Historia de la Ley

Concédese, por una sola vez, un aguinaldo de Navidad a los trabajadores que, a la fecha de publicación de esta ley, desempeñen cargos de planta o a contrata de las entidades actualmente regidas por el artículo 1 del decreto ley Nº 249, de 1974; el decreto ley Nº 3.058, de 1979; los títulos I, II y IV del decreto ley Nº 3.551, de 1981; el decreto con fuerza de ley Nº 1 (G), de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional; el decreto con fuerza de ley Nº 2 (I), de 1968, del Ministerio del Interior; el decreto con fuerza de ley Nº 1 (Investigaciones), de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional; a los trabajadores de Astilleros y Maestranzas de la Armada, de Fábricas y Maestranzas del Ejército y de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile; a los trabajadores cuyas remuneraciones se rigen por las leyes Nº 18.460 y Nº 18.593; a los señalados en el artículo 35 de la ley Nº 18.962; a los trabajadores del acuerdo complementario de la ley Nº 19.297; al personal remunerado de conformidad al párrafo 3º del título VI de la ley Nº 19.640; a los asistentes de la educación pública y los profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública; a los profesionales de la educación traspasados a los niveles internos de los Servicios Locales de Educación Pública en virtud del artículo trigésimo noveno de la ley N° 21.040; al personal de los Tribunales Tributarios y Aduaneros a que se refiere la ley N° 20.322, y a los trabajadores de empresas y entidades del Estado que no negocien colectivamente y cuyas remuneraciones se fijen de acuerdo con el artículo 9 del decreto ley Nº 1.953, de 1977, o en conformidad con sus leyes orgánicas o por decretos o resoluciones de determinadas autoridades.

El monto del aguinaldo será de $57.873.- para los trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre de 2019 sea igual o inferior a $773.271.- y de $30.613.- para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad. Para estos efectos, se entenderá por remuneración líquida el total de las de carácter permanente correspondiente a dicho mes, excluidas las bonificaciones, asignaciones y bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional; con la sola deducción de los impuestos y cotizaciones previsionales de carácter obligatorio.

El aguinaldo que otorga el artículo anterior corresponderá, asimismo, en los términos que establece dicha disposición, a los trabajadores de las universidades que reciben aporte fiscal directo de acuerdo con el artículo 2 del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación, y a los trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados a las municipalidades, siempre que tengan alguna de dichas calidades a la fecha de publicación de esta ley.

Los aguinaldos concedidos por los artículos 2 y 3 de esta ley, en lo que se refiere a los órganos y servicios públicos centralizados, serán de cargo del Fisco y, respecto de los servicios descentralizados, de las empresas señaladas expresamente en el artículo 2 y de las entidades a que se refiere el artículo 3, serán de cargo de la propia entidad empleadora.

Con todo, el Ministro de Hacienda dispondrá la entrega a las entidades con patrimonio propio de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pueden financiarlos en todo o en parte con sus recursos propios, siempre que dichos recursos le sean requeridos, como máximo, dentro de los dos meses posteriores al del pago del beneficio.

Los trabajadores de los establecimientos particulares de enseñanza subvencionados por el Estado conforme al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, y de los establecimientos de Educación Técnico Profesional traspasados en administración de acuerdo al decreto ley Nº 3.166, de 1980, tendrán derecho, de cargo fiscal, al aguinaldo que concede el artículo 2 de esta ley, en los mismos términos que establece dicha disposición.

El Ministerio de Educación fijará internamente los procedimientos de entrega de los recursos a los sostenedores o representantes legales de los referidos establecimientos y de resguardo de su aplicación al pago del beneficio que otorga este artículo. Dichos recursos se transferirán a través de la Subsecretaría de Educación.

Los trabajadores de las instituciones reconocidas como colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, de acuerdo con el decreto ley Nº 2.465, de 1979, que reciban las subvenciones establecidas en el artículo 30 de la ley Nº 20.032 y de las Corporaciones de Asistencia Judicial, tendrán derecho, de cargo fiscal, al aguinaldo que concede el artículo 2 de esta ley, en los mismos términos que determina dicha disposición.

El Ministerio de Justicia fijará internamente los procedimientos de entrega de los recursos a las referidas instituciones y de resguardo de su aplicación al pago del beneficio a que se refiere el presente artículo.

Dichos recursos se transferirán a través del Servicio Nacional de Menores o de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia, según corresponda.

En los casos a que se refieren los artículos 3, 5 y 6 de esta ley, el pago del aguinaldo se efectuará por el respectivo empleador, el que recibirá los fondos pertinentes del ministerio que corresponda.

Concédese, por una sola vez, un aguinaldo de Fiestas Patrias del año 2020 a los trabajadores que, al 31 de agosto del año 2020, desempeñen cargos de planta o a contrata en las entidades a que se refiere el artículo 2 y para los trabajadores a que se refieren los artículos 3, 5 y 6 de esta ley.

El monto del aguinaldo será de $74.516.- para los trabajadores cuya remuneración líquida, que les corresponda percibir en el mes de agosto del año 2020, sea igual o inferior a $773.271.-, y de $51.727.-, para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad. Para estos efectos, se entenderá como remuneración líquida el total de las de carácter permanente correspondientes a dicho mes, excluidas las bonificaciones, asignaciones y bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional; con la sola deducción de los impuestos y de las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio.

El aguinaldo de Fiestas Patrias concedido por este artículo, en lo que se refiere a los órganos y servicios públicos centralizados, será de cargo del Fisco, y respecto de los servicios descentralizados, de las empresas señaladas expresamente en el artículo 2, y de las entidades a que se refiere el artículo 3, será de cargo de la propia entidad empleadora. El Ministro de Hacienda dispondrá la entrega a las entidades con patrimonio propio de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pueden financiarlos en todo o en parte con sus recursos propios, siempre que dichos recursos le sean requeridos, como máximo, dentro de los dos meses posteriores al del pago del beneficio.

Respecto de los trabajadores de los establecimientos de enseñanza a que se refiere el artículo 5 de esta ley, el Ministerio de Educación fijará internamente los procedimientos de pago y entrega de los recursos a los sostenedores o representantes legales de los referidos establecimientos y de resguardo de su aplicación al pago del aguinaldo que otorga este artículo. Dichos recursos se transferirán a través de la Subsecretaría de Educación. Tratándose de los trabajadores de las instituciones a que se refiere el artículo 6 de esta ley, el Ministerio de Justicia fijará internamente los procedimientos de entrega de los recursos a las referidas instituciones y de resguardo de su aplicación al pago del beneficio que otorga este artículo. Dichos recursos se transferirán a través del Servicio Nacional de Menores o de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia, según corresponda.

En los casos a que se refieren los artículos 5 y 6 el pago del aguinaldo se efectuará por el respectivo empleador, el que recibirá los fondos pertinentes del ministerio que corresponda, cuando procediere.

Los aguinaldos establecidos en los artículos precedentes no corresponderán a los trabajadores cuyas remuneraciones sean pagadas en moneda extranjera.

Concédese por una sola vez en el año 2020, a los pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez del artículo 26 de la ley Nº 15.386, para pensionados de 75 o más años de edad, a la fecha de pago del beneficio; a los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, conforme al título VII de dicho cuerpo legal; a los pensionados del sistema establecido en el referido decreto ley que se encuentren percibiendo un aporte previsional solidario de vejez, cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez del artículo 26 de la ley Nº 15.386, para pensionados de 75 o más años de edad, a la fecha de pago del beneficio; y a los beneficiarios de pensiones básicas solidarias de vejez, un bono de invierno de $64.549.-.

El bono a que se refiere el inciso anterior se pagará en el mes de mayo del año 2020, a todos los pensionados antes señalados que al primer día de dicho mes tengan 65 o más años de edad. Será de cargo fiscal, no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

No tendrán derecho a dicho bono quienes sean titulares de más de una pensión de cualquier tipo, incluido el seguro social de la ley Nº 16.744, o de pensiones de gracia, salvo cuando éstas no excedan, en su conjunto, del valor de la pensión mínima de vejez del artículo 26 de la ley Nº 15.386, para pensionados de 75 o más años de edad, a la fecha de pago del beneficio.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, no se considerará como parte de la respectiva pensión el monto que el pensionado perciba por concepto de aporte previsional solidario de vejez.

Concédese, por una sola vez, a los pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, que tengan algunas de estas calidades al 31 de agosto del año 2020, un aguinaldo de Fiestas Patrias del año 2020, de $20.082.-. Este aguinaldo se incrementará en $10.303.- por cada persona que, a la misma fecha, tengan acreditadas como causantes de asignación familiar o maternal, aun cuando no perciban dichos beneficios por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la ley Nº 18.987.

En los casos en que las asignaciones familiares las reciba una persona distinta del pensionado, o las habría recibido de no mediar la disposición citada en el inciso precedente, el o los incrementos del aguinaldo deberán pagarse a la persona que perciba o habría percibido las asignaciones.

Asimismo, los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia no podrán originar, a la vez, el derecho al aguinaldo a favor de las personas que perciban asignación familiar causada por ellos. Estas últimas sólo tendrán derecho al aguinaldo en calidad de pensionadas, como si no percibieren asignación familiar.

Al mismo aguinaldo, con el incremento, cuando corresponda, que concede el inciso primero de este artículo, tendrán derecho quienes al 31 de agosto del año 2020 tengan la calidad de beneficiarios de las pensiones básicas solidarias; de la ley Nº 19.123; del artículo 1º de la ley Nº 19.992; del decreto ley Nº 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, conforme al título VII de dicho cuerpo legal; del referido decreto ley que se encuentren percibiendo un aporte previsional solidario; de las indemnizaciones del artículo 11 de la ley Nº 19.129, y del subsidio para las personas con discapacidad mental a que se refiere el artículo 35 de la ley Nº 20.255.

Cada beneficiario tendrá derecho sólo a un aguinaldo, aun cuando goce de más de una pensión, subsidio o indemnización. En el caso que pueda impetrar el beneficio en su calidad de trabajador afecto al artículo 8 de esta ley, sólo podrá percibir en dicha calidad la cantidad que exceda a la que le corresponda como pensionado, beneficiario del subsidio a que se refiere el artículo 35 de la ley Nº 20.255 o de la indemnización establecida en el artículo 11 de la ley Nº 19.129. Al efecto, deberá considerarse el total que represente la suma de su remuneración y pensión, subsidio o indemnización, líquidos. En todo caso, se considerará como parte de la respectiva pensión el monto que el pensionado perciba por concepto de aporte previsional solidario.

Concédese, asimismo, por una sola vez, a los pensionados a que se refiere este artículo, que tengan alguna de las calidades que en él se señalan al 30 de noviembre del año 2020 y a los beneficiarios del subsidio a que se refiere el artículo 35 de la ley Nº 20.255 y de la indemnización establecida en el artículo 11 de la ley Nº 19.129 que tengan dicha calidad en la misma fecha, un aguinaldo de Navidad del año 2020 de $23.081.-. Dicho aguinaldo se incrementará en $13.040.- por cada persona que, a la misma fecha, tengan acreditadas como causantes de asignación familiar o maternal, aun cuando no perciban esos beneficios por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 18.987.

Cada beneficiario tendrá derecho sólo a un aguinaldo, aun cuando goce de más de una pensión, subsidio o indemnización.

En lo que corresponda, se aplicarán a este aguinaldo las normas establecidas en los incisos segundo, tercero y séptimo de este artículo.

Los aguinaldos a que se refiere este artículo no serán imponibles ni tributables y, en consecuencia, no estarán afectos a descuento alguno.

Quienes perciban maliciosamente estos aguinaldos o el bono que otorga el artículo anterior, respectivamente, deberán restituir quintuplicada la cantidad percibida en exceso, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles.

Los aguinaldos que concede el artículo anterior, en lo que se refiere a los beneficiarios de pensiones básicas solidarias, del subsidio para las personas con discapacidad mental a que se refiere el artículo 35 de la ley Nº 20.255 y a los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, conforme al título VII de dicho cuerpo legal, o un aporte previsional solidario, serán de cargo del Fisco y, respecto de los pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, serán de cargo de la institución o mutualidad correspondiente. Con todo, el Ministro de Hacienda dispondrá la entrega a dichas entidades de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pudieren financiarlos en todo o en parte con sus recursos o excedentes.

Concédese, por el período de un año, a contar del 1 de enero del año 2020, la bonificación extraordinaria trimestral que otorga la ley Nº 19.536, la que será pagada en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de ese año. El monto de esta bonificación será de $260.528.- trimestrales.

Tendrán derecho a este beneficio los profesionales señalados en el artículo 1° de la ley Nº 19.536 y los demás profesionales de colaboración médica de los servicios de salud remunerados según el sistema del decreto ley Nº 249, de 1974, que se desempeñen en las mismas condiciones, modalidades y unidades establecidas en el mencionado precepto, o bien en laboratorios y bancos de sangre, radiología y medicina física y rehabilitación.

La cantidad máxima de profesionales que tendrán derecho a esta bonificación será de 8.282 personas.

En lo no previsto por este artículo, la concesión de la citada bonificación se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.536, en lo que fuere procedente.

Sustitúyese, en el artículo 9º de la ley Nº 19.464, el guarismo “2020” por “2021”.

Concédese, por una sola vez, a los trabajadores de las instituciones mencionadas en los artículos 2, 3, 5 y 6 de esta ley, un bono de vacaciones no imponible, que no constituirá renta para ningún efecto legal, que se pagará en el curso del mes de enero de 2020 y cuyo monto será de $122.332.- para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2019 sea igual o inferior a $773.271.- y de $85.324.- para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad y no exceda de una remuneración bruta de $2.560.669.-. Para estos efectos, se entenderá por remuneración bruta la referida en el artículo 19 de esta ley.

El bono de vacaciones que concede este artículo en lo que se refiere a los órganos y servicios públicos centralizados, será de cargo del Fisco y, respecto de los servicios descentralizados, de las empresas señaladas expresamente en el artículo 2 y de las entidades a que se refiere el artículo 3, será de cargo de la propia entidad empleadora.

Con todo, el Ministro de Hacienda dispondrá la entrega a las entidades con patrimonio propio de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pueden financiarlos en todo o en parte con sus recursos propios.

El reajuste previsto en el artículo 1 de esta ley se aplicará a las remuneraciones que los funcionarios perciban por concepto de planilla suplementaria, en la medida que ésta se haya originado con ocasión de traspasos de personal entre instituciones adscritas a diferentes escalas de sueldos base o por modificación del sistema de remuneraciones de la institución a la cual pertenece el funcionario.

La cantidad de $773.271.- establecida en el inciso segundo de los artículos 2 y 8 y en el inciso primero de los artículos 14 y 25 de esta ley, se incrementará en $38.219.- para el sólo efecto de calcular los montos diferenciados de los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, de la bonificación adicional al bono de escolaridad y del bono de vacaciones no imponible que les corresponda percibir a los funcionarios beneficiarios de la asignación de zona a que se refiere el artículo 7 del decreto ley Nº 249, de 1974, aumentada conforme lo prescrito en los artículos 1, 2 y 3 de la ley Nº 19.354, cuando corresponda. Igualmente, la cantidad señalada en el artículo 19 se incrementará en $38.219.- para los mismos efectos antes indicados.

El mayor gasto que represente en el año 2019 a los órganos y servicios la aplicación de esta ley, se financiará con los recursos contemplados en el subtítulo 21 de sus respectivos presupuestos y, en lo que faltare, con reasignaciones presupuestarias y/o transferencias de la Partida Presupuestaria Tesoro Público. Para el pago de los aguinaldos, en los casos que corresponda, se podrá poner fondos a disposición con imputación directa del ítem 50-01-03-24-03.104 de la Partida Presupuestaria Tesoro Público.

El gasto que irrogue durante el año 2020 a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos para dicho año, la aplicación de lo dispuesto en los artículos 1, 8, 13, 14 y 16 de esta ley, se financiará con los recursos contemplados en el subtítulo 21 de sus respectivos presupuestos y, si correspondiere, con reasignaciones presupuestarias y/o con transferencias del ítem señalado en el inciso precedente del presupuesto para el año 2020. Todo lo anterior, podrá ser dispuesto por el Ministro de Hacienda, mediante uno o más decretos expedidos en la forma establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, dictados a contar de la fecha de publicación de esta ley.

Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario denominado “bono de desempeño laboral”, destinado al personal asistente de la educación que se desempeñaba, al 31 de agosto del año 2018, en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal, aun cuando hayan sido traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública, o en los establecimientos regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980.

El valor del bono de desempeño laboral será de $279.806.- para los asistentes de la educación que, por la sumatoria de las 4 variables indicadas, obtengan el 80% o más del valor del indicador general de evaluación. En el caso de aquellos asistentes de la educación que obtengan un resultado menor al 80% pero superior al 55% por la sumatoria de las 4 variables, el bono que percibirán será de $214.113.-. Cuando el resultado del índice general de evaluación sea igual o inferior al 55%, el bono será de $164.234.-

Los valores mencionados en el inciso anterior están establecidos sobre la base de una jornada laboral de 44 o 45 horas semanales. Los asistentes de la educación que se desempeñen en jornadas parciales percibirán el bono de desempeño laboral en forma proporcional, de acuerdo a las horas establecidas en sus respectivos contratos de trabajo.

El pago del bono de desempeño laboral se realizará en dos cuotas, en los meses de diciembre del año 2019 y enero del año 2020. Este beneficio no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecto a descuento alguno y no será considerado subsidios pecuniarios mensuales, de carácter periódico para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley Nº 20.595. Será de cargo fiscal y administrado por el Ministerio de Educación, al que le corresponderá especialmente concederlo y resolver los reclamos a que haya lugar con ocasión de su implementación, los que podrán ser notificados a los reclamantes a través de las secretarías regionales o los departamentos provinciales del Ministerio.

En el caso de los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos dependientes de los Servicios Locales de Educación, el pago del bono se efectuará por el respectivo Servicio Local de Educación, el que recibirá los fondos correspondientes directamente vía Aporte Fiscal Libre.

Sin perjuicio de lo establecido en otros cuerpos legales, para los efectos del presente bono, los dirigentes de las distintas asociaciones de asistentes de la educación deberán ser evaluados bajo los mismos criterios fijados anteriormente. En el caso de las variables señaladas en las letras c) y d), a los dirigentes se les considerará el promedio de la entidad sostenedora que corresponda.

Quienes perciban maliciosamente este bono deberán restituir quintuplicada la cantidad percibida en exceso, sin perjuicio de las correspondientes sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles.

Establécese, para todo el año 2020, una asignación especial para el personal que desempeñe cargos de planta o empleos a contrata asimilados al estamento de profesionales en el Servicio Médico Legal y que además se encuentre regido por la ley N° 15.076.

La asignación especial ascenderá a los montos mensuales que se señalan, según la antigüedad y jornada de trabajo que se indican:

La asignación se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración.

El Director del Servicio Médico Legal, mediante resolución, individualizará a los funcionarios que cumplan los requisitos para acceder a la asignación y determinará los montos mensuales a que tienen derecho.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación del presente artículo durante el año presupuestario de su vigencia, será financiado con cargo al presupuesto del Servicio Médico Legal.

Concédese, sólo para el año 2020, la asignación por desempeño en condiciones difíciles al personal asistente de la educación que ejerza sus funciones en establecimientos educacionales que sean calificados como de desempeño difícil, conforme a lo establecido en el artículo 84 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, que estuvieren vigentes antes de la ley N° 20.903.

La asignación por desempeño en condiciones difíciles de este artículo se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable, y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Dicha asignación será de cargo fiscal y administrada por el Ministerio de Educación, el cual, a través de sus organismos competentes, realizará el control de los recursos asignados.

El mayor gasto fiscal que represente el otorgamiento de esta asignación durante el año 2020 se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con traspasos provenientes del Presupuesto del Tesoro Público.

Reconócese durante el año 2018, el pago del incremento por desempeño institucional de la asignación de modernización a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 19.553, a los funcionarios de planta y a contrata que se hayan desempeñado durante dicho año en el Servicio Administrativo del Gobierno Regional de la Región de Ñuble y que no hayan percibido durante ese año el pago de dicho incremento. Durante el año 2018, dicho incremento ascenderá al mismo porcentaje que por ese concepto hubiere correspondido en el Servicio Administrativo del Gobierno Regional de la Región del Biobío durante el año 2018. El pago de ese incremento se realizará, en una sola cuota, por el período que durante el año 2018 se hubieren desempeñado en el Servicio Administrativo del Gobierno Regional de la Región de Ñuble los funcionarios antes indicado y siempre que se encuentren en servicio a la fecha de publicación de la presente ley.

Durante el año 2019, el incremento por desempeño colectivo, se pagará en el porcentaje máximo a que se refiere el artículo 7° de la ley N° 19.553, a los funcionarios de planta y a contrata que se hayan desempeñado durante el año 2018 en el Servicio Administrativo del Gobierno Regional de la Región de Ñuble. El pago de ese incremento se realizará en una sola cuota y siempre que se encuentren en servicio a la fecha de publicación de la presente ley.

Otórgase, a partir del 1 de enero de 2020, una asignación no imponible, al personal traspasado desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la Comisión para el Mercado Financiero en virtud del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2019, del Ministerio de Hacienda, siempre que en la anualidad respectiva cumpla con los requisitos para percibir la bonificación del artículo 5° de la ley N° 19.528 en dicha Comisión y se encuentre en servicios a la fecha de su pago.

El monto de la asignación señalada en el inciso anterior ascenderá a la diferencia entre el monto que resulte de aplicar la bonificación del artículo 5° de la ley N° 19.528, según los porcentajes fijados por la letra b) del artículo 1° del decreto supremo N° 1.966, de 2018, del Ministerio de Hacienda, correspondientes al grado y estamento en que el funcionario con derecho a esta asignación fue traspasado a la Comisión para el Mercado Financiero, y la cantidad que le corresponda a dicho funcionario en virtud de la bonificación del artículo 5° de la ley N° 19.528 en dicha Comisión, en la respectiva anualidad.

Esta asignación se devengará mensualmente y se pagará en la misma oportunidad de la bonificación del artículo 5° de la ley N° 19.528, además, no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración.

La planilla suplementaria a que se refiere el literal b) del numeral 3 del artículo noveno transitorio de la ley N° 21.130, no se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que provengan de la asignación a que se refiere el artículo anterior, ni por aquellos derivados de promociones que beneficien a los funcionarios traspasados desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la Comisión para el Mercado Financiero. A su vez, para los efectos de calcular la diferencia de remuneraciones y la consecuente planilla suplementaria antes señalada, se excluirán aquellos montos a que haya tenido derecho dicho personal traspasado en la mencionada Superintendencia, en virtud de la bonificación del artículo 5° de la ley N° 19.528.

Derógase el penúltimo inciso del artículo 7 de la ley N° 20.129.

Intercálase en el párrafo segundo del literal b) del artículo 88 C del decreto con fuerza de ley N°1, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, a continuación de la frase: “de ninguna otra remuneración,”, la frase siguiente: “a excepción de la asignación prevista en el artículo 3 de la ley N° 20.905,”.

Para los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que a partir del 21 de octubre de 2019 hubiesen cumplido con su obligación de declarar asistencia efectiva, se considerará que la asistencia media mensual a partir de octubre hasta el cierre del año escolar, es igual al mayor valor entre la asistencia media efectiva de dicho período y el promedio de las asistencias medias declaradas durante los meses de abril, mayo y junio de 2019.

La subvención fiscal mensual será reliquidada al momento de la entrada en vigencia de esta ley.

Establécese para todo el año 2020, una asignación a los profesionales de la educación que cuenten con un título profesional de profesor de Educación Diferencial que hayan ingresado al Sistema de Desarrollo Profesional Docente de la ley N° 20.903 y aprueben los cursos de especialización en inclusión educativa o social para estudiantes con necesidades educativas especiales, desarrollados o certificados por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, de conformidad a lo dispuesto en el decreto exento N° 83, de 2015, del Ministerio de Educación, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de Educación Parvularia y Educación Básica y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, dichos profesionales de la educación deberán desempeñarse en establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación o en establecimientos de educación técnico-profesional regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, siempre que las entidades señaladas anteriormente impartan exclusivamente la modalidad de educación especial para estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente o en aquellos que impartan modalidad de educación regular y que estén adscritos al Programas de Integración Escolar.

Esta asignación ascenderá a un monto de $45.000 trimestrales para un contrato o designación de 44 horas cronológicas semanales, el cual se aplicará en proporción a las horas establecidas en las respectivas designaciones o contratos para aquellos profesionales de la educación que tengan una designación o contrato inferior a 44 horas cronológicas semanales. Se pagará en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2020 y tendrá derecho a ella, el personal que cuente con un nombramiento o contrato vigente a la fecha de su pago.

La asignación de que trata este artículo tendrá el carácter de imponible y tributable, no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración, salvo respecto de la asignación prevista en el artículo 3 de la ley N° 20.905 y de la asignación establecida el artículo 88 C del decreto con fuerza de ley N°1, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican. La asignación que trata este artículo será incompatible con el complemento de mención de la bonificación de reconocimiento profesional, a que alude el artículo 1° de la ley N° 20.158.

Esta asignación será de cargo fiscal y administrada por el Ministerio de Educación, el cual, a través de sus organismos competentes, realizará el control de los recursos asignados. En el caso de los profesionales de la educación señalados en el inciso primero que se desempeñen en establecimientos de los Servicios Locales de Educación, el pago de la asignación se efectuará por el respectivo Servicio Local de Educación, el que recibirá los fondos correspondientes directamente vía Aporte Fiscal Libre.

Reemplázase en el artículo tercero transitorio de la ley N° 21.052, la expresión “31 de diciembre de 2019”, por la frase “31 de marzo de 2022”.

Transfiéranse los recursos a las empresas de prestación de servicios alimenticios para establecimientos escolares y parvularios para que éstas paguen un bono especial, a sus trabajadores manipuladores de alimentos adscritos al programa de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con contrato vigente al 30 de noviembre de 2019 y de jornada completa, siempre que no perciba la gratificación a que se refiere el artículo 50 del Código del Trabajo. Este bono ascenderá a $430.000.- y se pagará por una sola vez en el mes de diciembre de 2019, a los trabajadores con contrato vigente a la fecha de su pago. Asimismo, este bono se pagará al resto de dichos trabajadores con contrato parcial, en proporción a las horas de contrato. Este bono se otorgará a un máximo de 13.901 trabajadores a que se refiere este artículo.

Facúltase, a los jefes superiores de servicio de las Subsecretarías, de los servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, para eximir del control horario de jornada de trabajo hasta el porcentaje de la dotación máxima del personal del respectivo servicio que se fije por resolución de la Dirección de Presupuestos, con excepción de aquellos pertenecientes a la planta Directiva o que desempeñen funciones de jefatura, quienes podrán realizar sus labores fuera de las dependencias institucionales, mediante la utilización de medios informáticos dispuestos por el Servicio.

Para el ejercicio de la facultad señalada en el inciso anterior, los jefes superiores de servicio previamente deberán dictar una resolución que deberá contar con la visación de la Dirección de Presupuestos, la que regulará, a lo menos, los criterios de selección del personal que voluntariamente desee sujetarse a la modalidad dispuesta en el inciso anterior; las áreas o funciones de la institución que podrán sujetarse a dicha modalidad; los mecanismos y la periodicidad en que se asignarán las tareas, las que deberán ser acordes en cantidad y calidad a la jornada de trabajo que tuviera el funcionario; los mecanismos y periodicidad para la rendición de cuentas de las labores encomendadas; los protocolos de seguridad, y medidas de control jerárquico que aseguren el correcto desempeño de la función pública.

Una vez totalmente tramitada la resolución a que se refiere el inciso anterior, la Dirección de Presupuestos dictará la resolución que fije el porcentaje de la dotación máxima del personal del respectivo servicio que estará eximida del control horario de jornada de trabajo y el periodo por el cual el servicio podrá utilizar la modalidad de trabajo regulada en este artículo. La renovación de dicho período se sujetará al mismo procedimiento señalado en el inciso anterior y este inciso.

Los funcionarios sujetos a este artículo deberán suscribir un convenio con el respectivo servicio, mediante el cual se obligan a ejercer sus funciones bajo la modalidad dispuesta en él; a concurrir al Servicio de así requerirlo su jefatura o ejecutar cometidos funcionarios o comisiones de servicio; y, cumplir con los protocolos de seguridad. A dichos funcionarios no les será aplicable el artículo 66 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. El jefe del Servicio podrá poner término anticipado al convenio por razones de buen servicio.

Los Servicios señalados en el inciso primero, que implementen esta modalidad informarán la evaluación de su aplicación mediante oficio, durante el mes de marzo de cada año, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional y a la Dirección de Presupuestos.

Otórgase, durante el año 2020 un bono mensual, de cargo fiscal, al personal afecto al inciso primero del artículo 1°, cuya remuneración bruta en el mes de su pago sea inferior a $512.000 y que se desempeñen por una jornada completa.

Este bono será imponible y tributable, y no servirá base de cálculo de ninguna otra remuneración.

También tendrán derecho al bono de este artículo el personal asistente de la educación regido por la ley Nº 19.464, de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades, o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal y de los Servicios Locales de Educación Pública, en las mismas condiciones que establece este artículo.

Otórgase un bono de incentivo al retiro, por una sola vez, a los trabajadores beneficiarios del Programa Inversión en la Comunidad y del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal de las localidades que se determinen conforme al artículo 58 de esta ley, que al 11 de julio de 2019 tenían menos de 60 años de edad tratándose de mujeres y menos de 65 años de edad tratándose de hombres, siempre que a la fecha antes mencionada, así como a la de postulación que señala el artículo 59 de esta ley, posean un contrato de trabajo vigente en virtud de los programas antes indicados en la localidad respectiva, y que los mencionados contratos terminen por la causal establecida en el numeral 2 del artículo 159 del Código del Trabajo en los plazos que indica la presente ley. El plan de incentivo al retiro antes señalado se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020.

A igual beneficio podrán acceder los trabajadores beneficiarios de los programas mencionados en el inciso primero cuyos contratos de trabajo, en virtud de dichos programas, hayan terminado, por la causal del numeral 2 del artículo 159 del Código del Trabajo con posterioridad al 11 de julio de 2019 y con anterioridad al inicio del respectivo período de postulación según se determine conforme a los artículos 58 y 59 de esta ley para la localidad a la cual pertenezcan, y siempre que accedan a un cupo para ello. El número de cupos disponibles corresponderá al número de vacantes que hayan quedado después de las renuncias antes indicadas y que no hubieren sido reemplazadas.

El bono de incentivo al retiro ascenderá a un mes de remuneración por cada año de servicio prestado continuamente en virtud de los contratos de trabajo en los programas de los señalados en el artículo anterior de la respectiva localidad que se determine conforme al artículo 58 de esta ley, con un máximo de seis meses de remuneraciones.

La remuneración que servirá de base para el cálculo será la última remuneración mensual devengada, la cual comprenderá toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato por la causal establecida en el numeral 2 del artículo 159 del Código del Trabajo, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o de seguridad social de cargo del trabajador, con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratificaciones o aguinaldos de fiestas patrias o de navidad. Con todo, no se considerará una remuneración mensual superior a $301.000, limitándose a dicho monto la base de cálculo. Dicho límite será para la jornada ordinaria semanal máxima a que se refiere el inciso primero del artículo 22 del Código del Trabajo, calculándose en forma proporcional a la jornada contratada si ésta fuere inferior.

El bono de incentivo al retiro a que se refiere el artículo 48 será de cargo fiscal y se pagará al beneficiario por el Instituto de Previsión Social, previa presentación del respectivo finiquito.

El referido bono no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecto a descuento alguno.

Los trabajadores que perciban el bono de incentivo al retiro a que se refiere el artículo 48, no podrán ser contratados en Programas Proempleo, Programas de Desarrollo Social, Programas de Contingencia Contra el Desempleo o Programas de Empleo de Emergencia que se financien con recursos públicos, durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad de los beneficios percibidos, debidamente reajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes del pago del beneficio respectivo y el mes anterior al de la restitución, más el interés corriente para operaciones reajustables.

Otórgase un bono de complemento, de carácter mensual a los trabajadores beneficiarios del Programa Inversión en la Comunidad y del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal de las localidades que se determinen de conformidad al artículo 58 de esta ley, que al 11 de julio de 2019 tengan 60 o más años de edad tratándose de mujeres y 65 o más años de edad tratándose de hombres, siempre que a la fecha antes señalada, así como a la de postulación que se indica en el artículo 59 de esta ley, posean un contrato de trabajo vigente en virtud de los programas antes referidos en la localidad respectiva, y que los mencionados contratos terminen por la causal establecida en el numeral 2 del artículo 159 del Código del Trabajo en los plazos que señala el artículo 59. Además, a la fecha de término de sus contratos de trabajo, los trabajadores deberán encontrarse pensionados por vejez, en cualquier régimen previsional. Con todo, solo podrán acceder al bono de complemento los trabajadores que perciban pensiones por un monto inferior a un ingreso mínimo mensual.

A igual beneficio podrán acceder los trabajadores beneficiarios de los programas mencionados en el inciso primero cuyos contratos de trabajo, en virtud de dichos programas, hayan terminado, por la causal del numeral 2 del artículo 159 del Código del Trabajo con posterioridad al 11 de julio de 2019 y con anterioridad al inicio del respectivo período de postulación según se determine conforme a los artículos 58 y 59 de esta ley para la localidad a la cual pertenezcan, y siempre que accedan a un cupo para ello. El número de cupos disponibles corresponderá al número de vacantes que hayan quedado después de las renuncias antes indicadas y que no hubieren sido reemplazadas.

En caso que el trabajador no posea pensiones por un período de tres meses, se considerará sólo el promedio de las pensiones de los meses en que tenga pensiones.

El pago del bono de complemento se suspenderá, si el trabajador a quien se le haya concedido, cumple 65 años y reúne los demás requisitos para ser beneficiario del aporte previsional de vejez; ello, en tanto no solicite el mencionado aporte.

El bono de complemento será de cargo fiscal y se pagará mensualmente por el Instituto de Previsión Social, el que deberá calcularlo, extinguirlo o suspenderlo de conformidad a lo señalado en los artículos 48 al 62. Dicho bono comenzará a pagarse a contar del mes siguiente a la fecha del finiquito del contrato de trabajo por la causal establecida en el numeral 2 del artículo 159 del Código del Trabajo.

Para ello, la Subsecretaría del Trabajo remitirá al Instituto de Previsión Social copia del acto administrativo que concede el bono. Además, deberá informar la fecha en que comenzará a pagarse el bono al beneficiario.

El bono de complemento no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecto a descuento alguno y el derecho a percibirlo se extinguirá por el sólo ministerio de la ley con el fallecimiento del beneficiario.

Los trabajadores que perciban el bono de complemento y que con posterioridad a la fecha de inicio de su percepción se incorporen a los Programas Proempleo o a los Programas de Desarrollo Social, Programas de Contingencia Contra el Desempleo o Programas de Empleos de Emergencia, deberán devolver la totalidad del beneficio percibido, expresado en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables. En ningún caso se podrá volver a percibir dicho bono.

El bono de complemento y el bono de incentivo al retiro serán administrados por la Subsecretaría del Trabajo, a la que le corresponderá, especialmente, concederlos y resolver los reclamos a que haya lugar con ocasión de su otorgamiento, los que podrán ser notificados a los reclamantes a través de las secretarías regionales ministeriales.

La Subsecretaría del Trabajo, a través de una o más resoluciones exentas visadas por la Dirección de Presupuestos, determinará las localidades cuyos trabajadores beneficiarios del Programa Inversión en la Comunidad y del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal podrán postular al bono de complemento y al bono de incentivo al retiro, las que podrán dictarse hasta el 31 de diciembre de 2020. Dichas resoluciones deberán ser publicadas en el Diario Oficial y en el sitio web de dicha Subsecretaría.

Los trabajadores señalados en los artículos 48 y 52 que se desempeñen en las localidades definidas de acuerdo al artículo anterior para acceder a los bonos de complemento y de incentivo al retiro deberán postular ante la Subsecretaría del Trabajo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución señalada en el artículo precedente.

Si no postularen dentro de dicho plazo, se entenderá que renuncian irrevocablemente a los beneficios de la misma. Al efecto, la Subsecretaría del Trabajo elaborará un formulario único de postulación, el que indicará los antecedentes y certificaciones que se deberán acompañar al mismo.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo remitirá a la Subsecretaría del Trabajo las nóminas o bases de datos de los trabajadores beneficiarios del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal de las localidades que se definan conforme al artículo 58 que le sean requeridos, a objeto de que esta última cuente con los antecedentes necesarios para proceder a la concesión del bono de complemento o del bono de incentivo al retiro, según corresponda. Asimismo, la Subsecretaría del Trabajo remitirá a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo la nómina de los beneficiarios al bono de incentivo al retiro o del bono de complemento.

Mediante una o más resoluciones exentas de la Subsecretaría del Trabajo, dictadas con el sólo mérito de las certificaciones señaladas en el inciso segundo, se establecerá la nómina de beneficiarios para el respectivo proceso de postulación. Dicha resolución deberá ser dictada a más tardar dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo señalado en el inciso primero.

La Subsecretaría del Trabajo deberá notificar a los postulantes la resolución señalada en el inciso cuarto, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha de su dictación. La notificación se realizará al correo electrónico que señale el trabajador en su postulación y además personalmente o por medio de una carta certificada enviada al domicilio del trabajador señalado en el contrato de trabajo.

A más tardar el día 30 del mes siguiente a la fecha de notificación, el trabajador deberá renunciar a su contrato de trabajo.

Las entidades empleadoras deberán informar a la Subsecretaría del Trabajo el término del contrato de trabajo de cada beneficiario dentro de los cinco días hábiles siguientes a dicho término.

En contra de las resoluciones dictadas de conformidad a este artículo, se podrán interponer los recursos previstos en la ley Nº 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado.

Respecto de los trabajadores que no renuncien voluntariamente en las oportunidades indicadas en el artículo 59, se entenderá que renuncian irrevocablemente al bono al incentivo al retiro o al bono de complemento, según corresponda.

Los beneficios de los artículos 48 y 52 serán incompatibles con cualquier otro beneficio de naturaleza homologable que se origine en una causal similar de otorgamiento y cualquier otro beneficio por egreso que hubiere percibido el trabajador con anterioridad, financiado con recursos públicos. Del mismo modo, los beneficiarios de los bonos señalados en los artículos 48 y 52 no podrán contabilizar los mismos años de servicio que hubieren sido considerados para percibir otros beneficios asociados a la renuncia voluntaria, financiados con recursos públicos.

A contar de la fecha de la renuncia del trabajador, se rebajarán de los presupuestos que correspondan los recursos correspondientes al cupo del que era beneficiario el trabajador, sea en el Programa Inversión en la Comunidad o en el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal de las localidades respectivas.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de los artículos 48 al 62 de esta ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en el presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3º de la ley Nº 20.305, los funcionarios y funcionarias que habiendo cesado en funciones dentro de los 12 meses siguientes de cumplidos los 65 años de edad y que no presentaron la solicitud para acceder al bono de la citada ley en el plazo indicado en dicho artículo 3°, tendrán, por única vez, un nuevo plazo de 180 días hábiles, contado desde la fecha de publicación de esta ley, para impetrar el citado beneficio, si cumplen con los demás requisitos legales al momento del cese de sus funciones. En este caso, se deberá postular en la institución ex empleadora y el bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente de la fecha del acto administrativo que lo concede.

A contar del 1° de enero de 2020, el componente base a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 19.553 será de un 11% para el personal perteneciente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los estamentos profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares o asimilados a ellos.

En el marco de la autonomía económica de las universidades estatales, ellas podrán aplicar la remuneración bruta mensual mínima establecida por el artículo 21 de la ley N° 19.429.

A contar del 1 de enero de 2020, la bonificación especial establecida en el artículo 30 de la ley Nº 20.313, respecto de la Provincia de Chiloé, será de un monto trimestral de $264.697.

A contar del 1 de enero de 2020, la asignación de zona que el artículo 7 del decreto ley Nº 249, de 1974 asigna a la comuna Hualaihué, pasará a ser de un 75%.

Intercálase en el inciso primero del artículo 5° de la ley N° 20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros, entre la palabra “país;” y la conjunción “y” la siguiente frase: “servicios de transporte público marítimo, lacustre y fluvial, prestado con naves menores destinadas exclusivamente al transporte de pasajeros, en la medida en que éstos sean requeridos como un complemento al transporte público terrestre. Lo anterior será aplicable aun cuando existan servicios de transporte público marítimo, lacustre o fluvial subsidiados, tales como aquellos prestados mediante barcazas, transbordadores y similares;”.

Incorpórase un inciso final nuevo en el artículo 12 de la ley N° 19.041 del siguiente tenor: “Con todo, la asignación establecida en este artículo no será pagada cuando los funcionarios se encuentren con permiso sin goce de remuneraciones”.

La autorización máxima para cumplimiento del artículo septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, “Asignación por Funciones Críticas”, será de 24 personas, en la partida 05, capítulo 05, programa 01, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en la glosa 03, letra e), de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2020.

Agrégase en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2020, en la partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública – Gobiernos Regionales, en la glosa 06 común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a continuación del punto final, que pasa a ser coma, el siguiente texto:

“así como también a la Corporación Nacional Forestal, para enfrentar acciones asociadas con Incendios Forestales, en el marco del o los decretos supremos preventivos de emergencia para la temporada 2019-2020, materializándose en la forma señalada en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, sin que le sea aplicable lo establecido en el artículo 26 del mismo cuerpo legal.”.

Reemplázase en el artículo noveno transitorio de la ley N° 21.063, la palabra “veinticuatro” por “treinta y seis”.