Historia de la Ley

Para asesorar a la Dirección en el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 2º, se establece un Comité Consultivo de Inteligencia.

El Comité Consultivo estará integrado por el Ministro del Interior, que lo presidirá; el Subsecretario del Interior; un Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, designado por el titular de esa Secretaría de Estado, quien actuará en su representación; el Director de Seguridad Pública e Informaciones; el Subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; los jefes de Inteligencia de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, y los\' jefes de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Actuará como secretario del Comité, el Jefe de la División de Análisis y Planificación de la Dirección y, en su defecto, el Jefe de la División de Coordinación.

A las reuniones del Comité podrán asistir las autoridades o funcionarios de la administración del Estado cuya concurrencia sea solicitada por el Ministro del Interior.

El Comité Consultivo de Inteligencia se reunirá, a lo menos, una vez al mes, y será convocado por el Ministro del Interior.

El Comité conocerá y emitirá su opinión sobre los asuntos indicados en la convocatoria, ordinaria o extraordinaria. El Comité sesionará en forma secreta.

Los integrantes del Comité deberán proporcionar a éste la información de que dispongan en las materias de competencia de la Dirección.

Existirá un Director de Seguridad Pública e Informaciones, que será el Jefe Superior del Servicio, a quien corresponderá dirigirlo, administrarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos.

El Director será nombrado por el Presidente de la República mediante decreto supremo que llevará su firma y la de los Ministros del Interior y de Defensa Nacional.

En caso de ausencia o impedimento, el Director será subrogado por el Jefe de la División de Análisis y Planificación y, a falta de éste, por el Jefe de la División de Coordinación, salvo que por decreto supremo, se establezca un orden diferente de subrogación.

Al Director le será aplicable lo dispuesto en el artículo 191 del Código de Procedimiento Penal, no estará obligado a concurrir al llamamiento judicial y prestará declaración en la forma prevista en los dos primeros incisos del artículo 192 del mismo Código.

A la División de Análisis y Planificación le corresponderá recibir y procesar los datos, antecedentes e informaciones necesarios para producir inteligencia en el marco de competencia de la Dirección, y estudiar y diseñar las proposiciones que deban formularse en materia de políticas y planes nacionales en el mismo ámbito.

A la División de Coordinación le corresponderá directamente la función de enlace con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, con la finalidad de coordinar sus actividades, dentro del ámbito de competencia de esta ley.

El reglamento a que se refiere el artículo 16, establecerá las unidades funcionales de esta División, correspondientes a cada una de las Fuerzas de Orden y Seguridad, las que estarán a cargo de un Oficial Superior en servicio activo de la respectiva Institución, destinados por ella, a requerimiento del Ministro del Interior.

A la División Jurídica le corresponderá asesorar en la elaboración, interpretación y aplicación de las normas legales y reglamentarias e informar sobre las mismas, y realizar las gestiones judiciales y extrajudiciales que correspondan.

A la División de Informática le corresponderá la elaboración y desarrollo de programas computacionales destinados a almacenar y procesar el conjunto de la información reunida por la Dirección, y la mantención y operación de los equipos y bancos de datos necesarios para el adecuado cumplimiento de esta finalidad.

A la División de Administración y Finanzas le corresponderá el manejo presupuestario y contable, la ejecución de las funciones relativas a personal y bienestar, abastecimiento, inventario y mantención de los bienes, documentación, movilización, medios de comunicación y, en general, la administración interna que requiera el funcionamiento de la Dirección.

La estructura interna, relaciones y atribuciones específicas de las Divisiones de la Dirección, serán determinadas en el reglamento que deberá dictarse de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

El personal de planta y a contrata de la Dirección se regirá por las normas del Estatuto Administrativo aplicable a los funcionarios de la Administración Civil del Estado y estará afecto al régimen de remuneraciones contemplado en el Decreto Ley N° 249, de 1973, y en su legislación complementaria.

Fíjanse las siguientes plantas del personal de la Dirección:

El cargo de Director de Seguridad Pública e Informaciones será de la confianza exclusiva del Presidente de la República y los cargos de Jefes de División y Jefes de Departamento lo serán del Director.

Los demás cargos de esta planta requerirán Educación Básica completa.

Las comisiones de servicios de funcionarios pertenecientes a cualquier organismo de la Administración del Estado que se cumplan en la Dirección, no estarán sujetas a ninguna de las limitaciones de duración establecidas en los regímenes estatutarios aplicables a dicho personal ni en otros cuerpos legales y reglamentarios. No obstante lo anterior, estas comisiones de servicios no podrán disponerse por plazos superiores a un año.

Al personal que se desempeñe en la Dirección, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con ella, se le considerará como agravante calificada esa calidad, al ser condenado como autor, cómplice o encubridor en un crimen o simple delito cometido con ocasión del ejercicio o servicio de sus funciones.

Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos políticos, el personal de la Dirección, cualquiera sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con ella, no podrá participar ni adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, o cualquier otro acto que revista carácter político-partidista o de apoyo a candidatos a cargos de representación popular, ni desempeñar cargos directivos en partidos políticos. Tampoco podrán participar de modo similar con ocasión de actos plebiscitarios.

La Dirección podrá requerir de las autoridades y funcionarios de cualquiera de los servicios de la administración del Estado comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.575, como asimismo, de las sociedades o instituciones en que el Estado tenga aportes, participación o representación mayoritarios, los antecedentes e informes estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

La información será solicitada por escrito y en forma reservada, directamente por el Director. Sin embargo, si la solicitud se dirigiere a un Ministro de Estado, ella será formulada por el Ministro del Interior.

La autoridad o funcionario requerido, salvo las excepciones previstas en las leyes, estará obligado a prestar cooperación, proporcionando la información en los mismos términos en que le fuere solicitada y exclusivamente a la autoridad peticionaria.

Todos los asuntos, datos, antecedentes e informaciones que obren en poder de la Dirección o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con el servicio, o de que éstos tomen conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas, así como los informes que emita el Servicio, se considerarán secretos para todos los efectos legales.

La infracción a la obligación de secreto por parte del personal indicado en el inciso anterior, dará lugar a la suspensión inmediata del afectado a quien se le aplicará la medida disciplinaria de destitución, sin perjuicio de la responsabilidad penal agravada que pueda corresponderle.

La obligación de secreto y las responsabilidades agravadas derivadas de su infracción, se mantendrán para todo el personal señalado precedentemente aun después del cese de sus funciones en la Dirección.

Lo dispuesto en el inciso primero no obsta a la entrega de los antecedentes e informaciones que soliciten el Senado o la Cámara de Diputados o que puedan requerir los tribunales de justicia, los que se proporcionarán sólo por intermedio del Ministro del Interior, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9°, de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, o a través de oficios reservados dirigidos al Tribunal competente, según el caso.

La Dirección estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República de conformidad con su Ley Orgánica.

No obstante, el organismo contralor procederá a la toma de razón de los decretos y resoluciones relativos a la Dirección o expedidos por ella, en forma reservada y en el plazo de cinco días. Sin embargo, estos decretos o resoluciones podrán cumplirse de inmediato, sin perjuicio de su posterior tramitación, cuando así se disponga en ellos.

El Contralor, previo informe favorable o a petición del Ministro del Interior, podrá exonerar de responsabilidad al funcionario de la Dirección que hubiere efectuado o celebrado actos o contratos o ejecutado trabajos sin sujeción a las normas legales o reglamentarias, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe, justa causa de error u otro motivo plausible que haya inducido a la realización de tales hechos y no hubiere habido perjuicio del interés fiscal.

Las disposiciones del Decreto Ley Nº 799, de 1975, no se aplicarán a los vehículos que se adquieran o arrienden para la Dirección o que ésta utilice a cualquier otro título.

La Ley de Presupuestos deberá consultar los fondos necesarios para el funcionamiento de la Dirección, debiendo contemplar una cantidad para gastos reservados con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República.

La información del movimiento financiero y presupuestario de la Dirección que se proporcione a los organismos correspondientes se ajustará a las normas establecidas en la Ley de Administración Financiera del Estado. La documentación respectiva será mantenida en la Dirección, donde podrá ser revisada por los organismos pertinentes y por la Contraloría General de la República, según corresponda.