Historia de la Ley

Órganos superiores. El gobierno de las Universidades del Estado será ejercido a través de los siguientes órganos superiores: Consejo Superior, Rector o Rectora y Consejo Universitario. A su vez, la responsabilidad del control y de la fiscalización interna estará a cargo de la Contraloría Universitaria.

Las Universidades del Estado deberán constituir los referidos órganos superiores y de control en sus estructuras de gobierno; sin perjuicio de las demás autoridades unipersonales y colegiadas de la Universidad, y de las respectivas unidades académicas, que puedan establecer en sus estatutos.

Asimismo, en virtud de su autonomía administrativa, las Universidades del Estado podrán establecer en su organización interna Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de Estudios, Departamentos y otras unidades académicas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Los estatutos de cada Universidad deberán señalar las autoridades facultadas para ejercer dicha potestad organizatoria en los niveles correspondientes.

Consejo Superior. El Consejo Superior es el máximo órgano colegiado de la Universidad. Le corresponde definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución, velando por su cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la Universidad.

Integrantes del Consejo Superior. El Consejo Superior estará integrado por los siguientes miembros:

a) Tres representantes nombrados por el Presidente o la Presidenta de la República, quienes serán profesionales de reconocida experiencia e idoneidad en actividades académicas o directivas.

b) Tres miembros de la Universidad nombrados por el Consejo Universitario. De ellos, al menos dos deben estar investidos con las dos más altas jerarquías académicas.

c) Dos profesionales de destacada trayectoria y de un reconocido vínculo profesional con la región en que la Universidad tiene su domicilio, nombrados de conformidad a los estatutos de la institución.

d) El Rector o Rectora.

Los consejeros o consejeras señalados en los literales a) y c) durarán cuatro años en sus cargos. Por su parte, los consejeros individualizados en la letra b) durarán dos años en sus funciones. En ambos casos, los citados consejeros o consejeras podrán ser designados por un período consecutivo por una sola vez.

Los consejeros o consejeras precisados en los literales a) y c) no deberán desempeñar cargos o funciones en la Universidad al momento de su designación en el Consejo Superior. Los o las representantes indicados en la letra b) no podrán ser miembros del Consejo Universitario una vez que asuman sus funciones en el Consejo Superior, siendo incompatibles ambos cargos.

La coordinación de la oportuna designación y renovación de las vacantes, y la supervisión del ejercicio de las funciones de los representantes del Presidente o de la Presidenta de la República señalados en la letra a), estarán a cargo del Ministerio de Educación.

El Consejo Superior se renovará por parcialidades, de acuerdo a las normas internas que establezcan las respectivas Universidades. En ningún caso los consejeros o consejeras podrán ser reemplazados en su totalidad.

La inasistencia injustificada de los consejeros o consejeras señalados en los literales a), b) y c), a tres o más sesiones del Consejo Superior, durante el año académico, será causal de cesación de sus cargos de consejeros. Las demás causales, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de estos consejeros, serán reguladas por los estatutos de cada Universidad.

El Consejo Superior será presidido por uno o una de los consejeros o consejeras indicados en los literales a) o c), debiendo ser elegido o elegida por los miembros del Consejo. Su mandato durará dos años sin posibilidad de reelección para un nuevo período consecutivo.

Dieta de consejeros o consejeras que no pertenezcan a la Universidad. Los integrantes señalados en los literales a) y c) del artículo 10 percibirán como única retribución la suma de cuatro unidades tributarias mensuales por su asistencia a cada sesión del Consejo Superior, con un tope mensual máximo de doce unidades tributarias mensuales, independientemente del número de sesiones a las que asistan en el mes respectivo. Esta retribución tendrá el carácter de honorarios para todos los efectos legales.

La citada retribución será incompatible con la remuneración de cualquier otro cargo en un servicio u órgano de la Administración del Estado, o en directorios de empresas públicas creadas por ley.

Calidad jurídica de consejeros o consejeras que no pertenezcan a la Universidad. Los miembros del Consejo Superior que no detenten la calidad de funcionario público tendrán el carácter de agente público.

En virtud de lo anterior, les serán aplicables las normas establecidas en el Título III del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y los párrafos 1° y 5° del Título III y el Título V del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Funciones del Consejo Superior. El Consejo Superior tendrá, a lo menos, las siguientes funciones y atribuciones:

a) Aprobar las propuestas de modificación de los estatutos de la Universidad que deban ser presentadas al Presidente o Presidenta de la República para su respectiva aprobación y sanción legal.

b) Aprobar, a proposición del Rector o Rectora, el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, así como sus modificaciones, y verificar periódicamente su estado de avance y cumplimiento.

c) Aprobar, a proposición del Rector o Rectora, las políticas financieras y la contratación de empréstitos señalados en las pautas anuales de endeudamiento.

d) Aprobar, a proposición del Rector o Rectora, el presupuesto y sus modificaciones, debiendo pronunciarse, a lo menos, semestralmente sobre su ejecución.

e) Conocer las cuentas periódicas del Rector o Rectora y pronunciarse respecto de ellas de forma trimestral

f) Autorizar, a proposición del Rector o Rectora, la enajenación o el gravamen de activos de la Universidad cuando correspondan a bienes inmuebles o a bienes que hayan sido previamente declarados de especial interés institucional, en conformidad con los procedimientos que defina cada institución en sus estatutos.

g) Ordenar la ejecución de auditorías internas.

h) Nombrar al Contralor Universitario o Contralora Universitaria y aprobar su remoción, de acuerdo a las causales señaladas en los estatutos de la Universidad.

i) Proponer al Presidente o Presidenta de la República la remoción del Rector o Rectora, de acuerdo a las causales señaladas en los estatutos de la Universidad.

j) Ejercer las demás funciones y atribuciones que señalen los estatutos y que digan relación con las políticas generales de desarrollo de la Universidad.

Normas sobre quórum de sesiones y de aprobación de materias del Consejo Superior. El Consejo Superior deberá sesionar con la asistencia de, a lo menos, seis de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, decidirá el voto del Presidente o Presidenta del Consejo.

Sin embargo, para la aprobación de las materias señaladas en los literales a), b), c), f), h) e i) del artículo 13, se requerirá el voto conforme de dos tercios de sus miembros en ejercicio. En el caso del literal i), dicho acuerdo se adoptará excluyendo de la votación al afectado. A su vez, el Rector o la Rectora no tendrá derecho a voto respecto de las propuestas que deban ser presentadas por él o ella para la aprobación del Consejo Superior.

Funcionamiento interno del Consejo Superior. Las Universidades del Estado definirán a través de reglamentos, y previo acuerdo del Consejo Superior, las normas sobre el funcionamiento interno de este Consejo, en todo aquello que no esté previsto en la presente ley.

Rector o Rectora. El Rector o Rectora es la máxima autoridad unipersonal de la Universidad y su representante legal, estando a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la institución.

Tiene la calidad de jefe o jefa superior del servicio, pero no estará sujeto a la libre designación y remoción del Presidente o la Presidenta de la República. Le corresponde dirigir, organizar y administrar la Universidad; supervisar el cumplimiento de sus actividades académicas, administrativas y financieras; dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la institución de conformidad a sus estatutos; ejercer la potestad disciplinaria respecto de los miembros de la Universidad; responder de su gestión y desempeñar las demás funciones que la ley o los estatutos le asignen.

Los estatutos de cada Universidad definirán las atribuciones específicas del Rector o Rectora en el marco de las responsabilidades y funciones señaladas en los incisos precedentes. De la misma forma, los estatutos deberán establecer las causales de remoción que le sean aplicables e indicarán las normas para su subrogación.

Elección del Rector o Rectora. El Rector o Rectora se elegirá de conformidad a lo establecido en la ley N° 19.305. Durará cuatro años en su cargo, pudiendo ser reelegido o reelegida, por una sola vez, para el período inmediatamente siguiente.

Una vez electo o electa, será nombrado o nombrada por el Presidente o Presidenta de la República mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación.

Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, encargado de ejercer funciones consultivas y de proponer iniciativas al Rector o Rectora, en las materias relativas al quehacer institucional de la Universidad.

Los estatutos de cada Universidad podrán establecer una denominación distinta para este órgano.

Integrantes del Consejo Universitario. El Consejo Universitario estará integrado por representantes de los distintos estamentos de la institución, de acuerdo al número y a la proporción que definan sus estatutos. Con todo, la participación de los académicos en este Consejo no podrá ser inferior a dos tercios del total de sus integrantes.

El Consejo Universitario será presidido por el Rector o Rectora.

Atribuciones, organización y funcionamiento interno del Consejo Universitario. Los estatutos de cada institución determinarán las atribuciones específicas del Consejo Universitario, en el marco de las funciones señaladas en el artículo 18, debiendo cautelar que dichas atribuciones no contravengan las funciones de dirección y administración del Rector o Rectora, ni las funciones propias de la definición de la política general de desarrollo del Consejo Superior.

Asimismo, las Universidades del Estado definirán a través de sus estatutos las reglas sobre el procedimiento de elección y designación de los integrantes del Consejo Universitario, la duración de sus funciones y el quórum para sesionar y aprobar las materias de su competencia. Las normas sobre el funcionamiento interno de este Consejo serán establecidas en reglamentos dictados por cada institución.

Contraloría Universitaria. La Contraloría Universitaria es el órgano responsable de ejercer el control de legalidad de los actos administrativos de las autoridades de la Universidad y de auditar la gestión y el uso de los recursos de la institución, sin perjuicio de las demás funciones de control interno que le encomiende el Consejo Superior.

Contralor Universitario o Contralora Universitaria. La Contraloría Universitaria estará a cargo del Contralor Universitario o Contralora Universitaria, quien deberá tener el título de abogado, contar con una experiencia profesional de, a lo menos, ocho años y poseer las demás calidades establecidas en los estatutos de la Universidad. Será nombrado o nombrada por el Consejo Superior por un período de seis años, pudiendo ser designado o designada, por una sola vez, para el período siguiente.

Los estatutos de cada institución deberán establecer el procedimiento de selección y las causales de remoción del Contralor o Contralora e indicarán las normas para su subrogación.

Dependencia técnica. El Contralor Universitario o Contralora Universitaria estará sujeto a la dependencia técnica de la Contraloría General de la República, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N° 2.421 de 1964, del Ministerio de Hacienda.

Estructura interna de la Contraloría Universitaria. A través de un reglamento interno, cada institución definirá la estructura de la Contraloría Universitaria, debiendo garantizar que las funciones de control de legalidad y de auditoría queden a cargo de dos unidades independientes dentro del mismo organismo.

Régimen jurídico de la gestión administrativa y financiera. En el ejercicio de su gestión administrativa y financiera, las Universidades del Estado deberán regirse especialmente por los principios de responsabilidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así como por las normas de derecho público que regulan los actos de los órganos de la Administración del Estado.

En razón de la especificidad de sus funciones, la autonomía propia de su quehacer institucional y la necesidad de propender a una gestión administrativa y financiera más expedita y eficiente, las Universidades del Estado dispondrán de un régimen especial en las materias señaladas en los siguientes artículos del presente párrafo.

Normas aplicables a los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Los contratos que celebren las Universidades del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se regirán por el artículo 9 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y por las disposiciones de la ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y de su reglamento.

Convenios excluidos de la ley N° 19.886. No obstante lo señalado en el artículo anterior, quedarán excluidos de la aplicación de la ley Nº 19.886 los convenios que celebren las Universidades del Estado con los organismos públicos que formen parte de la Administración del Estado y los convenios que celebren dichas Universidades entre sí.

De la misma manera, estarán excluidos de la aplicación de la citada ley los contratos que celebren las Universidades del Estado con personas jurídicas extranjeras o internacionales para el suministro de bienes muebles necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, por sus características específicas, no puedan ser adquiridos en Chile.

Licitación privada o trato directo. Las Universidades del Estado podrán celebrar contratos a través de licitación privada o trato directo en virtud de las causales señaladas en el artículo 8 de la ley Nº 19.886; y además, cuando se trate de la compra de bienes o la contratación de servicios, incluida la contratación de créditos, que se requieran para la implementación de actividades o la ejecución de proyectos de gestión institucional, de docencia, de investigación, de creación artística, de innovación, de extensión o de vinculación con el medio de dichas instituciones, en que la utilización del procedimiento de licitación pública ponga en riesgo la oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o proyecto.

En estos casos, las Universidades del Estado deberán establecer por medio de una resolución, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, los procedimientos internos que permitan resguardar la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones y contratación de servicios.

Exclusión de la ley N° 19.496. Las actividades de las Universidades del Estado no quedarán sujetas a las disposiciones de la ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, salvo lo dispuesto en el artículo 3 ter de dicho cuerpo legal.

Los derechos de los y las estudiantes de las referidas Universidades serán resguardados mediante las normas generales aplicables a la educación superior y, en particular, a través de los organismos competentes para fiscalizar a dichas instituciones estatales.

Ejecución y celebración de actos y contratos. Las Universidades del Estado podrán ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que contribuyan al cumplimiento de su misión y de sus funciones.

En virtud de lo anterior, dichas instituciones estarán expresamente facultadas para:

a) Prestar servicios remunerados, conforme a la naturaleza de sus funciones y actividades, a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, nacionales, extranjeras o internacionales.

b) Emitir estampillas y fijar aranceles por los servicios que presten a través de sus distintos organismos.

c) Crear fondos específicos para su desarrollo institucional.

d) Solicitar las patentes y generar las respectivas licencias que se deriven de su trabajo de investigación, creación e innovación.

e) Crear y organizar sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos digan directa relación con el cumplimiento de la misión y de las funciones de la Universidad.

f) Contratar empréstitos y emitir bonos, pagarés y demás documentos de crédito con cargo a sus respectivos patrimonios.

g) Castigar en sus contabilidades los créditos incobrables, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y hubieren prescrito las acciones judiciales para su cobro.

h) Celebrar avenimientos judiciales respecto de las acciones o derechos que le correspondan.

i) Celebrar pactos de arbitraje, compromisos o cláusulas compromisorias, para someter a la decisión de árbitros de derecho las controversias que surjan en la aplicación de los contratos que suscriban.

j) Aceptar donaciones, las que estarán exentas del trámite de la insinuación.

Exención de tributos. Las Universidades del Estado estarán exentas de cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, patente y otras cargas o tributos.

Actos sujetos a la toma de razón. Los actos de las Universidades del Estado no estarán afectos al trámite de la toma de razón de la Contraloría General de la República, salvo en los siguientes casos:

1) La adquisición y enajenación de bienes inmuebles.

2) Las operaciones de endeudamiento o de crédito que comprometan el patrimonio de la institución a través de hipotecas o gravámenes.

3) Los contratos para el suministro de bienes muebles y de servicios a partir de veinte mil unidades tributarias mensuales.

Lo dicho se aplicará sin perjuicio de las facultades de control posterior que ejerce la Contraloría General de la República, de acuerdo a la ley.

Régimen jurídico de académicos y funcionarios no académicos. Los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado detentan la calidad de empleados públicos. Se regirán por los reglamentos que al efecto dicten las Universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Con todo, la restricción establecida en el artículo 10, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley aludido en el inciso anterior, no regirá respecto de los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado. De la misma manera, no serán aplicables a estos empleados públicos las disposiciones del párrafo 3° del Título III del decreto con fuerza de ley precitado. En consecuencia, las destinaciones, las comisiones de servicio y los cometidos funcionarios del personal académico y no académico de dichas instituciones se regirán por sus respectivos reglamentos internos.

Los nombramientos, contrataciones, prórrogas y desvinculaciones del personal académico y no académico de las Universidades del Estado serán enviados a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro.

Carrera académica. La carrera académica en las Universidades del Estado se organizará en razón de requisitos objetivos de mérito y estará sustentada en los principios de excelencia, pluralismo, no discriminación, publicidad y transparencia.

A través de un reglamento de carrera académica, las Universidades del Estado deberán establecer las funciones, los derechos y las obligaciones de su cuerpo docente. Este reglamento deberá contener las normas sobre la jerarquía, el ingreso, la permanencia, la promoción, la remoción y la cesación de funciones, así como los respectivos procedimientos de evaluación y calificación de los académicos, de acuerdo a las exigencias y principios señalados en el inciso precedente.

Máxima jerarquía académica nacional. Sin perjuicio de los requisitos internos para acceder a las jerarquías académicas de Instructor, Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular, u otras equivalentes, las Universidades del Estado podrán establecer, de consuno, una jerarquía máxima nacional situada por sobre la jerarquía de Profesor Titular, que disponga de requisitos comunes y pueda ser aplicable y oponible a todas las instituciones universitarias estatales en el quehacer propio de sus funciones de educación superior.

Carrera funcionaria. Las Universidades del Estado podrán dictar un reglamento de carrera funcionaria para su personal no académico. Este reglamento deberá contener las normas sobre el ingreso, la capacitación, la promoción, los deberes y los derechos funcionarios, la responsabilidad y la cesación de funciones, así como el respectivo sistema de calificación de los funcionarios no académicos, de conformidad a requisitos objetivos basados en la idoneidad y en los principios de no discriminación, publicidad y transparencia.

Capacitación y perfeccionamiento de funcionarios no académicos. Las Universidades del Estado deberán promover la capacitación de sus funcionarios no académicos, con el objeto de que puedan perfeccionar, complementar o actualizar sus conocimientos y competencias necesarias para el eficiente desempeño de sus funciones.

Principio de coordinación. En el cumplimiento de su misión y de sus funciones, las Universidades del Estado deberán actuar de conformidad al principio de coordinación, con el propósito de fomentar una labor conjunta y articulada en todas aquellas materias que tengan por finalidad contribuir al progreso nacional y regional del país, y a elevar los estándares de calidad de la educación pública en todos sus niveles, con una visión estratégica y de largo plazo.

Colaboración con los órganos del Estado. Las Universidades reguladas en la presente ley deberán colaborar, de conformidad a su misión, con los diversos órganos del Estado que así lo requieran, en la elaboración de políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, contribuyendo a satisfacer los intereses generales de la sociedad y de las futuras generaciones.

En este marco, el Ministerio de Educación podrá solicitar a las Universidades del Estado que elaboren planes de crecimiento de su oferta académica con la finalidad de apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones. En el diseño y ejecución de los mismos, las Universidades deberán cautelar y preservar su calidad académica y fomentar, de manera particular, el ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones.

La implementación de estos planes se establecerá mediante convenios que las Universidades del Estado deberán firmar con el Ministerio de Educación, los que deberán ser visados por la Dirección de Presupuestos.

Colaboración entre las Universidades del Estado y con otras instituciones de educación. Las Universidades del Estado deberán colaborar entre sí y con otras instituciones de educación con el propósito de desarrollar, entre otros, los siguientes objetivos:

a) Promover la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios entre sus comunidades académicas, así como con otras instituciones de educación superior, para realizar actividades de posgrado, investigación, innovación, creación artística, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a criterios de pertinencia y equidad territorial.

b) Fomentar relaciones institucionales de cooperación y colaboración con Universidades y entidades extranjeras, en el ámbito propio de las funciones de educación superior.

c) Promover la movilidad académica entre sus docentes.

d) Facilitar la movilidad estudiantil entre ellas, y entre las instituciones técnico profesionales y las Universidades del Estado.

e) Propender a un crecimiento equilibrado y pertinente de su oferta académica, de conformidad a lo previsto en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional.

f) Colaborar con otras instituciones de educación superior del Estado que requieran asesoría en el diseño y ejecución de proyectos académicos e institucionales, y con aquellas instituciones estatales que presenten dificultades en sus procesos de acreditación.

g) Vincular sus actividades con los Centros de Formación Técnica Estatales.

h) Colaborar con el Ministerio de Educación en los procesos de reubicación de los estudiantes provenientes de instituciones de educación superior cuyo reconocimiento oficial haya sido revocado.

i) Impulsar programas dirigidos a alumnos de establecimientos educacionales públicos, a fin de fomentar su acceso a la educación superior de acuerdo a criterios de equidad y mérito académico.

j) Establecer procedimientos y protocolos de acción conjunta en materia de compras públicas, con el objeto de promover la eficacia y eficiencia de los contratos que celebren las Universidades del Estado para el suministro de bienes muebles y de los servicios que requieran para el desarrollo de sus funciones, de conformidad a la ley Nº 19.886.

k) Compartir las buenas prácticas de gestión institucional que propendan a un mejoramiento continuo de las Universidades del Estado y que permitan elevar progresivamente sus estándares de excelencia, eficiencia y calidad.

Del Consejo. El Presidente o Presidenta de la República, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, y suscrito por el Ministro o Ministra de Hacienda, creará un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado (en adelante indistintamente, “el Consejo”), el que, con un carácter consultivo, tendrá por finalidad promover la acción articulada y colaborativa de las instituciones universitarias estatales, con miras a desarrollar los objetivos y proyectos comunes señalados en el párrafo 1° del presente Título.

Integración del Consejo. El Consejo estará integrado por rectores de Universidades del Estado, y por autoridades de Gobierno vinculadas a los sectores de educación, ciencia y tecnología, cultura y desarrollo productivo.

El Consejo de Coordinación de Universidades del Estado será presidido y convocado por el Ministro o Ministra de Educación. Asimismo, el apoyo administrativo y material a dicho Consejo será proporcionado por el Ministerio de Educación.

Sin perjuicio de los representantes del Gobierno que integrarán el Consejo, podrán ser invitados a sus sesiones otras autoridades o representantes gubernamentales sectoriales para tratar temas, iniciativas o propuestas que digan relación con materias de su competencia.

Las reglas sobre el número, el procedimiento de nombramiento y la duración de sus integrantes, así como respecto de la organización, el funcionamiento y las tareas específicas del Consejo, serán establecidas en el decreto supremo que lo cree.

Convenio Marco Universidades Estatales. En su calidad de instituciones de Educación Superior estatales, creadas para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a la misión y a los principios que les son propios, señalados en el Título I de esta ley, las Universidades del Estado tendrán un financiamiento permanente a través de un instrumento denominado “Convenio Marco Universidades Estatales”.

Los montos específicos de este instrumento de financiamiento serán establecidos en virtud de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. A su vez, los criterios de distribución de dichos recursos serán fijados mediante un decreto que dictará anualmente el Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda. El citado instrumento considerará, al menos, los recursos de la asignación “Convenio Marco Universidades Estatales” establecido en la ley N° 20.882.

Otras fuentes de financiamiento. Lo expresado en el artículo anterior es sin perjuicio de los aportes que les corresponda percibir a las Universidades del Estado, de conformidad al decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, que fija las Normas sobre Financiamiento de las Universidades; de los recursos públicos a los que puedan acceder a través de fondos concursables u otros instrumentos de financiamiento que disponga el Estado; y de los ingresos que señalen sus respectivos estatutos por derechos de matrícula, aranceles, impuestos universitarios, prestación de servicios, frutos de sus bienes, donaciones, herencias o legados, entre otros.

Objetivo y vigencia. Con el propósito de apoyar el desarrollo institucional de las Universidades del Estado se implementará un Plan de Fortalecimiento de carácter transitorio, que tendrá una duración de diez años contados desde el año siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, destinado a los usos y ejes estratégicos que serán estipulados en los convenios que para estos efectos se suscriban entre el Ministerio de Educación y cada una de las Universidades referidas.

Recursos del Plan. Los recursos totales destinados al financiamiento del Plan de Fortalecimiento ascenderán a $150.000.000 miles, por el plazo establecido en el artículo anterior. Dicha cantidad se dividirá en montos anuales, según lo establezcan las Leyes de Presupuestos del Sector Público correspondientes, que considerarán al menos los recursos de la asignación “Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales” establecida en la ley Nº 20.981.

Líneas de acción del Plan. A través del Plan de Fortalecimiento, las Universidades del Estado podrán financiar, entre otras, las siguientes iniciativas:

a) Diseñar e implementar acciones destinadas a preservar o elevar su calidad académica, incluyendo planes de evaluación y rediseño curricular.

b) Promover la incorporación de académicos e investigadores con grado de Doctor con el objetivo de potenciar especialmente las actividades de docencia e investigación.

c) Crear o fortalecer centros de investigación destinados a profundizar el desarrollo de conocimiento o innovación en torno a materias de relevancia estratégica para el país o sus regiones.

d) Elaborar planes de acceso y apoyo académico para la admisión, permanencia y titulación de estudiantes provenientes de los sectores sociales más vulnerables, fomentando de manera particular el ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones.

e) Fomentar mecanismos e instrumentos de colaboración entre estas instituciones en los ámbitos de docencia, investigación y desarrollo institucional.

f) Apoyar las acciones definidas en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional, destinadas a la ampliación de su oferta académica, las que deberán tener en consideración su pertinencia institucional y su consistencia académica y técnica, de conformidad a indicadores objetivos.

Comité del Plan de Fortalecimiento. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda, se creará el Comité del Plan de Fortalecimiento (en adelante indistintamente, “el Comité”), el que tendrá a su cargo la aprobación, supervisión y seguimiento de las iniciativas y proyectos propuestos por las Universidades del Estado que se financien en virtud del Plan.

Integrantes del Comité y Secretaría Técnica. El Comité estará integrado por el Ministro o Ministra de Educación, quien lo presidirá, y cinco rectores de Universidades del Estado.

El Comité contará con el apoyo de una Secretaría Técnica, radicada en el Ministerio de Educación, que prestará respaldo material y técnico a la gestión administrativa vinculada a la implementación del Plan de Fortalecimiento. Esta Secretaría será dirigida por un Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva designado o designada por el Comité, a partir de una terna elaborada según lo establecido en el párrafo 3° del Título VI de la ley Nº 19.882.

Las normas sobre el funcionamiento interno, el procedimiento de nombramiento de sus integrantes y la forma en que cumplirá sus tareas el Comité y su Secretaría Técnica, serán establecidas en el decreto supremo que lo cree.