Historia de la Ley

Cuando existan fundadas sospechas de que la seguridad de una persona o autoridad, grupo o institución del Estado o la seguridad pública se encuentren gravemente amenazados, se podrá recurrir al uso de técnicas intrusivas o métodos encubiertos.

Para los efectos de la presente ley, se entiende por técnicas intrusivas y métodos encubiertos aquellos procedimientos que, en base a la simulación, la disimulación, la observación o la tecnología, permiten acceder a información contenida en fuentes cerradas.

En particular, constituyen técnicas intrusivas y métodos encubiertos, entre otros, los siguientes: intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas; escucha y grabación electrónica; allanamiento encubierto, levantamiento del secreto bancario, e intervención de sistemas y redes informáticas.

El Director o Jefe del Servicio de Inteligencia solicitará, personalmente o por intermedio de un funcionario de su dependencia expresamente facultado para ello, la autorización judicial correspondiente. El Director o Jefe del Servicio que la ejecutará, deberá precaver todo abuso o exceso en el ejercicio de esta facultad.

No se requerirá de autorización judicial cuando se utilicen las técnicas y métodos indicados en el artículo 32.

Será competente para otorgar las autorizaciones antes referidas un Ministro de Corte de Apelaciones que ejerza jurisdicción en el territorio en que se realizará la diligencia. Para este efecto, cada Corte de Apelaciones designará a dos de sus miembros por el lapso de dos años y la solicitud podrá ser presentada ante cualquiera de ellos.

La resolución que autorice el uso de técnicas intrusivas o métodos encubiertos se dictará sin conocimiento del afectado, y será siempre fundada. En caso que la solicitud sea rechazada, la resolución será susceptible de recurso de reposición por parte del Jefe del Servicio de Inteligencia.

Las medidas no podrán decretarse por un plazo superior a sesenta días, prorrogables por iguales períodos.

Los directores de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas podrán presentar las solicitudes al Ministro de Corte de Apelaciones a que se refiere el artículo anterior, directamente o a través del Juez Institucional que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Libro Primero, Título II del Código de Justicia Militar.

En los casos en que la autorización para el uso de técnicas intrusivas o métodos encubiertos sea solicitada por el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, dichas técnicas y métodos serán ejecutadas por la Fuerza de Orden y Seguridad que se indique en la solicitud respectiva. Por su parte, la institución policial deberá rendir cuenta al Director de la Agencia Nacional de Inteligencia de la diligencia encomendada y sus resultados.

También se consideran métodos intrusivos o encubiertos la observación participante y el uso de agentes encubiertos e informantes.

El agente encubierto es el funcionario del organismo de inteligencia que, debidamente autorizado por sus superiores jerárquicos, oculta su identidad oficial para ser admitido en organizaciones, meras asociaciones o agrupaciones, tengan o no propósitos delictivos, con el fin de reunir información y recabar antecedentes que servirán de base al proceso de inteligencia a que se refiere esta ley. El agente encubierto podrá tener una historia ficticia.

El informante es la persona que, no siendo funcionario del organismo de inteligencia, suministra antecedentes e información a los mismos para efectuar el proceso de inteligencia.

En el caso que se requiera la entrega de antecedentes o copias de documentos sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos u otras operaciones sujetas a secreto o reserva, pertenecientes a personas naturales o jurídicas o de comunidades que sean objeto de la investigación, los bancos, otras entidades y personas naturales que estén autorizadas o facultadas para operar en los mercados financieros, de valores y seguros y cambiario, estarán obligados a proporcionarlos en el más breve plazo.

Tratándose de comunicaciones telefónicas, la resolución a que se refiere el artículo 30, deberá indicar la línea o líneas telefónicas que serán interceptadas, así como las que parezcan coligadas mediante la observación investigadora.

Las empresas telefónicas y de telecomunicaciones deberán otorgar a los funcionarios encargados de la diligencia las facilidades necesarias para llevarla a cabo.

La negativa o entorpecimiento a la práctica de la medida de interceptación y grabación será constitutiva del delito de desacato.

Asimismo, los encargados de realizar la diligencia y los empleados de las empresas mencionadas deberán guardar secreto acerca de la misma.

Los que violaren en cualquier forma el secreto indicado, sufrirán las penas de reclusión en sus grados mínimo a medio y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

Los organismos de inteligencia que integran el Sistema Nacional de Inteligencia estarán sujetos a control interno y externo.

El control interno será realizado por el Director o Jefe de cada organismo de inteligencia que integra el Sistema de Inteligencia del Estado, el que es responsable directo del cumplimiento de las normas.

El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determinen las normas reglamentarias de las respectivas instituciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle.

El control externo corresponderá a la Contraloría General de la República, en el ámbito de su competencia; a los Tribunales de Justicia; y a la Cámara de Diputados, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.

La Cámara de Diputados constituirá una Comisión de Inteligencia que deberá sesionar al menos dos veces al año, para conocer los informes sobre el funcionamiento del Sistema de Inteligencia del Estado que le remita el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Las sesiones de la Comisión tendrán siempre carácter secreto.

Los integrantes de esta Comisión, prestarán juramento de guardar secreto respecto de todas las informaciones o antecedentes de que, en su calidad de integrantes de dicha Comisión, hayan tomado conocimiento. La obligación de secreto es permanente y vitalicia. Para tales efectos les será aplicable a los miembros de la Comisión lo dispuesto en el artículo 260 del Código Penal.

La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados podrá requerir en cualquier momento, por intermedio de los Ministros de Interior y de Defensa o del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, según corresponda, antecedentes relativos al desempeño de las actividades de los servicios integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado.

Todos los asuntos, datos, antecedentes e informaciones y registros que obren en poder de estos órganos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos, o de aquellos antecedentes que tomen conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas, así como los informes que emiten estos organismos, se considerarán secretos y de circulación restringida para todos los efectos legales.

Su divulgación sólo procederá con la autorización del organismo emisor.

Igual secreto regirá respecto de las solicitudes para la ejecución de técnicas intrusivas o métodos encubiertos, los antecedentes que las justifiquen y las resoluciones judiciales que al efecto se dicten.

Lo dispuesto en el artículo anterior no obstará a la entrega de los antecedentes e informaciones que soliciten el Senado o la Cámara de Diputados o que puedan requerir los Tribunales de Justicia o el Ministerio Público en uso de sus facultades, los que se proporcionarán sólo por intermedio de los Ministros del Interior, de Defensa Nacional y del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional o por medio de oficios reservados dirigidos al órgano competente, según el caso.

Todos los que hubieren tomado conocimiento de tales antecedentes, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su contenido y existencia, en los mismos términos ya expresados.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los funcionarios de los Servicios de Inteligencia, cualquiera que sea su rango o nivel jerárquico dentro del mismo, tendrán derecho a mantener en secreto sus fuentes de información, las que no estarán obligados a revelar, ni aún a requerimiento judicial. Tendrá lugar a estos efectos lo dispuesto en los artículos 201 del Código de Procedimiento Penal y 303 del Código Procesal Penal, según corresponda.

Las obligaciones indicadas en el presente párrafo y las responsabilidades derivadas de su obligación, se mantendrán para todos los obligados aún después del cese de sus funciones en los respectivos servicios. De igual manera, dichas obligaciones y responsabilidades serán aplicables a todos aquellos que, sin ser funcionarios de organismos de inteligencia, tengan facultades u obligaciones que impongan el secreto contempladas dentro de la presente ley.

Los estudios, antecedentes, informes, datos y documentos que obtengan, elaboren, recopilen o intercambien los órganos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado y su personal, se utilizarán exclusivamente para el cumplimiento de sus respectivos cometidos.

La utilización de éstos en beneficio propio o ajeno, en perjuicio de alguna persona, autoridad u organismo, o para ejercer presiones o amenazas, así como la violación del deber de reserva, serán sancionadas con la pena de reclusión menor en su grado medio a reclusión mayor en su grado medio.

Si de la infracción de esta norma resultare grave daño para la causa pública, las penas serán de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado medio, y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.

Sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que se cometan en el ejercicio abusivo de las facultades previstas para la aplicación de técnicas intrusivas, se impondrá al infractor, en forma adicional y como pena accesoria, la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos y oficios públicos.

Existiendo fundadas sospechas de que algún miembro de los órganos de inteligencia que componen el Sistema de Inteligencia del Estado ha incurrido en alguna de las infracciones reguladas en el presente título se deberá disponer la suspensión inmediata en el ejercicio de su cargo. En caso de ser comprobada la infracción se deberá aplicar la medida disciplinaria de destitución, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponderle.

Para todos los efectos legales, la Agencia Nacional de Inteligencia será el continuador legal de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones creada por ley Nº 19.212.

El personal que, a la fecha de la vigencia de la presente ley, se desempeñe en la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, pasará a formar parte de la Agencia Nacional de Inteligencia en la misma calidad jurídica que detente a esa fecha.

La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo no podrá significar pérdida del empleo, disminución de las remuneraciones, ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, a quienes se les computará para todos los efectos legales el tiempo servido en dicha repartición.

Cualquier diferencia de remuneraciones se pagará por planilla suplementaria, será absorbida por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Esta planilla mantendrá la misma imponibilidad que la de las remuneraciones contempladas en ella.

La dotación máxima para la Agencia Nacional de Inteligencia durante el año en que esta ley entre en vigencia, será de 125 cargos.

El gasto fiscal que represente esta ley durante el primer año de su vigencia, se financiará con cargo al presupuesto fiscal de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, el que se traspasará íntegramente al servicio público creado mediante la presente ley, y, en lo que no alcanzare, con la provisión para financiamientos comprometidos de la partida presupuestaria del Tesoro Público del Presupuesto anual del sector Público de la Nación para dicho año.".