Presidente. Yo quiero decir que, desde que asumió el Excelentísimo señor Allende, se ha estado denunciando la acción de un grupo de amigos personales, que se conoce con la sigla de GAP. Pese a la terminante disposición constitucional, en orden a que en Chile no puede existir otro tipo de fuerza pública que las Fuerzas Armadas y Carabineros, lo cierto es que existe absolutamente al margen de la ley.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señora Lazo!

El señor MATURANA.-

Este grupo ha estado actuando sin ningún texto, sin ninguna limitación, sin ningún control de las autoridades públicas, y el hecho de que se haya presentado un proyecto de ley recientemente viene a ser la prueba fehaciente de que durante meses aquí hubo gente armada, pistoleros que viajan por las calles en automóviles a grandes velocidades, que han atropellado personas, que incluso han salido al extranjero y creado dificultades con la policía de otros países. Sin embargo,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOLIS.-

¡Y los que asesinaron a Schneider!

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señora Lazo! ¡Señor Solís!

El señor MATURANA.-

... ahora se está tratando de legalizarlo, pero quiero advertir que se está tratando de legalizarlo con una ley inconstitucional, porque basta recorrer el texto de esta ley para darse cuenta de que a este grupo de amigos personales no' se le encasilla ni en Investigaciones ni en las Fuerzas Armadas. De manera que se le trata de dar una patente de legalidad, pero siempre queda al margen de la exigencia constitucional.

Estos hechos, más las tropelías cometidas en materia de juntas de vecinos, van configurando y tipificando los fundamentos de una acusación constitucional. Pero si miramos, en conjunto, cuál ha sido la reacción del Gobierno frente a este clamor público que se ha traducido, legal y constitucionalmente, en el ejercicio de un derecho parlamentario como es la facultad de acusar, en el funcionamiento de un órgano constitucional como es el Parlamento, como lo fue la Comisión de Acusación, como lo es hoy día esta Cámara, concluiremos que esa reacción es estimar que ésta es una acción ilícita, es desestimar absolutamente los cargos, es entender que ellos no pueden proceder contra los grupos armados, porque los mismos de alguna manera están favoreciendo el tipo de política que el Gobierno pretende proseguir y que en cierto modo le están acelerando el trámite. En esta forma, se produce lo que la opinión pública está viendo. Nunca es fácilmente precisable si estos grupos, que actúan al margen de la ley, lo hacen con consentimiento, con protección, con el visto bueno; o cuándo se va un poco más allá de la mera contravención verbal, de las declaraciones reiteradas de que en Chile debiera terminarse con los grupos armados. Sin embargo, no ha habido ni una sola actuación positiva para un término radical de esto.

Es más, ¿qué nos dicen los funcionarios encargados de su exterminio? Empiezan a escudarse y a complicar la cosa, en si técnicamente constituirían o no un cuerpo con poder de fuego, con la filosofía o con la unidad de mando, para ser encasillados en la definición teórica de lo que es grupo armado, sin importar que prácticamente se hayan apoderado de cientos de predios, como incluso el Ministro del Interior dejó testimonio aquí. ¿Podrá alguien creer que estos miles de predios que han sido ilegítimamente invadidos, tomados por la fuerza, lo han sido por la fuerza de la persuasión, que han convencido a los propietarios de que debían entregar sus tierras? ¡No, señor!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señora Lazo!

El señor MATURANA.-

Lo que ha ocurrido es que las bandas armadas han actuado con impunidad, resolviendo, al margen de la Ley de Reforma Agraria, el problema de la tenencia de la tierra en el sur. Y si uno llegara a tener...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Figueroa!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Figueroa, llamo al orden a Su Señoría!

El señor MATURANA.-

Si uno llegara a tener la ingenuidad de pensar...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Figueroa, amonesto a Su Señoría!

El señor MATURANA.-

... que esto pudiera ser absolutamente contrario...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señora Lazo! ¡Señor Figueroa, llamo al orden a Su Señoría!

El señor MATURANA.-

... absolutamente contrarios...

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Figueroa, llamo al orden a Su Señoría!

El señor MATURANA.-

... al pensamiento de los partidos de Gobierno, quiero decir que en una circunstancia extraordinariamente importante para la Unidad Popular, como es el enfrentamiento a la opinión pública en una campaña política,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Figueroa, llamo al orden a Su Señoría!

El señor MATURANA.-

... como es la de Linares,...

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señora Lazo, llamo al orden a Su Señoría!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MATURANA.-

... los hechos que "manu militari" estas bandas cometieron en el sur de Chile, se convierten en el programa de la candidata de la Unidad Popular en Linares, con las firmas del Partido Comunista, aunque lo han negado, de la Izquierda Cristiana, del Partido Socialista -los únicos que no estuvieron presentes, al decir de un Senador, fueron los radicales- y en él se establece que debe despojarse a los propietarios de sus predios agrícolas a puertas cerradas, que no debe indemnizarse, que no debe haber reserva de la tierra y a pesar de la voluntad de los campesinos, se insiste en los centros de reforma agraria y no, precisamente, en la propiedad individual de la tierra.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Figueroa, llamo al orden a Su Señoría!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Pontigo, llamo al orden a Su Señoría!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MATURANA.-

La gritería del señor Figueroa confirma la veracidad y la certeza de lo que estoy sosteniendo.

¡Cómo poder seguir engañando a la opinión pública si aquí se trata de que bandas de la ultra izquierda que contrarían la voluntad del Ministro del Interior, que contrarían la voluntad de los partidos de la Unidad popular, y cuando tienen que enfrentar al electorado, libre y soberanamente,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Figueroa!

El señor MATURANA.-

... cuando tienen que planificar una acción política, precisamente la fundamentan en lo que estos grupos armados habían hecho en el terreno con sangre, con violencia y con tropelías! Ahora se convierte en un programa, en un programa que lanzan como un globo de ensayo para ver el tipo de repudio que tiene en la opinión pública...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MATURANA.-

Podrá gritar todo lo que quiera el señor Figueroa, pero sabe exactamente que ésta es la realidad de las cosas. Por eso, el país, en presencia de esta acusación constitucional, entiende que se está persiguiendo la responsabilidad de un Ministro que es la cúspide de una organización administrativa que ha violado la Constitución y la ley, que las ha dejado sin ejecución y ha permitido, de esta manera, que nos vayamos al socialismo no por la vía legal, no por la vía democrática, sino que precisamente a través del desbordamiento legal y constitucional,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Figueroa, vuelvo a llamar al orden a Su Señoría!

El señor MATURANA.-

... con lo cual el movimiento se sale de la Constitución y de la ley.

Los partidos de Oposición estamos ejerciendo el único derecho democrático que corresponde, que es enjuiciarlo en el lugar, en el establecimiento y por los medios que la Constitución señala.

Naturalmente que para presionar, para querer torcer la voluntad popular, así como las bandas asaltan en la noche en los predios, así como los grupos tratan de interferir las reuniones públicas de los opositores, ahora, hasta para sesionar, el Congreso tiene que estar acordonado de policías, porque, casualmente, el Gobierno ha traído a masas armadas para que pretendan intimidar.

Yo creo que lo que ocurre hoy día con esta acusación constitucional, es la tipificación más clara de un Gobierno que apenas disimula su carácter totalitario...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MATURANA.-

¡Aquí DiputadoFigueroa, no está en el Caupolicán rodeado de sus amigos para que nos venga a imponer cosas...!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FIGUEROA.-

¡Salgamos afuera!

El señor MATURANA.-

¡Con usted no voy ni a la esquina, señor!

El señor FIGUEROA.-

¡Le tiene miedo al pueblo!

El señor MATURANA.-

¡No es por ello, sino por no andar con usted, lo que es muy distinto!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Señor Maturana, le ruego dirigirse a la Mesa y evitar los diálogos.

El señor MATURANA.-

El Diputado señor Arnello me ha pedido una interrupción y se la concedo.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Su Señoría no puede conceder interrupciones porque no está con el uso de la palabra.

Puede continuar el señor Zaldívar.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Señor Presidente, le concedo una interrupción al señor Arnello.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Zaldívar, tiene la palabra el señor Arnello.

El señor ARNELLO.-

Señor Presidente, al Ministro del Interior le cabe responsabilidad en la violencia que se ha desatado en el país por la acción de los grupos armados. Es inútil que pretendan asegurar que ellos no existen. Las propias afirmaciones hechas en esta Sala por el mismo Diputado que hoy interrumpe, revelan que existe un grupo armado y que el Ministro del Interior no ha cumplido con su deber al respecto. La responsabilidad que le cabe en la destrucción del orden y de la tranquilidad social en el campo, en el atropello a los derechos y a las garantías de los ciudadanos, es algo que debe ser sancionado por los organismos que la Constitución establece y no es ajeno el Ministro del Interior a esos hechos, ni tampoco puede excusar su responsabilidad. En primer lugar, hay que recordar que el ordenamiento jurídico chileno asegura a todos los habitantes del país el respeto de los derechos y de las garantías que la Constitución les otorgan;...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ARNELLO.-

... que corresponde al Ejecutivo resguardar estos derechos y estas garantías, ya que solamente el Ejecutivo tiene el control y la autoridad sobre la fuerza pública y los recursos constitucionales para poner en movimiento los tribunales que deben resguardar la seguridad del Estado. Es el Ministro del Interior quien tiene en sus propias manos esta función. Luego, no puede excusarse ni pretender que sean debilidades de sus subalternos el haberlas infringido, porque es precisamente a él a quien le corresponde impedir que esto suceda. ¡Por el contrario, el Ministro del Interior ha permitido actuaciones que la ley sanciona, omisión culpable en él que debe sancionarse; ha amparado hechos que configuran delitos precisos y establecidos en el Código Penal chileno, actuación responsable del Ministro que también debe sancionarse ; ha amparado a los hechores, permitiéndoles la impunidad, y aun con su firma en decretos de intervención y de nombramiento de interventores, que puedan aprovecharse de los efectos del delito, lo que lleva a la gravedad de configurar la responsabilidad de encubridor de esos mismos delitos.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ARNELLO.-

Pero de lo más grave que el Ministro debe responder, es que para realizar esta política, que no son hechos casuales, porque los ha señalado como política del Gobierno, ha tenido que separar a la fuerza pública del estricto cumplimiento de las disposiciones legales que la rigen. El Ministro del Interior sabe que Carabineros tiene la obligación de respetar las instrucciones establecidas en la Ordenanza General de Carabineros, que es un cuerpo legal de la República. En ella se señala que al Cuerpo de Carabineros le corresponde resguardar el orden público y la tranquilidad social. Y el señor Ministro sabe, porque ha pretendido señalarlo como justificación de la actuación de los detectives que ametrallaron a tres muchachos en Providencia, que la fuerza pública debe actuar en caso de delito flagrante. Pues bien, Honorable Cámara, en las ocupaciones que se han realizado en los campos; en los actos de violencia que han significado no sólo usurpación, sino violación de domicilio, que han significado heridos,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ARNELLO.-

... que han significado infracción a cuatro garantías constitucionales, es decir, delitos flagrantes, el Ministro del Interior ha ordenado al Cuerpo de Carabineros no intervenir en contra de los hechores. Tan cierto es esto, que el propio Director General de Carabineros, preguntando sobre la vigencia de las circulares confidenciales uno y tres, que se le indicó que eran del año 1962, contestó que iba a averiguar si estaban vigentes o no. Posteriormente, por oficio, debió señalar que no estaban derogadas, pero que había órdenes verbales que ordenaban una aplicación distinta...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ARNELLO.-

Al hacerlo así, el Ministro está haciendo que no se cumpla la disposición del artículo 260 del Código de Procedimiento Penal, que obliga precisamente a Carabineros a detener a los hechores de delitos flagrantes. Y el caso de usurpación, de ocupación armada; los casos de violación de domicilio, de secuestro y de retención de personas, son todos delitos flagrantes que deben sancionarse en el mismo instante y que deben perseguirse mientras ello suceda. Nada de esto ha podido hacerse, porque lo impiden, precisamente, las instrucciones dadas por el señor Ministro del Interior.

Bastaría recordar, para que se compruebe la efectividad de lo que estoy sosteniendo, el primer caso ocurrió recién instalado este Gobierno. Yo mismo lo denuncié en esta Sala a comienzos del mes de diciembre, cuando dije que Carabineros que fueron a presenciar la situación producida en un fundo cercano a Santiago, donde los propietarios estaban retenidos en sus casas por un grupo armado que les impedía salir de ella o que entrara otra persona, fueron agredidos a tiros por los ocupantes, Al repelerse la agresión y contestarse los disparos de que habían sido víctimas, quedó herido uno de los ocupantes.

El propio Ministro del interior ordenó instruir sumario y abrir proceso en la Justicia Militar al Oficial de Carabineros que había comandado el grupo que hizo legítimo uso de sus armas en defensa propia, frente a un grupo de delincuentes...

El señor TEJEDA.-

No cuente más...

El señor ARNELLO.-

Esto es así. Y el propio General Director de Carabineros lo reconoció en la Comisión cuando yo se lo plantee.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ARNELLO.-

De manera que está claro cómo comenzó toda una política que hemos podido presenciar a lo largo de Chile, en muchos casos, incluso en casos menos graves, pero también graves, cuando los miristas y otros de la Unidad Popular apedreaban y golpeaban detrás de las filas de Carabineros y detrás de sus vehículos, aquí frente al Congreso, a estudiantes de la Universidad Católica. Y un Oficial a quien se le pidió que evitara esos ataques, por ser una manifestación autorizada la que hacían los universitarios agredidos, contestó que no tenían instrucciones que les permitieran actuar así.

El señor PALESTRO.-

¡Mentiras!

El señor ARNELLO.-

Mentiroso será Su Señoría, que tiene que esconderse tras esos bigotes...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ARNELLO.-

Esto demuestra que se está colocando, a la fuerza pública en la imposibilidad de cumplir con su deber.

Quiero señalar algo más. De los antecedentes enviados por Carabineros a la Comisión, de los 53 casos de violencia que señalan en su larga lista, 36 de esos casos son cometidos por grupos violentistas marxistas armados. Ahí hay muertos y ahí hay heridos; hay personas que están revelando con su propia muerte las armas que tienen esos grupos; sin embargo lo niegan. Bastaría recordar algunos de esos casos para ver cómo están unos y otros provocando este clima de violencia que no se puede aceptar.

El señor PALESTRO.-

La población "José María Caro".

El señor ARNELLO.-

Además, vale la pena recordar que hay hechos muy sugestivos que, sin embargo, el Gobierno ignora.

Esta política de permitir que los grupos armados marxistas vayan tironeando siempre de la chaqueta a la ley; que vayan actuando y creando condiciones de violencia, ocupando centenares de predios y provocando víctimas, sólo es refrenada en el momento en que ya el clamor de la opinión pública y la protesta excede los límites de lo que parece posible resistir. Entonces empiezan a buscar medidas para aplacar esta situación; a colocar "luminaletas" para que el país no proteste con la energía con que deben resguardarse los derechos. Cuando se ampara, de una manera que no cabe duda, a grupos que han demostrado su responsabilidad en hachos delictuales, se está indicando también la connivencia y la complicidad política que con ellos tienen.

No hay de parte del Gobierno acción legal alguna dirigida en contra del Movimiento de Izquierda Revolucionaria ni del Movimiento Campesino Revolucionario.

El Presidente de la República en una oportunidad, cuando se dirigía a Antofagasta a reunirse con el Presidente de Argentina, señaló que había dado instrucciones de querellarse contra los editores de la revista "El Rebelde" del MIR por una publicación que ofendía a las Fuerzas Armadas. Han pasado largos meses y la querella no se dedujo ni se presentó.

Hay hechos también sugestivos. Un dirigente mirista, que en su prontuario tiene el haberse baleado con detectives durante el Gobierno anterior, y que fue indultado por el Presidente de la República, llegó un día a la Posta, herido a tiro en una pierna, pero se expresó que su propia arma se le había caído al suelo y se le había disparado. Es decir, este dirigente mirista, después del indulto, continuaba armado.

El señor PALESTRO.-

¡Qué tremendo!

El señor ARNELLO.-

Otro mirista de apellido Fernández, desgraciadamente murió en el sur del país al reventarse un cartucho de dinamita que llevaba en el bolsillo. En consecuencia, andaba armado.

Existe también el caso de la propietaria del fundo "Tregua", de Valdivia, que fue ocupado por un grupo armado dirigido por uno de los jefes del MIR, de la región de Valdivia, que es, a la vez, inspector de distrito de Coñaripe. Esa mujer murió a consecuencia del secuestro, del pavor y de los vejámenes y escarnios a que fue sometida.

El señor CARVAJAL.-

¿Y los que murieron en Puerto Montt?

El señor ARNELLO.-

El caso de la anciana Domitila Palma, que murió del corazón al ser ocupado su predio; al ser ametrallada por los ocupantes su casa. En consecuencia, también estaban armados.

El Gobierno, por denuncias reiteradas, por acción propia de Carabineros en algunos casos, como en Osorno, o por incidentes sangrientos provocados, ha encontrado armas de militantes del MIR en Linares, Osorno, Parral y en fundos de Cautín y Valdivia. Es decir, todos estos casos están demostrando que es un movimiento organizado, que es un movimiento armado, que es un movimiento que hace público su doctrina y su apostolado, como se indicaba esta mañana, parece el sostenimiento de una acción revolucionaria violenta y armada. Pero para el señor Ministro, que seguramente tiene buenos amigos allí, esto no constituye grupo armado, no constituye una intranquilidad social, no constituye una peligrosidad que pueda afectar los derechos constitucionales, la libertad de las personas, sino que parece que es como un tercero coadyuvante para seguir adelante un camino revolucionario, que cada día, por incapacidad o con dañado propósito, se aleja más del espíritu de la ¡Constitución, y del espíritu de la libertad y de legalidad con que Chile se ha creado y que vamos a mantener...

-Hablan varios señores Diputados a, la vez.

El señor ARNELLO.-

... así les pese, así traten de salirse del camino, porque estamos conscientes de la responsabilidad que el país nos ha dado y de la comprensión que el pueblo otorga a quienes están luchando en estas trincheras. Por lo demás, no van a amedrentar a nadie; podrán continuar el camino delictual, pero cada vez quedarán más solos, porque Chile les va a demostrar que está con los que han de defender su libertad y su democracia. Podrán pasar por encima de divergencias, de enemistades, de incomprensiones para cerrar este cauce archi generoso que es nuestra Patria, donde caben divergencias, pero no tiranías; donde cabe la libertad, pero no la anarquía ni la miseria moral que reflejan muchos de los que aquí están gritando, cuando debieran sentir que, por lo menos, existe un afán de servir a la Patria con honestidad, limpieza y sinceridad.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Zaldívar, don Alberto.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Palestro!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría!

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Concedo una interrupción a mi colega Pabla Toledo.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Arnello, llamo al orden a Su Señoría!

Tiene la palabra la señora Toledo.

La señora TOLEDO.-

En reiteradas ocasiones he denunciado en la Cámara, y también personalmente al Presidente de la República, que tuvo la gentileza de recibirme, la existencia de grupos armados en mi provincia y el clamor público de los pequeños agricultores, de éstos principalmente, porque los grandes latifundistas ya no quedan, y porque a ellos cuando se les toma un fundo proceden a entregarlo a la CORA; negocian con ella y entregan su predio. No hay problemas con ellos. Los problemas están con los pequeños agricultores que tienen 10, 20 u 80 hectáreas físicas; con los mapuches ubicados en la cordillera. Es público y notorio en Chile que la cordillera y la precordillera de nuestra provincia, principalmente el departamento de Panguipulli, ha sido víctima de los grupos de terroristas que han actuado encabezados por el que se hace llamar "Comandante Pepe", José Gabriel Liendo. Nadie puede negar que existan. Se podrá decir que no son grupos armados, como se ha sostenido, porque no tienen bombas atómicas ni seguramente tanques como el Ejército y la Armada.

Es verdad que no tienen armamentos como el Ejército, pero tienen metralletas y machetes, como los que se usaron en Sierra Maestra, en Cuba. Lo he visto personalmente y por eso lo sostengo. Lo he visto cuando he visitado la zona Choshuenco y he sido interceptada por grupos que portaban grandes machetes y metralletas. Y lo ha visto el pueblo de Panguipulli. Es verdad que estos grupos, y lo sabe toda la ciudadanía de Valdivia, hacen requisiciones de animales. Es cierto que la Constitución se lo prohíbe a las Fuerzas Armadas, pero estos grupos requisan animales y proceden a comérselos.

Y esto no es todo.

También detienen a las personas y proceden a mantenerlas secuestradas en sus propios hogares y detenidas sin que nadie pueda protegerlas en esos abandonados sectores cordilleranos. Ahí permanecen horas y horas detenidas. Como se mencionó, la primera sacrificada, la señora Meche, permaneció horas y horas detenida, encerrada en una pieza, y víctima del pavor se suicidó en condiciones bastantes discutibles, que la justicia no ha aclarado debidamente.

También se han apropiado de explosivos que se usan para obras camineras. Como se dijo el otro día en la Comisión, el propio Senador Sule en televisión dijo que al Comandante (Pepe no se le había podido detener, porque tenía muchos explosivos, que podía haber volado Panguipulli; 150 carabineros que fueron a detenerlo no pudieron hacerlo. Este es un hecho reconocido por los sectores de la Unidad Popular. Tanto es así que por denuncia de Carabineros, no porque hubiese nacido del Gobierno o del Ministro del Interior, sino que por la protesta pública de Carabineros de Valdivia, se procedió a destituir al Gobernador de Panguipulli.

Era un hecho público en Valdivia, como he dicho, que desde la propia Intendencia y desde la Gobernación se apoyaba con alimentos y vituallas a estos grupos, que funcionaban y han estado funcionando hasta ahora en la precordillera. Se dispararon asentados contra asentados en el asentamiento de Arquilhue, porque los grupos armados procedieron a dividirlos y a enfrentarlos, grupos armados que actuaron en contra de campesinos, en contra de asentados que defendían su derecho a permanecer en la tierra. Todos sabemos la triste historia de esos asentados, de ese asentamiento de trescientas y tantas familias, que la CORA lo transfirió al complejo maderero, como se transfería una encomienda en la época colonial. Lo transfirió con animales, lo transfirió también con los asentados, con sus hijos, sus mujeres, sus créditos y sus esperanzas, como se transfería, en la época colonial, como he dicho, una encomienda. ¡Triste historia la de estos pobres campesinos, que conocieron lo que significa la esperanza de tener tierra propia, que tanto se les prometió a los campesinos chilenos...!

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¿Me permite, señora Toledo? Ha terminado el tiempo de que disponía el señor Zaldívar para apoyar la acusación.

Ofrezco la palabra a un señor Diputado que impugne la acusación.

El señor ESPINOZA (don Gerardo).-

Pido la palabra.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Espinoza, don Gerardo.

El señor ESPINOZA (don Gerardo).-

Señor Presidente, colegas Diputados, la Cámara conoce hoy el informe de la acusación interpuesta por diez señores Diputados del Partido Demócrata Cristiano en contra del compañero Ministro del Interior, don José Tohá González, por supuestas infracciones a la Constitución Política del Estado y a diversas disposiciones legales vigentes. Ya hemos escuchado tanto el informe del libelo acusatorio, suscrito por la mayoría, formada por los Diputados integrantes de los Partidos Demócrata Cristiano, Nacional y Democracia (Radical, como los descargos formulados por el compañero Ministro.

En su respuesta, este último, analizando los hechos que sirven de fundamento a la acusación, como las consideraciones y principios de carácter jurídico en que se sustenta, desvirtúa en términos absolutos la existencia de tales infracciones, de modo que parecería innecesario hacer mayores alcances en relación con ello. Sin embargo, los Diputados socialistas, por mi intermedio, queremos poner el acento en algunos de estos hechos para demostrar, no sólo la inconsistencia de la acusación, sino la evidente mala fe y los inconfesables móviles políticos que tuvieron sus autores para deducirla.

Desde hace algún tiempo, en numerosas intervenciones, los Diputados de estos bancos hemos enjuiciado severamente la acción política del Partido Demócrata Cristiano. En una reciente intervención que yo hiciera a nombre de los Diputados de la Unidad Popular y en respuesta a la del colega Ruiz-Esquide, don Mariano, de fecha 30 de noviembre pasado, luego de un exhaustivo - análisis de la conducta observada por este partido durante el primer año de Gobierno Popular, denunciaba la progresiva e inexorable derechización de su política oficial, destinada más a crear dificultades y obstrucción a los planes del Gobierno Popular que a impulsar los cambios que ellos dicen defender, cambios que, por lo demás, no sólo han formado parte consustancial de su programa de gobierno, ofrecido por su candidato señor Tomic, sino que, además, se han ido cumpliendo en forma consecuente por el actual Gobierno de la Unidad Popular.

La presente acusación es una movida más en este sinuoso tablero de ajedrez político, en que los sectores reaccionarios que dirigen esta política oficial de la Democracia Cristiana, haciéndole el juego a la Derecha y al fascismo, pretenden una nueva provocación, cuya finalidad es la de deteriorar la imagen de este Gobierno, confundir a la opinión pública y converger, aliados a estos sectores, hacia una nueva escalada de carácter sedicioso.

Si analizamos los fundamentos de hecho que sirven de base a la acusación y en especial los que dice relación con la supuesta existencia de grupos armados ilegales y las no menos supuestas infracciones al derecho de reunión, consagrado en el artículo 10, Nº 4, de la Constitución Política del Estado, a la luz de los antecedentes aportados a la Comisión por las diferentes personas, tanto funcionarios como testigos, convocadas para deponer, vale la pena dejar expresa constancia de las siguientes consideraciones, que resultan de pruebas incontestables y no contradichas.

Mucho caudal se hace en el libelo acusatorio de la existencia de organizaciones denominadas genéricamente como grupos armados ilegales. Repitiendo literalmente a los acusadores, se trataría de "un hecho político, notorio y que ha producido y produce gran alarma pública", para asegurar, más adelante, que tales grupos "presionan a la opinión nacional, suplantan o interfieren a la fuerza pública y actúan, con diversos pretextos, impidiendo el correcto ejercicio de los derechos y de las garantías que ofrece nuestra Constitución Política a los habitantes del país".

Entrando en las precisiones, sindican como grupos armados ilegales a los organismos políticos denominados Brigadas de Propaganda "Ramona Parra", del Partido Comunista, y "Elmo Catalán", del Partido Socialista, al dispositivo de seguridad que protege la vida del Presidente de la República y a algunas organizaciones ajenas al Gobierno y a la Unidad Popular, como el MIR, FER, MCR, VOP y FTR.

Incidentalmente, y al paso, se menciona en el libelo la existencia de "grupos antagónicos", los que se habrían originado como réplica a los anteriores y a los que el Gobierno asociaría con el grupo llamado "Patria y Libertad".

Vale la pena hacer presente que la existencia de grupos armados de carácter ilegal, en los términos que están planteados en la acusación, no son en Chile una novedad. Existen y han existido siempre, si por ello se entiende la existencia de grupos de personas que portan armas contundentes o de fuego. De manera que plantear una acusación constitucional en contra del Ministro del Interior de turno, por la sola existencia de estos grupos, habría sido una rutina política y una práctica inveterada de los grupos opositores desde el origen de nuestra vida republicana. Existieron en tiempos del Gobierno del señor Frei, para remitirnos a un ejemplo más cercano, grupos armados tales como FIDUCIA, como la VOP y las guardias blancas organizadas por los agricultores y los terratenientes, de las que el señor Maturana parece haberse olvidado, estas últimas causantes del asesinato de Hernán Mery. Valdría la pena hacerse la pregunta de si algún Ministro del Interior de ese Gobierno fue acusado por la sola existencia de estos grupos armados.

De la defensa del Ministro fluye, además de la correcta definición de lo que se entendería por grupos armados ilegales en condiciones de ser detectados y de poner en peligro la estabilidad institucional, el hecho de que estos grupos existen independientemente de la voluntad de los Gobiernos, o sea, de facto, de manera que resulta absurdo pretender establecer responsabilidad de los Ministros del ramo por la sola circunstancia de la existencia de estos grupos, o bien, pretender que el conocimiento de su existencia constituye un acto de mera tolerancia.

Al revés, el Ministro, en su defensa, ha demostrado que los grupos que tienen el carácter de armados ilegales y que han actuado durante este Gobierno, han sido reprimidos con el uso de la ley y de la fuerza pública. Por ejemplo, la VOP, grupo responsable del asesinato del señor Pérez Zujovic, fue destruido y desorganizado por la acción de la fuerza pública en virtud de la rápida intervención del Gobierno. ¿Podrán decir lo mismo los Diputados de la Democracia Cristiana en relación con la existencia de un grupo armado que actuó en el asesinato del General Schneider, cuyos autores materiales huyeron del país, burlando la acción de la justicia?

Resumiendo, en primer lugar, conviene dejar en claro, sobre este asunto de los grupos armados ilegales:

1°.- Que no se puede imputar responsabilidad a un Gobierno por la existencia de estos grupos, los cuales, repito, han existido y existen independientemente de la voluntad de los Gobiernos.

2º.- Que sólo es dable perseguir responsabilidad a un Gobierno cuando un grupo armado ilegal actúa perpetrando delitos expresamente sancionados por la ley y provocando, de hecho, una amenaza a la institucionalidad vigente, caso en el cual, en consecuencia, los organismos responsables del mantenimiento del orden deben utilizar los mecanismos legales para procesarlos y sancionarlos.

3º.- Que hay grupos armados que mantienen su existencia desde mucho antes que asumiera el mando el Presidente Allende y que, por lo menos, uno ha usado las mismas manifestaciones que sirven de fundamento a esta acusación para desatar la violencia, para alterar el orden público y para cometer toda clase de delitos contra la seguridad interior del Estado. Me refiero a las "guardias blancas" organizadas por el siniestro grupo llamado "Patria y Libertad", organismo grato a un importante sector de esta Cámara, financiado por poderosos sectores económicos de este país y que, curiosamente, aparece marginado del libelo acusatorio, salvo esa referencia al paso de que se ha hecho mención.

4º.- Que denominar grupo armado, en forma indiscriminada, a todo grupo de personas que, portando armas contundentes o de fuego, se organice con finalidades específicas y que, en todo caso, no constituya un peligro para la estabilidad institucional ni se declare en abierta sedición en contra del orden establecido, conforma un procedimiento peligroso y hasta arbitrario. Sin lugar a dudas que el grupo de seguridad que defiende la vida del Presidente Allende, legalizado o no, no constituye un grupo armado en los términos que plantea el libelo. El solo hecho de que todos los sectores políticos de esta Cámara -incluido el Partido Nacional, de boca de cuyo representante, el DiputadoPatricio Phillips, escuchamos los fundamentos para legalizarlo- hayan aceptado institucionalizarlo, constituye un mentís a tal afirmación.

El señor AMUNATEGUI.-

Pero es ilegal.

El señor ESPINOZA (don Gerardo).-

Por el contrario, su existencia está justificada por la manifiesta necesidad de disuadir atentados terroristas contra la persona del Presidente de la República o de Jefes de Estado extranjeros, los cuales, aunque ajenos a nuestra mentalidad y práctica tradicional, constituyen un peligro latente, luego de los ejemplos de los asesinatos del General Schneider y del señor Pérez Zujovic, que el Gobierno y el país tienen la obligación de prevenir.

A mayor abundamiento, las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior del Estado, Nº 12.927, trascritas también en la acusación, descalifican los conceptos de grupos armados ilegales en relación con las diversas organizaciones propagandistas, como la Ramona Parra y Elmo Catalán. La ley exige la concurrencia de una serie de elementos de orden jurídico para tipificar a los grupos armados ilegales. Ellos no concurren en ningún caso con relación a estos grupos, los que son esencialmente organizaciones propagandistas, dependientes de dos partidos políticos con existencia legal, como son el Partido Comunista y el Partido Socialista, respectivamente, y cuya finalidad fundamental es la confección de rayados murales de propaganda, de la cual la opinión pública tiene buenas muestras en todas las ciudades y pueblos de Chile y la que se encuentra, por lo demás, expresamente autorizada por la ley y la autoridad administrativa. No son organizaciones paramilitares ni tienen el objetivo de alterar el orden público, alzarse contra la autoridad constituida o sustituir a la fuerza pública. Cualquier afirmación en sentido contrario, señores Diputados, constituye una infamia de las que habitual-mente se profieren por los sectores reaccionarios para deformar la verdad y descalificar a los partidos populares.

5º.- Las demás organizaciones mencionadas en el libelo acusatorio, denominadas MIR, FTR, VOP o MCR, por encima o al margen de su eventual condición de grupos armados, lo cual podría ser cuestionable, son fundamentalmente movimientos de tipo político ideológico, de escasa gravitación en los sectores de masas y ajenos al Gobierno y a la Unidad Popular. Con excepción de la VOP, cuya acción desquiciadora y anárquica provocó el acto terrorista que culminara con el asesinato del ex MinistroPérez Zujovic, caso en el que, como hemos dicho, su actitud criminal fuera prontamente reprimida, sus autores detenidos y procesados y su organización disuelta por el empleo legítimo de la ley y de la fuerza pública, todas las demás mencionadas no tienen en la actualidad el carácter de organizaciones sediciosas ni pretenden sustituir a la fuerza pública. Lo prueba el hecho de que han manifestado, por lo demás, en forma expresa, su reconocimiento y respaldo al Gobierno legalmente constituido y, en algunos casos, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, han prestado su colaboración para investigar, denunciar y desbaratar las actividades sediciosas, golpistas y fascistas de grupos como el de Patria y Libertad o actividades terroristas y criminales, como las de la VOP.

Mal puede, entonces, atribuirse a estas organizaciones el carácter de grupos armados ilegales, no sólo por lo que establece el contexto de la ley, sino porque en su accionar no preconizan la sedición contra la autoridad legítimamente constituida. Sus posiciones tácticas, pública y responsablemente señaladas por sus dirigentes, son discrepantes de la política sostenida por la Unidad Popular y por el Gobierno en cuanto al carácter del proceso revolucionario chileno y en cuanto a la vía para llegar al socialismo. Nadie hace misterio sobre ello. Por lo tanto, no aparece claro qué es lo que realmente se pretende por los acusadores. ¿Acaso se desea que el Gobierno inicie una política represiva en contra de sus miembros, como lo hiciera la Democracia Cristiana en el pasado Gobierno, por lo sola circunstancia de que se declare que el MIR busca la instauración del socialismo por la vía armada? ¡Curiosa manera de preservar los valores de la libertad y de la democracia tienen los autores de esta acusación si ello fuera así! No se puede reprimir ni perseguir a nadie por las ideas que profese, sobre todo cuando ellas forman parte de una concepción ideológica global como la que respetablemente sustentan los partidarios de dichas tácticas.

6º.- Tampoco parece claro dar el carácter de grupos armados ilegales a los que en los últimos tiempos realizan tomas de fundos, predios rurales y urbanos, con la pretensión de impulsar y acelerar la reforma agraria y la solución del problema habitacional. El Gobierno ha expresado, en forma inequívoca, su pensamiento frente a estas tomas. Por su naturaleza constituyen, por cierto, la expresión de la impaciencia -muchas veces fomentada por grupos adversos a este Gobierno- de sectores que, al margen de las disposiciones legales, actúan defacto, para lo cual se organizan, se premunen de palos y otros instrumentos contundentes y, muy raras veces, de armas de fuego.

Junto con rechazar estos procedimientos, el Gobierno ha elegido la vía del diálogo con estos ocupantes ilegales, consciente de que el uso irracional del aparato represivo, del cual hicieron gala otros gobiernos, entre ellos los que representan los sectores de la acusación, a nada conduce, salvo a causar males mayores o desgracias irreparables. Frescos están aún los luctuosos hechos de Pampa Irigoin como para que la Democracia Cristiana no haya extraído la experiencia histórica necesaria en cuanto a la inutilidad e inconveniencia política de tales actuaciones. No nos arrastrarán a acciones represivas irresponsables para, posteriormente, enrostrarnos las víctimas que en ella se causen. No ha triunfado el Gobierno popular para servir bastardos intereses. Preferimos el diálogo para elevar la conciencia de nuestro pueblo, su sentido de responsabilidad, para que comprenda su popel de protagonista histórico de los cambios que impulsa el programa.

7º.- El Ministro, en su defensa, ha desvirtuado cada uno de los hechos mencionados en el libelo como fundamento de grupos armados ilegales. Sin embargo, en esta acusación hay una omisión deliberada y sospechosa dé una serie de hechos de violencia protagonizados por aquellos con quienes simpatizan los sectores de la acusación. Quiero referirme, solamente, a las tomas realizadas por grupos de personas, por lo menos armadas de instrumentos contundentes, de algunas facultades de la Universidad de Chile, tales como la Escuela de Derecho, la Escuela Dental y la Escuela de Ingeniería. Quienes ejecutaron esos hechos de violencia lo hicieron usando los mismos procedimientos, por lo menos, que los usados en otras tomas objetadas por la Oposición; utilizando toda clase de armas, como ha quedado demostrado en el curso de investigaciones de la Comisión. Es más, ante la decisión de los estudiantes de retomar la Escuela de Ingeniería sacando a los grupos que allí se habían parapetado, estos últimos se defendieron utilizando ácidos y compuestos químicos, que causaron lesiones de consideración a estudiantes universitarios, individualizados en este proceso.

Hay denuncias de que en la Escuela de Derecho, durante la ocupación de ese plantel, grupos de guardias blancas pertenecientes al grupo Patria y Libertad acumularon allí explosivos y bombas "molotov" y realizaron toda clase de atentados, uno de los cuales consistió en atacar al propio Ministro del Interior, que transitaba por ese lugar. Sin embargo, todos estos hechos de violencia parecen no llamar la atención de los sectores partidarios de la acusación. De acuerdo con las tipificaciones que ellos plantean en su libelo, ¿no son, acaso, estos grupos armados ilegales? ¿No tienen tanta o más peligrosidad para el sistema democrático y para el ejercicio de las libertades públicas que los otros grupos que tanto inquietan a Sus Señorías?

¡Fraudulenta manera de usar la vara de la justicia se gastan los colegas partidarios de la acusación!

8º.- Pero aún hay más. Ya antes del triunfo de la Unidad Popular, la Derecha había empezado a crear sigilosamente grupos armados y de choque, que luego fueron usados "eficientemente" durante las postrimerías del Gobierno del señor Frei. Estas guardias blancas, organizadas con instrucción paramilitar, fueron denunciadas oportunamente por la Democracia Cristiana y por los partidos de la Unidad Popular, en aquel entonces en la Oposición. Sus "hazañas", aparte de causar pérdidas irreparables, pusieron realmente en peligro la estabilidad del régimen democrático, porque ellas tenían como propósito fundamental alzarse contra el régimen constituido y declararse en abierta sedición.

El asesinato del funcionario de CORA Hernán Mery, que causara una repulsa pública, a cargo de estos facinerosos, fue discutido y analizado aquí en esta misma Corporación, y todos recuerdan que la existencia de estos grupos armados y su actuación merecieron el respaldo de algunos colegas que aquí se sientan, llegando uno de ellos al extremo de desafiar al país con la repetición de esos atentados, en abierta oposición a la Constitución y la ley.

¿Con qué autoridad moral pretenden estos personeros acusar hoy a este Gobierno de tolerar la existencia de grupos armados ilegales, cuando el único que realmente tiene ese carácter debe su origen a los sectores que ellos tradicional-mente defienden? ¡Con qué olvido y desaprensión los sectores más conscientes de la Democracia Cristiana parecen solidarizar hoy con los que ayer los agredieron, para sumarse a esta imputación que, además de inconsistente, forma parte, como probaremos más adelante, de todo un contexto de provocaciones contra el Gobierno Popular!

Luego viene el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider, culminación de todo un proceso sedicioso fallido, pero que en su esencia, por la naturaleza de los móviles perseguidos y por el carácter e individualización de los que participaron, buscaba la alteración del régimen de convivencia democrático, el alzamiento armado y el golpe de Estado, destinado a impedir el proceso constitucional del ascenso al poder del compañero Presidente Salvador Allende.

Sí, señor Presidente, quienes hoy día emplazan a este Gobierno y acusan a su Ministro del Interior de tolerar la existencia de grupos armados ilegales carecen de autoridad moral para hacerlo y están descalificados ante el país para erguirse en campeones de la democracia y el estado de derecho. Como prueba irrefutable, allí está el brazo armado de la reacción, este siniestro organismo llamado Patria y Libertad, usado de vanguardia de choque en todas las asonadas callejeras de los últimos meses y, en especial, en los atentados y asaltos perpetrados en las sedes universitarias y durante la marcha de las cacerolas, en el asalto y atentado a las secretarías de los Partidos Radical, Comunista y Socialista, y en las agresiones a diversas personas, entre ellas al compañero Rodrigo Ambrosio, Secretario General del MAPU; en las depredaciones cometidas por las bandas armadas por esta organización en la comuna de Providencia, en el asalto a, incendio del domicilio del Ministro de Salud y en el baleo de la propia residencia del Presidente de la República.

El libelo acusatorio ignora todos estos hechos y tiende sobre ellos un manto de piadoso silencio.

En consecuencia, señor Presidente, resultaría ocioso, a estas alturas, referirse a este capítulo de la acusación, por la tendencia de sus autores a "ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio". El compañero Ministro ya ha puesto en evidencia no sólo lo absurdo e inconsistente de la acusación, sino que además ha demostrado que ella tiene otros objetivos y otros móviles.

Señor Presidente, los socialistas vamos a votar en contra de la acusación, pues la consideramos la reiteración de una conducta persistente del Partido Demócrata Cristiano, esta vez dirigido por su sector más reaccionario y revanchista, en orden a participar, ya desembozadamente, en un entendimiento político defacto con los sectores más reaccionarios de la Derecha chilena Descalificados ya los aparentes móviles de "rectificación democrática" que pretenden sus autores, tanto por la contundencia de la defensa del Ministro como por los resultados de la investigación de la Comisión especial, sólo resta pensar que los verdaderos objetivos de esta acusación son los de constituir un nuevo hecho político que, sumado a los ya existentes de la contingencia actual, confirma las reiteradas acusaciones formuladas por nuestro partido en orden a la existencia de toda una "escalada" dirigida en contra del Gobierno de la Unidad Popular y, fundamentalmente, en contra de la estabilidad del sistema democrático y constitucional vigente. Su meta final es alcanzar una versión "a la chilena" de la sedición. Los sectores más golpistas han fracasado en subvertir el orden público y de crear el caos. No han tenido ningún eco en los sectores mayoritarios del país. Han sido repudiados por todos los sectores políticos mayoritarios, por las organizaciones de los trabajadores, como la demuestra la presencia multitudinaria de los trabajadores de Santiago, que están rodeando este Congreso, al revés de como lo hacen las bandas fascistas, esperando con calma y con tranquilidad los resultados de esta votación.

Hoy es una hora de profunda meditación y de examen de conciencia para los sectores genuinamente democráticos de la Democracia Cristiana, que los hay, sobre todo en esta Corporación, porque buena muestra han dado de ello. Esperamos que, por lo menos, al votar por disciplina afirmativamente esta acusación, estén conscientes del juego antidemocrático en que se han visto envueltos por los que hoy dirigen su destino.

Señor Presidente, nuestro Partido permanecerá alerta para denunciar implacablemente a los que, defendiendo sus más tardos intereses, amagadas por la realización de cambios de este Gobierno, no han vacilado en colocar al país al borde de una crisis política de esta magnitud. Por fortuna, los sectores mayoritarios están por los cambios y este Gobierno verá cada vez más ensanchado su respaldo. Por nuestra parte, cumpliremos a cabalidad lo que prometimos a Chile y a su pueblo, sin vacilaciones y con la conciencia de que edificamos una sociedad más justa, más humana, para hacer efectiva realidad los valores permanentes de democracia y libertad.

Señor Presidente, he concedido una interrupción a don Pedro Felipe Ramírez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Espinoza, tiene la palabra el Diputado señor Pedro Felipe Ramírez.

El señor RAMIREZ (don Pedro Felipe).-

Señor Presidente, los Diputados de la Izquierda Cristiana vamos a votar en contra de esta acusación constitucional, porque de los estudios realizados en la Comisión se desprenden dos cuestiones básicas : que la acusación constitucional no tiene, en primer término, base jurídica para ser sustentada; no hay en la acusación ninguna descripción específica de acciones u omisiones deliberadas del Ministro del Interior que signifiquen una transgresión de las leyes, haberlas dejado sin ejecución o haber comprometido gravemente la seguridad de la Nación.

En segundo término, porque cada uno de los hechos que sirven de fundamento al libelo acusatorio han sido desvirtuados por la presencia de los testigos y por el análisis de los testimonios realizados en la Comisión.

Pero es claro que esta acusación constitucional, que debiera ser rechazada solamente por estos dos antecedentes, por no tener base jurídica y no ser válidos los hechos que se aducen para su fundamento, ha sido planteada por el Partido Demócrata Cristiano como una acusación de carácter político.

El hecho de que haya sido anunciada por el propio Presidentedel Partido Demócrata Cristiano y de que los Diputados tengan orden de partido para votarla a favor esta tarde, y el hecho de que los Sonadores democratacristianos hayan anunciado, en contra del Reglamento del Senado, votar con voto abierto, cuando ellos son jueces que deben juzgar una causa que deben analizar en la Sala cuando se discute, demuestra claramente el carácter político de esta acusación constitucional.

Es por eso que nosotros vamos a referirnos, precisamente, al fondo político de esta acusación.

Ya está demostrado que lo que se quiere con esta acusación constitucional es dejar la impresión en el país de que se vive en una situación de violencia descontrolada que el Gobierno ampara y tolera. Y ha quedado demostrado frente a eso, por las propias declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats, que en Chile no existen grupos armados de los cuales haya que preocuparse, en virtud de la estabilidad del país y su Gobierno.

Pero es evidente para todos que la afirmación nuestra de decir que no hay grupos armados en Chile no esconde la pretensión de decir que en nuestro país no hay gérmenes de violencia. Pero es bueno que el país sepa, es bueno que en esta Cámara se analicen las razones por las cuales se produce esa violencia.

Es de todos conocido, no sólo por nuestros estudios teóricos, sino por nuestra práctica diaria en la lucha política, que cuando existen en los pueblos situaciones de injusticia, cuando los pueblos no ven satisfechas sus necesidades, cuando son objeto de la más implacable explotación por parte de minorías privilegiadas, esos pueblos se sublevan y buscan cualquier camino para salir de la explotación, buscan cualquier camino para conquistar la justicia, para satisfacer sus necesidades esenciales.

Y es evidente que, en el curso de los últimos años, hemos visto en el país cómo campesinos, pobladores, estudiantes y trabajadores han hecho uso de la presión violenta para alcanzar éxitos en su lucha, para protestar, para pedir más justicia y para trabajar por suprimir la explotación. Esto no es nuevo. Los Diputados democratacristianos, en años pasados, estuvimos presentes en las "tomas"; estuvimos junto a los campesinos, presionando a favor del proceso de reforma agraria. Y nosotros veíamos, muchas veces cómo los campesinos, los mapuches, los pobladores, los trabajadores, impacientes ante la lentitud de los procesos de transformaciones, iban más allá de las disposiciones legales, y tomaban predios y tomaban casas y tomaban sitios. ¿Cuántas huelgas ilegales se realizaron en el gobierno de la Democracia Cristiana?

Esto es el producto de la lucha social, y la lucha social es el producto de las injusticias, el producto de la explotación, el producto de las desigualdades sociales, tan antiguas en nuestro país.

El señor PALESTRO.-

¡Aprendan!

El señor RAMIREZ.-

El esfuerzo, entonces, del Gobierno de la Unidad Popular es, precisamente, para conducir, canalizar esta presión social, esta sublevación de las masas trabajadoras, a través de un proceso revolucionario pacífico, no violento, por la vía institucional. Este es el gran esfuerzo que preside el gobierno popular hoy día.

Es por eso que vale la pena decir esto hoy, cuando se acusa al Ministro del Interior, que ha sido una de las personas que ha puesto más empeño, precisamente, para que sea sobre la base de la paz social, sobre la base de la no violencia que se produzcan los cambios que el pueblo reclama. Vale la pena discutir estas cuestiones hoy día.

Nosotros, realmente, creemos que éste es el esfuerzo supremo que el Gobierno está haciendo. De nadie es desconocido que, a pesar, incluso, de la presencia del Gobierno popular en el poder político de Chile, hay sectores de campesinos, obreros, estudiantiles, pobladores que no están tan convencidos todavía de que sea posible en Chile hacer una revolución por la vía pacífica e institucional. Ellos, por cierto, actúan; ellos, por cierto, siguen expresando parte de su indignación, de su rebeldía a través de presiones no esencialmente legales. Pero, frente a eso, el Gobierno no replica con el fusil y la metralla; el Gobierno dialoga con esos sectores, los invita a sumarse al esfuerzo revolucionario, los invita a sumarse al esfuerzo de los miles y miles de trabajadores que han elegido los cambios institucionales de la vía chilena, para hacer los cambios que reclaman y para construir el socialismo.

Pero lo que está pasando, señor Presidente y colegas Diputados, es que la reacción de este país está, precisamente, tratando de impedir que el Gobierno realice estos cambios e, incluso, llega a tomar iniciativas para cercenar los mecanismos institucionales que el Gobierno tiene para hacer esta política. Y nosotros vemos cómo la reacción, cada vez más, estudia la fórmula de negar y negar los recursos legales que el Gobierno tiene para realizar las transformaciones sociales. Está ahí, por ejemplo, el proyecto de las tres áreas. ¿Qué es lo que ha hecho fundamentalmente? Ha sido tender a limitar las facultades legales que el Gobierno tenía para los efectos de constituir el área de propiedad social de la economía. Ahí está, por ejemplo, el proyecto de reforma constitucional del Senador Tomás Pablo, que tiende a cercenar las facultades presidenciales y a conducirnos nuevamente, de a poco, al régimen parlamentario o parlamentarista, del que todos los chilenos reniegan por el pasado oscuro que significó para Chile. Ahí está, por ejemplo, la actitud de la oposición frente al Presupuesto: no sólo se le niegan los recursos legales, las facultades legales, sino los recursos financieros para realizar los cambios, para realizar las transformaciones.

Ahí está, también, el hecho de que, por primera vez en muchos años, este Parlamento haya calificado vetos del Ejecutivo, lo que tiende, precisamente, a cercenar las posibilidades legislativas del Ejecutivo a través del sistema de vetos.

Y, ahora, también están las acusaciones constitucionales que, al igual que la reforma constitucional propuesta por el Senador Tomás Pablo, tienden a hacer más frecuente la idea de que se puede juzgar políticamente, por parte del Congreso, a los Ministros de Estado, y volver nuevamente a la época oscura del parlamentarismo.

Esto, señores Diputados, esta política de debilitar los instrumentos legales y financieros del gobierno popular para realizar las transformaciones por la vía institucional y pacífica, esto tiende a debilitar la confianza de las masas en la vía institucional para hacer la revolución. Eso tienen que pesarlo, especialmente, los Diputados democratacristianos. Cada vez que se cercenan posibilidades de transformaciones por la vía institucional; cada vez, entonces, hay más chilenos que dejan de creer en la revolución pacífica: Cada vez habrá nuevos chilenos, trabajadores, campesinos, que van a tener confianza, que van a tener paciencia para los efectos de realizar el duro camino de la revolución por la vía chilena, definida por el Presidente Allende. Ese es uno de los elementos que están presentes en el cuadro actual del país.

Pero hay otro. El otro es que, frente al triunfo del gobierno popular y a la acción transformadora del gobierno, se ha penetrado a fondo en transformaciones de la estructura económica del país y se han herido intereses fundamentales de la oligarquía y del imperialismo. Frente a eso, la reacción chilena, esta oligarquía y ese imperialismo desatan la violencia. Antes de que este gobierno asumiera responsabilidades políticas, por el solo hecho de que había triunfado en las urnas el 4 de septiembre, se tejió toda una maniobra con el objeto de impedir la ascensión del gobierno del Presidente Allende, maniobras que culminaron con el vil asesinato del General Schneider. La violencia reaccionaria se hizo presente ante la sola presencia del triunfo del gobierno popular, sin que éste todavía hubiese asumido e iniciado su proceso de transformaciones. Frente a las transformaciones del Gobierno y a su presencia en el país, ahí está cómo se organizan los grupos fascistas de Patria y Libertad.

El DiputadoCademártori mostró documentos impresionantes en la Comisión, de carácter fotográfico, que muestran la preparación que tienen y han alcanzado estos grupos de choque y de violencia de carácter fascista. Estos grupos sabemos que se entrenan; sabemos que se preparan; sabemos que están armados. Eso no significa que el Gobierno tenga ninguna tolerancia o amparo respecto de estos grupos. Se trata, simplemente, de la dificultad de carácter policial de encontrar los testimonios definitivos para que los tribunales de justicia puedan sancionar a tales fascistas. Pero ellos existen. Y el problema, entonces, es el de que este segundo germen, este segundo hecho, es lo que está presente en la situación actual del país y que genera conflictos y genera violencia.

Frente a esto, señor Presidente, a la Democracia Cristiana -Partido del cual muchos de nosotros, algunos de nosotros, salimos, no por consideraciones personales, no por buscar nada para nosotros, sino por razones de orden ideológico y político, lo cual nos permite, con la cara limpia, hablar hoy día y estar en el Congreso- a los colegas democratacristianos, con quienes no tenemos ninguna palabra de enojo o de recriminación, o ninguna palabra...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RAMIREZ (don Pedro Felipe).-

... o ninguna actitud de carácter revanchista, porque no es ése nuestro ánimo, les decimos que ellos deben observar de manera muy cuidadosa la política que están llevando adelante. Ellos dicen que están por el socialismo...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RAMIREZ (don Pedro Felipe).-

... ellos dicen que están por las transformaciones; ellos dicen ser sensibles a las desigualdades sociales en este país...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RAMIREZ (don Pedro Felipe).-

...y ellos dicen que están dispuestos a trabajar para que la explotación se acabe, para que las desigualdades se terminen, para que el progreso llegue al pueblo y a las masas más desposeídas.

Nosotros creemos que ellos deben, entonces, medir muy bien sus pasos. Tenemos, sin duda, algunas diferencias con ellos...

-Hablan varias señores Diputados a la vez.

El señor RAMIREZ (don Pedro Felipe).-

... como también pueden tener algunas los distintos partidos y movimientos integrantes de la Unidad Popular.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio.

El señor RAMIREZ (don Pedro Felipe).-

Esas diferencias nosotros podemos discutirlas, podemos conversarlas. Nosotros podemos...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Acevedo!

El señor RAMIREZ (don Pedro Felipe).-

... dialogar con la Democracia Cristiana en torno de esas diferencias; pero esas diferencias no pueden llevar a los revolucionarios ...

El señor TUDELA.-

¡El señor Insunza!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RAMIREZ (don Pedro Felipe).-

... a sumarse a los sectores reaccionarios para encontrar fuerzas; a sumarse a los sectores reaccionarios...

-Hablan varios .señores Diputados a la vez.

El señor RAMIREZ (don Pedro Felipe).-

...para zanjar esas diferencias no se zanjan pidiéndole ayuda a los reaccionarios.

La señora LAZO.-

¡Muy bien!

-Aplausos en la Sala.

El señor RAMIREZ (don Pedro Felipe).-

Las fuerzas de la Democracia Cristiana, por lo demás, no están en capacidad de ganar un Diputado o un Senador, hoy día o mañana, con el apoyo de la Derecha. Las fuerzas de la Democracia Cristiana nunca han estado capacitadas de ganar una elección junto con la Derecha. La Democracia Cristiana tiene fuerzas más genuinas, más leales, más honestas y más sólidas. Es la fuerza de muchos sectores de campesinos, de muchos pobladores y de muchos estudiantes honestos que también sufren la explotación y las desigualdades, y que creen en los postulados de la Democracia Cristiana. Esa es la fuerza de la Democracia Cristiana. Aquí están, incluso, las fuerzas rectificadoras que ellos pueden tener en contra de los excesos, de las deficiencias y de los errores que cometa la Unidad Popular.

Jamás hemos dicho que la Unidad Popular no comete errores, ni comete excesos o que no existen deficiencias en ella.

Pero las fuerzas para rectificar esas deficiencias, la Democracia Cristiana tiene que encontrarlas en sus bases populares; y de ninguna manera en el apoyo de los sectores reaccionarios. Porque lo que va a suceder, por muy válidos que sean los apoyos que se pidan o se soliciten a los sectores reaccionarios, es que el pueblo se va a dar cuenta, más de alguna vez, por muy habilidosos que sean para esconder y suscribir los pactos, que algún candidato tendrá que visitar la sede del Partido Nacional para pedir su apoyo públicamente; y "El Mercurio" tendrá que publicarlo; y más de alguna vez se cometerá la indiscreción de que un candidato del Partido Nacional diga que el Presidentedel Partido Demócrata Cristiano le solicitó que fuera candidato por Linares. Más de alguna vez sucederán esos hechos. El pueblo, paulatinamente, perderá entonces la confianza en la Democracia Cristiana. Eso puede tenernos a nosotros muy tranquilos. Oigan, colegas democratacristianos: eso podrá tenernos a nosotros muy tranquilos. Pero el problema del que estamos conscientes es que se trata de un proceso lento y que por ser así, podría significar que, durante ese lapso, el pueblo chileno perdiera la última oportunidad de hacer las transformaciones en paz, por la vía pacífica y por la vía de la institucionalidad. Estoy absolutamente convencido de que el Gobierno del señor Allende es la última posibilidad que tienen las masas chilenas, el pueblo chileno, para hacer la revolución, para cambiar la institucionalidad. Después de eso, no habrá confianza en los mecanismos de la institucionalidad. Después de eso, no habrá más paciencia ni respeto por parte de las masas populares. Después de eso, vendrá más y más violencia. Porque el esfuerzo del Gobierno de la Unidad Popular es hacer las transformaciones por la vía de la institucionalidad; y, de eso, el señor Ministro del Interior ha sido real y genuino representante.

Por eso, votamos en contra de esta acusación constitucional.

-Aplausos.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Espinoza, don Gerardo.

El señor ESPINOZA (don Gerardo).-

Concedo una interrupción al Diputado señor Jaque.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Espinoza, tiene la palabra el señor Jaque.

El señor JAQUE.-

Señor Presidente, en primer término, al entrar en este debate por parte de los parlamentarios de estos bancos, queremos dejar constancia, en nombre del Partido Radical, de nuestra más amplia, total y absoluta solidaridad para con el Ministro acusado, en presencia de esta acusación, que consideramos injusta, antipatriótica e improcedente, desde el punto de vista constitucional.

El país ha sido testigo de la conducta ponderada, serena; de la actitud dispuesta permanentemente al diálogo con todos los sectores de la ciudadanía -y esto no puede negarlo la Oposición- y del celo que ha puesto el Ministro acusado para encuadrar todos sus actos dentro de la ley y del espíritu de nuestra Carta Fundamental.

Esta tarde hemos escuchado al señor Ministro; hemos oído una larga intervención de cada uno de los sectores que han sostenido esta acusación, y, una vez más, reafirmamos nuestra convicción de que el Gobierno y el Ministro del Interior no han hecho otra cosa que encuadrar sus actos dentro de las leyes, dentro del ordenamiento jurídico, dentro del Estado de Derecho. Sostener lo contrario es cooperar, de una u otra manera, voluntaria o involuntariamente, con aquéllos que desean crear en el país un clima de anarquía, de desconcierto y de confusión para un golpe fascista o reaccionario.

Señor Presidente, el Diputado informante nos expresaba denantes que estábamos en presencia de un juicio político que reviste el carácter de un juicio de orden jurisdiccional. Creo que este aspecto de la jurisdicción se ha desvirtuado en esta oportunidad, porque no se han señalado los claros y precisos fundamentos jurídicos que requiere una acusación constitucional que, por su gravedad, debe estar revestida de esta base constitucional, que nosotros reclamamos.

Por la limitación del tiempo, no me referiré ni haré un análisis para precisar el ámbito de la potestad constitucional en cuanto a juzgar, a acusar a un Ministro de Estado y establecer su responsabilidad.

Pero quiero también dejar establecido que los parlamentarios de estos bancos concordamos plenamente con la posición expresada por el señor Ministro, en el sentido de que la responsabilidad que persiguen con el juicio político es de carácter penal. Es incuestionable que debe tratarse, en este caso, de una acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes para que pueda operar, a nuestro juicio, este proceso de orden constitucional.

Por eso, decimos que de las responsabilidades que se señalan a los gobernantes, vale decir, la responsabilidad política, civil, administrativa y penal, en este caso, puede operar solamente ésta última para hacer efectiva la responsabilidad de un Ministro de Estado por acciones u omisiones tipificadas como delito.

En todo caso, cualquiera que sea el criterio doctrinario que se tenga sobre la materia y aun aceptando la tesis de los partidos de Oposición, creemos que, a la luz de los preceptos constitucionales, para que proceda una acusación de esta naturaleza tiene que comprobarse los hechos, a fin de que ella pueda prosperar, y que estos hechos importen algunas de las infracciones que señala nuestra Carta Fundamental y, desde luego, que ellas sean imputables al Ministro acusado. ¿Cómo operan ahora estos requisitos, que nosotros consideramos indispensables, para que proceda una acusación constitucional?

En relación con los cargos contenidos en el libelo, los parlamentarios de estos bancos consideramos que el cargo más grave y directo que, hoy día, se le ha imputado al señor Ministro, es el haber respaldado y apoyado ciertos grupos, en el país. Vale la pena leer lo que, sobre este particular, dicen los acusadores en el libelo acusatorio: "la existencia de movimientos, brigadas, grupos o cuerpos que, teniendo armas de toda clase, presionan a la opinión nacional, suplantan o interfieren a la fuerza pública y actúan, con diversos pretextos, impidiendo el correcto ejercicio de los derechos y de las garantías que ofrece nuestra Constitución Política a los habitantes del país."

Y agregan, más adelante, que estos grupos son apoyados por el Ministro acusado. Dicen textualmente: "Pero, cosa curiosa, esos grupos, en vez de recibir el repudio del Gobierno y especialmente del Ministerio del Interior, son hasta respaldados por él." Y en seguida señalan las disposiciones legales.

Deseo que los colegas escuchen nuestra argumentación jurídica sobre la materia.

Aquí dicen los acusadores: "Vemos igualmente una clara y flagrante infracción a la Constitución", -o sea al artículo 22, que señalaba el Diputado informante- "un atropellamiento de las leyes, en especial al artículo 4º, letra d) de la Ley de Seguridad Interior del Estado, un afán de dejar sin ejecución esas mismas leyes y, con todas esas actitudes, se ha comprometido gravemente la seguridad de la Nación."

La verdad es que el Diputado informante, pese a que en el libelo, en varias partes, se habla de que estos grupos armados habrían comprometido la seguridad de la Nación, elude este aspecto, que, en la acusación, se considera lo más grave.

Ahora bien, ¿cuál es la disposición legal infringida? El artículo 4º, letra d), de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que se ha repetido reiteradamente. Dice: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título II del Libro II del Código Penal y en otras leyes, cometen delito contra la Seguridad Interior del Estado los que en cualquier forma o por cualquier medio, se alzaren contra el Gobierno constituido o provocaren la guerra civil, y especialmente:

"d) Los que inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y a los que formen parte de ellas, con el fin de sustituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño, o con el objeto de alzarse contra el Gobierno constituido."

Luego habría, aquí, la comisión de un delito por parte del Ministro, pues los acusadores señalan que, al no denunciar esos grupos, se habría infringido el artículo 26 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que, en su inciso primero, establece textualmente que estos "procesos ... se iniciarán por requerimiento o denuncia del Ministro del Interior o de los Intendentes respectivos." Quiero dejar bien en claro que, a nuestro juicio, no procede una acusación constitucional por omisión de acciones que no son legalmente obligatorias. Óiganlo bien, señores Diputados. Sostengo esto, porque es una facultad de carácter jurisdiccional; y esto se puede acreditar en el mismo artículo 26, cuando preceptúa, en la letra ñ), textualmente-, que "el Ministro del Interior o el Intendente podrá desistir de la denuncia en cualquier tiempo y el desistimiento extinguirá la acción y la pena." Si sé inicia un proceso de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior del Estado y el Ministro del Interior o el Intendente se desisten, será necesario, entonces, iniciar un juicio criminal para perseguir una responsabilidad, porque el Ministro del Interior o el Intendente está haciendo uso de una facultad legal.

Por eso, creemos que esta acusación, tal como lo señalamos al comienzo de nuestra intervención, es abiertamente inconstitucional. Pero aun me coloco en el terreno de que los acusadores discrepen de esta posición. En un proceso de esta naturaleza, dada la gravedad que reviste un juicio político, los hechos deben acreditarse, deben comprobarse. Pero, ¿a qué conclusiones ha llegado la Comisión investigadora? A que no existen, en el país, los grupos armados, con fines militares, que persigan objetivos subversivos y que pongan en peligro la institucionalidad constitucional. Oí decir denantes al Diputado informante que los jefes militares se habían referido a esta peligrosidad institucional; y se refirió también a las declaraciones que formularon, en la Comisión, tanto el Director de Investigaciones, como el Director General de Carabineros; pero no se refirió a otros jefes de las Fuerzas Armadas que también concurrieron a declarar.

El Director General de Carabineros, señor José María Sepúlveda, declaró -y menciono esto en relación a la interferencia de los grupos armados en el Cuerpo de Carabineros-, como consta en la página 18 del Acta de la Comisión Acusadora: "Yo no he visto ninguna organización que haya interferido la acción o actuación de Carabineros. Carabineros tiene una misión expresamente establecida en la Constitución Política del Estado, cual es la de guardar el orden público y la propiedad, dentro del territorio de la República. Lógicamente, entonces, ante cualquiera organización o grupo que se opusiera a la actividad normal de Carabineros, tendría que procederse a su detención. No he visto yo que se haya interferido la acción de Carabineros. No podría ser. No me lo imagino, salvo que existiera otra policía análoga, como existen en otros países, que tiene diferentes roles. Pero aquí en Chile hay una sola, unitaria."

"Yo no sé si está conforme -se refiere a la pregunta de otro Diputado- con lo que he respondido".

Luego se refirió a que no se habían lesionado hasta estos instantes las garantías constitucionales, especialmente, en relación con el derecho a reunión.

Pero la declaración más categórica está en las palabras del Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, el Generaldon Mario Sepúlveda. Dijo éste textualmente -su declaración está en la página 7-: "Al respecto, yo quisiera, en primer lugar, reiterar lo que ya expresó el señor Comandante en Jefe del Ejército, en relación con lo que nosotros consideramos grupos armados, desde el punto de vista de nuestra institución, vale decir, aquellos componentes de tipo paramilitar que tuviesen un armamento, una instrucción y que actuaran en forma clandestina y que obligaran a una intervención del Ejército. A este respecto, la verdad es que, en el tiempo que yo llevo en el Servicio de Inteligencia Militar, son muchos los rumores y los antecedentes que nos han hecho llegar sobre esta materia. Pero la verdad es que nunca, por lo menos, en el conocimiento que yo tengo, ha habido una denuncia clara ante un organismo policial, de la existencia en tal lugar, de tales o cuales cosas. Nosotros hemos realizado numerosas investigaciones de este tipo, por cuanto si existiesen grupos armados de esta característica, naturalmente, que ellos podrían motivar a lo mejor la acción de la Institución; pero, la mayoría de los casos que se han presentado o de que habría algún antecedente han caído dentro del ámbito policial y sólo en una oportunidad nosotros tuvimos un antecedente que fue el caso de Chaihuín, el año pasado, en que nuestra Institución detectó la existencia de un grupillo que parece que tenía algunas armas y cierta instrucción y una vez que fue detectado y ubicado se dio información al Cuerpo de Carabineros, a quien correspondía realizar en ese caso una actividad policial y, es así como fue el Cuerpo de Carabineros quien realizó la búsqueda y la detención posterior de aquellos que aparecieron en esa zona..."

Esta es una declaración tajante y categórica del Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército.

Ahora, yo digo, si a menudo, especialmente en esta Cámara, acostumbramos rendir homenaje a las Fuerzas Armadas, por su patriotismo, por sus valores morales, por su profesionalismo -como lo establece la Constitución Política del Estado- creo que nosotros tenemos que colocarnos más allá de las pasiones políticas y dar fe a estas declaraciones, porque los organismos que garantizan la seguridad de la nación son precisamente las Fuerzas Armadas; y porque ellas son profesionalizadas, jerarquizadas y disciplinadas, tienen esta gran tarea de contenido nacional.

En segundo término, queremos dejar claramente establecido, en relación a los grupos armados, que cada vez que ha sido detectado un grupo de esta naturaleza, como aquí ya se ha señalado reiteradamente, éste ha sido denunciado por las autoridades e incluso disuelto.

Se ha señalado aquí reiteradamente el caso de la VOP, que comenzó su acción durante el Gobierno pasado, en el año 1968 y, sin embargo, nada hizo la Democracia Cristiana por disolver este grupo.

Señor Presidente, por la limitación del tiempo no voy a poder continuar refiriéndome a cada uno de los capítulos de la acusación. Sin duda que lo van a hacer otros colegas de los partidos de Gobierno. Yo solamente quiero expresar algunas últimas palabras finales sobre lo que a muchos, en realidad, preocupa en este país y, especialmente, a los intereses creados: el avance del proceso revolucionario chileno. Esta acusación, deducida esencialmente con fines políticos, tiende a obstaculizar la marcha de este proceso revolucionario. Nosotros dijimos durante la campaña que no íbamos a esta elección para únicamente ganarla, que lo que deseábamos era cambiar precisamente el régimen y el sistema. De tal manera que no estamos en la hora de la conciliación, de la componenda, o de los "arreglines" a espaldas del pueblo, como ha sido tradicional en este país...

Un señor DIPUTADO.-

¡En los radicales!

El señor JAQUE.-

Estamos en la hora del enfrentamiento...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señores Diputados!

El señor JAQUE.-

Por un lado, los que realmente están por los cambios revolucionarios en libertad, no en las palabras sino en los hechos, y, por el otro, los que realmente están por el sistema capitalista con todos sus privilegios y con todos sus vicios.

Por eso, porque esta acusación no se apoya en ningún precepto legal, ni ético, es por lo que los parlamentarios de estos bancos vamos a votar en contra.

Nada más, señor Presidente.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Puede continuar el Diputado señor Espinoza.

El señor ESPINOZA (don Gerardo).-

He concedido una interrupción al señor Naudon.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Espinoza, tiene la palabra el señor Naudon, don Alberto.

El señor NAUDON.-

Señor Presidente, estamos conociendo de la acusación interpuesta por algunos señores Diputados en contra del Ministro del Interiordon José Tohá González.

Nosotros comprendemos que únicamente se ha perseguido con esta acusación enjuiciar al Gobierno. Y lo comprendemos, porque la ligereza con que fue redactado el libelo acusatorio demuestra esta finalidad. Los redactores no se ocuparon en señalar en cada caso cómo los hechos que se describen en el libelo pudieron significar la infracción de la Constitución, el atropellamiento a la ley o dejarlas sin ejecución, o si estos pudieron ser constitutivos de los delitos que la Constitución establece como causales posibles del juicio político.

El Ministro en su defensa ha dicho que no es procedente el juicio político para analizar y determinar sus responsabilidades políticas. Acá se ha rebatido este argumento de la defensa del señor Ministro. Y se ha dicho, incluso, que algunos autores de Derecho Constitucional estarían de acuerdo con esta tesis que sustentan los autores del libelo acusatorio. Sin embargo, revisando las obras de los tratadistas de Derecho Constitucional más conocidos, como los señores Silva Bascuñán, Carlos Andrade y Mario Bernaschina, tendríamos que llegar, forzosamente, a la conclusión de que la defensa del señor Ministro, en la fundamentación jurídica, es efectiva y que los fundamentos de la acusación no están enmarcados en la Constitución Política.

Dice el profesor Silva Bascuñán que "los ministros de Estado, aunque de la exclusiva confianza del Presidente, no son secretarios privados suyos, sino funcionarios públicos que actúan como órganos del Estado y asumen la plena responsabilidad de sus actos. Los actos del Presidente no tienen valor sin su firma, con la cual asumen la responsabilidad consiguiente. Por lo demás, cada ministro será responsable personalmente de los actos que firmare y solidariamente de los que suscribiere o acordare con los otros ministros. "En los actos que realice un ministro de Estado hay que distinguir si los efectúa en su carácter personal y, en tal caso, tiene en todos los órdenes, la misma responsabilidad de cualquier ciudadano, o en su carácter de secretario de Estado. Esta última es la responsabilidad ministerial, que puede ser, a su turno, de diversas clases: política, penal o civil."

"La responsabilidad ministerial política -agrega- es propia de los sistemas parlamentarios de Gobierno, en los cuales los ministros se mantienen en sus puestos mientras cuentan con la adhesión de la Cámara y deben retirarse de sus funciones desde que se ven privados de su apoyo. Esto no ocurre en un sistema de gobierno presidencial, en que les basta mantener la confianza del Presidente de la República. En la Ley Fundamental chilena queda ello establecido en el número 2° del artículo 39, según el cual los acuerdos u observaciones que se produzcan con el voto de la mayoría de los Diputados presentes, en ejercicio de la facultad de fiscalizar los actos de gobierno que corresponde a la Cámara de Diputados, no afectarán la responsabilidad política de los ministros."

Bastaría considerar este argumento para justificar la defensa del señor Ministro. Pero estamos conscientes de que la práctica parlamentaria ha ido extendiendo el ámbito del juicio político y lo ha hecho procedente para aquellos actos o hechos que puedan significar, por acción u omisión, de alguna manera una infracción de la Constitución, un atropellamiento de las leyes o haberlas dejado sin ejecución.

De esta manera, sería necesario, aun aceptando esta tesis, que los hechos que se imputan al señor Ministro tuvieran relación con algún tipo de estas conductas; es decir, que haya atropellado la Constitución, que haya dejado sin ejecución las leyes o que las haya atropellado. Y vemos nosotros que en la investigación se demostró claramente en cada caso que el Ministro del Interior ha cumplido rectamente con la Constitución y las leyes. Así, por ejemplo, en el primer cargo, en el primer capítulo de la acusación, sobre existencia de grupos armados, se ha demostrado que el Ministro del Interior ha procurado detectar, a través de los organismos a su cargo, la existencia de estos grupos armados, de investigar y de reprimirlos. Y tenemos, como un testimonio que no puede ser refutado, la declaración del General en Jefe del Ejército, quien ha dicho que no existen en Chile grupos armados, sino que solamente pequeños grupos que a veces portan armas y que sólo pueden tener importancia como hecho policial.

Señor Presidente, si nosotros revisamos la legislación penal y los autores, también llegaremos a determinar qué se entiende por grupo armado. Así, por ejemplo, Soler afirma que "para que existan grupos armados tiene que haber asociación ilícita, organización, carácter de permanencia de estos grupos, y que ellos tengan por objeto cometer delitos." No ocurre esto en ninguno de los casos y puede, tal vez, haber aparecido incipientemente en el caso de la VOP. Pero también está probado que en ese caso el Gobierno actual estuvo pronto a investigar, reprimir y liquidar ese grupo, que nació y que cometió la mayoría de sus delitos durante el Gobierno del Presidente Frei.

El Jefe del Ejército ha dado un testimonio que bastaría para que se refutara este cargo de la existencia de grupos armados. Pero lo más importante destacar, es que cada caso que ha sido denunciado, se ha investigado, ha sido detectado y ha sido reprimido, que es lo único que le corresponde hacer al señor Ministro del Interior. El debe poner en marcha la máquina administrativa judicial para la investigación de los hechos que se le denuncien para que sean castigados, siempre que corresponda, por los Tribunales de Justicia.

En segundo lugar, se indica como capítulo de acusación la infracción del derecho de reunión.

A este respecto cabe observar que está probado fehacientemente con los antecedentes de la Comisión Investigadora, que cada vez que se solicitó al señor Ministro o a los intendentes y gobernadores, dependientes de él, el ejercicio de este derecho, fueron siempre concedidos estos permisos. Nunca fueron denegados y nunca se variaron recorridos después de haber sido concedidos.

También está demostrado, por los datos que entregó el Ministerio del Interior, que en el Gobierno del Presidente Frei fueron denegados doce o catorce permisos para ejercer el derecho de reunión. Nosotros comprendemos que a veces hay necesidad de limitar este derecho e, incluso, denegarlo un día para otorgarlo en otro, por razones de seguridad, y no se diga que los hechos ocurridos en el desfile de las señoras que portaban ollas vacías es un hecho poco usual, porque yo recuerdo que, a raíz de un discurso del Presidente Frei, pronunciado en el Palacio de La Moneda, a fines de 1966 o comienzos del 67, en relación con la negativa del Congreso para darle permiso constitucional para viajar a Estados Unidos; de ahí, ordenadamente, siete u ocho mil manifestantes subieron por la calle Agustinas y asaltaron el local del Partido Radical, rebasando a los Carabineros, quebrando los vidrios, rompiendo las ventanas y poniendo en grave peligro la vida de los ocupantes.

Nosotros no fuimos de acusación; no acusamos al Ministro del Interior de esa época, porque sabíamos que se trataba de hechos policiales, y que muchas veces es imposible a la fuerza pública controlar algunos tipos de desmanes. Pero lo que importa es saber que la conducta constante del señor Ministro del Interior ha sido la de ordenar, de dar instrucciones, y así está demostrado, para prevenir todo hecho que vaya en contra del derecho de reunión.

Si seguimos, señor Presidente, vemos que en cuanto al tercer capítulo de acusación, respecto de las detenciones arbitrarias y otros procedimientos ilegales, también quedó demostrado que el señor Ministro del Interior ha tenido especial preocupación de visitar el cuartel de Investigaciones a horas desusadas e intempestivamente, sin aviso previo, para ver si se respeta a los detenidos. Y ha quedado demostrado, con declaraciones fehacientes, todo lo que prueba que no ha habido detenciones arbitrarias, sumado el hecho de que la justicia no ha acogido ningún recurso de amparo ni ha declarado ninguna detención ilegal.

Sin embargo, entendemos que el calabozo del cuartel de Investigaciones debe ser reparado; pero no es culpa de este Gobierno ni del anterior que él ofrezca condiciones subhumanas, porque se construyó muchos años atrás, y pediremos a este Gobierno que lo arregle y acondicione de manera de dar algún bienestar a los detenidos.

Se dice también en la acusación que se han infringido disposiciones constitucionales y legales relativas a los medios de comunicación. Y respecto de la radiodifusión, se habla de clausuras ilegales decretadas por la Oficina de Informaciones de la Presidencia de la República.

Este cargo que fue aceptado, debió haber sido rechazado de plano, porque ha quedado demostrado que la Oficina de Informaciones de la Presidencia de la República depende de la Secretaría General de Gobierno y no del Ministerio del Interior. Ahora bien, la Secretaría General de Gobierno depende, exclusivamente, de la Presidencia de la República, y la oficina respectiva, la OIR, depende de la Secretaría General de Gobierno por disposición del decreto 188 de 1960. De manera, señor Presidente, que ninguna responsabilidad puede tener el señor Ministro y acusado por hechos ocurridos en un servicio que no le es dependiente. Además debemos dejar expresa constancia de que el reglamento de radiodifusión le permite a la Oficina de Informaciones de la Presidencia de la República suspender las transmisiones en caso de peligro de la seguridad interior del Estado.

Y en cuanto a la televisión, en que también se hace cargo al señor Ministro por no haber intervenido en algunos excesos que se atribuyen a la Televisión Nacional, debemos también pedir que se rechace, porque de acuerdo a la Ley Orgánica de la Televisión Nacional y su Reglamento, ésta está regida por el Consejo Nacional de Televisión, que es una persona jurídica autónoma que no depende del Ministro del Interior, a quien el legislador, especialmente la Democracia Cristiana, quiso rodear de toda clase de independencia y que, por lo mismo, está integrado por miembros que son elegidos, algunos, por el Congreso Pleno de la República.

Todo hecho que ocurra en nuestra Televisión Nacional no es responsabilidad del Ministro del Interior sino que, exclusivamente, del Consejo Nacional de Televisión, que no preside este Secretario de Estado, sino el Ministro de Educación. De manera que si alguna relación pudiera existir entre la Televisión Nacional y algún Ministro de Estado, no lo es con el Ministro del Interior, sino con el de Educación.

Se hace cargo también al señor Ministro del Interior, de que el interventor señor Lautaro Echiburú, dictó una resolución como interventor que excede sus atribuciones. Estamos de acuerdo que excede sus atribuciones; pero el decreto de nombramiento del señor Echiburú, que no es abogado sino que es ingeniero, quien pertenece a los servicios hace 27 años, está delimitado claramente dentro de las facultades del Ministro del Interior. Y esta resolución, que fue modificada más tarde, quedó solamente como una proposición, según lo reconocieron los propios dueños de las emisoras y ha sido reclamada a la Contraloría General de la República, y es un proceso no terminado. Y respecto de esto, yo creo que el señor Echiburú puede dar plena garantía, porque además de tener 27 años de servicios, de ser un funcionario de larga carrera, fue adherente a la candidatura de clon Jorge Alessandri, de manera que ni siquiera es socialista o comunista, sino que fue radical y adhirió a la candidatura de don Jorge Alessandri, en uso de su derecho de opinar independientemente. Es un hombre que debió y debe darles garantías a los sectores de Derecha, porque no pertenece a los partidos de Izquierda o, por lo menos, en ese instante, manifestó una opinión disidente.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor NAUDON.-

Así, señor Presidente, todos los cargos demuestran que esta acusación no tiene otro objeto que lesionar la marcha progresiva del Gobierno del pueblo en el cumplimiento de su programa, y han buscado al hombre más honesto, más cabal, más conciliador, más serio, para hacerlo blanco de este enjuiciamiento al Gobierno del doctor Allende; a hombre, como dije ayer, en un programa de televisión, que lo han comparado como el Quijote, por su bonhonomía, por la justicia que pretende imponer a sus actos.

Siempre han estado abiertas las puertas de su Gabinete para que entren los Diputados y Senadores de Oposición a plantear sus problemas y si hay funcionarios que se exceden en las atribuciones que les ha dado el Gobierno, a ellos debe perseguírseles, contra ellos debemos estar, porque los radicales de Izquierda estamos en contra de las "tomas", en contra de los excesos, en contra de los atropellos de la Constitución y las leyes; pero no podemos aceptar esta acusación en que se pretende, precisamente, sacar al Ministro que ha dado garantías de democracia, al hombre que se ha sacrificado, que ha dejado la tranquilidad de su hogar para cooperar con un gobierno popular que desea entregar mayor justicia social.

Por eso, señor Presidente, los Diputados radicales de Izquierda votaremos rechazando esta acusación, porque ella está dirigida en contra del pueblo de Chile para negarle sus legítimos derechos.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Espinoza.

El señor ESPINOZA (don Gerardo).-

He concedido una interrupción al señor Cademártori.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Cademártori.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, estamos ya al término del debate que la Cámara ha realizado en torno de la acusación constitucional presentada en contra del Ministro del Interior, señor José Tohá González.

Los que hemos participado en este debate, como en las largas horas en que escuchamos los testimonios, los cargos y descargos en la Comisión de Acusación, hemos llegado a una convicción honesta y profunda: esta acusación es desde todo punto de vista inconstitucional. No contiene cargos concretos ni personales en contra del Ministro compañero Tohá.

Los Diputados se atribuyen con ella facultades que no les corresponden, como la censura a los señores Ministros de Estado; pretenden destruirlo por su línea política, por su programa, cosa que les está vedada, que sólo corresponde juzgar al pueblo. Es inconstitucional, porque no señala ningún tipo de delito cometido por el señor Ministro del Interior y porque se pretende acusar al Ministro señor Tohá por omisión de acciones, aunque ellas, como ha sido ampliamente demostrado, no sean legalmente obligatorias.

El programa y la trayectoria de cada uno de los partidos de la Unidad Popular es de carácter democrático.

En reiteradas ocasiones, antes de asumir el Gobierno y, posteriormente, se ha comprobado que esta línea se ajusta a los preceptos y conceptos fundamentales con que llegamos al Poder.

En más de una oportunidad, los partidos de la Unidad Popular han polemizado públicamente contra aquellos que plantean toda una línea de aceleración artificial del proceso revolucionario chileno.

En más de una ocasión, los comunistas y la Unidad Popular hemos condenado las prácticas de la ultra izquierda. Igualmente, frente a las amenazas concretas en contra del régimen democrático planteado por la ultra derecha, el Gobierno ha actuado con eficacia, con prontitud y con rapidez. Así sucedió en los graves días que ocurrieron antes y después del asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General Schneider.

El Gobierno popular, apenas asumido el Presidente Allende, puso en juego todos los mecanismos, todos los recursos del Estado en coordinación con los de las Fuerzas Armadas, para poner rápidamente fin a la investigación.

La propia VOP, grupo delictual que había perpetrado la mayor parte de sus crímenes bajo el Gobierno del señor Frei, tuvo un fin rápido y eficaz, también gracias a las investigaciones llevadas a cabo con celeridad por el Gobierno de la Unidad Popular. Y así, cada vez que se han presentado estos hechos delictuales, como en el caso del asesinato del agricultor de Rancagua; o en las acciones delictuales del grupo del FAR, en que incluso estaba implicado un ex alto funcionario del Gobierno.

El Gobierno de la Unidad Popular ha demostrado tener respeto por la oposición democrática: actos, desfiles, uso de los medios de comunicación, de prensa y radio, incluso en demasía y bordeando muchas veces el delito. Todo ello está en manos de la Oposición, y el Gobierno ha dado plenas garantías para su acción.

De entre los tantos testimonios que podríamos citar de gente ajena al proceso chileno podemos destacar aquí al de dos políticos de ideología socialdemócrata, como son los franceses Mitterand y Deferre, al evaluar el proceso revolucionario de Chile, a su regreso a Francia.

Dijo Mitterand, el 17 de noviembre, en París: "He podido comprobar que el Programa anunciado ha sido respetado y que los compromisos adquiridos en el marco de la Constitución no han sido vulnerados. La acción de los seis partidos que se han agrupado para ejercer el poder y para la edificación de un régimen socialista, se efectúa con todas las garantías democráticas."

Y Deferre, en Marsella, el 18 de noviembre, declaró: "El Gobierno de Chile ha concretado profundas reformas estructurales manteniendo las libertades individuales y colectivas."

Volviendo al juicio de Mitterand, cuando dijo: "Mí conclusión es que Chile parece el país más democrático de América Latina y que podría dar lecciones a otros países, incluso de Europa", debemos manifestar que nosotros entendemos el régimen democrático no como un marco rígido, que impida el avance del pueblo, la realización de estas profundas transformaciones y la incorporación real de las masas al proceso de Gobierno.

Este Gobierno popular ha abierto cauce a la iniciativa del pueblo; nuevos mecanismos de participación se han abierto en las empresas; miles y miles de comités de producción, en talleres, en departamentos, en secciones.

En las empresas intervenidas o en las que han pasado al área de propiedad social, los trabajadores eligen democráticamente a sus personeros en los consejos de administración.

Se crean, por decreto supremo, los Consejos de Salud, donde participan, junto a los directores de los establecimientos, los representantes de los trabajadores de la Salud, los integrantes de las juntas de vecinos; la comunidad.

Se crean las Juntas de Abastecimiento y Precios, organismos legales y constitucionales que, en los barrios, en las poblaciones, concitan la participación de los centros de madres, de las juntas de vecinos, de los propios comerciantes minoristas, con vista a regular el proceso de abastecimiento, con vista a superar las dificultades, con vista a combatir la propia especulación.

Durante el Gobierno de la Unidad Popular aumentan, impetuosamente, las organizaciones de masa; crece el número de juntas de vecinos; se eleva el número de trabajadores sindicalizados, porque esta Administración da amplio cauce al proceso de creación de los organismos de masa. Se crearon los consejos campesinos a nivel provincial, comunal, para que los trabajadores del agro participen en el desarrollo de la reforma agraria.

Respecto de los medios de comunicación, vedados hasta ahora para su ejercicio por las organizaciones populares, este Gobierno ha sido el primero en dar la oportunidad para que la clase obrera, los trabajadores organizados, por primera vez, tengan un medio de expresión: la radio Luis Emilio Recabarren.

A lo largo de los días que estuvimos en la Comisión que estudió la acusación, pudimos comprobar cómo el documento, firmado por Diputados democratacristianos, fue elaborado con increíble ligereza, plagado de errores y falsedades en los hechos concretos, desvirtuados uno a uno a través de las exposiciones de los testimonios entregados a la Comisión.

Por ejemplo, fue desvirtuada el relativo a la muerte de doña Teresa Weil Martínez, en la provincia de Osorno. Según el libelo, fue el producto de la acción de una organización que cuenta todavía con armamentos y dineros, en circunstancias que ese grupo delictual fue liquidado y pasado, en definitiva, a los Tribunales de Justicia.

Falsea el documento la circunstancia de la muerte del joven Millalonco, atribuida a la brigada Elmo Catalán del Partido Socialista, que no existía en la provincia de Aisén.

En el documento se dice, al citar una serie de siglas, que el Ministro del Interior, respalda a la VOP, la cual se confunde con los partidos de Gobierno en las manifestaciones. ¡De esa manera se falsean los hechos!

Se calumnia el papel de las brigadas de propaganda partidaria de la Ramona Parra y Elmo Catalán, diciendo en el documento que son grupos de combate que asumen funciones policiales; se les inventa participación en diversos hechos en base a decires irresponsables: "Dicen tal cosa", "dijeron que los vieron aquí, que los vieron allá".

Los hechos fueron claros y categóricos en los testimonios de los testigos. En la Escuela de Ingeniería asumió virilmente la responsabilidad de la "retoma" la Federación de Estudiantes de Chile. Las declaraciones respectivas están en el documento taquigráfico de la sesión 2ª, primera parte, página 61 y siguientes.

Los hechos ocurridos en la población "Nueva Puerto Montt" tergiversados. Se le consultó al AlcaldeDupré, de La Reina, si había visto la acción de tales brigadas. Contestó textualmente: "No me consta; pero me dijeron; los pobladores me han dicho tal cosa." En el testimonio de los dirigentes de la población "Nueva Puerto Montt", en ningún instante -y yo invito a los señores Diputados a revisar el boletín de la versión de la sesión 5ª, segunda parte, página 16 y siguientes-, se dijo, no hay una sola palabra, una sola línea, una sola letra, que vieron a las brigadas de los Partidos Comunista y Socialista.

Se demostró la falsedad de un cargo imputado al Subsecretario del Interior. Allí están las palabras que hidalgamente pronunció el Diputado señor Aylwin; boletín de la sesión 4ª, página 19.

Se dice, en la página 11 del documento acusatorio, que la Intendencia de Santiago alteró el recorrido del desfile en forma arbitraria horas antes de iniciarse. Se demostró, con las declaraciones del General Mendoza y del Intendente Concha, que todo ello era falso, que el desfile no fue alterado, que se dio la autorización con bastantes horas de anticipación. No se presentaron pruebas en contra de esta aseveración.

En la página 11 del documento de los democratacristianos, se habla de que se habría autorizado otra concentración simultánea, y de esto hablaron largamente los Diputados del Partido Demócrata Cristiano. Se demostró la falsedad de ello. No se presentaron contrapruebas y allí está el testimonio del Intendente de la provincia, en que afirma que jamás se autorizó otra concentración.

Se ha dicho, en el documento del Partido Demócrata Cristiano, que el Intendente de la provincia y 'Carabineros habían actuado con complicidad, puesto que brigadas habían hecho anuncios públicos de que participarían en contramanifestaciones; incluso, se llegó a decir que los partidos de la Unidad Popular habían hecho tales anuncios. Ningún Diputado acusador pudo mostrar algún panfleto o declaración de prensa en que los partidos de la Unidad Popular hubieran llamado a tales contramanifestaciones.

Se ha dicho en el documento, página 14, que en la Avenida Providencia, junto con el personal de Investigaciones, había actuado gente ajena al Servicio. Se demostró también la falsedad de este cargo; ningún Diputado de Oposición pudo aportar un solo antecedente en que pudiera comprobarse que hubiera personal ajeno al del Servicio de Investigaciones.

Se habla de detenciones arbitrarias y de otras arbitrariedades, culpándose de ellas al Servicio de Investigaciones. Quedó en claro, por el testimonio de los jefes de Investigaciones, que no hay demandas al respecto y menos ha habido amonestaciones o reconvenciones de los organismos competentes para hacerlo, como son los Tribunales de Justicia, en este caso.

En la página 16 se hace una larga mención sobre clausuras ilegales de radios. Se demostró que hay toda una reglamentación, utilizada por Gobiernos anteriores, que faculta a la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia para suspender, en determinadas condiciones, las emisiones de radio.

Por lo demás, quedó comprobado que el organismo representativo de las radioemisoras, la Asociación de Radiodifusores de Chile, no hizo en la oportunidad reclamo oficial alguno en torno de esta situación.

En el libelo acusatorio, en varias páginas, se habla de una acción concertada del Gobierno para silenciar a algunas radios por la acción de un interventor nombrado por el Ministerio del Interior. La Comisión escuchó al interventor, escuchó a los dirigentes del Sindicato de Radiocontroladores y quedó fehacientemente comprobado que, en todo momento, se trató de un conflicto laboral por cuestiones económicas y sociales, enmarcado estrictamente dentro de la ley.

Al final de cuentas, las radioemisoras que se habían negado a firmar los convenios colectivos, lo hicieron prácticamente en las mismas condiciones en que había sido recomendado por el propio señor interventor.

Se acusa al señor Ministro del Interior de intervenir la televisión nacional. Quedó comprobado ampliamente que no corresponde al Ministro del Interior tuición o intervención alguna en materia de televisión. El propio libelo se contradice en este aspecto, cuando en la página 25 reconoce que no corresponde esta tuición al Ministro ni a ningún organismo de su servicio, sino a otro creado precisamente por la ley.

Finalmente, se acusa al señor Ministro del Interior de sobrepasar las atribuciones que la ley otorga a las juntas de vecinos. Esto corresponde a los intendentes. El Ministro del Interior no ha intervenido en ninguno de los casos; ni siquiera tuvo conocimiento de los problemas planteados en tales juntas u organizaciones de vecinos.

Por lo demás, los pobladores, de uno y otro bando, que llegaron hasta la Comisión, señalaron con claridad que era dudoso que se hubiera atropellado siquiera en algún aspecto secundario la autonomía que les corresponde a las juntas de vecinos en tales o cuales materias.

Por eso, en fin, de este relato de sólo 15 elementos de juicio, hechos o factores considerados en la acusación, concluimos que ninguno de ellos, y muchos otros que no alcanzamos a señalar, han tenido fundamento suficiente como para haber figurado en esta acusación.

Pero nosotros sí podríamos hacer y debemos hacer un cargo para que la Cámara de Diputados y el país entero tengan conciencia de las verdaderas amenazas que están planteadas a los derechos democráticos de nuestro pueblo. La amenaza al sistema democrático no proviene del pueblo, de los trabajadores ni de este Gobierno, sino de los intereses creados afectados por el proceso revolucionario. La amenaza a los derechos democráticos del pueblo provienen de la reacción, del imperialismo. Se fundamenta en el hecho de que la historia ha probado más de una vez que los banqueros, los latifundistas, los monopolistas, no se resignan a perder sus privilegios. Antes de perderlos prefieren crear el caos y llevar al país a la guerra civil.

Manifestaciones sediciosas de la Derecha hay suficientes en la historia reciente. Qué fue el "tacnazo" en octubre de 1969 sino un intento sedicioso ya no en contra de este Gobierno, sino en contra del anterior, alentado por la Derecha y por el imperialismo, alentado por un periódico...

El señor CARRASCO.-

¿Qué dicen los» socialistas respecto a eso?

El señor CADEMARTORI.-

... que el propio Senador Irureta, ex ¡Presidente del Partido Demócrata Cristiano, ha calificado más de una vez -me refiero a "La Segunda"- como de diario oficial del golpismo y la sedición? Eso no lo pueden olvidar los democratacristianos.

Los actos de terrorismo que la Derecha ha desencadenado en este país no son, como tan livianamente ha dicho" más de alguna vez el Diputado señor Arnello, el producto del anticuerpo. Los actos terroristas, señor Amello, empezaron ya en octubre de 1970, antes de que asumiera este Gobierno...

El señor ARNELLO.-

Mucho tiempo antes.

El señor CADEMARTORI.-

No lo digo yo. Lo dice el fiscal Lyon. Fueron actos cometidos por bandas que el nazismo, incrustado en el Partido Nacional, ampara y protege: cargas explosivas colocadas en los supermercados ALMAC, atentados contra una torre de alta tensión para provocar cortocircuito; carga explosiva en la puerta de la Bolsa de Comercio de Santiago; en la caseta de transmisión del Canal 9 de Televisión; explosión en los estanques de combustibles del Aeropuerto de Pudahuel...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CADEMARTORI.-

... que significó la pérdida de 142 mil litros de parafina pura; carga explosiva en la línea férrea a un kilómetro de la Estación Mapocho. Estos son hechos comprobados por la justicia militar y cometidos por las bandas terroristas que ampara la Derecha en este país...

El señor ARNELLO.-

¡Que ustedes indultaron!

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Arnello!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Ruego a los señores Diputados guardar silencio!

Puede continuar el señor Cademártori.

El señor CADEMARTORI.-

El grupo terrorista "Patria y Libertad" fue creado, también, antes de que asumiera el Gobierno el compañero Allende. Ese grupo no es otra cosa que un mascarón de proa de la ideología fascista en nuestro país. Habla del nacionalismo como una manera de expresar el odio a los pueblos. Habla de un gobierno autoritario porque es el lenguaje que ha usado siempre el fascismo. "Queremos gobierno autoritario," con lo que quieren decir "represión, matanzas y persecuciones contra los campesinos, contra los trabajadores".

El señor ARNELLO.-

¿Y Stalin?

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Arnello!

El señor CADEMARTORI.-

"Patria y Libertad" habla, lo mismo que en los libros que usted ha escrito, señor Amello, de la democracia funcional, de la democracia corporativa. Eso no es otra cosa que atacar a los partidos políticos, sin excepción, para reemplazarlos por mascaradas fascistas...

El señor ARNELLO.-

¡Su Señoría no los ha leído!

El señor CADEMARTORI.-

Esa es la ideología de este grupo fascista. Por eso ha hecho bien al denunciar el carácter de asonada fascista que tuvieron muchos de los acontecimientos que se protagonizaron en el país los días anteriores y posteriores al 2 de diciembre. Había todo un plan sedicioso para aprovechar el acto de las mujeres, que empezó anunciado no como un acto político, sino bajo la denominación vaga de "acto organizado por las mujeres independientes". Ese desfile de mujeres fue el pretexto para desencadenar el asalto a los locales de los partidos populares, para atacar físicamente a los dirigentes políticos y a Ministros de Estado.

En la Comisión de Acusación escuchamos el testimonio dramático del presidente de la Asamblea Radical "Pedro Aguirre Cerda", señor Marcos Maturana, que está consignado en el boletín de la sesión 5ª, segunda parte, página 5. Allí quedó comprobado fehacientemente que este asalto fue perpetrado por los fascistas de "Patria y Libertad", que actuaron como un grupo militarizado. Como lo dijo el propio señor Maturana, quien fue testigo presencial y víctima de esos hechos delictuosos, actuaron obedeciendo órdenes militarizadas de elementos que aparecían dirigiéndolos.

Este clima quedó en claro a través de los boletines que daban a conocer, en esas horas de la noche, las radioemisoras, en particular Radio Agricultura, que pertenece al Partido Nacional. Por eso resulta risible que se diga que las noticias propaladas por esas radios no eran falsas. No somos nosotros los que hemos calificado de falsas esas noticias; ha sido el propio General de División, Jefe de la Zona de Emergencia, señor Augusto Pinochet Ugarte, quien expresó textualmente: "A pesar de que las Radios PresidenteBalmaceda, Sociedad Nacional de Agricultura y Santiago, eran acreedoras a una sanción fuerte por haber difundido informaciones falsas..." Este es el juicio que se había formado el Jefe de Plaza, General Augusto Pinochet: noticias falsas, alarmistas, tendenciosas, formando parte de todo un clima destinado a crear el caos y la sedición en nuestro país.

No es tampoco casual cómo la desesperación lleva a los sediciosos, poco a poco, a desprestigiar al Cuerpo de Carabineros, con ataques desembozados por esas mismas emisoras y llamados al Ejército, incluso, para actuar en contra de Carabineros e Investigaciones.

Según el boletín de la sesión 3ª, página 15, el propio General Pinochet relató que había recibido una llamada telefónica de una persona, que naturalmente no se identificó, pidiéndole actuar con la fuerza en contra de Carabineros e Investigaciones...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

No es casual tampoco, señor Presidente' que el pasquín "La Tribuna" publicara el 4 de diciembre esta injuria contra las Fuerzas Armadas. En la página 5 de este pasquín aparecieron estas palabras: "Nuestra lucha recién comienza. Las Fuerzas Armadas se entregaron por un automóvil nuevo, por una casa, por un aumento de sueldo."

Esta injuria contra las Fuerzas Armadas fue escrita en el periódico del Partido Nacional, del Partido de los Diputados del frente.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Tejeda! ¡Señor Arnello!

El señor CADEMARTORI.-

No es casual, tampoco, lo ocurrido a la distinguida esposa de un oficial de Marina, la señora Díaz de Cancino, quien fue atacada el día domingo 6 de diciembre a las 22.30 en el puente Casino de Valparaíso. Ella relata los hechos de la siguiente manera: "Mi automóvil es perfectamente reconocible, por cuanto es diferente a otros; además tiene en los parabrisas delantero y trasero, distintivos de la Armada de Chile. Pienso hasta qué punto también haya ahí una coincidencia con el insólito hecho de haber sido acusados de "vendidos" y "entregados", a cambio de beneficios materiales, ese mismo día. Además de los letreros escritos la noche anterior en la Avenida Perú que dicen: "Milicos: maricones. Patria y Libertad".

Luego la señora Díaz de Cancino da las razones por qué no hizo sonar la bocina de su automóvil, como querían los fascistas.

Dijo: "Porque no me obligarán a nada que esté contra mis elementales principios de orden y moral.

"Porque con ello habría contribuido a la infracción de tránsito, de ruidos molestos y de alteración del orden público y escándalo.

"Porque soy esposa de un oficial de las Fuerzas Armadas, instituciones apolíticas y no deliberantes y este tipo de gresca callejera tiene obviamente y no disfrazados trasfondos políticos.

"Porque soy esposa de un miembro de las Fuerzas Armadas, que juró defender la Constitución dando su vida si fuera necesario".

Señor Presidente, la sedición, por eso, no sólo apunta contra los partidos populares, no sólo apunto contra el Gobierno constituido legalmente; apunta también en forma insidiosa y calumniosa en contra de las Fuerzas Armadas de Chile.

Señor Presidente; todo este plan sedicioso tampoco tuvo su origen simplemente en las palabras irresponsables de algún Diputado derechista. Ellos no tienen tanta ocurrencia para tal cosa. Vinieron de fuera, y son conocidas las declaraciones de dos altos funcionarios del Gobierno de la Casa Blanca, precisamente en esos días, quienes dijeron que las horas estaban contadas para el Gobierno de Allende. No es casual esa manifestación imperialista con la acción de los grupos de Derecha que actuaron aquellos días. No es casual, tampoco, la declaración de Mitterrand, en Francia, de que en Chile actúan cientos de agentes de la CIA. Ahí están las pruebas demoledoras, que nadie ha podido desvirtuar, de la revista "Mayoría", en donde aparece, con pelos y señales, cómo la Braden Copper durante años ha comprado a los llamados periodistas libres para difamar, para calumniar, para hacer posible la entrega de nuestras riquezas nacionales.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el Partido Nacional ha actuado abiertamente, con sus militantes, en actos de violencia, de sedición. Ahí está el caso de Gabriel Benavente, militante, según lo ha declarado recientemente, de la Juventud de ese Partido e instigador del crimen de Hernán Mery; el caso de Juan Luis Bulnes, militante del Partido Nacional; el caso de Carlos Pilazzi, miembro del Consejo Normativo Superior, que estuvo en la "toma" de la Escuela de Ingeniería ; el caso del regidor Celis, del Partido Nacional, de Viña del Mar, que fue sorprendido por Carabineros en posesión de un arsenal de armas, que ha sido declarado recientemente, por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, reo por delitos contra la Ley de Seguridad Interior del Estado.

No es desconocido, señor, que en el seno del Partido Nacional anida un sector nazi-fascista que encabeza su propio Presidente, que ampara a los grupos de Patria y Libertad. Para ellos cualquier día es bueno para derribar al Gobierno popular. Y lo fundamental es la alianza con el Partido Demócrata Cristiano, y hacia allá se ejerce la presión. Es lamentable que el Partido Demócrata Cristiano, que ha jurado amor democrático, que habla de hacer oposición en el marco de la ley y de la Constitución, caiga en el juego a que lo quieren arrastrar las fuerzas sediciosas. Y esto no es algo que se invente; está en la línea de algunos militantes del Partido Demócrata Cristiano, y está también la línea del diario "La Prensa" ...

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Señor Cademártori, ha terminado el tiempo de dos horas para refutar la acusación.

Se suspende la sesión por 15 minutos.

-Se suspendió la sesión a las 20 horas 31 minutos.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

Se suspende nuevamente por diez minutos.

-Se reanudó la sesión a las 20 horas 56 minutos.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante, señor Aylwin.

El señor ESPINOZA (don Luis).-

¡Va a seguir el circo!

El señor TEJEDA.-

¡Van a seguir los discursos!

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

El señor Diputado informante tiene tiempo, después que han terminado los Diputados que han apoyado o impugnado la acusación. El Reglamento le otorga ese derecho.

El señor GUASTAVINO.-

¿Por qué no cuenta la "firme" de las maniobras?

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Voy a ser extremadamente breve, porque de acuerdo con el Reglamento, en esta oportunidad, sólo puedo rectificar hechos. No creo que vaya a ocupar más de ocho minutos.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

El colega Cademártori, entre los varios hechos que ha rectificado o interpretado, ha expresado algo que es de importancia aclarar.

Ha manifestado que, a su juicio, está perfectamente acreditado que en el libelo se cometió un error cuando se dijo que había habido un cambio de recorrido con respecto de la marcha de las mujeres. Como esto es un hecho importante en esta acusación constitucional, quiero aclararlo perfectamente con tres o cuatro documentos.

La solicitud, señor Presidente, presentada por un grupo de dirigentas para efectuar la que se llamó marcha de la mujer chilena, ingresó el 29 de noviembre a la Intendencia de Santiago.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Aquí está la providencia dictada, que dice: "Vistos: lo dispuesto en el Decreto Reglamentario Nº 2868 del 2 de Julio de 1936, sobre Reuniones Públicas, autorízase la marcha solicitada con el siguiente recorrido: Saldrá de Plaza Italia, Parque Forestal (José María Caro) - Santa Lucía - Moneda - Miraflores - Alameda Bernardo O'Higgins y Plaza Bulnes donde se disolverá."

Aquí aparece borrada la palabra "Bulnes", que está escrita a máquina, y que fue reemplazada por las de "Vicuña Mackenna", escritas de puño y letra por el Intendente.

Todo esto indica, y al menos esa es la convicción que yo me formé en conciencia, que las organizadoras, en vista de que estaba hecha esta resolución, fueron informadas de que ése iba a ser el recorrido. Esto se encuentra plenamente ratificado por varios antecedentes.

Veamos lo que dice el General Sepúlveda, interrogado por el señor Phillips. Le pregunta: "¿Cuándo el Cuerpo de Carabineros tomó conocimiento del cambio de la orden del Intendente, de la modificación de la autorización ya dada?".

Contesta el General Sepúlveda: "Yo lamento no poderlo confirmar, porque no pretendo caer en error, pero me imagino que sólo lo puede aclarar el General Mendoza;...".

O sea, que se desprende que él algo sabía de este hecho del cambio y pedía que se interrogara sobre esto al General Mendoza.

Acá viene lo que dice el General Mendoza:

"El señor VERGARA.- A eso se refiere mi pregunta, y el señor General lo sabe; mi pregunta primera es: ¿A qué hora supo Carabineros que se había modificado el término de la concentración? ¿El mismo día, el día anterior o dos días antes?".

"El señor MENDOZA.- La noche anterior. No estoy absolutamente seguro; pero me parece que en la tarde o en la noche anterior.".

Todo esto ratifica, señor Presidente, la idea de que efectivamente hubo un cambio de recorrido.

A este respecto, también se pidió que declarara, por oficio, el Senador Juan de Dios Carmona,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

... por el hecho de haber sido aludido por el General Mendoza en una conversación.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

El Senador Juan de Dios Carmona declaró lo siguiente: "El señor Prefecto Jefe nos recibió alrededor de las 16,45 horas en su oficina ubicada en el edificio de la Intendencia de Santiago. Allí nos informó:

"1º.- Que no le correspondía a él autorizar la reunión pública de la Unidad Popular que nosotros veníamos a denunciarle como un hecho peligroso para la tranquilidad de la manifestación de las mujeres que estaba autorizada por el Gobierno.

"2º.- Que el recorrido de la concentración de mujeres había sido restringido al Parque Forestal y a la calle Santa Lucía, desembocando en la plaza Vicuña Mackenna, como término de él.".

Hay otro hecho que no voy a rectificar, pero que voy a aclarar. El Diputado señor Cademártori ha expresado que otro de los errores del libelo es que ahí se coloca en boca del Subsecretario señor Vergara que habría dicho que los campesinos que venían del sur a una reunión de la Cámara de Diputados venían "borrachos". El señor Subsecretario nos expresó que ésos no eran los términos empleados por él, y concretamente se dirigió a mí, porque conmigo había tenido la conversación. Allí, conversando, le reconocí muy claramente que él no había dicho que los campesinos venían borrachos, sino que venían en estado de intemperancia o ebriedad.

-Risas.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Ese es el exacto sentido de mi rectificación. Hago presente, a este respecto, señor Presidente, que lo expresó el Intendente señor Codelia, citado a nuestra Comisión,...

-Hablan varios señores Diputados a la, vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¡Señor Godoy! ¡Señor Palestro!

El señor AYLWIN (don Andrés).-

... ratifica absolutamente esta misma información. Dijo el señor Codelia:

"Me manifestó el Mayor que cuando Carabineros tuvo que subir a las micros para pedir los permisos, se había constatado que varios de ellos venían en manifiesto estado de ebriedad,...".

Más adelante, agregó: "Esto" -el estado de excitación y de indignación en que estaban- "sin lugar a dudas, era producto de que muchos de ellos estaban con alcohol.".

En todo caso, yo no me echo atrás en cuanto a la rectificación del término, porque efectivamente, en concepto de algunos puede ser más hiriente "borracho' que "estar en estado de intemperancia o ebriedad".

Creo, sin embargo, que es una ofensa a trabajadores que vienen a una reunión, pensar que a las cuatro y media o cinco de la mañana estaban en estado de ebriedad. Todo indica que no fue ése el motivo por el cual se les retuvo, sino que el deseo de que no estuvieran presentes en una determinada reunión.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Señores Diputados, les ruego guardar silencio.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

En cuanto a los cargos, señor Presidente, y con esto termino...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Señores Diputados, les ruego guardar silencio.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Se ha expresado reiteradamente que muchos de los cargos no se habrían fundamentado en infracciones legales. En el fondo, para así probarlo, se han dado argumentaciones jurídicas. Quiero señalar, que cada uno de los cargos tiene claramente señalado cuáles son los preceptos legales que se suponen infringidos. Lo que hay, sí, muy claramente, son dos conceptos diferentes sobre el problema planteado. En el fondo, los sectores que defienden al Ministro expresan que éste sólo responde en la medida en que haya cometido un delito y en la medida en que tenga una responsabilidad personal. La tesis nuestra es diferente, en el sentido de que un Ministro de Estado responde no sólo por sus actos, sino también por los actos de sus subalternos en casos determinados, graves, y siempre que él tenga alguna cuota de responsabilidad en ellos. Son dos tesis jurídicas, y como se trata de rectificación de hechos, no es el momento para que hable más de este problema.

Pero sí quiero hacer presente que a mí no me cabe duda de que el Ministro del Interior, dentro de nuestro régimen jurídico, es el encargado de velar por todo lo que se relaciona con el orden público y con las garantías constitucionales. De tal manera que, cuando hay atentados graves respecto de algunas de estas garantías, procede legalmente el juicio político por "infracción a las leyes" o por "haberlas dejado sin ejecución". A este respecto, los antecedentes son muchos, y han sido siempre los colegas de la Unidad Popular los que han planteado este tipo de acusaciones. Recordemos la acusación a don Edmundo Pérez, recordemos la acusación al señor Salas Romo.

Quiero expresar aún -y con esto termino- algunas palabras para aclarar personalmente algo. Cuando llegué a esta Cámara, sostuve la misma tesis que hoy día sostiene el señor Ministro, en la primera acusación que se planteó a un Ministro democratacristiano. Después, en acusaciones a Ministros dentro del Gobierno de la Democracia Cristiana, rectifiqué ese criterio, sobre todo en un problema de garantías individuales. Se puede ver en las actas de la Corporación que estuve presente en una sesión en que se votó una acusación constitucional y que, en definitiva, no di mi voto a favor de un Ministro demócrata-cristiano.

Nada más.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Aylwin? El señor Ramírez, don Felipe, le pide una interrupción.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

No procede, señor Presidente.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

No se la concede.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Es que no procede.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, quiero aclarar una cosa. A mí me habían pedido interrupciones varios colegas de mi Partido, y a ellos les dije que no iba a conceder interrupciones, porque entendía que éste era un tiempo para el Diputado informante.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Dentro del tiempo que tiene el señor Diputado, puede conceder interrupciones. Como indica que no las concede, cerrado el debate.

En votación la proposición de admisibilidad de la acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del señor Ministro del Interior, don José Tohá González, por las causales de infracción a la Constitución, atropellamiento de las leyes o haberlas dejado sin ejecución, y haber comprometido gravemente la seguridad de la Nación, de acuerdo con los antecedentes que constan en el libelo acusatorio y en el informe emitido a su respecto por la Comisión de Acusación.

Los señores Diputados que aprueben la proposición de admisibilidad de la acusación, en los términos señalados, votarán que sí; los que la rechacen, votarán que no.

El señor Secretario tomará la votación.

-Durante la votación:

El señor ESPINOZA (don Luis).-Pido la palabra.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría hasta por cinco minutos.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor HUEPE.-

Pido la palabra.

El señor PONTIGO.-

Pido la palabra.

El señor RAMIREZ (don Gustavo).-

Pido la palabra.

El señor SABAT.-

Pido la palabra.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la palabra Su Señoría para fundamentar su voto, hasta por cinco minutos.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Ruiz-Esquide!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SABAT.-

A pesar de que nuestro Presidente ha hablado en contra del sectarismo...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Ruiz-Esquide don Mariano, llamo al orden a Su Señoría!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Ruiz-Esquide, nuevamente, llamo al orden a Su Señoría!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SABAT.-

... hay muchos funcionarios de la Unidad Popular que quieren revanchismo, porque ustedes lo provocaron ...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Señor Ruiz-Esquide, llamo al orden a Su Señoría.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Vergara!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señores Diputados, ruego guardar silencio!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Señor Ruiz-Esquide, nuevamente llamo al orden a Su Señoría.

¡Señor Vergara!

Puede continuar el señor Sabat.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señores Diputados, ruego a Sus Señorías observar el Reglamento!

Señor Sabat, le ruego dirigirse a la Mesa para no provocar este tipo de diálogos violentos.

Puede continuar Su Señoría.

El señor SABAT.-

Hoy en día no hemos querido ser sectarios...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Ruiz-Esquide, don Mariano, llamo al orden a Su Señoría!

El señor SABAT.-

Desgraciadamente hay mucha gente que no lo comprende...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Señores Diputados, el señor Sabat está haciendo uso de su derecho.

El señor El señor SABAT.-

Desgraciadamente, hay mucha gente que no lo comprende...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Señores Diputados, les ruego respetar el derecho del orador.

Señor Sabat, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.

El señor SABAT.-

Aquí tenemos una muestra...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Tudela, señor Ruiz-Esquide, llamo al orden a Sus Señorías!

El señor SABAT.-

Ustedes dicen que sólo nosotros tenemos grupos armados,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Señor Sabat, le ruego dirigirse a la Mesa.

El señor SABAT.-

...pero en la provincia de Linares, en San Javier, hay un democratacristiano llamado Romero,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SABAT.-

... que está usando armas, que intimida a la gente a la vista y paciencia de Carabineros, porque es el que más resguardo tiene de Carabineros.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Ruiz-Esquide, don Mariano, llamo al orden a Su Señoría!

El señor PUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Ruiz-Esquide, don Mariano, amonesto a Su Señoría!

El señor SABAT.-

Ustedes se están quejando de un pobre muchacho, como es el "Comandante Pepe", que presta ayuda...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¡Señor Mariano Ruiz-Esquide, amonesto a Su Señoría!

Señor Sabat, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.

El señor SABAT.-

... a la gente asalariada y pobre.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don Cesar Raúl (Vicepresidente).-

Señor Sabat, ¿cómo vota?

El señor SALVO.-

Pido la palabra.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Puede fundamentar el voto Su Señoría, hasta por cinco minutos.

El señor INSUNZA.-

¡Junto con Carmine!

El señor PALESTRO.-

¡Todavía están abiertos los registros de la Izquierda Cristiana!

-Risas.

El señor URETA.-

Pido la palabra.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

-Durante el escrutinio:

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que el señor Schnake, que se ha incorporado a la Sala después de declarada terminada la votación, puedo emitir su voto.

No hay acuerdo.

-Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 59 votos.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Alamos, Alessandri, doña Silvia; Alessandri, don Gustavo; Alvarado, Amunátegui, Araya, Argandoña, Arnello, Aylwin, Barrionuevo, Bulnes, don Jaime; Campos, Cardemil, Carmine, Carrasco, Castilla, Cerda, De la Fuente, Del Fierro, Frei, Frías, Fuentes, don César Raúl; Garcés, García, Godoy, Guerra, Huepe, Iglesias, Klein, Koenig, Laemmermann, Lavandero, Leighton, Lorca, Lorenzini, Marín, don Oscar; Maturana, Mekis, Mercado, Merino, Momberg, Monares, Monckeberg, Mosquera, Páez, Palza, Pareto, Penna, Pérez, Phillips, [Ramírez, don Gustavo; Recabarren, Retamal, doña Blanca; Riesco, Ríos, don Mario; Rodríguez, Ruiz-Esquide, don Rufo; Ruiz-Es-quide, don Mariano; Saavedra, doña Wil-na; Salinas, don Anatolio; Sanhueza, Santibáñez, Scarella, Schleyer, Señoret, Sepúlveda, Sívori, Stark, Tagle, Tapia, Temer, Toledo, doña Pabla; Torres, Tu-dela, Undurraga, Ureta, Valdés, Valenzuela, Vega, Vergara y Zaldívar.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acevedo, Aguilera, Agurto, Allende, doña Laura; Andrade, Atencio, Baltra, doña Mireya; Barahona, Basso, Buzeta, Cabello, Cademártori, Carvajal, Clavel, Espinoza, don Gerardo; Espinoza, don Luis; Fuentes, don Samuel; Giannini, González, Guastavino, Hurtado, Ibáñez, Insunza, Irribarra, Jaque, Jarpa, Lazo, doña Carmen; Magalhaes, Maira, Marín, doña Gladys; Millas, Morales, Muñoz Barra, Naudon, Núñez, Olave, Ortega, Palestro, Pontigo, Ramírez, don Pedro Felipe; (Ríos, don Héctor; Riquelme, Robles, Sabat, Salinas, don Edmundo; Salvo, Sharpe, Silva, Solís, Soto, Tavolari, Tejeda, Toro, Urra y Videla.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

En consecuencia, la Cámara declara que ha lugar a la admisibilidad de la acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del señor Ministro del Interior, don José Tohá González, por las causales de infracción a la Constitución, atropellamiento de las leyes, haberlas dejado sin ejecución y por haber comprometido gravemente la seguridad de la nación, de acuerdo con los antecedentes que constan en el libelo acusatorio y en el informe emitido a su respecto por la comisión de acusación.

En conformidad con el Reglamento, corresponde designar una Comisión de tres señores Diputados para que formalicen y prosigan la acusación constitucional ante el Honorable Senado.

Si la parece a la Cámara, se designará a los Diputados señores Zaldívar, Maturana y Señoret.

¿Habría acuerdo?

Varios señores DIPUTADOS.-

No.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

En votación.

El señor MAIRA.-

Votación secreta.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para que la votación fuera nominal?

La señora LAZO.-

Votación secreta.

El señor INSUNZA.-

De acuerdo con el Reglamento.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Corresponde votación económica.

Varios señores DIPUTADOS.-

No.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Nunca ha habido votación secreta. Y al no haber votación secreta para votar la acusación misma, que es lo principal, menos la puede haber ahora, y sería una excepción al Reglamento, para votar la integración de la Comisión.

En consecuencia, en votación...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor GUASTAVINO.-

Que la Mesa aclare esto.

El señor BUZETA.-

No puede ser; se trata de designar tres personas.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Pero es un acuerdo de la Cámara. Todo acuerdo de la Cámara requiere votación, y todas las votaciones son económicas, salvo que haya alguna regla en contrario.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor BUZETA.-

¡Son tres personas, todavía!

El señor MAIRA.-

Cada posibilidad la determina una votación secreta. Sí, señor, corresponde votar por los nombres de cada uno de los designados; es una designación individual.

El señor PARETO.-

¿En qué parte del Reglamento dice eso?

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Señores Diputados, con el objeto de aclarar las disposiciones que rigen la materia, el señor Secretario les va a dar lectura.

El señor GUERRERO, don Raúl (Secretario).-

El artículo 289 del Reglamento dice:

"La sesión sólo se levantará en su caso:

"a) Cuando se deseche la proposición de admisibilidad;

"b) Cuando se acepte y se nombre la Comisión de tres Diputados que la formalice y, prosiga ante el Senado."

Esto está en relación con el inciso tercero del artículo 69, que se refiere a los miembros de las Comisiones y expresa:

"La propuesta a que se refiere el inciso primero no tendrá discusión, y si no se pide votación, se dará tácitamente por aprobada. En caso contrario, la Sala, en votación económica inmediata, resolverá sobre la proposición de la Mesa... "

El señor GUASTAVINO.-

¿Cómo se hace la proposición?

El señor FUENTES, don César 'Raúl (Vicepresidente).-

En consecuencia, en votación económica.

Varios señores DIPUTADOS.-

No.

El señor GUASTAVINO.-

¿Qué se está votando, señor Presidente?

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

La designación de la Comisión que ha propuesto la Mesa, cuyos nombres son los de los señores Zaldívar, Maturana y Señoret.

En votación.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor GUASTAVINO.-

Suspenda la sesión.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Señor Secretario, tome la votación.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

La Mesa tiene el pleno convencimiento de que la situación reglamentaria es tal como se ha indicado. Sin embargo...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SALVO.-

Pido la palabra.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

... frente a la petición que hacen algunos señores Diputados de suspender la sesión por algunos minutos para aclarar este procedimiento, la Mesa no tiene ningún inconveniente.

En consecuencia, se suspende la sesión por 2 minutos.

-Se suspendió la sesión a las 23 horas 53 minutos.

-Transcurridos dos minutos:

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Señores Diputados, se reanuda la sesión.

La Mesa ha explicado ya el procedimiento a algunos señores Diputados que han llegado hasta la testera, e inclusive les ha hecho presente un procedimiento anterior empleado cuando se trató en la Cámara la acusación en contra del Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Eduardo León Villarreal.

En aquella oportunidad se invocaron los mismos artículos que invoca el Presidente en esta sesión, que son los artículos 69 y 269 del Reglamento. En aquella ocasión, la Mesa propuso una Comisión de 3 miembros, hubo consenso unánime en los 3 miembros.

Si en esta oportunidad no hubiera asentimiento unánime, la Mesa por cierto haría las consultas del caso para conocer la proposición que pudieran hacer los señores Diputados, en caso de ser rechazada la proposición que hizo la Mesa, ya que no hubo unanimidad para aceptarla.

En consecuencia, en votación la proposición que hizo la Mesa.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 36 votos.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

En consecuencia, quedan designados los señores Zaldívar, Maturana y Señoret para que integren la Comisión que formalice y prosiga la acusación ante el Honorable Senado.

Por haberse cumplido con el objetivo de la presente sesión, se levanta.